DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 7 de diciembre de 2004	Sesión No. 31

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Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 400 diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:11 horas): Se abre la sesión.

Instruya la Secretaría el cierre del sistema de votación y asistencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Y se les recuerda a los ciudadanos diputados que tienen 15 minutos, aquellos compañeros que no hayan registrado su asistencia, para llenar su cédula.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 7 de diciembre de 2004

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los diputados Fernando Alberto García Cuevas y Rafael Moreno Valle Rosas.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

-- Con proyecto de acuerdo, relativo a la conclusión del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura. (Votación)

-- Con proyecto de acuerdo, con el que se propone a las Comisiones de Cultura, y de Turismo que integren un grupo de trabajo encargado de impulsar y dar seguimiento a proyectos y programas de fomento al turismo en ciudades coloniales de la República Mexicana. (Votación)

Iniciativa del Congreso de Zacatecas

Que reforma los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

En el que transcribe punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar de manera urgente los lineamientos específicos del Subprograma de Apoyos al Ingreso Objetivo correspondiente a la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano 2004. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Catorce, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Minutas

Para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se devuelve el proyecto de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley General de Protección Civil. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6°, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que adiciona las fracciones IV y V al artículo 114 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer un premio de ciencia y tecnología y uno de cultura y las artes, a cargo del diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 30, 80 y 81 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con objeto de precisar la obligación de guardar reserva que tiene el auditor superior de la Federación, a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción III, numeral 2, del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrita, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo de la diputada Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Eduviges Nava Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, que adiciona el apellido ``De Vargas'' a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 en el Salón de Cortes, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los incisos i) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, ``De los Delitos de Género'', y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio; y adiciona un numeral 35 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos, Eliana García Laguna y Rebeca Godínez y Bravo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un tercer párrafo al artículo 1916 del Código Civil Federal, para incorporar la obligatoriedad de la indemnización del daño material y moral causado en los casos de violencia intrafamiliar, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 72 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto presidencial, a cargo del diputado Iván García Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, cuatro con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Comisión de Gobernación, dos con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'', que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios de impacto ambiental que evalúen el daño que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al parque nacional marino Arrecife Alacranes, Yucatán.

De las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a emitir de inmediato, a través del órgano desconcentrado Prevención y Readaptación Social, las resoluciones correspondientes para cumplimentar lo preceptuado en los artículos 56, 70 y 90 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con objeto de adecuar las penas de los sentenciados, y de que éstos gocen de los beneficios que la ley les otorga, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a iniciar una revisión de las tarifas domésticas del suministro y venta de energía eléctrica en el estado de Jalisco, a fin de homologarlas y beneficiar a la ciudadanía, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de crear una comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, a cargo del diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal que manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera, así como el proyecto de ejecución, correspondientes a los sistemas ferroviarios que integran el ferrocarril suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la muerte de Yasser Arafat, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, reporte directamente al secretario de Gobernación, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005, a cargo del diputado José Guzmán Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a modificar el rango de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación investiguen y procedan en consecuencia en relación con la falta de cobro de multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, y con el destino y la aplicación de mil cuatrocientos millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como con el pago de diecisiete millones de pesos hecho por esta dependencia a una empresa de la que son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para salvaguardar la riqueza natural de la laguna de Términos, amenazada con la perforación de nuevos pozos petroleros y el abandono de la Profepa en su responsabilidad de preservar el ambiente, a cargo del diputado Jesús González Schmal y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Investigación sobre el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex que considere y tome las acciones pertinentes a fin de atender la problemática social y ambiental ocasionada por Petróleos Mexicanos en el municipio de Reforma, Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a estudiar las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar y ponderar la remoción del director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el aniversario de la Revolución Mexicana, de 1910, no pase inadvertido en el Programa de Efemérides de la honorable Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el procedimiento para que se declare la sierra Tarahumara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, y --en su momento-- se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto (natural, cultural e histórico) de la humanidad, así como para que se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y locales a emprender acciones preventivas del suicidio de niños y jóvenes, a cargo de la diputada Yadira Serrano Crespo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los años 2001 y 2002 para su discusión y votación, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimento de sus atribuciones constitucionales y legales, audite al director general de Pemex Petroquímica, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que el predio situado en la calzada Azcapotzalco-La Villa 209 (hoy 311), en Santa Catarina, sea devuelto a la Secretaría de Educación Pública para instalar un Centro de Formación Profesional Tecnológica, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores que emita el dictamen correspondiente a la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se congratula con la comunidad internacional por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos porque la medida se extienda a todo preso de opinión en Cuba, a cargo del diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, referente al problema del transporte en el área metropolitana en la Ciudad de México, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Especial para el Campo tenga vigencia hasta concluir la LIX Legislatura, a cargo del diputado Rómulo Cárdenas Vélez, integrante de la Comisión Especial para el Campo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la sesión del 9 de diciembre de 2004 un integrante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados emita un posicionamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a promover la producción de biogás y la lombricultura siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se fiscalicen los recursos públicos en custodia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a modificar el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el estado de Nuevo León no se lleve a cabo el reemplacamiento vehicular propuesto en días pasados por el Ejecutivo estatal, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a no permitir la introducción de manzanas y duraznos en México sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria, con la participación de nuestros productores organizados; y a crear un instrumento operativo integral con programas de garantías, crédito y autoseguros, con objeto de apoyar a los pequeños y medianos productores para la comercialización de manzanas y duraznos producidos en Chihuahua, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a convocar a la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Álvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Relaciones Exteriores, y de Seguridad Pública, al procurador general de la República y a los gobernadores a coordinarse, en el marco de sus competencias, a efecto de presentar una solución contundente al problema de inseguridad que representa el grupo conocido como Mara Salvatrucha, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Cultura que haga las observaciones pertinentes al INAH para que garantice la seguridad y el mantenimiento de los inmuebles en el estado de Chiapas, así como la salvaguarda de las colecciones y la integridad de las personas que visitan las instalaciones, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se congratula por la reciente ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de la Federación de Rusia, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos y Congresos de los estados que aún no consideran las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad que realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, a solicitud de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la ratificación del doctor José Luis Soberanes Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior.

Consulte también la Secretaría si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dos de diciembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las diez horas con dieciocho minutos del jueves dos de diciembre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

Hablan desde su curul para solicitar información y hacer comentarios en relación con las observaciones remitidas por el Ejecutivo Federal al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, publicadas en la Gaceta Parlamentaria de fecha primero de diciembre de dos mil cuatro, y el trámite que recaerá, los diputados: Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, en cinco ocasiones; Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, en tres ocasiones; y Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad, el Presidente hace las aclaraciones que corresponden e informa que la Mesa Directiva, en reunión de esta fecha, autorizó a la Presidencia a que el próximo martes siete de diciembre de dos mil cuatro, haga una propuesta sobre el desahogo de las observaciones de referencia.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con acuerdo por el que reconoce la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para diseñar una política presupuestaria que responda a los reclamos mayoritarios de la sociedad. De enterado.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con la que informa que el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para asumir la Presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado para el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil cuatro al quince de agosto de dos mil cinco. Se aprueba en votación económica.

Con la que informa que el diputado José Luis Medina Lizalde ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para asumir la Presidencia del Comité de Comunicación Social para el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil cuatro al quince de agosto de dos mil cinco. Se aprueba en votación económica.

Con la que informa que el diputado Santiago Cortés Sandoval ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para asumir la Presidencia del Comité de Información, Gestoría y Quejas para el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil cuatro al quince de agosto de dos mil cinco. Se aprueba en votación económica.

Con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial para el Campo. De enterado.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra la ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas, electa como diputada federal suplente en la primera circunscripción plurinominal y designa una comisión que la acompaña al rendir su protesta de ley.

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes acuerdos:

Para expresar el rechazo al linchamiento de policías ocurrido el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro en la Delegación Tláhuac. Se aprueba en votación económica.

Para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que, en acatamiento de los dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, haga pública la relación de servidores públicos designados desde la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Se aprueba en votación económica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal; del costo total de las emisiones de deuda interna y externa; sobre la recaudación federal participable, la evolución de la recaudación, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al mes de octubre de dos mil cuatro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Cámara de Senadores remite minutas proyectos de decreto por los que:

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Alfonso Rodríguez Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Baruch Alberto Barrera Zurita, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Transportes.

Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo nueve bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo séptimo de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Francisco Luis Monárrez Rincón, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un Título Tercero A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo noventa y cinco del Código Fiscal de la Federación y un artículo trescientos ochenta y nueve bis -- A al Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo diecinueve de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento diecisiete de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos diecisiete y veintitrés de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Gobernación.

María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos doscientos cuarenta y ocho y cuatrocientos sesenta y cuatro de la Ley General de Salud y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida. Se turna a la Comisión de Salud.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, para que se inscriba con Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Adolfo López Mateos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo noveno de la Ley General de Asentamientos Humanos, reforma y adiciona el artículo ciento diecisiete del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reforma el artículo treinta y ocho y adiciona el artículo ciento ochenta y dos - A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, del Distrito Federal y de Gobernación.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento tres, ciento cinco y ciento nueve del Código Fiscal de la Federación. La Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos dieciocho de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Bolivia. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Polonia. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma el numeral primero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del seis al once de diciembre de dos mil cuatro, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú el siete de diciembre de dos mil cuatro; asistir a la Tercera Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el ocho de diciembre de dos mil cuatro; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días nueve y diez de diciembre de dos mil cuatro. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma el numeral primero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática. Fija la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo el diputado Pedro Vázquez González. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos diecinueve votos en pro y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del seis al once de diciembre de dos mil cuatro, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú el siete de diciembre de dos mil cuatro; asistir a la Tercera Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cusco, Perú, el ocho de diciembre de dos mil cuatro; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días nueve y diez de diciembre de dos mil cuatro. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por cuatrocientos cuatro votos en pro, ninguno en contra y diez abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiocho y cuarenta y ocho, adiciona la fracción trigésima séptima al artículo tercero y los artículos cuarenta y siete bis y cuarenta y siete bis uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es de segunda lectura. El Presidente informa de la recepción de una fe de erratas remitida por la Comisión Dictaminadora y en votación económica la Asamblea aprueba su incorporación al dictamen. A nombre de la Comisión fundamenta el dictamen la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, y durante su intervención el Presidente hace una moción de orden a solicitud del diputado Leonardo Álvarez Romo, del mismo Partido. Hablan en pro los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; y Lorena Torres Ramos, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto respectivo en lo general y en lo particular, con la fe de erratas incorporada, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos once votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos trescientos catorce, fracción segunda, y trescientos cincuenta bis seis de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional. Habla en pro el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto respectivo en lo general y en lo particular por trescientos treinta votos en pro, ochenta y uno en contra y ocho abstenciones. Pasa al Senado para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente informa de la recepción de una solicitud de la Junta de Coordinación Política para incorporar en el orden del día dos proposiciones con punto de acuerdo y la Asamblea aprueba su incorporación en votación económica.

En consecuencia, se concede la palabra al diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, quien a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores presenta proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie en contra de la aprobación de la iniciativa denominada Protect Arizona Now, en el estado de Arizona, Estados Unidos de América. La Asamblea considera de urgente resolución el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, presenta proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie en contra de la eventual aprobación de la iniciativa denominada HR diez por parte del Congreso de los Estados Unidos de América.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

En votación económica la Asamblea aprueba la incorporación en el orden del día de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exhortar al Presidente de la República a que, cuando se refiera a las diputadas y diputados del Congreso de la Unión, lo haga con respeto, y para apercibir al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Directora General para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de que llamar al incumplimiento de las normas expedidas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conlleva a caer en desacato. La Secretaría da lectura al acuerdo referido.

Hablan desde su curul los diputados: Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para proponer modificaciones al acuerdo, y el Presidente le solicita presentarlas por escrito; Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita, con el apoyo de otros diputados, que la votación del acuerdo sea nominal; Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios de procedimiento; y Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar una corrección al acuerdo de referencia.

Desde su curul solicitan moción de procedimiento los diputados: Wintilo Vega Murillo, en dos ocasiones; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, ambos del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad el Presidente hace aclaraciones y no considera procedentes las solicitudes.

La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas y hablan los diputados: Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, en pro; Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, en contra, y acepta interpelación del diputado Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional; y Miguel Ángel Yunes Linares, en pro, y acepta interpelación de la diputada Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional.

Para contestar alusiones personales se concede la palabra a los diputados: Gómez Álvarez, y acepta interpelación del diputado Yunes Linares; Vega Murillo y Yunes Linares.

En votación económica la Asamblea desecha las modificaciones propuestas por el diputado Federico Döring Casar.

Por doscientos setenta y seis votos en pro, ciento treinta y seis en contra y dos abstenciones se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes siete de diciembre de dos mil cuatro a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Señor diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, diputado federal con licencia de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el distrito 02 de Zumpango, estado de México, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación; y en referencia a las solicitudes de licencia aprobadas a un servidor el pasado 28 de octubre y 9 de noviembre del año en curso, por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, solicito a usted respetuosamente se sirva someter a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente solicitud de licencia, por un término de 60 días naturales, para separarme de mis funciones como diputado federal.

Esta petición de licencia surtirá sus efectos a partir del día 7 de diciembre del presente año.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, ruego a usted se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación, retirándole la consideración de mi afecto dilecto.

Atentamente.

México, DF, a 3 de diciembre de 2004.--- Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), diputado federal con licencia.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, ruego a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Están a discusión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se concede licencia por 60 días naturales al diputado Fernando Alberto García Cuevas, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el II distrito del estado de México, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados.

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DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito optar por desempeñar el cargo de diputado local del Congreso del estado de Puebla de la LVI Legislatura para el periodo 2005-2008, cargo al cual cuento con la constancia correspondiente que me acredita como diputado electo.

Lo anterior en virtud de que fui electo diputado federal propietario a la LIX Legislatura por el distrito 8 del estado de Puebla, por ello solicito a usted hacer los trámites necesarios para que la presente petición surta efectos a partir de esta fecha, así como hacerla del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de diciembre de 2004.--- Dip. Rafael Moreno Valle Rosas (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha al rubro citada, resolvió aprobar el siguiente:

DICTAMENPrimero.- Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare: a) El estado que guardan las finanzas públicas, especificando la evolución y proyección de ingresos del sector público para 2004, en cuanto a los ingresos excedentes derivados de las exportaciones de petróleo, b) El registro de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y c) Se desglose el origen de los ingresos excedentes así como su destino y su asignación en el gasto programable y no programable que permita identificar a que partidas se refiere.

Segundo.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión a fin de que remita a este órgano legislativo una evaluación del impacto presupuestario de las reformas al artículo 122 constitucional y a las entidades federativas que se benefician con las mismas.

Tercero.- Remítase al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo para los efectos legales conducentes, anexo al presente sírvase encontrar copia del documento en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 23 de noviembre de 2004.--- Dip. Irma Islas León (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de una propuesta con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare la forma en que se integró la bolsa de los excedentes petroleros que se repartió este año a las entidades federativas y por qué no fueron considerados para el ejercicio fiscal 2005 estos excedentes para las entidades; así como que informe puntualmente sobre los criterios, los montos y las entidades federativas que se beneficiarán con la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados a las reformas al artículo 122 constitucional.

18 de noviembre de 2004

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare la forma en que se integró la bolsa de los excedentes petroleros que se repartió este año a las entidades federativas y por qué no fueron considerados para el ejercicio fiscal 2005 estos excedentes para las entidades; así como que informe puntualmente sobre los criterios, los montos y las entidades federativas que se beneficiarán con la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados a las reformas al artículo 122 constitucional, presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento de las Comisiones Internas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previo estudio del turno correspondiente, emite el siguiente dictamen, conforme a los siguientes:

Antecedentes

1.- Con fecha 12 de octubre del año 2004, en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aprobó enviar para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la proposición con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare la forma en que se integró la bolsa de los excedentes petroleros que se repartió este año a las entidades federativas y por qué no fueron considerados para el ejercicio fiscal 2005 estos excedentes para las entidades; así como que informe puntualmente sobre los criterios, los montos y las entidades federativas que se beneficiarán con la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados a las reformas al artículo 122 constitucional, presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2.- Con fecha 13 de octubre de 2004, mediante oficio número MDPPSA/CSP/246/2004, el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Jaime Aguilar Álvarez y Masarraza, turnó a esta dictaminadora la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen por lo que esta dictaminadora se abocó a su estudio y análisis.

3.- Con fecha 18 de noviembre del 2004 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunió para estudiar, analizar y dictaminar el turno correspondiente bajo los siguientes:

Considerandos

I.- De acuerdo a los artículos 59, 60, fracción II, 62, fracción XXVI, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28 y 30 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 8 y 9 del Reglamento de las Comisiones Internas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se considera competente para conocer el turno en referencia y procede al estudio correspondiente.

II.- Esta Comisión Dictaminadora da cuenta de que la diputada Chavira de la Rosa, propone lo siguiente:

``Único.- Por el que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare la forma en que se integró la bolsa de excedentes petroleros que se repartió este año a las entidades federativas y por qué no fueron considerados para el ejercicio fiscal 2005 estos excedentes para las entidades; así como que informe puntualmente sobre los criterios, los montos y las entidades federativas que se beneficiarán con la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados a las reformas al artículo 122 constitucional.''

III.- Esta Dictaminadora al valorar los antecedentes y considerandos que la proponente expresa en el cuerpo del punto de acuerdo en estudio, encuentra pertinente separar para su análisis los dos temas que se proponen y así robustecer el planteamiento con los siguientes argumentos, en lo que respecta al tema de excedentes de ingresos petroleros:

a) Que durante el primer trimestre del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el resultado de los ingresos adicionales antes de disminuir el gasto no programable ascendió a 9 mil 809 millones de pesos, señalando que adicionalmente la propia Secretaría informó en esos días que, a partir de una nueva revisión sobre la evolución reciente y las perspectivas de los ingresos federales excedentes, había tomado la decisión de distribuir a las entidades federativas un anticipo de 5 mil millones de pesos, por excedentes petroleros, de conformidad con el inciso j) de la fracción I del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. De igual forma en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2004, la SHCP reporta que los ingresos presupuestarios del sector público superaron en 22 mil 573 millones de pesos el monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de enero del presente, destacando que de los 22 mil 573 millones de pesos excedentes, sólo 9 mil 809 millones de pesos corresponden al citado inciso j) y de éstos, la SHCP resta 4 mil 875 millones de pesos por incremento en el gasto no programable, provocado principalmente por el aumento de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), que asciende a 22 mil 572 millones de pesos, lo que significa un sobregiro de 11 mil 888 millones de pesos, sin embargo en el informe del primer trimestre 2004, la SHCP no presentó un desglose de Adefas que permita identificar a qué partidas de gasto se refiere.

b) Que como lo señala el proponente el 28 de septiembre se dio a conocer a la opinión pública una carta dirigida al Presidente de la República de parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, sobre las implicaciones financieras que tendría el convenio contractual celebrado entre el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Raúl Muñoz Leos y el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. Este acto contractual no se ha aplicado para permitir que se haga un análisis de dicho convenio, sin embargo crece la duda sobre si los recursos que se trasladaban al Sindicato tienen su origen de los excedentes por ingresos petroleros.

c) Que lo anterior crea la necesidad de conocer en forma detallada el registro de Adefas, especificando las partidas de gasto que se han incluido, su monto y su sustento programático presupuestal, así como, que se incluyera información sobre los criterios para hacer el cálculo de los ingresos federales excedentes.

d) Que de acuerdo a la legislación aplicable a la materia, lo que está sujeto a distribución debe ser únicamente los excedentes de las fracciones I, II, III numeral 3° a 6°, IV, V numeral 2° inciso E, del artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación, así como los aprovechamientos a los que se refiere la fracción VI del citado artículo, distintos de los previstos en los incisos f), g), y h) de la fracción I.

IV.- Por lo que respecta al tema de la adición de la Base Sexta al apartado C, del artículo 122 constitucional, esta dictaminadora valora los argumentos vertidos por la proponente y estima pertinente precisar que dado que en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que adiciona una Base Sexta al apartado C, del artículo 122 constitucional, y en la aprobación de la referida adición, no se consideró lo establecido en el artículo 71, párrafo tercero, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, que se refiere a la evaluación del impacto presupuestario y que a la letra dice:

``El Ejecutivo federal incluirá una evaluación del impacto presupuestario en las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Para tal efecto, las dependencias y entidades que elaboren los anteproyectos respectivos deberán realizar una evaluación del impacto presupuestario de los mismos, y someter ésta al dictamen de la Secretaría. El incumplimiento de lo anterior, dará lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas en los términos de las disposiciones aplicables.

Los diputados y senadores, así como las legislaturas locales, procurarán incluir una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presenten en el Congreso de la Unión. Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes correspondientes, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas, para lo cual solicitarán la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el proyecto de dictamen correspondiente.''

En este sentido esta Dictaminadora encuentra pertinente solicitar, no al Ejecutivo Federal sino al Congreso de la Unión, informe puntualmente sobre los criterios, los montos y las entidades federativas que se beneficiarán con la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados a las reformas al artículo 122 constitucional.

V.- Que esta Dictaminadora considera adecuado precisar que, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que se dan a conocer cada trimestre se rinde la información de la distribución por entidad federativa de los excedentes petroleros, sin embargo no quedan claros los mecanismos para otorgar los anticipos previstos en el artículo 23, fracción I, inciso j), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 y en consecuencia es procedente modificar la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Ejecutivo Federal, instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que aclare: a) El estado que guardan las finanzas públicas, especificando la evolución y proyección de ingresos del sector público para 2004 en cuanto a los ingresos excedentes derivados de las exportaciones de petróleo, b) El registro de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y c) Se desglose el origen de los ingresos excedentes así como su destino y su asignación en el gasto programable y no programable que permita identificar a qué partidas se refiere.

VII.- Que por técnica legislativa esta Dictaminadora considera pertinente separar los dos temas que originalmente el proponente incluye en un solo punto, por lo que es necesario modificar el punto de acuerdo para precisar el exhorto sobre los ingresos excedentes petroleros y lo relativo a la adición del artículo 122 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 122 constitucional, 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 59, 60, fracción II, 62, fracción XXVI, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28 y 30 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 8 y 9 del Reglamento de las Comisiones Internas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presenta a consideración de esta H. Asamblea Legislativa el siguiente:

Dictamen

Primero.- Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare: a) El estado que guardan las finanzas públicas, especificando la evolución y proyección de ingresos del sector público para 2004 en cuanto a los ingresos excedentes derivados de las exportaciones de petróleo, b) El registro de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y c) Se desglose el origen de los ingresos excedentes así como su destino y su asignación en el gasto programable y no programable que permita identificar a qué partidas se refiere.

Segundo.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión a fin de que remita a este órgano legislativo una evaluación del impacto presupuestario de las reformas al artículo 122 constitucional y las entidades federativas que se benefician con las mismas.

Tercero.- Remítase al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

Dado en el Salón de Plenos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2004.--- Diputados: Francisco Chíguil Figueroa, Presidente (rúbrica); Francisco Agundis Arias, Vicepresidente; José de Jesús López Sandoval, Secretario (rúbrica); Lourdes Alonso Flores (rúbrica); Obdulio Avila Mayo (rúbrica); María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica); Héctor Mauricio López Velázquez (rúbrica); Pablo Trejo Pérez (rúbrica); Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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TURISMO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo, con el que se propone a las Comisiones de Cultura, y de Turismo que integren un grupo de trabajo encargado de impulsar y dar seguimiento a proyectos y programas de fomento al turismo en ciudades coloniales de la República Mexicana.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados,

CONSIDERANDOI. Que con fecha 9 de noviembre del presente, el Diputado Álvaro Burgos Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar, dar seguimiento e impulsar los proyectos y programas dirigidos a fomentar y difundir el turismo nacional e internacional en ciudades coloniales de la República Mexicana, la cual fue en su momento turnada por el Presidente de la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política;

II. Que atendiendo a lo previsto en el artículo 39, párrafo 1 de la Ley Orgánica, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales;

III. Que de conformidad con el artículo 39, párrafos 2 y 3 de la Ley Orgánica las comisiones de Cultura y de Turismo tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Que el artículo 44, párrafo 4 de la Ley Orgánica establece que las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas, los cuales deberán reflejar!la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión;

V. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano en el que se expresa la pluralidad de la Cámara, y en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le confieren.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, párrafo 1 y 44, párrafo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero: Se propone a las comisiones de Cultura y de Turismo que integren un Grupo de Trabajo encargado de impulsar y dar seguimiento a proyectos y programas de fomento al turismo en ciudades coloniales de la República Mexicana.

Segundo: Comuníquese a las comisiones de Cultura y de Turismo de la Cámara de Diputados.

Tercero: Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 2004.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús E. Martínez Álvarez (rúbrica p.a.).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): ¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del señor diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente: He dado lectura al proyecto de orden del día que ha presentado la Mesa Directiva y a riesgo de ser reiterativo de nueva cuenta no hay ningún turno con respecto al veto que ha remitido la Presidencia de la República con motivo del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la sesión anterior usted extendió su palabra ante el pleno el que haría una propuesta a la Mesa Directiva para tratar de dar cauce a las observaciones que ha remitido el Presidente de la República.

Yo quiero preguntarle ¿cuál fue su propuesta y cuál es el cauce que ha determinado la Mesa Directiva darle al veto que ha remitido la Presidencia de la República?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado. No obstante que el orden del día ya fue votado favorablemente, pero considerando esto de la importancia superior como significa para todos nosotros y como a usted le consta, por haber asistido a la reunión de trabajo de la Mesa Directiva, el día de hoy se puso a discusión y aprobación el orden del día en el cual daremos un trámite de carácter definitivo por parte de la Presidencia al documento con observaciones que el Presidente de la República remitió a esta soberanía y éste fue aprobado a recomendación de la Junta de Coordinación Política para que sea desahogado el próximo 14 de diciembre y así será.

Activen el sonido en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Si bien es cierto que se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política la cual cita la fecha recomendada, también es cierto lo que yo le señalé que la facultad que le confiere el artículo 21 es una facultad personalísima de la Mesa Directiva en términos de determinar cuáles son los asuntos de interés general y que deban de ser considerados.

Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Partido Acción Nacional hemos seguido en los medios de comunicación la información que nos refiere que el pronunciamiento se está trabajando en la mirada de la fe de erratas y que ya se advirtieron cierto número de situaciones, pero yo ayer hablé con el diputado Buendía y no hemos sido convocados siquiera a una reunión informal, por parte de la Comisión de Presupuesto, a analizar los errores que contiene el decreto y desde nuestro punto de vista no se le ha dado trámite ni trato alguno y pareciera que hay un caos ordenado, donde cada quien está haciendo lo que estima conveniente, pero no hay ninguna posición institucional de aquí al día 14.

Se lo digo por lo siguiente: si el fondo del asunto se resuelve hasta el día 14, según la recomendación de la Junta y según aprobó hoy por mayoría la Mesa Directiva, en el supuesto de que se apruebe, tendremos menos de un día para elaborar un dictamen con respecto al veto; en el supuesto de que no se admitiese también estaríamos en una fragilidad de menos de 48 horas para elaborar cualquiera que fuera el abono que haga la Cámara, y me parece que si en algo puede abonar la Cámara es en el trabajo técnico-económico de determinar cuales son los errores y cómo pueden ser subsanados y no simplemente ser un mero espectador de aquí al día 14 en una junta de la mayor trascendencia.

Yo creo que usted debería de ponderar que algo tenemos que hacer de aquí al día 14 y que el día 14 se define el rumbo que se le dé a la enmienda del Presupuesto, ya sea que se admita o no el veto, pero las propuestas del punto de acuerdo a las que usted dio lectura el día de hoy, usted mismo lo dijo, son a reserva de recoger la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara.

En tanto no obtengamos un debate jurídico, cuando menos merecemos tener un trabajo técnico-económico y merecemos los diputados de Acción Nacional de ser copartícipes de esta invitación, no de estar viendo que no es un trabajo excepcional que sólo nos va a llevar a otra miriada de fe de erratas y de cifras inciertas que no habrán sido conocidas por el pleno antes de su discusión.

Entonces, yo le pido que con base en eso, usted nos diga cuál es el trámite que se va a dar al compromiso de la sesión anterior, de hacer una propuesta de la cual pudiera convocar el pleno, más allá de la fecha en la que se discuta el fondo del asunto que entiendo será el día 14.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Entiendo y además participo en buena parte de sus preocupaciones, de su intervención, señor diputado Döring; no obstante hay en la misma muchos elementos que exceden buena parte de las facultades de la Mesa.

También le comento que dentro de las facultades, como usted me lo dice, está el dar trámite a estos asuntos, sobre todo a aquellos que en particular encuentra la Mesa no son aplicables algunos aspectos del mismo Reglamento de la Ley Orgánica, con respecto a este documento en específico, que viene hecho en carácter de observaciones y fundamentado en el artículo 72-C, como es el que remitió la Presidencia de la República.

Por la trascendencia política del asunto, señor diputado, en que está de por medio la sana relación entre los dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo y sobre todo por la jerarquía política del órgano que envía ese documento, es como nosotros comentamos a la Mesa Directiva que se aconsejaba que una determinación de este tipo fuera tomada por la Mesa Directiva como cuerpo colegiado y fue así como procedimos y se decidió que el próximo día 14 con toda responsabilidad, este pleno conozca de los puntos de acuerdo que elabore la mesa de manera definitiva, y en este asunto sí quiero decir, la Presidencia de la Mesa Directiva, de la manera definitiva.

Activen el sonido en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Sí, señor Presidente, creo que la sana convivencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo será una vez que se subsanen las inconsistencias y pifias que contiene lo que se remitió a la Presidencia de la República. Pero yo quisiera dejar el debate y simplemente pedirle que usted tome la inquietud del grupo parlamentario de Acción Nacional y sí está en sus facultades exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que convoque a cuando menos analizar el documento, sin que constituya esto un trámite formal ni darle entrada al veto que mandó la Presidencia.

Lo menos que puede hacer la Presidencia de la Comisión de Presupuesto es convocar a sus partes a analizar la solución y en su momento se pueda plantear el asunto y eso sí está en sus facultades, y yo le pido que lo pondere, porque sería una buena señal de responsabilidad y de trabajo previo al día 14 de este mes.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí señor diputado. Le ofrezco los mejores y buenos oficios que pueda tener esta Presidencia dentro de sus facultades y confío enormemente que en las reuniones de la Junta de Coordinación Política a la que asisten todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, impere también un espíritu de concordia y búsqueda de un acuerdo que nos ayude a resolver de la mejor manera tan trascendente asunto.

Continúe la Secretaría.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

C. diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.»

Por Acuerdo No. 17 del Pleno de Diputados de la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en sesión ordinaria de esta misma fecha y además con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; adjunto nos permitimos remitir a ustedes la iniciativa de decreto para reformar y adicionar el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Crédito y reformar el artículo 118 de la misma.

Lo anterior a efecto de que se turne sin trámite alguno a la Comisión de Estudios Legislativos, para su atención procedente.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., a 9 de noviembre del 2004.--- H. LVIII Legislatura del Estado.--- Carlos Alvarado Campa (rúbrica), diputado Presidente; Juan Francisco Ambriz Valdez (rúbrica), diputado Secretario; Alicia Lugo Dávila (rúbrica), diputada Secretaria.»

«LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

C. diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Simón Pedro de León Mojarro, Aquiles González Navarro, Adán González Acosta, Samuel Herrera Chávez, Aída Alicia Lugo Dávila, José Luis Ortiz Martínez, Sonia de la Torre Barrientos, Sara Guadalupe Buerba Sauri, Humberto Cruz Arteaga, Juan Carlos Lozano Martínez, José Chávez Sánchez, Constantino Castañeda Muñoz, Juan Antonio Gómez López, Gerardo Oliva Barrón, Martha A. Zamudio Macías, Vicente Márquez Sánchez, Jesús Padilla Estrada, Ruth Araceli Ríos Moncada, Federico Bernal Frausto, Raquel Zapata Fraile, José Antonio Vanegas Méndez, Octavio Monreal Martínez, Pedro Goytia Robles, Martina Rodríguez García, Manuel de Jesús de la Cruz R., Carlos Alvarado Campa, Lidia Vázquez Luján, Juan Francisco Ambriz Valdez, José de Jesús del Real Sánchez y Román Cabral Bañuelos, todos diputados propietarios de la H. LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en uso de la facultad de iniciativa que consagra la fracción III del artículo 71 de la Constitución General de la República, sometemos a consideración de esa Honorable Legislatura Federal, la siguiente

Iniciativa de decreto para reformar y adicionar el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Crédito y reformar el artículo 118 de la misma.

Exposición de Motivos

El combate de la delincuencia constituye hoy una tarea esencial del Estado. Esta lucha tiene sentido porque, al hacerlo, se defiende un sistema de valores que nos identifica como nación. Se combate a la delincuencia, no como un fin en si mismo, sino para reafirmar el conjunto de libertades que el pueblo mexicano ha conquistado; la libertad de tránsito, de religión, de elección, de trabajo, de opinión; inclusive la libertad de amar. Al castigar a un delincuente se preserva un sistema de valores, defendemos una forma de vida y reafirmamos nuestra voluntad de convivir pacíficamente. Combatimos también de esta manera la impunidad.

E1 abandono a las áreas de seguridad pública que perduró por décadas, originó la actual crisis en la procuración de justicia. Hecho innegable: ineficiencia, corrupción y lentitud en la integración de las averiguaciones previas eran y son factores que generan impunidad.

Se suma a lo anterior la falta de credibilidad en las instituciones, situación que daña la estima y el respeto que merece la labor asignada al Ministerio Público, institución que por naturaleza debe siempre permanecer en la confianza absoluta de la. ciudadanía y en el resto de su tarea, no sólo por el conjunto de los gobernados, sino también por las instituciones del sector público y del sector privado.

Cuando el Estado ya no puede hacer cumplir la ley y no ejerce su derecho al uso legítimo de la fuerza, el aumento del crimen no es la única amenaza a la convivencia, también se cultivan las posibilidades de que el miedo, la injusticia y la inseguridad se transformen en agresividad y sed de venganza y cuando se piensa en la venganza como una posibilidad, las instituciones de procuración y administración de justicia, bien lo sabemos, son desplazadas por la ley del talión.

Cuando la víctima de un delito no encuentra respuesta satisfactoria en las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia, el daño se intensifica y se da el caso de la doble victimización: se es víctima del delito y se es víctima de la impunidad.

Principio básico de una auténtica política criminal, es respetar y hacer respetar el principio de legalidad por lo que todos los mexicanos, individualmente considerados o conformando empresas o instituciones, estamos obligados a colaborar, haciéndolo con prontitud con las autoridades encargadas de la Procuración y de la Administración de Justicia. El sistema bancario mexicano y en lo particular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden y deben participar con prontitud en esta tarea. La información que las Instituciones bancarias proporcionen para la Procuración y Administración de Justicia es básica, para combatir cualquier brote de impunidad.

E1 texto vigente del artículo 117 y del artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, ciertamente obliga a los bancos a dar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones pero solamente a las autoridades judiciales, no ocurre así cuando se trata de autoridades ministeriales, lo que perjudica el avance y resultado de las averiguaciones previas, ya sea impidiendo, ante la falta de información, la posibilidad de acreditar el cuerpo de algún delito o identificar a algún probable responsable o bien provocando un retraso en la. integración de la averiguación.

Hoy la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a una solicitud de información de una autoridad ministerial para efectos de la integración de la averiguación previa tiene en promedió un retardo quo va de diez meses a dos años. De entrada el procedimiento para la obtención de un informe es prolongado y complejo: la petición de un Procurador es formulada a la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ésta solicita a los apoderados de los bancos o a los subdirectores de estos con autoridades de la institución bancaria radicadas en la. Ciudad de México el informe solicitado, estos a su vez a los bancos. Así, en cadena regresa la información la que se remite a la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que luego la envía al Procurador solicitante. No existe un término ni tampoco obligación de los funcionarios del sistema financiero a rendir la información. Lo que propicia retardo y carga de impunidad. Podríamos enunciar infinidad de casos en todo el país y nos quedaríamos terriblemente sorprendidos por la tardanza (en muchos casos de omisión definitiva) en la información requerida por las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que ha ocasionado rezago en miles de averiguaciones tanto del fuero federal como local.

La iniciativa que se pone a consideración de ese H. cuerpo colegiado, obliga a las instituciones del sistema financiero mexicano, respetando el secreto bancario, a dar la información que les es requerida, no solamente por los órganos del poder judicial, sino por el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa, y las obliga también a que tal información se rinda dentro de un término de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que la institución bancaria haya recibido el oficio de petición.

Se hace necesario y por ello así se precisa en la iniciativa, establecer un mecanismo de coerción para el cumplimiento de la obligación de colaborar con las autoridades investigadoras de hechos delictuosos, o que pudieran serlo, por ello se previene en la adición al texto del artículo 117, que los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito, que injustificadamente nieguen la información solicitada, o la retarden por más de treinta días naturales incurren en el delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares.

El texto hoy vigente de los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito dice:

``Título sexto De la Protección de los Intereses del Público

Artículo 117.- Las Instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la. Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. (El subrayado es nuestro).

Artículo 118.- Con la salvedad de toda clase de información que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria, la violación del secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, incluso ante las autoridades o tribunales en juicios o reclamaciones que no sean aquellos entablados por el fideicomitente o fideicomisario, comitente o mandante, contra la institución o viceversa, constituirá a ésta en responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes.''

Como puede observarse, el texto vigente del artículo 117 de la ley cuya reforma se propone, obliga a las instituciones de crédito a rendir informes, pero únicamente a la autoridad judicial, pero no así a la autoridad investigadora de los delitos que lo es el Ministerio Público, pues como es sabido ésta es una autoridad de carácter administrativo.

La actualización legislativa en las entidades federativas y a las leyes federales, es factor coadyuvante en la procuración y administración de justicia y lo que es más importante en el combate a la impunidad.

La iniciativa con proyecto de decreto propone las siguientes reformas y adiciones:

``ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 117 y se reforma el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar:

Artículo 117.- Las Instituciones de Crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta, o para intervenir en la operación o servicios, salvo cuando lo pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en el desarrollo de un procedimiento judicial; o bien cuando lo pidiere la autoridad ministerial a través del Procurador General de Justicia correspondiente a las entidades federativas en los asuntos de competencia del orden común o del Procurador General de la República en los asuntos de competencia del orden federal, esto durante el trámite de diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal, en el que el titular sea ofendido o indiciado; o bien cundo el Ministerio Público estime que la información es necesaria para determinación correspondiente en la averiguación previa; o, las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria para fines fiscales.

Los empleados y funcionarios de las Instituciones de Crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños o perjuicios que se causen.

Incurren en delito de desobediencia y resistencia de particulares, previsto por el artículo 178 del Código Penal Pedera1, los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito, que injustificadamente nieguen la información solicitada, o la retarden por más de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que la Institución Bancaria haya recibido el oficio correspondiente.

Artículo 118.- Con la salvedad de toda clase de información que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria, por la autoridad judicial y por la autoridad ministerial, la violación del secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, incluso ante las autoridades o tribunales en juicios o reclamaciones que no sean aquellos entablados por el fideicomitente o fideicomisario, comitente o mandante, contra la institución o viceversa, constituirá a ésta en responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 9 de noviembre de 2004.--- H. LVIII Legislatura del Estado.--- Diputados: Carlos Alvarado Campa (rúbrica), Presidente; Juan Francisco Ambriz Valdez (rúbrica), Secretario; Aída Alicia Lugo Dávila (rúbrica), Secretaria; Simón Pedro de León Mojarro (rúbrica), Aquiles González Navarro (rúbrica), Adán González Acosta (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), José Luis Ortiz Martínez (rúbrica), Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica), Sara Guadalupe Buerba Sauri (rúbrica), Humberto Cruz Arteaga (rúbrica), Juan Carlos Lozano Martínez (rúbrica), José Chávez Sánchez (rúbrica), Constantino Castañeda Muñoz (rúbrica), Juan Antonio Gómez López (rúbrica), Gerardo Oliva Barrón (rúbrica), Martha A. Zamudio Macías (rúbrica), Vicente Márquez Sánchez (rúbrica), Jesús Padilla Estrada (rúbrica), Ruth Araceli Ríos Moncada (rúbrica), Federico Bernal Fraustro (rúbrica), Raquel Zapata Fraire (rúbrica), José Antonio Vanegas Méndez (rúbrica), Octavio Monreal Martínez (rúbrica), Pedro Gotilla Robles (rúbrica), Martina Rodríguez García (rúbrica), Manuel de Jesús de la Cruz R. (rúbrica), Lidia Vázquez Luján (rúbrica), José de Jesús del Real S. (rúbrica), Román Cabral Bañuelos (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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MAIZ

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de AcuerdoPrimero. Para crear condiciones de certidumbre, y prevenir y resolver así conflictos, especulaciones o acciones al margen del estado de derecho que actualmente, por la tardanza de las autoridades responsables en presentar la información necesaria, pone en riesgo un desarrollo equitativo y eficiente del proceso de comercialización para todos los agentes que en él intervienen, productores y adquirentes de las cosechas, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar de manera urgente los lineamientos específicos del Subprograma de Apoyos al Ingreso Objetivo correspondientes a la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano 2004.

Asimismo, publicar los lineamientos y mecanismos específicos de operación de los apoyos complementarios para fletes y movilizaciones que, en su caso, prevalecerán para la cosecha señalada. Sagarpa, por medio de Aserca, deberá incorporar el precio de indiferencia internacional en la zona que corresponda, como base para definir el precio de adquisición, y complementar al agricultor con la diferencia entre dicho precio y el ingreso objetivo, mismo que deberá actualizarse.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a enterar por escrito a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, a más tardar en diez días naturales posteriores a la notificación del presente acuerdo, de los avances que se tuvieran al respecto.

Atentamente.

México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ZURDAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-698, suscrito el día 23 de septiembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del escrito signado el día 24 del actual por la C. doctora Ma. de las Nieves García Fernández, directora general adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como una medida tendente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo; así como a instrumentar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal que tiendan a promover dicha cultura.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Secretaría de Salud.--- Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.--- Dirección General Adjunta de Vinculación Social.

Para: licenciada María Virginia Valdés Delgado, directora general adjunta de Proceso Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

De: doctora María de las Nieves García Fernández.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, sobre la promoción de respeto e igualdad para las personas zurdas, el cual nos fue notificado por la Secretaría de Gobernación, mediante oficio SEL/300/3426/04.

Al respecto, me permito acompañar copia del oficio 100/UCVPS/323/2004, girado a las subsecretarías de Administración y Finanzas; de Innovación y Calidad; y de Prevención y Promoción de la Salud; de esta Secretaría, para atender el referido acuerdo legislativo.

Con base en lo anterior, he de agradecer a usted dar por desahogado el citado punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Noviembre 24 de 2004.--- Doctora María de las Nieves García Fernández.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.--- Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Doctor Roberto Tapia Conyer, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.--- Presente.

Me permito acompañar, para su conocimiento y atención procedente, copia del punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre pasado, por medio del cual se exhorta a las dependencias de la administración pública, a que instrumenten medidas que tiendan a promover el respeto e igualdad de las personas zurdas, quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 6 de octubre de 2004.--- El titular de la Unidad, doctor Gabriel García Pérez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.--- Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Doctor Enrique Ruelas Barajas, subsecretario de Innovación y Calidad.--- Presente.

Me permito acompañar, para su conocimiento y atención procedente, copia del punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre pasado, por medio del cual se exhorta a las dependencias de la administración pública, a que instrumenten medidas que tiendan a promover el respeto e igualdad de las personas zurdas, quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 6 de octubre de 2004.--- El titular de la Unidad, doctor Gabriel García Pérez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.--- Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Licenciada María Eugenia de León May, subsecretaria de Administración y Finanzas.--- Presente.

Me permito acompañar, para su conocimiento y atención procedente, copia del punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre pasado, por medio del cual se exhorta a las dependencias de la administración pública, a que instrumenten medidas que tiendan a promover el respeto e igualdad de las personas zurdas, quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 6 de octubre de 2004.--- El titular de la Unidad, doctor Gabriel García Pérez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ZURDAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-698 signado el 23 de septiembre del año en curso, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, original del similar número DGCP.-0499/04, suscrito el 15 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como una medida tendiente a dar a conocer y promover una cultura de respecto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo; así como a instrumentar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal, que tiendan a promover dicha cultura.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Coordinación Política.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Fabio Beltrones Rivera, al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 23 de septiembre del año en curso, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como una medida tendiente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo; también, que se instrumenten medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal, que tiendan a promover dicha cultura.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 15 de noviembre de 2004.--- El Director General, Humberto Ballesteros Cruz.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Enlace Político.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.--- Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 23 de septiembre del año en curso, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como una medida tendiente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo; también, que se instrumenten medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal, que tiendan a promover dicha cultura.

Al respecto, le informo que:

Esta dependencia estará atenta a la definición que sobre estas cuestiones adopte la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para, en su momento, proceder a darles la difusión y cumplimiento adecuados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 15 de noviembre de 2004.--- El Director General, Humberto Ballesteros Cruz.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-927, signado el 19 de octubre del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 102-K-IV-A-385, suscrito el 18 del actual por el C. Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta otorgar a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 26 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Subsecretaría de Ingresos.--- Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente

Hago referencia a su oficio SEL/300/3864/04, del 20 de octubre de 2004, mediante el cual remite copia del punto de acuerdo aprobado el día 19 de octubre de 2004 en la Cámara de Diputados, en el que se señala:

``Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Energía, a fin de que Petróleos Mexicanos, otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua, un descuento del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.''

Sobre el particular, le comento que con la finalidad de apoyar a la población del estado de Chihuahua ante las drásticas condiciones climáticas a las que se ve sometida, desde 1997 el precio al público del gasóleo doméstico enajenado por Pemex en ese estado durante el periodo invernal (meses de diciembre a febrero) es el equivalente al 70% del precio del diesel industrial de bajo azufre.

Por otra parte, con relación al gas LP y gas natural, para que esta Secretaría analice y, en su caso, proponga al honorable Congreso de la Unión incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación el otorgamiento de un subsidio, es necesario cumplir con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para lo cual:

1. El órgano de gobierno de Pemex Gas y Petroquímica Básica deberá analizar y, en su caso, autorizar la solicitud de subsidio respectiva y someterla a la consideración de la Secretaría de Energía en su calidad de coordinadora de sector.

2. La Secretaría de Energía deberá analizar y, en su caso, aprobar la solicitud de subsidio, previa verificación de que se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como por los artículos 52 y 53 del Presupuesto de Egresos de la Federación y

3. Una vez que se realicen las acciones anteriores, se deberá someter a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto correspondiente, la solicitud para que, en su caso, se incluya en el paquete de egresos que se propone al H. Congreso de la Unión, para el siguiente ejercicio fiscal y, en su caso, ese órgano Legislativo autorice los recursos destinados al subsidio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 18 de noviembre de 2004.--- El Director General Adjunto, Pedro Luna Tovar.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-967, signado el 26 de octubre del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 312-A-001833, suscrito el 12 del actual por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de Programación y Presupuesto ``B'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita incluir dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005 la creación de 2,300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Subsecretaría de Ingresos.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio SEL/300/4087/04, de fecha 27 de octubre de 2004 y recibido en esta área el 10 de noviembre del mismo año, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados, en sesión del 26 de octubre pasado, relativo a: ``Primero. Que se conforme una subcomisión encargada de revisar el trabajo de los órganos encargados de la Justicia Laboral en este país, así como también se cite a comparecer a los magistrados de los tribunales colegiados del primer circuito en materia del trabajo: décimo y duodécimo, con el fin de que expliquen la situación que guardan los expedientes promovidos por los ex trabajadores del INEGI. Segundo. Que esta Cámara de Diputados incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005 la creación de 2,300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI, mismos que conforman la Coalición de Trabajadores del INEGI''.

Al respecto, me permito informarle, que el pasado 8 de septiembre del año en curso, se entregó a la H. Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 2005), por lo que el asunto en cuestión dependerá su aprobación por parte de la H. Cámara.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, DF, a 12 de noviembre de 2004.--- El Director General, Pablo S. Reyes Pruneda.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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SISTEMA FINANCIERO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-959 signado el 26 de octubre del año en curso, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 601-I-VAID-376068-04 suscrito el 17 del actual por el C. Lic. Miguel Ángel Garza C., Vicepresidente de Asuntos Internacionales y Difusión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implemente una política tendiente a disminuir las comisiones o contraprestaciones que perciben las instituciones financieras sujetas a su competencia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Estimado licenciado Aguilar:

En atención a su oficio SEL/300/4102/04, por medio del cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados en su sesión del 26 de octubre de 2004, en cuyo cuarto rubro se solicita ``a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, dentro del ámbito de sus facultades, y en coordinación con los organismos desconcentrados de su ministerio con funciones de autoridad en cada sector del sistema financiero, implementen una política tendiente a disminuir las comisiones o contraprestaciones que perciben las instituciones financieras sujetas a su competencia'', le informo que hemos tomado nota del acuerdo referido.

Sin otro particular por el momento; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 17 de noviembre de 2004.--- Licenciado Miguel Angel Garza C., Vicepresidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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DEPORTISTAS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-930 signado el 19 de octubre del año en curso, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número INEDEC-DG/308-04 suscrito el 18 del actual por el C. Lic. Carlos Ayala Espinosa, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a realizar las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico y a los medallistas de los Juegos Paralímpicos que pertenezcan a su entidad.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Instituto Estatal del Deporte de Coahuila.--- Gobierno de Coahuila.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta a su oficio SEL/300/3881/04 de fecha 21 de octubre, dirigido al Lic. Enrique Martínez y Martínez, gobernador del estado de Coahuila, en el que se informa el punto de acuerdo aprobado en sesión en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de octubre.

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que invite a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo. Segundo. Que el pleno de esa soberanía exhorte al Poder Ejecutivo federal para que realice las acciones necesarias con el fin de reconocer apoyar y estimular al deporte paralímpico y especialmente a los medallistas de los juegos paralimpícos. Y tercero, que el pleno de esa soberanía exhorte a los gobiernos de los estados, para que realicen en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralíimpico y a los medallistas de los juegos paralímpicos que pertenezcan a su entidad.

En base a lo anterior, me permito hacer de su conocimiento, que el estado de Coahuila fue sede de los III Juegos Nacionales Deportivos sobre silla de ruedas ``Coahuila Nueva Era 2004'', del 7 al 12 del presente, con 9 disciplinas de sillas de ruedas, compitiendo 34 equipos representativos de entidades federativas y organismo descentralizados del país, con la coordinación del DIF nacional, Conade y gobierno del estado, director general de la Conade y del Lic. Enrique Martínez y Martínez, gobernador del estado de Coahuila y funcionarios del DIF federal en este evento se reconoció, se estimuló y se apoyó a los deportistas paralímpicos medallistas de Atenas 2004 y deportistas del estado de Coahuila.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a la presente, le reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coah., a 18 de noviembre de 2004.--- Director General Lic. Carlos Ayala Espinosa.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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DEPORTISTAS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-930 signado el 19 de octubre del año en curso, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número D.G./2104/04 suscrito el 18 del actual por el C. Lic. Ricardo Felipe Smith Guerrero, director general de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud del gobierno del estado de Guanajuato, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a realizar las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico y a los medallistas de los Juegos Paralímpicos que pertenezcan a su entidad.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Guanajuato.--- Gobierno del Estado.--- Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su comunicado con número de referencia SP1513425-11-04/1 enviado a la secretaría particular del gobernador y turnado a esta dependencia con número de folio de CEDAJ 3867, en el cual nos informa acerca del acuerdo aprobado en sesión de fecha 19 de octubre, el realizar las acciones en el ámbito respectivo, las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte Paralímpico y a los medallistas de los Juegos Paralímpicos que pertenezcan a nuestra entidad.

Al respecto me permito informarle que la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud, por iniciativa de la presente administración integró dentro de la convocatoria del premio estatal del deporte, la modalidad de deporte adaptado, además se construyó un centro deportivo paralímpico en la ciudad de Irapuato, Gto.

Nos complace contar como invitado especial del medallista paralímpico Saúl Mendoza Hernández, dentro del marco de la ceremonia del Premio Estatal del Deporte y Juventud 2004, que será presidida por el gobernador del estado de Guanajuato, quien al mismo tiempo le hará entrega de un reconocimiento por su trayectoria deportiva.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Guanajuato, Gto., a 18 de noviembre de 2004.--- Licenciado Ricardo Felipe Smith Guerrero, Director General.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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RESIDUOS PELIGROSOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-3-785, signado el 28 de septiembre del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 470, suscrito el 15 del actual por el C. M. en C. Juan Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a elaborar e implementar un programa nacional que permita un tratamiento de residuos peligrosos y su inocuidad, así como agilizar la actualización y modificación de las normas NOM-055-SEMARNAT-2003, NOM-056-SEMARNAT-1993, NOM-057-SEMARNAT-1993 y NOM-058-SEMARNAT-1993.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio SEL/300/3474/04 del 29 de septiembre del 2004, mediante el cual remite al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Cárdenas Jiménez, información sobre el punto de acuerdo aprobado en la sesión del 28 de septiembre del 2004, por el que se exhorta a la Semarnat a implementar un programa nacional que permita el tratamiento de residuos y su inocuidad y agilizar la actualización y modificación acorde con los avances tecnológicos en la materia de las NOM 055, 056, 057 y 058.

Al respecto y toda vez que se me ha instruido para atender el presente asunto, me permito exponerle nuestra posición de acuerdo a lo siguiente

Actualización y modificación acorde con los avances tecnológicos en la materia de las siguientes normas:

NOM055SEMARNAT2003.

La norma vigente es la NOM055SEMARNAT1993, la cual tras un proceso de modificación se encuentra próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación como NOM055-SEMARNAT2003.

La actualización consistió en:

Se modificó la distancia límite con los centros de población, haciéndola acorde con el mandato de la Ley (5 KM).

Se precisaron especificaciones técnicas respecto a los estudios. Geológico e Hidrogeológico Sísmico

Se regularon las distancias a Aeropuertos y vías de comunicación.

Se incluyó el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).

Se simplificaron trámites.

NOM-056-SEMARNAT-1993, NOM-057-SEMARNAT-1993 y NOM-058-SEMARNAT-1993.

Respecto a estas normas se tomó la decisión de que basta que se publicara la modificación a la NOM055, se comenzaría a trabajar en su actualización.

Actualmente, se encuentra vigente el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria publicado el 12 de mayo del 2004 por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el cual establece que durante su vigencia, las dependencias y organismos descentralizados suspenderán la emisión o promoción de regulación.

Por tal motivo, aunque se ha iniciado el trabajo de revisión, será hasta que termine la moratoria cuando se comenzará formalmente con el trabajo de modificación de dichas normas.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF., a 15 de noviembre de 2004.--- M. en C. Juan Elvira Quesada.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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PRODUCTOS LACTEOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a los oficios Nos. D.G.P.L. 59-II-0-1005 y D.G.P.L. 59-II-0-1012, signados el día 9 del mes en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Marcos Morales Torres y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-83397, suscrito el día 23 del actual por el C. licenciado José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta a los puntos de acuerdo por los que se exhorta a esa dependencia a verificar, revisar y sancionar a los importadores de productos agropecuarios que se introducen al territorio nacional; así como a realizar la investigación de los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua, en los que se puso al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que, en su caso, se presente las denuncias y se impongan las acciones a quienes resulten responsables.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Servicio de Administración Tributaria.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Se hace referencia a sus diversos SEL/300/4252/04 y SEL/3004260/04, ambos del 10 de noviembre de 2004, mediante los cuales remite al secretario de Hacienda y Crédito Público los puntos de acuerdo aprobados en sesión de la misma fecha, en los que, respectivamente, se exhorta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal a la realización de las investigaciones, y en su caso a la presentación de las denuncias e imposicíón de sanciones, en relación con la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas, en el estado de Chihuahua, recientemente descubierta; y se hace el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial a esta Administración General, para que verifique, revise y sancione a los importadores de productos agropecuarios que se introducen a Territorio Nacional.

Sobre el particular, le comunico lo siguiente:

Como consecuencia de las investigaciones efectuadas por esta administración general, se emitió una orden de embargo en contra de la empresa Campos del Norte, SA de CV, a quien se detectó como la importadora de los productos de referencia.

Así también, se han girado instrucciones a todas las aduanas del país, a efecto de que revisen de manera exhaustiva todos los embarques que se declaren como preparaciones alimenticias a base de lácteos.

No omito señalar, que de la glosa efectuada a los pedimentos tramitados por la empresa antes señalada, se observó que en todos los casos acompañaron al pedimento de importación el certificado fitozoosanitario de importación, emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el cual se acreditó la inocuidad del producto y se autorizó su importación; de la misma forma, se cumplieron las formalidades en materia de normas oficiales mexicanas, constituyendo estos, los únicos requisitos no arancelarios para la importación de la mercancía en cuestión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2004.--- El Administrador General, Lic. José Guzmán Montalvo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 59-II-0-444, de fecha 5 de abril de 2004, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 400/190/04, suscrito el 17 del mes en curso por el C. licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta a esta dependencia para que envíe la información necesaria a efecto de conocer las causas y los motivos del ingreso y la permanencia en territorio nacional de presuntos militares ingleses en un contingente de supuesta operación de entrenamiento marcial en la zona serrana del estado de Puebla.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su oficio SEL/300/1011/04, mediante el cual comunica punto de acuerdo aprobado; por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, consistente en informar de las causas y motivos del ingreso y permanencia en territorio nacional de presuntos militares ingleses en un contingente de supuesta operación de entrenamiento marcial en la zona serrana del estado de Puebla, adjunto envío a usted la información referida.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 17 de noviembre de 2004.--- El Subsecretario, Lic. Armando Salinas Torre.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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CANCER DE MAMA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-935, suscrito el 19 de octubre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del escrito signado el 16 del actual por la C. doctora Bertha C. Castellanos Muñoz, secretaria de Salud del gobierno del estado de Coahuila, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa entidad federativa a desarrollar programas y acciones de orientación y fomento del autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato, universitarios y la población en general a fin de impulsar una cultura de prevención en torno a esta enfermedad.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Secretaría de Salud.--- Gobierno del estado de Coahuila.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con relación a su oficio SEL/300/3965/04 en que hace del conocimiento del Lic. Enrique Martínez y Martínez, gobernador constitucional del estado del Coahuila, el punto de acuerdo de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sobre programas y acciones de orientación y fomento al autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama, por este conducto le expreso lo siguiente:

Como atinadamente se señala, el impulso a una cultura de prevención en torno a dicha enfermedad incluyendo otros padecimientos de elevada incidencia, representa uno de los pilares básicos en que se sustentan las actuales políticas de salud que desde luego han sido consideradas en nuestro estado para la elaboración del plan de trabajo en este rubro; la implementación de nuevas estrategias aportan resultados incuestionables respecto a la efectividad de la información acertadamente orientada a sectores específicos de la población, muestra de ello es el significativo incremento de solicitudes de detección oportuna y atención médica, que deben tomarse en cuenta como indicativo de la importancia que la prevención adquiera conforme se incrementan los esfuerzos conjuntos ,para establecer, como un estilo de vida la cultura del autocuidado.

En este sentido y siendo el sector joven del país y la entidad la de mayor sensibilidad a la recepción de información y en consecuencia al cambio, la cooperación entre instituciones se torna indispensable en actividades permanentes para reforzar los conocimientos que por distintas vías se proporcionan a dicho segmento; de esta manera, el personal de salud lleva a cabo acciones de promoción y orientación en escuelas de distintos niveles en todo el estado, que permiten a nuestros jóvenes el acceso a datos fidedignos y confiables sobre cáncer de mama, contribuyendo al enriquecimiento de una visión más amplia del padecimiento y sus factores de riesgo, sumado a lo anterior, se han realizado 1,374 sesiones educativas en unidades de primer nivel que equivalen a un total de 22,564 asistentes. Por otra parte, y con la convicción de que la capacitación constante de médicos y enfermeras es parte fundamental de un sistema de salud encaminado a la excelencia, continuamente se organizan eventos de actualización como el de patología de la glándula mamaria, recientemente efectuado en la Cd. de Piedras Negras, Coahuila.

En cuanto a detecciones, el logro estatal hasta el mes de septiembre corresponde a 36,280, cabe señalar que se encuentra en operación el Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (Sicam) que permite dar seguimiento a las pacientes con resultado positivo garantizando que el tratamiento adecuado les sea proporcionado en tiempo y forma oportuna. Por lo que respecta a estudios de gabinete, se cuenta con 8 mastógrafos y una unidad móvil equipada con la tecnología para efectuar este tipo de exámenes en las comunidades más alejadas de la entidad; en su conjunto, reportan de enero a octubre de 2004 una productividad de 6,007 mastografías practicadas.

No obstante los exitosos alcances que hoy compartimos con las mujeres coahuilenses, reconocemos que el trabajo deberá continuarse incansablemente para garantizar la inclinación de este género hacia una aceptación contundente de la autoexploración de mama y la mastografía como las medidas más confiables para la detección del padecimiento y tenga la certeza que a este objetivo encaminamos nuestros esfuerzos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coah., 16 de noviembre de 2004.--- La Secretaria de Salud, Dra. Berta C. Castellanos Muñoz.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 59-II-3-154, suscrito el 19 de noviembre de 2003, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del escrito signado el 24 del mes en curso por la C. doctora María de las Nieves García Fernández, directora general adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, así como aplicar en tiempo y forma los programas del sector agropecuario y los recursos asignados a éste.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Para: Lic. Ma. Virginia Valdés Delgado, directora general adjunta de Proceso Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

De: Dra. Ma. de las Nieves García Fernández.

Me refiero al siguiente punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados:

``Unico. Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a todas las dependencias involucradas, para que dé total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, signado el pasado 28 de abril de 2003, así como aplicar en tiempo y forma los programas del sector agropecuario y los recursos asignados al mismo.''

Al respecto, me permito informar a usted que la Secretaría de Salud ha realizado las aplicación oportuna de los recursos asignados a los programas del campo. Asimismo, se ha venido participando en una serie de reuniones en cumplimiento al acuerdo anterior.

El 8 de septiembre se celebró reunión con los presidentes de las comisiones de Desarrollo Rural, Recursos Naturales, Pesca, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria, Asuntos Indígenas y Presupuesto y Cuenta Pública. En dicha reunión participaron representantes de: SSA, Sagarpa, SRA, Sedesol, Semarnat, SEP, SE, SHCP y SCT.

El 10 de septiembre se llevó a cabo una reunión con las comisiones unidas del Sector Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en la que comparecieron las dependencias que integramos la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de informar respecto del ejercicio de los recursos del Programa Especial Concurrente 2004.

Finalmente, la Comisión Especial para el Campo de la Cámara de Diputados, la cual tiene por objeto dar seguimiento y evaluar el ``Acuerdo Nacional para el Campo'' formuló una invitación a la Secretaría de Salud, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para comparecer en la reunión plenaria a celebrarse el 6 de octubre. Sin embargo, dicha reunión fue cancelada por parte de la propia comisión.

Finalmente, me permito acompañar copia de una nota informativa que precisa lo anterior, así como la información básica de los programas que integran el PEC 2004 y su ejercicio.

Con base en lo anterior, he de agradecer a usted dar por desahogado el referido punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 24 de noviembre de 2004.--- Dra. Ma. de las Nieves García Fernández.»

«Para: Dr. Gabriel García Pérez.

De: Lic. Ignacio Ibarra Espinosa

Asunto: Comparecencia ante las Comisiones Unidas del Sector Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Como es de su conocimiento, el pasado viernes 10 de septiembre, las Comisiones Unidas del Sector Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, citaron a comparecer a las dependencias que integramos la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS), con el propósito de informar respecto del ejercicio de los recursos del Programa Especial Concurrente 2004 (PEC).

Es importante mencionar que el PEC forma parte como anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación y en él se establecen los recursos que han sido asignados a las distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF), que operan algún programa relacionado con la población rural.

Derivado de lo anterior, se solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de esta Secretaría, la información de los recursos del PEC que fueron ejercidos por esta Dependencia al mes de junio de 2004, para ser presentada en dicha comparecencia.

Tal como se comentó con usted en la sesión de la CIDRS, que se celebró el pasado 8 de los corrientes en Sagarpa, a las 8:30 horas, asistió a la comparecencia en representación de esta Secretaría, el Lic. Octavio Avendaño Carbellido, Director de Apoyo Técnico Normativo de esta Dirección General, quien asiste con regularidad a las sesiones de los diversos órganos colegiados relacionados con el Desarrollo Rural, acompañado por el Director de Gestión Presupuestal de DGPOP.

En dicha sesión, estuvieron presentes por parte de la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones de: Desarrollo Rural, Recursos Naturales, Pesca, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria, Asuntos Indígenas, así como la de Presupuesto y Cuenta Pública. Si bien, fueron convocados también los diputados que conforman dichas comisiones (30 legisladores por cada una de ellas), únicamente asistieron 10 en total y algunos abandonaron el recinto legislativo en el transcurso de la sesión.

Por parte de las dependencias de la APF, comparecieron los Subsecretarios de Sagarpa, SRA, Sedesol, así como el oficial mayor de Semarnat y representantes de SEP, SE, SHCP y SCT.

Antes de iniciar la sesión, un diputado solicitó se suspendiera la misma, debido a la pobre asistencia de los legisladores miembros de las Comisiones convocantes, sin embargo, su petición no procedió. Durante el desarrollo de la reunión, los representantes de cada dependencia de la CIDRS, presentaron en 5 minutos, el ejercicio del presupuesto correspondiente al PEC 2004. En el caso de esta Secretaría, el Lic. Avendaño hizo la presentación de la información que fue proporcionada por DGPOP, misma que se adjunta a la presente.

Posteriormente, cada presidente de comisión hizo comentarios sobre las presentaciones, además de fijar la postura de los sectores que representan y después intervinieron los diputados Víctor Suárez y Adrián Chávez.

En términos generales, los comentarios tanto de los presidentes como de los diputados, se centraron en la información proporcionada por Sagarpa, SRA y Sedesol (quienes ejercen la mayor cantidad de recursos relacionados con el PEC). Dichos comentarios, fueron críticos y en algunos casos de exigencia y demanda, debido a que estas tres dependencias desde la óptica de los legisladores no reportaron con claridad y precisión tanto el destino, como el ejercicio de los recursos asignados en materia de desarrollo rural.

Es importante mencionar, que por lo que se refiere a la presentación que hizo la Secretaría de Salud, no se realizó comentario alguno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, D F, a 13 de septiembre de 2004.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión Especial Para el Campo.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado Sr. Presidente:

Como es de su conocimiento, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, creó por acuerdo de fecha 18 de marzo del año en curso, la Comisión Especial para el Campo, que me honro en presidir.

Esta comisión tiene por objeto: En general conocer de la problemática del campo; y en particular dar seguimiento y evaluar al ``Acuerdo Nacional Para el Campo'', en concurrencia y con pleno respeto de los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal y entidades federativas, así como analizar de manera integral el funcionamiento de instituciones que tengan como finalidad el otorgamiento de medidas, que propicien que el campo mexicano cuente con los apoyos indispensables que le permitan ser competitivo.

Para dar cumplimiento a los objetivos particulares para los cuales fue creada, la comisión acordó en su segunda reunión ordinaria celebrada los días 9 y 24 de junio del año en curso, formular una cordial invitación a los titulares de las dependencias del Ejecutivo federal que en el párrafo siguiente se relacionan, para que comparezcan en las reuniones plenarias a celebrarse durante este año en el Palacio Legislativo de San Lázaro, conforme al calendario propuesto a continuación.

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DIA NACIONAL DEL BRACERO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-882, suscrito el 28 de septiembre del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número COPLADII/DGPPCI/6471/04, signado el 23 de noviembre último por el C. Eduardo Enrique Gómez García, coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional del Bracero, para conmemorarse el 29 de septiembre de cada año, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento y apoyo a la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Procuraduría General de la República.--- Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.--- Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Distinguido señor subsecretario:

Me refiero a su oficio número SEL/300/3482/04, relativo al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 28 de septiembre de 2004, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que se instaure el ``Día Nacional del Bracero'', para conmemorarse el 29 de septiembre de cada año, y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento y apoyo a la labor desarrollada por los mexicanos en el extranjero.

En el marco de las atribuciones que competen a esta institución, y no obstante que el pedimento antes manifestado no es materia directa de la misma; se informa que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a través de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, realiza las siguientes acciones de gestión o intermediación en apoyo a mexicanos en el extranjero:

Traslado internacional de reos mexicanos que compurgan sentencia en prisiones extranjeras y desean compurgarla en cárceles del territorio nacional.

Obtención de certificados de antecedentes no penales, a petición expresa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ser otorgados en procesos penales extranjeros a los que se encuentren sujetos nacionales mexicanos.

Sin otro particular por el momento, y en espera de que la información remitida dé respuesta al punto de acuerdo referido, le reitero mi atenta y distinguida consideración, haciendo propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 23 de noviembre de 2004.--- El Coordinador, Eduardo Enrique Gómez García.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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MIGRANTES MEXICANOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-923, signado el 19 de octubre del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DCP-555/04, suscrito el 22 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual solicita que se les haga llegar el original del oficio número DCP-556/04, por el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta a esa dependencia para que envíe nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América que exprese el rechazo e indignación del gobierno y la sociedad mexicanos en relación con actos como la condecoración de los dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del país vecino relacionados con conductas de abuso de autoridad que violan nuestra soberanía, promueven acciones intervencionistas y alientan la xenofobia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Coordinación Política.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le solicito tenga a bien hacer llegar la respuesta adjunta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al punto de acuerdo D.G.P.L. 59-II-0-923, en el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya al secretario de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en la que se exprese el rechazo y la indignación del gobierno y la sociedad mexicana por la condecoración hecha a dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de aquel país, por su participación en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 22 de noviembre de 2004.--- El Director General, Humberto Ballesteros Cruz.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me refiero al punto de acuerdo de referencia, aprobado por ese honorable órgano legislativo, a través del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya al secretario de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en la que se exprese el rechazo y la indignación del gobierno y la sociedad mexicana por la condecoración hecha a dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de aquel país, por su participación en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, el pasado 12 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, le informo lo siguiente:

El 25 de septiembre de 2002, esta Secretaría, a través de la Embajada de México en aquel país, presentó una nota diplomática de protesta al Departamento de Estado por los hechos ocurridos en la colonia Anapra, en la que resultaron detenidos 16 nacionales mexicanos.

En la misma nota diplomática se señala la inobservancia al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, relativo a la obligación de los estados, de informar a los detenidos de su derecho a recibir asistencia consular de su país.

La misiva diplomática también menciona el desacuerdo de nuestro país con el tratamiento indistinto dado a los menores respecto de los adultos, como haber incluido sus nombres en la acusación criminal inicial, sin respetar su identidad.

Finalmente se reitera la necesidad de fortalecer la operatividad de los instrumentos jurídicos que regulan la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia, como los Tratados de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua.

Sin otro particular y en espera de haber satisfecho una respuesta al punto de acuerdo citado, aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 22 de noviembre de 2004.--- El Director General, Humberto Ballesteros Cruz.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la comisión correspondiente para su conocimiento.

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LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Atentamente.

México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional.

Tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las Confederaciones que las agrupan.

También tiene por objeto normar al Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Estado: la sociedad mexicana que habita el territorio nacional y es regida por un gobierno conformado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un Estado de Derecho enmarcado por la Constitución General de la República y las Leyes que se derivan de ella.

II. Secretaría: la Secretaría de Economía.

III. Comerciantes: las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades de comercio, servicios y turismo que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal.

IV. Industriales: las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades industriales, extractivas, de transformación y sus servicios que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal.

V. Cámaras: las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo que representan a Comerciantes y las Cámaras de Industria que representan a Industriales.

VI. Confederación: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. Circunscripción: el área geográfica autorizada para que opere una cámara.

VIII. Giro: área o sector de la economía que por sus características se integran en un solo grupo de actividad productiva, de acuerdo con la clasificación oficial de actividades productivas vigente que recomiende el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

IX. Ejercicio: el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año.

X. Grupo promotor: el conjunto de Comerciantes o Industriales que, de acuerdo a lo que señala la presente Ley, se organizan para constituir una Cámara.

XI. SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

XII. Clasificador: el sistema de clasificación industrial que recomiende el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

XIII. Salario mínimo: el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley para efectos administrativos corresponde al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía.

Capítulo Segundo De las Cámaras y Confederaciones

Artículo 4.- Las Cámaras y sus Confederaciones son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y para los fines que ella establece.

Las Cámaras estarán conformadas por Comerciantes o Industriales, según lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 2; sus Confederaciones estarán conformadas sólo por Cámaras.

Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.

Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan.

La actividad de las Cámaras y sus Confederaciones será la propia de su objeto; no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas o partidistas.

Las entidades extranjeras o binacionales que tengan por objeto igual o semejante al de las Cámaras que se regulan en esta Ley, requerirán autorización de la Secretaría para operar en el territorio nacional y actuarán como asociaciones sujetas al derecho común.

Artículo 5.- Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley deberán usar en sus denominaciones los términos ``Cámara'' o ``Confederación,'' seguidos de los vocablos que conforme a lo establecido en la misma, permitan identificar su circunscripción, actividad o giro según corresponda.

Ninguna persona moral distinta a las señaladas en el artículo anterior podrá usar el término ``Cámara'' o ``Confederación''. La institución que así lo haga será sancionada conforme a la Ley.

Para que una persona moral distinta a las señaladas en el artículo anterior incorpore el término ``Cámara'' o ``Confederación'' en su denominación o razón social, será necesario obtener previamente la aprobación de la Secretaría, salvo lo dispuesto en otras Leyes.

Artículo 6.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Autorizar, previa opinión de la Confederación correspondiente, la constitución de nuevas Cámaras;

II. Registrar las delegaciones de las Cámaras;

III. Coadyuvar al fortalecimiento de las Cámaras y sus Confederaciones;

IV. Autorizar a las Cámaras y a las Confederaciones, en caso de que así lo determine, la operación de aquellos instrumentos de política, económica y social afines a su ámbito de competencia, que por sus características convenga sean operados por una instancia cercana y afín a los Comerciantes e Industriales, siempre y cuando no se contravengan otras Leyes.

V. Convocar a la Asamblea General respectiva, cuando así se requiera en términos de la presente Ley;

VI. Autorizar las tarifas que las Cámaras podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el SIEM;

VII. Establecer mecanismos que permitan que a las empresas con registro actualizado en el SIEM, ya sea por sí o a través de las Cámaras, acceso a programas gubernamentales orientados al desarrollo del comercio, servicios, el turismo o la industria;

VIII. Solicitar por escrito a las Cámaras y Confederaciones reportes anuales sobre su operación, sobre los resultados y operación de los programas y acciones que les hayan sido subrogados y la información financiera respecto del SIEM;

IX. Expedir los acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento de esta Ley;

X. Vigilar y verificar la observancia de esta Ley, así como sancionar los casos de incumplimiento, y

XI. Las demás señaladas en esta Ley.

TITULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS CÁMARAS Y CONFEDERACIONES

Capítulo Primero Del Objeto

Artículo 7.- Las Cámaras tendrán por objeto:

I. Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo o de la industria según corresponda, como actividades generales de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el privado;

II. Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional;

III. Fomentar la participación gremial de los Comerciantes y los Industriales;

IV. Operar el SIEM con la supervisión de la Secretaría, en los términos establecidos por esta Ley;

V. Actuar como mediadoras, árbitros y peritos, nacional e internacionalmente, respecto de actos relacionados con las actividades comerciales, de servicios, de turismo o industriales en términos de la legislación aplicable y la normatividad que para tal efecto se derive de esta Ley;

VI. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria emitiendo opinión respecto de los sectores que deben integrar el Padrón de Sectores Específicos, y proporcionar a solicitud de dicho órgano la información estadística que requiera para la incorporación de contribuyentes a dicho Padrón;

VII. Colaborar con la Secretaría en la evaluación y emisión de certificados de origen de exportación, de conformidad con las disposiciones aplicables previa autorización de la dependencia;

VIII. Prestar los servicios públicos concesionados por los tres niveles de gobierno, destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el comercio, los servicios, el turismo y la industria;

IX. Colaborar con la Secretaría en las negociaciones comerciales internacionales, cuando así lo solicite ésta;

X. Prestar los servicios que determinen sus Estatutos en beneficio de sus afiliados, dentro de los niveles de calidad que se determinen conjuntamente con su Confederación;

XI. Participar con el gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de desarrollo socioeconómico;

XII. Promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase de trámites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administrativas con las que se pueda tener ingerencia por virtud de la actividad empresarial y comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus actividades como sector productivo;

XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud expresa de éstas, y

XIV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Artículo 8.- Las Cámaras que representen la actividad comercial, de servicios y turismo integrarán la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo.

Las Cámaras que representen la actividad industrial, integrarán la Confederación de Cámaras de Industria.

Artículo 9.- Las Confederaciones tendrán por objeto:

I. Representar los intereses generales de la actividad comercial o industrial, según corresponda;

II. Agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras que las integran coadyuvando a la unión y desarrollo de las mismas;

III. Desempeñar la función de árbitro en las controversias de sus confederadas, mediante un órgano constituido expresamente para el efecto;

IV. Establecer relaciones de colaboración con instituciones afines del extranjero;

V. Diseñar conjuntamente con sus confederadas los procedimientos para la autorregulación de niveles de calidad de los servicios que presten las Cámaras, y aplicarlos;

VI. Promover el sano desarrollo de las actividades que representan, procurando elevar la ética empresarial en los negocios;

VII. Proponer a la Secretaría la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de Industria, y

VIII. Cumplir con el objeto que esta Ley establece para las Cámaras.

Capítulo Segundo De la circunscripción, actividades, giros y regiones

Artículo 10.- Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo tendrán una circunscripción Regional correspondiente a uno o más municipios aledaños en una entidad federativa y una o más de las delegaciones políticas en el Distrito Federal, y estarán formadas por comerciantes, prestadores de servicios y del sector turismo.

Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo están obligadas a admitir como afiliados a todos los Comerciantes que lo soliciten, sin excepción, siempre y cuando paguen la cuota correspondiente y se comprometan a cumplir con los Estatutos de las Cámaras.

Cada Cámara podrá establecer delegaciones para el cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en el capítulo VIII del presente título en esta Ley.

Artículo 11.- Las Cámaras de Industria serán específicas o genéricas, nacionales o regionales.

Las Cámaras de Industria específicas nacionales se integraran con empresas y sus establecimientos en el país, que realicen actividades en un mismo giro industrial.

La Cámara de Industria genérica nacional se integrará con empresas y sus establecimientos en el país, que realicen actividades para las cuales no existan Cámaras de Industria específicas.

Las Cámaras de Industria específicas regionales se integrarán con empresas y sus establecimientos en una o varias entidades federativas que realicen actividades en un mismo giro industrial.

Las Cámaras de Industria genéricas regionales se integrarán con empresas y sus establecimientos en una entidad federativa, que realicen actividades para las cuales no existan Cámaras de Industria específicas.

Cada Cámara de Industria específica y genérica, nacional y regional, podrá establecer delegaciones para el cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en el capítulo VIII del presente título de esta Ley y de su Reglamento.

Capítulo Tercero De la Constitución de las Cámaras

Artículo 12.- La Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, o de Industria específica nacional y genérica regional, debiendo ser escuchada, para tal efecto, la opinión de la Confederación que corresponda, previa consulta de la Confederación de que se trate a las Cámaras interesadas.

Las Confederaciones podrán recibir del grupo promotor, a petición de éste, la solicitud y sus anexos para la creación de una nueva Cámara, verificando que se cumpla con los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley. Una vez analizada esta documentación, las Confederaciones, previo acuerdo de su Consejo Directivo, emitirán la opinión mediante la elaboración de dictamen donde aprobarán o rechazaran, la solicitud del grupo promotor cuando a su juicio se cumpla o no con los requisitos marcados en esta Ley, debiendo hacerlo del conocimiento de la Secretaría dentro de los sesenta días naturales siguientes a la emisión de la opinión.

En el caso de que un grupo promotor presente su solicitud directamente a la Secretaría, ésta a su vez solicitará la opinión de la Confederación correspondiente.

Para autorizar la creación de una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo o de Industria, la Secretaría:

I. Recibirá de la Confederación respectiva el dictamen que haya emitido el Consejo Directivo, así como la solicitud y los anexos que le presentó el grupo promotor para la creación de una nueva Cámara;

II. Verificará que la solicitud del grupo promotor cumpla con los requisitos de los artículos 13 y 14 de esta Ley;

III. Si no existen razones fundadas en contra de la solicitud por parte de la o las Cámaras afectadas y se cumple con lo estipulado en los artículos 13 y 14 de esta Ley, publicará el proyecto de autorización para la constitución de la Cámara en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que dentro de los sesenta días naturales siguientes, quienes tengan interés jurídico en ello, presenten sus comentarios, y

IV. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior y dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, estudiará los comentarios recibidos y, según sea el caso, aprobará con o sin modificaciones, o rechazará el proyecto, publicando la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación.

Para la constitución de una Cámara la Secretaría se reserva la facultad de emitir una decisión final.

Artículo 13.- Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su solicitud a la Confederación para constituir una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo son los siguientes:

I. Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en la misma circunscripción o parte de ella;

II. Que la circunscripción propuesta tenga una población superior a doscientos mil habitantes, de acuerdo con el último Censo General de Población;

III. Que dentro de la circunscripción existan por lo menos dos mil quinientos Comerciantes;

IV. Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses, y

V. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 14.- Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su solicitud a la Confederación para constituir una Cámara de Industria son los siguientes:

I. Para constituir una Cámara de Industria especifica nacional.

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley, una Cámara de Industria especifica nacional con el mismo giro;

b) Que el giro para el que se solicita una Cámara de Industria corresponda a un subsector de hasta dos dígitos en la clasificación del sistema que recomiende el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

c) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos 100 Industriales que representen el veinticinco por ciento o más de los Industriales del giro especifico representados por el grupo promotor para el cual se solicita crear una nueva Cámara;

d) Los Industriales del grupo promotor se encuentren ubicados en por lo menos diez entidades federativas, con un mínimo del siete punto cinco por ciento de los industriales del grupo promotor en cada una de esas entidades federativas;

e) Descripción de las razones por las cuales los intereses de los industriales representados por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados por la Cámara de Industria especifica o genérica nacional a la que pertenecen al momento de la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa representación;

f) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses, y

g) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

II. Para constituir una Cámara de Industria genérica regional.

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de Industria genérica regional en la circunscripción solicitada;

b) Que la circunscripción propuesta tenga una población superior al quince por ciento de la población total del país;

c) El producto interno bruto de la circunscripción para la cual se solicita una nueva Cámara, represente más del veinte por ciento del producto interno bruto nacional;

d) Los Industriales representados por el grupo promotor constituyan por lo menos el cincuenta y uno por ciento y setecientos cincuenta o más de los Industriales registrados en el SIEM en la circunscripción solicitada para los que no exista Cámaras de Industria específica nacional o regional en la circunscripción solicitada;

e) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos veinticinco por ciento y por un mínimo de 100 Industriales de la circunscripción para la cual se solicita crear una nueva Cámara;

f) Los industriales del grupo promotor se encuentren ubicados en por lo menos el cincuenta por ciento de los municipios o delegaciones políticas en el Distrito Federal, de la circunscripción solicitada;

g) Descripción de las razones por las cuales los intereses de las empresas representadas por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados por la Cámara de Industria genérica nacional a la que pertenecen al momento de la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa representación;

h) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses, y

i) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 15.- Para constituir una Cámara deberá seguirse el procedimiento siguiente:

I. En el caso de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo.

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 9 y 13 de esta Ley, la Secretaría y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, organizaran conjuntamente la asamblea de constitución, mediante la publicación de la convocatoria correspondiente en los principales periódicos de la entidad, por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días después de la última convocatoria ante fedatario público;

b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el depósito de la cuota que fijará el Consejo de la Confederación, de acuerdo con el promedio de cuotas vigentes en las Cámaras del país;

c) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confederación hasta que sea electo en Consejo Directivo, el cual designará un Presidente que le dé conclusión, y

d) La Secretaría registrará la formación de la Cámara y publicará su constitución en el Diario Oficial de la Federación.

II. En el caso de Cámaras de Industria.

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 10 y 14 de esta Ley, la Secretaría y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, organizarán conjuntamente la asamblea de constitución mediante la publicación de la convocatoria correspondiente en un periódico de circulación nacional, por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días después de la última convocatoria ante fedatario público;

b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el depósito de la cuota que fijará el consejo de la misma Confederación, de acuerdo con el promedio de cuotas vigentes en las Cámaras del país;

c) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confederación hasta que sea electo en Consejo Directivo, el cual designará un Presidente que le dé conclusión, y

d) La Secretaría registrará la formación de la Cámara y publicará su constitución en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo Cuarto De los Estatutos de Cámaras y Confederaciones

Artículo 16.- Los Estatutos de las Cámaras y Confederaciones deberán contener por lo menos lo siguiente:

I. Denominación que deberá hacer referencia al giro y circunscripción autorizados;

II. Domicilio, el cual deberá estar dentro de la circunscripción autorizada;

III. Objeto que se propone;

IV. Procedimientos para la integración de sus órganos de gobierno y sus atribuciones, así como las facultades generales o especiales otorgadas a las personas que la representarán;

V. La forma y requisitos para la celebración y validez de las reuniones de sus órganos de gobierno, para la toma de decisiones por parte de los mismos y para la impugnación de éstas;

VI. Los casos y procedimientos de remoción de consejeros y otros dirigentes, incluyendo al Presidente;

VII. Los derechos y obligaciones de los afiliados, garantizando la posibilidad de acceso a toda empresa del giro o entidad correspondientes a la Cámara, y los casos de suspensión de derechos;

VIII. Derechos y obligaciones de los afiliados o de las Cámaras, según corresponda;

IX. Derechos y obligaciones de las delegaciones de las Cámaras;

X. Facultades y funciones en materia de representación, administración, usufructo, prestación de servicios y otras cuestiones vinculadas a su objeto que las Cámaras transfieren a sus delegaciones;

XI. Procedimientos para la solución de controversias para lo cual se insertará una cláusula que establezca la obligación de la Cámara de someterse al arbitraje cuando el afiliado opte por dicho procedimiento;

XII. Procedimientos de disolución y liquidación, y

XIII. Los demás elementos que establezca el Reglamento.

La Secretaría registrará los Estatutos y sus modificaciones, los cuales deberán constar en instrumento otorgado ante fedatario público competente.

Artículo 17.- La afiliación a las Cámaras será un acto voluntario de los Comerciantes e Industriales.

Los afiliados tendrán los siguientes derechos y obligaciones ante su Cámara:

I. Participar en las sesiones de la Asamblea General, por sí o a través de su representante;

II. Votar por sí o a través de su representante y poder ser electos miembros del Consejo Directivo, así como para desempeñar otros cargos directivos y de representación;

III. Recibir los servicios señalados en los Estatutos;

IV. Someter a consideración de los órganos de su Cámara los actos u omisiones que en su concepto sean contrarios a los Estatutos respectivos;

V. Contribuir al sostenimiento de su Cámara;

VI. Cumplir las resoluciones de la Asamblea General y demás órganos, adoptadas conforme a esta Ley, su Reglamento y los Estatutos;

VII. Contribuir a la formación de los criterios de desarrollo del sector representado por la Cámara, y

VIII. Los demás que establezcan esta Ley, su Reglamento o los Estatutos.

Artículo 18.- Las Cámaras tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a sus Confederaciones:

I. Participar con voz y voto en las asambleas y otros órganos de gobierno de la Confederación a través de sus representantes;

II. Participar en los procesos de elección de los miembros del órgano de gobierno de la Confederación;

III. Que sus representantes sean sujetos de elección para las posiciones en los órganos de gobierno de la Confederación;

IV. Someter a la consideración de la Confederación y sus órganos de gobierno por conducto de su representante las iniciativas que considere pertinentes para el mejor funcionamiento de ésta y de las Cámaras y obtener respuestas fundadas sobre éstas;

V. Ser el representante de los intereses de la actividad productiva o región que corresponde a la Cámara en la Asamblea y los órganos de gobierno de la Confederación;

VI. A solicitud de las Cámaras, ser representados y defendidos por la Confederación en sus derechos y sus intereses como el sector económico o región que representa la Cámara ante las instancias de gobierno y otras instancias;

VII. Recibir de la Confederación, los servicios que esta ofrezca en términos de asesoría legal y técnica, consultoría, publicidad, tramitación, capacitación entre otros que brinde a sus afiliados;

VIII. Operar el SIEM cuando así lo autorice la Secretaría a petición de las Cámaras o Confederaciones, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y técnicos en el sector o región que corresponda.

IX. Recibir de la Confederación la información necesaria y suficiente sobre la administración y el desempeño de la misma;

X. Solicitar a la Confederación que actúe como árbitro en la solución de controversias en aquellos ámbitos en los que sea competente, de acuerdo a la reglamentación vigente;

XI. Recibir de la Confederación la información necesaria y suficiente sobre la misma y sus afiliados de acuerdo a la normatividad vigente;

XII. Participar en las ferias, exposiciones, concursos y certámenes convocados por o en las que participe la Confederación;

XIII. Solicitar y recibir de la Confederación, cuando proceda, el apoyo necesario para evitar la disolución y liquidación de la Cámara, vigilando que la actividad productiva o región a la que corresponde la Cámara sean siempre representados adecuadamente.

XIV. Acudir y participar en las asambleas y otros órganos de gobierno de la Confederación;

XV. Proponer candidatos a las posiciones en los órganos de gobierno de la Confederación que sean miembros representativos de la actividad o región de la Cámara;

XVI. Informar de los resultados de los procesos de elección de los órganos de gobierno de las Cámaras;

XVII. Contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva, en los términos que fije la asamblea de ésta y acatar sus disposiciones tratándose de casos de incumplimiento;

XVIII. Participar en el continuo mejoramiento del sistema cameral, buscando la mejor vinculación e integración de Cámaras en esquemas que, sin vulnerar la integridad de la Cámara, en conjunto ofrezcan una mejor representación y representatividad de actividades económicas o regiones;

XIX. Enterar lo que corresponde a la Confederación por concepto de los ingresos obtenidos en la operación del SIEM;

XX. Acatar las resoluciones de la Confederación sobre las controversias llevadas a ella en las que se involucre a la Cámara;

XXI. Cumplir con los perfiles y niveles de calidad en los servicios que deberán brindar las Cámaras a sus afiliados en términos de capacitación, comercio exterior, gestoría y asesoría técnica entre otros, y

XXII. Los demás que establezca la presente Ley, su reglamento o los Estatutos de la Cámara respectiva.

Artículo 19.- Las Confederaciones tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a las Cámaras afiliadas:

I. Ser informado de los resultados de los procesos de elección de los órganos de gobierno de las Cámaras;

II. Solicitar y recibir de las Cámaras sus contribuciones para el sostenimiento de la Confederación respectiva, en los términos que fije la asamblea de ésta;

III. Ser enterado por las Cámaras de lo que corresponde a la Confederación por concepto de los ingresos obtenidos en la operación del SIEM;

IV. Determinar los perfiles y niveles de calidad de los servicios que deberán brindar las Cámaras a sus afiliados en términos de capacitación, comercio exterior, gestoría y asesoría técnica entre otros, vigilando su cumplimiento;

V. Convocar a las Cámaras afiliadas a participar con voz y voto en las asambleas y otros órganos de gobierno de la Confederación;

VI. Convocar a procesos de elección de miembros de los órganos de gobierno de la Confederación que permitan y estimulen la participación de las Cámaras;

VII. Permitir y propiciar que los representantes de las Cámaras sean propuestos y votados en elección para posiciones en los órganos de gobierno de la Confederación;

VIII. Analizar a través de sus órganos de gobierno, dar respuestas fundadas a las Cámaras y actuar en consecuencia sobre las iniciativas que sometan a su consideración las Cámaras para el mejor funcionamiento de éstas y de la Confederación;

IX. Reconocer la representación de los intereses de la actividad económica o región que corresponda a la Cámara en la asamblea y los órganos de gobierno de la Confederación;

X. A solicitud de las Cámaras representar y defender los derechos e intereses del sector económico o región que representa la Cámara ante las instancias de gobierno y otras instancias;

XI. Brindar a las Cámaras, los servicios que ofrezca en términos de asesoría legal y técnica, consultoría, publicidad, tramitación, capacitación, entre otros, que brinde a sus afiliados;

XII. Estimular el continuo mejoramiento del sistema cameral, propiciando la mejor vinculación e integración de Cámaras en esquemas que en conjunto ofrezcan una mejor representación y representatividad de actividades económicas y regiones;

XIII. Reconocer y apoyar a las Cámaras para operar el SIEM, cuando así lo autorice la Secretaría, en el sector y región que les corresponda. Cuando sean elegibles para los apoyos que ofrezca el Sistema, defender sus derechos frente a la Secretaría.

XIV. Entregar a las Cámaras la información necesaria y suficiente sobre la administración y el desempeño de la Confederación;

XV. Convocar y estimular a las Cámaras a participar en las ferias, exposiciones, concursos y certámenes convocados por o en las que participe la Confederación;

XVI. Prevenir y llevar a cabo las gestiones necesarias, cuando proceda, para evitar la disolución y liquidación de Cámaras, vigilando que la actividad económica o región sean siempre representadas adecuadamente; y

XVII. Los demás que establezca la presente Ley, su Reglamento o los Estatutos de la Confederación respectiva.

Capítulo Quinto De la Asamblea General

Artículo 20.- La Asamblea General es el órgano supremo de las Cámaras y Confederaciones.

Estará integrada respectivamente por sus afiliados y por representantes de las Cámaras, y le corresponderá:

I. Aprobar los Estatutos y sus modificaciones;

II. Aprobar el programa de trabajo, así como el presupuesto anual de ingresos y egresos;

III. Aprobar las políticas generales para la determinación de los montos de cualquier cobro que realice la Cámara o Confederación, conforme a lo previsto en esta Ley y en los Estatutos respectivos y las sanciones correspondientes por su incumplimiento;

IV. Designar a los miembros del Consejo Directivo y al auditor externo, así como remover a éstos y a los demás directivos;

V. Aprobar o rechazar el informe de administración, el balance anual y el estado de resultados que elabore el Consejo Directivo, así como los dictámenes que presente el auditor externo;

VI. Acordar la disolución y liquidación de la Cámara, y

VII. Las demás funciones que establezcan esta Ley, su Reglamento y los propios Estatutos.

Artículo 21.- La Asamblea General deberá celebrar al menos una sesión ordinaria durante los primeros tres meses de cada año. La convocatoria, desarrollo y acuerdos de toda la sesión serán registrados en el acta correspondiente.

Capítulo Sexto Del Consejo Directivo y de los funcionarios

Artículo 22.- El Consejo Directivo será el órgano ejecutivo de una Cámara o Confederación y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Actuar como representante de la Cámara o Confederación;

II. Cumplir con el objeto y obligaciones de la Cámara o Confederación respectiva;

III. Convocar a la Asamblea General y ejecutar los acuerdos tomados por ésta;

IV. Presentar anualmente a la Asamblea General el presupuesto de ingresos y egresos y el programa de trabajo para el ejercicio, y una vez aprobados por ésta remitirlos a la Secretaría;

V. Ejercer el presupuesto aprobado por la Asamblea General;

VI. Someter a la Asamblea General el balance anual y el estado de resultados de cada ejercicio y, una vez aprobado, remitirlo a la Secretaría acompañado del dictamen del auditor externo, la cual lo pondrá a disposición de los afiliados para su consulta;

VII. Proporcionar la información requerida por la Secretaría y, en su caso, la Confederación respectiva;

VIII. Determinar la sede y circunscripción de las delegaciones;

IX. Analizar y dictaminar, en el caso de las Confederaciones, sobre las solicitudes para la creación de nuevas Cámaras, aprobando o rechazando la solicitud, sometiendo el dictamen correspondiente a la consideración de la Secretaría, y

X. Las demás que señalen en esta Ley y los Estatutos respectivos.

Artículo 23.- El Consejo Directivo de una Cámara o Confederación se integrará en la forma que establezcan sus Estatutos a fin de representar al sector que les corresponda y proporcionar servicios a sus afiliados, cumpliendo con los siguientes requisitos:

I. Salvo lo dispuesto en el siguiente artículo, los consejeros durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente, consecuentemente deberán dejar transcurrir, un periodo al menos de dos años, antes de ocupar nuevamente el mismo cargo;

II. La renovación del Consejo Directivo será anual y se efectuará en la mitad de los consejeros cada año, según hayan sido electos en años pares o nones;

III. Al menos el setenta y cinco por ciento de los miembros del consejo de una Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al giro de la Cámara de que se trate;

IV. Por lo menos el sesenta por ciento de los miembros del Consejo Directivo deberán ser de nacionalidad mexicana, y

V. La minoría que represente al menos el veinte por ciento de los afiliados tendrá derecho a designar a un miembro propietario del Consejo Directivo y su suplente; estos consejeros se sumarán a quienes hayan sido electos por la Asamblea General.

Artículo 24.- El Consejo Directivo será encabezado por un Presidente, los Vicepresidentes que se requieran según los Estatutos y el objeto de la Cámara o Confederación, un Tesorero y un Secretario, de acuerdo a los siguientes requisitos:

I. El Presidente será electo en la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, la que deberá realizarse en la misma fecha en que se reúna la Asamblea General en sesión ordinaria;

II. A propuesta del Presidente, el Consejo Directivo aprobará la designación de los Vicepresidentes, Tesorero y Secretario;

III. El Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Secretario desempeñarán las funciones que determinen los Estatutos respectivos, respondiendo al objeto de la Cámara o Confederación, según corresponda;

IV. El Presidente, Vicepresidentes y Tesorero durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos para el mismo cargo en dos ocasiones por un año más, cada una en forma consecutiva. Para poder ocupar nuevamente el mismo cargo, deberán dejar transcurrir un periodo al menos, de tres años;

V. El Secretario durará en su cargo un año y podrá ser reelecto cuantas veces sea necesario;

VI. El Presidente, los Vicepresidentes y el Tesorero de una Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al giro de la Cámara de que se trate;

VII. El Presidente de una Confederación deberá haber sido Presidente de una de las Cámaras integrantes. Para ser designado Vicepresidente o Tesorero de una Confederación se requerirá de la aprobación de la Cámara a la que pertenece;

VIII. Los cargos de Presidente, Vicepresidentes y Tesorero serán honoríficos, personales y no podrán ejercerse por medio de representantes; y

IX. El cargo de Secretario podrá ser remunerado, es personal y no podrá ejercerse por medio de representantes.

Capítulo Séptimo Del Patrimonio de las Cámaras y sus Confederaciones

Artículo 25.- El patrimonio de las Cámaras y Confederaciones será destinado estrictamente a satisfacer su objeto y comprenderá:

I. Los bienes muebles e inmuebles que posea o que adquiera en el futuro;

II. El efectivo, valores e intereses de capital, créditos, remanentes y rentas que sean de su propiedad o que adquieran en el futuro por cualquier título jurídico;

III. Las cuotas ordinarias o extraordinarias a cargo de sus afiliados o de las Cámaras respectivamente, que por cualquier concepto apruebe la Asamblea General;

IV. Las donaciones y legados que reciban;

V. El producto de la venta de sus bienes;

VI. Los ingresos por prestación de servicios;

VII. Los ingresos derivados de servicios concesionados o autorizados, y

VIII. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

Capítulo Octavo De las Delegaciones

Artículo 26.- Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y las Cámaras de Industria podrán establecer en su circunscripción las delegaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

El Consejo Directivo de cada Cámara determinará la sede y circunscripción de sus delegaciones.

Los derechos y obligaciones de las delegaciones se establecerán en los Estatutos de la Cámara a la cual pertenecen.

Las delegaciones no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios.

Artículo 27.- Las delegaciones son parte integral de la Cámara a la que representan, por lo que los afiliados de la delegación lo son de la Cámara, con todos los derechos y obligaciones correspondientes.

Artículo 28.- Las delegaciones tendrán las funciones señaladas para las Cámaras por esta Ley, exclusivamente dentro de su circunscripción y en cumplimiento a los acuerdos del Consejo Directivo y de los Estatutos de la Cámara. Asimismo, representarán y promoverán a la Cámara a la cual pertenezcan ante los Comerciantes e Industriales según corresponda, así como frente a las instancias de Gobierno y la sociedad.

Las Cámaras podrán delegar en ellas las funciones, facultades, responsabilidades y obligaciones que determinen sus Estatutos.

TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO

Artículo 29.- El SIEM es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el país, que permita un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales.

La inscripción y registro para el SIEM en la Cámara que corresponda será obligatorio para las empresas, y no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, más sí al pago de registro según lo dispuesto en este título. Los ingresos por este concepto se destinarán preferentemente a la mejoría y desarrollo tecnológico del SIEM.

La información del SIEM tiene como propósito apoyar las actividades de:

I. Los gobiernos federal, estatal y municipal, en la planeación del desarrollo socioeconómico, el diseño de estrategias de promoción y la aplicación de los instrumentos de política empresarial;

II. Las Cámaras, en la planeación y desarrollo de sus actividades y servicios, así como la promoción e integración de actividades económicas;

III. Las empresas en la formulación de sus estrategias de competitividad y crecimiento;

IV. Las diferentes instancias de gobierno en la simplificación de trámites administrativos en todos los niveles, y

V. La identificación de oportunidades comerciales y de negocios para los empresarios y cualquier individuo nacional y extranjero;

El SIEM es de interés público, su coordinación es competencia de la Secretaría y su operación estará a cargo de las Cámaras, cuando así lo autorice la Secretaría.

Artículo 30.- Todos los Comerciantes e Industriales, sin excepción y obligatoriamente, deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM.

Artículo 31.- El SIEM tendrá las siguientes características:

I. El registro tendrá un costo nominal aprobado por la Secretaría, de acuerdo con los costos de operación;

II. El registro de las empresas de nueva creación deberá hacerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Dentro del primer bimestre de cada año posterior al registro, deberá renovarse y en su caso realizarse una actualización al mismo, que tendrá como costo nominal el que apruebe la Secretaría de acuerdo con los costos de operación.

IV. El registro se llevará a cabo en la Cámara correspondiente a la región o giro del Comerciante e Industrial, y

V. Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades o cambie su giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al SIEM, en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que estos hechos se produzcan y en la misma Cámara en que se registró inicialmente.

Artículo 32.- La información que deberán proporcionar los Comerciantes e Industriales será de dos tipos:

I. Obligatoria, toda aquella información de los Comerciantes e Industriales necesaria para fines de planeación y la aplicación correcta de los instrumentos de política del Estado para promover su desarrollo y la integración de cadenas productiva;

II. Opcional, toda aquella información complementaria que, dentro de parámetros definidos en la operación del SIEM, decidan incorporar los Comerciantes y los Industriales al sistema con el propósito de promover más ampliamente su actividad económica especifica y estimular oportunidades de negocios con otras empresas del país y del extranjero.

Dicha información no hará prueba ante la autoridad administrativa o fiscal, en juicio o fuera de él, y se presentará en los formatos que establezca la Secretaría, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 33.- La administración del SIEM estará a cargo de la Secretaría, quien garantizará que el sistema opere eficientemente en todo momento, para ello:

I. La Secretaría asignará los recursos necesarios a fin de que sus alcances y desempeño correspondan al buen funcionamiento del mismo;

II. La captura de la información para el SIEM será a través de las Cámaras, de acuerdo a las reglas de operación que para tal efecto emita la Secretaría, una vez consultadas las Cámaras y Confederaciones;

III. La Secretaría promoverá y formulará los acuerdos correspondientes a fin de que todas las instancias administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, establezcan la obligatoriedad de las empresas de contar con el registro en el SIEM para la celebración de todo trámite administrativo ante ellas;

IV. La Secretaría emitirá la autorización correspondiente para que las Cámaras que así lo soliciten puedan operar el SIEM y cumplan con lo establecido en las reglas de operación, y

V. Se cumplirá con la obligación de proporcionar al SIEM la información a que se refiere este capítulo, en la Cámara autorizada que corresponda; en ningún caso otorgará a los Comerciantes e Industriales los derechos o les impondrá las obligaciones inherentes a los afiliados de las mismas.

Artículo 34.- La Secretaría establecerá conjuntamente con las Cámaras y sus Confederaciones las reglas de operación del SIEM. Estas reglas de operación deberán considerar por lo menos los siguientes aspectos:

I. Disponibilidad de acceso a la información por personas y organismos, nacionales y extranjeros;

II. Confiabilidad y alcances de la información para la planeación, y estimular oportunidades de negocios en las actividades Industriales y comerciales;

III. Calidad y disponibilidad oportuna en el procesamiento de la información;

IV. Estructura de la información para estimular actividades económicas, integración de cadenas productivas y oportunidades de negocios;

V. Mecanismos y garantías para el acceso oportuno, fácil, eficiente y rápido a la información;

VI. Apoyos a las Cámaras para mantener el perfil tecnológico requerido;

VII. Cobertura del territorio nacional;

VIII. Supervisión y sanciones conjuntas de la Secretaría;

IX. Reportes de las Cámaras;

X. Publicidad y difusión, y

XI. La información pública que habrá de aparecer en la página principal del SIEM.

TÍTULO CUARTO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS CÁMARAS

Artículo 35.- Las Cámaras se disolverán:

I. Por acuerdo de la Asamblea General, que deberá ser convocada especialmente para este efecto;

II. Cuando no cuenten con recursos suficientes para su sostenimiento o para el cumplimiento de su objeto en términos de esta Ley, y

III. En caso de que la Secretaría emita resolución que revoque su autorización, por las causas previstas en esta Ley.

Artículo 36.- La liquidación estará a cargo de al menos un representante de la Secretaría, uno de la Confederación respectiva y otro de la Cámara de que se trate.

TITULO QUINTO SANCIONES

Capítulo Primero Sanciones

Artículo 37.- La Secretaría, previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá aplicar las sanciones previstas en el presente título.

La Secretaría sancionará con amonestación a Cámaras o Confederaciones que incurran en las conductas siguientes:

I. Llevar a cabo actividades que no se justifiquen en razón de su objeto, o

II. No cumplir con las obligaciones que tengan con sus afiliados, Cámaras o Confederaciones.

En caso de reincidencia, se aplicará la multa a que se refiere el artículo siguiente y cuando existan reincidencias posteriores podrá imponerse multa por el doble de la sanción impuesta anteriormente.

Artículo 38.- La Secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios mínimos a las Cámaras o Confederaciones que incurran en las conductas siguientes:

I. Destinar sus ingresos a fines distintos de su objeto;

II. Operar el SIEM fuera del ámbito de la actividad o circunscripción que les corresponda sin haber sido autorizada por la Secretaría para este efecto, o en contravención de lo previsto en esta Ley, o sus reglas de operación, o

III. No contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva en los términos de esta Ley.

Artículo 39.- La Secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios mínimos a quienes utilicen o incorporen en su denominación o razón social los términos ``Cámara'' o ``Confederación'' seguidos de los vocablos que hagan referencia a la circunscripción, actividad o giro que establece el presente ordenamiento, en forma contraria a la prevista por el artículo 5, salvo cuando otras Leyes prevean específicamente el uso de dichas denominaciones.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior y deberá proceder a la clausura del local o locales donde se ubiquen el domicilio e instalaciones de la persona de que se trate; ello sin detrimento de exigir las responsabilidades penales a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.

Artículo 40.- La Secretaría sancionará con multa de doscientos a seiscientos salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos Comerciantes o Industriales que incurran en las conductas siguientes:

I. No cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el SIEM, no registren a todos sus establecimientos, o proporcionen información incorrecta o incompleta en su registro, o

II. No cumplan con su obligación de informar a la Cámara correspondiente para efectos de su registro en el SIEM, cuando cesen parcial o totalmente en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio.

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior.

Artículo 41.- La Secretaría solicitará a la Asamblea General que, conforme a sus Estatutos, tome los acuerdos necesarios para corregir cualquiera de las condiciones de los integrantes del Consejo Directivo y demás directivos de una Cámara o Confederación, cuando éstas:

I. Reincidan en cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior, y se les hubiere sancionado conforme al mismo;

II. Incumplan con su objeto o con las obligaciones que les encomienda la presente Ley;

III. Desarrollen actividades religiosas, partidistas o de especulación comercial, o

IV. Utilicen o dispongan de la información a que tengan acceso con motivo de la operación del SIEM, en forma diversa a la establecida en esta Ley o en las reglas de operación que emita la Secretaría.

Artículo 42.- La Secretaría previa opinión de las dependencias competentes y de la Confederación, podrá ordenar la destitución del Consejo Directivo de una Cámara, cuando éste se negara a cumplir con los requisitos previstos en esta Ley para su funcionamiento.

En este caso, la Secretaría convocará a una Asamblea Extraordinaria, que realizará junto con la Confederación correspondiente, a fin de que se elija al nuevo Consejo Directivo que asumirá la conducción de la Cámara.

Artículo 43.- Cualquier otra infracción a esta Ley que no esté expresamente prevista en este título podrá ser sancionada por la Secretaría con multa de quince a trescientos salarios mínimos. En caso de reincidencia, podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior.

Artículo 44.- La aplicación de las sanciones que se establecen en este título no libera al infractor del cumplimiento de las obligaciones que dispone esta Ley; se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Capítulo Segundo Del Recurso de Revisión

Artículo 45.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1996, así como sus reformas y adiciones.

ARTÍCULO TERCERO.- Las Cámaras de Industria especifica regionales constituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán operando en los términos en que hayan sido inicialmente autorizadas.

ARTÍCULO CUARTO.- Las Cámaras de Comercio en Pequeño constituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán operando en los términos en que hayan sido inicialmente autorizadas.

ARTÍCULO QUINTO.- Se otorga un plazo de un año a todas las Cámaras y sus Confederaciones, para adecuar sus Estatutos a lo dispuesto en esta Ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Las Cámaras específicas nacionales, genéricas nacionales y regionales y las Cámaras nacionales de Comercio, Servicios y Turismo constituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán operando aun y cuando no cumplan con lo establecido por esta Ley, en lo que se refiere a los requisitos para su constitución.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Las Cámaras autorizadas por la Secretaría para operar el SIEM mantendrán la vigencia de su autorización previa a la publicación de esta Ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría, con la participación de las Cámaras y Confederaciones, elaborará un proyecto del Reglamento de esta Ley, en un plazo no mayor a seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Economía.

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LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Protección Civil.

Atentamente.

México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9, 10, primer párrafo; 17, primer párrafo; 29, primer párrafo; y 31, primer párrafo; y se adiciona un artículo bajo el número 33, recorriéndose el orden de los subsecuentes de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 9: El Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección y recuperación de la población, contra los peligros que se presenten en la eventualidad de un desastre.

Artículo 10. El objetivo del Sistema Nacional es del de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre y sus efectos, provocado por agentes naturales y humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad; así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre.

...

...

...

Artículo 17. El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; por el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; por los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los Secretarios un Subsecretario; para el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, un servidor público de rango jerárquico inmediato inferior; para los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Secretario General de Gobierno. En el caso del Secretario de Gobernación, lo suplirá el Coordinador General de Protección Civil.

...

Artículo 29. Cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre y su recuperación haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del Gobierno Federal para tales efectos.

...

Artículo 31. La coordinación de acciones en materia de atención de desastres y la recuperación de la población y su entorno se apoyará en los convenios que al efecto celebre la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, con cada una de las entidades federativas.

...

Artículo 33. En las actividades de atención de desastres y recuperación se dará prioridad a los grupos sociales más vulnerables y de escasos recursos económicos.

Los Municipios, las Entidades y la Federación, en los ámbitos de su competencia tendrán la responsabilidad de otorgar asistencia jurídica necesaria para la seguridad personal y patrimonial de las personas afectadas por un desastre natural.

Artículo 34. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil sea esencial, la Secretaría de Gobernación podrá emitir una declaratoria de emergencia, la cual se divulgará a través de los medios masivos de comunicación.

Una vez realizada la declaratoria de emergencia, la Secretaría de Gobernación deberá erogar, con cargo al Fondo Revolvente asignado, los montos que a juicio de dicha Secretaría se consideren suficientes para atenuar los efectos del posible desastre, así como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo.

Artículo 35. La declaratoria de desastre es el acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación, reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños severos cuya atención rebase las capacidades locales.

Artículo 36. Las solicitudes de declaratoria de desastre podrán realizarse a través de:

I. Los gobiernos de las entidades federativas cuando la atención de los daños causados por el desastre rebase su capacidad operativa y financiera, y

II. Las dependencias o entidades federales.

Artículo 37. Las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre, así como del acceso a recursos para la realización de las acciones preventivas previstas en el presente Capítulo, atendiendo al principio de inmediatez.

Artículo 38. Las declaratorias previstas en este capítulo deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información. La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.

CAPITULO VII DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 39. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Las fuerzas armadas participarán en la atención de situaciones extraordinarias que requieran acciones inmediatas de protección civil dentro de cualquiera de los niveles de la estructura institucional, municipal o estatal, coordinándose con las mismas para tal efecto, realizando las tareas que les competen aun cuando no se haya declarado un estado de desastre.

Artículo 40. Las Unidades Estatales o Municipales de Protección Civil, así como las del Distrito Federal, podrán aplicar las siguientes medidas de seguridad:

I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;

II. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y atención en refugios temporales, y

III. Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias y la legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando riesgos.

Asimismo, las Unidades a que se refiere este artículo y la Secretaría de Gobernación podrán promover ante las autoridades competentes, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Artículo 41. Cuando se apliquen alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, se indicará su temporalidad y, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para ordenar el retiro de las mismas.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR - LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CS. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Atentamente

México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 10 fracción IV; 21 fracción VIII; 35 fracciones IV y VI; 36, fracciones VI, XXVII, XXIX y XXX; 67 incisos g) y h); 107; 130 fracción XV segundo párrafo; el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001; se adicionan los artículos 35, con un párrafo en la fracción IV; 36 con las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV; 37 con una fracción VIII bis; 52 con cuatro párrafos; 67 con el inciso i), y un último párrafo al Octavo Transitorio del citado Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001, y se DEROGAN la fracción II del artículo 10; los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003; todos ellos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular para quedar como sigue:

Artículo 10.- La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente:

I. ...

II. Se deroga.

III. ...

IV. La relación de los probables administradores, principales directivos y personas que integrarán los órganos a que se refiere esta Ley. Adicionalmente, tratándose de Sociedades Financieras Populares, la relación de socios fundadores y el monto de su aportación;

V. a X.

...

...

...

Artículo 21.- ...

I. a VII. ...

VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista.

...

...

Artículo 35.- ...

...

I. a III. ...

IV. Los funcionarios o empleados de la Entidad, así como las personas distintas a éstos que con su firma puedan obligar a la Entidad;

No se considerarán operaciones con personas relacionadas, los créditos de carácter laboral que las Entidades otorguen a sus trabajadores;

V. ...

VI. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como los funcionarios, empleados, auditores externos y comisarios de la Entidad, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

...

a) y b) ...

...

...

...

Artículo 36.- ...

I. a V....

VI. Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su objeto;

VII. a XXVI...

XXVII. Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables;

XXVIII. ...

XXIX. Realizar la compra-venta de divisas por cuenta de terceros;

XXX. Emitir obligaciones subordinadas;

XXXI. Realizar inversiones en el capital social de la Federación a la que se encuentren afiliadas, así como en títulos representativos del capital social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo;

XXXII. Previa autorización de la Comisión, realizar inversiones en acciones de Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión. Lo anterior, sin perjuicio de los términos y condiciones que para cada caso señalen las leyes específicas correspondientes.

En ningún caso, las Entidades podrán asumir el control de manera individual de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión en las que realicen inversiones en términos de esta fracción.

Para efectos de lo anterior, deberá entenderse que una sociedad controla a otra, cuando sea propietaria, directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento de su capital, tenga poder decisorio en sus asambleas de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, o por cualquier otro medio tenga facultades para tomar las decisiones fundamentales de la sociedad;

XXXIII. Ofrecer y distribuir, entre sus Socios o Clientes, las acciones de las sociedades de inversión operadas por las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión a que hace referencia la fracción anterior o por aquellas en cuyo capital participe la Federación a la que se encuentren afiliadas, así como promocionar la afiliación de trabajadores a las Administradoras de Fondos para el Retiro en cuyo capital participen directamente o a través de la Federación a la cual se encuentren afiliadas, y

XXXIV. Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas todos ellos gubernamentales.

...

...

...

...

Artículo 37.- ...

I. a VIII....

VIII bis. Si la Entidad no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas; no cumple con más de una medida correctiva especial adicional, o bien incumple de manera reiterada una medida correctiva especial adicional. Lo anterior en los términos, plazos y condiciones que haya determinado la Comisión mediante reglas de carácter general de conformidad con el artículo 73 de la Ley;

IX. a XIII....

...

...

...

Artículo 52.- ...

I. a V...

...

En adición a lo anterior, las Federaciones podrán invertir en el capital social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en el de una Confederación, y, previa autorización de la Comisión, en el de Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.

En ningún caso, las Federaciones podrán asumir, de manera individual, el control de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión en las que realicen inversiones en términos de este artículo.

Para efectos de lo anterior, deberá entenderse que una sociedad controla a otra, cuando sea propietaria, directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento de su capital, tenga poder decisorio en sus asambleas de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, o por cualquier otro medio tenga facultades para tomar las decisiones fundamentales de la sociedad.

Además de lo anterior, en ningún caso las Federaciones podrán invertir en el capital de otras Federaciones o en el de Entidades.

Artículo 67.- ...

...

...

...

Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario:

a) a f) ...

g) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con algún miembro del consejo de administración, consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general de alguna Entidad;

h) No ejercer algún cargo público, de elección popular o de dirigencia partidista, y

i) Contar con una certificación expedida por una institución especializada reconocida por la Comisión.

...

...

Artículo 107.- Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y pago, en cuyo contrato deberá señalarse como Fideicomitente a la Confederación de que se trate, como Fideicomitentes por adhesión las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva.

Artículo 130.- ...

I. a XIV. ...

XV. ...

Igual sanción se le impondrá a las Entidades que no cumplan con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 105, estableciendo de forma clara y visible en sus sucursales, oficinas, en su publicidad y en toda la documentación que utilicen para instrumentar sus operaciones, que no contarán con la protección de dicho Fondo, hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones al mismo durante el plazo a que se refiere dicho párrafo.

XVI. ...

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2001.

Octavo.- Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos ocho sociedades para afiliarse a dicha Federación, en el entendido de que al menos dos de las sociedades deberán cumplir los requisitos del artículo 10 de esta Ley, con excepción de las fracciones VIII y IX.

Las Federaciones que obtengan la autorización de la Comisión en términos de este artículo, contarán con el plazo a que se refiere el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53 de esta Ley, para reunir el número mínimo de Entidades afiliadas.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2003.

Sexto.- ...

...

Se deroga

Se deroga

Se deroga

Se deroga

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2 fracción IV, 4, 6 párrafo primero; 7 fracciones I, III, VIII y IX; 8 fracciones V y VIII; 17 párrafo tercero del inciso b) de la fracción I; 22; 23 párrafo cuarto; 25; 27 párrafo primero; 28 párrafo segundo y 29 párrafos primero y segundo; se adicionan los artículos 7 fracción X; 8 fracciones IX, X, XI y XII, recorriéndose la actual fracción IX para quedar como XIII, todos de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Sector: Al conformado por los Organismos de Integración, las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y a las personas morales y grupos de personas físicas, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a las personas físicas y morales que reciban u otorguen servicios a éstas.

Artículo 4.- El domicilio de la Institución será la ciudad de México, Distrito Federal. Podrá establecer, clausurar o reubicar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, informando a la Secretaría. Tratándose del establecimiento de sucursales, agencias y oficinas en el extranjero, deberá contar con autorización de la misma.

Artículo 6.- Las operaciones, servicios e inversiones de la Institución, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables.

...

Artículo 7.-...

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de los Organismos de Integración, de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas morales y grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y que le permitan cumplir con su objeto, en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región;

II. ...

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los Organismos de Integración, de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas morales y grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular;

IV. a VII. ...

VIII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones que se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto;

IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, entre otros, de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas morales y grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; y

X. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector.

...

Artículo 8.- ...

I. a IV. ...

V. Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables. Asimismo, prestar servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, entre otros, al Sector, así como a aquellos terceros interesados en adquirir dichos servicios, contribuyendo al desarrollo de la Institución y del sector de ahorro y crédito popular, mediante la reducción de costos y /o la generación de ingresos;

VI. ...

VII. ...

VIII. Realizar sorteos conforme a las reglas generales de operación que autorice la Secretaría;

IX. Participar en el capital social de administradoras de fondos para el retiro y en el de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, así como prestarles servicios a las mismas, a efecto de eficientar su operación y reducir sus costos;

X. Invertir en el capital social de sociedades o personas morales, que le presten servicios a la Institución, al Sector, así como a terceros que se encuentren interesados en adquirir los mismos;

XI. Actuar como cámara de compensación y liquidador de las operaciones que realicen las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y como representante de dichas Entidades en cualquier otra cámara de compensación, o entidad que lleve a cabo las funciones de compensación y/o liquidación referidas, sujetándose en la realización de ambas operaciones a las disposiciones que, en su caso, emita el Banco de México;

XII. Participar en el capital social de sociedades de inversión, así como de sociedades operadoras de éstas, y en el de sociedades distribuidoras de acciones, además de prestar el servicio de distribución de acciones a sociedades de inversión propias o de terceros, y;

XIII. Realizar las demás operaciones y servicios de naturaleza análoga o conexa que autorice y regule la Secretaría.

Artículo 17.- ...

I. ...

a) ...

b) ....

...

En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de presidente del Consejo Directivo; y en caso de ausencia de este último, tendrá el carácter de presidente del Consejo Directivo, el consejero que sea designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para fungir con tal carácter en dicha sesión.

II. ...

III. ...

...

...

Artículo 22. ...

I. a IV. ...

V. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, a los delegados fiduciarios y a los demás que señale el reglamento orgánico, así como concederles licencias;

VI. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del Consejo;

VII. Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión física de la Institución, así como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados los montos globales de estos conceptos por parte de la Secretaría;

VIII. Aprobar, a propuesta del director general, la estructura orgánica, las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de estímulos, ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Institución, previa opinión y recomendación que en su caso emita el comité de recursos humanos y desarrollo institucional;

IX. Acordar la creación de comités de crédito, el de recursos humanos y desarrollo institucional, de administración integral de riesgos, así como aquellos que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto;

X. Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos de la Institución, para el otorgamiento de créditos;

XI. Aprobar, en su caso, previo dictamen de los comisarios, el balance general anual de la Institución;

XII. Aprobar, en su caso, la constitución de reservas;

XIII. Aprobar, en su caso, la aplicación de utilidades, así como la forma y términos en que deberá realizarse;

XIV. Aprobar los estados financieros que le presente el Director General, así como autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, la publicación de los mismos;

XV. Aprobar los presupuestos generales de gasto e inversión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracción VIII bis de la Ley de Instituciones de Crédito;

XVI. Aprobar las propuestas de los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, así como los límites de intermediación financiera;

XVII. Aprobar las estimaciones de ingresos anuales, su programa financiero, y sus programas operativos;

XVIII. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Institución requiera, así como las políticas y bases generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Institución con terceros, en estas materias, de conformidad con las normas aplicables;

XIX. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las modificaciones al Reglamento Orgánico y aprobar la cesión de activos y pasivos;

XX. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial, provisionales o definitivos;

XXI. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento o reducción del capital social;

XXII. Acordar los aumentos de capital pagado de la Institución, así como fijar las primas, que en su caso deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial;

XXIII. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas;

XXIV. Aprobar las inversiones en el capital de las sociedades a que se refieren los artículos 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito, en términos del artículo 8, fracciones IX, X y XII de esta Ley;

XXV. Aprobar los programas anuales de publicidad y propaganda de la Institución, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Gobernación;

XXVI. Opinar sobre las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución, y;

XXVII. Conocer y en su caso, aprobar los informes que le presente el comité de administración integral de riesgos, así como los límites prudenciales de riesgos que al efecto le proponga éste.

En los supuestos establecidos en las fracciones XII, XVI, XXIII y XXIV se requerirá de la autorización expresa de la Secretaría.

Artículo 23. ...

...

...

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y Simplificación Administrativa;

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 25.- ...

I. a VI. ...

VII. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto;

VIII. Administrar los bienes y negocios celebrando los convenios y ejecutando los actos que requiera la marcha ordinaria de la Institución;

IX. Proponer al Consejo Directivo, la designación de Delegados Fiduciarios y de los servidores públicos de la Institución que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a las de su rango y presentarle las solicitudes de licencia, así como las renuncias de los mismos;

X. Proponer al Consejo Directivo la creación de comités regionales consultivos y de crédito, así como los de su seno y proveer lo necesario para su adecuada integración y funcionamiento;

XI. Acordar la creación de comités internos de crédito, técnicos y administrativos;

XII. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el balance general anual de la Institución, junto con el informe y dictamen del auditor externo y de los comisarios;

XIII. Presentar al Consejo Directivo los estados financieros de la Institución;

XIV. Proponer al Consejo Directivo el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y oficinas en el país y en el extranjero;

XV. Someter al Consejo Directivo los programas operativos y financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos anuales de la Institución, así como sus modificaciones;

XVI. Presentar al Consejo Directivo las propuestas para modificar el Reglamento Orgánico;

XVII. Proponer al Consejo Directivo la aprobación de cesión de partes del activo o pasivo de la Institución;

XVIII. Presentar al Consejo Directivo las propuestas de programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Institución requiera, así como las bases, procedimientos, reglas, requisitos, políticas, lineamientos y las normas conforme a las cuales la Institución deba contratar las adquisiciones, enajenaciones de bienes, arrendamientos, realización de obra inmobiliaria y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza de conformidad con las normas aplicables;

XIX. Rendir al Consejo Directivo un informe anual de actividades;

XX. Proponer al Consejo Directivo la emisión de obligaciones subordinadas;

XXI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, la propuesta de inversión en títulos representativos del capital social de las sociedades a que se refiere el artículo 8, fracciones IX, X y XII de la presente Ley;

XXII. Presentar al Consejo Directivo las propuestas de aplicación de utilidades y la forma y términos en que sugiera se deban realizar;

XXIII. Proponer al Consejo Directivo la constitución de reservas y fondos necesarios, así como la forma y términos en que considere se deban realizar;

XXIV. Proponer al Consejo Directivo los procedimientos para la destrucción de los Bonos del Ahorro Nacional que se encuentren amortizados, y que en su momento autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXV. Determinar los criterios para dispensar, respecto de los títulos a que se refiere la fracción anterior, el llevar a cabo el procedimiento de cancelación y reposición de títulos de crédito que establece la ley respectiva;

XXVI. Someter al Consejo Directivo, los programas anuales de publicidad y propaganda de la Institución;

XXVII. Proponer al Consejo Directivo, las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor de la Institución, para su posterior informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría;

XXVIII. Someter al Consejo Directivo, la estructura orgánica básica y los reglamentos internos de la Institución, así como las modificaciones que procedan a los mismos, y los demás programas específicos;

XXIX. Previa opinión del Consejo Directivo y conforme a las disposiciones legales aplicables, negociar las Condiciones Generales de Trabajo que rijan las relaciones laborales entre la Institución y sus trabajadores;

XXX. Representar a la Institución ante las agrupaciones, asociaciones y organismos nacionales e internacionales de fomento al Sector, o de cualquier otra índole relacionados con el objeto y objetivos de la Institución;

XXXI. Las que le confiera el Reglamento Orgánico; y

XXXII. Las demás que le delegue el Consejo Directivo o que sea necesario desarrollar para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores; o aquellas que le confieran otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 27.- La vigilancia de la Institución estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Función Pública y el otro por los tenedores de la serie ``B''. Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente.

...

Artículo 28.- ...

Los sorteos serán públicos y se harán ante Notario Público o Corredor Público o interventor de la Secretaría de Gobernación, con la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases que al efecto establezca la Institución.

Artículo 29.- Los premios son una ganancia adicional, los cuales podrán pagarse en efectivo o en especie y, en consecuencia, por ningún motivo se considerarán como un pago anticipado del valor de vencimiento de los planes de ahorro o de los demás instrumentos de captación que determine el Consejo Directivo.

El plazo para reclamar el pago del premio se fijará en las bases de cada sorteo, transcurrido el cual sin que el premio sea reclamado, el derecho a recibir el premio prescribirá. Dicho plazo se computará a partir de la fecha en que se haga la publicación de los resultados del sorteo respectivo, en un periódico de circulación nacional, o de su colocación en lugares abiertos al público en las sucursales de la propia Institución.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular podrán afiliar y prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación a sociedades o asociaciones que, sin haber obtenido autorización para constituirse y organizarse como Entidades, puedan captar recursos de sus socios o clientes para su colocación entre éstos en los términos de esa Ley.

Las sociedades o asociaciones que se afilien a una Federación en términos de lo dispuesto por este artículo, no podrán participar en las sesiones de los órganos sociales de la Federación cuando se traten asuntos que estén relacionados, directa o indirectamente, con la organización, integración, funcionamiento y desempeño del Comité de Supervisión correspondiente, o con cualquier otro aspecto relacionado con la supervisión auxiliar que ejerza la Federación. No podrán formar parte del Comité de Supervisión de la Federación, personas que tengan vínculos laborales o económicos con las sociedades o asociaciones que la propia Federación tenga afiliadas en términos de este artículo.

Las restricciones previstas en el párrafo anterior, deberán hacerse constar expresamente en los estatutos sociales o bases constitutivas de las Federaciones, así como en su reglamento interior.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Atentamente.

México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman, por modificación, el Artículo 2. en sus párrafos trigésimo segundo y quincuagésimo noveno; el Artículo 4., Fracción III; Artículo 6.; Artículo 44, párrafo primero; y se adiciona al Artículo 2. un último Párrafo, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ..........................

...........................

Punto de verificación e inspección zoosanitaria: Sitio ubicado en territorio nacional con infraestructura de diagnóstico autorizado por la Secretaría, para constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo establecido por esta Ley.

.......................

Punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación: Sitio ubicado en punto de entrada en territorio nacional; o bien en franja fronteriza, o en Recinto Fiscalizado Estratégico, con infraestructura de diagnóstico autorizada por la Secretaría, para constatar el cumplimiento de las normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo establecido por esta Ley, en lo que no se contraponga con la legislación de comercio exterior y aduanal aplicable.

...........................

Recinto Fiscalizado Estratégico: Inmueble ubicado dentro de un recinto fiscal, concesionado a un particular para que preste los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, de conformidad con lo señalado en las disposiciones aduaneras.

Artículo 4.- ........

I. y II. ....

III.- Expedir Normas Oficiales Mexicanas, verificar su estricto cumplimiento en territorio nacional; en caso de importación, circulación o tránsito de mercancías, estarán sujetas a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad a la Ley en la materia. Las mercancías sujetas a Normas Oficiales Mexicanas se identificarán por la fracción arancelaria correspondiente y se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación conjuntamente con la Secretaría de Economía y estarán sujetas al cumplimiento de las disposiciones emitidas por las Autoridades Sanitarias y Aduaneras en punto de entrada en el país o, en su caso, en los Recintos Fiscalizados. Estratégicos; y mantener actualizados y en operación los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en Salud Animal, con la participación de los particulares con interés jurídico.

IV. a XII. ........

Artículo 6.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará con la Secretaría en el ámbito de su competencia, en la inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, de las Normas Oficiales Mexicanas por fracciones arancelarias, así como las restricciones zoosanitarias en materia de importación en los puntos de entrada en el país y Recintos Fiscalizados Estratégicos.

Artículo 44.- La Secretaría deberá inspeccionar y verificar, en cualquier tiempo y lugar, en los puntos de verificación y dentro del territorio nacional, de acuerdo con lo ordenado en la presente ley, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. Todas la importaciones de productos cárnicos y sus subproductos deberán ser verificados por la autoridad en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación que se encuentren ubicados en la franja fronteriza cuando se trate de importaciones vía terrestre, en los puertos de entrada cuando se trate de importaciones vía aérea o marítima, o en los Recintos Fiscalizados Estratégicos por cualquier tráfico.

.............

.............

.............

.............

.............

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 2 de diciembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se han agotado estos asuntos y pasamos a iniciativas de ciudadanos diputados.

Para el efecto tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5º y un artículo 7º Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores diputados:

La discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de salud pública que en los últimos años se ha incrementado constantemente, siendo un problema de tendencia creciente, ya que conforme mejoran los recursos de diagnóstico y tratamiento, continuarán disminuyendo las tasas de mortalidad y aumentando la esperanza de vida.

Para el año 2050 se estima que la población total en México será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones, el 15 por ciento. El Centro Nacional de Rehabilitación es una de las obras de salud más importantes de cuantas se han emprendido en los últimos años, siendo el centro médico el complejo arquitectónico que ejemplifica los alcances, la calidad y los contenidos de los más modernos hospitales, su planeación, proyecto y realización forman parte del presente, pero se inscriben en los más sólidos anuncios del futuro.

En agosto de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Centro Nacional de Rehabilitación y se abrogaron los decretos de los institutos nacionales de Ortopedia, Comunicación Humana y Medicina de Rehabilitación. La creación de este centro fue con el propósito de crear una institución de investigación, para enfrentar el problema emergente de salud pública de la discapacidad, complementar el sistema nacional de salud y dar cumplimiento a los compromisos contraídos con la Organización Mundial de la Salud.

El Centro Nacional de Rehabilitación cuenta con los siguiente recursos: 97 consultorios; 15 quirófanos; 228 camas censables; unidad de cuidados intensivos e intermedios; servicios de urgencias; auxiliares de diagnóstico con 6 salas de rayos X; tomografía axial computarizada; resonancia magnética; ultrasonido; medicina nuclear, banco de sangre; disometría ósea; laboratorio clínico; anatomía patológica.

La atención del centro tiene una importancia fundamental, no sólo porque se brinda a cualquier persona que lo demanda, sino porque en ella se conjuga y cobra una trascendencia enorme para la realización de las actividades de enseñanza, como la investigación.

La organización de los servicios tiene una visión integral para los pacientes y ésta se inicia en el servicio de consulta externa, con la preconsulta, en ella se valora la condición de los pacientes y se selecciona los que deben ser atendidos en esta institución de tercer nivel como es el centro.

En lo que va del año se han otorgado un total de 234,163 consultas, teniendo una cobertura a nivel nacional, ya que se reciben pacientes de todas las entidades del país y aun del extranjero. En terapias las áreas de tratamiento ocupan un lugar preponderante realizando lo siguiente: 337,229 sesiones de terapia física, 26,958 sesiones de terapia ocupacional, 82,663 sesiones de terapia de lenguaje, en suma se proporcionaron un total de 446,850 sesiones de terapia durante el año 2003.

En cirugía el Centro cuenta con 15 quirófanos, 10 en ortopedia y 5 en comunicación humana, en lo que va del año se han realizado 4,862 intervenciones quirúrgicas, el centro por otra parte realiza campañas de cirugía extramuros en 5 estados de la República Mexicana, siendo éstos Chiapas, Guerrero, Jalisco, Durango y Campeche, realizaron un total de 270 cirugías por personal médico y paramédico altamente calificado de este centro. La suma de cirugías intramuro y extramuro nos da un total de 5,132.

En el área de enseñanza el centro realiza investigación en diferentes modalidades como: básica, clínica, epidemiológica, sociomédica y tecnológica, contando con un total de 167 investigadores agrupados en el Sistema Interinstitucional de Investigadores y 10 investigadores avalados por el Sistema Nacional. Asimismo, 18 de ellos están realizando maestría y 8 están realizando su doctorado.

En la actualidad se están desarrollando 119 protocolos de investigación tanto en área clínica como básica y socio-médica. En las publicaciones de 2003 y 2004 se han publicado 152 artículos y en su formación profesional los recursos humanos constituyen el pilar fundamental en el que se puede forjar una actitud de servicio y compromiso, en una mejor preparación científica y humanista.

El Centro Nacional de Rehabilitación es sede de las especialidades médicas de medicina de rehabilitación, de ortopedia y traumatología, audiología, foneatría y comunicación humana, así como la de medicina de la actividad física y deportiva, todas ellas con reconocimiento en la UNAM.

En la enseñanza de pregrado, por lo que respecta, se enseñan en pregrado en el Centro Nacional de Rehabilitación participa en la licenciatura de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad de La Salle y con la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.

Considerandos

Que en México tenemos grandes rezagos en el campo de la salud, que un segmento amplio de la población sufre de la discapacidad y que ésta afecta a las personas más pobres y desprotegidas.

Que deseamos un sistema de salud que alcance a todos, sin excepción.

Que la buena salud de la población es indispensable para la prosperidad económica, el bienestar social y la estabilidad política.

Que la discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de salud pública que en los últimos años se ha incrementado considerablemente, como resultado de que los mejores recursos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la mayor cobertura de los servicios de salud han permitido disminuir significativamente las tasas de mortalidad general e infantil.

Que el derecho de la protección de salud se consagra en nuestra Constitución y se hace efectivo.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación presta servicios de atención médica de excelencia, para lo cual cuenta con las instalaciones y el equipo necesarios, así como un personal especializado y altamente calificado.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación realiza importantes investigaciones para la búsqueda de mejores recursos para la prevención, rehabilitación de discapacidades tanto físicas, básicas, epidemiológicas, clínico, sociomédica y tecnológica.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el actualmente denominado Centro Nacional de Rehabilitación, dependiente de la Secretaría de Salud, cuenta con una infraestructura hospitalaria de tercer nivel, única en la República Mexicana, que los objetos de la entidad de rehabilitación a que se ha hecho mención son congruentes con las previsiones que establece el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis, al artículo 5º y un artículo 7º Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará lo necesario para otorgar las previsiones de recursos y asignación de bienes para el establecimiento y operación del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Tercero. Una vez constituida la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación, ésta expedirá su estatuto orgánico en un plazo de 90 días.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, el 7 de diciembre de 2004.

Gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita C. María Cristina Díaz Salazar, diputada federal por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para que al Centro Nacional de Rehabilitación se le dé el título de instituto; bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de Salud Pública, que en los últimos años se ha incrementado constantemente, siendo un problema de tendencia creciente, ya que conforme mejoran los recursos de diagnóstico y tratamiento, continuarán disminuyendo las tasas de mortalidad y aumentando la esperanza de vida. Para el año 2050 se estima que la población total en México será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones (15%).

El Centro Nacional de Rehabilitación es una de las obras de salud más importante de cuantas se han emprendido en los últimos años; siendo el complejo médico-arquitectónico que ejemplifica, los alcances, la calidad y los contenidos de los más modernos hospitales su planeación, proyecto y realización forman parte del presente, pero se inscriben en los más sólidos anuncios del futuro.

En agosto de 1997, sé público en el Diario Oficial de la Federación, la creación del Centro Nacional de Rehabilitación y se abrogaron los decretos de los Institutos Nacionales de Ortopedia, Comunicación Humana y Medicina de Rehabilitación.

La creación de este centro fue con el propósito de:

Crear una institución de investigación para enfrentar el problema emergente de salud pública de la discapacidad.

Complementar el Sistema Nacional de Salud.

Dar cumplimiento a los compromisos contraídos con la Organización Mundial de la Salud.

El Centro Nacional de Rehabilitación, cuenta con los siguientes recursos: 97 consultorios, 15 quirófanos, 228 camas censables, unidad de cuidados intensivos e intermedios, servicio de urgencias, auxiliares de diagnóstico, con 6 salas de rayos ``x'', tomografía axial computarizada, resonancia magnética, ultrasonido, medicina nuclear, banco de sangre, densitometría ósea, laboratorio clínico, anatomía patológica.

Atención médica

La atención del Centro tiene una importancia fundamental, no sólo porque se brinda a cualquier persona que lo demanda, sino porque en ella se conjugan y cobra una trascendencia enorme para la realización de las actividades de enseñanza, además de ser base de las investigaciones en sus diversas modalidades o áreas.

Consulta externa

La organización de los servicios tiene una visión integral para los pacientes y esta se inicia en el servicio de consulta externa, con la preconsulta, en ella se valora la condición de los pacientes y se seleccionan los que deben ser atendidos en esta institución de tercer nivel como es el Centro, por lo que se aplica una valoración estricta a fin de ofrecer la atención en las mejores condiciones a los pacientes, en particular a los de menores recursos.

En lo que va del año se han otorgado un total de 234,163 consultas, teniendo una cobertura a nivel nacional ya que se reciben pacientes de todas las entidades del país y aún del extranjero, por ejemplo los jornaleros que emigran temporalmente a Canadá.

Terapias

Áreas de tratamiento, las terapias ocupan un lugar preponderante, realizando lo siguiente: 337,229 sesiones de terapia física, 26,958 sesiones de terapia ocupacional; 82,663 sesiones de terapia de lenguaje. En suma se proporcionaron un total de 446,850 sesiones de terapia durante el 2003.

Secretaría de Salud

Centro Nacional de Rehabilitación

Terapias 2003

Terapia 2003

Terapia Física 337,229

Terapia Ocupacional 26,958

Terapia de Lenguaje 82,663

Total 446,850

Cirugías

El Centro cuenta con 15 quirófanos, 10 en Ortopedia y 5 en Comunicación Humana, en lo que va del año se realizaron 4,862 intervenciones quirúrgicas.

El Centro por otra parte realiza campañas de cirugía extramuros, en cinco estados de la República Mexicana, siendo estos: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Durango y Campeche, realizaron un total de 270 cirugías, realizadas por personal médico y paramédico, altamente calificado de este Centro, el cual con estos nobles gestos acerca la cirugía de alta complejidad y especialidad a los estados con los cuales se desarrollan este tipo de acciones, a la población de menores recursos y que lejanamente podrían acudir a este Centro. La suma de cirugías intramuros y extramuros nos da un total de 5,132.

Área de enseñanza:

El Centro Nacional de Rehabilitación realiza, investigación en diferentes modalidades como: Básica, Clínica, Epidemiológica, Sociomédica y Tecnológica, contando con un total de 167 investigadores agrupados en el sistema interinstitucional de investigadores y 10 investigadores avalados por el Sistema Nacional.

Asimismo, 18 de ellos están realizando maestrías y 8 están realizando doctorado.

En la actualidad se están desarrollando 119 protocolos de investigación tanto en área clínica como básica y sociomédica.

Publicaciones de 2003 y 2004

Se han publicado 152 artículos, como podemos observar en el cuadro siguiente:

Artículos

Nivel Total

I 80

II 18

III 45

IV 8

V 1

Total 152

Otros

Total

Libro 1

Capítulo de libro 10

Manual 2

Proceddings 1

Abstracs 1

Artículo de difusión 5

Hoja Web SICOT 1

Total 21

Formación profesional

Los recursos humanos constituyen el pilar fundamental sobre el que se puede forjar una actitud de servicio y compromiso con la mejor preparación científica y humanista para enfrentar el gran reto que es la Discapacidad.

Enseñanza de posgrado

El Centro Nacional de Rehabilitación es sede de las especialidades médicas de Medicina de Rehabilitación, de Ortopedia y Traumatología, Audiología, Foniatría y Comunicación Humana así como la de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, todas ellas con reconocimiento de la UNAM. Se cuenta con una plantilla de 133 médicos residentes, de igual forma se cuenta con las especializaciones en Enfermería de Rehabilitación y Enfermería Ortopédica, con el reconocimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

De igual forma se realizan Diplomados, sumando un total de 64 alumnos.

Por lo que se refiere a Maestrías, se cuenta con la Maestría de Lenguaje y Audición, de la Secretaría de Educación Pública con un total de 40 alumnos.

Es de hacer mención que dentro de estas actividades en el CNR, la educación médica continua es un aspecto relevante para todo el personal, se reportan 244 sesiones con 8,687 asistentes.

Enseñanza de pregrado

Por lo que respecta a enseñanza en pregrado, el CNR participa en la Licenciatura de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad de La Salle y con la Escuela de Medicina del IPN, con una asistencia de 30 alumnos por la UNAM, 40 alumnos de La Salle y 30 alumnos del IPN, respectivamente, todos ellos cursando la asignatura de Ortopedia y traumatología.

Por otro lado en las carreras Técnicas se encuentran cursando 326 alumnos.

Secretaría de Salud

Centro Nacional de Rehabilitación

Formación de personal técnico

Carrera 2004

Terapista físico 65

Terapista ocupacional 31

Ortesista, protesista 23

Comunicación humana 207

Total 326

Considerandos

Que en México tenemos grandes rezagos en el campo de la salud.

Que un segmento amplio de la población sufre de discapacidad y que ésta afecta a las personas más pobres y desprotegidas.

Que el Programa Nacional de Salud busca atender a las necesidades de la población mediante líneas de acciones especificas y en el marco de una transformación a fondo de nuestro sistema de salud.

Que deseamos un sistema de salud que alcance a todos sin excepción.

Que la buena salud de la población es indispensable para la prosperidad económica, el bienestar social y la estabilidad política.

Que la buena salud implica la ausencia de discapacidad.

Que la discapacidad constituye hoy en día un problema emergente de salud pública con tendencia creciente.

Que el Programa Nacional de Salud señala que es prioritario que todas las mujeres y todos los hombres tengan la oportunidad de desenvolverse al máximo de sus potencialidades.

Que la discapacidad debe abordarse modernamente con un enfoque esencialmente preventivo, a fin de evitar que dicha condición progrese en su evolución y llegue a constituirse en un riesgo que limite las capacidades del individuo y no le permite valerse por si mismo, convirtiéndolo en carga para su familia y para la sociedad.

Que es compromiso de la sociedad impulsar y fortalecer programas de prevención, detección oportuna, rehabilitación e investigación en el campo de la discapacidad.

Que la discapacidad, constituye uno de los problemas emergentes de salud pública que en los últimos años se ha incrementado considerablemente como resultado de que los mejores recursos de diagnostico y tratamiento de las enfermedades y la mayor cobertura de los servicios de salud han permitido disminuir significativamente las tasas de mortalidad general e infantil, e incrementar las esperanza de vida pero con frecuencia dejando secuelas que causan limitaciones en el funcionamiento de mujeres y hombres de todas las edades.

Que el derecho de la protección a la salud que consagra nuestra constitución se hace efectivo, entres otras acciones a través del establecimiento de servicios hospitalarios eficientes que respondan a los habitantes del país.

Que es fundamental que los servicios hospitalarios comprendan los de cuidado de las enfermedades, pero también los de prevención, rehabilitación y curación de discapacidades.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación presta servicios de atención médica de excelencia, para lo cual cuenta con las instalaciones y el equipo necesario, así con personal especializado y altamente calificado, por lo que se ha constituido en un centro de referencia nacional.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación realiza importantes investigaciones para la búsqueda de mejores recursos para la prevención y rehabilitación de discapacidades, tanto básico, como epidemiológico, clínico, sociomédico y tecnológico.

Que para llevar a cabo dichos estudios cuenta con una plantilla de investigadores incorporados tanto al sistema Institucional de Investigadores de la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud como al Sistema Nacional de Investigadores.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación realiza importantes actividades de enseñanza médica y paramédica a nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado, así como de educación continua, para la formación y capacitación de personal especializado en las variadas especialidades relacionadas con la prevención y rehabilitación de discapacidades.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación participa activamente en el Programa Nacional de Salud, desarrollando el Programa de Acción de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades, mediante el cual tiene influencia en todo el territorio Nacional.

Que el Centro Nacional de Rehabilitación complementa y apoya las actividades de los Institutos Nacionales de salud, con los cuales mantiene una estrecha coordinación.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el actualmente denominado Centro Nacional de Rehabilitación, dependiente de la Secretaria de Salud, cuenta con una infraestructura hospitalaria de tercer nivel única en la República Mexicana, lo que permite; atención médica de alta especialidad generadora de investigación científica, formadora de médicos, enfermeras y técnicos altamente calificados con una importantísima generación y aplicación del conocimiento, lo que le permite ejercer una medicina académica indispensable a nivel de Instituto.

Que los objetos de la entidad de rehabilitación a que se ha hecho mención, son congruentes con las previsiones que establece el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 5º.- ...

I. a la VIII.- ...

VIII Bis.- Instituto Nacional de Rehabilitación;

IX. a la XI.- ...

Artículo 7 Ter.- Corresponderá al Instituto Nacional de Rehabilitación:

I.- Proporcionar servicios de atención médica especializada de alto nivel en materia de rehabilitación, ortopedia y comunicación humana;

II.- Elaborar y desarrollar los programas de prestación de servicios de atención médica especializada en sus aspectos preventivo, asistencial y de rehabilitación;

III.- Elaborar y desarrollar programas de investigación básica, clínica, socio-médica y tecnológica y de comunicación humana, en coordinación con las unidades administrativas competentes y, en su caso, con las instituciones de educación superior;

IV.-Promover y fomentar la coordinación, la difusión y el intercambio en las materias de su competencia, con otras instituciones de salud y enseñanza superior, tanto del país como del extranjero;

V.- Elaborar y ejecutar programas para la atención especializada, la enseñanza e investigación en materia de medicina del deporte, y

VI.- Formular y ejecutar programas de servicios especializados en materia de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis, órtesis y otros de apoyo.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará lo necesario para otorgar las previsiones de recursos y asignación de bienes para el establecimiento y operación del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Tercero.- Una vez constituida la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación, ésta expedirá su Estatuto Orgánico en un plazo de noventa días.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 7 de diciembre de 2004.--- Dip. Cristina Díaz Salazar.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Salud.

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ARTICULOS 6º, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6º, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En nuestro país el perfeccionamiento de la vida democrática de la nación atraviesa por una etapa crucial y definitoria. Un reto fundamental ha sido asegurar la participación ciudadana en el escrutinio público, contribuir a esta tarea fue un compromiso de Acción Nacional y el primer Gobierno Federal que encabeza ha cumplido al establecer las bases congruentes y consistentes con esa demanda social.

Desde el inicio de su mandato el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instrumento legal inédito que aprobó el Congreso de la Unión, lo que permite por primera vez asegurar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos para acceder a la información que da cuenta del mismo.

Por décadas México padeció de un sistema político cerrado y excluyente así como gobiernos que operaron con opacidad, márgenes amplísimos de discrecionalidad e impidiendo el escrutinio público acerca de su operación y desempeño.

Bajo el régimen del partido hegemónico predominó una visión patrimonialista de los bienes públicos y un diseño institucional del Estado, incapaz de dar causa a la diversidad social y la pluralidad política de la nación.

Bajo ese modelo de comportamiento del Estado mexicano, el Presidente de la República dictaba decisiones de gobierno e iniciativas legales en una mayoría monolítica de su propio partido, que simplemente las acataba en el Congreso de la Unión.

En ese contexto, tanto la representación política como la participación democrática de la ciudadanía fueron inhibidas, modificadas y perdieron su sentido.

Con la transición democrática y la primera alternancia política del país, México tiene ante sí el reto de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la información pública, base del escrutinio público cuyo desarrollo debe tener lugar con apego a la ley y dentro de las instituciones democráticas.

El acceso a la información es un indicador real, concreto y medible del grado de transparencia con que funcionan las instituciones públicas y los servidores que se desempeñan en ellas.

En la medida en que el ciudadano conozca el funcionamiento y los órganos del Estado, estará en condiciones para evaluar la eficacia de los mismos, el desempeño de los servidores públicos y los resultados de la acción pública, que debe sujetarse a los principios de legalidad, celeridad, veracidad, publicidad, certeza, honradez e imparcialidad. Para hacer efectivo ese derecho a la información se requiere de un órgano con capacidad efectiva de vigilancia de su ejercicio.

Por eso es imprescindible dotar de autonomía de decisión al órgano publico encargado de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, de lo que depende la imparcialidad de sus decisiones y una operación técnica eficaz.

Estar sometido al escrutinio público no es una opción para ningún órgano estatal, sino una obligación que da sentido a la democracia. Por eso debemos promover que ese mismo criterio se establezca en el caso de todas las entidades federativas, para asegurar que el funcionamiento y los órganos estatales encargados de acceso a la información pública sea equiparable en términos de los niveles de eficacia e imparcialidad que son requeridos actualmente.

Más allá de la libre elección de quienes gobiernan y representan a la sociedad, la democracia depende y comprende el derecho de la ciudadanía a evaluar la manera en que se desempeñan en el encargo.

La transparencia gubernamental da certeza a la inversión privada, nacional y extranjera, propicia una mayor y más informada participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que le conciernen y afectan, así se contribuye al desarrollo nacional.

Las reformas a la Constitución Política que aquí se proponen se dirigen a garantizar la imparcialidad del órgano encargado de vigilar el acceso a la información pública al convertir al actual Instituto Federal de Acceso a la Información en un órgano autónomo constitucional.

Señor Presidente, por economía parlamentaria no daré lectura a toda la exposición de motivos, pero le suplico que sea insertada de manera íntegra, así como el cuerpo del decreto la iniciativa en el Diario de los Debates.

Hago entrega de la iniciativa.

«Iniciativa que reforma los artículos 6°, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN

Federico Döring Casar, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6°, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Derecho a la Información en su connotación general, tiene su antecedente jurídico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, la cual en el artículo 19 señala que ``todo Individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión''.

Este derecho se recogió posteriormente en el artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, que se celebró en el año de 1950, y por otra parte, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se efectuó en la ciudad de San José de Costa Rica en el año de 1969, en donde se establece que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En este orden de ideas, el derecho a la información en su acepción más general, como la libertad de transmitir y recibir ideas, pensamientos, datos y sensaciones, ya sea mediante un soporte material o sin él, ha sido consustancial a los derechos del hombre, y considerado como el contenido y la parte viva y dinámica de las libertades de expresión y de imprenta, que surgen en su manera mas refinada, con la promulgación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la revolución francesa, en el año de 1789.

En nuestro país, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 6 de diciembre de 1977, se reformaron y adicionaron los artículos 6°, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que respecta al artículo 6° constitucional, fue adicionado en su última parte con la siguiente expresión: ``el derecho a la información será garantizado por el Estado'', instituyéndose de esta manera el Derecho a la Información. El contexto histórico que le dio vida a tal libertad, estaba permeado por el deseo gubernamental de crear un sistema de partidos que a la fecha no existía, para lo cual, se presentó y aprobó una reforma política que redefiniría el camino a seguir en asuntos democrático-electorales. Es en este marco, que el derecho a la información se creó con la finalidad de que el Estado permitiera por conducto de diversos medios de comunicación, que los partidos políticos manifestaran de manera regular la diversidad de sus opiniones.

Como se ha señalado, el derecho a la Información fue considerado en cuanto a su génesis, como una garantía electoral y un atributo de los partidos políticos para informar al pueblo mexicano. No obstante, la Suprema Corte de Justicia otorgó al Derecho a la Información, una connotación más amplia, en el sentido de la obligación que tiene el Estado de informar la verdad.

Es preciso mencionar, que la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, había generado que dicho derecho fuera nugatorio, por lo cual su cumplimiento, había quedado como una concesión graciosa de la autoridad, misma que era dosificada y atendida a voluntad.

Por ello, garantizar el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta para el Estado Mexicano una de las tareas pendientes por concretizar, sin embargo reconocemos que los avances en esta materia han sido importantes.

En la actualidad, tanto la Federación como algunos estados han emitido disposiciones jurídicas que regulan el acceso a la información pública, legislación en las que se han establecido distintas formas de garantizar este derecho, tal es el caso de la federación que cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que decreta la creación de un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información denominado ``Instituto Federal de Acceso a la Información Pública''; por su parte el Distrito Federal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal decreta la creación de un ``órgano autónomo con personalidad jurídica propia y patrimonio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de acceso a la información'', denominado Consejo de Información Pública del Distrito Federal; de igual forma el estado de Nuevo León a través de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Nuevo León crea un organismo público autónomo denominado Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León.

Lo anterior nos indica que cada uno de los gobiernos a creado a través de sus leyes órganos que para unos son órganos verdaderamente autónomos, para otros son órganos descentralizados de la Administración Pública, y algunos otros son órganos con una autonomía acotada en la que las autoridades locales forman parte del mismo, sin embargo, el derecho de acceso a la información pública por su importancia debe contar con mecanismos efectivos que garanticen una verdadera autonomía respecto a los órganos de gobierno, lo que garantizará que sus decisiones no dependan de cuestiones políticas.

No debemos perder de vista que la ley federal emitida por el Congreso de la Unión no es una ley reglamentaria del artículo 6° constitucional, sino una ley secundaría que establece disposiciones jurídicas a las que deben apegarse las autoridades federales para el acceso a la información pública.

En torno al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, órgano encargado de promover y resolver sobre el derecho de acceso a la información pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que como órgano de la Administración Pública Federal, los comisionados serán nombrados por el Ejecutivo Federal, aspecto que representa, sin lugar a dudas, una relación de ``control y subordinación'' hacia los mismos, situación que puede afectar el acceso a la información pública gubernamental.

Para el caso del Distrito Federal, las cosas no son del todo diferentes de la federal, pues cuenta con un ``órgano autónomo'' integrado no solo con representantes de la sociedad civil, sino también con representantes del gobierno del Distrito Federal, convirtiéndolo en juez y parte, lo anterior nos indica entonces que la normatividad que regula la integración del Consejo resulta a todas luces contrario a la naturaleza jurídica de los órganos autónomos, en la que si bien la Teoría Jurídica Política, aún no define de manera precisa cuales deben ser las características normativas de este tipo de órganos, también lo es que existe un criterio hegemónico de que el surgimiento de este tipo de órganos es la de controlar o equilibrar la actuación de los poder tradicionales, convirtiéndolos así en órganos de equilibrio constitucional y político.

Si a lo anterior le añadimos los obstáculos a los que se ha enfrentado la aplicabilidad del efectivo acceso a la información, nos encontraremos que:

1. Se aplazó sin justificación alguna por parte del Jefe de Gobierno la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información;

2. El Jefe de Gobierno el mes de julio de 2003 interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con el fin de revisar lo correspondiente a la designación de los tres consejeros ciudadanos que llevó a cabo la Asamblea Legislativa en el 2003, con el fin de postergar la instalación del Consejo.

3. No obstante la Suprema Corte determinó que el hecho de impugnar la designación de los consejeros no impide la instalación del Consejo, por lo que le ordenó su instalación de inmediato, ratificando de igual forma la designación de los consejeros previamente electos.

Razón por la cual debemos analizar y discutir la posibilidad de establecer como garantía constitucional el derecho de acceso a la información pública el cual será garantizado a través de verdaderos órganos autónomos que no guarden ninguna vinculación con los poderes del Estado.

Por ello, debemos analizar la naturaleza jurídica de este tipo de órganos. Al hablar de los ``órganos constitucionales autónomos'', debemos señalar que la existencia de estos entes públicos, diferentes de los tradicionales, tuvieron su origen y desarrollo en Europa durante el siglo XIX, pese a, su incorporación se logra después de la primera guerra mundial, lo que desencadenó su reconocimiento en otros países del continente europeo.

El surgimiento de los órganos autónomos encargados de la defensa de los derechos fundamentales del hombre, evolucionó la tradicional teoría de la división de poderes, la cual surge para limitar el poder omnímodo de los reyes, en la que la emanación del poder provenía del rey; ahora, en el devenir de los años el poder radica no sólo en las instituciones, sino también en la sociedad, lo que ha provocado el surgimiento de entidades públicas distintas a los tradicionales, sin que ello afectará los principios constitucionales y democráticos establecidos en un Estado de Derecho, pues su funcionamiento forma parte de las atribuciones naturales del Estado.

La principal causa por la que surgieron los órganos autónomos en Europa fue la despartidocratización en el funcionamiento del Estado, en razón de que los partidos políticos tienen una gran influencia en la toma de decisiones, tanto en los órganos de gobierno como en los Parlamentos.

En México, la tendencia de contar con este tipo de entes públicos ha tenido buena aceptación pues se han creado algunas instituciones, como son, las Comisiones de Derechos Humanos, los Institutos Electorales, las entidades de fiscalización, entre otros; sin embargo, su regulación, en algunos casos no ha permitido establecer plena independencia, entiéndase autonomía, en el desarrollo de sus funciones.

Algunos investigadores mencionan que las características que este tipo de órganos deben tener son las siguientes:

1. La autonomía o independencia, no necesariamente formal, sino también financiera; entiéndase esto como el establecimiento en la Constitución de un presupuesto que no este determinado por los acontecimientos políticos.

2. La Integración de los órganos constitucionales autónomos y el estatuto de sus titulares; debe ser a través de procesos en el que la decisión la lleve a cabo los órganos legislativos por medio de una votación calificada; y por otro lado se debe garantizar la imparcialidad en la selección de sus integrantes, así como su inamovilidad, una remuneración suficiente sin sujeta a cambios en su perjuicio, y no permitir en ningún momento su remoción sino por causa justificada.

3. Apolíticos; al ser órganos de carácter técnico no se debe permitir la participación de sus integrantes tengan algún nexo con algún partido político.

4. Inmunidades; este tipo de característica permitirá garantizar independencia pues ejercerá con pleno desempeño su encargo, sin que se vea afectado por su actuar, sin que ello signifique que no este sujeto a un régimen de responsabilidades.

5. Responsabilidades: deberá informar periódicamente al Poder Legislativo y a los ciudadanos.

6. Transparencia, su actuar podrá ser consultado por cualquier ciudadano que los solicite, lo que permitirá supervisar y evaluar su funcionamiento.

7. Intangibilidad; lo que garantizará su permanencia en razón de que su existencia deberá estar sujeta a proceso de modificación constitucional ``más reforzado'' que el ordinario.

Así pues, el acceso a la información debe ser garantizado por una entidad pública que no guarde relación alguna con los poderes públicos tradicionales, razón por la cual se le debe otorgar autonomía técnica, de gestión y financiera.

Debemos evitar la concentración del poder de los órganos de gobierno, en perjuicio del bien común y de la ciudadanía. En ese orden de ideas, Acción Nacional, comprometido con la sociedad sube a esta Tribuna con el objeto de presentar esta iniciativa que pretende establecer las bases jurídicas que deben regir el órgano autónomo encargado de velar por este derecho de acceso a la información pública.

La iniciativa que se propone busca establecer en los marcos constitucionales tanto federal como de las entidades federativas, órganos autónomos que garanticen y promuevan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, en la obtención de información objetiva, expedita y confiable, generada por los órganos federales y estatales, consolidando con estas acciones, una sociedad mejor informada, con mayores elementos para evaluar el acontecer gubernamental, y con mejores instrumentos para fiscalizar las acciones estatales. Lo que obligará la generación de criterios uniformes en materia de acceso a la información publica.

Para lo cual proponemos la adición de un segundo y tercer párrafo al artículo 6° constitucional, para reconocer al Instituto Federal de Acceso a la Información como un órgano dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual será responsable de la protección y promoción del derecho a la información en poder de los órganos estatales federales, que contará con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria; aunado a que deberán ser sus principios rectores la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, transparencia, publicidad y objetividad.

Asimismo, se propone reformar los artículos 116 y 122, para establecer que los estados y el Distrito Federal, de igual forma constituyan órganos autónomos que garanticen el acceso a la información pública que se genere por parte de sus órganos gobierno.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos con todo respeto a consideración de éste Honorable Congreso de la Unión, el presente

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6°, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 6°; se adiciona la fracción V al artículo 116 recorriéndose las demás en su orden, y se adiciona la base sexta al inciso c) del artículo 122, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6°. ...

Se establece el Instituto Federal de Acceso a la Información, como el organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la protección y promoción del derecho a la información en poder de los órganos estatales federales, y que para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. La certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, transparencia, publicidad y objetividad serán sus principios rectores.

La conducción del Instituto Federal de Acceso a la Información, estará a cargo de un órgano superior de dirección denominada Junta de Gobierno, formada por cuatro comisionados y un Presidente, que serán propuestos por el Presidente de la República y aprobados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente; desempeñarán su encargo por periodos de siete años sin posibilidad de ser reelectos, mediante designaciones escalonadas que prevean el ejercicio autónomo de sus atribuciones; sólo podrán ser removidos de sus funciones en los términos establecidos por el Título Cuarto de esta Constitución y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Instituto y los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia no remunerados. El presidente del Instituto, deberá presentar anualmente un informe de actividades al Congreso de la Unión, en los términos que señale la ley.

Artículo 116. ...

...

I. a IV. ...

V. Las Legislaturas de los estados establecerán en sus constituciones y leyes, organismos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsables de la protección y promoción del derecho a la información en poder de los órganos estatales, y que para el desempeño de sus funciones, contarán con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. La certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, transparencia, publicidad y objetividad serán sus principios rectores.

...

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. ...

B. ...

C. ...

Base Primera a Base Quinta. ...

Base Sexta. La Asamblea Legislativa establecerá en el Estatuto Orgánico y leyes respectivas, un organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la protección y promoción del derecho a la información en poder de los órganos y autoridades locales del Distrito Federal, y que para el desempeño de sus funciones, contara con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. La certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, transparencia, publicidad y objetividad serán sus principios rectores.

D a H. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor por lo que se refiere al ámbito federal, al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores destinados al Organismo denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se transferirán al Organismo creado por este decreto.

Tercero. Los trabajadores del organismo descentralizado denominado Instituto Federal de Acceso a la Información, que en virtud de lo dispuesto en este Decreto pasen al organismo autónomo con igual denominación, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales.

Cuarto. Las solicitudes y recursos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente decreto, se seguirán substanciando ante el Organismo Descentralizado denominado Instituto Federal de Acceso a la Información, en tanto queda debidamente constituido el organismo creado por este decreto.

Quinto. El Instituto Federal de Acceso a la Información, como organismo autónomo, conservará las atribuciones que le han sido otorgadas en otras leyes y reglamentos; persistiendo los derechos y obligaciones derivados de los contratos o convenios celebrados de manera previa al inicio de la vigencia del presente decreto.

Sexto. Dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá quedar debidamente constituido y en operaciones el Organismo creado en el ámbito Federal por este decreto.

Séptimo. Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar las modificaciones necesarias en sus constituciones, así como para expedir las leyes que sean necesarias, a fin de proveer el debido cumplimiento al mismo.

Dip. Federico Döring Casar (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Obséquiese la solicitud del diputado Döring e intégrese el texto en el Diario de los Debates de manera completa y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, para presentar iniciativa que firmada tanto por él como por el diputado Wintilo Vega y el diputado José Antonio de la Vega, reforma diversas disposiciones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez: Con su permiso, Presidente.

En sesión del 30 de junio de 2004, durante el segundo receso legislativo el Presidente de la Mesa Directiva declaró ante el pleno de la Comisión Permanente, aprobado el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo proyecto recogía propuestas de diversas iniciativas de los diputados: José Luis Gutiérrez Cureño, José Adán Dennis Macías, Ismael Cantú Nájera, David Rodríguez Torres, Felipe Calderón Hinojosa, Martí Batres Guadarrama y Uuc-kib Espadas Ancona; todos ellos proponían ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y del Congreso. En esa fecha fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El pasado 2 de agosto el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución para señalar que: ``el Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año para celebrar un periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias''.

Asimismo establece en el artículo segundo transitorio que: ``con la entrada en vigor del decreto, se deberá impulsar las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables a la materia''.

La reforma aprobada por el Constituyente Permanente persigue dos objetivos.

El primero es que los legisladores dispongan de más tiempo de actividad legislativa para la discusión y en su caso aprobación del trabajo realizado en comisiones.

El segundo, adecuar la reforma prevista a la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso de la Unión, para evitar una posible contradicción entre una norma de carácter secundario y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este caso, por supremacía constitucional y de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, dejaría sin efecto la observancia y vigencia, tanto del numeral 1 del artículo 4º, como del numeral 1 del artículo 6º de nuestra Ley Orgánica, por resultar contrarios a los preceptos constitucionales.

Es responsabilidad de los legisladores federales adecuar las leyes secundarias a las normas que el Constituyente Permanente introduce a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soslayar esto sólo introduce en el marco normativo lagunas o inconsistencias que denotan una falta de cuidado de voluntad política.

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Ley Suprema de la nación, que da origen a leyes reglamentarias y las normas que se puedan crear en ellas. Es por eso que la fuerza normativa que éstas tengan, dependerá de que estén o no contempladas en su ordenamiento y de acuerdo a lo establecido en tesis jurisprudencial, sus normas transitorias forman parte de la propia ley fundamental que son obra del Constituyente y en su creación y modificación deben observarse los principios que establece su artículo 135, por lo que su obligatoriedad es de idéntico valor al del propio artículo constitucional.

La reforma que establece el artículo segundo transitorio forma parte de la necesaria actualización del proceso legislativo y en su virtud deberá realizarse a la Ley Orgánica General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 4º y el numeral 1 del artículo 6º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el numeral 1 del artículo 4º y el numeral 1 del artículo 6º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 4º.

Numeral 1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Artículo 6º.

Numeral 1. El 1o. de septiembre a las 17:00 horas y el 1o. de febrero a las 11:00 horas de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, para inaugurar su periodo de sesiones ordinarias.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben la presente iniciativa el diputado Wintilo Vega Murillo, el diputado Antonio de la Vega Asmitia y el diputado Eduardo Espinoza Pérez.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En sesión del 30 de junio de 2004, durante el segundo receso legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva declaró ante el Pleno de la Comisión Permanente aprobado el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto recogía propuestas de diversas iniciativas de los diputados José Luis Gutiérrez Cureño, José Adán Deniz Macías, Ismael Cantú Nájera, David Rodríguez Torres, Felipe Calderón Hinojosa, Martí Batres Guadarrama y Uuc-kib Espadas Ancona; todos ellos proponían ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones. En esa fecha fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El pasado 2 de agosto el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 65 del Código Supremo; para señalar que:

``El Congreso se reunirá a partir del 1º de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1º de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias''.

Así mismo establece en el artículo segundo transitorio que:

``Con la entrada en vigor del decreto se deberá impulsar las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables a la materia''.

La reforma aprobada por el Constituyente Permanente, persigue dos objetivos. El primero es que los legisladores dispongan de más tiempo de actividad legislativa, para la discusión y en su caso aprobación del trabajo realizado en comisiones. El segundo, adecuar la reforma prevista a la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso de la Unión, para evitar una posible contradicción entre una norma de carácter secundario y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso por Supremacía Constitucional y de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, dejaría sin efecto la observancia y vigencia tanto del numeral 1 del artículo 4 como del numeral 1 del artículo 6 de nuestra Ley Orgánica, por resultar contrarios a los preceptos constitucionales.

Es responsabilidad de los legisladores federales adecuar las leyes secundarias a las reformas que el Constituyente Permanente introduce a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soslayar esto sólo introduce en el marco normativo lagunas o inconsistencias que denotan una falta de cuidado o de voluntad política.

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema de la Nación que da origen a las leyes reglamentarias y las normas que se puedan crear en ellas. Es por ello que la fuerza normativa que estas tengan dependerá de que estén o no contempladas en su ordenamiento y de acuerdo a lo establecido en tesis jurisprudencial ``Sus normas transitorias forman parte de la propia Ley Fundamental, que son obra del Constituyente, y en su creación y modificación deben observarse los principios que establece su artículo 135, por lo que su obligatoriedad es de idéntico valor al del propio articulado constitucional''.

La reforma que establece el artículo segundo transitorio forma parte de la necesaria actualización del proceso legislativo, y que en su virtud deberá de realizarse a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el numeral 1 del artículo 4 y el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4º.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

... ...

Artículo 6º.

1. El 1 de septiembre a la 17:00 horas y el 1 de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias. Transitorios

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Eduardo Espinoza Pérez, Wintilo Vega Murillo, Antonio de la Vega Asmitia (rúbricas)»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto para el final de esta sesión.

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LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, diputado Presidente.

Durante la administración del Presidente Vicente Fox, los mexicanos hemos sido testigos de los importantes esfuerzos desplegados por su gobierno, para que tanto los banqueros como los empresarios de diversos ramos, no sean afectados en sus intereses económicos.

Al propio tiempo, hemos podido percatarnos de la defensa que a toda costa se hace para mantener una amplia plantilla de servidores públicos de mandos medios y superiores que gozan de altos sueldos y ventajosas prestaciones.

Sin embargo, al cumplirse 4 años de una administración que prometió un cambio para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, advertimos que la base trabajadora al servicio del Estado no ha sido valorada por este Gobierno, sino por el contrario, los programas de separación voluntaria instrumentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han enfocado fundamentalmente a ellos con el afán de eliminar el mayor número de burócratas posibles, olvidando que a través de los años han sido el sostén de las instituciones y el motor de la Administración Pública Federal, con independencia de sus preferencias partidistas y del partido que presida el Gobierno.

Es por ello que el grupo parlamentario de Convergencia, insiste desde esta tribuna en la necesidad de plasmar en el texto de la ley todas aquellas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contribuyan a beneficiar a los trabajadores; tal es el caso del pago de la prima vacacional a la que alude el artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuyo texto se especifica, cito: ``...los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta ley disfruten de 1 o de los 2 periodos de 10 días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un 30 por ciento sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos periodos''.

Cabe resaltar que el artículo 30 a su vez señala que los trabajadores que tengan más de 6 meses consecutivos de servicios, disfrutarán de 2 periodos anuales de vacaciones de 10 días laborables cada uno de ellos.

De lo anterior, se desprende con claridad que anualmente los trabajadores al servicio del Estado deben percibir un pago de 20 días de vacaciones en 2 exhibiciones, cada una correspondiente a 10 días, equivalente a un 30 por ciento sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos periodos.

Sin embargo y a pesar de que anualmente se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación el pago por dicho concepto, tanto para los trabajadores de base como de confianza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina cubrir dicha prestación únicamente considerando el salario base que perciben los trabajadores y no el integrado, por lo que consideramos que hay una merma considerable en contra de los burócratas del país que debe resarcirse de manera generalizada y no necesariamente de manera individualizada por cada empleado federal que desee hacer valer su derecho ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del juicio de amparo, sino que es indispensable dejar plasmado en la legislación burocrática el criterio de los tribunales colegiados en materia de trabajo y de la Corte respectivamente, en beneficio de los trabajadores más leales del Gobierno Federal.

Dicho argumento, que es jurisprudencia, sostiene, para cuantificar la prima vacacional, debe tomarse como base el salario total que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, no el salario base, que quede claro.

Por lo tanto y considerando que la propia ley de la materia en su artículo 32 establece que el salario es el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, luego entonces lo legal y lo justo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pague el 30 por ciento correspondiente a prima vacacional con base al sueldo integrado; esto es, considerando el concepto de compensación garantizada, quinquenio, despensa o cualquier otro que reciba el trabajador, sin menoscabo de los convenios que los sindicatos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hayan celebrado de manera específica con las autoridades ni de los beneficios contenidos en las condiciones generales de trabajo.

Esta iniciativa, ciertamente, tendrá que ser discutida, analizada y estudiada en la comisión correspondiente, para obtener un dictamen que sea sometido a la votación del pleno y de esta manera modificar el texto de la ley burocrática en los términos que hoy proponemos.

Sin embargo, por sí mismo el criterio jurídico debería aplicarse de inmediato por las autoridades administrativas del Estado, ya que desde el año 2002 se pronunció en ese sentido el Poder Judicial Federal y al respecto de la jurisprudencia, sería argumento suficiente para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pague a los trabajadores la prima vacacional a la que tienen derecho, con base a la misma; es decir, conforme al salario íntegro y dado que han tenido un ahorro considerable por el tiempo en que han pagado al trabajador la prima vacacional, atendiendo al sueldo base exclusivamente y a los programas de separación voluntaria.

Sería deseable que los maestros, secretarias, choferes, personal administrativo y operativo, los soldados y marineros del país, los policías, personal de intendencia, en general los burócratas, reciban el segundo pago de la prima vacacional correspondiente al presente año, apegado a derecho.

Ese es el espíritu de justicia que la fracción parlamentaria de Convergencia invoca el día de hoy y que por los motivos y fundamentos expuestos, compañeras y compañeros legisladores, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa siguiente con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo único, artículo 40, tercer párrafo. Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta ley disfruten de uno o de los 2 periodos de 10 días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un 30 por ciento sobre el suelo o salario íntegro, que les corresponda durante dichos periodos.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, relativa al pago de prima vacacional conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante la administración del presidente Fox, los mexicanos hemos sido testigos de los importantes esfuerzos realizados por su gobierno, para que tanto los banqueros como los empresarios de diversos ramos, no sean afectados en sus intereses económicos.

Al propio tiempo, hemos podido percatarnos de la defensa que a toda costa se hace para mantener una amplia plantilla de servidores públicos de mandos medios y superiores que gozan de altos sueldos y ventajosas prestaciones.

Sin embargo, al cumplirse cuatro años de una administración que prometió un cambio, sin éxito hasta ahora, para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, advertimos que la base trabajadora al servicio del Estado, no ha sido valorada por este gobierno, sino por el contrario, los programas de separación voluntaria instrumentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han enfocado fundamentalmente a ellos, con el afán de eliminar al mayor número de burócratas posible, olvidando que, a través de los años, han sido el sostén de las instituciones y el motor de la administración pública federal, independientemente de sus preferencias partidistas y del partido que presida el gobierno.

Es por ello, que el grupo parlamentario de Convergencia, insiste desde esta tribuna, en la necesidad de plasmar, en el texto de la ley, todas aquéllas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contribuyan a beneficiar a los trabajadores.

Tal es el caso del pago de la prima vacacional a la que alude el artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuyo texto se especifica: cito, `` los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta Ley disfruten de uno o de los dos periodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos períodos''.

Cabe resaltar que el artículo 30, a su vez señala, que los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno.

De lo anterior se desprende con claridad, que anualmente los Trabajadores al Servicio del Estado deben percibir un pago de veinte días de vacaciones, en dos exhibiciones, cada una correspondiente a diez días, equivalente a un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos periodos.

Sin embargo, y a pesar de que anualmente se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación el pago por dicho concepto tanto para los trabajadores de base como de confianza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina cubrir dicha prestación, únicamente considerando el salario base que perciben los trabajadores y no al integrado, por lo que consideramos que hay una merma considerable en contra de los burócratas del país, que debe resarcirse de manera generalizada y, no necesariamente de manera individualizada, por cada empleado federal que desee hacer valer su derecho ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del Juicio de Amparo, sino que es indispensable dejar plasmado en la legislación burocrática, el criterio de los tribunales colegiados en materia de trabajo y de la Corte, respectivamente, en beneficio de los trabajadores más leales del gobierno federal.

Dicho argumento, que es jurisprudencia, sostiene que para cuantificar la prima vacacional deberá tomarse como base el salario total que reciba el trabajador por la prestación de sus servicios, no el salario base, que quede claro, por lo tanto y considerando que la propia ley de la materia, en su artículo 32, establece que el salario es el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, luego entonces, lo legal y lo justo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pague el treinta por ciento correspondiente a prima vacacional con base al sueldo integrado, esto es, considerando el concepto de compensación garantizada, quinquenio, despensa, o cualquier otro, que reciba el trabajador, sin menoscabo de los convenios que los sindicatos de las dependencias y entidades de la administración pública federal hayan celebrado de manera específica con las autoridades, ni de los beneficios contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo.

Esta iniciativa, ciertamente, tendrá que ser discutida, analizada y estudiada en la Comisión correspondiente para obtener un dictamen que sea sometido a la votación del pleno y de esta manera modificar el texto de la ley burocrática en los términos que hoy proponemos.

Sin embargo, por sí mismo, el criterio jurídico debería aplicarse de inmediato por las autoridades administrativas del Estado, ya que desde el año 2002 se pronunció en ese sentido el Poder Judicial Federal y el respeto de la jurisprudencia sería argumento suficiente para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pague a los trabajadores la prima vacacional a la que tienen derecho con base a la misma, es decir, conforme al salario íntegro, y dado que han tenido un ahorro considerable por el tiempo en que han pagado al trabajador la prima vacacional atendiendo al sueldo base exclusivamente y a los programas de separación voluntaria, sería deseable que los maestros, secretarias, choferes, personal administrativo y operativo, los soldados y marineros del país, los policías, personal de intendencia y en general, los burócratas, reciban el segundo pago de la prima vacacional correspondiente al presente año apegado a derecho.

Ese es el espíritu de justicia que la fracción parlamentaria de Convergencia invoca el día de hoy y que por los motivos y fundamentos expuestos, compañeras y compañeros legisladores sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo Único

Artículo 40. Tercer párrafo

...

...

los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta Ley disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario íntegro que les corresponda durante dichos períodos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2004.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Como lo ha solicitado el señor diputado Maldonado, túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Esta Presidencia saluda a un grupo de aguascalentenses integrado por estudiantes, invitados especiales del diputado Jaime del Conde, y les desea una feliz estancia.

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LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer un premio de ciencia y tecnología y uno de cultura y las artes.El diputado Julio César Córdova Martínez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La importancia que tiene para el país el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y la promoción de la cultura y las artes, es tal que el Gobierno Federal debe hacer un reconocimiento público diferenciado y con las instancias de premiación más adecuadas a las personas físicas que por actividad creadora e innovadora, producciones o trabajos docentes, contribuyan a enriquecer el avance científico y tecnológico.

Un reconocimiento de Estado a los científicos sirve para marcar los hitos de nuestros avances y triunfos a la posteridad. Con ese propósito la búsqueda de reconocimiento, ese factor que ha guiado a los individuos y a las naciones desde tiempos remotos, coadyuva a incentivar el trabajo tanto de los galardonados como de sus equipos e instituciones donde desarrollan su inteligencia.

Aristóteles ya identificaba la búsqueda de reconocimiento como una de las razones humanas fundamentales que explicaban la historia individual y colectiva.

En el siglo XXI la mayor relevancia para extender reconocimientos al México que crea e inventa; al México que descubre y transforma, es apoyar al futuro.

Las tendencias de la nueva economía pasan por áreas de oportunidad en las cuales los investigadores mexicanos están trabajando para hacer aportaciones significativas al desarrollo de esas disciplinas a escala mundial.

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que hace el Estado a las personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que dicha ley establece.

Continuando con el contexto, dicha ley establece un solo premio para las disciplinas inherentes a las ciencias y a las artes. En materia de los órganos para el otorgamiento de los premios, estímulos y recompensas civiles, la ley vigente establece un mismo consejo de premiación para el Premio Nacional de Ciencias y Artes que es presidido por la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que antes el Conacyt estaba sectorizado a esta Secretaría y por lo tanto la SEP presidía el Consejo del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología; más ahora, de acuerdo a las nuevas reformas legales para la ciencia y la tecnología, el Conacyt es una entidad del Ejecutivo federal, no sectorizada, con las siguientes atribuciones:

La política de Estado y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;

Ejercer la coordinación sectorial del sistema de centros públicos de investigación;

Establecer el ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y

Coordinar la ejecución del programa especial de ciencia y tecnología.

Por lo tanto, la Presidencia de la SEP en el consejo del premio nacional ya no se justifica y es plenamente entendible que sumemos esfuerzos para integrar y reubicar los premios nacionales de ciencia y tecnología, bajo la presidencia y coordinación del Conacyt.

Por estas razones y con objeto de hacer congruente la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con la Ley de Ciencia y Tecnología y la nueva Ley Orgánica del Conacyt, es que se propone establecer un premio para las disciplinas inherentes al ámbito propio de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la actuación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo cual se propone que el premio abarque los 5 campos siguientes:

Primero, ciencias exactas;

Segundo, ciencias naturales;

Tercero, ciencias sociales;

Cuarto, innovación y desarrollo tecnológico, y

Cinco, diseño industrial.

Por lo que hace a la composición del Consejo de Premiación, se propone que sea presidido por el director general del Conacyt y que sea integrado por representantes de las dependencias estrechamente vinculadas con la ciencia y la tecnología como lo son la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Economía; las agrupaciones más representativas de los sectores vinculados al desarrollo científico y la innovación tecnológica previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología como lo son el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico que aglutina a los centros de investigación, academias, institutos nacionales de investigación y cámaras industriales.

También la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la instancia permanente de coordinación del Conacyt con las dependencias y entidades competentes en la materia de los gobiernos de las entidades federativas y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, además de la Academia Mexicana de Ciencias.

Atendiendo que con esta iniciativa se divide para su especialización por identidad propia el actual premio de ciencias y artes, por lo tanto es necesario modificar lo conducente también a las artes, para adecuar sus disposiciones respecto al premio que se otorgará sobre esta disciplina.

Por ello se propone que el Conacyt no forme parte del Consejo de Premiación del nuevo Premio Nacional de Cultura y las Artes y que se incorporen en dicho consejo, el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y los directores generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, por ser éstas las instituciones vinculadas directamente con los campos de este premio.

Por último, se sugiere que la Comisión de Cultura de esta Cámara, emita su opinión correspondiente para este Premio Nacional de Cultura y las Artes.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º, 6º, 44, 45, 46 y 120; y se adicionan los artículos 46 A y 46 B de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Compañeras y compañeros diputados, yo los invito a construir juntos un mejor futuro, ya que tenemos el poder para moldearlo.

El mandato de esta soberanía cuando se vote la iniciativa en comento, se unirá a la capacidad de nuestros cuadros científicos y tecnológicos para incrementar nuestras habilidades y premiar con entusiasmo los logros y avances de los equipos de investigación y de los líderes que están ampliando los horizontes de la ciencia y de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer un premio de ciencia y tecnología y uno de cultura y las artes, a cargo del diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer de forma diferenciada un premio para artes y otro para ciencias, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles (LPERC) tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que, por su conducta, actos u obras valiosas o relevantes, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma ley establece. A su vez, el artículo 6 enumera los diversos premios nacionales que se otorgan, correspondiendo a las ciencias y artes la fracción III.

En este ámbito, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles vigente establece un solo premio tanto para las disciplinas inherentes a ciencias como a las inherentes a las artes. La importancia que tiene para el país tanto el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, como la promoción de la cultura y las artes, justifica que el Gobierno Federal haga un reconocimiento público diferenciado y con las instancias de premiación más adecuadas a las personas físicas que por su actividad creadora e innovadora, producciones o trabajos docentes contribuyan a enriquecer tanto el avance cultural como a la ciencia y la tecnología.

Asimismo, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles vigente establece un mismo Consejo de Premiación para el Premio Nacional de Ciencia y Artes, el cual preside la Secretaría de Educación Pública. Actualmente, conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la nueva Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 2002, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es una entidad del Ejecutivo federal no sectorizada. Anteriormente el Conacyt estaba sectorizado en la Secretaría de Educación Pública lo que entonces justificó que dicha Dependencia presidiera el Consejo de Premiación del Premio Nacional que incluía las disciplinas o campos de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo que viene ocurriendo a la fecha.

Igualmente, el Conacyt es el responsable de la política del Estado y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; de ejercer la coordinación sectorial del sistema de centros públicos Conacyt; de establecer el ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación; de coordinar la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006; todo lo cual justifica y contribuye a sumar los esfuerzos para integrar y reubicar los premios nacionales de ciencias bajo la Presidencia y coordinación del Conacyt.

Por estas razones y con el objeto de hacer congruente la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con la Ley de Ciencia y Tecnología y la nueva Ley Orgánica del Conacyt es que se propone establecer un Premio para las disciplinas inherentes al ámbito propio de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la actuación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como lo son las ciencias exactas, sociales y naturales, por lo cual se propone que el Premio abarque los cinco campos siguientes: ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, innovación y desarrollo tecnológico; y diseño industrial.

Con el mismo argumento, se propone que el Consejo de Premiación para estos premios sea presidido por el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se integre por representantes de las dependencias estrechamente vinculadas con la ciencia y la tecnología como las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como por las agrupaciones más representativas de los sectores vinculados al desarrollo científico y la innovación tecnológica previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, como lo son el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que aglutina a los centros de investigación, academias, institutos de investigación y cámaras industriales, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología que es la instancia permanente de coordinación del Conacyt con las dependencias y entidades competentes en la materia de los gobiernos de las entidades federativas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como la Academia Mexicana de Ciencias.

Atendiendo a que con esta Iniciativa se divide para su especialización por identidad propia el actual de Premio de Ciencia y Artes, consecuentemente es necesario modificar lo conducente a las Artes para adecuar sus disposiciones respecto al Premio que se otorgará sobre esta disciplina. Por ello se propone, por un lado que deje de formar parte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como miembro del Consejo de Premiación del nuevo Premio Nacional de Cultura y las Artes, y por otro que se incorporen el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como los Directores Generales de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes que son las instituciones vinculadas directamente con los campos de este Premio. Para este Premio se sugiere que la Comisión de Cultura de esta Cámara emita su opinión correspondiente.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Primero. Se reforman los artículos 2, 6, 44, 45, 46 y 120; y se adicionan los artículos 46-A y 46-B de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

Se exceptúa la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, que se otorga a extranjeros, el Premio México de Ciencia y Tecnología y el Premio Nacional de Derechos Humanos a los que podrán hacerse acreedores, extranjeros radicados en el territorio nacional, cuya labor incida en favor de los mexicanos.

Artículo 6. Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

I. a II. ...

III. De Cultura y las Artes.

IV. a XVI. ...

XVII. De Ciencia y Tecnología.

Artículo 44. Habrá Premio Nacional de Cultura y las Artes en cada uno de los campos siguientes:

I. Lingüística y Literatura;

II. Bellas Artes;

III. Historia y Filosofía; y

IV. Artes y Tradiciones Populares.

Artículo 45. Merecerán estos premios quienes por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el del arte o de la filosofía.

Artículo 46. El Premio se tramitará en la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, además con el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el de la Universidad Autónoma Metropolitana, los directores generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional Bellas Artes y por representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del Colegio Nacional.

Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones Populares, el Consejo se integrará, aparte de los representantes de las instituciones señaladas, con el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y los directores generales de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública y del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Artículo 46-A. El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología es un reconocimiento público que hace el Gobierno Federal a las personas físicas que por su actividad creadora e innovadora, producciones o trabajos docentes, de investigación, ciencias exactas, naturales y sociales; la innovación y el desarrollo tecnológico; y el diseño industrial, o de difusión del conocimiento científico y tecnológico hayan contribuido a enriquecer el avance y fortalecimiento de la cultura científica y tecnología nacional. El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología consistirá en diploma, medalla y la cantidad en numerario que fije el Consejo de Premiación.

Artículo 46-B. El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología se entregará en los siguientes campos:

I. Ciencias exactas;

II. Ciencias naturales;

III. Ciencias sociales;

IV. Innovación y desarrollo tecnológico; y

V. Diseño industrial.

El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología se tramitará en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación.

El Consejo de Premiación se integrará de la siguiente forma:

I. Un representante de la Secretaría de Educación Pública;

II. Un representante de la Secretaría de Economía;

III. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;

IV. Un representante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;

V. Un representante de la Academia Mexicana de Ciencias; y

VI. Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Consejo de Premiación establecerá las bases, principios y criterios para el otorgamiento de Premio Nacional de Ciencia y Tecnología así como los términos y condiciones para las convocatorias correspondientes.

Disposiciones Generales

Artículo 120. Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida correspondiente de la secretaría o entidad donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el Capítulo XVI únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario.

Artículos Transitorios

Primero. La Secretaría de Educación Pública con el apoyo técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transferirá al ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2004, la parte proporcional de la partida presupuestal que destinaba al anterior premio de ciencias, considerando la erogación prevista para el actual premio de cultura y las artes.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre del año 2004.--- Dip. Julio César Córdova Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

El suscrito, diputado José Guadalupe Osuna Millán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que tiene como propósito principal modificar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El ejecutivo Federal presentó el día 8 de septiembre del año en curso a esta Cámara de Diputados, una iniciativa que modificaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, misma que fue aprobada tanto por esta Cámara de origen como por la de Senadores, el día 5 y 12 de noviembre, respectivamente, sin sufrir modificaciones en su contenido. Dicha Iniciativa fue publicada el día 1 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa en comento señalaba que las modificaciones propuestas tenían por objeto evitar que se cuestionara la constitucionalidad de la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pero que en ningún momento se afectarían los ingresos que por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos les corresponden a las entidades Federativas.

Además de lo anterior, la Iniciativa del ejecutivo Federal proponía modificar la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la ley en análisis. Sin embargo, al modificar dicha periodicidad, también se eliminó la disposición que actualiza la propia base del impuesto para los vehículos usados, es decir, el valor de dichos vehículos.

Lo anterior, trae como consecuencia que al momento de calcular el impuesto a los vehículos usados, sí se les aplique la depreciación que les corresponda dependiendo del año modelo, pero se pierda la actualización del valor total de dichos bienes, generando con ello una disminución considerable en la base del impuesto y por consiguiente se estima una disminución de hasta el 30% en los ingresos que por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos reciben las entidades Federativas.

La disminución en la recaudación del impuesto en análisis impacta de manera significativa en los ingresos de las propias entidades Federativas que, en algunos casos, representa una recaudación mayor a la que obtienen por los impuestos locales de predial y de nóminas.

Tomando en consideración que la intención del ejecutivo Federal fue la de no reducir los ingresos que reciben las entidades Federativas por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el que suscribe propone modificar la Iniciativa presentada por el ejecutivo Federal y aprobada por este Congreso de la Unión, para corregir el problema antes comentado.

Por todo lo expuesto, considero que la necesidad es clara respecto a la modificación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por lo que someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 15-B, primer párrafo, excepto su tabla, y fracción II; 15-C, primer párrafo, incisos b), y 15-D, primer párrafo, inciso b); se deroga el artículo 15-B, segundo párrafo, recorriéndose los demás en su orden, y se adicionan los artículos 15-B, con un penúltimo párrafo y 15-C, con un penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

``Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos 5o., fracción IV y 14-B de esta Ley, así como de aeronaves y motocicletas, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente:

...

Segundo párrafo (Se deroga).

...

II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere este artículo; el resultado obtenido se multiplicará por 0.245%.

El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de diciembre de cada año.

...

Artículo 15-C. ...

b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 15-B de esta Ley; al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5o. de esta Ley.

El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del año inmediato anterior a aquél en el que se adquirió el automóvil de que se trate, hasta el último mes del año inmediato anterior a aquél por el que se debe efectuar el pago, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de diciembre de cada año.

...

Artículo 15-D. ...

b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 15-B de esta Ley; al resultado se le aplicará la tasa a que hace referencia el artículo 13 de la misma.

...''

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México DF, 02 de Diciembre de 2004.--- Dip. José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado Osuna.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.

La suscrita, diputada federal Irma Figueroa Romero, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la que se modifica el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las denominadas Áreas Naturales Protegidas, se conforman por diversos espacios de conservación ambiental en el territorio mexicano, en estas zonas se han logrado establecer y desarrollar; gestión y corresponsabilidad, tanto de instituciones públicas y privadas, como de las comunidades que en ellas habitan, esto ha sido con el objetivo primordial de una adecuada conservación y preservación de estas áreas ecológicas, por lo que se ha hecho indispensable además, realizar un plan especial para cada una de éstas, lo que también permite fomentar y permitir actividades de turismo ecológico, turismo cultural, educación medioambiental y por supuesto la conservación de los ecosistemas en un marco de desarrollo sustentable.

Para llevar a cabo lo anterior, se requiere de manera importante de la participación y apoyo de los municipios, organizaciones civiles y de los individuos que viven dentro y alrededor de las reservas de ecosistemas, así como de los prestadores de servicios turísticos y eventualmente de inversionistas y empresarios que desarrollen proyectos ad hoc en las llamadas áreas naturales.

Con la meta de apoyar tanto a las comunidades, los municipios y el desarrollo de ellos, he decidido proponer a esta Honorable Cámara, la presente propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos, con el propósito de otorgar y aplicar los mecanismos jurídicos que favorezcan la vinculación del ecoturismo, con la condición de sustentabilidad, considerando que en el ámbito internacional se le está confiriendo una gran importancia para mantener los equilibrios ecológicos y la biodiversidad. Sobre el particular, cabe mencionar que el año 2002, fue declarado ``Año Internacional del Ecoturismo'' por la Organización de las Naciones Unidas, lo que hace ver la importancia de legislar en aras de conservar la riqueza ecológica, la conservación de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas ``Patrimonio de la Humanidad'' y de las generaciones futuras, por lo cual considero que se debe promocionar el crecimiento del ecoturismo, fomentar esta actividad y hacer las adaptaciones normativas que se requieren para responder a las circunstancias presentes y futuras.

Para lograr lo anteriormente señalado, se deben fomentar actividades de conservación, preservación y cuidado del ambiente a través de instituciones de los tres niveles federal, estatal y municipal, promover y permitir la participación del sector privado, ya sea para el manejo de procesos y/o proyectos de turismo alternativo y del cuidado de la totalidad de un área natural. Asimismo, no solamente proporcionar recursos económicos, sino ayudar a obtener recursos y financiamiento a través de actividades de educación ambiental y adecuar el marco jurídico y legal, apoyar la capacitación de los habitantes de las áreas naturales, lograr convenios con universidades e instituciones de investigación y la formación de recursos especializados, lograr la certeza jurídica en la tenencia de las áreas de conservación, revisar los proyectos y legislación de los parques naturales o reservas de otros países y lograr las autonomías administrativa y financiera, considerando todo lo anterior, como los factores que mejor inciden en la conservación y desarrollo de estas zonas.

Debemos comprender que no se trata solamente de un compromiso social y/o político, sino que se debe entender como la mejor solución al problema tanto del financiamiento, como de la conservación, mantenimiento y preservación de las áreas protegidas.

Para que un proyecto ecoturístico y medio ambientalista tenga resultados favorables, se necesitan realizar todas las actividades anteriormente enunciadas, lo que dará como resultado el desarrollo sustentable de personas, comunidades y empresas ecológicas en las áreas naturales protegidas.

El objetivo central para quienes tenemos la posibilidad de contribuir desde el Congreso de la Unión es por un lado, emitir las normas jurídicas que apoyen decididamente y sin limitaciones el desarrollo sustentable y la conservación y preservación del medio ambiente para las futuras generaciones y lograr paralelamente que haya prácticas de búsqueda y obtención de fondos y recursos, de manera sistemática para las áreas y sus proyectos individuales y específicos, lo que facilitará avanzar hacia un sistema consolidado que evite desigualdades e ineficiencias en el uso de los recursos generados en las áreas naturales protegidas.

Comprendiendo que la protección de la biodiversidad esta ligada a la conservación de los ecosistemas y las especies vegetales y animales, por lo que es importante destinar los ingresos generados a las actividades relacionadas con la protección de la biodiversidad de cada área natural.

El entorno natural que sustenta las actividades productivas y el desarrollo sustentable puede entenderse como capital natural o capital ecológico, que ofrece un flujo de servicios ambientales y ecológicos. Si el consumo de este capital natural supera su capacidad de renovación y mantenimiento se provocará una dinámica de degradación, que dará como resultado un alto costo en la reinversión y recuperación de las áreas naturales marítimas.

Este enfoque ya ha sido formulado por diversos autores y asociaciones destinadas a la investigación y preservación del medio ambiente, por lo que nuestra aportación tiene como único elemento novedoso, la aplicación de los recursos financieros obtenidos en cada una de las áreas naturales, para mantener el acervo de riqueza natural y la biodiversidad, recordando que México es un país mega diverso, ocupando el cuarto sitio a nivel mundial y que la preservación de esta riqueza se logrará, sólo si se permite una racional explotación de estas zonas, y que una parte del capital generado por cada área natural sea para garantizar su aplicación en el cuidado de la propia zona a través de un flujo de ingresos constante. Precisando que cada visitante o usuario, ya sea investigador, turista o académico de las áreas naturales debe adoptar una conducta de conservación y preservación, para el mejoramiento de estas áreas.

Los problemas asociados al manejo de las áreas naturales pertenecen a la esfera de lo público, ya que los beneficios que producen éstas (equilibrio ecológico, generación de agua, generación de oxígeno, etc.) son de interés general, reiterando que la responsabilidad y la intervención coordinadora del Estado es indispensable y que una función ambiental es un proceso natural capaz de proporcionar bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.

En una estrategia viable de mantenimiento, preservación, educación ambiental y desarrollo sustentable en la aplicación del capital natural del país resulta indispensable otorgar el valor económico generado en la medida que esto sea posible.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, someto ante esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 198. ...

I. ...

II. ...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a los que se refiere este articulo, se asignarán a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien deberá destinar al menos el 50% del recurso, para acciones y proyectos de protección, manejo, restauración y gestión para la conservación y aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas Marinas, generadoras del derecho, conforme a lo establecido en su programa de manejo.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias señores diputados.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señora diputada Figueroa.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó iniciativa que reforma el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari y Jacqueline Argüelles Guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

El concepto biodiversidad o diversidad biológica se refiere a las diversas formas de vida. Abarca los tres grandes niveles de organización biológica: los genes, las especies y los ecosistemas. La biodiversidad refleja también las relaciones entre los ecosistemas, incluyendo los suelos o el agua y los seres vivos que en ellos habitan.

Debido a que México se encuentra parcialmente dentro de la banda intertropical, a sus más de 10,000 kilómetros de costas, a su compleja geología y a su variada topografía, se ha desarrollado en nuestro país una gran diversidad de condiciones climáticas y ambientales. La variedad de ecosistemas y riqueza biológica que los componen hacen que México se encuentre entre los cinco países con mayor diversidad de plantas y animales del mundo.

El número total de especies conocidas en México es aproximadamente de 65,000. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra entre los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Al respecto, se han descrito 26 mil especies de plantas, 300 especies de anfibios, 710 de reptiles y casi 500 de mamíferos. Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a México como un país megadiverso, ya que representa al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta.

También, México es uno de los pocos países con el privilegio de contar con un mar propio, entre nuestros límites territoriales, el Golfo de California o Mar de Cortés. En el Caribe compartimos con Belice, Guatemala y Honduras la segunda más grande barrera arrecifal del planeta. También cuenta con la mayor diversidad marina del hemisferio occidental y somos el número uno a nivel mundial en número de especies de pinos, encinos y cactáceas. En cuanto a la variedad de reptiles y mamíferos somos los primeros y segundos respectivamente, a nivel mundial.

Aunada a esta riqueza, México cuenta con gran cantidad de especies distribuidas exclusivamente dentro de sus límites geopolíticos, es decir, especies endémicas. Así, más de 1000 especies de vertebrados son exclusivas de nuestro territorio. No obstante, muchas regiones se han destruido y que muchas especies de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción, aproximadamente 40 especies de vertebrados mexicanos y varias especies de plantas. Diversos factores asociados a las actividades humanas, han propiciado este panorama, sin embargo, el principal ha sido la destrucción o alteración de los ecosistemas, ya que de esta forma se han eliminando los recursos que muchas especies que habitan en estos ecosistemas, requieren para sobrevivir. Esta destrucción o alteración se ha hecho en ocasiones en forma accidental, por ejemplo con los incendios provocados por descuidos humanos, pero generalmente es intencional y obedece al desarrollo de alguna actividad productiva, como la explotación forestal, la agricultura, la pesca y la ganadería.

De acuerdo con los resultados preliminares del inventario forestal nacional se pierden más de 700,000 hectáreas de bosques, selvas y matorrales al año, a este paso, en menos de 80 años se habrán perdido el total de nuestra cobertura vegetal y seremos un país pobre y moribundo. Junto con esta pérdida, también se extinguen animales para siempre y reducimos las posibilidades de una buena calidad de vida.

Por otra parte, se debe considerar el problema de la sobreexplotación, es decir, extracción a una tasa mayor que la que puede ser sostenida por la capacidad reproductiva natural de la población que se está aprovechando, además de los constantes desequilibrios ecológicos producidos por sustancias tóxicas provenientes de fuentes industriales, tales como óxidos de azufre, de nitrógeno, oxidantes, lluvia ácida; agroquímicos y metales pesados en los cuerpos de agua, en el suelo, en la atmósfera y en la vida silvestre, incluyendo al hombre.

Asimismo, se han atestiguado rápidos cambios en los patrones regionales de clima. Este problema implica el incremento de bióxido de carbono, lo cual produce alteraciones regionales como ``El Niño'', y efectos locales como la desertización. El cambio climático afecta drásticamente los biomas mundiales como bosques boreales, arrecifes de coral, manglares, humedales.

Por otra parte, la introducción de especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas contra la biodiversidad, la cual continúa creciendo, y, en muchos casos, reemplazan prácticamente a las especies nativas. Esta introducción está creando problemas en todos los ecosistemas.

En general, la pérdida de biodiversidad representa inevitablemente la reducción en la población de especies, con la consecuente pérdida de diversidad genética y el incremento de la vulnerabilidad de las especies y poblaciones a enfermedades, cacería, y cambios fortuitos en las poblaciones.

La extinción de especies es una de las consecuencias más importantes de la pérdida de la biodiversidad. Aún cuando la extinción es un proceso natural a la intensa transformación del hombre sobre el medio natural, actualmente, los rápidos niveles a los que se da, se deben principalmente a procesos antropogénicos que resultan de la pérdida de hábitat, la explotación excesiva, las especies introducidas y las interacciones entre todos esos factores. Hay muchos subtipos dentro de cada uno de los procesos principales mencionados. Esos procesos pueden considerarse fuerzas extrínsecas, es decir, las causas últimas de la extinción, o agentes subyacentes según el ``paradigma de la población en disminución''. Son estos procesos los que crean clara diferencia en los actuales espasmos de extinción de los periodos anteriores.

La rápida destrucción de los ecosistemas más diversos del mundo, especialmente en los trópicos, ha llevado a los expertos a concluir que probablemente una cuarta parte de la totalidad de la diversidad biológica del planeta está en serio peligro de extinción durante los próximos 20-30 años. Las tasas de extinción predicen que una de cada cincuenta especies del total que hoy pueblan la Tierra habrá desaparecido a finales del siglo XXI mas de la mitad.

Sabemos que las políticas de conservación y manejo de la biodiversidad deben ser definidas considerando los tres niveles básicos de organización de la biodiversidad y éstas deberán ser agrupadas, sistematizadas, jerarquizadas y analizadas de acuerdo con el nivel de organización biológica que estemos tratando. Un sistema para poder clasificar las especies que son consideradas como en riesgo o peligro de extinción, son los listados. Este sistema se ha utilizado en diversos acuerdos internacionales de los cuales México es parte. Un claro ejemplo es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual busca someter el comercio internacional de especímenes de determinadas especies a ciertos controles, en donde toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del catálogo de especies amparadas por la Convención sólo podrá autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias. Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, o listados, según el grado de protección que necesiten.1

Por otra parte, desde 1994 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) adoptó un nuevo conjunto de reglas, las Categorías de Clasificación de Especies Amenazadas en las Listas Rojas y en los Libros Rojos. La Lista Roja, es el inventario más completo del estado de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial, utiliza un conjunto de criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de especies y subespecies. Estos criterios son relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo. Con su fuerte base científica, La Lista Roja de la UICN es reconocida como la guía de mayor autoridad sobre el estado de la diversidad biológica. El objetivo general de la Lista Roja es transmitir la urgencia y magnitud de los problemas de conservación al público y a los encargados de tomar decisiones, y motivar a la comunidad mundial a tratar de reducir la extinción de las especies.

En la legislación mexicana, la ley General de Vida Silvestre, en su artículo 56 establece que ``la Secretaría identificará, a través de listas, las especies o poblaciones en riesgo, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente, señalando el nombre científico y, en su caso, el nombre común más utilizado de las especies; la información relativa a las poblaciones, tendencias y factores de riesgo; la justificación técnica-científica de la propuesta; y la metodología empleada para obtener la información, para lo cual se tomará en consideración, en su caso, la información presentada por el Consejo''.

En este mismo sentido, nuestro país publicó en 1994 un listado2 que determinaba las especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción y que establece especificaciones para su protección; este ordenamiento fue actualizado y reformado hasta fines del año 2001. Esta nueva Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

En vista de la rápida desaparición de especies y de los avances que se logran en cuanto a la conservación de especies, es necesario que los listados de especies en peligro o que tienen cualquier categoría de protección, estén lo más actualizados posibles y así preservar la biodiversidad de nuestro país. El actual texto del artículo 56 estipula que ``las listas respectivas serán revisadas y, de ser necesario, actualizadas cada 3 años o antes...''. Así la modificación que se pretende realizar es hacer obligatoria tanto la revisión como las actualizaciones cada tres años para así contar con un listado actualizado y efectivo que ayude en la toma de decisiones y en la elaboración de proyectos de conservación adecuados a la realidad.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, respetuosamente somete a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del Artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 56. ...

...Las listas respectivas serán revisadas y actualizadas cada 3 años o antes si se presenta información suficiente para la inclusión, exclusión o cambio de categoría de alguna especie o población. Las listas y sus actualizaciones indicarán el género, la especie y, en su caso, la subespecie y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre del 2004.

Notas:

1 Existen tres apéndices dentro de la CITES:

Apéndice I.- Se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.

Apéndice II.- Se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.

Apéndice III.- Se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.

2 El 16 de mayo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, sin embargo, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 7 de septiembre de 2001, aprobó la presente Norma Oficial Mexicana bajo la siguiente denominación: Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Se da turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto por su promovente.

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LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

En virtud de que esta iniciativa ha sido publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria, me centraré en los aspectos esenciales.

El turismo es una actividad cuya importancia ha ido en aumento en las últimas décadas. La creciente competencia y demanda han obligado a diversificar la oferta, buscando que un destino se distinga sobre los demás, a partir de una característica o un recurso específico.

Un programa integral de desarrollo turístico implica la expansión de todos los sectores, incluyendo el turismo cultural. México no sólo es un país rico en playas, además ofrece costumbres, folklore, gastronomía, centros y zonas arqueológicas e históricas y monumentos, entre otros, por lo que el potencial para el desarrollo de este tipo de turismo es invaluable.

El Programa de Fomento Específico para la Cultura debe reconocer los valores o aportaciones para esta actividad y poder capitalizar los efectos positivos, generar sinergias para el desarrollo tanto regional como del sector en su conjunto.

En la posguerra la UNESCO comenzó a tomar medidas de protección y restauración a través de diversos convenios. En 1970 implementó acciones a través de la Convención para Preservar el Patrimonio Cultural de la Humanidad, de modo que se pueda respetar y salvaguardar la diversidad.

La comunidad internacional ha elaborado convenios, recomendaciones y directrices para ayudar a los estados a reforzar su cooperación internacional y dotarse de un conjunto de leyes de prácticas administrativas y de políticas nacionales.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, Icomos, está conformado por numerosos expertos e instituciones que trabajan en la conservación de monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico y artístico. Actualmente agrupa a más de 113 países de todos los continentes.

En los países donde se han declarado monumentos o sitios que por su alta calidad tienen la distinción de ser patrimonio cultural de la humanidad, el Icomos ha estado presente, en algunas ocasiones coadyuvando a la elaboración de los expedientes y, en todos los casos, dictaminando sobre la procedencia de dicha inscripción. Asimismo el organismo tiene la responsabilidad de darle seguimiento a estos valores de carácter universal, estando vigilante en sus condiciones y conservación, en aquellos que así lo requieran, recomendando ocasiones que tiendan a mejorar dicho patrimonio.

Por su parte, México suscribió con la UNESCO, la Convención en 1984 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, México es el tercer país con mayor número de ciudades inscritas, 9 en total. Dicha convención define los criterios y las clases de sitios que puedan ser inscritos en la lista de patrimonio mundial y fija el deber de los estados de los posibles sitios, así como su protección y preservación.

Por su parte, las ciudades declaradas patrimonio mundial, tienen acceso a asistencia técnica internacional, a fondos de financiamiento, así como a programas especializados de cooperación, formación profesional y educativa, con el uso óptimo que garantice la preservación de estas ciudades, se crea un vínculo recíproco, ya que los recursos económicos que generan dichos centros harán posible que sea más fácil, proteger y conservar debidamente el patrimonio y esto a su vez se traducirá en crecimiento para la actividad turística.

La sustentabilidad cobra gran importancia en la preservación de las ciudades, patrimonio de nuestro país, ya que debe conjugar beneficios sociales y económicos, sin afectar el medio ambiente y evitando el deterioro del capital natural y cultural, además de garantizar su preservación para las futuras generaciones.

Las ciudades inscritas en el patrimonio mundial, presentan distintas problemáticas vinculadas muchas de ellas al propio crecimiento del lugar urbano, donde interactúa la población residente y los turistas.

El desarrollo de la actividad turística vincula la cultura, las ciudades coloniales y, por lo tanto, a las ciudades declaradas patrimonio mundial. Es un segmento poco explotado, el cual debe ser apoyado como una forma de conservación y mantenimiento de estas zonas y ciudades, con una riqueza histórica invaluable.

Un número considerable de turistas que viajan a México reconocen, estar interesados en el patrimonio cultural de nuestro país, al que existan cifras precisas de la captación del turismo cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estima haber captado los espacios bajo su custodia, 16.4 millones de visitantes en el año 2002. Los visitantes nacionales representaron alrededor de las cuatro quintas partes, con un total de 13.2 millones de visitantes y los internacionales una quinta parte, es decir, 3.2 millones.

Se deben impulsar y promocionar estos destinos turísticas, ya que representan una fuente de divisas para la economía nacional, la cultura ocupa el cuarto lugar en cuanto a la motivación principal para el turismo internacional, por lo que en el afán de desarrollo del mismo, se deben priorizar a nivel de apoyo económico y de promoción.

En este marco se deben apoyar la diversificación de los productos y los mercados y consolidar los destinos turísticos. Se deben dirigir acciones para el rescate y puesta en valor del patrimonio, tanto para el uso y desarrollo de la actividad turística como para preservar nuestra historia.

La acción gubernamental debe enfocarse como una política de Estado, cuyo efecto multiplicador sea para el resto de la región, donde se encuentra la ciudad-patrimonio, bajo esta lógica la adecuada utilización de los monumentos y el patrimonio, implica la coordinación de iniciativas y esfuerzos de carácter cultural y económico-turístico, siempre bajo la premisa que estas ciudades son museos a cielo abierto por el arte que atesoran.

Por lo anterior, es indispensable ampliar las acciones a favor de la promoción del turismo cultural y de programas que permitan la preservación y mantenimiento de las ciudades, patrimonio de México. Esta política debe ser impulsada desde los 3 ámbitos de gobierno; el estatal, el municipal y el federal, junto con la población civil, y por supuesto el Poder Legislativo debe enfocar sus esfuerzos, para impulsar el crecimiento del turismo cultural, es decir, una política de Estado, cuya planeación y estructuración debe ser en forma integral.

Por lo antes expuesto, es que someto a consideración de esta asamblea, la iniciativa por la que se adicionan los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis. Son ciudades mexicanas patrimonio mundial, las declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, las cuales son: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas y aquellas que se encuentran en la lista indicativa.

La Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desa-rrollo Social, la Secretaría de Turismo, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, impulsarán la conservación y preservación de la infraestructura que requieran las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial de la UNESCO.

Artículo 36 Ter: El Ejecutivo federal otorgará financiamiento para la conservación, preservación, restauración y recuperación de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la UNESCO y aquellas ciudades que estén en la lista indicativa, con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público correspondientes.

El monto anual que la Cámara de Diputados destina al gasto para los fines señalados en el párrafo anterior, no podrá ser menor en términos reales al asignado en el ejercicio previo. Dicho monto será independiente de cualquier otro programa o fondo federal.

En el Presupuesto anual de Egresos de la Federación se establecerán asignaciones de recursos presupuestales específicas para tales propósitos y podrán destinarse a fines destinados.

Los apoyos a que se refiere esta ley serán otorgados siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En el evento de que estos recursos se utilicen para fines distintos se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que proceda.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Democrática, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es una actividad cuya importancia ha ido en aumento en las últimas décadas. La creciente competencia y demanda, han obligado a diversificar la oferta, buscando que un destino se distinga sobre los demás, a partir de una característica o un recurso específico.

Un programa integral de desarrollo turístico implica la expansión de todos los sectores incluyendo el turismo cultural. México no sólo es un país rico en playas, además ofrece costumbres, folklore, gastronomía, centros y zonas arqueológicas e históricas y monumentos, entre otros, por lo que el potencial para el desarrollo de este tipo de turismo es invaluable.

El programa de fomento específico para la cultura debe reconocer los valores o aportaciones para esta actividad y poder capitalizar los efectos positivos, generar sinergias para el desarrollo tanto regional como del sector en su conjunto.

En la posguerra, la UNESCO comenzó a tomar medidas de protección y restauración a través de diversos convenios, en 1970 implementó acciones a través de la convención para preservar el patrimonio cultural de la humanidad, de modo que se pueda respetar y salvaguardar la diversidad. La comunidad internacional ha elaborado, convenios, recomendaciones y directrices para ayudar a los estados a reforzar su cooperación internacional y dotarse de un conjunto de leyes, de prácticas administrativas y de políticas nacionales.

El Consejo Internacional de Monumentos y sitios de la UNESCO, Icomos, está conformado por numerosos expertos e instituciones que trabajan en la conservación de monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico y artístico, actualmente agrupa más de 113 países de todos los continentes.

En los países donde se han declarado monumentos o sitios que por su alta calidad tienen la distinción de ser patrimonio cultural de la humanidad, el Icomos ha estado presente, en algunas ocasiones coadyuvando a la elaboración de los expedientes, y, en todos los casos, dictaminando sobre la procedencia de dicha inscripción. Asimismo, el organismo tiene la responsabilidad de dar seguimiento a estos valores de carácter universal estando vigilante en sus condiciones y conservación, en aquellos que así lo requieran, recomendando ocasiones que tiendan a mejorar dicho patrimonio.

Por su parte, México suscribió con la UNESCO la Convención en 1984 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. México, es el tercer país con mayor número de ciudades inscritas, nueve en total.

Campeche

Ciudad de México y Xochimilco

Guanajuato

Morelia

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Tlacotalpan

Zacatecas

Dicha convención define los criterios y las clases de sitios que pueden ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y fija el deber de los Estados en la incorporación de posibles sitios, así como su protección y preservación. Por su parte, las ciudades declaradas Patrimonio Mundial tienen acceso a asistencia técnica internacional, a fondos de financiamiento, así como a programas especializados de cooperación, formación profesional y educativa.

Con el uso óptimo que garantice la preservación de estas ciudades, se crea un vínculo reciproco, ya que los recursos económicos que generen dichos centros harán posible que sea más fácil proteger y conservar debidamente el patrimonio y esto a su vez se traducirá en crecimiento para la actividad turística.

La sustentabilidad cobra gran importancia en la preservación de las ciudades patrimonio de nuestro país, ya que debe conjugar beneficios sociales y económicos sin afectar el medio ambiente y evitando el deterioro del capital natural y cultural, además de garantizar su preservación para las futuras generaciones.

Las ciudades inscritas en el Patrimonio Mundial, presentan distintas problemáticas vinculadas muchas de ellas al propio crecimiento del lugar urbano, donde interactúa la población residente y los turistas.

El desarrollo de la actividad turística vinculada a la cultura, a las ciudades coloniales, y por lo tanto a las ciudades declaradas patrimonio mundial, es un segmento poco explotado, el cual debe ser apoyado como una forma de conservación y mantenimiento de estas zonas y ciudades con una riqueza histórica invaluable.

Un número considerable de turistas que viajan a México reconocen estar interesados en el patrimonio cultural de nuestro país. Aunque no existen cifras precisas de la captación del turismo cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estima haber captado en los espacios bajo su custodia 16.4 millones de visitantes en 2002. Los visitantes nacionales representaron alrededor de las cuatro quintas partes con un total de 13.2 millones y los internacionales una quinta parte, es decir 3.2 millones.

Se debe impulsar y promocionar estos destinos turísticos, ya que representan una fuente de divisas para la economía nacional. La cultura ocupa el cuarto lugar en cuanto a la motivación principal para el turismo internacional, por lo que en el afán de desarrollo del mismo, se deben priorizar al nivel de apoyo económico y de promoción.

El segmento de turistas que buscan un viaje por cuestiones culturales, son turistas que tienden a viajar distancias más largas que la mayoría de los viajeros y cuya estancia puede ser mayor al promedio. De igual forma, el gasto por viaje de la demanda turística cultural es mayor a la media nacional, por el aumento de su consumo diario en función de las actividades que realizan alrededor del patrimonio cultural.

En este marco, se deben apoyar la diversificación de los productos y los mercados y consolidar los destinos turísticos, se deben dirigir las acciones para el rescate y puesta en valor del patrimonio tanto para el uso y desarrollo de la actividad turística como para preservar nuestra historia.

La acción gubernamental debe enfocarse como una política de Estado cuyo efecto multiplicador sea para el resto de la región donde se encuentre la ciudad patrimonio. Bajo esta lógica la adecuada utilización de los monumentos y el patrimonio implica la coordinación de iniciativas y esfuerzos de carácter cultural y económico turístico. Siempre bajo la premisa que éstas ciudades son museos a cielo abierto por el arte que atesoran.

Por todo lo anterior, es indispensable ampliar las acciones a favor de la promoción del turismo cultural y de programas que permitan la preservación y mantenimiento de las ciudades patrimoniales de México, ésta política debe ser impulsada desde los tres ámbitos de gobierno, el estatal, el municipal y el federal, junto con la población civil, el poder legislativo debe enfocar sus esfuerzos para impulsar el crecimiento del turismo cultural, es decir, una política de Estado cuya planeación y estructuración deben ser en forma integral.

Al establecer el convenio con la UNESCO, México se comprometió a trabajar por la preservación de las Ciudades Patrimonio Mundial. En este marco el turismo debe ser un producto que se desarrolle en armonía y participación de las culturas locales, en un marco de sustentabilidad, que asegure el uso de los recursos en el largo plazo y el mantenimiento de la diversidad cultural y el apoyo a las economías locales con pleno respeto al patrimonio.

Para darle continuidad y reforzar los trabajos realizados en el presupuesto del 2004, donde se autorizó una partida para crear el Fondo Nacional para las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, es que se propone que se designe un monto anual para dicho fin, sin que esté sujeto a las fuerzas políticas de la coyuntura en el Congreso de la Unión, sino que forme parte de la estructura del Presupuesto año con año, es decir, que no este sujeto a negociación, que sea manejado ordenada y transparentemente para beneficio de las ciudades Patrimonio de México.

Por lo antes expuesto, es que someto a consideración de esta asamblea la

Iniciativa por la que se adicionan los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis. Son ciudades mexicanas patrimonio mundial, las declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, las cuales son: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas y aquellas que se encuentren en la lista indicativa.

La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, impulsarán la conservación y preservación de la infraestructura que requieran las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la UNESCO.

Artículo 36 Ter. El Ejecutivo federal otorgará financiamiento para la conservación, preservación, restauración y recuperación de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a las ciudades que estén en la lista indicativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes.

El monto anual que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión destine al gasto para los fines señalados en el párrafo anterior no podrá ser menor, en términos reales, al asignado en el ejercicio previo. Dicho monto será independiente de cualquier otro programa o fondo federal.

En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación se establecerán las asignaciones de recursos presupuestales específicas tales propósitos y no podrán destinarse a fines distintos.

Los recursos presupuestales federales asignados para atender la protección, conservación, restauración y recuperación de las ciudades declaradas patrimonio mundial por la UNESCO y aquellas que estén en la lista indicativa, podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

La distribución de los recursos que se destinen a la conservación y preservación de las ciudades declaradas patrimonio mundial se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme al diagnóstico que el Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarias de Educación Pública, de Desarrollo Social y de Turismo, realice para determinar la situación que guarda cada una de las zonas históricas, dando prioridad aquellas que muestran mayor deterioro y requieran acciones urgentes.

El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar, en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación para el ordenamiento del territorio, la planeación urbana, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento urbano e imagen de las Ciudades declaradas patrimonio mundial por la UNESCO, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas.

Los apoyos a que se refiere esta ley serán otorgados siempre y cuando, se cumplan con los requisitos que establece la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto se deberán publicar las Reglas de Operación, a que se refiere el artículo 36 Ter.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Nancy.Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de periodistas corresponsales de distintos medios de comunicación oriundos de San Francisco del Rincón, Guanajuato, invitados del señor diputado don Juan Manuel Dávalos Padilla.

Tiene la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario... ésta pasa al final porque no está en la sala.

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CODIGO PENAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrita.La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con su venia, señor Presidente. Señores diputados, diputadas:

Es ésta una iniciativa con proyecto de decreto que pretende adicionar una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrita, facilitado para ello el nombre de otra persona sin su consentimiento.

El honor desde tiempos antiguos ha gozado de singular importancia, al ser un hecho que afecta la convivencia del hombre por su carácter social. La importancia que el honor de los individuos revista, cobra mayor relieve, ya que el menoscabo que en él se sufre puede resultar de imposible reparación, pues en ocasiones no sólo se involucra al directamente ofendido, sino a toda una familia, comprometiendo tanto su vida laboral como social.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 6º, al garantizar la libre manifestación de ideas, conjuntamente impone una salvedad para salvaguardar el honor implícito en los derechos de las personas que con dicha expresión pueda llegar a vulnerarse. Del citado artículo podemos deducir que la manifestación de ideas se encuentra consagrada como garantía individual en la Constitución federal, pero que no será extensiva cuando se ataquen los derechos de tercero o cuando con ella se cometa algún delito.

Pues bien, aún y cuando estas 2 salvedades guardan un carácter independiente o una respecto de la otra, es decir, de acuerdo al precepto constitucional invocado no es necesario que concurran para imponer una limitante a la garantía de manifestación de ideas, estimamos necesario conformar en la normatividad penal federal, una adecuada correlación entre ambas para que cuando se facilite el nombre de una persona, sin que medie su aprobación para manifestar cualquier idea, mediante publicación en algún medio escrito de comunicación, dicha conducta sea considerada delito, esto es dentro del tipo de falsificación de documentos.

Lo anterior viene a colación en virtud de que las publicaciones realizadas en algún medio de comunicación escrito, pueden llegar a acarrear importantes daños, sobre todo de carácter moral.

En tal orden de ideas, el Código Penal Federal, en su artículo 244 contempla la falsificación de documentos, mas sin embargo, del análisis del mismo y las 10 fracciones que la componen, observamos que ninguna de dicha hipótesis contempla la falsificación de documentos en la modalidad que a través de la presente iniciativa estamos proponiendo.

Continuando con el razonamiento, pareciera que nuestra propuesta se ubica en el supuesto de la fracción I, esto es, al poner una huella digital o una firma o rúbrica falsas, aunque sea imaginaria o alterando una verdadera.

Sin embargo, existe una gran diferencia, la cual se desprende de las definiciones que nos brinda el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de firma y rúbrica que al fin y al cabo, se engloban en gran parte del contexto de este delito.

Concluyendo, observamos que las publicaciones escritas en medios de comunicación que se emiten a nombre de una persona sin su consentimiento, no se tipifican en el delito de falsificación de documentos en general ni en ningún otro tipo en los términos previstos por el Código Penal Federal.

Por su parte la Ley de Imprenta dispone lo relativo a la corresponsabilidad de los editores por delitos como la falsificación de documentos en sus artículos 17 y 24. Sin embargo, estas disposiciones no aplican para quien o quienes ordenan la publicación.

Con los argumentos antes vertidos, considero de suma importancia adicionar una nueva fracción al artículo 244 del Código Penal Federal, mediante la cual quede firmemente asentada la hipótesis de falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrito, facilitando o utilizando dolosamente, el nombre de otra persona sin su consentimiento señalándola como responsable de tal acción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer a esta representación el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, para quedar redactado en los términos siguientes:

``Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

Fracción XI. Proporcionando o utilizando dolosamente el nombre de otra persona sin su consentimiento para ser señalada como responsable o autor de cualquier publicación en algún medio de comunicación escrito.''

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, en la Ciudad de México, DF, a los 7 días del mes de diciembre del año 2004.

Esta, señor Presidente, fue una versión abreviada de la iniciativa en comento, por lo cual solicito respetuosamente sea publicada en sus términos en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por su atención.

«Iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrita, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI

Martha Laguette Lardizábal, diputada a la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a este alto cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrito, facilitando para ello el nombre de otra persona sin su consentimiento. Lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El honor, desde tiempos antiguos ha gozado de singular importancia, al ser un hecho que afecta la convivencia del hombre por su carácter social; actualmente, se traduce en el respeto que merece cualquier persona en sus múltiples relaciones.

El honor cuenta con dos elementos:

a) El anímico, que se entiende como el sentimiento de la misma dignidad y que está presente en los diversos estados por los que atravesamos en nuestra vida.

b) El sociológico, que se encuentra compuesto por el conjunto de juicios, valoraciones, tradiciones, entre otras cosas, que integran el concepto de lo que en una época y lugar determinado, cada comunidad considera honorable, digno y decoroso.

La importancia que el honor de los individuos reviste, cobra mayor relieve, ya que el menoscabo que en él se sufre, puede resultar de imposible reparación, pues en ocasiones no sólo se involucra al directamente ofendido, sino a toda una familia, comprometiendo tanto su vida laboral como social.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 6°, al garantizar la libre manifestación de ideas, conjuntamente impone una salvedad para salvaguardar el honor, implícito en los derechos de las personas, que con dicha expresión pueda llegar a vulnerarse:

La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Del citado artículo podemos deducir que la manifestación de ideas se encuentra consagrada como garantía individual en la Constitución Federal, pero que no será extensiva cuando se ataquen los derechos de tercero, o cuando con ella se cometa algún delito.

Pues bien, aun y cuando estas dos salvedades guardan un carácter independiente una respecto de la otra, es decir, de acuerdo al precepto constitucional invocado no es necesario que concurran para imponer una limitante a la garantía de manifestación de ideas, estimamos necesario conformar en la normatividad penal federal una adecuada correlación entre ambas para que, cuando se facilite el nombre de una persona sin que medie su aprobación, para manifestar cualquier idea, mediante publicación en algún medio escrito de comunicación, dicha conducta sea considerada delito, esto es, dentro del tipo de falsificación de documentos.

Lo anterior viene a colación, en virtud de que las publicaciones realizadas en algún medio de comunicación escrito pueden llegar a acarrear importantes daños, sobre todo de carácter moral. Sin embargo, el artículo 244 del Código Penal Federal, relativo al delito de falsificación de documentos en general, no contempla dentro de sus hipótesis la posibilidad de cometer el ilícito cuando se facilita el nombre de alguna persona, sin su consentimiento, para utilizarse en las citadas ediciones y señalándola como responsable de las mismas, por lo que también se dificulta exigir el resarcimiento por daño moral que el Código Civil Federal establece, en su numeral 1916, de la siguiente manera:

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás...

En tal orden de ideas, el Código Penal Federal en su artículo 244 contempla la falsificación de documentos de la siguiente manera:

El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera;

II. Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;

III. Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;

IV. Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento;

V. Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;

VI. Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir;

VII. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos;

VIII. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen, dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia, y

IX. Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo.

X. Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.''

Del análisis de las mencionadas fracciones, observamos que ninguna hipótesis contempla la falsificación de documentos en la modalidad que, a través de la presente iniciativa, estamos proponiendo, pues si bien la fracción V establece como falsificación de documentos la atribución de un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga, es menester para su tipificación que la atribución, nombre o calidad que una persona se otorgue sea necesaria para la validez del acto, lo que no es indispensable cuando se emite una publicación a nombre de otra persona sin su consentimiento.

Continuando con el razonamiento, pareciera que nuestra propuesta se ubica en el supuesto de la fracción primera; esto es, al poner una huella digital o una firma o rúbrica falsas aunque sea imaginaria o alterando una verdadera; sin embargo, existe una gran diferencia, la cual se desprende de las definiciones de firma y rúbrica que, al fin y al cabo, se engloban en gran parte del contexto en este delito. Al respecto, atendamos a las acepciones que nos brinda el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

Firma: ``Nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido''.

Rúbrica: ``Rasgo o conjunto de rasgos de forma determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de su nombre o título, y que a veces va sola, esto es, no precedida del nombre o título de la persona que rubrica. ``

Concluyendo, observamos que las publicaciones escritas en medios de comunicación que se emiten a nombre de una persona, sin su consentimiento, no se tipifican en el Delito de Falsificación de Documentos en General, ni en ningún otro tipo, en los términos previstos por el Código Penal Federal.

Por su parte, la Ley de Imprenta dispone lo relativo a la corresponsabilidad de los editores por delitos como la falsificación de documentos de la siguiente manera:

Artículo 17. Los operarios de una imprenta, litografía o cualquiera otra oficina de publicidad, sólo tendrán responsabilidad penal por una publicación delictuosa en los casos siguientes:

I. Cuando resulte plenamente comprobado que son los autores de ella, o que facilitaron los datos para hacerla o concurrieron en la preparación o ejecución del delito con pleno conocimiento de que se trataba de un hecho punible, haya habido o no acuerdo previo con el principal responsable;

II. Cuando sean, a la vez, los directores de una publicación periódica, o los editores, regentes o propietarios de la oficina en que se hizo la publicación, en los casos en que recaiga sobre éstos la responsabilidad penal;

III. Cuando se comete el delito por una publicación clandestina y sean ellos los que la hicieron, siempre que no presenten al autor, al regente, o al propietario de la oficina en que se hizo la publicación.

Artículo 24. Toda oficina impresora de cualquier clase que sea, deberá guardar los originales que estuvieren firmados, durante el tiempo que se señala para la prescripción de la acción penal, a fin de que durante este término pueda en cualquier tiempo probar quien es el autor de dichos artículos. El dueño, director o gerente de la oficina o taller, recabará los originales que estén suscritos con pseudónimo, juntamente con la constancia correspondiente que contendrá además del nombre y apellido del autor, su domicilio, siendo obligatorio para el impresor cerciorarse de la exactitud de una y otra cosa. El original y la constancia deberán conservarse en sobre cerrado por todo el tiempo que se menciona en este artículo.

Del primero de los preceptos invocados, se desprenden los casos de responsabilidad en que incurren los operarios de imprentas o litografías por publicaciones de las que pudiera surgir algún delito, mas no aplica para quien ordena la publicación.

Correlacionado con el anterior, el numeral 24 del citado ordenamiento legal dispone la obligación para estos prestadores de servicio de guardar los documentos originales firmados, hasta el tiempo en que se verifique la prescripción penal, con la finalidad de comprobar quien es el autor de algún artículo.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que, si bien una publicación no se acompaña de firmas o rúbricas verdaderas, estas sí deben ser exhibidas por el particular cuando las ediciones son ordenadas a la imprenta o taller, pues se debieron mostrar los documentos originales al operador.

Desgraciadamente, nos encontramos con que las empresas editoriales, en muchos casos, por descuido u omisión, no observan esta disposición y publican documentos sin haber cotejado el original, acarreando responsabilidad únicamente para ellos, pero no para el particular que ordena la publicación, pues este en ningún momento cometió ilícito alguno, en los términos dispuestos actualmente.

Por último, vale hacer la reflexión de que en múltiples ocasiones hemos podido observar en los medios de comunicación escrita, notas aclaratorias sobre individuos en los cuales ha habido confusión de nombres o alguna otra circunstancia, sin embargo, ¿quién podría asegurarnos que las personas que leyeron la información difamatoria lean la nota aclaratoria? Y no sólo esto, sino ¿quedarán plenamente convencidos con la siguiente publicación?

Con los argumentos antes vertidos, considero de suma importancia adicionar una nueva fracción al artículo 244 del Código Penal Federal, mediante la cual quede firmemente asentada la hipótesis de falsificación de documentos, cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrito, facilitando o utilizando dolosamente el nombre de otra persona, sin su consentimiento, señalándola como responsable de tal acción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta representación popular el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, para quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

I. a X. ...

XI. Proporcionando o utilizando dolosamente el nombre de otra persona, sin su consentimiento, para ser señalada como responsable o autor de cualquier publicación en algún medio de comunicación escrito.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara el vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Martha Laguette Lardizábal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así se hará, diputada.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 7 de diciembre de 2004

Jacqueline Argüelles Guzmán y Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La degradación de los elementos de nuestro ambiente, como el suelo, el aire, el agua, la fauna y la flora silvestre es altamente preocupante y ésta se debe a las prácticas productivas y comerciales depredatorias de nuestra civilización, mismas que han rebasado los límites en el equilibrio ambiental, poniendo en peligro la subsistencia tanto de la humanidad como de las demás especies que coexisten con ella en el planeta.

México, si bien es un país considerado de gran diversidad biológica, también es uno de los países, en vías de desarrollo, que cuenta con graves niveles de degradación de todos sus recursos. Sin embargo, la legislación, programas, esfuerzos y el interés en general por la problemática ambiental se ha centrado principalmente a ecosistemas asociados al continente, tocando de forma breve los ecosistemas marinos. De igual forma, los medios de información, han hecho gran hincapié en el rápido proceso de deforestación y pérdida de biodiversidad, problemas derivados por un gran catálogo de actividades poco sustentables como el avance de la ganadería, la ampliación de terrenos para la agricultura así como la presencia de la actividad petrolera, lo que ocasiona que la flora y fauna asociada a los ecosistemas selváticos, de pantanos y bosques se haya modificado.

No obstante, los mares y océanos, además de tener gran belleza, son el sustento de la vida. Alrededor del 70% de la superficie terrestre se encuentra cubierta por agua lo cual determina el clima, temperaturas y la atmósfera de la Tierra y concentra más del 90% de la biomasa viviente del planeta. Considerando estas cifras es como se puede entender la gran necesidad de dirigir nuestra mirada en la protección de los hábitat marinos, entre ellos los arrecifes coralinos.

México colinda con las dos cuencas marinas más grandes: la del Pacífico y la del Atlántico.1 Los mares de México y su riqueza biológica también tienen relación con las corrientes marinas del hemisferio Norte. En la costa del Pacífico, la corriente de California distribuye aguas frías hacia el Sur, lo cual, sumado a la topografía marina, genera gran cantidad de nutrientes que son el origen de las cadenas alimenticias y grandes poblaciones de peces que son aprovechados comercialmente por las flotas pesqueras del Pacífico. En esta región se encuentra el Golfo de California que es un mar de enorme belleza, diversidad biológica y atractivos turísticos. Las aguas frías que emergen de las profundidades del Golfo de California traen consigo fitoplancton y zooplancton, que sirven de alimento a miles de peces y crustáceos que a su vez, atraen grandes cantidades y variedades de mamíferos marinos como las ballenas, los lobos marinos y los delfines.

Además, la compleja topografía del Golfo de California ha dado origen a islas en las cuales habitan colonias de aves marinas y otras especies importantes. Son zonas de anidación de tortugas marinas y punto de reunión de muchas especies de peces. Alrededor de las islas la vida submarina es de gran riqueza y belleza.

El golfo de México y el mar Caribe están influenciados por la corriente del Golfo que circula en el Atlántico. El golfo de México es en general de aguas más turbias pero ricas en nutrientes, los cuales recibe gracias a las desembocaduras de grandes ríos como el Usumacinta, el Grijalva y el Papaloapan de México y el Mississippi de Estados Unidos. Adicionalmente, en las lagunas costeras estos nutrientes son aprovechados por miles de larvas de peces y otros organismos que luego salen mar afuera, formando los ricos bancos de peces del golfo. Esto ejemplifica la importante relación entre el mar y la tierra, como parte de un sistema. Las aguas tropicales son más cálidas y por lo tanto más pobres en nutrientes. Por su claridad y transparencia, permiten el paso de la luz solar, permitiendo el desarrollo de los arrecifes coralinos en el Caribe representados por el arrecife mesoamericano, el segundo arrecife de barrera más grande del mundo.

Cabe señalar que uno de los ecosistemas marinos más frágiles son los arrecifes coralinos,2 los cuales son los sistemas más complejos y diversos del medio marino y por lo tanto requieren de grandes programas de protección para lograr su supervivencia y continuidad. Los arrecifes de coral tropicales rodean las costas de 109 países, la mayoría de los cuales son de los menos adelantados del mundo, pero en 93 países los arrecifes se han degradado de manera significativa.

Aunque los arrecifes de coral comprenden menos del 0,5 por ciento del fondo del mar, se calcula que más del 90 por ciento de las especies marinas dependen directa o indirectamente de ellos. Existen unas 4.000 especies de peces en los arrecifes de coral en el mundo, que representan aproximadamente una cuarta parte de todas las especies de peces marinos. Los arrecifes protegen a las poblaciones humanas que viven en los litorales del daño que causan las olas y las tormentas al hacer las veces de amortiguadores entre los océanos y las comunidades cercanas a la costa. Casi el 60 por ciento de los arrecifes que quedan en el mundo corren grave riesgo de perderse en los próximos tres decenios. Las principales causas del deterioro de los arrecifes de coral son el desarrollo de las zonas costeras, la sedimentación, las prácticas de pesca destructivas, la contaminación, el turismo y el calentamiento de la Tierra.

Por otra parte, nuestro país cuenta con cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de superficie continental y cerca de cuatro millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, cuenta con gran cantidad de especies marinas como son el tiburón ballena y la ballena gris, y tortugas marinas que requieren de espacios nacionales e internacionales para su conservación; y son recursos ecoturísticos que hay que preservar.

Asimismo, los servicios ambientales que nos dan los mares son muchos pero uno de los más palpables es el alimento que nos brinda en forma de peces y moluscos. También, el fitoplancton absorbe el carbono de la atmósfera y a través de la fotosíntesis genera y libera oxígeno a la atmósfera. Aunado a esto, las plantas marinas en su conjunto absorben mayor cantidad de carbono y por tanto producen mayor cantidad de oxígeno en comparación con las plantas terrestres. De esta manera el mar nos provee de oxígeno y ayuda a reducir el carbono de la atmósfera. Otros productos del mar son la sal que se extrae al evaporarse el agua y el petróleo que se encuentra en el subsuelo marino.

El Plan de Aplicación, aprobado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, hace un llamamiento en favor de una evaluación del medio marino para 2004 y del desarrollo de una red mundial de zonas marinas protegidas para 2012. Menos de 0.5% de los hábitat marinos están protegidos, en comparación con 11,5% de la superficie continental del planeta. La alta mar cubre casi 50% de la superficie de la Tierra y constituye la parte menos protegida del mundo. Si bien existen algunos tratados que protegen a las especies transoceánicas como las ballenas y algunos contratos de pesca, no hay zonas protegidas en alta mar. Los estudios muestran que la protección de los hábitat marinos críticos --como los arrecifes de coral de aguas cálidas y frías, los lechos de zostera, algas marinas y manglares-- puede aumentar en gran medida el tamaño y la cantidad de peces, beneficiando tanto la pesca artesanal como la comercial.

A pesar de los grandes beneficios que otorga y de la importancia de conservar nuestra biodiversidad marina, el mal uso que hacemos de los recursos en la tierra afecta directamente al mar y sus recursos. Así, la contaminación, las especies exóticas y la alteración de los hábitat costeros representan una amenaza creciente para importantes ecosistemas marinos como los manglares, los lechos de zostera, algas marinas y arrecifes de coral. Las causas de contaminación son diversas: la contaminación atmosférica se deposita en los océanos y a ella se añade la de las aguas continentales, originada por el uso de agroquímicos en el sector agrícola y por el arrastre de sedimentos, el vertido directo en el mar, de las aglomeraciones urbanas e industriales costeras. Así, la industria, la agricultura y las aglomeraciones urbanas imponen externalidades negativas a los pescadores, ya que el uso que hacen de los servicios de los océanos afecta negativamente los recursos biológicos marinos, reduciendo el volumen de capturas y/o incrementando el costo de las mismas. Lo que no se percibe es que también se imponen a sí mismos una externalidad negativa, ya que la oferta de recursos del mar disminuye, sus precios aumentan y con ello disminuye el bienestar de todos.

En suma, el deterioro de los océanos conlleva el del hábitat natural de los recursos vivos del mar, con lo cual la supervivencia de éstos puede verse afectada, o los hará migrar. Por ello es necesario determinar una nueva categoría de protección que proteja los hábitat marinos, en la que se pueda incluir aquellas zonas marinas correspondientes a los mares patrimoniales de nuestro país, que por sus características no están contiguas a la zona continental.

Así, resulta de gran relevancia establecer elementos y lineamientos de conservación. Una herramienta de conservación de los recursos naturales son las áreas naturales protegidas, las cuales son consideradas el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. Éstas son definidas, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), como ``porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados''.

Como la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé, se consideran de utilidad pública tanto el establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica, así como la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, además del aprovechamiento de material genético.

No obstante, la potencialidad de las zonas litorales como centros turísticos para el desarrollo son un factor más que lleva a contemplar medidas que protejan los ecosistemas costeros y marinos como zona poseedoras de la riqueza marina, es por eso que la aprobación de esta iniciativa, aportará un elemento que hace falta de definición concreta para la preservación de la biodiversidad de arrecifes, lagunas, atolones y las zonas de alta mar ya que, que por sus características ecológicas tienen la capacidad de generar biodiversidad marina.

De esta forma, la propuesta de esta iniciativa gira entorno al reconocimiento de este tipo de áreas naturales protegidas, la cual constituye un interés jurídico que debe ser protegido, para traducirse en la incorporación de mecanismos que tiendan al mantenimiento del equilibrio ambiental en los hábitat marinos. Asimismo, el establecimiento de esta categoría, en el cuerpo de la ley, dará un sustento claro para su propia reglamentación, así como la aclaración de las competencias de la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de áreas naturales protegidas.

Aunado a lo anterior se considera que en el cuerpo del artículo 46 del ordenamiento multicitado existen fracciones derogadas por lo que se propone se dé una nueva redacción, eliminado dichas fracciones, adicionando la fracción propuesta y recorriendo las existentes a fin de corregir la redacción del citado artículo. También se considera necesario, modificar la redacción de los artículos 57, 60 y 67 en los que se cita el orden de las fracciones modificadas adecuándolos al nuevo texto del artículo 46. Así pues, también es necesario la adecuación, por parte del Ejecutivo Federal, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental en materia de áreas naturales protegidas a efecto de hacerlo acorde con el reconocimiento del derecho de protección de los citados hábitat marinos y a fin de dar congruencia al marco jurídico de la ley.

Por tanto y en atención a lo expuesto, los suscritos diputados someten respetuosamente a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 46, 57, 60, primer párrafo, y 67, párrafo primero; y se adiciona el artículo 54 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se modifica el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente eliminado las fracciones con el texto derogada, añadiendo una fracción relativa a áreas de protección de hábitat marinos, y recorriendo el orden de las restantes, para quedar como sigue:

Artículo 46

Se consideran áreas naturales protegidas:

I. a V. ...

VI. Áreas de protección de hábitat marinos.

VII. a IX. ...

Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VII anteriormente señaladas.

...

...

...

Artículo Segundo. Se modifican los artículos 57, 60, párrafo primero, y 67, párrafo primero, para quedar como sigue:

Artículo 57

Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.

Artículo 60

Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VII del artículo 46 de esta Ley deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos:...

Artículo 67

La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, otorgar a los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales, y empresariales y demás personas físicas o morales interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas a que se refieren las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los acuerdos o convenios que conforme a la legislación aplicable procedan.

Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 54 Bis, quedando como sigue:

Artículo 54 Bis. Para proteger y preservar los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna marinas, se establecerán las áreas de protección de hábitat marinos en las zonas marinas mexicanas.

En estas áreas sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas marinos y sus elementos, las de investigación, repoblación, recreación y educación ecológica, así como los aprovechamientos de recursos naturales que procedan, de conformidad con lo que disponen esta Ley, la Ley de Pesca, la Ley Federal del Mar, las convenciones internacionales de las que México sea parte y los demás ordenamientos aplicables.

Las autorizaciones, concesiones o permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas, así como el tránsito de embarcaciones en la zona o la construcción o utilización de infraestructura dentro de la misma, quedarán sujetas a lo que dispongan las declaratorias correspondientes.

Para el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas de protección de hábitat marinos establecidos en las zonas marinas mexicanas, así como para la elaboración de su programa de manejo, se deberán coordinar, atendiendo a sus respectivas competencias, la Secretaría y la Secretaría de Marina.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Los mares y océanos de México se encuentran en su mayoría dentro de la franja tropical oceánica, donde las temperaturas generalmente rebasan 20° C. Sin embargo, parte de la península de Baja California recibe aguas de la franja templado-cálida del Pacífico del Norte, en la que las temperaturas oscilan entre 10 y 20° C.

2 Biológicamente, un arrecife coralino es una ``comunidad biológica que nace en el piso marino y que consta de una estructura sólida de piedra caliza bastante fuerte para soportar la fuerza de las olas''. Los organismos que tienen un exoesqueleto calcificado y las algas son los que dominan en la creación de los corales. La formación de un arrecife coralino depende de la asociación equilibrada de los organismos vegetales y animales, vivos y muertos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbricas).»

Por lo que esta Presidencia turna también la misma a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada doña Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente y con su permiso.

Efectivamente el día de hoy, vengo a proponer ante esta soberanía una iniciativa para reformar el artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en términos de la ley que la rige, cuenta, como todos sabemos, con autonomía técnica y facultades ejecutivas y cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en protección de los intereses del público ahorrador.

De conformidad junto con la ley relativa, el referido órgano desconcentrado, la comisión, ejerce sus facultades a través de su junta de gobierno, de la presidencia, vicepresidencias, direcciones generales. Asimismo, en la citada ley se establecen las facultades de la comisión, señalando las correspondientes a su junta de gobierno y a su presidente.

Es importante mencionar que las leyes que regulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria, complementan todo el ámbito de competencia de este importante órgano.

En este orden de ideas cabe señalar que el artículo 4°, fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional, dispone que corresponde a esta comisión, intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades financieras, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o bien aquellas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven.

Esta facultad, esto es, la declaración de intervención de una institución financiera se ejerce a través de la junta de gobierno de la comisión y corresponde a su Presidente, la designación del interventor en los casos previstos por las leyes. En estos casos a través de la intervención gerencial se sustituye a la administración de las entidades financieras sujetas a supervisión, situación que desde luego, resulta en una afectación trascendente e importante al funcionamiento y organización de la persona moral intervenida.

La experiencia ha demostrado que la adopción de resoluciones como la referida en los párrafos anteriores, puede motivar demandas, denuncias, quejas o querellas, en contra de las personas físicas, a través de las cuales se materializan las funciones de inspección y vigilancia de la comisión nacional.

En atención a ello, consideramos necesario que para proteger el correcto ejercicio de las funciones de la comisión en esta delicadísima materia de trascendencia nacional, se establezcan mecanismos que proporcionen a las personas competentes de ejercer la intervención, la seguridad y confianza que les permitan adoptar resoluciones verdaderamente fundadas en ley y ajenas a los intereses particulares de los accionistas o miembros de la institución financiera intervenida.

Es de señalarse que el Comité de Basilea en sus principios de supervisión, establece que los supervisores deben ser protegidos al enfrentar procesos legales, precisamente por acciones realizadas de buena fe, en cumplimiento de sus labores de intervención, la experiencia internacional asimisma, es consistente con este principio.

Estudios realizados por organismos internacionales indican que en general existen 2 regímenes de protección legal para los supervisores financieros; el primero consiste en liberar de cualquier responsabilidad a las personas físicas que ejerzan de buena fe funciones de supervisión, relegando la responsabilidad en el organismo supervisor.

Por otra parte, el tipo de sistema de protección legal a las personas físicas que participen en el ejercicio de las facultades de supervisión, consiste en que estas personas son responsables del ejercicio de sus funciones, pudiendo el organismo en su caso, cubrir los gastos de asistencia legal que se generen a los interventores con motivo de las acciones legales que se inicien por los actos realizados con motivo de la intervención y administración ordenada.

En este orden de ideas, debe destacarse que la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está conformada por el Presidente de la propia comisión y 2 vicepresidentes, 5 vocales designados por la Secretaría de Hacienda, 3 designados por el Banco de México, un vocal designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 1 más por la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Como puede apreciarse, 10 de los 13 miembros de la junta de gobierno, son servidores públicos que no guardan vínculo laboral alguno con la comisión y que no obstante ello, participan de manera directa e importante en el ejercicio de las facultades legales.

Por otra parte, las personas que en su caso desempeñen la función de interventores, no necesariamente son servidores públicos de la comisión; más aún, en el caso de las instituciones de crédito, el artículo 140 bis de la ley respectiva, establece que los interventores deberán reunir los requisitos previstos en el propio ordenamiento para el caso de Director General y funcionarios que ocupen cargos en las 2 jerarquías inmediatas inferiores.

La evolución del mercado financiero, hace patente la necesidad de contar con un órgano supervisor que ejerza sus funciones con un alto grado de profesionalización y que al mismo tiempo cuente con las condiciones necesarias para su adecuado ejercicio.

La experiencia internacional referida, así como las recomendaciones de organismos internacionales, se deriva que el brindar asistencia legal a las personas físicas, interventores, gerentes, a través de las cuales se materializa el ejercicio de estas importantes funciones, constituye una práctica sana y vital para el desarrollo del sector financiero; lo anterior, con independencia del vínculo laboral que puede existir entre la persona física y el órgano supervisor.

Adicionalmente la posibilidad de que una persona física se encuentre expuesta a impugnaciones a título personal por el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden al órgano supervisor, podría fomentar riesgos importantes con respecto a su objetividad e imparcialidad de las decisiones que en el ámbito de su competencia deba tomar, que es el bien jurídico al cual se debe tener; al tiempo que el no prestarles esta asistencia legal, puede debilitar la consecución de los objetivos fundamentales que busca la intervención.

Por lo tanto, la iniciativa que hoy presento busca establecer la posibilidad de que se brinde asistencia legal a los servidores públicos, tanto los que integran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de su junta de gobierno, sea que éstos formen parte o no de la referida comisión, así como a los interventores que la propia comisión designe y a los funcionarios auxiliares de la intervención, los cuales no guardan vínculo laboral con ésta.

Asimismo, la presente iniciativa dispone que para efectos de que se brinde asistencia legal a las personas antes referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la propia comisión, establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal de estos funcionarios y de los interventores que sean designados por la comisión para el saneamiento de las instituciones financieras.

La presente iniciativa se adhiere a aquellos esquemas de protección de las funciones de supervisión que permiten hacer frente a la imputación de responsabilidades a la persona física que ejerza estas funciones, vinculadas con las del organismo supervisor, brindando a dicha persona física la posibilidad de que le proporcionen los medios necesarios para su adecuada defensa.

Es por esto que el día de hoy presento esta iniciativa de decreto para adicionar un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos que se precisan en la iniciativa que presentamos y que pedimos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Muchas gracias a esta soberanía y a usted, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo de la diputada Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en términos de la Ley que la rige, cuenta con autonomía técnica y facultades ejecutivas, y cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades financieras a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público ahorrador.

De conformidad con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el referido órgano desconcentrado ejerce sus facultades a través de su Junta de Gobierno, de la Presidencia de la propia Comisión, de las Vicepresidencias, de las Direcciones Generales y demás unidades administrativas necesarias.

Asimismo, la citada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece las facultades de la Comisión, señalando de igual forma, las correspondientes a su Junta de Gobierno y al Presidente de la propia Comisión. Es importante mencionar que las leyes que regulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores complementan el ámbito de competencia de dicho órgano.

Debe destacarse que al ejercer las facultades que la Ley encomienda a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los titulares de sus unidades administrativas pueden generar consecuencias que impacten le esfera jurídica de terceros.

En este orden de ideas, el artículo 4 fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dispone que corresponde a la Comisión intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades financieras, con el objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven.

La facultad señalada en el párrafo anterior, esto es la declaración de intervención, se ejerce a través de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiendo al Presidente de ese órgano desconcentrado la designación del interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a las entidades.

En este caso, a través de la intervención gerencial se sustituye la administración de las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión; situación que puede resultar en una afectación a la organización y funcionamiento de una persona moral.

La experiencia ha demostrado que la adopción de resoluciones como la referida en los párrafos anteriores, puede motivar demandas, denuncias, quejas o querellas en contra de las personas físicas a través de las cuales se materializan las funciones de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En atención a ello se considera necesario que para proteger el correcto ejercicio de las funciones de la Comisión, se establezcan mecanismos que proporcionen a las personas competentes de ejercerlas la seguridad y confianza que les permitan adoptar resoluciones fundadas en ley.

Es de señalarse que el Comité de Basilea en sus principios de supervisión, establece que los supervisores deben ser protegidos al enfrentar procesos legales por acciones realizadas de buena fe y en cumplimiento de sus funciones.

La experiencia internacional es consistente con el principio arriba señalado. Estudios realizados por organismos internacionales indican que, en general, existen dos regímenes de protección legal para los supervisores financieros. El primero consiste en liberar de cualquier responsabilidad a las personas físicas que ejerzan de buena fe funciones de supervisión, relegando la responsabilidad en el organismo supervisor. Este régimen es aplicable en los casos de Alemania, Hong Kong y Suiza.

Por otra parte, el tipo de sistema de protección legal a las personas físicas que participen en el ejercicio de las facultades de supervisión, consiste en que éstos son responsables del ejercicio de sus funciones, pudiendo el organismo, en su caso, cubrir los gastos de asistencia legal que se generen con motivo de acciones legales. Este sistema se recoge en las legislaciones de países tales como Filipinas y Nueva Zelanda.

Otro aspecto relevante lo constituye el hecho de que conforme al régimen legal aplicable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a las entidades financieras sujetas a su regulación y supervisión, diversas personas que no tienen vínculo laboral alguno con la citada Comisión, participan en la adopción de resoluciones relacionadas con el ejercicio de las funciones que le están legalmente encomendadas.

En este orden de ideas, debe destacarse que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está conformada por el Presidente de la propia Comisión y dos vicepresidentes que éste designe; cinco vocales designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tres designados por el Banco de México; un vocal designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y uno más por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Como puede apreciarse, diez de los trece miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión, son servidores públicos que no guardan vínculo laboral alguno con el citado órgano desconcentrado, y que no obstante ello, participan en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte, las personas que, en su caso, desempeñen la función de interventor gerente no necesariamente deben ser servidores públicos de la Comisión. Más aún, en el caso de las instituciones de crédito, el artículo 140 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los interventores deberán reunir los requisitos previstos en el propio ordenamiento para el caso del director general de las instituciones de banca múltiple y funcionarios que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas inferiores a éste.

La evolución del mercado financiero hace patente la necesidad de contar con un órgano supervisor que ejerza sus funciones con un alto grado de profesionalización, y que al mismo tiempo cuente con las condiciones necesarias para su adecuado ejercicio. De la experiencia internacional referida, así como de las recomendaciones de organismos internacionales especializados en supervisión financiera se aprecia que, el brindar asistencia legal a las personas físicas a través de las cuales se materializa el ejercicio de estas funciones, constituye una práctica sana para el desarrollo del sector financiero. Lo anterior con independencia del vínculo laboral que puede existir entre la persona física y el órgano supervisor.

Adicionalmente, la posibilidad de que una persona física se encuentre expuesta a impugnaciones a título personal por el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden al órgano supervisor, podría fomentar riesgos importantes con respecto a la objetividad e imparcialidad de las decisiones que en el ámbito de su competencia deba tomar, al tiempo que pueden debilitar la consecución de los objetivos institucionales previstos en las leyes.

La iniciativa que hoy presento busca establecer la posibilidad de que se brinde asistencia legal a los servidores públicos que integran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los miembros de su Junta de Gobierno, sea que éstos formen parte o no de la referida Comisión, así como a los interventores que la propia Comisión designe y a los funcionarios auxiliares de la intervención, los cuales no guardan vínculo laboral con ésta.

Asimismo, la presente iniciativa, dispone que para efectos de que se brinde asistencia legal a las personas antes referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la propia Comisión, establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal.

La presente iniciativa se adhiere a aquellos esquemas de protección de las funciones de supervisión, que permiten hacer frente a la imputación de responsabilidades a la persona física que ejerza funciones vinculadas con las del organismo supervisor, brindando a dicha persona física la posibilidad de que le proporcionen los medios necesarios para su adecuada defensa.

Por los motivos anteriores me permito someter a la consideración de esta Soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:

Iniciativa de decreto que adiciona un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Único: Se adiciona un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los siguientes términos:

Artículo 21.- La Comisión prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su Junta de Gobierno y a los servidores públicos que laboren en la propia Comisión, con respecto a los actos que las personas antes referidas lleven a cabo en el ejercicio de las funciones que por ley les estén encomendadas.

Los interventores de entidades financieras que sean designados por la Comisión en términos de las leyes aplicables, así como de lo dispuesto en esta Ley y el personal auxiliar al cual los propios interventores les otorguen poderes porque sea necesario para el desempeño de sus funciones, también serán sujetos de asistencia y defensa legal por actos que desempeñen en el ejercicio de las facultades que las leyes les encomienden derivados de la intervención, cuando la entidad de que se trate no cuente con recursos líquidos suficientes para hacer frente a dicha asistencia y defensa legal.

La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que para estos fines cuente la Comisión de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe la Junta de Gobierno de la propia Comisión, en los cuales deberá preverse el supuesto de que si la autoridad competente le dicta al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicho sujeto deberá rembolsar a la Comisión los gastos y cualquier otra erogación en que se hubiere incurrido con motivo de la asistencia y defensa legal.

Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la Comisión, establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal previstos en este artículo.

Disposición transitoria de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Artículo Décimo Quinto. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los tres días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Bernal Ladrón de Guevara.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULO 4º CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado José Nava Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

El diputado José Eduviges Nava Altamirano: Gracias, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:

«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del PRI

Diputado José Eduviges Nava Altamirano, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en términos de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 y del 135 de la Constitución General de la República y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, que reforma y adiciona en un párrafo el artículo 4° de la Constitución General de la República, atendiendo a la siguiente

Exposición de Motivos

El 16 de octubre de 2003, en este país se conmemoró el 50 aniversario del derecho al voto por parte de las mujeres. Para vergüenza de nosotros tuvimos que celebrar un derecho que por su propia naturaleza y desde que se instauro ese derecho en México, para elegir a sus gobernantes, debían tener todos los seres humanos.

En estos tiempos de supuestos cambios, vivimos en la incertidumbre y la zozobra sin que verdaderamente participemos todos como es nuestra obligación, para lograr un Desarrollo más armónicos y equitativo.

Para nadie es un secreto que se tiene una deuda histórica con las mujeres que han sido base fundamental en el desarrollo social, económico, político y cultural del país.

Sabemos que en la mujer descansa la base fundamental de la sociedad que es la familia y a pesar de que hay equidad, pues ante la ley suprema todos somos iguales como individuos, no se le toma en cuenta y menos se ha reconocido su capacidad para participar en el desarrollo político de México.

Estimo que en este momento, dada las condiciones de todo género que se vive en el país se dan las condiciones para la integración óptima de un proyecto legislativo que considere a la mujer a efecto de que, con su preparación esfuerzo, lucha y voluntad, participe en el desarrollo de México, incluyéndola también en los órganos de gobierno entendiendo como tales el derecho de la mujer a ocupar puestos que a partir del nivel de dirección o secretarías, existan en los tres niveles de gobierno.

Socialmente esta iniciativa se considera útil dado que se tiene que integrar, de una vez por todas, a la mujer en el desarrollo del país reconociéndole su capacidad.

En materia política, se estima que esta iniciativa es viable ya que no se beneficia a un sector de la sociedad, sino a quien es parte fundamental del desarrollo de nuestro país, pero además nace de la convicción de un político que ante todo ejerce una responsabilidad pública; la participación de la mujer es la herramienta fundamental para la construcción de una sociedad justa, solidaria e incluyente. La política debe propiciar la pluralidad y el debate honesto de ideas, debemos tomar con decisión esta iniciativa que además es compromiso con la democracia y transformación del país.

El proyecto de nación que los mexicanos tenemos y queremos, no puede apartar de su visión a quien ha ayudado a construir este gran país. No podemos soslayar el hecho de que el Estado mexicano, con motivo de diversos factores internos y externos, enfrenta y enfrentara una serie de retos y desafíos que requieren la participación de todos y qué mejor oportunidad que los diputados federales de la LIX Legislatura asuman esa responsabilidad y compromiso histórico, incorporando a la mujer plenamente de una vez por todas, no solo al aparto productivo sino que se le otorguen facultades de decisión que, seguro estoy, habrán de realizar con capacidad, eficacia y eficiencia, honradez y amor a la patria y sus habitantes a nivel universal las mujeres han dado muestra de su capacidad, liderazgo y grandeza, baste citar a Eva Perón, Indira Gandhi, Margaret Tatcher, entre otras.

A nivel nacional y en diversos ordenes también han contribuido a la grandeza de este país, como sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Antonia Nava, entre otras.

Por ello, no podemos ni debemos olvidar que las mujeres de este país y de otras naciones contribuyeron al engrandecimiento de la humanidad y que mejor oportunidad histórica que incorporar a todas las mexicanas, constitucionalmente al apartado Gubernamental, reconociéndoles sus capacidades, pero además haciéndoles participes de los derechos, obligaciones y prerrogativas que se tienen como parte integral de una sociedad moderna, donde todos participan y contribuyen a su engrandecimiento.

Tenemos una deuda y no podemos fallarle a las mujeres, ellas y México estarán atentos al resultado de esta iniciativa y de nuestro desempeño. Por eso con un alto sentido de responsabilidad y congruencia, pero además convencido de que en las mujeres encontraremos a mexicanas dispuestas y decididas a trabajar y dar todo por la patria, es por lo que se promueve esta iniciativa con

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

En los cargos públicos que a nivel de mandos medios, altos, direcciones o secretarías se den en los niveles de gobierno municipal, estatal o federal, se tomará en cuenta la equidad de género que esta misma Constitución tutela.

Dip. José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica)»

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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CODIGO FISCAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra de nueva cuenta, la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción III del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.

La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara: De nueva cuenta, gracias señor Presidente.

Con su permiso y con el de esta soberanía, me permito proponer a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación; ello de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Como todos sabemos, las contribuciones tienen un papel fundamental en la existencia de cualquier nación; son esenciales en la obtención de recursos para con ello satisfacer las necesidades de sus habitantes.

La obligación de todos los mexicanos es la de contribuir al gasto público, de la forma establecida en las leyes aplicables.

Sin embargo, esta obligación tan importante, tan fundamental, en nuestro país no es por desgracia compartida de manera general y equitativa por todos los mexicanos y mexicanas. Existe en nuestra nación una cantidad importante de personas físicas y morales que no están cumpliendo de manera efectiva con la obligación constitucional de contribuir a los gastos públicos como lo dispone el artículo 31, fracción IV.

Así, los niveles recaudatorios del país son muy bajos, ya que representan apenas el 11.2 por ciento en el producto interno bruto, lo que nos obliga de manera inmediata a proporcionar instrumentos legales para incrementarlos.

Es una idea del dominio público general, el que por muchos esfuerzos que se hagan para incrementar los niveles recaudatorios, si no se logra antes el incremento efectivo del número de la base de contribuyentes, estos esfuerzos serán inútiles.

Efectivamente, frente a más de 120 millones de mexicanos nuestro registro federal de contribuyentes tiene registrados tan sólo a poco menos de 9 millones, que son los que cumplen con el grueso de las obligaciones fiscales correspondientes a todos los mexicanos.

Este número de contribuyentes, no representa en realidad a la totalidad de los sujetos que se encuentran en los supuestos jurídicos que prevén las normas tributarias. Así pues, este grupo de personas físicas y morales cuya actividad, ingresos, situación, coincide con alguna de las hipótesis normativas previstas en las leyes fiscales y que, sin embargo, no están registrados en el Registro Federal de Contribuyentes y no tributan; por lo tanto, son una de las causas fundamentales para que en México los niveles de recaudación no hayan podido aumentar.

Efectivamente, es imposible concebir que los ingresos obtenidos por la recaudación de contribuciones puedan incrementarse si las obligaciones fiscales las están cumpliendo siempre el mismo número y grupo de contribuyentes cautivos y además, por las últimas reformas que esta legislatura ha aprobado, las tasas impositivas de las leyes fiscales sustantivas han disminuido y tienden a seguir disminuyendo.

Por lo tanto, es necesario y urgente la inscripción en el padrón de contribuyentes de nuevos sujetos que, estando obligados a tributar, no lo hacen efectivamente.

En este sentido es necesario fortalecer las facultades de las autoridades fiscales en nuestro régimen de derecho para consolidar las finanzas públicas a través de actos administrativos encauzados de manera directa a ampliar la base de contribuyentes, actualizarla e incorporar a nuevos contribuyentes al padrón.

Sin embargo, estamos conscientes de que el incumplimiento de las disposiciones fiscales no es un acto que implique únicamente la falta de disposición o de voluntad por parte de los contribuyentes sino que, en muchas ocasiones, tributar implica una obligación técnica que la mayoría de los contribuyentes, al tener desconocimiento sobre la misma, se ven impedidos para cumplir de manera adecuada con las obligaciones correlativas.

Por lo tanto, consideramos como una necesidad apremiante el que las autoridades fiscales, en el ámbito de sus facultades de asistencia, realicen actos o actividades tendientes a informar y a asistir a los contribuyentes para que, derivado de esto, cuenten estos contribuyentes con todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Asimismo, hay un gran número de contribuyentes que no tienen sus datos actualizados en el padrón general y que requieren de asistencia y convocatoria para poder hacerlo.

Dentro de este contexto es como se presenta esta iniciativa de reformas al Código Fiscal, que obliga a las autoridades fiscales, dentro del ámbito estricto y exclusivo de sus facultades de asistencia, a realizar recorridos, invitaciones y censos para asesorar e informar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, con el fin de incrementar y actualizar el padrón de contribuyentes. Se espera que con esto los niveles de recaudación aumenten.

Efectivamente, como antecedente se tiene que esta honorable legislatura en pasada sesión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en el artículo sexto transitorio de la misma se faculta al Servicio de Administración Tributaria para llevar a cabo recorridos de domicilios, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública o en cualquier otro lugar en donde se registre una actividad económica.

Ello con el fin expreso y específico de ampliar y actualizar el Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones relacionadas.

Ahora bien, para hacer efectivo este mandato dado por la Ley de Ingresos citado por esta honorable legislatura y en el marco de nuestro Estado de derecho, resulta imprescindible establecer en el Código Fiscal de la Federación, que es el que regula y compendia tanto los derechos y obligaciones de los contribuyentes como las facultades de las autoridades fiscales, entre ellos las facultades de asistencia, establecer, repito, en este Código Fiscal la atribución específica correlativa a las autoridades fiscales y correlativa al mandato previsto en la Ley de Ingresos.

Y es por estos motivos que me permito someter a la consideración de esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de nuestra Carta Magna, la iniciativa de decreto que adiciona una fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 33, fracción III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente podrá realizar recorridos, invitaciones, censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes.

No se considera que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando derivado de lo señalado en el párrafo que anteceden, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes.

Estamos seguros de que con estas medidas daremos un paso más en el objetivo tan deseado por el Estado mexicano y en concreto por esta legislatura, de poder incrementar la base de contribuyentes y lograr efectivamente que sea realidad la máxima constitucional de generalidad y equidad para todos los mexicanos y mexicanas en el pago de las contribuciones necesarias para los gastos públicos de nuestra nación. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona una fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona una fracción tercera al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las contribuciones tienen un papel fundamental en la existencia de cualquier nación. Son esenciales en la obtención de recursos, para con ello satisfacer las necesidades de sus habitantes. La obligación de todos los mexicanos es de contribuir al gasto público de la forma establecida en las leyes aplicables. Sin embargo, esta obligación tan importante, tan fundamental, no es compartida de manera general y equitativa por todos los mexicanos y mexicanas. Existe en nuestra nación una cantidad importante de personas físicas y morales que no están cumpliendo con la obligación constitucional de contribuir a los gastos públicos, como lo dispone el artículo 31 fracción IV. Así, los niveles recaudatorios del país son muy bajos ya que representan tan solo el 11.2 por ciento del producto interno bruto, lo que nos obliga a proporcionar opciones para incrementarlos.

Es una idea del dominio general, el que por muchos esfuerzos que se hagan para incrementar los niveles recaudatorios, si no se logra antes el incremento efectivo del número de contribuyentes, serán inútiles.

Efectivamente, frente a más de 120 millones de mexicanos, nuestro Registro Federal de Contribuyentes tiene registrados tan sólo como tales a 8, 920, 496 que son los que cumplen con sus obligaciones fiscales. Este número de contribuyentes no representa en realidad a la totalidad de sujetos que se encuentran en los supuestos jurídicos que prevén las normas fiscales. Así pues, este grupo de personas físicas y morales cuya situación, actividad o ingresos coincide con alguna de las hipótesis previstas en las leyes fiscales, y que no están registradas en el RFC, son una de las causas por las que los niveles de recaudación no se puedan aumentar. De manera efectiva es imposible pensar que los ingresos obtenidos por la recaudación de contribuciones puedan incrementarse si las obligaciones fiscales las están cumpliendo un mismo número de contribuyentes obligados a ello y las tasas impositivas van en decremento según las recientes reformas efectuadas a las leyes sustantivas. Para ello es necesaria la inscripción en el padrón de contribuyentes de nuevos sujetos que estando obligados a ello no lo están, recayendo solamente en los contribuyentes cautivos ésta obligación.

En este sentido es necesario fortalecer las facultades desde las autoridades fiscales para consolidar las finanzas públicas, y con ello estar en posibilidades de satisfacer las crecientes necesidades nacionales y comenzar a cumplir con los mandatos de justicia social que reclama el país.

Sin embargo, estamos consientes de que el incumplimiento de las disposiciones fiscales no es un acto que implique únicamente la falta de disposición por parte de los contribuyentes, sino que en muchas ocasiones implica el desconocimiento de estos sobre sus obligaciones fiscales y la forma o mecanismos para cumplirlos. Por lo tanto, consideramos como una necesidad el que las autoridades fiscales, en el ámbito de sus facultades de asistencia, realicen actos o actividades tendientes a informar y asistir a los contribuyentes para que derivado de esto, cuenten con todos los elementos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones antes señaladas.

Igualmente hay un gran número de contribuyentes que no tienen sus datos actualizados en el padrón general y que requieren de asistencia y convocatoria para hacerlo. Dentro de este contexto, se presenta esta iniciativa de reformas al Código Fiscal que obliga a las autoridades señaladas, dentro del ámbito de sus facultades de asistencia, a realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras con el fin de incrementar y actualizar el padrón de contribuyentes. Se espera que con ello los niveles de recaudación aumenten.

Efectivamente, como antecedente se tiene que en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 aprobada recientemente por esta legislatura, se faculta al Servicio de Administración Tributaria para llevar a cabo recorridos de domicilios, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública o de cualquier otro lugar en donde se realice una actividad económica, a efecto de ampliar y actualizar el Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones relacionadas.

Ahora bien, resulta necesario de acuerdo con nuestro Estado de Derecho y la técnica jurídica establecer en el Código Fiscal de la Federación que es el que regula las facultades de asistencia de las autoridades fiscales, la atribución correlativa al mandato previsto en la Ley de Ingresos.

Por los motivos anteriores me permito someter a la consideración de esta Soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona una fracción tercera al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 33.- ...

III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente, podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el registro federal de contribuyentes.

No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes.

Disposición transitoria del Código Fiscal de la Federación

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Diana Bernal Ladrón de Guevara.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley Reglamentaria, del artículo 5º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

La diputada Alejandra Méndez Salorio: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

La legislación del servicio social en México se suscribe al artículo 5º constitucional, a las diversas leyes de los estados, así como a una serie de normas y reglamentos de las instituciones de educación superior, lo que lleva a contar con una legislación diversa y en ocasiones redundante.

Por lo anterior, sin violentar el marco jurídico existente en materia de servicio social, se proponen diferentes escenarios como la modificación de las normas y reglamentos institucionales.

Una propuesta viable y recomendable, es que el servicio social se replantee a través de los órganos de decisión de la ANUIES, como lineamientos generales para su regulación y tengan el consenso de todas las instituciones, con el fin de lograr una legislación en materia de servicio social complementaria y consistente.

De acuerdo con especialistas en educación y su vinculación con el mundo laboral, se han identificado un conjunto de temas específicos para el mejoramiento del servicio social, los cuales son: el servicio social como una experiencia laboral y con valor curricular, estrategias e indicadores para la evaluación del programa de servicio social y la legislación del servicio social.

Trabajar en estos temas es indispensable para contribuir a replantear el servicio social en México. Para ello se requiere poner en marcha políticas, estrategias generales y líneas de acción que contribuyan a la formación profesional y tengan impacto en el desarrollo del país, complementadas con mecanismos que fortalezcan la vinculación entre la academia y la sociedad y además con estrategias de evaluación que permitan conocer sus impactos y en su caso corregir el rumbo a seguir mediante la toma de decisiones sustentadas en información derivada de la misma evaluación.

No obstante se debe considerar que dichos planteamientos requieren de nuevos proyectos de investigación, con líneas de indagación hasta ahora poco trabajadas en el horizonte del servicio social en México.

Ello permitirá un mejor conocimiento sobre la dinámica y la proyección del servicio social en el contexto de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales del país, con la finalidad de lograr que los actores involucrados tengan las suficientes bases para orientar posibles alternativas de intervención en el servicio social comunitario, a fin de contribuir a lograr objetivos de las instituciones y de la sociedad.

Con base en lo anterior se puede afirmar que el estudio y la discusión de los temas expuestos, se orientan, por un lado, a la búsqueda de la calidad, relevancia y realismo del servicio social, como parte fundamental de la vinculación entre las instituciones de educación superior y los diferentes sectores de la sociedad, para coadyuvar a la solución de problemas específicos y por otro lado se confirma que el servicio social es una estrategia educativa que debe sustentar y nutrir a las funciones de docencia e investigación.

En consecuencia, se propone establecer la inserción del servicio social en los currículos y su reconocimiento para los procesos de titulación y para la formación de los valores necesarios para la convivencia social en los prestadores de servicio social en las comunidades y en las instituciones de educación media superior y superior. Con ello se busca coadyuvar a superar los obstáculos académicos y administrativos que limitan el desarrollo de actividades en lo relativo a la vinculación de las instituciones de educación superior con su entorno inmediato.

Entre los problemas académicos se encuentran la desvinculación de los problemas de servicio social con las funciones de docencia e investigación. El alejamiento de los programas de servicio social de las comunidades marginadas de nuestro país.

Asimismo se pretende fomentar la formación integral de los estudiantes a través del principio de responsabilidad social. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias e instituciones para que no exista una duplicidad de acciones y se rescaten nuevas y variadas metodo- logías de intervención en las comunidades. Propiciar líneas de investigación con la finalidad de generar conocimiento y desarrollar tesis como opción de titulación y de-sarrollar proyectos de servicio social de carácter multidis- ciplinario. Además son necesarias modelo de servicio social vinculadas al desarrollo académico, orientadas a coadyuvar principalmente en la formación integral del estudiante y del desarrollo social para que sus propósitos, pertinencia y calidad, respondan a las realidades socioeconómicas, procurando que tales modelos articulen las funciones sustantivas en los planes y programas de estudio e integren las áreas de conocimiento que favorezcan la colaboración académica entre la comunidad institucional y la sociedad en general.

La situación del servicio social en México lo que pedimos es que los currículos representan una preocupación añeja de las instituciones de educación superior. Sin embargo, por diversos factores no ha existido una propuesta formal que considere la integración de los actores principales en este proceso como son los alumnos y los profesores y los responsables de los programas de servicio social.

De esta manera se considera que el valor del servicio y su correcta ubicación entre los quehaceres sustantivos de las instituciones de educación superior requieren de su incorporación en los currículos de diversas carreras.

Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal para quedar como sigue: artículo 55. Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se requiere esta ley como requisito previo para otorgarles el título que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años. El servicio social prestado será considerado como experiencia laboral con valor curricular.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2004.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, presentada por la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

La legislación del servicio social en México se suscribe al artículo 5º constitucional, a las diversas leyes de los estados, así como una serie de normas y reglamentos de las instituciones de educación superior, lo que lleva a contar con una legislación diversa y en ocasiones redundante. Por lo anterior, sin violentar el marco jurídico existente en materia de servicio social, se proponen diferentes escenarios como la modificación de las normas y reglamentos institucionales, pero una propuesta viable y recomendable es que el servicio social se replantee, a través de los órganos de decisión de la ANUIES, como lineamientos generales para su regulación, y tenga el consenso de todas las instituciones, con el fin de lograr una legislación en materia de servicio social complementaria y consistente.

De acuerdo con especialistas en educación y su vinculación con el mundo laboral, se han identificado un conjunto de temas específicos para el mejoramiento del servicio social, los cuales son: el servicio social como experiencia laboral y con valor curricular, estrategias e indicadores para la evaluación de programas de servicio social, y la legislación del servicio social.

Trabajar en estos temas es indispensable para contribuir a replantear el servicio social en México. Para ello, se requiere poner en marcha políticas, estrategias generales y líneas de acción que contribuyan a la formación profesional, y tengan impacto en el desarrollo del país, complementadas con mecanismos que fortalezcan la vinculación entre la academia y la sociedad, y además, con estrategias de evaluación que permitan conocer sus impactos, y en su caso, corregir el rumbo a seguir mediante la toma de decisiones sustentada en información derivada de la misma evaluación.

No obstante, se debe considerar que dichos planteamientos requieren de nuevos proyectos de investigación con líneas de indagación hasta ahora poco trabajadas en el horizonte del servicio social en México. Ello permitirá un mejor conocimiento sobre la dinámica y proyección del servicio social en el contexto de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales del país, con la finalidad de lograr que los actores involucrados tengan las suficientes bases para orientar posibles alternativas de intervención en el servicio social comunitario, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales y sociales.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el estudio y la discusión de los temas expuestos se orientan, por un lado, a la búsqueda de la calidad, relevancia y realismo del servicio social como parte fundamental de la vinculación entre las instituciones de educación superior y los diferentes sectores de la sociedad, para coadyuvar a la solución de problemas específicos y por otro lado, se confirma que el servicio social es una estrategia educativa que debe sustentar y nutrir a las funciones de docencia e investigación.

En consecuencia, se propone establecer la inserción del servicio social en los currículos, y su reconocimiento para los procesos de titulación y para la formación en los valores necesarios para la convivencia social en los prestadores de servicio social en las comunidades y en las instituciones de educación media superior y superior.

Con ello se busca coadyuvar a superar los obstáculos académicos y administrativos que limitan el desarrollo de actividades en lo relativo a la vinculación de las instituciones de educación superior con su entorno inmediato; entre los problemas académicos se encuentran: la desvinculación de los programas de servicio social con las funciones de docencia e investigación; el alejamiento de los programas de servicio social de las comunidades marginadas de nuestro país.

Asimismo, se pretende fomentar la formación integral de los estudiantes, a través del principio de responsabilidad social, promover la coordinación interinstitucional de las dependencias e instituciones para que no exista duplicidad de acciones, y se rescaten nuevas y variadas metodologías de intervención en las comunidades, propiciar líneas de investigación con la finalidad de generar conocimiento y desarrollar tesis como opción de titulación y desarrollar proyectos de servicio social de carácter multidisciplinario.

Además, son necesarios modelos de servicio social vinculadas al desarrollo académico, orientadas a coadyuvar principalmente en la formación integral del estudiante, y en el desarrollo social, para que sus propósitos, pertinencia, y calidad respondan a las realidades socioeconómicas, procurando que tales modelos articulen las funciones sustantivas en los planes y programas de estudio e integren las áreas de conocimiento que favorezcan la colaboración académica entre la comunidad institucional y la sociedad en general.

La situación del servicio social en los currículos representa una preocupación añeja de las instituciones de educación superior, sin embargo, por diversos factores no ha existido una propuesta formal que considere la integración de los actores principales de este proceso, como son los alumnos, los profesores y los responsables de los programas de servicio social. De esta manera, se considera que el valor del servicio social y su correcta ubicación dentro de los quehaceres sustantivos de las instituciones de educación superior requieren de su incorporación a los currículos de las diversas carreras.

Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 55. Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años. El servicio social prestado será considerado como experiencia laboral con valor curricular.

... Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Méndez Salorio.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres del municipio de Huixquilucan, estado de México, invitados del señor diputado don Adrián Fuentes Villalobos.

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CODIGO PENAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y le damos el uso de la palabra al señor diputado don Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Usted lo tiene.

El diputado José Mario Wong Pérez: Gracias, muy amable.

«Iniciativa que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal.

El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez, en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, a efecto de reformar el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la historia de la humanidad, las enfermedades trasmisibles se han propagado en los diversos continentes y países.

Estas enfermedades han aumentado de manera considerable el índice de riesgo de transmisión de personas portadoras.

Ahora bien, el objeto del derecho penal en específico, es establecer en los ordenamientos legales que rigen la materia, las conductas delictivas y sus sanciones, circunstancia que compete exclusivamente al Estado, con el fin de salvaguardar la esfera jurídica en la que el gobernado se desarrolla, brindándole protección y seguridad.

Es recomendable orientar el proceso legislativo a los problemas actuales, a las realidades que por no estar debidamente tipificadas y sancionadas, no pueden ser punibles como lo reclama la sociedad.

Para que se pueda tipificar una conducta, es menester que exista una acción u omisión por parte del agente, la cual será criminalmente punible, por atentar contra el sujeto pasivo. En consecuencia, una persona al saber y estar conciente de ser portadora de una enfermedad que se transfiere por contagio y que pone en riesgo la salud y la vida del sujeto pasivo, indiscutiblemente realiza una conducta delictuosa, al poner en riesgo la salud y la vida de otro.

Como representante populares, es nuestro deber estar atentos a la problemática creciente que enfrente la población y es el caso que diariamente vemos cómo aumenta el número de personas infectadas por enfermedades terribles y devastadoras.

Es dable afirmar que en este delito el sujeto pasivo resiente una alteración en su integridad corporal, transitoria o permanentemente que ocasiona un detrimento en su salud, mientras que la conducta del sujeto activo puede consistir en una acción o en una omisión que traiga como resultado producir en el ofendido una disminución de sus capacidades, pues si la salud es el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones, cualquier modificación al mismo integrará una de las formas del delito en mención.

Por lo demás, el elemento objetivo del delito consiste en que la persona ocasione una alteración en la salud de otra con dolo (intención) o con culpa (en forma imprudente, negligente, descuidada). El elemento subjetivo lo constituye el conocimiento que tiene el sujeto activo que padece esta enfermedad y a título de dolo o culpa pone en peligro de contagio al pasivo.

En el caso específico de las enfermedades en periodos infectantes, debe considerarse como el momento consumativo del delito cuando se altera el estado de la salud de la víctima u ofendido bajo la circunstancia de que este último desconoce la posibilidad de encontrarse en peligro de contagio por cualquier medio transmisible, pues se trata de un delito que transforma el mundo fenoménico, en virtud de que el pasivo, antes de la comisión del mismo, contaba con una corporalidad integra, pero que a consecuencia de la infección se lesiona su integridad física, psicológica y moral.

Actualmente, el Código Penal Federal (artículo 199 Bis) prevé una pena de prisión de tres días a tres años y el pago de una multa de hasta cuarenta días al que a sabiendas de que esta enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible.

Consecuentemente, a fin de hacer congruente el régimen de punibilidad del delito con el cúmulo de argumentaciones que se dejan transcritas, se hace menester aumentar la pena corporal y pecuniaria a fin de que ahora se sancione de seis meses a cuatro años de prisión y hasta cien días de multa.

Con esta propuesta de reforma seguramente se dará un paso adelante en la precisión del Código Penal Federal, el cual exige la mayor claridad y puntualización en sus disposiciones, en este caso concreto, las relativas a los delitos contra la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199 Bis. El que a sabiendas de que esta enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de seis meses a cuatro años de prisión y hasta cien días de multa.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado Wong.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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HERMENEGILDO GALEANA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de decreto para que se adicione el apellido ``De Vargas''a la inscripción en letras de oro del Benemérito de la Patria, General Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 en el Salón de Cortes.

El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas. Compañeros diputados:

«Iniciativa de decreto, por el que se solicita la adición del apellido de Vargas a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 en el Salón de Cortes.

El suscrito, diputado Federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a esta asamblea el presente proyecto de decreto, bajo las siguientes

Consideraciones

Traigo a esta tribuna el anhelo del pueblo de Tecpan de Galeana, la pretensión de ampliar el reconocimiento del hasta ahora conocido únicamente como General Hermenegildo Galeana.

El 19 de julio de 1823, que corresponde al segundo período federalista del cuarto Congreso Constituyente, siendo Presidente del Congreso don José Mariano Marín, se expidió el Decreto por el cual se declara Benemérito de la Patria a don Hermenegildo Galeana así mismo se instó se inscribiera con letras de oro en el Salón de Cortes el nombre de este héroe Nacional.

En el desarrollo de los acontecimientos históricos de la guerra de independencia, Tecpan de Galeana tuvo el alto honor de ver nacer a uno de los más destacados caudillos de esta gesta heroica, el ilustre General Hermenegildo Galeana de Vargas, quien junto con el resto de su familia no solo ofrendaron su vida a esta causa sino también su fortuna y bienes para el mantenimiento del movimiento libertador de nuestra querida patria.

Hasta esta fecha ningún historiador había podido encontrar el segundo apellido del célebre insurgente, apareciendo únicamente su personalidad como hasta ahora se conoce con su nombre y su primer apellido.

Investigaciones realizadas por el C. Hernán Escamilla Ocampo vecino de Tecpan de Galeana, investigador histórico registrado en el Archivo General de la Nación, con No. de Registro 032113, muestra pruebas documentales en donde se hace mención de la esposa del padre del General Hermenegildo Galeana de Vargas y en base a esto se sostiene que es la madre de nuestro héroe nacional.

En el Archivo General de la Nación, en el grupo documental de tierras, en el volumen 2828, expediente 12, página 111 reverso; se encuentra una manifestación de don Antonio de Valdeolivar, sobre la posesión de dos sitios y medio de ganado mayor, en el paraje denominado Coyuquilla, en donde presenta como prueba testimonial, la declaración que hace don Sebastián Galeana, padre de don Hermenegildo Galeana.

Dicha declaración menciona que el padre del General Hermenegildo Galeana de Vargas, don Sebastián Galeana esta casado con doña Francisca de Vargas

Sobre la acreditación de la paternidad del General Hermenegildo Galeana de Vargas, el historiador que vivió en Irapuato, Guanajuato Eduardo M. Vargas Galeana, descendiente legitimo de los Galena, en sus investigaciones hace mención de que el padre de don Hermenegildo Galeana de Vargas es el señor Sebastián Galeana.

Por lo tanto y en base a las investigaciones mencionadas el nombre completo del caudillo del movimiento de independencia es Hermenegildo Galeana de Vargas.

Por lo antes expuesto , me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto por el que se solicita la adición del apellido de Vargas a la inscripción en letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana realizada en el año de 1823, en el Salón de Cortes.

Artículo Primero.- Se adiciona al nombre inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, el segundo apellido al General Hermenegildo Galeana de Vargas.

Artículo Segundo.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne que se realizará para llevar a cabo la inscripción en letras de oro mencionada en el Artículo Primero.

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Anexo a este proyecto de decreto el documento mencionado, como prueba de lo expuesto.

Palacio Legislativo, diciembre de 2004.--- Dip. Francissco Chavarría Valdeolivar (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Valdeolivar.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los incisos i) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Uno de los temas que más ha trastornado y por consecuencia ha dejado alterada a nuestra sociedad y en especial a las clases política y jurídica, es determinar si el Ejecutivo federal tiene o no tiene facultades para emitir observaciones y regresar a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En distintos países del mundo hay criterios diversos que dan cuenta del proceder acerca de esta misma situación. Ahora bien, existen diferencia de criterios entre si el Ejecutivo tiene o no tiene facultades para presentar observaciones en esta materia. Hay quienes dicen que efectivamente el Ejecutivo federal tiene y quienes dicen que no tiene; en realidad es una cuestión que no está debidamente precisada y que sólo emitimos juicios de valor.

No es por demás señalar que incluso en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, nos encontramos ante una resolución de la Cámara de Diputados sui generis, esto es, especial, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación es una normatividad con órdenes directas, directas, repito, órdenes, no sugerencias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Ejecutivo federal, para que gaste, emplee o use los ingresos federales de tal o cual forma, órdenes que pueden ser con igual criterio que la iniciativa enviada por el Presidente, similar o distinta, pero que no admite observaciones conforme lo marca la Constitución federal.

Por consiguiente, el propósito de esta iniciativa es clarificar en cuáles casos el Ejecutivo federal tiene el derecho para ejercer las observaciones que le concede la Constitución, esto es, precisar que no tendrá facultades para hacer observaciones al Presupuesto de Egresos que apruebe esta soberanía, entre otros.

En mérito de lo anterior y debidamente expuesto en el capítulo completo de esta iniciativa, como integrante de esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con las facultades que me confiere nuestra Constitución y el Reglamento de este órgano soberano, me permito presentar a nombre propio ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso j), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para señalar en cuáles resoluciones, proyectos de ley o decreto del Congreso de la Unión, de alguna de sus cámaras o de la Comisión Permanente, el Ejecutivo federal no podrá hacer observaciones.

Por lo anterior y en economía de tiempo le solicito, diputado Presidente, que incluya el texto completo de esta iniciativa en el Diario de los Debates para su constancia.

Es cuanto, Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los incisos i) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea erigida en Constituyente Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la modificación del actual segundo inciso i) en inciso j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la modificación en este inciso en su contenido para señalar en forma específica y sin duda alguna en cuáles resoluciones, proyectos de ley o de decreto del Congreso de la Unión, de alguna de sus Cámaras, o de la Comisión Permanente, el Ejecutivo federal no podrá hacer observaciones.

Exposición de Motivos

Primero.- Uno de los temas que más ha trastornado y por consecuencia dejado alterada a nuestra sociedad y en especial a las clases política y jurídica es determinar si el Ejecutivo federal tiene o no tiene facultades para emitir observaciones y regresar a la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segundo.- En algunos países de América o de Europa, las consecuencias de una contradicción entre los poderes ejecutivo y legislativo en el criterio de gasto en el Presupuesto de Egresos, trae como consecuencia que si al iniciar el año fiscal dicho presupuesto no se encuentra en vigor:

a) Se apruebe solo por un periodo mínimo --dos meses en Chile y tres meses en Estados Unidos y solo para no paralizar el movimiento económico del Estado- mientras los poderes entran en acuerdos, ajustes o concertaciones que lleven a ponerse a ambos poderes de acuerdo, pero al pasar el tiempo señalado, puede dar lugar, en Estados Unidos, al cierre de dependencias donde haya desacuerdos o en Chile, a tomar la propuesta del Congreso como validada y puesta en vigor;

b) Entra en funciones el Presupuesto de Egresos del año anterior, ya sea en forma automática --Argentina- o por autorización del Legislativo por petición del Ejecutivo --Francia-, con el mismo fin de evitar la paralización de actividades económicas estatales, pero el nuevo Presupuesto es desechado; y

c) Disolución de las cámaras de donde deviene directamente el Ejecutivo, lo cual sucede en España, dónde el Presidente es electo por la mayoría de diputados del Parlamento, esto es, por el partido que tiene la mayoría de votos o por los partidos que, haciendo alianza, hacen mayoría, lo cual no es el caso del proceso electoral mexicano que indica que el Ejecutivo es votado en forma directa por la base electoral que conforma la ciudadanía con derecho a voto.

Tercero.- Sin embargo, el Constituyente de Querétaro y posteriormente el Constituyente Permanente, evitaron estos graves e innecesarios enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo al señalar, desde el texto original de la Constitución de 1917 que el Presidente no tiene facultades para presentar ``observaciones'' mejor conocidas como ``veto'', en casos ``cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras'' y señalando en la fracción IV del artículo 74 que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación de la Iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación enviada por el Ejecutivo federal, dentro del cual cabrán las modificaciones que la Cámara de Diputados considere pertinentes.

Cuarto.- La forma en que se encuentra hecho el texto del artículo 72 vigente crea diferencia de criterios entre si el Presidente tiene o no tiene facultades para presentar observaciones y regresarla a Cámara de origen.

Quienes señalan que el Presidente sí tiene esas facultades se basan, en lo general, al señalar que el inciso C) da opción al Ejecutivo para regresar el proyecto de ley o decreto a la Cámara de origen ``con sus observaciones'', además de que, quienes apoyan el derecho del Presidente de vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por Cámara de Diputados, se apoyan en el inciso j) del artículo 72 de la Constitución federal que señala efectivamente cuáles son los casos específicos en los cuales el Ejecutivo federal no tiene facultades para hacer observaciones a propuestas del Congreso o de la Comisión Permanente y entre los cuales no se encuentra el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Más sin embargo, quienes apoyan este criterio, olvidan que el aludido artículo 72 indica en su primer párrafo --que por práctica jurídica, parlamentaria y política abarca todo el contenido del artículo a que se refiere- que ``Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras...'', lo cual limita o restringe la facultad del Presidente de presentar observaciones sólo y únicamente en proyectos de ley, decreto o resoluciones que sean discutidos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo cual deja fuera de esas facultades de veto al Presupuesto de Egresos de la Federación, que conforme al lo indicado por la fracción IV del artículo 74 de nuestra Máxima Ley es una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, por lo que al relacionar el primer párrafo del artículo 72 en comento con el inciso C), nos lleva a quienes apoyamos el criterio de que el Presidente no tiene facultades para emitir observaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación que la Cámara de Diputados le envía una vez llevado a cabo el proceso parlamentario para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y con ello ser puesto en vigencia.

No es por demás hacer el señalamiento de que quienes mencionan una serie de casos en los cuales el Ejecutivo regreso con sus observaciones el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, también olvidan que en nuestro sistema jurídico, político y por consecuencia, parlamentario, la costumbre no hace ley, además de que, conforme al principio general de derecho que indica que ``error de ayer, no autoriza a errar hoy'', concluyendo que aún y así existan todos esos casos específicos de veto del Presupuesto de Egresos de la Federación enviados por Cámara de Diputados y vetado por el Ejecutivo, ello no hizo costumbre y aunque lo hubiera hecho, esa costumbre no hace ley en nuestro sistema jurídico, a más que ahora, a sabiendas de la existencia de un error antiguo, no debemos permitir que vuelva a suceder, con la observación de que quienes están de acuerdo con lo que esos Presidentes hicieron, durante muchos años señalaron que todo lo hecho por los gobiernos emanados de mi partido, entre ellos los presidentes Calles, Ortiz Rubio y Rodríguez, durante setenta años de gobierno era desde equivocado hasta diabólico.

Quinto.- Además, el criterio de falta o limitante en las facultades del Presidente para vetar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por Cámara de Diputados, es apoyado por:

a) El mismo inciso c) del repetido artículo 72 que indica que los proyectos vetados por el Ejecutivo deberán regresarse a la Cámara de origen para, luego de aprobarla por mayoría calificada, pasarla a la colegisladora, lo cual no es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación por ser facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y por consecuencia, no entra en el caso previsto por la Constitución federal que implica que de la Cámara de origen se envía a la Cámara revisora;

b) Los proyectos parlamentarios para emitir una ley federal o modificación a la Constitución incluidos en los incisos A) y D) al I) del multicitado artículo 72 que señalan la intervención de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, una como Cámara de origen y otra como Cámara revisora en la discusión, análisis, dictaminación y votación de las Iniciativas de Ley o de Decreto y que, como se dijo antes, no es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación por ser éste facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y por consecuencia no tiene por qué pasar por Cámara revisora antes de ser enviada al Ejecutivo federal;

Luego, es de concluirse que la adición del inciso j) hecha por el Constituyente Permanente y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1923, fue hecha con el espíritu o intención legislativa de limitar específicamente los casos ahí indicados como aquéllos dónde el Ejecutivo federal no cuenta con la mínima opción de hacer observaciones a las resoluciones tomadas por el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras, pero sin dejar a un lado el primer párrafo que, como ya se dijo, abarca todo el contenido del artículo en comento y que evita que el Ejecutivo vete cualquier ley, decreto o resolución que sea de observancia exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Cabe hacer la aclaración que en el Diario Oficial de la Federación incluyó este inciso interpretado por algunas personas como inciso ``J'' pero que en el decreto publicado el 23 de noviembre de 1923, lo señaló equivocadamente el inciso como inciso i) --o segundo inciso i) que nunca fue corregido con alguna ``fe de erratas''-, por lo que esta iniciativa aprovecha la ocasión para corregir un error que no tiene mayores consecuencias jurídicas salvo que si sobre la Constitución federal ninguna ley es aplicable, a nosotros, los legisladores federales, corresponde hacer de su texto el de mayor claridad y evitar en lo posible cualquier ``error de dedo'' o la aparición de los ``duendes'' que habitan en las imprentas y que provocan estos errores.

Sexto.- No es por demás señalar que incluso, en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación nos encontramos ante una resolución de la Cámara de Diputados ``sui generis'' esto es, especial, ya que mientras las leyes o decretos son normas que afectan directa e indirectamente a todas las personas que habitan el país o estado donde son puestas en vigor, el Presupuesto de Egresos de la Federación, si bien afecta a todos los mexicanos, es una normatividad con ordenes directas, repito, ordenes, no sugerencias, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Ejecutivo federal para que gaste, sufrague, emplee o use los ingresos federales de tal o cual forma, ordenes que pueden ser con igual criterio que la iniciativa enviada por el Presidente, similar o distinta, pero que no admite observaciones conforme lo marca la misma Constitución federal.

Séptimo.- Luego entonces, se propone a esta Soberanía la modificación del actual segundo inciso i) en inciso j), así como la modificación al contenido de éste para incluir, además de los casos ya señalados en el inciso vigente, que el Ejecutivo federal no tiene facultades para emitir observaciones en la resolución que a su Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados emita haciendo uso de la facultad que la fracción IV del artículo 74 constitucional le otorga, incluso, para modificar la Iniciativa enviada por el Ejecutivo y reenviarle otra modificada, esto es, con criterios diferentes a los señalados por el Ejecutivo.

En ese sentido, el suscrito Diputado Federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea en su carácter de Constituyente Permanente la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que presenta el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, que propone la modificación del actual segundo inciso i) en inciso j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la modificación en este inciso en su contenido para señalar en forma específica y sin duda alguna en cuáles resoluciones, proyectos de ley o de decreto del Congreso de la Unión, de alguna de sus Cámaras, o de la Comisión Permanente, el Ejecutivo federal no podrá hacer observaciones.

Artículo Primero.- Se modifica el actual segundo inciso i) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en inciso j) y se modifica su contenido para quedar como sigue:

Artículo 72.- ...

a) ...

b) ...

c) ...

...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones del Congreso, de alguna de las Cámaras o de la Comisión Permanente en los siguientes casos:

I. Cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado;

II. Cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales;

III. Cuando se decrete convocatoria a sesiones extraordinarias por cualquier motivo; o

IV. En lo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación que haya sido aprobado por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 2004.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así lo haremos don Hugo Rodríguez Díaz.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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FEMENICIDIOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, en nombre propio y también de Eliana García Laguna y Rebeca Godínez y Bravo, para presentar iniciativa que adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal, el Título Vigesimoctavo De los delitos de género y los artículos 432, 433 y 434 para tipificar el delito de feminicidio; se adiciona un numeral 35, al artículo 194 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos: Gracias. Diputadas y diputados:

Hoy la condena contra el feminicidio se extiende en nuestro país. Denuncias hechas en distintas entidades federativas nos traen ante esta tribuna el caso emblemático desde luego, es el caso del feminicidio en Chihuahua y Ciudad Juárez, pero tenemos denuncias de otras entidades de la República.

En otros estados se está denunciando y la sociedad reconoce, las autoridades también, la existencia de un fenómeno necesario de ser enfrentado y de ser investigado y de ser solucionado.

Desde su creación, la comisión ha estado recibiendo información que consideramos alarmante sobre el creciente número de homicidios, de mujeres en distintas entidades de la República.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social, difundidos por su titular, Josefina Vázquez Mota, al año se registran 5 mil 243 defunciones de mujeres por homicidios, suicidios y accidentes.

Entre enero y mayo de 2004 han sido asesinadas 154 mujeres en la frontera sur, como fue denunciado ante el secretario de Gobernación, por un grupo de legisladoras y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, enca- bezados por la Presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes.

En Quintana Roo, el grupo plural de mujeres afirmó que desde 2002, 94 mujeres han sido asesinadas; 39 de esos casos fueron reportados directamente por las autoridades de la entidad.

En el estado de Sonora se ha instalado ya una mesa interinstitucional de trabajo conformada por los poderes Legislativo y Judicial, los grupos de mujeres de la sociedad civil y desde luego, por la Procuraduría del estado de Sonora, para enfrentar y dar seguimiento a más de 57 casos registrados y reconocidos desde 2002.

El diputado Maximiliano Alexander Rábago, coordinador de los diputados y las diputadas panistas en el estado de México, declaró que la entidad ocupa el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres con una tasa de 707.47 mujeres por cada 100 mil, lo que representa 130 por ciento más que la media nacional.

En el Distrito Federal hay un registro de 147 mujeres asesinadas violentamente, entre octubre de 2002 y marzo de 2004, a estos homicidios deben sumarse las 19 mujeres asesinadas de junio a la fecha y 2 cuerpos de mujer desollados que se encontraron el 2 de junio... el 19 de noviembre. Como un dato de 2002, la Procuraduría General de la República reportó mil 383 mujeres asesinadas en todo el país, de éstas 445 en Oaxaca, 162 en Chiapas y 88 en Michoacán.

El feminicidio se ha extendido por otros países; hay denuncias en Guatemala, en Perú, en Chile, también en la actualidad en España. El feminicidio es un delito permanente o continuo, ya que su consumación se prolonga en el tiempo y viola un conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos.

El delito permanente o continuo en el femenicidio, tipificar este delito, contribuye a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas, permitirá también al Ministerio Público contar con instrumentos legales para realizar acciones eficaces y eficientes para que se sancione a los responsables de los hechos de criminalidad, que hoy día más afecta a las mujeres.

La omisión de las autoridades responsables de investigar los asesinatos, los crímenes y la violencia contra las mujeres, crea un clima de impunidad que perpetúa la violencia e impone un terrible costo a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto, pues tiene efectos intergeneracionales y somete a las víctimas a una doble violencia.

Conforme a lo anterior y para atender la urgente necesidad de tipificar el delito de feminicidio, esta iniciativa con proyecto de decreto propone la adición al Código Penal Federal de un título Vigesimoctavo, denominado: ``Delitos de Género''. Incorporarlo al Código Penal Federal, daría mayor amplitud a la esfera de seguridad jurídica de las mujeres en el territorio nacional.

También se propone adicionar el delito de feminicidio dentro del ámbito de delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como referirlo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, lo que les permitirá tanto a las autoridades de procuración como a las de impartición de justicia, realizar sus tareas con mejores instrumentos legales.

Los asesinatos y desapariciones de mujeres que ocurren en nuestro país, son manifestaciones extremas de violencia y discriminación de genero que la sociedad no puede seguir permitiendo, por lo que sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

En el artículo primero. Se adiciona el Título Vigesimoctavo y los artículos 432, 33 y 434 al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Libro Segundo, Título Vigesimoctavo, De los Delitos de Genero, Del Delito de Feminicidio.

Artículo 432. A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres, en una determinada comunidad o región, donde de manera recurrente se hubieran venido cometiendo estos delitos, se impondrá una pena de 20 a 40 años, además de las penas que correspondan por otros delitos cometidos.

Para los efectos del presente artículo se considera un atentado contra la vida, la dignidad o la integridad física o mental de las mujeres:

1. El homicidio

La desaparición forzada, el secuestro, la violación, la mutilación, las lesiones graves, la trata de personas, el tráfico de personas, la tortura, el abuso sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada, la discriminación por orígenes étnicos raciales, preferencia sexual o por estado de gravidez y todas aquellas conductas prohibidas por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección a la mujer.

Las penas señaladas en este artículo, se incrementarán hasta en una mitad cuando el o los responsables del delito sean los encargados de establecimientos de salud, educativos, de procuración de justicia o de administración de justicia o mantengan hacia las víctimas una posición de jerarquía institucional. De igual manera, se incrementarán las penas hasta en una mitad cuando las víctimas sean niñas o adolescentes menores de 18 años.

Artículo 433. ``...Serán agravantes y se aumentará hasta en una mitad la sanción establecida en el 432, cuando en la comisión del delito se realicen dos o más de las conductas establecidas en las fracciones de la I a la XIV''.

Artículo 434. ``...Se impondrá una sanción de 5 a 8 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, a la autoridad que teniendo la obligación de evitar o investigar la comisión del delito de feminicidio o cualquiera otro de los delitos señalados en las fracciones de la I a la XIV no lo hiciera o incurriere en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión del delito''.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El 194 quedaría así: ...Se clasifican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante los valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos siguientes:

Del Código Penal Federal, tales y cuales.

35. ``...Delitos de género previstos en los artículos 432, 433 y 434 que sancionan el delito de feminicidio.

Cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada''.

6º. ``...Feminicidio, previsto en los artículos mencionados''.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa de decreto, que adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, ``De los Delitos de Género'', y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio; y adiciona un numeral 35 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos, Eliana García Laguna y Rebeca Godínez y Bravo

Las y los suscritos diputados de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, ``De los Delitos de Género'', y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio; y se adiciona un numeral 35 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de los siguientes

Antecedentes

A lo largo de la historia, las mujeres hemos ido abriendo espacios, creando oportunidades y participado en los más diversos ámbitos de la sociedad, la cultura y la política; desde nuestra experiencia en distintos países hemos dado vida a la construcción democrática pues al denunciar y combatir la opresión de género y hemos aportado elementos para crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como propuestas normativas que generen prácticas sociales modernas y democráticas. Con nuestra acción hemos contribuido a nombrar y definir la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación genéricas; a enfrentar la falsa creencia sobre que la violencia es inevitable, con lo cual la hemos sacado del encierro y del silencio, del tabú y de la complicidad.

Hoy, la condena y la acción en contra de la violencia hacia las mujeres ocupa un sitio prioritario en la agenda política y democrática de los países, entre ellos, el nuestro. En la conciencia política de las mujeres, a través de investigaciones científicas, se van creando nuevos paradigmas para diferenciar las formas de violencia, erradicar conceptos misóginos no científicos como el de crimen pasional y definir jurídicamente la violencia sexual, la violación, el estupro, el incesto, el acoso, la violencia conyugal y familiar, la callejera, y otras formas de violencia de género como las laboral, patrimonial, mental, intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica y política, como parte de un mismo fenómeno social y criminalístico: el feminicidio.

Ante los indicios de que el feminicidio, cuyo paradigma son las ciudades de Chihuahua y Juárez, se ha manifestado en otras entidades de la República, los grupos parlamentarios de la H. Cámara de Diputados acordaron la creación de la Comisión Especial para que investigara los feminicidios no sólo en el municipio de Ciudad Juárez, sino en otros estados de la república en los que se estaba denunciando y reconociendo por la sociedad y las autoridades la existencia de un fenómeno necesario de conocer e investigar, de esta manera, y en un avance con respecto a la comisión que existía en la LVIII Legislatura, la comisión especial creada en la LIX tiene como objetivo conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.

Desde su creación, la Comisión ha ido recibiendo información que consideramos alarmante sobre el creciente número de homicidios de mujeres en diferentes entidades de la República:

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social difundidos por su titular, Josefina Vázquez Mota, al año se registran 5,243 defunciones de mujeres por homicidios, suicidios y accidentes. Entre enero y mayo de 2004 han sido asesinadas 154 mujeres en la frontera sur, como fue denunciado ante el secretario de Gobernación, Santiago Creel por un grupo de legisladoras y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por la presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes.

En Quintana Roo, el Grupo Plural de Mujeres afirmó que desde 2002, 94 mujeres han sido asesinadas, 39 de esos casos fueron reportados directamente por las autoridades de la entidad.

Y en el estado de Sonora se ha instalado una mesa Interinstitucional de trabajo conformada por los poderes legislativo, judicial, los grupos de mujeres de la sociedad civil y encabezada directamente por el procurador de Justicia del estado, para dar seguimiento a los más de 57 casos registrados y reconocidos desde 2002.

El diputado Maximiliano Alexander Rábago, coordinador de los diputados y las diputadas panistas en el estado de México, declaró que la entidad ocupa el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres, con una tasa de 7.47 mujeres por cada 100 mil mujeres, lo que representa 130 por ciento más que la media nacional.

En Tamaulipas se está solicitando a la Procuraduría del estado el esclarecimiento de 126 asesinatos violentos de mujeres que han ocurrido en los últimos cinco años. Mientras que en Guanajuato el número de mujeres asesinadas con violencia en un período de 4 años ha sido de 53.

En el Distrito Federal se cuenta con un registro de 147 mujeres asesinadas violentamente entre octubre de 2002 a marzo de 2004.. A estos homicidios deben sumarse 19 mujeres asesinadas de junio a la fecha y dos cuerpos de mujer desollados que se encontraron el 2 de junio y el 19 de noviembre.

Como un dato de 2002, la Procuraduría General de la República reportó 1, 383 asesinatos de mujeres en la República Mexicana. De éstos, ocurrieron 445 en Oaxaca, 162 en Chiapas y en 88 en Michoacán.

Como vemos, la violencia hacia las mujeres ha ido creciendo no solamente en una zona o región del país, sino que se va presentando en todos los estados como una problemática socio-criminalística a la que hay que darle una atención especial y especializada para tener la capacidad como Estado mexicano de detenerla.

Exposición de Motivos

El derecho internacional de protección de los derechos de la persona ha ido estableciendo a lo largo de su desarrollo un cuerpo jurídico que concede derechos a los individuos y que al mismo tiempo determina las conductas ya sea en acción u omisión que se constituyen como violatorias a los derechos humanos y por ello, lo que constituye responsabilidades criminales desde el punto de vista de ese derecho.

Como hemos visto en los antecedentes, el feminicidio es un nuevo paradigma de las sociedades modernas que ha ido en aumento, no sólo en nuestro país, sino que también se ha ido presentando en otros países, tanto en procesos de guerra como en situaciones de paz: Bosnia Herzegovina, Ruanda Burundi, el Congo, México, Guatemala, España, Perú y Chile, son algunos de los casos que vale mencionar.

En Perú, en 2003 fueron asesinadas violentamente 79 mujeres; en Chile, 581 mujeres han muerto en una década, de estos casos, en 78 de ellos no se ha identificado al asesino y en 345 casos, los asesinados fueron cometidos por el cónyuge.

En Guatemala, el Presidente del Congreso de la República denunció que en lo que va del año 2004, ha habido más de 250 asesinatos de mujeres; la procuraduría de Derechos Humanos denunció que en 2003 fueron asesinadas 360 mujeres y de acuerdo con la Red de la no Violencia contra la Mujer, en dos años, han sido asesinadas 1049 mujeres.

El asesinato, la violación, la desaparición forzada, la tortura a mujeres son conductas que la mayoría de los países están incluyendo en la normatividad penal para sancionar estas conductas que se constituyen en un fenómeno generalizado contra la vida, la dignidad o la integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región como acción recurrente y que, como característica central, queda sin castigo ni justicia ni conocimiento de la verdad, es decir, impera la impunidad.

Estas conductas deben ser castigadas quien quiera que sea que las perpetre en tanto formen parte de un ataque generalizado, sin importar quien lleva a cabo tal conducta.

Los estudios e investigaciones están definiendo al feminicidio como la culminación de la violencia contra las mujeres que se expresa como violencia de: clase, étnica, etaria, ideológica y política; violencia que se concatena y potencia en el tiempo y el espacio determinados y culmina con muertes violentas: homicidios, accidentes e incluso suicidios, que ocurren y no son ni detenidos ni prevenidos por el Estado. Como mencionábamos, a la muerte violenta se suman la ausencia de justicia y la impunidad.

Estamos por ello proponiendo la creación de un nuevo título en el Código Federal Penal sobre Delitos de Género en el que se tipifique el feminicidio bajo la consideración de que es un delito que se ha generalizado, en el que concurren en tiempo y espacio daños contra mujeres cometidos tanto por personas conocidas o desconocidas, por personas que tienen conductas violentas o que son violadores; pueden ser asesinos individuales y/o grupales, ocasionales o profesionales, y la acción violenta en ocasiones conduce a la muerte cruel de algunas de las víctimas.

La urgencia de la tipificación del feminicidio está fundamentada en la necesidad de superar la ausencia de garantías de protección al derecho de las mujeres que el Estado ha mostrado ante este fenómeno, pues no se han creado condiciones sociales y jurídicas de seguridad para la vida de las mujeres en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. En estos casos, las autoridades no han realizado con eficiencia sus funciones, de ahí la necesidad de contemplar sanciones para los servidores públicos que teniendo la obligación de evitar o investigar la comisión de los delitos contra las mujeres no lo hagan o que incurran en acciones que dilaten o pospongan la procuración e impartición de justicia.

El feminicidio constituye un delito permanente o continuo (ya que su consumación se prolonga en el tiempo), que viola un conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos.

El delito permanente o continuo, según el penalista Luis Jiménez de Asúa, implica una persistencia en el resultado del delito, durante la cual mantiene su actuación la voluntad criminal...'' En pocas palabras en el delito permanente hay una prolongación en el tiempo de la conducta típica respecto de su consumación. En los llamados delitos continuos o también llamados permanentes, la acción u omisión constitutiva tiene un período más o menos largo de consumación, durante el cual permanece el estado antijurídico del delito.

La sociedad mexicana, las mujeres y hombres, el Estado mexicano, requieren avanzar en la reforma del régimen político y las instituciones a través de la construcción de una normatividad penal que construya políticas públicas de protección al derecho de la persona.

Los temas de nuestra agenda de la gobernabilidad democrática, de la instauración del imperio de la ley y la justicia y por tanto del Estado democrático, plural y social de derecho siguen siendo la protección de la vida, los derechos y libertades de las mujeres; la creación de una cultura de respeto, igualdad en la diversidad y cooperación en la convivencia; el impulso de una política de desarrollo social en que haya educación universal, empleo, seguridad social, vivienda; la promoción de una ciudadanía plena para hombres y mujeres.

La tipificación del feminicidio contribuye a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas y permitirá al ministerio público contar con los instrumentos legales para realizar acciones eficaces y eficientes que sancionen a los responsables de los hechos de criminalidad que hoy día más afectan a las mujeres.

La omisión de las autoridades responsables de investigar asesinatos, crímenes y violencia hacia mujeres crea un clima de impunidad que perpetua la violencia e impone un terrible costo a las víctimas, sus familias y a la sociedad en su conjunto pues tiene efectos intergeneracionales y somete a las víctimas a una doble violencia.

Un elemental sentido de responsabilidad del Estado por sancionar judicialmente a los responsables de las atrocidades en contra de las mujeres, obligaría a todos los poderes públicos en sus tres niveles a cerrar todos los espacios de impunidad incluido el ámbito del instrumental legal para sancionar los hechos del feminicidio.

Conforme a lo anterior y para atender la urgente necesidad de tipificar el delito de feminicidio esta iniciativa con proyecto de decreto propone la adición del al Código Penal Federal de un título vigésimo octavo denominado delitos de género. Incorporarlo al Código Penal Federal daría mayor amplitud a la esfera de seguridad jurídica de las mujeres en el territorio nacional.

También se propone adicionar el delito del feminicidio dentro del ámbito de delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como referirlo a la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, lo que les permitirá tanto a las autoridades de procuración como a las de impartición de justicia realizar sus tareas con mejores instrumentos legales.

Los asesinatos y desapariciones de mujeres que ocurren en todo nuestro país son manifestaciones dramáticas de violencia y discriminación de género que la sociedad no puede seguir permitiendo, por lo que sometemos a consideración de este pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, ``De los Delitos de Género'', y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio; y se adicionan un numeral 35 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se adicionan el Título Vigésimo Octavo y los artículos 432, 433 y 434 al Código Penal Federal, para quedar en lo siguientes términos:

Libro Segundo

Título Vigésimo Octavo De los Delitos de Género

Del Delito de Feminicidio

Artículo 432. A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran venido cometiendo estos delitos, se impondrá una pena de veinte a cuarenta años, además de las penas que correspondan por los delitos cometidos.

Para los efectos del presente artículo se considera un atentado en contra la vida, la dignidad, o la integridad física o mental de las mujeres:

I. Homicidio,

II. Desaparición forzada,

III. Secuestro,

IV. Violación,

V. Mutilación,

VI. Lesiones graves,

VII. Trata de persona,

VIII. Tráfico de persona,

IX. Tortura,

X. Abuso sexual,

XI. Prostitución forzada,

XII. Esterilización forzada,

XIII. Discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencia sexual o por estado de gravidez, y

XIV. Todas las conductas prohibidas por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección a la mujer.

Las penas señaladas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando el o los responsables del delito sean los encargados de establecimientos de salud, educativos, de procuración o administración de justicia o mantengan hacia las víctimas una posición de jerarquía institucional.

De igual manera se incrementarán las penas hasta en una mitad cuando las víctimas sean niñas o adolescentes menores de 18 años.

Artículo 433. Serán agravantes y se aumentará hasta en una mitad la sanción establecida en el artículo 432 cuando en la comisión del delito se realicen dos o más de las conductas establecidas en las fracciones I a XIV.

Artículo 434. Se impondrá una sanción de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público a la autoridad que, teniendo la obligación de evitar o investigar la comisión del delito de feminicidio o de cualquier otro de los delitos señalados en las fracciones I a XIV, no lo hiciera o incurriere en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión del delito.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se clasifican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante los valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: ...

35) Delitos de género previstos en los artículos 432, 433 y 434 que sancionan el delito de feminicidio.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

...

...

...

VI. Feminicidio, previsto en los artículos 432, 433 y 434 del Código Penal Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputadas: Marcela Lagarde y de los Ríos, Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada Lagarde; y en su nombre es que le doy la bienvenida a sus alumnos, estudiantes de la facultad y alumnas estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, precisamente en el Seminario de Estudios de Género.

Bienvenidos y bienvenidas.

La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos: Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género.

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CODIGO CIVIL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada doña María Elena Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 1916 del Código Civil Federal, para incorporar la obligatoriedad de la indemnización del daño material y moral, causados en los casos de violencia intrafamiliar.

La diputada María Elena Orantes López: Con su permiso, señor Presidente.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de reforma, al tenor de lo siguiente:

Sabemos que la violencia intrafamiliar es un problema grave, entre otras cosas, porque de ahí se difunde al resto de la sociedad.

Sea cual sea la forma en que se manifiesta la violencia en la familia, siempre tiene consecuencias graves que repercuten en la salud física y mental de las víctimas, en el bienestar y sobre todo, en la estabilidad de toda la familia y finalmente también en el desarrollo social.

La violencia en el interior del núcleo familiar es un asunto que nos compete a todos, ya que la familia es una institución básica de la sociedad; en ella no sólo tienen lugar una serie de procesos cruciales para la reproducción y la permanencia social, sino que constituye un medio importante para el crecimiento de desarrollo e integración de sus miembros: niños, mujeres, adolescentes, hombres y adultos de la tercera edad.

Todos los seres humanos, sin importar nuestra condición social, raza, sexo y creencias, tenemos derecho a vivir de manera digna y poder desarrollar nuestros talentos y potencialidades. La familia debe ser un contexto proveedor donde se establezcan límites y estímulos.

No debemos olvidar que los seres humanos que conformamos las familias mexicanas, gozamos de derechos irrenunciables. Los derechos individuales, familiares y sociales de las personas son innatos, absolutos y fundamentales. El derecho a la vida, a la libertad de acción, a la integridad física, al honor, a la seguridad y a la igualdad, son bienes fundamentales de las personas, que se contextualizan en los aspectos físicos y síquicos.

La violencia sicológica es el daño emocional y se detecta con mayor dificultad; es el tipo de abuso o violencia doméstica; ocurre mayormente en la privacidad del hogar. Generalmente pasa desapercibido; a veces inclusive por muchos años. Por añadidura generalmente la violencia verbal o sicológica, precede a la física.

La situación de violencia la sufren también los hijos. El vivir permanentemente en una atmósfera de miedo, tensión y terror, influirá negativamente en el desarrollo emocional, teniendo como resultados desórdenes sicológicos.

En los infantes los 5 primeros años de vida dejan una marca imborrable para toda su existencia. Privar a un niño de un ambiente sano y libre de violencia, es alterar su pleno desarrollo sicológico y emocional.

Las personas que han sido víctimas de violencia en su infancia por lo general repiten esa misma conducta sobre sus hijos y demás personas que están bajo su cargo y su protección.

En razón de lo anterior, con esta iniciativa se pretende que el miembro de la familia que ejerza violencia familiar en contra de uno o varios miembros de la misma, hombre o mujer, esté obligado al pago de la indemnización por el daño material y moral causados; el cual incluye el pago de los tratamientos curativos que como consecuencia del maltrato sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Así también como los tratamientos sicoterapéuticos que puedan ser necesarios.

Con esta reforma, compañeras y compañeros legisladores, se proporciona una alternativa para las víctimas de violencia, con la finalidad de que cuenten con mecanismos necesarios para su recuperación y un pleno desarrollo sicológico y emocional.

Bajo este orden de ideas y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto.

Unico. Se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 1916 del Código Civil Federal, para quedar en los siguiente términos:

La indemnización del daño material y moral causados en los casos de violencia familiar por considerar que privan al normal desarrollo sicológico y de la libertad, incluirá el pago de los tratamientos curativos físicos y sicológicos como consecuencia del daño, que sean necesarios para la recuperación de la salud integral de la víctima.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de diciembre de 2004.

Solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 1916 del Código Civil Federal, para incorporar la obligatoriedad de la indemnización del daño material y moral causado en los casos de violencia intrafamiliar, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal, en la LIX Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de reforma al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Sabemos que la violencia intrafamiliar es un problema grave, entre otras cosas, porque de allí se difunde al resto de la sociedad. Sea cual sea la forma en que se manifiesta la violencia en la familia, siempre tiene consecuencias graves, que repercuten en la salud física y mental de las víctimas, en el bienestar y estabilidad de toda la familia, y finalmente en el desarrollo social.

Quienes han sido víctimas de violencia por parte de familiares sufren consecuencias en su salud física, pero también en la mental ya que ven disminuida su autoestima, pierden la capacidad de relacionarse socialmente, carecen de confianza en sí mismos y en los demás. Se lesiona su creatividad y talento y, en general, se inhibe su desarrollo como ser humano.

La violencia en el interior del núcleo familiar es un asunto que nos compete a todos, ya que la familia es la institución básica de la sociedad. En ella, no sólo tienen lugar una serie de procesos cruciales para la reproducción y permanencia social, sino que constituye un medio importante para el crecimiento, desarrollo, e integración de sus miembros, niños, mujeres, adolescentes, hombres y envejecientes.

Todos los seres humanos sin importar nuestra condición social, raza, sexo y creencias, tenemos derecho a vivir de manera digna y poder desarrollar nuestros talentos y potencialidades. La familia debe ser un contexto proveedor, donde se establezcan límites y estímulos.

La familia es el núcleo primordial y fundamental, así como el más antiguo de todos en la sociedad. Por lo que el compromiso de la familia no debe terminar en los muros del hogar, sino que la familia al ocupar una posición clave dentro de la comunidad debe apuntar hacia el bienestar de los individuos que la conforman y hacia la sociedad en general.

No debemos olvidar que los seres humanos que conformamos las familias mexicanas, gozamos de derechos irrenunciables e inalienables. Los derechos individuales, familiares y sociales de las personas son innatos, absolutos y fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad sexual, de acción, a la integridad física, al honor, a la seguridad y a la igualdad son bienes fundamentales de las personas que se contextualizan en los aspectos físicos y psíquicos.

En ocasiones, dentro de los hogares que viven violencia el maltrato físico cesa y se reemplaza con un constante maltrato psicológico. Lo que incapacita a la víctima para tomar las decisiones correctas. Cae en la ambivalencia afectiva, su autoestima queda deteriorada, quedando presa del miedo, por lo que es difícil convencerla de pedir auxilio por parte de autoridades y especialistas de la salud.

La violencia psicológica es el daño emocional y se detecta con mayor dificultad. Este tipo de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces durante muchos años. Por añadidura, generalmente la violencia verbal o psicológica precede a la física.

Dentro de las manifestaciones de violencia psicológica, podemos encontrar: abuso verbal, intimidación, amenazas, abuso económico, aislamiento, y desprecio, entre otras. Sucede que en una situación de violencia los hijos también sufren. El vivir permanentemente en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente en el desarrollo emocional, teniendo como resultados desórdenes psicológicos y violencia.

En los infantes, los cinco primeros años de la vida dejan una marca imborrable para toda su existencia, privar a un niño de un ambiente sano y libre de violencia es alterar su pleno desarrollo psicológico y emocional.

Las personas que han sido víctimas de violencia en su infancia, por lo general repiten esa misma conducta, sobre sus hijos y demás personas que están a su cargo o protección. Como los hijos imitan a los padres, se da con frecuencia que quienes en la niñez fueron testigos de abusos físicos y emocionales entre sus padres, repiten la misma conducta cuando llegan al estado adulto, ya que aprendieron que los problemas y conflictos se afrontan de manera violenta

La violencia intrafamiliar afecta la estabilidad de la pareja, la calidad de vida familiar, la salud y el desarrollo psicológico y social de sus integrantes, en especial de las víctimas, propiciando diversas enfermedades emocionales.

En razón de lo anterior, con esta iniciativa se pretende, que el miembro de la familia que ejerza violencia familiar en contra de uno o varios miembros de la misma, esté obligado al pago de la indemnización por el daño material y moral causado, el cual incluye el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del maltrato, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima, así como el de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios.

Con esta reforma, compañeras y compañeros legisladores, se proporciona una alternativa para las víctimas de violencia con la finalidad de que cuenten con los mecanismos necesarios para su recuperación y un pleno desarrollo psicológico y emocional.

Bajo este orden de ideas y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.- Se reforma y adiciona un párrafo tercero del artículo 1916 del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1916.- ...

...

La indemnización del daño material y moral causado, en los casos de violencia familiar, por considerar que privan del normal desarrollo psicológico y de la libertad, incluirá el pago de los tratamientos curativos físicos y psicológicos que como consecuencia del daño, sean necesarios para la recuperación de la salud integral de la víctima.

...

...

...

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de diciembre de 2004.--- Dip. María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará, diputada María Elena Orantes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado profesor don Iván García Solís... Se retira del orden del día.

Y la siguiente del diputado Omar Bazán, también me dicen que se pospone.

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ARTICULO 40 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Tomás Cruz Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Tomás Cruz Martínez: Gracias, diputado Presidente; compañeros diputados integrantes de la Mesa Directiva.

Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a 2 diputados, una diputada y un diputado que me antecedieron, presentando 2 iniciativas relacionadas con la equidad de género. La del diputado José Eduviges Nava Altamirano, las compañeras diputadas Marcela Lagarde, Eliana García y Rebeca Godínez, en un tema fundamental que sin lugar a dudas se convierte en una preocupación nacional, que es el tema del urgente avance en los problemas gravísimos de violencia en contra de las mujeres. No sólo de la violencia física, sino de la violencia institucional, la violencia en el trabajo, la violencia en espacios fundamentales de la vida.

Me trae aquí un proyecto de reforma constitucional que tiene qué ver con este asunto importantísimo, de lograr en nuestro país un equilibrio en las relaciones de mujeres y hombres; un freno a la violencia institucional y no un proyecto de reforma que tiene el propósito de lograr avances en la equidad, en la igualdad de mujeres y hombres en este país.

Y el planteamiento que quiero dejar a ustedes con la lectura de esta iniciativa de reforma constitucional, compañeras diputadas y diputados, se refiere a la importancia de lograr que en los espacios de decisión parlamentaria donde se construyen y manufacturan las leyes, las normas de este país, en el Congreso de la Unión, en los congresos de los estados, en los ayuntamientos, no exista ninguna razón para que haya inequidad en la representación popular.

Quiero señalar algunos datos que complementan los que los diputados Eduviges Nava y la compañera Marcela Lagarde el día de hoy han planteado a esta Asamblea.

Sólo por señalar algunos, quisiera comentar que en la Administración Pública Federal el número de plazas que ocupan las mujeres, es sólo la mitad de las que ocupan los hombres.

Quiero agregar que en las legislaturas de los estados y la federal, la proporción desde siempre, también ha sido una desproporción bastante importante.

El proyecto de reforma que presentó al pleno de esta Cámara, en el artículo 40 de la Constitución, se refiere a la urgencia de que mujeres y hombres en los espacios de representación proporcional se representen de la misma manera, y las mujeres y los hombres sean la mitad en los espacios de representación proporcional de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los ayuntamientos, en virtud de en que nuestra opinión, en los espacios donde se decide con mayor discrecionalidad, no existe ninguna razón objetiva, justa, que plantee un desequilibrio entre los géneros.

Las razones por las que hago este planteamiento, son de orden social y de orden económico. Sin lugar a dudas la voz de las mujeres, la voz de algunos hombres, pero fundamentalmente de las compañeras en las legislaturas, han aportado indudablemente una lucha fundamental para que problemas gravísimos relacionados con la sociedad en los temas como el empleo, en los temas como la violencia intrafamiliar, la salud y otros, sean mejor planteados por las mujeres de manera más oportuna incluso que los varones, desde luego.

Ese es el motivo de fondo. Que podamos tener en el parlamento, la mayor equidad de la sociedad, que podamos tener en los parlamentos, en el federal, en el estatal y en los municipales, la voz de las mujeres y de los hombres en proporción de equidad: mitad y mitad en los cargos de representación proporcional.

Comparto el espíritu de la iniciativa del diputado del grupo parlamentario del PRI, José Eduviges Nava Altamirano; también en el que los cargos administrativos puedan ser ocupados con equidad.

No existe ni ha existido ninguna razón de orden, de capacidad intelectual, de preparación, de inteligencia, de patriotismo para que las mujeres no estén representadas ahí.

Me parece que, por el contrario, el no hacerlo coloca en una situación de desventaja, en una situación que no es tal la de la sociedad y que no refleja la opinión real al no estar en estos espacios, donde se diseñan las leyes, donde se debaten los problemas del país, donde se discuten y aprueban los presupuestos, las políticas sociales del país si no están representadas las mujeres en condición de equidad.

Por esta razón someto a consideración de este pleno la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

En lo relativo a la representatividad de la República se aplicará la equidad de género de la siguiente forma: en los espacios de representación popular del Congreso General, de los congresos estatales y ayuntamientos, la integración en la representación proporcional de las listas que presenten los partidos políticos para la representación proporcional obedecerá a ser asignada en un 50 por ciento a las mujeres y un 50 por ciento a los hombres.

De la misma manera, en aquellos distritos en donde, sin mediar procesos selectivos internos por cualquier razón las direcciones partidistas designaran a las candidatas y candidatos, el 50 por ciento de éstas será para mujeres y el 50 por ciento será para los hombres.

Someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto de reforma constitucional y pido atentamente, señor Presidente, sea publicado íntegro el texto para los efectos legales correspondientes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal, Tomás Cruz Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de reforma del artículo 40 constitucional bajo las siguientes consideraciones

Exposición de Motivos

Equidad de género en la integración de las listas plurinominales que integran los partidos políticos, 50% hombres y 50% mujeres en congresos federales, estatales y los ayuntamientos de los municipios. De la misma manera, en aquellos distritos en donde sin mediar procesos electivos internos por cualquier razón y las direcciones partidistas asuman la designación de los candidatos, también asignarán la mitad de espacios para hombres y la otra mitad a mujeres.

La igualdad entre hombres y mujeres es cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social y también es un requisito necesario y fundamental para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995.

En octubre del 2003, se celebraron 50 años de la Reforma Constitucional para que las mujeres pudieran votar en México. Sorprende que a tan poco tiempo, el voto de la mujer haya sido considerado como una garantía democrática para el género. Aunque actualmente siga siendo un tema controvertido la participación político y social de la mujer. Sin duda, la democracia participativa y la igualdad ciudadana que se pretende como ideal de gobierno no será posible si en ésta no concurre la participación femenina, en un ámbito de igualdad, justicia y libertad.

En el caso general de las mujeres mexicanas, prevalecen aún condiciones de marginalidad y segregación latentes tanto en lo individual, como colectivo. La mujer, ha sido presa de una tradición cultural en la que predominó la figura del varón por medio de valoraciones con prejuicios provenientes de su condición física y natural, así como de consideraciones de orden moral, psicológico y religioso.

México, ha sido una sociedad predominantemente paternalista y autoritaria. Octavio Paz, en su libro El Laberinto de la Soledad, atribuye el comportamiento del mexicano a la falta de identidad y búsqueda de la misma, lo que influyó de manera determinante, a que éste forjara diversos criterios y comportamientos en el espacio social con respecto a la relación del varón con la mujer, relación que linda en extremos opuestos y ubica a ésta como objeto de adoración y desprecio al mismo tiempo, estableciendo una relación de prejuicios que pasan por el dolor, afecto, amor y violencia desmedidos.

Considerando los graves rezagos sociales, pensamos que el proceso de transición democrática, también implica procurar las condiciones necesarias para la transformación cultural, política y democrática de las instituciones del Estado, y en este sentido, la incorporación de políticas con perspectivas de género, que hasta el momento han sido insuficientes, por lo que resulta esencial una reforma constitucional para la participación política de las mujeres.

Es oportuno señalar, que estas perspectivas se observan en diferentes direcciones, por ejemplo, desde el ámbito del mercado, con la segregación y división del trabajo de los géneros; en la educación: por las actividades y profesiones reservadas únicamente para hombres o sólo para mujeres y también las mixtas. En política, el sufragio universal femenino es parte del proceso de construcción de género. Por lo que en el debate sobre el género se conjetura: que tal concepto está determinado propiamente por características construidas socialmente y no por consideraciones de orden natural o biológico.

Desde esta misma perspectiva, aludimos que la idea del Contrato Social, tal como lo concibieron muchos clásicos de las ideas políticas, correspondía al ejercicio intrínseco de la individualidad y la libertad del hombre dentro del ámbito del Estado. El Estado no podía ni puede rebasar con sus dictados y acciones las esferas de la acción individual mientras éstas no quebrantaran la misma libertad de otros. Y en este sentido diversas sociedades han instaurado una opresión con respecto a la autoridad la costumbre y la opinión. Uno de los grandes filósofos occidentales del siglo XIX, constructor de los fundamentos del liberalismo y autor del libro Sobre la Libertad, John Stuart Mill, señalaba: ...Por tanto, las opiniones de los hombres sobre lo que es digno de alabanza o merecedor de condena están afectadas por las diversas causas que influyen sobres sus deseos respecto a la conducta de los demás, causas tan numerosas como las que determinan sus deseos sobre cualquier otro asunto. Algunas veces su razón; en otros tiempos sus prejuicios o sus supersticiones; con frecuencia sus afecciones sociales; no pocas veces sus tendencias antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o su desprecio; pero lo mas frecuente sus propios deseos y temores, su legítimo o ilegítimo interés. En donde quiera que hay una clase dominante, una gran parte de la moralidad del país emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase superior. La moral entre los espartanos y los ilotas, entre los plantadores y los negros, entre los príncipes y los súbditos, entre los nobles y los plebeyos, entre los hombres y las mujeres, han sido en su mayor parte criatura de esos intereses y sentimientos de clase. De esta manera, es preciso reconocer, que sobre la participación de la mujer en México, pesan innumerables prejuicios, visiones conservadoras y la creencia de que la práctica política era solo asunto de hombres y no una forma de protección a las libertades básicas de los géneros.

En México recordemos, luego de la dictadura porfiriana y la instauración del sistema político de 1917 que rige hasta ahora, la lucha por la emancipación social de las mujeres es una constante, baste recordar a las mujeres obreras en la huelga de Río Blanco, así como al primer Congreso Feminista realizado en toda América Latina en la ciudad de Mérida, Yucatán en 1917; la lucha de las operadoras de teléfonos; las tabuladoras del sindicato de electricistas; las telegrafistas, y los logros alcanzados con las reformas constitucionales al Artículo 123 en 1960 y 1974, que comprendían beneficios a favor de la mujer por su condición de trabajadora y madre. Asimismo, el movimiento de costureras después del terremoto de 1985 y la insurgencia civil a partir de entonces de diversos sectores de mujeres: profesionistas, investigadoras, campesinas, jóvenes, amas de casa, trabajadoras domésticas, estudiantes, inmigrantes.

La manifestación de las mujeres por su plena integración social y política en la sociedad es una constante. Hasta el día de hoy, el reclamo de justicia debido a los múltiples homicidios femeninos en Ciudad Juárez, el cual tiene como trasfondo por parte sobre quienes pesa esta responsabilidad, una visión facciosa, fanática y criminal.

Desde la óptica de nuestro partido y como fracción legislativa, la perspectiva de género ha sido una política permanente de nuestros principios. Somos el primer partido en plasmar en sus documentos básicos, que ninguno de los géneros ocupe más del 70% de los puestos a candidatos de elección popular y de la misma manera, en otros porcentajes, la representación juvenil e indígena.

Compañeros legisladores:

México en el censo nacional del año 2000, según datos del INEGI, muestra que la población residente en el país es de 97.5 millones, de los cuales 47.6 millones son hombres y 49.9 millones son mujeres, que comparado con los censos de otros años marca una diferencia tendiente al crecimiento de la población femenina; se calcula que en este año hay 2.3 millones más de mujeres.

De esta población, hay 73.6 millones de personas de más de 12 años realizando varias actividades, pero la Población Económicamente Activa (el PEA) sólo es de 40.7 millones de personas, de los cuales 26.4 millones son hombres y solo 13.6 millones son mujeres. Estas cifras son preocupantes, si se compara, que esta población económicamente activa, contiene subgrupos y que el de las mujeres en todos los rubros aparte de ser considerablemente menor, mantiene una tendencia desfavorable en sus perspectivas de trabajo económico y por lo tanto de ingreso con respecto a la de los hombres. En el otro grupo, de la población no económicamente activa, de un total 33.5 millones, que comprende a quienes estudian, estudian y realizan quehaceres domésticos y otras actividades, 18.4 millones, sólo realizan quehaceres domésticos es decir más de la mitad y obviamente trabajo no remunerado correspondiente a las mujeres.

A lo anterior, se agrega el factor de la población en rezago educativo. Para el año 2000 se considera que la población de 15 años y más, se encuentra en rezago educativo cuando está incompleta la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, en porcentaje 48% para hombres y 52% para mujeres.

Sin considerar los rubros de salud, fecundidad, natalidad y la prestación de servicios básicos con que cuentan o no las mujeres mexicanas, podemos conjeturar que el desarrollo de la participación social de la mujer, continua siendo precario a consecuencia de diversos factores de orden social, como lo es la masculinización o feminización de las actividades sociales, educativas, y productivas pertenecientes a un determinado orden cultural propio de las regiones o comunidades en que radican.

En la participación sociopolítica y toma de decisiones, la participación de la mujer durante el año de 1998 en los poderes legislativos locales, registró para ellas el 10.89%, en tanto que la de los varones ocupo el 89.11%; por lo que respecta a las presidencias municipales de la República durante el año 2000, solo hubo 85 presidencias municipales que correspondieron a las mujeres, contra 2,342 de los hombres, dando un total de 2427. En los cargos de funcionarios en la administración pública central 10,724 espacios eran de mujeres y 29,012 de hombres; en la Legislatura federal 2000-2003, el número de diputaciones para las mujeres fue de 80, en tanto que para los hombres fue de 420. Actualmente en esta Legislatura hay 112 mujeres y 388 hombres como diputados.

Con estas cifras adversas a la participación del género femenino proponemos: integrar con equidad de género, es decir 50% mujeres y 50% hombres los espacios de la representación plurinominal que registran los partidos políticos en el Congreso federal, los estatales y ayuntamientos de los municipios. De la misma manera, en aquellos distritos en donde sin mediar procesos electivos internos por cualquier razón y las direcciones partidistas asuman la designación de los candidatos de forma unívoca, lo harán acatando tal norma.

Con lo anterior, se pretende aportar a las decisiones políticas, económicas y sociales, que se dan en la vida pública, la visión desde una perspectiva de género, que proponga las políticas necesarias para el bienestar, la libertad y la armonía entre los géneros.

Partiendo de antemano y con los datos mencionados, que las diferencias entre hombres y mujeres son también parte de las desigualdades tanto sociales, económicas y políticas de la sociedad. Para nadie es desconocido la marginación de las mujeres en la vida social. Y no nos referimos a las primeras damas y mujeres que buscan suceder a los maridos en los puestos de representación popular, sino a que la visión conjunta de las mujeres, es decir de uno de los géneros, en los espacios reservados donde se toman las decisiones trascendentales para la vida pública y social, faciliten consolidar políticas, por la misma naturaleza de la mujer, para la protección de la infancia, garantizar el derecho a la educación, a la alimentación; a los servicios de salud, a crear las instituciones, normatividades y leyes pertinentes para salvaguardar la integridad física y moral de las mujeres; erradicar la violencia y el maltrato intrafamiliar.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante esta soberanía, su consideración para la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 40. ...

En lo relativo a la representatividad de la República, se aplicará la equidad de género de la siguiente forma: en los espacios de representación popular del Congreso federal, de los congresos locales y ayuntamientos, la integración en la representación proporcional de las listas que presentan los partidos políticos para la representación proporcional pura, obedecerá a ser asignada en un cincuenta por ciento para mujeres y un cincuenta por ciento para los varones. De la misma manera, en aquellos distritos en donde sin mediar procesos electivos internos por cualquier razón las direcciones partidistas designaran a los candidatos, el cincuenta por ciento de candidaturas será para hombres y cincuenta por ciento de candidaturas será para las mujeres.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así se hará. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tanto la iniciativa del señor diputado Velasco Coello como la de Luis Antonio González Roldán se posponen a petición de los mismos.

Continúe la Secretaría con la lectura de una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

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TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la conclusión del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatura

CC. Secretarios de la Mesa Directiva.--- Presentes.

Los suscritos diputados federales, coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía el presente Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se resuelve conduir por anticipado el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercido de la LIX Legislatura, con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que el término de los periodos de sesiones ordinarias se encuentra establecido en el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso el fin del primer periodo que inicia el 10 de septiembre, no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, con la excepción marcada por dicho precepto.

Segundo.- Que en el marco jurídico del Congreso General se estipula que la terminación anticipada del periodo de sesiones ordinarias antes de la fecha indicada en el considerando anterior, requiere del acuerdo de las dos Cámaras.

Tercero.- Que la Junta de Coordinación Política, con base en la facultad que le es conferida por la Ley Orgánica del Congreso General, para impulsar y proponer al Pleno proyectos de Punto de Acuerdo, estima conveniente iniciar el procedimiento para que ambas Cámaras resuelvan la condusión anticipada del presente periodo de sesiones ordinarias, habiéndose asegurado de cumplir con el ejercicio responsable de las facultades constitucionales y legales que le han sido encomendadas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 3 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Congreso General acuerda dar por terminado el Primer Periodo de Sesiónes Ordinarias correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la presente Legislatura el martes 14 de diciembre de 2004.

Transitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por ambas Cámaras del Congreso General.

Segundo.- Remítase a la Colegisladora para los efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2004.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Presidente Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

Por lo anteriormente expuesto, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

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LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Septiembre 13, 2004

HONORABLE ASAMBLEA

El pasado 15 diciembre de 2003, le fue turnada a la Cámara de Diputados la Minuta de la H. Cámara de Senadores con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la cual a su vez fue remitida a la Comisión Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen. Posteriormente el 13 de febrero de 2004, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, amplió el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Con fecha del 27 de noviembre del 2004, el Diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y expide la Ley que establece el Instituto de Protección del Contribuyente, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

De acuerdo a la Minuta elaborada por las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores; estas Comisiones Unidas procedieron a su análisis y estudio, de conformidad con los artículos 39, 44 y 45, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello, también se realizaron consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en lo cual los miembros de estas Comisiones elaboraron y presentan a esa Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

DESCRIPCION DE LA MINUTA E INICIATIVA

El análisis de la Minuta con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, corresponde a la Iniciativa el 11 de diciembre de 2003, presentada por la Senadora Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, aprobado por la Colegisladora el 12 de Diciembre del 2003.

En adición, la Iniciativa sobre el Instituto de Protección del Contribuyente presentada por el Diputado Juan Carlos Pérez Góngora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación el día 27 de noviembre del 2003, se considera parcialmente para la elaboración del presente dictamen, toda vez que la misma contempla dos capítulos que se estima conveniente incluir y que son los relativos a la presentación, tramitación y resolución de quejas o reclamaciones que se considera, son aspectos que deben estar precisadas en un ordenamiento jurídico y de ninguna manera en el Reglamento Interior del Órgano cuya creación se pretende, en virtud de que se dejaría al arbitrio del Procurador de la Defensa del Contribuyente, establecer los lineamientos o directrices para llevar a cabo los procedimientos precitados.

Por otra parte, estas Dictaminadoras estiman necesario brindar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, para lo cual plantea que la misma debe ser un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el propósito de que se pueda otorgar a los contribuyentes una eficaz asesoría, representación y defensa de sus derechos.

La minuta e iniciativa que se dictaminan regulan la estructura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mediante disposiciones de orden público e interés social y tendrá a su cargo la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes en materia fiscal.

El contenido de la Minuta expresa que el órgano propuesto prestará sus servicios de manera gratuita siempre y cuando el monto del asunto no exceda de siete mil salarios mínimos del Distrito Federal elevados al año; estos servicios de asesoría, representación y defensa serán a petición de los interesados.

La Procuraduría estará a cargo de un Procurador de la Defensa del Contribuyente quien contará con el apoyo de asesores jurídicos suficientes para atender los asuntos de su competencia estableciendo los requisitos que deben cubrirse para ser Procurador de la Defensa del Contribuyente específicamente que será nombrado por el Senado de la República y ratificado por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Señala la Minuta que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente representa un avance en el sistema jurídico mexicano, puesto que otorgará garantía de seguridad jurídica para los contribuyentes que presenten alguna controversia con el fisco o con alguna autoridad fiscal y, sobre todo, en el caso de aquellos que carezcan de recursos para contratar los servicios de un abogado.

Asimismo, plantea que derivado del funcionamiento de la Procuraduría, se logrará que las autoridades actúen de manera eficaz y apegadas a la legalidad, al constituir una instancia de fácil acceso para los particulares que requieran impugnar actos de autoridad en materia fiscal, y que tengan imposibilidad económica para cubrir los medios de defensa que la ley les otorga, máxime que en estas materias, atendiendo a la complejidad de algunas leyes, se requiere de conocimientos técnicos y especiales para acudir a las instancias jurisdiccionales, con lo cual se fortalecerá el Estado de Derecho y la actuación de las autoridades con apego pleno a los principios de legalidad, eficacia y honradez.

En el mismo sentido, la minuta subraya que las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no constituirán recurso administrativo ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará los trámites y procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales y sean independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes.

En base a lo anterior la iniciativa del Diputado Juan Carlos Pérez Góngora establece que los procedimientos para la presentación, tramitación y resolución de quejas, reclamaciones y sugerencias, se establecerán por el Presidente Nacional del Instituto de Protección y Defensa del Contribuyente y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

La Iniciativa señala que las respuestas que emita el Instituto de Protección y Defensa del Contribuyente a los interesados sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan presentado, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes y tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por lo que dichas respuestas no podrán ser impugnadas.

En otro orden de ideas la propuesta estima necesario reducir el plazo relativo al impedimento en relación con el requisito relativo a haber sido funcionario de alguna entidad fiscal federal, de cinco a tres años previos al nombramiento, mismo que sería hecho por la Cámara de Senadores por un período de cuatro años.

Finalmente la Iniciativa del Diputado Juan Carlos Pérez Góngora estima necesario eliminar lo concerniente a que el Presidente Nacional del Instituto de Protección y Defensa del Contribuyente, sea destituido por el Congreso conforme a los procedimientos establecidos en el Título IV constitucional, y propone que sea sujeto de las responsabilidades previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Las que dictaminan estiman que varios artículos de la Iniciativa del Instituto de Protección del Contribuyente, se consideraran necesarios para enriquecer la Minuta por la que se expide la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Estas dictaminadoras consideran conveniente la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en los términos propuestos en la Minuta enviada por la H. Cámara de Senadores, con la inclusión de algunas modificaciones que se estima contribuirán al mejor desempeño de la misma y a brindar mayor seguridad jurídica de los contribuyentes que se busca proteger.

Es conveniente destacar que la naturaleza jurídica que el Congreso de la Unión otorgó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en las reformas aprobadas el pasado 5 de enero del 2004 al artículo 18-B del Código Fiscal de la Federación, fue la de un organismo con autonomía técnica y operativa, es decir, sin personalidad jurídica y patrimonio propios, que son precisamente los elementos inherentes a los organismos públicos descentralizados, de lo que se sigue que las características de autonomía expresadas tanto en la Minuta del Senado como en el previamente invocado del Código Fiscal de la Federación, el cual constituye derecho vigente, establece sólo la creación de un órgano desconcentrado y no de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios como el que aquí propone.

Ahora bien, resulta importante señalar que, como resultado del análisis y discusión por el pleno de estas Dictaminadoras, se estableció que los recursos presupuestales para la organización y el funcionamiento de esta Procuraduría, le serían asignados directamente por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de las partidas que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y por otra parte, se determinó que la designación del titular del multicitado organismo será mediante una terna que el Presidente de la República someterá a consideración del Senado, y en el período de receso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En las mencionadas circunstancias, se desprende que la autonomía presupuestaria y la designación del titular de la Procuraduría son elementos suficientes que permiten concluir a estas dictaminadoras que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente debe ser considerado como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En este sentido, y a efecto de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuente con una verdadera autonomía, estas Dictaminadoras consideran pertinente que ésta no se encuentre sectorizada a la Administración Pública Federal, por lo cual no le serán aplicables los artículos 1º, 3º, 45, 48, 49 y 50 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo las que Dictaminan consideran que si el organismo encargado de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, en los términos que este mismo ordenamiento establece, es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual deberá tener la naturaleza de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que goce de plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, la redacción del artículo 2º del proyecto de dictamen que se somete a Consideración de la Asamblea quedaría de la siguiente manera:

Artículo 2o.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, con domicilio en el Distrito Federal

El proyecto de presupuesto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, será elaborado exclusivamente por sus órganos internos en los términos de la presente ley, solo podrá ser modificado por la Cámara de Diputados.

Por otra parte, estas Dictaminadoras consideran que las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no deben incluir la conciliación entre el Fisco Federal y los Contribuyentes, toda vez que las contribuciones son de interés público e impuestas por el Estado en su facultad de Imperio, por lo que no hay forma de incluir transacciones o arreglos, aunque si permanece la asesoría, representación y defensa de los intereses de los contribuyentes en las diferentes instancias administrativas y juicios contenciosos, así como el trámite, seguimiento y resolución de las quejas y reclamaciones que plantean los contribuyentes.

Por lo anterior, las que dictaminan estiman pertinente acotar las funciones planteadas en la Iniciativa del Instituto de la Defensa del Contribuyente y reestructurar las propuestas en la Minuta enviada por la Cámara de Senadores, en el sentido de eliminar la asesoría, representación y defensa en cuestiones administrativas y restringirlas a cuestiones estrictamente fiscales, dejando en todo caso la competencia para dicho organismo de resolver quejas y reclamaciones de los contribuyentes cuando le sean violados sus derechos sustantivos y/o adjetivos, para lo cual se propone la inclusión de los Capítulos IV y V de la presente ley, en lo tocante a la regulación de tales procedimientos.

De igual forma y a efecto de dotar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de los elementos necesarios a efecto de llevar a cabo una eficaz y eficiente defensa de los derechos de los contribuyentes, se propone que tanto las autoridades fiscales federales, como los servidores públicos federales y estatales, que posean información o documentos que puedan contribuir a la resolución de la queja o reclamación interpuesta, por ende el texto que se propone para el artículo 4 es el siguiente:

Artículo 4o.- Los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de parte interesada, por el Procurador de la Defensa del Contribuyente, por los Delegados Regionales y por el número de asesores jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con un Delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, estatales y municipales que estén relacionados o que posean información o documentos vinculados con el asunto del que conoce la Procuraduría, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar información útil, están obligados a atender y enviar puntual y oportunamente la información que les requiera la Procuraduría y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Asimismo, las autoridades fiscales federales están obligadas a:

I.- Tener reuniones periódicas con la Procuraduría, cuando éste se lo solicite;

II.- Mantener una constante comunicación con el personal de la Procuraduría y, a proporcionarle a ésta, la información relativa a los criterios que respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la aplicación de las normas fiscales, se tenga al interior de las autoridades fiscales, del sentido de las consultas que se le hagan, de los diversos formatos utilizados y su llenado y, en general, de toda la información que requiera la Procuraduría para el cumplimiento de sus funciones;

III.- Permitir que el personal de la Procuraduría presencie e intervenga en diligencias en el debido cumplimiento de sus funciones.

Las autoridades y los servidores públicos federales, locales y municipales, colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con las funciones y las actividades de la Procuraduría.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las sanciones que en ella se establecen y, en su caso, a la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores

Así, se propone que las funciones de la Procuraduría previstas en el artículo 5o de esta ley, queden de la siguiente manera:

Artículo 5o.- Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

I.- Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que se le presenten los ciudadanos por actos de las autoridades, fiscales federales;

II.- Representar al particular ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución;

III.- Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, en los términos de la presente ley y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades.

IV.- Impulsar con las autoridades fiscales de la Federación, una actuación de respeto y equidad para con los ciudadanos, así como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie a los particulares acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que disponen;

V.- Promover el estudio, enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del particular;

VI.- Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y personal jurídico, tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

VII.- Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de su función y comparecer siempre que sea convocado para ese efecto, ante el Pleno o las Comisiones camerales correspondientes;

VIII.- Recibir de los contribuyentes las quejas, reclamaciones y sugerencias relacionadas con los trámites y procedimientos fiscales, a fin de emitir las recomendaciones no vinculatorias que resulten procedentes tanto en lo general como en lo particular;

IX.- Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a Derecho a fin de proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante los autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales;

X.- Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;

XI.- Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomendaciones correspondientes;

XII.- Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración Tributaria;

XII.- Emitir su Reglamento interno;

XIII.- Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, de cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría;

XIV.- Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad;

XV.- Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales y

XVI.- Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos.

Las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no constituirán recurso administrativo ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará o suspenderá los plazos, trámites y procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales y son independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes.

Las respuestas que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a los interesados sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan presentado, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes, así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por lo que dichas respuestas no podrán ser impugnadas.

La formulación de quejas y reclamaciones, así como las resoluciones y recomendaciones que emita el Procurador de la Defensa del Contribuyente, no constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, ni afectarán los trámites o procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la queja o reclamación.

Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, resulta procedente determinar la estructura y organización del organismo cuya creación se propone, para lo cual es procedente determinar entre otros elementos, la creación del Órgano de Gobierno y las facultades expresas e indelegables que les serán asignados, y en su caso, los órganos de vigilancia que se le atribuyan.

Artículo 6o.- La Procuraduría se integra por los siguientes órganos:

I. El Procurador de la Defensa del Contribuyente.

II. El Órgano de Gobierno de la Procuraduría.

III. Delegados Regionales

IV. Asesores jurídicos.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente contará con el personal profesional, técnico y administrativo de carrera necesario para la realización de sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas de su operación serán determinadas en el Reglamento Interior de la Procuraduría.

En relación a los requisitos que debe reunir el Procurador de la Defensa del Contribuyente, se considera que dicho cargo debe ser ejercido por un Licenciado en Derecho que cuente con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o en su caso, por un Licenciado con cédula profesional expedida por la Dirección antes enunciada, en materias afines al ámbito tributario, siendo necesario igualmente que posea la experiencia necesaria que establece el propio numeral.

Asimismo, estas Dictaminadoras consideran que la prohibición inmediata para los servidores públicos de elección popular, debe ser atenuada con la prohibición expresa en el artículo 8º de que el procurador no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas, por lo que el texto a aprobar es el siguiente:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación;

III. No haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años previos a su nombramiento;

IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público;

V. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el 15, fracciones VI y VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las Artículo que Dictaminan consideran pertinente delimitar las facultades y obligaciones del titular del órgano de Gobierno, por lo que el texto del dictamen que se somete a consideración de esta Asamblea quedaría de la siguiente manera:

Artículo 8o.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente está obligado a:

I. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría;

II. Ejercer con probidad los recursos presupuestales que se le asignen;

III. Determinar los nombramientos de los asesores;

IV. Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de la Procuraduría. Dicha aprobación estará sujeta a las reglas que para el efecto se establezcan en el Reglamento;

V. Emitir las recomendaciones públicas no vinculativas, así como los acuerdos que resulten de los procedimientos que practique;

VI. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno;

VII. Emitir disposiciones o reglas de carácter general y dictar lineamientos y medidas específicas para la interpretación y aplicación de la normatividad de la Procuraduría, así como, para el desarrollo y mejor desempeño de las actividades de la propia Procuraduría;

VIII. Delegar facultades en los funcionarios de la Procuraduría en los términos del Reglamento;

IX. Ejercer la representación legal de la Procuraduría y, en su caso, otorgar poderes de representación de la misma, en los términos establecidos en el Reglamento;

X. Elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la aprobación del Órgano de Gobierno;

XI. Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización del trabajo de la Procuraduría; y

XII. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición.

Las funciones establecidas en las fracciones IV, VI, VII, IX, X, son indelegables.

Respecto la Minuta enviada por la H. Cámara de Senadores, así como de la Iniciativa presentada por el Dip. Juan Carlos Pérez Góngora, y toda vez que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es el órgano encargado de brindar protección a los contribuyentes, las que dictaminan estiman que por realizar funciones de representación, defensa y asesoría a los contribuyentes, y a efecto de que goce de la independencia necesaria, el Procurador de la Defensa del Contribuyente debe ser designado exclusivamente por el Senado de la República.

Asimismo, en concordancia con la naturaleza jurídica del órgano que se crea, se estima necesario que durante el ejercicio de su encargo no pueda realizar ningún otro encargo o comisión salvo que se trate de cuestiones estrictamente académicas, por lo que el artículo noveno del proyecto de ley que se somete a su consideración quedaría de la siguiente manera:

Artículo 9o.- El nombramiento del Procurador de la Defensa del Contribuyente, se hará exclusivamente por el Senado de la República, y en el período de receso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Procurador de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado para un segundo período. Sólo podrá ser destituido y sujeto a responsabilidad por las causas y conforme a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Procurador de la Defensa del Contribuyente, durante el ejercicio de su encargo, no podrá desempañar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.

Aunado a lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el 15, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, resulta procedente determinar la estructura, organización, funciones y atribuciones del Órgano de Gobierno.

Asimismo, y a efecto de dotar de mayor autonomía al citado órgano de gobierno, se prevé que éstos sean designados también por el Senado de la República, por lo cual estas Dictaminadores someten a consideración de esta Asamblea el siguiente texto:

Artículo. 12.- El Órgano de Gobierno de la Procuraduría es un cuerpo colegiado que se integra de la siguiente manera:

I.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del Órgano de Gobierno;

II.- Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el Senado.

El Senado de la República preservará un adecuado equilibrio al designar a dichos consejeros, tomando en cuenta a los representantes de las principales universidades del país, a los representantes de asociaciones profesionales, así como a las principales cámaras empresariales. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia fiscal y contable y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría.

Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un documento donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero, así como aceptar los derechos y obligaciones derivados de tal cargo, sin que por ello se le considere servidor publico en los términos de la legislación aplicable.

Los consejeros representantes de la sociedad civil deberán cumplir para su nombramiento, los mismos requisitos que el Procurador, exceptuando la fracción III del artículo 7o.

Cada integrante propietario tendrá su suplente proveniente del mismo sector. El cargo de consejero es honorífico y durarán en su encargo hasta cuatro años.

El Órgano de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requiere un quórum de mayoría simple de sus integrantes para su funcionamiento, y las resoluciones que adopten para su validez serán tomadas por la mitad más uno de los consejeros presentes con derecho a voto.

Todos los miembros del Órgano de Gobierno tienen derecho de voz y voto.

Las sesiones del Órgano de Gobierno serán convocadas por el Procurador, o mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros. Las demás reglas para el debido funcionamiento del Órgano de Gobierno se establecerán en el Reglamento.

Artículo 13.- El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Procurador;

II.- Fijar lineamientos y aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de éste y de su Procurador y, velar por cumplimiento de las reglas del servicio profesional de carrera;

III.- Aprobar el Reglamento de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de ellos;

IV.- Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del Procurador de la Defensa del Contribuyente;

V.- Determinar las bases y lineamientos para la promoción de la cultura tributaria.

VI.- Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por el Procurador.

VII.- Las demás que se establezcan en esta Ley, en el Reglamento, o en cualquier otra disposición.

En adición, las que dictaminan consideran que con fundamento en el artículo 15, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es preciso determinar la existencia de un órgano interno de control, el cual será denominado Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Publica en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Proponiéndose el siguiente texto:

Artículo 14.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Publica en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se auxiliará, en el ejercicio de sus facultades, por los titulares de las áreas de auditoria, quejas y responsabilidades, designados en los mismos términos.

El Órgano Interno de Control, su Titular y los titulares de las áreas de auditoria, quejas y responsabilidades, desarrollarán sus funciones conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y otros ordenamientos jurídicos aplicables de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Publica

Ahora bien, resulta necesario establecer que estas Dictaminadoras estiman necesaria la creación de los capítulos IV y V de esta ley, relativos a regular la tramitación y resolución de quejas o reclamaciones, toda vez que se considera que los procedimientos con que cuentan los contribuyentes para denunciar la violación a sus derechos, así como las irregularidades suscitadas durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, deben estar previstas en un acto formal y materialmente legislativo como es el presente ordenamiento, y de ninguna manera dejarse al arbitrio del Procurador de la Defensa del Contribuyente al momento de expedir el Reglamento Interior, en virtud de que dichos procedimientos no solo regulan la interposición de quejas y reclamaciones por parte de los contribuyentes afectados, sino que también establece el actuar de la Procuraduría para el trámite y resolución de las mismas, por lo que las actuaciones de los órganos del estado con el objeto de dar seguridad jurídica a los gobernados deben estar en ley y no en un reglamento .

Por lo anterior, se establece que los procedimientos a favor de los contribuyentes sean breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente, así como dotar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de atribuciones necesarias para instrumentar las diligencias necesarias para el seguimiento de las quejas o reclamaciones que presenten los contribuciones.

Luego entonces, el Capítulo V de la presente ley que se introduce, tiene por objeto regular la emisión de acuerdos y recomendaciones a las autoridades fiscales como resultado de las investigaciones realizadas por la Procuraduría, los cuáles no constituirán instancia ni serán obligatorios para las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Estas Comisiones que dictaminan consideran necesaria la inclusión de los Capítulos respectivos a la sustanciación de los procedimientos para la presentación de las quejas o reclamaciones, así como el trámite y resolución de las mismas por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, toda vez que de no ser así, se dejaría al arbitrio del Procurador de la Defensa del Contribuyente, el establecimiento de los procedimientos adjetivos y la actuación del organismo cuya creación se pretende, el cual debe estar señalado en ley, y no en actos de naturaleza legislativa pero formalmente administrativos, como son los reglamentos.

De igual importancia resulta establecer el término para la presentación de la queja o reclamación, diferenciando el supuesto a establecido en la fracción II del artículo 5 de esta ley, el cual se refiere a la facultad con que la Procuraduría cuenta para representar al particular ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar.

En efecto, siendo facultad de la Procuraduría representar los intereses de los contribuyentes, resulta indispensable establecer términos breves a efecto de que dicha representación no se vea comprometida por las diversas actuaciones que lleve a cabo la Procuraduría, proponiéndose como término para presentar la reclamación o queja únicamente cuando se trate del supuesto previsto por el artículo 5o fracción II, el de diez días.

A efecto de otorgar mayor seguridad jurídica al interesado, debe establecerse que en caso de que la queja o reclamación que se presente, sea inadmisible por ser notoriamente improcedente o infundada, o no sea competencia de la Procuraduría, se informará al quejoso o reclamante por escrito dicha determinación, en el término de cinco días.

Conviene también señalar que cuando los contribuyentes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos al momento de presentar la queja o reclamación, ésta será admitida por la Procuraduría, siempre que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos; dicha premisa no se aplicará cuando se trate del supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 5 de la presente ley; lo anterior a efecto de no comprometer la defensa de los intereses de los contribuyentes que se realizara en forma posterior, ante las autoridades competentes.

De igual forma y con el propósito de contar con la celeridad que permita interponer en tiempo los medios de defensa a que se refieren las leyes de la materia, se considera adecuado incluir que las resoluciones de la Procuraduría deberán ser notificadas a mas tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen pronunciado, asentando la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.

Ahora bien, y a efecto de proporcionar mayor certidumbre jurídica a los interesados, se establece que, si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se otorgará en beneficio del quejoso o reclamante, el término de tres días para que subsane las omisiones o defectos que existan; aunque resulta también indispensable determinar que si transcurrido dicho término éste no subsanara la omisión requerida, la reclamación o queja se tendrá por no presentada.

Finalmente y a efecto de dar mayor prontitud en la tramitación y resolución de los procedimientos, la Procuraduría en el término de tres días después de presentada la queja o reclamación, deberá dictar el acuerdo de admisión que corresponda, requiriendo en ese mismo acto el informe a la autoridad señalada como responsable.

En dicho informe la autoridad responsable deberá hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos impugnados y la existencia de éstos, debiendo acompañar al efecto, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, ya que se considera indispensable que la Procuraduría tenga a su alcance los elementos necesarios para analizar la cuestión planteada y esté en aptitud de formular, en su caso la recomendación, o acuerdo de no responsabilidad que corresponda.

En este contexto, el capítulo IV de la ley que se somete a consideración, quedaría de la siguiente manera:

Capítulo IV Presentación, tramitación y resolución de quejas o reclamaciones

Artículo 15.- Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberán ser breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente.

El personal de la Procuraduría tiene la obligación de manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia.

Tanto el Procurador de la Defensa del Contribuyente como los Delegados Regionales, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos de las quejas o reclamaciones presentadas ante la Procuraduría.

En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría.

Artículo 16.- Cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denunciar presuntas ilegalidades contra sus derechos tributarios y acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para presentarlas, ya sea directamente o por medio de representante.

Las quejas o reclamaciones deberán presentarse por escrito, utilizando para estos efectos cualquier medio, inclusive por la página electrónica que establezca la Procuraduría para tal fin, salvo casos urgentes calificados por el Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, por los Delegados Regionales, en que podrán formularse por cualquier medio de comunicación.

Artículo 17.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, los Delegados Regionales, pondrán a disposición del público en general formularios que faciliten los trámites que estén bajo su esfera de atribuciones y, en todo caso, orientarán a los interesados sobre su contenido, auxiliándolo para requisitarlo.

En todos los casos que se requiera, se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría.

Artículo 18.- La presentación de la queja o reclamación a que se refiere la fracción VIII de artículo 5o, podrá hacerse en cualquier tiempo. Tratándose de la representación a que se refiere la fracción II del artículo 5o, el término de presentación de la queja o reclamación, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnada, con el apercibimiento de que, si no se presenta en el término antes indicado, se tendrá por no presentada.

Cuando la queja o reclamación sea notoriamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato, debiendo comunicarse por escrito en el término de cinco días hábiles al quejoso o reclamante.

Cuando la queja o reclamación no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta deberá notificar la incompetencia al quejoso o reclamante en el término de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja o reclamación.

Cuando los quejosos o reclamantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos, el escrito que contenga la queja o reclamación será admitido, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos, siempre que no se esté en el supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 5 de la presente ley, en cuyo caso se tendrá por no presentada la queja o reclamación.

Si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta dentro del término de tres días siguientes a su presentación, requerirá al quejoso o reclamante, para que haga la aclaración respectiva, con el apercibimiento de que si en el término de tres días contados a partir del día siguiente a que surta efectos su notificación, no subsana la omisión requerida, se tendrá por no presentada.

Artículo 19. En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la queja o reclamación.

En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, el Procurador de la Defensa del Contribuyente o en su caso los Delegados Regionales, podrán ordenar que ésta se realice a las autoridades responsables por la vía electrónica.

En el informe que rindan las autoridades, se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos impugnados, si efectivamente éstos existieron, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen pronunciado, y se asentara la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.

Artículo 20.- Para el trámite de la queja o reclamación, cuando se requiera una investigación, la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los contribuyentes, la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior, así como la documentación adicional;

II.- Comisionar a los asesores jurídicos para presenciar diligencias practicadas por autoridades fiscales federales;

III.- Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o reclamaciones.

Artículo 21.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien las que de oficio se requieran o practiquen, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de valoración de la prueba en los términos de los artículos 130 y 234 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja o reclamación.

Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.

Ahora bien, por lo que hace al capítulo relativo a los acuerdos y recomendaciones las que dictaminan consideran pertinente establecer que la Procuraduría contará con el término de cinco días contados después de la recepción del informe de la autoridad responsable, para formular la recomendación, o acuerdo de no responsabilidad, según corresponda; lo anterior a efecto de hacer concordante dicho término con los establecidos en la admisión y substanciación de la queja o reclamación, y que dicha institución en caso de formular una recomendación, se encuentre en posibilidad de promover la defensa a que se refiere el artículo 5 fracción II de la ley que se propone, dentro de los términos que las leyes fiscales establezcan.

Ahora bien estas Comisiones consideran pertinente establecer que una vez formulada la recomendación, la autoridad responsable contará con el término de tres días para manifestar si la acepta íntegramente o la acepta parcialmente.

En caso de que se aceptare de forma parcial, o no fuera aceptada, será obligación de la Procuraduría proceder a la defensa de los intereses del quejoso o reclamante, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 5º de la presente Ley.

Capítulo V De los acuerdos y recomendaciones

Artículo 22.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente podrá dictar:

I.- Acuerdos de trámite, para que las autoridades fiscales federales aporten información o documentación, salvo aquella que la ley considere reservada o confidencial.

II.- Recomendaciones no imperativas para la autoridad o servidor público a la que se dirija.

III.- Acuerdos de no responsabilidad.

Artículo 23.- Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del informe de las autoridades responsables a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, formulará una recomendación, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales; señalando, en su caso, las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables.

En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en sus actuaciones tomará en cuenta tanto la buena fe que la ley presume en los contribuyentes, como el interés público que existe en la recaudación de los tributos.

Artículo 24.- En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Procuraduría en el término de cinco días, después de recepcionado el informe de las autoridades responsables, dictará acuerdo de no responsabilidad.

Artículo 25.- La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, si acepta o no dicha recomendación.

En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación formulada, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente procederá de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 5o de la presente ley.

En caso de aceptar la recomendación, entregará, dentro de los diez días hábiles siguientes, las pruebas que acrediten de que ha cumplido con la recomendación.

Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y lo autorice el Procurador de la Defensa del Contribuyente o los Delegados Regionales.

En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Procuraduría no procede ningún recurso.

Artículo 26.- La Procuraduría no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, entregará copia certificada de las mismas, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 27.- Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.

Se considera conveniente la inclusión de un capítulo relativo a las sanciones administrativas que aplicarían las autoridades fiscales federales, así como a los servidores públicos que las presiden por no cumplir con los procedimientos que en esta ley se proponen; lo anterior a efecto de constreñir a dichos funcionarios públicos a cumplir con los procedimientos en cita.

En razón de lo anterior el texto del capítulo VI que se propone sería el siguiente:

Capítulo VI De las Sanciones

Artículo 28.- Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos que las presidan serán sancionados:

I.- Con entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes cuando:

1.- No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o no acompañen las pruebas necesarias que lo justifiquen, o no entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por la Procuraduría.

2.- No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 25 de esta ley, si en su caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría.

II.- Con entre 20 y 30 salarios mínimos del Distrito Federal, elevados al mes cuando:

1.- Utilizando cualquier medio entorpezcan u obstaculicen las funciones de la Procuraduría, así como no asistir a las reuniones periódicas establecidas en la fracción XIII del articulo 5o.

2.- Impidan que el personal de la Procuraduría intervenga o presencie diligencias que practiquen las autoridades fiscales federales.

III.- Será motivo de responsabilidad administrativa.

4.- Cuando los funcionarios de las autoridades fiscales federales se nieguen a cumplir la recomendación que se les dirija, siempre que, el contribuyente logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, la anulación del acto que fue objeto de la intervención de la Procuraduría y que la ilegalidad del acto haya sido advertida por la Procuraduría, que sea clara y que la resolución definitiva del tribunal competente sea lisa y llana.

La imposición de las multas será a cargo del Procurador de la Defensa del Contribuyente, quien podrá delegar dicha función en términos del reglamento.

Por último a efecto de establecer en ley la autonomía presupuestaria de la que gozaría la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se propone modificar el texto del artículo Tercero Transitorio de la minuta remitida por el H. Senado de la República, a efecto de establecer que el presupuesto con que contará dicho organismo será aprobado por la Cámara de Diputados a través de las partidas que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por tanto el texto que se propone sería el siguiente:

TERCERO.- En lo relativo a las asignaciones para cubrir las erogaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, éstas le serán otorgadas por la Cámara de Diputados, a través de las partidas que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anterior, estas Dictaminadoras con las modificaciones y propuestas señaladas, someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Artículo Único.- Se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones en los términos que este mismo ordenamiento establece; y

Artículo 2o.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, con domicilio en el Distrito Federal.

El proyecto de presupuesto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, será elaborado exclusivamente por sus órganos internos en los términos de la presente ley, solo podrá ser modificado por la Cámara de Diputados.

Artículo 3o.- Los servicios públicos que regula esta ley, se prestarán obligatoriamente, de manera gratuita y bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo.

Artículo 4o.- Los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de parte interesada, por el Procurador de la Defensa del Contribuyente, por los Delegados Regionales y por el número de asesores jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con un Delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, estatales y municipales que estén relacionados o que posean información o documentos vinculados con el asunto del que conoce la Procuraduría, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar información útil, están obligados a atender y enviar puntual y oportunamente la información que les requiera la Procuraduría y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Asimismo, las autoridades fiscales federales están obligadas a:

I.- Tener reuniones periódicas con la Procuraduría, cuando éste se lo solicite;

II.- Mantener una constante comunicación con el personal de la Procuraduría y, a proporcionarle a ésta, la información relativa a los criterios que respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la aplicación de las normas fiscales, se tenga al interior de las autoridades fiscales, del sentido de las consultas que se le hagan, de los diversos formatos utilizados y su llenado y, en general, de toda la información que requiera la Procuraduría para el cumplimiento de sus funciones;

III.- Permitir que el personal de la Procuraduría presencie e intervenga en diligencias en el debido cumplimiento de sus funciones.

Las autoridades y los servidores públicos federales, locales y municipales, colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con las funciones y las actividades de la Procuraduría.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las sanciones que en ella se establecen y, en su caso, a la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores

Capítulo II De las atribuciones

Artículo 5o.- Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

I.- Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que se le presenten los ciudadanos por actos de las autoridades, fiscales federales;

II.- Representar al particular ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución;

III.- Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, en los términos de la presente ley y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades.

IV.- Impulsar con las autoridades fiscales de la Federación, una actuación de respeto y equidad para con los ciudadanos, así como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie a los particulares acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que disponen;

V.- Promover el estudio, enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del particular;

VI.- Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y personal jurídico, tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

VII.- Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de su función y comparecer siempre que sea convocado para ese efecto, ante el Pleno o las Comisiones camerales correspondientes;

VIII.- Recibir de los contribuyentes las quejas, reclamaciones y sugerencias relacionadas con los trámites y procedimientos fiscales, a fin de emitir las recomendaciones no vinculatorias que resulten procedentes tanto en lo general como en lo particular;

IX.- Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a Derecho a fin de proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante los autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales;

X.- Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;

XI.- Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomendaciones correspondientes;

XII.- Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración Tributaria;

XIII.- Emitir su Reglamento interno;

XIV.- Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, de cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría;

XV.- Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad;

XVI.- Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales y

XVII.- Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos.

Las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no constituirán recurso administrativo ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará o suspenderá los plazos, trámites y procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales y son independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes.

Las respuestas que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a los interesados sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan presentado, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes, así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por lo que dichas respuestas no podrán ser impugnadas.

La formulación de quejas y reclamaciones, así como las resoluciones y recomendaciones que emita el Procurador de la Defensa del Contribuyente, no constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, ni afectarán los trámites o procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la queja o reclamación.

Capítulo III Estructura y Organización de la Procuraduría

Artículo 6o.- La Procuraduría se integra por los siguientes órganos:

I. El Procurador de la Defensa del Contribuyente.

II. El Órgano de Gobierno de la Procuraduría.

III. Delegados Regionales

IV. Asesores jurídicos.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente contará con el personal profesional, técnico y administrativo de carrera necesario para la realización de sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas de su operación serán determinadas en el Reglamento Interior de la Procuraduría.

Artículo 7o.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria.

III. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación;

IV. No haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años previos a su nombramiento;

V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público;

VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

Artículo 8o.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente está obligado a:

I. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría;

II. Ejercer con probidad los recursos presupuestales que se le asignen;

III. Determinar los nombramientos de los asesores;

IV. Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de la Procuraduría. Dicha aprobación estará sujeta a las reglas que para el efecto se establezcan en el Reglamento;

V. Emitir las recomendaciones públicas no vinculativas, así como los acuerdos que resulten de los procedimientos que practique;

VI. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno;

VII. Emitir disposiciones o reglas de carácter general y dictar lineamientos y medidas específicas para la interpretación y aplicación de la normatividad de la Procuraduría, así como, para el desarrollo y mejor desempeño de las actividades de la propia Procuraduría;

VIII. Delegar facultades en los funcionarios de la Procuraduría en los términos del Reglamento;

IX. Ejercer la representación legal de la Procuraduría y, en su caso, otorgar poderes de representación de la misma, en los términos establecidos en el Reglamento;

X. Elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la aprobación del Órgano de Gobierno;

XI. Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización del trabajo de la Procuraduría; y

XII. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición.

Las funciones establecidas en las fracciones IV, VI, VII, IX, X, son indelegables.

Artículo 9o.- El nombramiento del Procurador de la Defensa del Contribuyente, se hará exclusivamente por el Senado de la República, y en el período de receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Procurador de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado para un segundo período. Sólo podrá ser destituido y sujeto a responsabilidad por las causas y conforme a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Procurador de la Defensa del Contribuyente, durante el ejercicio de su encargo, no podrá desempañar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.

Artículo 10.- Los asesores jurídicos deberán reunir para su nombramiento, los mismos requisitos que el Procurador, exceptuando las fracciones III y IV del artículo 7o, ya que será necesario que cuenten con experiencia acreditada en materia fiscal por un período continuo de dos años inmediato anterior a su nombramiento.

Artículo 11.- Los asesores jurídicos están obligados a:

I.- Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa de las personas que lo soliciten;

II.- Promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses de sus representados, haciendo valer acciones, excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa; No se surtirá la obligación anterior cuando a juicio del asesor jurídico la defensa del interesado resulte legalmente improcedente por no existir bases ni fundamentos para su ejercicio.

III.- Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le presente, desde su inicio, hasta la conclusión total del asunto; y

IV.- Las demás que resulten de la naturaleza de su función, de la disposición de la Ley y las que les sean encomendadas por el Procurador de la Defensa del Contribuyente.

Artículo. 12.- El Órgano de Gobierno de la Procuraduría es un cuerpo colegiado que se integra de la siguiente manera:

I.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del Órgano de Gobierno;

II.- Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el Senado.

El Senado de la República preservará un adecuado equilibrio al designar a dichos consejeros, tomando en cuenta a los representantes de las principales universidades del país, a los representantes de asociaciones profesionales, así como a las principales cámaras empresariales. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia fiscal y contable y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría.

Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un documento donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero, así como aceptar los derechos y obligaciones derivados de tal cargo, sin que por ello se le considere servidor publico en los términos de la legislación aplicable.

Los consejeros representantes de la sociedad civil deberán cumplir para su nombramiento, los mismos requisitos que el Procurador, exceptuando la fracción III del artículo 7o.

Cada integrante propietario tendrá su suplente proveniente del mismo sector. El cargo de consejero es honorífico y durarán en su encargo hasta cuatro años.

El Órgano de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requiere un quórum de mayoría simple de sus integrantes para su funcionamiento, y las resoluciones que adopten para su validez serán tomadas por la mitad más uno de los consejeros presentes con derecho a voto.

Todos los miembros del Órgano de Gobierno tienen derecho de voz y voto.

Las sesiones del Órgano de Gobierno serán convocadas por el Procurador, o mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros. Las demás reglas para el debido funcionamiento del Órgano de Gobierno se establecerán en el Reglamento.

Artículo 13. - El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Procurador;

II.- Fijar lineamientos y aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de éste y de su Procurador y, velar por cumplimiento de las reglas del servicio profesional de carrera;

III.- Aprobar el Reglamento de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de ellos;

IV.- Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del Procurador de la Defensa del Contribuyente;

V.- Determinar las bases y lineamientos para la promoción de la cultura tributaria.

VI.- Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por el Procurador.

VII.- Las demás que se establezcan en esta Ley, en el Reglamento, o en cualquier otra disposición.

Artículo 14.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Publica en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se auxiliará, en el ejercicio de sus facultades, por los titulares de las áreas de auditoria, quejas y responsabilidades, designados en los mismos términos.

El Órgano Interno de Control, su Titular y los titulares de las áreas de auditoria, quejas y responsabilidades, desarrollarán sus funciones conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y otros ordenamientos jurídicos aplicables de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Publica

Capítulo IV Presentación, tramitación y resolución de quejas o reclamaciones

Artículo 15.- Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberán ser breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente.

El personal de la Procuraduría tiene la obligación de manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia.

Tanto el Procurador de la Defensa del Contribuyente como los Delegados Regionales, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos de las quejas o reclamaciones presentadas ante la Procuraduría.

En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría.

Artículo 16.- Cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denunciar presuntas ilegalidades contra sus derechos tributarios y acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para presentarlas, ya sea directamente o por medio de representante.

Las quejas o reclamaciones deberán presentarse por escrito, utilizando para estos efectos cualquier medio, inclusive por la página electrónica que establezca la Procuraduría para tal fin, salvo casos urgentes calificados por el Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, por los Delegados Regionales, en que podrán formularse por cualquier medio de comunicación.

Artículo 17.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, los Delegados Regionales, pondrán a disposición del público en general formularios que faciliten los trámites que estén bajo su esfera de atribuciones y, en todo caso, orientarán a los interesados sobre su contenido, auxiliándolo para requisitarlo.

En todos los casos que se requiera, se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Artículo 18.- La presentación de la queja o reclamación a que se refiere la fracción VIII de artículo 5o, podrá hacerse en cualquier tiempo. Tratándose de la representación a que se refiere la fracción II del artículo 5o, el término de presentación de la queja o reclamación, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnada, con el apercibimiento de que, si no se presenta en el término antes indicado, se tendrá por no presentada.

Cuando la queja o reclamación sea notoriamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato, debiendo comunicarse por escrito en el término de cinco días hábiles al quejoso o reclamante.

Cuando la queja o reclamación no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta deberá notificar la incompetencia al quejoso o reclamante en el término de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja o reclamación.

Cuando los quejosos o reclamantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos, el escrito que contenga la queja o reclamación será admitido, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos, siempre que no se esté en el supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 5 de la presente ley, en cuyo caso se tendrá por no presentada la queja o reclamación.

Si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta dentro del término de tres días siguientes a su presentación, requerirá al quejoso o reclamante, para que haga la aclaración respectiva, con el apercibimiento de que si en el término de tres días contados a partir del día siguiente a que surta efectos su notificación, no subsana la omisión requerida, se tendrá por no presentada.

Artículo 19. En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la queja o reclamación.

En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, el Procurador de la Defensa del Contribuyente o en su caso los Delegados Regionales, podrán ordenar que ésta se realice a las autoridades responsables por la vía electrónica.

En el informe que rindan las autoridades, se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos impugnados, si efectivamente éstos existieron, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen pronunciado, y se asentara la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.

Artículo 20.- Para el trámite de la queja o reclamación, cuando se requiera una investigación, la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los contribuyentes, la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior, así como la documentación adicional;

II.- Comisionar a los asesores jurídicos para presenciar diligencias practicadas por autoridades fiscales federales;

III.- Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o reclamaciones.

Artículo 21.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien las que de oficio se requieran o practiquen, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de valoración de la prueba en los términos de los artículos 130 y 234 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja o reclamación.

Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.

Capítulo V De los acuerdos y recomendaciones

Artículo 22.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente podrá dictar:

I.- Acuerdos de trámite, para que las autoridades fiscales federales aporten información o documentación, salvo aquella que la ley considere reservada o confidencial.

II.- Recomendaciones no imperativas para la autoridad o servidor público a la que se dirija.

III.- Acuerdos de no responsabilidad.

Artículo 23.- Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del informe de las autoridades responsables a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, formulará una recomendación, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales; señalando, en su caso, las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables.

En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en sus actuaciones tomará en cuenta tanto la buena fe que la ley presume en los contribuyentes, como el interés público que existe en la recaudación de los tributos.

Artículo 24.- En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Procuraduría en el término de cinco días, después de recepcionado el informe de las autoridades responsables, dictará acuerdo de no responsabilidad.

Artículo 25.- La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, si acepta o no dicha recomendación.

En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación formulada, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente procederá de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 5o de la presente ley.

En caso de aceptar la recomendación, entregará, dentro de los diez días hábiles siguientes, las pruebas que acrediten de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y lo autorice el Procurador de la Defensa del Contribuyente o los Delegados Regionales.

En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Procuraduría no procede ningún recurso.

Artículo 26.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una recomendación o a algún particular.

Artículo 27.- Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.

Capítulo VI De las Sanciones

Artículo 28.- Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos que las presidan serán sancionados:

I.- Con entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes cuando:

1.- No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o no acompañen las pruebas necesarias que lo justifiquen, o no entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por la Procuraduría.

2.- No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 25 de esta ley, si en su caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría.

II.- Con entre 20 y 30 salarios mínimos del Distrito Federal, elevados al mes cuando:

1.- Utilizando cualquier medio entorpezcan u obstaculicen las funciones de la Procuraduría, así como no asistir a las reuniones periódicas establecidas en la fracción XIII del articulo 5o.

2.- Impidan que el personal de la Procuraduría intervenga o presencie diligencias que practiquen las autoridades fiscales federales.

III.- Será motivo de responsabilidad administrativa.

Cuando los funcionarios de las autoridades fiscales federales se nieguen a cumplir la recomendación que se les dirija, siempre que, el contribuyente logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, la anulación del acto que fue objeto de la intervención de la Procuraduría y que la ilegalidad del acto haya sido advertida por la Procuraduría, que sea clara y que la resolución definitiva del tribunal competente sea lisa y llana.

La imposición de las multas será a cargo del Procurador de la Defensa del Contribuyente, quien podrá delegar dicha función en términos del reglamento.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley, el Procurador de la Defensa del Contribuyente que ocupe el cargo por primera vez, permanecerá en él por seis años.

ARTICULO TERCERO.- En lo relativo a las asignaciones para cubrir las erogaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, éstas le serán otorgadas por la Cámara de Diputados, a través de las partidas que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

ARTICULO CUARTO. La elección del primer Procurador de la Defensa del Contribuyente deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de esta Ley. Dentro de los siguientes 45 días hábiles a su elección, deberá constituirse el Órgano de Gobierno de la Procuraduría, órgano que deberá expedir su Reglamento a más tardar dentro de treinta días siguientes a su constitución. La Procuraduría deberá estar operando y funcionando, a más tardar dentro de los siguientes 120 días al inicio de la vigencia de la presente Ley.

ARTICULO QUINTO. El Procurador es el responsable de su proceso de constitución, se le faculta a decidir sobre cualquier obstáculo o imprevisto, que impida o retrase el proceso de creación y constitución de la Procuraduría, referido en el artículo anterior, debiendo en la primera sesión del Órgano de Gobierno, llevada a cabo después de tomada la decisión, ponerla a consideración de éste para que, en su caso la ratifique.

ARTICULO SEXTO. Se deberá considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, los recursos necesarios para la operación y funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

ARTICULO SÉPTIMO. Debe el Procurador gestionar ante las instituciones que correspondan, la designación del Consejero que los representará. En caso de que exista algún obstáculo para la designación de alguno de ellos, el propio Organo Colectivo de Gobierno decidirá sobre el particular.

El primer Organo de Gobierno podrá integrarse, funcionar y sesionar, para la emisión de su Reglamento, incluso, sin alguno de sus miembros correspondientes a la sociedad civil, si existiere algún obstáculo o dilación en la designación de alguno de ellos.

ARTICULO OCTAVO. De acuerdo con la fracción XIII del artículo 5o. de esta Ley, las personas que al inicio de las operaciones de la Procuraduría tengan el carácter de síndicos, podrán solicitar su registro ante éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 del mes de septiembre de 2004.--- Comisión de Justicia y Derechos Humanos.--- Diputados: Rebeca Gódínez y Bravo, Presidenta (rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona, secretaria (rúbrica); Fidel René Meza Cabrera, secretario (abstención); Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), secretario (rúbrica); Francisco Javier Valdéz de Anda, secretario (rúbrica); Gilberto Ensástiga Santiago, secretario (rúbrica en contra); Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario (rúbrica); Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Ladrón de Guevara, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).

Comisión de Hacienda y Crédito Público.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica en contra), Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica a favor), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica a favor), José Felipe Puelles Espina (rúbrica en contra), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica a favor), Oscar González Yáñez (rúbrica a favor), Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica en abstención), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica a favor), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica a favor), Angel Buendía Tirado (rúbrica a favor), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica en contra), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica a favor), José Luis Flores Hernández (rúbrica a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica en contra), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica a favor), Mario Moreno Arcos (rúbrica a favor), José Adolfo Murat Macías (rúbrica a favor), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica en contra), José Osuna Millán (rúbrica en contra), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica en abstención), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica en contra), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica en abstención), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica a favor), Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica a favor), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica en contra), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica en contra), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica a favor), Emilio Zebadúa González (rúbrica a favor).»

Es de primera lectura.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 31 DEL 7 de DICEMBRE de 2004

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LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con opinión de Agricultura y Ganadería, les fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajadores eventuales del campo, puesta a consideración de esta H. Asamblea en sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2004, por la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En atención a ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y las atribuciones que otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 23 de noviembre de 2004, la diputada María Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de otros diputados de los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadores eventuales del campo.

SEGUNDO. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con opinión de Agricultura y Ganadería.

TERCERO. Con fecha 30 de noviembre, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hizo llegar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social la opinión sobre la iniciativa en comento, precisando como resolutivos, ``Primero: que las Comisiones Dictaminadoras de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social emitan un dictamen positivo respecto de la iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social para incluir a los trabajadores eventuales del campo.'' Y ``Segundo: que al momento del análisis, discusión y aprobación de la iniciativa referida, en el seno de las comisiones dictaminadoras, se convoque a la Mesa Directiva de esta Comisión, por la relevancia que para los integrantes de la misma tiene esta iniciativa''.

CUARTO. Previo estudio y análisis de la iniciativa en comento, se procedió a la elaboración del presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA1. La iniciativa refiere que durante el siglo XX el campo mexicano inspiró y alentó profundas transformaciones en los ámbitos político, social y económico del país. El análisis y entendimiento del devenir histórico de México y su materialización en un Estado federado, republicano y democrático carece de sustancia si no se reconoce en su justa dimensión el aporte de nuestro campo, de sus mujeres y hombres.

Sin embargo, reconoce que décadas de reparto agrario y de solución de conflictos, han sido insuficientes para dotar a las mujeres y a los hombres del campo de las herramientas productivas y del conocimiento y educación necesarios para acceder a un nivel de vida acorde a nuestras aspiraciones como Nación. Los esfuerzos del Estado Mexicano a través de sus instituciones, y de los distintos gobiernos que se han encargado de diseñar e instrumentar planes y programas de carácter social y económico en el campo, resultan insuficientes al inicio de un nuevo siglo.

2. Refieren los promoventes que, como representantes de la soberanía del país, se debe plantear el rumbo a seguir, reconociendo que si bien existen instituciones, programas y esfuerzos cuya continuidad es indispensable, también es cierto que el campo mexicano requiere nuevas alternativas y esquemas que respondan a las dinámicas sociales y económicas que hoy lo afectan.

En este contexto, señala, uno de los objetivos fundamentales de la presente iniciativa se orienta hacia la elevación de los niveles de vida de la población en el campo, mediante el acceso efectivo a la seguridad social y, en particular, a servicios de salud integrales, con calidad y trato digno, que contribuyan al fortalecimiento de la cohesión social y a la protección de las familias mediante la satisfacción de sus necesidades de salud. Se busca crear condiciones propicias para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo, a partir de esquemas que simplifican el cumplimiento de obligaciones patronales, al tiempo que se otorgan al Instituto Mexicano del Seguro Social mayores elementos de supervisión y vigilancia, y se fortalece la competitividad del sector.

3. Como antecedentes, la promovente señala que en 1960 se expidió el Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, que dio acceso a los trabajadores agrícolas a la seguridad social, bajo un régimen limitado a dos ramos de seguro: Enfermedades y Maternidad y Riesgos de Trabajo.

En 1995 se expidió la Ley del Seguro Social vigente y se reconoció a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al Régimen Obligatorio que la ley establece para toda persona que labora bajo una relación de tipo obrero-patronal, como se define en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo.

Como respuesta al impacto que generó la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley del Seguro Social, mediante Decreto Presidencial del 29 de junio de 1998, se precisaron aspectos para hacer dicho reconocimiento: del 1 de julio de 1998 al 30 de junio del año 2004, los patrones determinarían y cubrirían las cuotas a su cargo bajo un esquema gradual, cuyo incremento sería anual hasta alcanzar las bases de cotización establecidas en la Ley y, posteriormente, a partir del 1 de julio de 2004, cubrirían las cuotas a su cargo conforme a las bases de cotización vigentes, lo que quedó establecido en el acuerdo emitido para el efecto por el Consejo Técnico del IMSS.

Así, en diciembre de 1998, con base en el Decreto Presidencial y en el Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, se firma con el Consejo Nacional Agropecuario, el Convenio de Bases Generales para el Aseguramiento de los Trabajadores Eventuales del Campo, con efectos retroactivos al 1º de julio del mismo año, en donde además de lo anterior se estableció un proceso específico para la afiliación de los trabajadores y el procedimiento para el acceso a los servicios médicos.

Como la vigencia del convenio concluyó el pasado 30 de junio, ahora es necesario buscar una alternativa que además de beneficiar a los trabajadores, simplifique el cumplimiento de las obligaciones patronales y favorezca la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano.

4. En su exposición de motivos, la iniciativa en comento refiere que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo, 4 millones 771 mil trabajadores del medio rural sólo cuentan con su mano de obra para obtener un ingreso, de los cuales, tan sólo el 16 por ciento disfruta de las prestaciones que da la seguridad social.

Se señala que la cobertura de la seguridad social depende de la contribución y corresponsabilidad de quienes conforman su estructura tripartita. Si no es cabal el cumplimiento de alguno de sus actores, no hay posibilidades reales de atender con suficiencia a más mexicanos. Esto es indefectible tratándose del campo, en donde los productores tienen un papel preponderante.

La estrategia de desarrollo agropecuario, forestal y mixto en México combina el impulso al subsector exportador con el apoyo a la producción de cultivos básicos para consumo nacional.

A manera de ejemplo, en la producción de hortalizas y frutales, resulta indispensable la utilización de mano de obra eventual para la realización de actividades de limpieza y cosecha del producto, representando en general hasta el cuarenta por ciento del costo total del cultivo.

A lo antes expuesto se agrega el carácter estacional del empleo en el campo y la separación geográfica entre oferta y demanda de la mano de obra en los mercados regionales e interregionales, lo cual lleva a recurrir a diversos mecanismos para establecer la relación laboral en el campo, en la que la mayoría de las contrataciones de mano de obra es eventual, las condiciones laborales se negocian en el momento, no sólo lo relativo al salario sino también los horarios, las cargas de trabajo, el período de trabajo y para los trabajadores estacionales un lugar donde habitar. La contratación se realiza prácticamente cada día de trabajo y consiste en acordar el tipo de labor que realizarán y el salario que percibirán por la jornada.

La propia naturaleza de la producción agrícola, ganadera, forestal y mixta obedece a una temporalidad inherente que se refleja en una distribución de los costos de producción a lo largo de todo el ciclo productivo y, por otro lado, en una concentración de sus ingresos casi siempre al final del mismo ciclo.

Asimismo, la alta dependencia a las condiciones físicas y climatológicas de las regiones productivas de nuestro país, difícilmente permiten al patrón del campo alterar los calendarios de trabajo, por lo que la contratación de mano de obra eventual suficiente y oportuna se vuelve primordial para satisfacer las necesidades productivas y crucial para atender el carácter perecedero de los productos del campo. En adición, la menor capacidad administrativa, la dificultad en el acceso a las vías de comunicación en las zonas rurales del país y el limitado desarrollo tecnológico, justifican dar un tratamiento específico a los trabajadores eventuales del campo que sean contratados por los patrones que se desenvuelven en estas condiciones.

5. Por todo lo anterior, la iniciativa en comento propone medidas que se ajusten a la realidad descrita, a fin de propiciar la protección social a un mayor número de mexicanos ligados a las tareas del campo.

Concretamente, se propone adicionar al artículo 5 A de la Ley, una fracción que describa y acote al trabajador eventual del campo como una persona física contratada por períodos de hasta 27 semanas por patrón para realizar labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza, a cielo abierto o en invernadero.

La adición al artículo 237 A, contempla la posibilidad de subrogar los servicios médicos para que los propios patrones los otorguen, mediante convenios de reversión de una parte de la cuota obrero patronal, de acuerdo a los servicios que decidan prestar. También se establece la posibilidad de que el Instituto subrogue la prestación de los servicios de guardería a patrones del campo o a organizaciones de trabajadores. Con esto, la norma reconocería un hecho que en la realidad cotidiana del campo se presenta indefectiblemente, pues en muchas ocasiones los patrones prestan parte de dichos servicios a sus trabajadores del campo, independientemente del pago de las cuotas a su cargo.

A fin de que el Instituto cumpla sus funciones de vigilancia, respecto al cumplimiento de las obligaciones de los patrones del campo con sus trabajadores, y para fines del artículo 237 B, fracción I propuesto, éste dispondrá de la información del tipo de cultivo, superficie y estimación de jornadas probables a utilizar, a fin de verificar si, de acuerdo a las características técnicas y condiciones agrícolas, tales jornadas corresponden al número de trabajadores que el patrón reporta al Instituto.

Considerando que la dispersión en el campo, y en muchas ocasiones la lejanía de los centros de trabajo, dificulta la realización de los trámites administrativos, y que el pago por el salario devengado por el trabajador eventual del campo acontece después de seis días de labores, la fracción II de este mismo artículo, contempla se amplíe el plazo general de 5 a 7 días hábiles para facilitar al patrón del campo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comunicación de altas, bajas y reingresos de sus trabajadores, así como las modificaciones de su salario.

La fracción III del artículo 237 B propuesto, establece la obligación del patrón de entregar a los trabajadores constancias de días laborados y salarios totales devengados, para que puedan hacer valer sus derechos en materia de seguridad social, tal como el acceso a los servicios médicos o de guarderías, aun cuando el patrón no haya hecho la inscripción en el tiempo que fija la ley.

Se propone en el artículo 237 C, que los patrones del campo puedan excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de la Ley, como integrante del salario base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización. Es importante señalar que, para que el concepto de productividad mencionado se pueda excluir como integrante del salario base de cotización, éste deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Asimismo, el artículo 237 C propuesto contempla la posibilidad de que el Consejo Técnico del Instituto, reconociendo la existencia de recurrentes y marcados ciclos estacionales en el flujo de recursos en la producción agrícola, establezca reglas de carácter general que permitan a los patrones del campo el pago diferido de las cuotas a cargo del patrón con las actualizaciones respectivas, pero sin la generación de recargos. Estas reglas no aplicarán para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Se propone en el artículo 237 D, facilitar las actividades de control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) pondrá a disposición del Instituto los padrones de productores que, por su conducto, sean receptores de subsidios, apoyos o beneficios del Gobierno Federal. Esta medida permitirá al Instituto solicitar a la SAGARPA la suspensión de los subsidios, apoyos o beneficios en los casos en que los patrones del campo no hayan cumplido sus obligaciones ante el Instituto.

CONSIDERACIONES1. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social que suscriben el presente dictamen, así como la opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, coinciden en la justeza de los propósitos de la presente iniciativa.

Consideran, así mismo, que el propósito de la iniciativa, de que la seguridad social llegue efectivamente a las mujeres y hombres del campo que tienen en su mano de obra su principal fuente de ingreso, es justo y que la iniciativa presentada coadyuva para ese objetivo.

Se coincide también en que la iniciativa de mérito permite avanzar en el aseguramiento de trabajadores eventuales, así como en el registro de patrones del campo, bajo la premisa de que el disfrute de la seguridad social contribuye a la igualdad de oportunidades y la superación de la pobreza; a reducir las desigualdades económicas y sociales en el campo y a la generación de condiciones adecuadas para un desarrollo económico incluyente.

2. En gran medida, los aciertos de esta iniciativa se reflejan en equilibrar la naturaleza particular del trabajo eventual en el medio agropecuario con el disfrute de los derechos y servicios de la seguridad social y el cumplimiento de obligaciones de trabajadores y patrones y lo es más aún en un medio en que las necesidades son tan apremiantes y la cobertura de la seguridad social en las familias campesinas es tan escasa.

De una lectura de la iniciativa se desprende que además de beneficiar a los trabajadores como aspecto central, es atinada en la intención de simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales y favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano. Como se reconoce, el Seguro Social es pieza angular del desarrollo de México y una de las instituciones de la política social que ha sido pilar de la justicia social entre los mexicanos, por lo que es un deber de esta Legislatura y de nuestra generación propugnar por la ampliación de sus servicios a los sectores que aún teniendo derecho a ello, no disfrutan de tal cobertura.

3. Las Comisiones que dictaminan, así como la opinión emitida coinciden en que, de merecer la aprobación de esta Honorable Asamblea, de la colegisladora y si el Ejecutivo no tuviere observaciones y lo publicara en el Diario Oficial de la Federación, se aportarán condiciones propicias para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo, a partir de esquemas que simplifican el cumplimiento de obligaciones patronales, al tiempo que se otorgan al Instituto Mexicano del Seguro Social mayores elementos de supervisión y vigilancia, y se fortalece la competitividad del sector.

4. No obstante lo anterior, estas dictaminadoras consideran pertinente precisar en el articulado los supuestos bajo los que se podrán celebrar los convenios entre el IMSS y los patrones para que estos últimos otorguen las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, así como la subrogación de los servicios del Ramo de Guarderías. Para ello, en los dos primeros párrafos del artículo 237 A se precisará la condición de que ocurra ``en aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios (...)''. De forma que se acote una posibilidad que, de estar mal reglamentada, podría afectar la solidez y crecimiento del Instituto.

Los suscritos confiamos en que, conscientes del enorme reto que el bienestar del campo representa, esta iniciativa reivindique los justos reclamos de justicia social, y dignidad del campo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo Único. Se adicionan una fracción XIX al artículo 5 A, y los artículos 237 A, 237 B, 237 C y 237 D a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A....

I. a XVIII. ...

XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el presente reglamento.

Artículo 237 A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios de salud que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie correspondientes al Seguro de Enfermedades y Maternidad a que se refiere la Sección Segunda, Capítulo IV, del Título Segundo de esta ley, relativas a servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse en la reversión de una parte de la cuota obrero patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios otorgados, a través de un esquema programado de reembolsos, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Asimismo, en aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios que contempla el Ramo de Guarderías a que se refiere la Sección Primera, Capítulo VII, del Título Segundo, de esta Ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico.

Artículo 237 B. Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la presente Ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente:

I. Al registrarse ante el Instituto, deberán proporcionar el período y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, estimación de jornadas a utilizar en cada período y los demás datos que les requiera el Instituto. Para el caso de los patrones con actividades ganaderas, deberán proporcionar la información sobre el tipo de ganado y el número de cabezas que poseen. La modificación de cualquiera de los datos proporcionados deberá ser comunicada al Instituto en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se produzcan.

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no mayores de siete días hábiles; y

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.

Artículo 237 C. Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

En su caso, cubrirán la parte de la cuota obrero patronal que les corresponde conjuntamente con la actualización respectiva, en forma diferida o a plazos, sin la generación de recargos, conforme a las reglas de carácter general que emita el Consejo Técnico, tomando en cuenta la existencia de ciclos estacionales en el flujo de recursos en ciertas ramas de la producción agrícola.

Artículo 237 D. El Instituto podrá verificar que los patrones del campo se encuentran al corriente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de esta Ley, previamente al otorgamiento de los subsidios, apoyos o beneficios, derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación, que dichos patrones del campo soliciten al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Para tales efectos, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de comprobación que le corresponden al Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá proporcionar semestralmente al Instituto el padrón de patrones del campo que sean sujetos de las disposiciones contenidas en este Capítulo, correspondientes a los sectores agrícola, ganadero, forestal y mixto, identificando a aquellos sujetos a recibir subsidios, apoyos o beneficios derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A solicitud del Instituto, y de acuerdo al convenio que éste firme con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para este fin, esta última suspenderá la entrega de subsidios, apoyos, o beneficios que, con cargo a su presupuesto provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, a patrones del campo que no cumplan las disposiciones en materia de seguridad social establecidas en esta ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reglas de carácter general a que se refieren los artículos 237 A y 237 C se expedirán dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, por acuerdo del Consejo Técnico, a propuesta del Director General.

Tercero. Dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación proporcionará al Instituto el padrón de patrones del campo a que se refiere el artículo 237 D de la ley.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 2 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.--- Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Álvaro Elías Loredo, Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Víctor Félix Flores Morales, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Pablo Pavón Vinales, Juan Pérez Medina (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).

Por la Comisión de Seguridad Social.--- Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica en contra), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica en contra).»

Es de primera lectura.

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CONDECORACIONES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. licenciado Ricardo Villanueva Hallal para aceptar y usar la condecoración de la Orden ``El Sol del Perú'', en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República del Perú.

La Comisión considera cumplidos los requisitos necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al C. licenciado Ricardo Villanueva Hallal para aceptar y usar la condecoración de la Orden ``El Sol del Perú'', en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República del Perú.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 30 de noviembre de 2004 le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Coronel de Artillería DEM Mario Valencia Robledo y Capitán de Navío IMP DEM Pedro García Valerio para aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Comendador, y la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', otorgadas por el Ministerio de Defensa de la República del Perú y del Ejército de la República Popular China, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Coronel de Artillería DEM Mario Valencia Robledo para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Comendador, que le otorga el Ministerio de Defensa de la República del Perú.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío IMP DEM Pedro García Valerio, para que pueda aceptar y usar la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', que le otorga el Ejército de la República Popular China.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alfredo Joskowicz Bobrownicki, General Brigadier DEM José Fernando del Campo Velasco y General de Brigada DEM. Retirado José Figueroa Cortés para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Gobierno de la República Francesa, el Ejército y la Fuerza Aérea de la República Argentina y el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al C. Alfredo Joskowicz Bobrownicki para que pueda aceptar y usar la Condecoración de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo. Se concede permiso al C. General Brigadier DEM José Fernando del Campo Velasco para que pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden a los Servicios Distinguidos'' al Mérito Militar, en grado de Comendador, y la medalla ``Distinción al Mérito'', que le confiere el Ejército y la Fuerza Aérea de la República de Argentina.

Artículo Tercero. Se concede permiso al C. General de Brigada DEM Retirado José Figueroa Cortés para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz de Mérito Militar de Primera Clase'', que le confiere el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Guatemala.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Caballería DEM Rubén Barraza Rodríguez para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase'' que le otorga el Ministerio de Defensa de la República de Guatemala.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Caballería DEM Rubén Barraza Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase'' que le otorga el Ministerio de Defensa de la República de Guatemala.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados los días 8 y 12 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Cristina Noguez Padilla y Cabina María Elizalde di Martino, puedan prestar servicios como empleada doméstica y auxiliar Contable, en las Embajadas de Dinamarca y de Francia, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 30 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

Considerandoa) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en las Embajadas de Dinamarca y de Francia, en México, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Cristina Noguez Padilla para prestar servicios como empleada doméstica en la Embajada de Dinamarca, en México.

Articulo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Carina María Elizalde di Martino para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de Francia, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 28 de octubre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Yaham Vázquez Villanueva, Xóchitl Balcázar Martínez y Jaime Romero Gamboa puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Luz Yaham Vázquez Villanueva para prestar servicios como asistente en la Sección de Recursos Humanos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Xóchitl Balcázar Martínez para prestar servicios como operadora telefónica en la Sección de Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Jaime Romero Gamboa para prestar servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 1 de diciembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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*LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es el proyecto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Miguel Alonso Raya, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y presentar también una fe de erratas, según lo ha anunciado a esta Presidencia.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, compañero Presidente; compañeras y compañeros:

Tal vez hoy resulte a muchos lejana la idea de que la construcción del México actual es el resultado de una gran lucha reivindicativa que vino del medio rural, de las mujeres y hombres del México profundo.

El movimiento revolucionario de 1910 configuró las principales instituciones que han estado en vigor en el México del siglo XX y que todavía hoy sustentan a veces más como aspiración que como realidad, la justa distribución de la riqueza, el combate a la desigualdad social y la vigencia de los derechos sociales.

Durante décadas, instituciones como el Seguro Social permitieron a la nación no sólo velar por la salud de los trabajadores, de los pensionados y de sus familiares, sino que además dieron estabilidad política y social al desarrollo del país.

Estos elementos se olvidaron al reformar la Ley del Seguro Social en 1995; el nuevo régimen vigente de julio de 1997. Al individualizar los fondos de pensión y entregar sus recursos a la banca privada, ahondó la brecha entre quienes tienen acceso a la seguridad social y quienes no, entre los trabajadores de mayores y menores ingresos, entre los géneros y entre los trabajadores del campo y de la ciudad.

Al momento de la reforma el número de asegurados en la actividad agropecuaria ascendían a 400 mil; a septiembre de 2004, estos sólo llegaban a 250 mil. La reforma entonces no sirvió para universalizar la cobertura. Al contrario, hoy día el 97 por ciento de los trabajadores del campo carecen de acceso a la seguridad social.

Lo anterior sin olvidar que la Nueva Ley del Seguro Social eliminó a ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios de régimen obligatorio y los ubicó en el régimen voluntario con una menor cobertura de derechos.

El dictamen que ahora presentamos, pretende corregir aunque sea mínimamente estos rezagos.

La situación actual de los trabajadores del campo, en especial de los jornaleros agrícolas, constituye uno de los más ominosos signos de atraso social en que vivimos.

De acuerdo a esta Federación, a ésta, la Federación Mexicana de Organismos Públicos, Derechos Humanos, los trabajadores transitorios del campo carecen de atención médica, servicios sanitarios y protección, para evitar accidentes de trabajo, viven en condición de hacinamiento y precariedad y trabajan en condición de esclavitud. Estas condiciones requieren de un compromiso del Estado, de políticas públicas, de acciones inmediatas y de la corrección del modelo de desarrollo impuesto al campo mexicano.

Lo mismo debe emprenderse en el caso de la seguridad social; una reforma de fondo de la que resulte un sistema justo y equitativo de cobertura universal, viable financieramente con servicios suficientes y de la más alta calidad.

Al darles el mismo trato que a cualquier patrón, la Nueva Ley del Seguro social impuso mayores obligaciones a los patrones del campo, medida que tuvo que ser corregida mediante decreto presidencial del 29 de junio de 1998, que establecía que los patrones del campo determinarían y cubrirían las cuotas a su cargo de manera gradual hasta el 1º de julio de 2004.

El término del subsidio a estas cuotas ha puesto en riesgo la incorporación y permanencia de los trabajadores eventuales del campo a los servicios de seguridad social.

Con las adiciones a la fracción XIX, del artículo 5º A y la inclusión de los artículos 237 A, 237 B, 237 C y 237 D a la Ley del Seguro Social se busca crear condiciones para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo a partir de esquemas que simplifican el cumplimiento de obligaciones patronales, al tiempo que se otorga al IMSS mayores elementos de supervisión y vigilancia.

La adición contempla definir con mayor precisión al trabajador eventual, posibilidad de subrogar servicios médicos y de guardería. Con esto no se busca desconocer la obligación pública de proporcionar servicios médicos que tiene encomendados el IMSS, sino atender con urgencia con los recursos disponibles la salud de estos trabajadores y sus familias.

El artículo 237 B obliga al IMSS a disponer de la información del tipo de cultivo, superficie y estimación de jornadas probables a utilizar, a fin de verificar si tales jornadas corresponden al número de trabajadores que el patrón reporta al Instituto.

Considerando la expresión y lejanía de los centros de trabajo se contempla en el artículo 237 C ampliar el plazo para facilitar el padrón del campo, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comunicación de altas y bajas y reingresos, así como las modificaciones de su salario. En el mismo precepto se propone también que los patrones puedan excluir como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad hasta por el 20 por ciento del salario base de cotización, el cual deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón y que contempla la posibilidad de que el Consejo Técnico del IMSS establezca reglas de carácter general que permitan el pago diferido de las cuotas con las actualizaciones respectivas. Pero sin la generación de recargos, dada la naturaleza de los ciclos productivos que no pueden ajustarse al esquema de pago bimestral comprendido en la ley vigente.

Finalmente, se propone en el artículo 237 D, que la Sagarpa ponga a disposición del IMSS los padrones de productores que sean receptores de subsidios, apoyos o beneficios del Gobierno Federal. Esta medida permitirá al Instituto solicitar la suspensión de subsidios a apoyos o beneficios en los casos en los que los patrones del campo no hayan cumplido sus obligaciones ante el Instituto.

Honorable Asamblea:

El Seguro Social es pieza angular del desarrollo de México, por lo que es un deber de esta legislatura propugnar por la ampliación de sus servicios a los sectores que aun teniendo derecho a ello no disfrutan de tal cobertura.

Pido su voto para una iniciativa que permite avanzar en el aseguramiento de los trabajadores eventuales, así como en el registro de patrones del campo, bajo la premisa de que el disfrute de la seguridad social contribuye a la superación de la pobreza, a reducir desigualdades económicas y sociales en el campo y a la generación de mejores condiciones para un desarrollo económico incluyente.

Y pongo a su consideración, señor Presidente, para efectos de este dictamen el que se hagan 2 correcciones de fe de erratas. Una en el párrafo primero reformado del artículo 5º A, fracción XIX que al final del párrafo dice: ``En el presente Reglamento'' Y debe decir: ``En el Reglamento respectivo''. Y una segunda en el Segundo Transitorio, que dice actualmente: ``Por acuerdo del Consejo Técnico a propuesta del Director General''. Y debe decir: ``Por acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y a propuesta del Director General del Instituto''. Son las 2 fe de erratas que se agregan al presente dictamen, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros diputados.

«Fe de erratas.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.

El artículo 5 A dice:

Artículo 5 A. ...

I a XVIII. ...

XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el presente reglamento.

Debe decir:

Artículo 5 A. ...

I a XVIII. ...

XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.

El artículo segundo transitorio dice:

Segundo. Las reglas de carácter general a que se refieren los artículos 237 A y 237 C se expedirán dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, por acuerdo del Consejo Técnico, a propuesta del Director General.

Debe decir:

Segundo. Las reglas de carácter general a que se refieren los artículos 237 A y 237 C se expedirán dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, por acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a propuesta del Director General del Instituto.»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se solicita a la Secretaría someter a consideración del pleno si se acepta la fe de erratas propuesta por el diputado Alonso Raya.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las 2 fe de erratas propuestas por el diputado Miguel Alonso Raya.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Secretario.

En consecuencia está a discusión en lo general y con la fe de erratas el proyecto de decreto.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, con la fe de erratas incluida, aprobada en este momento por el pleno, en contra el diputado Roberto Vega Galina, del Partido Revolucionario Institucional, y a favor el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo y el diputado Lucio Lastra Marín, del Partido Acción Nacional.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra para fundamentar en contra, el diputado Roberto Vega Galina.

El diputado Roberto Javier Vega y Galina: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Voy a resumir a ustedes las razones por las que este dictamen no puede ser aprobado.

Se propone en el artículo 5 A la adición de una fracción XIX, que defina al trabajador eventual del campo. En el mismo artículo 5º A, en la fracción VII, se define al trabajador eventual urbano y del campo en general, lo cual hace la propuesta de adición redundante sin ningún objetivo práctico, legal o útil.

Por otra parte, se trata de una copia de otro ordenamiento legal, sin mayor razonamiento ni cuidado, como se demuestra en la última frase de la adición propuesta, que dice textualmente: ``Se trata a lo previsto en la ley y en el presente reglamento''. ¿Cuál ley y cuál presente reglamento, si se trata de una adición a la ley? Así no se puede ni se debe legislar.

Estas son razones suficientes, por lo que no puede ser aprobado el dictamen, aunque nada más sea para cuidar el prestigio de la Cámara de Diputados.

Aclaro que no se trata de una fe de erratas como de última hora se ha presentado, la iniciativa se presentó en esta tribuna y tiene el texto que he leído. El dictamen que se envió a todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social tiene el texto que he leído. El dictamen que se aprobó en una reunión extraordinaria tiene el texto que he leído y en los términos que se publicó el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria.

Se propone la adición del artículo 237 A para facultar al IMSS a celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie en el seguro de enfermedades y maternidad. El artículo 89 de la Ley del Seguro Social vigente establece con claridad la forma en que el IMSS prestará los servicios que tienen encomendados y éstas son en forma directa con su personal y en sus instalaciones, en forma indirecta mediante convenios que el IMSS celebre con quienes tuvieran establecidos servicios médicos y hospitalarios o con instituciones y organismos de salud del sector público.

La figura que se trata de incluir en la Ley del Seguro Social es que el IMSS celebre convenios con los patrones, para que ellos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, es decir, que los patrones otorguen la atención médica a sus trabajadores y a sus familiares derechohabientes como quieran y donde quieran.

El Seguro Social es un servicio público de carácter nacional y la prestación que otorga con su responsabilidad ---así lo dice la ley vigente--- no puede transferirla a patrones para que ellos la otorguen, ya que dejaría de ser un servicio público y menos aún transferirla para que esos patrones dejen de cubrir las cuotas correspondientes a esos seguros.

Sí puede el IMSS, de acuerdo con la ley vigente, convenir con otros prestadores de servicios públicos o privados de salud, el otorgamiento de la atención médica, que es su responsabilidad bajo el cumplimiento de los requisitos que la misma ley señala.

Esto dejará la seguridad social en manos de los patrones sin ninguna intervención del Gobierno y condena a los trabajadores a recibir una atención médica cuya calidad y oportunidad nada va a garantizar. Es la desaparición de la seguridad social como mecanismo para garantizar la salud y asistencia médica, protección de medios de subsistencias y servicios sociales. Estas son también razones suficientes para no aprobar este dictamen.

En la propuesta de adición del artículo 237 C, se excluye como integrantes del salario base de cotización los pagos que se realicen por concepto de productividad hasta por un 20 por ciento del mismo salario base de cotización, lo cual hace una excepción de disposiciones de carácter general sin ninguna justificación real, como es la de disminuir a esos patrones y no a los trabajadores, la cuota que tiene que pagar para los seguros de guardería, invalidez, vida, retiros, cesantía en edad avanzada, vejez, colocándole a los patrones del campo en situaciones ventajosas. Además también se propone que las cuotas patronales puedan ser efectuadas en forma diferida o en plazos, sin la generación de recargos, olvidándose de que se tratan de créditos fiscales, que no pueden ser exceptuados de la generación de recargos.

Estas son también razones más que suficientes para que este dictamen no sea aprobado.

El artículo 237 B se propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, suspenda la entrega a los patrones que no cumplan con las disposiciones de seguridad social, de los subsidios, apoyos o beneficios que, con cargo al presupuesto, que provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, el incumplimiento de obligaciones de otras leyes, cualquiera que éstas sean, no pueden afectar las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, a menos que en este ordenamiento se señalen las condiciones de egresos aprobados a que se cumplan con otras disposiciones.

Esta también es una razón para que el dictamen no sea aprobado.

Con base a estos argumentos y razonamientos respetuosos, solicito a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, voten en contra de la aprobación de este dictamen, en beneficio de una seguridad social, que debe de ser preservada en su carácter público, solidario y redistributivo. Muchas gracias.

Agradezco a usted ordene se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de este documento que dejo en manos de la Secretaría.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Compañeras y compañeros diputados:

Dada la limitación del tiempo para esta discusión, a pesar de su indiscutible importancia, voy a resumir a ustedes las razones por las que este dictamen no puede ser aprobado.

Se propone en el artículo 5 A la adición de una fracción XIX que defina al trabajador eventual del campo.

En el mismo artículo 5 A, en la fracción VII, se define al trabajador eventual, urbano o del campo, en general, lo cual hace a la propuesta de adición redundante y sin ningún objetivo práctico, legal o útil. La adición señala labores que son, claramente, de las consideradas como de obra determinada o de tiempo determinado, como se señala en la fracción VII que ya está en ese mismo artículo de la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, se trata de una copia de otro ordenamiento legal, sin mayor razonamiento ni cuidado, como se demuestra en la última frase de la adición propuesta, que dice textualmente ``se estará a lo previsto en la ley y en el presente reglamento''. ¿Cuál ley y cuál presente reglamento, si lo que se está proponiendo aprobar es una adición a la ley, la Ley del Seguro Social? Así no se puede, ni se debe, legislar.

Aclaro que no se trata de una errata como de última hora se ha presentado. La iniciativa que se presentó en esta tribuna tiene el texto que he leído, el dictamen que se envió a todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social tiene el texto que he leído y es el que firmaron, y está en los términos en que se publicó el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria.

Estas son razones suficientes por las que no puede ser aprobado este dictamen, aunque nada más sea para cuidar el prestigio de la Cámara de Diputados.

Se propone la adición de un artículo 237 A, para facultar al IMSS a celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie de los seguros de enfermedades y maternidad.

El artículo 89 de la Ley del Seguro Social vigente establece con claridad la forma en que el IMSS prestará los servicios que tiene encomendados, y éstos son, en forma directa con su personal y en sus instalaciones, y en forma indirecta mediante convenios que el IMSS celebre con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios o con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos.

La figura que se trata de incluir en la Ley del Seguro Social es la de que el IMSS celebre convenios con los patrones para que ellos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y mater- nidad, es decir, que los patrones otorguen la atención médica a sus trabajadores y a sus familiares derechohabientes, como quieran y en donde quieran.

Lo mismo se propone en este artículo nuevo, en relación a la prestación del seguro de guarderías, en el que se establece la posibilidad de que el IMSS celebre convenios con los patrones del campo para la subrogación del servicio.

El Seguro Social es un servicio público de carácter nacional y las prestaciones que otorga son su responsabilidad, así lo dice la ley vigente. No puede trasferirlas a los patrones para que ellos las otorguen, ya que dejaría de ser un servicio público, y menos aún, transferirlas para que esos patrones dejen de cubrir las cuotas correspondientes a esos seguros a los que la ley les obliga.

Sí puede el IMSS, de acuerdo con la ley vigente, convenir con otros prestadores de servicios públicos o privados de salud el otorgamiento de la atención médica, que es su responsabilidad, bajo el cumplimiento de los requisitos que la misma ley le señala.

Dejar en manos de los patrones del campo la prestación del servicio, es dejar la seguridad social en sus manos sin ninguna intervención del Gobierno, y condenar a los trabajadores a recibir una atención médica cuya calidad y oportunidad nadie va a garantizar.

Es la demostración de que la privatización de la seguridad social sigue el camino trazado por los organismos financieros internacionales.

Es la desaparición de la seguridad social como mecanismo para garantizar salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y servicios sociales.

Estas son también razones suficientes para no aprobar este dictamen.

En la propuesta de adición de un artículo 237 C, se excluye como integrante del salario base de cotización, los pagos que se realicen por concepto de productividad hasta por un 20 por ciento del mismo salario base de cotización, lo cual hace una excepción de disposiciones de carácter general, sin ninguna justificación real, como no sea la de disminuir a estos patrones y, ojo, no a los trabajadores, la cuota que tienen que pagar para los seguros de guardería, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, colocándolos, a los patrones del campo, en situación ventajosa, totalmente inequitativa, en comparación con el resto de los patrones que no pueden hacer esta exclusión y que son la mayoría.

Además, también se propone que las cuotas patronales puedan ser efectuadas en forma diferida o a plazos, sin la generación de recargos, olvidando que se trata de créditos fiscales que no pueden ser exceptuados de la generación de recargos, sin ninguna justificación y en forma totalmente inequitativa otra vez, en relación a los demás patrones a los que si se retrasan en sus pagos se les multa y se les aplican recargos, además de las actualizaciones correspondientes.

Estas son, también, razones más que suficientes para que este dictamen no sea aprobado.

En el artículo 237 D se propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación suspenda la entrega a los patrones que no cumplan con las disposiciones de seguridad social, de los subsidios, apoyos o beneficios que con cargo a su presupuesto provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación. El incumplimiento de obligaciones de otras leyes, cualquiera que éstas sean, no pueden afectar disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, a menos que en este ordenamiento se señale que se condiciona el egreso aprobado a que se cumpla con otras disposiciones.

Esta es también otra razón para que este dictamen no sea aprobado.

En el transitorio segundo del proyecto de decreto que se discute, se deja en manos del Consejo Técnico del IMSS la expedición de reglas de carácter general para los convenios con los patrones y para la subrogación de servicios de guardería con los patrones, innovaciones en la Ley del Seguro Social de trascendental importancia, renunciando a la facultad legislativa que corresponde a este poder para entregarla a un órgano administrativo.

Esta es otra razón para que este dictamen no sea aprobado.

Con base a estos argumentos y razonamientos, respetuosamente solicito a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, voten en contra de la aprobación de este dictamen, en beneficio de una seguridad social que debe ser preservada en su carácter público, solidario y redistributivo.

Diputado Roberto Vega Galina (Rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De acuerdo a su solicitud, con mucho gusto, diputado Vega Galina, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La reforma de la Ley del Seguro Social que se presenta hoy ante este pleno, es de luces y de sombras, por una parte, le otorga derecho pleno a los trabajadores eventuales del campo, para que tengan servicios médicos y de maternidad y el servicio de guardería para sus hijos a través de esta reforma, que antes estaba limitada a la eventualidad de la publicación de un decreto presidencial.

Por la otra, lamentablemente subroga la prestación de estos servicios a los patrones, en los casos que el Instituto Mexicano del Seguro Social no esté en posibilidad de prestarlos, eso abre la puerta a que se dé lugar a una privatización, que no obrará a favor de los trabajadores y que redunde en deficiencias y corruptelas en la prestación del servicio.

Atendiendo a esta consideración, nuestro grupo parlamentario hará la reserva correspondiente, en la parte que consideramos benéfica para los trabajadores, es preciso recordar que el decreto presidencial que reglamentaba el otorgamiento de esos servicios a los trabajadores eventuales del campo, venció el pasado 30 de junio de 2004, y que en efecto esta reforma urge, para no dejar en el desamparo a trabajadores eventuales del campo, que de por sí sufren la enorme limitación de tener jornadas laborales fuera de todo orden.

En este sentido se entiende la premura por aprobar este dictamen de las comisiones que participan en esta reforma, la iniciativa de ley fue presentada ante este pleno el día 23 de noviembre de 2004 y dictaminada en Comisiones Unidas el 2 de diciembre del mismo año.

Abundaremos con nuestro esfuerzo para que la reforma salga adelante en este aspecto, que es crucial, para que estos mexicanos tengan sus derechos a salvo. Como lo señala el dictamen, se trata de que la seguridad social llegue efectivamente a las mujeres y hombres del campo, que tienen en su mano de obra, la principal fuente de ingreso. El disfrute de la seguridad social, contribuye a la igualdad de oportunidades, a reducir las iniquidades económicos y sociales en el campo y con ello la superación de la pobreza.

También nos parece loable que la reforma considere medidas de control para que los patrones cumplan con las responsabilidades que están consideradas en las adiciones en comento, so pena de no recibir los subsidios, apoyos o beneficios derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación que dichos patrones soliciten al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, si incumplen con dicha obligación contemplada en el artículo 237 D de la reforma en comento. Creemos que esta medida es positiva porque muestra la voluntad del legislador de que los apoyos gubernamentales no son una concesión graciosa, sino que se otorgan sólo a aquellos patrones que cumplan con sus obligaciones.

Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor en lo general y en lo particular; se reserva el artículo 237 A del dictamen en comento, que efectivamente deja a la Iglesia en manos de Lutero, es decir, deja en manos de los patrones a los trabajadores del campo, a los jornaleros quienes están, de por sí, ya en una situación de desigualdad, frente a sus patrones.

En ese sentido, el Partido del Trabajo votará en lo general a favor, pero en lo particular se reserva lo que ya nuestro compañero Vega y Galina, del Partido Revolucionario Institucional, considera negativo de esta iniciativa.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Lucio Lastra Marín.

El diputado Lucio Galileo Lastra Marín: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputadas y diputados:

Decía Alvin Tofler en su libro La Tercera Ola, que los avances tecnológicos harán que la humanidad regrese al campo. En efecto, hay áreas del mundo cuyo campo cuenta con los avances que la ciencia y la tecnología han proporcionado ya a las áreas urbanas, lo cual marca la posibilidad de pensar en el regreso al campo; sin embargo, nuestra situación es contrastante en relación a ese mundo del desarrollo; nuestro campo, a diferencia del que plantea Tofler, aún se encuentra en la segunda ola, que corresponde a la migración del hombre a las ciudades. Es decir, aún no se han llevado al campo los satisfactores primarios que homologuen con los urbanos a las zonas rurales. Tal vez nos ha faltado sentir al campo no como un aspecto prioritario, pues esta calificación que históricamente se le ha otorgado, no ha dado los resultados que el campo merece.

Es tiempo de pensar en el campo como algo de todos, que tan sólo de pensar en él tan nuestro, tenga un sabor de clorofila el pensamiento. Don José María Gurría Urgel, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, mencionó: ``Podemos suponer sin esfuerzo, la desaparición de todas las industrias sin que la humanidad perezca, menos la agricultura, pues faltando ésta todo estaría perdido''. La agricultura es la base de toda la civilización y en este sentido, con respecto a todas las demás artes, es primigenia. Entonces, ¿por qué las regiones agrícolas son más pobres que las industriasles?, ¿por qué los poseedores del arte milagroso no son los dueños del mundo, sino son los desheredados?

En este sentido es que debemos entender el dictamen que hoy se comenta, en virtud de que representa la protección social de los trabajadores eventuales del campo, los cuales suman casi 2 millones de personas quienes no tienen siquiera un empleo permanente, es decir, estamos ante una de las poblaciones de México que socialmente se encuentran más desprotegidas y que, conjuntamente con sus familiares, alcanzan los 10 millones de mexicanos a los que la seguridad social con sus limitantes, no ha podido otorgar los beneficios que les corresponden.

El dictamen es un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre la realidad imperante en el campo, los derechos de los trabajadores eventuales y la capacidad de atención y prestación de servicios en este sector de la población por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, esfuerzo que se fundamenta en el artículo 89 de la Ley del Seguro Social donde se determina que el Instituto prestará los servicios que tiene encomendados de manera directa e indirecta, destacándose en las fracciones I y III, el establecimiento de convenios con otros organismos públicos o particulares a fin que se puedan otorgar los servicios y prestaciones a que se obliga el Instituto.

Es de mencionarse que la fracción III del mismo artículo 89 cita literalmente: que se podrán celebrar convenios incluso con patrones con obligación al seguro, pudiéndose convenir con ellos la reversión de la cuota patronal y obrera.

De esta manera las reformas que se proponen están fundamentadas en la propia ley y representan además una suma de voluntades entre los jornaleros, el Instituto y los patrones. Es un acto solidario y una sinergia supletoria donde la institución no puede responder a su obligación.

Contemplar esquemas simplificados para el cumplimiento de obligaciones patronales, es otro de los aciertos que incluye este dictamen, mismo que no debe considerarse como un acto de concesión, ya que se sustenta en el conocimiento del trabajo agrícola y de su lejanía con las áreas urbanas donde se encuentran las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Partido Acción Nacional, históricamente ha respaldado el avance de la seguridad social, ha definido los derechos de los trabajadores del campo y ha promovido la iniciativa que hoy como dictamen respaldamos.

Para Acción Nacional la transformación social y económica del campo debe fundarse en el destino universal de los bienes, lo que obliga al respeto de la población integrante a quienes se les debe proporcionar seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al conocimiento, la ocupación, la cultura, garantizando con ello un sustento digno y permanente.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Lastra Marín.

A continuación ha pedido el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores diputados:

Uno de los principios de la seguridad social a la que aspira toda sociedad moderna, es la cualidad universal, que implica la necesidad de que toda persona miembro de la comunidad, sin importar su condición ideológica, edad, sexo, ocupación o posición que ocupe dentro de la actividad económica, debe tener acceso a los beneficios de la seguridad social.

Con base en este principio técnico, el Seguro Social mexicano de haber surgido como un mero régimen de previsión social dirigido a proteger la fuerza de trabajo asalariado, a través del tiempo fue ampliando su cobertura para proteger también a los familiares directos de los trabajadores y de los jubilados, a los no asalariados, a los deportistas profesionales, a los estudiantes, a ejidatarios y campesinos, a los patrones y sus familiares, entre otros.

Mediante estas medidas, nuestro seguro social ha pasado de ser un régimen de previsión social simple, a un régimen de previsión social ampliado y aunque todavía, con muchas limitaciones el régimen de seguridad social se encuentra en la ruta hacia un sistema de seguridad social como al que aspira y merece el pueblo de México, por esa razón, el Partido Verde Ecologista de México ve con buenos ojos el dictamen con proyecto de decreto que ha recaído a la iniciativa presentada por legisladores de diversos grupos parlamentarios, por el que se adicionan diversos artículos a la Ley del Seguro Social, a efecto de incorporar legalmente las condiciones según las cuales se han de prestar los servicios asegurativos para los trabajadores agrícolas eventuales, resolviendo de esta manera las modalidades de inscripción, pago de cuotas y servicios a que tienen derecho esos trabajadores.

Un acierto del dictamen que se encuentra a la consideración de esta plenaria, es la posibilidad de que se le presenta al patrón del campo para que, en aquellos lugares en que no existan las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, para prestar los servicios de salud, esto es, los servicios médicos y hospitalarios para hacer efectivas las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, el patrón pueda contratar los servicios médicos de instituciones privadas, mediante el sistema de reversión de una parte de las cuotas obrero-patronales.

Lo mismo está previsto para que el servicio de guarderías, permitiéndose que opere la subrogación de las obligaciones del IMSS en esta materia, a través de instituciones privadas, mediante convenios suscritos por el Instituto con los patrones y los trabajadores del campo.

Por esta razón se prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social suscriba un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En tal virtud el Partido Verde Ecologista de México, por mi conducto le otorga su voto a favor de este dictamen que, de aprobarse permitirá el acceso pleno a los beneficios de la seguridad social a un sector de la población que hace tiempo debió de haber recibido los apoyos necesarios para su desarrollo integral, al mismo ritmo que se ha logrado en el sector industrial. Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Espino Arévalo.

A continuación ha solicitado el uso de la palabra nuestra compañera Josefina Cota Cota, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Josefina Cota Cota: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

El principal desafío de la seguridad social contemporánea es lograr sistemas de carácter universal para la prevención de riesgos sociales y económicos. La universalización de la seguridad social, significa que la prevención ante riesgos relacionados con enfermedades, la edad o la incapacidad para acceder a un ingreso, sea para toda la población, no sólo para un sector de la población; éste es un reto pendiente en nuestra sociedad.

De acuerdo a datos oficiales se estima que en México carece de seguridad social el 43 por ciento de la población total, el 67 por ciento de la población económicamente activa y el 42 por ciento de los asalariados; esta situación es aún más grave en el medio rural.

Los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en la actividad agropecuaria son 246 mil, pese a que de acuerdo con datos del INEGI, los trabajadores del campo ascienden a 3.7 millones; esto significa que el 93 por ciento de los trabajadores agrícolas están excluidos de la cobertura de la seguridad social, aunado a ello, existen otros factores que afectan la situación de los trabajadores de este sector.

1°. El bajo nivel de salario de los trabajadores agrícolas registrados ante el Instituto, que repercute en una disminución del subsidio recibido en caso de una incapacidad por accidente o enfermedad en el nivel de sus pensiones.

2°. Debido a que el salario sólo se percibe en promedio 9 meses del año, el lapso de cotización que se requiere para alcanzar el derecho de una pensión es mayor en comparación con trabajadores de otros sectores.

3º. Como consecuencia de la eventualidad de su trabajo, una porción del año los familiares y el asegurado quedan sin acceso a los servicios médicos del Instituto.

El dictamen que hoy se somete a votación pretende atender esta problemática; con las adiciones que hoy se discuten, se busca crear condiciones para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo a partir de esquemas que simplifiquen el cumplimiento de obligaciones patronales, al tiempo que se otorgan al Instituto Mexicano del Seguro Social mayores elementos de supervisión y vigilancia. La especificidad que impone a este sector, justifica dar un tratamiento especial a trabajadores eventuales del campo.

El proyecto de decreto que presentan las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, propone medidas que buscan ajustarse a la compleja realidad de esos trabajadores.

Las adiciones buscan acotar al trabajador eventual del campo como una persona física contratada por periodos de hasta 27 semanas por patrón, para realizar labores de siembra, de saije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza a cielo abierto o en invernaderos.

Se contempla la posibilidad de subrogar servicios médicos mediante convenios de revisión de una parte de la cuota obrero-patronal, así como la posibilidad de que el Instituto subrogue los servicios de guardería a patrones del campo o a organizaciones de trabajadores.

Se obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social a disponer de la información del tipo de cultivo, superficie y estimación de jornadas probables a utilizar, a fin de verificar si tales jornadas corresponden al número de trabajadores que el patrón reporta al Instituto.

Considerando la dispersión y la lejanía de los centros de trabajo, se contempla ampliar el plazo para facilitar al patrón del campo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comunicación de altas, bajas y reingresos, así como las modificaciones de su salario.

Se establece también la obligación del patrón de entregar a los trabajadores constancias de días laborados y salarios totales devengados, para que puedan hacer valer sus derechos.

Se propone que los patrones puedan excluir como integrante del salario a base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad hasta por el 20 por ciento del salario base de cotización, el cual deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Asimismo, se contempla la posibilidad del Consejo Técnico del Seguro Social, establezca reglas de carácter general que permitan el pago diferido de las cuotas con las actualización respectiva, pero sin la generación de recargo a éstos sin incluir el seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez.

Se propone finalmente que la Sagarpa ponga en disposición del Instituto, ahorita termino, señora Presidenta, los padrones de productores que sean receptores de subsidio, apoyo y beneficios del Gobierno Federal.

Honorable Asamblea, como parte fundamental de su programa, el Partido de la Revolución Democrática, postula que la seguridad social debe ser un derecho universal en beneficio de toda mexicana y mexicano que por serlo o por residir en el territorio nacional, tenga acceso a una pensión que garantice un retiro digno a la cobertura de los riesgos económicos y sociales a que se ve expuesto.

Coincidimos en este sentido con la aprobación de este dictamen para que la seguridad social llegue efectivamente a mujeres y hombres del campo que tienen en su fuerza de trabajo su principal fuente de ingreso.

Nuestro voto será a favor de este dictamen y seguiremos pugnando porque este cuerpo legislativo emanen las propuestas que garanticen la seguridad social justa, equitativa y universal.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Cota.

Se encuentran en el salón de sesiones, alumnos y maestros de varias escuelas secundarias de Valle de Santiago, Guanajuato. Sean todos ustedes bienvenidos a acompañarnos a esta sesión.

Ellos han sido invitados por el diputado Miguel Luna Hernández. Gracias.

Finalmente, tiene el uso de la palabra nuestra compañera, diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y con el apoyo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ponen a consideración de esta soberanía, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción 19 al artículo 5º A, a los artículos 237 A, 237 B, 237 C y 237 D, al capítulo X del Título Segundo, de la Ley del Seguro Social.

Desde su fundación el Partido Revolucionario Institucional ha asumido la defensa y la promoción de los derechos de los trabajadores ya sea de la ciudad o del campo, manuales o intelectuales. Y ha sido además cauce de participación política. Este rasgo constituye un elemento esencial de nuestra identidad y es expresión del postulado fundamental, del pensamiento político y expresión de la Revolución Mexicana, pues el trabajo es el origen y destino de los derechos sociales.

Por ello nos pronunciamos, el Partido Revolucionario Institucional, a favor del contenido del dictamen que eleva este cuerpo colegiado a su consideración.

Representa la posibilidad de encontrar un equilibrio entre la apabullante realidad del campo mexicano, los relegados derechos de muchos trabajadores eventuales del campo, el reconocimiento de una desregularización indispensable, el cumplimiento de las obligaciones patronales y finalmente la búsqueda de estrategias de la población, que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede y debe brindar.

El campo mexicano constituye una realidad diversa y desi-gual tanto en lo social como en lo productivo. Uno de cada 4 mexicanos vive en y para el campo y se enfrenta todos los días a muy variados retos en el medio rural que en muchos casos sigue siendo adverso e injusto.

Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día de hoy nos pronunciamos a favor de este dictamen. Por las luchas, por la reivindicación agraria y las luchas históricas a las que nuestro partido ha defendido.

Las nuevas necesidades de la gente compartiendo su lucha y su esfuerzo por un mejor nivel de vida. Trabajadores eventuales del campo y patrones, encontrarán en esta reforma a la Ley del Seguro Social, un instrumento justo y equitativo para buscar y brindar mejores servicios. Que más trabajadores eventuales del campo ejerzan sus derechos; que exista una mayor cobertura en la prestación; que cuenten con un acceso efectivo al sistema de pensiones; que los patrones cumplan con sus obligaciones laborales con los trabajadores eventuales. Y finalmente, que disminuya la competencia desleal entre productores que fomentan el pago inequitativo de cuotas al Seguro Social.

Compañeras y compañeros diputados, al apoyar con nuestro voto el presente proyecto de decreto, estamos cumpliendo con uno de los principales fundamentos de nuestro partido.

La representación de los intereses populares, la defensa de la democracia y la justicia social y el ejercicio del poder público, llevar adelante las mejores causas de la nación mexicana, así como cumplimos con uno de los objetivos de esta LIX Legislatura, impulsar con nuestro trabajo legislativo una nación equitativa, justa y que permita hacer llegar a todos los hogares de México, la salud, el bienestar que nuestras familias demandan.

Compañeras y compañeros diputados: el día de hoy es uno de los temas más importantes y sentidos de este país. Por lo tanto las fracciones parlamentarias que nos hemos manifestado, debemos de estar felicitándonos porque en conjunto hemos sacado una nueva ley para los que menos tienen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Rocha.

A continuación se solicita a la Secretaría que consulte a la Asamblea si el dictamen se encuentras suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se encuentra suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar artículo alguno para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia tiene registrado al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que se reservó el artículo 237 A. Se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación.

Presidenta, se emitieron en pro 415 votos; en contra, 1 y abstenciones 7.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular, con los artículos no impugnados, por 415 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular, el artículo 237 A; y se ha registrado el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, y para hablar del mismo artículo 327 A, el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos una nueva redacción de los dos primeros párrafos y la derogación del tercer párrafo del artículo 237-A del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social que pretende subrogar los servicios médicos y la atención de los bebés y de los infantes de los trabajadores del campo a los patrones, bajo las siguientes

Consideraciones

Una vez más, en este recinto estamos presenciando el embate del gran capital contra los trabajadores. Esta vez, dirigida hacia los trabajadores eventuales del campo, los que no tienen la fortuna de un empleo fijo y estable; o de aquellos que emigran en busca de un trabajo por la falta de oportunidades en sus lugares de origen.

El presente artículo representa una contrarreforma a la Ley del Seguro Social y que demuestra una vez más el afán privatizador de algunos funcionarios de los servicios asistenciales al subrogar los servicios médicos y la atención de los bebés y de los infantes de los trabajadores a terceros.

Dejar la responsabilidad a los patrones, de brindar estos servicios a las mujeres y a los hombres del campo, no es lo que mejor conviene a sus intereses y vulnera una vez más el principio de solidaridad del Estado que emergió de la lucha de los trabajadores a lo largo del siglo XX.

Abrir la puerta a que los patrones decidan quién o quiénes son los encargados de prestar los servicios de atención de la salud y el cuidado de los infantes de los trabajadores, es abrir la puerta a la corrupción. Quién garantiza que los patrones actuarán con honestidad y en estricto apego a los valores y derechos de los trabajadores. Ni el mejor reglamento ni la mejor supervisión lo garantizan.

Si en la actualidad y con base en la información oficial que disponemos el cumplimiento de las obligaciones patronales en esta materia están muy lejos de ser cumplidas, qué podemos esperar de esta contrarreforma que otorga manga ancha al patrón.

¿Buscará al mejor médico de la región o al que le pague menos? ¿Será honesto o se coludirá con él para beneficio de ambos? ¿O simplemente corromperán a las autoridades del IMSS encargadas de la supervisión y control de esos servicios?

Seamos claros. En este esquema privatizador el trabajador queda en estado de indefensión. La tutela del Estado, por más cuestionada que esté, siempre será mejor que dejar a la Iglesia en manos de Lutero.

Además, so pretexto de que por la naturaleza estacional de las actividades agropecuarias se le concede un régimen particularmente favorable a los patrones para el cálculo de la prestación de los salarios base.

El beneplácito a la contrarreforma por parte de la cúpula de los empresarios, del Consejo Nacional Agropecuario es muy ilustrativo al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone la siguiente redacción del artículo 237 A para quedar como sigue:

El instituto otorgará a los trabajadores a los que se refiere la fracción XIX del artículo 5º A las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad a que se refiere la Sección Segunda, Capítulo IV del Título Segundo de esta ley relativa a servicios médicos y hospitalarios.

Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuente con las instalaciones para prestar el servicio podrá subrogar el mismo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o de los estados.

Asimismo, el instituto otorgará los servicios que contempla el ramo de guarderías a que se refiere la Sección Primera, Capítulo VII del Título Segundo de esta ley.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Ramos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta al artículo 237 A que presentó el diputado Espinosa Ramos.

Un momentito, diputado Secretario.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde su curul): No se escuchó.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Usted no va a presentar por escrito propuesta? En consecuencia, tiene la palabra el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Gracias, diputada Presidenta. Yo quiero llamar a la consideración de ustedes, el que pudiera hacerse una ponderación de lo que ha expresado nuestro compañero diputado Amadeo, del Partido del Trabajo.

Desde luego que debemos saludar el hecho de que el sector campesino pueda integrarse al servicio de seguridad social que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Me parece que es de reconocerse, de justicia social el integrarlos a este sistema. Sin embargo uno de los más graves problemas que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que efectivamente muchos de los servicios que actualmente se proporcionan por una política incorrecta, una política de deterioro de lo que representa y lo que significa la seguridad social, los servicios médico-asistenciales de maternidad y de guardería, en una gran medida se han estado y se siguen subrogando.

Este esquema de subrogación no es más que una fórmula de hacer, de cancelar el sistema de seguridad social solidario y trasladarnos al sistema de seguridad social privatizado. Y ahí es en donde está el planteamiento que ha presentado nuestro compañero diputado Amadeo, del Partido del Trabajo y que debiéramos de tomarlo en consideración.

En todo caso este artículo 237 A, si se mantiene en sus términos, está claro que no va a haber las condiciones del propio Instituto Mexicano del Seguro Social para poder dar la atención, porque hay una política de contención y de asfixia para el desarrollo de este Instituto, porque intentan seguir sometiendo a la organización sindical a las prácticas políticas de quien ahora es el director de esta Institución tan importante; prácticas políticas que está demostrado son contrarias al interés de los mexicanos, que no están siendo lo más benéficas para poder hacer y lograr el desarrollo de una institución tan importante.

Mantener este esquema, dejar la puerta abierta, tal y como lo establece el proyecto aprobado en las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo, es dejar abierta la puerta de manera oficial y formal para continuar con la privatización de los servicios a los que está responsabilizada de atender el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por eso llamar a la consideración de ustedes y a su reflexión, entendiendo que el planeamiento que se hace, puede poner un candado mínimo, pequeño, pero que permite generar la condición para que esto no pueda desarrollarse de manera total, prioritaria, como va a ser si nosotros lo dejamos en esos términos.

Agradezco su atención. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Agustín Rodríguez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo, con el apoyo del diputado Agustín Rodríguez.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de admitirse la modificación propuesta al artículo 237 A realizada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos y apoyada por el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se desecha.

Por lo tanto consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo de referencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 237 A en sus términos.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, Secretario.

En consecuencia suficientemente discutido.

Por lo tanto, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 237 A, en sus términos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo 237 A, en sus términos.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Ciudadana Presidenta: Se emitieron en pro 361 votos, en contra 41 y abstenciones 11.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado el artículo 237 A, por 361 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados de la LIX legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍAI. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'' la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada con fecha 29 de Septiembre de 2004, se presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, por la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En la misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En su exposición de motivos la diputada manifiesta su preocupación por los altos índices de consumo de alcohol en el sector femenino de la población; el cual se ha visto incrementado, en su mayoría en mujeres menores de edad.

Expresa así mismo, que el consumo de alcohol es particularmente dañino en las mujeres embarazadas, debido a que no sólo perjudica la salud de la madre, sino también la del producto de la concepción.

Menciona que existe un efecto directo en las células fetales por el consumo de alcohol, sobre todo durante los primeros meses del embarazo, y que el daño no concluye con él, sino que se puede extender hasta el periodo de lactancia.

Afirma que la existencia del llamado síndrome de alcoholismo fetal está comprobada; por lo que resulta prioritario establecer advertencias del riesgo que corren las mujeres embarazadas al exponer a sus hijos a padecer de éste síndrome, producto del consumo de alcohol.

Por estas razones considera necesaria la inclusión se una etiqueta precautoria en las bebidas alcohólicas, para evitar que las mujeres en gestación consuman bebidas alcohólicas poniendo en peligro la salud del feto.

III. CONSIDERACIONES.A. El SAF (síndrome alcohólico fetal) es una afección permanente que afecta cada aspecto de la vida de un niño y la vida de su familia. Sin embargo, el SAF es totalmente prevenible si la mujer deja de tomar alcohol durante el embarazo. Además, si una mujer planea quedar embarazada o es sexualmente activa y no está utilizando ningún método anticonceptivo eficaz, debería evitar consumir alcohol porque pudiera estar embarazada y no saberlo por varias semanas o más.

B. Se sabe que el consumo de alcohol de moderado a excesivo por parte de las mujeres embarazadas es dañino para el feto en desarrollo. En la actualidad no existe ningún marcador de laboratorio que indique la presencia del síndrome alcohólico fetal. La obtención de un marcador capaz de hacerlo podría permitir la identificación y el tratamiento de mujeres que enfrentan el riesgo de un embarazo expuesto al alcohol.

C. Se trata de mujeres que probablemente no darían esta información debido al estigma asociado al consumo de alcohol durante el embarazo. Además, los trabajos de investigación indican que la identificación temprana de los niños expuestos al alcohol fetal reduce las discapacidades secundarias que son consecuencia de esta afección.

D. Entre los posibles biomarcadores se encuentran la sangre materna y el meconio (las primeras heces del neonato). Los estudios descritos más adelante se proponen identificar y probar biomarcadores sensibles y específicos que ayuden a identificar los embarazos expuestos al alcohol y los neonatos expuestos al alcohol durante el período prenatal.

E. Se calcula que 1% de los neonatos está expuesto al alcohol durante el período prenatal. No obstante, es difícil identificar a los neonatos expuestos al alcohol. En la actualidad, no existe ningún enfoque sistemático ni herramienta de laboratorio definitiva que pueda utilizarse para identificarlos. Un marcador biológico, los esteres etílicos de ácidos grasos (FAEE, por sus siglas en inglés), permitiría la identificación y la intervención tempranas de los niños afectados, y el reconocimiento de mujeres que enfrentan el riesgo del abuso de alcohol. Esto también facilita la investigación de las relaciones dosis-respuesta entre la exposición al alcohol y los defectos congénitos asociados al alcohol. Según las investigaciones, los FAEE en el meconio son un marcador biológico útil para identificar la exposición al consumo de alcohol de bajo a moderado por parte de la madre durante el embarazo, y la identificación de un grupo de bebés que enfrentan el riesgo de tener un neurodesarrollo deficiente. Los estudios proponen validar los FAEE en el meconio como biomarcador de la exposición prenatal al alcohol.

F. Como menciona la diputada en su iniciativa, datos proporcionados por el Consejo Nacional en Contra de las Adicciones (CONADIC) muestran que en México, existen 10, 314,325 mujeres adultas que consumen alcohol, y que hay 3,522427 adolescentes entre 12 y 17 años que consumen alcohol, de los cuales el 25% lo constituyen mujeres de población urbana y el 9.9% de población rural.

G. La exposición prenatal al alcohol es un tema que plantea retos tanto en México como en otros países del mundo; las tasas de prevalencia del SAF (Síndrome Alcohólico Fetal) varían ampliamente según la población estudiada y el método de investigación utilizado. Por poner un ejemplo, estudios realizados indican que las tasas de prevalencia del SAF varían de 0.2 a 1.5 por 1,000 nacimientos vivos en diferentes áreas de los Estados Unidos; y según Health Canada, en Canadá nace a diario por lo menos un niño con SAF.

H. El alcohol puede ocasionar una serie de defectos congénitos, el más serio de los cuales es el síndrome de alcoholismo fetal. Los niños que nacen con defectos congénitos relacionados con el consumo de alcohol tienen problemas de aprendizaje y conducta por el resto de sus vidas. En tales niños, el síndrome se manifiesta en forma de anormalidades físicas, discapacidad mental y problemas de conducta. Los científicos desconocen la cantidad exacta de alcohol que pueda producir tales defectos congénitos, es mejor no beber nada de alcohol durante su embarazo.

I. Para evitar todos estos problemas, además de los que ya menciona la diputada en su exposición de motivos, es necesario educar a la población sobre los riesgos que implica consumir alcohol cuando la mujer está en etapa de gestación; es por este motivo que los diputados integrantes de la Comisión de Salud, coincidimos con la necesidad de reformar el artículo 218 de la Ley General de Salud, para establecer una advertencia de carácter obligatorio en el etiquetado de las bebidas alcohólicas. Aunado a lo anterior proponemos que las leyendas preventivas se unifiquen en una misma oración para facilitar su comprensión.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 218 de la Ley general de Salud para quedar como sigue:

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la leyenda: ``el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud y no debe ser ingerido por mujeres embarazadas'', escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes, y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

...

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales, posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 60 días.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En esa virtud se le dispensa la lectura al dictamen.

Tiene la palabra la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Compañeros y compañeras diputadas:

En apego al artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la fundamentación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

Los problemas de alcoholismo e ingesta de alcohol de la mujer gestante no únicamente afecta a la persona que lo ingiere, sino también en forma directa al producto de la concepción o feto. La exposición intrauterina del feto al etanol produce un síndrome neurotóxico denominado síndrome de alcoholismo fetal, lo que origina trastornos del neurodesarrollo relacionados por el consumo del alcohol durante el periodo de gravidez.

El consumo de fármacos, así como el alcohol durante el embarazo, ha demostrado que los cambios en la dinámica bioquímica de la madre y el feto repercuten directamente en el desarrollo durante el proceso gestacional. Los fármacos incluyendo el alcohol circulan de la madre hacia el feto por la misma vía que proporciona sustancias para el crecimiento y para el desarrollo. Se ha demostrado que los fármacos, incluyendo el alcohol, administrados durante el embarazo pueden afectar al feto por efecto directo sobre el embrión, el cual puede ser tóxico o teratogénico, igualmente puede afectar la placenta en el intercambio gaseoso y de nutrientes entre el feto y la madre.

La magnitud y la celeridad de los efectos de los fármacos y el alcohol en el desarrollo fetal sobre su reactividad están determinados principalmente por la edad fetal, la potencia y la dosis. Los fármacos administrados durante la fase de la organoformación entre la tercera y octava semana gestacional resulta crítico respecto del efecto teratógeno, pues los conceptos que llegan al embrión en este momento pueden producir un efecto anatómico importante subletal o un defecto metabólico funcional permanente que puede manifestarse durante el desarrollo, lo que se conoce en medicina como embrioempatía encubierta.

Se ha demostrado que la ingesta de productos toxicológicos administrados después de la organogénesis, es decir, durante el segundo o tercer trimestre de la gestación, es poco probable que sean peratógenos, pero pueden alterar el crecimiento y las funciones fisiológicas y bioquímicas de los órganos y tejidos fetales normales.

El retraso de crecimiento intrauterino y las anomalías de crecimiento somático, tienen una relación directa con el consumo del alcohol durante el tercer trimestre del embarazo, mientras que la microcefalia se relaciona con el abuso del alcohol durante el embarazo y su incidencia disminuye al cesar el consumo posterior al segundo trimestre de la gestación, probablemente debido a que el final de la gestación es un periodo crítico para el crecimiento craneal.

Es importante destacar que la principal anomalía neurológica detectada en el síndrome alcohólico fetal, es la disgenecia cerebral, además de otras anormalidades en el desa-rrollo cerebral, en los procesos de canalización, desarrollo prosencefálico, proliferación, migración y organización neuronal; igualmente se han demostrado alteraciones neurológicas como son la disminución del peso cerebral, presencia de neuronas eutópicas en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y cerebelosos, ausencia del cuerpo calloso y de la comisura anterior, deformidad o ausencia del vermicerebeloso, así como anomalías que repercuten en la función de las masas tanámicas.

Como ya mencioné, el síndrome alcohólico fetal aparece en niños cuyas madres durante la gestación consumen alcohol. El síndrome consiste en retraso del crecimiento prenatal, microcefalia, fisuras palpedales reducidas, déficit mental límite y con menor frecuencia anomalías articulares, defectos cardiovasculares, mortalidad perinatal y falta de desarrollo.

Estudios recientes indican que la ingestión mayor de 2.2 gramos por kilo por día de alcohol absoluto, aumenta la frecuencia del síndrome alcohólico fetal.

De acuerdo a estudios realizados, se ha demostrado que el alcohol es el teratógeno químico más frecuentemente asociado a malformaciones y a retraso mental en humanos. Es por ello y considerando que el derecho a la salud es una garantía constitucional para todos los mexicanos y más aun de aquellos que se encuentran en el vientre materno, solicito a todos ustedes su valioso apoyo para garantizar la salud de las mujeres gestantes y de los futuros mexicanos. Muchas gracias.

Señora diputada, también quisiera presentar una modificación a lo que aparece en la Gaceta el día de hoy, si me permite.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante diputada.

La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Solicito muy atentamente, en nombre de los integrantes de la Comisión de Salud, la siguiente modificación al dictamen que se publica el día de hoy para su segunda lectura.

El texto propuesto en el proyecto de decreto, en donde se reforma el artículo 218 a la Ley General de Salud, en su artículo único del 218, deberá de decir: ``Toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda: El abuso en el consumo de este producto, es nocivo para la salud y no se recomienda su ingestión en mujeres embarazadas, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal''.

Asimismo modificación en los transitorios.

En su artículo primero: ``El presente decreto entrará en vigor a los 24 meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación''.

Y en el artículo segundo: ``En el caso de envases de cristal donde la leyenda tiene que ser grabada: El presente decreto surtirá efecto a los 36 meses posteriores a su publicación.

El artículo tercero: ``El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 60 días''.

Muchas gracias. Agradezco su votación. Esto es a favor de las mujeres gestantes de México.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 7 de diciembre de 2004.

Muchas gracias, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Solicito muy atentamente considerar a nombre de los integrantes de la Comisión de Salud, la siguiente modificación al dictamen que se publica el día de hoy para su segunda lectura;

Texto propuesto:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 218 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la leyenda: ``el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud y no se recomienda su ingestión en mujeres embarazadas'', escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes, y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

Transitorios

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a los 24 meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. En el caso de envases de cristal, donde la leyenda tiene que ser grabada, el presente decreto surtirá efectos a los 36 meses posteriores a su publicación.

Artículo tercero. El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 60 días.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2004.--- Diputado José Angel Córdova Villalobos.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted diputada Lara Saldaña.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las modificaciones propuestas por la comisión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse las modificaciones propuestas por la Comisión y presentadas por la diputada Gisela Lara.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea... No habiendo quien haga uso de la palabra, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular con las modificaciones presentadas por la diputada Lara.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular con las modificaciones presentadas por la diputada Gisela Lara.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se considera suficientemente discutido.

Se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones propuestas y aceptadas por esta Asamblea.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones propuestas y aprobadas presentadas por la diputada Gisela Lara.

(Votación.)

Diputada Presidenta: 392 votos en pro y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 392 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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CONDECORACIONES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'' que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la ``Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar'' que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, D.F., a 26 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica) Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica) Secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica) Secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria; Miguelangel García Domínguez (rúbrica) Secretario; Maximino Alejandro Fernández Avila, Secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordoñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio del licenciado Ricardo Franco Guzmán, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 26 de noviembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se les dispensa la lectura.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos, para proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y del anteriormente reservado, en un solo acto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Diputado Presidente, se emitieron 298 en pro, 66 en contra y 9 abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados por 298 votos los proyectos de decreto.

Pasan al Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE YUCATAN

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios de impacto ambiental que evalúen el daño que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al parque nacional marino Arrecife Alacranes, Yucatán

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios de impacto ambiental que evalúen el daño que causarían las actividades de explotación de PEMEX en la zona aledaña al Parque Nacional marino Arrecife Alacranes, Yucatán.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 29 de Abril de 2004 fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios de impacto ambiental que evalúen el daño que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al Parque Nacional marino Arrecife Alacranes, Yucatán, suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que en Abril de 2000, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó un estudio en la zona del litoral del Golfo de México abarcando Chiltepec, Tabasco, hasta Yucatán incluyendo las inmediaciones del arrecife Alacranes, para explorar depósitos de gas natural, según lo informó Vicente Abraham Elías, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola.

Que el 21 de abril de 2004, Petróleos Mexicanos (PEMEX) presentó la evaluación de impacto ambiental ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su revisión y resolución, y la dependencia federal le asignó el número de bitácora 09/MG-2431/04/04 04CA2004X0002, con fecha límite de resolución el 14 de julio del mismo año.

Que el 24 de abril, Petróleos Mexicanos ( Pemex) confirmó en un diario yucateco, su intención de perforar 23 pozos exploratorios en aguas nacionales frente a costas de Yucatán y Campeche, a partir del año 2005, lo que había ocultado durante todo el 2003 y parte del 2004.

Que el 27 de abril, la paraestatal petrolera reveló que desde el 17 de diciembre del 2003, el gobernador de Yucatán, Lic. Patricio Patrón Laviada, conoció los planes para explorar y perforar en aguas yucatecas, y que había tenido acceso a ``información subsecuente'', entre la que se destaca que la riqueza petrolera en el área era tan segura que el Proyecto Progreso espera producir para el 2010, tres mil barriles de petróleo crudo por día.

Que el 5 de mayo, se publicó el contenido del estudio de impacto ambiental elaborado por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en el que se indica que 18 de los 23 pozos se ubicarían frente a costas yucatecas, en los alrededores del Parque Marino ``Arrecife Alacranes'', y, que durante la perforación de los pozos, estaría latente un derrame de petróleo crudo que afectaría gravemente esta área natural protegida. También se dijo que los estudios exploratorios de Petróleos Mexicanos ( Pemex) databan desde finales de la década de los 70s.

Que el 6 de mayo, se advirtió que un derrame de hidrocarburos o fuga de gas causaría un impacto adverso, directo, temporal y extensivo en el medio ambiente marino y en el sector pesquero de la región, y que Petróleos Mexicanos y las compañías a su servicio, no contratarían mano de obra local, ni adquirían sus insumos en las empresas yucatecas.

Que el 7 de mayo, se dio cuenta de que la manifestación de impacto ambiental había sido elaborada con poca información científica sobre las condiciones ambientales que guarda la Plataforma Yucateca y que fundamentalmente, cita investigaciones realizadas en aguas nacionales frente al Estado de Campeche. También se mencionó que la actividad pesquera será la directamente afectada por la actividad de Petróleos Mexicanos ( Pemex).

Que el 19 de mayo, la paraestatal petrolera comenzó una campaña de desinformación sobre el Proyecto Progreso, al declarar en diversos medios de comunicación que sólo planea perforar siete pozos de exploración frente a costas de Yucatán y Campeche, a partir del 2007.

Que el 20 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se sumó a la desinformación e ingresó el mismo proyecto, con un nuevo número de bitácora, referenciado ahora al Estado de Yucatán, y con una nueva fecha límite de resolución, el 11 de agosto, pero a las pocas horas tuvo que dar marcha atrás y ceñirse a los plazos establecidos desde el 21 de abril.

Que el 24 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales arrancó la consulta pública sobre el proyecto y reconoció que Petróleos Mexicanos ( Pemex) ha manejado información inconsistente que crea confusión.

Que el 8 de junio, el director del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, Francisco Alonso Larqué Saavedra, advirtió que la manifestación de impacto ambiental del proyecto Progreso carece totalmente de sustentabilidad.

Que el 17 de junio, el estudio fue descalificado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que encontró graves deficiencias y sugirió hacer estudios más detallados y más profundos del área donde se desarrollará el proyecto.

Que el 22 de junio, la Asociación Civil Pronatura de la Península de Yucatán exteriorizó su rechazó a la manifestación de impacto ambiental, debido a que el 78 por ciento de la información que proporciona la paraestatal se generó hace mas de 14 años y el 90 por ciento de los datos no corresponden al polígono donde se localizará la mayoría de los pozos.

Que el 30 de junio, en la reunión pública de información, científicos, ambientalistas, pescadores y académicos rechazaron por unanimidad el Proyecto Progreso.

Que el 8 de Julio la paraestatal petrolera entregó un oficio, en el que comunicó el desistimiento de su proyecto ``Perforación de pozos exploratorios del Proyecto Progreso'' y en el escrito PEP-SISOPAC-GDSC-532-2004, Petróleos Mexicanos ( Pemex) Exploración y Producción (PEP) argumentó que sus especialistas ``determinaron que el estudio requiere de mayor información del sitio donde se pretende desarrollar''.

Que el 13 de Julio, el delegado de la SEMARNAT en Yucatán, Ramiro Rubio, informó que Pemex solicitó a la SEMARNAT, dar marcha atrás en el análisis del estudio de impacto ambiental que la paraestatal presentó para justificar su proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en las costas de Campeche y Yucatán, afirmando que las presiones del gobierno estatal y organismos sociales influyeron para que PEMEX desistiera de su solicitud de evaluación de impacto ambiental.

Que posterior a esa fecha, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT dio por concluido el procedimiento administrativo de evaluación en materia de impacto ambiental del proyecto y envió el expediente al archivo como ``asunto totalmente concluido''. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que PEMEX presente de nuevo la evaluación de impacto ambiental, modalidad regional, apegada a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Que el 19 de Agosto Héctor Gervacci González, coordinador de desarrollo regional de la zona marina noroeste de PEMEX, volvió a manifestar las intenciones de la petrolera en el proyecto progreso al comentar que ya realizaron más investigaciones y que los resultados se anexarán al estudio inicial en busca de un dictamen favorable.

Que el Decreto de área natural protegida, establece que se solamente se podrán llevar a cabo algunas actividades como la pesca deportiva y la pesca comercial de las especies ícticas, malacológicas y carcinológicas en épocas y con los límites, artes, equipos y métodos que se establezcan en el programa de manejo, los avisos de veda, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. Además, se podrá autorizar el establecimiento de granjas marinas para el cultivo de moluscos, peces, crustáceos, algas y otras especies que se puedan utilizar para la repoblación del área.

Que la cercanía al Arrecife Alacranes, representan un riesgo para toda la zona ya que las corrientes dominantes llevarían cualquier derrame hacia el oeste durante los meses de octubre a diciembre, además de provocar daños en las zonas de hábitat y alimentación de diversas especies en veda, de aves, tortugas marinas, caracol, langosta, además de pulpo y todas las variedades de mero, principales productos de importancia mundial.

Que la protección del triángulo formado por la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Parque Nacional Alacranes, y la biosfera de Ría Lagartos, se vería totalmente afectada en caso de permitir las actividades de explotación o exploración petroleras.

Que la restricción de pesca dentro del polígono de exclusión que pretende Petróleos Mexicanos ( Pemex) en dicho proyecto es tan grande que provocaría un desequilibrio en el ordenamiento pesquero ya existente, afectando a mas de 600 embarcaciones de la flota mayor, 5 mil embarcaciones menores con más de 20,000 pescadores que ofrecen un sin número de empleos directos e indirectos a la población.

Que en junio se publicó en la página Web de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el borrador del programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Arrecife Alacranes, sometiéndolo a Consulta publica de Junio a Agosto de 2004.

Que el borrador del programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Arrecife Alacranes dice que en cuanto a recursos no renovables, en la actualidad la paraestatal Pemex realiza estudios de prospección en los alrededores del Parque Nacional. No se tiene conocimiento de los resultados de dichos estudios, por lo que se deberá prestar especial atención en las actividades de explotación de recursos naturales no renovables (petróleo, gas natural, etc.) que se realicen cercanas al área, a través de las cuales se pudiera perturbar, contaminar e impactar los ecosistemas del área, además de los impactos socio-demográficos ligados a esta actividad. Es necesario estar en coordinación con las autoridades responsables del programa estatal de contingencia ambiental por derrame de hidrocarburos.

Que en el capítulo sexto, de los aprovechamientos, en la regla 41 de las Reglas Administrativas del borrador del Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Arrecife Alacranes especifica que queda prohibida la ejecución de obras o actividades de exploración y explotación de recursos petroleros dentro del Parque.

Que hasta el día de hoy no ha sido publicado el Programa de Ordenamiento territorial de la Costa Yucateca.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN A AGILIZAR LOS TRAMITES PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA COSTA YUCATECA ESTABLECIENDO SI PUEDEN SER COMPATIBLES LA ACTIVIDAD PETROLERA CON LA TURISTICA Y PESQUERA.

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA DECRETAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL PARQUE MARINO NACIONAL ARRECIFE ALACRANES.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de octubre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla, secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdes (rúbrica) María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo... No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera que están los puntos de acuerdo suficientemente discutidos. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados les fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública Salud y de Desarrollo Social, sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

A N T E C E D E N T E S1. En sesión celebrada el 29 de abril de 2004, la Diputada Clara Marina Brugada Molina del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

2. Que, en la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social''.

C O N S I D E R A C I O N E S1. En 1977 fue creado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que funcionó hasta 1995, bajo un esquema centralizado.

2. Para ese año, 1995, inicia la desconcentración de los recursos para la operación de los programas de asistencia social por lo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tuvo la responsabilidad de integrar esos apoyos y enviarlos a los sistemas estatales para que los ejercieran en sus respectivos estados.

3. La Presidencia de la Comisión de Desarrollo Social solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la información correspondiente para atender la Proposición con Punto de Acuerdo.

4. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia remitió un documento con la información requerida a la Comisión de Desarrollo Social, mismo que se hizo del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El documento señala, entre otras cuestiones, que al inicio de la presente administración y frente al problema que representaba la existencia de criterios poco claros para las asignaciones estatales, se propuso a los Directores Generales de los Sistemas Estatales crear una fórmula para la distribución de los recursos comprendidos en el rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

5. El medio acordado para contar con una distribución justa fue diseñar un índice para medir el nivel de vulnerabilidad social de cada estado para lo cual se conformó una comisión integrada por siete sistemas estatales y el Sistema DIF Nacional que desarrolló los componentes de la fórmula para la distribución de los recursos y la fórmula del Indice de Vulnerabilidad Social.

6. La vulnerabilidad social refleja diversos aspectos que confluyen para resaltar el grado de debilidad en que se encuentran personas, familias o grupos, en los cuales, las razones de edad, discapacidad, género, pertenencia étnica, precariedad económica, carencia de nexos familiares o debilidad jurídica, representan riesgos para su integridad y constituyen limitaciones en sus derechos y alternativas de vida. De forma sintética, la vulnerabilidad social enmarca situaciones de empobrecimiento, de desventaja social y de marginación.

7. En la Fórmula 2002 se incorporaron dos conceptos: vulnerabilidad y marginación. El primero, para identificar a los grupos poblacionales a los cuales están dirigidos los programas asistenciales y el segundo para referir la incorporación de criterios de inclusión y promoción de condiciones de equidad de los sectores marginados o excluidos de la sociedad.

8. La Fórmula 2003 se diferenció de la anterior al considerar, además, los criterios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial (BM). Asimismo cabe señalar que el total de ponderadores utilizados en la Fórmula 2002 fueron retomados para esta propuesta pero con un peso específico diferente tanto por la corrección de repeticiones en la asignación como por la introducción de nuevas variables. Esta propuesta se enfoca a tres grandes niveles de vulnerabilidad: la familiar, la individual y la infantil y, al valorar el Indice de Vulnerabilidad Social posibilita centrar las acciones en aquellas zonas del país que registran una mayor incidencia de vulnerabilidad, identificando aquellos sectores que requieren de atención prioritaria.

9. El Indice de Vulnerabilidad Social permitió identificar, entre otras cuestiones, las siguientes:

a. que el presupuesto global asignado por vulnerable sólo era de 164 pesos anuales en el año 2002, que evidenció la poca disponibilidad de recursos.

b. inequidad en la distribución de los recursos entre las entidades evidenciada en que, sobre la base del promedio de 164 pesos anuales, 15 estados canalizaban una cantidad superior, 14 inferior y tres similar. Estados como Guanajuato, México y San Luis Potosí recibían 62, 75 y 80 pesos, respectivamente, mientras Baja California Sur, Distrito Federal, Durango y Tlaxcala recibían 694, 514, 400 y 349 pesos, respectivamente.

c. inequidad en la distribución del presupuesto por habitante lineal.

10. Dado los efectos que tendría la reasignación en el presupuesto porque implicaba reducir a algunas entidades a la mitad sus recursos y duplicárselo a otras, se acordó que, en ningún caso, se redujera el presupuesto nominal a ninguna entidad; el incremento del presupuesto se utilizaría para compensar a los estados deficitarios con el límite de que el incremento en el presupuesto estatal nunca podría exceder al triple del promedio nacional y, que se desarrollará el Indice para medir el Desempeño para los siguientes años.

11. Finalmente, que la corrección a la inequidad ha sido lenta en gran medida porque en el año 2003 el Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33, se incrementó en 2.5 por ciento y para el presente año en 5.28 por ciento.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones emiten el siguiente

D I C T A M E N

UNICO.- Se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que continúe informando a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de esta Cámara en relación a los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil cuatro.--- Comisión de Desarrollo Social. Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretarios; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos, Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno, Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputados: Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Presidente; Alejandro González Yáñez, Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretarios; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica), Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Francisco Rojas Gutiérrez, María Esther Scherman Leaño (rúbrica), Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo... Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera que el asunto está suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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ASKARELES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen donde quiera que estos se ubiquen, suscrita por el Diputado Fernando Espino Arévalo a nombre de los integrantes, del Grupo Parlamentado del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 5 de abril de 2004, fue presentado el siguiente Punto de Acuerdo por el Diputado Fernando Espino Arévalo a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnado en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Los bifenilos policlorados (BPC), o también llamados askareles, se han utilizado desde los años treinta como líquidos aislantes en transformadores donde se requiere una elevada resistencia al fuego y en capacitores por su alta permitividad; sin embargo, esta sustancia al ser liberada, causa efectos adversos inmediatos o retardados sobre el ambiente, por bioacumulación y/o efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos.

En la actualidad, se ha detectado la presencia de ciertos isómeros de bifenilos policlorados dentro del medio ambiente tanto en agua, suelo, aire, así como en materiales orgánicos grasos de plantas y animales. Las investigaciones realizadas han demostrado que estos compuestos son extremadamente resistentes a la biodegradación y por su dispersidad, persistencia y acumulación en los ecosistemas se han catalogado como material tóxico ambiental.

Los países industrializados en los últimos 20 años han prohibido la fabricación, venta y uso de bifenilos policlorados y regular de manera estricta los que aún permanecen en uso, principalmente en equipo eléctrico.

Debido a sus buenas propiedades dieléctricas, térmicas y lubricantes, los bifenilos policlorados se han empleado en diferentes sectores de la industria; las aplicaciones reportadas en otros países de acuerdo con su uso predominante son las siguientes: capacitores (incluyendo balastros para lámparas fluorescentes); transformadores en aceite; plastificantes en resinas dieléctricas y en hules; papel copia sin carbón; fluidos hidráulicos; aceites lubricantes y de corte; líquidos para transferencia de calor; pigmentos para pinturas, selladores, adhesivos, tintas de impresión, ceras para pisos y agentes desengrasantes. El uso de BPC dentro de la industria eléctrica se basó en tres ventajas fundamentales: elevada permitividad, resistencia al fuego y su estabilidad química.

México, en los años cuarenta, importó una gran cantidad de sustancias aislantes y equipo eléctrico proveniente de Estados Unidos y Europa; los cuales actualmente siguen operando, sin que hasta el momento se tenga un adecuado control sobre ellos y para sustentarlo se puede hacer mención de los contenedores que durante el año 2001 fueron ``depositados'' en diferentes puertos del país.

Desde de 1960 empezó la preocupación por estas sustancias, en 1966, después de más de treinta años de uso de los bifenilos policlorados, se dio a conocer, un estudio realizado en el mar Báltico, en donde se demostraba que esta sustancia estaba presente en todos los peces de la región y a partir de eso se supo que estos residuos tóxicos permanecen en los seres vivos a través del tiempo (a esta propiedad de acumulación se le denomina como bioacumulación), causando graves efectos a la salud como cáncer, afectaciones en el aparato reproductor, mutaciones genéticas, daños irreversibles en fetos, impedimento al desarrollo y crecimiento de las plantas.

Por todo lo anterior, diversos países y organismos internacionales suscribieron una serie de acuerdos para hacer frente a este enorme riesgo, siendo uno de los más importantes el Convenio de Basilea, el cual fue firmado y ratificado por 116 países (entre ellos México), mismo que entró en vigor el 15 de mayo de 1992. En dicho acuerdo, se prohíbe la manufactura importación, exportación y venta de BPC, así como de los productos, equipos y artículos que los contengan, controlar los usos actuales, su transporte, manejo y almacenamiento, además de acelerar los procesos necesarios para sustituirlos; fijar controles a los productos, artículos y equipos contaminados con dichas sustancias; disponer adecuadamente los desechos sólidos y líquidos que contengan niveles de BPC superiores a 50 partes por millón (ppm), así como aquellos materiales y equipos que los hayan contenido, y prohibir la incineración o la dilución deliberada de residuos que contengan la sustancia.

En México, en octubre de 2001, 13 contenedores con 113 toneladas de askareles o bifenilos policlorados, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, fueron ``depositados'' en los Puertos de Tampico y Altamira con etiqueta falsa de capacitadores eléctricos, cuando en realidad eran residuos peligrosos categorizados en nivel cuatro de toxicidad, considerado el más alto grado de peligrosidad a escala internacional.

Consecuencia de las presiones ejercidas por lo pobladores de Tamaulipas y diversas Organizaciones No Gubernamentales, los askareles fueron trasladados a la termoeléctrica de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, por ser el lugar más seguro, lo que provocó que los demás bifenilos policlorados depositados en diferentes lugares de la República, fueran trasladados a este lugar; según lo declaró el entonces vocero de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, México no cuenta con la infraestructura necesaria para dar el tratamiento que estas sustancias requieren, ya que todos los bifenilos policlorados y sus contenedores deben ser tratados de forma tal que no se atente contra la salud de la gente y el medio ambiente, de ahí que se les exporte a países que cuentan con la capacidad técnica para darles un tratamiento adecuado.

A pesar de que México suscribió los acuerdos internacionales, el gobierno mexicano enfrenta un problema mayor. En el 2003 se estimaba que en el país había más de 40,000 toneladas de askareles líquidos, sobre todo en manos de la Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales de México (información oficialmente reconocida) sin considerar los contenedores, materiales y equipos contaminados con esta sustancia.

En México, existe legislación que regula el manejo de estos residuos como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y Normas Oficiales Mexicanas; en donde se establece el tratamiento, eliminación, almacenamiento, tratamiento del equipo, reclasificación y disposición final; sin embargo, no se ha llevado a cabo como lo establece la ley, y ello pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo, de inmediato, el manejo y disposición final de los bifenilos Policlorados, así como de los contenedores, materiales y equipos que hayan estado ó estén en contacto con los mismos, en la República Mexicana, conminando a la Secretaría a verificar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, con la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

SEGUNDO.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, verifique el cumplimiento del Artículo 152 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el caso de que, los bifenilos policlorados, sean transportados a su disposición final de forma segura y de manera sustentable.

TERCERO.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de una institución académica o de investigación debidamente acreditadas, realicen las investigaciones y estudios necesarios, a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en los lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC, y se determine el impactó a las comunidades y al medio ambiente; entregando los resultados de los mismos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de noviembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta (rúbrica); Francisco J. Lara Arano, secretario (rúbrica); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla, secretario (rúbrica); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen con los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

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PENA DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado José Mario Wong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo porque el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, para que, a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, emita de manera inmediata las resoluciones correspondientes para complementar lo preceptuado por los artículos 56, 70 y 90 del Código Penal Federal en relación con el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con el objeto de adecuar las penas de los sentenciados y que éstos gocen los beneficios que la ley les otorga.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

El suscrito diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI, en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como se menciona en la exposición de motivos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 24 de diciembre de 1998, las reformas básicamente son incrementar las penas a los delitos de portación y posesión de armas de fuego, reservadas para el uso exclusivo del Ejército, sosteniendo como el argumento principal los niveles alarmantes de inseguridad en el país, considerando que los altos índices de criminalidad eran consecuencia de la proliferación de armas de fuego, así como su posesión, acopio y tráfico.

Posteriormente, mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2003, se reformaron algunos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego para reducir los mínimos de la punibilidad con la que se sanciona a los que sin el permiso correspondiente, porten y posean una arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional, con un criterio más amplio a la luz de los hechos que dieron origen al delito, determinen si ha lugar o no a la sustitución de la pena privativa de la libertad corporal.

A un año de haber entrado en vigor dicha disposición, se encuentran todavía en las cárceles del país un gran número de sentenciados por los delitos en comento que no han podido obtener su libertad, en virtud de que el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no ha emitido las resoluciones haciendo la adecuación de las penas, lo que además impide obtener los beneficios señalados en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, referente a la sustitución de las penas y a la condena condicional.

Compañeras y compañeros legisladores: en virtud de lo expuesto y toda vez que es necesario cumplimentar cabalmente el mandato de la ley, así como objetivar los principios de la procuración e impartición de justicia, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, realice de manera inmediata las acciones correspondientes, en aras de cumplimentar lo mandatado en el artículo 56 del Código Penal Federal, en relación a lo establecido por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 83, a efecto de hacer la adecuación de las penas de los sentenciados y puedan además gozar de los beneficios que señalan los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, este noviembre de 2004.

Atentamente, el de la voz, diputado federal José Mario Wong Pérez, y el diputado José Manuel Abdala.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a emitir de inmediato, a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, las resoluciones correspondientes para cumplimentar lo preceptuado en los artículos 56, 70 y 90 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con objeto de adecuar las penas de los sentenciados y de que éstos gocen de los beneficios que la ley les otorga, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como se menciona en la exposición de motivos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 24 de diciembre de 1998, las reformas básicamente son incrementar las penas a los delitos de portación y posesión de armas de fuego, reservadas para el uso exclusivo del ejército; sosteniendo como el argumento principal, los niveles alarmantes de inseguridad en el país, considerando que los altos índices de criminalidad eran consecuencia de la proliferación de armas de fuego, así como su posesión, acopio y tráfico.

Posteriormente, mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2003, se reformaron algunos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego para reducir los mínimos de la punibilidad, con la que se sanciona respectivamente, a los que sin el permiso correspondiente porten y posean un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional, con un criterio más amplio, a la luz de los hechos que dieron origen al delito, determinen si ha lugar o no la sustitución de la pena privativa de la libertad corporal.

La reforma aludida se justificó considerando que las penas rigurosas desmotivan la comisión de delitos, sentenciando que los delincuentes que poseen, portan y acopian armas con el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas. Pero a pesar de ello, se coincide en que también es cierto que un gran número de mexicanos poseen y en algunos casos portan armas no con el afán de cometer un crimen, sino como protección personal y la de su familia.

Con la reforma, no se pretendió dejar al margen de la ley a quienes posean o porten armas de manera irregular, es decir, sin el permiso correspondiente, sino reconsiderar algunos casos específicos en los que, dada la tradición que existe en nuestro país a su utilización y las condiciones prevalecientes de inseguridad pública que día a día se han ido acrecentando, la ley establece sanciones en extremo severas.

Por lo anterior, las peticiones a los organismos protectores de los derechos humanos de ciudadanos afectados para que se revisen casos en los que se han visto involucrados padres de familia, campesinos, comerciantes y personas sin antecedentes penales, pone en tela de juicio la certeza jurídica que la ley debe garantizar a los ciudadanos, máxime que en su aplicación, había afectado a personas involucradas en estos ilícitos por circunstancias distintas a pretender causar daño a terceros y han sido privadas de su libertad corporal por poseer o portar un arma de uso exclusivo de Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México.

El criterio de las y los legisladores fue: sin vulnerar la finalidad disuasiva de las penas en materia de delitos por posesión o portación de armas, la disminución de la punibilidad por lo que respecta a los mínimos, lo que repercute en un mayor respeto a las garantías humanas ya que estos delitos son de mero resultado formal y de peligro, no de daño, por lo que se estimó que no se pone en riego la seguridad pública y se beneficiarían a muchos ciudadanos que se ubiquen en estos supuestos.

En razón de lo anterior y toda vez que es menester dar cumplimiento a la ley de manera oportuna, hago uso de la máxima tribuna nacional, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, realice de manera inmediata, las acciones correspondientes en aras de cumplimentar lo mandatado por la ley, a efecto de hacer la adecuación de las penas de los sentenciados conforme a esta reforma.

A un año de haber entrado en vigor dicha disposición, se encuentran todavía en las cárceles del país un gran número de sentenciados por los delitos en comento, que no han podido obtener su libertad, en virtud de que el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no ha emitido las resoluciones haciendo la adecuación de las penas, lo que además impide obtener los beneficios señalados en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, referente a la substitución de las penas y a la condena condicional.

Compañeras y compañeros legisladores:

En virtud de lo expuesto y toda vez que es necesario cumplimentar cabalmente el mandato de la ley, así como objetivar los principios de la procuración e impartición de justicia, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, emita las resoluciones correspondientes de manera inmediata, en aras de cumplimentar lo mandatado en el artículo 56 del Código Penal Federal, en relación a lo establecido por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 83, a efecto de hacer la adecuación de las penas de los sentenciados y puedan además gozar de los beneficios que señalan los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2004.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): ¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo don Pedro.

Antes de dar la palabra a don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, activen el sonido en la curul de don Pedro Avila Nevárez.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, con todo respeto, para apoyar la petición del compañero Mario Wong, sobre el asunto de la Ley de Armas de Fuego, que yo inclusive hace una semana presenté una modificación a esta ley, ya que como él dice, es cierto, hay infinidad de presos en todos los Ceresos y Ceferesos de la República, hay comerciantes, hay indígenas, hay gente que por traer una pistola inclusive 25, 22, que eran del Ejército, se encuentran presos en los Ceresos.

Yo le suplico a usted que se le dé el turno respectivo y que las comisiones, no sólo los puntos de acuerdos o las iniciativas de decreto que se presentan para lo que le fijamos al sueño de los justos, sino que estas proposiciones se les de el trámite correspondiente, porque hay miles de presos en todos los Ceresos y Ceferesos de la República esperando esta resolución.

Y que también se haga un extrañamiento al secretario de Seguridad Pública y al director del órgano desconcentrado de Seguridad Pública, para que le de la agilidad a todas las libertades de todos los presos federales que están en los Ceresos y Ceferesos de toda la República. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted don Pedro. Queda registrada la intención de su intervención, apenas es una propuesta y esta turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos.

Usted como diputado puede asistir a las comisiones con voz, pero sin voto, en caso de que no sea integrante de éstas y podrá usted vigilar personalmente que no duerman el sueño de los justos.

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ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que inicie una revisión de las tarifas domésticas del suministro y venta de energía en el estado de Jalisco, a fin de homologarlas y beneficiar a la ciudadanía.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Gracias, con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupado, preocupado porque el servicio de energía eléctrica que se suministra en el estado de Jalisco sea proporcionado bajo los principios de justicia y equidad, someto a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

considerandos

Los altos costos de las tarifas eléctricas se han convertido en un problema para las familias de escasos recursos de Jalisco por la diferencia en los precios en cada región del estado, por lo que es necesario hacer un estudio basado en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Conforme al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, modificar el costo de sus servicios domésticos.

Por ello, es imprescindible homologar el costo por kilowatt con base en la tarifa más baja del mercado para las familias más pobres, toda vez que existen factores que obligan a realizar ajustes mensuales a las tarifas eléctricas en épocas de verano, habida cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad considera que en esta temporada aumenta el consumo debido al uso frecuente de sistemas de refrigeración y ventilación en época de calor y este no es un servicio suntuario como lo pretende hacer creer; es una necesidad, ya que las temperaturas en Jalisco llegan a alcanzar hasta los 40 grados centígrados.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte respetuosamente a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía y Economía, para que realicen una revisión a fondo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el estado de Jalisco y se homologuen con la tarifa más baja, en beneficio de los segmentos sociales económicamente desprotegidos.

Se mantenga informada a esta Cámara de Diputados sobre los avances de los estudios realizados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre del año 2004.

Solicito respetuosamente, señor Presidente, se inserte íntegro el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Publico a iniciar una revisión de las tarifas domésticas del suministro y venta de energía eléctrica en el estado de Jalisco, a fin de homologarlas y beneficiar a la ciudadanía, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en beneficiar a la ciudadanía que recibe el servicio de suministro y venta de energía eléctrica en el estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes:

Considerandos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, modificar el costo eléctrico de acuerdo a las regiones y tarifas del servicio domestico.

La gravedad de los altos costos de las tarifas eléctricas, ha sido objeto de diversas inconformidades; en la actualidad están mermando la economía de la ciudadanía del estado de Jalisco, sobresale la situación de las diferentes tarifas eléctricas por lo que es de gran importancia obtener una homologación del costo kilowatts en base a la tarifa más baja en el mercado.

La mayor parte de la población es de escasos recursos; no tiene los suficientes medios económicos para satisfacer las más elementales necesidades; como lo son la alimentación, el vestido y la vivienda; si a esto le agregamos los gastos de los servicios domésticos, como el suministro de luz, entenderemos que los salarios no cubren los consumos referidos.

Sabemos que hay factores de ajuste mensual a las tarifas de energía eléctrica de acuerdo al servicio domestico para localidades con temperaturas mínimas en verano que se clasifican de la 1 a la 1F y de las cuales se desprende una diferencia entre la tarifa 1 y la 1F de casi 1000 Kwh. mensuales en la temporada de verano; para esto hay que comprender que para la Comisión Federal de Electricidad, la temporada de verano comprende los seis meses más cálidos del año; lo cual implica un costo extra para la ciudadanía durante medio año.

Luego entonces lo que debemos comprender es que en dicho ciclo de verano impuesto por las referidas Secretarías y la Comisión, es que el consumo extra que se realiza en los hogares es simplemente por la época de calor.

Por lo tanto los sistemas de refrigeración trabajan en demasía con relación a otras épocas del año, por otro lado se observa que en la temporada de altas temperaturas es habitual el uso de los sistemas de ventilación que se tienen en todos los poblados, por lo que dichos consumos no deben ser considerados como un lujo como se quiere hacer creer que al verse obligada la ciudadanía a consumir más kilowatts no es por diversión o capricho de la comunidad sino por una necesidad; es necesario realizar un estudio de las tarifas que imperan en el estado de Jalisco a fin de no seguir afectando el bolsillo de las familias.

Es importante señalar el aspecto que se refiere a la salud ya que hay muchas causas de deshidratación y/o enfermedades gastrointestinales que tienen que ver con la temporada de verano, ya que las temperaturas pueden llegar alcanzar más de 40º centígrados, todo esto ha provocado un desajuste en la economía social y lejos de que los apoyen con programas para el bienestar de la población y evitar problemas de salud; se ha encontrado la forma de mermar la economía familiar con la aplicación de dichas tarifas, es por ello que busco que éstas sean homologadas a la tarifa más baja de consumo doméstico, en bien de la población, lo cual se refleja en la economía y en el poder adquisitivo del país.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se exhorte a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía a que den inicio a una profunda revisión de las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica del estado de Jalisco; para que, en beneficio de la ciudadanía se homologuen las tarifas con base a la tarifa más baja.

Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de noviembre de 2004. Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

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PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de crear una comisión de investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz.

El diputado Gustavo Moreno Ramos: Con su permiso, compañero Presidente; honorable asamblea:

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos objetivos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y su fin fundamental es de garantizar a todos los mexicanos la adecuada utilización de sus recursos.

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, localizada sobre la costa del Golfo de México en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz. Esta central, luego de 15 años de operación y el 50 por ciento de su vida útil, podría constituirse en un peligro real para los habitantes de las localidades ubicadas en por lo menos un radio de 120 kilómetros, siendo Laguna Verde la única nucleoeléctrica en América Latina que usa en su proceso uranio enriquecido, elemento químico de muy alta peligrosidad, cuyo manejo requiere del cumplimiento de un estricto protocolo de operación técnica, que debe ser evaluado no sólo por los órganos competentes del Ejecutivo federal, sino por la propia sociedad y organizaciones internacionales, a fin de prevenir tragedias como las suscitadas en otras partes del mundo.

Por lo anterior, el hecho de implementar la inspección en la zona de la central de Laguna Verde, es congruente con la responsabilidad de todo buen gobierno, de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respeto a la vida humana, a la fauna, a la ecología y a la seguridad en su conjunto.

No hay duda que los recursos naturales forman parte de la riqueza de una nación y que el medio ambiente sano debe ser una de las prioridades del Gobierno para proporcionar la garantía establecida en el artículo 4°. de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se integre una comisión plural de investigación del funcionamiento de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, con el objetivo de analizar y evaluar su debida operación y proponer las acciones preventivas y correctivas que en su caso procedan, verificando que la Comisión Federal de Electricidad garantice la seguridad y tranquilidad a los habitantes.

Así como también salvaguardar el entorno ecológico en un radio de al menos 120 kilómetros a partir de la ubicación de la central de Laguna Verde, por eventuales efectos de contaminación radiactiva.

Segundo. Se exhorta al Gobierno Federal compense a los habitantes incluidos en esa zona de mediano y alto riesgo, estableciendo programas de tarifas preferenciales al consumo electrodoméstico, incluyendo a la pequeña y mediana empresas e infraestructura agrícola.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de crear una comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, a cargo del diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Gustavo Moreno Ramos, a nombre propio y en representación de las distintas fracciones parlamentarias en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal descentralizada de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos objetivos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y su fin fundamental es garantizar a todos los mexicanos la adecuada utilización de los recursos del Estado en las áreas estratégicas y propias, proporcionándoles el beneficio a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enmarcados también en el Plan Nacional de Desarrollo.

El párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución General de la República otorga a esta Cámara, como integrantes del Congreso de la Unión, la facultad de que a pedido de una cuarta parte de sus miembros, pueda integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, debiéndose poner en conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de sus investigaciones.

En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Investigación se constituyen con carácter transitorio, y funcionan en los términos constitucionales y legales.

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con la central núcleo eléctrica Laguna Verde, localizada sobre la costa del golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz, a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Veracruz, la central Laguna Verde está integrada por dos unidades, cada una con una capacidad de 682 MWE; los reactores son tipo agua hirviente (BWR-5) y la contención tipo Mark II de ciclo directo. El sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) fue suministrado por General Electric, y el turbogenerador por Mitsubishi Heavy Industries.

Ambas unidades representan el 4% de la potencia real instalada del sistema eléctrico nacional y su contribución a la generación es de 8%; el transporte y almacenamiento de los residuos radioactivos implican riesgos potencialmente catastróficos para la vida humana y al ecosistema.

Desde el inicio de sus operaciones la sociedad civil y grupos ambientalistas han solicitado al Gobierno Federal una inspección técnica y administrativa independiente a Laguna Verde, para investigar una serie de irregularidades, como paros de emergencia, fugas radioactivas al ambiente, represión contra técnicos que denuncian fallas.

Por si fuera poco, la planta genera anualmente alrededor de 34 toneladas de desechos altamente radioactivos, que son almacenados dentro de la misma planta a escasos metros del mar con el consecuente peligro que ello implica, ya que no cuenta en sus programas preventivos de un panteón de deshechos radioactivos.

La historia de la planta núcleo eléctrica no resulta nada halagadora, sus constantes fallas y negligencias en cuanto a la operación y manejo de los desechos por su uso, nos manifiestan la imperiosa necesidad para realizar una investigación profunda y seria; he aquí una parte de estos casos:

El 27 de abril de 1987 el director de Construcción de la central nuclear de Laguna Verde, ingeniero Isidro Becerril Salinas, declara públicamente que no existe control de calidad en el proceso de edificación de la núcleo eléctrica, debido al contratismo existente.

El 22 de agosto de 1988 el especialista de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, JK Willmshulst, dirige un comunicado a la administración de Laguna Verde en el que llama la atención sobre posibles riesgos en la seguridad de la central nuclear.

El 2 de marzo de 1989 se registró la primera liberación inadvertida al ambiente de gases radiactivos por las descargas de las bombas mecánicas de vacío, la CFE reconoció la existencia de la fuga y la contaminación de personal.

El 8 de julio de 1989 ocurre un derrame de aproximadamente 20 mil litros de ácido sulfúrico que provoca daños irrecuperables a bombas, conductos, cables, cajas eléctricas, conectores, paredes y tanque.

En 1990 un estudio elaborado por investigadores de El Colegio de México señala las irregularidades e inoperancia del Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE) para caso de accidente en la núcleo eléctrica de Laguna Verde.

Los estudios evalúan diversos modelos de dispersión de las partículas radiactivas en caso de un accidente nuclear grave, de acuerdo a diversos escenarios a partir de la dirección de los vientos y sus consecuencias sobre poblaciones como la Ciudad de México y Puebla. El estudio advierte que el PERE no garantiza la seguridad y que el riesgo de un accidente grave es inaceptable.

El 19 de abril 1993 trabajadores de Laguna Verde declaran a los medios de comunicación que fueron arrojados millones de litros de agua contaminada a la laguna y al mar por la núcleo eléctrica.

El 27 de agosto de 1995 fue publicada, en el Diario de Xalapa, la denuncia de que en Laguna Verde se incineran desechos radioactivos, acto violatorio de las normas nacionales e internacionales.

El 12 de abril de 1999 grupos ambientalistas, ex trabajadores de Laguna Verde y especialistas en geología, solicitan al Congreso general, que se realice una auditoría técnica y administrativa independiente a la central nuclear de Laguna Verde.

El 15 de julio de ese año la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) encuentra graves irregularidades administrativas e inhabilita a 10 funcionarios de alto nivel de la central nuclear.

El 12 de octubre de 1999 el núcleo del reactor uno queda casi al descubierto luego de haber perdido el agua que lo rodeaba. Este evento podría haber causado la fusión del núcleo del reactor, generando un accidente de consecuencias similares o mayores al ocurrido en Chernobyl, Ucrania.

El 6 de enero de 2000 se dio a conocer el informe elaborado por el organismo internacional, World Association of Nuclear Operators (WANO) que califica la seguridad de Laguna Verde como ``mala''. El reporte de WANO reprueba el desempeño de los operadores y su preparación, así como la falta de una dirección adecuada de la central nuclear. WANO confirma las denuncias presentadas por agrupaciones ambientalistas, así como la necesidad de que se realice una auditoria independiente a la central nuclear.

Esta central, luego de 15 años de operación, y al 50% de su vida útil, podría constituirse en un peligro real para los habitantes de las localidades ubicadas en por lo menos un radio de 120 km, ya que en el proceso es necesario la utilización de uranio enriquecido, elemento químico de muy alta peligrosidad, cuyo manejo requiere del cumplimiento de un estricto protocolo de operación técnica, que debe ser evaluado no solo por los órganos competentes del Ejecutivo federal, sino por la propia sociedad, y organizaciones internacionales a fin de prevenir tragedias, como las suscitadas en otra partes del mundo.

Esta situación es reconocida en el ámbito internacional, ya que la Asamblea de las Naciones Unidas inició desde hace algunos años una estrategia integral conocida como Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que implica la creación de una comisión que analice, investigue y revise su funcionamiento para la prevención de los desastres en los procesos nacionales de planeación del desarrollo.

No hay duda que los recursos naturales forman parte de la riqueza de una nación y que el medio ambiente sano debe ser una de las prioridades del gobierno para proporcionar la garantía establecida en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Estado debe regular y fomentar su uso y aprovechamiento en un marco de racionalidad, que no altere el equilibrio de los ecosistemas ni deteriore el ambiente, poniendo en peligro la salud humana, fauna y las especies de flora.

Urge la necesidad de implementar una inspección en la zona de la central de Laguna Verde, ya que todo buen gobierno tiene la responsabilidad de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respecto a la vida humana, fauna, ecosistema y a la seguridad en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se integra una Comisión de Investigación del funcionamiento de la central núcleo eléctrica de Laguna Verde, con el objetivo de analizar y evaluar su debida operación y proponer las acciones preventivas y correctivas que en su caso proceda, verificando que la Comisión Federal de Electricidad garantice la seguridad y tranquilidad de los habitantes, así como también salvaguardando el entorno ecológico en un radio de al menos 120 kilómetros, a partir de la ubicación de la central Laguna Verde, por eventuales efectos de contaminación radioactiva.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno Federal compense a los habitantes incluidos en esa zona de mediano y alto riesgo, estableciendo programas de tarifas preferenciales al consumo eléctrico doméstico incluyendo a la pequeña y mediana empresa e infraestructura agrícola.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Dip. Gustavo Moreno Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado Moreno Ramos.

Y teniendo como fundamento el inciso c), del artículo 34 de la ley, es que lo turno a la Junta de Coordinación Política.

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JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a crear un programa federal de apoyo a la juventud.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del PRI

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo en el que exista un verdadero impulso de la juventud nacional, también reconoce que la población juvenil ocupa un importante espacio dentro del desarrollo nacional, por lo que como estrategia es importante incorporar integralmente programas sociales hacia este sector, permitiendo que cuente con los canales adecuados para su mejor desarrollo social y económico.

La población joven en México se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico en el pasado.

Está expuesta a los efectos de las contradicciones y de la desigualdad social como el desempleo, el subempleo, la imposibilidad de continuar los estudios, la carencia de oportunidades, de capacitación, la desnutrición, las enfermedades y la migración forzosa.

Esa vulnerabilidad social puede generar expresiones y fenómenos sociológicos como la huida del núcleo familiar, la adopción de conductas nocivas para ellos y quienes los rodean, la apatía, la inactividad, la violencia, la criminalidad, el consumo de drogas, alcohol, tabaco, y la prostitución.

Es evidente que ha faltado una mayor coordinación entre las distintas dependencias que atienden directa o indirectamente al sector, impidiéndose con ello el mejor aprovechamiento de los recursos destinados.

La problemática y los nuevos perfiles de la juventud mexicana, demandan la creación y aplicación de programas sociales de promoción y apoyo a proyectos productivos para la generación y conservación de empleos, así como para la adquisición de maquinaria, equipo de trabajo, herramientas, adquisición de materias primas o materiales de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto y considerando:

Que nuestra juventud nacional reclama una actitud dispuesta de las instancias de gobierno y las fuerzas productivas en su conjunto que les permita elaborar y desarrollar mejores alternativas encaminadas a la solución y satisfacción de las necesidades manifestadas en su entorno natural, desde aquellos que se desenvuelven en las grandes urbes de nuestro país, a quienes habitan en las zonas rurales, estudian o se encuentran trabajando en la calle.

Que para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se organiza mediante programas de gobierno, los cuales surgen de acuerdo con requerimientos específicos de la población en busca de encontrar un mayor impulso al desarrollo social y humano de los mexicanos.

Que la creación de un fondo para jóvenes que apoye aquellos proyectos que presenten viabilidad financiera y que generen empleos o desarrollen la innovación de un producto, debe ser considerado por el Ejecutivo federal como un justo y claro estimulo a la juventud emprendedora en nuestro país.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el que suscribe diputado federal Miguel Amezcua Alejo, propongo a esta soberanía dicte el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a crear un programa de apoyo social a la juventud, coordinado por el Instituto mexicano de la Juventud.

Segundo. El programa de apoyo a jóvenes estará incluido dentro de los programas sociales de gobierno y deberá considerarse dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de noviembre de 2004.--- Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica).»

Por lo que esta presidencia lo turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

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MIGRANTES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que no se encuentra el señor diputado don Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del estado de Arizona, Estados Unidos de América.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal que manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde la década de los 50 el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo diversas acciones para desalentar el paso de los migrantes ilegales a su territorio. Este proceso ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a leyes como la Ley 187; la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés) de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza; volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de tres a diez años a aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.

Otras medidas para disuadir y controlar el mismo, son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997 como la Operación Guardián, en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia en Nogales, Arizona; la Operación Portero en El Paso Texas; la Operación Salva-guardia y Río Grande en la Frontera con Texas, mismas que arrojaron consecuencias tales como:

El aumento de muertes en la frontera mexicana.

Obligar el paso de los inmigrantes irregulares hacia regiones con una topología y un clima hostiles.

El considerable incremento de bandas organizadas de tráfico de personas (polleros).

Aumento de la inseguridad y la violencia; por citar algunas.

La dureza de esas medidas, viola los derechos humanos de nuestros migrantes ante la falta de una política contundente por parte de nuestro gobierno, que garantice y que pugne por el respeto a nuestros connacionales.

Ante este escenario, el objetivo central de las autoridades del gobierno norteamericano a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, sustentadas en la hipótesis de que entre más duras sean las medidas, menor será el grado de migración hacia esos estados y sus ciudades; aún, cuando éstas abiertamente violenten los derechos humanos de las personas.

La Ley para Proteger al Ciudadano y Contribuyente de Arizona, votada el primero de noviembre de este año, conocida también como Ley 200, surge originalmente por el grupo antiinmigrante Protect Arizona Now, encabezado por Kathy McKee, es apoyada por 30 diputados locales, pero no así por la gobernadora demócrata Janet Napolitano, y por 10 legisladores federales de este estado.

Esta ley busca evitar que inmigrantes sin estatus legal con permanencia en Estados Unidos, reciban servicios por parte de dependencias estatales. Esta polémica ley es comparada con la propuesta 187 de California, que en 1994, pretendía negar estos servicios a los migrantes.

La Ley 200 además, contempla exigir una prueba de identidad la cual consistiría en la presentación de un acta de nacimiento o de naturalización para obtener la tarjeta de registro de votante. También obligaría a partir de su aplicación a que todos los funcionarios públicos denuncien a los inmigrantes indocumentados ante las autoridades federales al momento de descubrirlos, so pena de cárcel a quien omita hacer esto.

La medida también dispone que todos los habitantes del Estado, deberán identificarse para acceder a servicios gubernamentales tales como salud, educación, auxilio de bomberos o policía e incluso el ingreso a una biblioteca pública. Niega también los servicios para los hijos de inmigrantes indocumentados para acceso a guarderías o vacunas.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión condena la aprobación de la llamada Ley 200.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a que exprese su malestar en contra de la de la Ley 200.

Tercero. Que la Junta de Coordinación Política, designe un grupo de diputados federales y asimismo, se manifieste esta inquietud a su homologa en el Senado de la República y se participe de esta preocupación a las y los señores senadores para sumar esfuerzos y hacer lo conducente, a fin de reunirse de manera urgente con los legisladores federales y locales de Arizona y la Gobernadora Janet Napolitano, para tratar el tema y expresar la preocupación del Congreso Mexicano por la aplicación de la Ley 200.

Cuarto. Que la Cámara de Diputados, realice un enérgico pronunciamiento en contra de este tipo de acciones y enmiendas, ante los legisladores locales del gobierno del Estado de Arizona que apoyan la aplicación de esta ley, que lesiona los derechos humanos de los migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.--- Dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica).»

Esta Presidencia la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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MARA SALVATRUCHA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos estatales, para que en el marco de sus respectivas competencias se coordinen a efecto de presentar una solución contundente al problema de inseguridad que representa el grupo conocido como la Mara Salvatrucha.

El diputado Francisco Rojas Toledo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En atención a la brevedad del tiempo disponible, solicito que el presente documento se publique íntegro en el Diario de los Debates.

Consideraciones

Como todos sabemos el grupo delictivo formado por migrantes centroamericanos y del cual ya forman parte connacionales conocidos como Mara Salvatrucha, representa un riesgo inminente para el país, que de no ser combatido de manera contundente y definitiva, existe la posibilidad de que se convierte en un peligro para la seguridad nacional de México.

Esta pandilla cuenta con más de 25 mil miembros y se presume que controla la falsificación de documentos oficiales como micas de residencia, el tráfico de drogas y robo de tarjetas de crédito, además de la estela de violencia que los caracteriza, la cual incluye muertes, violaciones, vejaciones y robos.

Un ejemplo de la magnitud del problema es el episodio de terror colectivo relatado en la prensa nacional en el municipio de Tapachula, Chiapas, que experimentó el día 22 de noviembre durante el cual los habitantes cerraron sus comercios, sacaron a sus hijos de las 200 escuelas de la comunidad y se encerraron en sus casas ante el temor producido por el rumor de un posible ataque masivo de los Maras.

Los habitantes de México están hartos de la inseguridad pública generada dentro de nuestras propias fronteras, por lo que con toda razón se niegan a seguir siendo víctimas de un cáncer violento, impune y desmesurado crecimiento, lo cual no sólo amenaza la intranquilidad de las poblaciones limítrofes, sino que puede convertirse en un problema de seguridad nacional.

Es por las consideraciones anteriormente expuestas, que me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que el pleno de esta honorable Cámara haga un atento exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como al procurador general de la República y a los gobernadores y autoridades estatales competentes, a que en ánimo de una colaboración eficaz y eficiente tome las medidas necesarias para detener el problema de inseguridad pública que representa para los habitantes del país las bandas criminales conocidas como Mara Salvatrucha.

Segundo. Que el pleno de esta Cámara haga un atento exhorto al titular del Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de su competencia realice colaboración con las demás autoridades competentes, las acciones necesarias para presentar y realizar un plan de trabajo de alcance nacional que contribuya a detener y erradicar el problema migratorio ocasionado por los miembros de la Mara Salvatrucha.

Tercero. Que el pleno de esta Cámara haga un atento exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que establezca canales de comunicación y cooperación con sus homólogos centroamericanos, a efecto de presentar un frente común al grave problema que para la seguridad de los países representa la banda Mara Salvatrucha.

Cuarto. Se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado como de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo en San Lázaro, 7 de diciembre de 2004. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Relaciones Exteriores, y de Seguridad Pública, al procurador general de la República y a los gobernadores a coordinarse, en el marco de sus competencias, a efecto de presentar una solución contundente al problema de inseguridad que representa el grupo conocido como Mara Salvatrucha, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del PAN

Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se haga un atento exhorto, en el marco del respeto a la división de poderes y del federalismo, a las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y a los gobiernos estatales afectados, para que en el ámbito de sus competencias se coordinen a efecto de presentar una solución contundente al problema de seguridad pública que representan la grupos delictivos conocidos como ``Mara Salvatrucha'', con base en las siguientes

Consideraciones

Como todos nosotros sabemos, ya sea por la denuncia de nuestros representados, por la información transmitida en los medios masivos de comunicación o por la preocupación de nuestros respectivos gobiernos estatales, el grupo delictivo fundado por migrantes centroamericanos y del cual ya forman parte algunos connacionales, conocido como ``Mara Salvatrucha'', representa un riesgo inminente para el país que, de no ser combatido de manera contundente y definitiva, existe la posibilidad de que se convierta en un peligro para la seguridad nacional de México, como ha sucedido en algunos países centroamericanos.

Esta pandilla es de las más numerosas de que se tiene registro, se habla que entre sus filas se cuentan más de 25 mil miembros, y se presume que controla la falsificación de documentos oficiales como micas de residencia, el tráfico de drogas y robo de tarjetas de crédito, además de la estela de violencia que los caracteriza, la cual incluye muertes, violaciones, vejaciones y robos. Así mismo está confirmado por las autoridades competentes que muchos de sus integrantes que han sido deportados de Estados Unidos se han quedado en la frontera sur de México, ocasionando con esto un punto de conflicto para los habitantes de los estados fronterizos. El problema adquiere dimensiones alarmantes si consideramos que de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración, en el año 2000 fueron deportados 150,000 indocumentados, lo cual da una idea de la magnitud del problema.

Resulta alarmante percatarnos de que, pese al conocimiento que se tenía desde hace varios años de este problema, es hasta fechas recientes que se han canalizado esfuerzos importantes para combatir este flagelo a través de grupos de trabajo encargados de conocer, analizar e informar sobre los grupos delictivos que operan en la frontera sur bajo el nombre de ``Mara Salvatrucha''. Así mismo se han realizado esfuerzos directos a través de operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración en coordinación con diversas autoridades competentes en materia de seguridad pública. Sin embargo también es verdad que estos esfuerzos no representan una solución de fondo, así como tampoco un muro de contención que impida que las poblaciones mexicanas vivan sujetas a un miedo justificado debido a la impunidad y violencia extrema con que opera esta banda de maleantes.

Otro de los síntomas de la gravedad del problema es que en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizado en este año, algunos gobernadores han expresado la necesidad de contar con un plan específico para atender los problemas concretos de las fronteras, pues en el caso específico del sur del país, es fundamental enfrentar los fenómenos delictivos relacionados con la ``Mara Salvatrucha'', pandilla que se ha extendido ya a 11 entidades por lo se ha solicitado que la asignación de recursos en materia de seguridad tome en cuenta este importante factor.

Asimismo resulta oportuno señalar que México cuenta con instrumentos de derecho internacional que le permiten combatir, desde otro frente, este importante tema; tal es el caso de la Convención de la Organización de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada, firmado por nuestro país el 12 de diciembre de 2000 y ratificada el 3 de febrero de 2003. También reconocemos los éxitos alcanzados por el operativo ``Costa Chiapas 2004'', el cual es, desde el pasado jueves, por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través de la Policía Federal Preventiva; la Secretaría de Gobernación, mediante el Instituto Nacional de Migración y el Cisen; la Procuraduría General de la República participa con la Agencia Federal de Investigación y Ministerios Públicos, y la participación estatal corre a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través del cual se ha logrado la captura de 64 integrantes de la ``Mara Salvatrucha''. Sin embargo esto no es suficiente, un conflicto de esta magnitud demanda de la colaboración y cooperación de todas las autoridades involucradas, las cuales no pueden ni deben justificar la falta de resultado concretos en principios rectores de nuestra vida constitucional y democrática como la división de poderes y el federalismo.

Los habitantes de México están hartos de vivir con miedo de la inseguridad pública generada dentro de nuestras propias fronteras, por lo que, con toda razón se niegan a seguir siendo víctimas de un cáncer violento, impune y de desmesurado crecimiento, el cual no sólo amenaza la tranquilidad de las poblaciones limítrofes, sino que puede convertirse, como de hecho insistimos ya sucedió en algunos países de Centroamérica, en un problema de seguridad nacional.

Los mexicanos no queremos llegar a que este problema rebase la capacidad de nuestras autoridades, las cuales se tengan que ver en el extremo indeseable de realizar operativos ex profeso con estas pandillas y a presentar iniciativas de ley cuyo único fin sea el de paliar los efectos de un conflicto desbordado, como ya ha sucedido en Honduras y el Salvador.

Un ejemplo más que nos habla de las dimensiones de este problema, que comienza a dejar de ser meramente de seguridad pública, para convertirse en un asunto de seguridad nacional, es el episodio de temor colectivo, retratado por la prensa nacional, que la comunidad de Tapachula, Chiapas experimentó el día 22 de noviembre, durante el cual los habitantes cerraron sus comercios, sacaron a sus hijos de las 200 escuelas de la comunidad y se encerraron en sus casas ante el temor producido por el rumor de un posible ataque masivo de ``maras''. Todo esto mientras las autoridades de seguridad pública se abocaban a resguardar las oficinas municipales y estatales de la localidad.

Los diputados de Acción Nacional hacemos un exhorto para que este llamado a tiempo sea atendido por todas las autoridades Federales, Estatales y Municipales competentes. Actuemos hoy para no lamentarnos mañana.

Compañeros y compañeras diputadas:

Es por las consideraciones anteriormente expuestas que me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que el Pleno de esta H. Cámara haga un atento exhorto, en el marco del respeto a la división de poderes y del federalismo, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como al Procurador General de la República y a los gobernadores y autoridades estatales competentes, a que en ánimo de una colaboración eficaz y eficiente tomen las medidas necesarias para detener el problema de inseguridad pública que representan para los habitantes del país las bandas criminales conocidas como ``Mara Salvatrucha''.

Segundo. Que el pleno de esta H. Cámara haga un atento exhorto, en los términos del punto anterior, al titular del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, realice en colaboración con las demás autoridades competentes, las acciones necesarias para presentar y realizar un plan de trabajo de alcance nacional que contribuya a detener y erradicar el problema migratorio ocasionado por los miembros de la ``Mara Salvatrucha''.

Tercero. Que el pleno de esta H. Cámara haga un atento exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que dentro del marco de la Convención de la ONU Contra la Delincuencia Transnacional Organizada y demás instrumentos internacionales, establezca canales de comunicación y cooperación con sus homólogos centroamericanos, a efecto de presentar un frente común al grave problema que para la seguridad de los países representan las banda de ``Mara Salvatrucha''.

Cuarto. Se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado como de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Francisco Rojas Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la propuesta. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición con punto de acuerdo. Comuníquese.

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YASSER ARAFAT

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la muerte de Yasser Arafat, Presidente de la autoridad nacional palestina.

El diputado Jorge Martínez Ramos: Con su permiso, diputado Presidente.

Muhammad Abdel Rahman Abdel Rauf Al-Qudwa al Huseini, mejor conocido como Abu Ammar Yasser Arafat, fue el líder palestino que logró desde el terreno de la lucha político-diplomática, la validación mundial de la causa palestina, por la definición y reconocimiento de sus fronteras.

Después de un sinnúmero de avatares, en 1993 firmó con el entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin los llamados Acuerdos de Oslo, permitiendo el establecimiento de un autogobierno palestino en la franja de Gaza y Cisjordania y el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, hechos que les valieron el Premio Nobel de la Paz en 1994.

A partir de entonces Yasser Arafat fue electo como Presidente de la Autoridad Nacional Palestina y estableció su gobierno en Ramala, en Cisjordania.

A raíz del ascenso al gobierno israelí, el primer ministro Ariel Sharon, los acuerdos de paz fueron retrasados y el presidente Arafat fue confinado por la fuerza, a vivir entre los escombros de su Palacio de Gobierno, La Mukata, durante 3 años.

Hace pocas semanas fue difundida la noticia de su delicado estado de salud y desde aquel momento comenzaron a circular en el mundo infundadas versiones acerca de los motivos de su muerte que pueden provenir de gobiernos enemigos con la intención de lastimar el ánimo del pueblo palestino y confundir a su opinión pública sobre posibles fracturas y pugnas de poder al interior de la dirigencia palestina.

El día jueves 11 de octubre a las 2:30 horas, Yasser Arafat dejó de existir en un hospital militar en París, Francia, y fue trasladado a El Cairo, Egipto, donde se llevó a cabo un funeral oficial.

Los rumores señalados han contribuido a enrarecer el clima político en Palestina y a generar un escollo más en el de por sí difícil proceso de transición de su dirigencia.

La ocupación israelí hace imposible que se lleven a cabo los censos de población y la organización de un proceso electoral como el que desea la comunidad internacional.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados expresa al pueblo y a la Autoridad Nacional Palestina su más sentido pésame por la irreparable pérdida del presidente Yasser Arafat.

Segundo. Esta Cámara de Diputados hace votos porque se alcance una paz justa y duradera, con fronteras seguras y reconocidas entre el Estado de Israel y el Estado Palestino.

Tercero. Esta Cámara de Diputado hace un llamado al gobierno israelí para que dé cumplimiento a las resoluciones 242 de 1967 y 338 de 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, retirando sus tropas de los territorios ocupados, hecho que facilitaría enormemente que el pueblo palestino ejerza su derecho a expresarse soberanamente en el marco de un proceso electoral democrático.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la muerte de Yasser Arafat, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1. Muhammad Abdel Rahman Abdel Rauf Al-Qudwa Al Huseini, mejor conocido como Abu Ammar Yasser Arafat, fue el líder palestino que logró desde el terreno de la lucha político-diplomática la validación mundial de la causa palestina por la definición y el reconocimiento de sus fronteras.

2. La Organización de Liberación Palestina (OLP), de la que fue líder, logró ser reconocida como el único y legítimo representante del pueblo palestino y aceptada en Naciones Unidas como miembro observador en su carácter de movimiento de liberación nacional.

3. Después de la invasión israelí a Líbano y las famosas masacres de Sabra y Chatila contra civiles palestinos, Yasser Arafat y toda la estructura de la OLP se vieron obligados a trasladarse a Túnez, país desde el cual reorganizaron la lucha de liberación y, en 1987, el inicio y desarrollo de la primera Intifada o levantamiento popular contra la ocupación israelí en los territorios palestinos.

4. Después de un sinnúmero de avatares, en 1993 firmó con el entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, los llamados ``Acuerdos de Oslo'', permitiendo el establecimiento de un autogobierno palestino en la franja de Gaza y Cisjordania y el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP.

5. El acuerdo hizo ganadores a Yitzhak Rabin y Yasser Arafat del Premio Nobel de la Paz en 1994.

6. A partir de los acuerdos, Yasser Arafat fue electo por su pueblo como Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y estableció su gobierno en Ramala, Cisjordania.

7. A raíz del ascenso al gobierno israelí del Premier Ariel Sharón, los acuerdos de paz fueron retrasados y el Presidente Yasser Arafat estuvo durante tres años confinado entre los escombros de su Palacio de Gobierno, la Mukata, en Ramala, en Cisjordania.

8. Hace pocas semanas fue difundida la noticia de su delicado estado de salud y desde aquel momento comenzaron a circular en el mundo infundadas versiones acerca de su posible envenenamiento.

9. El origen de estas versiones, según analistas expertos, está en el gobierno israelí, cuya intención de lastimar el ánimo del pueblo palestino y confundir a su opinión pública sobre posibles fracturas y pugnas de poder en la dirigencia palestina es evidente.

10. El jueves 11 de octubre, a las 2:30 horas GMT, Yasser Arafat dejó de existir en un hospital militar en París, Francia, fue trasladado a El Cairo, Egipto, donde se llevó a cabo un funeral oficial.

11. Los rumores señalados han contribuido a complejizar y enrarecer el clima político en Palestina y a generar un escollo más en el ya difícil proceso de transición de su dirigencia.

12. Por otra parte, el llamado de la comunidad internacional respecto a que se organicen y lleven a cabo elecciones democráticas cuenta con la dificultad de la ocupación por parte del ejército israelí, que hace imposible que se lleven a cabo los censos de población y la organización del proceso electoral.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados expresa al pueblo y a la Autoridad Nacional Palestina su más sentido pésame por la irreparable pérdida del Presidente Yasser Arafat.

Segundo. La Cámara de Diputados hace votos porque se alcance una paz justa y duradera, con fronteras seguras y reconocidas, entre el Estado de Israel y el Estado palestino.

Tercero. La Cámara de Diputados hace un llamado al gobierno israelí para que retire sus tropas de los territorios ocupados y permita que el pueblo palestino ejerza su derecho a expresarse soberanamente en el marco de un proceso electoral democrático.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.--- Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Jorge Martínez Ramos.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Está a discusión la propuesta de don Jorge Martínez Ramos... No habiendo oradores registrados se considera suficientemente discutida.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día y que tiene qué ver con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala fue pospuesto por su promovente.

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FEMINICIDIOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, reporte directamente al secretario de Gobernación.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.

La comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín, ha desempeñado su misión con denuedo, eficacia e innegable patriotismo.

Su ardua labor requiere de la mayor comprensión y respeto de parte de los mexicanos, que no hemos querido conformarnos con las injusticia e impunidades en serie con las que se han encubierto los crímenes de mujeres en esta importante e histórica ciudad fronteriza.

A más de un año de su nombramiento como comisionada especial, la licenciada Morfín ha rendido elocuentes como espeluznantes informes de una cruda realidad de violación sistemática y crónica de los derechos humanos de las mujeres en esa ciudad y en el estado de Chihuahua, que le ha causado no pocas enemistades de quienes se han tenido que señalar como probables responsables, en su origen, del desencadenamiento de las decenas y centenas de femenicidios que injusta pero popularmente identifican en el mundo a nuestra patria y a nuestro antiguo paso del norte.

Por esta razón y en virtud de que el decreto que creó la comisión especial que preside la licenciada Morfín se adscribió a la dependencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, misma que a la fecha fue fusionada con la Dirección de Asuntos Jurídicos y se designó en ella al licenciado Arturo Chávez Chávez, quien fuera procurador del estado de Chihuahua, resulta de incompatibilidad manifiesta la subordinación respecto de quien en las investigaciones realizadas por la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República, pudiera estar implicado en las responsabilidades por la comisión de delitos contra la administración de justicia en los feminicidios de Juárez.

Por tal motivo y por la trascendencia de su cometido, se hace indispensable ascender la dependencia de la comisionada especial de los derechos humanos, para reportar directamente al secretario de Gobernación, toda vez que si el axioma administrativo que señala que a todo grado de responsabilidad debe corresponder el mismo de autoridad, es inconcuso que la Comisionada requiere de tal nivel de pertenencia para un respaldo verdadero para el cumplimiento de su elevado y humanitario encargo.

Por lo expuesto, solicito a esta Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se pide al ciudadano Presidente de la República a través de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, que acuerde la nueva adscripción de la comisionada especial, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, directamente al área de responsabilidad del ciudadano secretario de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de diciembre del 2004.

Atentamente, diputado González Schmal.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, reporte directamente al secretario de Gobernación, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Considerandos

La comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres en Ciudad Juárez, Licenciada Guadalupe Morfín, ha desempeñado su misión con denuedo, eficacia e innegable patriotismo. Su ardua labor requiere de la mayor comprensión y respeto de parte de los mexicanos que no hemos querido conformarnos con las injusticias e impunidades en serie, con las que se han encubierto los crímenes de mujeres en esa importante e histórica ciudad fronteriza.

A más de un año de su nombramiento como comisionada especial, la licenciada Morfín ha rendido elocuentes como espeluznantes informes de una cruda realidad de violación sistemática y crónica de derechos humanos de las mujeres en esa ciudad y en el Estado de Chihuahua, que le ha causado no pocas enemistades de quienes se han tenido que señalar como probables responsables en su origen, del desencadenamiento de las decenas y centenas de feminicidios que injusta, pero popularmente, identifican en el mundo a nuestra patria y a nuestro antiguo Paso del Norte.

Por esta razón, y en virtud de que el decreto que creó la Comisión Especial que preside la licenciada Morfín, se adscribió a la dependencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, misma que a la fecha fue fusionada con la Dirección de Asuntos Jurídicos y se designó en ella al licenciado Arturo Chávez Chávez, quien fuera procurador del estado de Chihuahua; resulta de incompatibilidad manifiesta la subordinación respecto de quien, en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República, pudiera estar implicado en las responsabilidades, por la comisión de delitos contra la administración de justicia en los feminicidios de Juárez.

Por tal motivo y por la trascendencia de su cometido, se hace indispensable ascender la dependencia de la Comisionada Especial de los Derechos Humanos, para reportar directamente al Secretario de Gobernación, toda vez que si el axioma administrativo que señala que a todo grado de responsabilidad debe corresponder el de autoridad, es inconcuso que la Comisionada requiere de tal nivel de pertenencia para un respaldo verdadero para el cumplimiento de su elevado y humanitario encargo.

Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se pida al C. Presidente de la República, a través de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, que acuerde la nueva adscripción de la comisionada especial licenciada María Guadalupe Morfín Otero directamente al área de responsabilidad del C. secretario de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, diputado González Schmal.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.

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EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don José Guzmán Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que conserve dentro de su estructura orgánica a la Subsecretaría de Educación en Investigación Tecnológica, así como para que revise los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato y tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005.

El diputado José Guzmán Santos: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, dispone en el artículo 30 fracción I c), que como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo federal estará obligado, las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a 3 subsecretarías o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y se someta a la opinión de la Cámara por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con fecha 9 de septiembre del 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la Cofemer el anteproyecto de reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública así como un adendum al mismo, el pasado 5 de octubre.

Entre las principales propuestas contenidas en ese documento, se encuentran la sustitución de la Secretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva subsecretaría denominada: Educación Media Superior, quedando la Secretaría de Educación Pública integrada con 3 subsecretarías.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el acuerdo número 345, por el que se determina que el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico implantó a partir del ciclo escolar 2004-2005, dicho plan de estudios, en el que se disminuyen los contenidos y las asignaturas de formación científica, desaparecen algunas humanísticas y quedan sin definirse las de especialidades y los programas de las actividades tecnológicas.

La educación tecnológica, compañeros, tiene como finalidad posibilitarle a los alumnos el aprendizaje del conocimiento tecnológico para su comprensión y práctica del saber y hacer humano. En la actualidad el Sistema Nacional de Educación Tecnológica tiene registrados a más de 2 mil planteles en sus diferentes niveles expansivos y una plantilla docente de más de 100 mil profesores. Se requiere por ello una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referente a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos los tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

En tal sentido resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública se opte por la desaparición de esta instancia y con ello la desarticulación y fragmentación del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica con los siguientes retos previsibles:

Sería un error histórico desarticular todos los esfuerzos realizados para consolidar el Sistema Nacional de Educación Tecnológica en virtud de las necesidades actuales y futuras de la globalización económica mundial.

Por lo anterior expuesto someto:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se mantenga la articulación tecnológica del país, conservando dentro de su estructuración orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los nuevos planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico que se implementaron a partir del ciclo 2004-2005, mediante el acuerdo número 345, de manera que permita conservar la formación integral de los estudiantes de bachillerato.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005, a cargo del diputado José Guzmán Santos, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado José Guzmán Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional someto a la consideración de los integrantes de esta Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

1. El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004 dispone en el articulo 30, fracción I, inciso c) que, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo federal estará obligado, las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres subsecretarias o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

2. Con fecha 9 de septiembre de 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como un addendum al mismo, el pasado 5 de octubre.

3. Entre las principales propuestas contenidas en el documento anteriormente referido, se encuentra la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación así como la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal; y se propone la sustitución de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva Subsecretaría denominada Educación Media Superior, quedando la Secretaría de Educación Pública integrada con tres subsecretarias.

4. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el acuerdo número 345 por el que se determina el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del presente año, implantó a partir del ciclo escolar 2004 -- 2005, dicho plan de estudios en el que se disminuyen los contenidos y las asignaturas de formación científica, desaparecen algunas humanísticas, y quedan sin definirse las especialidades y los programas de las actividades tecnológicas.

Consideraciones

La educación tecnológica tiene como finalidad posibilitar en los alumnos el aprendizaje del conocimiento tecnológico para su comprensión y práctica del saber -- hacer humano. Conocimiento tecnológico que esté relacionado con la lógica de los objetos y procesos técnicos, su estructura y funcionamiento; los procesos presente en su elaboración; las necesidades a las que da respuesta; y, su impacto en el medio natural y social. Al mismo tiempo, también es importante que los alumnos comprendan las dimensiones científicas y técnicas de los productos de la tecnología, así como las fuerzas sociales, opciones políticas y condicionantes culturales que se encuentran en ellos.

En todos los países desarrollados y los países con economías en desarrollo, la educación tecnológica es un tema de la mayor relevancia en sus sistemas educativos nacionales, ya que en la mayoría de los casos ésta es abordada desde los primeros grados de la educación básica como plataforma entre otros objetivos, para la preparación futura de aquellos recursos humanos que habrán de aportar al desarrollo tecnológico del país.

En una visión integral, se debe considerar que los sistemas de formación, cuyo eje es la educación tecnológica en todos sus niveles y modalidades, en la mayoría de esos países muestran marcadas iniciativas para hacer avanzar sus esquemas de educación y formación con base en las nuevas exigencias del cambio; en mucho de ellos se asiste a un proceso de recomposición de las estrategias educativas como criterio de reforma.

La sola posibilidad de lograr que un buen número de alumnos de secundaria se incorporen al bachillerato tecnológico y de ahí a una educación superior tecnológica, puede significar importantes avances en la conformación de una masa crítica de científicos y tecnólogos que tanto requiere el país para lograr un desarrollo socialmente más justo y equitativo, pero también sustentable en beneficio de las generaciones futuras.

En esta visión, México ha venido construyendo y consolidando su Sistema Nacional Tecnológico a partir de la creación y articulación de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta superior, pasando por la formación para el trabajo como una opción para la incorporación inmediata al mudo laboral.

Con el objeto de darle mayos viabilidad y articulación a este proceso se creo en 1958 dentro de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) y como soporte académico y optativo al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet).

En la actualidad, el Sistema Nacional de Educación Tecnológica tiene registrado a más de dos mil planteles en sus diferentes niveles educativos en el territorio nacional, que atiende aproximadamente a dos millones de alumnos en las modalidades educativas de capacitación, secundaria técnica, licenciaturas, especialización, maestría y doctorado, con una plantilla docente de más de cien mil profesores.

La existencia de una vía tecnológica y de una unidad orgánica en la Secretaría de Educación Pública responsable de una correcta evolución y desarrollo, le da al Sistema Educativo Nacional una ventaja estratégica que sería de trascendental importancia en la construcción de los sistemas de educación y formación permanente que demandan las sociedades del conocimiento del siglo XXI.

Se requiere pues, de una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referentes a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos lo tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, a efecto de garantizar la relevancia y pertinencia de desarrollo tecnológico que requiere el país en lo general y de sus diversas regiones en lo particular.

En tal sentido resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, se opte por la desaparición de esta instancia y con ello la desarticulación y fragmentación del propio sistema Nacional de Educación Tecnológica, con los siguientes efectos previsibles:

- La desarticulación de los programas y los servicios de capacitación y educación tecnológicas entre el nivel medio superior y superior.

- La posibilidad de no contar con una instancia que realice planeación estratégica para la asignación con equidad de los recursos disponibles y la consecución armónica de metas y objetivos en materia de educación e investigación tecnológica que correspondan a las expectativas de crecimiento del país.

- La inevitable pérdida de los avances que en materia de cultura tecnológica ha venido articulando la SEIT, a través de los distintos tipos y niveles educativos que hasta la fecha coordina.

- La eliminación de un mecanismo alternativo que complemente los esfuerzo nacionales para la formación de docentes e investigadores altamente especializados, para cubrir las necesidades del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

En el sentido más amplio la importancia del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y con ello la pertinencia y permanencia del SEIT, esta determinada por el carácter estratégico que tiene para el país la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico y su contribución en la transformación acelerada de los procesos de producción de bienes y servicios; y, en la formación de recursos humanos con competencias profesionales que sustenten los cambios tecnológicos y que posean las herramientas intelectuales que les permitan aprender a lo largo de la vida.

Sería lamentable y un error histórico, desarticular todos los esfuerzos realizados para consolidar un Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en virtud de las necesidades actuales y futuras de la globalización económica mundial, en la que el conocimiento científico y tecnológico y la formación de recursos humanos altamente especializados son estrategias nodales para la competencia mundial.

No se trata de defender a ultranza ninguna posición de pertenencia a un grupo por digna y destacada que haya sido su trayectoria, sino por el contrario, se trata de defender un proyecto de país que el futuro inmediato habrá de marcar la diferencia entre la pobreza generalizada y la oportunidad de lograr un desarrollo justo, equitativo y menos dependiente en el concierto mundial.

En cualquier proceso de reorganización de las estructuras administrativas de gobierno, si bien es cierto que deben prevalecer criterios de eficiencia y eficacia no deben demeritarse los avances logrados, como es el caso de la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, en la cual no se ha reflexionado lo negativo que puede traer consigo la desarticulación del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, mediante la desaparición de la SEIT.

Por otra parte, el plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, modificado mediante Acuerdo 345 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto pasado, reduce el número de horas -- clase en materias científicas, fusiona y desaparece algunas de las asignaturas humanísticas y deja indefinido el contenido de las áreas tecnológicas. Este hecho, aunado a la propuesta de desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, limita las capacidades y aptitudes de los estudiantes egresados de otros sistemas de educación media superior.

Por lo anterior expuesto, el suscrito diputado José Guzmán Santos integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que mantenga la articulación tecnológica del país conservando dentro de su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los nuevos planes y programas de estudio del Bachillerato Tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004 -- 2005, mediante el Acuerdo numero 345, de manera que permita conservar la formación integral de los estudiantes de Bachillerato, en una proposición adecuada de conocimientos científicos, humanísticos, propedéuticos y tecnológicos.

Dip. José Guzmán Santos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No se considera de urgente resolución.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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FEMINICIDIOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que modifique el rango de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios en Juárez, en el municipio de Juárez, Chihuahua.

La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios de la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, sometemos a esta consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo y urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes Consideraciones

Según el diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México, problemática y recomendación de grupos en situación de discriminación del año 2003 proporcionado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la serie de homicidios y desapariciones forzadas que han ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo menos desde el año 1993, ha sido considerada como un caso paradigmático de discriminación contra las mujeres. No existen cifras concluyentes respecto a las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

Después de 11 años de impunidad y dado que el problema de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres ha trascendido del ámbito del estado de Chihuahua, a tener repercusiones para el Estado mexicano, la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, cuya titular, es la licenciada María López Urbina. Sin embargo, al crear esta fiscalía la adscribió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

La Fiscalía Especial cuenta hasta hoy con posibilidades de realizar las investigaciones con autonomía al considerar, tal como lo señaló el propio Procurador, que los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez son asuntos de seguridad nacional y de Estado y que requieren de acciones concretas, rápidas y sin intermediación.

Por ello consideramos que la Fiscalía Especial en comento debe contar con mayor independencia y autonomía dentro de las facultades que se le confirieron para el mejor desempeño de su trabajo.

Es de resaltar que la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, depende directamente del procurador general de la República, mientras que la Fiscalía Especial, a cargo de la licenciada María López Urbina, se encuentra adscrita a una Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

La motivación que da origen a la creación de ambas fiscalías es semejante: dar cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, combate a la impunidad, cumplir las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos y dar respuesta a las demandas de esclarecimiento de hechos y de justicia.

Ambas fiscalías están encargadas de investigar hechos que son de distinta naturaleza, pero que requieren ser resueltos con una visión de Estado. Es por ello que consideramos que no existe motivación para que la Fiscalía a cargo de la licenciada María López, no pueda depender directamente del procurador general de la República.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al procurador general de la República, para que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento interior, sea modificada la organización de la Procuraduría a su cargo, a efecto de que la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, deje de estar adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, con el objeto de que la Fiscalía Especial a la que en primera instancia se hace referencia, tenga el mismo rango que las demás fiscalías especiales.

Agradezco su atención. Muchas gracias, señor Presidente y dejo el documento completo para que se integre al Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a modificar el rango de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios de la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según el Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en México, Problemática y Recomendación de Grupos en Situación de Discriminación del año 2003, proporcionado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la serie de homicidios y desapariciones forzadas que han ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, por lo menos desde el año 1993, ha sido considerada como un caso paradigmático de discriminación contra las mujeres. Esta situación ha creado un clima endémico de inseguridad, que subvierte del Estado de Derecho, y en la práctica, inhibe el ejercicio de la gran mayoría de los derechos humanos y libertades de las mujeres en esa región.

Es menester señalar que hasta hoy no existen cifras concluyentes respecto de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. Los organismos que se han pronunciado en este tema manejan cifras, originadas en la misma fuente, la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, éstas no son coincidentes:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2003 señaló: 236 reportes de homicidios y más de 4,000 reportes de desaparición.

Procuraduría del Estado de Chihuahua en el periodo 1993-2002 reportó: 268 homicidios de mujeres y 257 mujeres declaradas como desaparecidas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2003 recibió la información de: 285 casos de homicidios y 257 denuncias de mujeres desaparecidas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, en el 2004 informó que son: 295 casos de homicidios y que quedan vigentes 34 casos de mujeres desaparecidas.

Respecto de la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Martha Altolaguirre, Relatora Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó una serie de indicadores que representan preocupaciones prioritarias respecto de la situación en esa ciudad: ``En primer lugar y primordialmente, la impunidad de los actos de violencia contra mujeres sigue siendo la práctica general, y no la excepción. De los aproximadamente 285 homicidios objeto de estudio, cometidos a partir de 1993, sólo el 20% han llegado a la etapa de la condena''.

Asimismo, con respecto a los denominados homicidios seriales, sólo dos personas han sido condenadas: Sharif Abdel Sharif, el cual fue detenido en 1995 recibiendo una condena a comienzos de 2003 por el asesinato y violación de Elizabeth Castro García, y Víctor Javier García Uribe, el cual fue sentenciado el pasado 13 de octubre de 2004 a 50 años de prisión. Víctor García fue detenido junto con Gustavo González Meza en noviembre del 2001, acusados del homicidio de ocho mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero unos días antes.

Después de 11 años de impunidad y dado que el problema de violaciones graves a los derecho humanos de las mujeres ha trascendido del ámbito del estado de Chihuahua a tener repercusiones para el Estado Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) a través del acuerdo número A/003/04 creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, cuya titular es la Lic. María López Urbina. Sin embargo, al crear esta fiscalía la adscribió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

Lo anterior con fundamento en el artículo 13 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece que el Procurador podrá crear fiscalías especiales para la investigación y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Es menester recordar que el jueves 3 de junio de 2004, el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, señaló sobre los crímenes contra mujeres, que: ``...es un asunto prioritario, es un asunto de Estado y su esclarecimiento un compromiso asumido ante la sociedad por su gobierno, y, por supuesto, es un profundo compromiso de la PGR''.

Sin embargo, en los hechos este compromiso no se ha concretado; la Fiscalía Especial cuenta hasta hoy con pocas posibilidades de realizar las investigaciones con autonomía, pues es subalterna de las Subprocuraduría de Derechos Humanos y está se encarga de organizar, coordinar, dirigir, y evaluar a la Fiscalía Especial. Al considerar, tal como lo señaló el propio Procurador, que los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, son asuntos de seguridad nacional y de Estado, y que requieren de acciones concretas, rápidas y sin intermediación. Por ello consideramos que la fiscalía especial en comento debe contar con mayor independencia y autonomía dentro de las facultades que se le confirieron para el mejor desempeño de su trabajo.

Es de resaltar que la Fiscalía Especial creada por acuerdo del Procurador, Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, depende directamente del Procurador General de la República, mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos. Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, se encuentra adscrita a una Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

Al revisar la motivación que da origen a la creación de ambas Fiscalías, podemos darnos cuenta de que son semejantes: dar cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, combate a la impunidad, cumplir las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos y dar respuesta a las demandas de esclarecimiento de hechos y de justicia. Ambas Fiscalías están encargadas de investigar hechos que son de distinta naturaleza, pero que requieren ser resueltos con una visión de Estado. Es por ello, que consideramos, que no existe motivación para que la Fiscalía a cargo de la Lic. María López Urbina no pueda depender directamente del Procurador General de la República.

Cabe mencionar, que el gobierno mexicano no ha seguido las recomendaciones que sobre le caso Juárez han hecho organizaciones e instituciones internacionales. Por ejemplo el alto comisionado de Naciones Unidas para la protección de los Derechos Humanos propuso realizar todos los cambios necesarios para adoptar una legislación general sobre todas las formas de violencia contra las mujeres; la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó instaurar el multimencionado Registro Nacional de Personas Desaparecidas; Amnistía Internacional puso énfasis en brindar reparación y apoyo a las víctimas y a sus familiares. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, plantea que el gobierno federal debe resolver con urgencia el asunto de la jurisdicción competente para las investigaciones a fin de hacerlas rápidas y eficaces y exista una plena cooperación de cualquier otra instancia.

Es necesario por tanto que se modifique su carácter dentro del reglamento interno de la procuraduría para contribuir a que cumpla con mayor eficacia la misión que se le ha encomendado y se logren los objetivos de justicia que demandan cientos de familias que han padecido la pérdida de sus mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Procurador General de la República para que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento Interior, sea modificada la organización de la Procuraduría a su cargo, a efecto de que la fiscal especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, deje de estar adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, con el objeto de que la fiscalía especial a la que en primer instancia se hace referencia, tenga el mismo rango que las demás fiscalías especiales.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de noviembre de 2004.--- Diputados Integrantes de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios de la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada: María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), Presidenta; Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Lilia Aragón del Rivero (rúbrica), secretarias; Eliana García Laguna , René Arce Islas, María Elena Orantes López, María Marta Laguette Lardizábal, Sofía Castro Ríos, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Rosario Sáenz López, Blanca Estela Gómez Carmona, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Nora Elena Yu Hernández, Fernando Álvarez Monje, Irene Blanco Becerra, Ruth Hernández Martínez , Sergio Vázquez García, María Ávila Serna, Jesús González Schmal, Juan Guajardo Anzaldúa.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En base al artículo 59 del Reglamento Interior y por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Está a discusión la propuesta... No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutida.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.

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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública y la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, investiguen y procedan en consecuencia en relación a presentar irregularidades en la Secretaría de la Función Pública.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Muchas gracias. Con su venia, diputado Presidente; compañeras, compañeros diputados y quienes nos ven a través del monitor.

Me permito presentar ante ustedes una proposición con punto de acuerdo, con el fin de que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, investiguen y procedan en consecuencia por no haberse cobrado 9 mil 122 millones de pesos en multas económicas, por concepto de sanciones a servidores públicos.

Asimismo, ambas comisiones procedan a investigar el destino y aplicación de los mil 400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como los 4 mil 500 millones de pesos que cubren las dependencias a las 240 contralorías de la Función Pública.

Esta Cámara de Diputados se ha pronunciado todo el tiempo porque se termine con la corrupción, hace unos días el diputado Salvador Sánchez Vázquez, decía también que hay que terminar con la impunidad, y esto demuestra que la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, está actuando con impunidad, protegiendo a quienes han sido sancionados por la Secretaría de la Función Pública.

Se han dejado de cobrar 9,122 millones de pesos, que mucho hace falta para cubrir y responder a las necesidades de problemas de la población, yo les pido, compañeras y compañeros diputados, que votemos estos puntos de acuerdo por urgente y obvia resolución, y son los siguientes

Primero. Que esta soberanía instruya a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública así como a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, que de acuerdo a sus facultades investiguen y procedan conforme a derecho, por no haberse cobrado 9,122 millones de pesos en multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, así como ambas comisiones investiguen el destino y aplicación de los 1,400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública como también de los 4,500 millones de pesos que cubren las diversas dependencias para las 240 contralorías de la Función Pública.

Segundo. En apoyo a las investigaciones solicitadas en el punto anterior, se llame a comparecer a los secretarios de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Es cuanto diputado Presidente, le pido sea tan amable de instruir para que este texto se publique íntegramente y se inserte en el Diario de los Debates.

Hago entrega de este texto, con el oficio donde estoy solicitando el cambio de redacción, si es tan amable, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación investiguen y procedan en consecuencia en relación con la falta de cobro de multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, y con el destino y la aplicación de mil cuatrocientos millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como con el pago de 17 millones de pesos hecho por esta dependencia a una empresa de la que son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Emilio Serrano Jiménez, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación procedan legalmente en el marco de sus facultades de acuerdo a los siguientes

Considerandos

l.- Esta H. Cámara de Diputados se ha pronunciado repetida y mayoritariamente en contra de la impunidad y a favor de la transparencia, así como del buen manejo de los dineros públicos.

2.- Hace varios meses se entregó a ésta soberanía una amplia documentación conteniendo datos de 5,000 servidores públicos sancionados, por un monto cercano a los 13,800 millones de pesos y se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que procediera a realizar una auditoría a la Secretaría de la Función Pública, pero en un craso error se optó por auditar únicamente a la Secretaría de Hacienda. Siendo que en el caso existe omisión de ambas secretarías, como se desprende del oficio circular SP/100/005/98, firmado por el entonces secretario de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría y actualmente comisionado ponente del Instituto Federal de Acceso a la Información, señor José Octavio López Presa.

3.- La Administradora Central de Control y Evaluación de la Fiscalización Nacional del Servicio de Administración Tributaria, el pasado 28 de abril reconoció por oficio que desde la creación de la Contraloría Federal en 1982 se tienen documentos de fincamiento de responsabilidades del orden de 11,600 créditos fiscales que suman 13,117 millones de pesos y que a la fecha sólo se han cobrado 5,111 créditos por sanciones económicas con valor de 3,995 millones de pesos.

Lo que significa que 6,489 créditos por concepto de funcionarios sancionados no han sido cobrados, y que representan un total de 9,122 millones de pesos.

4.-En agravación de lo anterior, la Secretaría de Hacienda reconoció que no cumple con su obligación de rendir informes semestrales a la Auditoría Superior de la Federación sobre los cobros de sanciones económicas, el monto recuperado y su destino; adicionalmente otra vez la Secretaría de Hacienda por conducto de la Tesorería de la Federación informó que no había recibido ningún pliego de fincamiento de responsabilidades por parte del auditor superior, a pesar de haberle sido entregada de 2000 a 2003 la cantidad de 3,600 millones de pesos por resarcimientos.

5.- La omisión en el cobro de este monto importantísimo de recursos por concepto de multas a los funcionaros públicos, además de fomentar la impunidad y la corrupción, arrebata a las finanzas públicas dineros indispensables para atender urgentes necesidades sociales como salud, alimentación, vivienda, educación y seguridad pública.

6.- Las anomalías de la Secretaría de la Función Pública no quedan limitadas a lo hasta aquí expresado, sino que no existe claridad sobre la aplicación que se da a los 1,400 millones de pesos que le han sido asignados anualmente, toda vez que las 240 contralorías de la Función Pública que operan en las dependencias no cubren su gasto a cuenta de este presupuesto, sino que son cubiertas con recursos de estas mismas dependencias, ¿qué destino, pues, reciben estos 1,400 millones de pesos?

7.- Por otro lado, es necesario que se investigue por qué la Secretaría de la Función Pública contrató servicios por un monto de 17 millones de pesos, entre los años 2000 y 2003, del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, empresa de la cual son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación.

Por las razones antes expuestas propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Con el carácter de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Primero.- Que esta soberanía instruya a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que, de acuerdo con sus facultades, investiguen y procedan conforme a derecho, por no haberse cobrado 9,122 millones de pesos en multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos; asimismo ambas Comisiones investiguen el destino y aplicación de los 1,400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública y el pago de 17 millones de pesos en beneficio del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, empresa de la cual son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, en contravención de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Segundo.- En apoyo de las investigaciones solicitadas en el punto anterior, se llame a comparecer a los secretarios de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.--- Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado Wintilo Vega, ¿con qué objeto?

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, no tiene caso que la Presidencia ponga el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, dado que el resolutivo del punto de acuerdo es turnarlo a varias comisiones. El diputado que está en la tribuna...El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (desde su curul): Se llama Emilio Serrano.El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Cuando necesite un apuntador, lo contrataré, porque ahorita no necesito ningún apuntador.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señores diputados, les recuerdo que quedan prohibidos los diálogos.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Los resolutivos del punto de acuerdo es turnarlo a varias comisiones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La Comisión de Hacienda, a la Comisión de Vigilancia.

Habría 2 vertientes aquí, la primera, efectivamente es turnar directamente sin necesidad de votar, si no mal recuerdo de la redacción de la propuesta del diputado Emilio Serrano, dice que la Cámara instruya a las comisiones, por eso es que esta Presidencia a que accede a que se vote la urgente y obvia resolución, para efectos de que el pleno de la Asamblea instruya a las comisiones a las que ha mencionado el señor diputado Emilio Serrano.

Luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, en tal caso abrimos a discusión la propuesta, y de aceptarse le damos el trámite que está pidiendo el diputado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ESTADO DE CAMPECHE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Jesús González Schmal, para presentar proposición con punto de acuerdo para salvaguardar la riqueza natural de la Laguna de Términos, amenazada con la perforación de nuevos pozos petroleros y el abandono de la Profepa en su responsabilidad de preservar el medio ambiente, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, diputado Presidente.

Ciudad del Carmen, Campeche, área natural protegida con la certificación de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, Conanp, en la denominación de Laguna de Términos, comprende una superficie de 707 mil hectáreas de vegetación tropical exuberante. El amplio territorio de Ciudad del Carmen está reconocido por Ramsa, Corporativo Mexicano en calidad internacional certificada, como uno de los humedales más importantes del globo terráqueo y santuario para la preservación del ecosistema de contenido diverso y único de especies de flora y fauna, donde predominan los manglares que producen la fuente de oxigenación de mayor relevancia en la región.

Este patrimonio natural de la República sufre hoy más que nunca la amenaza de ser destruido y hasta aniquilado, por la negligencia y la incuria de autoridades del medio ambiente, que parecen estar más entretenidas en sus intereses políticos electorales que en las responsabilidades irrenunciables de preservar para la nación y las generaciones futuras este capital natural irrecuperable, que constituye un pulmón de sobrevivencia para el futuro de la patria.

La depredación ha llegado al extremo de que Pemex sigue avanzando en los permisos y obras para perforar y explotar 40 pozos, nada menos que dentro del área natural protegida de la Laguna de Términos. El poder de la empresa y los intereses de los contratistas interesados en la consumación del ecocidio no puede ser detenida, ni con los heroicos esfuerzos que la sociedad y una parte de las autoridades municipales despliegan para impedir el crimen que trascenderá para las generaciones del mañana.

Todavía antes de que el nuevo secretario Alberto Cárdenas fuese nombrado, había más esperanzas porque Víctor Lichtinger tenía al menos conciencia del valor que en el inventario del capital natural de México tiene el área de la Laguna de Términos. Es previsible que a medida que crezca la euforia electoral y se ahogue en el ruido de la publicidad electoralista federal y local, la verdadera realidad dramática que vive la isla del Carmen, redunde ello en el padecimiento y agravamiento de las enfermedades que hoy en la actualidad se sufren en silencio y desesperanza.

Un grito de auxilio ha llegado a esta Cámara con la esperanza de que esta representación influya en algo para hacer justicia en la calidad de vida que merecemos todos los mexicanos; salvar a la isla del Carmen es una obligación nacional irrenunciable. Por ello proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita por parte de la Comisión del Medio Ambiente de esta honorable Cámara de Diputados se aboque a la investigación de los hechos denunciados, requiriendo a las autoridades de Semarnat, Profepa y Conanp la información correspondiente y en su caso la excitativa para asumir la responsabilidad que corresponda en el cumplimiento de las obligaciones legales y éticas.

Firman esta propuesta los diputados Enrique Ariel Escalante Arceo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Oscar Rodríguez Cabrera, Sebastián Calderón Centeno y su servidor, Jesús González Schmal.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para salvaguardar la riqueza natural de la laguna de Términos, amenazada con la perforación de nuevos pozos petroleros y el abandono de la Profepa en su responsabilidad de preservar el medio ambiente, a cargo del diputado Jesús González Schmal y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscribimos, diputados Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia; Enrique Ariel Escalante Arceo y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Yolanda Valladares Valle, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Ciudad del Carmen, Campeche, área natural protegida con la certificación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en la denominación de la ``Laguna de Términos'', comprende una superficie de 707,000 hectáreas de vegetación tropical exuberante. El amplio territorio está reconocido por RAMSA (corporativo mexicano en calidad internacional certificada) como uno de los humedales más importantes del globo terráqueo y santuario para la preservación del ecosistema, de contenido diverso y único de especies de fauna y flora, donde predominan los manglares que producen la fuente de oxigenación de mayor relevancia en la región.

Este patrimonio natural de la República sufre hoy más que nunca la amenaza de ser destruido y hasta aniquilado por la negligencia y la incuria de autoridades del medio ambiente, que parecen estar mas entretenidas en sus intereses políticos electorales, que en la responsabilidad irrenunciable de preservar para la nación y las generaciones futuras, este capital natural irrecuperable que constituye un pulmón de supervivencia para el futuro de la patria.

La depredación ha llegado al extremo de que Pemex sigue avanzando en los permisos y obras para perforar y explotar 40 pozos, nada menos que dentro del área natural protegida de la Laguna de Términos. El poder de la empresa y los intereses de los contratistas interesados en la consumación del ecocidio, no puede ser detenida ni con los heroicos esfuerzos que la sociedad y una parte de las autoridades municipales despliegan para impedir el crimen que trascenderá para las generaciones del mañana.

No puede seguir quedando sujeta a la nula protección de la Procuraduría del Medio Ambiente Federal y a la condescendencia de la Procuraduría del Estado, el resguardo de estas riquezas naturales. Negligencia o complicidad hacen que la Profepa brille por su ausencia y la continuidad de la devastación se consuma diariamente a ciencia y paciencia de la Semarnat.

Todavía, antes de que el nuevo secretario Alberto Cárdenas fuese nombrado, había más esperanzas porque Víctor Lichtinger tenía al menos conciencia del valor que en el inventario del capital natural de México, tiene el área de la Laguna de Términos.

Es previsible que a medida que crezca la euforia electoral y se ahogue en el ruido de la publicidad electoralista federal y local, la verdadera realidad dramática que vive la Isla del Carmen, ello redunde en el padecimiento y agravamiento de las enfermedades que hoy, en la actualidad, se sufren en el silencio y desesperanza.

Un grito de auxilio ha llegado a esta Cámara con la esperanza de que esta representación influya en algo para hacer justicia a la calidad de vida que merecemos todos los mexicanos. Salvar Isla del Carmen es una obligación nacional irrenunciable.

Nuestros hermanos carmelitas agotan su última esperanza en esta representación, motivo por el cual proponemos a la H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita por parte de la Comisión de Medio Ambiente de esta H. Cámara se avoque a la investigación de los hechos denunciados, requiriendo a las autoridades de la Semarnat, la Profepa y la Conanp la información correspondiente y, en su caso, la excitativa para asumir la responsabilidad que corresponda en el cumplimiento de las obligaciones legales y éticas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Diputados: Enrique Ariel Escalante Arceo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Yolanda Valladares Valle, Jesús González Schmal (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Investigación para el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, considere y tome las acciones pertinentes para atender la problemática social y ambiental ocasionada por Petróleos Mexicanos en el municipio de Reforma, estado de Chiapas.

La diputada María Elena Orantes López: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión para el daño ecológico y social generado por Pemex, sea tomada en cuenta la siguiente propuesta de trabajo para poder de esta manera atender la problemática social y ambiental ocasionada por Pemex.

Esto sucede en el municipio de Reforma, estado de Chiapas, bajo las siguientes

Consideraciones

El artículo 115 constitucional establece con precisión que los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

En el apartado 5° inciso c), de este mismo artículo, se indica que deben participar de la formulación de los planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia y que cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional, puedan asegurar de alguna manera la participación de éstos.

En tanto el artículo 8° de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que corresponde a los municipios la formulación, la conducción y la evaluación de la política ambiental municipal.

En el municipio de Reforma, en particular, pero también en los otros 4 municipios de la región donde se encuentra la infraestructura petrolera, hemos documentado puntualmente el daño de Pemex; la contaminación atmosférica está causando enfermedades graves que padecen importantes sectores de la sociedad, especialmente la población infantil y las personas de la tercera edad.

Las alambradas para cercar los campos, así como las láminas de los techos de las casas, prácticamente se desmoronan a causa de la lluvia ácida; el agua que se bebe el ganado y que sirve para el desarrollo de la acuacultura, tiene niveles de contaminación significativos, lo que provoca muerte y malformaciones genéticas, la acumulación de residuos peligrosos de tipo industrial manejados de manera inadecuada, tiene el riesgo permanente de todos los habitantes de la región.

Por último, quisiera mencionar que la pobreza, el rezago y la marginación social generalizada en la región, no corresponde con la visión que Pemex nos muestra cuando se refiere a la importancia estratégica de su operación para el desarrollo de este país.

La solución a este conjunto de intrincados problemas requiere la articulación en principio de 5 ejes estratégicos.

Primero. El acuerdo explícito de Pemex, asumiendo su responsabilidad y actuando en consecuencia.

Segundo. La coordinación de esfuerzos entre los 3 órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se elabore un plan de acción social para atender la problemática social y ambiental del municipio de Reforma.

Por eso, someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se turne a la Comisión de Investigación para el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, a fin de que en el ejercicio de sus facultades, consideren la aplicación de la presente propuesta de trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, el día 2 del mes de diciembre.

Solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Investigación sobre el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex que considere y tome las acciones pertinentes para atender la problemática social y ambiental ocasionada por Petróleos Mexicanos en el municipio de Reforma, Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Investigación para el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex sea tomada en cuenta la siguiente propuesta de trabajo para atender la problemática social y ambiental ocasionada por Petróleos Mexicanos en el municipio de Reforma, Chiapas, bajo las siguientes

Consideraciones

El artículo 115 constitucional establece con precisión que los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa: el municipio libre; en el apartado V inciso C de este mismo artículo, se indica que deben participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales en la materia y que cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional tendrán asegurar la participación de éstos.

En tanto, el artículo 8 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) señala que corresponde a los municipios la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, la participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial y la formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente.

Es evidente la orientación estratégica de estos mandatos, tanto el constitucional como el legal, sin embargo también está claro que los mismos no se han acompañado de los instrumentos económicos suficientes y tampoco del fortalecimiento de las capacidades técnicas locales indispensables.

Los resultados entonces saltan a la vista: municipios con importantes facultades legales para propiciar su propio desarrollo regional y local pero inmersos en la búsqueda de soluciones inmediatas a los múltiples problemas sociales; debatiéndose, a lo largo de los tres años de gestión gubernamental, para entender el papel que están llamados a jugar, intentando cumplir con los compromisos establecidos y preparando la sucesión política y administrativa. Los rezagos institucionales en este nivel de gobierno también viven en la eterna disyuntiva nacional, entre la necesidad de un proyecto de país a largo plazo y la respuesta a la demanda social que ya no puede esperar para el día de mañana.

En este sentido, los estados y la Federación han contribuido poco para fortalecer la gestión ambiental desde lo regional y local; se han conformado con la búsqueda simple de la coadyuvancia, es decir, de qué manera se puede apoyar desde el municipio el trabajo que es responsabilidad estricta de éstos órdenes de gobierno.

Algunos casos como ejemplo: durante la temporada de incendios forestales, año tras año, se busca la participación de los municipios para saber cuántos elementos aportará a las brigadas de incendios forestales y no para fortalecer la capacidad de los mismos, iniciando una labor efectiva de prevención; nos hemos organizado muy bien para combatir los incendios forestales y no para evitarlos.

La lucha contra la tala clandestina es otro fenómeno digno de mención, en este sentido también se pide la participación activa de las administraciones municipales, sin embargo poco o muy poco se está haciendo, en aquéllas regiones donde este mal es grave, por incidir de manera estructural, de fondo, en las causas que originan este delito, y que muchas de ellas se encuentran en la falta de apoyo técnico especializado, en la desigualdad social, la carencia de oportunidades económicas y la consecuente pobreza y marginación social.

En muchas regiones del país, incluida la región norte de mi estado, Chiapas, esto ha sucedido desde hace muchos años; petróleos mexicanos llegó, se estableció y poco tiempo después entendimos que su contribución al desarrollo económico y social, tanto regional como local, era mínimo frente al daño social y ambiental ocasionado por su operación.

En el municipio de Reforma en particular, pero también en los otros cuatro de la región donde se encuentra la infraestructura petrolera, hemos documentado puntualmente el daño de Pemex.

La contaminación atmosférica está causando enfermedades graves que padecen importantes sectores de la sociedad, especialmente la población infantil y las personas de la tercera edad; las alambradas para cercar los campos así como las láminas de los techos de las casas, prácticamente se desmoronan al contacto debido al impacto que causa la lluvia ácida; el agua que bebe el ganado y que sirve para el desarrollo de la acuacultura tiene niveles de contaminación significativos, lo que provoca muerte y malformaciones genéticas en el primero y cancelación de una importante fuente de alimentos en el caso de la segunda; la acumulación de residuos peligrosos de tipo industrial manejados de manera inadecuada tiene en riesgo permanente a todos los habitantes de la región.

Por último quisiera mencionar que la pobreza, el rezago y la marginación social generalizada en la región, no corresponde con la visión que Pemex nos muestra cuando se refiere a la importancia estratégica de su operación para el desarrollo del país. Ya se ha dicho, pero lo vuelvo a reiterar: Pemex debe dejar en el pasado, de una buena vez, vivir atrapado en la paradoja que significa el beneficio general a la nación y el perjuicio particular a importantes regiones de México.

La solución de este conjunto de intrincados problemas requiere la articulación, en principio, de cinco ejes estratégicos:

Primero. El acuerdo explícito de Pemex asumiendo su responsabilidad y actuando en consecuencia;

Segundo. La coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la unión para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se elabore un plan de acción para atender la problemática social y ambiental del Municipio de Reforma, estado de Chiapas.

Tercero. La administración del municipio de Reforma deberá ser el centro de operación del plan de acción.

Cuarto. Establecer una mesa de diálogo con la participación activa de la sociedad civil organizada del municipio para el análisis, reflexión y búsqueda de alternativas viables de solución.

Quinto. El establecimiento de un mecanismo de información oportuno y confiable, que permita que la sociedad en su conjunto esté enterada de los avances del plan de acción.

Con el propósito de contribuir al inicio de la articulación de estos cinco ejes estratégicos, propongo la realización de las siguientes acciones de forma inmediata:

Pemex debe asumir su responsabilidad como el principal causante del daño social y ambiental en ésta región; para tal efecto lo exhortamos a cumplir lo establecido en los artículos 38 y 38 bis de la LGEEPA, incorporando, a la brevedad posible, su infraestructura operativa ubicada en territorio del municipio de reforma, al procedimiento de auditoria ambiental, no sólo con el propósito de obtener el certificado de industria limpia sino, principalmente, para garantizar el cumplimiento en materia ambiental de todos sus procesos productivos y de esta manera que la ciudadanía cuente con un instrumento de gestión de carácter público, a través del cual se le informe de los avances así como de los incumplimientos y el consecuente daño causado a la salud pública y al medio ambiente; en este mismo sentido se invita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a tomar las medidas pertinentes, en el ámbito de su competencia.

Para resarcir los daños ambientales acumulados por largos años, exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que con el apoyo económico del propio Pemex, se realicen los estudios que justifiquen la formulación y ejecución de un programa de restauración ecológica en el municipio de reforma, tal como lo establecen los artículos 78 y 78 bis de la LGEEPA, propiciando un compromiso económico y de apoyo técnico que atienda los problemas coyunturales de manera inmediata y los estructurales con una visión de largo alcance que no se reduzca necesariamente al tiempo de la gestión gubernamental municipal. Por su naturaleza, los trabajos de remediación ecológica requieren una forma diferente de operar que la tradicional en el ejercicio de recursos económicos de carácter gubernamental, será necesario entonces, innovar mecanismos programático-presupuestales diferentes para tal fin.

Exhortamos al ayuntamiento municipal de Reforma, con el apoyo económico y técnico de Pemex, Semarnat y Profepa, para que se adhiera al programa nacional de auditorias ambientales municipales con el propósito de contar con un plan de acción en la materia que permita, como se señaló al principio de este documento, que el ayuntamiento aumente y mejore su capacidad de respuesta ante los compromisos constitucionales y legales conferidos a este orden de gobierno.

Es evidente que el modelo de desarrollo basado en el uso de combustibles fósiles, como fuente de energía, está causando daños sociales y ambientales a nivel planetario. Simplemente, habría que revisar el tema del cambio climático global.

Sin embargo, aún se vislumbra lejos el uso generalizado de otras fuentes de energía no contaminantes, por lo que es indispensable aplicar correctamente los instrumentos de política ambiental con los que cuenta nuestro país actualmente.

En este sentido, es necesario transitar rápidamente hacia un nuevo modelo de desarrollo, para que la sustentabilidad se ubique en el centro de la mesa de discusión, sobre todo en un país como México donde resulta paradigmático contar con una de las empresas petroleras más importantes del mundo y ser, al mismo tiempo, uno de los cinco países con mayor biodiversidad del planeta.

El desarrollo sustentable implica, en este orden de ideas, propiciar un desarrollo con conservación, uno de los grandes retos de la sociedad del siglo XXI.

Punto de Acuerdo

Único. Se turne a la Comisión de Investigación sobre el Daño Ecológico y Social Generado por Pemex a fin de que, en el ejercicio de sus facultades, considere la anterior propuesta de trabajo.

Por lo antes expuesto solicito a la honorable Cámara de Diputados que considere el presente acuerdo para que sea turnado a la comisión correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de diciembre de 2004.--- Dip. María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a estudiar las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

La diputada María Antonia García Sanjinés: Con su venia, diputado Presidente.

El Gobierno es servicio, servicio para todos y especialmente para los menos favorecidos.

El Gobierno debe prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia. Mucho se ha discutido y se discutirá sobre lo que le corresponde a lo público, lo que es privado y lo qué es social.

Sin embargo, queda para todos claro que la prestación de servicio de transportes corresponde al Gobierno ya sea directamente o a través de particulares.

Pero esta actividad no sólo debe verse como la prestación de un servicio público, sino como una forma de promover el desarrollo. El Gobierno debe de ser promotor del desarrollo; el desarrollo es la suma de todos los derechos sociales, su objetivo es que cada persona y cada comunidad sea el responsable de su propio crecimiento, sea el protagonista de su propio desarrollo.

Pero para ello necesita no sólo de los grupos intermedios de la sociedad, sino del Gobierno; el Gobierno debe ser aliado de las personas y las comunidades, no sólo prestando los servicios públicos que le corresponden, sino apoyando subsidiariamente a las personas o comunidades que no pueden valerse momentáneamente por sí mismas.

Los grupos intermedios Canacar, Coparmex, Aiztac, que forman el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, solicitan a la autoridad correspondiente:

Primero. La suspensión de las infracciones o avisos de sus inspectores en el estado, en apego a lo señalado en el artículo 5.2 1.5 de la NOM-012 STC 1995, sobre peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, en relación con el largo total máximo autorizado para la configuración de tractocamión articulado TC; cuando éste sea mayor de 14.63 se autoriza su circulación bajo el cumplimiento de diversas disposiciones de seguridad.

La tipificación de la carretera en el tramo Ciudad Victoria-Matamoros de A2 a ET y,

Tercero. La autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que su carga pueda ser trasladada en caminos de menor clasificación.

Frente a los retos que nos presenta la globalización que debemos transformar en mundialización, esto es, darle a este proceso de integración un rostro humano, tenemos que apostarle al desarrollo regional, a la competitividad de nuestros municipios y de las regiones de México. No debemos engañarnos, cada país, cada entidad federativa, cada región y municipio, están en una competencia frente a las inversionistas tanto nacionales como internacionales.

Cada región debe presentar para elevar el nivel de vida de su población como la mejor alternativa para los emprendedores e inversionistas, para que éstos creen los empleos que tanto requiere nuestra gente. Los gobiernos deben proveer de la infraestructura básica del mejor modo posible, no sólo para elevar el nivel de competitividad de sus municipios, sino principal para el desarrollo de todos los mexicanos, termino.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a que estudie las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a estudiar las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del PAN

La de la voz, diputada federal de la LIX Legislatura de esta honorable Cámara, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta honorable asamblea la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que estudie las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, bajo la siguiente exposición de motivos:

El gobierno es servicio.

Servicio para todos, y especialmente para los menos favorecidos.

El gobierno debe prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia.

Mucho se ha discutido y se discutirá sobre lo que le corresponde a lo público, lo que es privado y lo que es social.

Sin embargo, queda para todos claro que la prestación del servicio de transportes corresponde al gobierno ya sea directamente o a través de particulares.

Pero esta actividad no sólo debe verse como la prestación de un servicio público sino como una forma de promover el desarrollo.

El gobierno debe ser promotor del desarrollo.

El desarrollo es la suma de todos los derechos sociales.

El objetivo del desarrollo es que cada persona y cada comunidad sea el responsable de su propio crecimiento. Sea el protagonista de su propio desarrollo.

Pero para ello necesita no solo de los grupos intermedios de la sociedad sino del gobierno.

El gobierno debe ser aliado de las personas y las comunidades, no sólo prestando los servicios públicos que le corresponden, sino apoyando subsidiariamente a las personas o comunidades que no puedan valerse momentáneamente por sí mismas.

Los grupos intermedios, Canacar, Coparmex, AISTAC, que forman el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, solicitan a la autoridad correspondiente:

La suspensión de las infracciones o avisos de sus inspectores en el estado, en apego a lo señalado en el artículo 5.2.1.5, de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-S-1995, Sobre Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden circular los vehículos de auto transporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, en relación con el largo total máximo autorizado para la configuración de tractocamión articulado (TS), cuando éste sea mayor de 14.63 se autoriza su circulación bajo el cumplimiento de diversas disposiciones de seguridad.

La tipificación de la carretera en el tramo Ciudad Victoria -- Matamoros de A2 a ET.

La autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno Federal para que su carga pueda ser trasladada en caminos de menor clasificación.

Frente a los retos que nos presenta la globalización, que debemos transformar en mundialización, esto es darle a este proceso de integración un rostro humano, tenemos que apostarle al desarrollo regional, a la competitividad de nuestros municipios y de las regiones de México.

No debemos engañarnos, cada país, cada entidad federativa, cada región y municipio esta en una competencia frente a los inversionistas tanto nacionales como internacionales.

Cada región se debe presentarse, para elevar el nivel de vida de su población como la mejor alternativa para los emprendedores e inversores, para que estos creen los empleos que tanto requiere nuestra gente.

Los gobiernos deben proveer de la infraestructura básica del mejor modo posible, no solo para elevar el nivel de competitividad de sus municipios sino principalmente para el desarrollo de todos los mexicanos.

Estas peticiones, en concreto, se hacen sustentadas en la lesión que sufren las empresas de la zona sur del estado de Tamaulipas, que al ser altamente exportadoras hacia la Unión Americana, perderían competitividad, al restringir el paso de unidades con las características mencionadas y el efecto devastador que esto tendría en las empresas de servicio cuya existencia, en un alto porcentaje depende de esta actividad exportadora.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos permitimos presentar a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.- Que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que estudie las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

Dip. María Antonia García Sanjinés (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

El señor diputado don Salvador Martínez Della Rocca, nos pidió que esta proposición con punto de acuerdo, pase al final del capítulo.

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EFEMERIDES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, no pase inadvertido en el programa de efemérides de la honorable Cámara de Diputados.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.

Probablemente desde 1911 a la fecha, salvo el aciago acontecimiento del asesinato del doctor Belisario Domínguez por el usurpador Victoriano Huerta y precisamente por la lealtad del senador chiapaneco a la revolución maderista de 1913, nunca las anteriores legislaturas al Congreso de la Unión, han dejado pasar desapercibido en su recuerdo y gratitud histórica, una fecha tan importante en el calendario nacional como el 20 de noviembre, día en el que el Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero, convocó al pueblo a la reivindicación de sus derechos políticos soberanos que la dictadura de Porfirio Díaz le había arrebatado.

Este mes de noviembre de 2004 la fecha pasó de largo, la agobiante agenda de esta LIX Legislatura, no cedió un minuto de su espacio para encontrarnos en la conciencia de lo que somos a partir de lo que como pueblo hemos sido.

La Revolución de 1910, que culminó con la expedición de la Constitución más avanzada del mundo en su contenido social, no puede ser un hecho irrelevante, porque nadie puede arrogarse la potestad para negarnos en lo mejor de nosotros mismos, pero mucho más grave es que en el seno de la representación nacional más amplia de nuestra patria, se exhiba una omisión de esta magnitud, que el más elemental sentido de dignidad nacional nos obliga a reparar en ello.

La autocrítica es la única vía por la que se pueden enmendar yerros y rectificar desvíos, aceptar humildemente que no es posible eludir el reproche colectivo, será el principio para retomar el camino que vincula y conforma una nación que representamos y que deseamos fortalecida, con el recuerdo respetuoso de sus hazañas y sus prohombres que nos ubican en el concierto universal con identidad propia.

La Revolución Mexicana de 1910, fue y seguirá siendo el valuarte de un despertar nacional vigoroso que cobró el impagable precio de más de un millón de mexicanos muertos, pero que dejó el legado de una Constitución que recoge la esencia de las aspiraciones de un movimiento social ejemplar, que encontró el puerto de arribo en el documento que resume en la prospectiva del Estado de derecho y la nación civilizada para todos los mexicanos, a lo que hemos protestado aquí representar y entregar lo mejor de nosotros mismos.

Por lo anterior, solicito la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se turne a la Junta de Coordinación Política la presente constancia de la omisión culposa, para que en el futuro no se incurra en esta conducta contraria a la responsabilidad de nuestra representación nacional y se dé puntual cumplimiento a lo estipulado en el artículo decimoséptimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativo al Orden del Día para las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación para el Sistema Electrónico de Votación, que obliga al desahogo del calendario cívico anual de efemérides.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el aniversario de la Revolución Mexicana de 1910 no pase inadvertido en el Programa de Efemérides de la honorable Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Probablemente desde 1911 hasta la fecha, nunca las anteriores legislaturas al Congreso de la Unión, han dejado pasar desapercibido en su recuerdo y gratitud histórica una fecha tan importante en el calendario nacional, como el 20 de noviembre, día en el que el Apóstol de la Democracia Francisco I. Madero convocó al pueblo a la reivindicación de sus derechos políticos soberanos, que la dictadura de Porfirio Díaz, le había arrebatado.

Este mes de noviembre de 2004, la fecha pasó de largo; la agobiante agenda de la LIX Legislatura no cedió un minuto de su espacio para encontrarnos en la conciencia de lo que somos a partir de lo que como pueblo hemos sido. La revolución de 1910 que culminó con la expedición de la Constitución más avanzada del mundo en su contenido social, no puede sernos un hecho irrelevante porque nadie puede arrogarse la potestad para negarnos en lo mejor de nosotros mismos. Pero mucho más grave es que en el seno de la representación nacional más amplia de nuestra patria, se exhiba una omisión de esta magnitud que el más elemental sentido de dignidad nacional, nos obliga a reparar en ello.

Lo ocurrido, para nuestra desgracia en esta Cámara es sintomático de lo que ocurre en la realidad nacional. La indiferencia para conocernos a través de nuestro pasado, es ya una tendencia generalizada que como bien lo señalara el General Francisco L. Urquizo, ``un pueblo que no conoce su historia, es un pueblo que no podrá llegar a ser nación'', es un riesgo inocultable que amenaza a nuestra patria y que puede estar causando ya estragos en las nuevas generaciones.

La autocrítica, es la única vía por la que se pueden enmendar yerros y rectificar desvíos. Aceptar humildemente que no es posible eludir el reproche colectivo, será el principio para retomar el camino que vincula y conforma una nación que representamos y que deseamos fortalecida con el recuerdo respetuoso de sus hazañas y sus prohombres que nos ubican en el concierto universal con identidad propia.

La Revolución Mexicana de 1910 fue y seguirá siendo el baluarte de un despertar nacional vigoroso que cobró el impagable precio de más de un millón de mexicanos muertos, pero que dejó el legado de una Constitución que recoge la esencia de las aspiraciones de un movimiento social ejemplar que encontró el puerto de arribo en el documento que resume en prospectiva el estado de derecho y la nación civilizada para todos los mexicanos, a la que hemos protestado aquí, representar y entregar lo mejor de nosotros mismos.

Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se turne a la Junta de Coordinación Política la presente constancia de la omisión culposa, para que en el futuro no se incurra en esta conducta contraria a la responsabilidad de nuestra representación nacional, y se dé puntual cumplimiento a lo estipulado en el artículo décimo séptimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día para las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, que obliga al desahogo del calendario cívico anual de efemérides.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Jesús González Schmal.

Como lo ha solicitado en su intervención, túrnese el documento a la Junta de Coordinación Política.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición por la que se exhorta a la Semarnat a iniciar el procedimiento para que se declare a la sierra Tarahumara como área natural protegida.

El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera: Con su permiso, señor Presidente.

El punto de acuerdo que hoy presento a esta Asamblea, tiene su antecedente inmediato en el artículo 2º constitucional, fracción IV, en materia de los pueblos y comunidades indígenas, la que de manera textual establece preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

La fracción V del mismo artículo establece en relación con los mismos pueblos, la necesidad de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos por esta Constitución.

Desde el punto de vista hidrológico, constituye la divisoria de aguas de todo el estado, naciendo ahí la mayoría de ríos de Sonora y Sinaloa; es en la sierra Tarahumara en donde tienen su origen los ríos y corrientes de agua que alimentan con su caudal los sistemas de riego.

El papel que juega la vegetación forestal en las montañas de la sierra Tarahumara, aparte de los beneficios directos que a las obras materiales reporta su conservación por métodos silvícolas, desempeña una alta función biológica respecto a los pueblos que los valles asientan.

Aquellas áreas que por su configuración topográfica, belleza natural, valor histórico, científico y recreativo, como es el caso de la caída de agua que lleva por nombre Basaseachic le ofrece a los visitantes un espectáculo que los impresiona gratamente al poseer uno de los saltos clasificados entre los más importantes del mundo.

La agricultura y ganadería son las principales ocupaciones de la población serrana, junto con la explotación forestal. En la sierra Tarahumara conviven dos sociedades muy diversas entre sí, la mestiza-chavochi, la pinahuarojío-los tarahumaras.

Un antecedente importante es el hecho de que lo más importante es que se convierta en reserva de la biosfera y más adelante en patrimonio mixto, natural, cultural e histórico de la humanidad.

Hay un hecho importante en que la Semarnat ya está trabajando esto con el gobierno del estado, para convertir la sierra Tarahumara en área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Semarnat a que continúe y aporte trámite que conjuntamente con el gobierno del estado de Chihuahua ha venido realizando, para convertir a la sierra Tarahumara en área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera.

Segundo. Exhortar a la Semarnat para que en su momento inicie la investigación para que la reserva de la biosfera sierra Tarahumara, sea considerada como patrimonio mixto de la humanidad.

Tercero. Se exhorta a la Semarnat a que los trabajos se hagan de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se preserven los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas de la sierra.

Cuarto. Se instruye a las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca y Reforma Agraria, para que en sus diversas áreas de competencia den seguimiento, impulsen, brinden apoyo y colaboren con el logro de los objetivos anteriores.

En función de tiempo, señor Presidente, solicito que se inserte completo este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el procedimiento para que se declare la sierra Tarahumara área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera y, en su momento, se realicen las investigaciones y la documentación necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto (natural, cultural e histórico) de la humanidad; y se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, diputado federal por el Estado de Chihuahua e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El punto de acuerdo que hoy presento a esta asamblea, tiene su antecedente inmediato en el artículo 2° constitucional fracción lV., en materia de los pueblos y comunidades indígenas, la que de manera textual establece:``Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad''.

De la misma manera, el propio artículo 2° comenta que la Constitución Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a su autonomía y en cuanto a los ecosistemas, se establece con claridad en la fracción V. Que: ``Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos por esta constitución''.

El artículo 3° constitucional es preciso y claro en cuanto a los criterios que deben orientar la educación, cuando a la letra dice: ``b) Será nacional, en cuanto --sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura''.

A pesar de que no existe un acuerdo unánime en su descripción y división geográficas, la región que se denomina sierra Tarahumara corresponde al sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental perteneciente al Estado de Chihuahua. Su delimitación al noroeste es la región agrícola de Janos-Casas Grandes, al Oeste la zona montañosa de Sonora, hacia el este los Valles Centrales de Chihuahua y la región forestal de El Salto, siendo el Estado de Durango quien define su porción sureste. Tiene una extensión aproximada de 560 km de longitud norte noroeste y una altitud promedio de 2270 metros sobre el nivel del mar. En ella alternan las barrancas profundas y calientes con las cimas y mesas, frías y boscosas, las cuales constituyen cuatro subsistemas naturales de marcadas diferencias ecológicas.

Desde el punto de vista hidrológico, constituye la divisoria de aguas de todo el Estado -naciendo también ahí, la mayoría de los ríos de Sonora y Sinaloa-, es en la sierra Tarahumara en donde tienen su origen los ríos y corrientes de agua que alimentan con su caudal los sistemas de riego, los cuales tienen una gran importancia como reguladores de las aguas de escurrimientos de las precipitaciones pluviales y aquellas que se derivan de los deshielos, impidiendo que tengan carácter torrencial cuando están protegidas, como deben estarlo, por una cubierta de vegetación forestal que contribuye a la regularidad del curso normal de esta agua con gran beneficio para la agricultura y la ganadería de la comarca; su influencia se ejerce de una manera directa en la contención de los materiales de acarreo, garantizando con ello, también, la conservación y el buen estado de los caminos y demás vías de comunicación, cuya importancia es altamente significativa en el desarrollo económico de los pueblos.

El bienestar colectivo que representa para los habitantes de los grandes centros de población, la conservación de los bosques y demás vegetación forestal que integra la cubierta protectora y de abrigo del suelo, que evita la formación de tolvaneras e impide la erosión de los terrenos situados en declive, debe sobreponerse al interés particular de los propietarios de terrenos comunales, ejidales y particulares, que mediante la explotación desordenada de los recursos forestales, modifican las condiciones naturales de la vida propias al desarrollo de la agricultura y de las industrias, ya que la deforestación tiene como consecuencia una modificación profunda --como ya se decía- del carácter regular de las corrientes de los ríos y arroyos cuyas aguas se utilizan en las mismas, así como el clima.

El papel que juega la vegetación forestal en las montañas de la sierra Tarahumara, aparte de los beneficios directos que a las obras materiales reporta su conservación por métodos silvícolas, desempeña una alta función biológica respecto de los pueblos que en los valles se asientan, mejorando las condiciones generales del clima, a la vez que embellecen sus paisajes, arraigando el amor de sus moradores a la región y provocando la admiración de los visitantes que gustan de visitar estos lugares agrestes de la naturaleza.

Estos lugares de inigualable belleza y sus condiciones naturales, son el refugio propicio para las especies de caza, cuya persecución ha sido cada vez mas intensa, dando lugar a la desaparición de algunas especies animales valiosas, a las cuales no ha sido posible proteger de sus depredadores humanos y naturales.

Aquellas áreas que por su configuración topográfica, belleza natural, valor histórico, científico y recreativo, que tienden a mejorar las condiciones de vida de la población y que son de vital importancia para el control y mantenimiento del equilibrio ecológico y que a la vez se conviertan en espacios gratos con fines de recreación y esparcimiento, deben ser acondicionadas, conservadas y aprovechadas en beneficio de la comunidad, como es el caso de la caída de agua que lleva por nombre Bassaseachic, la cual ofrece a los visitantes un espectáculo que los impresiona gratamente, al poseer uno de los saltos clasificados entre los más importantes del mundo, lo cual propicia la llegada de visitantes nacionales y extranjeros en cantidades considerables.

La agricultura y ganadería son las principales ocupaciones de la población serrana, junto con la explotación forestal. La mayoría de la superficie agrícola es de temporal, con unos rendimientos sumamente pobres debido a lo delgado, pedregoso y pendiente de los suelos, a la utilización cada vez más creciente de semillas criollas, y de fertilizantes químicos, a los avanzados procesos de erosión que ha propiciado la tala irracional de los bosques. En cuanto a la ganadería, la mayoría es de agostadero de baja capacidad, existe sobrepastoreo, falta de definición con mayor precisión de los reglamentos sobre uso de pastizales y la carencia de apoyos en infraestructura para la cría de ganado. A ello, habría que agregarle las constantes sequías que azotan a gran parte de la sierra.

Componen la región serrana 17 municipios. Las etnias mayoritarias son los Tarahumaras o rarámuris, pimas u O'ba en el municipio de Temósachic; Tepehuanes u Odamis en el Municipio de Guadalupe y Calvo; además, también existen los Guarijíos o Warijós en los Municipios de Moris, Uruachi y Chinipas; dichas etnias componen una importante región multiétnica y pluricultural, en la que se presentan diferentes tipos de relaciones y variadas problemáticas a diversos niveles, que requieren tanto de estudios, como de investigaciones aplicadas.

Como en el resto de la Nación Mexicana, el proceso de colonización y sometimiento de los muchos grupos indígenas que habitaban la Tarahumara, se llevó a cabo, a través de la espada y la cruz. Misioneros y militares fueron los que enfrentaron al ``otro'', al indio. Los que trataron de extirpar sus creencias, consideradas como diabólicas, y de abolir su fe, siendo también los que exterminaron cualquier conato de protesta y autonomía frente a un sistema y unas leyes ajenas y extrañas a la lógica indígena. La cruz y la espada se desenvainaron en nombre de una idea de progreso y de civilización que negaba cualquier otra alternativa que no fuera la del invasor. Los militares protegían las misiones y éstas, a su vez, eran centros de acopio de alimentos para aquéllos, así como centros de conversión y adoctrinamiento de los indígenas, que pasaban a engrosar las filas de las expediciones españolas de conquista.

Por encima del conquistador con sus armas, fue el evangelizador quien provocó los cambios más importantes en la estructura, relaciones y cosmovisiones de los antiguos indios, iniciando un largo proceso en el que hubo extinciones, violencia, asimilación e incorporación de los elementos religiosos y socioculturales. En la sierra, fueron jesuitas los primeros evangelizadores y transculturizadores sistemáticos.

Como en todo el país, también en la Tarahumara hubo revueltas indígenas a lo largo de todo el siglo XVll y buena parte del XVlll, involucrando a numerosas etnias, muchas de ellas ya desaparecidas. De 1616 a 1619 se sublevan los Tepehuanes, en 1632 se levantan los Guazapares y Warijíos. En 1644 se produce la llamada rebelión de las siete naciones. En 1645 los Conchos. De 1652 a 1660 se alzan los Tobosos, Cocoyames, Ocomes, Gavilanes y Cabezas. En 1680 y 1698 se producen las primeras invasiones de los Apaches. En 1690 Janos, Yumas y Chinarras se enfrentan a los invasores. La primera rebelión propiamente Tarahumara se desató en 1646 y duró hasta 1653. Otros alzamientos se produjeron de 1684 a 1690, en 1694, y de 1696 a 1698.

Paralelamente a los jesuitas, fueron criollos y otros indios los que completaron el inicio de la colonización Tarahumara. Los primeros blancos, juntos con los soldados, fueron mineros; pronto llegaron extranjeros, mestizos, introductores de ganado, campesinos que se hicieron rancheros. Luego aparecieron los tumbadores de árboles y finalmente los profetas del desarrollo, el cambio y la modernización encarnados en algunas instituciones públicas, privadas y sociales. Ninguno ha logrado mermar la resistencia que desde un principio opusieron. Siguen vigentes los principales rasgos que fundamentan su identidad étnica y que conviene resumir: su cosmovisión, sus ritos, que se hacen gesto en la música --sentido del tiempo- y en la danza --sentido del espacio- su historia --los mitos que sostienen el curso del transcurrir, del fluir de los hechos-, su técnica --el arado, el maíz, el control del proceso de reproducción, germinación --siembra-, maduración recolección-. Su derecho --normas, ``de mesa'', comportamiento aprendizaje, de relación con los demás, reglas, sanciones y juicios-, y, sobre todo, su presencia --lengua, vestimenta, manos, sonrisa, rabia, sacrificio, matachín y tesguino- y su cotidianidad doméstica y comunitaria --espacios fundamentales en donde se reproduce su experiencia étnica.

En la sierra Tarahumara conviven dos sociedades muy diversas entre sí: la mestiza o chavochi y la indígena, principalmente rarámuri, pero también odame , pima y guarojía. Cada una de ellas posee sus propios elementos culturales y sociales, una particular cosmovisión, una forma distinta de hacer y entender la historia y de relacionarse con el entorno; no obstante, en muchos casos se articulan y complementan.

Se trata de dos lógicas diferentes que operan sobre el mismo espacio geográfico, originando varios tipos de relaciones que van desde la convivencia pacífica y la integración microregional o comunitaria, hasta la intolerancia, la tajante marginación étnica, el enfrentamiento y la violencia, denotando con estas actitudes, la presencia de antiguas y profundas raíces, con sus específicas concepciones y pautas de conducta que entran en contradicción con la sociedad nacional y su proyecto globalizador, neoliberal y homogeneizante.

Los rarámuris son muy cuidadosos de sus localidades y de sus ejidos, los cuales engloban diversas localidades o comunidades bajo una administración común, que se ocupa de los asuntos productivos (pecuarios, agrarios y forestales) y de la organización de la tenencia y uso de la tierra entre quienes tienen derecho a ser ejidatarios.

El otro gran aspecto que hay que considerar para entender la estructura sociocultural de la sierra Tarahumara y su dinámica, lo constituye la temporalidad y los ritmos que cotidianamente son manejados por los indígenas. El ciclo agrícola, es uno de los principales factores que señala los cortes temporales y determina la mayor parte de las actividades que ocupan la vida de los pueblos indios. Desmontar, preparar la tierra, sembrar, desyerbar, cosechar, levantar el rastrojo, son movimientos periódicos que marcan los ritmos con los que crece el rarámuri. La recolección de plantas comestibles y medicinales, el pastoreo, el suministro de agua y leña, la caza esporádica y la pesca, constituyen otros tantos momentos en los que el indígena se relaciona con el ecosistema para obtener sus medios de sobrevivencia de tal forma, que esto implica el exacto y minucioso conocimiento de factores ambientales y, a la vez, su dependencia de los mismos y de su equilibrio.

Estas actividades, que constituyen buena parte de la cotidianidad que viven los rarámuris, abren los espacios para la socialización del grupo a través, sobre todo, de los trabajos colectivos y tesguinadas. La invitación a cooperar en las distintas labores --cercado de campos, siembra, recolección, levantamiento de trincheras, etc.-, conforma una red de relaciones sociales recíprocas que permiten el intercambio de fuerza de trabajo, de información y de experiencias por medio de las cuales se dan buena parte de los procesos de producción y reproducción de la identidad étnica, paralelamente a lo que sucede en el ámbito familiar, el otro gran espacio de endoculturización y de conformación del ser rarámuri.

Al interior de los grupos indígenas de la sierra Tarahumara, suelen ser las fiestas, juegos y ceremonias que se celebran constantemente, las que definen los ritmos y periodos de la vida comunal y separan lo profano de lo sagrado. A través de ellas, se manifiesta la memoria étnica encerrada en sus mitos, se actualizan y se exponen públicamente los conocimientos, normas y valores contenidos en la tradición de grupo, fundamentales para la reproducción de la identidad.

Por lo tanto, la sierra Tarahumara cumple con las características de una región con especies animales y vegetales en abundancia, estando algunas de éstas amenazadas y cumple asimismo, con la característica de ser un valor universal excepcional desde cualquier punto de vista que se le quiera ver, pues es en si misma, una belleza natural del mundo, cuenta con una profunda y amplia cultura indígena y con una secuencia de hechos históricos relevantes en la conformación de su identidad. Pero quizás, lo mas importante es que si se convirtiera en Reserva de la Biosfera y mas adelante en Patrimonio Mixto (natural, cultural e histórico) de la Humanidad, se supervisarán y protegerán de manera efectiva los bosques, el desarrollo de las comunidades indígenas, los lugares de interés histórico y cultural, al igual que los ecosistemas, logrando con ello, un gran bien no solo para el estado de Chihuahua y para nuestro país, sino para la humanidad toda.

Un antecedente importante, es el hecho de que Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Area de Zonas Naturales Protegidas y el Gobierno del estado de Chihuahua, acordaron iniciar los trabajos para convertir a la sierra Tarahumara en un Area Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Honorable Asamblea, su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que continúe y agote el trámite que conjuntamente con el gobierno del Estado de Chihuahua ha venido realizando, para convertir a la sierra Tarahumara en Area Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera y haga la declaratoria que en derecho corresponda.

Segundo: Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en su momento, inicie la investigación correspondiente para que la Reserva de la Biosfera sierra Tarahumara, sea declarada como Patrimonio Mixto (natural, cultural e histórico) de la Humanidad.

Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el desarrollo de los trabajos en la sierra Tarahumara, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se preserven en todo momento, los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas de la sierra.

Cuarto: Se instruye a las comisiones unidas para el desarrollo rural: Agricultura y Ganadería; Asuntos Indígenas; Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Pesca, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria, para que en sus diversas áreas de competencia, den seguimiento, impulsen, brinden apoyo y colaboren en el logro de los objetivos anteriores.

H. Cámara de Diputados, diciembre del 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Jorge de Jesús Castillo Cabrera. Como lo ha solicitado insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria para el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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SUICIDIO DE NIÑOS Y JOVENES

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Yadira Serrano Crespo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal y a los titulares de los ejecutivos locales, a emprender acciones preventivas sobre el suicidio de niños y jóvenes.

La diputada Yadira Serrano Crespo: Con la venia de la Presidencia.

Ruego a la Presidencia se inserte íntegro el texto del presente en el Diario de los Debates.

El suicidio es una tragedia, un claro signo de descomposición social y un problema alarmante de salud pública. Pero también es un fenómeno prevenible.

La OMS estima que en el mundo se comete un suicidio cada 40 segundos, casi 800 mil al año y que para el 2020 los casos podrían ascender al millón y medio.

En México la situación no es menos grave. En el 2002 el INEGI registró 3 mil 160 suicidios y 304 tentativas. En los últimos 20 años casi se ha quintuplicado el número. El 82.8 por ciento son hombres y el 12.2 por ciento son mujeres, quienes en su mayor parte lo hicieron en su propia casa, pese a que tenían pareja y trabajo estable.

Peor aún, el 44.5 por ciento de los hombres y el 60.7 por ciento de las mujeres suicidas, tenían menos de 30 años y el suicidio estuvo entre las 3 primeras causas de muerte en mujeres de 11 a 20 años.

El problema es multifactorial y dinámico, involucra variedad de males relacionados con la salud mental, que deben de ser atacados por el Estado mexicano, pues uno de los grandes pilares del desarrollo es la salud mental, al tenor del artículo 72 de la Ley General de Salud, que establece como prioritaria su atención.

La incidencia del suicidio entre menores de edad y jóvenes, amerita que las autoridades sanitarias y educativas tomen acciones prontas al respecto. La OMS y los expertos nacionales, coinciden en que las acciones concretas que obran en la versión publicada del presente, obviadas en razón del tiempo, tienden a prevenir los suicidios y mejoran la salud síquica.

Con el propósito de impulsar una solución a la problemática expuesta, la suscrita formula ante esta honorable Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, emprendan acciones preventivas coordinadas e integrales, contra el suicidio de niños y jóvenes que sean por sí mismas medidas de protección a la salud mental de los mismos.

Segundo. Se exhorta a los ejecutivos estatales para que tomen las medidas relacionadas con el punto anterior en el ámbito de su competencia.

Tercero. Se exhorta a las autoridades citadas a considerar las recomendaciones contenidas en el cuerpo del presente punto de acuerdo y a consultar a los especialistas de la materia, en la elaboración y operación de estas medidas.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y locales a emprender acciones preventivas del suicidio de niños y jóvenes, a cargo de la diputada Yadira Serrano Crespo, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Yadira Serrano Crespo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Según la definición de la OMS, el suicidio es el deceso de un individuo, ocasionado por sí mismo, de manera intencional y con plena conciencia del hecho. En el mundo contemporáneo, donde predomina la convicción de que nada es más valioso que la vida humana, el suicidio constituye un problema de salud pública muy importante pero en gran medida prevenible. La institución citada estima que alrededor del mundo se comete un suicidio cada 40 segundos, lo que se traduce en casi ochocientas mil de victimas al año. Estimaciones realizadas por la misma organización, indican que para el 2020 los casos podrían ascender hasta un millón y medio.

Segundo. En nuestro país, el INEGI contabiliza 3160 suicidios consumados y 304 tentativas en 2002. El desglose de las cifras oficiales es dramático: en los últimos veinte años casi se ha quintuplicado el número de suicidas; el 82.8% son hombres y el 12.2% son mujeres; la mayor parte lo hace en su propia casa, pese a que tenían una pareja y trabajo estables. Esta numeralia es más alarmante aún cuando encontramos que el 44.5% de los hombres y el 60.7% de las mujeres suicidas tenían menos de 30 años y que el suicidio estuvo entre las primeras tres causas de muerte entre las mujeres 11 y los 20 años en dos mil tres.

Tercero. Año con año, cada Procuraduría estatal difunde un aumento significativo de los suicidios en su jurisdicción, y se repite la alarma entre las autoridades sanitarias y de procuración de justicia. Los casos son cada vez más escandalosos, se achacan a toda clase de fenómenos y las explicaciones gratuitas giran en todas direcciones. En este tenor, el INEGI clasifica como las principales causas la depresión severa, el ``disgusto familiar'' y las enfermedades incurables, pero en 6 de cada diez casos ignora el motivo y contabiliza un intento por cada 10 suicidios consumados. Además, siempre de acuerdo con la estadística oficial, los hombres se suicidan más que las mujeres, pero éstas son las protagonistas de la mayor parte de intentos fallidos. Estas cifras, basadas en los reportes de las Agencias del Ministerio Público del fuero común, arrojan muchas dudas en los estudiosos y son criticadas por que carecen de un sustento mejor que recuentos, hechos con el mayor rigor en su área, pero con desconocimiento de la fenomenología de la materia que nos ocupa.

Cuarto. Por su parte, los investigadores mexicanos señalan que el suicidio es un problema multifactorial y dinámico. Su origen involucra trastornos psiquiátricos, consumo de drogas y alcohol, la disponibilidad de armas de fuego, la violencia intrafamiliar, la baja capacidad de resolver problemas, el desempleo y otros, que a su vez se ven catalizados por conflictos interpersonales, la frustración profesional, el rechazo, eventos estresantes, entre otros. En cuanto a la desproporción entre autoatentados exitosos e intentos fallidos, las cifras oficiales se quedan cortas: se han identificado a las tentativas como uno de los mejores predictores del suicidio consumado, y se ha calculado que se presentan entre 10 y 70 veces más. La estigmatización social alrededor del suicidio explica por sí sola este fenómeno, pero presenta también un espacio invaluable para la prevención.

Quinto. Merece mención aparte el que en 1998 se haya reportado que el 47% de los estudiantes capitalinos hayan declarado al menos un síntoma de ideación suicida, y el 17% pensó en quitarse la vida. Otros estados tienen un índice mayor de suicidios, por lo que las posibilidades son muy graves.

Sexto. El suicidio es la muestra más dura de la desesperanza social. Difícilmente acción alguna puede conmovernos más que la negación de todo anhelo y toda posibilidad. Es el síntoma, junto al crimen y la pobreza, más significativo de que nuestra sociedad está descompuesta. Cuando el presente debería ser satisfactorio y el futuro prometedor, campea la autodestrucción. Como hemos visto, subyace bajo él una variedad de males que deben ser atacados por el Estado Mexicano, pues amén del avance económico y político, uno de los grandes pilares del desarrollo es la salud, en particular la mental. El artículo 72 de la Ley General de Salud establece como prioritaria la prevención de las enfermedades mentales.

Séptimo. La incidencia de estos lamentables hechos entre menores de edad y jóvenes, amerita que las autoridades sanitarias y educativas tomen acciones prontas al respecto, dada su cercanía con el sector. Sin embargo, salvo alguna excepción, no se ha atacado el problema desde la perspectiva integral que abarque los salones de clase, el sistema de seguridad social y las familias.

Octavo. Por su parte, la OMS y los expertos nacionales coinciden en que para prevenir el suicidio y mejorar sustancialmente la salud psíquica de los mexicanos, especialmente los jóvenes, deben instrumentarse las siguientes recomendaciones:

1. El fortalecimiento de las instituciones de salud mental.

2. Fortalecimiento de las relaciones sociales.

3. Facilitar el acceso a la atención, mediante líneas de emergencia.

4. Desarrollar los factores psicológicos protectores, desde la más temprana edad, para formar mexicanos más resistentes a los avatares en su vida.

5. Capacitar a los profesores y personal de salud al tenor del punto anterior y en la detección los factores de riesgo.

6. Deben incorporarse profesionales de la salud mental a los planteles escolares, independientemente de la capacitación a la que se refiere el punto anterior. Estos profesionales de la medicina deben ser independientes del sistema educativo.

7. Las escuelas deben configurarse como agentes activos de los servicios de salud, tal como se indica arriba, para completar así la tríada familia-centro de salud-escuela, y hacer que estas actúen de manera coordinada e integral. Esto elevará las posibilidades de acciones exitosas.

Con el propósito de impulsar una solución de la problemática expuesta, la suscrita formula ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a emprender por medio de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud acciones preventivas, coordinadas e integrales contra el suicidio de niños y jóvenes, que sean por sí mismas medidas de protección a la salud mental de la población objetivo.

Segundo. Se exhorta a los Ejecutivos estatales a tomar las medidas relacionadas en el punto anterior, en el ámbito de su competencia.

Tercero. Se exhorta a las autoridades citadas a considerar las recomendaciones contenidas en el cuerpo del presente punto de acuerdo, y a consultar a los especialistas de la materia para la elaboración y operación de estas medidas.

Dip. Yadira Serrano Crespo (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada.

En las instrucciones que la Presidencia ha recibido, este asunto debe tramitarse como de urgente resolución. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.. Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición... En virtud de que la Presidencia no tiene registrados oradores para intervenir en la discusión, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 2001, 2002

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor don René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición por la que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a presentar la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los años 2001 y 2002, para su discusión y votación.

El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso, ciudadano Presidente. Gracias.

Presento proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, entregar las cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los años 2001 y 2002, para su discusión y votación, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El artículo 47 constitucional en su fracción IV faculta a la Cámara de Diputados a revisar la cuenta pública del año anterior, refiriéndose a la comprobación de que las cantidades aprobadas en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación de un determinado año, correspondan exactamente a los ingresos obtenidos con los gastos realizados y, de existir discrepancias, determinar las responsabilidades de acuerdo a la ley.

A la vez, el artículo 79 constitucional, señala a la Cámara de Diputados las instrucciones para fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

Esta ley, la de Fiscalización Superior de la Federación, que regula las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular lo designa el pleno de la Cámara de Diputados con la cual se comunica a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que dictamina la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Así tenemos que la cuenta pública del año anterior, debe ser presentada a la Cámara de Diputados dentro de los 10 primeros días del mes de junio, según establece el artículo 74, fracción IV, sexto párrafo constitucional y tiene que ser entregado con su informe a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, según lo establece el artículo 79.

Según informe de la Dirección del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2001 y 2002, ya están dictaminadas pero aún no han sido aprobadas por este pleno.

Por tal razón, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presente al pleno de esta Cámara de Diputados los dictámenes con proyecto de decreto relativos a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los años 2001 y 2002 para su discusión y votación.

Es todo, ciudadano Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente a los años 2001 y 2002 para su discusión y votación, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente a los años 2001 y 2002 para su discusión y votación, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede a la Cámara de Diputados, diversas facultades exclusivas, que al mismo tiempo, son obligaciones y como tales generadoras de sanciones de no observarse escrupulosamente.

El artículo 47 constitucional, en su fracción IV, faculta a la Cámara de Diputados a ``... revisar la Cuenta Pública del año anterior...'', refiriéndose a la comprobación de que las cantidades aprobadas en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación de un determinado año, correspondan exactamente a los ingresos obtenidos con los gastos realizados y de existir discrepancias, determinar las responsabilidades de acuerdo con la ley.

A la vez, el artículo 79 constitucional señala a la Cámara de Diputados las instrucciones para fiscalizar ``... los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley''.

Esta ley, es la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que regula las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular, lo designa el pleno de la Cámara de Diputados, con la cual se comunica a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que dictamina la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Los instrumentos legales mencionados, establecen los tiempos para que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de cada ejercicio fiscal, sea fiscalizada; es decir, estudiada, analizada y dictaminada.

Así tenemos que; ``La Cuenta Pública del año anterior, debe ser presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días del mes de junio'' (art. 74 frac. IV sexto párrafo constitucional); la cual es turnada a la Auditoría Superior de la Federación para su fiscalización y tiene que entregar su informe a la Cámara de Diputados ``... a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación'' (art. 79, frac. II constitucional).

Según informe de la Dirección del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2001 y 2002, ya están dictaminadas, pero aún no han sido aprobadas.

De los informes de los años 2001 y 2002 (ya dictaminados), falta su presentación, discusión y votación por el pleno de la Cámara de Diputados y la tardanza pudiera ser motivo de alguna de las omisiones previstas en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que debemos tener presente, también es aplicable a los diputados,

Por lo expuesto, me permito presentar a la Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presente al pleno de esta H. Cámara de Diputados, los dictámenes con proyecto de decreto relativos a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondientes a los años 2001 y 2002, para su discusión y votación.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don René Meza Cabrera. Como lo ha solicitado, túrnese el documento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra, la diputada doña Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición que tiene por objeto que la Auditoría Superior de la Federación audite al director general de Pemex-Petroquímica.

La diputada Rosa María Avilés Nájera: Gracias, señor Presidente. Solicito que se publique en el Diario de Debates el texto íntegro.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Así se hará, señora diputada.

La diputada Rosa María Avilés Nájera: Gracias, señor Presidente. En 1982 Pemex-Petroquímica era la quinta empresa petroquímica del mundo y ahora está situada en el lugar número 40.

En 1993 trabajaban 64 plantas productoras de diferentes petroquímicos primarios. Actualmente de estas plantas sólo 22 de ellas están en operación, algunas a baja carga.

Desde 1996 empieza un evidente descenso de producción y de ingresos contables, de tal manera que las importaciones de petroquímicos llegan a ser casi la misma cantidad que lo que exportamos en crudo.

Es en el año 2000 cuando al ingeniero Rafael Beverido Lomelí se le asigna el cargo de director de Pemex-Petroquímica con el propósito de mejorar los resultados. Estos han sido peores. Caso concreto Petroquímico Cosoleacaque.

Este complejo cuenta con 5 plantas productoras de amoniaco, la materia prima para producir fertilizantes en todo el país. La baja de producción ha originado que se tengan pérdidas millonarias.

Se ha denunciado al titular de la dirección, ingeniero Rafael Beverido Lomelí en la Secretaría de la Función Pública, donde se le responsabiliza de graves fallas administrativas, siendo algunas de ellas que no ha gestionado la baja del precio del gas como insumo del complejo, pero sí lo ha hecho para beneficiar el proyecto Fénix, cuyo mayor porcentaje de inversión es de la iniciativa privada.

Se ha perjudicado al campo mexicano por la falta de producción de fertilizantes para los campesinos y en 4 años de su administración, la producción de petroquímicos ha caído más del 150 por ciento.

Caso planta de clorados 3, cloruro de vinilo, del complejo petroquímico Pajaritos. Se hicieron del conocimiento de la Secretaría de Energía las irregularidades presentadas en la planta de clorados 3. Se mencionan algunas de ellas: la planta fue ampliada a su capacidad en un 100 por ciento con un costo de casi 115 millones de dólares; los equipos están dañados en un 85 por ciento por una mala selección de materiales.

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo la revisión prevista por los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al director general de Pemex-Petroquímica por los ejercicios fiscales 2000 al 2004 por existir la presunción de un daño patrimonial al Estado en su hacienda pública federal.

Segundo. Que el resultado de dicha revisión permita deslindar las responsabilidades que la misma establezca y en su caso aplicar la ley a quien o quienes resultaren responsables.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. México, DF, a 2 de diciembre de 2004. Lo suscribimos la de la voz por el grupo parlamentario del PRD, los diputados Francisco Javier Carrillo Soberón, Yadira Serrano Crespo, por el Partido Revolucionario Institucional; José Adolfo Murat, Víctor Alcerreca, Carmen Guadalupe Fonz, Enrique Escalante y por el grupo parlamentario del PT; Pedro Vázquez González. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, audite al director general de Pemex Petroquímica, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En 1982 Pemex Petroquímica era la quinta empresa petroquímica del mundo. Todavía en 1996 alcanzó una producción de 18 millones 371 mil toneladas y ahora está situada en el lugar 40, continuando en declive, ya que solo produce el 10% de lo que requiere el país, registrándose el año pasado apenas una producción de 2 millones 700 mil toneladas. Se agrava la situación porque los medios de comunicación están afirmando que de enero a octubre tiene una producción de 8 millones 822 mil toneladas, cuando en realidad se produjeron 3 millones 283 mil toneladas.

Dentro de Petróleos Mexicanos, la subsidiaria Pemex Petroquímica ha sido la mas castigada y agotada en inversiones y producciones.

En 1994 trabajaban 64 plantas productoras de diferentes petroquímicos primarios, materias primas básicas para la elaboración de productos secundarios, como plásticos, pinturas, alfombras, cosméticos, etcétera. Actualmente, de estas plantas sólo 22 de ellas están en operación (algunas a baja carga).

Desde 1996 que se desincorpora administrativamente y se forman filiales de sociedad anónima en un claro afán de desmembrar la paraestatal, empieza un evidente descenso de producción y de ingresos contables, de tal manera que las importaciones de petroquímicos llegan a ser casi la misma cantidad que lo que exportamos en crudo (casi 13 mil millones de dólares), declarado por la misma paraestatal. Todo ello es debido a la mala administración y peor manejo en los insumos y toma de decisiones.

Es en el año 2000 cuando al ingeniero Rafael Beverido Lomelí se le asigna el cargo de director de Pemex Petroquímica, con el propósito de mejorar los resultados. Éstos han sido peores, incurriendo en serias faltas administrativas, tráfico de influencias y deficiencia en conocimientos técnicos.

Desde esta fecha se cuenta con el arribismo de seudoprofesionistas ubicados en lugares de gerencias y por otro lado, empieza con el despido masivo y jubilaciones forzosas al personal altamente calificado.

Asimismo tenemos casos como el del complejo petroquímico Cosoleacaque

El complejo petroquímico Cosoleacaque cuenta con 5 plantas productoras de amoniaco, la materia prima para producir fertilizantes en todo el país, es el único centro donde se produce amoniaco de Pemex. Actualmente se está importando este fertilizante de Ucrania (urea). Cuenta con una capacidad de 1,500 toneladas diarias por cada planta y el precio de tonelada de amoniaco tiene un valor promedio de $2800.00 (dos mil ochocientos pesos), lo que indica que se está dejando de percibir por cada planta 4 millones de pesos por día, en total 20 millones de pesos diarios.

El licenciado Rogelio Martínez Hernández (ex asesor jurídico de Petroquímica Cosoleacaque) ha denunciado al titular de la dirección ingeniero Rafael Beverido Lomelí en la Secretaria de la Función Publica, donde se le responsabiliza de graves fallas administrativas, en los siguientes puntos:

a) En 4 años de administración no ha actuado para producir y operar las 5 plantas de amoniaco del complejo petroquímico Cosoleacaque.

b) En 4 años ha disminuido considerablemente la cartera de compradores de amoniaco.

c) No ha gestionado la baja del precio del gas como insumo, en comparación con las intervenciones y promociones que esta planteando para que en el proyecto Fénix, cuyo mayor porcentaje es de la iniciativa privada, sí está promoviendo la firma de contratos de 10 a 15 años con Pemex Refinación y Pemex Gas, para que los precios del gas natural y gasolinas naturales tengan precios preferenciales.

d) En 4 años no ha dado solución a la cartera vencida de sus principales clientes de compra de amoniaco del país.

e) En esos 4 años se ha perjudicado el campo mexicano, por la falta de .producción de fertilizantes para los campesinos.

f) En 4 años ha fomentado el tráfico de influencias y ha contribuido al desempleo de personal altamente capacitado, en el que la empresa ya invirtió años y dinero en su capacitación y desarrollo.

g) En 4 años de su administración la producción de petroquímicos ha caído más del 150%.

Como resultado de lo anterior, el director de Pemex Petroquímica ha declarado que estudia la viabilidad de trasladar las plantas ubicadas en el complejo petroquímico Cosoleacaque hacia Barbados (declaraciones del 12 junio de 2003) con lo que se demuestra falta de visión para generación de empleos y carencia de conocimientos técnicos, debido al altísimo costo que significa tal operación de traslado de plantas de 20 años de instalación, olvidando que no son de su propiedad, aunado al hecho de que se les invirtió más de 600 millones de pesos antes de sacarlas de operación.

2.- Caso planta de clorados III (cloruro de vinilo) del complejo petroquímico Pajaritos.

Con fecha 1 de noviembre del 2004, el ingeniero José Daniel Martínez Chung hizo del conocimiento de la Secretaria de Energía las irregularidades presentadas en la planta de clorados III del complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde señala lo siguiente:

a) La planta es un riesgo para la zona, ya que la mayoría de los equipos están en límite de retiro.

b) La planta fue ampliada a su capacidad en un 100% con un costo de casi 115 millones de dólares, los equipos están dañados en un 85%, por una mala selección de materiales.

c) Un atraso de enero del 2004 a la fecha en la operación y producción, con pérdidas considerables.

d) Se muestra que el coordinador de Recursos Humanos del complejo, carece de titulo profesional y se le ha asignado tal puesto incurriendo en usurpación de funciones (ya que se le contrató como ingeniero químico y no ostenta tal título profesional), pero por otro lado despiden a personal capacitado y con cédula profesional, como es el caso del mismo ingeniero José Daniel Martínez Chung, quien fungía como director del proyecto de clorados III desde el inicio en ingeniería básica y que fue jubilado forzosamente y a temprana edad, al igual que al coordinador de Mantenimiento que supervisaba el proyecto, acto realizado en el año 2003.

Como respuesta a lo anteriormente declarado, la planta de clorados III, desde el pasado mes de octubre está fuera de operación.

La tonelada de cloruro de vinilo tiene un costo promedio de $7,350.00 (siete mil trescientos cincuenta pesos), la planta debe producir 1,200 toneladas diarias, por lo que las pérdidas diarias son del orden de 8 millones de pesos, sin contar los 115 millones de dólares que se gastó en la ampliación.

Se detalla que de 405,000 toneladas de producción anuales que se deberían producir, este año sólo se han logrado escasas 65,000, con pérdidas totales del orden de 2,500 millones de pesos (dos mil quinientos millones de pesos).

Y por último, los 115 millones de dólares gastados en este proyecto se han destinado de la siguiente manera:

25% se adjudicaron entre las siguientes compañías:

Ingeniería básica y licencias (Geon Company, revisión de ingeniería básica por el Instituto Mexicano del Petróleo, IMP), licitación y compra de equipos críticos, elaboración de bases de licitación, licitaciones internacionales, licitación y asignación de la CAP (Compañía Operadora Portuaria de Coatzacoalcos) y el 75% restante se adjudicó a la empresa española (Empresa Duro Felguera ``Española'') para el término del proyecto ``ampliación clorados III'', bajo el siguiente esquema:

Ingeniería procura y construcción número de contrato CO-PA/040/01 ``Ingeniería de detalle, procura y construcción de la ampliación de la planta de derivados de clorados III, de 200 mil T/A a 405 mil T/A, su integración y puesta en operación el cual inició el 17 de diciembre de 2001 y con fecha de terminación de enero del 2004''.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, llevar a cabo la revisión prevista por los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación al director general de Pemex Petroquímica por los ejercicios fiscales 2000 al 2004, por existir la presunción de un daño patrimonial al Estado en su hacienda pública federal.

Segundo.- Que el resultado de dicha revisión permita deslindar las responsabilidades que la misma establezca y en su caso aplicar la Ley a quien o quienes resultaren responsables.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 2 de diciembre del 2004.--- Dip. Rosa María Avilés Nájera, Francisco Javier Carrillo Soberón, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat, Víctor Alcerreca, Carmen Guadalupe Fonz, Enrique Escalante y Pedro Vázquez González (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias a usted, doña Rosa María Avilés Nájera. Como está registrado por parte de la Junta de Coordinación Política, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Hay duda, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Si hay dudas procederemos, por economía procesal, a ordenar la votación nominal. Instruyo a la Secretaría para el efecto de que disponga se abra el sistema electrónico hasta por 6 minutos, para recabar la votación nominal.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

Abrase el sistema electrónico de votación, por 6 minutos, para recoger la votación de la propuesta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Y le recuerdo que la votación es calificada.

(Votación.)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente se emitieron 247 votos en pro; en contra 119 y 1 abstención.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Ruego a la Secretaría me indique si quedó aprobado o no la urgente resolución por la votación calificada de 2 tercios.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En un momento, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Sí, adelante, señor Secretario. Tómese su tiempo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición...

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, Secretario.

Aprobada. Comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Franco Hernández...

El promovente ha solicitado que este punto del orden del día se posponga para final del capítulo.

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ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Por lo tanto tiene el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición por la que se solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores, emita el dictamen correspondiente a la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, señor Presidente.

Hago uso de la tribuna para solicitar el apoyo de todos los compañeros diputados en este punto de acuerdo que más que de urgente resolución, es de obvia resolución y así nos lo permite el artículo 59 de nuestro Reglamento.

¿Por qué obvia resolución? Porque esta Cámara de Diputados el pasado 15 de abril, aprobó por 395 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, un dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados. Dictamen que se refiere al artículo 71, fracción IV, de nuestra Constitución.

Quiero señalar que este dictamen proviene de una minuta del Senado de la República, emitida por el mes de abril del año pasado, de 2003, y se refiere a un tema trascendental en la vida y respeto entre los poderes del Estado, que es el derecho de iniciativa del Poder Judicial de la Federación.

Esta Cámara de Diputados ha pronunciado, en diversas ocasiones, el respeto a la autonomía de poderes, lo ha manifestado con hechos; ésta es una muestra más de un respeto al propio Poder Judicial de la Federación.

La propuesta aprobada por esta Cámara de Diputados señala que tendrán el derecho de iniciativa el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las materias relativas al ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación. Esta ha sido una lucha del Poder Judicial. Es momento oportuno para concretar esa lucha.

Por lo tanto, solicito que esta Cámara de Diputados, de manera respetuosa, le solicite a la colegisladora emita el dictamen correspondiente, mismo que se encuentra turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

Con el respeto con el que siempre nos hemos conducido entre cámaras, solicitamos a la Cámara de Diputados, termino diputado Presidente, dictamine a la brevedad esta minuta de la Cámara de Diputados para otorgarle al Poder Judicial de la Federación algo que en derecho le corresponde.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores que emita el dictamen correspondiente a la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo sexto y décimo segundo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, el suscrito diputado federal Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía, con carácter de obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A. Los senadores Adalberto Arturo Madero Quiroga del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y Rutilio Cruz Escandón Cárdenas del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentaron iniciativas a nombre de sus Grupos Parlamentarios, en las sesiones del 10 y 14 de abril de 2003 respectivamente, mediante las cuales proponían reformar el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las cuales fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, Primera y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

B: En sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2003 por la Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda presentaron para su discusión, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

C. En sesión celebrada el 18 de diciembre del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, turnó la Minuta de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

D. Con fecha 15 de abril de 2004, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 395 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la Minuta de referencia y a las iniciativas presentadas en ese mismo sentido en los años 2002 y 2003 por los diputados Yadira Ivette Tamayo Herrera (PAN), José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), Martí Batres Guadarrama (PRD), Luis Miguel Barbosa Huerta (PRD) y Margarita Zavala Gomez del Campo (PAN). Turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

E. La minuta citada en el párrafo anterior, fue presentada en la Cámara de Senadores del 20 de abril de 2004 y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

F. Es el caso que a la fecha, a casi más de siete meses de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y de haber sido enviada al Senado y turnada a las comisiones correspondientes en la Colegisladora, la minuta no ha sido dictaminada, impidiendo con ello continuar el proceso legislativo.

La propuesta del dictamen de referencia pretende otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciativa, contenida en el artículo 71 Constitucional, para que formule las propuestas que reflejen los cambios necesarios para que nuestro órgano jurisdiccional federal, alcance los principios de justicia expedita, competa e imparcial contenidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

Dicha propuesta versa de la siguiente manera:

``Artículo Único: Se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 71.- ...

I. a II. ...

III. A las legislaturas de los Estados, y;1

IV. Al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las materias relativas al ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, así como por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasarán desde luego a comisión.

Las que presentaren los diputados y senadores, se sujetarán a los trámites que designe su ley y su reglamento.''

No debemos olvidar que la Suprema Corte de Justicia se ha consolidado como un órgano colegiado independiente y autónomo, que ha logrado ser un punto de equilibrio entre los órganos políticos y entre los diversos niveles de gobierno en el largo proceso de transición política de nuestro país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado los transformados y nuevos medios de control constitucional, así como los ya consolidados, para obtener una continua racionalización de nuestro orden jurídico, logrando así, que nuestro progreso a una democracia consolidada se haga dentro de los cauces establecidos por la máxima norma de la nación: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este largo proceso, como una consecuencia natural, se generan necesidades de modificación de las estructuras, órganos, procesos y normas que dan vida, no solamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a la totalidad del Poder Judicial de la Federación. Esta necesidad de continuos ajustes queda manifiesta en la larga historia de transformaciones del Poder Judicial.

Ahora bien, el otorgar la facultad de iniciativa al Pleno de nuestro máximo tribunal tiene como finalidad, lograr que el órgano que se encuentra más cerca de los problemas de la justicia, que tiene la capacidad técnica para la elaboración de soluciones y la independencia política para que éstas sean neutrales y funcionales, tenga la posibilidad de participar directamente mediante la formación de iniciativas en el proceso legislativo, lo que indudablemente nos llevará a que el Poder Judicial de la Federación continúe transformándose para alcanzar una mejor administración de justicia, haciéndola más pronta y expedita, optimizando los procesos y lograr con ello órganos mejor estructurados.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición que considero de obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores, que a la brevedad se emita el dictamen correspondiente a la Minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda continuarse el proceso legislativo en los términos de ley.

Nota:

1 Las letras en negrillas, representan las adiciones propuestas al texto vigente.

Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Héctor.

Como lo ha solicitado don Héctor Gutiérrez de la Garza y con el término que él ha solicitado que se utilice, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de obvia resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.

Se considera de obvia resolución. En consecuencia está a discusión la proposición...

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida y se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Con todo respeto comuníquese a la Cámara de Senadores.

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REPUBLICA DE CUBA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer una proposición por la que la Cámara de Diputados se congratula con la comunidad internacional por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos porque la medida se extienda a todo preso de opinión en la República de Cuba.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia, señor Presidente

Durante la pasada oleada represiva en Cuba, ocurrida entre el 18 y el 26 de marzo de 2003, 75 luchadores por la democracia y los derechos humanos fueron encarcelados y sentenciados con penas de 28 años, sumadas estas condenas dan la friolera cantidad de 1,454 años en contra de la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

En esta cacería la policía cubana no incautó más que máquinas de escribir, manuscritos, libros y aparatos de fax, que de acuerdo con las leyes cubanas son peores que armas letales.

Inmediatamente después de este acto atroz y a pesar de que la condena internacional crecía, el gobierno de Cuba enjuició sumariamente a los hombres y mujeres que habían secuestrado un barco en un fallido intento por escapar de la isla. Tres de ellos fueron ejecutados por un escuadrón de fusilamiento sin que mediara juicio alguno.

El rechazo internacional a esta barbarie no se hizo esperar, la Unión Europea, por ejemplo, decidió en junio de 2003, mediante una resolución unánime de sus miembros, limitar las visitas de alto nivel a Cuba, invitar a los disidentes a ceremonias nacionales, a fiestas y reexaminar la posición comunitaria hacia la isla en respuesta a estas flagrantes violaciones al derecho humanitario internacional.

Ante este clamor de las naciones democráticas del mundo, Cuba nos da por fin una buena noticia, la excarcelación de algunos prisioneros de opinión, detenidos durante la segunda oleada represiva. Se trata entre ellos de un icono de la disidencia cubana, ganador del premio UNESCO a la libertad de expresión, el poeta y periodista Raúl Rivero y algunos más.

Los presos fueron liberados, de acuerdo con fuentes oficiales, por motivos de salud, mediante un instrumento denominado licencia extrapenal.

Aunque se habla de más liberaciones, incluso el día de hoy se hace la más reciente de ellas, lo cierto es que no parece existir la decisión de dejar libres a los restantes, tal y como la comunidad internacional lo ha exigido al gobierno de Cuba.

Por eso queremos que como punto de acuerdo, para que no haya más presos por pensar diferente, que suscribamos en congruencia con lo que son los derechos fundamentales, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se congratula con la comunidad internacional, por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos porque la medida se extienda a todo preso de opinión en Cuba.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconoce y felicita al gobierno español que encabeza un esfuerzo de la Unión Europea y la comunidad de naciones democráticas, porque ha conseguido un gran triunfo para las libertades civiles en el país caribeño.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se congratula con la comunidad internacional por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos porque la medida se extienda a todo preso de opinión en Cuba, a cargo del diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se congratula con la comunidad internacional por haber conseguido la liberación de cuatro prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos por que la medida se extienda a todo disidente en Cuba.

Consideraciones

Durante la pasada oleada represiva en Cuba, ocurrida entre 18 y el 26 de marzo de 2003, 75 luchadores por la democracia y los derechos humanos fueron encarcelados y sentenciados con penas que alcanzan los 28 años y que, combinadas, alcanzan para todos una condena de 1454 años de prisión de acuerdo con el cálculo de Human Rights Watch. En esa cacería, la policía cubana no incautó más que máquinas de escribir, manuscritos, libros y aparatos de fax que, de acuerdo con leyes cubanas, son peores que armas letales.

Inmediatamente después de este acto atroz, y a pesar de que la condena internacional crecía, el gobierno de Cuba enjuició sumariamente a los hombres y mujeres que habían secuestrado un barco en un fallido intento por escapar de la isla. Tres de ellos fueron ejecutados por un escuadrón de fusilamiento sin juicios de por medio.

El rechazo internacional a estos actos de barbarie no se hizo esperar. La Unión Europea, por ejemplo, decidió en junio de 2003 mediante una resolución unánime de sus miembros, limitar las visitas de alto nivel a Cuba, invitar a los ``disidentes'' a ceremonias en ocasión de fiestas nacionales y reexaminar la posición comunitaria hacia la isla en respuesta a estas flagrantes violaciones al derecho humanitario internacional.

Ante este clamor de las naciones democráticas del mundo, Cuba nos da por fin una buena noticia: la excarcelación de algunos prisioneros de opinión detenidos durante la segunda oleada represiva. Se trata, entre ellos, de un icono de la disidencia cubana, ganador del premio UNESCO a la libertad de expresión, el poeta y periodista Raúl Rivero y algunos comunicadores más.

Los presos fueron liberados, de acuerdo con fuentes oficiales, por motivos de salud mediante un instrumento denominado licencia extrapenal. Aunque se habla de más liberaciones, lo cierto es que no parece existir la decisión de dejar libres a los restantes, tal y como la comunidad internacional lo ha exigido al gobierno de Cuba.

Sin duda, este es un paso importante que nos recuerda la importancia de la acción colectiva internacional a favor de los derechos humanos en países que aún no alcanzan la democracia. No obstante, el reclamo internacional por la liberación de los llamados prisioneros de conciencia que siguen viviendo las condiciones infrahumanas de las cárceles cubanas, según han denunciado los ya liberados, es más vigente que nunca. Es de la mayor importancia resaltar que deben ser liberados todos los prisioneros de conciencia en Cuba no por las condiciones de salud en que estos se hallen sino por el derecho que les asiste a disentir pacíficamente de la opinión de su gobierno sobre la situación general de su país.

No hay que olvidar que Cuba es el país del mundo con más periodistas encarcelados, de acuerdo con los datos proporcionados por Reporteros sin Fronteras, el país con más presos de conciencia y, también, el único país del mundo que no permite a la Cruz Roja Internacional inspeccionar las condiciones en que se encuentran sus cárceles, según información de Amnistía Internacional.

El Estado no tienen el imperio sobre la conciencia. Es condición básica de la vida en libertad el respeto a la libertad de conciencia de los otros, y las opciones de las otras conciencias libres.

De ahí que nos manifestemos a favor del clamor universal: ¡No más presos por pensar diferente!

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se congratula con la comunidad internacional por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos por que la medida se extienda a todo preso de opinión en Cuba.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita al gobierno español, que encabezando un esfuerzo de la Unión Europea y la comunidad de naciones democráticas, ha conseguido un gran triunfo para las libertades civiles en el país caribeño.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Rodrigo Iván Cortés Jiménez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Por lo tanto, no se considera de urgente resolución y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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TRANSPORTE METROPOLITANO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo, en referencia al problema del transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México.

El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día de hoy quiero distraer su atención sobre un asunto preocupante para los habitantes del valle de México, una problemática que no es exclusiva del Distrito Federal, sino de las ciudades que comparten territorio con otras entidades federativas o municipios, me refiero al problema del transporte y sus manifestaciones metropolitanas.

En días recientes diversas movilizaciones sociales desembocaron en el exterior de este recinto legislativo, reclamando la extensión del Sistema de Transporte Colectivo Metro hacia el estado de México, se ha hecho patente así, más allá de las motivaciones políticas y la identidad partidista de esos grupos, el reclamo de muchos ciudadanos que habitan en la periferia del Distrito Federal, debido a una creciente necesidad de transporte, para trasladarse de sus áreas de origen hacia sus centros de trabajo o de estudio.

Se calcula que todos los días, entre 3.5 y 4 millones de personas, que tienen como lugar de residencia el estado de México, deben trasladarse al Distrito Federal y regresar al cabo del trabajo a sus lugares de origen, provenientes de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Cuautitlán y Tultitlán, principalmente, esos millones de personas asumen riesgos para llegar hasta sus centros de trabajo y volver a sus hogares por las noches.

Para quienes como un servidor, somos representantes del estado de México, es como un escuchar las peticiones y demandas de grupos de colonos y de personas que quieren más y mejor transporte, para llegar seguros y a tiempo hacia sus lugares de trabajo y de vuelta hacia sus hogares.

Es una demanda sentida, si calculamos que en ocasiones el tiempo de traslado de un viaje redondo, puede llevarse en promedio entre dos y media y tres horas todos los días. Es el tiempo y son los recursos que los mexiquenses gastan diariamente, por la insuficiencia de un sistema de transporte colectivo, económico y de bajo impacto ambiental, accesible y suficiente.

Se debe considerar también que cada día la transportación hacia la periferia de la Ciudad de México, se ha vuelto una circunstancia de riesgo por la creciente atmósfera, inseguridad y criminalidad.

Compañeras y compañeros, necesitamos encontrar los instrumentos presupuestales, tecnológicos y de estructura para ayudar a vivir a la creciente problemática de transporte metropolitano, en virtud de todo lo anterior, me permito someter a la consideración de este honorable pleno, una proposición como

Punto de Acuerdo

Primero. Que con pleno respeto a la soberanía del estado de México, el Distrito Federal se solicita respetuosamente a los gobiernos estatales señalados, para que en el marco de sus atribuciones, realicen los estudios técnicos y financieros necesarios, que busquen alternativas para la resolución a la problemática del transporte metropolitano y del valle de México.

Segundo. Que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y el Distrito Federal y de Transportes de la Cámara de Diputados, nombren a una subcomisión, a efecto de que se entrevisten con los gobiernos citados y puedan cambiar puntos de vista para solucionar este problema.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, referente al problema del transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día de hoy quiero distraer su atención, sobre un asunto preocupante para los habitantes del Valle de México. Una problemática que no es exclusiva del Distrito Federal, sino de las ciudades que comparten territorio con otras entidades federativas o municipios.

Me refiero al problema del transporte y sus manifestaciones metropolitanas.

En días recientes diversas movilizaciones sociales desembocaron en exterior de este Recinto Legislativo reclamando la extensión del sistema de trasporte colectivo (Metro), hacia el estado de México.

Se ha hecho patente así, más allá de las motivaciones políticas y la identidad partidista de esos grupos, el reclamo de muchos ciudadanos que habitan en la periferia del Distrito Federal, debido a una creciente necesidad de transportarse desde sus lugares de origen hacia sus centros de trabajo o estudios.

Se calcula que todos los días entre 3.5 y 4 millones de personas, que tienen como lugar de residencia el Estado de México, deben trasladarse hacia el Distrito Federal y regresar al cabo de la jornada a sus lugares de origen.

Provenientes de Ecatepec, Naucalpan, Tlalneplantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Cuautitlán y Tultitlán, principalmente; esos millones de personas asumen riesgos para llegar hasta sus centros de trabajo y volver a sus hogares por las noches.

Para quienes, como un servidor somos representantes del Estado de México, es común escuchar las peticiones y demandas de grupos de colonos y de personas que quieren más y mejor transporte para llegar seguros y a tiempo hacia sus lugares de trabajo o de vuelta a sus hogares.

Es una demanda sentida si calculamos que en ocasiones el tiempo de traslado (de un viaje redondo), puede llevarse en promedio entre dos y media y tres horas, todos los días.

Es el tiempo y son recursos que los mexiquenses gastan diariamente por la insuficiencia de un sistema de trasporte colectivo moderno, económico, de bajo impacto ambiental, accesible y suficiente.

Se debe considerar también que cada día, la transportación de o hacia la periferia de la Ciudad de México se ha vuelto una circunstancia de riesgo por la creciente atmósfera de inseguridad y criminalidad.

Asaltos y robo a pasajeros son también comunes porque la delincuencia aprovecha justamente el tránsito de una entidad a otra y los límites territoriales para realizar los actos criminales en menoscabo de la economía y los ingresos de quienes deben utilizar el trasporte público.

Un problema adicional lo viene a constituir el surgimiento cotidiano de prestadores de servicios irregulares, que si bien contribuyen a la dotación del servicio de trasporte lo hacen al margen de la normatividad vigente y con riesgos para los propios pasajeros.

Todos estos fenómenos han comenzado a reproducirse en otros lugares del país, en ciudades que por su población y concentración de actividades económicas obligan a un importante número de personas a trasladarse todos los días. Son los casos de ciudades como Guadalajara, Toluca, Puebla y Monterrey entre otras.

No se trata aquí, en ningún caso, de responsabilizar en exclusiva a los gobiernos del Estado de México o del Distrito Federal de toda esta problemática.

Se trata de llamar su atención sobre la urgente necesidad de organizar, y en su caso consolidar, un sistema de trasporte metropolitano acorde con los requerimientos del Valle de México y si se piensa más ampliamente, de las grandes ciudades del país.

Necesitamos encontrar los instrumentos presupuestales, tecnológicos y de infraestructura que ayuden a aliviar la creciente problemática del trasporte metropolitano.

La solución pareciera estar en la búsqueda de alternativas de transportación masiva de bajo impacto medioambiental y de amplia capacidad de traslado. Las experiencias del trasporte colectivo tales como el Metro y el tren ligero, pudieran ser las respuestas.

En virtud, de todo lo anterior, me permito someter a la consideración de este honorable pleno una proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Que con pleno respeto a la soberanía del Estado de México y del Distrito Federal se solicita respetuosamente a los Gobiernos antes señalados para que en el marco de sus atribuciones, realicen estudios técnicos y financieros necesarios; y busquen alternativas para la solución del problema del transporte metropolitano en el Valle de México.

Segundo.- Que se solicite a los Gobiernos mencionados a que, con base en los planes y programas proyectados, se agilicen y difundan los trabajos para construcción de los sistemas de trasporte colectivo metropolitano que en la actualidad se realizan, con el objetivo de enterar a la ciudadanía y a la opinión pública de sus alcances.

Tercero.- Que los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, Distrito Federal y Transportes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, nombren una subcomisión a efecto de que se entrevisten con los gobiernos citados y puedan intercambiar puntos vista en cuanto a sistemas de trasporte colectivo metropolitano.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, San Lázaro, México Distrito Federal.--- Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Javier Salinas Narváez.

Como está comunicado se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición.

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera la proposición suficientemente discutida y se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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COMISION ESPECIAL PARA EL CAMPO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rómulo Cárdenas Vélez, integrante de la Comisión Especial para el Campo, para una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Especial para el Campo tenga vigencia hasta concluir la LIX Legislatura.

El diputado Rómulo Cárdenas Vélez: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante señor diputado don Rómulo Cárdenas.

El diputado Rómulo Cárdenas Vélez: Compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, Rafael Galindo Jaime, Miriam Arabián, Valentín González, Presidente, secretarios y el suscrito, Rómulo Cárdenas Vélez, integrantes de la Comisión Especial para el Campo, nos permitimos someter a la consideración el presente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El campo mexicano se caracteriza por una amplia heterogeneidad productiva, una grave dispersión social con una economía en peligro de generar estallidos sociales, marcado deterioro de los recursos naturales. Aunado a lo anterior, se suma el arraigado minifudismo de la tierra ejidal, amplias regiones en pobreza extrema y niveles vergonzantes de desnutrición. Para transformar estas condiciones se requiere de un Estado activo en la economía fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado, con una visión integral de largo plazo que contribuya al desarrollo rural, integral y sustentable, con especial atención en las regiones marginadas y exclusivas donde sobreviven los mexicanos con pobreza extrema.

Del año 2000 a la fecha, los acontecimientos más importantes para el campo lo han sido la publicación de la Ley de Desarrollo Rural y el Acuerdo Nacional para el Campo. La primera es el marco jurídico para iniciar un proceso para mejorar las condiciones económicas y sociales del campo, el segundo se concibe como el instrumento que comprende las acciones sustantivas para contar con políticas del campo. Es por ello que esta comisión desempeña una tarea muy importante de evaluación sobre los numerales y su permanencia resulta necesaria, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el Acuerdo Nacional Para el Campo es producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el Gobierno Federal, su vigencia se estableció durante toda la administración del presidente Vicente Fox.

Segunda. Que los avances en el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo son parte de las dependencias federales aún son muy limitadas.

Tercera. Que la problemática general del campo mexicano requiere de un requerimiento puntual establecidas en dicho acuerdo, a fin de asegurar el bienestar de los productores mexicanos.

Cuarta. Que debe existir una instancia de la honorable Cámara de Diputados que se encargue de la evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita al pleno de la honorable Cámara de Diputados apruebe la continuación de los trabajos de la Comisión Especial para el Campo, toda vez que no se han cumplido plenamente los objetivos encomendados.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Especial para el Campo tenga vigencia hasta concluir la LIX Legislatura, presentada por el diputado Rómulo Cárdenas Vélez, integrante de la Comisión Especial para el Campo, en la sesión del martes 7 de diciembre de 2004

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Especial para el Campo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Convergencia, en uso de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta H. asamblea el presente punto de acuerdo, para la continuidad de la Comisión Especial para el Campo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El campo mexicano de hoy es totalmente diferente del de la Revolución de 1910, del de la Reforma Agraria de 1936 y del correspondiente al periodo 1950-1980. Hoy, nuestro campo está siendo avasallado por los efectos de la globalidad y la marcada desigualdad en el desarrollo regional, que ha propiciado el atraso, la marginación y la exclusión social de la mayoría de las familias del campo.

Durante décadas, los programas gubernamentales no han contenido elementos programáticos ni presupuestales suficientes que fomentaran el desarrollo económico y social del campo mexicano.

Ello ha obligado a millones de campesinos a abandonar sus tierras y, en muchos casos, a sus familias. Esta situación se agrava más principalmente entre la población indígena, al no contar en sus lugares de origen con ninguna alternativa de subsistencia. Ante esta realidad, prácticamente este extracto de la sociedad está siendo expulsado a las grandes ciudades, donde ha pasado a formar parte de los cinturones de miseria; o bien, ha emigrado hacia el extranjero en calidad de indocumentado, arriesgando su vida y --en muchos casos-- muriendo en el intento.

Por otro lado, existen en el país por lo menos 10 millones de campesinos que viven en la economía de subsistencia y miles de ellos aun por abajo de ese nivel.

A partir de los años setenta y principios de los ochenta, el gobierno implantó algunos programas para lograr la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos, pero sólo quedó en buenas intenciones.

Durante los años noventa se llevaron a cabo las modificaciones del artículo 27 constitucional y se establecieron la globalización y la apertura comercial, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, causando graves daños a la agricultura social, principalmente por la falta de programas para la reactivación productiva y subsidios diferenciados que permitieran la competitividad del sector ante nuestros socios comerciales de América del Norte.

Derivado de lo anterior, es importante destacar que las reformas constitucionales y la apertura comercial han causado graves estragos a la agricultura tradicional y de subsistencia del país, que ocupan la mayor parte del suelo destinado a fines agropecuarios, mientras que --por otra parte-- fue favorecida una minoría de agricultores que concentra la mayor parte de las exportaciones de productos agropecuarios.

Actualmente, el campo mexicano se caracteriza por una amplia heterogeneidad productiva y una grave dispersión social, con una economía en peligro de generar estallidos sociales y un marcado deterioro de los recursos naturales. A lo anterior se suma un arraigado minifundismo de la tierra ejidal, amplias regiones en pobreza extrema y niveles vergonzantes de desnutrición.

Para lograr lo anterior se requiere un Estado activo en la economía, fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado, con una visión integral de largo plazo que contribuya al desarrollo rural, integral y sustentable, con especial atención a las regiones marginadas y excluidas donde sobreviven los mexicanos en pobreza extrema. Un Estado responsable, eficaz, evaluable por sus resultados, solidario con la sociedad rural, honesto en el manejo de los recursos públicos y comprometido con la organización para el desarrollo rural de los productores.

Estos compromisos económicos y sociales fueron plasmados en la Constitución Política de 1917, manteniéndose vigentes hasta la fecha.

El artículo 25 constitucional registra las siguientes obligaciones del Estado mexicano:

1. La rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

2. El fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución de la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

3. El sector público, el sector social y el sector privado concurrirán con responsabilidad social.

4. Bajo criterios de equidad social y productividad apoyará o impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía.

5. La reglamentación de los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos, las comunidades agrarias y los trabajadores.

Por su parte, la fracción XX del artículo 27 constitucional insiste en que:

1. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra.

2. Expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Del año 2000 a la fecha, los acontecimientos más importantes para el campo lo han sido la publicación de la Ley de Desarrollo Rural y del Acuerdo Nacional para el Campo:

La Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable fue concebida como el marco jurídico para iniciar un proceso para mejorar las condiciones económicas y sociales del campo, pero requiere en primer término que se expida su reglamentación, donde se establezcan los sistemas, servicios y fondos que se mandatan, la estructura de coordinación y el Programa de Soberanía Alimentarla, en los cuales poco se ha avanzado y además es necesaria su revisión para proveer los objetivos para la reactivación productiva del minifundio y el desarrollo rural integral en beneficio de las familias que viven principalmente en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Acuerdo Nacional para el Campo, que se presentó como la mejor opción operativa para la reactivación del medio rural en lo inmediato, mediano y largo plazo, aún no ha logrado llevar a cabo las acciones sustantivas que permitan la redefinición de las políticas del campo, contenidas en el principios rectores, reforma estructural y la soberanía alimentaria; además, están pendientes importantes aspectos, como

a) Redefinición de políticas de fomento productivo, desarrollo económico y desarrollo social;

b) Agenda legislativa integral;

c) Planeación;

d) Prioridad del presupuesto agropecuario y presupuestos multianuales; y

e) Redefinir los porcentajes de apoyo de los programas para los militantes de las organizaciones campesinas firmantes del Acuerdo.

En materia de intercambio comercial, no se ha realizado el análisis del impacto del TLCAN en el sector agropecuario y menos su revisión como es estableció en el Acuerdo Nacional para el Campo, ni la definición de la política de cupos de importación, y lo mismo sucede en la defensa contra prácticas desleales de comercio y en lo referente a las negociaciones comerciales internacionales y en los planteamientos de cooperación internacional.

Para el financiamiento al campo no hay disposición de la SHCP para definir el sistema financiero rural que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata, y en el análisis actual destacan las quejas sobre la limitada operación de la Financiera Rural, el fuerte apoyo financiero que el FIRA otorga a la banca comercial y la poca disposición de éstos para apoyar a los pequeños productores con potencial productivo, y la poca disposición de FIRA para abrir a los productores sus opciones de intermediarlos financieros exitosos (Agentes Procrea). Destaca el exceso de recursos que maneja el Focir y los pobres resultados que presenta.

Consideraciones

La permanencia de la Comisión Especial para Campo se justifica plenamente por las razones siguientes:

Primera. Que el Acuerdo Nacional para el Campo es el primer instrumento en la historia del país, producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el Gobierno Federal, para construir una política de Estado para el campo y su vigencia se estableció durante toda la administración del Presidente Vicente Fox Quesada.

Segunda. Que la mayor parte de la sociedad rural, funcionarios federales, estatales y municipales, desconocen la existencia del Acuerdo Nacional para el Campo, por esta razón es de suma importancia que la H. Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial para el Campo, lleve a cabo un amplio programa de difusión del Acuerdo.

Tercera. La participación de la sociedad civil, quedó de manifiesto en los tres foros regionales, el taller de evaluación realizado en las instalaciones de la H. Cámara y en los trabajos de evaluación donde participaron: académicos, investigadores, dirigentes sociales, de la iniciativa privada y la representación de los gobiernos estatales a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y que sin duda vendrán a contribuir de manera significativa para la construcción de ``una política de Estado para el campo mexicano''.

Cuarta. Que las actividades de la Comisión se llevaron a cabo en un marco de respeto, colaboración y consensos con los diputados de los grupos parlamentarios que participaron y que a pesar del tiempo tan ilimitado los resultados son satisfactorios, como se puede observar en los informes de actividades operativas, de resultados y conclusiones.

Quinta. Que los avances en el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, por parte de las dependencias federales encargadas de su ejecución son aún muy limitados.

Sexta. Que a pesar del corto tiempo de vigencia de esta Comisión que fuera del 18 de marzo al 30 de noviembre del presente año, los resultados y conclusiones obtenidos nos permiten visualizar con toda claridad el estado en que se encuentre el cumplimiento de los 282 numerales del acuerdo, la problemática general del campo mexicano y las recomendaciones que son impostergables para construir una verdadera política de Estado para el campo mexicano, que tenga como propósito garantizar la soberanía alimentaría para el pueblo de México.

Séptima.- Que los legisladores federales integrantes de la Comisión Especial para el Campo, consideramos que más allá de las diferencias ideológicas y posturas políticas, es necesario alcanzar consensos para atender al campo mexicano.

Octava.- Que los trabajos realizados por esta Comisión, sólo son el inicio para establecer los mecanismos que nos permitan avanzar de manera urgente, en las reformas estructurales y al marco legal para el sector agropecuario, por ello, es importante que el Pleno de la H. Cámara de Diputados, considere la continuación de la Comisión Especial para el Campo, ya que los objetivos para los que fue creada aún no se han agotado ni se está al final de la LIX Legislatura como lo dispone el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Novena. Que debe existir una instancia de la H. Cámara de Diputados que se encargue de la evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, del avance en las reformas estructurales y la adecuación del marco jurídico para el campo mexicano, para en concurrencia y con pleno respeto a los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal, entidades federativas y Comisiones Unidas del Sector Agropecuario de la Cámara de Diputados; la Comisión Especial para el Campo continúe con sus trabajos, hasta el término de la LIX Legislatura para coordinar las reuniones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y ser enlace con las organizaciones campesinas y de productores, e instituciones de investigación en relación con las atribuciones que mandató el acuerdo que creó esta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se amplía la vigencia de la Comisión Especial para el Campo durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2006.

Segundo. Se amplía el objeto que creó la Comisión Especial para el Campo, dotándola de mayores facultades para conocer de todos los aspectos relacionados con el Acuerdo Nacional para el Campo.

Tercero. Se ratifica el nombramiento de la actual Mesa Directiva.

Cuarto. De igual forma, se ratifica a los integrantes de la Comisión y la sustitución de los CC. diputados Gonzalo Rodríguez Anaya y Guadalupe Jacqueline Argüelles Guzmán.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a los siete días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión Especial para el Campo. Diputados: Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Presidente; Myriam Arabian Couttolenc, Valentín González Bautista, secretarios; José Lamberto Díaz Nieblas, Alejandro Saldaña Villaseñor, Juan Bustillos Montalvo, Sofía Castro Ríos, Gaspar Ávila Rodríguez, Lázaro Arias Martínez, José Mario Wong Pérez, Armando Rangel Hernández, María Guadalupe García Velasco, Raúl Rogelio Chavarría Salas, Rubén Alfredo Torres Zavala, Rómulo Cárdenas Vélez, Miguel Luna Hernández, Pascual Sigala Páez, Víctor Suárez Carrera, Joel Padilla Peña (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Rómulo Cárdenas Vélez.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición que tiene por objeto que en la sesión del día 9 de diciembre de 2004, un integrante de cada grupo parlamentario de esta Cámara de Diputados emita un posicionamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró que el día 10 de diciembre se instituyera como el Día Internacional de los Derechos Humanos. El fortalecimiento de los derechos humanos es uno de los principales compromisos internacionales adquiridos a lo largo de los años, entre otros, mediante la ratificación de diversos instrumentos vinculantes. En este sentido, el Estado mexicano requiere de dinamismo en la esfera legislativa, pues ésta afecta cada uno de los actos de la vida de las personas y de las instituciones.

En el siglo XXI tenemos que aprender a cumplir la promesa de que los derechos humanos son universales e indivisibles, por ello es fundamental que fortalezcamos nuestra lucha de manera simultánea en todos los frentes contra todas las formas de opresión, violencia y tortura, contra la pobreza, contra la restricción de los derechos políticos, contra todas las formas de discriminación.

Los adultos mayores, las mujeres y los hombres indígenas, los niños, niñas y adolescentes, los migrantes, los que viven con capacidades diferentes entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, precisan de políticas públicas e instrumentos jurídicos que garanticen su vida con pleno respeto a los derechos humanos.

El Congreso de la Unión es una de las instituciones democráticas y plurales que tiene la obligación y compromiso ineludibles de perfeccionar nuestro marco jurídico nacional.

Dadas las facultades que tiene la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados, para organizar todos aquellos actos que impulsen y promuevan la cultura de los derechos humanos entre los mexicanos y mexicanas y fundamentalmente, porque en estos momentos estamos dictaminando en conferencia con el Senado de la República, una serie de iniciativas para elevar a rango constitucional los derechos humanos, es que tenemos la responsabilidad de que el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se constituya una reflexión comprometida con el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país.

Por lo anterior proponemos como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que en la sesión del día 9 de diciembre de 2004, un integrante de cada grupo parlamentario de esta honorable Cámara de Diputados, emita un posicionamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La firman la diputada Eliana García Laguna, la diputada Leticia Gutiérrez Corona, la diputada Rebeca Godínez y Bravo y el diputado Francisco Valdez de Anda. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en la sesión del 9 de diciembre de 2004 un integrante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados emita un posicionamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del PRI

Antecedentes

Primero.- En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró que el día 10 de diciembre se instituyera como el ``Día Internacional de los Derechos Humanos''.

Esta celebración -de carácter mundial- tiene por objeto la defensa de los derechos humanos y busca la interacción y colaboración entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales con el fin de educar a la población en el conocimiento de los derechos propios de los individuos y, de esta manera, conseguir superar los obstáculos que impiden a todos los seres humanos gozar plenamente de estos derechos.

El fortalecimiento de los derechos humanos es uno de los principales compromisos internacionales adquiridos a lo largo de los años, entre otros, mediante la ratificación de diversos instrumentos vinculantes. En ese sentido, el Estado mexicano requiere de dinamismo en la esfera legislativa, pues ésta afecta cada uno de los actos de la vida de las personas y de las instituciones.

Recordemos que el Estado mexicano ha asumido diversos compromisos internacionales que lo comprometen a armonizar su legislación interna con las normas de derecho internacional de los derechos humanos aceptadas por él mismo a fin de que sean acordes y efectivas en su cumplimiento.

Segundo.- Por ese motivo, y con base en la Declaración emitida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, México adicionó el Apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la protección y defensa de los derechos humanos desde el 28 de enero de 1992.

Con esta reforma se facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de los derechos humanos y formulara recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias.

A pesar de ello, y todos los avances en la materia, habremos de reconocer que en nuestro país existen aún importantes carencias y rezagos que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Tercero.- Esta celebración, además de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos permitirá reflexionar sobre los retos y compromisos que habremos de asumir en el contexto nacional e internacional para dignificar la vida en sociedad y garantizar el respeto de las garantías que emanan de nuestra Constitución Política.

En el siglo XXI tenemos que aprender a cumplir la promesa de que los derechos humanos son universales e indivisibles. Para ello es fundamental que fortalezcamos nuestra lucha de manera simultánea en todos los frentes contra todas las formas de opresión, violencia y tortura, contra la pobreza, contra la restricción de los derechos políticos, contra todas las formas de discriminación.

Los adultos mayores, las mujeres y los hombres indígenas, los niños, niñas y adolescentes, los migrantes, los que viven con capacidades diferentes, -entre otros grupos en situación de vulnerabilidad- precisan de políticas públicas e instrumentos jurídicos que garanticen su vida con pleno respeto a sus derechos humanos.

El Congreso de la Unión, es una de las instituciones democráticas y plurales que tiene la obligación y compromiso ineludibles de perfeccionar nuestro marco jurídico nacional.

Dadas las facultades que tiene la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta H. Cámara de Diputados para organizar todos aquellos actos que impulsen y promuevan la cultura de los derechos humanos entre los mexicanos y, fundamentalmente, porque en estos momentos estamos dictaminando en conferencia con el Senado de la República una serie de Iniciativas para elevar a rango constitucional los derechos humanos es que tenemos la responsabilidad de que el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se constituya en una reflexión comprometida con el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país.

Por lo anterior, proponemos el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.

Resolutivo

Único.- Que en la sesión del día 9 de diciembre de 2004, un integrante de cada grupo parlamentario de esta honorable Cámara de Diputados, emita un posicionamiento sobre la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de diciembre de dos mil cuatro.--- Diputadas: Eliana García Laguna, Leticia Gutiérrez Corona, Rebeca Godínez y Bravo (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Rebeca Godínez y Bravo.

Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión... Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida y por lo tanto se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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BIOGAS Y LOMBRICULTURA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición por la que se exhorta a las autoridades de los 3 órganos de gobierno a promover la producción de biogás y la lombricultura siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.

La diputada María Antonia García Sanjinés: Con su venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante doña María Antonia.

La diputada María Antonia García Sanjinés: Los recursos naturales están confiados a la administración común de la humanidad para que tenga cuidado de ellos, los domine mediante su trabajo y se beneficie de sus frutos.

Este principio se conoce como el destino universal de los bienes. Estos bienes están destinados a todo el género humano, no exclusivamente a los de una sola época.

Es por ello que se hace imperativo el cuidado de los recursos naturales a efecto de que mediante esta solidaridad entre generaciones, nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de estos bienes como nosotros lo hemos hecho.

Por esta razón, es importante que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno promuevan los proyectos tecnológicos que sean respetuosos de los recursos naturales, que sean fieles a este principio como es el caso de la producción de biogás y la lombricultura que está siendo implementada por el ayuntamiento panista de la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

El objetivo del proyecto de biogás es utilizar desechos orgánicos como rumen, estiércol de res y cerdo, desperdicios orgánicos domésticos de mercados, etcétera, para generar este producto.

De este modo se propicia sustituir los combustibles comunes como gas natural, diesel, gas LP y gasolina, por biogás en calderas recipientes a fuego directo, autobuses y automóviles y así disminuir la carga de contaminación ambiental.

En Tampico, Tamaulipas, se está utilizando esta forma de energía alterna dentro del rastro municipal, al aplicarlo para la quema del pelo de cerdo y de esta forma se está ahorrando al no tener que comprar gas LP.

El otro caso, la lombricultura, es una biotecnología que utiliza una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo que recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este proceso humus, carne y harina de lombriz. Su objetivo general es utilizar los residuos orgánicos de rumen y estiércol generados en la planta de sacrificio animal de la ciudad de Tampico, como alimentos de lombriz roja californiana para generar productos de alto valor comercial y ambiental como lo son: el humus de lombriz, bioabono y la misma lombriz. El humus de lombriz se utiliza como base de la agricultura orgánica en viveros y hortalizas, en cultivos perennes, agrícolas y forestales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se exhorte a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a que promuevan la producción de biogás y la lombricultura, siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.

Segundo. Recomendar a las comisiones de Agricultura, de Energía y de Salud que analicen el tema y lo incorporen en sus respectivas agendas de trabajo, a efecto de emitir opiniones sobre los beneficios de esta tecnología.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a promover la producción de biogás y la lombricultura siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del PAN

La de la voz, diputada federal de la LIX Legislatura de esta honorable Cámara, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta honorable asamblea la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que promuevan la producción de biogás y la lombricultura siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los recursos naturales están confiados a la administración común de la humanidad para que tenga cuidado de ellos, los domine mediante su trabajo y se beneficie de sus frutos.

Este principio se conoce como el destino universal de los bienes. Estos bienes están destinados a todo el género humano. No exclusivamente a los de una sola época.

Por ello se hace imperativo el cuidado de los recursos naturales, a efecto de que mediante esta solidaridad entre generaciones, nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de estos bienes como nosotros lo hemos hecho.

Por esta razón, es importante que las autoridades de los tres órdenes de gobierno promuevan los proyectos tecnológicos que sean respetuosos de los recursos naturales, que sean fieles a este principio, como es el caso de la producción de biogás y la lombricultura que está siendo implementado por el ayuntamiento panista de la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

El objetivo del proyecto de biogás es utilizar desechos orgánicos como rumen, estiércol de res y cerdo, o desperdicios orgánicos domésticos o de mercados para generar este producto.

De este modo, se propicia sustituir los combustibles comunes como gas natural, diesel, gas LP y gasolina, por biogás en calderas, recipientes a fuego directo, autobuses y automóviles, y así disminuir la carga de contaminación ambiental.

En Tampico, Tamaulipas, se está utilizando esta forma de energía alterna dentro del rastro municipal al aplicarlo para la quema del pelo de cerdos, y de esta forma se está ahorrando al no tener que comprar gas LP.

El otro caso, la lombricultura es una biotecnología que utiliza una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo que recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este proceso humus, carne y harina de lombriz.

Su objetivo general es utilizar los residuos orgánicos de rumen y estiércol generados en la planta de sacrificio animal de la ciudad de Tampico como alimento de lombriz roja californiana, para generar productos de alto valor comercial y ambiental como lo son el humus de lombriz (bioabono) y la misma lombriz.

El humus de lombriz se utiliza como base de la agricultura orgánica, en viveros y hortalizas, en cultivos perennes agrícolas y forestales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se exhorte a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que promuevan la producción de biogás y la lombricultura siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.

Segundo. Recomendar a las Comisiones de Agricultura, de Energía, y de Salud que analicen el tema y lo incorporen en sus respectivas agendas de trabajo, a efecto de emitir opiniones sobre los beneficios de esta tecnología.

Dip. María Antonia García Sanjinés (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña María Antonia García Sanjinés. Túrnese el documento a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Energía y de Salud.

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SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición por la que se solicita se realice la fiscalización de los recursos públicos en custodia del servicio de administración y enajenación de bienes.

El diputado Tomás Cruz Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Tomás Cruz.

El diputado Tomás Cruz Martínez: Compañeros diputados:

El punto que quiero plantear a la Comisión de Vigilancia, tiene relación con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el cual como todos sabemos depende de la Secretaría de Hacienda, que ha absorbido funciones, responsabilidades del fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito, así como del Servicio de Administración de Bienes Asegurados de la Administración de Destinos y Bienes del SAT, de la Dirección General de Activos no Monetarios de la Tesorería de la Federación y de la Unidad de Desincorporación de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, sabemos de un procedimiento legislativo en trámite que ya fue aprobado en el Senado, para dejar aún más fortalecido este organismo y poder dar orden a los bienes asegurados. El propósito es el de llamar la atención sobre el desorden que hemos advertido varios diputados del PRD en la administración de bienes de esta institución descentralizada de Hacienda.

Recientemente acudimos a hacer un trámite en los términos de los procedimientos de esta institución con presidentes municipales de varios lugares del país y la sorpresa que nos llevamos con quien se encuentra al frente de la institución, por boca de él mismo es: ``que no conoce el estado que guardan los bienes que se encuentran salvaguardados en esa institución y que por lo tanto, no puede dar trámite a las solicitudes de adjudicación de bienes que hicieron varios alcaldes del país''.

La negativa a la información puede ser lo de menos; lo grave es que de ser cierto, el fortalecimiento que se está haciendo a través de las modificaciones a la ley de esta institución, no se reflejan en un orden y en una administración adecuada .

Por tal razón solicitamos, proponemos a la Comisión de Vigilancia, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mandata a la Comisión de Vigilancia y Fiscalización para que ésta instruya a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se auditen los bienes incautados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33, fracción VIII y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Eso es todo, muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se fiscalicen los recursos públicos en custodia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que asegurar bienes constituye una facultad fundamental del Ministerio Público de la Federación y de los órganos jurisdiccionales federales para la investigación de los delitos, la integración de las averiguaciones previas y el debido desarrollo de los procesos penales. La custodia de los bienes será hasta en tanto se resuelve por el Poder Judicial de la Federación, sobre la devolución, abandono o decomiso de los bienes asegurados.

La gran diversidad, naturaleza y características de los bienes asegurados: dinero en efectivo, títulos de crédito, acciones de sociedades, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos, inmuebles, especies de flora y fauna protegidas, obras de arte, alhajas, muebles, empresas, etcétera, implican un alto grado de dificultad en su registro y control, generando importantes gastos para su custodia, conservación y administración por parte del erario público federal.

No obstante lo anterior, las autoridades que practican los aseguramientos no cuentan con los elementos necesarios para realizar una adecuada custodia y administración. En consecuencia, ante la ausencia de sistemas de control, los bienes asegurados se deterioran, se pierden o se destruyen, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de aseguramiento y además en gastos innecesarios con cargo al Presupuesto Público.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El SAE entró en vigor el 17 de junio del 2003 y absorbió las funciones del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. También el organismo, absorbió las responsabilidades y funciones del Servicio de Administración de Bienes Asegurados SERA, de la Administración de Destino de Bienes del SAT, de la Dirección General de Activos No Monetarios de la Tesofe y de la Unidad de Desincorporación de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.

Sin embargo, recientemente se ha podido constatar que los patios y bodegas de distintas aduanas están llenos de mercancías decomisadas, sin que las autoridades definan su destino. La mercancía ha sido decomisada por ser pirata, de dudosa procedencia o es producto de dación de pagos fiscales, y se encuentra también en los almacenes de la PGR y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tráileres, camiones, automóviles, aviones, químicos, licores, tela, ropa, zapatos, computadoras, artículos de oficina o del hogar llegan en buen estado, pero salen, en su mayoría, como chatarra, sin ningún provecho para el erario público. El destino que marca la ley para esta mercancía es destrucción, venta, donación y subasta a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

En este contexto, al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados se acercaron recientemente, un grupo conformado por diversas autoridades del Estado de México, entre las que se encuentran algunos presidentes municipales, para plantear distintos problemas, que se enumeran enseguida:

Solicitud de un inmueble consistente en terreno de aproximadamente 3 hectáreas, dentro del municipio de Tultitlán, bien que será destinado a la construcción del Hospital de asistencia social que beneficie directamente al sector más necesitado en el rubro del servicio de salud.

La donación de 5 maquinas desbrosadoras, una motosierra, 5 maquinas podadoras, 10 sapapicos, 10 carretillas, guantes de carnaza, botas de plástico y overoles para proteger al personal que realiza estas labores, del municipio de San Mateo Atenco.

Solicitud de 2 camionetas pick-up para el servicio de seguridad pública, 3 camiones de 12 toneladas, para el servicio de limpia, 3 camiones de volteo, 10 coches, para diferentes áreas de dirección, 2 motoconformadoras, 2 retroexcavadoras, 2 camiones de 12 toneladas tipo pipa, 10 computadoras, para las diferentes áreas administrativas. Así como equipamiento de mobiliario y equipo para 25 oficinas, del Municipio de Tejupilco.

Se debe destacar que no obstante la importancia de estas peticiones hasta la fecha no se cuenta con una respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda o por parte de Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, lo que pone de manifiesto el desorden administrativo que priva en dichas dependencias.

Por otra parte, la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, se encarga de hacer transparente el régimen de administración de bienes asegurados, de eficientar su manejo, y posibilitar que ingresen al patrimonio del Estado en las mejores condiciones para ser aprovechados.

La ley establece de igual forma los lineamientos que se deberán seguirse al momento de practicar un aseguramiento de bienes por los Agentes del Ministerio Público de la Federación con el auxilio de la Policía Judicial Federal, o bien, por los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad judicial para practicar la diligencia.

Asimismo, la Ley define la administración de bienes asegurados como la actividad que comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión y establece que la utilización o enajenación de bienes asegurados sólo podrá realizarse en los casos expresamente previstos en la misma.

La regulación de la administración, utilización y destino de los bienes asegurados modificó sustancialmente el régimen de operación, partiendo de la base de que una vez asegurados los bienes por el Ministerio Público de la Federación o por la autoridad judicial, se entregarán sin demora y mediante inventario, a un órgano especializado para que de manera profesional los administre, hasta en tanto se resuelva sobre la devolución, el abandono o el decomiso de los mismos.

Algo destacable en esta ley, resulta del hecho que las personas que tengan derecho a la devolución de bienes asegurados, podrán exigir al Servicio de Administración la reparación de los daños derivados de la pérdida, extravío o deterioro de los mismos. Asimismo, el Servicio de Administración otorgará en depósito a la Procuraduría General de la República, los bienes que le solicite, y autorizará la utilización de los mismos para el desarrollo de sus funciones.

Incluso prevé que cuando las autoridades de las entidades federativas, municipios o de otros países, hayan colaborado en investigaciones cuya consecuencia haya sido el decomiso o abandono de bienes, éstos y el producto de su enajenación, podrán compartirse con dichas autoridades.

Como se puede observar, gracias a la legislación federal de la materia, se pueden coordinar los esfuerzos de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, para el manejo jurídicamente correcto de los bienes asegurados o abandonados.

A pesar de lo anterior, son varios años seguidos plagados de irregularidades, ya que mientras en las bodegas los bienes incautados se convierten en chatarra, en contraste las autoridades municipales ven postergadas sus solicitudes por meses, sin que hasta la fecha se haya aplicado responsabilidad a ningún funcionario, además de que la situación han venido afectando las finanzas públicas del país.

En este orden de ideas, es necesario que la SHCP y particularmente el SAE proporcionen un informe detallado del registro de los bienes adjudicados, especificando su ubicación, cantidad, disponibilidad, además de las partidas de gasto que se han incluido, su monto y su sustento programático presupuestal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mandata a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que ésta instruya a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que fiscalice los bienes incautados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73, fracción VIII; 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo, a 7 de diciembre de 2004.--- Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Tomás Cruz Martínez.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a modificar el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Elpidio.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Compañeras y compañeros diputados:

El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, fue expedido por el titular del Ejecutivo federal en el ejercicio de la facultad conferida en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La norma en vigor abrogó el denominado Reglamento de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1982.

El reglamento de la presente proposición tiene por objeto proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

En lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas de la zona federal de los terrenos ganados al mar y los bienes que forman parte de los recintos portuarios, consideramos en primer lugar que el reglamento en cuestión, cuya modificación se persigue, señala en el capítulo de las infracciones y sanciones diferentes medios coercitivos para quienes infrinjan las disposiciones normativas sobre el uso y aprovechamiento del mar.

Las infracciones a las que se refiere el reglamento son sancionadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Tercero, la falta de proporcionalidad que se advierte al analizar los montos de las multas mencionadas y teniendo en cuenta que el reglamento no establece criterios para determinar la gravedad o la levedad de la infracción, se puede concluir que la disposición reglamentaria es particularmente ambigua, discrecional e inequitativa, pero sobre todo inconstitucional, por lo que viola el artículo 21 de la Carta Magna al establecer sanciones desproporcionadas.

Cuarto, atendiendo a lo señalado en el considerando anterior y teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución General sobre la naturaleza y los alcances de las infracciones administrativas, tema contemplado en el artículo 21 de la Constitución, es que se resalta incomprensible en el ánimo del Ejecutivo federal el establecer, que en el caso que nos ocupa, una multa a todas luces contraria al texto del numeral constitucional invocado.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, termino, señor Presidente, propongo el siguiente punto de acuerdo:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en plena consideración del principio constitucional de división de poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a fin de que se sirva modificar el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento y quedaría como sigue:

Artículo 75. ``...las infracciones a las que se refiere este reglamento serán sancionadas por la Secretaría, previa audiencia al infractor, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''.

Es cuanto, señor Presidente y le solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a modificar el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Elpidio Concha Arellano, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a la modificación del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, expedido por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1991.

Las motivaciones para solicitar dicha modificación, presentan los siguientes:

Antecedentes

1. La disposición reglamentaria en referencia fue expedida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad conferida a éste en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La norma reglamentaria en vigor, abrogó al denominado Reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de los Terrenos Ganados al Mar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1982.

2. El Reglamento materia de la presente proposición, tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y de los bienes que formen parte de los recintos portuarios que estén destinados para instalaciones y obras marítimo portuarias.

3. El Reglamento cuya modificación se pretende por este medio, establece entre otras cosas, las atribuciones de la Administración Pública Federal en materia de uso, desarrollo y administración de las playas en nuestro país, así como del otorgamiento de concesiones y permisos para el ejercicio del llamado comercio ambulante en las mismas.

El ordenamiento en cita establece sobre el particular, los criterios, requisitos y mecanismos a seguir, para el ejercicio del comercio ambulante en las playas nacionales, así como diferentes lineamientos administrativos fijados por las autoridades en esta materia. También tal normatividad señala el procedimiento económico-coactivo a aplicarse en los casos de infracciones a los preceptos reglamentarios a los que se alude.

Considerandos

Primero.- El Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, cuya modificación se persigue, señala en el capitulo denominado ``De las infracciones y sanciones'', diferentes medios coercitivos para quienes infrinjan las disposiciones normativas sobre el uso y aprovechamiento de las playas y de la zona federal marítimo terrestre.

Entre otras, se prevén en la fracción V del artículo 74, infracciones ``a quienes no mantengan en condiciones de higiene las áreas concesionadas o permisionadas o las playas marítimas contiguas''.

Segundo.- Las infracciones a que se refiere el Reglamento son sancionadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales --Semarnat--, con multa de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal.

Considerando que las multas previstas por la normatividad aludida, establecen que se podrán imponer de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, a los vendedores que no mantengan en condiciones de higiene las playas en las que se les haya autorizado el ejercicio del comercio ambulante, teniendo en cuenta lo anterior se desprende que tales sanciones pecuniarias, pueden variar desde un monto de $2,262 pesos como mínimo hasta un tope de $22,620 pesos de multa.

Lo anterior si tenemos en cuenta que el salario mínimo general para el Distrito Federal y para toda la zona geográfica ``A'' para el año de 2004, asciende a $ 45.24 pesos diarios.

Debe señalarse asimismo que los numerales 76 y 78 del ordenamiento multicitado, obligan a liquidar el importe de la multa impuesta en un término no mayor a los 30 días naturales, so pena de perder el permiso otorgado y de no poder tramitar una nueva autorización, si esa multa no es liquidada.

Tercero.- Es preciso tener en cuenta también, la falta de proporcionalidad que se advierte al analizar los montos de las multas mencionadas, sobre todo si se consideran, los exiguos ingresos que pueden derivarse del ejercicio individual del comercio ambulante en playas. Valorando ese factor y teniendo en cuenta además que el Reglamento no establece criterios para determinar la gravedad o la levedad de una infracción, se puede concluir que la disposición reglamentaria cuya proposición se pretende, es particularmente ambigua, discrecional e inequitativa, pero sobre todo inconstitucional, por que viola el artículo 21 de la Carta Magna al establecer sanciones desproporcionadas a ciudadanos que puedan llegar a cometer infracciones en el ejercicio de una actividad comercial legal y permitida.

Cuarto.- Atendiendo a lo señalado en el considerando anterior y teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución General, sobre la naturaleza y los alcances de las infracciones administrativas, tema contemplado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, es que resulta incomprensible el ánimo del Ejecutivo Federal de establecer en el caso que nos ocupa, una multa a todas luces contraria al texto del numeral constitucional invocado, el cual establece sobre el particular que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos, las que únicamente consistirán en multa o en arresto hasta por 36 horas, y en los casos de que se trate de multas a trabajadores no asalariados, como es la situación particular de los vendedores ambulantes en playas, la multa no deberá exceder del equivalente a un día de su ingreso.

Quinto.- Si bien es cierto que los medios de defensa convencionales de naturaleza legal, permitirían a los afectados por el reglamento en cita, combatir exitosamente la aplicación de las multas impuestas por la autoridad administrativa, alegando la desproporcionalidad de éstas y desde luego la vulneración del espíritu del artículo 21 constitucional, también es cierto que esa defensa legal tendría que darse de manera individual y hasta en tanto no vean afectados sus intereses, situación que aunada al principio legal de que las sentencias de amparo no tienen efectos erga omnes, coloca a las personas conocidas como vendedores ambulantes en un estado de virtual indefensión.

Todo lo anterior conlleva a que una disposición como la contenida en el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables y playas, continúe vigente en lo que se refiere al monto de las multas impuestas por la autoridad administrativa, aunque la fijación de ese monto sea contrario a lo que establece el artículo 21 de la Constitución General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con plena consideración del principio constitucional de división de poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se sirva modificar el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1991.

La propuesta de modificación reglamentaria que se solicita sea efectuada por el titular del Poder Ejecutivo federal a la norma en cita, tendría los siguientes términos:

Artículo 75

Las infracciones a que se refiere este Reglamento serán sancionadas por la Secretaría, previa audiencia al infractor, en los términos establecidos por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las sanciones que compete aplicar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de diciembre de 2004.--- Dip. Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias.

Como lo solicita don Elpidio Concha Arellano, diputado federal, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE NUEVO LEON

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición para que en el estado de Nuevo León no se lleve a cabo el reemplacamiento vehicular propuesto en días pasados por el Ejecutivo estatal.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, señor Presidente:

Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 77, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 56, 58, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso Federal, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo para que en el estado de Nuevo León no se lleve a cabo el reemplacamiento vehicular, propuesto en días pasados por el Ejecutivo federal.

Lo anterior en los siguientes fundamentos:

Primero. Las láminas actuales tienen apenas 2 años de haberse colocado y por consiguiente se encuentran en perfecto estado y no necesitan ser reemplazadas.

Segundo. No existe ninguna normatividad para que se exija el cambio de placas ahora determinado.

Tercero. La norma oficial aplicable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no hace ninguna referencia a la periodicidad del cambio de las mismas.

Cuatro. Los abajo firmantes diputados federales del Partido Acción Nacional Jorge Luis Hinojosa, Judith Díaz y Norma Saucedo, no consideramos correcto obligar a la población ni al estado, a incurrir en un gasto a todas luces innecesario, especialmente por lo que se daba al origen de la supuesta necesidad de cambiar estas placas, que era el introducir placas blindadas contra la clonación.

Sin embargo, el pasado 12 de noviembre del año en curso, uno de los periódicos de la localidad menciona que se acaba de lanzar una licitación pública en donde se hace mención de que se adquirirán estas placas sin incluir las medidas de seguridad.

Por lo anterior nosotros consideramos que es innecesario hacer incurrir a la población en este gasto innecesario y que el propio estado gaste de más.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el estado de Nuevo León no se lleve a cabo el reemplacamiento vehicular propuesto en días pasados por el Ejecutivo estatal, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del PAN

Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 77, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 58, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, punto de acuerdo para que en el estado de Nuevo León no se lleve a cabo el reemplacamiento vehicular propuesto en días pasados por el Ejecutivo estatal. El punto de acuerdo tiene su fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- Las láminas actuales tienen dos años de haberse colocado y por consiguiente se encuentran en perfecto estado bajo las condiciones de uso estándar.

Segundo.- No existe ninguna normatividad que exija el cambio de placas cada determinado tiempo.

Tercero.- La norma oficial aplicable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hace ninguna referencia a la periodicidad del cambio de láminas.

Cuarto.- Los abajo firmantes, diputad@s federales del Partido Acción Nacional de Nuevo León, no consideramos correcto obligar a la población ni al estado a incurrir, en un gasto a todas luces innecesario, especialmente porque lo que daba origen supuesta necesidad, era ``introducir placas nuevas blindadas contra la clonación'' y el pasado 12 de noviembre del año en curso fue lanzada la licitación pública para adquirir las placas sin incluir las medidas de seguridad. (periódico El Norte, 20 de noviembre del 2004)

Punto de Acuerdo

Unico.- El Pleno de la Cámara de Diputados determina improcedente e injustificado el cambio de las placas de circulación que registra el parque vehícular del país.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 7 de diciembre del 2004.--- Diputados: Tatiana Coluthier Carrillo, Blanca Judith Díaz Delgado, Jorge Luis Hinojosa Moreno, Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada Tatiana Clouthier Carrillo.

Túrnese el documento de referencia a la Comisión de Gobernación.

Por favor, activen el sonido en la curul del señor diputado Bailey.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (desde su curul): Diputado Presidente, también se turne a la Comisión de Comunicaciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado Bailey, la razón de que la Presidencia acuerde el turno a la Comisión de Gobernación, es que de acuerdo con la legislación secundaria, es la Secretaría de Gobernación la que enlaza los poderes federales con los poderes locales.

No obstante dado que muestra su interés en que participe en este tema la Comisión de Comunicaciones, esta Presidencia obsequia su solicitud en sentido favorable.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a no permitir la introducción de manzanas y duraznos en nuestro país, sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria.

La diputada Jorge de Jesús Castillo Cabrera: Con su permiso, señor Presidente:

La fruticultura en Chihuahua no es una actividad nueva, es la más eficiente, desarrollada y productiva del país; es fruto de muchos esfuerzos, de cuantiosas inversiones y sobre todo, del trabajo de las mujeres y los hombres del campo chihuahuense que han sabido vencer con tesón y esmero las adversidades del medio ambiente.

Constituye un pilar importante en la economía de la entidad y es una de las importantes fuerzas generadoras de empleo.

Los tratados comerciales abrieron las puertas de la importación masiva a los productos extranjeros del campo y el esfuerzo de muchos años de trabajo peligra, decisión que ha permitido que el principal productor mundial de manzanas y de duraznos, los vecinos del norte, sin restricciones exporten sus productos a nuestro país, ocasionando serios perjuicios al productor nacional.

La apertura comercial por la firma del tratado, coincidió con la peor crisis financiera de los noventa. Así, un gran número de productores cayeron en cartera vencida y en el buró de crédito, aunque a la fecha la mayoría de los productores ya pagaron o renegociaron sus deudas, sin embargo se continúa registrando su caso en el buró de crédito.

Sobre este particular, también es necesario exigirle a las autoridades de Sagarpa, a través de Senasica, lleve a cabo una real inspección sanitaria para que la solución en la aplicación de cuotas compensatorias no sea parcial sino total, para proteger la producción nacional si no procederemos así a tener serios conflictos sociales en el campo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Sagarpa y a la Senasica para que no permitan la introducción de manzanas y duraznos sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria con la participación de nuestros productores organizados y de acuerdo a las normas oficiales aplicables.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía para crear un instrumento operativo integral, tomando en consideración los programas que constituyen fondo de garantía, crédito y autoseguros para el mediano y pequeño productor de manzanas y duraznos.

Tercero. Exhortar a la Secretaría de Economía para que se apoye a los productores con programas de promoción para la comercialización de las manzanas y duraznos, producidas en el estado de Chihuahua en los mercados nacionales e internacionales.

Cuarto. Se exhorte a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, a realizar las gestiones para sanear los registros en el buró de crédito a los productores de la Unión Nacional de Fruticultores del estado de Chihuahua, para que sean sujetos de crédito ante la banca privada y de desarrollo.

Termino señor Presidente. Le pido nada más que sea integrado el texto completo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a no permitir la introducción de manzanas y duraznos en México sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria, con la participación de nuestros productores organizados; y a crear un instrumento operativo integral con programas de garantías, crédito y autoseguros, con objeto de apoyar a los pequeños y medianos productores para la comercialización de manzanas y duraznos producidos en Chihuahua, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

Hago uso de esta tribuna para someter a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano es sin duda el sector más golpeado por las políticas económicas, se encuentra en una situación de emergencia social, económica y ambiental, por el desgaste a que ha sido sometido en los últimos años.

La fruticultura en Chihuahua no es una actividad nueva, es la más eficiente, desarrollada y productiva del país; es fruto de muchos esfuerzos, de cuantiosas inversiones y sobre todo del trabajo de los hombres y mujeres del campo chihuahuense, que han sabido vencer con tesón y esmero, las adversidades del medio ambiente, constituye un pilar importante de la economía en la entidad y es una de las más importantes fuerzas generadoras de empleo.

Los tratados comerciales abrieron las puertas de la importación masiva de los productos extranjeros del campo y el esfuerzo de muchos años de trabajo peligra, decisión que ha permitido que el principal productor mundial de manzanas y de duraznos, los vecinos del norte, sin restricciones exportan sus productos a nuestro país, ocasionando serios perjuicios al productor nacional. En el caso específico de los productores de manzanas y duraznos que se encuentran en gran desventaja; las restricciones fitosanitarias en nuestro país son escasas y la norma de calidad prácticamente no existe y cuando la hay no es obligatoria.

La firma de estos acuerdos es una verdadera amenaza para los cultivos de clima templado, si no se toman medidas adecuadas para evitar prácticas desleales derivados principalmente por la sobreproducción.

Las manzanas estadounidenses, según el tratado, se deben someter a un proceso en frío por 40 días a cero grados centígrados o 90 días a 3.3 grados bajo un plan de trabajo coordinado con la Dirección General de Sanidad Vegetal.

Dicho plan de trabajo además contemplaba la presencia de técnicos mexicanos para inspección de origen pagados por los exportadores (algo similar a lo que los exportadores mexicanos de mango y aguacate, son sometidos); por la firma de un acuerdo que se suponía iba a ser recíproco, los inspectores mexicanos en Washington se han eliminado y el programa lo vigila USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) al 100%. Cabe mencionar que aun con la presencia de inspectores mexicanos se detectó la falsificación de documentos de origen en los territorios de los Estados Unidos de Norteamérica. Los sistemas de mango y aguacate, continúan con supervisión de los programas con personal al 100% estadounidenses.

La Secretaría de Economía debe proveer la protección del sector ante prácticas de dumping, por parte de las importaciones de Estados Unidos y Chile. A la fecha existe una cuota compensatoria a las manzanas del vecino del norte, la cual está en peligro de desaparecer por un amparo perdido ante los exportadores de Washington, por un error en la firma de un documento al inicio del juicio de dumping iniciado en 1996; además, bajo este argumento se nos está presionando para llegar a un nuevo Acuerdo de Compromiso de Precios similar al que aceptamos en mayo de 1998 (publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de ese año).

La apertura comercial por la firma de tratados coincidió con la peor crisis financiera de los 90's; así un gran número de productores cayeron en cartera vencida y en el buró de crédito, aunque a la fecha la mayoría de los productores ya pagaron o renegociaron sus adeudos; sin embargo, continúa registrado en el Buró de Crédito o ha vuelto a caer por alguna cuestión de retraso en el pago de algún bien o servicio, por lo que es urgente hacer una limpia de dicho Buró de Crédito a los productores de la Unión Nacional de Fruticultores del Estado de Chihuahua.

Sobre este particular, es necesario exigir a las autoridades de la Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), lleve a cabo una real inspección sanitaria para que la solución en la aplicación de cuotas compensatorias no sea parcial si no total, para proteger la producción nacional; si no procedemos así, los conflictos sociales en el campo se van a presentar por todas partes, debido a que esta población afectada, está al borde de la ruina y la desesperación.

Por otra parte, la instrumentación de políticas agropecuarias incluyentes de apoyo y defensa de los pequeños y medianos productores de manzanas y duraznos del sector social y privado, frente a la competencia del exterior, con el fin de desarrollar sus capacidades productivas y explotar sus ventajas comparativas, hasta que por sí solos puedan hacer frente a la competencia de mercados internacionales. Para ello es necesario formar fondos de garantía, de créditos y autoseguros que permitan el acceso del financiamiento, en particular aquellos productores de manzana que han sufrido descapitalización y no cuentan con recursos líquidos, ni bienes de capital que respalden sus solicitudes de financiamiento. En este esquema es importante fusionar en un solo instrumento operativo, todos los programas actuales que apoyan la constitución de fondos de garantía líquida que operan el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), Financiera Rural (FR), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) para integrar una estrategia única que permita construir un sistema nacional de garantías que sean verdaderos impulsos de desarrollo rural, a partir del financiamiento.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Alimentaria, para que no permita la introducción de manzanas y duraznos sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria con la participación de nuestros productores organizados, de acuerdo con las normas oficiales aplicables.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía para crear un instrumento operativo integral, tomando en consideración los programas que constituyen fondos de garantía, crédito y autoaseguros para el mediano y pequeño productor de manzanas y duraznos con el fin de integrar un único instrumento que sea verdadero impulsor de los productores a partir del financiamiento.

Tercero. Exhortar a la Secretaría de Economía para que se apoyen a los productores con programas de promoción para la comercialización de las manzanas y los duraznos producida en el Estado de Chihuahua, en los mercados nacionales e internacionales.

Cuarto. Se exhorta a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a realizar las gestiones para sanear los registros en el Buró de Crédito a los productores de la Unión Nacional de Fruticultores del Estado de Chihuahua para que sean sujetos de créditos ante la Banca Privada y de Desarrollo.

Palacio Legislativo, a 7 de diciembre de 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Jorge de Jesús Castillo.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria, para el caso de que no haya sido publicado; y, túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

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CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL LIBRO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal a que convoque a la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su venia, diputado Presidente. Gracias. Compañeras y compañeros diputados.

Tanto en el área de crecimiento con calidad como en el área de desarrollo social y humano del Plan Nacional de Desarrollo, se establecieron líneas de acción para el fomento de la lectura como estrategia fundamental para el desarrollo cultural y educativo nacional.

A partir de estos grandes lineamientos, se elaboró el Programa Nacional de Cultura que establece 10 grandes campos de acción para la política cultural, siendo uno de ellos el fomento del libro y la lectura.

Una gran parte de esto se encuentra fundamentado jurídicamente en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, normativa en la que se establece que corresponde a la autoridad educativa federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, realizar el Programa Nacional de Fomento a la Lectura y al Libro, a través de paquetes didácticos, de estímulo e información de lectores, campañas, becas, premios, ferias y festivales, entre otras medidas.

A pesar de la importancia que reviste el Consejo referido, éste no ha sido integrado; de serlo, esta instancia contribuiría al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Cultura, así como en la organización en nuestro país de la conmemoración del cuarto centenario de la primera edición del libro El Quijote, conmemoración que está promoviendo la UNESCO en todo el mundo.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que a fin de que se cumpla cabalmente con lo dispuesto por la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, esta Asamblea exhorta al titular del Poder Legislativo a que, a través de la Secretaría de Educación, convoque a la integración del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, como lo establece la ley en comento.

Segundo. Esta misma Asamblea exhorta y solicita al titular del Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes y del propio Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, a integrarse, que con motivo del cuarto centenario de la primera edición de El Quijote y a fin de que México se una a esta celebración mundial, se organice para los días 23 de abril al 1º de mayo de 2005 la semana nacional de la lectura en torno a la figura de la persona y la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra.

Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a convocar a la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del poder ejecutivo a que se convoque a la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 fue resultado de una amplia consulta nacional en diferentes campos para hacer una formulación de aquellos proyectos que se habrán de llevar a cabo durante el presente sexenio, los cuales están divididos en tres ámbitos fundamentales: el desarrollo social y humano; el económico, que se refiere al crecimiento con calidad, y un tercero, de orden y respeto, que tienen que ver con la organización del país, la vida colectiva y la democracia.

En el área del desarrollo social y humano, que comprende educación, salud, cultura, deporte, está incluida una línea de acción que destaca la importancia del fomento a la lectura en todos los grupos de la población, como acto fundamental del desarrollo cultural y educativo en todas sus vertientes.

En el campo del crecimiento con calidad, de la construcción de una nueva economía para el país, se incluyó un aspecto que se refiere al propósito de que el gobierno desarrolle un sistema nacional para que la mayor parte de la población pueda tener acceso a las nuevas tecnologías de la información -el Sistema Nacional e-México-, consistente en el despliegue en todo el país de una infraestructura nacional de información a través de un gran proyecto de telecomunicaciones y de aplicación de la informática para el aprovechamiento de los recursos del mundo de la información electrónica.

II.- Que a partir de estos grandes lineamientos que presentó el Plan Nacional de Desarrollo, se llevó a cabo la elaboración del Programa Nacional de Cultura 2001-2006 La cultura en tus manos, que establece diez grandes campos de acción de la política cultural, siendo uno de los principales el del fomento al libro y la lectura.

III.- Que como una acción derivada tanto del Plan Nacional de Desarrollo como del Programa Nacional de Cultura para los años 2001-2006, el 28 de mayo del 2002 se presentó el programa nacional Hacia un País de Lectores, que plantea una estrategia integral de acción que busca incrementar el número de lectores habituales en el país en el corto y mediano plazos. Dentro de este Programa hay dos vertientes fundamentales: una que se refiere a la población escolar, que es atendida por el sistema educativo nacional, y otra conformada por el conjunto de la población no incluida en el esquema escolar.

En el caso de las bibliotecas, la acción más importante que se propuso fue el desarrollo, por primera vez, de un sistema de bibliotecas escolares, con el objetivo de crear en los niveles de educación básica al menos 100 mil de estas bibliotecas a lo largo de la administración. Paralelamente, el Programa de Bibliotecas de Aula se dio a la tarea de instalar acervos en los propios salones de clases desde preescolar hasta el último año de secundaria; a la fecha, más de 800 mil aulas han sido beneficiadas con pequeños acervos que buscan acercar a los niños a la lectura de calidad, no sólo de literatura, sino también de otros temas.

El Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, anuncia una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos para crear nuevas bibliotecas y formar promotores de lectura. Además con una inversión total de 600 millones de pesos, se sumarán 30 millones de libros a los 20 millones que ya se distribuían en las escuelas.

Con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, ha puesto en marcha el programa nacional Hacia un País de Lectores, con objeto de fomentar la lectura en todos los sectores de la sociedad mexicana, con acciones desde la creación de nuevas bibliotecas hasta la formación de promotores de la lectura.

Ante intelectuales, editores, estudiantes y autoridades educativas, el mandatario mexicano ha dicho que la lectura constituye un elemento esencial del proyecto humanista de esta administración porque es la base de la educación y del aprendizaje permanente. Y se ha destacado la inversión global del gobierno Federal que será de 3 mil 600 millones de pesos para capacitación de maestros, equipamiento de bibliotecas y edición de libros, en donde se pretende abrir mil 100 nuevas bibliotecas públicas y se equiparán y modernizarán dos mil bibliotecas de las más de seis mil ya existentes.

IV.- Que una gran parte de lo anteriormente expuesto tiene un sustento jurídico en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en donde el legislador plasmó que dicha normativa tendría como objetivos el fomentar y promover la lectura; promover la producción, distribución, difusión y calidad del libro mexicano, y facilitar su acceso a toda la población; distribuir y coordinar entre los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal las actividades relacionadas con la función educativa y cultural de fomento a la lectura y al libro; y, coordinar y concertar a los sectores social y privado en esta materia.

Asimismo, en esta misma normativa, se establece que corresponde a la autoridad educativa federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, realizar el programa nacional de fomento a la lectura y al libro, a través de paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores; campañas educativas e informativas; becas, premios y estímulos; exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura; cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; emisiones de programas de radio y televisión dedicados a la lectura y el libro; talleres literarios, rincones, círculos y salas de lectura; y cualesquiera otras medidas conducentes al fomento de la lectura y del libro.

V.- Que al ejecutivo Federal corresponde poner en práctica las políticas y estrategias que se establezcan en el programa nacional de fomento a la lectura y al libro, así como impulsar la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación del libro mexicano y de las coediciones mexicanas que satisfagan los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad, asegurando su presencia nacional e internacional.

VI.- Que el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, como órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública, tiene como objeto fomentar las actividades y trabajos relacionados a crear una cultura del fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso al libro.

VII.- Que a pesar de la importancia que reviste el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, éste no ha sido integrado. Por lo cual las acciones comprendidas en esta normativa no han sido llevadas a cabo y la ley ha carecido de sentido.

IX.- Que, de ser integrado este Consejo, cobraría una gran importancia como organizador en nuestro país de la Conmemoración del IV Centenario de la primera edición del libro de ``El Quijote'', escrito por Miguel de Cervantes, conmemoración que está promoviendo la UNESCO en todo el mundo. Dentro de las acciones que la propia UNESCO recomienda a los países que desean integrarse a esta conmemoración está el que se realice una Semana Nacional de la Lectura, teniendo como acción principal el fomento de la lectura del libro ``El Quijote''.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primera.- Que a fin de que se cumpla cabalmente con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, esta honorable asamblea exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se convoque a la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, tal y como lo propone por mandato la propia ley en comento.

Segundo.- Esta misma asamblea exhorta y solicita al titular del Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes y del propio Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro a integrarse, que con motivo del Cuarto Centenario de la primera edición del libro ``El Quijote'', y a fin de que México se una a esta celebración mundial, se organice para los días del 23 de abril al 1 de mayo del 2005 la Semana Nacional de la Lectura, y la cual se implemente alrededor de la figura y obra de Miguel de Cervantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 7 de diciembre de 2004.» Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado. Como lo solicita don José Antonio Cabello Gil, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos.

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CONNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales en Estados Unidos de América.

El diputado Alvaro Burgos Barrera: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

La presente proposición ha sido publicada el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria, y en respeto al tiempo de los miembros de esta honorable Asamblea, sintetizo su contenido al tenor de las siguientes consideraciones:

Una de las prioridades que el Gobierno de México debe tener es el velar por la dignidad, los derechos humanos y demás garantías de los mexicanos en el exterior.

Menciono lo anterior para transmitir a ustedes las preocupaciones que tiene la comunidad migrante mexicana, que suma su voz en contra de la atención deficiente que recibe cuando solicitan al consulado mexicano el apoyo para la repatriación de cadáveres de migrantes e indocumentados mexicanos.

Cabe mencionar que cada año se envían a México un promedio de 8 mil cadáveres de migrantes e indocumentados provenientes de Estados Unidos. Esto constituye el mayor movimiento internacional de restos humanos en el mundo.

El costo de cada repatriación es de 35 mil pesos, de los cuales, en teoría, los familiares pagan la mitad y la Cancillería la otra parte. Y digo en teoría porque en los hechos no es así, al aplicarse criterios que no son nada claros debido a que la discrecionalidad permite argumentar a las autoridades consulares que su aplicación depende de la situación económica, de las necesidades de las familias y de la disponibilidad de recursos.

Debemos exigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos informe de esta situación, pues es lamentable que se trate así a nuestros migrantes cuando sabemos que están atravesando por una situación tan sensible como es el fallecimiento de un familiar.

Es necesario saber porqué se les está negando un recurso que nosotros aprobamos, recursos que deben ser para apoyar a los familiares de nuestros hermanos que lamentablemente pierden la vida del otro lado de nuestras fronteras, la mayoría jóvenes en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Por las consideraciones expuestas, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad informe a esta soberanía sobre los criterios que se están utilizando para brindar el apoyo económico en el caso de traslado de cadáveres, así como los montos que son entregados en cada consulado.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los recursos económicos se encuentren disponibles de inmediato en las cuentas que manejan los consulados de México para evitar demoras innecesarias.

Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dicho fondo sea otorgado por lo menos en un 80 por ciento a aquellas personas que fallecen dentro de cualquier estado de la Unión Americana y en un 100 por ciento en aquellos casos donde pierdan la vida mexicanos que van llegando a territorio americano. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Álvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito Álvaro Burgos Barrera, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo con el propósito de solicitar a la Secretaria de Relaciones Exteriores que realice eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales de Estados Unidos de América, con base en las siguientes

Consideraciones

Una de las prioridades que el Gobierno de México debe tener es el velar por la dignidad, los derechos humanos y otra garantías de los mexicanos en el exterior. Para nuestro país, particularmente en su relación con los Estados Unidos de América, la protección de nacionales cobra especial significado no sólo por el gran número de inmigrantes mexicanos que ahí se encuentran, sino también por lo que implica, la atención de los innumerables casos que se presentan en las oficinas consulares.

Esta Cámara asigno en el Presupuesto de Egresos para 2004 una partida para la Secretaría de Relaciones Exteriores del orden de los 120 millones de pesos, que fueron etiquetados para la protección de nuestros connacionales a través de diversos servicios: como la repatriación de cadáveres, el programa de asistencia jurídica, la defensa de condenados a muerte y los consulados móviles.

Menciono lo anterior, para transmitir a ustedes las preocupaciones que tiene la comunidad migrante mexicana, radicada particularmente en Chicago, con la cual tuve la oportunidad de reunirme hace unas semanas y que hace referencia, entre otros problemas, a la atención deficiente que reciben cuando requieren al consulado mexicano el apoyo para la repatriación de cadáveres de migrantes e indocumentados mexicanos.

Cabe mencionar que cada año se repatrían a México un promedio de 8 mil cadáveres de migrantes e indocumentados provenientes de Estados Unidos, de los cuales sólo de 4 mil de ellos se solicita apoyo de los consulados; esto constituye el mayor movimiento internacional de restos humanos en el mundo.

En la mayoría de estas muerte su causa son accidentes laborales, enfermedades derivadas de su trabajo, accidentes viales, así como ahogamiento, deshidratación e hipotermia.

El costo anual de la repatriación asciende a 60 millones de pesos y en promedio el costo de cada una es de 35 mil pesos, de los cuales en teoría los familiares pagan la mitad y la cancillería la otra parte.

Y digo en teoría porque en los hechos no es así, porque se aplican criterios que no son nada claros, debido a que son tan discrecionales argumentados que depende de la situación económica, de las necesidades de las familias y de la disponibilidad de recursos.

Actualmente con la aplicación de estos criterios existe una queja generalizada porque en algunos casos se otorga una cantidad y en otros casos con las mismas características se otorgan distintas cantidades, por lo que es indispensable que se establezcan con claridad criterios que en los hechos den certidumbre a los migrantes que también son mexicanos como todos nosotros.

En las oficinas consulares se ha llegado a argumentar que no se cuenta con liquidez porque los recursos económicos se encuentran en México y demoran un mes en entregar el dinero, cuando en la realidad la urgencia del caso no permite esperar siquiera una semana.

En otras ocasiones los consulados les responden a nuestros connacionales que no hay dinero para apoyarlos y que deben ellos de acudir a otras instancias como son las organizaciones comunitarias e incluso les recomiendan que soliciten el apoyo de los gobiernos municipales o estatales, a sabiendas que éstas instituciones no tienen autorizado gasto para estas emergencias.

Tal como me informaron durante una de mis reuniones con un grupo de connacionales, un señor originario de la comunidad de Zapoapan, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y presidente de ese club radicado en la Florida, me hizo la denuncia de que su padre había fallecido en el mes de agosto, que había acudido a la representación consular en Miami y que no lo quisieron ayudar, con ni un solo peso para trasladar el cadáver. Entonces compañeros diputados y diputadas, ¿qué esta pasando con estos recursos? Considero que debemos exigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se nos informe de esta situación, pues es lamentable que se trate así a nuestros migrantes, cuando sabemos que están atravesando por una situación tan sensible como es el fallecimiento de un familiar.

Es necesario saber por qué se les está negando un recurso que nosotros aprobamos para que fuera aplicado en todos los consulados.

Estos recursos deben de servir para apoyar a los familiares de nuestros hermanos que lamentablemente pierden la vida del otro lado de nuestra frontera, la mayoría jóvenes en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad informe a esta Soberanía sobre los criterios que se están utilizando para brindar el apoyo económico en el caso de traslado de cadáveres así como los montos que son entregados en cada Consulado.

Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los recursos económicos se encuentren disponibles de inmediato en las cuentas que manejan los Consulados de México, para evitar demoras innecesarias.

Tercero.- Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dicho fondo sea otorgado por lo menos en un 80% a aquellas personas que fallecen dentro de cualquier estado de la unión americana y que tenga por lo menos 1 año de radicar en el extranjero y en un 100% en aquellos casos donde pierden la vida mexicanos que van llegando a territorio americano.

Dip. Álvaro Burgos Barrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Alvaro Burgos.

Túrnese el documento a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición que tiene por objeto contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera, así como el proyecto de ejecución para los sistemas ferroviarios que integran el ferrocarril suburbano para la Zona Metropolitana del Valle de México. Me indican que se pospone para el final del capítulo.

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ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Por lo tanto tiene el uso de la palabra el diputado don Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición por la que se solicita a la Comisión de Cultura haga las observaciones pertinentes al INAH para que garantice la seguridad, mantenimiento y actualización de la seguridad de los inmuebles del estado de Chiapas.

El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Cultura haga las observaciones pertinentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que garantice la seguridad, mantenimiento y la actualización de la seguridad en los inmuebles del estado de Chiapas, al igual que la salvaguarda de las colecciones, los inmuebles y la integridad de las personas que visitan las instalaciones bajo las consideraciones siguientes:

En el estado de Chiapas contamos con una concentración de monumentos históricos importantes en la ciudad de Chiapa de Corzo, hay un catálogo formulado de las características urbanas arquitectónicas del Centro Histórico y en efecto se concluye que existe un perímetro bien definido de monumentos históricos formado por 84 manzanas, las cuales comprenden 278 edificios con valor histórico, localizados en un área de 2.39 kilómetros cuadrados.

Fue de las primeras ciudades fundadas por los españoles en la tierra chiapaneca. Se suma a las zonas de monumentos históricos patrimonio de la nación. Esta declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 24 de noviembre de 2000.

Las obras civiles relevantes construidas en los siglos del XVI al XIX, comprendidas dentro de la zona de monumentos históricos, inician a partir de la Plaza Central en la que se encuentra la frondosa ceiba anciana que los chiapacorceños conocen como la Pochota y junto a la cual los castellanos construyeron una fuente monumental de magnífica arquitectura llamada actualmente ``La Pila''.

Las edificaciones restantes son inmuebles civiles de uso particular en las que sus partes arquitectónicas, elementos formales y fisonomía urbana, representan la congruente sedimentación de diferentes etapas históricas por lo que adquieren importancia para la zona, cuya conservación es de interés nacional.

El Ejecutivo federal ha considerado conveniente incorporarlas al régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad.

Hago mención de que este Instituto tiene excelente plan de trabajo y cubre las expectativas de cualquier cuerpo y de protección de seguridad, mantenimiento y salvaguarda a las acciones que menciono a continuación

Punto de Acuerdo

Se turne a la Comisión de Cultura, a fin de que en el ejercicio de sus facultades haga las observaciones pertinentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que garantice la seguridad, mantenimiento y actualización de la seguridad en los inmuebles, al igual que la salvaguarda de las colecciones y la integridad de las personas que visitan las instalaciones culturales del estado de Chiapas.

Por lo antes expuesto solicito a esta honorable Cámara de Diputados considere el presente punto de acuerdo para que sea turnado a comisión y solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Cultura que haga las observaciones pertinentes al INAH para que garantice la seguridad de los inmuebles en el estado de Chiapas, así como la salvaguarda de las colecciones y la integridad de las personas que visitan las instalaciones, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Roberto Aquiles Aguilar Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Cultura haga las observaciones pertinentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que garantice la seguridad, mantenimiento y la actualización de la seguridad en los inmuebles del estado de Chiapas, al igual que la salvaguarda de las colecciones, los inmuebles y la integridad de las personas que visitan las instalaciones bajo las consideraciones es siguientes

Consideraciones

En el estado de Chiapas contamos con una concentración de monumentos históricos importantes, en la ciudad de Chiapa de Corzo hay un catálogo formulando de las características urbanas arquitectónicas del centro histórico y, en efecto, se concluye que existe un perímetro bien definido de monumentos históricos formado por 84 manzanas, las cuales comprenden 278 edificios con valor histórico localizados en un área de 2.39 kilómetros cuadrados.

La actual ciudad de Chiapa de Corzo, ubicada a 17 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado; fue de las primeras ciudades fundada por los castellanos en la tierra chiapaneca. Se suma a las Zonas de Monumentos Históricos, Patrimonio de la Nación; esta declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 24 de noviembre del 2000.

Las obras civiles relevantes construidas en los siglos XVI al XIX, comprendidas dentro de la zona de monumentos históricos, inician a partir de la plaza central, en la que se encuentra la frondosa ceiba anciana que los chiapacorceños conocen como La Pochota, y junto a la cual los castellanos construyeron una fuente monumental de magnífica arquitectura, llamada actualmente La Pila.

Las edificaciones restantes son inmuebles civiles de uso particular en los que sus partes arquitectónicas, elementos formales y fisonomía urbana, representan la congruente sedimentación de diferentes etapas históricas por lo que adquieren importancib para la zona cuya conservación es de interés nacional; el Ejecutivo federal ha considerado conveniente incorporarlas al régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación y recuperación de los inmuebles y las zonas de monumentos históricos como partes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Esta declaratoria también tiene efectos indirectos, ya que garantizará que Chiapa de Corzo se conserve con ciertas cualidades urbanas que puedan atraer al turismo y que conjuntamente con otros atractivos naturales como es el Cañón del Sumidero se convierta en un centro de atracción turística

Hago mención que este Instituto (INAH), tiene un excelente plan de trabajo que cubre las expectativas de cualquier cuerpo de protección, seguridad, mantenimiento y salvaguarda con acciones que menciono a continuación:

La innovación tecnológica constante en este campo con dispositivos e instrumentos cada vez más complejos.

Sin embargo puedo mencionar que existe una desproporción en los sistemas de seguridad del INAH, debido a que conviven desde mecanismos obsoletos hasta tecnología de punta.

Garantizar, con mayor plenitud, la salvaguarda del patrimonio cultural como ejercicio prioritario de los próximos años.

Proveer a los inmuebles, muebles y acervos documentales que conforman el patrimonio, de la infraestructura necesaria para garantizar su conservación y protección. Este sistema se llevará a cabo de manera programada con metas a corto, mediano y largo plazos de acuerdo con las necesidades más imperiosas de museos, acervos y centros de trabajo en general.

La utilización de tecnología, en los sistemas de seguridad, como detectores de intrusión, movimiento, humo y fuego, circuitos cerrados de televisión, equipos de intercomunicación, además de la capacitación y actualización del personal.

En materia de protección civil la realización de campañas para la prevención de desastres fomentando adicionalmente la coparticipación de la sociedad en la formación de asociaciones vecinales y voluntariados que colaboren activamente en las acciones de protección que requiere el patrimonio cultural.

Establecimiento de convenios de colaboración con las autoridades policiales municipales, estatales y federales, así como con la Procuraduría General de la República y otras instancias, para fortalecer la actuación en los asuntos relacionados con la protección del patrimonio, para prevenir y combatir el saqueo y tráfico ilícito de piezas arqueológicas y de bienes muebles propiedad federal en custodia de la Iglesia.

Se entiende que el problema no consiste en la falta de un marco jurídico aplicable, sino la falta de conciencia y respeto de los visitantes, la falta de cuidado de las autoridades y, aun peor, la falta de interés que muestra el Instituto en estas piezas de arte, que no son valoradas ni reconocidas.

Este decreto debería tener un significado cultural e histórico importante, que reforjara acciones conjuntas con el Ayuntamiento municipal y el Gobierno estatal para conservar y preservar esta zona en mejores condiciones para las nuevas generaciones; ``requerimos que con estas obras públicas se organicen canales de simplificación administrativa para que los habitantes propietarios de estas edificaciones tengan conciencia de que su casa es un inmueble histórico relevante, protegido por la ley, y que su intervención arquitectónica está regulado por el INAH, de tal manera que podamos mejorar la calidad urbana arquitectónica de la zona.

Punto de Acuerdo

Único: Se turne a la Comisión de Cultura , a fin de que en el ejercicio de sus facultades, haga las observaciones pertinentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que garantice la seguridad, mantenimiento y la actualización de la seguridad en los inmuebles, al igual que la salvaguarda de las colecciones y la integridad de las personas que visitan las instalaciones culturales del estado de Chiapas.

Por los antes expuesto solicito a esta honorable Cámara de Diputados considere el presente acuerdo, para que sea turnado a la comisión correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de diciembre de 2004.--- Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.

Como lo solicita don Roberto Aquiles Aguilar Hernández, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no se haya publicado y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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PROTOCOLO DE KYOTO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición por la que la Cámara de Diputados se congratula por la reciente ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de la Federación de Rusia.

La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

Los estados que aprobaron la Convención Marco en las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 1992 reconocieron que ésta podría ser una plataforma para tomar medidas más enérgicas en el futuro, al establecer un procedimiento permanente de examen, debate e intercambio de informaciones, la Convención permite asumir compromisos adicionales en respuesta a los cambios que se produzcan en la comprensión científica de los problemas y en la voluntad política existente.

El primer examen de la adecuación de los compromisos de los países desarrollados se realizó según lo solicitado en la primera reunión de la conferencia de las partes, que se celebró en Berlín en 1995. Las partes decidieron que el compromiso de los países desarrollados de tratar de restablecer sus emisiones en los niveles de 1990 para el año 2000, a más tardar, no era suficiente para alcanzar el objetivo a largo plazo de la Convención, de impedir las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

Los ministros y otros funcionarios de alto nivel respondieron adoptando el Mandato de Berlín y lanzando una nueva ronda de conversaciones para fortalecer los compromisos de los países desarrollados.

Con objeto de redactar un acuerdo sobre el particular se estableció el Grupo Especial sobre el Mandato de Berlín, que tras 8 reuniones remitió un texto a la CP3 con miras a su negociación definitiva.

En la conferencia celebrada en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997, se llegó por consenso a la decisión de aprobar un protocolo en virtud del cual los países industrializados se comprometen a reducir, para el periodo 2008-2012, el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 5 por ciento en relación con los niveles de 1990. Se confía en que este compromiso vinculante produzca una reversión histórica de la tendencia ascendente en las emisiones que se inició en dichos países hace unos 150 años.

El Protocolo de Kyoto se abrió a la firma el 16 de marzo de 1998 y entraría en vigor 90 días después de que haya sido ratificado al menos por 55 países en la Convención, entre ellas los países desarrollados que producían al menos el 55 por ciento del total de emisiones de bióxido de carbono del grupo en acciones industrializadas en 1990.

El pasado 5 de noviembre el presidente ruso Vladimir Putin suscribió el Protocolo de Kyoto. Sin el apoyo de Rusia el pacto que ha sido rechazado por Estados Unidos y Australia no hubiera podido entrar en vigor, ya que requería la ratificación de 55 naciones industrializadas, las cuales produjeron el 55 por ciento de las emisiones de esos gases en 1990.

Gracias a este apoyo el Protocolo entrará en efecto el 16 de febrero del próximo año. Por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende su más cordial reconocimiento al Presidente Vladimir Putin y al Parlamento de la Federación Rusa por haber suscrito el Protocolo de Kyoto, lo cual representa su entrada en vigor.

Segundo. La Cámara respalda y reconoce la gestión de la Organización de las Naciones Unidas para la consecución de la suscripción y posterior aplicación del Protocolo de Kyoto, denotando su indiscutible compromiso con la protección del medio ambiente en el mundo.

Suscribimos el presente acuerdo los integrantes del grupo de fortalecimiento de temas multilaterales de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Solicito que se integre el documento completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se congratula por la reciente ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de la Federación de Rusia, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

Quienes suscribimos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se congratula la H. Cámara de Diputados por la reciente ratificación de la Federación de Rusia del Protocolo de Kyoto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Estados que aprobaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 reconocieron que ésta podría ser una plataforma para tomar medidas más enérgicas en el futuro. Al establecer un procedimiento permanente de examen, debate e intercambio de informaciones, la Convención permite asumir compromisos adicionales en respuesta a los cambios que se produzcan en la comprensión científica de los problemas y en la voluntad política existente.

El primer examen de la adecuación de los compromisos de los países desarrollados se realizó, según lo solicitado, en la primera reunión de la Conferencia de las Partes (CP-1), que se celebró en Berlín en 1995. Las Partes decidieron que el compromiso de los países desarrollados, de tratar de restablecer sus emisiones en los niveles de 1990 para el año 2000, a más tardar, no era suficiente para alcanzar el objetivo a largo plazo de la Convención, de impedir las ``interferencias antropogénicas [atribuidas a la actividad humana] peligrosas en el sistema climático''.

Los ministros y otros funcionarios de alto nivel respondieron adoptando el ``Mandato de Berlín'' y lanzando una nueva ronda de conversaciones para fortalecer los compromisos de los países desarrollados. Con el objeto de redactar un acuerdo sobre el particular, se estableció el Grupo especial sobre el Mandato de Berlín que, tras ocho reuniones, remitió un texto a la CP-3 con miras a su negociación definitiva.

Unos 10 mil delegados, observadores y periodistas asistieron a este evento, de gran envergadura, celebrado en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997. En la Conferencia se llegó por consenso a la decisión (1/CP.3) de aprobar un Protocolo en virtud del cual los países industrializados se comprometen a reducir, para el periodo 2008 -- 2012, el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 5%, en relación con los niveles de 1990. Se confía en que este compromiso vinculante produzca una reversión histórica de la tendencia ascendente de las emisiones, que se inició en dichos países hace unos 150 años.

El Protocolo de Kyoto se abrió a la firma el 16 de marzo de 1998 y entraría en vigor 90 días después de que o haya sido ratificado al menos por 55 Partes en la Convención, entre ellas, los países desarrollados que producían al menos el 55% del total de emisiones de dióxido de carbono del grupo de naciones industrializadas en 1990.

El pasado 5 de noviembre de 2004, el Presidente ruso Vladimir Putin, suscribió el Protocolo de Kyoto, lo cual representa el paso final para que el pacto internacional sobre defensa del clima entre en efecto el próximo año, específicamente el 16 de febrero próximo.

Cabe mencionar, que ambas cámaras del Parlamento ruso han aprobado el protocolo, el cual busca reducir el calentamiento global al reducir las emisiones de gases que producen el llamado efecto invernadero.

Sin el apoyo de Rusia, el pacto, que ha sido rechazado por Estados Unidos (EU) y Australia, no hubiera podido entrar en vigor, ya que requería la ratificación de 55 naciones industrializadas, las cuales produjeron el 55% de las emisiones de esos gases en 1990.

Asimismo, es menester señalar que la adhesión de México al Protocolo de Kyoto fue muy bien recibida por la comunidad internacional, toda vez que México fue uno de los primeros países latinoamericanos en ratificar dicho protocolo, siendo testimonio para toda América Latina del compromiso indiscutible de nuestro país con la protección al medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, extiende su más cordial reconocimiento al Presidente Vladimir Putin y al Parlamento de la Federación Rusa, por haber suscrito el Protocolo de Kyoto lo cual representa su entrada en vigor.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respalda y reconoce la gestión de la Organización de las Naciones Unidas para la consecución de la suscripción y posterior aplicación del Protocolo de Kyoto, denotando su indiscutible compromiso con la protección del medio ambiente en el mundo.

Tercero.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta a que los países que no han hecho suyo el Protocolo de Kyoto manifiesten su preocupación por la defensa del medio ambiente mundial al suscribirlo a la brevedad posible.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de diciembre de 2004.--- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Dip. Isidoro Ruiz Argaiz.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Blanca Gámez Gutiérrez.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates.

Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: No se considera de urgente resolución. En consecuencia se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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SISTEMAS EDUCATIVOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición por la que se solicita a los gobiernos y congresos de los estados que aún no contemplen las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad, realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: Con su permiso, diputado Presidente; honorables legisladores:

Someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos y congresos de los estados que aún no contemplen las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad, realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio, con base en los siguientes considerandos, que por la brevedad de tiempo no leeré el documento completo, por lo que pido diputado Presidente sea publicado en su totalidad en el Diario de los Debates.

Primero. Que un problema con el que se enfrentan los jóvenes egresados de una carrera, sea ésta tecnológica, técnica, técnica profesional o profesional, es que al no contar con la experiencia mínima para poder desarrollar un trabajo, se le cierran las puertas, porque la posibilidad de incorporarse inmediatamente en el ámbito laboral cada día se les complica más y trae consigo un grado mayor de desempleo y de desigualdad en materia de oportunidades, además del alto costo que invierten las empresas al tener que capacitar a su nuevo personal.

Segundo. Las prácticas profesionales le brindan al estudiante la oportunidad de observar, practicar y participar en las situaciones reales, para que pueda aplicar y comparar y analizar las destrezas y conocimientos que adquiere en la carrera profesional que está cursando.

Estas prácticas profesionales deben proporcionar al estudiante la madurez y la confianza en su preparación profesional y facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, para la solución de los problemas reales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se hace un llamado respetuoso a los gobiernos y a los congresos de los estados, con el propósito de que analicen y vean la viabilidad de proponer en cada uno de sus sistemas educativos, la realización de prácticas profesionales como método de titulación, con la intención de que los estudiantes de bachilleratos tecnológicos, técnicos profesionales y de educación superior que estén por concluir sus estudios, salgan mejor preparados y con la experiencia mínima para incorporarse al área laboral.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos y Congresos de los estados que aún no consideran las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad que realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y párrafo primero del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que sé solicita a los gobiernos y congresos de los estados que aun no contemplen las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad, realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio con base en los siguientes

Considerandos

Primero.- Que un problema con el que se enfrentan los jóvenes egresados de una carrera, sea ésta tecnológica, técnica, técnica profesional o profesional es, que al no contar con experiencia mínima para poder desarrollar un trabajo, se le cierran las puertas, por lo que la posibilidad de incorporarse inmediatamente al ámbito laboral cada día se les complica de sobremanera y trae consigo un grado mayor de desempleo y de desigualdad en materia de oportunidades, además del alto costo que invierten las empresas al tener que capacitar al nuevo personal que se admite.

Segundo.- Que en el caso de estudiantes de bachillerato tecnológico, técnicos profesionales, así como de carreras profesionales, además de actualizar sus programas y planes de estudio, el hecho de que se preparen para ingresar al área laboral se puede reforzar si se implementan en todas las carreras de todas las universidades la realización de prácticas profesionales, como parte de sus programas de estudio, las cuales se pueden llevar a cabo a través de instituciones privadas y públicas, que estén vinculadas con la carrera que se está cursando y con el propósito de que el alumno logre adquirir experiencia en el área en la que se ubica, trayendo como consecuencia que puedan salir mejor y más preparados. Esto también trae como beneficio, que las empresas tengan un mejor recurso humano, disminuyendo sus costos por capacitación inicial.

Tercero.- Que el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que en las prácticas profesionales:

``Se promueve que el alumno evalúe los conocimientos que ha adquirido en la carrera y se fomenta el desarrollo de investigaciones sobre las necesidades de la industria y la inserción de los diseñadores en el medio productivo''.

Del mismo modo, la Universidad de Colima establece que:

``Las prácticas profesionales son el medio para lograr que el alumno tenga contacto directo con el campo de trabajo afín a su carrera.

``Ls prácticas profesionales le brindan al estudiante la oportunidad de observar, practicar y participar en situaciones reales, para que pueda aplicar, comparar y analizar las destrezas y conocimientos que adquiere en la carrera profesional que está cursando.

``Estas prácticas deben proporcionar al estudiante la madurez y confianza en su preparación profesional y facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, a la solución de problemas reales''.

Por su parte, el Conalep menciona que:

``Las prácticas profesionales le permiten al alumno reafirmar en forma activa los conocimientos adquiridos, ejercer habilidades en el manejo de equipo y maquinaria, conocer los problemas de tipo técnico, humanístico y administrativo''.

Cuarto.- Que el crear la obligación de la realización de prácticas profesionales por parte de los alumnos, en todas las áreas de estudio, sean estas para bachillerato tecnológico, técnico profesional o profesional, beneficia tanto a los educandos como a las empresas, ya que al momento del término de un curso escolar, el estudiante habrá adquirido la experiencia requerida para la incorporación al ámbito laboral, y, en el caso de las empresas, podrán contratar los servicios del egresado sin erogar un alto costo en la preparación del mismo.

Quinto.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en la fracción V del artículo 30 que;

``V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura''.

De lo anterior se desprende la facultad del Estado para promover medidas conducentes para una mejor preparación de los educandos, con el propósito de que éstos contribuyan al desarrollo de la nación, y, entendiendo que dentro de este desarrollo está el contar con personal altamente capacitado para que las empresas se vuelvan competitivas; Por lo cual, desde su formación los estudiantes se vayan incorporando al campo laboral se hace imprescindible y, una forma de llevarlo a cabo es contando con horas de prácticas profesionales, las cuales los harán conocer su entorno de trabajo y con esto que tengan la oportunidad de incorporarse una vez terminado sus estudios en éste.

Sexto.- Que el párrafo segundo del artículo 5º del ordenamiento que antecede, menciona que:

``Artículo 5º.- ...

``La Ley determinará en cada estado, cuales son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo''.

[...]

El articulo que antecede nos refiere que serán los estados de la República a través de su Congresos, los encargados de promover los instrumentos necesarios para la obtención de un título profesional para el ejercicio de ésta, por lo cual, se hace un llamado respetuoso a los Congresos de los estados, con el propósito de que analicen y vean la viabilidad de promover en cada uno de sus sistemas educativos, la realización de prácticas profesionales, con la intención de que los estudiantes de bachilleratos tecnológicos, técnicos profesionales y de educación superior que estén por concluir su estudios, salgan mejor preparados y con experiencia mínima para incorporarse al área laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se hace un llamado respetuoso a los Gobiernos y Congresos de los estados, con el propósito de que analicen y vean la viabilidad de promover en cada uno de sus sistemas educativos, la realización de prácticas profesionales como método de titulación, con la intención de que los estudiantes de bachilleratos tecnológicos, técnicos profesionales y de educación superior que estén por concluir su estudios, salgan mejor preparados y con experiencia mínima para incorporarse al área laboral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días de diciembre de 2004.--- Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Marko Antonio Cortés Mendoza.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Los siguientes puntos del orden del día en el capítulo de puntos de acuerdo, han sido pospuestos por los interesados.

El siguiente punto del orden del día es solicitudes de excitativas.

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ARTICULO 88 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa, formulada por el diputado don Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, presentada por el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN.

El que suscribe, diputado federal Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI de los artículos 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 15 de abril de 2004, la cual reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La facultad del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, en su caso, para permitir ausentarse del país al Presidente de la República responde a acontecimientos históricos que en su momento tuvieron su razón de ser, como lo es la atención y correcto despacho de una gestión de tan alta encomienda.

Sin embargo, es importante destacar el avance tecnológico que han tenido con el paso del tiempo, tanto el transporte como los sistemas de comunicación. Distancias que antes hubieren requerido mucho tiempo recorrer, hoy día representan unas cuantas horas, por lo que a la presencia física se refiere, y de manera inmediata si de comunicación hablamos, garantizándose con ello la gobernabilidad del país.

La administración eficiente de nuestro país demanda una norma dinámica que permita al Presidente ausentarse por tiempo determinado para poder atender con rapidez las tareas que requiere tal función.

Cabe indicar que la reforma propuesta el 15 de diciembre de 1965, por la que se extendió a la Comisión Permanente la facultad de otorgar el permiso al Presidente del República de ausentarse del territorio nacional, tuvo como principal motivación, proporcionar un mecanismo para los casos en que el Congreso se encontrara en receso y no tuviera que esperar a la apertura del periodo para poder ser autorizada, buscando con ello dar solución a una necesidad de proporcionar dinamismo en este proceso de autorización.

Esta nueva propuesta sencillamente es el paso siguiente que complementa el ya dado en la reforma del 65. Y es que el contexto internacional se vuelve cada día más exigente, en cuanto al aprovechamiento del tiempo se refiere, por lo que capitalizar las relaciones económicas y políticas es una tarea ineludible.

Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la H. Cámara de Diputados en turno, atentamente le pido:

Único. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea elaborado y presentado su dictamen respecto de la iniciativa de reforma al artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante el Pleno de esta H. Cámara el día 15 de abril de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 26 de octubre de 2004.--- Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.

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CASINOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Acto seguido, proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por la diputada doña Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y de Turismo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, presentada por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 7 de diciembre de 2004

La suscrita, diputada federal Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por este conducto, respetuosamente, solicito a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados tenga a bien formular excitativa a la Comisiones de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, a fin de que presenten ante el pleno de esta soberanía el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo mediante el que se les solicitó que analizaran y consideraran las opiniones de organizaciones y personalidades en relación al tema de casinos, contemplado en la iniciativa sobre la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

Antecedentes

El 19 de agosto del 2004, 45 personalidades y 7 organizaciones que participan de manera activa en la vida política, económica, social y cultural del país, publicaron en varios medios periodísticos un comunicado dirigido a los legisladores y a la opinión pública con el título ``Casinos, ¿oportunidad o error?, donde se manifiesta la preocupación porque se está discutiendo en la Cámara de Diputados un anteproyecto de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que busca legislar sobre casas de apuestas, así como autorizar casinos en nuestro país.

Derivado de lo anterior, el pasado 25 de agosto, en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el diputado Omar Ortega Álvarez presentó en mi nombre una proposición con punto de acuerdo, que convocaba a diversas comisiones de la Cámara de Diputados para que se analizará y, en su caso, considerara la opinión de personalidades y organizaciones, con presencia en la vida política, económica, social y cultural del país, previo al dictamen de la iniciativa de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y en particular sobre el tema de casinos.

Consideraciones

En la proposición formulada se retoman las principales motivaciones del desplegado suscrito por las señaladas personalidades y organizaciones del país, incorporando cuestionamientos como: ¿Realmente con la instalación de los casinos en México llegarían más turistas a México? ¿Serían más y mejor remunerados los empleos que se generarían que los que se perderían por legalizar el juego? ¿Habría un ingreso neto de divisas mayor por la inversión extranjera y por el gasto de turistas extranjeros que acudirían a los casinos? ¿Qué repercusión tendría para quienes actualmente no participan en juegos con apuestas? ¿Beneficiaría a la población o la perjudicarla? ¿Qué costos económicos y de repercusiones sociales tendrían los jugadores compulsivos mexicanos que se generarán por cada casino que se instale en el país? Entre otros.

Por lo anterior, se planteaban dos aspectos fundamentales: 1) que a la fecha no se han realizado estudios calificados o integrales, ni hay respuestas señas y confiables a las incógnitas planteadas, por lo cual, se afirma que no se deben autorizara casinos sin que se tengan esas respuestas, y 2) que es necesario hacer un alto en el camino y pugnar por que se realice un estudio imparcial y a fondo como sustento para autorizar o no los casinos y casas de apuestas, haciendo la recomendación de que esta investigación debe realizarla la UNAM, por su carácter interdisciplinario y por su prestigio de ser la máxima casa de estudios del país, señalando que al estudio deben sumarse otras instituciones e investigadores de prestigio.

Cabe señalar que la preocupación que manifiestan los firmantes del comunicado no es ajena a la polémica que desde 1995 ha desatado el tema de los casinos en la sociedad mexicana y en particular en la H. Cámara de Diputados, por lo que se requiere obtener información suficientemente amplia para la toma de una mejor decisión.

En razón de lo anterior y, en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, habiéndose cumplido con lo preceptuado en el artículo 88 del propio Reglamento, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, con la finalidad de que presente el dictamen ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.

A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, a fin de que turne a la brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa mencionada.

Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se excita a las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo para que emitan los dictámenes de referencia.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: En virtud de que se agota el tiempo para la duración de la presente sesión, instruyo a la Secretaría para que dé lectura al orden del día de la próxima sesión, en la que se incluirán los temas no tratados en la presente.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 9 de diciembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Cuatro, de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dos, de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.

Se instruye a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos para verificar la asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para verificar la asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Hay una asistencia de 385 diputados, señor Presidente.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 18:44 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 9 de diciembre a las 10:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 7 horas 13 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 400 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 385 diputados.

Diputado que opta por otro cargo: 1.

Diputado que solicita licencia: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 26.

Puntos de acuerdo, aprobados: 8.

Excitativas a comisiones: 2.

Oradores en tribuna: 61

PRI-22; PAN-14; PRD-17; PVEM-2; PT-2; PC-4.

Se recibió:

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

1 oficio de la Cámara de Senadores con punto de acuerdo;

14 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 minuta de ley, para los efectos del inciso e) del artículo 72;

3 minutas de ley;

1 iniciativa del Congreso del estado de Zacatecas;

7 iniciativas del PRI;

2 iniciativas del PAN;

8 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM;

1 iniciativa del PC.

Dictámenes de primera lectura:

1 de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Seguro Social;

4 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 7 ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

2 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 5 ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Dictámenes aprobados:

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Seguro Social;

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Polonia;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Yucatán a agilizar los trámites para la creación del programa de ordenamiento territorial de la costa yucateca y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a realizar los trámites para decretar el programa de conservación y manejo del parque marino nacional Arrecife Alacranes;

1 de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social con punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, continúe informando sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo el manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, conocidos comercialmente como askareles, así como de los contenedores, equipos y materiales que hayan estado o estén en contacto con los mismos.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Hernández, Roberto Aquiles (PRI) Estado de Chiapas: 304

Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD) Ley del Seguro Social: 195

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Pena de sentenciados: 226 desde curul

Avilés Nájera, Rosa María (PRD) Petróleos Mexicanos: 269

Bailey Elizondo, Eduardo Alonso (PRI) Estado de Nuevo León: 296 desde curul

Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía (PRD) Código Fiscal: 134

Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía (PRD) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 128

Burgos Barrera, Alvaro (PRI) Connacionales en los Estados Unidos de América: 302

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro: 299

Cárdenas Sánchez, Nancy (PRD) Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 144

Cárdenas Vélez, Rómulo (PAN) Comisión Especial para el Campo: 281

Castillo Cabrera, Jorge de Jesús (PRI) Estado de Chihuahua: 260, 296

Clouthier Carrillo, Tatiana (PAN) Estado de Nuevo León: 295

Concha Arellano, Elpidio Desiderio (PRI) Zona Federal Marítimo-Terrestre: 292

Córdova Martínez, Julio César (PRI) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles: 103

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) República de Cuba: 276

Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN) Sistemas educativos: 309

Cota Cota, Josefina (PRD) Ley del Seguro Social: 203

Cruz Martínez, Tomás (PRD) Artículo 40 constitucional: 157

Cruz Martínez, Tomás (PRD) Servicio de Administración y Enajenación de Bienes: 289

Chavarría Valdeolivar, Francisco (PRD) Hermenegildo Galeana: 142

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Ley de los Institutos Nacionales de Salud: 85

Döring Casar, Federico (PAN) Artículos 6°, 116 y 122 constitucionales: 91

Döring Casar, Federico (PAN) Presupuesto de Egresos: 36 desde curul

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Ley del Seguro Social: 202

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Ley del Seguro Social: 201, 206

Espinoza Pérez, Luis Eduardo (PRD) Ley Orgánica del Congreso: 97

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Ley Federal de Derechos: 111

Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia (PAN) Feminicidios: 245

Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia (PAN) Protocolo de Kyoto: 306

García Sanjinés, María Antonia (PAN) Biogás y Lombricultura: 287

García Sanjinés, María Antonia (PAN) Estado de Tamaulipas: 256

Godínez y Bravo, Rebeca (PRI) Día Internacional de los Derechos Humanos: 285

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Efemérides: 259

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Estado de Campeche: 251

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Feminicidios: 240

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Artículo 71 constitucional: 273

Guzmán Santos, José (PRI) Educación e Investigación Tecnológica: 241

Lagarde y de los Ríos, María Marcela (PRD) Feminicidios: 147

Laguette Lardizábal, María Martha Celestina Eva (PRI) Código Penal: 20

Lara Saldaña, Gisela Juliana (PAN) Ley General de Salud: 211

Lastra Marín, Lucio Galileo (PAN) Ley del Seguro Social: 201

Maldonado Venegas, Luis (PC) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 100

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Yasser Arafat: 237

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional: 137

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001, 2002: 267

Moreno Ramos, Gustavo (PRI) Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde: 229

Nava Altamirano, José Eduviges (PRI) Articulo 4° constitucional: 132

Orantes López, María Elena (PRI) Código Civil: 154

Orantes López, María Elena (PRI) Estado de Chiapas: 253

Osuna Millán, José Guadalupe (PAN) Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos: 107

Rocha Medina, María Sara (PRI) Ley del Seguro Social: 204

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Artículo 72 constitucional: 144

Rodríguez Fuentes, Agustín (PRD) Ley del Seguro Social: 207

Rojas Toledo, Francisco Antonio (PAN) Mara Salvatrucha: 234

Salinas Narváez, Javier (PRD) Transporte metropolitano: 278

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI) Estado de Jalisco: 227

Serrano Crespo, Yadira (PRD) Suicidio de niños y jóvenes: 265

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Secretaría de la Función Pública: 248

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Secretaría de la Función Pública: 250 desde curul

Vega y Galina, Roberto Javier (PRI) Ley del Seguro Social: 198

Wong Pérez, José Mario (PRI) Código Penal: 141

Wong Pérez, José Mario (PRI) Pena de sentenciados: 224 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 156 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 4 Permiso Mesa Directiva: 32 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 25 Total diputados: 222 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita del Sagrado Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 115 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 17 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 55 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 29 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 9 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 11 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Burgos García Enrique Díaz Nieblas, José Lamberto Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Figueroa Smutny, José Rubén Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc García Corpus, Teofilo Manuel García Ortiz José Jiménez Sánchez, Moisés Lomelí Rosas J. Jesús Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Murat Hinojosa Alejandro Ismael Ramírez Pineda Luis Antonio Reyes Retana Ramos Laura Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Ruiz Massieu Salinas Claudia Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Soriano López, Isaías Vega Rayet, Juan Manuel Álvarez Mata Sergio Álvarez Ramos J. Irene González Garza José Julio Gutiérrez Ríos Edelmira Marquez Lozornio, Salvador Palmero Andrade, Diego Ramírez Luna, María Angélica Ruiz del Rincón Gabriela Vázquez Saut, Regina Vega Casillas Salvador García Ochoa Juan José González Bautista Valentín Guzmán Cruz, Abdallán Martínez Ramos Jorge Nahle García, Arturo Ortega Alvarez Omar Padierna Luna María De Los Dolores Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena González Yáñez, Óscar CONVERGENCIA Maldonado Venegas Luis PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel

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EFEMERIDES

Efeméride con motivo del aniversario luctuoso de Diego Rivera, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Durante décadas todos los mexicanos que hemos tenido alguna relación con la Universidad Nacional Autónoma de México pudimos contemplar los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, de San Ildefonso, en el Centro Histórico del DF. Ese fue el primer mural que pintara Diego Rivera, el principal creador del muralismo mexicano y uno de los pilares de la escuela mexicana de pintura.

Además de los murales que existen en los pasillos de ese edificio colonial, el principal conjunto de imágenes creadas por Rivera se encuentra en el salón conocido con el nombre de El Generalito.

Así, el grupo parlamentario de Convergencia rinde un homenaje de reconocimiento a ese gigante de la pintura universal, cuyas obras pictóricas dieron la vuelta al mundo, en vida de él, y hasta la actualidad.

Pero todavía más. Su clara posición de artista identificado con las mejores causas de la humanidad, intelectual socialista y militante comunista definido hasta los últimos días de su existencia, como miembro del Partido Comunista de México, significan para el grupo parlamentario de Convergencia la presencia de un artista popular, que concitaba las iras de clase por sus posiciones sociopolíticas definidas.

Fue miembro también de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Sus artículos periodísticos y sus conferencias estéticas con posturas críticas de izquierda lo volvieron un hombre polémico vertical en sus concepciones. Su amistad con León Trotsky, desahuciado por el stalinismo gobernante en la Unión Soviética, hizo que fuera acusado de revisionista, sin que por ello abjurara de su ideología de clase.

Ello motivó que varias de sus obras pictóricas fueran censuradas por sus propios contratantes extranjeros, particularmente en edificios de Estados Unidos de América. El grupo parlamentario de Convergencia ve en la vida y en la obra de Diego Rivera, al gigante estético, siempre en busca de caminos alternativos para su pintura y la consolidación de un estilo genérico que estableciera un arte comprometido con las causas del pueblo mestizo moderno, y con la perpetuación de identidad a través de darle vida a su rechazo al imperialismo avasallante.

Tan enorme es su aportación pictórica que, por ejemplo, uno de los murales más visitados por turistas extranjeros son los que se encuentran en la escalera central del Palacio Nacional y en sus pasillos. Donde sin ninguna taxativa o impedimento de sus concepciones plasma ahí su interpretación de la conquista sobre las culturas indias y la presencia de los creadores del comunismo realmente existente, que dio paso a la Revolución Socialista Soviética y fundó la Unión Soviética.

Otro más paradigmático, es el mural conocido como Un domingo en la Alameda, que hoy ha sido rescatado y restaurado luego de los sismos de 1985, y cuenta con un edificio exclusivo para su preservación, justo en la Alameda Central del Centro Histórico.

Asimismo, se pueden contemplar sus murales del Palacio de Bellas Artes, junto a otros de los grandes pintores: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. De entre sus obras escultóricas inigualables debe destacarse el Anahuacalli, edificio que estuvo pensado como un albergue y talleres para artistas de escasos recursos económicos.

El grupo parlamentario de Convergencia quiere dejar constancia explícita de identificar al gran artista comunista mexicano hasta él fin de sus días, porque su inmensa riqueza incalculable, entre otros valores una enorme colección de piezas arqueológicas de todas las culturas precolombinas de Mesoamérica, quizás sólo comparable al acervo del Museo Nacional de Antropología e Historia, la de Diego Rivera abarca varios miles de piezas, las cuales, junto con ese magnífico Museo Anahuacalli, fueron heredadas íntegramente en vida del pintor ``al pueblo de México''.

Lo cual puede considerarse como una clara donación de clase, como una lección dada a muchos de sus detractores, quienes lo combatieron en vida por sus posiciones iconoclastas e ideológicas.

Diego Rivera falleció en la Ciudad de México un 24 de noviembre hace 47 años. El grupo parlamentario de Convergencia rinde un tributo a su memoria y a la enorme aportación que hiciera al arte universal.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de noviembre de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez.»

Efeméride con motivo de la presentación ante el pueblo de Morelos del Plan de Ayala, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

Seguramente todos recordamos la anécdota expresada por el General Emiliano Zapata, cuando convocó a todos quienes estaban interesados en conocer su llamamiento para exigir las reivindicaciones campesinas en el estado de Morelos, y en general en el sur del país, diciéndoles: ``Esos que no tengan miedo que pasen a firmar''.

De ese modo el grupo parlamentario de Convergencia quiere recordar justamente esa referencia a lo que históricamente íbamos a conocer como el Plan de Ayala, manifiesto que se expidió el 28 de noviembre de 1911, con el significado de ser expuesto un año más tarde del estallamiento de la Revolución de 1910.

Por razón natural, del origen terrateniente burgués de don Francisco I. Madero, las demandas en general de los indios y campesinos marginados se habían soslayado en el Plan de San Luis, que esgrimiera el maderismo, el cual ponía el acento solamente en la democratización del pueblo mexicano, mediante el énfasis del lema: ``Sufragio efectivo, no reelección''.

El grupo parlamentario de Convergencia, por todo ello, señala que el general Emiliano Zapata desde un principio, aun cuando ya había sido elegido Francisco I. Madero como presidente de la República, el zapatismo se mantuvo en armas, a partir de aquella célebre entrevista en Cuernavaca entre ambos personajes, donde Madero quiso apaciguar al zapatismo, mediante su presencia frente al Caudillo del Sur.

El Plan de Ayala, redactado con el auxilio ideológico de un profesor como Otilio Montaño, y un ideólogo agrarista y juarista combativo como Antonio Díaz Soto y Gama representa a juicio del grupo parlamentario de Convergencia con los planteamientos eminentemente agraristas, la urgencia de respetar las reivindicaciones históricas documentadas, con ordenanzas y títulos de la Corona de España, que databan desde la época de la Conquista.

En los cuales se reconocían con linderos diagramados los derechos de las comunidades indígenas que habían sido despojadas por los encomenderos, desconociendo esos derechos a título de la encomienda dada justamente por los reyes españoles.

Avalada por los virreyes o visitadores (prácticamente inspectores de los reyes españoles), éstos quienes muchas veces ni siquiera llegaban a su destino porque o eran asesinados o morían en el camino desde España, y, si desembarcaban en Veracruz, no llegaban vivos a la Ciudad de México o llegaban disminuidos por enfermedades naturales, por el clima y la alimentación o finalmente cuando llegaban ya habían sido cooptados, mediante el cohecho (de ahí nació la mordida típicamente mexicana), por los encomenderos herederos de los soldados de la Conquista.

Todo ello hizo, en opinión del grupo parlamentario de Convergencia, que los pueblos indios sobrevivientes y remontados, no pudieran siquiera exponer sus demandas contra la expoliación que les hacían los españoles, tanto los peninsulares como los criollos.

Durante los 300 años que tardó la Conquista, los pueblos indios fueron sometidos a un genocidio esclavista atroz. Esta situación hizo que, de 156 reinos indios antes de la Colonia, con su territorio, idioma, cultura, religión, usos y costumbres --hoy que se han puesto de moda con lo más deleznable de ellos--, a la fecha queden sólo algunos focos localizados de 59 núcleos étnicos amestizados, y desde luego en la mayoría de los casos sin sus tierras reconocidas documentalmente y aún con litigios agrarios posrevolucionarios.

De manera que el lema de ``Tierra y Libertad'', que presidiera la connotación de demanda del Plan de Ayala, hasta la fecha siga siendo vigente, conforme el espíritu de la Declaración de Principios del Partido Político Nacional Convergencia.

La lucha por la ejecución del Plan de Ayala dio un giro social congruente para que en el tema específico, 6 años después al triunfo de la Revolución Mexicana, en la promulgación de la Constitución General de la República los contenidos visionarios del artículo 27 lo remarcaban.

Por ejemplo, lo inalienable que eran las tierras ejidales, justo para defenderlos ante el generalizado despojo que por su ignorancia le hacían a los pueblos indios y núcleos de campesinos marginados, amenazadas siempre --como hasta la fecha--, por los caciques al servicio de los hacendados prerrevolucionarios, herederos directos de los encomenderos de la Conquista.

Resumiendo, en el grupo parlamentario de Convergencia consideramos que el Plan de Ayala es y seguirá siendo un documento histórico, alfa y omega en la lucha por la tierra, tanto que la Universidad Autónoma Chapingo, ésta una hacienda expropiada por el agrarismo posrevolucionario, tiene por lema una interpretación moderna del lema de Zapata: ``Enseñar la explotación de la tierra, no del hombre''.

Palacio Legislativo, a 30 de noviembre de 2004.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)

Efeméride con motivo del trigésimo primer aniversario luctuoso de John Fitzgerald Kennedy, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento efeméride relativa al trigésimo primer aniversario luctuoso de John Fitzgerald Kennedy.

John Fitzgerald Kennedy ha pasado a la historia como uno de los presidentes más recordados por su idiosincrasia. Fue el presidente de Estados Unidos elegido más joven, y el primero y único de religión católica.

Hijo de Joseph Kennedy, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial, John F. Kennedy se convierte en un héroe de guerra, a bordo de su patrullero PT109, salvando a 11 de sus 13 compañeros, tras ser atacados por un patrullero japonés durante la guerra.

Elegido senador por el Partido Demócrata en 1952 por el estado de Massachusetts, accedió a la Presidencia en las elecciones de 1960, bajo un programa que él denominó de la ``nueva frontera''. Persuadido erróneamente de que en Estados Unidos estaban perdiendo la carrera nuclear con la URSS, lanzó programas importantes de rearme, tanto en el terreno nuclear como en el convencional.

Presidente en los tiempos de la ``coexistencia pacífica'' trató de alternar dureza y negociación. No pudo impedir la construcción del Muro de Berlín, en 1961, pero, en una política de llevar la situación al borde del abismo, hizo que la URSS retirara los misiles nucleares de Cuba. Tras negociar con los soviéticos firmó el tratado de limitación de ensayos nucleares en agosto de 1963, justo después de suscribir la presencia estadounidense en Berlín occidental tras visitar la ciudad rodeada y pronunciar el célebre discurso Ich bin ein Berliner (Soy un berlinés).

Por su carisma, fue una fuente de inspiración para que muchos estadounidenses se involucraran en el embate social y político. Mas tuvo problemas en el Congreso de Estados Unidos, donde sus propuestas más importantes para el estímulo económico, la reforma fiscal, la ayuda a la educación y un bienestar ampliado quedaron obstruidas.

Tuvo mejor suerte con sus acciones ejecutivas, persuadiendo a importantes compañías siderúrgicas para que dieran marcha atrás en los aumentos de precios en abril de 1962 y estimuló la carrera para llegar a la Luna. Internamente, tuvo importante labor en promover los derechos civiles de la población afroamericana, especialmente en los estados sureños, donde seguían sufriendo fuerte discriminación, amenazando incluso con el envío de tropas federales si no se cumplían las leyes antirracistas. Para reforzar los derechos civiles, Kennedy envió al Congreso un mensaje especial en que solicitaba una legislación para acabar con la segregación en los servicios públicos y dar al Departamento de Justicia autoridad para llevar a cabo acciones en favor de la integración escolar. Éste le resultó un gran triunfo político al ver la mayor parte de sus propuestas promulgada en la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Durante ese tiempo tuvieron lugar varios hechos remarcables en la historia de la humanidad, el aumento del papel de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y la crisis de los misiles de Cuba, que desencadenó la invasión de Bahía de Cochinos, en 1962. Las negociaciones entre el gobierno de Kennedy y Nikita Khrushchev consiguieron detener las hostilidades; sin embargo, durante toda la historia de la Guerra Fría jamás se estuvo tan cerca de una confrontación armada directa entre las dos potencias hegemónicas.

Lanzó el programa Alianza para el Progreso, que pretendió lograr un acercamiento entre las naciones de América con Estados Unidos, para de esta manera alejarlas de la influencia soviética, encarnada en Cuba. Fruto de este plan fue el surgimiento de Ciudad Kennedy, que en la actualidad es el barrio más grande de Bogotá, Colombia, con más de un millón de habitantes.

Una brillante carrera para el más joven de los presidentes estadounidenses que tocaba su fin. Días más tarde, el 22 de noviembre de 1963, dejaba a su familia y a una nación entera de luto, al recibir varios disparos mientras desfilaba en un automóvil descapotable por calles de Dallas.

Una existencia demasiado efímera para quien intentó cambiar los designios de la nación más poderosa del mundo, y de lo cual nuestro país aprendió el ejemplo histórico que se refleja en la fortaleza de nuestras instituciones políticas.

Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»