DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 5 de noviembre de 2004	Sesión No. 20

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 311 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:01 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Viernes 5 de noviembre.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Félix Arturo González Canto.

Del Congreso de Sonora.

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativa del Congreso de Sonora

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Tres, con los que se remiten acuerdos del Congreso de San Luis Potosí por los que se solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 en los rubros de apoyo a la Universidad de San Luis Potosí, a la educación y al Fondo de Ahorro Campesino del Programa Braceros. (Turno a Comisión)

Con el que se remite el acuerdo del Congreso de Colima por el que solicita la creación de un ramo presupuestal para 2005 en materia ambiental y de recursos naturales. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe acuerdo por el que se solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a fin de concluir la primera etapa de las obras de ampliación a cuatro carriles de la autopista Manzanillo-Guadalajara. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe acuerdo por el que se solicita incremento presupuestal para el ejercicio de 2005 al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe acuerdo por el cual se solicita que se incluya una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 destinada a la ampliación de la carretera Campeche-Mérida. (Turno a Comisión)

Con el que remite comunicación del Congreso de Tabasco por el que se adhiere a diversos Congresos para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964. (Turno a Comisión)

Por el que comunica la designación del doctor José Luis Soberanes Fernández para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un segundo periodo de cinco años, a partir del 16 de noviembre de 2004.

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 al 23 de noviembre de 2004, para participar en la XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por celebrarse en Santiago de Chile, y para realizar una visita de Estado a la República de Ecuador. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pruebas, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Título Vigésimo Primero Bis al Código Penal Federal, con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1819 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de maternidad, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se pone a consideración del Ejecutivo federal que se declare área natural protegida el lago de Zirahuén, situado en Michoacán, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de la Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 3º de la Ley de Nacionalidad.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lidia Camacho Camacho, Carlos García Priani, Virgilio Salvador Garza González, Inocente Prado López, Fernando Barona Sobrino, César Mayolo Mata Duarte y Carlos Octavio Angulo Jiménez para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los Gobiernos de las Repúblicas Francesa, Federativa del Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, y la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que dicte instrucciones a fin de que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones conducentes a cumplir el programa de inversión considerado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para la construcción y modernización de la carretera Guadalajara-Ameca, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar la solicitud de los diputados federales por el estado de Colima a efecto de que en ningún caso la partida presupuestal de 2005 destinada a diversos ramos administrativos sea menor de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo de la diputada Graciela Larios Rivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se reasignen recursos adicionales y extraordinarios, por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente a 8 por ciento del presupuesto para el Programa Nacional de Cultura, debidamente etiquetados para el desarrollo cultural en las entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con objeto de constituir un fondo nacional para la promoción cultural en las entidades federativas, a cargo de la diputada Elba Garfias Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a distribuir inmediatamente entre las entidades federativas los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 al Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar, en el análisis del Presupuesto de Egresos para 2005, recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que apruebe recursos suficientes para la prevención y el combate del VIH, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, así como a la Comisión Federal de Competencia, a investigar la gestión de la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, y la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura situado en Progreso, Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar diversos artículos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para enviar una enérgica amonestación al secretario de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública a investigar el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, entre otros de ese Estado, a efecto de que no se desvíen recursos públicos con fines partidistas, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique sobre la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo y al procurador federal de Protección al Ambiente a tomar --en el ámbito de sus facultades-- las medidas correspondientes para la prevención y control, e iniciar una investigación, con el propósito de evaluar el impacto ambiental y promover el rescate de la presa El Manantial, en el municipio de Tizayuca, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una tarifa 1-G, referida al cobro de energía eléctrica de uso residencial, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a valorar la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a garantizar en ejercicio de sus facultades que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a fin de costear el análisis, los proyectos ejecutivos, las contrataciones y la ejecución total del acceso a Puente de Ixtla, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial para vigilar el proceso electoral del 15 de noviembre en el estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que vote en favor del proyecto presentado por Bélgica relativo a la clonación humana, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 los recursos necesarios en la construcción del libramiento oriente de la ciudad de Morelia y la conservación de carreteras en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a condonar mediante una resolución de carácter general el pago de contribuciones a cargo de los pequeños contribuyentes y accesorios por haber sido afectados con la reforma del artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor desde el 1 de enero de 2004, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se asignen recursos adicionales a la Secretaría de Marina, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Marina. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados a valorar y atender, al analizar, discutir y dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, las recomendaciones surgidas del II encuentro nacional de las instancias de las mujeres de los gobiernos de 18 estados de la República, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de impulsar una revisión de carreteras, puentes y túneles del territorio mexicano, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a cesar inmediatamente la represión de que son objeto los trabajadores, respetar su condición de trabajadores y reconocerles el derecho a la sindicación, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 una partida presupuestaria mínima de 550 millones de pesos destinada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen y se etiqueten 120 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de elaborar los estudios de factibilidad, técnicos y financieros, así como el proyecto ejecutivo de cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del estado de México, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a poner a votación la propuesta del reglamento para el uso y servicio del vestíbulo y patio principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se plantea adicionar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un programa de energéticos agropecuarios conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe pormenorizado de la situación actual de las reservas del agua y del estado de la economía sobre este recurso, así como de las medidas de corto, mediano y largo plazos, cobro a los usuarios, distribución y obras programadas para poder alcanzar el escenario sustentable que se visualiza en el informe Estadísticas del agua en México, 2004, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar y etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 el presupuesto proyectado para la Comisión Nacional del Agua, a fin de que ésta lo aplique en la actividad prioritaria K030 (Cuenca Lerma-Chapala), a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se destinen recursos a la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango, a cargo del diputado José Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore y ejecute, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los programas de conservación y manejo en las áreas naturales protegidas carentes de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a reformar los artículos segundo y duodécimo del Programa de Apoyos Directos al Campo, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público analice y considere la opinión de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos respecto a la iniciativa de reformas de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Ejecutivo federal a esta soberanía, y en particular a la propuesta de redacción del artículo 8 de dicho ordenamiento, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de crear un programa especial y estratégico para reactivar los valles del Yaqui y del Mayo, Sonora, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión del Distrito Federal, a solicitud del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Junta de Coordinación Política, a solicitud de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Proceda la Secretaría a ordenar el cierre del sistema electrónico de asistencia conforme lo señala el acuerdo parlamentario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se informa a los diputados y diputadas que tienen 15 minutos para registrar su asistencia por cédula.

Cumplida la instrucción, ciudadano Presidente.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de octubre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos noventa y siete diputadas y diputados, a las diez horas con veintiún minutos del jueves veintiocho de octubre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Jorge Ortiz Alvarado con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra el ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa, electo como diputado federal suplente en la cuarta circunscripción plurinominal, y designa una comisión que lo introduce y acompaña al rendir su protesta de ley.

Comunicación del diputado Fernando Alberto García Cuevas con la que solicita licencia temporal para separarse del cargo de diputado federal electo en el segundo distrito del estado de México. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Coahuila, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se destinen los recursos necesarios para que los órganos de fiscalización superiores de los estados, puedan dar cumplimiento al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Hidalgo, con acuerdo en relación con el similar del Congreso del estado de Sonora por el que se pronuncia a favor de los usuarios de carreteras de esa entidad federativa por los retrasos y pérdidas económicas que producen los puntos de revisión instalados por el Ejército Mexicano y por la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Nayarit, con acuerdo por el que solicita que los recursos de Alianza para el Campo y otros programas del sector rural para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se asignen directamente a los municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Nayarit, con acuerdo por el que solicita la creación de un fideicomiso que administre el fondo para los trabajadores mexicanos braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos -- mil novecientos sesenta y cuatro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.

San Luis Potosí, con acuerdo por el que solicita sumarse al exhorto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que amplíe su apartado correspondiente en materia de discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

Veracruz, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se destinen mayores recursos a la educación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Turismo. Se aprueba en votación económica.

Con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Ciencia y Tecnología; de Desarrollo Social; de Trabajo y Previsión Social; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Asuntos Indígenas; Especial del Café y de Seguridad Social. De enterado.

El Congreso del estado de Veracruz remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo treinta y tres de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Dos, con los que remite contestaciones de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se solicitan informes trimestrales sobre presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Uno, con el que remite contestación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de que informe sobre diversas disposiciones relativas a la operación de esa dependencia y, en su caso, del Programa Especial Concurrente. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Uno, con el que remite el Informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de dos mil cuatro, del avance físico financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, así como del Programa de Empleo Temporal. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a la implantación de un programa nacional que permita el tratamiento de residuos peligrosos y su inocuidad, utilizando tecnología de punta, y a la salvaguarda de la comunidad coralina conocida como Los Jardines. Se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite dos iniciativas con proyectos de decreto por los que:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Fauzi Hamdán Amad, del Partido Acción Nacional.

Se reforman diversas disposiciones fiscales, presentada por la senadora Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo diecinueve, un párrafo tercero al artículo veinte bis dos y modifica el artículo cincuenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del dos al seis de noviembre de dos mil cuatro, a efecto de realizar una visita de trabajo a la República de Panamá y participar en la décima octava Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil; así como el diecinueve de noviembre del mismo año, para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en San José de Costa Rica. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen y sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto respectivo por trescientos sesenta y siete votos en pro, uno en contra y cinco abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente declara aprobado el proyecto de decreto de referencia. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone una adición al artículo veintinueve de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma que la Asamblea admite en votación económica.

A discusión en lo general y en lo particular, con la adición admitida, hablan los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; y Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Contesta alusiones personales el diputado Gutiérrez de la Garza.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, en lo general y en lo particular con la adición admitida, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y cinco votos en pro, cinco en contra y seis abstenciones. Durante la votación de referencia, el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita desde su curul la lectura de la adición admitida y la Presidencia instruye a la Secretaría a atender lo solicitado.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos noventa y un votos en pro, uno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Desde su curul el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, informa que existen diferencias en el dictamen entre lo publicado en la Gaceta Parlamentaria y lo aprobado en la Comisión Dictaminadora y solicita aclaraciones al respecto. También desde su curul hablan los diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, y Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, ambos para solicitar se posponga momentáneamente el desahogo de este dictamen; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita posponer también los otros dictámenes en materia hacendaria. El Presidente atiende lo solicitado.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo tercero de la Ley de Nacionalidad. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo treinta y siete de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas: Francesa, Federativa del Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, así como por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos setenta y siete votos en pro, ninguno en contra y seis abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal. Es de segunda lectura. Habla en pro el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y tres votos en pro, ninguno en contra y ocho abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice los estudios técnicos necesarios para la construcción de la línea del tren suburbano que conecte a diversos municipios del estado de México. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República a que agilicen el otorgamiento del beneficio preliberacional a las personas sentenciadas, en los casos procedentes. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley que crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, que adiciona un Título Octavo a la Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Marisol Urrea Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y tres del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos con acuerdo que rige la actuación de la Cámara de Diputados como Jurado de Procedencia para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/ cero uno/ cero cuatro, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra del ciudadano René Juvenal Bejarano Martínez, diputado con licencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Tercera Legislatura. Se reserva el artículo primero, segundo párrafo, para la discusión en lo particular. Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados en votación económica. Se refieren al artículo reservado los diputados: Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y propone modificaciones; y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de los términos del acuerdo, y acepta dos interpelaciones de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría da lectura a la modificación propuesta por el diputado Espinoza Pérez y la Asamblea la desecha en votación económica. Se aprueba el artículo primero, segundo párrafo, en los términos del acuerdo, en votación económica.

Continúan la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Armando Leyson Castro, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cincuenta de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se turna a la Comisión de Transportes.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiséis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Gobernación.

Rafael Candelas Salinas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos ciento cincuenta bis y ciento cincuenta ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión Justicia y Derechos Humanos.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos trece y dieciocho de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América del periodo mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro. Se turna a la Comisión Hacienda y Crédito Público.

Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un Título Sexto a la Ley General de Desarrollo Social y que adiciona el artículo cuatrocientos seis y reforma el artículo cuatrocientos siete del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Justicia y Derechos Humanos.

Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y tres y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta informa de la recepción de la iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos tercero, quinto, sexto y octavo de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Es de primera lectura.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice estudios para decretar la zona marina ubicada al norte del Parque Nacional Isla Contoy y al noroeste del área de protección de la flora y fauna de Yum Balam, como área natural protegida. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que investiguen la muerte de delfines y tortugas en las costas de Campeche. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Raúl Piña Horta, del Partido Verde Ecologista de México, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil cinco, se consideren recursos adicionales para el Centro Nacional para la Prevención y Control del virus de inmunodeficiencia humana -- síndrome de inmunodeficiencia adquirida y para el Centro de Investigaciones Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Durante la presentación de la proposición de referencia, desde su curul el diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, solicita la verificación de quórum y la Presidenta instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

José Julián Sacramento Garza, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Tamaulipas y al municipio de Matamoros, a revisar la instalación de un relleno sanitario en ese municipio y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Habla en pro la diputada Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese. Con el registro de trescientos cincuenta y cinco diputadas y diputados la Secretaría confirma la existencia de quórum.

Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco se cumpla el incremento anual considerado en el artículo segundo transitorio del decreto que reforma el artículo nueve bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Habla en pro el diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para solicitar al titular de Petróleos Mexicanos un informe sobre el proceso de baja y contratación de buques -- tanque. La Presidenta informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Energía.

Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fije con los productores de maíz del estado de Chiapas, un ingreso objetivo a la tonelada de maíz.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Jaime del Conde Ugarte, del Partido Acción Nacional, para solicitar el inicio de los trabajos legislativos relacionados con las reformas estructurales y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Desde su curul el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, expresa dudas sobre el resultado de la votación y el Presidente consulta a la Secretaría al respecto, reiterando ésta el resultado. En contra hablan los diputados Pablo Franco Hernández y Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo desecha.

Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la realización de un peritaje técnico a los sistemas de comunicación de la Cámara de Diputados, en particular los de telefonía, a fin de detectar posibles prácticas de espionaje y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Comisión de Gobernación.

De Convergencia, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, una investigación sobre las agresiones a los voceadores de la ciudad de Oaxaca. El Presidente informa de la recepción de la proposición y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, a nombre propio y del diputado Arturo Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al secretario de Gobernación a que en la conducción de la política interior, se sujete al marco de la legalidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que en la quincuagésima novena sesión de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, emita un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y transplante nuclear con fines de investigación y terapéuticos, y en contra de la clonación con fines reproductivos y eugenésicos, y solicita trámite de urgente resolución. Hablan desde sus curules los diputados: Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para objetar el trámite; y Ortega Álvarez, quien acepta que su proposición se turne a comisión. Se turna a la Comisión de Salud.

Marbella Casanova Calam, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobierno y al Congreso del estado de Yucatán, a fin de que instrumenten acciones para transparentar y fiscalizar los recursos públicos ejercidos por las secretarías estatales de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Pesca, así como los destinados a los municipios de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, para que se reasigne parte del presupuesto del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Homero Díaz Rodríguez, a nombre propio y del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que el proyecto petroquímico Fénix se ejecute en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Energía.

Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la situación de indígenas integrantes de la Unión Campesina Independiente detenidos en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, para realizar un homenaje y hacer entrega de un reconocimiento público, a los atletas mexicanos Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Alfonso Rodríguez Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, para que las disposiciones relativas a la repatriación de capitales, no se contemplen en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino en sus disposiciones permanentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, para que se consideren recursos para el Programa Regional de las Mixtecas Agua y Seguridad Alimentaria, en el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Raúl Leonel Paredes Vega, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los ayuntamientos costeros del país a dar cumplimiento al Programa Nacional de Turismo dos mil -- dos mil seis. Se turna a la Comisión de Turismo.

José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, para ampliar los recursos del sector educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, para extender la vigencia del Grupo de Trabajo para la evaluación de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Armando Leyson Castro, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a poner en operación el Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública

Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que omita impulsar la candidatura del ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León al cargo de Secretario General de la Organización de Estados Americanos y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, en relación con el impacto de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios al gas licuado de petróleo para la combustión automotriz. El Presidente informa de la recepción de la proposición y la turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural, en el ámbito de su competencia.

Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, para solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la simplificación de trámites para la importación de vehículos y equipos de emergencia recibidos en donación para seguridad pública, protección civil y bomberos. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para que no se reduzcan los recursos destinados a educación, cultura, ciencia y tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Revolucionario Institucional, para que en la elaboración del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se estudie la posibilidad de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes que promuevan y fomenten la cultura física y el deporte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, los municipios sean beneficiados con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Horacio Martínez Meza, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una subcomisión de trabajo que verifique las obras realizadas por la empresa Gas Natural de México, Sociedad Anónima, en el Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y del Distrito Federal.

José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco se aumente el presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Óscar Félix Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, los recursos suficientes para la conclusión de la segunda etapa del proyecto Elota -- Piaxtla, en el estado de Sinaloa. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos. Desde su curul, el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, solicita verificación de quórum y la Presidenta instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia para el efecto.

Paulo José Luis Tapia Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, para que se aumenten los recursos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Álvaro Burgos Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Economía a que implemente programas para fomentar las artesanías en la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Economía.

Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para condenar el bloqueo económico de Estados Unidos de América sobre Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores. La Secretaría informa del registro de trescientos veintiséis diputadas y diputados, confirmando la existencia de quórum.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con las acciones para atacar y evitar la explotación de niñas en los Estados Unidos de América por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

José Orlando Pérez Moguel, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y del diputado Roger David Alcocer García, del Partido Revolucionario Institucional, para que se etiqueten recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, para un dragado de construcción y mantenimiento en el puerto de Progreso, Yucatán. Se turna a la Comisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, recursos para la creación de plazas al personal científico y tecnológico de los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia, para interponer una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal por la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En votación económica se considera de urgente resolución, y ante la duda expresada desde curul por el diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, se recoge votación nominal. Por doscientos cuarenta y seis votos a favor y ciento seis en contra, se considera de urgente resolución. Habla en pro el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que implemente una campaña de difusión sobre el régimen de pequeños contribuyentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las dieciocho horas con cincuenta minutos, y a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la Presidenta declara un

RECESO

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

A las veinte horas con cuarenta minutos se reanuda la sesión.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Desde su curul el diputado Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional, solicita la palabra para presentar una moción suspensiva y el Presidente no considera procedente la solicitud. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Sin nadie que solicite la palabra, el Presidente informa de los artículos reservados. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y ocho votos en pro, ninguno en contra y ninguna abstención.

Hablan en contra del artículo segundo, fracción primera, inciso f), reservado, los diputados: Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Ávila Nevárez, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: tres votos en pro, trescientos ochenta y ocho votos en contra y cuatro abstenciones. No se aprueba el inciso f) de la fracción primera del artículo segundo.

Se retiran las reservas de los artículos dos -- C y dos -- D.

Se concede la palabra al diputado José María de la Vega Lárraga, del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos reservados: segundo, fracciones primera, inciso i), y segunda, inciso a); tercero, fracción décima octava; cinco -- A y octavo, fracción primera, inciso h), y propone adiciones en cada caso. Desde su curul hablan los diputados: Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar aclaraciones sobre la intervención del diputado De la Vega Lárraga, que el Presidente hace; y Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios de procedimiento. La Asamblea desecha en votación económica la adición propuesta para el artículo segundo reservado, fracción primera, inciso i). Hablan desde su curul los diputados: De la Vega Lárraga, para solicitar la lectura de su propuesta de adición al artículo segundo, fracción segunda, inciso a); y José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para solicitar con el apoyo de otros diputados que la votación respectiva sea nominal, y por ciento dieciocho votos en pro, doscientos setenta y tres en contra y once abstenciones, se desecha la adición de referencia.

Se recoge la votación de los artículos dos -- C y dos -- D, reservados, y por ningún voto en pro, trescientos noventa y cinco en contra y cuatro abstenciones, no se aprueban. Durante ella, la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones sobre el sentido de la votación que el Presidente hace.

Se concede la palabra a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone adiciones a las fracciones cuarta y quinta del artículo tercero reservado, y al artículo segundo transitorio. La Asamblea aprueba en sendas votaciones económicas las dos adiciones propuestas al artículo tercero.

Habla la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos: tercero, fracción segunda; y diecinueve, fracción quinta, y propone adiciones. En contra de las propuestas habla el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea desecha ambas adiciones propuestas en sendas votaciones económicas.

En sendas votaciones económicas se desechan las adiciones propuestas por el diputado José María de la Vega Lárraga para los artículos: tercero, fracción décima octava; cinco -- A; y octavo, fracción primera, inciso h).

Desde su curul el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento que la Presidencia considera procedente.

En virtud de que se retira la reserva del artículo trece, fracción quinta, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva en los términos del dictamen, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y tres votos en pro, uno en contra y tres abstenciones.

Se aprueba el artículo diecinueve, fracción quinta, en sus términos, por trescientos noventa y dos votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Desde su curul el diputado Gustavo Enrique Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión solicita se desechen la fracción décima séptima del artículo tercero y las fracciones vigésima y vigésima primera del artículo diecinueve. También desde su curul la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, apoya la propuesta de la Comisión.

Hablan desde su curul para solicitar aclaraciones o hacer comentarios de procedimiento los diputados: Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática; Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

Por seis votos en pro, trescientos ochenta en contra y cuatro abstenciones, no se aprueban la fracción décima séptima del artículo tercero y las fracciones vigésima y vigésima primera del artículo diecinueve.

Desde su curul el diputado Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, propone suprimir el contenido del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto y la Asamblea admite la propuesta en votación económica. Por cero votos en pro, trescientos ochenta y seis en contra y una abstención no se aprueba el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto.

Desde su curul la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, solicita desahogar la adición propuesta al artículo segundo transitorio presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, del mismo Partido, y la Asamblea la admite en votación económica. Por trescientos setenta y siete votos en pro, cuatro en contra y dos abstenciones, se aprueba la adición del artículo segundo transitorio.

Presenta adiciones al artículo octavo, fracción primera, inciso f), reservado, el diputado Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional. Habla en pro de la adición el diputado Julián Nazar Morales, del mismo Partido. En pro de los términos del dictamen y en contra de la adición hablan los diputados: Rogelio Franco Castán, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia. Desde su curul el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, con el apoyo de otros diputados, solicita votación nominal y por setenta y nueve votos en pro, doscientos ochenta y seis en contra y veintiún abstenciones

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

se desechan las adiciones propuestas.

Se aprueba el artículo tercero con las adiciones admitidas a las fracciones cuarta y quinta por trescientos ochenta y dos votos en pro, tres en contra y dos abstenciones.

Se retiran las reservas del artículo tercero transitorio, mismo que se aprueba en los términos del dictamen por trescientos setenta y cinco votos en pro, uno en contra y cinco abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa de la recepción del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones sobre el momento en que se desahogaría el dictamen referido y el Presidente informa que sería de inmediato. La Asamblea aprueba su incorporación en el orden del día en votación económica. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, hace una moción de procedimiento que el Presidente considera pertinente. Se reserva el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto. Sin nadie que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y un votos en pro y una abstención. El Presidente informa que se retira la reserva del artículo segundo transitorio.

El diputado Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios, propone adicionar un artículo ochenta y cinco -- A a la Ley Federal de Derechos. Hablan en pro de la adición los diputados: Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática; y Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea admite la adición propuesta en votación económica y aprueba el artículo ochenta y cinco -- A por trescientos setenta y un votos en pro y cuatro abstenciones.

Para referirse al artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, reservado, sube a la tribuna el diputado José Evaristo Corrales Macías, del Partido Acción Nacional, quien a nombre de la Comisión de Pesca presenta propuesta para adicionar las fracciones octava y novena que la Asamblea admite en votación económica.

Se aprueba el artículo segundo transitorio con las adiciones admitidas por trescientos ochenta y cuatro votos en pro y tres abstenciones.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. El diputado Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Incorpórense al dictamen. El Presidente informa de la recepción de una fe de erratas y la Asamblea aprueba su incorporación al texto del dictamen en votación económica. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, el Presidente informa de los artículos reservados. Desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento que el Presidente considera procedente. La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y nueve votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

Se concede la palabra al diputado José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los artículos veintinueve, último párrafo; treinta y uno, fracción décima novena, segundo párrafo; treinta y dos, fracción décima séptima; y doscientos dieciséis bis, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y propone modificaciones y adiciones, así como también adiciones al artículo tercero transitorio de las disposiciones transitorias de dicha Ley. Desde su curul hablan los diputados: Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la lectura de las propuestas; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, para hacer aclaraciones sobre las propuestas del diputado Murat Macías, y el Presidente hace comentarios de procedimiento; Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional, para apoyar las aclaraciones de la diputada Bernal Ladrón de Guevara; Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios de procedimiento; y Murat Macías, quien admite las aclaraciones de la diputada Bernal Ladrón de Guevara.

El Presidente hace comentarios de procedimiento y desde su curul el diputado Vega Murillo hace comentarios en el mismo sentido. El Presidente informa del procedimiento para desahogar los artículos reservados. La Secretaría da lectura a las propuestas del diputado Murat Macías. Desde su curul el diputado Huízar Carranza solicita que las propuestas se voten por separado y en sendas votaciones económicas se admiten. Nuevamente desde su curul el diputado Huízar Carranza informa que falta desahogar la adición propuesta al artículo tercero transitorio; la Secretaría le da lectura y la Asamblea la admite en votación económica.

Habla en contra de los artículos cuarenta y cinco -- A, cuarenta y cinco -- B, cuarenta y cinco -- C, cuarenta y cinco -- D, cuarenta y cinco -- E, cuarenta y cinco -- F, cuarenta y cinco G, cuarenta y cinco -- H y cuarenta y cinco -- I, reservados, el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia. Sin nadie más que solicite la palabra, se recoge la votación de esos artículos en los términos del dictamen, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y seis votos en pro, nueve en contra y seis abstenciones. Durante ella, desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita aclaraciones sobre el sentido de la votación y el Presidente atiende lo solicitado.

Desde su curul el diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional, solicita se desahogue a continuación la reserva de la fracción quinta del artículo tercero transitorio y la Asamblea aprueba la solicitud en votación económica.

Se refiere al artículo tercero transitorio, fracción quinta, reservado, el diputado Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, propone modificaciones y admite una interpelación del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas, recoge votación económica y en virtud de existir dudas sobre el resultado, recaba votación nominal, y por ciento setenta y ocho votos en pro, doscientos tres en contra y once abstenciones, se desecha. La Asamblea considera suficientemente discutida la fracción quinta del artículo tercero transitorio reservado en votación económica, misma que se aprueba en los términos del dictamen por doscientos votos en pro, ciento ochenta y ocho en contra y cero abstenciones.

La Asamblea considera suficientemente discutidos en votación económica los artículos veintinueve, último párrafo; treinta y uno, fracción décima novena, segundo párrafo; treinta y dos, fracción décima séptima; doscientos dieciséis bis, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la adición al artículo tercero transitorio de las disposiciones transitorias de esa Ley, mismos que se aprueban con las modificaciones y adiciones admitidas por trescientos nueve votos en pro, ochenta en contra y cuatro abstenciones.

El Presidente informa que se retiran las reservas de los artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis y setenta y siete, la Asamblea los considera suficientemente discutidos en votación económica y se aprueban en los términos del dictamen por trescientos noventa y tres votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

Para proponer la adición del artículo doscientos diecinueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reservado, se concede la palabra al diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. La Secretaría da lectura a la propuesta y la Asamblea la admite en votación económica. Desde su curul la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, solicita votación nominal y la Presidencia no la considera procedente. También desde su curul hablan los diputados: Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para expresar dudas sobre el resultado de la votación; y Gutiérrez de la Garza, para solicitar una moción de procedimiento que la Presidencia no considera atendible. Por ciento ochenta y cinco votos en pro, ciento noventa y seis en contra y cinco abstenciones, se desecha la adición propuesta.

Se refiere al último párrafo del artículo doscientos veinte de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reservado, el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones que la Asamblea desecha en votación económica. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica, mismo que se aprueba en los términos del dictamen por doscientos setenta votos en pro, ciento quince en contra y tres abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Capítulo Décimo Primero, Hidrocarburos, de la Ley Federal de Derechos, en materia del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Es de primera lectura. La Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen en votación económica. A nombre de las Comisiones el diputado Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones admitidas, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y un votos en pro, ninguno en contra y ninguna abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México; Alfonso Ramírez Cuellar, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional; y Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, señala una fe de erratas que la Asamblea aprueba que se incorpore al dictamen en votación económica. Se reservan para la discusión en lo particular los artículos tercero, trece, diecisiete y sexto transitorio. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general en votación económica, mismo que se aprueba en lo general y en lo particular de los artículos no reservados por doscientos sesenta y nueve votos en pro y ciento dieciocho en contra.

Se refiere al artículo tercero, párrafo primero, reservado, el diputado Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones. Hablan en pro de ellas los diputados: Jorge Triana Tena y Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica. Desde su curul el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional, con el apoyo de otros diputados, solicita que las modificaciones propuestas sean votadas nominalmente y por ciento veinticuatro votos en pro, doscientos cincuenta y cuatro en contra y nueve abstenciones, se desechan. Se aprueba el artículo tercero, párrafo primero, en los términos del dictamen por doscientos cincuenta y cinco votos en pro, ciento veintisiete en contra y seis abstenciones.

Hablan sobre el artículo trece reservado los diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática; y María Guadalupe García Velasco, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica. A solicitud del diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, la Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por la diputada García Velasco y la Asamblea las admite en votación económica. Se aprueba el artículo trece con las modificaciones admitidas por trescientos setenta y ocho votos en pro y tres abstenciones.

El Presidente informa que se retiran las reservas del artículo diecisiete, mismo que se aprueba en los términos del dictamen por trescientos setenta y dos votos en pro y tres abstenciones.

Se refiere al artículo sexto transitorio reservado el diputado Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, y propone dos adiciones a su fracción segunda.

El diputado Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, presenta a nombre de la Comisión adiciones al artículo sexto transitorio que la Asamblea admite en votación económica.

La Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica si admite la adición a la fracción segunda del artículo sexto transitorio propuesta por el diputado Suárez Carrera, y en virtud de existir dudas sobre el resultado, recoge votación nominal y por ciento nueve votos en pro, doscientos setenta y dos en contra y nueve abstenciones, se desecha.

La Asamblea desecha la adición al último párrafo del artículo sexto transitorio propuesta por el diputado Suárez Carrera en votación económica.

Se aprueba la fracción segunda del artículo sexto transitorio, con las modificaciones presentadas por el diputado López Aguilar y admitidas por la Asamblea, por trescientos setenta y nueve votos en pro y cuatro abstenciones.

Se refieren a la fracción tercera del artículo sexto transitorio reservado los diputados: Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, y propone adiciones; y Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional, y propone modificaciones. La Asamblea admite las adiciones propuestas por el diputado Mejía Haro en votación económica. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Adame de León y la Asamblea las admite en votación económica. Se aprueba la fracción tercera del artículo sexto transitorio, con las adiciones y modificaciones admitidas, por doscientos sesenta y tres votos en pro, ciento doce en contra y tres abstenciones.

Habla sobre la fracción cuarta del artículo sexto transitorio reservado el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Se aprueba la fracción cuarta del artículo sexto transitorio con las modificaciones admitidas por trescientos setenta y cinco votos en pro y dos abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera, el Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las cinco horas con treinta minutos del viernes veintinueve de octubre de dos mil cuatro, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves cuatro de noviembre de dos mil cuatro a las diez horas, en la que la Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia, y al término de la misma, a sesión ordinaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor... Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

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diputado que solicita licenciaEl Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable. Cámara de Diputados.--- Presente.

El que suscribe, Félix Arturo González Canto, diputado federal electo en el I distrito electoral del estado de Quintana Roo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente lo siguiente:

Primero. Me sea concedida licencia para separarme de mi encargo como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 1º de noviembre del presente año.

Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.

Reciba un cordial saludo y agradezco la atención que brinde a la presente.

Palacio Legislativo en San Lázaro, DF, a 4 de noviembre de 2004.--- Diputado Félix A. González Cano.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Están a discusión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Félix Arturo González Canto, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito del estado de Quintana Roo, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.

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Presupuesto de egresos

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretarí.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo

Primero.- El Congreso del estado de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a incrementar el gasto destinado a la educación propuesto por el titular del Poder Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, en una proporción que permita alcanzar el objetivo de sumar en el año 2006, según lo establece la Ley General de Educación, recursos públicos en materia educativa por el orden del 8% del Producto Interno Bruto.

Segundo.- El Congreso del estado de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 las disposiciones necesarias a efecto de garantizar que el gasto educativo que se apruebe por ningún motivo pueda ser objeto de disminución o recorte durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Tercero.- El Congreso del estado de Sonora acuerda remitir al resto de las Legislaturas estatales el presente acuerdo con solicitud de que se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Cuarto.- El Congreso del estado de Sonora respalda la petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, las instituciones de educación tecnológica y las escuelas normales, para que les sean asignados recursos en términos crecientes que le permitan cumplir cabalmente sus objetivos y desarrollar sus tareas sustantivas de investigación, docencia y extensión.

Los que comunicamos para conocimiento y demás fines.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, 14 de octubre de 2004.--- C. Jesús Bustamante Machado (rúbrica), Diputado Secretario; C. Guadalupe A. Gracia Benítez (rúbrica), Diputada Secretaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en alcance al oficio JCP/GRC/372/271004, le informo que la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, asume la Secretaría de la Comisión de Turismo, en sustitución del diputado Félix Arturo González Canto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 3 de noviembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

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grupos de amistad

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo primero, inciso c), en relación con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en el Grupo Amistad México-Polonia, solicitado por el diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Baja del diputado Maximino Fernández Avila, como integrante del Grupo de Amistad antes citado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretarí.

«Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo

Primero.- El Congreso del estado de Sonora acuerda, en ejercicio de la facultad referida por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución local, presentar ante el Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de:

``Decreto

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 25 y un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...

I. a la VII. ...

VIII.- Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos.

Artículo 45 Bis.- El Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.5 % de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2° de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

El Ejecutivo federal; a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos entre los Municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado un 75 % conforme al criterio del factor de población residente y el 25 restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el primer día del ejercicio fiscal inmediato posterior a aquel en que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso del estado acuerda remitir al resto de las Legislaturas estatales el contenido del presente acuerdo, con la finalidad de que se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante el Congreso de la Unión.

Lo que comunicamos para conocimiento y demás fines.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 26 de octubre de 2004.--- C. Jesús Bustamante Machado (rúbrica), diputado Secretario; C. Guadalupe A. Gracia Benítez (rúbrica), diputada Secretaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, D.F.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió Acuerdo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que solicita otorgar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto de al menos 20 por ciento mayor al autorizado para 2004.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Senador César Jáuregui Robles (rúbica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada por esta Soberanía el día de la fecha, se aprobó por unanimidad punto de acuerdo de la Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, por el que se les solicita otorguen a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un presupuesto de cuando menos 20 por ciento mayor al autorizado en este Ejercicio 2004, que corresponda al crecimiento de su infraestructura y a la calidad académica probada que le caracteriza; asimismo, que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto al tamaño y desarrollo de las demás universidades públicas del país.

En tal virtud, en cumplimiento al punto tercero del acuerdo de mérito, en vía de notificación adjuntamos para los efectos legales procedentes, copia del resolutivo en comento de esta Asamblea Legislativa.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2004, Año del CL aniversario del Himno Nacional Mexicano''

México, DF, a 27 de octubre de 2004.--- Diputados: Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica), Primer Secretario; Jesús Enedino Martínez García (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

A la Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, le fue turnado para su estudio y dictamen en sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada el 6 de octubre de 2004, el punto de acuerdo, relativo a solicitar al Congreso del Estado que pida al Congreso de la Unión, se otorgue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto que corresponda al crecimiento de su infraestructura y a la calidad de la educación que imparte, y que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto a las demás universidades Públicas del país; asimismo, para que se solicite al Ejecutivo del Estado considere destinar de los excedentes petroleros que corresponden a nuestro Estado, 10 millones de pesos a la Univer- sidad Autónoma de San Luís Potosí para el inicio del desarrollo del Campus Matehuala, presentada por la fracción parlamentaría del Partido Revolucionario Institucional.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis del asunto planteado, los diputados integrantes de esta comisión. Llegaron a los siguientes

Considerandos

Primero. Que lo planteado, en este punto de acuerdo, se sustenta y justifica en los razonamientos y consideraciones siguientes:

``Primera. Precursora de la Autonomía Universitaria y reconocida como una institución de vanguardia, por su calidad y pertinencia social, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha construido una cultura institucional de búsqueda de la calidad en todo su quehacer: la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión, cuyos resultados le han valido ser reconocida como una de las mejores universidades públicas del país, y un referente nacional para el Sistema de Educación Superior Público, por la Secretaría de Educación Pública, (SEP), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución pública de Educación Superior, que tiene como misión la formación de profesionales capacitados para ser competitivos, portadores de valores éticos, críticos y reflexivos; comprometidos con un desarrollo del Estado y del país.

Para alcanzar estos objetivos la UASLP centra su atención en el proceso educativo, con especial importancia en la formación integral de los alumnos, la calidad de su personal académico y administrativo, así como en la autorización y pertinencia de sus planes de estudio e investigación. Además, mantiene una estrecha vinculación con su entorno dentro de un marco de autonomía, libertad y responsabilidad.

Segunda. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se integra por 18 entidades académicas: 12 facultades, tres escuelas, dos unidades académicas multidisciplinarias, Zona Media y Huasteca, y una Coordinación de Ciencias, Sociales y Humanidades, además de siete institutos de investigación asociados a las entidades académicas, ocho institutos de investigación incorporados a las entidades acadé- micas, una Escuela Preparatoria, en Matehuala, S.L.P., así como 63 preparatorias incorporadas.

La Universidad atiende el 66 por ciento de la matrícula escolar de nivel superior en el Estado, integrada por 17 mil 500 estudiantes de licenciatura, mil 200 estudiantes de posgrado, a ese porcentaje se suman 650 estudiantes de bachillerato, 360 instrumentos al Centro de Idiomas, y 250 alumnos de Difusión Cultural, sumando un total de 22 mil 960 alumnos.

La Máxima Casa de Estudios Potosina, ofrece 46 programas de licenciatura, 55 programas de posgrado y cuatro programas de técnico superior universitario. Veintiséis programas de posgrado han sido evaluados por la Secretaría de Educación Pública: 8 están registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia (PNP) y 18 inscritos en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. (Pifop).

Tercera. La Universidad cuenta al día de hoy con 25 programas acreditados por organismos pertenecientes al Congreso de Acreditación para la Educación, (Copaes), lo que la distingue a nivel nacional como la institución pública con más programas acreditados en un sólo campus, así como la institución de educación superior mejor evaluada por los comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Cites). Además es una de las primeras instituciones de educación superior en obtener la certificación ISO 9001:2000 en sus procesos administrativos.

En el presente año alumnos de las facultades de Derecho, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración, Sicología, Enfermería, Medicina y Estomatología han obtenido testimonios de desempeño sobresaliente y considerados entre los más destacados del país, mérito reconocido por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

Doce de las carreras impartidas ocupan el primer lugar nacional, entre ellas medicina, odontología, ingeniería mecánica eléctrica, computación y enfermería.

A nivel nacional e internacional sus alumnos, maestros e investigadores han recibido varios permisos por sus contribuciones en la ciencia, la tecnología, la cultura, la docencia, la investigación, la vinculación y servicios asistenciales.

Los alumnos de la UASLP deben acreditar cinco niveles secuenciales del idioma inglés que imparte el Departamento Universitario de Inglés, que imparte el departamento Universitario de Inglés, contando con tecnología de punta para la enseñanza del idioma y profesores capacitados y acreditados por el British Council.

Cuarta. En la Máxima Casa de Estudios Potosina imparten cátedra 2 mil 200 profesores, 524 de tiempo completo, 102 de medio tiempo y mil 447 de hora clase/asignatura.

Asimismo, más de 400 profesores realizan actividades de investigación; de éstos, 140 investigadores son integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SIN).

El nivel académico de los docentes del tiempo completo, corresponde a 60 por ciento con licenciatura, 12 por ciento con especialidad, 18 por ciento, con maestría y 10 por ciento con doctorado. En el área administrativa, más de 2 mil trabajadores se desempeñan en actividades administrativas, secretariales y en los servicios de intendencia.

En actividades de extensión y difusión de la cultura, sus 18 entidades académicas organizan coloquios, simposios y congresos, entre otros eventos para trasmitir los conocimientos de vanguardia, en todas las áreas del saber.

Actualmente a través del Centro de Idiomas se enseñan 7 idiomas a más de 3 mil niños, jóvenes y adultos.

El Centro Universitario y de Apoyo Tecnológico y Empresarial (CUATE) y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), ofrecen asesoría, consultoría y asistencia técnica y científica al sector industrial y empresarial, además de la vinculación de los institutos y centros de Investigación de Medicina, Ciencias Químicas, Agropecuaria, Ingeniería, Estomatología y Economía.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional ``Francisco de la Maza'' que otorga el Conaculta-INAH a las obras de restauración que realizó al edificio Central Universitario, antiguo Colegio Jesuita y al Edificio de la Caja Real, calificándolas como las mejores obras de remodelación a construcciones arquitectónicas del país.

Quinta. El financiamiento que recibe la UASLP, se integra por ingresos ordinarios, ingresos propios e ingresos específicos.

Los ingresos ordinarios son recursos públicos, tanto federales como estatales, destinados para el pago de remuneraciones y prestaciones al personal, así como para cubrir el gasto corriente de operación y algunos programas institucionales.

Los ingresos propios, están integrados por cuotas de inscripción, colegiaturas, cuotas de laboratorio y servicios escolares, servicios de extensión y vinculación, venta de productos y servicios y productos financieros.

Los ingresos específicos son recursos federales etiquetados o con restricciones o limitaciones de uso hacia el interior de la institución. Estos recursos corresponden principalmente al Fondo de Modernización de la Educación Superior (Fomes), al Programa Institucional de Fortalecimiento Integral (PIFI), al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), al Programa de Estímulos al Desempeño Académico, a los convenios firmados con organismos públicos o privados como apoyo a la investigación, la formación de docentes y otros.

La Universidad Autónoma Potosina es una de las instituciones que más recursos ha recibido del Programa Institucional de Fortalecimiento e Integral (PIFI) gracias a su capacidad de propuesta y a la calidad de sus programas académicos y se ha consolidado como la universidad estatal que más recursos por investigador obtiene del Conacyt.

Sin embargo, incuestionablemente la reducción de los recursos económicos a la educación superior que se dio en México desde la pasada década, ha afectado el que hemos señalado, es un hecho que de no incrementarse el presupuesto público de la Universidad, la institución en corto plazo no tendrá recursos para cumplir sus compromisos contractuales, y para continuar creciendo con los actuales niveles de calidad reconocidos a nivel nacional, además de impactar en la descentralización y ampliación de la cobertura de la educación superior, en las regiones media, huasteca y altiplano.

Por tal motivo, consideramos necesario que esta legislatura, en apoyo a nuestra máxima casa de estudios y de todos aquellos potosinos que se benefician con su amplia gama de servicios educativos, reconociendo la importancia y trascendencia que para nuestra entidad representa la loable labor que lleva a cabo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, solicite al Congreso Federal se considere aumentar el presupuesto que se asigna a esta institución de manera proporcional a su crecimiento e importancia académica y a sus programas de desarrollo y considerando criterios objetivos y equitativos respecto al que se otorgue a las demás universidades del país.

Asimismo, que se solicite al Ejecutivo estatal, tenga a bien considerar que se destinen 10 millones de pesos del monto de excedentes petroleros que se han asignado a nuestra entidad, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a fin de que ésta pueda iniciar los trabajos de creación del campus Matehuala, demanda que está vigente desde hace más de una década en los municipios de la zona altiplano y que se ha vuelto ya una exigencia dado el desarrollo educativo de la población estudiantil de esta región.

Segundo. Por lo que, evidentemente como se alude en el punto anterior, esta propuesta de aceptarse, sería de gran beneficio para la principal institución de educación superior en el Estado, por lo que esta comisión determina que es pertinente y procedente y por ende acuerda emitir el siguiente

Dictamen

Unico. Es de aprobarse y se aprueba este punto de acuerdo, relativo a solicitar al Congreso de la Unión, que otorgue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto que corresponda al crecimiento de su infraes- tructura y a la calidad de la educación que imparte, y que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto a las demás universidades públicas del país; asimismo, para que el Ejecutivo del estado destine de los excedentes petroleros que corresponden a la entidad, 10 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luís Potosí para el inicio del desarrollo del campus Matehuala, para quedar como sigue:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al Congreso de la Unión, que se otorgue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto de cuando menos un 20 por ciento mayor al otorgado en el presente ejercicio 2004, que corresponda al crecimiento de su infraestructura y a la calidad académica probada que le caracteriza, y que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto al tamaño y desarrollo de las demás universidades públicas del país.

Segundo. Se pide al titular del Ejecutivo del estado, que se destine de los excedentes petroleros que corresponden a nuestro Estado, 10 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para el inicio del desarrollo del campus Matehuala.

Tercero. Notifíquese de este punto de acuerdo, al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo, para los efectos legales, procedentes.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, a 18 de octubre de 2004.--- Comisión de Planeación y Finanzas Públicas.--- Diputados: José Luis Ugalde Montes, presidente; Rómulo Garza Martínez, vicepresidente; Rosendo Pazzi Pacheco, secretario; José Manuel Medellín Milán, vocal; Carlos Felipe Mier Padrón, vocal y Pascual Martínez Martínez, vocal.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió acuerdo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que solicita incrementar en el Presupuesto de Egresos para 2005, los recursos destinados a la educación, en una proporción que permita en 2006, un gasto nacional en esta materia por el orden del 8 por ciento del producto interno bruto.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada por esta soberanía el día de la fecha, se aprobó por unanimidad punto de acuerdo de la Comisión de Educación Pública, por el que se les solicita incrementar en el Presupuesto de Egresos Federal Ejercicio 2005, los recursos destinados a la educación en una proporción que permita alcanzar el objetivo de sumar en el año 2006, un gasto nacional en esta materia por el orden del 8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Asimismo, se incluya en el referido presupuesto, disposiciones que garanticen que el gasto educativo que se apruebe, por ningún motivo pueda ser objeto de disminución o recorte durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En tal virtud, adjuntamos para los efectos procedentes, copia del resolutivo de esta asamblea legislativa.

Además, para su conocimiento se anexa fotocopia del escrito presentado por los secretarios generales de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que los planteamientos en éste contenidos, están vinculados directamente con la materia a que se refiere el pronunciamiento de mérito.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 27 de octubre del año 2004.---Dip. Mauricio Leyva Ortiz, primer secretario; Dip. Jesús Enedino Martínez García, segundo secretario.»

Ciudadanos diputados secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Educación Pública, nos permitimos hacer del conocimiento de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo para que se incremente el presupuesto de egresos a la educación básica, media superior y superior.

Antecedentes

La Comisión de Educación Pública sostuvo una reunión con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación secciones 52 y 26 del estado el día de hoy, 27 de octubre, donde solicitan apoyo de esta soberanía a fin de exhortar a la Cámara de Diputados a impulsar el incremento en materia de educación básica, media superior y superior del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, para que sea congruente con el objetivo de alcanzar en el 2006 un monto de gasto público educativo que equivalga por lo menos al 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación en su artículo 25.

La educación constituye el elemento más importante para la superación; por lo tanto es un factor decisivo para combatir la desigualdad social y el atraso económico. En este sentido resulta prioritario compensar y atender a los grupos que se encuentran en desigualdad de oportunidades por falta de una educación suficiente y de calidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º constitucional donde enuncia obligatoriedad de la educación preescolar, en el marco del cual en el ciclo escolar 20042005 el Estado mexicano debe garantizar el 100 por ciento de la demanda de los niños y niñas de 5 años de edad.

A los diputados potosinos, la sociedad nos ha otorgado la facultad de legislar y proteger aquellas demandas más sublimes del pueblo, como es la educación; en ese sentido tal reclamo constitucional deberá coadyuvar a un desarrollo integral del ciudadano, generando consecuentemente una permanente estabilidad social, la cual estamos obligados a preservar a través de nuestra función legislativa.

Por ello expresamos: que los procesos de modernización en la educación deben consolidarse en un futuro inmediato, pues es la condición para que en nuestro estado y en nuestro país la educación sea proporcionada con calidad y además sea el eje principal de nuestro desarrollo.

Es de igual urgencia, en lo que se refiere a educación, una reestructuración a fondo del sistema educativo nacional que permita reorientar los recursos a las áreas prioritarias, evitar que muchos de ellos se malgasten en ocurrencias coyunturales, así como solicitar a la Cámara de Diputados aboque el mejor de sus esfuerzos a crear el marco normativo que permita etiquetar los recursos presupuestales para educación y que éstos se entreguen de manera oportuna.

La educación para todos debe ser la misma y se debe mejorar sustancialmente en calidad, oportunidad y eficacia, fortaleciendo las alternativas educativas con mejores perspectivas, incorporándose con mayor oportunidad a los maestros de nuestra entidad con los incentivos necesarios para que ésta sea proporcionada a la población en general, sin distingo ni restricciones.

No se trata de una mera intención, por el cumplimiento legal de una disposición vigente. Se trata de cubrir necesidades educativas reales que permitan avanzar en cerrar la brecha entre la intención y el discurso a los hechos: cumpli- miento de la obligatoriedad de la educación preescolar, infraestructura, equipamiento escolar, creación de plazas, formación, actualización, capacitación y superación profesional, alimentación y salud escolar, fortalecer y ampliar la cobertura de educación media superior y superior, recuperación real del salario magisterial asegurando que los incrementos que se otorgan a nuestros compañeros rebasen significativamente los índices inflacionarios reportados en el año inmediato anterior, además del abatimiento de las diferencias existentes entre entidades y atender la problemática en materia de pensiones y jubilaciones.

Sin que esto sea óbice para seguir luchando por conseguir el abatimiento del rezago educativo de nuestro estado en estricto apego al mandato constitucional que la ciudadanía nos ha dispensado, así como a la observancia de nuestra función legislativa para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados, que son los mismos que el pueblo potosino nos reclama.

El Congreso de la Unión no puede ni debe ir en contra de la legalidad que el mismo ha impulsado. Por ello la Comisión de Educación Publica somete a la consideración de este pleno la aprobación del siguiente punto de acuerdo, solicitándose sea admitido en trámite de urgente y obvia reso- lución.

La comisión, al atender los planteamientos anteriores, así como de las pretensiones señaladas, encontramos que la solicitud está apegada a derecho, motivo por el cual sometemos a esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LVII Legislatura del Estado de San Luis Potosí hace una atenta y respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, de incrementar el presupuesto destinado a la educación propuesto por el titular del Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en una proporción que permita alcanzar el objetivo de sumar en el año 2006, según lo establece la Ley General de Educación, un gasto nacional en materia educativa por el orden del 8 por ciento del producto interno bruto.

Segundo. La LVII Legislatura del Estado de San Luis Potosí hace una atenta y respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 las disposiciones necesarias a efecto de garantizar que el gasto educativo que se apruebe por ningún motivo pueda ser objeto de disminución o recorte durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, a 27 de octubre de 2004.--- Comisión de Educación Pública.--- Dip. Cirilo Gerardo Méndez Aguilar, Presidente; Dip. Pascual Martínez Martínez, vicepresidente; Dip. Mauricio Leyva Ortiz, secretario; Dip. Graciela Rojas Palacios, vocal; Dip. Beatriz Eugenia García Reyes, vocal (rúbricas).»

«SNTE.--- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Secciones 26 y 52.

C. Dra. Graciela Rojas Palacios, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.--- Presente.

Los suscritos, profesores. Enrique Rodríguez Uresti y Arnulfo Hernández Rodríguez, secretarios generales de las secciones 26 y 52 del S.N.T.E., respectivamente, nos estamos dirigiendo a usted, a fin de solicitar su valioso apoyo ante el honorable Congreso de la Unión, con el envío de un documento avalado con las firmas de los diputados de la LVII Legislatura local, a fin de que se autoricen los siguientes puntos que son de trascendental importancia para seguir brindando el servicio educativo en nuestro estado:

1. A fin de dar cumplimiento al compromiso hecho por el Ejecutivo Federal, se autorice un incremento sustancial al presupuesto educativo 2005 para tratar de llegar al 8 por ciento del Producto Interno Bruto destinado a la inversión educativa, en los términos en que lo establece el artículo 25 de la Ley General de Educación.

2. Cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar como lo establece el artículo tercero constitucional, previendo recursos para infraestructura educativa (construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento escolar).

3. Creación de plazas, fundamentalmente para atender la educación preescolar y media superior.

4. Fortalecer y ampliar la inversión en el rubro ciencia y tecnología.

Esperando contar con su solidaridad en bien de la educación de la niñez y juventud de nuestro México y de nuestro estado, nos es grato reiterarle nuestro respetuoso saludo.

Fraternalmente.

``Por la Educación al Servicio del Pueblo''

San Luis Potosí, SLP, 26 de octubre de 2004.--- Profr. Alberto Hernández Meneses, representante del CEN del SNTE en las secciones 26 y 52; Profr. Enrique Rodríguez Uresti, secretario general de la sección 26; Profr. Arnulfo Hernández Rodríguez, secretario general de la sección 52 (rúbricas)».

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió Acuerdo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que solicita determinar antes de que concluya el año 2004, el monto a liquidar del ``Fondo de Ahorro Campesino'', del ``Programa Bracero''.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada por esta soberanía el día de la fecha, se aprobó por unanimidad punto de acuerdo de la Comisión Especial para Asuntos de Migrantes, por el que se les solicita determinar antes de que concluyó el año 2004, el monto a liquidar del ``Fondo de Ahorro Campesino'' del ``Programa Bracero'', así como el número e identificación de quienes hayan probado ser beneficiarios del mismo; además, del procedimiento para su pago.

En ese tenor, incluir además en el Presupuesto de Egresos Federal 2005, el rubro, cantidad en pesos y programación para cubrir el primer pago parcial a beneficiarios ex braceros que laboraron en E.U.A. de 1942 a 1964.

En tal virtud, adjuntamos para los efectos procedentes, copia del resolutivo de mérito de esta Asamblea Legislativa.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, a 27 de octubre de 2004.--- Dip. Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica) y dip. Jesús Enedino Martínez García (rúbrica), secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

A la Comisión Especial para Asuntos de Migrantes, le fue turnado con fecha de 6 de Octubre, un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicitan al Congreso de la Unión definan monto y plazos de recursos económicos a liquidar, que se adeudan a braceros mexicanos que laboraron en Estados Unidos de América de 1942 a 1964;

Asimismo, en la precitada sesión, fue turnado a esta Comisión un punto de acuerdo que remite a este Congreso la LIV Legislatura del estado de Querétaro, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, para que atiendan y legislen para la pronta y definitiva solución de los trabajadores mexicanos braceros del periodo 1942-1964.

De igual manera, con la misma fecha fue turnado por el Pleno a esta Comisión, el Oficio No. 2134, del Secretario General de Gobierno, fechado el 27 de septiembre del año en curso y recibido en la Oficialía Mayor de este Congreso el 4 de octubre del mismo año, en la que manifiesta que el 24 de agosto de 2004 los CC. Hilario Campos Turrubiartes y Julián Zúñiga Barrón, de la Unión Binacional de Trabajadores Ex Braceros 1942-1967, presentaron escrito al Ejecutivo del estado por el que solicitan su apoyo, para que mediante un punto de acuerdo del Congreso del estado, en el que se pronuncien a favor de la iniciativa relativa a la posible creación del fideicomiso para el pago a ex braceros.

En tal virtud, por tratarse de puntos relativos al mismo asunto, la Comisión acordó estudiarlos de manera conjunta y al entrar al estudio de los mismos, los integrantes de la Comisión que suscribe, los hemos considerado procedentes en lo general y hemos determinado someter a la consideración del Pleno un solo punto de acuerdo para que este Congreso del Estado solicite al Congreso de la Unión, se incluya en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, el pago parcial del adeudo derivado del ``Programa Bracero'', que a la fecha el gobierno federal tiene con los trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante 1942 a 1964 en Estados Unidos de América, lo que hacemos con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En el año de 1942, fue aprobado por convenio firmado entre el Gobierno Mexicano y el Gobierno de Estados Unidos, el ``Programa Bracero'', dentro del cual se creó el `` Fondo de Ahorro Campesino `` en el que se destinaría el 10 por ciento del salario de los trabajadores braceros, con el carácter de retención, cantidad que sería depositada en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A.

Al día de hoy, después de varios años no se tiene certeza respecto al destino de esos recursos que nunca fueron entregados a dichos trabajadores una vez que ya residían nuevamente en México.

Segundo. El 16 de noviembre del año 2000, se presentó una solicitud en la H. Cámara de Diputados para crear una Comisión Especial que se encargara de investigar el destino de los fondos pertenecientes a los trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante 1942-1964 en Estados Unidos de América.

La citada comisión, en coordinación con la Secretaría de Gobernación; acordó acciones temporales para el apoyo de los braceros en tanto se daba solución definitiva a los pagos que deben hacerse a éstos, entre las que destacan:

a) Proporcionar servicios en un esquema de asistencia médica directamente al trabajador bracero y su cónyuge o viuda;

b) Instrumentar las acciones pertinentes a efecto de gestionar auxilio consular, por medio de una visa para que los braceros puedan visitar de manera temporal a sus familiares en Estados Unidos;

c) La posibilidad de asignar apoyo económico por medio de un Programa Social.

Tercero. El día 7 de abril del año 2003, se inició la recepción de información para la elaboración del padrón de mexicanos que fueron braceros dentro del periodo comprendido entre los años de 1942 1964, a fin de conocer el universo real de trabajadores y tomar las decisiones que corresponden en el ámbito de sus facultades.

La recopilación de documentos se realizaría en dos etapas: la primera, del 7 de abril al 30 de junio; la segunda, del 7 de julio al 15 de octubre del 2003, entregando al efecto formularios de manera gratuita.

Cuarto. El mencionado programa registró a un importante número representativo de ex braceros que son sujetos de ser beneficiarios del pago del referido fondo, muchos de los cuales viven en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, a la fecha no se tienen resultados definitivos respecto al número concreto de braceros a quienes corresponde pagar el fondo de ahorro, ni sobre el monto global que debe ser pagado al total los mismos.

Por lo anterior existe en nuestro Estado la expresión constante y manifiesta de inconformidad de los ex braceros potosinos que tienen derecho a este pago y que no vislumbran una solución concreta a su exigencia por parte del Gobierno Federal, mismos que nos han solicitado apoyo para obtener el beneficio a que tienen derecho.

Considerando lo anterior, nos permitimos someter a la aprobación de esta Asamblea Legislativa los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, gire respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, a fin de que:

1. Se determine antes de la conclusión del presente año 2004, en forma objetiva, completa y con certeza, el monto total a liquidar correspondiente al ``Fondo de Ahorro Campesino'' derivado del ``Programa Bracero'', así como el número e identificación de quienes hayan probado ser beneficiarios del mismo.

2. Se realicen los cálculos necesarios para dividir el monto que resulte a liquidar, en el número de pagos parciales a cubrir en forma anual conforme lo consideren factible, de manera que no desequilibre a los rubros generales del presupuesto federal.

3. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, el rubro, la cantidad liquida en pesos y la programación correspondiente para cubrir el primer pago parcial a los beneficiarios ex braceros que laboraron en Estados Unidos de América durante el periodo del 1942 a1964,

Lo anterior, en virtud de los antecedentes señalados en el cuerpo del presente, para garantizar que los potosinos que se vieron en situación de ser ``braceros'' en Estados Unidos de América, entre los años de 1942 a 1964, cuenten con el apoyo que les corresponde y al que tienen derecho.

Segundo. Se haga extensivo este acuerdo a los Congresos de las demás entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que de considerarlo procedente se sumen a la solicitud que se plantea por este medio al Congreso Federal, emitiendo similares pronuncia- mientos y enviándolos en su oportunidad a la citada instancia legislativa.

Tercero. Se haga del conocimiento del presente punto de acuerdo a la Secretaría General del Gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al C. Lic. Sergio Iván García Badillo, en su calidad de Presidente de la Organización Potosina ``Defensa Permanente de los Derechos de los Trabajadores Braceros de San Luis Potosí, A.C.'' y a los CC. Hilario Campos Turrubiartes y Julián Zúñiga Barrón, de la Unión Binacional de Trabajadores ex Braceros 1942 1967, para su conocimiento.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, a 27 de octubre 2004.--- La Comisión Especial para Asuntos de Migrantes.--- Dip. José Guadalupe Rivera Rivera, Presidente; Dip. Graciela Rojas Palacios, Vicepresidenta; Dip. Jesús Enedino Martínez García, secretario; Dip. Pedro Carlos Colunga González, vocal; Dip. Pascual Martínez Martínez, vocal.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió Acuerdo del Congreso del estado de Colima, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar la creación de un ramo presupuestal para 2005, a fin de fortalecer las acciones en materia ambiental y de recursos naturales.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006.--- H. Congreso del Estado de Colima.--- LIV Legislatura.

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Xicotencatl No. 9, Col. Centro, México, DF.

En sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de octubre del presente año, los diputados integrantes de la LIV Legislatura estatal aprobaron un punto de acuerdo, presentado por el diputado Jubal Ayala Jiménez, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, cuyo resolutivo señala:

``Unico. Se exhorta a la Cámara Federal de Diputados apruebe la creación de un ramo presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2005 de manera que se fortalezcan las acciones de los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia ambiental y recursos naturales enfocados a los siguientes aspectos:

I. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de sitios de disposición final de residuos sólidos.

II. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de las plantas de tratamientos de aguas negras.

Lo que comunicamos a usted en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, anexándole al presente oficio, copia del punto acuerdo correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, 21 de octubre de 2004.--- Francisco Palacios Tapia, diputado secretario; Ferdinando E. Martínez Valencia, diputado secretario.»

«Escudo.--- LIV Legislatura.--- 2003-2006.--- H. Congreso del Estado de Colima.

Con fundamento en los artículos 22 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de la LIV Legislatura del honorable Congreso del estado de Colima, presenta a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Considerando

1. Que los estados, el Distrito Federal y los municipios requieren recursos presupuestales para poder enfrentar los efectos surgidos del proceso de descentralización surgidos desde la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1996 hasta la recién publicación de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, pasando por la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los convenios en materia de aguas nacionales y desarrollo rural sustentable;

2. Que la tendencia en materia ambiental es fortalecer a diversos programas especiales, tales como: las cruzadas nacionales sobre México limpio y de bosques y agua, los ordenamientos ecológicos, la infraestructura hidroagrícola y de agua potable y alcantarillado, el saneamiento de áreas urbanas y rurales, la inspección y vigilancia por violaciones a las leyes ambientales, el fomento a la instalación de confinamientos para residuos peligrosos y el fortalecimiento del sector forestal y de las áreas naturales protegidas;

3. Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario la creación de un ramo presupuestal que se otorgue a las entidades federativas conforme los siguientes justificantes:

a. En materia ambiental y de recursos naturales la experiencia legislativa desde la década de los ochenta ha significado una política cada vez más descentralizadora en estos ámbitos, sin que se tome en cuenta la asignación de recursos presupuestales para que las entidades federativas puedan llevar a cabo sus funciones en beneficio del ambiente y los recursos naturales;

b. En virtud que desde el año 1996 se han venido descentralizando funciones federales a las entidades federativas, producto de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la creación de la Ley General de Vida Silvestre, en los presupuestos aprobados a partir de este año no ha sido considerada la asignación de montos presupuestales para apoyarlas tal y como lo han sido casos análogos en materia de educación, salud, desarrollo social y la aprobación de ramos presupuestales para atender en específico estas acciones;

c. En el año 2003 han sido aprobadas la Ley General para del Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, sin pasar por alto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, mismas que de una forma u otra están otorgando facultades a las entidades federativas que antes estaban asignadas a la Federación pero que, sin embargo, no se traducen en asignaciones presupuestales para que éstas puedan enfrentar sus nuevas responsabilidades para el logro de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente.

d. Que por disposición constitucional, los municipios tienen a su cargo, entre otras funciones y servicios, el tratamiento y disposición tanto de las aguas residuales como de los residuos sólidos. Sin embargo, este mandato constitucional no se observa por la incapacidad económica de los ayuntamientos y, en consecuencia, de acuerdo con cifras oficiales, cerca del 95 por ciento de las aguas residuales en el país no son tratadas, generando grave contaminación en ríos, lagos, mantos freáticos. En lo que toca a los residuos sólidos la situación es idéntica. Esta realidad también se ve reflejada gravemente en nuestra entidad.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Cámara Federal de Diputados apruebe la creación de un ramo presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2005 de manera que se fortalezcan las acciones de los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia ambiental y recursos naturales enfocadas a los siguientes aspectos:

I. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de sitios de disposición final de residuos sólidos.

II. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de las plantas de tratamientos de aguas negras.

Atentamente.

Colima, Colima, a 21 de octubre de 2004.--- Dip. Jubal Ayala Jiménez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 establezca los recursos necesarios y suficientes destinados a la conclusión de la primera etapa de las obras de ampliación a cuatro carriles de la autopista Manzanillo-Guadalajara, en los tramos 128+000 a 69+500.''

Atentamente

México, DF, a 28 octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretario de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta con el debido respeto a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a fin de que al analizar la partida presupuestal asignada para el ejercicio 2005, para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se considere lo expuesto en este documento con el propósito de que sea adecuado y cumpla plenamente su función histórica.

Se anexa fotocopia de la propuesta con punto de acuerdo aprobada.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles, Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretario de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una partida presupuestal destinada a la ampliación de la carretera Campeche-Mérida.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE COMPENSACION PARA LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió acuerdo del Congreso del estado de Tabasco, en adhesión a los de diversos Congresos, sobre la creación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del periodo 1942-1964.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 26 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF

El día 6 del actual, la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislativa del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprobó un dictamen, de punto de acuerdo, cuyos resolutivos a la letra expresan:

Primero.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso de Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere a las resoluciones presentadas por los Congresos de los estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro; mediante las cuales se presentó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, como un reclamo de justicia social, moral y económica a aquellos y que no han sido retribuidos con ese fondo de ahorro, donde la mayoría es gente de edad avanzada, careciendo de toda ayuda y olvidados como las personas que dieron su fuerza de trabajo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Segundo.- Se gira atento exhorto al Honorable Congreso de la Unión, para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex braceros del Período 1942-1964.

Tercero.- Mediante oficios envíese copia de este acuerdo a los congresos del resto de las entidades federativas, así como de la Asamblea Legislativa del DF, comunicándoles nuestra resolución.

Al respecto y de acuerdo con lo establecido en el punto segundo y en el transitorio único de dicha resolución, se le remite copia de ésta, para los efectos jurídicos conducentes.

Sin otro particular, reciban de esta Legislatura estatal un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, octubre 12 de 2004.--- Mtro. Joel Alberto García González (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

La Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y

Considerando

Primero.- Que se ha convertido en tradición que México contribuya con mano de obra en la economía de Estados Unidos. Que es irrefutable y pública la existencia de un número considerable de ciudadanos, principalmente de tipo rural, que emigraron a Estados Unidos de América, en busca de mejores expectativas y calidad de vida para sí mismos y sus familias.

Segundo.- Que en este contexto, el 4 de agosto de 1942 se firmó el Convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas, en el que se establece la creación del fondo de retención del 10% de los salarios que percibían los trabajadores en Estados Unidos, mismo que se depositaron vía Wells & Fargo, transfiriéndose al Banco de México y éste, a su vez, al Banco de Crédito Agrícola, SA, y al Banco del Ahorro Nacional, con la intención de entregarlo al trabajador bracero a su regreso a México. Así, le sería entregado un cheque certificado a su nombre, correspondiente a los fondos de ahorro que le hubieran sido retenidos.

Tercero.- Que el convenio binacional duró hasta 1964, aunque posteriormente se siguió laborando hasta 1966. Otro hecho importante es que se fusionara el Banco Nacional de Crédito Agrícola al Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural (Banrural), con fecha del 12 de julio de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto.- Que a raíz de esto, el 16 de noviembre de 2000, en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se presentó una propuesta de punto de acuerdo para que se investigara el paradero de los fondos aportados por los braceros mexicanos. Siendo aprobada el 17 de abril de 2001 en el Pleno de la Cámara de Diputados, la creación de la ``Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos apartados por los trabajadores Mexicanos Braceros'', integrada por 18 diputados.

Quinto.- Que en virtud de que fueron procesadas dos toneladas de papeles en las dependencias que estuvieron involucradas en el convenio binacional y, posteriormente, con el terremoto de 1985, prácticamente los ex trabajadores braceros quedaron en estado de indefensión, al no encontrarse documentación que amparara tales transferencias; sin embargo, miles de ex braceros aún tienen en su poder las copias de sus contratos, credenciales y documentos que comprueban que ellos trabajaron en Estados Unidos bajo el convenio binacional.

Sexto.- Que se ha encontrado que, en las actas de su Consejo de Administración, el Banco de Crédito Agrícola consideró que ``dejan de tener efecto las disposiciones relativas a los descuentos salariales, mismos que constituían el fondo de ahorro de los trabajadores migrantes relacionados con los acuerdos''.

Séptimo.- Que reconstruir al detalle qué ocurrió con ese dinero, parece imposible a estas alturas. El informe presentado precisa que la mayoría de esos braceros nunca recibieron sus ahorros cuando regresaron a México: ``Muchos trabajadores braceros no sabían que el dinero estaba siendo deducido o no fueron informados. Otros por testimonios de familiares intentaron recobrar sus ahorros, pero su intento fue en vano, nunca pudieron recuperar sus ahorros en vida''.

Octavo.- Que se consideró que la indagación de los fondos retenidos debía circunscribirse al periodo 1942-1964. En busca de algún resarcimiento a los trabajadores que hubieran tenido depósitos en esas fechas, propusieron que el Gobierno Federal estableciera ``formulas de solución conjunta para puntualizar este problema mayúsculo''.

Noveno.- Que además de sus gestiones políticas en México, el grupo Braceroproa presentó en marzo de 2001, una querella colectiva ante la justicia estadounidense. Desafortunadamente, en agosto de 2002, el juez Charles Breyer desechó esa petición, expresando: ``No dudo que muchos de esos trabajadores no hayan recibido sus ahorros a los cuales tenían derecho. La Corte lo comprende, pero ha pasado tanto tiempo que no hay sustento para esa demanda''.

Décimo.- Que cerradas las vías legales y políticas, la organización ha logrado encabezar un movimiento batallador, afianzado en una causa noble, pero de difícil futuro. Los trabajadores que reclaman aquellos viejos depósitos, deben tener entre 70 y 80 años. Una solución de ética política, como sugiere el informe, podría aliviar las penurias de algunos de esos viejos campesinos, pero sería fundamentalmente simbólica.

Décimo Primero.- Que es un hecho la recepción de las prestaciones económicas generadas por los trabajadores migrantes y remitidas por los consulados al Gobierno Federal, a través de instituciones bancarias como Banrural, Banco Nacional de Crédito Agrícola y Banco del Ahorro Nacional, representando tales cantidades y respectivos rendimientos, sumas considerables que jamás fueron entregadas a sus beneficiarios o familiares.

Décimo Segundo.- Que hubo negligencia al no vigilar el destino de dichos fondos y por consiguiente, la confusión de su existencia actual en alguna institución bancaria, creando con ello incertidumbre, insatisfacción e irritación en los beneficiarios de tales recursos.

Décimo Tercero.- Que es un clamor general en el país y por supuesto en nuestro estado, de parte de quienes están siendo afectados por esta circunstancia, el buscar alternativas definitivas que le den respuesta a su justo reclamo de manera inmediata, clara e incuestionable.

Décimo Cuarto.- Que por tal motivo los interesados solicitaron la iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, como un reclamo de justicia social, moral y económica; además de que no han sido retribuidos en ese fondo de ahorro, donde la mayoría es gente de edad avanzada, careciendo de toda ayuda y olvidados como las personas que dieron su fuerza de trabajo a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial.

Décimo Quinto.- Que en este tenor se han pronunciado las Legislaturas de los Congresos de los estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro, apoyando la iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, que conoce el honorable Congreso de la Unión.

Décimo Sexto.- Que es facultad del Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdo legislativos que se presenten a la Legislatura, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, en términos de lo establecido por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Por lo que tomando en cuenta estas consideraciones se emite el siguiente:

Punto de Acuerdo 016

Primero.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se adhiere a las resoluciones presentadas por los Congresos de los estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro, mediante las cuales se apoya la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, como un reclamo de justicia social, moral y económica para aquellos que no han sido retribuidos con ese fondo de ahorro, donde la mayoría es gente de edad avanzada, careciendo de toda ayuda, y olvidados como las personas que dieron su fuerza de trabajo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Segundo.- Se exhorta atentamente al honorable Congreso de la Unión, para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Período 1942-1964.

Tercero.- Mediante oficios envíese copia de este acuerdo a los Congresos del resto de las entidades federativas, así como de la Asamblea Legislativa del DF, comunicándoles nuestra resolución.

Transitorio

Único.- Se instruye al oficial mayor de este honorable Congreso para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, enviando y remitiendo copias de la misma, para su trámite y atención correspondiente.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los doce días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dr. Luis Federico Pérez Maldonado (rúbrica), Diputado Presidente; Dr. José Luis Sánchez López (rúbrica), Diputado Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Désele turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión acordó designar al doctor José Luis Soberanes Fernández para que ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un segundo periodo de cinco años, contados a partir del 16 de noviembre de 2004.

Atentamente.

México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAIS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Oficio de la Cámara de Senadores relativo a la neutralidad del país.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAIS.

UNICO: Se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

TRANSITORIO

UNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Departamento de Secretaría y Comisiones.

Año: Primero.--- Primer Periodo Ordinario.

Ramo Público.

Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

2 de septiembre.--- Año 2003.

Sección Cuarta Núm. 1.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País, presentada por la senadora Sara I. Castellanos Cortés, del PVEM.

Fojas Indice ``C'' ``N''

Registrado a Fojas de libro respectivo

«Lic. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.--- Presente.

Por este medio, hago de su conocimiento que el día 14 de mayo del presente año, presentaré ante el pleno proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Por tal motivo, agradeceré gire las instrucciones correspondientes a fin de que ese punto quede registrado dentro del orden del día y publicado en la Gaceta.

Sin más por el momento.

Atentamente.

México, DF, a 13 de mayo de 2003.--- Ciudadana. Sara I. Castellanos Cortés.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Senador Ramón Mota Sánchez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.--- Presente.

Me permito hacer de su conocimiento, que en sesión celebrada el día de hoy, la Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 14 de mayo de 2003.--- Senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LVIII Legislatura.--- Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Jorge Emilio González Martínez, Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, senadores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La decisión del Gobierno mexicano de haber ingresado como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, ocasionó muchas críticas; sin embargo, esa posición le dio oportunidad a nuestro país de participar en el debate sobre la posible intervención militar en Irak, asunto de gran importancia internacional.

En nuestro país se generó un intenso debate sobre si debía apoyar o no a Estados Unidos. Se le presentó el dilema de seguir con su política tradicional pacifista o estar al lado de la posición de Estados Unidos en la guerra que pretendía iniciar contra Irak.

El pacifismo representa una doctrina y un movimiento partidario de la supresión de la guerra como medio para resolver conflictos. Para lograr que México pudiera concebirse como una nación pacifista, tuvo que identificarse también como un estado que busca la neutralidad, entendida ésta como la situación jurídica política de una nación que queda obligada a no iniciar ninguna guerra, salvo la defensiva. Por ello surge en 1939 la Ley para Conservar la Neutralidad del País, promovida por el presidente Lázaro Cárdenas y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de ese año.

Lo que motivo la creación de esta ley fue la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la neutralidad estaba definida por la posición se asumía en torno a los llamados países Aliados o del Eje.

En la guerra de Irak, nuestro país tenía que definir su apoyo hacia Estados Unidos, que solicitaba la intervención militar hacia Irak bajo el supuesto de que existían armas biológicas o de destrucción masiva. El apoyo a Estados Unidos podría haber significado el olvido del carácter pacifista de México. La coyuntura favoreció a México, en tanto que la resolución sobre la posición del Consejo de Seguridad en torno al caso de Irak, no se presentó y no fue votada.

No obstante, aunque no se apoyó a Estados Unidos la neutralidad de nuestro país quedó en entredicho, desde que nuestro país ingreso como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

México logró resguardar su posición como país pacifista en la guerra de Estados Unidos en contra de Irak, aún a pesar de la posible presión que ejercería nuestro vecino país del norte en materia comercial o migratoria.

Nuestro país manifestó un respecto irrestricto ala solución pacífica de las controversias, al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a la no intervención. Este último principio, fue importante en particular, toda vez que implicó que México respetará ante todo y sobre cualquier situación la soberanía de los estados, lo que no interfiere con la fijación de una posición con respecto a su comportamiento positivo o negativo frente al escenario mundial.

Históricamente, nuestro país ha mantenido su política de neutralidad; aunque hubo algunas ocasiones, como en la Segunda Guerra Mundial, que se ha visto obligado a asumir posiciones beligerantes, derivado de la falta de respeto de la misma. El 1º de junio de 1942, hubo necesidad de cambiar la posición neutral en la Segunda Guerra Mundial y declarar la guerra a las potencias del Eje: Italia, Alemania y Japón, cuando en el mes de mayo de ese año, submarinos alemanes torpedearon y hundieron el día 14 el buque tanque Potrero del Llano y el día 22, el barco petrolero Faja de Oro. Ante tal ataque, Manuel Avila Camacho, presidente de México, no podía aventurarse a actuar sin primero consultar a este Congreso que tuvo necesidad de aprobar la declaración de guerra propuesta por el Primer Mandatario, por lo que nuestra nación, que hasta ese entonces había sido un país amistoso, entra al conflicto el 1º de junio.

La posición de México en ese momento estuvo determinada por la idea de que un Estado neutral puede defender dicha característica, incluso utilizando la fuerza.

Actualmente no existe una correspondencia entre esta ley de 1939, formalmente vigente, y la realidad internacional; aunque hay que destacar que el precepto constitucional que establece los principios de política exterior sigue siendo una parte fundamental de nuestra política exterior y por lo tanto, sigue siendo funcional.

Es necesario valorar el carácter neutral de México al mismo nivel que su distinción pacifista; hay que recordar que México se ha manifestado a lo largo de su historia como un estado pacifista, más que neutral, puesto que la calidad de neutral implica actualmente cumplir con compromisos en materia humanitaria, que muchas veces, México no ha estado en condiciones de solventar.

Como Estado neutral debemos impedir a los beligerantes que hagan uso de nuestro territorio, que incluye a las aguas, mar territorial y el espacio aéreo, así como nuestros recursos militares.

La neutralidad no significa que México tenga que cerrarse completamente, ya que los estados neutrales, pueden o no permitir la entrada a aquellos buques beligerantes, cuando éstos atraviesen por una ruta de tráfico internacional. De igual forma podrían permitir el abastecimiento de combustibles de buques de guerra beligerantes, con una actitud no discriminatoria e imparcial.

La nación y el derecho sobre la neutralidad son considerados como un gran avance en el orden internacional. Existe todo un sustento jurídico internacional que legitima a la neutralidad.

La Primera Convención Internacional sobre Neutralidad fue realizada en 1856 y en ella se establecieron acuerdos que permitieron distinguir claramente entre los estados beligerantes en una guerra y los ajenos al conflicto. La segunda Conferencia de la Paz, de La Haya en 1907, aprobó por primera vez los derechos y obligaciones de los países neutrales. En 1928 se aprobaron en la Convención de La Habana los acuerdos sobre neutralidad marítima.

En 1930 se firmó la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas Americanas, y las 4 convenciones de Ginebra, en 1949.

De la definición de neutralidad y las normas que la rigen se derivan compromisos entre los intereses de los estados beligerantes y de los que han decidido permanecer fuera de la contienda bélica.

Entre las obligaciones de los neutrales respecto de los beligerantes se cuentan:

Deberes de abstención: que prohíben brindar apoyo militar, público o privado, así como transmitir información a través de los órganos estatales, a uno o varios beligerantes.

Deberes de impedimento: que comprenden el de impedir en su jurisdicción, toda acción de guerra o que guarden relación con la guerra, tanto de origen estatal como privada.

Deberes generales de imparcialidad: que obliga a los estados neutrales a tratar de manera igual a los beligerantes.

A la inversa, entre las obligaciones de los estados beligerantes respecto a los neutrales sobresalen dos:

Primero: El deber de tratar a los neutrales de acuerdo con su imparcialidad. Lo que impide cualquier violación del territorio neutral.

En segundo lugar, el deber de los estados beligerantes de no impedir, cuestionar o castigar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los neutrales y el enemigo.

Por nuestra propia conveniencia, nuestro país debe seguir definiéndose además de pacifista como neutral, tomando en consideración nuestros principios, intereses y soberanía nacional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos del 1º al 4º y se adicionan los artículos 5º, 6º y 7º de la

Ley para Conservar la Neutralidad del País

Artículo 1°. No serán admitidos, ni podrán permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanas, los submarinos y portaaviones u otros barcos de guerra de países que participen en un conflicto arenado.

Artículo 2°. No será admitido, ni podrá permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanas, ningún tipo de barco destinado, armado o equipado para guerra de corso.

Artículo 3°. No será admitido sobre territorio mexicano, ni podrá permanecer en el mismo, ni sobrevolar los límites aéreos o sobre las aguas territoriales, ninguna nave aérea militar de cualquier país que se encuentre en conflicto armado.

Artículo 4°. No se permitirá que los aviones, ni ningún vehículo aéreo, que se encuentre a bordo de barcos o portaaviones se separen de los mismos. Salvo que con autorización del Gobierno Mexicano dichos barcos o portaaviones tengan la necesidad de estar en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanas con la finalidad exclusiva de cargar combustible para llegar al puerto más cercano de su país.

Artículo 5°. Para evitar el tránsito de armas de cualquier calibre o algún otro armamento, como lo son las armas químicas o biológicas de destrucción masiva, por el territorio nacional, se mantendrá un control más estricto en las fronteras del país para evitarlo; para ello se podrá realizar una minuciosa de transportes y personas que se internen en el país.

Artículo 6°. Sólo en caso de agresiones y para evitar ataques en su territorio, México contestará con los recursos que tiene, Fuerzas Armadas, Marina Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, de manera inmediata a las provocaciones que se presenten en el territorio nacional. Nuestra neutralidad podrá ser salvaguardada incluso utilizando la fuerza militar.

Artículo 7°. Corresponderá a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias o en el contexto de las instancias de coordinación y colaboración que establezcan las leyes aplicables, proveer al estricto y puntual cumplimiento de esta ley y los ordenamientos que de ella deriven.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de mayo de 2003.--- Senadora Sara I. Castellanos Cortés.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Defensa.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 al 23 de noviembre de 2004, para participar en la XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por celebrarse en Santiago de Chile, y para realizar una visita de Estado a la República de Ecuador.

Atentamente.

México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 al 23 de noviembre de 2004, para participar en la XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a celebrarse en Santiago de Chile y para realizar una visita de Estado a la República del Ecuador.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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DIA NACIONAL DEL BRACERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-882, suscrito el 28 de septiembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UCAI/4647/04, signado el 14 del actual por el C. José Manuel Bulás Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional del Bracero, para conmemorarse el 29 de septiembre de cada año, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento y apoyo a la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

C. Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaria de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, me permito hacer referencia a su oficio No. SEL/300/3491/04 mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados a fin de instaurar el "Día Nacional del Bracero" a, ser conmemorado el 29 de septiembre de cada año.

Al respecto deseo destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presta especial atención a los exhortos del Poder Legislativo y que, cuando le corresponden acciones directas, los atiende de manera puntual.

En el caso que nos ocupa, a la fecha esta dependencia del Ejecutivo no incide en aspectos relacionados con la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero; no obstante me permito expresar a usted la disposición del señor Secretario y de los funcionarios de esta Secretaria para, en su oportunidad, brindar apoyo al reconocimiento y labor que desempeñan dichos trabajadores.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- José Manuel Bulás Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación y al promovente para su conocimiento.

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dia nacional de las personas zurdas

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-698, suscrito el 23 de septiembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 3.4615/2004, signado el 20 del actual por el C. doctor Javier Laynez Potisek, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta al Presidente de la República a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como medida tendente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo, así como a instaurar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal que tiendan a promover dicha cultura.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/3430/04 por el que remite a esta dependencia para los fines que se estimen procedentes, copia simple del oficio suscrito por los ciudadanos. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y Secretario respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión y mediante el cual comunican al titular de esa Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por dicho órgano legislativo, a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, así como para instrumentar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal que tiendan a promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo. Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:

l. De conformidad con lo previsto por el artículo 43, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Consejería Jurídico del Ejecutivo federal le corresponde revisar los instrumentos jurídicos que se someterán a consideración y, en su caso, firma del ciudadano Presidente de la República.

Lo anterior supone que dichos instrumentos jurídicos son previamente elaborados y, en su caso, validados por los titulares de las unidades jurídicas de las dependencias a cuyo ámbito de competencia corresponde el asunto. Concluida lo anterior, las propias unidades jurídicas nos remiten, las versiones definitivas de los proyectos debidamente refrendados por los secretarios de Estado correspondientes, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del titular del Ejecutivo federal.

2. Por otro parte, el dictamen del órgano legislativo contiene, entre otras consideraciones, las relativas a la discriminación de que son objeto las personas zurdas por razones de su lateralidad. En esa virtud, se sugiere que el asunto de referencia sea turnado a los representantes del Poder Ejecutivo federal que integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de que en esa instancia se considere lo planteado por la Cámara de Diputados.

Lo anterior en virtud de que el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece como objeto del consejo llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

No obstante todo lo anterior, esta Consejería Jurídica se reitera a sus órdenes para realizar, en su momento, las acciones que sean de su competencia en el caso que se decida expedir un instrumento de carácter presidencial.

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Dr. Javier Laynez Potisek (rúbrica), consejero adjunto.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

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estado de quintana roo

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-697, signado el 23 de septiembre del año en curso, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGPA/DGVS/10596, suscrito el 15 del actual por el C. Ariel Rojo Curiel, director de Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa dependencia a tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la comunidad coralina conocida como ``Los Jardines'', e informar puntualmente las medidas tomadas para lograr su protección, asimismo, a que revise los procedimientos por los cuales se autorizó la construcción del muelle de mediano calado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

Se recibió en ésta a mi cargo el documento en el que se relata el punto de acuerdo en el que la H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la comunidad coralina conocida como "Los Jardines", en Playa del Carmen, Quintana Roo..", así como revisar los procedimientos por los cuales se autorizó la construcción del muelle considerando las consecuencias jurídicas de violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum.

Sobre el particular, se tiene conocimiento de que el área de Playa del Carmen, Quintana Roo ha sido poco estudiada, se considera que el arrecife "Los Jardines" abarca aproximadamente 1.90. hectáreas, y se compone de 2 zonas, una con una comunidad arrecifal más desarrollada, en donde su zona más próxima al muelle está a unos 70 mts de distancia. En ésta se asienta una abundante comunidad de corales blandos, conocidos también como gorgonáceos, mientras que los corales duros son reducidos y no llegan a formar una cordillera arrecifal, se estima que se trata de una comunidad coralina en proceso de recuperación de un fenómeno catastrófico. En esta área las colonias de coral más grandes y numerosas están formadas de coral blando en el que predomina la especie Plexaura homomalla, la cual se encuentra sujeta a protección especial en la NOM-059-Semarnat-2001. La Dirección General de Vida Silvestre interviene en la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental con especial atención a los impactos que puedan ocurrir en las especies que se encuentran, protegidas en la NOM-059-Semarnat-2001 y sus hábitat cuando así se le solicita.

Se conoce que la vigencia de la autorización para la construcción de las obras del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo venció, por lo que se extinguió de pleno derecho el acto administrativo, donde el promovente se encuentra imposibilitado, en materia de impacto ambiental, para continuar con las obras. Así que el status que guarda el proyecto es que el promovente deberá obtener la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental para las obras y actividades que faltan por construir, esto implica un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde esta Dirección General de Vida Silvestre participará en el análisis de las posibles afectaciones que puedan ocurrir en la flora y fauna de la región en particular a la comunidad coralina denominada "Arrecife Jardines" y con ello garantizar su conservación y aprovechamiento sustentable.

Finalmente, se sugiere que se realicen trabajos para generar conocimientos sobre composición, estructura y funcionamiento de la comunidad arrecifal "Los Jardines" para establecer los procedimientos de conservación y de ser necesarios instrumentos normativos basados en información científica robusta. También es importante considerar se realicen convenios o consultas con centros de investigación y aquellas entidades gubernamentales con atribución para estas actividades. Entre las instancias que se pueden consultar para conducir estos trabajos, se encuentra el Consejo Consultivo Científico y Técnico de Arrecifes Coralinos (COCITAC) coordinado por la ciudadano. Amaya Bernárdez de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas con teléfono 5949 6300 Ext. 17003.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México DF, a 15 de octubre de 2004.--- Ciudadano Ariel Rojo Curiel (rúbrica), en ausencia del director general conforme al artículo 154 del Reglamento Interior de la Semarnat, firma en el presente el director de Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

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instituto mexicano del seguro social

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico del Instituto, en acuerdo 200/2002, del 17 de abril de 2002, estableció los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible se den a conocer la composición y situación financiera de las inversiones de este organismo y se remita trimestralmente al honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 268, fracciones II y XI, de la Ley del Seguro Social, me es grato acompañar un ejemplar conteniendo la información antes citada, correspondiente al tercer trimestre de 2004, en el que se incluyen fundamentalmente la posición de los recursos financieros en inversión al cierre del mismo, los montos promedio, la estructura del portafolio y los rendimientos obtenidos.

Con los resultados alcanzados en el periodo de que se informa se cumplen satisfactoriamente los objetivos y las metas institucionales fijados por el Consejo Técnico para este proceso, situación que se ha mantenido de esa forma durante los últimos ejercicios, debido a la eficiencia en la administración de la inversión de los recursos financieros institucionales, en la cual se ha contado con las valiosas aportaciones de los miembros de la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto, integrada en forma tripartita por representantes del sector obrero y del sector patronal ante el H. Consejo Técnico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular del Órgano Interno de Control en el IMSS, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionarios del propio Instituto.

Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo.

México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- Santiago Levy (rúbrica).»

«Escudo.--- Instituto Mexicano del Seguro Social.--- Seguridad y Solidaridad Social.

Informe Trimestral sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto

México, DF, julio-septiembre de 2004.

Contenido

Introducción

Comisión de Inversiones Financieras

I Composición y situación financiera de las inversiones institucionales:

a) Posición financiera de los recursos en inversión, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

b) Montos promedio de inversión julio, agosto y septiembre de 2004;

c) Rendimientos nominales devengados del portafolio julio, agosto, septiembre y acumulado 2004;

d) Acumulación de las Reservas Financieras y Actuariales y del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual 1997-sep/2004;

e) Evolución de las Reservas Financieras y del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual ene/1996- sep/2004;

f) Estructura del portafolio por tipo de instrumento, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

g) Inversiones en valores corporativos por sector de la economía, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

h) Inflación mensual enero 2002-septiembre 2004;

i) Tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) en el mercado secundario, abril a septiembre de 2004;

j) Tasas de interés, monto acumulado de los rendimientos devengados y cumplimiento de las metas de inversión, enero a septiembre de 2004;

k) Valor en Riesgo por cartera y total del portafolio, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

l) Valor en Riesgo de octubre 2003 a septiembre 2004;

m) Sensibilidad del portafolio ante movimientos en las tasas de interés, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

n) Promedio ponderado de los días por vencer del portafolio (Duración Macaulay), de octubre 2003 a septiembre 2004;

II Control de Operaciones, resumen de asignaciones y transaccionalidad

INTRODUCCION

El 20 de diciembre de 2001 se promulgaron reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, impulsadas por el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada y aprobadas por el H. Congreso de la Unión.

Entre los frutos significativos de dichas reformas se encuentra el dar mayor transparencia a la constitución y al manejo de las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, los artículos 286 C y 73 B, fracción VII, de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, ordenan que en forma periódica, oportuna y accesible se dé a conocer al público en general la composición y la situación financiera de las inversiones del Instituto y que esta información se remita trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al honorable Congreso de la Unión.

Los dispositivos para alcanzar esta finalidad fueron precisados, conforme lo ordena la ley, por el Consejo Técnico del Instituto. En este documento se presenta el informe correspondiente al lapso julio-septiembre de 2004 y constituye el decimoprimero de los reportes que sobre la materia rinde el IMSS de manera trimestral.

La ley prevé que para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga el IMSS, derivadas del pago de beneficios y de la prestación de servicios, deberá constituir y contabilizar por ramo de seguro la provisión y el respaldo financiero de reservas, con metas anuales de fondeo fijadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Establece también que los recursos afectos a estas reservas no forman parte del patrimonio del Instituto, sino recursos a favor de sus derechohabientes, y que sólo se podrá disponer de ellos para cumplir los fines previstos en la Ley del Seguro Social y para garantizar la viabilidad financiera del IMSS en el largo plazo.

Conforme a la ley, el Instituto constituyó 4 tipos de reservas:

I. Reservas Operativas;

II. Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento;

III. Reservas Financieras y Actuariales y

IV. Reserva General Financiera y Actuarial.

Por otra parte y separado de las reservas, se crea un Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual. Dicho Fondo tiene como propósito contar progresivamente con mayores recursos para hacer frente a los pasivos laborales del Instituto.

Finalmente, cabe apuntar que a partir de la entrada en vigor de la Ley se fortaleció la Dirección de Inversiones Financieras del Instituto, que conforme con el artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, es el órgano especializado que se encarga de la administración financiera de la inversión de los recursos institucionales, aplicando mecanismos que permiten obtener el mayor rendimiento posible, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento y liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional.

COMISION DE INVERSIONES FINANCIERAS

I. Antecedentes

En marzo de 1999, el Consejo Técnico mediante acuerdo 141/99 aprobó el mecanismo de protección patrimonial consistente en:

Expedición por decreto presidencial del ``Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros. IMSS'' NORMA

Creación de la Comisión de Inversiones Financieras. Dirección tripartita

Creación de la Unidad de Inversiones Financieras ENTIDAD EJECUTORA

En octubre de 1999, se expide por decreto presidencial, el ``Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social'', el cual establece las normas para la administración e inversión de los recursos del IMSS, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la suficiencia financiera del mismo.

En el capítulo II ``De los órganos especializados de inversión'' de dicho reglamento, se establecen las facultades y la integración de la Comisión de Inversiones Financieras (CIF), así como aspectos relativos a las sesiones, obligaciones y requisitos del presidente y facultades del secretario técnico.

Por lo anterior, la CIF es la única comisión del Consejo Técnico cuyo funcionamiento se encuentra estipulado por reglamento emitido por el Ejecutivo Federal.

II. Atribuciones e integración

De conformidad con el artículo 3º del reglamento en la materia, la CIF es el órgano del Consejo Técnico facultado para proponer a este último las políticas y directrices de inversión, así como para evaluar y supervisar su aplicación.

Asimismo, en dicho numeral se definen las facultades y obligaciones de la misma:

Evalúa y emite opinión al Consejo Técnico, respecto a:

- Políticas y directrices de inversión, uso y dispersión de las reservas

- Documentos normativos para las inversiones institucionales

- Riesgos financieros de inversión

- Instituciones del sistema financiero, en cuanto al perfil de riesgo y rendimiento

- Estudios financieros para llevar a cabo inversiones en acciones de sociedades o empresas cuyo objeto social sea complementario o afín del propio Instituto

- Determina las operaciones de inversión, las expectativas de tasas de interés y la calificación de la contraparte y del emisor

Analiza y dictamina montos a invertir, intermediarios financieros, tipos y mecanismos de inversión y de financiamiento institucional

Da seguimiento a los acuerdos dictados por el Consejo Técnico, en materia de inversiones

Rinde informes de inversión al Consejo Técnico y a la Comisión de Vigilancia del IMSS

El artículo 4º del reglamento define la siguiente estructura para la CIF:

III. Funcionamiento

La CIF fue instalada formalmente por el Director General del IMSS el 12 de noviembre de 1999, asimismo en esta sesión fueron aprobados los trabajos y acuerdos de las 20 reuniones semanales que se celebraron con el carácter de preparatorio, a fin de dar continuidad a las acciones de inversión que por sus características técnicas y su dinámica no era posible interrumpir.

Previa convocatoria, la CIF se reúne semanalmente de acuerdo al calendario anual aprobado por la misma. En cada sesión ordinaria se presenta una carpeta de trabajo integrada por los siguientes apartados en los cuales se tratan los siguientes temas; mismos que son analizados y comentados ampliamente durante la sesión:

- Seguimiento de acuerdos. Se informa acerca del estado que guardan los acuerdos tomados.

- Reporte de inversión semanal. Se describe en forma pormenorizada las operaciones de inversión efectuadas durante la semana que se informa, la posición cada una de las reservas y del fondo laboral, la acumulación de rendimientos devengados, así como gráficos del comportamiento de las inversiones respecto a parámetros del mercado y metas.

- Evaluación del riesgo. Se rinden informes acerca de la medición del riesgo de mercado y de crédito de las operaciones de inversión y se presenta el monitoreo de los montos invertidos en valores corporativos y su calidad crediticia, evaluando el cumplimiento de los límites establecidos en la normatividad.

- Evaluación de la operación. Se presenta el comportamiento de los ingresos y gastos de las inversiones en dólares, se informan los montos liquidados de las operaciones de inversión, el reporte transaccional de las operaciones efectuadas, de asignación de títulos, así como los horarios de inversión, asignación y liberación, por intermediario y por reserva; muestra el seguimiento del programa de dispersión de fondos de egresos y comparativos de los saldos de las reservas y del fondo laboral, de la semana que se informa.

- Análisis del entorno económico y de las expectativas del mercado financiero. Se comentan los aspectos más relevantes ocurridos en la semana relativos a la economía de Estados Unidos, el desempeño del mercado petrolero, del mercado cambiario y el entorno doméstico, así como la volatilidad en el mercado de deuda tanto para los valores gubernamentales como para el papel bancario a un día, con el fin de aportar elementos para revisar las estrategias de inversión proponen.

- Estrategias de inversión. Se someten a consideración de la CIF los lineamientos que respaldan la estrategia semanal de inversión en los términos de la normatividad vigente, señalando los plazos, el tipo de instrumento en los que se realizan las inversiones y los límites de operación autorizados.

- Asuntos generales. Se incluyen ternas adicionales que requieren ser sometidos a consideración de la CIF.

De cada sesión se levanta una minuta en la que se detallan los puntos de acuerdo que se toman.

De noviembre de 1999 a septiembre de 2004, la CIF ha celebrado 221 sesiones, 214 ordinarias y 7 especiales, en las cuales se le han emitido en total 1433 acuerdos. La distribución por terna se presenta en el siguiente cuadro:

La posición al cierre del 3er. trimestre de 2004, ascendió a 68 mil 366 millones de pesos (mdp), cifra superior en 4 mil 889 mdp respecto del cierre del segundo trimestre de 2004 (6,477 mdp) que representa el 7.70 por ciento de incremento.

Con base en lo dispuesto en el artículo 283, párrafo tercero de la Ley del Seguro Social, se reintegraron a la Reserva de Operación para Contingencia y Financiamiento 30.9, 35.2 y 33.7 mdp en julio, agosto y septiembre, respectivamente, por concepto de costos financieros.

De conformidad con las modificaciones al Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas 2004 autorizadas por el Consejo Técnico en Acuerdos 220/2004 y 274/2004, con oficios 1067 del 29 de julio, 1388 del 26 de agosto y 1660 del 29 de septiembre, la Dirección de Planeación y Finanzas solicitó los siguientes traspasos de 195, 126 y 176 los días 30 de julio, agosto y septiembre del presente año, respectivamente.

(4) Incluye inversión promedio en mdd: 47.1 julio , 42.8 agosto y 39.6 en septiembre

(5) Incluye inversión promedio en mdd: 119.0 julio, 132.3 agosto y 94.1 en septiembre

(6) Incluye inversión promedio en mdd: 111.2 julio, 119.4 agosto y 75.0 en septiembre

(7) Incluye de enero a septiembre de 2004, enviados al Consejo Técnico del IMSS

i) Tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) en el mercado secundario, enero a septiembre de 2004.

Reservas Operativas, de Operación para Contingencias y Financiamiento y General Financiera y Actuarial. La tasa nominal anualizada observada por el Instituto fue de 6.54 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2004, comparada contra la tasa de rendimiento de CETES a 28 días en el mercado secundario (6.49 por ciento), que es la meta de rendimiento, resulta superior la alcanzada por el Instituto en 5 puntos base.

En las tasas de interés obtenidas en las diferentes carteras del Instituto, durante el periodo de enero a septiembre de 2004 intervinieron tres factores. El primero, se relaciona con el comportamiento cíclico del valor de las Unidades de Inversión (UDIS) que se emplean en el cálculo del rendimiento de los instrumentos de tasa real y que fue favorable en el periodo de julio a septiembre. El segundo, se relaciona con el alza pronunciada de tasas de interés sobre todo en el plazo de 182 días. El tercero, se refiere al cumplimiento del inciso a) del acuerdo 9197/04 y del acuerdo 7198/04 de la Comisión de Inversiones Financieras para la adquisición de una importante posición en dólares que al cierre de septiembre del presente año ascendió a 205 millones de dólares, ante la perspectiva de una alza en el tipo de cambio al final del ejercicio.

Redistribución del portafolio de inversión.

La Comisión de Inversiones Financieras considerando los portafolios nocionales, los horizontes de inversión y los demás criterios de inversión autorizados por el H. Consejo Técnico, mediante acuerdo 6207/04 autorizó la redistribución de los instrumentos de tasa real de las Reservas Financieras y Actuariales hacia el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, por lo que el 31 de julio se transfirieron los instrumentos de inversión de tasa real que se encontraban en las carteras de las Reservas Financieras y Actuariales al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual por 3,184.7 millones de pesos y se transfirieron recursos líquidos por el mismo importe del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual a las Reservas Financieras y Actuariales, con el propósito de mejorar la alineación de la estructura de estas últimas y del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual de acuerdo a la integración de los portafolios nocionales, lo que acortará la duración dentro de los horizontes autorizados de las Reservas Financieras y Actuariales y reducirá la volatilidad del retorno versus los objetivos de rendimiento.

Con lo anterior se da cumplimiento al tercer punto y al inciso e) del primer punto del acuerdo 305/2004 del H. Consejo Técnico, referentes que la Dirección de Inversiones Financieras continúe con revisión de las recomendaciones que contiene el reporte de Criterios de Inversión de las Reservas del IMSS y en cuyo caso se lleven a cabo las medidas que sean necesarias para su implementación y al efectuar el rebalanceo de las Reservas Financieras y Actua- riales. Respectivamente.

(16) Respecto al valor de mercado del portafolio total.

m) Sensibilidad del portafolio ante movimientos en las tasas de interés, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004

La sensibilidad es otra medida para monitorear el riesgo financiero, ya que a través de la duración modificada se mide la sensibilidad del portafolio de inversión, es decir, si las tasas de interés se movieran 100 pinitos base en cualquier sentido, el portafolio únicamente variaría en su valor de mercado 0.505 por ciento al 30 de julio. 0.476 por ciento al 31 agosto y 0.516 por ciento al 30 de septiembre, lo que significa que el riesgo ante las fluctuaciones de tasas de interés, es muy bajo lo que confirma la estrategia de inversión prudencial adoptada por el IMSS.

II. Control de operaciones, resumen de asignaciones y transaccionalidad.

En relación al control de las operaciones de inversión, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2004, se administraron en promedio 1,416 asignaciones (títulos) las cuales se mantuvieron y/o mantienen en el INDEVAL hasta su vencimiento, en la cuenta del custodio del Instituto, lo que significa mayor seguridad y transparencia en el manejo de sus recursos financieros en inversión.

Por lo que hace a la transaccionalidad (volumen de los recursos financieros administrados) durante el trimestre de análisis, ascendió a un monto promedio de 555 mil 117 millones de pesos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

Procederemos a desahogar iniciativas de ciudadanos diputados.

A fin de estar en condiciones de escuchar a todos y cada uno de ellos en sus intervenciones con toda atención y al término de esta entrevista que se está llevando a cabo, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a que ocupen sus lugares asignados para poder cumplir nosotros con nuestro trabajo legislativo y ellos con su labor tan importante de carácter informativo.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud.El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor Presidente.

En la Ley General de Salud se faculta a la Secretaría de Salud para autorizar la publicidad de los productos y servicios a que se refiere la propia ley, entre los que se encuentran las bebidas alcohólicas y los tabacos, para los cuales se señalan mandatos y requisitos especiales.

Tales requisitos, indicados en los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, de manera inexplicable no son uniformes para ambos tipos de productos, ya que son más amplios para el tabaco que para las bebidas alcohólicas, en tanto está demostrado, estadística, sanitaria y técnicamente, que estas últimas causan mayores afectaciones a la salud y a los entornos laboral, económico, financiero, familiar, de seguridad pública y muchos otros más de la sociedad mexicana que el tabaco.

En efecto, al consumo de bebidas alcohólicas, según datos de la Secretaría de Salud relativos al año 2001, es atribuible la muerte de 13 mil 598 personas por enfermedad alcohólica del hígado, 3 mil 098 por síndrome de dependencia de alcohol y más de la mitad de los 14 mil 012 decesos por accidentes de tráficos de vehículos de motor y del 67 por ciento de los 10 mil 285 homicidios registrados en ese año.

El consumo de bebidas alcohólicas es por sí mismo la quinta causa directa de mortalidad en el país, lugar que asciende a primeros planos si se le suman los hechos violentos que provoca.

El consumo de tabaco ha sido perseguido porque provoca enfermedades en fumadores activos y pasivos pero, en descargo de este producto agroindustrial, cabe decir que al menos no propicia atropellamientos, colisiones de vehículos, ausentismo laboral, homicidios, lesiones y daños materiales a familiares y terceros del que ingieren alcohol.

El alcohol juega asimismo un papel protagónico en accidentes y violencia general, intrafamiliar y de género y es germen de suicidios, disfunciones sociales, niños de la calle y arrestos y lo que es más grave, deteriora y socava los valores éticos de los mexicanos que ocupamos lugares ignominiosos de consumo mundial per cápita.

En México existen más de 32 millones de personas entre los 12 y los 65 años de edad que lo consumen y cerca de 13 millones más que lo han consumido según la Encuesta Nacional de Adicciones 2002. Y el fenómeno se agudiza tratándose de menores y mujeres que cada vez se aficionan más a la bebida.

Por ello es necesario que al igual que con el tabaco, se limite la publicidad de bebidas alcohólicas, publicidad que induce a su consumo como uno de los varios objetivos para prevenir que los menores se aficionen a ellos, sector de población que entre los 12 y 17 años de edad alcanza hasta ahora a 3 millones y medio de personas que además toman alcohol asociándolo o como trampolín al consumo de tabaco y otras drogas fuertes y propiciar protección para quienes no beben o lo hacen con moderación u ocasionalmente.

Una medida que permitiría inhibir el consumo de alcohol, sería la de aplicar la experiencia probada en materia de publicidad respecto al tabaco, ampliándolo hacia las bebidas alcohólicas, las que no tienen por qué privilegiarse con la tolerancia cómplice del poder público.

Sin dejar de reconocer que al igual que con el tabaco, de la producción y la comercialización de bebidas alcohólicas, se generan empleos e impuestos para el país, es necesario, no obstante, priorizar la salud, el bienestar, el cuidado del patrimonio, la seguridad pública y la vida de los mexicanos.

Por eso, con fundamento en el artículo 71 de nuestra Constitución propongo reformas a los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue, entre sus principales expresiones:

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

IX. No podrá asociarse a estos productos ideas o imágenes atléticas o deportivas y de popularidad ni mostrar celebridades o figuras públicas o que éstos participen en su publicidad.

X. En el mensaje no podrá manipularse directa o indirectamente los recipientes que contengan los productos.

XI. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o el logotipo de bebidas alcohólicas o tabaco, salvo aquellos que sean considerados como artículos para fumadores o bebedores. La distribución de muestras de productos de bebidas alcohólicas y tabaco queda restringida a áreas de acceso exclusivo a mayores de 18 años.

XII. No podrá distribuirse, venderse u obsequiarse a menores de edad, artículos promocionales o muestras de estos productos.

XIII. No deberá utilizar en su producción dibujos animados, personajes virtuales o caricaturas.

Artículo 309 Bis: La exhibición o exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en revistas dirigidas a niños, adolescentes o aquellas con contenidos educativos, deportivos o de salud.

II. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en radio y televisión, en salas de proyección cinematográfica, queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las proyecciones a las que puedan asistir menores de edad.

Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en Internet, a menos y hasta que se disponga de la tecnología para que cada persona que busca acceso al sitio de Internet, en la cual dicha publicidad se pretenda transmitir, provea la verificación de que el usuario o receptor, es mayor de edad.

III. Ninguna publicidad exterior de bebidas alcohólicas y tabaco podrá situarse a menos de 200 metros de cualquier escuela de educación inicial, jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y nivel medio superior, así como de hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares. Asimismo no se podrá localizar publicidad en anuncios exteriores que excedan en su tamaño total 35 metros cuadrados, sea de manera individual o en combinación internacional con otra publicidad. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las farmacias, boticas, hospitales, centros de salud. Y finalmente queda prohibido patrocinar a través de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco cualquier evento en el que participe o asistan menores de edad.

Artículo segundo. Se deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor Presidente: Le pido que como he dado lectura a una síntesis de esta iniciativa se publique íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señoras y señores diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis, y deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 308 y 309 Bis y deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 73, fracciones XVI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre salubridad general de la República.

En ejercicio de esa facultad, el Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, creó la Ley General de Salud, hasta ahora en vigor, y, así mismo, la ha reformado en diversas ocasiones.

En ese ordenamiento, se establecen normas que facultan a la Secretaría de Salud para autorizar la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere la propia ley, entre los que se encuentran las bebidas alcohólicas y los tabacos, para los cuales, en materia de publicidad, se señalan mandatorios o requisitos de tipo imperativo particulares o especiales, considerando que, en términos de nuestra Constitución Política (artículo 73, fracción XVI 4ª), estos productos son considerados sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana.

Tales requisitos, indicados en los artículos 308 a 309 bis de la Ley General de Salud, no obstante, de manera inexplicable no son uniformes para ambos tipos de producto, ya que son más amplios para el tabaco que para las bebidas alcohólicas, en tanto está demostrado estadística, sanitaria y técnicamente que estas últimas causan mayores afectaciones a la salud y a los entornos laboral, económico, financiero, familiar, de seguridad pública y muchos otros más de la sociedad mexicana, que el tabaco.

En efecto, al consumo de bebidas alcohólicas, o sea, de alcohol etílico o etanol, según datos de la Secretaría de Salud relativos a 2001, es atribuible la muerte de 13 mil 598 personas por enfermedad alcohólica del hígado, 3 mil 098 por síndrome de dependencia de alcohol y más de la mitad de los 14 mil 012 decesos por accidentes de tráfico de vehículos de motor y del 67 por ciento de los 10 mil 285 homicidios registrados en ese año.

El consumo de bebidas alcohólicas es por sí mismo la quinta causa directa de mortalidad en el país; lugar que asciende a primeros planos si se le suman los hechos violentos que provoca.

Por su parte, esas mismas estadísticas sanitarias oficiales no precisan la mortalidad directamente atribuible al consumo de tabaco, que solamente pueden inferirse indirectamente.

El consumo de tabaco ha sido perseguido porque provoca enfermedades en fumadores activos y pasivos, pero en descargo de este producto agroindustrial cabe decir que al menos no propicia atropellamientos, colisiones de vehículos, ausentismo laboral, homicidios y lesiones a familiares y terceros del agente que ingiere alcohol; ni embrutece, denigra o es factor para que las instituciones de seguros rechacen el pago de indemnizaciones por daños a bienes del asegurado o por responsabilidad civil.

La ingesta de bebidas alcohólicas también es precursora de enfermedades graves, como la cardiopatía, el cáncer, los trastornos mentales y neurológicos, la obesidad, la diabetes, etcétera, además de las indicadas anteriormente, y provoca un alto costo socioeconómico para los sectores sanitario y laboral; reduce las expectativas de vida de la población por 10 o 12 años; afecta la productividad y genera daños personales y patrimoniales a terceros y al país, que, conservadoramente, los especialistas calculan en 135 mil millones de dólares anuales.

El alcohol juega asimismo un papel protagónico en accidentes y violencia --general, intrafamiliar y de género (12.9 por ciento de los varones urbanos y 11.6 de los rurales inician peleas con su pareja a causa del alcohol)-- y es germen de suicidios, disfunciones sociales, niños de la calle y arrestos; y, lo que es más grave, deteriora y socava los valores éticos de los mexicanos, que ocupamos lugares ignominiosos de consumo mundial per cápita (3.484 litros en la población urbana, 7.129 litros cuando refiere a varones). En México, existen más de 32 millones de personas, entre los 12 y los 65 años de edad, que lo consumen y cerca de trece millones más que lo han consumido, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, y el fenómeno se agudiza tratándose de menores y mujeres, que cada vez se aficionan más a la bebida.

Por ello, es necesario que al igual que con el tabaco, se limite la publicidad de bebidas alcohólicas en el país --publicidad que induce a su consumo-- como uno de los varios objetivos para prevenir que los menores se aficionen a ellas; sector de población que, entre los 12 y los 17 años de edad, alcanza hasta ahora a 3 millones y medio de personas, que además toman alcohol asociándolo, o como trampolín, al consumo de tabaco y otras drogas fuertes; y propiciar protección para quienes no beben o lo hacen con moderación y ocasionalmente, los que injustificadamente sufren directa o indirectamente la problemática derivada del consumo de cervezas, vinos y licores, convertida en una subcultura nacional, por su apología publicitaria y mercadotécnica.

Una medida efectiva que permitiría, en cierta medida, inhibir el consumo de alcohol, sería la de aplicar la experiencia probada en materia de publicidad respecto al tabaco, ampliándola hacia las bebidas alcohólicas, las que no tienen porque privilegiarse con el trato excepcional o la tolerancia cómplice del poder público.

Además, ampliar las restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas, propiciará, como un efecto sano de rebote, una mayor equidad comercial entre los productores de los distintos tipos de estas, al beneficiarse a los miles de elaboradores mexicanos de pulque, mezcal, sotol, tepache, licores frutales, aguardiente, etcétera, que por falta de potencial económico no tienen acceso a la televisión o al patrocinio de equipos o competencias deportivas, los que indirectamente serían protegidos contra los fabricantes de cerveza o los importadores de licores extranjeros, como whiskey, coñac, vodka, ron, champagne y otros, que son los que utilizan la publicidad masiva y onerosa para ofertar sus productos.

Sin dejar de reconocer que --igual que con el tabaco-- de la producción de insumos agrícolas y químicos para la elaboración y la comercialización de bebidas alcohólicas se generan empleos e impuestos para el país, no obstante, es necesario priorizar la salud, el bienestar, el cuidado del patrimonio, la seguridad pública y la vida de los mexicanos.

Es claro que la calidad de vida de nuestros connacionales no debe, de ninguna manera, continuar subordinada a los intereses de los grandes capitalistas del alcohol.

Por lo anteriormente expuesto, formulo la iniciativa siguiente

Artículo Primero. Se reforman los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. a VIII. ...

IX. No podrá asociarse a estos productos ideas o imágenes atléticas o deportivas y popularidad; ni mostrar celebridades o figuras públicas, o que éstos participen en su publicidad;

X. En el mensaje, no podrán manipularse directa o indirectamente los recipientes que contengan los productos;

XI. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o logotipo de bebidas alcohólicas o tabaco, salvo aquellos que sean considerados como artículos para fumadores o bebedores. La distribución de muestras de productos de bebidas alcohólicas y tabaco queda restringida a áreas de acceso exclusivo a mayores de 18 años;

XII. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse a menores de edad artículos promocionales o muestras de estos productos; y

XIII. No deberá utilizar en su producción dibujos animados, personajes virtuales o caricaturas.

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, desaliente el consumo de tabaco especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco.

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 309 Bis. La exhibición o exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en revistas dirigidas a niños, adolescentes o aquellas con contenidos educativos, deportivos o de salud, no podrán aparecer en portada, contraportada, tercera y cuarta de forros, de revistas, periódicos o cualquier otra publicación impresa; así como su colocación en lugares, páginas o planas adyacentes a material que resulte atractivo para menores de edad;

II. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en radio y televisión. En salas de proyección cinematográfica queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las proyecciones a las que puedan asistir menores de edad. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en Internet a menos y hasta que se disponga de la tecnología para que cada persona que busque acceso al sitio de Internet en el cual dicha publicidad se pretenda trasmitir, provea la verificación de que el usuario o receptor es mayor de edad;

III. Ninguna publicidad exterior de bebidas alcohólicas y tabaco podrá situarse a menos de 200 metros de cualquier escuela de educación inicial, jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y nivel medio superior; así como de hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares. Asimismo, no se podrá localizar publicidad en anuncios exteriores que excedan en su tamaño total 35 metros cuadrados, sea de manera individual o en combinación intencional con otra publicidad;

IV. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las farmacias, boticas, hospitales y centros de salud; y

V. Queda prohibido patrocinar a través de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, cualquier evento en el que participe o asistan menores de edad.

Artículo Segundo. Se deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud y publíquese como es el deseo y solicitud del señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga completa, en el Diario de los Debates, su iniciativa.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pruebas.

La diputada Consuelo Camarena Gómez: Honorable Asamblea:

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de aclarar que los funcionarios o autoridades aun cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en el escrito inicial de demanda tengan obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que sean solicitados para la correcta resolución del juicio de amparo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En los juicios de amparo existe la necesidad de acreditar la existencia de la violación de una garantía constitucional por parte de una autoridad. Por tanto, el juez competente debe allegarse de todos los medios probatorios necesarios para poder dictar una resolución que además de estar apegada a derecho también sea justa, debido a que no hay una especificación sobre qué autoridades están obligados a expedir copias, ya sea a petición de parte o del mismo órgano jurisdiccional instructor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho referencia que conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que le soliciten las partes para ser exhibidas como pruebas en la audiencia constitucional debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no solamente a la señalada en la demanda como responsables.

Esta conclusión se deriva de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio pueda ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho.

El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad pueden valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas que estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos, y el 129 y el 133 de la misma legislación procesal, que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como a los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servicio de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario y no únicamente a las señaladas como responsables.

Esto garantiza la impartición de justicia en los juicios de amparo, dando certeza jurídica tanto al quejoso como a los funcionarios titulares de las instituciones responsables en su carácter de autoridad, de que el juez tendrá todos los elementos necesarios para otorgar o denegar este derecho constitucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo en su artículo 152, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades, aun cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en el escrito inicial de demanda, tienen obligación de expedir con toda oportunidad aquellas copias o documentos que soliciten.

Si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esta obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de 10 días. Pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieran las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto que expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa, por desobediencia a su mandato.

Artículo Transitorio

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pruebas, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del PAN

Los diputados suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º, fracción VIII, 71, fracción II, 73 fracción XXV y demás correlativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 55, 56, 62 y 63 fracción II y de más correlativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

En los juicios de amparo, existe la necesidad de acreditar la existencia de la violación de una garantía constitucional por parte de una autoridad. Por tanto, el juez competente debe allegarse de todos los medios probatorios necesarios, para poder dictar una resolución que además de estar apegada a derecho, también sea justa.

Debido a que no hay una especificación sobre que autoridades están obligadas a expedir copias, ya sea a petición de parte o del mismo órgano jurisdiccional instructor, la Suprema Corte de Justicia ha hecho referencia que conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser exhibidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no solamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables.

Esto, garantiza la impartición de justicia en los juicios de amparo, dando certeza jurídica tanto al quejoso, como a los funcionarios titulares de las instituciones responsables en su carácter de autoridad, de que el Juez tendrá todos los elementos necesarios para otorgar o denegar este derecho constitucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 152

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades, aún cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en la demanda, tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

...

...

Transitorio

Artículo Único: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de noviembre de 2004.--- Dip. Consuelo Camarena Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO PENAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un Título Vigesimoprimero Bis al Código Penal Federal, con el objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas.

El diputado Pablo Franco Hernández: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados: En mi carácter de integrante de esta legislatura, me permito someter a su consideración la presente iniciativa que pretende reformar y modificar el inciso e, de la fracción VII, del artículo 283... Perdón, quisiera solicitar autorización para traer un documento.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Cómo no diputado. ¿Le parece bien? ¿Tiene tiempo o le cede el turno al siguiente orador?

El diputado Pablo Franco Hernández: Ofrezco una disculpa.

Decía que someto a la consideración de esta soberanía, una iniciativa que adiciona un Título Vigesimoprimero Bis al Código Penal Federal, con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, especialmente en materia de derechos laborales. Lo anterior, por lo siguiente:

Después de la vida, el valor que más define al ser humano y que es base para todos los demás es la dignidad, la que es incompatible con la discriminación que otorga un trato diferenciado entre las personas, no partiendo de sus virtudes y logros, como decía José María Morelos y Pavón, sino de aspectos como el del sexo, el estado de embarazo, la edad, la religión, la ideología, el color de la piel, la discapacidad, la orientación sexual, la posición económica, por citar algunos.

Es decir, partiendo de las características o decisiones personalísimas del propio individuo, que exigen un absoluto respecto, de lo contrario impediría que el ser humano cuente con un ámbito indispensable para hacer en su lucha por realizar sus objetivos, lo que además haría imposible el florecimiento del individuo, en pleno ejercicio de su enorme libertad a la diversidad, es lo que hace posible la existencia y la evolución de la sociedad, la existencia de esta variedad.

Cuando la discriminación que oprime y despoja va más allá de ciertos límites, pasa su tutela de la ética al campo del derecho, ya que si no se frena, se puede impedir una sana convivencia social indispensable para la marcha de las familias, las empresas, las escuelas y, en general, todo ámbito comunitario, pudiendo generar conductas violentas en todos sus lados, tanto del agredido como del agresor o de ambos o de los colectivos a los que pertenecen uno y otro.

Luego sancionar a las conductas discriminatorias, visto en un panorama más amplio, es de ejercer una verdadera política de prevención de delitos y conflictos sociales más graves.

En diversas legislaciones locales, ya se identifican como delitos, las conductas que con especial gravedad atentan contra la dignidad del ser humano, pero sorprendentemente existe una omisión en este sentido en nuestro Código Penal Federal, lo que es inadmisible, ya que la tutela de la dignidad de las personas y la paz social, lo que son bienes jurídicos de interés para toda la nación, no son por su esencia, sino en armonía con el artículo 1º de la Constitución General de la República, que establece que: ``en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución''.

Establece también que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, por definición, la dignidad de las personas debe ser incluida en todo sistema normativo federal incluido el penal.

Quien está obligado a evitar todo acto de discriminación, igualmente los particulares, no podría ser de otra manera, ya que si el individuo es pisoteado de manera general en sus derechos y en su libertad pasa a la esclavitud, a la negación de su calidad de ser humano. De ahí que todo régimen jurídico debe ser escrupuloso en la protección del bien jurídico de la dignidad del ser humano.

Por eso es que consideramos que es necesario adecuar nuestra legislación, penal-federal, con objeto de que se cumplan normas internacionales relativas a la protección de este bien jurídico, particularmente las ideas que contienen en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y otras, que se mencionan en el texto de la iniciativa.

Hablando de la discriminación en materia laboral, de todo tipo de discriminación debe ser librado el individuo, especialmente las que tienen lugar en el ámbito laboral, ya que el trabajo en el estado actual de cosas, es la base esencial para la subsistencia del desarrollo del individuo y sus familiares, lo que exige un respeto mínimo a los derechos consagrados en la legislación laboral aplicable, especialmente con relación a las mujeres, cuya calidad de tal por su estado de embarazo o su cambio de estado civil, el cuidado de los hijos, entre otros, son causa para la violación de sus derechos.

Sin exagerar diríamos que violentar esos derechos es una agresión directa a la vida, a la salud, a la vivienda, al desa-rrollo de las personas que viven de su trabajo, aunque ya la legislación laboral penal anterior, tipificó como delito al individuo el pago de un salario inferior al mínimo, ahora se busca que la tutela penal de los derechos laborales sea más amplia, por lo que la negativa o rescisión de cualquier derecho laboral deberá ser considerado como delito.

Tutela que sólo se puede hacer correctamente en el Código Penal Federal, dado el carácter también federal de nuestra legislación laboral, lo que permitiría para su aplicabilidad que se extienda a toda la República.

Esto además armoniza la Ley Federal del Trabajo que previene: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social; el trabajo es un derecho y un deber sociales no un artículo de comercio, por lo tanto exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, etcétera.

Por todo lo expuesto, propongo a esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa para adicionar el Código Penal Federal en los siguientes términos:

Título Vigesimoprimero Bis.

Delitos contra la dignidad de las personas

Capítulo Unico

Discriminación

Artículo 366. Se impondrá de 1 año a 5 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, capacidades diferentes o estado de salud.

I. Provoque o incite al odio o a la violencia.

II. Deje o excluya a alguna persona o grupos de personas, o

III. Niegue o restrinja derechos laborales.

Al servidor público que niegue o retarde a una persona a un trámite, servicio o prestación a la que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y además se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Este delito se perseguirá por querella.

Esta iniciativa pretende también homologar la legislación federal a legislaciones locales que ya contemplan este dispositivo que nos parece, de integrarse, representaría un avance en la protección real de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, puesto que rebasa la posibilidad de simplemente hacer recomendaciones que tienen las comisiones de derechos humanos cuando se da este tipo de actitudes y de conductas discriminatorias a convertirlo en una obligación en su cumplimiento.

Es todo, señor Presidente. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un Título Vigésimo Primero Bis al Código Penal Federal, con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Pablo Franco Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma, para adicionar un Título Vigésimo Primero Bis al Código Penal Federal con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, especialmente en materia de derechos laborales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Después de la vida, el valor que más define al ser humano y que es base para todos los demás es la dignidad. La que es incompatible con la discriminación que otorga un trato diferenciado entre las personas, no partiendo de sus diversas virtudes y logros, como decía José María Morelos y Pavón, sino de aspectos como el sexo, el estado de embarazo, la raza, la edad, la religión, la ideología, el color de piel, la discapacidad, la orientación sexual, la profesión, la posición económica, por citar algunos. Es decir, partiendo de características o decisiones personalísimas propias del individuo, que exigen absoluto respeto, de lo contrario se impediría que el ser humano cuente con el ámbito indispensable para ser en su lucha por realizar sus objetivos; lo que además haría imposible el florecimiento de individuos plenos en su enorme variedad, que es lo que hace posible la existencia y evolución de la sociedad.

Cuando la discriminación que oprime y despoja va más allá de ciertos límites, pasa su tutela de la ética al campo del derecho, ya que si no se frena se puede impedir una sana convivencia social indispensable para la marcha de las familias, las empresas, las escuelas y todo ámbito comunitario, pudiendo generar conductas violentas en todos sus grados, del agredido, del agresor, de ambos, o de los colectivos a los que pertenecen uno y otro. Luego sancionar a las conductas discriminatorias, visto en un panorama más amplio, es ejercer una verdadera política de prevención de delitos y conflictos sociales más graves.

En diversas legislaciones penales locales ya se tipifican como delito las conductas que con especialidad gravedad atentan contra la dignidad del ser humano. Pero sorprendentemente existe omisión en este aspecto en el Código Penal Federal, lo que es inadmisible ya que la tutela de la dignidad de las personas y la paz social lo que son bienes jurídicos de interés para toda la nación, no sólo por su esencia sino en armonía con el artículo 1º. de la Constitución General de la República:

``En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

``Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

Es decir, por definición la dignidad de la persona debe ser incluida en todo sistema normativo federal, incluido desde luego el penal. Si el Estado está obligado a evitar todo acto de discriminación, igualmente los particulares; no podría ser de otra forma ya que si el individuo es pisoteado de manera general en sus derechos y en su libertad, pasa a la esclavitud, a la negación de su calidad de ser humano. De ahí que todo régimen jurídico debe ser escrupuloso en la protección del bien jurídico de la dignidad del ser humano.

Por estas razones resulta necesario adecuar nuestra legislación penal federal con el objeto de que se cumplan las normas internacionales relativas a la protección de este bien jurídico de la dignidad, particularmente las contenidas en los siguientes instrumentos internacionales, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2, 7 y 23) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16); de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículos 2, 5 y 7); de la Convención de los Derechos del Niño (artículos 2, 28 y 30) del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículos 2, 3, 7 y 13); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 14, 23, 24, 26 y 27); del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículos 2, 3, 7 y 13); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 14, 23, 24 26 y 27), así como otros instrumentos ratificados por nuestro país.

La no discriminación en materia laboral

De todo tipo de discriminación debe ser librado el individuo, especialmente las que pueden tener lugar en el ámbito laboral. Ya que el trabajo en el actual estado de cosas social es base esencial para la subsistencia y el desarrollo del individuo y sus familiares. Lo que exige el respeto al mínimo de derechos consagrados en la legislación laboral aplicable, especialmente en relación a las mujeres cuya calidad de tales, o su estado de embarazo, o su cambio de estado civil, el cuidado de los hijos, entre otros, son causa para la violación de sus derechos. Sin exagerar, el violentar estos derechos, es una agresión directa a la vida, a la salud, a la vivienda, al desarrollo de las personas que viven de su trabajo. Aunque ya la legislación penal anterior, tipificó como delito el indebido pago de un salario inferior al mínimo, ahora se busca que la tutela penal de los derechos laborales sea más amplio, por lo que la negativa o restricción de cualquier derecho laboral se conceptuará como delito; tutela que sólo se puede hacer correctamente en el Código Penal Federal, dado el carácter también federal de la legislación laboral, lo que permitirá que su aplicabilidad se extienda a toda la República. Esto además armoniza con la Ley Federal del Trabajo que previene:

Artículo 2º. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social...''

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.

Asimismo la adición al Código Penal que se propone permitirá también dar cumplimiento a lo expuesto por los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9 y 12, y demás relativos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señalada.

Consideramos que se hace indispensable que en el Código Penal Federal se establezcan los delitos que atentan contra la dignidad de las personas, por lo que proponemos la adición de un Título Vigésimo Primero Bis, ya que en este nuevo tipo penal se tutelaría la plenitud de derechos humanos fundamentales, en similitud a lo que sucede en el actual Título Vigésimo del Código de mención.

Por todo lo expuesto y fundado, propongo a esta H. Cámara de diputados la siguiente iniciativa de adición al Código Penal Federal, en los siguientes términos:

Título Vigésimo Primero Bis Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Único Discriminación

Artículo 366.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, precedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia;

II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o

III. Niegue o restrinja derechos laborales.

Al servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Este delito se perseguirá por querella.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO FISCAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Manuel Velasco Coello ado>: Con el permiso del señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Los sistemas fiscales presentan un gran número de contribuciones relacionadas de manera directa o indirecta con el medio ambiente.

En América Latina, además de la tendencia por aumentar el número de esta figura, la situación se caracteriza por un elevado grado de confusión, pues en muchos casos se duda hasta de la naturaleza jurídica de las mismas.

Adicionalmente, existe la proliferación de contribuciones medioambientales con fines meramente recaudatorios que no incentivan la protección del entorno natural.

Algunas contribuciones medioambientales responden con claridad a las definiciones legales. Sin embargo, es cierto que la clasificación tradicional de los tributos se adapta más a las peculiaridades de los gravámenes de carácter parafiscal en general y de la fiscalidad medioambiental en particular, situación que genera distorsiones importantes en el régimen jurídico de las contribuciones medioambientales, puesto que su régimen jurídico varía en función de la categoría de las contribuciones en que se encuadren, como son el alcance de la reserva de ley o el régimen de distribución de competencias entre los diversos niveles de gobierno.

Frente a esta situación resulta razonable realizar un esfuerzo que aporte un marco jurídico claro dentro del Código Fiscal de la Federación, para que contemple de forma expresa la figura de las contribuciones medioambientales, estableciendo sus características básicas y elementos comunes para evitar la confusión en las mismas.

Se trata de integrar en el Código Fiscal de la Federación el concepto de contribución medioambiental como centro de atribución de un régimen jurídico especial, ya que existe una modalidad diferente de contribución que puede abarcar impuestos, derechos, contribuciones especiales u otras figuras de carácter híbrido que presenten características comunes en algunos aspectos de su régimen jurídico, con independencia de la categoría contributiva tradicional a la que pertenezcan.

En México la constitucionalidad de las contribuciones parafiscales se da en los artículos referentes a la rectoría económica del Estado; es decir, los artículos 25, 27 y 28. Estos preceptos constitucionales articulan la política económica del Estado mexicano, permitiendo establecer dentro de ésta los instrumentos tributarios para fines no recaudatorios.

Conforme a lo anterior, las contribuciones medioambientales, al contener fines parafiscales son constitucionales en México, siempre y cuando se observen dos condiciones fundamentales: que dichos fines sean secundarios o complementarios y que respeten los principios de justicia tributaria.

Las contribuciones medioambientales conforman un esfuerzo del Estado para la protección y prevención del medio ambiente, así se observa que se constituye un elemento de concreción de la garantía contenida en el párrafo cuarto del artículo 4º, de la que se desprende ``que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''.

La adición de una definición de contribuciones destaca características esenciales que deberá tener cualquier contribución de carácter ambiental que se pretenda establecer en México, para aplicar gravámenes medioambientales con principios de justicia tributaria previstos en nuestra Constitución: legalidad, proporcionalidad y equidad. Además cuenta con el concepto de justificación económico medio-ambiental que respalde la implantación de la contribución ambiental de que se trate, justificación que debe presentarse junto con iniciativas de ley, lo que impone un análisis más detallado del ejercicio de la potestad tributaria y sirve también para evitar desviaciones innecesarias del principio de progresividad.

Por otra parte, establece un criterio de cuantificación que deberá ser tomado en cuenta en el establecimiento de contribuciones tributarias, basado en el principio, ``quien contamina paga'' y se deja abierta la posibilidad de prescindir del criterio de cuantificación antes mencionado, siempre y cuando sea lo suficientemente justificada.

Para introducir los principios generales de la tributación ambiental al ámbito federal mexicano, es necesaria la adición de un artículo 3º Bis, al Código Fiscal de la Federación y por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 3º Bis, al Código Fiscal de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa, que adiciona un artículo 3 Bis al Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los sistemas fiscales presentan un gran número de contribuciones relacionadas de manera directa o indirecta con el medio ambiente y en América Latina además de la tendencia por aumentar el número de esta figura, la situación se caracteriza por un elevado grado de confusión, pues en muchos casos se duda hasta de la naturaleza jurídica de las mismas.

Adicionalmente a la confusión, existe la proliferación de contribuciones medioambientales con fines meramente recaudatorios que no incentivan la protección del entorno natural.

Algunas contribuciones medioambientales responden con claridad a las definiciones legales de derechos o impuestos, sin embargo, es cierto que la clasificación tradicional de los tributos se adapta mal a las peculiaridades de los gravámenes de carácter extrafiscal en general y de la fiscalidad medioambiental en particular, situación que genera distorsiones importantes en el régimen jurídico de las contribuciones medioambientales, puesto que su régimen jurídico varía en función de la categoría de la contribución en que se encuadren (como son el alcance de la reserva de ley o el régimen de distribución de competencias entre los diversos niveles de gobierno).

Frente a esta situación, resulta razonable realizar un esfuerzo que aporte un marco jurídico claro dentro del Código Fiscal de la Federación para que contemple de forma expresa la figura de las contribuciones medioambientales, estableciendo sus características básicas y elementos comunes para evitar la confusión en las mismas.

Se trata de integrar en el Código Fiscal de la Federación el concepto de contribución medioambiental como centro de atribución de un régimen jurídico especial, ya que se trata de una modalidad diferente de contribución que puede abarcar impuestos, derechos, contribuciones especiales u otras figuras de carácter híbrido que presenten características comunes en algunos aspectos de su régimen jurídico, con independencia de la categoría contributiva tradicional a la que pertenezcan.

En México, la constitucionalidad de las contribuciones extrafiscales se da en los artículos referentes a la rectoría económica del Estado, es decir, los artículos 25, 27 y 28, respectivamente. Estos preceptos constitucionales articulan la Política Económica del Estado mexicano, permitiendo establecer dentro de ésta, los instrumentos tributarios para fines no recaudatorios.

Conforme a lo anterior, las contribuciones medioambientales al contener fines extrafiscales, son constitucionales en México, siempre y cuando, se observen dos condiciones fundamentales: que dichos fines sean secundarios o complementarios y que respeten los principios de justicia tributaria.1

Las contribuciones medioambientales conforman un esfuerzo del Estado para la protección y prevención del medioambiente, así se observa que constituyen un elemento de concreción de la garantía contenida en el párrafo cuarto del artículo 4.º constitucional, de la que se desprende que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado mexicano es una República, democrática, representativa y compuesta de Estados libres unidos en una federación, los que a su vez tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre. Tanto la Federación como los Estados y los municipios tienen potestad tributaria, con los límites y singularidades señaladas en la propia Constitución nacional. De lo último deriva que, a fin de introducir los principios de la tributación medioambiental en México, es necesario sentar las reformas idóneas también en los tres niveles de gobierno, situación que esta siendo analizada en la Convención Nacional Hacendaria.

Respecto a la materia ecológica, el artículo 27 de la Constitución Política Federal de México, dispone en su tercer párrafo, la facultad que tiene en todo momento la nación mexicana para establecer las medidas necesarias de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Además, el marco legislativo de la política ecológica en México, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece todos los instrumentos de esta política.

La adición de una definición de contribuciones destaca características esenciales que deberán tener cualquier contribución de carácter ambiental que se pretenda establecer en México para aplicar gravámenes medioambientales con principios de justicia tributaria previstos en nuestra Constitución (legalidad, proporcionalidad, equidad). Además cuenta con el concepto de justificación económico medioambiental que respalde la implantación de la contribución ambiental de que se trate, justificación que debe presentarse junto con iniciativas de ley, lo que impone un análisis más detallado del ejercicio de la potestad tributaria y sirve también para evitar desviaciones innecesarias del principio de progresividad.

Por otra parte, establece un criterio de cuantificación que deberá ser tomado en cuenta en el establecimiento de contribuciones tributarias basado en el principio ``quien contamina paga'', y se deja abierta la posibilidad de prescindir del criterio de cuantificación antes mencionado siempre y cuando sea lo suficientemente justificada. Finalmente se establecen los criterios de determinación individual de las contribuciones medioambientales, mismos que, por razones obvias, deben ser plasmados en la norma.

Para introducir los principios generales de la tributación ambiental al ámbito federal mexicano es necesario la adición de un artículo 3 bis al Código Fiscal de la Federación y por ello el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 3 Bis al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis.- Contribuciones medioambientales son aquellos impuestos, derechos y contribuciones especiales cuyo objeto imponible esté constituido por actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan una actuación pública de tutela medioambiental. También tendrán el tratamiento de contribuciones medioambientales aquellos aprovechamientos que sean causados por actos o hechos de la misma naturaleza medioambiental.

El hecho imponible de las contribuciones medioambientales deberá contemplar actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan la actuación pública de tutela medioambiental. No podrán gravarse conductas dañosas para el medio ambiente que se encuentren prohibidas. La legislación de cada figura contributiva preverá como supuestos de no sujeción los casos en que los actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan la actuación pública de tutela medioambiental se produzcan de manera fortuita o en caso de fuerza mayor.

Toda iniciativa de establecimiento de una nueva contribución medioambiental o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir una justificación económico medioambiental que sustente los criterios de cuantificación utilizados, salvo precepto legal en contrario.

La determinación de la tasa o tarifa deberá atender a la intensidad de la incidencia medioambiental objeto de gravamen y en general, la recaudación de la contribución medioambiental no deberá exceder, en su conjunto, de la mayor de las cantidades siguientes, que serán calculadas en la justificación económico medioambiental en la medida en que ello sea posible: el daño causado, el costo que hubiera supuesto para el conjunto de los contribuyentes evitar el daño causado, o el costo de las actividades públicas de tutela medioambiental. Cualquier desviación de este criterio o la imposibilidad de aplicarlo deberá ser señalada en la justificación económico medioambiental. La cuantificación individual de la contribución deberá atender a la incidencia individual de la contaminación, si bien podrán utilizarse criterios de progresividad medioambiental.

Nota:

1 Tesis P/J 20/91, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, p. 18.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 del mes de noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado Velasco.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY ORGANICA DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de modificar el mecanismo de designación de los titulares de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios y que esta facultad sea ejercida por la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión.

En términos de lo que establece el artículo 51 constitucional, la Cámara de Diputados se compone con representantes de la nación, es decir, que si Petróleos Mexicanos es de todos, consecuentemente y si el recurso natural también es de todos los mexicanos, resulta procedente que los representantes de la nación puedan contar con la facultad de designación de los titulares de los organismos por medio de los cuales se explota la riqueza del subsuelo que a todos los mexicanos pertenece, además de que es imperativo democratizar los procedimientos administrativos de la paraestatal para evitar que ésta continúe siendo la ``cueva de Alí Babá''.

De manera simultánea a la designación de los directores generales por parte de la Cámara de Diputados, proponemos un mecanismo consistente en que la Cámara hará una auscultación entre los colegios de profesionistas, escuelas y facultades de ingeniería del país para conformar una terna de entre la cual y por mayoría calificada de dos terceras partes del total de los integrantes de esta Cámara, se designará a los directores generales y en caso de que ninguno de los propuestos obtuviera esa mayoría, se integrará una nueva terna y que en caso de que ninguno de los integrantes de la segunda terna obtenga la mayoría calificada, entonces la Cámara mediante el proceso de insaculación de las 6 personas, designará a cada director general.

El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma en la que se divide la administración pública, misma que será centralizada y paraestatal.

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forman parte de la administración pública centralizada las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la consejería jurídica. La administración pública paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Ahora bien, en el sistema presidencial mexicano, el Presidente de la República ejerce funciones de jefe de Estado y de jefe de Gobierno. En esta última función como jefe de Gobierno, es el jefe de la administración pública tanto centralizada como paraestatal. La doctrina de derecho administrativo establece a la denominada ``centralización administrativa'' y es a la que se define como la ``centralización''; es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública.

Ahora bien, esta centralización administrativa que se da a favor del jefe de Gobierno o titular de la administración pública, tiene una serie de características entre las que se encuentra el poder de nombramiento, esto es que el jefe de Gobierno o Presidente de la República tiene la facultad de designar a sus más cercanos colaboradores y a los directores de las empresas públicas.

Asimismo, el titular de la administración pública tiene la facultad, prevista ésta en la Constitución General de la República, para hacer nombramientos; tal es el caso del nombramiento y remoción de los secretarios de despacho y nombramientos y remoción libre de los demás empleados de toda la Federación, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

En consecuencia, encontramos que el Presidente de la República puede hacer nombramientos conforme se prevea en la Constitución y conforme a lo que se prevea en leyes específicas.

Es el caso de la materia de la presente iniciativa, en la que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de este honorable pleno esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios para eliminar la facultad del Presidente de la República de designar al director general de Petróleos Mexicanos y a los directores generales de los organismos subsidiarios bajo los siguientes principios:

Petróleos Mexicanos es la empresa pública más importante del país. Petróleos Mexicanos explota en términos de lo que dispone el artículo 28 constitucional, párrafo quinto, el área estratégica de la economía del petróleo y de los demás hidrocarburos.

En el mismo artículo 28, párrafo sexto, se establece que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el más eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participe por sí o por los sectores social y privado.

Además hay que recordar que según el artículo 27 de nuestra norma fundamental, en su párrafo cuarto, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo del país, entre ellos el petróleo y todos los demás carburos de hidrógeno sólidos.

Además en el párrafo séptimo del artículo 27 se establece que tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos.

Con lo anterior se acredita fehacientemente que tanto el Constituyente originario como el Constituyente permanente, han dado una singular importancia a los bienes sobre los que la nación ejerce dominio directo y además dispone que estos bienes sean considerados áreas estratégicas en la economía y el propio Estado contará con organismos públicos encargados de explotar estas áreas.

Ahora bien, hay verdades que resultan manifiestas, como la que Petróleos Mexicanos es el organismo público descentralizado más importante del país y que Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente de este país y que Petróleos Mexicanos ha tenido pésimos administradores de nuestra riqueza petrolera. Basta tan sólo recordar que la gestión presidencial de José López Portillo, cuando, entre comillas, nos debíamos de preparar para administrar la abundancia, se dieron en perjuicio de Petróleos Mexicanos grandísimos actos de corrupción, mismos que hasta la fecha en mayor o en menor medida se siguen cometiendo.

En días pasados se acreditó fehacientemente que el entonces director de Pemex pagó con dinero de la paraestatal una cirugía plástica, una cirugía estética de su esposa. Esto es, se ve a Petróleos Mexicanos como un botín donde todo mundo puede meter mano o como la caja chica en donde el Gobierno en turno puede obtener recursos para financiar otros gastos no autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta situación, en nuestra opinión, deriva por la falta de controles eficientes y porque el director general del organismo y de sus subsidiarias son nombrados directamente por el Presidente de la República y éste es el único al que le rinden cuentas de su actuación.

Señor Presidente, le solicito respetuosamente que el texto íntegro de la iniciativa que entregaré a los secretarios de esta Mesa Directiva, se inserte en el Diario de los Debates y a su vez sea publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del viernes 5 de noviembre de 2004

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma en la que se divide la administración pública, que será centralizada y paraestatal.

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forman parte de la Administración Pública Centralizada las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica.

La Administración Pública Paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Ahora bien, en el sistema presidencial mexicano el Presidente de la República ejerce funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, en esta última función, como Jefe de Gobierno, es el jefe de la Administración Pública, tanto centralizada como paraestatal.

La doctrina del derecho administrativo establece la denominada centralización administrativa, la que se define como ``la centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructura bajo el mando unificado y directo del titular de la Administración Pública''.

Ahora bien, esta centralización administrativa que se da a favor del Jefe de Gobierno o titular de la Administración Pública tiene una serie de características entre la que se encuentra el poder de nombramiento. Esto es que el Jefe de Gobierno o Presidente de la República tiene la facultad de designar a sus más cercanos colaboradores y a los directores de las empresas públicas.

Asimismo, el titular de la Administración Pública tiene la facultad, prevista en la Constitución General de la República, para hacer nombramientos, tal es el caso del nombramiento y remoción de los Secretarios de Despacho y de nombramiento y remoción libre de los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no este determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

En consecuencia, encontramos que el Presidente de la República puede hacer nombramientos, conforme a lo que se prevea en la Constitución, conforme a lo que se prevea en Leyes específicas o libres.

En el caso materia de la presente iniciativa, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de este Honorable Pleno esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para eliminar la facultad del Presidente de la República de designar al director general de Petróleos Mexicanos y a los directores generales de los organismos subsidiarios bajo los siguientes principios.

Petróleos Mexicanos es la empresa pública más importante del país. Petróleos Mexicanos explota, en términos de lo que se dispone en el artículo 28 constitucional párrafo quinto el área estratégica de la economía de petróleo y los demás hidrocarburos. En el mismo artículo 28, párrafo sexto, se establece que ``el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado''.

Además, hay que recordar que según el artículo 27 de nuestra Norma Fundamental en su párrafo cuarto corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo del país, entre ellos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. Además, en el párrafo séptimo del propio artículo 27 se establece que, ``en tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos''.

Con lo anterior se acredita fehacientemente que tanto el Constituyente originario como el Constituyente Permanente han dado singular importancia a los bienes sobre los que la Nación ejerce dominio directo y además dispone que estos bienes serán considerados áreas estratégicas de la economía y que el propio Estado contará con organismos públicos encargados de explotar estas áreas.

Ahora bien, hay verdades que resultan manifiestas, como la que Petróleos Mexicanos es el organismo público descentralizado más importante del país, que Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente de este país y que Petróleos Mexicanos ha tenido pésimos administradores de nuestra riqueza petrolera.

Baste recordar que en la gestión presidencia de José López Portillo, cuando ``nos debíamos preparar para administrar la abundancia, se dieron en perjuicio de Petróleos Mexicanos grandes actos de corrupción'', mismos que hasta la fecha, en mayor o menor medida se siguen cometiendo.

En días pasados se acreditó fehacientemente que el entonces director de Pemex pagó con dinero de la paraestatal una cirugía estética de su esposa. Esto es, se ve a Petróleos Mexicanos como un botín en donde todo mundo puede meter mano o como la caja chica en donde el gobierno en turno puede obtener recursos para financiar otros gastos no autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta situación deriva por la falta de controles eficientes y porque el director general del organismo y de sus subsidiarias son nombrados directamente por el Presidente de la República y es a él al único que le dan cuentas de su actuación.

La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de modificar el mecanismo de designación de los Titular de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, y que esta facultad sea ejercida por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En términos de lo que establece en el artículo 51 constitucional, la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, se dice que Petróleos Mexicanos es de todos lo mexicanos, consecuentemente si el recurso natural es de todos, resulta procedente que los representantes de la Nación puedan contar con la facultad de designación de los titulares de los organismos por medio de los cuales se explota la riqueza del subsuelo que a todos los mexicanos pertenece.

Además de que es imperativo democratizar los procedimientos administrativos de la paraestatal para evitar que ésta continúe siendo la cueva de Ali-Babá.

De manera simultánea a la designación de los directores generales por parte de la Cámara de Diputados proponemos un mecanismo consistente en que la Cámara hará una auscultación entre los colegios de profesionales y escuelas y facultades de ingeniería del país para conformar una terna de entre la cual y por mayoría calificada de las dos terceras partes del total de los integrantes se designará a los directores generales. Y en caso de que ninguno de los propuestos obtuviera esa mayoría se integrará una nueva terna, en caso de que ninguno de los integrantes de la segunda terna obtenga la mayoría calificada entonces la Cámara mediante el procedimiento de insaculación de las seis personas designará a cada director general.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6 y 8; y se adicionan los artículos 6 Bis y 8 Bis de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo 6. Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un Consejo de Administración, que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera, sin perjuicio de la autonomía de gestión de los organismos. El director general será nombrado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Artículo 6 Bis. La Cámara de Diputados designará mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes al director general de Petróleos Mexicanos, de entre una terna, que la misma Cámara integrará, mediante consulta que efectúe entre colegios, escuelas y facultades de ingeniería del país.

Si en la primera votación, ninguno de los integrantes de la terna alcanzara la mayoría que se menciona en el párrafo anterior la Cámara integrará una nueva terna.

Si ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría que se menciona en el párrafo primero, el director general de Petróleos Mexicanos será designado mediante insaculación, de entre las seis personas que integraron las dos ternas.

El director general de Petróleos Mexicanos durará en su cargo seis años pudiendo ser ratificado hasta por un periodo más.

Artículo 8. Cada uno de los organismos subsidiarios será dirigido y administrado por un Consejo de Administración y por un director general nombrado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Artículo 8 Bis. La Cámara de Diputados designará mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes a los directores generales de los organismos subsidiarios, de entre una terna, que la misma Cámara integrará, mediante consulta que efectúe entre colegios, escuelas y facultades de ingeniería del país.

Si en la primera votación, ninguno de los integrantes de la terna alcanzara la mayoría que se menciona en el párrafo anterior la Cámara integrará una nueva terna.

Si ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría que se menciona en el párrafo primero, los directores generales de los organismos subsidiarios serán designados mediante insaculación, de entre las seis personas que integraron las dos ternas.

Los directores generales de los organismos subsidiarios durarán en su cargo seis años pudiendo ser ratificado hasta por un periodo más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Energía y obséquiese la solicitud del señor diputado Pedro Vázquez, de insertar íntegramente su texto en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

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CODIGO CIVIL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1819 del Código Civil Federal.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 1819 del Código Civil Federal.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 1819 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Señoras y señores legisladores:

Subsanar los vacíos en las leyes que rigen los actos jurídicos entre los particulares resulta de vital importancia, toda vez que de allí se desprenden acciones que interesan al derecho, a la sociedad y al Estado.

Es nuestra competencia y obligación dar claridad a la ley para su correcta interpretación y aplicación, de allí la reforma en materia civil que hoy les planteo.

Comienzo por recordar a la doctrina jurídica que ha definido el consentimiento como el acuerdo de dos o más voluntades que tiende a crear, transferir, conservar, modificar o extinguir efectos de derecho.

Así, el Código Civil establece en el artículo 1803 que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos; es tácito cuando resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen presumirlo.

Es indispensable que las voluntades que integran el consentimiento no sufran vicio alguno; esto es, que ninguna de las voluntades que intervienen en la formación del consentimiento esté viciada, pues basta que una sola de ellas lo esté para que el consentimiento resulte igualmente viciado.

Por vicio de voluntad se entiende ``el efecto que el error, la violencia o el dolo producen en el consentimiento, consistente en la invalidez del acto a cuya formación han concurrido''.

El concepto de vicios para efectos jurídicos se puede entender como ``la realización incompleta o defectuosa de cualquiera de los elementos de esencia de una institución''.

De manera clásica se catalogan como vicios de la voluntad el error, la mala fe, la violencia y la lesión.

El artículo 1812 del Código Civil dispone que el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

El artículo 1819 del mismo ordenamiento prevé actualmente lo siguiente: hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.

La violencia o intimidación se condena no por el miedo que se produce en el ánimo del contratante, cuya voluntad por este medio se obtiene, sino que lo que se sanciona es la falta de libertad del contratante para determinar su voluntad, por lo que ésta debe ser protegida. Aun en el supuesto caso de que el contrato resultare beneficioso a los intereses del violentado, de todas formas debe decretarse la nulidad del acto si así lo solicita, pues su voluntad no fue libre. Debemos recordar que un elemento psicológico como la voluntad sólo puede ser viciada por causas psíquicas, como pudiera ser el temor.

Esa violencia, intimidación o temor se ejercita respecto del contratante y de las demás personas que expresamente designa la ley, como ascendientes, descendientes, colaterales y cónyuge, quienes tan sólo son los instrumentos que se emplean para producir el temor en el espíritu del contratante y viciar su voluntad llevándolo a celebrar el contrato.

Ahora bien, cabe destacar que el valor jurídico que se protege por la ley a través de reprimir este vicio de la voluntad del contratante (violencia, temor o miedo) no debe simplemente limitarse a su cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales dentro del segundo grado, ya que también se puede violentar su consentimiento por un temor que importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o los bienes del concubinario o concubina, ya que éstos también son personas que por su relación deben ser consideradas como fundamentales, ya que se pueden utilizar como instrumentos para provocar el miedo y viciar de este modo la voluntad del otorgante del acto.

Por ello se hace necesario que el artículo 1819 en cuestión, en la descripción de personas que pueden emplear como instrumento para producir miedo en el ánimo del contratante, se incorpore al concubinario o concubina, a quien lo une un sentimiento tal, que con la amenaza de causarle daño se lleve temor a su ánimo, lo que conlleva a que su voluntad no se externe de manera libre y espontánea, sino que bajo el influjo del miedo, temor o intimidación se vulnere la voluntad para realizar un acto jurídico determinado.

Lo anterior se refuerza en la propia ley, que reconoce tales figuras como sujetas de derechos y obligaciones, al igual que reconoce la relación jurídica.

Con esta propuesta de reforma, seguramente se dará un paso adelante en la precisión del Código Civil, el cual exige mayor claridad y puntualización en sus disposiciones, en este caso concreto, las relativas a los vicios del consentimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 1819 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de su concubinario o concubina, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La siguiente iniciativa ha sido retirada por el grupo parlamentario promovente. Así también la iniciativa del diputado Omar Ortega Alvarez, programada en el orden del día, se ha pospuesto para la próxima sesión y lo mismo ha sucedido con la que promovía el diputado Jorge Kahwagi Macari, que se pospone también para la próxima sesión.

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LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada María Martha Laguette Lardizábal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable Asamblea para presentar la siguiente iniciativa de decreto mediante la cual se pretende modificar el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Señor Presidente, con su permiso procederé a dar lectura a una versión resumida de la iniciativa en comento, por lo cual le solicito atentamente se publique íntegramente el texto de la misma en la Gaceta Parlamentaria y se integre al Diario de Debates. Gracias.

Los derechos humanos han estado presentes prácticamente en toda la historia de México, pero ha sido a partir de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990, que fuera elevada a rango constitucional en 1992 y posteriormente reconocida su autonomía frente a cualquier poder del Estado como los avances en la protección y promoción de estos sublimes derechos que han rendido sus primeros frutos.

La defensa de los derechos humanos poco a poco ha sido aceptada en el ánimo de la sociedad como una tarea de todos: gobierno, partidos políticos, organizaciones y ciudadanía en general, en la que se debe trabajar para ampliar la gama de derechos y garantías fundamentales sujetos a la tutela de las leyes, pues sólo así se podrá garantizar que todos los miembros de la sociedad, sin discriminación de credo religioso, raza, sexo, posición social o política, puedan disfrutar de las oportunidades de desarrollo personal, social y económico que la nación ha logrado a lo largo de su historia.

En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su artículo 2º, que dicha entidad es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Por su parte, el texto actual del numeral 5 del citado ordenamiento jurídico preceptúa que la Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaria ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo, necesario para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional además, para el desempeño de sus responsabilidades, contará con un consejo.

Dentro de esta importante estructura, un papel insustituible y sumamente relevante, lo juegan los visitadores generales, quienes de acuerdo a la legislación federal que los regula, tienen atribuciones como recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas o de oficio; discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita; realizar las investigaciones y los estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración, entre otras más.

En resumidas cuentas, estos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están investidos de facultades que son pieza clave para la defensa integral, eficiente y eficaz de los derechos humanos, por lo que los visitadores generales se constituyen hoy por hoy, como verdaderos procuradores en la observancia y tutela de estos legítimos derechos.

Sin embargo en cuanto a la designación de estos agentes, encontramos que el artículo 23 de la ley en mención, dispone que los visitadores generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; mayor de 30 años de edad el día de su nombramiento; tener título de licenciado en derecho, expedido legalmente; 3 años en el ejercicio profesional y ser de reconocida buena fama.

Como sucede, para cualquier ordenamiento jurídico encontramos que en el precepto aludido se hace alusión a características especiales en los visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indispensables para el cumplimiento de sus funciones, pero sin distingo alguno sobre su origen étnico, de lo cual se coligue que cualquier mexicano, cumpliendo satisfactoriamente los requisitos señalados, podrá tener el carácter de visitador, incluso un indígena.

Sin embargo, la sola y remota posibilidad de que un indígena acceda a un cargo de esta naturaleza respaldada por la igualdad y la generalidad de la ley, ha sido insuficiente. Baste revisar en los archivos del organismo demérito para constar el número de indígenas que a la fecha hayan ocupado el loable cargo de visitador general.

Cuando se habla de derecho social, se tiene que empezar abordando un principio básico en esta materia, que va más allá de la igualdad y quiero referirme con esto a la equidad entendida como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Si realmente estamos convencidos de lo indispensable que es la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, debemos garantizar que frente a estos derechos, exista alguien que se involucre directamente en su defensa y no es que los visitadores generales no lo hagan o por lo menos que no estén obligados a hacerlo, pero lo ideal será que dentro de los mismos visitadores, que son 5, cuando menos uno sea de origen indígena, pues que mejor que quien ha emergido de una realidad económica, política y social diferente a la nuestra, que quien ha vivido, gozado y sufrido sus beneficios y sus adversidades, para entender y velar por los intereses de su origen.

Que si lo anterior es justificable, creo que eso no está en tela duda, cualquier inquietud al respecto es despejada cuando nos damos cuenta de que un alto porcentaje de la población en México es de origen indígena, extendida a lo largo y ancho del territorio nacional, en más de 62 etnias que aún claman un poco de justicia y trato digno para los suyos.

En conclusión, la presente iniciativa de decreto pretende modificar el artículo 5º, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de incorporar obligatoriamente como visitador, a cuando menos una persona cuyo origen sea precisamente el de un grupo étnico indígena.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

Decreto

Artículo único. Se reforma el artículo 5º de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 5º. La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaria ejecutiva, hasta 5 visitadores generales de los cuales cuando menos uno deberá de ser indígena, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 5 días del mes de noviembre del año 2004.

Atentamente.

Martha Laguette Lardizábal.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI

Martha Laguette Lardizábal, diputada a la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante este cuerpo colegiado a presentar la siguiente iniciativa de decreto, por medio de la cual se pretende modificar el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El año de 1994 fue un período clave en la historia de nuestro país, pues fue a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, y de otros acontecimientos originados con posterioridad, como el tema del indigenismo ha venido cobrando gran importancia en la agenda de la vida política, social y económica de la nación.

Así pues, el estado mexicano y la sociedad, han entrado a una profunda revisión y análisis de este tema, que se remonta en el tiempo en más de quinientos años, lo que ha merecido una reflexión crítica sobre lo que se ha hecho al respecto, lo que se ha omitido y los avances logrados.

La realidad es que son diversas las posturas que se han asumido desde los distintos gobiernos, marcadas cada una por una ideología y una época determinada, y las más importantes, pero a la vez contrastantes, son las siguientes:

La primera, que pugnaba por la desaparición del indigenismo; etapa relativa a las políticas públicas que adoptó el estado mexicano a partir de la época posrevolucionaria, buscando por cualquier medio que las etnias indígenas de nuestro país se ajustaran, sin miramiento alguno, a un modelo de vida nacional que no fue diseñado pensando en ellas, sistema que obviamente, ha sido ineficaz, y que en rigor no han resuelto, sino, en muchos casos, empeorado el problema.

En segundo término, las posiciones que plantean la necesidad de un nuevo trato y una nueva relación del estado mexicano con los pueblos indígenas, basadas en la definición de los derechos de dichos pueblos, entre los cuales destacan los de orden político, los de jurisdicción, económicos, sociales y culturales; pero además, siendo este el aspecto más delicado, el derecho a la autonomía, tanto política, como territorial y jurisdiccional.

Quienes aún defienden la primera posición, justifican sus pretensiones en el pensamiento neoliberal, pugnando por que el estado mexicano renuncie a sus compromisos de justicia social frente a los pueblos indígenas y sean las denominadas leyes del mercado las que en última instancia definan la suerte de las etnias. Esta posición está siendo impulsada por todos los que estiman que la apertura comercial y la globalización de la economía es un proceso avasallante, independientemente de cualquier consideración de carácter ético, jurídico o, simplemente, humanista.

Para quienes están inmersos en la cultura globalizadora, el estado mexicano debe auspiciar, por todos los medios posibles, el crecimiento de la economía de mercado, en un contexto de apertura y competencia; en un proceso en el que sólo los más eficientes y productivos tendrán derecho a sobrevivir, reservando las oportunidades de vida y desarrollo para los más competitivos, dejando de lado cualquier compromiso con la justicia social y con quienes menos tienen.

Lo anterior no significa que estamos en contra del desarrollo y posicionamiento de México como País en el mercado externo; en que deba seguir dándosele importancia al gran esfuerzo comercial, que es relevante para el crecimiento de nuestra economía; lo que no es permisible, es que como autoridades concentremos nuestros esfuerzos y los orientemos hacia un único fin, dejando de lado el justo equilibrio que debemos observar al momento de tomar las grandes decisiones, y es aquí, donde generalmente abandonamos a su suerte a nuestros hermanos indígenas.

Así pues, el tema del indigenismo en México no puede ni debe concretarse a dejar que las etnias subsistan y, si es posible, se desarrollen, conforme a sus propios esfuerzos, abandonando los principios de justicia social frente a los pueblos indígenas.

En este contexto, el Estado Mexicano debe considerar en todo momento estos principios; es decir, con su participación decidida en la creación de riqueza y en el esfuerzo por distribuirla con mayor justicia, sobre todo, en beneficio de los sectores, grupos y clases sociales económicamente más débiles, entre los cuales se encuentran nuestros indígenas.

La economía de mercado será favorable para el crecimiento de nuestra Nación, siempre y cuando cuente con la tutela de un claro sentido social; esto es, donde el Estado asuma la rectoría del proceso económico, pues las denominadas leyes del mercado, por sí mismas, no aseguran ni garantizan una justa distribución del ingreso nacional.

La apertura comercial y la globalización son hechos irreversibles, y México tampoco es una isla; pero el país debe adaptarse a estos profundos y acelerados cambios de la economía mundial, sin renunciar, como ya lo decíamos, a sus compromisos con la justicia social, con la soberanía, con los valores de la cultura nacional y con las culturas indígenas.

En resumidas cuentas, debe practicarse una revisión de las políticas publicas que han configurado el tradicional indigenismo; coincidimos con la necesidad de una nueva relación y trato del Estado Mexicano con los pueblos indígenas, lo cual supone un replanteamiento de objetivos, políticas y estrategias para la solución de los problemas que los aquejan, evitando por cualquier medio dejarlos sumidos en el abandono, víctimas de la explotación, marginación y discriminación, de las frecuentemente son objeto.

Es particularmente en la materia de los derechos humanos donde se concentra nuestra propuesta específica:

Los derechos humanos han estado presentes prácticamente en toda la historia de México, pero ha sido a partir de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, que fuera elevada a rango constitucional en 1992, y posteriormente reconocida su autonomía frente a cualquier poder del Estado, como los avances logrados en la protección y promoción de estos sublimes derechos han rendido sus primeros frutos.

La defensa de los derechos humanos, poco a poco ha sido aceptada en el ánimo de la sociedad, como una tarea de todos: Gobierno, partidos políticos, organizaciones y ciudadanía en general, en la que se debe trabajar para ampliar la gama de derechos y garantías fundamentales sujetos a la tutela de las leyes, pues sólo así se podrá garantizar que todos los miembros de la sociedad, sin discriminación de credo religioso, raza, sexo, posición social o política, puedan disfrutar de las oportunidades de desarrollo personal, social y económico que la nación ha logrado a lo largo de su historia.

En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su artículo 2º que ésta, ``es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano''.

Por su parte, el texto actual del numeral 5º del citado ordenamiento jurídico preceptúa: ``La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaría ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. La comisión nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo''.

Dentro de esta importante estructura, un papel insustituible y sumamente relevante lo juegan los visitadores generales, quienes, de acuerdo a la legislación federal que los regula, tienen atribuciones como: recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; iniciar, a petición de parte, la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita; realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración, entre otras más.

En resumidas cuentas, estos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están investidos de facultades que son pieza clave para la defensa integral, eficiente y eficaz de los derechos humanos, por lo que los visitadores generales se constituyen, hoy por hoy, como verdaderos procuradores en la observancia y tutela de estos legítimos derechos.

Sin embargo, en cuanto a la designación de estos agentes, encontramos que el artículo 23 de la Ley en mención dispone:

``Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I.-Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.-Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III.-Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos; y

IV.- Ser de reconocida buena fama.''

Como sucede para cualquier ordenamiento jurídico, encontramos que en el precepto aludido se hace alusión a características especiales en los visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indispensables para el cumplimiento de sus funciones, pero sin distingo alguno sobre su origen étnico, de lo cual se colige que cualquier mexicano, cumpliendo satisfactoriamente los requisitos señalados, podrá tener el carácter de visitador, incluso, un indígena.

Sin embargo, la sola y remota posibilidad de que un indígena acceda a un cargo de esta naturaleza, respaldada por la igualdad y la generalidad de la ley, ha sido insuficiente; baste revistar en los archivos del organismo de mérito para constar el número de indígenas que a la fecha hayan ocupado el loable cargo de visitador general.

Cuando se habla de derecho social, se tiene que empezar abordando un principio básico en esta materia que va más allá de la igualdad, y quiero referirme con esto a la equidad, entendida como ``tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales''.

Si realmente estamos convencidos de lo indispensable que es la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, debemos garantizar que frente a estos derechos, exista alguien que se involucre directamente en su defensa, y no es que los visitadores generales no lo hagan, o por lo menos, que no estén obligados a hacerlo; pero lo ideal será que dentro de los mismos visitadores, que son cinco, cuando menos uno sea de origen indígena, pues qué mejor que quien ha emergido de una realidad económica, política y social diferente a la nuestra; que quien ha vivido, gozado y sufrido sus beneficios y sus adversidades, para entender y velar por los intereses de su origen.

Que si lo anterior es justificable, creo que eso no está en tela de duda, cualquier inquietud al respecto es despejada, cuando nos damos cuenta que un alto porcentaje de la población en México es de origen indígena, extendida a lo largo y ancho del territorio nacional en más de 62 etnias, que aún claman un poco de justicia y trato digno para los suyos.

En conclusión, la presente iniciativa de decreto pretende modificar el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de incorporar obligatoriamente como Visitador, a cuando menos una persona, cuyo origen sea precisamente el de un grupo étnico indígena.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente

Iniciativa de decreto para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

Decreto

Artículo Único: Se reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 5.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, de los cuales, cuando menos uno deberá ser indígena; así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de noviembre del año 2004.--- Dip. Martha Laguette Lardizábal.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada Laguette.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa de decreto por el que se pone a consideración del Ejecutivo federal se declare área natural protegida el lago de Zirahuén en el estado de Michoacán.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados: México, Brasil, Colombia e Indonesia son los países que se consideran más diversos del mundo y tienen consistentemente el mayor número de especies de los principales grupos biológicos, siendo México uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo; el número total de especies descritas es de casi 65 mil, cifra muy por debajo de las más de 200 mil especies que en una aproximación conservadora se estima habitan en el país.

También aquí se encuentran el número más alto de reptiles del mundo: 754 especies, 52 por ciento endémicas. En mamíferos ocupa el quinto lugar con 491 especies, 29 por ciento endémicas. El cuarto en anfibios, 60 por ciento endémicos y tiene una rica avifauna de más de mil especies.

La flora mexicana consta de más de 23 mil especies, con un nivel de endemismo superior al 40 por ciento, entre las que se destacan familias como las cactáceas, con 850 especies, 84 por ciento endémicas y orquídeas con 920 especies, 48 por ciento endémicas. Así como el género pinus con 48 especies, 43 por ciento endémicas. Además de la alta diversidad de ecosistemas terrestres México posee una gran variedad de ecosistemas acuáticos marinos, buceacuícolas y costeros.

En el país existen más de 70 cuencas pluviales. Los ríos que drenan hacia el Pacífico son generalmente pequeños, de flujo rápido y con pendientes pronunciadas. Mientras que los que desembocan en el golfo de México y el Caribe son frecuentemente grandes, caudalosos y con pendientes suaves.

Después de esta breve semblanza de la vida silvestre, acuícola y animal de nuestra República, hablaremos en específico del estado de Michoacán, lugar donde se localiza, de acuerdo a la sección purépecha, ``El Espejo de los Dioses'', es decir el lago de Zirahuén.

El estado de Michoacán cuenta con una extensión de 59 mil 864 kilómetros cuadrados que representan el 3 por ciento de la superficie total del territorio nacional, ocupando el quinto lugar en biodiversidad por su variedad de ecosistemas, resultado de las regiones biogeográficas, meártica y neotropical y su distribución en cuatro de las más importantes regiones hidrológicas del país como son: Lerma-Santiago, río Balsas, Armería Coahuayana y río de la Costa.

En la región Lerma-Santiago se extienden importantes cuerpos de aguas naturales como los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala.

En la región del río Balsas se localiza una de las corrientes más importantes del país, misma que recibe el nombre de uno de los afluentes del río Balsas. De igual forma en esta región se ubica la presa El Infiernillo, que junto con el Balsas forman uno de los embalses más importantes del país.

Otras corrientes importantes son los ríos Tacámbaro, Tepalcatepec y Cupatitzio. Vale la pena precisar que el lago de Zirahuén se ubica dentro de esta región hidrológica.

En términos generales, la región del Lerma-Santiago presenta importantes desequilibrios y graves problemas de contaminación, no existiendo disponibilidad de recursos para nuevos usos.

Es precisamente previendo este panorama de sobreexplotación, que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, tenemos la responsabilidad de coadyuvar para que los daños por contaminación, sobreexplotación y mal aprovechamiento de los recursos hídricos, no menoscaben más las zonas afluentes y la región donde se encuentra asentado el lago de Zirahuén.

El lago y el pueblo están enmarcados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, los cuales están mejor preservados en los márgenes del ángulo suroeste, ya que es el más alejado de las poblaciones ribereñas.

En este silvestre territorio se encuentran exuberantes lugares como el Rincón de Agua Verde, ubicado entre las altas e inclinadas laderas de montañas circundadas, formando una especie de cañón.

Zirahuén es uno de los pocos lagos de Michoacán que aún no muestra las huellas del devastador paso del hombre, pero que sí nos está ofreciendo señales importantes de los riesgos a los que está siendo sometido a últimas fechas. Más aún si consideramos que ni las autoridades locales ni las federales han hecho algo por preservarlo.

Por lo tanto, los diputados federales integrantes de esta LIX Legislatura, hoy debemos resarcir esta falta de actuación que tanto daño ha causado a muchas regiones de Michoacán, proponiendo que el área en comento sea protegida ahora, antes que la depredación y la ignorancia acaben con ella.

Aunado a los motivos anteriormente descritos sobre la riqueza turística, natural y cultural de Zirahuén y el riesgo inminente a que se está exponiendo y que bien podría ser devastado al igual que otros lagos de la región, son motivos suficientes por los cuales es urgente declararlo área natural protegida, ya que Zirahuén representa una fuente de importantes actividades económicas como la agrícola, frutícola, ganadera, forestal y de recreación.

Sin embargo, en los últimos 25 años la región ha estado sujeta a perturbaciones que afectan sus condiciones originales de estabilidad ambiental y económica. Entre los principales problemas que enfrenta la región está la extensa sobreexplotación de los recursos forestales que incluyen los desmontes sin control, la tala clandestina, los incendios provocados, el aprovechamiento poco selectivo de especies e individuos, la aplicación incontrolada de la frontera agrícola y el incremento de los terrenos para casa-habitación sin una evaluación del impacto ambiental previo.

Existen también problemas graves de contaminación asociados con la acumulación de basura a cielo abierto, descargas de agua municipal con metales pesados disueltos, residuos no biodegradables, uso de lanchas de motor y acuamotos sin la adecuada normatividad en la navegación y protección ambiental, así como el vertido de aguas negras.

De lo anterior se desprende que el lago de Zirahuén cumple con las características para ser un área natural protegida, sustentado en los artículos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo antes expuesto, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone que el Ejecutivo federal declare área natural protegida al lago de Zirahuén, situado en el municipio de Salvador Escalante, estado de Michoacán.

Es cuanto señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniviativa de decreto, por el que se pone a consideración del Ejecutivo federal que se declare área natural protegida el lago de Zirahuén, situado en Michoacán, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del viernes 5 de noviembre de 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el pone a consideración del Ejecutivo federal que declare área natural protegida el lago de Zirahuén, en el estado de Michoacán, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

La inmensa mayoría de personas que habitamos el planeta tierra pasamos durante toda nuestra vida generando basura y otros desechos que no son biodegradables dejando una estela de daño irreversible al único planeta que conocemos con vida desafortunadamente son verdaderamente pocos los esfuerzos a favor de no contaminar, y que hoy día, aun por desgracia no existe una cultura de respeto hacia el medio ambiente, de hecho las personas que dedican su vida al conocimiento y conservación de la naturaleza por ignorancia y desconocimiento muchas ocasiones son catalogados como extravagantes o personas fuera de contexto, siendo que si cada persona dedicara tan solo una cuarta parte del tiempo que vive a cuidar de nuestro hábitat, a enseñar a los niños el respeto y el cuidado por la naturaleza en todas sus facetas, si tan solo pudiéramos convivir con lo que nos rodea de una manera armónica y amigable sin tener que sacrificar innecesariamente la vida de los ecosistemas, tendríamos un futuro menos comprometedor y mas halagüeño con la perduración de las especies.

La llamada de atención hacia la humanidad por parte de la naturaleza cada vez atrae mas nuestra atención, ya que los desordenes en el planeta son de muy diversa índole y con mayor frecuencia y gravedad al paso del tiempo, fenómenos siempre presentes como huracanes, terremotos, tornados, deslaves, avalanchas, granizadas, inundaciones, aludes y precipitaciones pluviales atípicas, son cada año mas intensos y se encuentran en la cotidianeidad de nuestra existencia en cualquier rincón del mundo.

La humanidad en su conjunto sin importar el lugar donde se ubique ya no esta exenta de ser tocada por la furia de los fenómenos de origen natural, ya que la naturaleza se sigue abriendo paso, no se encuentra estática por el contrario es dinámica y esta muy por encima de los seres humanos, respondiendo a cada embate que le descargamos con fenómenos climáticos como el niño y la niña, una creciente manifestación del cinturón de fuego, el movimiento cada vez con mayor intensidad y frecuencia de las placas tectónicas, en fin una serie de preocupantes acontecimientos que sin importar la época del año nos hacen sentir su presencia y fuerza, además de pasar por arriba de cualquier sociedad, en una franca y declarada respuesta a tantos ataques impunes que recibe por parte del ser humano, unos en pos de la ciencia y otros en una actitud de ingobernabilidad, prepotencia e ignorancia que a la postre nos llevará a la destrucción de toda forma de vida.

Es menester de todos, el podernos ocupar hoy día de cómo resarcir parte de los daños perpetrados a la naturaleza por un lado y por otro el detener completamente la extinción de especies animales y vegetales en peligro de extinción, son algunas de las encomiendas que en principio como seres humanos y luego como legisladores debemos tener presentes en nuestro quehacer cotidiano en lo que nos reste de vida en el planeta, ya que lo hecho el día de hoy en pro de este mundo llamado tierra, será el mejor legado que podemos dejar de nuestro transito por aquí, la principal ofrenda para quien nos tiene albergados desde hace cientos de miles de años y que nos ha ofrecido las condiciones para subsistir como especie. Es momento de devolver un mucho de lo que se nos ha otorgado en bien de las generaciones futuras.

Ahora bien, hablando en lo particular de nuestro querido México encontramos que es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, no sólo por poseer un alto número de especies (que es la noción más común de biodiversidad), sino también por su diversidad en otros niveles de la variabilidad biológica, como el genético y el de ecosistemas. Se estima que en el país se encuentran entre un 10 y 12% de las especies conocidas para la ciencia; de acuerdo con la clasificación jerárquica de los hábitat terrestres elaborada por Dinerstein y colaboradores en 1995 para la Fundación Mundial para la Vida Salvaje (WWF por sus siglas en ingles), México y Brasil son los países latinoamericanos con más tipos de ecosistemas, y nuestro país incluso es superior en cuanto a la variedad en tipos de hábitats y ecorregiones. La extraordinaria biodiversidad del país se explica principalmente por la complejidad de su topografía, la variedad de climas y la convergencia de dos zonas biogeográficas: la Neártica y la Neotropical.

De acuerdo con la información del Inventario Forestal Nacional del año 2000, los matorrales son el bioma más importante por su extensión, ya que cubren cerca del 29% del territorio nacional, le siguen los bosques (17%) y las selvas (16%).

Se reconoce que México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo; el número total de especies descritas es de casi 65, 000, cifra muy por debajo de las más de 200, 000 especies que en una aproximación conservadora, se estima habitan en el país. También aquí se encuentra el número más alto de reptiles del mundo con 704 especies (52% endémicas), lo que representa el 11% de las especies de este grupo conocidas en el planeta; en mamíferos, ocupa el quinto lugar con 491 especies (29% endémicas), el cuarto en anfibios (60% endémicos) y tiene una rica avifauna de más de 1, 000 especies.

La flora mexicana consta de más de 23, 000 especies con un nivel de endemismo superior al 40%, entre las que destacan familias como las cactáceas con 850 especies (84% endémicas) y orquídeas con 920 especies (48% endémicas), así como el género Pinus con 48 especies (43% endémicas).

Además de la alta diversidad de ecosistemas terrestres, México posee una gran variedad de ecosistemas acuáticos marinos, dulceacuícolas y costeros. En el país existen más de 70 cuencas fluviales; los ríos que drenan hacia el Pacífico son generalmente pequeños, de flujo rápido y con pendientes pronunciadas, mientras que los que desembocan en el Golfo de México y el Caribe son, frecuentemente, grandes, caudalosos y con pendientes suaves. Los ríos más importantes por su volumen medio anual son, en la vertiente del Pacífico, el Colorado, Yaqui, Fuerte, Culiacán, Lerma-Santiago, Balsas, Papagayo, Ometepec, Verde, Tehuantepec y Suchiate; en la vertiente del Golfo, el Bravo, Pánuco, Tuxpan, Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta y, para la vertiente del Mar de las Antillas, el Río Hondo. Los ríos del interior más importantes son el Nazas, Aguanaval, Santa María, Casas Grandes y del Carmen.

Dentro de los cuerpos de agua lénticos existen alrededor de 70 lagos de tamaño muy diverso mismos que en conjunto, cubren una superficie cercana a las 371 mil hectáreas. El mayor número de lagos en el país se localiza en la zona del Eje Volcánico Transversal, asociados al sistema Lerma-Santiago; la zona centro-occidente (que incluye los estados de Jalisco y Michoacán) es la más importante, ya que alberga los lagos más grandes: Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. Los embalses artificiales también son relevantes, ya que más de 4,500 obras de almacenamiento actualmente cubren una superficie mayor que los embalses naturales. Los embalses artificiales más grandes del país son las presas La Amistad, Falcón, Vicente Guerrero, Álvaro Obregón, Infiernillo, Cerro del Oro, Temascal, Caracol, Requena y Venustiano Carranza.

A nivel mundial, cerca del 12% de las especies animales y el 41% de todas las especies de peces viven en los ríos y lagos dulceacuícolas. En México las aguas continentales a pesar de que comparativamente ocupan una superficie muy pequeña del país albergan una gran variedad de grupos taxonómicos. La descripción de la diversidad de los ecosistemas acuáticos en México está basada fundamentalmente en los peces, ya que son el grupo del que se tiene la información más completa y podría reflejar la magnitud de la diversidad de otros. Se han descrito alrededor de 384 especies de peces dulceacuícolas, cantidad que duplica lo registrado en países como Japón (186 especies), Canadá (177) o Turquía (152), aunque es inferior a la de Estados Unidos, que tiene más de 800 especies.

Los ríos con más diversidad de peces son el Pánuco con 75 especies (30% endémicas), Lerma-Santiago con 57 especies (58% endémicas), Coatzacoalcos con 53 especies (13% endémicas) y Papaloapan con 47 especies (21% endémicas). Algunos de los sistemas lacustres más importantes por su biodiversidad y alto número de endemismos conocidos son el Lago de Chapala, los lagos-cráter de la Cuenca de Oriental, el Lago de Catemaco, la Laguna de Chichankanab y el Lago de la Media Luna. De igual forma Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, es un sitio particularmente importante, ya que en esta pequeña zona viven 12 especies de crustáceos (la mitad son endémicas), 33 especies de moluscos, 16 especies de peces (la mayoría endémicas y en peligro de extinción: Dionda episcopa, Cyprinodon atrorus, Lucania interioris, Cichlasoma minckleyi, entre otras), una herpetofauna de 70 especies y 61 aves acuáticas reportadas.

El inventario completo de la riqueza biológica de México y su nivel de endemismo es una tarea que no ha sido concluida debido, entre otras razones, a la diversidad de grupos biológicos que aún no están bien estudiados o colectados como los hongos, invertebrados terrestres y acuáticos y organismos microscópicos, por lo que las cifras que se presentan para estos grupos seguramente aumentarán en la medida en que se profundice su estudio.

México, Brasil, Colombia e Indonesia son los países que se consideran más diversos del mundo y tienen consistentemente el mayor número de especies de los principales grupos biológicos. México, Australia y Estados Unidos son dentro de los países miembros de la OCDE, los más diversos; sin embargo, cuando se toma en cuenta el área de cada país, México tiene muchas más especies por km2 de superficie que cualquier otro miembro de esta organización.

Además del alto número de especies, la diversidad de México es relevante porque muchas de las especies de importancia agrícola tuvieron su origen en nuestro territorio. De hecho, México es el único país megadiverso que se encuentra en lo que se conoce como la ``faja génica'', que circunda al mundo entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Este hecho se refleja en la gran diversidad de especies y variedades de plantas cultivadas. Por ejemplo, el género Phaseolus (donde se encuentra el fríjol común) está representado en el país por 35 especies, muchas de las cuales son cultivadas o utilizadas en diversas regiones del territorio.

El esfuerzo más importante para conocer y sistematizar la información biológica de México está a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a través del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB). El SNIB integra la información taxonómica, ecológica, geográfica y bibliográfica de las especies de México en un sistema que permite el análisis a nivel genético, de especies y de ecosistemas en diversas escalas espaciales (local, nacional y regional).

Después de esta breve semblanza de la vida silvestre, acuícola y animal de nuestra República, hablaremos en especifico del estado de Michoacán lugar donde se localiza una de las zonas mas hermosas de nuestra República, misma que concentra una gran riqueza por los ecosistemas que ahí subyacen, por el atractivo y valor turístico que tiene no solo para el estado sino para la República y me estoy refiriendo al ``espejo de los dioses'' (lengua Purepecha) es decir el lago de Zirahuén.

Iniciaremos citando las características fundamentales del Estado, mismas que lo ubican en un sitio preponderante en el país; la entidad cuenta con una extensión de 59,864 Km2 que representan el 3% de la superficie total del territorio nacional, ocupando el 5° lugar en biodiversidad por su variedad de ecosistemas, resultado de la convergencia de las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical y su distribución en 4 de las mas importantes regiones hidrológicas del país, como son Lerma-Santiago, Rió Balsas, Armería-Coahuyana y Ríos de la Costa.

Estas condiciones propician la presencia de 14 tipos de vegetación diferente, con mas de 1,151 especies de plantas, 150 especies de mamíferos, 522 de aves, 146 especies de reptiles, 40 de anfibios, 314 de mariposas y mas de 100 especies de peces, además de una gran diversidad de paisajes y condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, ganadería, fruticultura, silvicultura, acuacultura y ecoturismo entre otras.

Como lo hemos comentado en Michoacán se encuentran 4 regiones hidrológicas: La región Lerma-Santiago al norte del Estado (a la cual corresponde la clave RH12 conforme al sistema nacional de clasificación hidrológica); la región del Río Balsas (RH18) situada en la parte central y al sur, entre la Sierra de Coalcomán y la zona costera, están ubicadas las regiones Armería-Coahuayana (RH16) y Ríos de la Costa (RH17).

En la región Lerma-Santiago se extienden importantes cuerpos de aguas naturales, como los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala, así como de tipo artificial las presas de Tepuxtepec, Cointzio y Malpais, que irrigan amplias zonas agrícolas.

En la región Río Balsas se localiza una de las corrientes más importantes del país, misma que recibe el nombre de uno de sus afluentes el río Balsas, también conocido como Atoyac, Grande o Mezcala, de igual forma en esta región se ubica la presa El Infiernillo que, junto con el Balsas, forman uno de los embalses más importantes del país. Otras corrientes importantes son los ríos Tacámbaro, Tepalcatepec, y Cupatitzio; vale la pena precisar que el lago de Zirahuén también se ubica dentro de esta región hidrológica.

De la región Armeria-Coahuayana sólo una pequeña área corresponde al Estado de Michoacán. Aquí la corriente más importante es la del río Coahuayana, también conocido como Tuxpan.

La región Ríos de la Costa comprende las corrientes que desembocan en el Océano Pacifico, siendo las más importantes los ríos Neixpa y Coalcomán.

Considerando el sistema de clasificación hidrológico nacional, en el área de influencia del Estado, las 4 regiones hidrológicas comprenden 21 cuencas y éstas a su vez 57 subcuencas, 138 subcuencas especificas y 689 micro cuencas.

En cuanto a las condiciones geohidrológicas se refiere, en el Estado existen 21 acuíferos conocidos: 9 en la región hidrológica de Lerma-Santiago, 9 más en la región del Balsas, 2 en la de Ríos de la Costa y uno en la Armería-Coahuayana.

Del total de acuíferos 6 presentan sobreexplotación entre los que se encuentran Ciénegas-Chapala, Zamora y La Piedad; la recarga total de los acuíferos se estima en 1,376.56 millones de metros cúbicos, mientras que la extracción total es estimada en los 1,094.26 millones de metros cúbicos; el 41% de la extracción se lleva a cabo en los acuíferos de Apatzingán y Morelia-Queréndaro.

En términos generales, la región de Lerma-Santiago presenta importantes desequilibrios y graves problemas de contaminación, no existiendo disponibilidad del recurso para nuevos usos, ya que los volúmenes que se generan se asignan a cada uno de los usuarios de acuerdo al criterio establecido por el consejo de la cuenca Lerma-Chapala, además de que se presentan problemas de aprovechamiento por su contaminación. Las regiones del Balsas y Armería-Coahuayana tienen disponibilidad con restricciones para uso agrícola.

Es precisamente previendo este panorama de sobreexplotación que existe, que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México tenemos la responsabilidad de coadyuvar para que los daños por contaminación, sobreexplotación y mal aprovechamiento de los recursos hídricos no menoscaben mas las zonas afluentes y la región donde se encuentra asentado el lago de Zirahuén, ello por el riesgo para la sobrevivencia de los diferentes ecosistemas y la heterogeneidad de sus especies, así como el valor histórico, cultural y comercial que tiene para las comunidades aledañas al mismo.

Aunado a lo anterior precisaremos que al norte del Estado se encuentran los acuíferos más explotados y aprovechados, mismos que están conformados sobre materiales como las rocas sedimentarias y tobas asociadas al Eje Neovolcanico, estos acuíferos se ubican en las depresiones formadas por lagos, como los de Chapala, de Morelia Querendaro en su porción norte, Zacapu y Lagunillas-Pátzcuaro, o por los afluentes y corrientes principales del Río Lerma, como los de Maravatío-Contepec, Pastor Ortiz, La Piedad, Zamora y Briseñas-Yurécuaro (CNA, 1999).

El agua como aspecto fundamental para la vida y para el crecimiento económico, cuyo manejo, complejo y conflictivo, a venido agravándose por fenómenos climatológicos como son las sequías, las inundaciones y sobretodo por problemas relacionados con la contaminación, nos arroja la situación y perspectiva del uso de este recurso, así como su gestión y administración, la cual a permitido detectar la existencia de 5 problemas fundamentales en torno a la misma, que son:

Disminución de la disponibilidad, competencia y sobreexplotación de las fuentes del recurso.

Contaminación de ríos y afluentes subterráneas.

Deficiencia en el aprovechamiento del recurso para uso agrícola.

Deficiencias en los servicios de agua potable.

Obstrucción de cauces y zonas federales.

Aunado a lo anterior el crecimiento de la población ha aumentado la demanda de agua, situación que ha generado a su vez, escasez y sobreexplotación de algunos acuíferos que con antelación apuntábamos. Lo que da como resultado que se encuentren al límite de su aprovechamiento cuencas como la de Lerma-Chapala.

Ante tal circunstancia y que la misma no es privativa solo del Estado de Michoacán, es necesario cobrar conciencia de la gravedad del problema y que una posible crisis derivada de la falta del vital liquido no esta fuera de la realidad, por tanto estamos a tiempo de poner en práctica los conocimientos y experiencias que permitan una explotación y convivencia armónica del hombre con los recursos naturales que lo rodean, tal es el caso particular que deriva de la presente iniciativa y que involucra al lago de Zirahuén situado en la parte central del Estado de Michoacán enclavado en el municipio de Salvador Escalante, a 20 kilómetros de Pátzcuaro, el cual forma parte del sistema lacustre junto con los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala.

De forma cuadrangular, el lago de Zirahuén tiene poco más de 4 km por lado y una profundidad de unos 40 metros en su parte central. Esta situado en una pequeña cuenca cerrada, rodeada de altas montañas, por lo que sus riberas son muy escarpadas. Solo en la parte norte se encuentra una pequeña planicie donde se ha establecido el pueblo de Zirahuén, que a su vez esta rodeado de abruptos cerros.

El lago y el pueblo están enmarcados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, los cuales están mejor preservados en las márgenes del ángulo suroeste, ya que es el más alejado de las poblaciones ribereñas. En este silvestre territorio se encuentran exuberantes lugares como el rincón de Agua Verde ubicado entre las altas e inclinadas laderas de las montañas circundantes formando una especie de cañón; el nombre se le otorgo por el color que toman las aguas cristalinas del lago al reflejarse en ellas el espeso follaje de las riberas, y por los pigmentos vegetales disueltos en el agua debido a la descomposición de las hojas.

Es uno de los pocos lagos de Michoacán que aun no muestra las huellas del devastador paso del hombre, pero que si nos esta ofreciendo señales importantes, de los riesgos a los que esta siendo sometido a ultimas fechas, mas aun si consideramos que ni las autoridades locales ni federales han hecho algo por preservarlo, por tanto los Diputados Federales integrantes de esta LIX Legislatura, hoy debemos resarcir esta falta de actuación que tanto daño a causado hasta ahora a muchas regiones de Michoacán y ante la indiscriminada tala de árboles de forma autorizada y clandestina, además de la extinción de algunas especies endémicas como el pez blanco especie particular de los lagos del lugar y a la muerte de tanta flora y fauna que se ha venido marcando en los últimos años, es que proponemos que el área en comento sea protegida ahora, antes que la depredación y la ignorancia acaben con ella.

La cuenca del lago de Zirahuén posee un amplio patrimonio ecológico y un alto potencial de servicios ambientales, como son el mantenimiento del ciclo hidrológico y la captura de carbono a través de la conservación de sus bosques entre los cuales destaca el llamado bosque mesófilo de montaña, siendo este de las pocas asociaciones que quedan en la Región Purepecha y que en este momento se encuentra bajo la actividad de desmonte masivo para utilizar la zona de 40 hectáreas en predios turísticos. Existen alrededor de 770 especies de plantas, sin embargo este número es posible que se incremente con el avance de los estudios taxonómicos. Lo anterior significa que se trata de una zona de alta diversidad de flora, en comparación con la de otras regiones cercanas, de mayor extensión, como las cuencas de los lagos de Patzcuaro y Cuitzeo.

Otro rubro a destacar del multicitado lago es el relativo, al aprovechamiento pesquero, el cual tiene como base la captura de cuatro especies comerciales incluyendo el pez blanco, charal, lobina negra y carpa. El rendimiento pesquero comercial es de 14.4 kilogramos por hectárea por año, con una producción promedio anual de 14,400 kilogramos. Las zonas de pesca se ubican el los litorales y con mayor frecuencia en las zonas de vegetación acuática, pero desgraciadamente los niveles de captura de las diferentes especies año con año han venido disminuyendo de una forma por demás importante.

La presencia de los grupos taxonómicos anteriores, así como la predominancia tanto del fitoplancton como del zooplancton sugiere que el lago de Zirahuén presenta una diversidad biológica asociada a un estado de salud aceptable.

Ahora bien, es necesario conocer mas a detalle lo relativo a quienes habitan la región donde se ubica el Lago del cual venimos hablando, así como las costumbres y actividades que allí se desarrollan, esto con el objetivo de dar una justa dimensión de la problemática aquí expuesta, en consecuencia se desprende que la población de Salvador Escalante, municipio en el que se encuentra enclavado el lago de Zirahuén, se concentra de la siguiente forma

Las actividades económicas en el municipio se desglosan de la siguiente forma, el 51% del territorio esta dedicado a la actividad forestal, 41% de agricultura, 7% uso pecuario y el 1% a la pesca. La tasa anual de crecimiento es de 6.2% y una densidad de población de 63.5 habitantes por kilómetro cuadrado, además del total de la superficie del municipio, solamente al 6.6% de la superficie pertenece a la comunidad indígena, Existen 30 ejidos que abarcan el 45% de la superficie y la propiedad privada ocupa el 44.4%.

En lo que se refiere a la fauna silvestre que incluye peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos se identifica la presencia de 90 especies, de las cuales 9% corresponde a peces (nativos e introducidos), 9% a anfibios y reptiles, 44.3% a las aves (residentes y migratorias) y el 37.7% a mamíferos. En estos registros se observa la incidencia de especies que corresponden tanto a la región del río Lerma o de influencia neártica, como de algunas especies que proceden de la región del río Balsas o de influencia neotropical. Lo anterior sugiere que la cuenca de Zirahuén es una zona de transición ecogeográfica de considerable importancia para la región diferenciada principalmente por la altitud y las zonas de cañada, las cuales sirven de corredor de dispersión de los diferentes grupos faunísticos que existen entre las dos regiones neártica y neotropical.

Después de presentar un breve análisis de la problemática que enfrenta el lago de Zirahuén, es necesario comentar con todos ustedes, los medios e instrumentos que tenemos a nuestro alcance a efecto de proteger y preservar las diferentes áreas naturales del país, existiendo la posibilidad de clasificar las mismas como: Reservas, Parques Nacionales, Biosferas, Monumentos Históricos, Protección de Flora y Fauna y Santuarios entre otros.

Debemos tomar en cuenta para ello que las cifras en torno a las diferentes áreas naturales son pequeñas y poco representativas de la diversidad biológica y ecológica de México. La extensión tan limitada no garantiza la sobrevivencia de numerosas especies de gran valor ecológico, económico y cultural que existen en nuestra nación y que se encuentran sujetas a procesos de sobreexplotación, tráfico ilegal, erradicación, disminución de sus poblaciones naturales y deterioro genético. Por ello, es necesario ampliar la superficie bajo protección, aprovechando la gran heterogeneidad ambiental y alta biodiversidad que en ocasiones presenta una distribución y abundancia muy restringidas.

Es por ello que hoy tenemos frente a nosotros la posibilidad de declarar a una región Área Natural Protegida, ya que estas son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. Las cuales son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez mas reconocidos y valorados. Las actividades que puedan llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico, de igual forma están sujetos a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en dicha Ley.

Es de hacer notar que las poco mas de 17.8 millones de hectáreas que abarcan estas áreas naturales protegidas equivalen solamente al 9% del total del territorio nacional.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el artículo 76 titulo segundo, capitulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, menciona que: ``la Secretaria integrara el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país.'' Tal es el caso del lago de Zirahuén, pero que infortunadamente hasta este momento no ha sido considerado para otorgarle esa categoría, situación que la presente iniciativa pretende modificar.

En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP solo se han registrado 53 áreas naturales protegidas compuestas por: 31 reservas de biosfera, 13 parques nacionales, 8 áreas de protección de flora y fauna y 1 monumento natural, acciones que deben de cambiar en el futuro inmediato para que podamos contar en las generaciones venideras con lugares donde subsistan las especies y con ello perduremos nosotros mismos.

Aunado a los motivos anteriormente descritos sobre la riqueza turística y cultural de Zirahuén y el riesgo inminente a que se esta exponiendo y que bien podría ser devastado al igual que otros lagos de la región, existen mas motivos por los cuales declararlo Área Natural Protegida, entre los cuales esta su riqueza en recursos naturales, ya que como se ha venido exponiendo, la cuenca del lago de Zirahuén representa una fuente de importantes actividades económicas como la agrícola, frutícola, ganadera, forestal y de recreación. Sin embargo, en los últimos 25 años la región ha estado sujeta a perturbaciones que afectan sus condiciones originales de estabilidad ambiental y económica. Entre los principales problemas que enfrenta la región esta la intensa sobreexplotación del recurso forestal que incluye los desmontes sin control, la tala clandestina, los incendios provocados, el aprovechamiento poco selectivo de especies e individuos, la ampliación incontrolada de la frontera agrícola y el incremento de los terrenos para casa habitación sin una evaluación de impacto ambiental previa. Además algunos de los efectos que han ocasionado un impacto negativo en la vegetación es la reducción de la biomasa forestal, cambios en la estructura y composición de las comunidades vegetales, la reducción de población vegetales con un alto potencial económico y la reducción en la diversidad biológica y genética entre otros.

En la actualidad el deterioro ambiental que se presenta en la cuenca ha ocasionado la desaparición y/o reducción en la densidad de población de especies ecológicamente importantes, como en las especies acuáticas. Allotoca dugesi; Skiffia lermae ambas especies conocidas localmente como pez ``tiro'' endémicas y Alloophorus robustus conocido como ``chegua'' y Neoophorus diaza conocido como ``tiro de Zirahuén'', así como de las especies pertenecientes al bosque mesófilo de montaña: Tilia mexicana (Sirimo) y Carpinus carlintana (llamados pipinques).

Existen también problemas graves de contaminación asociados con la acumulación de basura a cielo abierto, descargas de agua municipal con metales pesados disueltos, residuos no biodegradables, uso de lanchas de motor y acuamotos sin la adecuada normatividad de navegación y protección ambiental, así como el vertido de aguas negras. Además, la creciente demanda y compra irregular de terrenos estratégicos alrededor del lago ocasionan la progresiva especulación de predios y un desplazamiento de sus habitantes originales con el consecuente impacto negativo sobre la estructura social, económica, cultural y ambiental.

Las condiciones de calidad del agua que se observan sugieren una tendencia hacia un proceso de eutroficación (deterioro de las propiedades originales del agua). El lago es un sistema cerrado y presenta solamente el 3.9% de la superficie total de la cuenca con una relación cuenca -- superficie de 26.5%. Lo anterior significa que tanto la cuenca como el lago presentan una alta susceptibilidad al deterioro. Las descargas domésticas sin tratamiento proceden de las poblaciones de Zirahuén, Santa Clara de Cobre y Copándaro.

Las diferentes formas de producción local influyen en el ciclo hidrológico regional, determinan tanto la existencia como la abundancia de los recursos biológicos territoriales, definen la calidad del agua, así como el estado de salud del lago, el nivel de productividad biológica terrestre y acuática así como en el bienestar social de la región.

De lo anterior se desprende que el lago de Zirahuén cumple con las características para ser un Área Natural Protegida, con sustento en los artículos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pone a consideración del Ejecutivo Federal declare área natural protegida el lago de Zirahuén, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Primero.- Se declara área natural protegida el lago de Zirahuén, situado en el municipio de Salvador Escalante, estado de Michoacán.

Artículo Segundo.- Los límites de esta área natural protegida corresponderán a la zona federal de dicho lago y estarán enmarcados en el plano que al efecto levante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputados: Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas:

El suscrito diputado Gonzalo Alemán Migliolo, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción XII, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad y ante la apertura económica que ha sufrido el mercado nacional a productos originarios y provenientes de otros países, se observa que una enorme cantidad de bienes entran a territorio nacional, causando una afectación al fisco federal y a los sectores productivos nacionales, ello ya que se han venido realizando importaciones de mercancías al territorio nacional sin efectuar el correspondiente pago de contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias o evadiendo el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias y tal situación se refleja entre otras áreas, en productos como la manzana, el frijol, el azúcar, el maíz, industrias metálicas básicas, sustancias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho y plástico, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos metálicos, maquinaria y equipo, industria de la madera y sus derivados, alimentos, bebidas, tabaco, productos minerales no metálicos, petróleo y sus derivados, carbón, minería, etcétera.

En ese contexto debe señalarse que las diversas reformas llevadas a cabo en la legislación de la materia, han permitido combatir estas situaciones; sin embargo, y entre otros aspectos, es necesario tener en cuenta que surge como una necesidad propia de la situación actual, actualizar la Ley de Amparo a las circunstancias antes descritas que vive nuestro país, respecto a las importaciones de bienes extranjeros, así como en su caso controlar la salida del país, cuya importancia, naturaleza o protección son reguladas en la legislación nacional.

En este contexto es menester considerar que en la Ley de Amparo se prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos judiciales que, en su caso, suspenden la ejecución o aplicación de aranceles con cuotas compensatorias, cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo.

En este sentido se ha observado que existen casos, en los cuales se utiliza al juicio de amparo como un medio legal en diversas situaciones el pago de las contribuciones cuotas compensatorias, por ello, se hace necesario adecuar y actualizar la referida Ley de Amparo, a fin de que el fisco federal se encuentre en posibilidad de poder exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, así como en su caso exigir el cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías.

Por ello se propone modificar el texto de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo vigente con la finalidad de actualizarlo a las circunstancias de la producción nacional y de la propia estabilidad económica del país, así como en su oportunidad ayudar al fomento de desarrollo del mismo en sectores tales como el de la industria metálica básica, sustancias químicas derivadas del petróleo y productos de caucho, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos metálicos, maquinaria y equipo agropecuario, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, alimentos, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, productos minerales no metálicos derivados del petróleo y la minería.

En el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se regulan los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión en el amparo. Sin embargo, en un análisis efectuado al requisito previsto en la fracción II del artículo en comento, consistente en que la suspensión no debe generar perjuicio al interés social, ni se deben contravenir disposiciones de orden público.

Bajo este contexto, se desprende que existe una laguna normativa, puesto que actualmente la realidad arroja que existe un gran flujo de mercancías prohibidas que entran y salen de territorio nacional o bien que incumplen con diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias previstas en la ley. En razón de tales circunstancias y ante la necesidad de evadir la omisión en el pago de los ingresos fiscales, así como ante la situación de evitar que se evada el cumplimiento de las normas respectivas, ante ese contexto surge la necesidad de actualizar y adecuar la Ley de Amparo a fin de que responda a las circunstancias de interés social y de orden público respecto del ingreso al país de mercancía que pretende evadir el pago de contribuciones, aprovechamientos, así como omitan cumplir con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias; con excepción del caso de las cuotas compensatorias, las cuales se vinculan con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.

El artículo 135 de la Ley de Amparo regula que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda.

Sin embargo y no obstante lo señalado en este precepto legal, en el caso se estima que la actual redacción del artículo no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes tales como los aprovechamientos y las multas, los cuales debido a su importancia y trascendencia, deben ser regulados en el marco del propio artículo en comento y asimismo se estima que un cambio de la redacción del artículo 135 de la ley en comento, ayudará a generar mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado, precisando la forma en que deberá efectuarse el depósito de la cantidad requerida por la autoridad fiscal.

Para ello, se estima que el actual párrafo segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente, deberá ser derogado.

Por las anteriores consideraciones se presenta a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se reforman los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo para quedar con siguen:

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que lo solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará entre otros casos que si se siguen estos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continué el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo, o degeneren la raza; se permita al incumplimiento de las órdenes militares; se permita el ingreso al país de mercancías, cuya introducción esté prohibida en términos de ley, o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo de las cuotas compensatorias las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas, se afecte la producción nacional y,

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de distrito al conceder la suspensión procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efecto previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la, concluyo, Presidente, o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo cuando exista sobreseimiento del mismo o bien, cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos a la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivo los depósitos.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Gonzalo Alemán Migliolo, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad y ante la apertura económica que ha sufrido el mercado nacional a productos originarios y provenientes de otros países, se observa que una enorme cantidad de bienes entran en el territorio nacional, causando una afectación al fisco federal y a los sectores productivos nacionales, ello ya que se han venido realizando importaciones de mercancías al territorio nacional, sin efectuar el correspondiente pago de contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias o evadiendo el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, y tal situación se refleja entre otras áreas, en productos tales como la manzana; el frijol; el azúcar; el maíz; industrias metálicas básicas; sustancias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho y plásticos; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; productos metálicos, maquinaria y equipo; industria de la madera y sus derivados; alimentos, bebidas, tabaco; productos minerales no metálicos, petróleo y sus derivados, carbón; minería, etcétera.

En este contexto debe señalarse que las diversas reformas llevadas a cabo en la legislación de la materia han permitido combatir estas situaciones, sin embargo, y entre otros aspectos es necesario tener en cuenta, que surge como una necesidad propia de la situación actual, actualizar la Ley de Amparo a las circunstancias antes descritas que vive nuestro país respecto a las importaciones de bienes extranjeros, así como en su caso controlar la salida del país de mercancías cuya importancia, naturaleza o protección son reguladas en la legislación nacional; en este contexto es menester considerar que en la Ley de Amparo se prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos judiciales que en su caso suspenden la ejecución o aplicación de aranceles y cuotas compensatorias, o ambos, cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo.

En este sentido se ha observado que existen casos en los cuales se utiliza al juicio de amparo, como un medio legal para evitar en diversas situaciones el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias, por ello, se hace necesario adecuar y actualizar la referida Ley de Amparo, a fin de que el fisco federal se encuentre en posibilidad de poder exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, así como en su caso exigir el cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías, para ello se propone modificar el texto de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo vigente, con la finalidad de actualizarlos a las circunstancias de la producción nacional y de la propia estabilidad económica del país, así como en su oportunidad ayudar al fomento del desarrollo del mismo, en sectores tales como: el de industrias metálicas básicas; sustancias químicas derivadas del petróleo y productos de caucho; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; productos metálicos, maquinaria y equipo; agropecuarios, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; alimentos, bebidas y tabaco; industria de la madera y productos de madera; productos minerales no metálicos derivados del petróleo y minería.

En el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente se regulan los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión en el amparo, sin embargo, de un análisis efectuado al requisito previsto en la fracción II del artículo en comento, consistente en que la suspensión no debe generar perjuicio al interés social, ni se deben contravenir disposiciones de orden público, bajo este contexto se desprende que existe una laguna normativa, puesto que actualmente la realidad arroja que existe un gran flujo de mercancías prohibidas que entran y salen del territorio nacional, o bien que incumplen con diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias previstas en la Ley, y en razón de tales circunstancias y ante la necesidad de evitar la omisión en el pago de los ingresos fiscales, así como ante la situación de evitar que se evada el cumplimiento de las normas respectivas, ante ese contexto surge la necesidad de actualizar y adecuar la Ley de Amparo, a fin de que responda a las circunstancias de interés social y de orden público, respecto del ingreso al país de mercancías que pretenden evadir el pago de las contribuciones, aprovechamientos, así como que omitan cumplir con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias, con excepción del caso de las cuotas compensatorias, las cuales se vinculan con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.

El artículo 135 de la Ley de Amparo regula que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones, siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda, sin embargo, y no obstante lo señalado en este precepto legal, en el caso se estima que la actual redacción del artículo no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes tales como los aprovechamientos y las multas, los cuales debido a su importancia y trascendencia deben ser regulados en el marco del propio artículo en comento, y asimismo se estima que un cambio de la redacción del artículo 135 de la Ley en comento ayudará a generar mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado, precisando la forma en que deberá efectuarse el depósito de la cantidad requerida por la autoridad fiscal. Para ello se estima que el actual párrafo segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente deberá ser derogado.

Por las anteriores consideraciones, se presenta a consideración de esta H. asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado.

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; se permita el incumplimiento de las órdenes militares; se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; y

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.''

``Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2004.--- Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La siguiente iniciativa en el orden del día ha sido retirada por su promovente.

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ARTICULOS 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera: Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás que se correlacionan del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto, que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en lo siguiente:

La planeación y el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país ha transitado por diferentes periodos, en lo que el papel de los municipios ha respondido a las cambiantes condiciones estructurales del sector y a las necesidades del propio país, así como en los casos del servicio de alumbrado público (SAP) y el derecho de alumbrado público (DAP).

Los costos de la energía y su cobro, en muchas ocasiones han provocado problemas sociales, por la inconformidad de la población a pagar dichos costos, que en ocasiones son muy altos y no se corresponden con el servicio, el cual es deficiente y con cobros fuera del marco constitucional, como es el caso del alumbrado público.

El artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en la Sección Tercera, dispone que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: alumbrado público junto con los del agua potable, drenaje, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, el cuidado de calles y jardines, entre otros servicios, siendo los servicios de salud, la seguridad y el alumbrado público los servicios que más ayudan a preservar el bienestar de los habitantes de los municipios; sin embargo, existe confusión entre la definición de los servicios onerosos y gratuitos.

El servicio de alumbrado público que se presta por el municipio es considerado como un servicio de carácter obligatorio en la ley de la materia, pero que si se le cobra éste por parte de la Comisión Federal de Electricidad en los recibos por el pago de suministro de energía eléctrica; además es obligación de las autoridades municipales la instalación de los postes y los focos, por lo que el servicio de alumbrado público se puede definir de manera legal como una actividad técnica de iluminación durante la noche.

Para el tema que nos ocupa, consideramos que en el servicio de alumbrado público encontramos una serie de particularidades como la de que forma parte el grupo de servicios públicos propios y en el que sus usuarios no son personas determinadas, lo que contribuye a crear dificultades para delimitar el cobro por la prestación del servicio; de la misma manera podemos comentar que es un servicio de carácter intermitente, ya que sólo se presta durante la noche.

El DAP ha adoptado la forma jurídica de derecho en la mayoría de los estados y municipios del país; en otros como en Baja California, se le considera como un impuesto y como una contribución especial en el estado de Guanajuato. Por ello la mayoría afirma, entre ellos el de la voz, que debe de clasificarse como un derecho, pues es considerado como un servicio y porque existen aspectos relativos a su cobro como son el objeto, la tasa y la forma de recaudación que nos confirman la naturaleza del derecho.

La Constitución General de la República en su artículo 31, fracción IV, señala con claridad meridiana que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como el del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, derivándose de este precepto los elementos justificativos de las contribuciones a lo que jurídicamente se ha dado en llamar ``el principio de legalidad fiscal''. Si profundizamos en este principio de legalidad, tenemos que son únicamente los poderes legislativo, federal y estatal, los que cuentan con facultades para la creación de reformas de leyes.

Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos de algunos estados de la República se ha autorizado el cobro de un porcentaje del costo zona. El problema que se viene presentando por carecer de un marco jurídico adecuado, es que algunas empresas se han venido amparando por considerar que el pago del derecho de alumbrado público es inconstitucional, dado que sólo el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones especiales de manera exclusiva sobre energía eléctrica, como se establece en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a) de nuestra Carta Magna.

Por ello, con la presente iniciativa lo que se procura es que los estados a través de su poder legislativo, posean la facultad de proceder a la creación de contribuciones sobre el concepto de derecho de alumbrado público, tomando como base el consumo de energía eléctrica; de esta manera sería legal el cobro del derecho de alumbrado público.

De la misma manera debe citarse el artículo 31, fracción IV de la Constitución, ya que las legislaturas de los estados carecen de facultades para realizar este tipo de cobros, además de que con él se genera la existencia de la falta de equidad en la distribución de la carga tributaria, por lo que de modificarse la Constitución en los artículos que se proponen, quedarían claramente establecidas las facultades en la materia para los congresos estatales, dándoles éstos a su vez a los municipios lo necesario para proceder al cobro conforme a derecho, ya que es bien claro y conocido que ningún impuesto podrá recaudarse si no se encuentra debidamente previsto en la Ley de Ingresos de quien lo quiera recaudar. Por lo tanto, de no darles facultades legales a los municipios para el cobro del derecho de alumbrado público, se corre el riesgo de no contar con recursos suficientes para la prestación del servicio de energía eléctrica.

Durante el año de 1999 se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; obteniendo el municipio la autonomía, fue establecida una serie de facultades y competencia exclusivas para los municipios, mismas que sólo pueden ser prestadas por el propio municipio.

De acuerdo a lo anteriormente establecido, en mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo a las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto a través del cual se propone modificar los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Por el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el inciso a), numeral 5, de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73, inciso a). Energía eléctrica con la salvedad de los derechos de alumbrado público municipal en los términos del artículo 115, fracción IV, inciso c) párrafo cuarto de esta Constitución.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción IV recorriéndose los subsecuentes del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. Las legislaturas de los estados establecerán las normas para determinar el derecho de alumbrado público por el servicio que presten los municipios, sobre la base de un porcentaje no mayor de un 5 por ciento sobre el consumo particular de cada usuario y autorizarán a los municipios a realizar su cobro y disponer del ingreso correspondiente.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Señor Presidente, por razón del tiempo yo pediría que se incluya el texto completo en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás que se correlacionan del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en la siguiente

Exposición de Motivos

La energía eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo del pueblo mexicano, es la que nos permite dar un nuevo impulso al país hacia nuevos horizontes, hacia una nación más justa, con menos pobreza y con una mejor distribución del ingreso nacional.

La planeación y el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país ha transitado por diferentes periodos en los que el papel de los municipios ha respondido a las cambiantes condiciones estructurales del sector y a las necesidades del propio país, como en los casos del Servicio de Alumbrado Público (SAP) y del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Los costos de la energía y su cobro, en muchas ocasiones, han provocado problemas sociales, por la inconformidad de la población a pagar dichos costos, que en ocasiones son muy altos y no se corresponden con el servicio, el cual es deficiente y con cobros fuera del marco constitucional, como es el caso del Derecho de Alumbrado Público.

Los inicios de la reglamentación del Servicio de Alumbrado Público los encontramos en el año de 1924, y desde entonces era considerado como un servicio técnico que prestaba el gobierno al público, para satisfacer sus necesidades de iluminación durante el transcurso de la noche.

El Servicio de Alumbrado Público era considerado de carácter universal --para todos los ciudadanos--, con trato igual --sin discriminación-- y regular es decir, con base en una norma que lo regula. De lo anterior, se desprende que los elementos sustantivos de las contribuciones son los de legalidad, equidad y proporcionalidad.

Para los efectos de la iniciativa que nos ocupa, es importante señalar que desde el periodo del Presidente Plutarco Elías Calles, durante los años de 1926 a 1928, hasta la presidencia de Adolfo López Mateos, los problemas sociales por los altos costos de la energía eléctrica se agudizaron de manera peligrosa, tomando el último de los citados la histórica determinación de nacionalizar dicho sector, con el apoyo de la mayoría de la población, no sin antes evaluar que, aun con esta determinación, las empresas internacionales seguirían al acecho esperando una mejor oportunidad de apoderarse de la industria --como al parecer ahora está sucediendo, con el apoyo de las propias autoridades federales--. Esto no les será fácil lograrlo, ya que los artículos 27 y 28 constitucionales fueron modificados precisamente con el objeto de salvaguardar la industria eléctrica de los afanes apropiatorios de la empresa privada.

Después de lograr la nacionalización, el Gobierno de la República inició un programa de tarifas por concepto de pago de consumo de energía eléctrica, tanto para consumo en casas habitación como para el consumo industrial, el cual funcionó con regularidad hasta 2002, en el que se emite el decreto del 6 de febrero de ese año, que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas eléctricas, para el suministro y venta de energía y disminuye de manera significativa el subsidio a las tarifas domésticas, logrando también, con ello, el incremento en el cobro del Derecho de Alumbrado Público.

El artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Sección III, dispone que: ``Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: b) alumbrado público'', junto con los de agua potable, drenaje, limpia, mercados y centrales de abastos, panteones, el cuidado de calles y jardines, entre otros servicios. Siendo los servicios de salud, la seguridad y el alumbrado público los servicios que más ayudan a preservar el bienestar de los habitantes de los municipios.

Sin embargo, existe confusión entre la definición de los servicios onerosos y gratuitos. El Servicio de Alumbrado Público que se presta por el municipio es considerado como un servicio de carácter gratuito en la Ley de la materia, pero que sí se le cobra a éste por parte de la Comisión Federal de Electricidad en los recibos por el pago de suministro de energía eléctrica.

Además, es obligación de las autoridades municipales la instalación de los postes y los focos, por lo que el Servicio de Alumbrado Público se puede definir, de manera legal, como una actividad técnica de iluminación durante la noche.

Para el tema que nos ocupa, consideramos que en el Servicio de Alumbrado Público encontramos una serie de particularidades, como la de que forma parte del grupo de servicios públicos propios, y en el que sus usuarios no son personas determinadas --lo que contribuye a crear dificultades para delimitar el cobro por la prestación del servicio--; de la misma manera, podemos comentar que es un servicio de carácter intermitente, ya que sólo se presta durante la noche.

El DAP ha adoptado la figura jurídica de ``derecho'' en la mayoría de los estados y municipios del país; en otros, como en Baja California, se le considera como un impuesto y como una contribución especial en el Estado de Guanajuato. Por ello, la mayoría afirma, entre ellos el de la voz, que debe clasificarse como un derecho, pues es considerado como un servicio y por que existen aspectos relativos a su cobro, como son el objeto, la tasa y la forma de recaudación, que nos confirman su naturaleza de derecho.

Actualmente, en la mayoría de los municipios del país se grava directamente el consumo de energía eléctrica, aunque realmente se considera que el cobro del porcentaje que se cobra como Derecho de Alumbrado Público, no grava el consumo de energía eléctrica sino que solamente toma como base dicho consumo para realizar un cobro mas justo y equitativo para la población.

La Constitución General de la República en su artículo 31, fracción lV, señala con claridad meridiana que son obligaciones de los mexicanos: ``Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes'', derivándose de este precepto los elementos justificativos de las contribuciones o lo que jurídicamente se ha dado en llamar el principio de legalidad fiscal.

Si profundizamos en el principio de legalidad, tenemos que son únicamente los poderes legislativos federal y estatal o local, los que cuentan con facultades para la creación o reformas de las leyes.

Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos de algunos estados de la República, se ha autorizado el cobro de un porcentaje del costo zona. El problema que se viene presentando, por carecer de un marco jurídico adecuado, es que algunas empresas se han venido amparando por considerar que el pago del Derecho de Alumbrado Público es inconstitucional, dado que sólo el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones especiales de manera exclusiva sobre energía eléctrica, como se establece en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de nuestra Carta Magna.

Por ello, con la presente iniciativa, lo que se procura es que los estados a través de su Poder Legislativo, posean la facultad de proceder a la creación o imposición de contribuciones sobre el concepto de Derecho de Alumbrado Público, tomando como base el consumo de energía eléctrica.

De esta manera, sería legal el cobro del Derecho de Alumbrado Público, el cual se viene cobrando con impugnaciones de inconstitucional, ya que no existe facultad expresa al respecto y resulta necesario otorgarle esa facultad a los congresos estatales para legislar en materia de Alumbrado Público Municipal y que éstos a su vez faculten a los municipios para que realicen el cobro relativo, incluyendo el mismo en el Presupuesto de Ingresos Municipales.

De la misma manera, debe citarse el artículo 31, fracción lV, de la Constitución, ya que las legislaturas de los estados carecen de facultades para realizar ese tipo de cobros, además de que, con él, se genera la existencia de la falta de equidad en la distribución de la carga tributaria.

Por ello, de modificarse la Constitución en los artículos que se proponen, quedarían claramente establecidas las facultades en la materia para los congresos estatales, dándoles éstos a su vez a los municipios las necesarias para proceder al cobro conforme a derecho, ya que es bien claro y conocido que ningún impuesto podrá recaudarse si no se encuentra debidamente previsto en la respectiva Ley de Ingresos de quien lo quiere recaudar.

Por tanto, de no darle facultades legales a los municipios para el cobro del Derecho de Alumbrado Público, se corre el riesgo de no contar con recursos suficientes para la prestación del Servicio de Energía Eléctrica, con las consecuencias que ello acarrearía para la población, ya que con los recursos obtenidos por dicho cobro, se debe dar mantenimiento a la infraestructura que permite proporcionar el alumbrado público; de no ser así, dicha infraestructura se convertiría en obsoleta y fuera de uso, por lo que se tendría que disponer de recursos de otras áreas prioritarias para su manutención, tales como, los de seguridad, salud, educación y asistencia social, entre otros.

Durante 1999 se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obteniendo el municipio su autonomía; fue establecida una serie de facultades y competencias exclusivas para los municipios, mismas que solo pueden ser prestadas por el propio municipio o por quien esté o sea autorizado para ello; se establece, además, que los municipios serán gobernados por un ayuntamiento y no solamente administrados; se establece la libertad de que administren la hacienda municipal y la coordinación entre municipios para una mejor prestación de los servicios públicos; además, la de proponer a las legislaturas estatales las tarifas y cuotas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras.

De acuerdo con lo anteriormente establecido, en mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo con las facultades que me otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, a través del cual se propone modificar los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Mexicanos.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el inciso a), numeral 5º, de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. ...

1º. a 4º. ...

5º. ...

a) Energía Eléctrica, con la salvedad de los Derechos de Alumbrado Público municipal, en los términos del artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo cuarto, de esta Constitución.

b) a g) ... ...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción lV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a III. ...

lV. ...

a) a b) ...

c) ...

...

...

Las Legislaturas de los estados establecerán las normas para determinar el Derecho de Alumbrado Público por el servicio que presten los municipios, sobre la base de un porcentaje no mayor de un 5% sobre el consumo particular de cada usuario, y autorizarán a los municipios a realizar su cobro y a disponer del ingreso correspondiente.

...

...

VI. a X. ... Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será señor diputado Castillo Cabrera. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda con toda cordialidad a estudiantes de derecho del municipio de Salamanca, Guanajuato, invitados por la diputada Carla Rochín Nieto.

El diputado Ramón Galindo Noriega (desde su curul): Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo y dado que este asunto que acaba de presentar el diputado Castillo, ya se está analizando en nuestra comisión, le pido que se amplíe el turno a la Comisión de Federalismo. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia concede ampliar el turno a la Comisión de Federalismo.

Diputado Santiago.

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Santiago Cortés Sandoval (desde su curul): Presidente, solicito rectificación del quórum, por respeto a los compañeros expositores. No es posible que con este porcentaje sigamos realizando nuestra Asamblea.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia instruye a la Secretaría de tal suerte de que se encienda el sistema de registro electrónico de asistencia para la verificación de quórum, hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y abrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para verificación de quórum.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 311 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:01 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Viernes 5 de noviembre.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Félix Arturo González Canto.

Del Congreso de Sonora.

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativa del Congreso de Sonora

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Tres, con los que se remiten acuerdos del Congreso de San Luis Potosí por los que se solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 en los rubros de apoyo a la Universidad de San Luis Potosí, a la educación y al Fondo de Ahorro Campesino del Programa Braceros. (Turno a Comisión)

Con el que se remite el acuerdo del Congreso de Colima por el que solicita la creación de un ramo presupuestal para 2005 en materia ambiental y de recursos naturales. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe acuerdo por el que se solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a fin de concluir la primera etapa de las obras de ampliación a cuatro carriles de la autopista Manzanillo-Guadalajara. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe acuerdo por el que se solicita incremento presupuestal para el ejercicio de 2005 al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe acuerdo por el cual se solicita que se incluya una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 destinada a la ampliación de la carretera Campeche-Mérida. (Turno a Comisión)

Con el que remite comunicación del Congreso de Tabasco por el que se adhiere a diversos Congresos para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964. (Turno a Comisión)

Por el que comunica la designación del doctor José Luis Soberanes Fernández para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un segundo periodo de cinco años, a partir del 16 de noviembre de 2004.

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 al 23 de noviembre de 2004, para participar en la XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por celebrarse en Santiago de Chile, y para realizar una visita de Estado a la República de Ecuador. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pruebas, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Título Vigésimo Primero Bis al Código Penal Federal, con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1819 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de maternidad, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se pone a consideración del Ejecutivo federal que se declare área natural protegida el lago de Zirahuén, situado en Michoacán, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de la Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 3º de la Ley de Nacionalidad.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lidia Camacho Camacho, Carlos García Priani, Virgilio Salvador Garza González, Inocente Prado López, Fernando Barona Sobrino, César Mayolo Mata Duarte y Carlos Octavio Angulo Jiménez para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los Gobiernos de las Repúblicas Francesa, Federativa del Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, y la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que dicte instrucciones a fin de que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones conducentes a cumplir el programa de inversión considerado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para la construcción y modernización de la carretera Guadalajara-Ameca, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar la solicitud de los diputados federales por el estado de Colima a efecto de que en ningún caso la partida presupuestal de 2005 destinada a diversos ramos administrativos sea menor de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo de la diputada Graciela Larios Rivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se reasignen recursos adicionales y extraordinarios, por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente a 8 por ciento del presupuesto para el Programa Nacional de Cultura, debidamente etiquetados para el desarrollo cultural en las entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con objeto de constituir un fondo nacional para la promoción cultural en las entidades federativas, a cargo de la diputada Elba Garfias Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a distribuir inmediatamente entre las entidades federativas los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 al Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar, en el análisis del Presupuesto de Egresos para 2005, recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que apruebe recursos suficientes para la prevención y el combate del VIH, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, así como a la Comisión Federal de Competencia, a investigar la gestión de la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, y la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura situado en Progreso, Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar diversos artículos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para enviar una enérgica amonestación al secretario de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública a investigar el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, entre otros de ese Estado, a efecto de que no se desvíen recursos públicos con fines partidistas, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique sobre la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo y al procurador federal de Protección al Ambiente a tomar --en el ámbito de sus facultades-- las medidas correspondientes para la prevención y control, e iniciar una investigación, con el propósito de evaluar el impacto ambiental y promover el rescate de la presa El Manantial, en el municipio de Tizayuca, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una tarifa 1-G, referida al cobro de energía eléctrica de uso residencial, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a valorar la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a garantizar en ejercicio de sus facultades que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a fin de costear el análisis, los proyectos ejecutivos, las contrataciones y la ejecución total del acceso a Puente de Ixtla, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial para vigilar el proceso electoral del 15 de noviembre en el estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que vote en favor del proyecto presentado por Bélgica relativo a la clonación humana, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 los recursos necesarios en la construcción del libramiento oriente de la ciudad de Morelia y la conservación de carreteras en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a condonar mediante una resolución de carácter general el pago de contribuciones a cargo de los pequeños contribuyentes y accesorios por haber sido afectados con la reforma del artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor desde el 1 de enero de 2004, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se asignen recursos adicionales a la Secretaría de Marina, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Marina. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados a valorar y atender, al analizar, discutir y dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, las recomendaciones surgidas del II encuentro nacional de las instancias de las mujeres de los gobiernos de 18 estados de la República, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de impulsar una revisión de carreteras, puentes y túneles del territorio mexicano, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a cesar inmediatamente la represión de que son objeto los trabajadores, respetar su condición de trabajadores y reconocerles el derecho a la sindicación, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 una partida presupuestaria mínima de 550 millones de pesos destinada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen y se etiqueten 120 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de elaborar los estudios de factibilidad, técnicos y financieros, así como el proyecto ejecutivo de cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del estado de México, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a poner a votación la propuesta del reglamento para el uso y servicio del vestíbulo y patio principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se plantea adicionar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un programa de energéticos agropecuarios conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe pormenorizado de la situación actual de las reservas del agua y del estado de la economía sobre este recurso, así como de las medidas de corto, mediano y largo plazos, cobro a los usuarios, distribución y obras programadas para poder alcanzar el escenario sustentable que se visualiza en el informe Estadísticas del agua en México, 2004, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar y etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 el presupuesto proyectado para la Comisión Nacional del Agua, a fin de que ésta lo aplique en la actividad prioritaria K030 (Cuenca Lerma-Chapala), a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se destinen recursos a la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango, a cargo del diputado José Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore y ejecute, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los programas de conservación y manejo en las áreas naturales protegidas carentes de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a reformar los artículos segundo y duodécimo del Programa de Apoyos Directos al Campo, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público analice y considere la opinión de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos respecto a la iniciativa de reformas de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Ejecutivo federal a esta soberanía, y en particular a la propuesta de redacción del artículo 8 de dicho ordenamiento, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de crear un programa especial y estratégico para reactivar los valles del Yaqui y del Mayo, Sonora, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión del Distrito Federal, a solicitud del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Junta de Coordinación Política, a solicitud de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Proceda la Secretaría a ordenar el cierre del sistema electrónico de asistencia conforme lo señala el acuerdo parlamentario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se informa a los diputados y diputadas que tienen 15 minutos para registrar su asistencia por cédula.

Cumplida la instrucción, ciudadano Presidente.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de octubre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos noventa y siete diputadas y diputados, a las diez horas con veintiún minutos del jueves veintiocho de octubre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Jorge Ortiz Alvarado con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra el ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa, electo como diputado federal suplente en la cuarta circunscripción plurinominal, y designa una comisión que lo introduce y acompaña al rendir su protesta de ley.

Comunicación del diputado Fernando Alberto García Cuevas con la que solicita licencia temporal para separarse del cargo de diputado federal electo en el segundo distrito del estado de México. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Coahuila, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se destinen los recursos necesarios para que los órganos de fiscalización superiores de los estados, puedan dar cumplimiento al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Hidalgo, con acuerdo en relación con el similar del Congreso del estado de Sonora por el que se pronuncia a favor de los usuarios de carreteras de esa entidad federativa por los retrasos y pérdidas económicas que producen los puntos de revisión instalados por el Ejército Mexicano y por la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Nayarit, con acuerdo por el que solicita que los recursos de Alianza para el Campo y otros programas del sector rural para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se asignen directamente a los municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Nayarit, con acuerdo por el que solicita la creación de un fideicomiso que administre el fondo para los trabajadores mexicanos braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos -- mil novecientos sesenta y cuatro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.

San Luis Potosí, con acuerdo por el que solicita sumarse al exhorto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que amplíe su apartado correspondiente en materia de discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

Veracruz, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se destinen mayores recursos a la educación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Turismo. Se aprueba en votación económica.

Con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Ciencia y Tecnología; de Desarrollo Social; de Trabajo y Previsión Social; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Asuntos Indígenas; Especial del Café y de Seguridad Social. De enterado.

El Congreso del estado de Veracruz remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo treinta y tres de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Dos, con los que remite contestaciones de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se solicitan informes trimestrales sobre presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Uno, con el que remite contestación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de que informe sobre diversas disposiciones relativas a la operación de esa dependencia y, en su caso, del Programa Especial Concurrente. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Uno, con el que remite el Informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de dos mil cuatro, del avance físico financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, así como del Programa de Empleo Temporal. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a la implantación de un programa nacional que permita el tratamiento de residuos peligrosos y su inocuidad, utilizando tecnología de punta, y a la salvaguarda de la comunidad coralina conocida como Los Jardines. Se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite dos iniciativas con proyectos de decreto por los que:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Fauzi Hamdán Amad, del Partido Acción Nacional.

Se reforman diversas disposiciones fiscales, presentada por la senadora Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo diecinueve, un párrafo tercero al artículo veinte bis dos y modifica el artículo cincuenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del dos al seis de noviembre de dos mil cuatro, a efecto de realizar una visita de trabajo a la República de Panamá y participar en la décima octava Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil; así como el diecinueve de noviembre del mismo año, para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en San José de Costa Rica. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen y sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto respectivo por trescientos sesenta y siete votos en pro, uno en contra y cinco abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente declara aprobado el proyecto de decreto de referencia. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone una adición al artículo veintinueve de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma que la Asamblea admite en votación económica.

A discusión en lo general y en lo particular, con la adición admitida, hablan los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; y Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Contesta alusiones personales el diputado Gutiérrez de la Garza.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, en lo general y en lo particular con la adición admitida, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y cinco votos en pro, cinco en contra y seis abstenciones. Durante la votación de referencia, el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita desde su curul la lectura de la adición admitida y la Presidencia instruye a la Secretaría a atender lo solicitado.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos noventa y un votos en pro, uno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Desde su curul el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, informa que existen diferencias en el dictamen entre lo publicado en la Gaceta Parlamentaria y lo aprobado en la Comisión Dictaminadora y solicita aclaraciones al respecto. También desde su curul hablan los diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, y Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, ambos para solicitar se posponga momentáneamente el desahogo de este dictamen; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita posponer también los otros dictámenes en materia hacendaria. El Presidente atiende lo solicitado.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo tercero de la Ley de Nacionalidad. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo treinta y siete de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas: Francesa, Federativa del Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, así como por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos setenta y siete votos en pro, ninguno en contra y seis abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal. Es de segunda lectura. Habla en pro el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y tres votos en pro, ninguno en contra y ocho abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice los estudios técnicos necesarios para la construcción de la línea del tren suburbano que conecte a diversos municipios del estado de México. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República a que agilicen el otorgamiento del beneficio preliberacional a las personas sentenciadas, en los casos procedentes. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley que crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, que adiciona un Título Octavo a la Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Marisol Urrea Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y tres del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos con acuerdo que rige la actuación de la Cámara de Diputados como Jurado de Procedencia para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/ cero uno/ cero cuatro, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra del ciudadano René Juvenal Bejarano Martínez, diputado con licencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Tercera Legislatura. Se reserva el artículo primero, segundo párrafo, para la discusión en lo particular. Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados en votación económica. Se refieren al artículo reservado los diputados: Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y propone modificaciones; y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de los términos del acuerdo, y acepta dos interpelaciones de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría da lectura a la modificación propuesta por el diputado Espinoza Pérez y la Asamblea la desecha en votación económica. Se aprueba el artículo primero, segundo párrafo, en los términos del acuerdo, en votación económica.

Continúan la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Armando Leyson Castro, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cincuenta de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se turna a la Comisión de Transportes.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiséis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Gobernación.

Rafael Candelas Salinas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos ciento cincuenta bis y ciento cincuenta ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión Justicia y Derechos Humanos.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos trece y dieciocho de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América del periodo mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro. Se turna a la Comisión Hacienda y Crédito Público.

Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un Título Sexto a la Ley General de Desarrollo Social y que adiciona el artículo cuatrocientos seis y reforma el artículo cuatrocientos siete del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Justicia y Derechos Humanos.

Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y tres y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta informa de la recepción de la iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos tercero, quinto, sexto y octavo de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Es de primera lectura.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice estudios para decretar la zona marina ubicada al norte del Parque Nacional Isla Contoy y al noroeste del área de protección de la flora y fauna de Yum Balam, como área natural protegida. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que investiguen la muerte de delfines y tortugas en las costas de Campeche. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Raúl Piña Horta, del Partido Verde Ecologista de México, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil cinco, se consideren recursos adicionales para el Centro Nacional para la Prevención y Control del virus de inmunodeficiencia humana -- síndrome de inmunodeficiencia adquirida y para el Centro de Investigaciones Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Durante la presentación de la proposición de referencia, desde su curul el diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, solicita la verificación de quórum y la Presidenta instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

José Julián Sacramento Garza, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Tamaulipas y al municipio de Matamoros, a revisar la instalación de un relleno sanitario en ese municipio y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Habla en pro la diputada Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese. Con el registro de trescientos cincuenta y cinco diputadas y diputados la Secretaría confirma la existencia de quórum.

Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco se cumpla el incremento anual considerado en el artículo segundo transitorio del decreto que reforma el artículo nueve bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Habla en pro el diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para solicitar al titular de Petróleos Mexicanos un informe sobre el proceso de baja y contratación de buques -- tanque. La Presidenta informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Energía.

Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fije con los productores de maíz del estado de Chiapas, un ingreso objetivo a la tonelada de maíz.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Jaime del Conde Ugarte, del Partido Acción Nacional, para solicitar el inicio de los trabajos legislativos relacionados con las reformas estructurales y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Desde su curul el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, expresa dudas sobre el resultado de la votación y el Presidente consulta a la Secretaría al respecto, reiterando ésta el resultado. En contra hablan los diputados Pablo Franco Hernández y Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo desecha.

Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la realización de un peritaje técnico a los sistemas de comunicación de la Cámara de Diputados, en particular los de telefonía, a fin de detectar posibles prácticas de espionaje y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Comisión de Gobernación.

De Convergencia, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, una investigación sobre las agresiones a los voceadores de la ciudad de Oaxaca. El Presidente informa de la recepción de la proposición y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, a nombre propio y del diputado Arturo Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al secretario de Gobernación a que en la conducción de la política interior, se sujete al marco de la legalidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que en la quincuagésima novena sesión de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, emita un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y transplante nuclear con fines de investigación y terapéuticos, y en contra de la clonación con fines reproductivos y eugenésicos, y solicita trámite de urgente resolución. Hablan desde sus curules los diputados: Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para objetar el trámite; y Ortega Álvarez, quien acepta que su proposición se turne a comisión. Se turna a la Comisión de Salud.

Marbella Casanova Calam, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobierno y al Congreso del estado de Yucatán, a fin de que instrumenten acciones para transparentar y fiscalizar los recursos públicos ejercidos por las secretarías estatales de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Pesca, así como los destinados a los municipios de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, para que se reasigne parte del presupuesto del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Homero Díaz Rodríguez, a nombre propio y del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que el proyecto petroquímico Fénix se ejecute en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Energía.

Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la situación de indígenas integrantes de la Unión Campesina Independiente detenidos en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, para realizar un homenaje y hacer entrega de un reconocimiento público, a los atletas mexicanos Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Alfonso Rodríguez Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, para que las disposiciones relativas a la repatriación de capitales, no se contemplen en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino en sus disposiciones permanentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, para que se consideren recursos para el Programa Regional de las Mixtecas Agua y Seguridad Alimentaria, en el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Raúl Leonel Paredes Vega, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los ayuntamientos costeros del país a dar cumplimiento al Programa Nacional de Turismo dos mil -- dos mil seis. Se turna a la Comisión de Turismo.

José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, para ampliar los recursos del sector educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, para extender la vigencia del Grupo de Trabajo para la evaluación de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Armando Leyson Castro, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a poner en operación el Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública

Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que omita impulsar la candidatura del ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León al cargo de Secretario General de la Organización de Estados Americanos y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, en relación con el impacto de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios al gas licuado de petróleo para la combustión automotriz. El Presidente informa de la recepción de la proposición y la turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural, en el ámbito de su competencia.

Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, para solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la simplificación de trámites para la importación de vehículos y equipos de emergencia recibidos en donación para seguridad pública, protección civil y bomberos. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para que no se reduzcan los recursos destinados a educación, cultura, ciencia y tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Revolucionario Institucional, para que en la elaboración del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se estudie la posibilidad de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes que promuevan y fomenten la cultura física y el deporte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, los municipios sean beneficiados con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Horacio Martínez Meza, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una subcomisión de trabajo que verifique las obras realizadas por la empresa Gas Natural de México, Sociedad Anónima, en el Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y del Distrito Federal.

José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco se aumente el presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Óscar Félix Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, los recursos suficientes para la conclusión de la segunda etapa del proyecto Elota -- Piaxtla, en el estado de Sinaloa. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos. Desde su curul, el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, solicita verificación de quórum y la Presidenta instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia para el efecto.

Paulo José Luis Tapia Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, para que se aumenten los recursos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Álvaro Burgos Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Economía a que implemente programas para fomentar las artesanías en la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Economía.

Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para condenar el bloqueo económico de Estados Unidos de América sobre Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores. La Secretaría informa del registro de trescientos veintiséis diputadas y diputados, confirmando la existencia de quórum.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con las acciones para atacar y evitar la explotación de niñas en los Estados Unidos de América por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

José Orlando Pérez Moguel, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y del diputado Roger David Alcocer García, del Partido Revolucionario Institucional, para que se etiqueten recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, para un dragado de construcción y mantenimiento en el puerto de Progreso, Yucatán. Se turna a la Comisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, recursos para la creación de plazas al personal científico y tecnológico de los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia, para interponer una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal por la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En votación económica se considera de urgente resolución, y ante la duda expresada desde curul por el diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, se recoge votación nominal. Por doscientos cuarenta y seis votos a favor y ciento seis en contra, se considera de urgente resolución. Habla en pro el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que implemente una campaña de difusión sobre el régimen de pequeños contribuyentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las dieciocho horas con cincuenta minutos, y a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la Presidenta declara un

RECESO

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

A las veinte horas con cuarenta minutos se reanuda la sesión.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Desde su curul el diputado Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional, solicita la palabra para presentar una moción suspensiva y el Presidente no considera procedente la solicitud. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Sin nadie que solicite la palabra, el Presidente informa de los artículos reservados. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y ocho votos en pro, ninguno en contra y ninguna abstención.

Hablan en contra del artículo segundo, fracción primera, inciso f), reservado, los diputados: Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Ávila Nevárez, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: tres votos en pro, trescientos ochenta y ocho votos en contra y cuatro abstenciones. No se aprueba el inciso f) de la fracción primera del artículo segundo.

Se retiran las reservas de los artículos dos -- C y dos -- D.

Se concede la palabra al diputado José María de la Vega Lárraga, del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos reservados: segundo, fracciones primera, inciso i), y segunda, inciso a); tercero, fracción décima octava; cinco -- A y octavo, fracción primera, inciso h), y propone adiciones en cada caso. Desde su curul hablan los diputados: Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar aclaraciones sobre la intervención del diputado De la Vega Lárraga, que el Presidente hace; y Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios de procedimiento. La Asamblea desecha en votación económica la adición propuesta para el artículo segundo reservado, fracción primera, inciso i). Hablan desde su curul los diputados: De la Vega Lárraga, para solicitar la lectura de su propuesta de adición al artículo segundo, fracción segunda, inciso a); y José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para solicitar con el apoyo de otros diputados que la votación respectiva sea nominal, y por ciento dieciocho votos en pro, doscientos setenta y tres en contra y once abstenciones, se desecha la adición de referencia.

Se recoge la votación de los artículos dos -- C y dos -- D, reservados, y por ningún voto en pro, trescientos noventa y cinco en contra y cuatro abstenciones, no se aprueban. Durante ella, la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones sobre el sentido de la votación que el Presidente hace.

Se concede la palabra a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone adiciones a las fracciones cuarta y quinta del artículo tercero reservado, y al artículo segundo transitorio. La Asamblea aprueba en sendas votaciones económicas las dos adiciones propuestas al artículo tercero.

Habla la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos: tercero, fracción segunda; y diecinueve, fracción quinta, y propone adiciones. En contra de las propuestas habla el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea desecha ambas adiciones propuestas en sendas votaciones económicas.

En sendas votaciones económicas se desechan las adiciones propuestas por el diputado José María de la Vega Lárraga para los artículos: tercero, fracción décima octava; cinco -- A; y octavo, fracción primera, inciso h).

Desde su curul el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento que la Presidencia considera procedente.

En virtud de que se retira la reserva del artículo trece, fracción quinta, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva en los términos del dictamen, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y tres votos en pro, uno en contra y tres abstenciones.

Se aprueba el artículo diecinueve, fracción quinta, en sus términos, por trescientos noventa y dos votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Desde su curul el diputado Gustavo Enrique Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión solicita se desechen la fracción décima séptima del artículo tercero y las fracciones vigésima y vigésima primera del artículo diecinueve. También desde su curul la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, apoya la propuesta de la Comisión.

Hablan desde su curul para solicitar aclaraciones o hacer comentarios de procedimiento los diputados: Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática; Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

Por seis votos en pro, trescientos ochenta en contra y cuatro abstenciones, no se aprueban la fracción décima séptima del artículo tercero y las fracciones vigésima y vigésima primera del artículo diecinueve.

Desde su curul el diputado Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, propone suprimir el contenido del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto y la Asamblea admite la propuesta en votación económica. Por cero votos en pro, trescientos ochenta y seis en contra y una abstención no se aprueba el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto.

Desde su curul la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, solicita desahogar la adición propuesta al artículo segundo transitorio presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, del mismo Partido, y la Asamblea la admite en votación económica. Por trescientos setenta y siete votos en pro, cuatro en contra y dos abstenciones, se aprueba la adición del artículo segundo transitorio.

Presenta adiciones al artículo octavo, fracción primera, inciso f), reservado, el diputado Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional. Habla en pro de la adición el diputado Julián Nazar Morales, del mismo Partido. En pro de los términos del dictamen y en contra de la adición hablan los diputados: Rogelio Franco Castán, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia. Desde su curul el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, con el apoyo de otros diputados, solicita votación nominal y por setenta y nueve votos en pro, doscientos ochenta y seis en contra y veintiún abstenciones

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

se desechan las adiciones propuestas.

Se aprueba el artículo tercero con las adiciones admitidas a las fracciones cuarta y quinta por trescientos ochenta y dos votos en pro, tres en contra y dos abstenciones.

Se retiran las reservas del artículo tercero transitorio, mismo que se aprueba en los términos del dictamen por trescientos setenta y cinco votos en pro, uno en contra y cinco abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa de la recepción del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones sobre el momento en que se desahogaría el dictamen referido y el Presidente informa que sería de inmediato. La Asamblea aprueba su incorporación en el orden del día en votación económica. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, hace una moción de procedimiento que el Presidente considera pertinente. Se reserva el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto. Sin nadie que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y un votos en pro y una abstención. El Presidente informa que se retira la reserva del artículo segundo transitorio.

El diputado Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios, propone adicionar un artículo ochenta y cinco -- A a la Ley Federal de Derechos. Hablan en pro de la adición los diputados: Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática; y Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea admite la adición propuesta en votación económica y aprueba el artículo ochenta y cinco -- A por trescientos setenta y un votos en pro y cuatro abstenciones.

Para referirse al artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, reservado, sube a la tribuna el diputado José Evaristo Corrales Macías, del Partido Acción Nacional, quien a nombre de la Comisión de Pesca presenta propuesta para adicionar las fracciones octava y novena que la Asamblea admite en votación económica.

Se aprueba el artículo segundo transitorio con las adiciones admitidas por trescientos ochenta y cuatro votos en pro y tres abstenciones.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. El diputado Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Incorpórense al dictamen. El Presidente informa de la recepción de una fe de erratas y la Asamblea aprueba su incorporación al texto del dictamen en votación económica. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, el Presidente informa de los artículos reservados. Desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento que el Presidente considera procedente. La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y nueve votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

Se concede la palabra al diputado José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los artículos veintinueve, último párrafo; treinta y uno, fracción décima novena, segundo párrafo; treinta y dos, fracción décima séptima; y doscientos dieciséis bis, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y propone modificaciones y adiciones, así como también adiciones al artículo tercero transitorio de las disposiciones transitorias de dicha Ley. Desde su curul hablan los diputados: Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la lectura de las propuestas; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, para hacer aclaraciones sobre las propuestas del diputado Murat Macías, y el Presidente hace comentarios de procedimiento; Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional, para apoyar las aclaraciones de la diputada Bernal Ladrón de Guevara; Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios de procedimiento; y Murat Macías, quien admite las aclaraciones de la diputada Bernal Ladrón de Guevara.

El Presidente hace comentarios de procedimiento y desde su curul el diputado Vega Murillo hace comentarios en el mismo sentido. El Presidente informa del procedimiento para desahogar los artículos reservados. La Secretaría da lectura a las propuestas del diputado Murat Macías. Desde su curul el diputado Huízar Carranza solicita que las propuestas se voten por separado y en sendas votaciones económicas se admiten. Nuevamente desde su curul el diputado Huízar Carranza informa que falta desahogar la adición propuesta al artículo tercero transitorio; la Secretaría le da lectura y la Asamblea la admite en votación económica.

Habla en contra de los artículos cuarenta y cinco -- A, cuarenta y cinco -- B, cuarenta y cinco -- C, cuarenta y cinco -- D, cuarenta y cinco -- E, cuarenta y cinco -- F, cuarenta y cinco G, cuarenta y cinco -- H y cuarenta y cinco -- I, reservados, el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia. Sin nadie más que solicite la palabra, se recoge la votación de esos artículos en los términos del dictamen, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y seis votos en pro, nueve en contra y seis abstenciones. Durante ella, desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita aclaraciones sobre el sentido de la votación y el Presidente atiende lo solicitado.

Desde su curul el diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional, solicita se desahogue a continuación la reserva de la fracción quinta del artículo tercero transitorio y la Asamblea aprueba la solicitud en votación económica.

Se refiere al artículo tercero transitorio, fracción quinta, reservado, el diputado Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, propone modificaciones y admite una interpelación del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas, recoge votación económica y en virtud de existir dudas sobre el resultado, recaba votación nominal, y por ciento setenta y ocho votos en pro, doscientos tres en contra y once abstenciones, se desecha. La Asamblea considera suficientemente discutida la fracción quinta del artículo tercero transitorio reservado en votación económica, misma que se aprueba en los términos del dictamen por doscientos votos en pro, ciento ochenta y ocho en contra y cero abstenciones.

La Asamblea considera suficientemente discutidos en votación económica los artículos veintinueve, último párrafo; treinta y uno, fracción décima novena, segundo párrafo; treinta y dos, fracción décima séptima; doscientos dieciséis bis, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la adición al artículo tercero transitorio de las disposiciones transitorias de esa Ley, mismos que se aprueban con las modificaciones y adiciones admitidas por trescientos nueve votos en pro, ochenta en contra y cuatro abstenciones.

El Presidente informa que se retiran las reservas de los artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis y setenta y siete, la Asamblea los considera suficientemente discutidos en votación económica y se aprueban en los términos del dictamen por trescientos noventa y tres votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

Para proponer la adición del artículo doscientos diecinueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reservado, se concede la palabra al diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. La Secretaría da lectura a la propuesta y la Asamblea la admite en votación económica. Desde su curul la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, solicita votación nominal y la Presidencia no la considera procedente. También desde su curul hablan los diputados: Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para expresar dudas sobre el resultado de la votación; y Gutiérrez de la Garza, para solicitar una moción de procedimiento que la Presidencia no considera atendible. Por ciento ochenta y cinco votos en pro, ciento noventa y seis en contra y cinco abstenciones, se desecha la adición propuesta.

Se refiere al último párrafo del artículo doscientos veinte de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reservado, el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones que la Asamblea desecha en votación económica. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica, mismo que se aprueba en los términos del dictamen por doscientos setenta votos en pro, ciento quince en contra y tres abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Capítulo Décimo Primero, Hidrocarburos, de la Ley Federal de Derechos, en materia del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Es de primera lectura. La Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen en votación económica. A nombre de las Comisiones el diputado Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones admitidas, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y un votos en pro, ninguno en contra y ninguna abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México; Alfonso Ramírez Cuellar, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional; y Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, señala una fe de erratas que la Asamblea aprueba que se incorpore al dictamen en votación económica. Se reservan para la discusión en lo particular los artículos tercero, trece, diecisiete y sexto transitorio. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general en votación económica, mismo que se aprueba en lo general y en lo particular de los artículos no reservados por doscientos sesenta y nueve votos en pro y ciento dieciocho en contra.

Se refiere al artículo tercero, párrafo primero, reservado, el diputado Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones. Hablan en pro de ellas los diputados: Jorge Triana Tena y Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica. Desde su curul el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional, con el apoyo de otros diputados, solicita que las modificaciones propuestas sean votadas nominalmente y por ciento veinticuatro votos en pro, doscientos cincuenta y cuatro en contra y nueve abstenciones, se desechan. Se aprueba el artículo tercero, párrafo primero, en los términos del dictamen por doscientos cincuenta y cinco votos en pro, ciento veintisiete en contra y seis abstenciones.

Hablan sobre el artículo trece reservado los diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática; y María Guadalupe García Velasco, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones. La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia en votación económica. A solicitud del diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, la Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por la diputada García Velasco y la Asamblea las admite en votación económica. Se aprueba el artículo trece con las modificaciones admitidas por trescientos setenta y ocho votos en pro y tres abstenciones.

El Presidente informa que se retiran las reservas del artículo diecisiete, mismo que se aprueba en los términos del dictamen por trescientos setenta y dos votos en pro y tres abstenciones.

Se refiere al artículo sexto transitorio reservado el diputado Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, y propone dos adiciones a su fracción segunda.

El diputado Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, presenta a nombre de la Comisión adiciones al artículo sexto transitorio que la Asamblea admite en votación económica.

La Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica si admite la adición a la fracción segunda del artículo sexto transitorio propuesta por el diputado Suárez Carrera, y en virtud de existir dudas sobre el resultado, recoge votación nominal y por ciento nueve votos en pro, doscientos setenta y dos en contra y nueve abstenciones, se desecha.

La Asamblea desecha la adición al último párrafo del artículo sexto transitorio propuesta por el diputado Suárez Carrera en votación económica.

Se aprueba la fracción segunda del artículo sexto transitorio, con las modificaciones presentadas por el diputado López Aguilar y admitidas por la Asamblea, por trescientos setenta y nueve votos en pro y cuatro abstenciones.

Se refieren a la fracción tercera del artículo sexto transitorio reservado los diputados: Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, y propone adiciones; y Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional, y propone modificaciones. La Asamblea admite las adiciones propuestas por el diputado Mejía Haro en votación económica. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Adame de León y la Asamblea las admite en votación económica. Se aprueba la fracción tercera del artículo sexto transitorio, con las adiciones y modificaciones admitidas, por doscientos sesenta y tres votos en pro, ciento doce en contra y tres abstenciones.

Habla sobre la fracción cuarta del artículo sexto transitorio reservado el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Se aprueba la fracción cuarta del artículo sexto transitorio con las modificaciones admitidas por trescientos setenta y cinco votos en pro y dos abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera, el Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las cinco horas con treinta minutos del viernes veintinueve de octubre de dos mil cuatro, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves cuatro de noviembre de dos mil cuatro a las diez horas, en la que la Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia, y al término de la misma, a sesión ordinaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor... Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

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diputado que solicita licenciaEl Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable. Cámara de Diputados.--- Presente.

El que suscribe, Félix Arturo González Canto, diputado federal electo en el I distrito electoral del estado de Quintana Roo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente lo siguiente:

Primero. Me sea concedida licencia para separarme de mi encargo como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 1º de noviembre del presente año.

Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.

Reciba un cordial saludo y agradezco la atención que brinde a la presente.

Palacio Legislativo en San Lázaro, DF, a 4 de noviembre de 2004.--- Diputado Félix A. González Cano.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Están a discusión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Félix Arturo González Canto, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito del estado de Quintana Roo, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.

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Presupuesto de egresos

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretarí.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo

Primero.- El Congreso del estado de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a incrementar el gasto destinado a la educación propuesto por el titular del Poder Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, en una proporción que permita alcanzar el objetivo de sumar en el año 2006, según lo establece la Ley General de Educación, recursos públicos en materia educativa por el orden del 8% del Producto Interno Bruto.

Segundo.- El Congreso del estado de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 las disposiciones necesarias a efecto de garantizar que el gasto educativo que se apruebe por ningún motivo pueda ser objeto de disminución o recorte durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Tercero.- El Congreso del estado de Sonora acuerda remitir al resto de las Legislaturas estatales el presente acuerdo con solicitud de que se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Cuarto.- El Congreso del estado de Sonora respalda la petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, las instituciones de educación tecnológica y las escuelas normales, para que les sean asignados recursos en términos crecientes que le permitan cumplir cabalmente sus objetivos y desarrollar sus tareas sustantivas de investigación, docencia y extensión.

Los que comunicamos para conocimiento y demás fines.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, 14 de octubre de 2004.--- C. Jesús Bustamante Machado (rúbrica), Diputado Secretario; C. Guadalupe A. Gracia Benítez (rúbrica), Diputada Secretaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en alcance al oficio JCP/GRC/372/271004, le informo que la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, asume la Secretaría de la Comisión de Turismo, en sustitución del diputado Félix Arturo González Canto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 3 de noviembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

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grupos de amistad

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo primero, inciso c), en relación con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en el Grupo Amistad México-Polonia, solicitado por el diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Baja del diputado Maximino Fernández Avila, como integrante del Grupo de Amistad antes citado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretarí.

«Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo

Primero.- El Congreso del estado de Sonora acuerda, en ejercicio de la facultad referida por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución local, presentar ante el Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de:

``Decreto

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 25 y un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...

I. a la VII. ...

VIII.- Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos.

Artículo 45 Bis.- El Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.5 % de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2° de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

El Ejecutivo federal; a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos entre los Municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado un 75 % conforme al criterio del factor de población residente y el 25 restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el primer día del ejercicio fiscal inmediato posterior a aquel en que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso del estado acuerda remitir al resto de las Legislaturas estatales el contenido del presente acuerdo, con la finalidad de que se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante el Congreso de la Unión.

Lo que comunicamos para conocimiento y demás fines.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 26 de octubre de 2004.--- C. Jesús Bustamante Machado (rúbrica), diputado Secretario; C. Guadalupe A. Gracia Benítez (rúbrica), diputada Secretaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, D.F.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió Acuerdo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que solicita otorgar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto de al menos 20 por ciento mayor al autorizado para 2004.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Senador César Jáuregui Robles (rúbica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada por esta Soberanía el día de la fecha, se aprobó por unanimidad punto de acuerdo de la Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, por el que se les solicita otorguen a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un presupuesto de cuando menos 20 por ciento mayor al autorizado en este Ejercicio 2004, que corresponda al crecimiento de su infraestructura y a la calidad académica probada que le caracteriza; asimismo, que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto al tamaño y desarrollo de las demás universidades públicas del país.

En tal virtud, en cumplimiento al punto tercero del acuerdo de mérito, en vía de notificación adjuntamos para los efectos legales procedentes, copia del resolutivo en comento de esta Asamblea Legislativa.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2004, Año del CL aniversario del Himno Nacional Mexicano''

México, DF, a 27 de octubre de 2004.--- Diputados: Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica), Primer Secretario; Jesús Enedino Martínez García (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

A la Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, le fue turnado para su estudio y dictamen en sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada el 6 de octubre de 2004, el punto de acuerdo, relativo a solicitar al Congreso del Estado que pida al Congreso de la Unión, se otorgue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto que corresponda al crecimiento de su infraestructura y a la calidad de la educación que imparte, y que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto a las demás universidades Públicas del país; asimismo, para que se solicite al Ejecutivo del Estado considere destinar de los excedentes petroleros que corresponden a nuestro Estado, 10 millones de pesos a la Univer- sidad Autónoma de San Luís Potosí para el inicio del desarrollo del Campus Matehuala, presentada por la fracción parlamentaría del Partido Revolucionario Institucional.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis del asunto planteado, los diputados integrantes de esta comisión. Llegaron a los siguientes

Considerandos

Primero. Que lo planteado, en este punto de acuerdo, se sustenta y justifica en los razonamientos y consideraciones siguientes:

``Primera. Precursora de la Autonomía Universitaria y reconocida como una institución de vanguardia, por su calidad y pertinencia social, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha construido una cultura institucional de búsqueda de la calidad en todo su quehacer: la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión, cuyos resultados le han valido ser reconocida como una de las mejores universidades públicas del país, y un referente nacional para el Sistema de Educación Superior Público, por la Secretaría de Educación Pública, (SEP), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución pública de Educación Superior, que tiene como misión la formación de profesionales capacitados para ser competitivos, portadores de valores éticos, críticos y reflexivos; comprometidos con un desarrollo del Estado y del país.

Para alcanzar estos objetivos la UASLP centra su atención en el proceso educativo, con especial importancia en la formación integral de los alumnos, la calidad de su personal académico y administrativo, así como en la autorización y pertinencia de sus planes de estudio e investigación. Además, mantiene una estrecha vinculación con su entorno dentro de un marco de autonomía, libertad y responsabilidad.

Segunda. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se integra por 18 entidades académicas: 12 facultades, tres escuelas, dos unidades académicas multidisciplinarias, Zona Media y Huasteca, y una Coordinación de Ciencias, Sociales y Humanidades, además de siete institutos de investigación asociados a las entidades académicas, ocho institutos de investigación incorporados a las entidades acadé- micas, una Escuela Preparatoria, en Matehuala, S.L.P., así como 63 preparatorias incorporadas.

La Universidad atiende el 66 por ciento de la matrícula escolar de nivel superior en el Estado, integrada por 17 mil 500 estudiantes de licenciatura, mil 200 estudiantes de posgrado, a ese porcentaje se suman 650 estudiantes de bachillerato, 360 instrumentos al Centro de Idiomas, y 250 alumnos de Difusión Cultural, sumando un total de 22 mil 960 alumnos.

La Máxima Casa de Estudios Potosina, ofrece 46 programas de licenciatura, 55 programas de posgrado y cuatro programas de técnico superior universitario. Veintiséis programas de posgrado han sido evaluados por la Secretaría de Educación Pública: 8 están registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia (PNP) y 18 inscritos en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. (Pifop).

Tercera. La Universidad cuenta al día de hoy con 25 programas acreditados por organismos pertenecientes al Congreso de Acreditación para la Educación, (Copaes), lo que la distingue a nivel nacional como la institución pública con más programas acreditados en un sólo campus, así como la institución de educación superior mejor evaluada por los comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Cites). Además es una de las primeras instituciones de educación superior en obtener la certificación ISO 9001:2000 en sus procesos administrativos.

En el presente año alumnos de las facultades de Derecho, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración, Sicología, Enfermería, Medicina y Estomatología han obtenido testimonios de desempeño sobresaliente y considerados entre los más destacados del país, mérito reconocido por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

Doce de las carreras impartidas ocupan el primer lugar nacional, entre ellas medicina, odontología, ingeniería mecánica eléctrica, computación y enfermería.

A nivel nacional e internacional sus alumnos, maestros e investigadores han recibido varios permisos por sus contribuciones en la ciencia, la tecnología, la cultura, la docencia, la investigación, la vinculación y servicios asistenciales.

Los alumnos de la UASLP deben acreditar cinco niveles secuenciales del idioma inglés que imparte el Departamento Universitario de Inglés, que imparte el departamento Universitario de Inglés, contando con tecnología de punta para la enseñanza del idioma y profesores capacitados y acreditados por el British Council.

Cuarta. En la Máxima Casa de Estudios Potosina imparten cátedra 2 mil 200 profesores, 524 de tiempo completo, 102 de medio tiempo y mil 447 de hora clase/asignatura.

Asimismo, más de 400 profesores realizan actividades de investigación; de éstos, 140 investigadores son integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SIN).

El nivel académico de los docentes del tiempo completo, corresponde a 60 por ciento con licenciatura, 12 por ciento con especialidad, 18 por ciento, con maestría y 10 por ciento con doctorado. En el área administrativa, más de 2 mil trabajadores se desempeñan en actividades administrativas, secretariales y en los servicios de intendencia.

En actividades de extensión y difusión de la cultura, sus 18 entidades académicas organizan coloquios, simposios y congresos, entre otros eventos para trasmitir los conocimientos de vanguardia, en todas las áreas del saber.

Actualmente a través del Centro de Idiomas se enseñan 7 idiomas a más de 3 mil niños, jóvenes y adultos.

El Centro Universitario y de Apoyo Tecnológico y Empresarial (CUATE) y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), ofrecen asesoría, consultoría y asistencia técnica y científica al sector industrial y empresarial, además de la vinculación de los institutos y centros de Investigación de Medicina, Ciencias Químicas, Agropecuaria, Ingeniería, Estomatología y Economía.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional ``Francisco de la Maza'' que otorga el Conaculta-INAH a las obras de restauración que realizó al edificio Central Universitario, antiguo Colegio Jesuita y al Edificio de la Caja Real, calificándolas como las mejores obras de remodelación a construcciones arquitectónicas del país.

Quinta. El financiamiento que recibe la UASLP, se integra por ingresos ordinarios, ingresos propios e ingresos específicos.

Los ingresos ordinarios son recursos públicos, tanto federales como estatales, destinados para el pago de remuneraciones y prestaciones al personal, así como para cubrir el gasto corriente de operación y algunos programas institucionales.

Los ingresos propios, están integrados por cuotas de inscripción, colegiaturas, cuotas de laboratorio y servicios escolares, servicios de extensión y vinculación, venta de productos y servicios y productos financieros.

Los ingresos específicos son recursos federales etiquetados o con restricciones o limitaciones de uso hacia el interior de la institución. Estos recursos corresponden principalmente al Fondo de Modernización de la Educación Superior (Fomes), al Programa Institucional de Fortalecimiento Integral (PIFI), al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), al Programa de Estímulos al Desempeño Académico, a los convenios firmados con organismos públicos o privados como apoyo a la investigación, la formación de docentes y otros.

La Universidad Autónoma Potosina es una de las instituciones que más recursos ha recibido del Programa Institucional de Fortalecimiento e Integral (PIFI) gracias a su capacidad de propuesta y a la calidad de sus programas académicos y se ha consolidado como la universidad estatal que más recursos por investigador obtiene del Conacyt.

Sin embargo, incuestionablemente la reducción de los recursos económicos a la educación superior que se dio en México desde la pasada década, ha afectado el que hemos señalado, es un hecho que de no incrementarse el presupuesto público de la Universidad, la institución en corto plazo no tendrá recursos para cumplir sus compromisos contractuales, y para continuar creciendo con los actuales niveles de calidad reconocidos a nivel nacional, además de impactar en la descentralización y ampliación de la cobertura de la educación superior, en las regiones media, huasteca y altiplano.

Por tal motivo, consideramos necesario que esta legislatura, en apoyo a nuestra máxima casa de estudios y de todos aquellos potosinos que se benefician con su amplia gama de servicios educativos, reconociendo la importancia y trascendencia que para nuestra entidad representa la loable labor que lleva a cabo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, solicite al Congreso Federal se considere aumentar el presupuesto que se asigna a esta institución de manera proporcional a su crecimiento e importancia académica y a sus programas de desarrollo y considerando criterios objetivos y equitativos respecto al que se otorgue a las demás universidades del país.

Asimismo, que se solicite al Ejecutivo estatal, tenga a bien considerar que se destinen 10 millones de pesos del monto de excedentes petroleros que se han asignado a nuestra entidad, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a fin de que ésta pueda iniciar los trabajos de creación del campus Matehuala, demanda que está vigente desde hace más de una década en los municipios de la zona altiplano y que se ha vuelto ya una exigencia dado el desarrollo educativo de la población estudiantil de esta región.

Segundo. Por lo que, evidentemente como se alude en el punto anterior, esta propuesta de aceptarse, sería de gran beneficio para la principal institución de educación superior en el Estado, por lo que esta comisión determina que es pertinente y procedente y por ende acuerda emitir el siguiente

Dictamen

Unico. Es de aprobarse y se aprueba este punto de acuerdo, relativo a solicitar al Congreso de la Unión, que otorgue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto que corresponda al crecimiento de su infraes- tructura y a la calidad de la educación que imparte, y que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto a las demás universidades públicas del país; asimismo, para que el Ejecutivo del estado destine de los excedentes petroleros que corresponden a la entidad, 10 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luís Potosí para el inicio del desarrollo del campus Matehuala, para quedar como sigue:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al Congreso de la Unión, que se otorgue a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un presupuesto de cuando menos un 20 por ciento mayor al otorgado en el presente ejercicio 2004, que corresponda al crecimiento de su infraestructura y a la calidad académica probada que le caracteriza, y que la cantidad correspondiente se defina con base en criterios equitativos respecto al tamaño y desarrollo de las demás universidades públicas del país.

Segundo. Se pide al titular del Ejecutivo del estado, que se destine de los excedentes petroleros que corresponden a nuestro Estado, 10 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para el inicio del desarrollo del campus Matehuala.

Tercero. Notifíquese de este punto de acuerdo, al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo, para los efectos legales, procedentes.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, a 18 de octubre de 2004.--- Comisión de Planeación y Finanzas Públicas.--- Diputados: José Luis Ugalde Montes, presidente; Rómulo Garza Martínez, vicepresidente; Rosendo Pazzi Pacheco, secretario; José Manuel Medellín Milán, vocal; Carlos Felipe Mier Padrón, vocal y Pascual Martínez Martínez, vocal.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió acuerdo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que solicita incrementar en el Presupuesto de Egresos para 2005, los recursos destinados a la educación, en una proporción que permita en 2006, un gasto nacional en esta materia por el orden del 8 por ciento del producto interno bruto.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada por esta soberanía el día de la fecha, se aprobó por unanimidad punto de acuerdo de la Comisión de Educación Pública, por el que se les solicita incrementar en el Presupuesto de Egresos Federal Ejercicio 2005, los recursos destinados a la educación en una proporción que permita alcanzar el objetivo de sumar en el año 2006, un gasto nacional en esta materia por el orden del 8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Asimismo, se incluya en el referido presupuesto, disposiciones que garanticen que el gasto educativo que se apruebe, por ningún motivo pueda ser objeto de disminución o recorte durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En tal virtud, adjuntamos para los efectos procedentes, copia del resolutivo de esta asamblea legislativa.

Además, para su conocimiento se anexa fotocopia del escrito presentado por los secretarios generales de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que los planteamientos en éste contenidos, están vinculados directamente con la materia a que se refiere el pronunciamiento de mérito.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 27 de octubre del año 2004.---Dip. Mauricio Leyva Ortiz, primer secretario; Dip. Jesús Enedino Martínez García, segundo secretario.»

Ciudadanos diputados secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Educación Pública, nos permitimos hacer del conocimiento de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo para que se incremente el presupuesto de egresos a la educación básica, media superior y superior.

Antecedentes

La Comisión de Educación Pública sostuvo una reunión con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación secciones 52 y 26 del estado el día de hoy, 27 de octubre, donde solicitan apoyo de esta soberanía a fin de exhortar a la Cámara de Diputados a impulsar el incremento en materia de educación básica, media superior y superior del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, para que sea congruente con el objetivo de alcanzar en el 2006 un monto de gasto público educativo que equivalga por lo menos al 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación en su artículo 25.

La educación constituye el elemento más importante para la superación; por lo tanto es un factor decisivo para combatir la desigualdad social y el atraso económico. En este sentido resulta prioritario compensar y atender a los grupos que se encuentran en desigualdad de oportunidades por falta de una educación suficiente y de calidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º constitucional donde enuncia obligatoriedad de la educación preescolar, en el marco del cual en el ciclo escolar 20042005 el Estado mexicano debe garantizar el 100 por ciento de la demanda de los niños y niñas de 5 años de edad.

A los diputados potosinos, la sociedad nos ha otorgado la facultad de legislar y proteger aquellas demandas más sublimes del pueblo, como es la educación; en ese sentido tal reclamo constitucional deberá coadyuvar a un desarrollo integral del ciudadano, generando consecuentemente una permanente estabilidad social, la cual estamos obligados a preservar a través de nuestra función legislativa.

Por ello expresamos: que los procesos de modernización en la educación deben consolidarse en un futuro inmediato, pues es la condición para que en nuestro estado y en nuestro país la educación sea proporcionada con calidad y además sea el eje principal de nuestro desarrollo.

Es de igual urgencia, en lo que se refiere a educación, una reestructuración a fondo del sistema educativo nacional que permita reorientar los recursos a las áreas prioritarias, evitar que muchos de ellos se malgasten en ocurrencias coyunturales, así como solicitar a la Cámara de Diputados aboque el mejor de sus esfuerzos a crear el marco normativo que permita etiquetar los recursos presupuestales para educación y que éstos se entreguen de manera oportuna.

La educación para todos debe ser la misma y se debe mejorar sustancialmente en calidad, oportunidad y eficacia, fortaleciendo las alternativas educativas con mejores perspectivas, incorporándose con mayor oportunidad a los maestros de nuestra entidad con los incentivos necesarios para que ésta sea proporcionada a la población en general, sin distingo ni restricciones.

No se trata de una mera intención, por el cumplimiento legal de una disposición vigente. Se trata de cubrir necesidades educativas reales que permitan avanzar en cerrar la brecha entre la intención y el discurso a los hechos: cumpli- miento de la obligatoriedad de la educación preescolar, infraestructura, equipamiento escolar, creación de plazas, formación, actualización, capacitación y superación profesional, alimentación y salud escolar, fortalecer y ampliar la cobertura de educación media superior y superior, recuperación real del salario magisterial asegurando que los incrementos que se otorgan a nuestros compañeros rebasen significativamente los índices inflacionarios reportados en el año inmediato anterior, además del abatimiento de las diferencias existentes entre entidades y atender la problemática en materia de pensiones y jubilaciones.

Sin que esto sea óbice para seguir luchando por conseguir el abatimiento del rezago educativo de nuestro estado en estricto apego al mandato constitucional que la ciudadanía nos ha dispensado, así como a la observancia de nuestra función legislativa para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados, que son los mismos que el pueblo potosino nos reclama.

El Congreso de la Unión no puede ni debe ir en contra de la legalidad que el mismo ha impulsado. Por ello la Comisión de Educación Publica somete a la consideración de este pleno la aprobación del siguiente punto de acuerdo, solicitándose sea admitido en trámite de urgente y obvia reso- lución.

La comisión, al atender los planteamientos anteriores, así como de las pretensiones señaladas, encontramos que la solicitud está apegada a derecho, motivo por el cual sometemos a esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LVII Legislatura del Estado de San Luis Potosí hace una atenta y respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, de incrementar el presupuesto destinado a la educación propuesto por el titular del Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en una proporción que permita alcanzar el objetivo de sumar en el año 2006, según lo establece la Ley General de Educación, un gasto nacional en materia educativa por el orden del 8 por ciento del producto interno bruto.

Segundo. La LVII Legislatura del Estado de San Luis Potosí hace una atenta y respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 las disposiciones necesarias a efecto de garantizar que el gasto educativo que se apruebe por ningún motivo pueda ser objeto de disminución o recorte durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, a 27 de octubre de 2004.--- Comisión de Educación Pública.--- Dip. Cirilo Gerardo Méndez Aguilar, Presidente; Dip. Pascual Martínez Martínez, vicepresidente; Dip. Mauricio Leyva Ortiz, secretario; Dip. Graciela Rojas Palacios, vocal; Dip. Beatriz Eugenia García Reyes, vocal (rúbricas).»

«SNTE.--- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Secciones 26 y 52.

C. Dra. Graciela Rojas Palacios, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.--- Presente.

Los suscritos, profesores. Enrique Rodríguez Uresti y Arnulfo Hernández Rodríguez, secretarios generales de las secciones 26 y 52 del S.N.T.E., respectivamente, nos estamos dirigiendo a usted, a fin de solicitar su valioso apoyo ante el honorable Congreso de la Unión, con el envío de un documento avalado con las firmas de los diputados de la LVII Legislatura local, a fin de que se autoricen los siguientes puntos que son de trascendental importancia para seguir brindando el servicio educativo en nuestro estado:

1. A fin de dar cumplimiento al compromiso hecho por el Ejecutivo Federal, se autorice un incremento sustancial al presupuesto educativo 2005 para tratar de llegar al 8 por ciento del Producto Interno Bruto destinado a la inversión educativa, en los términos en que lo establece el artículo 25 de la Ley General de Educación.

2. Cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar como lo establece el artículo tercero constitucional, previendo recursos para infraestructura educativa (construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento escolar).

3. Creación de plazas, fundamentalmente para atender la educación preescolar y media superior.

4. Fortalecer y ampliar la inversión en el rubro ciencia y tecnología.

Esperando contar con su solidaridad en bien de la educación de la niñez y juventud de nuestro México y de nuestro estado, nos es grato reiterarle nuestro respetuoso saludo.

Fraternalmente.

``Por la Educación al Servicio del Pueblo''

San Luis Potosí, SLP, 26 de octubre de 2004.--- Profr. Alberto Hernández Meneses, representante del CEN del SNTE en las secciones 26 y 52; Profr. Enrique Rodríguez Uresti, secretario general de la sección 26; Profr. Arnulfo Hernández Rodríguez, secretario general de la sección 52 (rúbricas)».

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió Acuerdo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que solicita determinar antes de que concluya el año 2004, el monto a liquidar del ``Fondo de Ahorro Campesino'', del ``Programa Bracero''.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada por esta soberanía el día de la fecha, se aprobó por unanimidad punto de acuerdo de la Comisión Especial para Asuntos de Migrantes, por el que se les solicita determinar antes de que concluyó el año 2004, el monto a liquidar del ``Fondo de Ahorro Campesino'' del ``Programa Bracero'', así como el número e identificación de quienes hayan probado ser beneficiarios del mismo; además, del procedimiento para su pago.

En ese tenor, incluir además en el Presupuesto de Egresos Federal 2005, el rubro, cantidad en pesos y programación para cubrir el primer pago parcial a beneficiarios ex braceros que laboraron en E.U.A. de 1942 a 1964.

En tal virtud, adjuntamos para los efectos procedentes, copia del resolutivo de mérito de esta Asamblea Legislativa.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, a 27 de octubre de 2004.--- Dip. Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica) y dip. Jesús Enedino Martínez García (rúbrica), secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

A la Comisión Especial para Asuntos de Migrantes, le fue turnado con fecha de 6 de Octubre, un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicitan al Congreso de la Unión definan monto y plazos de recursos económicos a liquidar, que se adeudan a braceros mexicanos que laboraron en Estados Unidos de América de 1942 a 1964;

Asimismo, en la precitada sesión, fue turnado a esta Comisión un punto de acuerdo que remite a este Congreso la LIV Legislatura del estado de Querétaro, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, para que atiendan y legislen para la pronta y definitiva solución de los trabajadores mexicanos braceros del periodo 1942-1964.

De igual manera, con la misma fecha fue turnado por el Pleno a esta Comisión, el Oficio No. 2134, del Secretario General de Gobierno, fechado el 27 de septiembre del año en curso y recibido en la Oficialía Mayor de este Congreso el 4 de octubre del mismo año, en la que manifiesta que el 24 de agosto de 2004 los CC. Hilario Campos Turrubiartes y Julián Zúñiga Barrón, de la Unión Binacional de Trabajadores Ex Braceros 1942-1967, presentaron escrito al Ejecutivo del estado por el que solicitan su apoyo, para que mediante un punto de acuerdo del Congreso del estado, en el que se pronuncien a favor de la iniciativa relativa a la posible creación del fideicomiso para el pago a ex braceros.

En tal virtud, por tratarse de puntos relativos al mismo asunto, la Comisión acordó estudiarlos de manera conjunta y al entrar al estudio de los mismos, los integrantes de la Comisión que suscribe, los hemos considerado procedentes en lo general y hemos determinado someter a la consideración del Pleno un solo punto de acuerdo para que este Congreso del Estado solicite al Congreso de la Unión, se incluya en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, el pago parcial del adeudo derivado del ``Programa Bracero'', que a la fecha el gobierno federal tiene con los trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante 1942 a 1964 en Estados Unidos de América, lo que hacemos con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En el año de 1942, fue aprobado por convenio firmado entre el Gobierno Mexicano y el Gobierno de Estados Unidos, el ``Programa Bracero'', dentro del cual se creó el `` Fondo de Ahorro Campesino `` en el que se destinaría el 10 por ciento del salario de los trabajadores braceros, con el carácter de retención, cantidad que sería depositada en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A.

Al día de hoy, después de varios años no se tiene certeza respecto al destino de esos recursos que nunca fueron entregados a dichos trabajadores una vez que ya residían nuevamente en México.

Segundo. El 16 de noviembre del año 2000, se presentó una solicitud en la H. Cámara de Diputados para crear una Comisión Especial que se encargara de investigar el destino de los fondos pertenecientes a los trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante 1942-1964 en Estados Unidos de América.

La citada comisión, en coordinación con la Secretaría de Gobernación; acordó acciones temporales para el apoyo de los braceros en tanto se daba solución definitiva a los pagos que deben hacerse a éstos, entre las que destacan:

a) Proporcionar servicios en un esquema de asistencia médica directamente al trabajador bracero y su cónyuge o viuda;

b) Instrumentar las acciones pertinentes a efecto de gestionar auxilio consular, por medio de una visa para que los braceros puedan visitar de manera temporal a sus familiares en Estados Unidos;

c) La posibilidad de asignar apoyo económico por medio de un Programa Social.

Tercero. El día 7 de abril del año 2003, se inició la recepción de información para la elaboración del padrón de mexicanos que fueron braceros dentro del periodo comprendido entre los años de 1942 1964, a fin de conocer el universo real de trabajadores y tomar las decisiones que corresponden en el ámbito de sus facultades.

La recopilación de documentos se realizaría en dos etapas: la primera, del 7 de abril al 30 de junio; la segunda, del 7 de julio al 15 de octubre del 2003, entregando al efecto formularios de manera gratuita.

Cuarto. El mencionado programa registró a un importante número representativo de ex braceros que son sujetos de ser beneficiarios del pago del referido fondo, muchos de los cuales viven en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, a la fecha no se tienen resultados definitivos respecto al número concreto de braceros a quienes corresponde pagar el fondo de ahorro, ni sobre el monto global que debe ser pagado al total los mismos.

Por lo anterior existe en nuestro Estado la expresión constante y manifiesta de inconformidad de los ex braceros potosinos que tienen derecho a este pago y que no vislumbran una solución concreta a su exigencia por parte del Gobierno Federal, mismos que nos han solicitado apoyo para obtener el beneficio a que tienen derecho.

Considerando lo anterior, nos permitimos someter a la aprobación de esta Asamblea Legislativa los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, gire respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, a fin de que:

1. Se determine antes de la conclusión del presente año 2004, en forma objetiva, completa y con certeza, el monto total a liquidar correspondiente al ``Fondo de Ahorro Campesino'' derivado del ``Programa Bracero'', así como el número e identificación de quienes hayan probado ser beneficiarios del mismo.

2. Se realicen los cálculos necesarios para dividir el monto que resulte a liquidar, en el número de pagos parciales a cubrir en forma anual conforme lo consideren factible, de manera que no desequilibre a los rubros generales del presupuesto federal.

3. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, el rubro, la cantidad liquida en pesos y la programación correspondiente para cubrir el primer pago parcial a los beneficiarios ex braceros que laboraron en Estados Unidos de América durante el periodo del 1942 a1964,

Lo anterior, en virtud de los antecedentes señalados en el cuerpo del presente, para garantizar que los potosinos que se vieron en situación de ser ``braceros'' en Estados Unidos de América, entre los años de 1942 a 1964, cuenten con el apoyo que les corresponde y al que tienen derecho.

Segundo. Se haga extensivo este acuerdo a los Congresos de las demás entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que de considerarlo procedente se sumen a la solicitud que se plantea por este medio al Congreso Federal, emitiendo similares pronuncia- mientos y enviándolos en su oportunidad a la citada instancia legislativa.

Tercero. Se haga del conocimiento del presente punto de acuerdo a la Secretaría General del Gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al C. Lic. Sergio Iván García Badillo, en su calidad de Presidente de la Organización Potosina ``Defensa Permanente de los Derechos de los Trabajadores Braceros de San Luis Potosí, A.C.'' y a los CC. Hilario Campos Turrubiartes y Julián Zúñiga Barrón, de la Unión Binacional de Trabajadores ex Braceros 1942 1967, para su conocimiento.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, a 27 de octubre 2004.--- La Comisión Especial para Asuntos de Migrantes.--- Dip. José Guadalupe Rivera Rivera, Presidente; Dip. Graciela Rojas Palacios, Vicepresidenta; Dip. Jesús Enedino Martínez García, secretario; Dip. Pedro Carlos Colunga González, vocal; Dip. Pascual Martínez Martínez, vocal.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió Acuerdo del Congreso del estado de Colima, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar la creación de un ramo presupuestal para 2005, a fin de fortalecer las acciones en materia ambiental y de recursos naturales.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006.--- H. Congreso del Estado de Colima.--- LIV Legislatura.

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Xicotencatl No. 9, Col. Centro, México, DF.

En sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de octubre del presente año, los diputados integrantes de la LIV Legislatura estatal aprobaron un punto de acuerdo, presentado por el diputado Jubal Ayala Jiménez, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, cuyo resolutivo señala:

``Unico. Se exhorta a la Cámara Federal de Diputados apruebe la creación de un ramo presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2005 de manera que se fortalezcan las acciones de los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia ambiental y recursos naturales enfocados a los siguientes aspectos:

I. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de sitios de disposición final de residuos sólidos.

II. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de las plantas de tratamientos de aguas negras.

Lo que comunicamos a usted en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, anexándole al presente oficio, copia del punto acuerdo correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, 21 de octubre de 2004.--- Francisco Palacios Tapia, diputado secretario; Ferdinando E. Martínez Valencia, diputado secretario.»

«Escudo.--- LIV Legislatura.--- 2003-2006.--- H. Congreso del Estado de Colima.

Con fundamento en los artículos 22 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de la LIV Legislatura del honorable Congreso del estado de Colima, presenta a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Considerando

1. Que los estados, el Distrito Federal y los municipios requieren recursos presupuestales para poder enfrentar los efectos surgidos del proceso de descentralización surgidos desde la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1996 hasta la recién publicación de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, pasando por la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los convenios en materia de aguas nacionales y desarrollo rural sustentable;

2. Que la tendencia en materia ambiental es fortalecer a diversos programas especiales, tales como: las cruzadas nacionales sobre México limpio y de bosques y agua, los ordenamientos ecológicos, la infraestructura hidroagrícola y de agua potable y alcantarillado, el saneamiento de áreas urbanas y rurales, la inspección y vigilancia por violaciones a las leyes ambientales, el fomento a la instalación de confinamientos para residuos peligrosos y el fortalecimiento del sector forestal y de las áreas naturales protegidas;

3. Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario la creación de un ramo presupuestal que se otorgue a las entidades federativas conforme los siguientes justificantes:

a. En materia ambiental y de recursos naturales la experiencia legislativa desde la década de los ochenta ha significado una política cada vez más descentralizadora en estos ámbitos, sin que se tome en cuenta la asignación de recursos presupuestales para que las entidades federativas puedan llevar a cabo sus funciones en beneficio del ambiente y los recursos naturales;

b. En virtud que desde el año 1996 se han venido descentralizando funciones federales a las entidades federativas, producto de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la creación de la Ley General de Vida Silvestre, en los presupuestos aprobados a partir de este año no ha sido considerada la asignación de montos presupuestales para apoyarlas tal y como lo han sido casos análogos en materia de educación, salud, desarrollo social y la aprobación de ramos presupuestales para atender en específico estas acciones;

c. En el año 2003 han sido aprobadas la Ley General para del Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, sin pasar por alto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, mismas que de una forma u otra están otorgando facultades a las entidades federativas que antes estaban asignadas a la Federación pero que, sin embargo, no se traducen en asignaciones presupuestales para que éstas puedan enfrentar sus nuevas responsabilidades para el logro de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente.

d. Que por disposición constitucional, los municipios tienen a su cargo, entre otras funciones y servicios, el tratamiento y disposición tanto de las aguas residuales como de los residuos sólidos. Sin embargo, este mandato constitucional no se observa por la incapacidad económica de los ayuntamientos y, en consecuencia, de acuerdo con cifras oficiales, cerca del 95 por ciento de las aguas residuales en el país no son tratadas, generando grave contaminación en ríos, lagos, mantos freáticos. En lo que toca a los residuos sólidos la situación es idéntica. Esta realidad también se ve reflejada gravemente en nuestra entidad.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Cámara Federal de Diputados apruebe la creación de un ramo presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2005 de manera que se fortalezcan las acciones de los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia ambiental y recursos naturales enfocadas a los siguientes aspectos:

I. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de sitios de disposición final de residuos sólidos.

II. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de las plantas de tratamientos de aguas negras.

Atentamente.

Colima, Colima, a 21 de octubre de 2004.--- Dip. Jubal Ayala Jiménez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 establezca los recursos necesarios y suficientes destinados a la conclusión de la primera etapa de las obras de ampliación a cuatro carriles de la autopista Manzanillo-Guadalajara, en los tramos 128+000 a 69+500.''

Atentamente

México, DF, a 28 octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretario de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta con el debido respeto a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a fin de que al analizar la partida presupuestal asignada para el ejercicio 2005, para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se considere lo expuesto en este documento con el propósito de que sea adecuado y cumpla plenamente su función histórica.

Se anexa fotocopia de la propuesta con punto de acuerdo aprobada.

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles, Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretario de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una partida presupuestal destinada a la ampliación de la carretera Campeche-Mérida.

Atentamente.

México, DF, a 4 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE COMPENSACION PARA LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió acuerdo del Congreso del estado de Tabasco, en adhesión a los de diversos Congresos, sobre la creación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del periodo 1942-1964.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 26 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF

El día 6 del actual, la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislativa del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprobó un dictamen, de punto de acuerdo, cuyos resolutivos a la letra expresan:

Primero.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso de Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere a las resoluciones presentadas por los Congresos de los estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro; mediante las cuales se presentó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, como un reclamo de justicia social, moral y económica a aquellos y que no han sido retribuidos con ese fondo de ahorro, donde la mayoría es gente de edad avanzada, careciendo de toda ayuda y olvidados como las personas que dieron su fuerza de trabajo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Segundo.- Se gira atento exhorto al Honorable Congreso de la Unión, para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex braceros del Período 1942-1964.

Tercero.- Mediante oficios envíese copia de este acuerdo a los congresos del resto de las entidades federativas, así como de la Asamblea Legislativa del DF, comunicándoles nuestra resolución.

Al respecto y de acuerdo con lo establecido en el punto segundo y en el transitorio único de dicha resolución, se le remite copia de ésta, para los efectos jurídicos conducentes.

Sin otro particular, reciban de esta Legislatura estatal un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, octubre 12 de 2004.--- Mtro. Joel Alberto García González (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

La Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y

Considerando

Primero.- Que se ha convertido en tradición que México contribuya con mano de obra en la economía de Estados Unidos. Que es irrefutable y pública la existencia de un número considerable de ciudadanos, principalmente de tipo rural, que emigraron a Estados Unidos de América, en busca de mejores expectativas y calidad de vida para sí mismos y sus familias.

Segundo.- Que en este contexto, el 4 de agosto de 1942 se firmó el Convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas, en el que se establece la creación del fondo de retención del 10% de los salarios que percibían los trabajadores en Estados Unidos, mismo que se depositaron vía Wells & Fargo, transfiriéndose al Banco de México y éste, a su vez, al Banco de Crédito Agrícola, SA, y al Banco del Ahorro Nacional, con la intención de entregarlo al trabajador bracero a su regreso a México. Así, le sería entregado un cheque certificado a su nombre, correspondiente a los fondos de ahorro que le hubieran sido retenidos.

Tercero.- Que el convenio binacional duró hasta 1964, aunque posteriormente se siguió laborando hasta 1966. Otro hecho importante es que se fusionara el Banco Nacional de Crédito Agrícola al Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural (Banrural), con fecha del 12 de julio de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto.- Que a raíz de esto, el 16 de noviembre de 2000, en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se presentó una propuesta de punto de acuerdo para que se investigara el paradero de los fondos aportados por los braceros mexicanos. Siendo aprobada el 17 de abril de 2001 en el Pleno de la Cámara de Diputados, la creación de la ``Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos apartados por los trabajadores Mexicanos Braceros'', integrada por 18 diputados.

Quinto.- Que en virtud de que fueron procesadas dos toneladas de papeles en las dependencias que estuvieron involucradas en el convenio binacional y, posteriormente, con el terremoto de 1985, prácticamente los ex trabajadores braceros quedaron en estado de indefensión, al no encontrarse documentación que amparara tales transferencias; sin embargo, miles de ex braceros aún tienen en su poder las copias de sus contratos, credenciales y documentos que comprueban que ellos trabajaron en Estados Unidos bajo el convenio binacional.

Sexto.- Que se ha encontrado que, en las actas de su Consejo de Administración, el Banco de Crédito Agrícola consideró que ``dejan de tener efecto las disposiciones relativas a los descuentos salariales, mismos que constituían el fondo de ahorro de los trabajadores migrantes relacionados con los acuerdos''.

Séptimo.- Que reconstruir al detalle qué ocurrió con ese dinero, parece imposible a estas alturas. El informe presentado precisa que la mayoría de esos braceros nunca recibieron sus ahorros cuando regresaron a México: ``Muchos trabajadores braceros no sabían que el dinero estaba siendo deducido o no fueron informados. Otros por testimonios de familiares intentaron recobrar sus ahorros, pero su intento fue en vano, nunca pudieron recuperar sus ahorros en vida''.

Octavo.- Que se consideró que la indagación de los fondos retenidos debía circunscribirse al periodo 1942-1964. En busca de algún resarcimiento a los trabajadores que hubieran tenido depósitos en esas fechas, propusieron que el Gobierno Federal estableciera ``formulas de solución conjunta para puntualizar este problema mayúsculo''.

Noveno.- Que además de sus gestiones políticas en México, el grupo Braceroproa presentó en marzo de 2001, una querella colectiva ante la justicia estadounidense. Desafortunadamente, en agosto de 2002, el juez Charles Breyer desechó esa petición, expresando: ``No dudo que muchos de esos trabajadores no hayan recibido sus ahorros a los cuales tenían derecho. La Corte lo comprende, pero ha pasado tanto tiempo que no hay sustento para esa demanda''.

Décimo.- Que cerradas las vías legales y políticas, la organización ha logrado encabezar un movimiento batallador, afianzado en una causa noble, pero de difícil futuro. Los trabajadores que reclaman aquellos viejos depósitos, deben tener entre 70 y 80 años. Una solución de ética política, como sugiere el informe, podría aliviar las penurias de algunos de esos viejos campesinos, pero sería fundamentalmente simbólica.

Décimo Primero.- Que es un hecho la recepción de las prestaciones económicas generadas por los trabajadores migrantes y remitidas por los consulados al Gobierno Federal, a través de instituciones bancarias como Banrural, Banco Nacional de Crédito Agrícola y Banco del Ahorro Nacional, representando tales cantidades y respectivos rendimientos, sumas considerables que jamás fueron entregadas a sus beneficiarios o familiares.

Décimo Segundo.- Que hubo negligencia al no vigilar el destino de dichos fondos y por consiguiente, la confusión de su existencia actual en alguna institución bancaria, creando con ello incertidumbre, insatisfacción e irritación en los beneficiarios de tales recursos.

Décimo Tercero.- Que es un clamor general en el país y por supuesto en nuestro estado, de parte de quienes están siendo afectados por esta circunstancia, el buscar alternativas definitivas que le den respuesta a su justo reclamo de manera inmediata, clara e incuestionable.

Décimo Cuarto.- Que por tal motivo los interesados solicitaron la iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, como un reclamo de justicia social, moral y económica; además de que no han sido retribuidos en ese fondo de ahorro, donde la mayoría es gente de edad avanzada, careciendo de toda ayuda y olvidados como las personas que dieron su fuerza de trabajo a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial.

Décimo Quinto.- Que en este tenor se han pronunciado las Legislaturas de los Congresos de los estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro, apoyando la iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, que conoce el honorable Congreso de la Unión.

Décimo Sexto.- Que es facultad del Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdo legislativos que se presenten a la Legislatura, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, en términos de lo establecido por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Por lo que tomando en cuenta estas consideraciones se emite el siguiente:

Punto de Acuerdo 016

Primero.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se adhiere a las resoluciones presentadas por los Congresos de los estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro, mediante las cuales se apoya la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964, como un reclamo de justicia social, moral y económica para aquellos que no han sido retribuidos con ese fondo de ahorro, donde la mayoría es gente de edad avanzada, careciendo de toda ayuda, y olvidados como las personas que dieron su fuerza de trabajo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Segundo.- Se exhorta atentamente al honorable Congreso de la Unión, para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Período 1942-1964.

Tercero.- Mediante oficios envíese copia de este acuerdo a los Congresos del resto de las entidades federativas, así como de la Asamblea Legislativa del DF, comunicándoles nuestra resolución.

Transitorio

Único.- Se instruye al oficial mayor de este honorable Congreso para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, enviando y remitiendo copias de la misma, para su trámite y atención correspondiente.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los doce días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dr. Luis Federico Pérez Maldonado (rúbrica), Diputado Presidente; Dr. José Luis Sánchez López (rúbrica), Diputado Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Désele turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión acordó designar al doctor José Luis Soberanes Fernández para que ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un segundo periodo de cinco años, contados a partir del 16 de noviembre de 2004.

Atentamente.

México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAIS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Oficio de la Cámara de Senadores relativo a la neutralidad del país.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAIS.

UNICO: Se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

TRANSITORIO

UNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Departamento de Secretaría y Comisiones.

Año: Primero.--- Primer Periodo Ordinario.

Ramo Público.

Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

2 de septiembre.--- Año 2003.

Sección Cuarta Núm. 1.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País, presentada por la senadora Sara I. Castellanos Cortés, del PVEM.

Fojas Indice ``C'' ``N''

Registrado a Fojas de libro respectivo

«Lic. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.--- Presente.

Por este medio, hago de su conocimiento que el día 14 de mayo del presente año, presentaré ante el pleno proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Por tal motivo, agradeceré gire las instrucciones correspondientes a fin de que ese punto quede registrado dentro del orden del día y publicado en la Gaceta.

Sin más por el momento.

Atentamente.

México, DF, a 13 de mayo de 2003.--- Ciudadana. Sara I. Castellanos Cortés.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Senador Ramón Mota Sánchez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.--- Presente.

Me permito hacer de su conocimiento, que en sesión celebrada el día de hoy, la Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 14 de mayo de 2003.--- Senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LVIII Legislatura.--- Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Jorge Emilio González Martínez, Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, senadores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Conservar la Neutralidad del País, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La decisión del Gobierno mexicano de haber ingresado como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, ocasionó muchas críticas; sin embargo, esa posición le dio oportunidad a nuestro país de participar en el debate sobre la posible intervención militar en Irak, asunto de gran importancia internacional.

En nuestro país se generó un intenso debate sobre si debía apoyar o no a Estados Unidos. Se le presentó el dilema de seguir con su política tradicional pacifista o estar al lado de la posición de Estados Unidos en la guerra que pretendía iniciar contra Irak.

El pacifismo representa una doctrina y un movimiento partidario de la supresión de la guerra como medio para resolver conflictos. Para lograr que México pudiera concebirse como una nación pacifista, tuvo que identificarse también como un estado que busca la neutralidad, entendida ésta como la situación jurídica política de una nación que queda obligada a no iniciar ninguna guerra, salvo la defensiva. Por ello surge en 1939 la Ley para Conservar la Neutralidad del País, promovida por el presidente Lázaro Cárdenas y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de ese año.

Lo que motivo la creación de esta ley fue la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la neutralidad estaba definida por la posición se asumía en torno a los llamados países Aliados o del Eje.

En la guerra de Irak, nuestro país tenía que definir su apoyo hacia Estados Unidos, que solicitaba la intervención militar hacia Irak bajo el supuesto de que existían armas biológicas o de destrucción masiva. El apoyo a Estados Unidos podría haber significado el olvido del carácter pacifista de México. La coyuntura favoreció a México, en tanto que la resolución sobre la posición del Consejo de Seguridad en torno al caso de Irak, no se presentó y no fue votada.

No obstante, aunque no se apoyó a Estados Unidos la neutralidad de nuestro país quedó en entredicho, desde que nuestro país ingreso como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

México logró resguardar su posición como país pacifista en la guerra de Estados Unidos en contra de Irak, aún a pesar de la posible presión que ejercería nuestro vecino país del norte en materia comercial o migratoria.

Nuestro país manifestó un respecto irrestricto ala solución pacífica de las controversias, al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a la no intervención. Este último principio, fue importante en particular, toda vez que implicó que México respetará ante todo y sobre cualquier situación la soberanía de los estados, lo que no interfiere con la fijación de una posición con respecto a su comportamiento positivo o negativo frente al escenario mundial.

Históricamente, nuestro país ha mantenido su política de neutralidad; aunque hubo algunas ocasiones, como en la Segunda Guerra Mundial, que se ha visto obligado a asumir posiciones beligerantes, derivado de la falta de respeto de la misma. El 1º de junio de 1942, hubo necesidad de cambiar la posición neutral en la Segunda Guerra Mundial y declarar la guerra a las potencias del Eje: Italia, Alemania y Japón, cuando en el mes de mayo de ese año, submarinos alemanes torpedearon y hundieron el día 14 el buque tanque Potrero del Llano y el día 22, el barco petrolero Faja de Oro. Ante tal ataque, Manuel Avila Camacho, presidente de México, no podía aventurarse a actuar sin primero consultar a este Congreso que tuvo necesidad de aprobar la declaración de guerra propuesta por el Primer Mandatario, por lo que nuestra nación, que hasta ese entonces había sido un país amistoso, entra al conflicto el 1º de junio.

La posición de México en ese momento estuvo determinada por la idea de que un Estado neutral puede defender dicha característica, incluso utilizando la fuerza.

Actualmente no existe una correspondencia entre esta ley de 1939, formalmente vigente, y la realidad internacional; aunque hay que destacar que el precepto constitucional que establece los principios de política exterior sigue siendo una parte fundamental de nuestra política exterior y por lo tanto, sigue siendo funcional.

Es necesario valorar el carácter neutral de México al mismo nivel que su distinción pacifista; hay que recordar que México se ha manifestado a lo largo de su historia como un estado pacifista, más que neutral, puesto que la calidad de neutral implica actualmente cumplir con compromisos en materia humanitaria, que muchas veces, México no ha estado en condiciones de solventar.

Como Estado neutral debemos impedir a los beligerantes que hagan uso de nuestro territorio, que incluye a las aguas, mar territorial y el espacio aéreo, así como nuestros recursos militares.

La neutralidad no significa que México tenga que cerrarse completamente, ya que los estados neutrales, pueden o no permitir la entrada a aquellos buques beligerantes, cuando éstos atraviesen por una ruta de tráfico internacional. De igual forma podrían permitir el abastecimiento de combustibles de buques de guerra beligerantes, con una actitud no discriminatoria e imparcial.

La nación y el derecho sobre la neutralidad son considerados como un gran avance en el orden internacional. Existe todo un sustento jurídico internacional que legitima a la neutralidad.

La Primera Convención Internacional sobre Neutralidad fue realizada en 1856 y en ella se establecieron acuerdos que permitieron distinguir claramente entre los estados beligerantes en una guerra y los ajenos al conflicto. La segunda Conferencia de la Paz, de La Haya en 1907, aprobó por primera vez los derechos y obligaciones de los países neutrales. En 1928 se aprobaron en la Convención de La Habana los acuerdos sobre neutralidad marítima.

En 1930 se firmó la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas Americanas, y las 4 convenciones de Ginebra, en 1949.

De la definición de neutralidad y las normas que la rigen se derivan compromisos entre los intereses de los estados beligerantes y de los que han decidido permanecer fuera de la contienda bélica.

Entre las obligaciones de los neutrales respecto de los beligerantes se cuentan:

Deberes de abstención: que prohíben brindar apoyo militar, público o privado, así como transmitir información a través de los órganos estatales, a uno o varios beligerantes.

Deberes de impedimento: que comprenden el de impedir en su jurisdicción, toda acción de guerra o que guarden relación con la guerra, tanto de origen estatal como privada.

Deberes generales de imparcialidad: que obliga a los estados neutrales a tratar de manera igual a los beligerantes.

A la inversa, entre las obligaciones de los estados beligerantes respecto a los neutrales sobresalen dos:

Primero: El deber de tratar a los neutrales de acuerdo con su imparcialidad. Lo que impide cualquier violación del territorio neutral.

En segundo lugar, el deber de los estados beligerantes de no impedir, cuestionar o castigar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los neutrales y el enemigo.

Por nuestra propia conveniencia, nuestro país debe seguir definiéndose además de pacifista como neutral, tomando en consideración nuestros principios, intereses y soberanía nacional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos del 1º al 4º y se adicionan los artículos 5º, 6º y 7º de la

Ley para Conservar la Neutralidad del País

Artículo 1°. No serán admitidos, ni podrán permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanas, los submarinos y portaaviones u otros barcos de guerra de países que participen en un conflicto arenado.

Artículo 2°. No será admitido, ni podrá permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanas, ningún tipo de barco destinado, armado o equipado para guerra de corso.

Artículo 3°. No será admitido sobre territorio mexicano, ni podrá permanecer en el mismo, ni sobrevolar los límites aéreos o sobre las aguas territoriales, ninguna nave aérea militar de cualquier país que se encuentre en conflicto armado.

Artículo 4°. No se permitirá que los aviones, ni ningún vehículo aéreo, que se encuentre a bordo de barcos o portaaviones se separen de los mismos. Salvo que con autorización del Gobierno Mexicano dichos barcos o portaaviones tengan la necesidad de estar en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanas con la finalidad exclusiva de cargar combustible para llegar al puerto más cercano de su país.

Artículo 5°. Para evitar el tránsito de armas de cualquier calibre o algún otro armamento, como lo son las armas químicas o biológicas de destrucción masiva, por el territorio nacional, se mantendrá un control más estricto en las fronteras del país para evitarlo; para ello se podrá realizar una minuciosa de transportes y personas que se internen en el país.

Artículo 6°. Sólo en caso de agresiones y para evitar ataques en su territorio, México contestará con los recursos que tiene, Fuerzas Armadas, Marina Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, de manera inmediata a las provocaciones que se presenten en el territorio nacional. Nuestra neutralidad podrá ser salvaguardada incluso utilizando la fuerza militar.

Artículo 7°. Corresponderá a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias o en el contexto de las instancias de coordinación y colaboración que establezcan las leyes aplicables, proveer al estricto y puntual cumplimiento de esta ley y los ordenamientos que de ella deriven.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de mayo de 2003.--- Senadora Sara I. Castellanos Cortés.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Defensa.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 al 23 de noviembre de 2004, para participar en la XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por celebrarse en Santiago de Chile, y para realizar una visita de Estado a la República de Ecuador.

Atentamente.

México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 al 23 de noviembre de 2004, para participar en la XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a celebrarse en Santiago de Chile y para realizar una visita de Estado a la República del Ecuador.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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DIA NACIONAL DEL BRACERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-882, suscrito el 28 de septiembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UCAI/4647/04, signado el 14 del actual por el C. José Manuel Bulás Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional del Bracero, para conmemorarse el 29 de septiembre de cada año, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento y apoyo a la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

C. Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaria de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, me permito hacer referencia a su oficio No. SEL/300/3491/04 mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados a fin de instaurar el "Día Nacional del Bracero" a, ser conmemorado el 29 de septiembre de cada año.

Al respecto deseo destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presta especial atención a los exhortos del Poder Legislativo y que, cuando le corresponden acciones directas, los atiende de manera puntual.

En el caso que nos ocupa, a la fecha esta dependencia del Ejecutivo no incide en aspectos relacionados con la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero; no obstante me permito expresar a usted la disposición del señor Secretario y de los funcionarios de esta Secretaria para, en su oportunidad, brindar apoyo al reconocimiento y labor que desempeñan dichos trabajadores.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- José Manuel Bulás Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación y al promovente para su conocimiento.

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dia nacional de las personas zurdas

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-698, suscrito el 23 de septiembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 3.4615/2004, signado el 20 del actual por el C. doctor Javier Laynez Potisek, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta al Presidente de la República a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como medida tendente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo, así como a instaurar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal que tiendan a promover dicha cultura.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/3430/04 por el que remite a esta dependencia para los fines que se estimen procedentes, copia simple del oficio suscrito por los ciudadanos. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y Secretario respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión y mediante el cual comunican al titular de esa Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por dicho órgano legislativo, a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, así como para instrumentar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal que tiendan a promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo. Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:

l. De conformidad con lo previsto por el artículo 43, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Consejería Jurídico del Ejecutivo federal le corresponde revisar los instrumentos jurídicos que se someterán a consideración y, en su caso, firma del ciudadano Presidente de la República.

Lo anterior supone que dichos instrumentos jurídicos son previamente elaborados y, en su caso, validados por los titulares de las unidades jurídicas de las dependencias a cuyo ámbito de competencia corresponde el asunto. Concluida lo anterior, las propias unidades jurídicas nos remiten, las versiones definitivas de los proyectos debidamente refrendados por los secretarios de Estado correspondientes, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del titular del Ejecutivo federal.

2. Por otro parte, el dictamen del órgano legislativo contiene, entre otras consideraciones, las relativas a la discriminación de que son objeto las personas zurdas por razones de su lateralidad. En esa virtud, se sugiere que el asunto de referencia sea turnado a los representantes del Poder Ejecutivo federal que integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de que en esa instancia se considere lo planteado por la Cámara de Diputados.

Lo anterior en virtud de que el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece como objeto del consejo llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

No obstante todo lo anterior, esta Consejería Jurídica se reitera a sus órdenes para realizar, en su momento, las acciones que sean de su competencia en el caso que se decida expedir un instrumento de carácter presidencial.

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Dr. Javier Laynez Potisek (rúbrica), consejero adjunto.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

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estado de quintana roo

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-697, signado el 23 de septiembre del año en curso, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGPA/DGVS/10596, suscrito el 15 del actual por el C. Ariel Rojo Curiel, director de Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa dependencia a tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la comunidad coralina conocida como ``Los Jardines'', e informar puntualmente las medidas tomadas para lograr su protección, asimismo, a que revise los procedimientos por los cuales se autorizó la construcción del muelle de mediano calado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

Se recibió en ésta a mi cargo el documento en el que se relata el punto de acuerdo en el que la H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la comunidad coralina conocida como "Los Jardines", en Playa del Carmen, Quintana Roo..", así como revisar los procedimientos por los cuales se autorizó la construcción del muelle considerando las consecuencias jurídicas de violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum.

Sobre el particular, se tiene conocimiento de que el área de Playa del Carmen, Quintana Roo ha sido poco estudiada, se considera que el arrecife "Los Jardines" abarca aproximadamente 1.90. hectáreas, y se compone de 2 zonas, una con una comunidad arrecifal más desarrollada, en donde su zona más próxima al muelle está a unos 70 mts de distancia. En ésta se asienta una abundante comunidad de corales blandos, conocidos también como gorgonáceos, mientras que los corales duros son reducidos y no llegan a formar una cordillera arrecifal, se estima que se trata de una comunidad coralina en proceso de recuperación de un fenómeno catastrófico. En esta área las colonias de coral más grandes y numerosas están formadas de coral blando en el que predomina la especie Plexaura homomalla, la cual se encuentra sujeta a protección especial en la NOM-059-Semarnat-2001. La Dirección General de Vida Silvestre interviene en la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental con especial atención a los impactos que puedan ocurrir en las especies que se encuentran, protegidas en la NOM-059-Semarnat-2001 y sus hábitat cuando así se le solicita.

Se conoce que la vigencia de la autorización para la construcción de las obras del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo venció, por lo que se extinguió de pleno derecho el acto administrativo, donde el promovente se encuentra imposibilitado, en materia de impacto ambiental, para continuar con las obras. Así que el status que guarda el proyecto es que el promovente deberá obtener la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental para las obras y actividades que faltan por construir, esto implica un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde esta Dirección General de Vida Silvestre participará en el análisis de las posibles afectaciones que puedan ocurrir en la flora y fauna de la región en particular a la comunidad coralina denominada "Arrecife Jardines" y con ello garantizar su conservación y aprovechamiento sustentable.

Finalmente, se sugiere que se realicen trabajos para generar conocimientos sobre composición, estructura y funcionamiento de la comunidad arrecifal "Los Jardines" para establecer los procedimientos de conservación y de ser necesarios instrumentos normativos basados en información científica robusta. También es importante considerar se realicen convenios o consultas con centros de investigación y aquellas entidades gubernamentales con atribución para estas actividades. Entre las instancias que se pueden consultar para conducir estos trabajos, se encuentra el Consejo Consultivo Científico y Técnico de Arrecifes Coralinos (COCITAC) coordinado por la ciudadano. Amaya Bernárdez de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas con teléfono 5949 6300 Ext. 17003.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México DF, a 15 de octubre de 2004.--- Ciudadano Ariel Rojo Curiel (rúbrica), en ausencia del director general conforme al artículo 154 del Reglamento Interior de la Semarnat, firma en el presente el director de Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

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instituto mexicano del seguro social

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico del Instituto, en acuerdo 200/2002, del 17 de abril de 2002, estableció los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible se den a conocer la composición y situación financiera de las inversiones de este organismo y se remita trimestralmente al honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 268, fracciones II y XI, de la Ley del Seguro Social, me es grato acompañar un ejemplar conteniendo la información antes citada, correspondiente al tercer trimestre de 2004, en el que se incluyen fundamentalmente la posición de los recursos financieros en inversión al cierre del mismo, los montos promedio, la estructura del portafolio y los rendimientos obtenidos.

Con los resultados alcanzados en el periodo de que se informa se cumplen satisfactoriamente los objetivos y las metas institucionales fijados por el Consejo Técnico para este proceso, situación que se ha mantenido de esa forma durante los últimos ejercicios, debido a la eficiencia en la administración de la inversión de los recursos financieros institucionales, en la cual se ha contado con las valiosas aportaciones de los miembros de la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto, integrada en forma tripartita por representantes del sector obrero y del sector patronal ante el H. Consejo Técnico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular del Órgano Interno de Control en el IMSS, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionarios del propio Instituto.

Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo.

México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- Santiago Levy (rúbrica).»

«Escudo.--- Instituto Mexicano del Seguro Social.--- Seguridad y Solidaridad Social.

Informe Trimestral sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto

México, DF, julio-septiembre de 2004.

Contenido

Introducción

Comisión de Inversiones Financieras

I Composición y situación financiera de las inversiones institucionales:

a) Posición financiera de los recursos en inversión, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

b) Montos promedio de inversión julio, agosto y septiembre de 2004;

c) Rendimientos nominales devengados del portafolio julio, agosto, septiembre y acumulado 2004;

d) Acumulación de las Reservas Financieras y Actuariales y del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual 1997-sep/2004;

e) Evolución de las Reservas Financieras y del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual ene/1996- sep/2004;

f) Estructura del portafolio por tipo de instrumento, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

g) Inversiones en valores corporativos por sector de la economía, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

h) Inflación mensual enero 2002-septiembre 2004;

i) Tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) en el mercado secundario, abril a septiembre de 2004;

j) Tasas de interés, monto acumulado de los rendimientos devengados y cumplimiento de las metas de inversión, enero a septiembre de 2004;

k) Valor en Riesgo por cartera y total del portafolio, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

l) Valor en Riesgo de octubre 2003 a septiembre 2004;

m) Sensibilidad del portafolio ante movimientos en las tasas de interés, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004;

n) Promedio ponderado de los días por vencer del portafolio (Duración Macaulay), de octubre 2003 a septiembre 2004;

II Control de Operaciones, resumen de asignaciones y transaccionalidad

INTRODUCCION

El 20 de diciembre de 2001 se promulgaron reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, impulsadas por el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada y aprobadas por el H. Congreso de la Unión.

Entre los frutos significativos de dichas reformas se encuentra el dar mayor transparencia a la constitución y al manejo de las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, los artículos 286 C y 73 B, fracción VII, de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, ordenan que en forma periódica, oportuna y accesible se dé a conocer al público en general la composición y la situación financiera de las inversiones del Instituto y que esta información se remita trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al honorable Congreso de la Unión.

Los dispositivos para alcanzar esta finalidad fueron precisados, conforme lo ordena la ley, por el Consejo Técnico del Instituto. En este documento se presenta el informe correspondiente al lapso julio-septiembre de 2004 y constituye el decimoprimero de los reportes que sobre la materia rinde el IMSS de manera trimestral.

La ley prevé que para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga el IMSS, derivadas del pago de beneficios y de la prestación de servicios, deberá constituir y contabilizar por ramo de seguro la provisión y el respaldo financiero de reservas, con metas anuales de fondeo fijadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Establece también que los recursos afectos a estas reservas no forman parte del patrimonio del Instituto, sino recursos a favor de sus derechohabientes, y que sólo se podrá disponer de ellos para cumplir los fines previstos en la Ley del Seguro Social y para garantizar la viabilidad financiera del IMSS en el largo plazo.

Conforme a la ley, el Instituto constituyó 4 tipos de reservas:

I. Reservas Operativas;

II. Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento;

III. Reservas Financieras y Actuariales y

IV. Reserva General Financiera y Actuarial.

Por otra parte y separado de las reservas, se crea un Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual. Dicho Fondo tiene como propósito contar progresivamente con mayores recursos para hacer frente a los pasivos laborales del Instituto.

Finalmente, cabe apuntar que a partir de la entrada en vigor de la Ley se fortaleció la Dirección de Inversiones Financieras del Instituto, que conforme con el artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, es el órgano especializado que se encarga de la administración financiera de la inversión de los recursos institucionales, aplicando mecanismos que permiten obtener el mayor rendimiento posible, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento y liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional.

COMISION DE INVERSIONES FINANCIERAS

I. Antecedentes

En marzo de 1999, el Consejo Técnico mediante acuerdo 141/99 aprobó el mecanismo de protección patrimonial consistente en:

Expedición por decreto presidencial del ``Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros. IMSS'' NORMA

Creación de la Comisión de Inversiones Financieras. Dirección tripartita

Creación de la Unidad de Inversiones Financieras ENTIDAD EJECUTORA

En octubre de 1999, se expide por decreto presidencial, el ``Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social'', el cual establece las normas para la administración e inversión de los recursos del IMSS, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la suficiencia financiera del mismo.

En el capítulo II ``De los órganos especializados de inversión'' de dicho reglamento, se establecen las facultades y la integración de la Comisión de Inversiones Financieras (CIF), así como aspectos relativos a las sesiones, obligaciones y requisitos del presidente y facultades del secretario técnico.

Por lo anterior, la CIF es la única comisión del Consejo Técnico cuyo funcionamiento se encuentra estipulado por reglamento emitido por el Ejecutivo Federal.

II. Atribuciones e integración

De conformidad con el artículo 3º del reglamento en la materia, la CIF es el órgano del Consejo Técnico facultado para proponer a este último las políticas y directrices de inversión, así como para evaluar y supervisar su aplicación.

Asimismo, en dicho numeral se definen las facultades y obligaciones de la misma:

Evalúa y emite opinión al Consejo Técnico, respecto a:

- Políticas y directrices de inversión, uso y dispersión de las reservas

- Documentos normativos para las inversiones institucionales

- Riesgos financieros de inversión

- Instituciones del sistema financiero, en cuanto al perfil de riesgo y rendimiento

- Estudios financieros para llevar a cabo inversiones en acciones de sociedades o empresas cuyo objeto social sea complementario o afín del propio Instituto

- Determina las operaciones de inversión, las expectativas de tasas de interés y la calificación de la contraparte y del emisor

Analiza y dictamina montos a invertir, intermediarios financieros, tipos y mecanismos de inversión y de financiamiento institucional

Da seguimiento a los acuerdos dictados por el Consejo Técnico, en materia de inversiones

Rinde informes de inversión al Consejo Técnico y a la Comisión de Vigilancia del IMSS

El artículo 4º del reglamento define la siguiente estructura para la CIF:

III. Funcionamiento

La CIF fue instalada formalmente por el Director General del IMSS el 12 de noviembre de 1999, asimismo en esta sesión fueron aprobados los trabajos y acuerdos de las 20 reuniones semanales que se celebraron con el carácter de preparatorio, a fin de dar continuidad a las acciones de inversión que por sus características técnicas y su dinámica no era posible interrumpir.

Previa convocatoria, la CIF se reúne semanalmente de acuerdo al calendario anual aprobado por la misma. En cada sesión ordinaria se presenta una carpeta de trabajo integrada por los siguientes apartados en los cuales se tratan los siguientes temas; mismos que son analizados y comentados ampliamente durante la sesión:

- Seguimiento de acuerdos. Se informa acerca del estado que guardan los acuerdos tomados.

- Reporte de inversión semanal. Se describe en forma pormenorizada las operaciones de inversión efectuadas durante la semana que se informa, la posición cada una de las reservas y del fondo laboral, la acumulación de rendimientos devengados, así como gráficos del comportamiento de las inversiones respecto a parámetros del mercado y metas.

- Evaluación del riesgo. Se rinden informes acerca de la medición del riesgo de mercado y de crédito de las operaciones de inversión y se presenta el monitoreo de los montos invertidos en valores corporativos y su calidad crediticia, evaluando el cumplimiento de los límites establecidos en la normatividad.

- Evaluación de la operación. Se presenta el comportamiento de los ingresos y gastos de las inversiones en dólares, se informan los montos liquidados de las operaciones de inversión, el reporte transaccional de las operaciones efectuadas, de asignación de títulos, así como los horarios de inversión, asignación y liberación, por intermediario y por reserva; muestra el seguimiento del programa de dispersión de fondos de egresos y comparativos de los saldos de las reservas y del fondo laboral, de la semana que se informa.

- Análisis del entorno económico y de las expectativas del mercado financiero. Se comentan los aspectos más relevantes ocurridos en la semana relativos a la economía de Estados Unidos, el desempeño del mercado petrolero, del mercado cambiario y el entorno doméstico, así como la volatilidad en el mercado de deuda tanto para los valores gubernamentales como para el papel bancario a un día, con el fin de aportar elementos para revisar las estrategias de inversión proponen.

- Estrategias de inversión. Se someten a consideración de la CIF los lineamientos que respaldan la estrategia semanal de inversión en los términos de la normatividad vigente, señalando los plazos, el tipo de instrumento en los que se realizan las inversiones y los límites de operación autorizados.

- Asuntos generales. Se incluyen ternas adicionales que requieren ser sometidos a consideración de la CIF.

De cada sesión se levanta una minuta en la que se detallan los puntos de acuerdo que se toman.

De noviembre de 1999 a septiembre de 2004, la CIF ha celebrado 221 sesiones, 214 ordinarias y 7 especiales, en las cuales se le han emitido en total 1433 acuerdos. La distribución por terna se presenta en el siguiente cuadro:

La posición al cierre del 3er. trimestre de 2004, ascendió a 68 mil 366 millones de pesos (mdp), cifra superior en 4 mil 889 mdp respecto del cierre del segundo trimestre de 2004 (6,477 mdp) que representa el 7.70 por ciento de incremento.

Con base en lo dispuesto en el artículo 283, párrafo tercero de la Ley del Seguro Social, se reintegraron a la Reserva de Operación para Contingencia y Financiamiento 30.9, 35.2 y 33.7 mdp en julio, agosto y septiembre, respectivamente, por concepto de costos financieros.

De conformidad con las modificaciones al Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas 2004 autorizadas por el Consejo Técnico en Acuerdos 220/2004 y 274/2004, con oficios 1067 del 29 de julio, 1388 del 26 de agosto y 1660 del 29 de septiembre, la Dirección de Planeación y Finanzas solicitó los siguientes traspasos de 195, 126 y 176 los días 30 de julio, agosto y septiembre del presente año, respectivamente.

(4) Incluye inversión promedio en mdd: 47.1 julio , 42.8 agosto y 39.6 en septiembre

(5) Incluye inversión promedio en mdd: 119.0 julio, 132.3 agosto y 94.1 en septiembre

(6) Incluye inversión promedio en mdd: 111.2 julio, 119.4 agosto y 75.0 en septiembre

(7) Incluye de enero a septiembre de 2004, enviados al Consejo Técnico del IMSS

i) Tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) en el mercado secundario, enero a septiembre de 2004.

Reservas Operativas, de Operación para Contingencias y Financiamiento y General Financiera y Actuarial. La tasa nominal anualizada observada por el Instituto fue de 6.54 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2004, comparada contra la tasa de rendimiento de CETES a 28 días en el mercado secundario (6.49 por ciento), que es la meta de rendimiento, resulta superior la alcanzada por el Instituto en 5 puntos base.

En las tasas de interés obtenidas en las diferentes carteras del Instituto, durante el periodo de enero a septiembre de 2004 intervinieron tres factores. El primero, se relaciona con el comportamiento cíclico del valor de las Unidades de Inversión (UDIS) que se emplean en el cálculo del rendimiento de los instrumentos de tasa real y que fue favorable en el periodo de julio a septiembre. El segundo, se relaciona con el alza pronunciada de tasas de interés sobre todo en el plazo de 182 días. El tercero, se refiere al cumplimiento del inciso a) del acuerdo 9197/04 y del acuerdo 7198/04 de la Comisión de Inversiones Financieras para la adquisición de una importante posición en dólares que al cierre de septiembre del presente año ascendió a 205 millones de dólares, ante la perspectiva de una alza en el tipo de cambio al final del ejercicio.

Redistribución del portafolio de inversión.

La Comisión de Inversiones Financieras considerando los portafolios nocionales, los horizontes de inversión y los demás criterios de inversión autorizados por el H. Consejo Técnico, mediante acuerdo 6207/04 autorizó la redistribución de los instrumentos de tasa real de las Reservas Financieras y Actuariales hacia el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, por lo que el 31 de julio se transfirieron los instrumentos de inversión de tasa real que se encontraban en las carteras de las Reservas Financieras y Actuariales al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual por 3,184.7 millones de pesos y se transfirieron recursos líquidos por el mismo importe del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual a las Reservas Financieras y Actuariales, con el propósito de mejorar la alineación de la estructura de estas últimas y del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual de acuerdo a la integración de los portafolios nocionales, lo que acortará la duración dentro de los horizontes autorizados de las Reservas Financieras y Actuariales y reducirá la volatilidad del retorno versus los objetivos de rendimiento.

Con lo anterior se da cumplimiento al tercer punto y al inciso e) del primer punto del acuerdo 305/2004 del H. Consejo Técnico, referentes que la Dirección de Inversiones Financieras continúe con revisión de las recomendaciones que contiene el reporte de Criterios de Inversión de las Reservas del IMSS y en cuyo caso se lleven a cabo las medidas que sean necesarias para su implementación y al efectuar el rebalanceo de las Reservas Financieras y Actua- riales. Respectivamente.

(16) Respecto al valor de mercado del portafolio total.

m) Sensibilidad del portafolio ante movimientos en las tasas de interés, al cierre de julio, agosto y septiembre de 2004

La sensibilidad es otra medida para monitorear el riesgo financiero, ya que a través de la duración modificada se mide la sensibilidad del portafolio de inversión, es decir, si las tasas de interés se movieran 100 pinitos base en cualquier sentido, el portafolio únicamente variaría en su valor de mercado 0.505 por ciento al 30 de julio. 0.476 por ciento al 31 agosto y 0.516 por ciento al 30 de septiembre, lo que significa que el riesgo ante las fluctuaciones de tasas de interés, es muy bajo lo que confirma la estrategia de inversión prudencial adoptada por el IMSS.

II. Control de operaciones, resumen de asignaciones y transaccionalidad.

En relación al control de las operaciones de inversión, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2004, se administraron en promedio 1,416 asignaciones (títulos) las cuales se mantuvieron y/o mantienen en el INDEVAL hasta su vencimiento, en la cuenta del custodio del Instituto, lo que significa mayor seguridad y transparencia en el manejo de sus recursos financieros en inversión.

Por lo que hace a la transaccionalidad (volumen de los recursos financieros administrados) durante el trimestre de análisis, ascendió a un monto promedio de 555 mil 117 millones de pesos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

Procederemos a desahogar iniciativas de ciudadanos diputados.

A fin de estar en condiciones de escuchar a todos y cada uno de ellos en sus intervenciones con toda atención y al término de esta entrevista que se está llevando a cabo, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a que ocupen sus lugares asignados para poder cumplir nosotros con nuestro trabajo legislativo y ellos con su labor tan importante de carácter informativo.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor Presidente.

En la Ley General de Salud se faculta a la Secretaría de Salud para autorizar la publicidad de los productos y servicios a que se refiere la propia ley, entre los que se encuentran las bebidas alcohólicas y los tabacos, para los cuales se señalan mandatos y requisitos especiales.

Tales requisitos, indicados en los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, de manera inexplicable no son uniformes para ambos tipos de productos, ya que son más amplios para el tabaco que para las bebidas alcohólicas, en tanto está demostrado, estadística, sanitaria y técnicamente, que estas últimas causan mayores afectaciones a la salud y a los entornos laboral, económico, financiero, familiar, de seguridad pública y muchos otros más de la sociedad mexicana que el tabaco.

En efecto, al consumo de bebidas alcohólicas, según datos de la Secretaría de Salud relativos al año 2001, es atribuible la muerte de 13 mil 598 personas por enfermedad alcohólica del hígado, 3 mil 098 por síndrome de dependencia de alcohol y más de la mitad de los 14 mil 012 decesos por accidentes de tráficos de vehículos de motor y del 67 por ciento de los 10 mil 285 homicidios registrados en ese año.

El consumo de bebidas alcohólicas es por sí mismo la quinta causa directa de mortalidad en el país, lugar que asciende a primeros planos si se le suman los hechos violentos que provoca.

El consumo de tabaco ha sido perseguido porque provoca enfermedades en fumadores activos y pasivos pero, en descargo de este producto agroindustrial, cabe decir que al menos no propicia atropellamientos, colisiones de vehículos, ausentismo laboral, homicidios, lesiones y daños materiales a familiares y terceros del que ingieren alcohol.

El alcohol juega asimismo un papel protagónico en accidentes y violencia general, intrafamiliar y de género y es germen de suicidios, disfunciones sociales, niños de la calle y arrestos y lo que es más grave, deteriora y socava los valores éticos de los mexicanos que ocupamos lugares ignominiosos de consumo mundial per cápita.

En México existen más de 32 millones de personas entre los 12 y los 65 años de edad que lo consumen y cerca de 13 millones más que lo han consumido según la Encuesta Nacional de Adicciones 2002. Y el fenómeno se agudiza tratándose de menores y mujeres que cada vez se aficionan más a la bebida.

Por ello es necesario que al igual que con el tabaco, se limite la publicidad de bebidas alcohólicas, publicidad que induce a su consumo como uno de los varios objetivos para prevenir que los menores se aficionen a ellos, sector de población que entre los 12 y 17 años de edad alcanza hasta ahora a 3 millones y medio de personas que además toman alcohol asociándolo o como trampolín al consumo de tabaco y otras drogas fuertes y propiciar protección para quienes no beben o lo hacen con moderación u ocasionalmente.

Una medida que permitiría inhibir el consumo de alcohol, sería la de aplicar la experiencia probada en materia de publicidad respecto al tabaco, ampliándolo hacia las bebidas alcohólicas, las que no tienen por qué privilegiarse con la tolerancia cómplice del poder público.

Sin dejar de reconocer que al igual que con el tabaco, de la producción y la comercialización de bebidas alcohólicas, se generan empleos e impuestos para el país, es necesario, no obstante, priorizar la salud, el bienestar, el cuidado del patrimonio, la seguridad pública y la vida de los mexicanos.

Por eso, con fundamento en el artículo 71 de nuestra Constitución propongo reformas a los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue, entre sus principales expresiones:

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

IX. No podrá asociarse a estos productos ideas o imágenes atléticas o deportivas y de popularidad ni mostrar celebridades o figuras públicas o que éstos participen en su publicidad.

X. En el mensaje no podrá manipularse directa o indirectamente los recipientes que contengan los productos.

XI. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o el logotipo de bebidas alcohólicas o tabaco, salvo aquellos que sean considerados como artículos para fumadores o bebedores. La distribución de muestras de productos de bebidas alcohólicas y tabaco queda restringida a áreas de acceso exclusivo a mayores de 18 años.

XII. No podrá distribuirse, venderse u obsequiarse a menores de edad, artículos promocionales o muestras de estos productos.

XIII. No deberá utilizar en su producción dibujos animados, personajes virtuales o caricaturas.

Artículo 309 Bis: La exhibición o exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en revistas dirigidas a niños, adolescentes o aquellas con contenidos educativos, deportivos o de salud.

II. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en radio y televisión, en salas de proyección cinematográfica, queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las proyecciones a las que puedan asistir menores de edad.

Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en Internet, a menos y hasta que se disponga de la tecnología para que cada persona que busca acceso al sitio de Internet, en la cual dicha publicidad se pretenda transmitir, provea la verificación de que el usuario o receptor, es mayor de edad.

III. Ninguna publicidad exterior de bebidas alcohólicas y tabaco podrá situarse a menos de 200 metros de cualquier escuela de educación inicial, jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y nivel medio superior, así como de hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares. Asimismo no se podrá localizar publicidad en anuncios exteriores que excedan en su tamaño total 35 metros cuadrados, sea de manera individual o en combinación internacional con otra publicidad. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las farmacias, boticas, hospitales, centros de salud. Y finalmente queda prohibido patrocinar a través de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco cualquier evento en el que participe o asistan menores de edad.

Artículo segundo. Se deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor Presidente: Le pido que como he dado lectura a una síntesis de esta iniciativa se publique íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señoras y señores diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis, y deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 308 y 309 Bis y deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 73, fracciones XVI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre salubridad general de la República.

En ejercicio de esa facultad, el Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, creó la Ley General de Salud, hasta ahora en vigor, y, así mismo, la ha reformado en diversas ocasiones.

En ese ordenamiento, se establecen normas que facultan a la Secretaría de Salud para autorizar la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere la propia ley, entre los que se encuentran las bebidas alcohólicas y los tabacos, para los cuales, en materia de publicidad, se señalan mandatorios o requisitos de tipo imperativo particulares o especiales, considerando que, en términos de nuestra Constitución Política (artículo 73, fracción XVI 4ª), estos productos son considerados sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana.

Tales requisitos, indicados en los artículos 308 a 309 bis de la Ley General de Salud, no obstante, de manera inexplicable no son uniformes para ambos tipos de producto, ya que son más amplios para el tabaco que para las bebidas alcohólicas, en tanto está demostrado estadística, sanitaria y técnicamente que estas últimas causan mayores afectaciones a la salud y a los entornos laboral, económico, financiero, familiar, de seguridad pública y muchos otros más de la sociedad mexicana, que el tabaco.

En efecto, al consumo de bebidas alcohólicas, o sea, de alcohol etílico o etanol, según datos de la Secretaría de Salud relativos a 2001, es atribuible la muerte de 13 mil 598 personas por enfermedad alcohólica del hígado, 3 mil 098 por síndrome de dependencia de alcohol y más de la mitad de los 14 mil 012 decesos por accidentes de tráfico de vehículos de motor y del 67 por ciento de los 10 mil 285 homicidios registrados en ese año.

El consumo de bebidas alcohólicas es por sí mismo la quinta causa directa de mortalidad en el país; lugar que asciende a primeros planos si se le suman los hechos violentos que provoca.

Por su parte, esas mismas estadísticas sanitarias oficiales no precisan la mortalidad directamente atribuible al consumo de tabaco, que solamente pueden inferirse indirectamente.

El consumo de tabaco ha sido perseguido porque provoca enfermedades en fumadores activos y pasivos, pero en descargo de este producto agroindustrial cabe decir que al menos no propicia atropellamientos, colisiones de vehículos, ausentismo laboral, homicidios y lesiones a familiares y terceros del agente que ingiere alcohol; ni embrutece, denigra o es factor para que las instituciones de seguros rechacen el pago de indemnizaciones por daños a bienes del asegurado o por responsabilidad civil.

La ingesta de bebidas alcohólicas también es precursora de enfermedades graves, como la cardiopatía, el cáncer, los trastornos mentales y neurológicos, la obesidad, la diabetes, etcétera, además de las indicadas anteriormente, y provoca un alto costo socioeconómico para los sectores sanitario y laboral; reduce las expectativas de vida de la población por 10 o 12 años; afecta la productividad y genera daños personales y patrimoniales a terceros y al país, que, conservadoramente, los especialistas calculan en 135 mil millones de dólares anuales.

El alcohol juega asimismo un papel protagónico en accidentes y violencia --general, intrafamiliar y de género (12.9 por ciento de los varones urbanos y 11.6 de los rurales inician peleas con su pareja a causa del alcohol)-- y es germen de suicidios, disfunciones sociales, niños de la calle y arrestos; y, lo que es más grave, deteriora y socava los valores éticos de los mexicanos, que ocupamos lugares ignominiosos de consumo mundial per cápita (3.484 litros en la población urbana, 7.129 litros cuando refiere a varones). En México, existen más de 32 millones de personas, entre los 12 y los 65 años de edad, que lo consumen y cerca de trece millones más que lo han consumido, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, y el fenómeno se agudiza tratándose de menores y mujeres, que cada vez se aficionan más a la bebida.

Por ello, es necesario que al igual que con el tabaco, se limite la publicidad de bebidas alcohólicas en el país --publicidad que induce a su consumo-- como uno de los varios objetivos para prevenir que los menores se aficionen a ellas; sector de población que, entre los 12 y los 17 años de edad, alcanza hasta ahora a 3 millones y medio de personas, que además toman alcohol asociándolo, o como trampolín, al consumo de tabaco y otras drogas fuertes; y propiciar protección para quienes no beben o lo hacen con moderación y ocasionalmente, los que injustificadamente sufren directa o indirectamente la problemática derivada del consumo de cervezas, vinos y licores, convertida en una subcultura nacional, por su apología publicitaria y mercadotécnica.

Una medida efectiva que permitiría, en cierta medida, inhibir el consumo de alcohol, sería la de aplicar la experiencia probada en materia de publicidad respecto al tabaco, ampliándola hacia las bebidas alcohólicas, las que no tienen porque privilegiarse con el trato excepcional o la tolerancia cómplice del poder público.

Además, ampliar las restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas, propiciará, como un efecto sano de rebote, una mayor equidad comercial entre los productores de los distintos tipos de estas, al beneficiarse a los miles de elaboradores mexicanos de pulque, mezcal, sotol, tepache, licores frutales, aguardiente, etcétera, que por falta de potencial económico no tienen acceso a la televisión o al patrocinio de equipos o competencias deportivas, los que indirectamente serían protegidos contra los fabricantes de cerveza o los importadores de licores extranjeros, como whiskey, coñac, vodka, ron, champagne y otros, que son los que utilizan la publicidad masiva y onerosa para ofertar sus productos.

Sin dejar de reconocer que --igual que con el tabaco-- de la producción de insumos agrícolas y químicos para la elaboración y la comercialización de bebidas alcohólicas se generan empleos e impuestos para el país, no obstante, es necesario priorizar la salud, el bienestar, el cuidado del patrimonio, la seguridad pública y la vida de los mexicanos.

Es claro que la calidad de vida de nuestros connacionales no debe, de ninguna manera, continuar subordinada a los intereses de los grandes capitalistas del alcohol.

Por lo anteriormente expuesto, formulo la iniciativa siguiente

Artículo Primero. Se reforman los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. a VIII. ...

IX. No podrá asociarse a estos productos ideas o imágenes atléticas o deportivas y popularidad; ni mostrar celebridades o figuras públicas, o que éstos participen en su publicidad;

X. En el mensaje, no podrán manipularse directa o indirectamente los recipientes que contengan los productos;

XI. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o logotipo de bebidas alcohólicas o tabaco, salvo aquellos que sean considerados como artículos para fumadores o bebedores. La distribución de muestras de productos de bebidas alcohólicas y tabaco queda restringida a áreas de acceso exclusivo a mayores de 18 años;

XII. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse a menores de edad artículos promocionales o muestras de estos productos; y

XIII. No deberá utilizar en su producción dibujos animados, personajes virtuales o caricaturas.

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, desaliente el consumo de tabaco especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco.

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 309 Bis. La exhibición o exposición de la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en revistas dirigidas a niños, adolescentes o aquellas con contenidos educativos, deportivos o de salud, no podrán aparecer en portada, contraportada, tercera y cuarta de forros, de revistas, periódicos o cualquier otra publicación impresa; así como su colocación en lugares, páginas o planas adyacentes a material que resulte atractivo para menores de edad;

II. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en radio y televisión. En salas de proyección cinematográfica queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las proyecciones a las que puedan asistir menores de edad. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en Internet a menos y hasta que se disponga de la tecnología para que cada persona que busque acceso al sitio de Internet en el cual dicha publicidad se pretenda trasmitir, provea la verificación de que el usuario o receptor es mayor de edad;

III. Ninguna publicidad exterior de bebidas alcohólicas y tabaco podrá situarse a menos de 200 metros de cualquier escuela de educación inicial, jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y nivel medio superior; así como de hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares. Asimismo, no se podrá localizar publicidad en anuncios exteriores que excedan en su tamaño total 35 metros cuadrados, sea de manera individual o en combinación intencional con otra publicidad;

IV. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las farmacias, boticas, hospitales y centros de salud; y

V. Queda prohibido patrocinar a través de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, cualquier evento en el que participe o asistan menores de edad.

Artículo Segundo. Se deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud y publíquese como es el deseo y solicitud del señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga completa, en el Diario de los Debates, su iniciativa.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pruebas.

La diputada Consuelo Camarena Gómez: Honorable Asamblea:

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de aclarar que los funcionarios o autoridades aun cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en el escrito inicial de demanda tengan obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que sean solicitados para la correcta resolución del juicio de amparo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En los juicios de amparo existe la necesidad de acreditar la existencia de la violación de una garantía constitucional por parte de una autoridad. Por tanto, el juez competente debe allegarse de todos los medios probatorios necesarios para poder dictar una resolución que además de estar apegada a derecho también sea justa, debido a que no hay una especificación sobre qué autoridades están obligados a expedir copias, ya sea a petición de parte o del mismo órgano jurisdiccional instructor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho referencia que conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que le soliciten las partes para ser exhibidas como pruebas en la audiencia constitucional debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no solamente a la señalada en la demanda como responsables.

Esta conclusión se deriva de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio pueda ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho.

El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad pueden valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas que estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos, y el 129 y el 133 de la misma legislación procesal, que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como a los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servicio de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario y no únicamente a las señaladas como responsables.

Esto garantiza la impartición de justicia en los juicios de amparo, dando certeza jurídica tanto al quejoso como a los funcionarios titulares de las instituciones responsables en su carácter de autoridad, de que el juez tendrá todos los elementos necesarios para otorgar o denegar este derecho constitucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo en su artículo 152, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades, aun cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en el escrito inicial de demanda, tienen obligación de expedir con toda oportunidad aquellas copias o documentos que soliciten.

Si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esta obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de 10 días. Pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieran las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto que expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa, por desobediencia a su mandato.

Artículo Transitorio

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pruebas, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del PAN

Los diputados suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º, fracción VIII, 71, fracción II, 73 fracción XXV y demás correlativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 55, 56, 62 y 63 fracción II y de más correlativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

En los juicios de amparo, existe la necesidad de acreditar la existencia de la violación de una garantía constitucional por parte de una autoridad. Por tanto, el juez competente debe allegarse de todos los medios probatorios necesarios, para poder dictar una resolución que además de estar apegada a derecho, también sea justa.

Debido a que no hay una especificación sobre que autoridades están obligadas a expedir copias, ya sea a petición de parte o del mismo órgano jurisdiccional instructor, la Suprema Corte de Justicia ha hecho referencia que conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser exhibidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no solamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables.

Esto, garantiza la impartición de justicia en los juicios de amparo, dando certeza jurídica tanto al quejoso, como a los funcionarios titulares de las instituciones responsables en su carácter de autoridad, de que el Juez tendrá todos los elementos necesarios para otorgar o denegar este derecho constitucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 152

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades, aún cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en la demanda, tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

...

...

Transitorio

Artículo Único: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de noviembre de 2004.--- Dip. Consuelo Camarena Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO PENAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un Título Vigesimoprimero Bis al Código Penal Federal, con el objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas.

El diputado Pablo Franco Hernández: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados: En mi carácter de integrante de esta legislatura, me permito someter a su consideración la presente iniciativa que pretende reformar y modificar el inciso e, de la fracción VII, del artículo 283... Perdón, quisiera solicitar autorización para traer un documento.>

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Cómo no diputado. ¿Le parece bien? ¿Tiene tiempo o le cede el turno al siguiente orador?

El diputado Pablo Franco Hernández: Ofrezco una disculpa.

Decía que someto a la consideración de esta soberanía, una iniciativa que adiciona un Título Vigesimoprimero Bis al Código Penal Federal, con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, especialmente en materia de derechos laborales. Lo anterior, por lo siguiente:

Después de la vida, el valor que más define al ser humano y que es base para todos los demás es la dignidad, la que es incompatible con la discriminación que otorga un trato diferenciado entre las personas, no partiendo de sus virtudes y logros, como decía José María Morelos y Pavón, sino de aspectos como el del sexo, el estado de embarazo, la edad, la religión, la ideología, el color de la piel, la discapacidad, la orientación sexual, la posición económica, por citar algunos.

Es decir, partiendo de las características o decisiones personalísimas del propio individuo, que exigen un absoluto respecto, de lo contrario impediría que el ser humano cuente con un ámbito indispensable para hacer en su lucha por realizar sus objetivos, lo que además haría imposible el florecimiento del individuo, en pleno ejercicio de su enorme libertad a la diversidad, es lo que hace posible la existencia y la evolución de la sociedad, la existencia de esta variedad.

Cuando la discriminación que oprime y despoja va más allá de ciertos límites, pasa su tutela de la ética al campo del derecho, ya que si no se frena, se puede impedir una sana convivencia social indispensable para la marcha de las familias, las empresas, las escuelas y, en general, todo ámbito comunitario, pudiendo generar conductas violentas en todos sus lados, tanto del agredido como del agresor o de ambos o de los colectivos a los que pertenecen uno y otro.

Luego sancionar a las conductas discriminatorias, visto en un panorama más amplio, es de ejercer una verdadera política de prevención de delitos y conflictos sociales más graves.

En diversas legislaciones locales, ya se identifican como delitos, las conductas que con especial gravedad atentan contra la dignidad del ser humano, pero sorprendentemente existe una omisión en este sentido en nuestro Código Penal Federal, lo que es inadmisible, ya que la tutela de la dignidad de las personas y la paz social, lo que son bienes jurídicos de interés para toda la nación, no son por su esencia, sino en armonía con el artículo 1º de la Constitución General de la República, que establece que: ``en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución''.

Establece también que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, por definición, la dignidad de las personas debe ser incluida en todo sistema normativo federal incluido el penal.

Quien está obligado a evitar todo acto de discriminación, igualmente los particulares, no podría ser de otra manera, ya que si el individuo es pisoteado de manera general en sus derechos y en su libertad pasa a la esclavitud, a la negación de su calidad de ser humano. De ahí que todo régimen jurídico debe ser escrupuloso en la protección del bien jurídico de la dignidad del ser humano.

Por eso es que consideramos que es necesario adecuar nuestra legislación, penal-federal, con objeto de que se cumplan normas internacionales relativas a la protección de este bien jurídico, particularmente las ideas que contienen en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y otras, que se mencionan en el texto de la iniciativa.

Hablando de la discriminación en materia laboral, de todo tipo de discriminación debe ser librado el individuo, especialmente las que tienen lugar en el ámbito laboral, ya que el trabajo en el estado actual de cosas, es la base esencial para la subsistencia del desarrollo del individuo y sus familiares, lo que exige un respeto mínimo a los derechos consagrados en la legislación laboral aplicable, especialmente con relación a las mujeres, cuya calidad de tal por su estado de embarazo o su cambio de estado civil, el cuidado de los hijos, entre otros, son causa para la violación de sus derechos.

Sin exagerar diríamos que violentar esos derechos es una agresión directa a la vida, a la salud, a la vivienda, al desa-rrollo de las personas que viven de su trabajo, aunque ya la legislación laboral penal anterior, tipificó como delito al individuo el pago de un salario inferior al mínimo, ahora se busca que la tutela penal de los derechos laborales sea más amplia, por lo que la negativa o rescisión de cualquier derecho laboral deberá ser considerado como delito.

Tutela que sólo se puede hacer correctamente en el Código Penal Federal, dado el carácter también federal de nuestra legislación laboral, lo que permitiría para su aplicabilidad que se extienda a toda la República.

Esto además armoniza la Ley Federal del Trabajo que previene: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social; el trabajo es un derecho y un deber sociales no un artículo de comercio, por lo tanto exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, etcétera.

Por todo lo expuesto, propongo a esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa para adicionar el Código Penal Federal en los siguientes términos:

Título Vigesimoprimero Bis.

Delitos contra la dignidad de las personas

Capítulo Unico

Discriminación

Artículo 366. Se impondrá de 1 año a 5 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, capacidades diferentes o estado de salud.

I. Provoque o incite al odio o a la violencia.

II. Deje o excluya a alguna persona o grupos de personas, o

III. Niegue o restrinja derechos laborales.

Al servidor público que niegue o retarde a una persona a un trámite, servicio o prestación a la que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y además se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Este delito se perseguirá por querella.

Esta iniciativa pretende también homologar la legislación federal a legislaciones locales que ya contemplan este dispositivo que nos parece, de integrarse, representaría un avance en la protección real de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, puesto que rebasa la posibilidad de simplemente hacer recomendaciones que tienen las comisiones de derechos humanos cuando se da este tipo de actitudes y de conductas discriminatorias a convertirlo en una obligación en su cumplimiento.

Es todo, señor Presidente. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un Título Vigésimo Primero Bis al Código Penal Federal, con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Pablo Franco Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma, para adicionar un Título Vigésimo Primero Bis al Código Penal Federal con objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, especialmente en materia de derechos laborales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Después de la vida, el valor que más define al ser humano y que es base para todos los demás es la dignidad. La que es incompatible con la discriminación que otorga un trato diferenciado entre las personas, no partiendo de sus diversas virtudes y logros, como decía José María Morelos y Pavón, sino de aspectos como el sexo, el estado de embarazo, la raza, la edad, la religión, la ideología, el color de piel, la discapacidad, la orientación sexual, la profesión, la posición económica, por citar algunos. Es decir, partiendo de características o decisiones personalísimas propias del individuo, que exigen absoluto respeto, de lo contrario se impediría que el ser humano cuente con el ámbito indispensable para ser en su lucha por realizar sus objetivos; lo que además haría imposible el florecimiento de individuos plenos en su enorme variedad, que es lo que hace posible la existencia y evolución de la sociedad.

Cuando la discriminación que oprime y despoja va más allá de ciertos límites, pasa su tutela de la ética al campo del derecho, ya que si no se frena se puede impedir una sana convivencia social indispensable para la marcha de las familias, las empresas, las escuelas y todo ámbito comunitario, pudiendo generar conductas violentas en todos sus grados, del agredido, del agresor, de ambos, o de los colectivos a los que pertenecen uno y otro. Luego sancionar a las conductas discriminatorias, visto en un panorama más amplio, es ejercer una verdadera política de prevención de delitos y conflictos sociales más graves.

En diversas legislaciones penales locales ya se tipifican como delito las conductas que con especialidad gravedad atentan contra la dignidad del ser humano. Pero sorprendentemente existe omisión en este aspecto en el Código Penal Federal, lo que es inadmisible ya que la tutela de la dignidad de las personas y la paz social lo que son bienes jurídicos de interés para toda la nación, no sólo por su esencia sino en armonía con el artículo 1º. de la Constitución General de la República:

``En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

``Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''

Es decir, por definición la dignidad de la persona debe ser incluida en todo sistema normativo federal, incluido desde luego el penal. Si el Estado está obligado a evitar todo acto de discriminación, igualmente los particulares; no podría ser de otra forma ya que si el individuo es pisoteado de manera general en sus derechos y en su libertad, pasa a la esclavitud, a la negación de su calidad de ser humano. De ahí que todo régimen jurídico debe ser escrupuloso en la protección del bien jurídico de la dignidad del ser humano.

Por estas razones resulta necesario adecuar nuestra legislación penal federal con el objeto de que se cumplan las normas internacionales relativas a la protección de este bien jurídico de la dignidad, particularmente las contenidas en los siguientes instrumentos internacionales, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2, 7 y 23) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16); de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículos 2, 5 y 7); de la Convención de los Derechos del Niño (artículos 2, 28 y 30) del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículos 2, 3, 7 y 13); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 14, 23, 24, 26 y 27); del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículos 2, 3, 7 y 13); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 14, 23, 24 26 y 27), así como otros instrumentos ratificados por nuestro país.

La no discriminación en materia laboral

De todo tipo de discriminación debe ser librado el individuo, especialmente las que pueden tener lugar en el ámbito laboral. Ya que el trabajo en el actual estado de cosas social es base esencial para la subsistencia y el desarrollo del individuo y sus familiares. Lo que exige el respeto al mínimo de derechos consagrados en la legislación laboral aplicable, especialmente en relación a las mujeres cuya calidad de tales, o su estado de embarazo, o su cambio de estado civil, el cuidado de los hijos, entre otros, son causa para la violación de sus derechos. Sin exagerar, el violentar estos derechos, es una agresión directa a la vida, a la salud, a la vivienda, al desarrollo de las personas que viven de su trabajo. Aunque ya la legislación penal anterior, tipificó como delito el indebido pago de un salario inferior al mínimo, ahora se busca que la tutela penal de los derechos laborales sea más amplio, por lo que la negativa o restricción de cualquier derecho laboral se conceptuará como delito; tutela que sólo se puede hacer correctamente en el Código Penal Federal, dado el carácter también federal de la legislación laboral, lo que permitirá que su aplicabilidad se extienda a toda la República. Esto además armoniza con la Ley Federal del Trabajo que previene:

Artículo 2º. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social...''

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.

Asimismo la adición al Código Penal que se propone permitirá también dar cumplimiento a lo expuesto por los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9 y 12, y demás relativos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señalada.

Consideramos que se hace indispensable que en el Código Penal Federal se establezcan los delitos que atentan contra la dignidad de las personas, por lo que proponemos la adición de un Título Vigésimo Primero Bis, ya que en este nuevo tipo penal se tutelaría la plenitud de derechos humanos fundamentales, en similitud a lo que sucede en el actual Título Vigésimo del Código de mención.

Por todo lo expuesto y fundado, propongo a esta H. Cámara de diputados la siguiente iniciativa de adición al Código Penal Federal, en los siguientes términos:

Título Vigésimo Primero Bis Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Único Discriminación

Artículo 366.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, precedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia;

II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o

III. Niegue o restrinja derechos laborales.

Al servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Este delito se perseguirá por querella.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO FISCAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso del señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Los sistemas fiscales presentan un gran número de contribuciones relacionadas de manera directa o indirecta con el medio ambiente.

En América Latina, además de la tendencia por aumentar el número de esta figura, la situación se caracteriza por un elevado grado de confusión, pues en muchos casos se duda hasta de la naturaleza jurídica de las mismas.

Adicionalmente, existe la proliferación de contribuciones medioambientales con fines meramente recaudatorios que no incentivan la protección del entorno natural.

Algunas contribuciones medioambientales responden con claridad a las definiciones legales. Sin embargo, es cierto que la clasificación tradicional de los tributos se adapta más a las peculiaridades de los gravámenes de carácter parafiscal en general y de la fiscalidad medioambiental en particular, situación que genera distorsiones importantes en el régimen jurídico de las contribuciones medioambientales, puesto que su régimen jurídico varía en función de la categoría de las contribuciones en que se encuadren, como son el alcance de la reserva de ley o el régimen de distribución de competencias entre los diversos niveles de gobierno.

Frente a esta situación resulta razonable realizar un esfuerzo que aporte un marco jurídico claro dentro del Código Fiscal de la Federación, para que contemple de forma expresa la figura de las contribuciones medioambientales, estableciendo sus características básicas y elementos comunes para evitar la confusión en las mismas.

Se trata de integrar en el Código Fiscal de la Federación el concepto de contribución medioambiental como centro de atribución de un régimen jurídico especial, ya que existe una modalidad diferente de contribución que puede abarcar impuestos, derechos, contribuciones especiales u otras figuras de carácter híbrido que presenten características comunes en algunos aspectos de su régimen jurídico, con independencia de la categoría contributiva tradicional a la que pertenezcan.

En México la constitucionalidad de las contribuciones parafiscales se da en los artículos referentes a la rectoría económica del Estado; es decir, los artículos 25, 27 y 28. Estos preceptos constitucionales articulan la política económica del Estado mexicano, permitiendo establecer dentro de ésta los instrumentos tributarios para fines no recaudatorios.

Conforme a lo anterior, las contribuciones medioambientales, al contener fines parafiscales son constitucionales en México, siempre y cuando se observen dos condiciones fundamentales: que dichos fines sean secundarios o complementarios y que respeten los principios de justicia tributaria.

Las contribuciones medioambientales conforman un esfuerzo del Estado para la protección y prevención del medio ambiente, así se observa que se constituye un elemento de concreción de la garantía contenida en el párrafo cuarto del artículo 4º, de la que se desprende ``que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''.

La adición de una definición de contribuciones destaca características esenciales que deberá tener cualquier contribución de carácter ambiental que se pretenda establecer en México, para aplicar gravámenes medioambientales con principios de justicia tributaria previstos en nuestra Constitución: legalidad, proporcionalidad y equidad. Además cuenta con el concepto de justificación económico medio-ambiental que respalde la implantación de la contribución ambiental de que se trate, justificación que debe presentarse junto con iniciativas de ley, lo que impone un análisis más detallado del ejercicio de la potestad tributaria y sirve también para evitar desviaciones innecesarias del principio de progresividad.

Por otra parte, establece un criterio de cuantificación que deberá ser tomado en cuenta en el establecimiento de contribuciones tributarias, basado en el principio, ``quien contamina paga'' y se deja abierta la posibilidad de prescindir del criterio de cuantificación antes mencionado, siempre y cuando sea lo suficientemente justificada.

Para introducir los principios generales de la tributación ambiental al ámbito federal mexicano, es necesaria la adición de un artículo 3º Bis, al Código Fiscal de la Federación y por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 3º Bis, al Código Fiscal de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa, que adiciona un artículo 3 Bis al Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los sistemas fiscales presentan un gran número de contribuciones relacionadas de manera directa o indirecta con el medio ambiente y en América Latina además de la tendencia por aumentar el número de esta figura, la situación se caracteriza por un elevado grado de confusión, pues en muchos casos se duda hasta de la naturaleza jurídica de las mismas.

Adicionalmente a la confusión, existe la proliferación de contribuciones medioambientales con fines meramente recaudatorios que no incentivan la protección del entorno natural.

Algunas contribuciones medioambientales responden con claridad a las definiciones legales de derechos o impuestos, sin embargo, es cierto que la clasificación tradicional de los tributos se adapta mal a las peculiaridades de los gravámenes de carácter extrafiscal en general y de la fiscalidad medioambiental en particular, situación que genera distorsiones importantes en el régimen jurídico de las contribuciones medioambientales, puesto que su régimen jurídico varía en función de la categoría de la contribución en que se encuadren (como son el alcance de la reserva de ley o el régimen de distribución de competencias entre los diversos niveles de gobierno).

Frente a esta situación, resulta razonable realizar un esfuerzo que aporte un marco jurídico claro dentro del Código Fiscal de la Federación para que contemple de forma expresa la figura de las contribuciones medioambientales, estableciendo sus características básicas y elementos comunes para evitar la confusión en las mismas.

Se trata de integrar en el Código Fiscal de la Federación el concepto de contribución medioambiental como centro de atribución de un régimen jurídico especial, ya que se trata de una modalidad diferente de contribución que puede abarcar impuestos, derechos, contribuciones especiales u otras figuras de carácter híbrido que presenten características comunes en algunos aspectos de su régimen jurídico, con independencia de la categoría contributiva tradicional a la que pertenezcan.

En México, la constitucionalidad de las contribuciones extrafiscales se da en los artículos referentes a la rectoría económica del Estado, es decir, los artículos 25, 27 y 28, respectivamente. Estos preceptos constitucionales articulan la Política Económica del Estado mexicano, permitiendo establecer dentro de ésta, los instrumentos tributarios para fines no recaudatorios.

Conforme a lo anterior, las contribuciones medioambientales al contener fines extrafiscales, son constitucionales en México, siempre y cuando, se observen dos condiciones fundamentales: que dichos fines sean secundarios o complementarios y que respeten los principios de justicia tributaria.1

Las contribuciones medioambientales conforman un esfuerzo del Estado para la protección y prevención del medioambiente, así se observa que constituyen un elemento de concreción de la garantía contenida en el párrafo cuarto del artículo 4.º constitucional, de la que se desprende que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado mexicano es una República, democrática, representativa y compuesta de Estados libres unidos en una federación, los que a su vez tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre. Tanto la Federación como los Estados y los municipios tienen potestad tributaria, con los límites y singularidades señaladas en la propia Constitución nacional. De lo último deriva que, a fin de introducir los principios de la tributación medioambiental en México, es necesario sentar las reformas idóneas también en los tres niveles de gobierno, situación que esta siendo analizada en la Convención Nacional Hacendaria.

Respecto a la materia ecológica, el artículo 27 de la Constitución Política Federal de México, dispone en su tercer párrafo, la facultad que tiene en todo momento la nación mexicana para establecer las medidas necesarias de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Además, el marco legislativo de la política ecológica en México, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece todos los instrumentos de esta política.

La adición de una definición de contribuciones destaca características esenciales que deberán tener cualquier contribución de carácter ambiental que se pretenda establecer en México para aplicar gravámenes medioambientales con principios de justicia tributaria previstos en nuestra Constitución (legalidad, proporcionalidad, equidad). Además cuenta con el concepto de justificación económico medioambiental que respalde la implantación de la contribución ambiental de que se trate, justificación que debe presentarse junto con iniciativas de ley, lo que impone un análisis más detallado del ejercicio de la potestad tributaria y sirve también para evitar desviaciones innecesarias del principio de progresividad.

Por otra parte, establece un criterio de cuantificación que deberá ser tomado en cuenta en el establecimiento de contribuciones tributarias basado en el principio ``quien contamina paga'', y se deja abierta la posibilidad de prescindir del criterio de cuantificación antes mencionado siempre y cuando sea lo suficientemente justificada. Finalmente se establecen los criterios de determinación individual de las contribuciones medioambientales, mismos que, por razones obvias, deben ser plasmados en la norma.

Para introducir los principios generales de la tributación ambiental al ámbito federal mexicano es necesario la adición de un artículo 3 bis al Código Fiscal de la Federación y por ello el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 3 Bis al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis.- Contribuciones medioambientales son aquellos impuestos, derechos y contribuciones especiales cuyo objeto imponible esté constituido por actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan una actuación pública de tutela medioambiental. También tendrán el tratamiento de contribuciones medioambientales aquellos aprovechamientos que sean causados por actos o hechos de la misma naturaleza medioambiental.

El hecho imponible de las contribuciones medioambientales deberá contemplar actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan la actuación pública de tutela medioambiental. No podrán gravarse conductas dañosas para el medio ambiente que se encuentren prohibidas. La legislación de cada figura contributiva preverá como supuestos de no sujeción los casos en que los actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan la actuación pública de tutela medioambiental se produzcan de manera fortuita o en caso de fuerza mayor.

Toda iniciativa de establecimiento de una nueva contribución medioambiental o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir una justificación económico medioambiental que sustente los criterios de cuantificación utilizados, salvo precepto legal en contrario.

La determinación de la tasa o tarifa deberá atender a la intensidad de la incidencia medioambiental objeto de gravamen y en general, la recaudación de la contribución medioambiental no deberá exceder, en su conjunto, de la mayor de las cantidades siguientes, que serán calculadas en la justificación económico medioambiental en la medida en que ello sea posible: el daño causado, el costo que hubiera supuesto para el conjunto de los contribuyentes evitar el daño causado, o el costo de las actividades públicas de tutela medioambiental. Cualquier desviación de este criterio o la imposibilidad de aplicarlo deberá ser señalada en la justificación económico medioambiental. La cuantificación individual de la contribución deberá atender a la incidencia individual de la contaminación, si bien podrán utilizarse criterios de progresividad medioambiental.

Nota:

1 Tesis P/J 20/91, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, p. 18.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 del mes de noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado Velasco.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY ORGANICA DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de modificar el mecanismo de designación de los titulares de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios y que esta facultad sea ejercida por la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión.

En términos de lo que establece el artículo 51 constitucional, la Cámara de Diputados se compone con representantes de la nación, es decir, que si Petróleos Mexicanos es de todos, consecuentemente y si el recurso natural también es de todos los mexicanos, resulta procedente que los representantes de la nación puedan contar con la facultad de designación de los titulares de los organismos por medio de los cuales se explota la riqueza del subsuelo que a todos los mexicanos pertenece, además de que es imperativo democratizar los procedimientos administrativos de la paraestatal para evitar que ésta continúe siendo la ``cueva de Alí Babá''.

De manera simultánea a la designación de los directores generales por parte de la Cámara de Diputados, proponemos un mecanismo consistente en que la Cámara hará una auscultación entre los colegios de profesionistas, escuelas y facultades de ingeniería del país para conformar una terna de entre la cual y por mayoría calificada de dos terceras partes del total de los integrantes de esta Cámara, se designará a los directores generales y en caso de que ninguno de los propuestos obtuviera esa mayoría, se integrará una nueva terna y que en caso de que ninguno de los integrantes de la segunda terna obtenga la mayoría calificada, entonces la Cámara mediante el proceso de insaculación de las 6 personas, designará a cada director general.

El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma en la que se divide la administración pública, misma que será centralizada y paraestatal.

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forman parte de la administración pública centralizada las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la consejería jurídica. La administración pública paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Ahora bien, en el sistema presidencial mexicano, el Presidente de la República ejerce funciones de jefe de Estado y de jefe de Gobierno. En esta última función como jefe de Gobierno, es el jefe de la administración pública tanto centralizada como paraestatal. La doctrina de derecho administrativo establece a la denominada ``centralización administrativa'' y es a la que se define como la ``centralización''; es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública.

Ahora bien, esta centralización administrativa que se da a favor del jefe de Gobierno o titular de la administración pública, tiene una serie de características entre las que se encuentra el poder de nombramiento, esto es que el jefe de Gobierno o Presidente de la República tiene la facultad de designar a sus más cercanos colaboradores y a los directores de las empresas públicas.

Asimismo, el titular de la administración pública tiene la facultad, prevista ésta en la Constitución General de la República, para hacer nombramientos; tal es el caso del nombramiento y remoción de los secretarios de despacho y nombramientos y remoción libre de los demás empleados de toda la Federación, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

En consecuencia, encontramos que el Presidente de la República puede hacer nombramientos conforme se prevea en la Constitución y conforme a lo que se prevea en leyes específicas.

Es el caso de la materia de la presente iniciativa, en la que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de este honorable pleno esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios para eliminar la facultad del Presidente de la República de designar al director general de Petróleos Mexicanos y a los directores generales de los organismos subsidiarios bajo los siguientes principios:

Petróleos Mexicanos es la empresa pública más importante del país. Petróleos Mexicanos explota en términos de lo que dispone el artículo 28 constitucional, párrafo quinto, el área estratégica de la economía del petróleo y de los demás hidrocarburos.

En el mismo artículo 28, párrafo sexto, se establece que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el más eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participe por sí o por los sectores social y privado.

Además hay que recordar que según el artículo 27 de nuestra norma fundamental, en su párrafo cuarto, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo del país, entre ellos el petróleo y todos los demás carburos de hidrógeno sólidos.

Además en el párrafo séptimo del artículo 27 se establece que tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos.

Con lo anterior se acredita fehacientemente que tanto el Constituyente originario como el Constituyente permanente, han dado una singular importancia a los bienes sobre los que la nación ejerce dominio directo y además dispone que estos bienes sean considerados áreas estratégicas en la economía y el propio Estado contará con organismos públicos encargados de explotar estas áreas.

Ahora bien, hay verdades que resultan manifiestas, como la que Petróleos Mexicanos es el organismo público descentralizado más importante del país y que Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente de este país y que Petróleos Mexicanos ha tenido pésimos administradores de nuestra riqueza petrolera. Basta tan sólo recordar que la gestión presidencial de José López Portillo, cuando, entre comillas, nos debíamos de preparar para administrar la abundancia, se dieron en perjuicio de Petróleos Mexicanos grandísimos actos de corrupción, mismos que hasta la fecha en mayor o en menor medida se siguen cometiendo.

En días pasados se acreditó fehacientemente que el entonces director de Pemex pagó con dinero de la paraestatal una cirugía plástica, una cirugía estética de su esposa. Esto es, se ve a Petróleos Mexicanos como un botín donde todo mundo puede meter mano o como la caja chica en donde el Gobierno en turno puede obtener recursos para financiar otros gastos no autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta situación, en nuestra opinión, deriva por la falta de controles eficientes y porque el director general del organismo y de sus subsidiarias son nombrados directamente por el Presidente de la República y éste es el único al que le rinden cuentas de su actuación.

Señor Presidente, le solicito respetuosamente que el texto íntegro de la iniciativa que entregaré a los secretarios de esta Mesa Directiva, se inserte en el Diario de los Debates y a su vez sea publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del viernes 5 de noviembre de 2004

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma en la que se divide la administración pública, que será centralizada y paraestatal.

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forman parte de la Administración Pública Centralizada las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica.

La Administración Pública Paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Ahora bien, en el sistema presidencial mexicano el Presidente de la República ejerce funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, en esta última función, como Jefe de Gobierno, es el jefe de la Administración Pública, tanto centralizada como paraestatal.

La doctrina del derecho administrativo establece la denominada centralización administrativa, la que se define como ``la centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructura bajo el mando unificado y directo del titular de la Administración Pública''.

Ahora bien, esta centralización administrativa que se da a favor del Jefe de Gobierno o titular de la Administración Pública tiene una serie de características entre la que se encuentra el poder de nombramiento. Esto es que el Jefe de Gobierno o Presidente de la República tiene la facultad de designar a sus más cercanos colaboradores y a los directores de las empresas públicas.

Asimismo, el titular de la Administración Pública tiene la facultad, prevista en la Constitución General de la República, para hacer nombramientos, tal es el caso del nombramiento y remoción de los Secretarios de Despacho y de nombramiento y remoción libre de los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no este determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

En consecuencia, encontramos que el Presidente de la República puede hacer nombramientos, conforme a lo que se prevea en la Constitución, conforme a lo que se prevea en Leyes específicas o libres.

En el caso materia de la presente iniciativa, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de este Honorable Pleno esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para eliminar la facultad del Presidente de la República de designar al director general de Petróleos Mexicanos y a los directores generales de los organismos subsidiarios bajo los siguientes principios.

Petróleos Mexicanos es la empresa pública más importante del país. Petróleos Mexicanos explota, en términos de lo que se dispone en el artículo 28 constitucional párrafo quinto el área estratégica de la economía de petróleo y los demás hidrocarburos. En el mismo artículo 28, párrafo sexto, se establece que ``el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado''.

Además, hay que recordar que según el artículo 27 de nuestra Norma Fundamental en su párrafo cuarto corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo del país, entre ellos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. Además, en el párrafo séptimo del propio artículo 27 se establece que, ``en tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos''.

Con lo anterior se acredita fehacientemente que tanto el Constituyente originario como el Constituyente Permanente han dado singular importancia a los bienes sobre los que la Nación ejerce dominio directo y además dispone que estos bienes serán considerados áreas estratégicas de la economía y que el propio Estado contará con organismos públicos encargados de explotar estas áreas.

Ahora bien, hay verdades que resultan manifiestas, como la que Petróleos Mexicanos es el organismo público descentralizado más importante del país, que Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente de este país y que Petróleos Mexicanos ha tenido pésimos administradores de nuestra riqueza petrolera.

Baste recordar que en la gestión presidencia de José López Portillo, cuando ``nos debíamos preparar para administrar la abundancia, se dieron en perjuicio de Petróleos Mexicanos grandes actos de corrupción'', mismos que hasta la fecha, en mayor o menor medida se siguen cometiendo.

En días pasados se acreditó fehacientemente que el entonces director de Pemex pagó con dinero de la paraestatal una cirugía estética de su esposa. Esto es, se ve a Petróleos Mexicanos como un botín en donde todo mundo puede meter mano o como la caja chica en donde el gobierno en turno puede obtener recursos para financiar otros gastos no autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta situación deriva por la falta de controles eficientes y porque el director general del organismo y de sus subsidiarias son nombrados directamente por el Presidente de la República y es a él al único que le dan cuentas de su actuación.

La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de modificar el mecanismo de designación de los Titular de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, y que esta facultad sea ejercida por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En términos de lo que establece en el artículo 51 constitucional, la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, se dice que Petróleos Mexicanos es de todos lo mexicanos, consecuentemente si el recurso natural es de todos, resulta procedente que los representantes de la Nación puedan contar con la facultad de designación de los titulares de los organismos por medio de los cuales se explota la riqueza del subsuelo que a todos los mexicanos pertenece.

Además de que es imperativo democratizar los procedimientos administrativos de la paraestatal para evitar que ésta continúe siendo la cueva de Ali-Babá.

De manera simultánea a la designación de los directores generales por parte de la Cámara de Diputados proponemos un mecanismo consistente en que la Cámara hará una auscultación entre los colegios de profesionales y escuelas y facultades de ingeniería del país para conformar una terna de entre la cual y por mayoría calificada de las dos terceras partes del total de los integrantes se designará a los directores generales. Y en caso de que ninguno de los propuestos obtuviera esa mayoría se integrará una nueva terna, en caso de que ninguno de los integrantes de la segunda terna obtenga la mayoría calificada entonces la Cámara mediante el procedimiento de insaculación de las seis personas designará a cada director general.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6 y 8; y se adicionan los artículos 6 Bis y 8 Bis de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo 6. Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un Consejo de Administración, que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera, sin perjuicio de la autonomía de gestión de los organismos. El director general será nombrado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Artículo 6 Bis. La Cámara de Diputados designará mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes al director general de Petróleos Mexicanos, de entre una terna, que la misma Cámara integrará, mediante consulta que efectúe entre colegios, escuelas y facultades de ingeniería del país.

Si en la primera votación, ninguno de los integrantes de la terna alcanzara la mayoría que se menciona en el párrafo anterior la Cámara integrará una nueva terna.

Si ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría que se menciona en el párrafo primero, el director general de Petróleos Mexicanos será designado mediante insaculación, de entre las seis personas que integraron las dos ternas.

El director general de Petróleos Mexicanos durará en su cargo seis años pudiendo ser ratificado hasta por un periodo más.

Artículo 8. Cada uno de los organismos subsidiarios será dirigido y administrado por un Consejo de Administración y por un director general nombrado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Artículo 8 Bis. La Cámara de Diputados designará mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes a los directores generales de los organismos subsidiarios, de entre una terna, que la misma Cámara integrará, mediante consulta que efectúe entre colegios, escuelas y facultades de ingeniería del país.

Si en la primera votación, ninguno de los integrantes de la terna alcanzara la mayoría que se menciona en el párrafo anterior la Cámara integrará una nueva terna.

Si ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría que se menciona en el párrafo primero, los directores generales de los organismos subsidiarios serán designados mediante insaculación, de entre las seis personas que integraron las dos ternas.

Los directores generales de los organismos subsidiarios durarán en su cargo seis años pudiendo ser ratificado hasta por un periodo más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera>: Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Energía y obséquiese la solicitud del señor diputado Pedro Vázquez, de insertar íntegramente su texto en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

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CODIGO CIVIL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1819 del Código Civil Federal.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 1819 del Código Civil Federal.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 1819 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Señoras y señores legisladores:

Subsanar los vacíos en las leyes que rigen los actos jurídicos entre los particulares resulta de vital importancia, toda vez que de allí se desprenden acciones que interesan al derecho, a la sociedad y al Estado.

Es nuestra competencia y obligación dar claridad a la ley para su correcta interpretación y aplicación, de allí la reforma en materia civil que hoy les planteo.

Comienzo por recordar a la doctrina jurídica que ha definido el consentimiento como el acuerdo de dos o más voluntades que tiende a crear, transferir, conservar, modificar o extinguir efectos de derecho.

Así, el Código Civil establece en el artículo 1803 que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos; es tácito cuando resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen presumirlo.

Es indispensable que las voluntades que integran el consentimiento no sufran vicio alguno; esto es, que ninguna de las voluntades que intervienen en la formación del consentimiento esté viciada, pues basta que una sola de ellas lo esté para que el consentimiento resulte igualmente viciado.

Por vicio de voluntad se entiende ``el efecto que el error, la violencia o el dolo producen en el consentimiento, consistente en la invalidez del acto a cuya formación han concurrido''.

El concepto de vicios para efectos jurídicos se puede entender como ``la realización incompleta o defectuosa de cualquiera de los elementos de esencia de una institución''.

De manera clásica se catalogan como vicios de la voluntad el error, la mala fe, la violencia y la lesión.

El artículo 1812 del Código Civil dispone que el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

El artículo 1819 del mismo ordenamiento prevé actualmente lo siguiente: hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.

La violencia o intimidación se condena no por el miedo que se produce en el ánimo del contratante, cuya voluntad por este medio se obtiene, sino que lo que se sanciona es la falta de libertad del contratante para determinar su voluntad, por lo que ésta debe ser protegida. Aun en el supuesto caso de que el contrato resultare beneficioso a los intereses del violentado, de todas formas debe decretarse la nulidad del acto si así lo solicita, pues su voluntad no fue libre. Debemos recordar que un elemento psicológico como la voluntad sólo puede ser viciada por causas psíquicas, como pudiera ser el temor.

Esa violencia, intimidación o temor se ejercita respecto del contratante y de las demás personas que expresamente designa la ley, como ascendientes, descendientes, colaterales y cónyuge, quienes tan sólo son los instrumentos que se emplean para producir el temor en el espíritu del contratante y viciar su voluntad llevándolo a celebrar el contrato.

Ahora bien, cabe destacar que el valor jurídico que se protege por la ley a través de reprimir este vicio de la voluntad del contratante (violencia, temor o miedo) no debe simplemente limitarse a su cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales dentro del segundo grado, ya que también se puede violentar su consentimiento por un temor que importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o los bienes del concubinario o concubina, ya que éstos también son personas que por su relación deben ser consideradas como fundamentales, ya que se pueden utilizar como instrumentos para provocar el miedo y viciar de este modo la voluntad del otorgante del acto.

Por ello se hace necesario que el artículo 1819 en cuestión, en la descripción de personas que pueden emplear como instrumento para producir miedo en el ánimo del contratante, se incorpore al concubinario o concubina, a quien lo une un sentimiento tal, que con la amenaza de causarle daño se lleve temor a su ánimo, lo que conlleva a que su voluntad no se externe de manera libre y espontánea, sino que bajo el influjo del miedo, temor o intimidación se vulnere la voluntad para realizar un acto jurídico determinado.

Lo anterior se refuerza en la propia ley, que reconoce tales figuras como sujetas de derechos y obligaciones, al igual que reconoce la relación jurídica.

Con esta propuesta de reforma, seguramente se dará un paso adelante en la precisión del Código Civil, el cual exige mayor claridad y puntualización en sus disposiciones, en este caso concreto, las relativas a los vicios del consentimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 1819 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de su concubinario o concubina, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La siguiente iniciativa ha sido retirada por el grupo parlamentario promovente. Así también la iniciativa del diputado Omar Ortega Alvarez, programada en el orden del día, se ha pospuesto para la próxima sesión y lo mismo ha sucedido con la que promovía el diputado Jorge Kahwagi Macari, que se pospone también para la próxima sesión.

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LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada María Martha Laguette Lardizábal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable Asamblea para presentar la siguiente iniciativa de decreto mediante la cual se pretende modificar el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Señor Presidente, con su permiso procederé a dar lectura a una versión resumida de la iniciativa en comento, por lo cual le solicito atentamente se publique íntegramente el texto de la misma en la Gaceta Parlamentaria y se integre al Diario de Debates. Gracias.

Los derechos humanos han estado presentes prácticamente en toda la historia de México, pero ha sido a partir de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990, que fuera elevada a rango constitucional en 1992 y posteriormente reconocida su autonomía frente a cualquier poder del Estado como los avances en la protección y promoción de estos sublimes derechos que han rendido sus primeros frutos.

La defensa de los derechos humanos poco a poco ha sido aceptada en el ánimo de la sociedad como una tarea de todos: gobierno, partidos políticos, organizaciones y ciudadanía en general, en la que se debe trabajar para ampliar la gama de derechos y garantías fundamentales sujetos a la tutela de las leyes, pues sólo así se podrá garantizar que todos los miembros de la sociedad, sin discriminación de credo religioso, raza, sexo, posición social o política, puedan disfrutar de las oportunidades de desarrollo personal, social y económico que la nación ha logrado a lo largo de su historia.

En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su artículo 2º, que dicha entidad es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Por su parte, el texto actual del numeral 5 del citado ordenamiento jurídico preceptúa que la Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaria ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo, necesario para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional además, para el desempeño de sus responsabilidades, contará con un consejo.

Dentro de esta importante estructura, un papel insustituible y sumamente relevante, lo juegan los visitadores generales, quienes de acuerdo a la legislación federal que los regula, tienen atribuciones como recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas o de oficio; discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita; realizar las investigaciones y los estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración, entre otras más.

En resumidas cuentas, estos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están investidos de facultades que son pieza clave para la defensa integral, eficiente y eficaz de los derechos humanos, por lo que los visitadores generales se constituyen hoy por hoy, como verdaderos procuradores en la observancia y tutela de estos legítimos derechos.

Sin embargo en cuanto a la designación de estos agentes, encontramos que el artículo 23 de la ley en mención, dispone que los visitadores generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; mayor de 30 años de edad el día de su nombramiento; tener título de licenciado en derecho, expedido legalmente; 3 años en el ejercicio profesional y ser de reconocida buena fama.

Como sucede, para cualquier ordenamiento jurídico encontramos que en el precepto aludido se hace alusión a características especiales en los visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indispensables para el cumplimiento de sus funciones, pero sin distingo alguno sobre su origen étnico, de lo cual se coligue que cualquier mexicano, cumpliendo satisfactoriamente los requisitos señalados, podrá tener el carácter de visitador, incluso un indígena.

Sin embargo, la sola y remota posibilidad de que un indígena acceda a un cargo de esta naturaleza respaldada por la igualdad y la generalidad de la ley, ha sido insuficiente. Baste revisar en los archivos del organismo demérito para constar el número de indígenas que a la fecha hayan ocupado el loable cargo de visitador general.

Cuando se habla de derecho social, se tiene que empezar abordando un principio básico en esta materia, que va más allá de la igualdad y quiero referirme con esto a la equidad entendida como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Si realmente estamos convencidos de lo indispensable que es la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, debemos garantizar que frente a estos derechos, exista alguien que se involucre directamente en su defensa y no es que los visitadores generales no lo hagan o por lo menos que no estén obligados a hacerlo, pero lo ideal será que dentro de los mismos visitadores, que son 5, cuando menos uno sea de origen indígena, pues que mejor que quien ha emergido de una realidad económica, política y social diferente a la nuestra, que quien ha vivido, gozado y sufrido sus beneficios y sus adversidades, para entender y velar por los intereses de su origen.

Que si lo anterior es justificable, creo que eso no está en tela duda, cualquier inquietud al respecto es despejada cuando nos damos cuenta de que un alto porcentaje de la población en México es de origen indígena, extendida a lo largo y ancho del territorio nacional, en más de 62 etnias que aún claman un poco de justicia y trato digno para los suyos.

En conclusión, la presente iniciativa de decreto pretende modificar el artículo 5º, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de incorporar obligatoriamente como visitador, a cuando menos una persona cuyo origen sea precisamente el de un grupo étnico indígena.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

Decreto

Artículo único. Se reforma el artículo 5º de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 5º. La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaria ejecutiva, hasta 5 visitadores generales de los cuales cuando menos uno deberá de ser indígena, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 5 días del mes de noviembre del año 2004.

Atentamente.

Martha Laguette Lardizábal.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI

Martha Laguette Lardizábal, diputada a la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante este cuerpo colegiado a presentar la siguiente iniciativa de decreto, por medio de la cual se pretende modificar el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El año de 1994 fue un período clave en la historia de nuestro país, pues fue a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, y de otros acontecimientos originados con posterioridad, como el tema del indigenismo ha venido cobrando gran importancia en la agenda de la vida política, social y económica de la nación.

Así pues, el estado mexicano y la sociedad, han entrado a una profunda revisión y análisis de este tema, que se remonta en el tiempo en más de quinientos años, lo que ha merecido una reflexión crítica sobre lo que se ha hecho al respecto, lo que se ha omitido y los avances logrados.

La realidad es que son diversas las posturas que se han asumido desde los distintos gobiernos, marcadas cada una por una ideología y una época determinada, y las más importantes, pero a la vez contrastantes, son las siguientes:

La primera, que pugnaba por la desaparición del indigenismo; etapa relativa a las políticas públicas que adoptó el estado mexicano a partir de la época posrevolucionaria, buscando por cualquier medio que las etnias indígenas de nuestro país se ajustaran, sin miramiento alguno, a un modelo de vida nacional que no fue diseñado pensando en ellas, sistema que obviamente, ha sido ineficaz, y que en rigor no han resuelto, sino, en muchos casos, empeorado el problema.

En segundo término, las posiciones que plantean la necesidad de un nuevo trato y una nueva relación del estado mexicano con los pueblos indígenas, basadas en la definición de los derechos de dichos pueblos, entre los cuales destacan los de orden político, los de jurisdicción, económicos, sociales y culturales; pero además, siendo este el aspecto más delicado, el derecho a la autonomía, tanto política, como territorial y jurisdiccional.

Quienes aún defienden la primera posición, justifican sus pretensiones en el pensamiento neoliberal, pugnando por que el estado mexicano renuncie a sus compromisos de justicia social frente a los pueblos indígenas y sean las denominadas leyes del mercado las que en última instancia definan la suerte de las etnias. Esta posición está siendo impulsada por todos los que estiman que la apertura comercial y la globalización de la economía es un proceso avasallante, independientemente de cualquier consideración de carácter ético, jurídico o, simplemente, humanista.

Para quienes están inmersos en la cultura globalizadora, el estado mexicano debe auspiciar, por todos los medios posibles, el crecimiento de la economía de mercado, en un contexto de apertura y competencia; en un proceso en el que sólo los más eficientes y productivos tendrán derecho a sobrevivir, reservando las oportunidades de vida y desarrollo para los más competitivos, dejando de lado cualquier compromiso con la justicia social y con quienes menos tienen.

Lo anterior no significa que estamos en contra del desarrollo y posicionamiento de México como País en el mercado externo; en que deba seguir dándosele importancia al gran esfuerzo comercial, que es relevante para el crecimiento de nuestra economía; lo que no es permisible, es que como autoridades concentremos nuestros esfuerzos y los orientemos hacia un único fin, dejando de lado el justo equilibrio que debemos observar al momento de tomar las grandes decisiones, y es aquí, donde generalmente abandonamos a su suerte a nuestros hermanos indígenas.

Así pues, el tema del indigenismo en México no puede ni debe concretarse a dejar que las etnias subsistan y, si es posible, se desarrollen, conforme a sus propios esfuerzos, abandonando los principios de justicia social frente a los pueblos indígenas.

En este contexto, el Estado Mexicano debe considerar en todo momento estos principios; es decir, con su participación decidida en la creación de riqueza y en el esfuerzo por distribuirla con mayor justicia, sobre todo, en beneficio de los sectores, grupos y clases sociales económicamente más débiles, entre los cuales se encuentran nuestros indígenas.

La economía de mercado será favorable para el crecimiento de nuestra Nación, siempre y cuando cuente con la tutela de un claro sentido social; esto es, donde el Estado asuma la rectoría del proceso económico, pues las denominadas leyes del mercado, por sí mismas, no aseguran ni garantizan una justa distribución del ingreso nacional.

La apertura comercial y la globalización son hechos irreversibles, y México tampoco es una isla; pero el país debe adaptarse a estos profundos y acelerados cambios de la economía mundial, sin renunciar, como ya lo decíamos, a sus compromisos con la justicia social, con la soberanía, con los valores de la cultura nacional y con las culturas indígenas.

En resumidas cuentas, debe practicarse una revisión de las políticas publicas que han configurado el tradicional indigenismo; coincidimos con la necesidad de una nueva relación y trato del Estado Mexicano con los pueblos indígenas, lo cual supone un replanteamiento de objetivos, políticas y estrategias para la solución de los problemas que los aquejan, evitando por cualquier medio dejarlos sumidos en el abandono, víctimas de la explotación, marginación y discriminación, de las frecuentemente son objeto.

Es particularmente en la materia de los derechos humanos donde se concentra nuestra propuesta específica:

Los derechos humanos han estado presentes prácticamente en toda la historia de México, pero ha sido a partir de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, que fuera elevada a rango constitucional en 1992, y posteriormente reconocida su autonomía frente a cualquier poder del Estado, como los avances logrados en la protección y promoción de estos sublimes derechos han rendido sus primeros frutos.

La defensa de los derechos humanos, poco a poco ha sido aceptada en el ánimo de la sociedad, como una tarea de todos: Gobierno, partidos políticos, organizaciones y ciudadanía en general, en la que se debe trabajar para ampliar la gama de derechos y garantías fundamentales sujetos a la tutela de las leyes, pues sólo así se podrá garantizar que todos los miembros de la sociedad, sin discriminación de credo religioso, raza, sexo, posición social o política, puedan disfrutar de las oportunidades de desarrollo personal, social y económico que la nación ha logrado a lo largo de su historia.

En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su artículo 2º que ésta, ``es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano''.

Por su parte, el texto actual del numeral 5º del citado ordenamiento jurídico preceptúa: ``La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaría ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. La comisión nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo''.

Dentro de esta importante estructura, un papel insustituible y sumamente relevante lo juegan los visitadores generales, quienes, de acuerdo a la legislación federal que los regula, tienen atribuciones como: recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; iniciar, a petición de parte, la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita; realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración, entre otras más.

En resumidas cuentas, estos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están investidos de facultades que son pieza clave para la defensa integral, eficiente y eficaz de los derechos humanos, por lo que los visitadores generales se constituyen, hoy por hoy, como verdaderos procuradores en la observancia y tutela de estos legítimos derechos.

Sin embargo, en cuanto a la designación de estos agentes, encontramos que el artículo 23 de la Ley en mención dispone:

``Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I.-Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.-Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III.-Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos; y

IV.- Ser de reconocida buena fama.''

Como sucede para cualquier ordenamiento jurídico, encontramos que en el precepto aludido se hace alusión a características especiales en los visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indispensables para el cumplimiento de sus funciones, pero sin distingo alguno sobre su origen étnico, de lo cual se colige que cualquier mexicano, cumpliendo satisfactoriamente los requisitos señalados, podrá tener el carácter de visitador, incluso, un indígena.

Sin embargo, la sola y remota posibilidad de que un indígena acceda a un cargo de esta naturaleza, respaldada por la igualdad y la generalidad de la ley, ha sido insuficiente; baste revistar en los archivos del organismo de mérito para constar el número de indígenas que a la fecha hayan ocupado el loable cargo de visitador general.

Cuando se habla de derecho social, se tiene que empezar abordando un principio básico en esta materia que va más allá de la igualdad, y quiero referirme con esto a la equidad, entendida como ``tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales''.

Si realmente estamos convencidos de lo indispensable que es la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, debemos garantizar que frente a estos derechos, exista alguien que se involucre directamente en su defensa, y no es que los visitadores generales no lo hagan, o por lo menos, que no estén obligados a hacerlo; pero lo ideal será que dentro de los mismos visitadores, que son cinco, cuando menos uno sea de origen indígena, pues qué mejor que quien ha emergido de una realidad económica, política y social diferente a la nuestra; que quien ha vivido, gozado y sufrido sus beneficios y sus adversidades, para entender y velar por los intereses de su origen.

Que si lo anterior es justificable, creo que eso no está en tela de duda, cualquier inquietud al respecto es despejada, cuando nos damos cuenta que un alto porcentaje de la población en México es de origen indígena, extendida a lo largo y ancho del territorio nacional en más de 62 etnias, que aún claman un poco de justicia y trato digno para los suyos.

En conclusión, la presente iniciativa de decreto pretende modificar el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de incorporar obligatoriamente como Visitador, a cuando menos una persona, cuyo origen sea precisamente el de un grupo étnico indígena.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente

Iniciativa de decreto para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

Decreto

Artículo Único: Se reforma el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 5.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta 5 visitadores generales, de los cuales, cuando menos uno deberá ser indígena; así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de noviembre del año 2004.--- Dip. Martha Laguette Lardizábal.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada Laguette.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa de decreto por el que se pone a consideración del Ejecutivo federal se declare área natural protegida el lago de Zirahuén en el estado de Michoacán.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados: México, Brasil, Colombia e Indonesia son los países que se consideran más diversos del mundo y tienen consistentemente el mayor número de especies de los principales grupos biológicos, siendo México uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo; el número total de especies descritas es de casi 65 mil, cifra muy por debajo de las más de 200 mil especies que en una aproximación conservadora se estima habitan en el país.

También aquí se encuentran el número más alto de reptiles del mundo: 754 especies, 52 por ciento endémicas. En mamíferos ocupa el quinto lugar con 491 especies, 29 por ciento endémicas. El cuarto en anfibios, 60 por ciento endémicos y tiene una rica avifauna de más de mil especies.

La flora mexicana consta de más de 23 mil especies, con un nivel de endemismo superior al 40 por ciento, entre las que se destacan familias como las cactáceas, con 850 especies, 84 por ciento endémicas y orquídeas con 920 especies, 48 por ciento endémicas. Así como el género pinus con 48 especies, 43 por ciento endémicas. Además de la alta diversidad de ecosistemas terrestres México posee una gran variedad de ecosistemas acuáticos marinos, buceacuícolas y costeros.

En el país existen más de 70 cuencas pluviales. Los ríos que drenan hacia el Pacífico son generalmente pequeños, de flujo rápido y con pendientes pronunciadas. Mientras que los que desembocan en el golfo de México y el Caribe son frecuentemente grandes, caudalosos y con pendientes suaves.

Después de esta breve semblanza de la vida silvestre, acuícola y animal de nuestra República, hablaremos en específico del estado de Michoacán, lugar donde se localiza, de acuerdo a la sección purépecha, ``El Espejo de los Dioses'', es decir el lago de Zirahuén.

El estado de Michoacán cuenta con una extensión de 59 mil 864 kilómetros cuadrados que representan el 3 por ciento de la superficie total del territorio nacional, ocupando el quinto lugar en biodiversidad por su variedad de ecosistemas, resultado de las regiones biogeográficas, meártica y neotropical y su distribución en cuatro de las más importantes regiones hidrológicas del país como son: Lerma-Santiago, río Balsas, Armería Coahuayana y río de la Costa.

En la región Lerma-Santiago se extienden importantes cuerpos de aguas naturales como los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala.

En la región del río Balsas se localiza una de las corrientes más importantes del país, misma que recibe el nombre de uno de los afluentes del río Balsas. De igual forma en esta región se ubica la presa El Infiernillo, que junto con el Balsas forman uno de los embalses más importantes del país.

Otras corrientes importantes son los ríos Tacámbaro, Tepalcatepec y Cupatitzio. Vale la pena precisar que el lago de Zirahuén se ubica dentro de esta región hidrológica.

En términos generales, la región del Lerma-Santiago presenta importantes desequilibrios y graves problemas de contaminación, no existiendo disponibilidad de recursos para nuevos usos.

Es precisamente previendo este panorama de sobreexplotación, que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, tenemos la responsabilidad de coadyuvar para que los daños por contaminación, sobreexplotación y mal aprovechamiento de los recursos hídricos, no menoscaben más las zonas afluentes y la región donde se encuentra asentado el lago de Zirahuén.

El lago y el pueblo están enmarcados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, los cuales están mejor preservados en los márgenes del ángulo suroeste, ya que es el más alejado de las poblaciones ribereñas.

En este silvestre territorio se encuentran exuberantes lugares como el Rincón de Agua Verde, ubicado entre las altas e inclinadas laderas de montañas circundadas, formando una especie de cañón.

Zirahuén es uno de los pocos lagos de Michoacán que aún no muestra las huellas del devastador paso del hombre, pero que sí nos está ofreciendo señales importantes de los riesgos a los que está siendo sometido a últimas fechas. Más aún si consideramos que ni las autoridades locales ni las federales han hecho algo por preservarlo.

Por lo tanto, los diputados federales integrantes de esta LIX Legislatura, hoy debemos resarcir esta falta de actuación que tanto daño ha causado a muchas regiones de Michoacán, proponiendo que el área en comento sea protegida ahora, antes que la depredación y la ignorancia acaben con ella.

Aunado a los motivos anteriormente descritos sobre la riqueza turística, natural y cultural de Zirahuén y el riesgo inminente a que se está exponiendo y que bien podría ser devastado al igual que otros lagos de la región, son motivos suficientes por los cuales es urgente declararlo área natural protegida, ya que Zirahuén representa una fuente de importantes actividades económicas como la agrícola, frutícola, ganadera, forestal y de recreación.

Sin embargo, en los últimos 25 años la región ha estado sujeta a perturbaciones que afectan sus condiciones originales de estabilidad ambiental y económica. Entre los principales problemas que enfrenta la región está la extensa sobreexplotación de los recursos forestales que incluyen los desmontes sin control, la tala clandestina, los incendios provocados, el aprovechamiento poco selectivo de especies e individuos, la aplicación incontrolada de la frontera agrícola y el incremento de los terrenos para casa-habitación sin una evaluación del impacto ambiental previo.

Existen también problemas graves de contaminación asociados con la acumulación de basura a cielo abierto, descargas de agua municipal con metales pesados disueltos, residuos no biodegradables, uso de lanchas de motor y acuamotos sin la adecuada normatividad en la navegación y protección ambiental, así como el vertido de aguas negras.

De lo anterior se desprende que el lago de Zirahuén cumple con las características para ser un área natural protegida, sustentado en los artículos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo antes expuesto, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone que el Ejecutivo federal declare área natural protegida al lago de Zirahuén, situado en el municipio de Salvador Escalante, estado de Michoacán.

Es cuanto señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniviativa de decreto, por el que se pone a consideración del Ejecutivo federal que se declare área natural protegida el lago de Zirahuén, situado en Michoacán, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del viernes 5 de noviembre de 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el pone a consideración del Ejecutivo federal que declare área natural protegida el lago de Zirahuén, en el estado de Michoacán, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

La inmensa mayoría de personas que habitamos el planeta tierra pasamos durante toda nuestra vida generando basura y otros desechos que no son biodegradables dejando una estela de daño irreversible al único planeta que conocemos con vida desafortunadamente son verdaderamente pocos los esfuerzos a favor de no contaminar, y que hoy día, aun por desgracia no existe una cultura de respeto hacia el medio ambiente, de hecho las personas que dedican su vida al conocimiento y conservación de la naturaleza por ignorancia y desconocimiento muchas ocasiones son catalogados como extravagantes o personas fuera de contexto, siendo que si cada persona dedicara tan solo una cuarta parte del tiempo que vive a cuidar de nuestro hábitat, a enseñar a los niños el respeto y el cuidado por la naturaleza en todas sus facetas, si tan solo pudiéramos convivir con lo que nos rodea de una manera armónica y amigable sin tener que sacrificar innecesariamente la vida de los ecosistemas, tendríamos un futuro menos comprometedor y mas halagüeño con la perduración de las especies.

La llamada de atención hacia la humanidad por parte de la naturaleza cada vez atrae mas nuestra atención, ya que los desordenes en el planeta son de muy diversa índole y con mayor frecuencia y gravedad al paso del tiempo, fenómenos siempre presentes como huracanes, terremotos, tornados, deslaves, avalanchas, granizadas, inundaciones, aludes y precipitaciones pluviales atípicas, son cada año mas intensos y se encuentran en la cotidianeidad de nuestra existencia en cualquier rincón del mundo.

La humanidad en su conjunto sin importar el lugar donde se ubique ya no esta exenta de ser tocada por la furia de los fenómenos de origen natural, ya que la naturaleza se sigue abriendo paso, no se encuentra estática por el contrario es dinámica y esta muy por encima de los seres humanos, respondiendo a cada embate que le descargamos con fenómenos climáticos como el niño y la niña, una creciente manifestación del cinturón de fuego, el movimiento cada vez con mayor intensidad y frecuencia de las placas tectónicas, en fin una serie de preocupantes acontecimientos que sin importar la época del año nos hacen sentir su presencia y fuerza, además de pasar por arriba de cualquier sociedad, en una franca y declarada respuesta a tantos ataques impunes que recibe por parte del ser humano, unos en pos de la ciencia y otros en una actitud de ingobernabilidad, prepotencia e ignorancia que a la postre nos llevará a la destrucción de toda forma de vida.

Es menester de todos, el podernos ocupar hoy día de cómo resarcir parte de los daños perpetrados a la naturaleza por un lado y por otro el detener completamente la extinción de especies animales y vegetales en peligro de extinción, son algunas de las encomiendas que en principio como seres humanos y luego como legisladores debemos tener presentes en nuestro quehacer cotidiano en lo que nos reste de vida en el planeta, ya que lo hecho el día de hoy en pro de este mundo llamado tierra, será el mejor legado que podemos dejar de nuestro transito por aquí, la principal ofrenda para quien nos tiene albergados desde hace cientos de miles de años y que nos ha ofrecido las condiciones para subsistir como especie. Es momento de devolver un mucho de lo que se nos ha otorgado en bien de las generaciones futuras.

Ahora bien, hablando en lo particular de nuestro querido México encontramos que es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, no sólo por poseer un alto número de especies (que es la noción más común de biodiversidad), sino también por su diversidad en otros niveles de la variabilidad biológica, como el genético y el de ecosistemas. Se estima que en el país se encuentran entre un 10 y 12% de las especies conocidas para la ciencia; de acuerdo con la clasificación jerárquica de los hábitat terrestres elaborada por Dinerstein y colaboradores en 1995 para la Fundación Mundial para la Vida Salvaje (WWF por sus siglas en ingles), México y Brasil son los países latinoamericanos con más tipos de ecosistemas, y nuestro país incluso es superior en cuanto a la variedad en tipos de hábitats y ecorregiones. La extraordinaria biodiversidad del país se explica principalmente por la complejidad de su topografía, la variedad de climas y la convergencia de dos zonas biogeográficas: la Neártica y la Neotropical.

De acuerdo con la información del Inventario Forestal Nacional del año 2000, los matorrales son el bioma más importante por su extensión, ya que cubren cerca del 29% del territorio nacional, le siguen los bosques (17%) y las selvas (16%).

Se reconoce que México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo; el número total de especies descritas es de casi 65, 000, cifra muy por debajo de las más de 200, 000 especies que en una aproximación conservadora, se estima habitan en el país. También aquí se encuentra el número más alto de reptiles del mundo con 704 especies (52% endémicas), lo que representa el 11% de las especies de este grupo conocidas en el planeta; en mamíferos, ocupa el quinto lugar con 491 especies (29% endémicas), el cuarto en anfibios (60% endémicos) y tiene una rica avifauna de más de 1, 000 especies.

La flora mexicana consta de más de 23, 000 especies con un nivel de endemismo superior al 40%, entre las que destacan familias como las cactáceas con 850 especies (84% endémicas) y orquídeas con 920 especies (48% endémicas), así como el género Pinus con 48 especies (43% endémicas).

Además de la alta diversidad de ecosistemas terrestres, México posee una gran variedad de ecosistemas acuáticos marinos, dulceacuícolas y costeros. En el país existen más de 70 cuencas fluviales; los ríos que drenan hacia el Pacífico son generalmente pequeños, de flujo rápido y con pendientes pronunciadas, mientras que los que desembocan en el Golfo de México y el Caribe son, frecuentemente, grandes, caudalosos y con pendientes suaves. Los ríos más importantes por su volumen medio anual son, en la vertiente del Pacífico, el Colorado, Yaqui, Fuerte, Culiacán, Lerma-Santiago, Balsas, Papagayo, Ometepec, Verde, Tehuantepec y Suchiate; en la vertiente del Golfo, el Bravo, Pánuco, Tuxpan, Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta y, para la vertiente del Mar de las Antillas, el Río Hondo. Los ríos del interior más importantes son el Nazas, Aguanaval, Santa María, Casas Grandes y del Carmen.

Dentro de los cuerpos de agua lénticos existen alrededor de 70 lagos de tamaño muy diverso mismos que en conjunto, cubren una superficie cercana a las 371 mil hectáreas. El mayor número de lagos en el país se localiza en la zona del Eje Volcánico Transversal, asociados al sistema Lerma-Santiago; la zona centro-occidente (que incluye los estados de Jalisco y Michoacán) es la más importante, ya que alberga los lagos más grandes: Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. Los embalses artificiales también son relevantes, ya que más de 4,500 obras de almacenamiento actualmente cubren una superficie mayor que los embalses naturales. Los embalses artificiales más grandes del país son las presas La Amistad, Falcón, Vicente Guerrero, Álvaro Obregón, Infiernillo, Cerro del Oro, Temascal, Caracol, Requena y Venustiano Carranza.

A nivel mundial, cerca del 12% de las especies animales y el 41% de todas las especies de peces viven en los ríos y lagos dulceacuícolas. En México las aguas continentales a pesar de que comparativamente ocupan una superficie muy pequeña del país albergan una gran variedad de grupos taxonómicos. La descripción de la diversidad de los ecosistemas acuáticos en México está basada fundamentalmente en los peces, ya que son el grupo del que se tiene la información más completa y podría reflejar la magnitud de la diversidad de otros. Se han descrito alrededor de 384 especies de peces dulceacuícolas, cantidad que duplica lo registrado en países como Japón (186 especies), Canadá (177) o Turquía (152), aunque es inferior a la de Estados Unidos, que tiene más de 800 especies.

Los ríos con más diversidad de peces son el Pánuco con 75 especies (30% endémicas), Lerma-Santiago con 57 especies (58% endémicas), Coatzacoalcos con 53 especies (13% endémicas) y Papaloapan con 47 especies (21% endémicas). Algunos de los sistemas lacustres más importantes por su biodiversidad y alto número de endemismos conocidos son el Lago de Chapala, los lagos-cráter de la Cuenca de Oriental, el Lago de Catemaco, la Laguna de Chichankanab y el Lago de la Media Luna. De igual forma Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, es un sitio particularmente importante, ya que en esta pequeña zona viven 12 especies de crustáceos (la mitad son endémicas), 33 especies de moluscos, 16 especies de peces (la mayoría endémicas y en peligro de extinción: Dionda episcopa, Cyprinodon atrorus, Lucania interioris, Cichlasoma minckleyi, entre otras), una herpetofauna de 70 especies y 61 aves acuáticas reportadas.

El inventario completo de la riqueza biológica de México y su nivel de endemismo es una tarea que no ha sido concluida debido, entre otras razones, a la diversidad de grupos biológicos que aún no están bien estudiados o colectados como los hongos, invertebrados terrestres y acuáticos y organismos microscópicos, por lo que las cifras que se presentan para estos grupos seguramente aumentarán en la medida en que se profundice su estudio.

México, Brasil, Colombia e Indonesia son los países que se consideran más diversos del mundo y tienen consistentemente el mayor número de especies de los principales grupos biológicos. México, Australia y Estados Unidos son dentro de los países miembros de la OCDE, los más diversos; sin embargo, cuando se toma en cuenta el área de cada país, México tiene muchas más especies por km2 de superficie que cualquier otro miembro de esta organización.

Además del alto número de especies, la diversidad de México es relevante porque muchas de las especies de importancia agrícola tuvieron su origen en nuestro territorio. De hecho, México es el único país megadiverso que se encuentra en lo que se conoce como la ``faja génica'', que circunda al mundo entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Este hecho se refleja en la gran diversidad de especies y variedades de plantas cultivadas. Por ejemplo, el género Phaseolus (donde se encuentra el fríjol común) está representado en el país por 35 especies, muchas de las cuales son cultivadas o utilizadas en diversas regiones del territorio.

El esfuerzo más importante para conocer y sistematizar la información biológica de México está a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a través del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB). El SNIB integra la información taxonómica, ecológica, geográfica y bibliográfica de las especies de México en un sistema que permite el análisis a nivel genético, de especies y de ecosistemas en diversas escalas espaciales (local, nacional y regional).

Después de esta breve semblanza de la vida silvestre, acuícola y animal de nuestra República, hablaremos en especifico del estado de Michoacán lugar donde se localiza una de las zonas mas hermosas de nuestra República, misma que concentra una gran riqueza por los ecosistemas que ahí subyacen, por el atractivo y valor turístico que tiene no solo para el estado sino para la República y me estoy refiriendo al ``espejo de los dioses'' (lengua Purepecha) es decir el lago de Zirahuén.

Iniciaremos citando las características fundamentales del Estado, mismas que lo ubican en un sitio preponderante en el país; la entidad cuenta con una extensión de 59,864 Km2 que representan el 3% de la superficie total del territorio nacional, ocupando el 5° lugar en biodiversidad por su variedad de ecosistemas, resultado de la convergencia de las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical y su distribución en 4 de las mas importantes regiones hidrológicas del país, como son Lerma-Santiago, Rió Balsas, Armería-Coahuyana y Ríos de la Costa.

Estas condiciones propician la presencia de 14 tipos de vegetación diferente, con mas de 1,151 especies de plantas, 150 especies de mamíferos, 522 de aves, 146 especies de reptiles, 40 de anfibios, 314 de mariposas y mas de 100 especies de peces, además de una gran diversidad de paisajes y condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, ganadería, fruticultura, silvicultura, acuacultura y ecoturismo entre otras.

Como lo hemos comentado en Michoacán se encuentran 4 regiones hidrológicas: La región Lerma-Santiago al norte del Estado (a la cual corresponde la clave RH12 conforme al sistema nacional de clasificación hidrológica); la región del Río Balsas (RH18) situada en la parte central y al sur, entre la Sierra de Coalcomán y la zona costera, están ubicadas las regiones Armería-Coahuayana (RH16) y Ríos de la Costa (RH17).

En la región Lerma-Santiago se extienden importantes cuerpos de aguas naturales, como los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala, así como de tipo artificial las presas de Tepuxtepec, Cointzio y Malpais, que irrigan amplias zonas agrícolas.

En la región Río Balsas se localiza una de las corrientes más importantes del país, misma que recibe el nombre de uno de sus afluentes el río Balsas, también conocido como Atoyac, Grande o Mezcala, de igual forma en esta región se ubica la presa El Infiernillo que, junto con el Balsas, forman uno de los embalses más importantes del país. Otras corrientes importantes son los ríos Tacámbaro, Tepalcatepec, y Cupatitzio; vale la pena precisar que el lago de Zirahuén también se ubica dentro de esta región hidrológica.

De la región Armeria-Coahuayana sólo una pequeña área corresponde al Estado de Michoacán. Aquí la corriente más importante es la del río Coahuayana, también conocido como Tuxpan.

La región Ríos de la Costa comprende las corrientes que desembocan en el Océano Pacifico, siendo las más importantes los ríos Neixpa y Coalcomán.

Considerando el sistema de clasificación hidrológico nacional, en el área de influencia del Estado, las 4 regiones hidrológicas comprenden 21 cuencas y éstas a su vez 57 subcuencas, 138 subcuencas especificas y 689 micro cuencas.

En cuanto a las condiciones geohidrológicas se refiere, en el Estado existen 21 acuíferos conocidos: 9 en la región hidrológica de Lerma-Santiago, 9 más en la región del Balsas, 2 en la de Ríos de la Costa y uno en la Armería-Coahuayana.

Del total de acuíferos 6 presentan sobreexplotación entre los que se encuentran Ciénegas-Chapala, Zamora y La Piedad; la recarga total de los acuíferos se estima en 1,376.56 millones de metros cúbicos, mientras que la extracción total es estimada en los 1,094.26 millones de metros cúbicos; el 41% de la extracción se lleva a cabo en los acuíferos de Apatzingán y Morelia-Queréndaro.

En términos generales, la región de Lerma-Santiago presenta importantes desequilibrios y graves problemas de contaminación, no existiendo disponibilidad del recurso para nuevos usos, ya que los volúmenes que se generan se asignan a cada uno de los usuarios de acuerdo al criterio establecido por el consejo de la cuenca Lerma-Chapala, además de que se presentan problemas de aprovechamiento por su contaminación. Las regiones del Balsas y Armería-Coahuayana tienen disponibilidad con restricciones para uso agrícola.

Es precisamente previendo este panorama de sobreexplotación que existe, que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México tenemos la responsabilidad de coadyuvar para que los daños por contaminación, sobreexplotación y mal aprovechamiento de los recursos hídricos no menoscaben mas las zonas afluentes y la región donde se encuentra asentado el lago de Zirahuén, ello por el riesgo para la sobrevivencia de los diferentes ecosistemas y la heterogeneidad de sus especies, así como el valor histórico, cultural y comercial que tiene para las comunidades aledañas al mismo.

Aunado a lo anterior precisaremos que al norte del Estado se encuentran los acuíferos más explotados y aprovechados, mismos que están conformados sobre materiales como las rocas sedimentarias y tobas asociadas al Eje Neovolcanico, estos acuíferos se ubican en las depresiones formadas por lagos, como los de Chapala, de Morelia Querendaro en su porción norte, Zacapu y Lagunillas-Pátzcuaro, o por los afluentes y corrientes principales del Río Lerma, como los de Maravatío-Contepec, Pastor Ortiz, La Piedad, Zamora y Briseñas-Yurécuaro (CNA, 1999).

El agua como aspecto fundamental para la vida y para el crecimiento económico, cuyo manejo, complejo y conflictivo, a venido agravándose por fenómenos climatológicos como son las sequías, las inundaciones y sobretodo por problemas relacionados con la contaminación, nos arroja la situación y perspectiva del uso de este recurso, así como su gestión y administración, la cual a permitido detectar la existencia de 5 problemas fundamentales en torno a la misma, que son:

Disminución de la disponibilidad, competencia y sobreexplotación de las fuentes del recurso.

Contaminación de ríos y afluentes subterráneas.

Deficiencia en el aprovechamiento del recurso para uso agrícola.

Deficiencias en los servicios de agua potable.

Obstrucción de cauces y zonas federales.

Aunado a lo anterior el crecimiento de la población ha aumentado la demanda de agua, situación que ha generado a su vez, escasez y sobreexplotación de algunos acuíferos que con antelación apuntábamos. Lo que da como resultado que se encuentren al límite de su aprovechamiento cuencas como la de Lerma-Chapala.

Ante tal circunstancia y que la misma no es privativa solo del Estado de Michoacán, es necesario cobrar conciencia de la gravedad del problema y que una posible crisis derivada de la falta del vital liquido no esta fuera de la realidad, por tanto estamos a tiempo de poner en práctica los conocimientos y experiencias que permitan una explotación y convivencia armónica del hombre con los recursos naturales que lo rodean, tal es el caso particular que deriva de la presente iniciativa y que involucra al lago de Zirahuén situado en la parte central del Estado de Michoacán enclavado en el municipio de Salvador Escalante, a 20 kilómetros de Pátzcuaro, el cual forma parte del sistema lacustre junto con los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala.

De forma cuadrangular, el lago de Zirahuén tiene poco más de 4 km por lado y una profundidad de unos 40 metros en su parte central. Esta situado en una pequeña cuenca cerrada, rodeada de altas montañas, por lo que sus riberas son muy escarpadas. Solo en la parte norte se encuentra una pequeña planicie donde se ha establecido el pueblo de Zirahuén, que a su vez esta rodeado de abruptos cerros.

El lago y el pueblo están enmarcados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, los cuales están mejor preservados en las márgenes del ángulo suroeste, ya que es el más alejado de las poblaciones ribereñas. En este silvestre territorio se encuentran exuberantes lugares como el rincón de Agua Verde ubicado entre las altas e inclinadas laderas de las montañas circundantes formando una especie de cañón; el nombre se le otorgo por el color que toman las aguas cristalinas del lago al reflejarse en ellas el espeso follaje de las riberas, y por los pigmentos vegetales disueltos en el agua debido a la descomposición de las hojas.

Es uno de los pocos lagos de Michoacán que aun no muestra las huellas del devastador paso del hombre, pero que si nos esta ofreciendo señales importantes, de los riesgos a los que esta siendo sometido a ultimas fechas, mas aun si consideramos que ni las autoridades locales ni federales han hecho algo por preservarlo, por tanto los Diputados Federales integrantes de esta LIX Legislatura, hoy debemos resarcir esta falta de actuación que tanto daño a causado hasta ahora a muchas regiones de Michoacán y ante la indiscriminada tala de árboles de forma autorizada y clandestina, además de la extinción de algunas especies endémicas como el pez blanco especie particular de los lagos del lugar y a la muerte de tanta flora y fauna que se ha venido marcando en los últimos años, es que proponemos que el área en comento sea protegida ahora, antes que la depredación y la ignorancia acaben con ella.

La cuenca del lago de Zirahuén posee un amplio patrimonio ecológico y un alto potencial de servicios ambientales, como son el mantenimiento del ciclo hidrológico y la captura de carbono a través de la conservación de sus bosques entre los cuales destaca el llamado bosque mesófilo de montaña, siendo este de las pocas asociaciones que quedan en la Región Purepecha y que en este momento se encuentra bajo la actividad de desmonte masivo para utilizar la zona de 40 hectáreas en predios turísticos. Existen alrededor de 770 especies de plantas, sin embargo este número es posible que se incremente con el avance de los estudios taxonómicos. Lo anterior significa que se trata de una zona de alta diversidad de flora, en comparación con la de otras regiones cercanas, de mayor extensión, como las cuencas de los lagos de Patzcuaro y Cuitzeo.

Otro rubro a destacar del multicitado lago es el relativo, al aprovechamiento pesquero, el cual tiene como base la captura de cuatro especies comerciales incluyendo el pez blanco, charal, lobina negra y carpa. El rendimiento pesquero comercial es de 14.4 kilogramos por hectárea por año, con una producción promedio anual de 14,400 kilogramos. Las zonas de pesca se ubican el los litorales y con mayor frecuencia en las zonas de vegetación acuática, pero desgraciadamente los niveles de captura de las diferentes especies año con año han venido disminuyendo de una forma por demás importante.

La presencia de los grupos taxonómicos anteriores, así como la predominancia tanto del fitoplancton como del zooplancton sugiere que el lago de Zirahuén presenta una diversidad biológica asociada a un estado de salud aceptable.

Ahora bien, es necesario conocer mas a detalle lo relativo a quienes habitan la región donde se ubica el Lago del cual venimos hablando, así como las costumbres y actividades que allí se desarrollan, esto con el objetivo de dar una justa dimensión de la problemática aquí expuesta, en consecuencia se desprende que la población de Salvador Escalante, municipio en el que se encuentra enclavado el lago de Zirahuén, se concentra de la siguiente forma

Las actividades económicas en el municipio se desglosan de la siguiente forma, el 51% del territorio esta dedicado a la actividad forestal, 41% de agricultura, 7% uso pecuario y el 1% a la pesca. La tasa anual de crecimiento es de 6.2% y una densidad de población de 63.5 habitantes por kilómetro cuadrado, además del total de la superficie del municipio, solamente al 6.6% de la superficie pertenece a la comunidad indígena, Existen 30 ejidos que abarcan el 45% de la superficie y la propiedad privada ocupa el 44.4%.

En lo que se refiere a la fauna silvestre que incluye peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos se identifica la presencia de 90 especies, de las cuales 9% corresponde a peces (nativos e introducidos), 9% a anfibios y reptiles, 44.3% a las aves (residentes y migratorias) y el 37.7% a mamíferos. En estos registros se observa la incidencia de especies que corresponden tanto a la región del río Lerma o de influencia neártica, como de algunas especies que proceden de la región del río Balsas o de influencia neotropical. Lo anterior sugiere que la cuenca de Zirahuén es una zona de transición ecogeográfica de considerable importancia para la región diferenciada principalmente por la altitud y las zonas de cañada, las cuales sirven de corredor de dispersión de los diferentes grupos faunísticos que existen entre las dos regiones neártica y neotropical.

Después de presentar un breve análisis de la problemática que enfrenta el lago de Zirahuén, es necesario comentar con todos ustedes, los medios e instrumentos que tenemos a nuestro alcance a efecto de proteger y preservar las diferentes áreas naturales del país, existiendo la posibilidad de clasificar las mismas como: Reservas, Parques Nacionales, Biosferas, Monumentos Históricos, Protección de Flora y Fauna y Santuarios entre otros.

Debemos tomar en cuenta para ello que las cifras en torno a las diferentes áreas naturales son pequeñas y poco representativas de la diversidad biológica y ecológica de México. La extensión tan limitada no garantiza la sobrevivencia de numerosas especies de gran valor ecológico, económico y cultural que existen en nuestra nación y que se encuentran sujetas a procesos de sobreexplotación, tráfico ilegal, erradicación, disminución de sus poblaciones naturales y deterioro genético. Por ello, es necesario ampliar la superficie bajo protección, aprovechando la gran heterogeneidad ambiental y alta biodiversidad que en ocasiones presenta una distribución y abundancia muy restringidas.

Es por ello que hoy tenemos frente a nosotros la posibilidad de declarar a una región Área Natural Protegida, ya que estas son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. Las cuales son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez mas reconocidos y valorados. Las actividades que puedan llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico, de igual forma están sujetos a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en dicha Ley.

Es de hacer notar que las poco mas de 17.8 millones de hectáreas que abarcan estas áreas naturales protegidas equivalen solamente al 9% del total del territorio nacional.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el artículo 76 titulo segundo, capitulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, menciona que: ``la Secretaria integrara el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país.'' Tal es el caso del lago de Zirahuén, pero que infortunadamente hasta este momento no ha sido considerado para otorgarle esa categoría, situación que la presente iniciativa pretende modificar.

En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP solo se han registrado 53 áreas naturales protegidas compuestas por: 31 reservas de biosfera, 13 parques nacionales, 8 áreas de protección de flora y fauna y 1 monumento natural, acciones que deben de cambiar en el futuro inmediato para que podamos contar en las generaciones venideras con lugares donde subsistan las especies y con ello perduremos nosotros mismos.

Aunado a los motivos anteriormente descritos sobre la riqueza turística y cultural de Zirahuén y el riesgo inminente a que se esta exponiendo y que bien podría ser devastado al igual que otros lagos de la región, existen mas motivos por los cuales declararlo Área Natural Protegida, entre los cuales esta su riqueza en recursos naturales, ya que como se ha venido exponiendo, la cuenca del lago de Zirahuén representa una fuente de importantes actividades económicas como la agrícola, frutícola, ganadera, forestal y de recreación. Sin embargo, en los últimos 25 años la región ha estado sujeta a perturbaciones que afectan sus condiciones originales de estabilidad ambiental y económica. Entre los principales problemas que enfrenta la región esta la intensa sobreexplotación del recurso forestal que incluye los desmontes sin control, la tala clandestina, los incendios provocados, el aprovechamiento poco selectivo de especies e individuos, la ampliación incontrolada de la frontera agrícola y el incremento de los terrenos para casa habitación sin una evaluación de impacto ambiental previa. Además algunos de los efectos que han ocasionado un impacto negativo en la vegetación es la reducción de la biomasa forestal, cambios en la estructura y composición de las comunidades vegetales, la reducción de población vegetales con un alto potencial económico y la reducción en la diversidad biológica y genética entre otros.

En la actualidad el deterioro ambiental que se presenta en la cuenca ha ocasionado la desaparición y/o reducción en la densidad de población de especies ecológicamente importantes, como en las especies acuáticas. Allotoca dugesi; Skiffia lermae ambas especies conocidas localmente como pez ``tiro'' endémicas y Alloophorus robustus conocido como ``chegua'' y Neoophorus diaza conocido como ``tiro de Zirahuén'', así como de las especies pertenecientes al bosque mesófilo de montaña: Tilia mexicana (Sirimo) y Carpinus carlintana (llamados pipinques).

Existen también problemas graves de contaminación asociados con la acumulación de basura a cielo abierto, descargas de agua municipal con metales pesados disueltos, residuos no biodegradables, uso de lanchas de motor y acuamotos sin la adecuada normatividad de navegación y protección ambiental, así como el vertido de aguas negras. Además, la creciente demanda y compra irregular de terrenos estratégicos alrededor del lago ocasionan la progresiva especulación de predios y un desplazamiento de sus habitantes originales con el consecuente impacto negativo sobre la estructura social, económica, cultural y ambiental.

Las condiciones de calidad del agua que se observan sugieren una tendencia hacia un proceso de eutroficación (deterioro de las propiedades originales del agua). El lago es un sistema cerrado y presenta solamente el 3.9% de la superficie total de la cuenca con una relación cuenca -- superficie de 26.5%. Lo anterior significa que tanto la cuenca como el lago presentan una alta susceptibilidad al deterioro. Las descargas domésticas sin tratamiento proceden de las poblaciones de Zirahuén, Santa Clara de Cobre y Copándaro.

Las diferentes formas de producción local influyen en el ciclo hidrológico regional, determinan tanto la existencia como la abundancia de los recursos biológicos territoriales, definen la calidad del agua, así como el estado de salud del lago, el nivel de productividad biológica terrestre y acuática así como en el bienestar social de la región.

De lo anterior se desprende que el lago de Zirahuén cumple con las características para ser un Área Natural Protegida, con sustento en los artículos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pone a consideración del Ejecutivo Federal declare área natural protegida el lago de Zirahuén, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Primero.- Se declara área natural protegida el lago de Zirahuén, situado en el municipio de Salvador Escalante, estado de Michoacán.

Artículo Segundo.- Los límites de esta área natural protegida corresponderán a la zona federal de dicho lago y estarán enmarcados en el plano que al efecto levante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputados: Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas:

El suscrito diputado Gonzalo Alemán Migliolo, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción XII, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad y ante la apertura económica que ha sufrido el mercado nacional a productos originarios y provenientes de otros países, se observa que una enorme cantidad de bienes entran a territorio nacional, causando una afectación al fisco federal y a los sectores productivos nacionales, ello ya que se han venido realizando importaciones de mercancías al territorio nacional sin efectuar el correspondiente pago de contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias o evadiendo el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias y tal situación se refleja entre otras áreas, en productos como la manzana, el frijol, el azúcar, el maíz, industrias metálicas básicas, sustancias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho y plástico, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos metálicos, maquinaria y equipo, industria de la madera y sus derivados, alimentos, bebidas, tabaco, productos minerales no metálicos, petróleo y sus derivados, carbón, minería, etcétera.

En ese contexto debe señalarse que las diversas reformas llevadas a cabo en la legislación de la materia, han permitido combatir estas situaciones; sin embargo, y entre otros aspectos, es necesario tener en cuenta que surge como una necesidad propia de la situación actual, actualizar la Ley de Amparo a las circunstancias antes descritas que vive nuestro país, respecto a las importaciones de bienes extranjeros, así como en su caso controlar la salida del país, cuya importancia, naturaleza o protección son reguladas en la legislación nacional.

En este contexto es menester considerar que en la Ley de Amparo se prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos judiciales que, en su caso, suspenden la ejecución o aplicación de aranceles con cuotas compensatorias, cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo.

En este sentido se ha observado que existen casos, en los cuales se utiliza al juicio de amparo como un medio legal en diversas situaciones el pago de las contribuciones cuotas compensatorias, por ello, se hace necesario adecuar y actualizar la referida Ley de Amparo, a fin de que el fisco federal se encuentre en posibilidad de poder exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, así como en su caso exigir el cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías.

Por ello se propone modificar el texto de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo vigente con la finalidad de actualizarlo a las circunstancias de la producción nacional y de la propia estabilidad económica del país, así como en su oportunidad ayudar al fomento de desarrollo del mismo en sectores tales como el de la industria metálica básica, sustancias químicas derivadas del petróleo y productos de caucho, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos metálicos, maquinaria y equipo agropecuario, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, alimentos, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, productos minerales no metálicos derivados del petróleo y la minería.

En el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se regulan los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión en el amparo. Sin embargo, en un análisis efectuado al requisito previsto en la fracción II del artículo en comento, consistente en que la suspensión no debe generar perjuicio al interés social, ni se deben contravenir disposiciones de orden público.

Bajo este contexto, se desprende que existe una laguna normativa, puesto que actualmente la realidad arroja que existe un gran flujo de mercancías prohibidas que entran y salen de territorio nacional o bien que incumplen con diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias previstas en la ley. En razón de tales circunstancias y ante la necesidad de evadir la omisión en el pago de los ingresos fiscales, así como ante la situación de evitar que se evada el cumplimiento de las normas respectivas, ante ese contexto surge la necesidad de actualizar y adecuar la Ley de Amparo a fin de que responda a las circunstancias de interés social y de orden público respecto del ingreso al país de mercancía que pretende evadir el pago de contribuciones, aprovechamientos, así como omitan cumplir con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias; con excepción del caso de las cuotas compensatorias, las cuales se vinculan con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.

El artículo 135 de la Ley de Amparo regula que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda.

Sin embargo y no obstante lo señalado en este precepto legal, en el caso se estima que la actual redacción del artículo no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes tales como los aprovechamientos y las multas, los cuales debido a su importancia y trascendencia, deben ser regulados en el marco del propio artículo en comento y asimismo se estima que un cambio de la redacción del artículo 135 de la ley en comento, ayudará a generar mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado, precisando la forma en que deberá efectuarse el depósito de la cantidad requerida por la autoridad fiscal.

Para ello, se estima que el actual párrafo segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente, deberá ser derogado.

Por las anteriores consideraciones se presenta a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se reforman los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo para quedar con siguen:

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que lo solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará entre otros casos que si se siguen estos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continué el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo, o degeneren la raza; se permita al incumplimiento de las órdenes militares; se permita el ingreso al país de mercancías, cuya introducción esté prohibida en términos de ley, o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo de las cuotas compensatorias las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas, se afecte la producción nacional y,

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de distrito al conceder la suspensión procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efecto previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la, concluyo, Presidente, o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo cuando exista sobreseimiento del mismo o bien, cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos a la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivo los depósitos.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Gonzalo Alemán Migliolo, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad y ante la apertura económica que ha sufrido el mercado nacional a productos originarios y provenientes de otros países, se observa que una enorme cantidad de bienes entran en el territorio nacional, causando una afectación al fisco federal y a los sectores productivos nacionales, ello ya que se han venido realizando importaciones de mercancías al territorio nacional, sin efectuar el correspondiente pago de contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias o evadiendo el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, y tal situación se refleja entre otras áreas, en productos tales como la manzana; el frijol; el azúcar; el maíz; industrias metálicas básicas; sustancias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho y plásticos; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; productos metálicos, maquinaria y equipo; industria de la madera y sus derivados; alimentos, bebidas, tabaco; productos minerales no metálicos, petróleo y sus derivados, carbón; minería, etcétera.

En este contexto debe señalarse que las diversas reformas llevadas a cabo en la legislación de la materia han permitido combatir estas situaciones, sin embargo, y entre otros aspectos es necesario tener en cuenta, que surge como una necesidad propia de la situación actual, actualizar la Ley de Amparo a las circunstancias antes descritas que vive nuestro país respecto a las importaciones de bienes extranjeros, así como en su caso controlar la salida del país de mercancías cuya importancia, naturaleza o protección son reguladas en la legislación nacional; en este contexto es menester considerar que en la Ley de Amparo se prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos judiciales que en su caso suspenden la ejecución o aplicación de aranceles y cuotas compensatorias, o ambos, cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo.

En este sentido se ha observado que existen casos en los cuales se utiliza al juicio de amparo, como un medio legal para evitar en diversas situaciones el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias, por ello, se hace necesario adecuar y actualizar la referida Ley de Amparo, a fin de que el fisco federal se encuentre en posibilidad de poder exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, así como en su caso exigir el cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías, para ello se propone modificar el texto de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo vigente, con la finalidad de actualizarlos a las circunstancias de la producción nacional y de la propia estabilidad económica del país, así como en su oportunidad ayudar al fomento del desarrollo del mismo, en sectores tales como: el de industrias metálicas básicas; sustancias químicas derivadas del petróleo y productos de caucho; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; productos metálicos, maquinaria y equipo; agropecuarios, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; alimentos, bebidas y tabaco; industria de la madera y productos de madera; productos minerales no metálicos derivados del petróleo y minería.

En el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente se regulan los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión en el amparo, sin embargo, de un análisis efectuado al requisito previsto en la fracción II del artículo en comento, consistente en que la suspensión no debe generar perjuicio al interés social, ni se deben contravenir disposiciones de orden público, bajo este contexto se desprende que existe una laguna normativa, puesto que actualmente la realidad arroja que existe un gran flujo de mercancías prohibidas que entran y salen del territorio nacional, o bien que incumplen con diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias previstas en la Ley, y en razón de tales circunstancias y ante la necesidad de evitar la omisión en el pago de los ingresos fiscales, así como ante la situación de evitar que se evada el cumplimiento de las normas respectivas, ante ese contexto surge la necesidad de actualizar y adecuar la Ley de Amparo, a fin de que responda a las circunstancias de interés social y de orden público, respecto del ingreso al país de mercancías que pretenden evadir el pago de las contribuciones, aprovechamientos, así como que omitan cumplir con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias, con excepción del caso de las cuotas compensatorias, las cuales se vinculan con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.

El artículo 135 de la Ley de Amparo regula que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones, siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda, sin embargo, y no obstante lo señalado en este precepto legal, en el caso se estima que la actual redacción del artículo no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes tales como los aprovechamientos y las multas, los cuales debido a su importancia y trascendencia deben ser regulados en el marco del propio artículo en comento, y asimismo se estima que un cambio de la redacción del artículo 135 de la Ley en comento ayudará a generar mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado, precisando la forma en que deberá efectuarse el depósito de la cantidad requerida por la autoridad fiscal. Para ello se estima que el actual párrafo segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente deberá ser derogado.

Por las anteriores consideraciones, se presenta a consideración de esta H. asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado.

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; se permita el incumplimiento de las órdenes militares; se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; y

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.''

``Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2004.--- Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La siguiente iniciativa en el orden del día ha sido retirada por su promovente.

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ARTICULOS 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera: Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás que se correlacionan del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto, que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en lo siguiente:

La planeación y el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país ha transitado por diferentes periodos, en lo que el papel de los municipios ha respondido a las cambiantes condiciones estructurales del sector y a las necesidades del propio país, así como en los casos del servicio de alumbrado público (SAP) y el derecho de alumbrado público (DAP).

Los costos de la energía y su cobro, en muchas ocasiones han provocado problemas sociales, por la inconformidad de la población a pagar dichos costos, que en ocasiones son muy altos y no se corresponden con el servicio, el cual es deficiente y con cobros fuera del marco constitucional, como es el caso del alumbrado público.

El artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en la Sección Tercera, dispone que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: alumbrado público junto con los del agua potable, drenaje, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, el cuidado de calles y jardines, entre otros servicios, siendo los servicios de salud, la seguridad y el alumbrado público los servicios que más ayudan a preservar el bienestar de los habitantes de los municipios; sin embargo, existe confusión entre la definición de los servicios onerosos y gratuitos.

El servicio de alumbrado público que se presta por el municipio es considerado como un servicio de carácter obligatorio en la ley de la materia, pero que si se le cobra éste por parte de la Comisión Federal de Electricidad en los recibos por el pago de suministro de energía eléctrica; además es obligación de las autoridades municipales la instalación de los postes y los focos, por lo que el servicio de alumbrado público se puede definir de manera legal como una actividad técnica de iluminación durante la noche.

Para el tema que nos ocupa, consideramos que en el servicio de alumbrado público encontramos una serie de particularidades como la de que forma parte el grupo de servicios públicos propios y en el que sus usuarios no son personas determinadas, lo que contribuye a crear dificultades para delimitar el cobro por la prestación del servicio; de la misma manera podemos comentar que es un servicio de carácter intermitente, ya que sólo se presta durante la noche.

El DAP ha adoptado la forma jurídica de derecho en la mayoría de los estados y municipios del país; en otros como en Baja California, se le considera como un impuesto y como una contribución especial en el estado de Guanajuato. Por ello la mayoría afirma, entre ellos el de la voz, que debe de clasificarse como un derecho, pues es considerado como un servicio y porque existen aspectos relativos a su cobro como son el objeto, la tasa y la forma de recaudación que nos confirman la naturaleza del derecho.

La Constitución General de la República en su artículo 31, fracción IV, señala con claridad meridiana que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como el del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, derivándose de este precepto los elementos justificativos de las contribuciones a lo que jurídicamente se ha dado en llamar ``el principio de legalidad fiscal''. Si profundizamos en este principio de legalidad, tenemos que son únicamente los poderes legislativo, federal y estatal, los que cuentan con facultades para la creación de reformas de leyes.

Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos de algunos estados de la República se ha autorizado el cobro de un porcentaje del costo zona. El problema que se viene presentando por carecer de un marco jurídico adecuado, es que algunas empresas se han venido amparando por considerar que el pago del derecho de alumbrado público es inconstitucional, dado que sólo el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones especiales de manera exclusiva sobre energía eléctrica, como se establece en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a) de nuestra Carta Magna.

Por ello, con la presente iniciativa lo que se procura es que los estados a través de su poder legislativo, posean la facultad de proceder a la creación de contribuciones sobre el concepto de derecho de alumbrado público, tomando como base el consumo de energía eléctrica; de esta manera sería legal el cobro del derecho de alumbrado público.

De la misma manera debe citarse el artículo 31, fracción IV de la Constitución, ya que las legislaturas de los estados carecen de facultades para realizar este tipo de cobros, además de que con él se genera la existencia de la falta de equidad en la distribución de la carga tributaria, por lo que de modificarse la Constitución en los artículos que se proponen, quedarían claramente establecidas las facultades en la materia para los congresos estatales, dándoles éstos a su vez a los municipios lo necesario para proceder al cobro conforme a derecho, ya que es bien claro y conocido que ningún impuesto podrá recaudarse si no se encuentra debidamente previsto en la Ley de Ingresos de quien lo quiera recaudar. Por lo tanto, de no darles facultades legales a los municipios para el cobro del derecho de alumbrado público, se corre el riesgo de no contar con recursos suficientes para la prestación del servicio de energía eléctrica.

Durante el año de 1999 se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; obteniendo el municipio la autonomía, fue establecida una serie de facultades y competencia exclusivas para los municipios, mismas que sólo pueden ser prestadas por el propio municipio.

De acuerdo a lo anteriormente establecido, en mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo a las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto a través del cual se propone modificar los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Por el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el inciso a), numeral 5, de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73, inciso a). Energía eléctrica con la salvedad de los derechos de alumbrado público municipal en los términos del artículo 115, fracción IV, inciso c) párrafo cuarto de esta Constitución.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción IV recorriéndose los subsecuentes del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. Las legislaturas de los estados establecerán las normas para determinar el derecho de alumbrado público por el servicio que presten los municipios, sobre la base de un porcentaje no mayor de un 5 por ciento sobre el consumo particular de cada usuario y autorizarán a los municipios a realizar su cobro y disponer del ingreso correspondiente.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Señor Presidente, por razón del tiempo yo pediría que se incluya el texto completo en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás que se correlacionan del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en la siguiente

Exposición de Motivos

La energía eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo del pueblo mexicano, es la que nos permite dar un nuevo impulso al país hacia nuevos horizontes, hacia una nación más justa, con menos pobreza y con una mejor distribución del ingreso nacional.

La planeación y el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país ha transitado por diferentes periodos en los que el papel de los municipios ha respondido a las cambiantes condiciones estructurales del sector y a las necesidades del propio país, como en los casos del Servicio de Alumbrado Público (SAP) y del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Los costos de la energía y su cobro, en muchas ocasiones, han provocado problemas sociales, por la inconformidad de la población a pagar dichos costos, que en ocasiones son muy altos y no se corresponden con el servicio, el cual es deficiente y con cobros fuera del marco constitucional, como es el caso del Derecho de Alumbrado Público.

Los inicios de la reglamentación del Servicio de Alumbrado Público los encontramos en el año de 1924, y desde entonces era considerado como un servicio técnico que prestaba el gobierno al público, para satisfacer sus necesidades de iluminación durante el transcurso de la noche.

El Servicio de Alumbrado Público era considerado de carácter universal --para todos los ciudadanos--, con trato igual --sin discriminación-- y regular es decir, con base en una norma que lo regula. De lo anterior, se desprende que los elementos sustantivos de las contribuciones son los de legalidad, equidad y proporcionalidad.

Para los efectos de la iniciativa que nos ocupa, es importante señalar que desde el periodo del Presidente Plutarco Elías Calles, durante los años de 1926 a 1928, hasta la presidencia de Adolfo López Mateos, los problemas sociales por los altos costos de la energía eléctrica se agudizaron de manera peligrosa, tomando el último de los citados la histórica determinación de nacionalizar dicho sector, con el apoyo de la mayoría de la población, no sin antes evaluar que, aun con esta determinación, las empresas internacionales seguirían al acecho esperando una mejor oportunidad de apoderarse de la industria --como al parecer ahora está sucediendo, con el apoyo de las propias autoridades federales--. Esto no les será fácil lograrlo, ya que los artículos 27 y 28 constitucionales fueron modificados precisamente con el objeto de salvaguardar la industria eléctrica de los afanes apropiatorios de la empresa privada.

Después de lograr la nacionalización, el Gobierno de la República inició un programa de tarifas por concepto de pago de consumo de energía eléctrica, tanto para consumo en casas habitación como para el consumo industrial, el cual funcionó con regularidad hasta 2002, en el que se emite el decreto del 6 de febrero de ese año, que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas eléctricas, para el suministro y venta de energía y disminuye de manera significativa el subsidio a las tarifas domésticas, logrando también, con ello, el incremento en el cobro del Derecho de Alumbrado Público.

El artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Sección III, dispone que: ``Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: b) alumbrado público'', junto con los de agua potable, drenaje, limpia, mercados y centrales de abastos, panteones, el cuidado de calles y jardines, entre otros servicios. Siendo los servicios de salud, la seguridad y el alumbrado público los servicios que más ayudan a preservar el bienestar de los habitantes de los municipios.

Sin embargo, existe confusión entre la definición de los servicios onerosos y gratuitos. El Servicio de Alumbrado Público que se presta por el municipio es considerado como un servicio de carácter gratuito en la Ley de la materia, pero que sí se le cobra a éste por parte de la Comisión Federal de Electricidad en los recibos por el pago de suministro de energía eléctrica.

Además, es obligación de las autoridades municipales la instalación de los postes y los focos, por lo que el Servicio de Alumbrado Público se puede definir, de manera legal, como una actividad técnica de iluminación durante la noche.

Para el tema que nos ocupa, consideramos que en el Servicio de Alumbrado Público encontramos una serie de particularidades, como la de que forma parte del grupo de servicios públicos propios, y en el que sus usuarios no son personas determinadas --lo que contribuye a crear dificultades para delimitar el cobro por la prestación del servicio--; de la misma manera, podemos comentar que es un servicio de carácter intermitente, ya que sólo se presta durante la noche.

El DAP ha adoptado la figura jurídica de ``derecho'' en la mayoría de los estados y municipios del país; en otros, como en Baja California, se le considera como un impuesto y como una contribución especial en el Estado de Guanajuato. Por ello, la mayoría afirma, entre ellos el de la voz, que debe clasificarse como un derecho, pues es considerado como un servicio y por que existen aspectos relativos a su cobro, como son el objeto, la tasa y la forma de recaudación, que nos confirman su naturaleza de derecho.

Actualmente, en la mayoría de los municipios del país se grava directamente el consumo de energía eléctrica, aunque realmente se considera que el cobro del porcentaje que se cobra como Derecho de Alumbrado Público, no grava el consumo de energía eléctrica sino que solamente toma como base dicho consumo para realizar un cobro mas justo y equitativo para la población.

La Constitución General de la República en su artículo 31, fracción lV, señala con claridad meridiana que son obligaciones de los mexicanos: ``Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes'', derivándose de este precepto los elementos justificativos de las contribuciones o lo que jurídicamente se ha dado en llamar el principio de legalidad fiscal.

Si profundizamos en el principio de legalidad, tenemos que son únicamente los poderes legislativos federal y estatal o local, los que cuentan con facultades para la creación o reformas de las leyes.

Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos de algunos estados de la República, se ha autorizado el cobro de un porcentaje del costo zona. El problema que se viene presentando, por carecer de un marco jurídico adecuado, es que algunas empresas se han venido amparando por considerar que el pago del Derecho de Alumbrado Público es inconstitucional, dado que sólo el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones especiales de manera exclusiva sobre energía eléctrica, como se establece en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de nuestra Carta Magna.

Por ello, con la presente iniciativa, lo que se procura es que los estados a través de su Poder Legislativo, posean la facultad de proceder a la creación o imposición de contribuciones sobre el concepto de Derecho de Alumbrado Público, tomando como base el consumo de energía eléctrica.

De esta manera, sería legal el cobro del Derecho de Alumbrado Público, el cual se viene cobrando con impugnaciones de inconstitucional, ya que no existe facultad expresa al respecto y resulta necesario otorgarle esa facultad a los congresos estatales para legislar en materia de Alumbrado Público Municipal y que éstos a su vez faculten a los municipios para que realicen el cobro relativo, incluyendo el mismo en el Presupuesto de Ingresos Municipales.

De la misma manera, debe citarse el artículo 31, fracción lV, de la Constitución, ya que las legislaturas de los estados carecen de facultades para realizar ese tipo de cobros, además de que, con él, se genera la existencia de la falta de equidad en la distribución de la carga tributaria.

Por ello, de modificarse la Constitución en los artículos que se proponen, quedarían claramente establecidas las facultades en la materia para los congresos estatales, dándoles éstos a su vez a los municipios las necesarias para proceder al cobro conforme a derecho, ya que es bien claro y conocido que ningún impuesto podrá recaudarse si no se encuentra debidamente previsto en la respectiva Ley de Ingresos de quien lo quiere recaudar.

Por tanto, de no darle facultades legales a los municipios para el cobro del Derecho de Alumbrado Público, se corre el riesgo de no contar con recursos suficientes para la prestación del Servicio de Energía Eléctrica, con las consecuencias que ello acarrearía para la población, ya que con los recursos obtenidos por dicho cobro, se debe dar mantenimiento a la infraestructura que permite proporcionar el alumbrado público; de no ser así, dicha infraestructura se convertiría en obsoleta y fuera de uso, por lo que se tendría que disponer de recursos de otras áreas prioritarias para su manutención, tales como, los de seguridad, salud, educación y asistencia social, entre otros.

Durante 1999 se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obteniendo el municipio su autonomía; fue establecida una serie de facultades y competencias exclusivas para los municipios, mismas que solo pueden ser prestadas por el propio municipio o por quien esté o sea autorizado para ello; se establece, además, que los municipios serán gobernados por un ayuntamiento y no solamente administrados; se establece la libertad de que administren la hacienda municipal y la coordinación entre municipios para una mejor prestación de los servicios públicos; además, la de proponer a las legislaturas estatales las tarifas y cuotas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras.

De acuerdo con lo anteriormente establecido, en mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo con las facultades que me otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, a través del cual se propone modificar los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Mexicanos.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el inciso a), numeral 5º, de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. ...

1º. a 4º. ...

5º. ...

a) Energía Eléctrica, con la salvedad de los Derechos de Alumbrado Público municipal, en los términos del artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo cuarto, de esta Constitución.

b) a g) ... ...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción lV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a III. ...

lV. ...

a) a b) ...

c) ...

...

...

Las Legislaturas de los estados establecerán las normas para determinar el Derecho de Alumbrado Público por el servicio que presten los municipios, sobre la base de un porcentaje no mayor de un 5% sobre el consumo particular de cada usuario, y autorizarán a los municipios a realizar su cobro y a disponer del ingreso correspondiente.

...

...

VI. a X. ... Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será señor diputado Castillo Cabrera. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda con toda cordialidad a estudiantes de derecho del municipio de Salamanca, Guanajuato, invitados por la diputada Carla Rochín Nieto.

El diputado Ramón Galindo Noriega (desde su curul): Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo y dado que este asunto que acaba de presentar el diputado Castillo, ya se está analizando en nuestra comisión, le pido que se amplíe el turno a la Comisión de Federalismo. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia concede ampliar el turno a la Comisión de Federalismo.

Diputado Santiago.

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Santiago Cortés Sandoval (desde su curul): Presidente, solicito rectificación del quórum, por respeto a los compañeros expositores. No es posible que con este porcentaje sigamos realizando nuestra Asamblea.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia instruye a la Secretaría de tal suerte de que se encienda el sistema de registro electrónico de asistencia para la verificación de quórum, hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y abrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para verificación de quórum.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 20 DEL 5 de NOVIEMBRE de 2004

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En tanto continuamos con el desahogo de la sesión.

Tiene la palabra diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La conservación de la riqueza natural y la reversión del deterioro ambiental, son hoy por hoy prioridades nacionales, por lo que dentro de la administración pública se han intensificado las actividades de inspección y vigilancia de los recursos forestales, marinos y de vida silvestre, así como de la zona federal marítimo-terrestre y en materia de impacto ambiental, además de la instrumentación de operativos especiales con resultados que contribuyen a la preservación de la megadiversidad biológica que caracteriza a nuestro país.

La inspección de los recursos naturales y la vigilancia de la normatividad ambiental representa la medida por la cual se previenen los ilícitos permitiendo sancionar a los infractores por los daños causados al entorno ambiental. Esta facultad recae directamente en la Semarnat de acuerdo al artículo 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, quien en su reglamento delega esta responsabilidad en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Como resultado de las acciones de inspección y vigilancia de la legislación, al percibir que se está incumpliendo con la normatividad, es necesario sancionar esta acción.

Al respecto la LGEEPA en su artículo 171 determina el catálogo de sanciones administrativas que la Secretaría puede ejercer, considerando a la multa, la clausura temporal o definitiva, el arresto administrativo y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

En el caso de la clausura temporal o definitiva, se encuentran diversas acciones por las cuales se debe proceder en este sentido. No obstante, ya que una de las obligaciones al proceder a una inspección es el supervisar que el inspeccionado antes de iniciar las obras o actividades, cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que se hace referencia en la ley.

Esta sanción debe ser incluida dentro de los argumentos para proceder a la clausura temporal o definitiva, total o parcial, ya que es común que grandes desarrollos turísticos comiencen o incluso concluyan la obra de las mismas, sin contar con la manifestación de impacto ambiental correspondiente, caso en el que la afectación al medio ambiente y los recursos naturales ya fue producido, por lo que la sanción idónea en estos casos es la clausura de la obra o del establecimiento.

Además en el listado de sanciones se omite la amonestación, la necesidad de incorporar este tipo de sanción resulta de vital ayuda para el desarrollo de las labores que realiza esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda vez que en el momento de emitir resoluciones administrativas, actualmente no se prevé la posibilidad de que las mismas únicamente se limiten a realizar una advertencia al infractor ya sea porque las infracciones sean menores o porque ha tomado las providencias necesarias para corregir las irregularidades detectadas, siendo ésta una forma que se traduce principalmente en un beneficio para el interés colectivo.

Por otra parte, al detectarse la multa por algún acto ilícito realizado, ésta muchas veces puede ser conmutada. Esta opción está estipulada dentro del artículo 171 de la LGEEPA y la misma Profepa ha declarado que se ha aplicado con éxito la figura novedosa de conmutación de multas por la reparación de los daños a los recursos naturales y al medio ambiente, con lo que se ha privilegiado el beneficio ambiental por encima de la sanción pecuniaria y en el que los infractores tienen la posibilidad de invertir el monto equivalente a la multa.

Sin embargo, existen multas menores de 200 días de salario mínimo que dificultan operativamente el cobro de éstas, ya que la autoridad fiscal no las considera como crédito fiscal por lo que no procede a su cobro, situación que en algunos casos ya es conocido por el infractor generando que exista impunidad en la sanción, derivada de la comisión de infracciones a la normatividad ambiental.

Al respecto se propone un mecanismo alternativo que permita a la autoridad el determinar la factibilidad de conmutar la multa por acciones en beneficio del medio ambiente, tales como la realización de obras de infraestructura, actividades relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, adquisición e instalación de equipo para prevenir y controlar la contaminación o la implementación de programas en beneficio directo del ambiente.

Estas medidas permitirían en primera instancia que el infractor se involucre directamente en la subsanación y reparación del daño ambiental, generándole una conciencia ambiental, reduciendo el rango de incidencia; igualmente permite a la autoridad sancionadora evitar que las multas que se encuentren dentro del rango descrito, sean incobrables; cuando para la sustanciación del procedimiento y la determinación de la sanción ya hayan invertido recursos tanto materiales como humanos y financieros.

Por lo expuesto, se considera procedente otorgar a los delegados de la Semarnat la facultad de atender tales conmutaciones, toda vez que sería más expedita la determinación sobre la procedencia de las mismas y los beneficios directos al medio ambiente y los recursos naturales sean realizados casi de inmediato.

En diversos países esta medida ha resultado con beneficios directos a la preservación ambiental.

Naciones como Paraguay y Perú han ejercido e implementado programas de reforestación y de educación ambiental dentro de las zonas donde se afectó el entorno, obligando al infractor a actuar directamente en el abatimiento del deterioro ambiental.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada respetuosamente somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Se adiciona un inciso d, de la fracción II y una fracción VI del artículo 171, y se reforma el párrafo tercero de la fracción V, del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo único. Se adiciona un inciso d, de la fracción II y una fracción VI, del artículo 171 y se reforma el párrafo tercero de la fracción V, del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones:

Fracción I. ... queda idéntica.

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial cuando:

Incisos a, b y c quedan idénticos...

d) El infractor no haya obtenido las licencias, permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley previo al inicio de obras o actividades.

Fracciones III a la V... quedan igual.

VI. Amonestación.

Artículo 173. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomarán en cuenta:

Fracciones I a la IV... quedan idénticas.

Fracción V... Párrafo tercero, dirá: ``Cuando la multa impuesta no exceda de 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la autoridad correspondiente hará saber por escrito al infractor la posibilidad que tiene éste de optar por la sustitución de la multa a través de la realización de obras de infraestructura, actividades relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, adquisición e instalación de equipo para prevenir y controlar la contaminación o la implementación de programas en beneficio directo del ambiente''.

Para tal efecto, la autoridad correspondiente presentará su propuesta al particular dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles para que se determine el destino del mismo. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del viernes 5 de noviembre de 2004

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La conservación de la riqueza natural y la reversión del deterioro ambiental son hoy por hoy prioridades nacionales, por lo que, dentro de la administración pública se han intensificado las actividades de inspección y vigilancia de los recursos forestales, marinos y de vida silvestre, así como de la zona federal marítimo terrestre, y en materia de impacto ambiental, además de la instrumentación de operativos especiales con resultados que contribuyen a la preservación de la megadiversidad biológica que caracteriza a nuestro país.

La inspección de los recursos naturales y la vigilancia de la normatividad ambiental representa la medida por la cual se previenen los ilícitos, permitiendo sancionar a los infractores por los daños causados al entorno ambiental. Esta facultad recae directamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con el artículo 1611 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), quien en su reglamento delega esta responsabilidad en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).2

Como resultado de las acciones de inspección y vigilancia de la legislación, al percibir que se está incumpliendo la normatividad, es necesario sancionar esta acción. Al respecto, la LGEEPA, en su artículo 171 determina el catálogo de sanciones administrativas que la Secretaría puede ejercer, considerando a la multa, la clausura temporal o definitiva, el arresto administrativo y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

En el caso de la clausura temporal o definitiva, se encuentran diversas acciones por las cuales se debe de proceder en este sentido; no obstante, ya que una de las obligaciones al proceder a una inspección es el supervisar que el inspeccionado, antes de iniciar las obras o actividades, cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que hace referencia la ley, esta consideración debe de ser incluida en los argumentos para proceder a la clausura temporal o definitiva, total o parcial, ya que es común que grandes desarrollos turísticos comiencen, o incluso concluyan, la obra de las mismas, sin contar con la manifestación de impacto ambiental correspondiente, caso en el que la afectación al medio ambiente y los recursos naturales ya fue producido por lo que la sanción idónea en estos casos es la clausura de la obra o del establecimiento.

Además, en la lista de sanciones se omite la amonestación. El artículo 42 del Código Penal Federal define la amonestación como

``La advertencia que el juez dirige al acusado, haciéndole ver las consecuencias del delito que cometió, excitándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. Esta amonestación se hará en publico o en lo privado, según parezca prudente al juez.''

La necesidad de incorporar la amonestación como un tipo de sanción resulta de vital ayuda para el desarrollo de las labores que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda vez que al momento de emitir resoluciones administrativas, actualmente, no se prevé la posibilidad de que las mismas únicamente se limiten a realizar una advertencia al infractor, ya sea porque las infracciones sean menores, o porque ha tomado las providencias necesarias para corregir las irregularidades detectadas, siendo esta una reforma que se traduce principalmente en un beneficio para el interés colectivo.

Por otra parte, al decretarse la multa por algún acto ilícito realizado, ésta muchas veces puede ser conmutada. Esta opción esta estipulada en el artículo 1733 de la LGEEPA, y la misma Profepa ha declarado que se ha aplicado con éxito la figura novedosa de conmutación de multas por la reparación de los daños a los recursos naturales y al medio ambiente, con lo que se ha privilegiado el beneficio ambiental por encima de la sanción pecuniaria y en el que los infractores tienen la posibilidad de invertir el monto equivalente a la multa.

Sin embargo, existen multas menores de doscientos días de salario mínimo, que dificultan operativamente el cobro de éstas, ya que la autoridad fiscal no las considera como crédito fiscal, por lo que no procede a su cobro, situación que en algunos casos ya es conocido por el infractor, generando que exista impunidad en la sanción derivada de la comisión a infracciones a la normatividad ambiental. Al respecto, se propone un mecanismo alternativo que permita a la autoridad el determinar la factibilidad de conmutar la multa por acciones en beneficio de medio ambiente, tales como la realización de obras de infraestructura, actividades relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, adquisición e instalación de equipo para prevenir y controlar la contaminación, o la implementación de programas en beneficio directo del ambiente. Estas medidas permitirían en primera instancia que el infractor se involucre directamente en la subsanación y reparación del daño ambiental, generándole una conciencia ambiental reduciendo el rango de incidencia, igualmente, permite a la autoridad sancionadora evitar que las multas que se encuentren dentro del rango descrito sean incobrables, cuando para la substanciación del procedimiento y la determinación de la sanción ya hayan invertido recursos, tanto materiales como humanos y financieros.

Por lo expuesto, se considera procedente otorgar a los delegados de la Semarnat la facultad de atender tales conmutaciones, toda vez que sería más expedita la determinación sobre la procedencia de las mismas, y los beneficios directos al medio ambiente y los recursos naturales sean realizados casi de inmediato.

En diversos países, esta medida ha resultado con beneficios directos a la preservación ambiental. Naciones como Paraguay y Perú, han implementado y ejercido programas de reforestación y de educación ambiental dentro de las zonas donde se afectó al entorno, obligando al infractor a actuar directamente en el abatimiento del daño ambiental.

Por tanto y en atención a lo expuesto, la suscrita diputada somete respetuosamente a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso d) de la fracción II y una fracción VI del artículo 171; y se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona un inciso d) de la fracción II y una fracción VI del artículo 171; y se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 173, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I. ...

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

a) el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

b) en casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente;

c) se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad; o

d) el infractor no haya obtenido las licencias, permisos y autorizaciones a que se refiere esta Ley, previo al inicio de obras o actividades.

III. a V. ... (quedan igual)

VI. Amonestación.

...

...

...

Articulo 173. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomará en cuenta:

I. a IV. ... (quedan igual)

V. ...

...

Cuando la multa impuesta no exceda de doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la autoridad correspondiente, hará saber, por escrito, al infractor la posibilidad que tiene éste de optar por la sustitución de la multa a través de la realización de obras de infraestructura, actividades relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, adquisición e instalación de equipo para prevenir y controlar la contaminación, o la implantación de programas en beneficio directo del ambiente. Para tal efecto la autoridad correspondiente presentará su propuesta al particular dentro de un plazo máximo de quince días hábiles, para que se determine el destino del mismo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 161. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.

2 Artículo 118. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un procurador y tendrá las facultades siguientes:

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto.

X. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

XIX. Resolver sobre las solicitudes de reconsideración y conmutación de multas, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables.

3 ``... La autoridad correspondiente, por si o a solicitud del infractor, podrá otorgar a este, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el articulo 170 de esta ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de noviembre de 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ARTICULO 1º CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señor Presidente:

Un asunto de suma importancia que requiere la revisión y adecuación por parte de esta Cámara y nuestra colegisladora, que es el Senado de la República, para mantener una congruencia con los lineamientos establecidos a nivel internacional por la Organización Mundial de Salud, la Organización de las Naciones Unidas y las entidades representativas de la discapacidad, como las organizaciones mundiales de personas con discapacidad, incursión internacional de las Federaciones Mundiales de Sordos y de Personas Ciegas, en los términos capacidades diferentes establecidas en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante las reformas constitucionales ocurridas con motivo de la reforma indígena acontecida en la Cámara de Senadores en el año 2001, el citado término pretende asumir el reconocimiento a las personas que viven con alguna discapacidad.

Sin embargo, hemos recibido en esta Cámara, por parte de organismos sociales e incluso por la Comisión de Asuntos de Discapacidad en el consejo de nuestro instituto político, el reclamo a una parte de la reforma que fue realizada con nula o mínima información y sin haber consultado por lo menos a las organizaciones sociales nacionales o internacionales para confirmar o conocer que el término o definición más apropiada para el reconocimiento de la población con discapacidad, a nivel mundial, debería ser el de discapacidad.

Dicho término o definición lingüística fue resultado del consejo efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su idioma original en inglés y posteriormente el término traducido al español ``discapacidad'' fue aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990, apareciendo vigente en el diccionario de la Lengua Española de la misma Real Academia.

Uno de los principales motivos para consultar a los países en un tema que parecía menor es la constante exigencia de la población con discapacidad a nivel mundial para promover la construcción de términos lingüísticos que permitan el reconocimiento, dentro de la sociedad, de aquellas personas que viven con una limitación física mental, sensorial o a su vez minimice la expresión peyorativa, agresiva o discriminatoria.

Otros términos como incapacidades, minusválidos e inválidos pueden dar a entender que las personas con discapacidades son personas sin habilidad, de menor valor o sin valor.

El comportamiento de discapacidad quiere definir falta de habilidad en algún ramo específico. El uso del término reconoce que todos los individuos con capacidades tienen mucho que contribuir a nuestra sociedad y al mismo tiempo está de acuerdo con cambios similares en el lenguaje.

Por otra parte y sobre el análisis que mereciera la actual definición establecida en la Constitución Política de nuestra nación, el término capacidades diferentes no cuenta con fundamento etimológico, académico o social de ningún tipo; incluso en la propia exposición de motivos de la reforma en la que le fue incorporado al artículo 1º constitucional

Sin embargo, especialistas en la materia opinan que todos los seres humanos somos poseedores de cualidades únicas y diferentes a otros de nuestros congéneres, por lo que el término aludido califica para identificar a cualquier persona, tenga o no una discapacidad, con lo que se ha perdido el espíritu o lo que los gobiernos, organismos internacionales, regionales o locales que promueven la defensa de los derechos de la población con discapacidad y han exigido se cuente con una terminología universal que permita no sólo el reconocimiento de la población con sus derechos, sino que allanen el camino para la construcción de políticas de Estado, políticas públicas y la adecuación de las leyes que requiere.

Desde 1990 los gobiernos del orbe y los organismos internacionales, regionales o locales asumieron la aplicación de los términos ``discapacidad'', siendo congruente con la importancia que busca en dicha definición el eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive con una desventaja física, intelectual o sensorial.

La definición ``capacidades diferentes'' aprobada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carece de fundamento jurídico, histórico, social, siendo incluso necesario destacar que su origen proviene de un invento durante la campaña electoral del año 2000 por el entonces candidato Vicente Fox como un slogan de campaña.

Como antes señalé, parece un asunto menor, pero haber introducido el término ``capacidades diferentes'' a la Constitución obliga a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a reflexionar sobre este asunto que hoy ocasiona confusión a la población en general y particularmente a la población con discapacidad, al Gobierno en su conjunto, los gobiernos estatales, las instituciones públicas y las organizaciones sociales.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Unico. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Dice:

``Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibido todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de la libertad de las personas.''

Debe decir:

``Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, la discapacidad, las condiciones, de salud, la religión, las opiniones, las reflexiones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, 56, 62, y 63 del Reglamento para el Go bierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de suplir el término ``capacidades diferentes'' por el término ``discapacidad'', al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Un asunto de suma importancia, que requiere la revisión y adecuación por parte de ésta Cámara y nuestra colegisladora, el Senado de la República, para mantener una congruencia con los lineamientos establecidos a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y las entidades representativas de la discapacidad como la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, Inclusión Internacional y las Federaciones Mundiales de Sordos y de Personas Ciegas, es el término ``capacidades diferentes'' establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante las reformas constitucionales ocurridas con motivo de la reforma indígena acontecida en la Cámara de Senadores en el año 2001.

El citado término, pretende asumir el reconocimiento a las personas que viven con alguna discapacidad.

Sin embargo, hemos recibido en ésta Cámara por parte de organismos sociales e incluso por la Comisión de Asuntos de Discapacidad en el Consejo de nuestro Instituto Político, el reclamo a una parte de la reforma que fue realizada con nula o mínima información y sin haber consultado por lo menos a los organismos sociales nacionales o internacionales, para confirmar o conocer que el término o definición más apropiada para el reconocimiento de la población con discapacidad a nivel mundial, debería ser el de ``discapacidad''.

Dicho término o definición lingüística fue resultado del consenso efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su idioma original (el inglés) el término ``disabilities'' en sustitución de ``handicapped'', y posteriormente, el término traducido al español ``discapacidad'' fue aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990, apareciendo vigente en el diccionario de la lengua española de la misma Real Academia.

Uno de los principales motivos para consultar a los países, en un tema que parecería menor, es la constante exigencia de la población con discapacidad a nivel mundial para promover la construcción de términos lingüísticos que permitan el reconocimiento dentro de la sociedad de aquellas personas que viven una limitación física, mental o sensorial, y a su vez, minimicen las expresiones peyorativas, agresivas o discriminatorias.

Otros términos como ``incapacidad,'' ``minusválido,'' e ``inválido,'' pueden dar a entender que las personas con discapacidades son personas ``sin habilidad,'' de ``menor valor,'' o ``sin valor.''

En comparación, ``discapacidad'' quiere decir falta de habilidad en algún ramo específico. El uso del término reconoce que todos los individuos con discapacidades tienen mucho que contribuir a nuestra sociedad y al mismo tiempo está de acuerdo con cambios similares en el lenguaje.

Por otra parte, y concediendo el análisis que merece la actual definición establecida en la Constitución Política de nuestra nación, el término ``capacidades diferentes'' no cuenta con fundamento etimológico, académico o social de ningún tipo, incluso en la propia exposición de motivos de la reforma en que fue incorporado al artículo 1º.

Sin embargo, especialistas en la materia opinan que todos los seres humanos somos poseedores de cualidades únicas y diferentes a otro de nuestros congéneres, por lo que el término aludido califica para identificar a cualquier persona, tenga o no una discapacidad, con lo que se ha perdido el espíritu por el que gobiernos, organismos internacionales, regionales o locales que promueven la defensa de los derechos de la población con discapacidad, han exigido se cuente una terminología universal que permita no sólo el reconocimiento de la población en sus derechos, sino que allane el camino para la construcción de políticas de Estado, políticas públicas, y la adecuación que las leyes requieren.

Desde 1990, los gobiernos del orbe, y los organismos internacionales, regionales o locales, asumieron la aplicación del término ``discapacidad'', siendo congruentes con la importancia de buscar en dicha definición, eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial.

La definición ``capacidades diferentes'' aprobada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carece de fundamentos jurídicos, históricos o sociales, siendo incluso necesario destacar que su origen proviene de su invención y uso durante la campaña electoral del año 2000 por el entonces candidato Vicente Fox, como un slogan de campaña.

Como antes señalé, parecería un asunto menor, pero haber introducido el término ``capacidades diferentes'' a la Constitución, obliga a ésta Cámara y al Senado de la República, a reflexionar sobre este asunto que hoy ocasiona confusión a la población en general, y particularmente, a la población con discapacidad, al gobierno en su conjunto, los gobiernos estatales, las instituciones públicas, y los organismos sociales.

Es importante reflexionar, que los esfuerzos del movimiento social de las personas con discapacidad en el país han sido mayúsculos e históricos, para promover leyes de carácter estatal y reformas a leyes federales durante más de 14 años, que a su vez conllevan el esfuerzo de legisladoras y legisladores en la Cámara alta, la Cámara baja y los Congresos locales.

Asimismo, planes de gobierno, normas técnicas, convenios internacionales e incluso los recientes trabajos realizados en la Conferencia de Durban, Sudáfrica y los realizados por las Naciones Unidas para preparar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que presidirá este organismo, respetan e incorporan como base fundamental de sus preceptos, las definiciones internacionales aceptadas universalmente, entre ellas, el término de discapacidad.

Es imprescindible contribuir en el proceso democrático que vive el país, con acciones afirmativas que inspiren el respeto de la legalidad en todos sentidos, y en lo que refiere al avance de nuestras políticas sociales dirigidas a la atención de sectores vulnerables, acciones como la propuesta, para combatir y erradicar las ocurrencias de gobernantes que con cada cambio de sexenio pretenden reinventar con términos supuestamente novedosos la atención de los sectores sociales marginados, cuando lo que urgen en México son resultados y no maquillajes que escondan la incompetencia o desconocimiento de los problemas por parte de gobernantes o funcionarios.

Un último dato que compartimos con este honorable pleno, es el relativo a que la Organización Mundial de la Salud cuenta entre sus clasificaciones, con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida con las siglas CIF. Es la heredera de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) del año 1980. En ella, los gobiernos de todo el mundo participan y se explica a detalle las definiciones y su comportamiento a nivel mundial.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Debe decir:

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.-- México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Diputados: Omar Bazán Flores (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Pablo Anaya Rivera, Gaspar Ávila Rodríguez, Emilio Badillo Rodríguez, Álvaro Burgos Barrera, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos, María Isabel Maya Pineda, José Eduviges Nava Altamirano, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, remitida a esta Soberanía por oficio de la Cámara de Senadores el día 5 de abril de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2 fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e),f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES:1. En sesión celebrada el 10 de marzo de 2004 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remitió la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentada por el C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La presidencia de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores.

2. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos presentaron Dictamen a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores en sesión celebrada el 1 de abril de 2004. El dictamen se aprobó por 72 votos, remitiéndose a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

3. En sesión celebrada el 5 de abril de 2004 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remitió expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la Minuta a la Comisión de Defensa Nacional.

4. La Comisión de Defensa Nacional presenta Proyecto de Dictamen bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La Disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como base la obediencia, un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto el fiel y exacto cumplimiento de los derechos que prescriben las leyes y reglamentos militares

Responsabilidad y disciplina son conceptos unidos indisolublemente en la legislación castrense, pues es ésta la que otorga el carácter profesional al Instituto Armado, condición que le es indispensable para realizar los altos fines que la Nación le encomienda.

2. El conjunto de normas de derecho militar tutelan como bien jurídico el principio de la disciplina militar, columna toral de actuación de las Fuerzas Armadas. La disciplina vigoriza y define la personalidad del soldado porque entraña una interdependencia necesaria en la que el militar es una unidad consciente que al obedecer no hace sino integrar una acción conjunta.

3. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Corresponde a la legislación secundaria, en la especie a la Ley de Disciplina, regular las conductas concretas del personal perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea. Por esta razón y debido a las transformaciones sociales que inciden en estas instituciones armadas, es necesario adecuar las disposiciones de esta Ley, con el propósito de reafirmar la convicción del deber y de la disciplina militar.

La sociedad exige que el personal militar continúe observando los principios morales que le caracterizan. Para cumplir con esta exigencia, se robustece cotidianamente la esencia de las virtudes militares, que son cimiento de la disciplina castrense.

4. La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos vigente ha sido un instrumento jurídico útil para el Instituto Armado. No obstante, la reorganización de su estructura y actualización de parte de su articulado resulta oportuna, sin que se altere su contenido axiológico, en tanto se considera que esta es la norma fundamental a la que el personal militar debe ajustar su conducta y el fundamento para que el mando ejerza su autoridad, previniendo y sancionando, en su caso, las infracciones que establece.

5. De conformidad con la Iniciativa del Ejecutivo Federal y con la Minuta enviada por el Senado de la República, se propone, en términos generales, aumentar de tres a cinco capítulos la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de 41 a 43 sus artículos. Por lo anterior, las modificaciones son las siguientes:

Deberes Generales:

Se propone que el Capítulo I de la Ley vigente, denominado ``Deberes Generales'', se divida en dos nuevos capítulos. El primero de ellos, denominado ``Disposiciones Generales'', y el Capítulo II, denominado, ``Principios Generales de Disciplina Militar''.

En el Capítulo denominado ``Deberes Generales'' se establecen las premisas básicas en las que descansa el texto normativo. Dicho Capítulo comprende del artículo 1 al 4 de la Ley.

En el artículo 1, se establece que el objeto de la Ley será la preservación de la disciplina militar como principio de orden de obediencia al que deberán sujetarse todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos:

Dado que la función militar implica necesariamente el sacrificio individual en aras de las instituciones a las que sirve, el contenido del artículo 1 de la Ley vigente se conserva como artículo 1 Bis de la presente iniciativa, con objeto de establecer que el personal militar deberá cumplir con su deber hasta el sacrificio.

Se adiciona el artículo 3 Bis, para definir qué debe entenderse por disciplina, concepto básico al que todos los militares deben ajustar su conducta, sustentado en la obediencia, alto concepto del honor, de la justicia, de la honradez, del espíritu de cuerpo y de la moral; aplicado en el cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos castrenses, cuyo propósito es destacar la defensa de los intereses de la Patria y la preservación de la vida institucional.

Principios Generales de Disciplina Militar:

En este Capítulo II denominado ``Principios Generales de Disciplina Militar'', que abarca del artículo 5 al 24 Bis, se agrupan las normas generales que todo integrante del Instituto Armado debe conocer, con la finalidad de cultivar el buen comportamiento, así como los valores éticos fundamentales que aplicará el personal en todos los actos de la vida castrense, con la finalidad de fomentar la confianza de la sociedad a la que sirve y de la que forma parte.

Se reforma el artículo 6 para sustituir la regla de que el superior ``sólo podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para mantener la disciplina'', por la de que el uso de las armas sólo podrá realizarse en caso de extrema necesidad, en actos del servicio, a fin de puntualizar que el servidor público podrá valerse de los medios a su alcance para mantener la disciplina, siempre y cuando se trate de una situación como la descrita. Además, el uso de la fuerza no sólo tiene por objeto el mantenimiento de la disciplina, sino también garantizar la obediencia de las órdenes del superior, por lo que se clarifica la redacción de la disposición citada.

El contenido de la última parte del artículo 11 se reubica en el artículo 42 de la Ley, toda vez que, por técnica legislativa, las quejas del personal militar con motivo de los actos de sus superiores para mantener la disciplina y hacer cumplir sus órdenes, no forman parte del capítulo relativo a los Principios Generales de la Disciplina, sino del capítulo referente a las Prevenciones Generales.

El artículo 12 se reforma para precisar la discreción del militar en cuanto al cumplimiento de sus misiones.

Se modifica la redacción del artículo 13, toda vez que el deber del personal militar consiste en ejecutar sin oposiciones o dificultades el acto u omisión que se le encomiende y, aún antes de su ejecución, debe aceptar dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio siempre que no se atente su jerarquía militar. El personal militar cumple sus misiones no por temor al castigo sino por el honor de servir a la Patria.

Se reforma el artículo 16 al sustituir el termino ``asuntos'' por ``actos'', por ser más apropiado para designar la actividad castrense a que se refiere.

Se incorpora el contenido del vigente artículo 22 al 21, por considerar que se trata de disposiciones con objetos similares.

Se reforma el contenido del artículo 21 para precisar que el militar debe comportarse con el más alto grado de cortesía y educación. Lo anterior, en virtud de que el texto de la Ley vigente hace referencia al término de ``caballerosidad'', el cual únicamente puede aplicarse al sexo masculino propiciando de esta manera una conducta discriminatoria respecto del personal femenino que también forma parte del personal militar.

Se reforma el artículo 22 para incluir el deber moral de ayuda mutua que debe existir entre compañeros, aunque no pertenezcan a la misma unidad, siempre que sea posible y cuenten con los medios a su alcance. Ello, con el propósito de fomentar el espíritu de cuerpo.

Se reforma el artículo 23 para precisar que el personal militar podrá entrar a centros de vicio y prostitución, aún estando uniformado, cuando las necesidades del servicio así lo impongan.

Se adiciona un artículo 24 Bis, cuyo contenido es un procedimiento ético de ejecución de las instrucciones dadas que todos los militares deben observar.

Correctivos Disciplinarios:

El Capítulo III abarca del artículo 24 Ter al 33 Quinquies. Su modificación consiste en cambiar su denominación de ``Consejo de Honor'' como se encuentra en la Ley vigente por ``Correctivos Disciplinarios''.

Este Capítulo, en términos generales, se reestructura y define tres tipos de correctivos, los cuales son la amonestación, el arresto y el cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta. Lo anterior, en virtud de que la Ley vigente sólo regulaba el arresto, por lo que ahora se propone incluir y definir a los otros dos correctivos.

Asimismo, se indican los grados militares que tienen facultad para imponer y graduar arrestos. En este contexto, se precisa que los Jefes o Comandantes facultados para graduarlos, cuando así se justifique, podrán sustituirlos por amonestación o dejarlos sin efecto, a fin de que la imposición de estas sanciones sea más justa y se mejore la moral de las tropas.

Se suprimen disposiciones tales como que el arresto no debe de imponerse mientras el militar se encuentre en estado de ebriedad; la detención de un subalterno realizada por autoridad civil, cuando éste se encuentre escandalizando en la vía pública y, finalmente, la anotación de arrestos impuestos a Generales, Jefes y Oficiales deberán anotarse en sus hojas de actuación y memoriales de servicio, en el caso de soldados.

Se adiciona el artículo 24 Ter, para definir el concepto de correctivo disciplinario.

Se adiciona un artículo 24 Quáter, que precisa los 3 distintos tipos de correctivos disciplinarios que se podrán imponer al personal militar.

Se adiciona el artículo 24 Quinquies. Dicha disposición refiere el concepto de amonestación. Asimismo, fusiona su contenido con el del vigente artículo 27 que se deroga con la presente iniciativa, a fin de señalar que queda prohibida la reprensión por tratarse de un concepto afrentoso, degradante y contrario a la dignidad militar.

Se reforma el contenido del artículo 25 para definir el concepto de arresto, así como también señalar que el mismo deberá realizarse en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares, sin perjuicio del servicio.

Dicha disposición indica que, en el caso de arresto en unidades, los servicios podrán desempeñarse por el personal militar que no requiera salir del alojamiento.

Se deroga el artículo 27 que contempla que el correctivo impuesto al personal militar que incurra en delitos se aplicará en términos del Código de Justicia Militar, y dicha parte se reubica en el contenido del artículo 43.

Por otro lado, la última parte del artículo 27 de la Ley vigente, señala que ``Queda estrictamente prohibida la reprensión, por contraria a la dignidad militar'', se rescata y pasa a ser el último párrafo del artículo 24 Quinquies, como se señaló anteriormente.

Se reforma el artículo 28 para agregar que las órdenes de arresto deben realizarse por escrito. Asimismo, en el caso de que las órdenes de arresto sean impuestas por orden verbal, éstas surtirán efecto de inmediato, no obstante deberán ratificarse de la misma manera en un término de 24 horas, debidamente motivadas, fundamentadas y especificando la hora de imposición del arresto, para dar certeza jurídica en su aplicación.

Se reforma el primer párrafo del artículo 31, para precisar que el militar que ejerza la superioridad jerárquica o de cargo, tendrá facultad para imponer correctivos disciplinarios.

Se reforma el artículo 32, para indicar que los grados de Generales, Oficiales y clases tendrán facultad para imponer arrestos a sus subalternos.

Se reforma el artículo 33 para precisar el periodo máximo en horas y días según corresponda, que deberán cubrirse por concepto de arrestos al personal militar, de conformidad con su jerarquía. Asimismo, establece que el Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para imponer arrestos hasta por un máximo de quince días.

Se adiciona el artículo 33 Bis que precisa los funcionarios que con determinados cargos y grados militares tienen facultad para graduar arrestos. Dicha disposición precisa, además; que en caso de ausencia, la facultad de graduar arrestos recaerá en quien los suceda en el mando o cargo.

Se adiciona el artículo 33 Ter para especificar los criterios a seguir por el personal militar facultado para graduar arrestos, tales como que éste sea proporcional a la falta cometida y a la jerarquía, cargo, antecedentes, grado del infractor y de quien imponga el arresto, así como también a las circunstancias que tuvieron lugar.

Se precisa además, que el personal militar que tenga facultad de graduar el correctivo, en caso de considerarlo necesario, podrá dar cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. En todo caso, dicho personal militar podrá optar por dejar sin efectos el arresto o sustituirlo por amonestación.

Se adiciona el artículo 33 Quáter, para establecer que el personal militar que haya recibido una orden de arresto deberá hacerlo del conocimiento del superior de quien dependa, así como también al personal al que se le impuso, el inicio y término de su cumplimiento. Además, señala que los Generales, Jefes y Oficiales deberán hacer el comunicado por escrito, mientras que el personal de tropa lo realizará verbalmente.

Se adiciona el artículo 33 Quinquies, para indicar que el personal militar que esté cumpliendo un arresto y le sea impuesto otro, lo empezará a cumplir al momento en que se le comunique.

Consejo de Honor:

El contenido del Capítulo III de la Ley vigente denominado ``Consejo de Honor'', se reubica al contenido del Capítulo IV, denominado de la misma manera. Dicho Capítulo comprende del artículo 34 al 41.

Este Capítulo establece que el Consejo de Honor se integrará en unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante las adecuaciones siguientes.

Se reforma el artículo 34 para precisar que el Consejo de Honor se constituirá por un presidente y 4 vocales, en las unidades y con un presidente y 2 vocales en las dependencias.

Se reforman las fracciones II y IV del artículo 35. Por lo que respecta a la fracción II, el Consejo de Honor ya no conocerá ``de los vicios de la embriaguez'', mientras que en lo referente a la fracción IV, el Consejo de Honor ya no conocerá ``de la falta de escrúpulo en el manejo de caudales que no constituya un delito'', pero tendrá ahora la facultad de conocer ``de la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito''. La anterior modificación se realizó con la finalidad de proporcionar mayor claridad y comprensión en la lectura e interpretación de la disposición.

Se reforma el contenido de la fracción III del artículo 36 para eliminar la posibilidad de que la solicitud de baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta se continúe realizando en audiencia pública, toda vez que es un procedimiento que, en todo caso, debe establecerse en el Reglamento de esta Ley.

Asimismo, se adiciona un último párrafo al mismo artículo para establecer que, en el caso de que se solicite la baja antes mencionada, el personal militar afectado, dispondrá de quince días para manifestar lo que a su interés convenga.

Se reforma el artículo 37 a efecto de suprimir los incisos a) y b) por fracciones I y II. El contenido de la fracción I, consiste en eliminar la posibilidad de que en los casos de imposición de los castigos correccionales previstos en la fracción II del artículo 36, se contemple el cambio de Cuerpo y sólo se limite al cambio de unidad, dependencia o instalación. Ello, para ser más congruente con las áreas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo que respecta a la fracción II, la modificación propone sustituir el término ``cambio de Cuerpo o de comisión y el arresto'' por ``cambio de unidad, dependencia, instalación, comisión o el arresto'', para especificar que a los oficiales se les impondrá un sólo correctivo y no los dos. De esta manera se mantiene la disposición de que los arrestos que imponga el Consejo de Honor podrán cumplirse en la Prisión Militar.

Prevenciones Generales:

Por último, se adiciona el Capítulo V denominado ``Prevenciones Generales'', el cual abarca dos artículos, el 42 y 43.

Dicha adición consiste en incorporar un artículo 42 que agrupa disposiciones aplicables a todo el cuerpo de la Ley, tales como la posibilidad de que el personal militar, en caso de queja de las disposiciones de un superior o de obligaciones que le imponen los actos del servicio tenga la potestad de acudir, no sólo ante el inmediato superior, sino hasta el Presidente de la República, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en caso de no ser atendido.

De igual manera, se adiciona un artículo 43, cuyo contenido precisa que el personal militar que infrinja la Ley o algún precepto reglamentario, quedará sujeto a las disposiciones previstas en el Código de Justicia Militar.

En consecuencia, se espera que con las modificaciones propuestas, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, continúe siendo la guía de comportamiento que vigoriza los principios generales de disciplina, los cuales, de aprobarse la reforma, estarán basados en una disciplina rígida, pero al mismo tiempo basada en la razón, que sirva como eje rector del quehacer diario.

La iniciativa en términos generales tiende a realizar una presentación de la Ley de Disciplina actualizada, facilitando con ello su comprensión para todos los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En particular y como lo señala el cuerpo de la misma iniciativa en los que explica con una gran claridad cada una de las reformas al articulado, se considera que mejora el actual texto que entró en vigor el 15 de marzo de 1926 y del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de fecha 11 de diciembre de 1995.

Por lo expuesto la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados somete a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

UNICO: Se reforman la denominación de los capítulos I, II y III; así como los artículos 1; 6; 11; 12; 13; 16; 21; 22; 23; 25; 28; 31, primer párrafo; 32; 33; 34; 35, fracciones II y IV; 36, fracción III y 37; se adicionan los Capítulos IV y V; así como los artículos 1 Bis; 3 Bis; 24 Bis; 24 Ter; 24 Quáter; 24 Quinquies; 33 Bis; 33 Ter; 33 Quáter; 33 Quinquies; 36, último párrafo; 42 y 43; y se derogan los artículos 27 y 30 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sus disposiciones son de observancia obligatoria para todos los militares que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con su Ley Orgánica.

Artículo 1 Bis.- El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la Nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo 2.- ...

Artículo 3.- ...

Artículo 3 Bis.- La disciplina es la base fundamental del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales existen primordialmente para defender los intereses de la Patria y preservar su vida institucional.

Artículo 4.- ...

CAPÍTULO II Principios Generales de Disciplina Militar

Artículo 5.- ...

Artículo 6.- En caso de extrema necesidad en actos del servicio, el superior podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o mantener la disciplina.

Artículo 7.- ...

Artículo 8.- ...

Artículo 9.- ...

Artículo 10.- ...

Artículo 11.- El militar se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores o de las obligaciones que le impone el servicio.

Artículo 12.- El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio.

Artículo 13.- El militar aceptará dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio, sin oponer dificultades, pero cuando menoscabe su jerarquía militar, tendrá derecho de representar ante la superioridad.

Artículo 14.- ...

Artículo 15.- ...

Artículo 16.- En actos del servicio, el militar no podrá hacerse representar por apoderado. Tampoco deberá elevar peticiones en grupo, ni solicitud tendiente a contrariar o retardar órdenes del servicio.

Artículo 17.- ...

Artículo 18.- ...

Artículo 19.- ...

Artículo 20.- ...

Artículo 21.- El militar debe comportarse con el más alto grado de cortesía y educación, guardando la compostura que corresponde a su dignidad y la marcialidad que debe ostentar como miembro del Ejército y Fuerza Aérea.

Artículo 22.- El militar prestará, siempre que le sea posible, su ayuda moral y material a sus subalternos y compañeros que la necesiten, pues no debe olvidar nunca que la solidaridad y ayuda mutua facilitan la vida en común y el cumplimiento de los deberes militares, constituyendo el espíritu de cuerpo, sentimiento de las colectividades que todos los militares tienen el deber de fomentar.

Artículo 23.- El militar que porte uniforme se abstendrá de entrar a centros de vicio y de prostitución, salvo que estén realizando actos del servicio.

Artículo 24.- ...

Artículo 24 Bis.- El militar, atendiendo a su honor y principios, debe obrar con equidad y justicia, ser ejemplo de puntualidad y preocuparse por cumplir con lo ordenado, anteponiendo su iniciativa e inteligencia.

CAPÍTULO III Correctivos Disciplinarios

Artículo 24 Ter.- Correctivo disciplinario es la medida coercitiva que se impone a todo militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber infringido las leyes o reglamentos militares, siempre y cuando no constituyan un delito.

Artículo 24 Quáter.- Los correctivos disciplinarios se clasifican en:

I. Amonestación;

II. Arresto, y

III. Cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta, determinado por el Consejo de Honor.

Artículo 24 Quinquies.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al subalterno, de palabra o por escrito, la omisión o defecto en el cumplimiento de sus deberes; invitándolo a corregirse.

En ambos casos, quien amoneste lo hará de manera que ningún individuo de menor categoría a la del aludido se aperciba de ella, procurando observar en estos casos la discreción que les exige la disciplina.

Queda prohibida la reprensión que, por ser afrentosa y degradante, es contraria a la dignidad militar.

Artículo 25.- El arresto es la reclusión que sufre un militar en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares y puede ser impuesto con o sin perjuicio del servicio.

En el primer caso, sólo podrán desempeñarse aquellos servicios que no requieran salir del alojamiento, por estar el militar a disposición de su Comandante o Jefe de la Unidad, Dependencia o Instalación.

Artículo 26.- ...

Artículo 27.- (Se deroga).

Artículo 28.- Toda orden de arresto deberá darse por escrito. En caso de que un militar se vea precisado a imponerlo por orden verbal, surtirá efectos de inmediato, pero dicha orden deberá ser ratificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes, anotando el motivo y fundamento de la misma, así como la hora; en caso de que no se ratifique, la orden quedará sin efecto.

Artículo 29.- ...

Artículo 30.- (Se deroga).

Artículo 31.- El militar que ejerce Superioridad jerárquica o de cargo, podrá imponer correctivos disciplinarios.

...

...

Artículo 32.- Tienen facultad para imponer arrestos a sus subalternos en jerarquía o cargo, los Generales, Jefes, Oficiales y clases.

Artículo 33.- Los arrestos se impondrán a:

I. Los Generales y Jefes, hasta por 24 y 48 horas, respectivamente;

II. Los Oficiales, hasta por ocho días, y

III. La Tropa, hasta por quince días.

Los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que no tengan destino fijo y se encuentren en disponibilidad, cumplirán los arrestos que se les impongan en cualquiera de los recintos militares señalados en el artículo 25 de esta Ley.

Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio.

El Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para amonestar, así como para imponer y graduar arrestos a los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, hasta por quince días.

Artículo 33 Bis.- Tienen facultad para graduar arrestos:

I. El Secretario, Subsecretario y Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. En las tropas a su mando:

a) Los Comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, los Comandantes de Mandos Territoriales, de Unidades y Organismos Circunstanciales;

b) Los Directores Generales de las Armas y Servicios, y

c) Los Directores y Jefes de Dependencias e Instalaciones.

En ausencia de los anteriores, la facultad recaerá en quien los suceda en el mando o cargo.

Artículo 33 Ter.- Todo militar facultado para graduar arrestos tendrá en cuenta, al hacerlo, que sea proporcional a la falta cometida, a la jerarquía, al cargo, a los antecedentes del infractor, a las circunstancias, al grado que ostente y al cargo de quien lo impuso.

Cuando a juicio del que deba graduar el correctivo, la gravedad de la falta merezca la imposición de un arresto superior al máximo que le sea permitido aplicar, dará cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. El militar facultado para graduar arrestos, podrá dejarlos sin efecto o sustituirlos por amonestación.

Artículo 33 Quáter.- El que haya recibido orden de arresto, deberá comunicar al superior de quien dependa así como al que se la impuso, el inicio y término de su cumplimiento. Los Generales, Jefes y Oficiales lo harán por escrito y la Tropa de forma verbal.

Artículo 33 Quinquies.- El militar que esté cumpliendo un arresto y se haga acreedor a otro, empezará a cumplir este último desde el momento en que se le comunique.

CAPÍTULO IV Consejo de Honor

Artículo 34.- El Consejo de Honor se establecerá en las unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea; se constituirá con un presidente y cuatro vocales en las unidades y con un presidente y dos vocales en las dependencias, conforme al Reglamento respectivo.

Artículo 35.- ...

I. ...

II. De la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley;

III. ...

IV. De la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito;

V. ...

VI. ...

Artículo 36.- ...

I. ...

II. ...

III. Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar.

IV. ...

En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga.

Artículo 37.- Los castigos correccionales a que se refiere la fracción II del artículo anterior son:

I. Para las clases y soldados, el cambio de unidad, dependencia e instalación o el arresto hasta por quince días en prisión militar.

II. Para los Oficiales, el cambio de unidad, dependencia, instalación, comisión o el arresto hasta por quince días en prisión militar.

Artículo 38.- (Derogado).

Artículo 39.- ...

Artículo 40.- ...

Artículo 41.- ...

CAPÍTULO V Prevenciones Generales

Artículo 42.- El militar que tenga alguna queja en relación con las disposiciones superiores o las obligaciones que le impone el servicio, podrá acudir ante el superior inmediato para la solución de sus demandas y, en caso de no ser debidamente atendido, podrá llegar por rigurosa escala, hasta el Presidente de la República, si es necesario.

Artículo 43.- Todo militar que infrinja la presente Ley, así como algún precepto reglamentario, se hará acreedor a un correctivo disciplinario, de acuerdo con su jerarquía en el Ejército y Fuerza Aérea y, si la magnitud de su falta constituye un delito, quedará sujeto a lo dispuesto por el Código de Justicia Militar.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo, secretario; Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), secretario; Fernando A. Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), secretario; Cristina Portillo Ayala (rúbrica), secretaria; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Adriana González Carrillo, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Franco Hernández, Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY SOBRE ELABORACION Y VENTA DE CAFE TOSTADO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre elaboración y venta del Café Tostado.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 57, 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía de la H. Cámara de Diputados se abocó al estudio y análisis de la Minuta descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión de fecha 29 de abril de 2004, la secretaría dio cuenta al Pleno de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la elaboración y venta del Café Tostado.

SEGUNDO. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión Especial del Café''.

TERCERO. Para Los mismos efectos, mediante oficio número D.G.P.L 59-II-2-577, de fecha 29 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitió a esta Comisión de Economía, el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto antes referido.

CUARTO. Con fecha 3 de Septiembre de 2004 y mediante oficio CEC/072/2004 el presidente de la Comisión Especial del Café remitió a esta Comisión la opinión que respecto la minuta elaboraron, misma que se signa por la Mesa Directiva de la Comisión Especial del Café, y que es en sentido favorable.

Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la minuta citada, la Comisión de Economía procedió a su análisis y estudio para cumplir con el mandato del pleno de ésta H. Cámara de Diputados, y de igual forma la Comisión Especial del Café remitió a la Comisión de Economía misma que se incorpora en este Dictamen.

ANÁLISIS DE LA MINUTA.

La minuta que se propone tiene como objetivo, que las mezclas de café y el café mezclado con otros productos observen las normas sobre la información comercial de calidad se elaboren y expidan conforme a la Ley de Metrología y Normalización.

De igual forma propone que los envases que contengan café mezclado con otros productos ostenten clara y verazmente la información sobre las sustancias o materias extrañas que contenga y el porcentaje de café tostado, así como mencionar los aditivos incorporados para conservar el producto y las sustancias naturales que se haya extraído parcial o totalmente.

La minuta también incorpora la obligación de que en los expendios de café, cafés o cafeterías autorizadas otorguen información clara al consumidor sobre las calidades, tipo de preparación, que permitan la identificación del producto.

Así mismo la minuta modifica y actualiza los nombres de las Secretarías de Salud y de Economía y del Consejo Mexicano del Café.

CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- Esta Comisión de Economía considera que las propuestas planteadas van orientadas principalmente a certificar la garantía de la calidad del café mezclado, lo que permite que a nivel internacional se pueda incrementar la competitividad y el éxito en los mercados del café mexicano, ya que en las circunstancias actuales la certificación de la calidad es un factor importante, para nuestros productores.

SEGUNDO.- Así mismo las propuestas de reforma benefician a los consumidores, al existir la posibilidad de obtener información veraz, comprobable y completa respecto al producto que estarán consumiendo, evitando confusión o error al adquirir el producto, de igual forma beneficia al los productores ya que será mas fácilmente detectable los productos que no siendo café se ostentan como tal y que tiene como consecuencia que exista una competencia desleal entre productores.

TERCERO.- Esta comisión coincide con la colegisladora respecto a que las propuestas planteadas son congruentes con artículo 36, primer párrafo del Convenio Internacional del Café del que México es parte y que señala que; ``los miembros se esforzaran por prohibir la publicidad y la venta de café, de productos que contengan como materia prima básica menos del 95 por ciento del café verde'', y en ese sentido y a través de las Normas Oficiales Mexicanas se deberá de señalar si se trata de café mezclado o mezcla de café con otros productos, y si se trata de café, tostado, grano de molino, cantidades de las mezclas, si es descafeinado entre otros.

CUARTO.- Es importante la reforma ya que muchos de los productos que se encuentran hoy en día disponibles al consumidor son de una calidad inferior, obedeciendo a la lógica de mercado de vender más barato sacrificando o transfiriendo los costos de la producción. A esta situación hay que añadir la histórica desorganización de los consumidores, lo que les ha convertido muchas veces en sujetos pasivos de un mercado despersonalizado e interesado en maximizar los beneficios y minimizar los costos, aún a costa de engaños o de la salud del propio consumidor, con la reforma se permite que los consumidores y productores se vean beneficiados.

QUINTO.- Además, desde hace algunas décadas se han constituido en México organizaciones de pequeños productores y artesanos como una forma de enfrentar la apremiante situación económica que se vive en el país. Estas organizaciones han buscado, por diversas vías, añadir valor a sus productos para venderlos bajo mejores condiciones en los mercados nacionales e internacionales y, no obstante que existen numerosos ejemplos de organizaciones que han tenido éxito en colocar sus productos en mercados especializados (como el de productos orgánicos por ejemplo), miles de productores y artesanos todavía padecen graves carencias, causadas entre otras razones, por los problemas que atraviesan al momento de comercializar sus bienes, esta Comisión considera que la reforma planteada beneficiara a estos pequeños productores a que logren una competencia sana.

Por todos los considerando ya vertidos esta Comisión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE ELABORACIÓN Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los Artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café tostado, debiendo quedar como sigue:

Artículo 1...

Artículo 2 ....

Artículo 3...

Las mezclas de café y el café mezclado con otros productos observarán rigurosamente las normas que sobre información comercial y de calidad se elaboren y expidan, en los términos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo que podrá ser demostrado mediante los certificados de conformidad que para el efecto expidan los organismos de certificación acreditados y aprobados.

Artículo 4....

Artículo 5

El café tostado, exceptuando el café en grano y el molido a la vista del consumidor, sólo podrá venderse en envases cerrados, sellados o precintados que ostenten clara y verazmente los siguientes datos:

I. Nombre y dirección del titular y número del registro ante la Secretaría de Salud.

II...

III...

IV. En el caso de café mezclado con otros productos, la información que requieran las normas a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, la cual deberá exigir la declaración puntual de las sustancias o materia extraña que contenga y ostentar su porcentaje respecto del contenido de café tostado, con letra dos veces más grande que la palabra café; así como la mención de los aditivos incorporados para conservar el producto y las sustancias naturales que se le hayan extraído parcial o totalmente.

V...

Artículo 6

Los expendios de café y los cafés o cafeterías autorizados para operar tostador o molino de café, tendrán a la vista del público el café a granel durante su elaboración, y usarán para su venta, envases cerrados, sellados o precintados en que aparezcan impresos los datos a que se refiere el Artículo 5o.

Dichos establecimientos otorgarán información clara al consumidor sobre las calidades, tipo de preparación, tostado, grado de molido y aquéllos pertinentes, que permitan la identificación del producto con el objeto de fomentar el consumo de café de calidad y mejorar la imagen del café mexicano.

Artículo 7 ....

Artículo 8

El Consejo Mexicano del Café auxiliará a las Secretarías de Salud y de Economía, conforme a las atribuciones de éstas, en la aplicación de la presente Ley. La Secretaría de Economía promoverá las acciones que permitan la certificación de las marcas, productos y tipos de café, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento y de sus reglamentos y de las normas oficiales aplicables al café tostado en materia de calidad y etiquetado.

Artículo 9 ....

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Economía iniciará, en consulta con el sector cafetalero nacional, y en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el proceso que conduzca a la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de etiquetado y calidades para mezclas de café y de café mezclado con otros productos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2004.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), María Antonia García Sanjinés (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente, Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

Publicados en la Gaceta Parlamentaria y son de primera lectura.

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LEY DE NACIONALIDAD

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 3º, de la Ley de Nacionalidad.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad

A la Comisión de Relaciones Exteriores, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados al Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y dictamen, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, referente a la inclusión de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39 párrafos 1 y 2 fracción XVIII; 45 párrafo 6 incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen bajo la siguiente:

METODOLOGIA

La Comisión de Relaciones Exteriores, encargada del análisis, estudio y dictamen de la iniciativa presentada, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- En el capítulo ``Antecedentes'' se da cuenta del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo, turno para el dictamen de la iniciativa de decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

2.- En el rubro ``Exposición de Motivos'' se exponen los alcances de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

3.- En las ``Consideraciones'' los diputados integrantes de la Comisión expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

1.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha de 27 de abril de 2004, el Dip. Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, referente a la inclusión de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana.

SEGUNDO.- En sesión celebrada el 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, la iniciativa de reforma aludida.

TERCERO.- Derivado de lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, conocimos la iniciativa presentada y la misma fue analizada y aprobada en sus términos por el Grupo de Trabajo de Seguimiento a Asuntos Legislativos de esta Comisión, quien realizó la labor tendiente a analizar su aprobación sobre la base de la siguiente:

2.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los movimientos migratorios tienen origen en la movilidad natural de los seres humanos en su búsqueda de mejores condiciones de vida. A través de la historia, permitieron el asentamiento de comunidades en regiones que al correr del tiempo construyeron el concepto de nación.

La nación se construyó a través de los siglos y generaciones de individuos, que unidos por el concepto de pertenencia a un espacio de tierra, formaron lazos de raza, creencia, cultura, conocimiento, interés y valores. Todo ello permitió la definición de ciudadanía, la cual formaba parte de un territorio, donde se establece la nacionalidad. Creando corresponsabilidad entre ellos con un espíritu de solidaridad y fraternidad, estableciendo formas de Gobierno que administraba la riqueza y se encargaba de su justa distribución entre sus coterráneos.

Esta corresponsabilidad era respondida por la sociedad al participar en los procesos productivos para generar los insumos necesarios para la subsistencia de toda la comunidad, estos procesos permitieron satisfacer los niveles de vida que fueron evolucionando hasta crear las diferencias de clases que componen el mosaico de la nación.

Con la formación de los Estados-nación, las migraciones dejaron de tener un carácter colonizador; se modificaron sus definiciones, categorías y conceptos; se crearon pasaportes y las visas para distinguir a los nacionales de los extranjeros; se intento controlar el flujo de personas a través de las fronteras nacionales y se concibieron políticas y mecanismos para permitir a los extranjeros residir en el territorio de los nuevos estados. Así, las migraciones, en esta etapa, tienen características, condiciones y calidad diferentes, tanto por el origen de los estados expulsores, como por su destino, las causas que la motivan y la aceptación de las sociedades receptoras, entre otros factores.

El surgimiento y la consolidación del capitalismo modificó paulatina pero sustancialmente las características de las migraciones y dio inicio a un proceso de conformación e integración de un mercado de trabajo internacional que no es ajeno al proceso de internacionalización y transnacionalización del sistema en su conjunto. La vocación internacionalista del capitalismo le permito incorporar, canalizar y adecuar las tradiciones y rutas migratorias internacionales a las necesidades del proceso de acumulación capitalista de los grandes centros hegemónicos.

Nuestro país ha sufrido la miseria y la pobreza heredada desde la conquista, pasando por el imperio porfirista hasta el movimiento de masas, que fue la Revolución Mexicana.

Este movimiento fue el punto culminante de una nación que nacía y se abría paso de su subdesarrollo hacia un Estado moderno, que permitiría su construcción desde las más grandes demandas sociales: tierra, libertad y justicia.

Los gobiernos posrevolucionarios, como define Don Pablo González Casanova en Historia de la Revolución Mexicana, permitieron la construcción del Estado Moderno, si embargo la centralización del poder, la disminución de instrumentos de participación social y, sobre todo, las políticas neoliberales que se implantaron en los últimos 4 sexenios, sumieron al país, desde los años ochenta, en una grave crisis económica que disminuyeron drásticamente las expectativas de trabajo a nuestra sociedad.

Los fenómenos migratorios en nuestro país tienen su raíz a partir de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio, y un gran número de familias fueron divididas. En 1850, con la fiebre del oro en California y la escasez de trabajador en el oeste y sudoeste de Estados Unidos, se iniciaron los movimientos migratorios provenientes de México. En 1870, los desplazamientos comenzaron a ser más numerosos, puesto que son acelerados por la contratación de contingentes de trabajadores para la construcción de las vías férreas que comunicaban al norte con el oeste de Estados Unidos. Para esas fechas no se habían puesto restricciones legales a la entrada de ningún tipo de migrantes. La primera contratación fue la del ``traque'', es decir, la vía. Fueron empleados para colocar rieles, construir terraplenes y dar mantenimiento a las líneas.

La presencia de los trabajadores Mexicanos, como un grupo importante de inmigrantes que apuntalaron el florecimiento económico de esa región Estadounidense, se explica si observamos que además de realizar las labores más penosas recibían los salarios más bajos.

La emigración de indocumentados es un fenómeno que históricamente ha estado asociado a la emigración documentada, sin embargo, con la aparición de restricciones legales y cuantitativas en la política formal de inmigración de los Estados Unidos, y con el aumento en las demandas de trabajadores agrícolas, se observó un incremento en la inmigración indocumentada, fenómenos que se conjugan en el contexto de la finalización de los programas de braceros y de la aprobación de la Ley de Inmigración de 1965.

Este fenómeno se agudiza a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, necesitados de mano de obra, firmaron un acuerdo de contratación con nuestro país. Gracias a este ejercito de campesinos, se pudo recoger las cosechas de los campos agrícolas que alimentaron, no solo a los ciudadanos, si no a las fuerzas armadas que combatían en Europa; no hay que olvidar tampoco, que fue principalmente la mano de obra de Mexicanos las que construyeron el ferrocarril en los Estados Unidos de América al principio del siglo XX.

La globalización de la economía también globalizó las crisis; una economía sujeta a la economía externa sufría gravemente cada crisis que sucedía en esta pero también fortalecía el aumento de los movimientos migratorios que tenían como objetivo las fuentes laborales y mejores ingresos.

Todo lo anterior explica las condiciones de los Mexicanos migrantes, quienes en los últimos años han demandado mayor atención de parte de las autoridades gubernamentales y representantes populares. Por lo que, es importante reconocer que la matricula consular, se ha convertido en un documento de identidad para aquellos que no tienen algún tipo de identificación.

Este documento ha permitido a las autoridades mexicanas buscar acuerdos bilaterales que benefician a los migrantes, y lograr que muchas autoridades estadounidenses la reconozcan de manera oficial para ciertos trámites. Si este documento de identificación ha sido reconocido como tal, es hora de hacer lo mismo aquí en nuestro país. Se requiere cumplir con lo que de manera reiterada se ha demandado, desde múltiples organismos nacionales, para lograr que esta identificación sea documento oficial aceptado por nuestras autoridades, para que quien la porte sea reconocido como mexicano; esto sería solo una pequeña contribución al apoyo necesario y vital que requieren los mexicanos en el exterior.

3.- CONSIDERACIONES

Los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideramos que se trata de una adición de gran importancia y trascendencia, que formalizará y asegurará en el futuro la identificación de los mexicanos en el exterior y garantizará que se materialicen beneficios que los gobiernos han acordado y seguirán acordando para ellos.

Entre las bondades que estimamos traerá esta reforma se encuentra la posibilidad de ampliar las oportunidades que la presentación de este documento les reportaría para su residencia en el extranjero. El propósito inicial de este registro consular, emitido en el presente de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, es el de facilitar a los agentes consular la atención de los nacionales en el extranjero así como su localización.

En este sentido resulta fundamental su inclusión dentro de la ley de Nacionalidad pues aunque ya existe esta prescripción en el Reglamento de la Ley General de Población, en su artículo 103, fracción IV, es la primera ley la que identifica a los nacionales mexicanos.

Es bien sabido el hecho de que los mexicanos en Estados Unidos, país en donde reside la gran mayoría de los mexicanos en el exterior, o en otros puntos del extranjero no cuentan con una identificación que los acredite como nacionales mexicanos como la credencial de elector, a falta de la cual la matrícula consular es un documento importantísimo dada la creciente aceptación del documento entre autoridades locales y prestadores de servicios en Estados Unidos para la realización de diversos trámites públicos y privados.

Lo correspondiente en México debe ser plasmado en la ley de nacionalidad a fin de que termine la incongruencia que supone reconocerla como identificación en los Estados Unidos y no en México. Máxime cuando nuestro país tiene una larga tradición de emisión de la matrícula consular que data de hace más de un siglo. Asimismo, a partir de marzo de 2003, contamos con una matrícula segura con fotografía digitalizada, banda magnética e identificación holográfica que no permite su falsificación o uso indebido.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VI, PASANDO LA ACTUAL A SER LA FRACCIÓN VII, AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE NACIONALIDAD.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VI, pasando la actual a ser la fracción VII, al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue.

Artículo 3. ...

I. a V ...

VI.- La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad:

a) Fotografía digitalizada;

b) Banda magnética, e

c) Identificación holográfica.

VII.- A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana.Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento Interior.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: Con el permiso de la Presidencia. Hay un tema que es motivo de unión y de preocupación para todos. Preocupa y ocupa al PRI, al PRD, al PAN, al Verde Ecologista, al PT y a Convergencia. Y en el Congreso no es la excepción. Es el tema de los mexicanos en el exterior.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores presentamos un dictamen para discusión y aprobación que busca reformar el artículo 3º de la Ley de Nacionalidad, referente a la inclusión de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana.

En pocas palabras, estamos estableciendo herramientas jurídicas que ayuden a la defensa de nuestros connacionales.

A través de la historia la migración permitió el asentamiento de comunidades en regiones que al correr del tiempo, construyeron el concepto de nación.

En nuestro país los fenómenos migratorios tienen su raíz a partir de 1848 cuando perdimos más de la mitad del territorio y un gran número de familias fueron divididas.

La presencia de los trabajadores mexicanos como un grupo importante de inmigrantes que apuntaron el florecimiento económico de esta región estadounidense, se explica si observamos que además de realizar las labores más penosas recibían los salarios más bajos. La globalización de la economía también globalizó las crisis, una economía sujeta a la economía externa sufría gravemente cada crisis que sucedía en ésta, pero también fortalecía el aumento de los movimientos migratorios que tenían como objetivo las fuentes laborales y mejores ingresos.

Este dictamen se origina de una iniciativa del diputado Omar Bazán, del Partido Revolucionario Institucional, presentado el 27 de abril de 2004. Entre las bondades que estimamos traerá esta reforma, se encuentra la posibilidad de ampliar las oportunidades que la presentación de este documento le reportaría para su residencia en el extranjero a los mexicanos en el exterior.

El propósito inicial de este registro consular es el de facilitar a los agentes consulares la atención de los nacionales en el extranjero, así como su localización. Con la emisión de la matrícula consular de alta seguridad a partir del año 2002 y la promoción y mejoramiento que ha impulsado el Gobierno Federal y las fuerzas políticas en México, la población indocumentada mexicana que reside en Estados Unidos tiene ahora acceso a servicios financieros y a la posibilidad de identificarse frente a corporaciones policiacas locales. Cuatro millones y medio de mexicanos cuentan ya con dicho documento, mismo que es reconocido y aceptado en 386 ciudades de Estados Unidos, 164 condados, 338 instituciones financieras y mil 999 departamentos de policía locales. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una norma técnica que permite que los bancos acepten la matrícula consular como documento de identidad personal.

A mediados de septiembre de 2003, tras un periodo de consultas, se ratificó dicha norma. En este sentido resulta fundamental su inclusión dentro de la Ley de Nacionalidad, ya que es la ley que identifica a los nacionales mexicanos.

El Congreso mexicano debe seguir buscando establecer herramientas jurídicas a fin de que nuestros migrantes puedan tener mejores condiciones de vida. Esta reforma es una de ellas.

Por esto y por nuestros connacionales en el extranjero se les pide su voto a favor del dictamen. Insisto, es una herramienta jurídica interna que sirve para su defensa y su de-sarrollo en el exterior. Esta reforma eleva el nivel como documento de la matrícula consular y eleva las posibilidades de desarrollo de nuestros mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 348 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

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LEY DE NACIONALIDAD

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúa la sesión.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al señor Hugo Sánchez Márquez, pentapichichi en el futbol ibérico, ganador del Premio Nacional del Deporte en Fomento y Estímulo al Deporte 2004, invitado por la Comisión de Juventud y Deporte. ¡Bienvenido Hugo!

Esta Presidencia tiene registrados a los diputados Omar Bazán Flores, Laura Elena Martínez Rivera y Jesús González Schmal. Los tres en pro. El Reglamento me permitiría otorgar el uso de la palabra a los dos primeros y preguntaremos sobre la tercera opción.

Tiene la palabra el señor diputado Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señor Presidente. Empiezo felicitando a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, a todos sus integrantes, por haber aprobado por unanimidad esta reforma al artículo 3º de la Ley de Nacionalidad, referente a la inclusión de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana. Esto obedece a un reclamo importante de todas las organizaciones de mexicanos que se encuentran en estos momentos en Estados Unidos.

Muchos de nosotros hemos acudido con tiempo a muchos foros, muchos eventos, muchas reuniones con ellos, con los migrantes de todos los partidos, y donde hemos escuchado diversidad de temas, diversidad de ideas, diversidad de materias que han conjuntado el esfuerzo el día de hoy a través de esta reforma.

Por eso quiero exhortar al pleno de la Cámara a que aprobemos este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores a favor, para que tengan nuestros migrantes y que se les permita, a través de la Ley de Nacionalidad referida, en incluir que la matrícula consular, como ya se dijo, que más de 4.5 millones de mexicanos cuentan ya con esta matrícula consular y que ya en Estados Unidos les ha permitido esta matrícula consular a muchos paisanos poder ingresar a los bancos, a sistemas bancarios, a crédito, para identificación, para seguridad, entre otras facilidades que les ha otorgado esta matrícula consular.

Sería incongruente que en nuestro país no tuviéramos esta matrícula en el marco legal como marca la Ley de Nacionalidad, para que nuestros migrantes en su futuro retornen este próximo diciembre; y tengan este documento para que ellos puedan acreditar su nacionalidad este próximo diciembre, si así ustedes lo dan por aprobado, para que esto quede ya concluido en el marco de la ley y que nosotros hagamos justicia a uno de los anhelos y reclamos de muchos de los migrantes mexicanos que estaban esperando que este documento tuviera la validez en su país, en México, como un documento probatorio de la nacionalidad mexicana.

Por eso yo quiero felicitar la exposición de motivos de la Comisión de Relaciones Exteriores y también quiero felicitar a todos las diputadas y diputados que participaron en la elaboración de la iniciativa que dio origen a esta reforma y que fue presentada hace algunos meses y que se dio trámite rápido y que nuestros migrantes están esperando esta pronta respuesta por parte de nosotros.

Quiero comentarles que hay que seguir apoyando estas causas de los migrantes, que este es el primer paso que va a llevar a la información y darles el adecuamiento legal a la matrícula consular, pero que ahora como pares debemos ir al Congreso norteamericano, seguir las pláticas con ellos, para que esta matrícula consular sea cada vez más, con mayor reconocimiento en cada una de las entidades de la Unión Americana, en cada una de las entidades, de las comunidades en Estados Unidos, para que nuestros migrantes y nuestros paisanos tengan la oportunidad de demostrar su nacionalidad, una materia de seguridad, una materia de identificación que les conjunta el esfuerzo del día de hoy. Por eso, convocarlos a que apoyen esta iniciativa y este dictamen por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

En el uso de la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en pro, hasta por 5 minutos.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Con su permiso, señor Presidente.

He subido a esta tribuna para hablar a favor del dictamen sobre la aceptación de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad, porque creo firmemente que con esto hemos dado un gran paso hacia el reconocimiento verdadero de los millones de mexicanos que en el exterior han arriesgado sus vidas para alcanzar mejores horizontes para ellos y para su familia.

Felicito en gran medida a la Comisión de Relaciones Exteriores, a su grupo de diputados que en forma sensible autorizaron este dictamen que hoy estará sujeto también a la aprobación de nuestros compañeros diputados.

Quiero hablar de los migrantes y decirles que muchos de ellos cruzaron las fronteras sin documentos, perdiendo el rostro, convirtiéndose en sombras entre la gente de ese país que escogieron como destino. Son ellos los que a través de sus remesas, realmente combaten los índices de pobreza de sus familias y de sus regiones, que en gran medida superan los apoyos que los propios gobiernos hacen.

Ahora los reconocemos a través de esta aprobación, les damos identidad y les damos identificación, los reconocemos como mexicanos y sobre todo incidimos con esta reforma para que autoridades, comercios, instituciones financieras, reciban a esta matrícula como una identificación con seguridad y certeza.

Cuando los diputados asistimos a los foros en Estados Unidos y nos reunimos con las comunidades de mexicanos, hemos observado sus necesidades, hemos escuchado sus demandas, y nos hemos comprometido todos. Creo que estos son los momentos que todos hemos querido y que nos dan la oportunidad de sentirnos satisfechos por poder responder a esta gran demanda.

Nosotros, los diputados, estamos comprometidos a atender todas estas necesidades, y que no quede sin respuesta ninguna de ellas. Seguimos escuchando las violaciones de sus derechos, seguimos recibiendo las noticias de agresiones y de asesinatos a nuestros migrantes por la espalda y no por balas de plástico por agentes migratorios de Estados Unidos y, sin embargo, estamos obligados a hacer todo lo posible para que esto no siga ocurriendo.

Los migrantes han sido fuente importante de la economía americana, por ello, esa economía es fuerte, ellos desde su llegada son los mejores trabajadores y los más demandados por sus empleadores. Lo podemos probar, sin duda, en los campos de California, de Florida, de Texas, en New Jersey, en Nueva York, en la industria de la construcción y en todo tipo de servicios a lo largo de Estados Unidos.

Es tiempo de que ellos reconozcan la matrícula como documento de identificación, ya que deberá llevar el apoyo de todos los legisladores de esta Cámara de Diputados, con ello les aseguramos la certeza y la seguridad de ese documento.

Quiero agregar sólo que esta iniciativa, que ahora la haremos ley, con la aprobación de todos ustedes, compañeras diputadas y diputados, responde a una agenda de migrantes, y yo deseo y les pido a los medios de comunicación, que se haga una gran información en los medios electrónicos y en los medios escritos, para que se diga que no sólo es la nota roja política la que importa sino que esta Cámara también responde con leyes que benefician directamente a una parte de la sociedad mexicana y que se encuentran fuera de nuestro país.

Por último, quiero decirles, compañeros, que los invito a favor de algo que ha sido largamente anhelado y que hoy tenemos con su beneplácito la oportunidad de hacerla realidad, así estaremos cumpliendo con una gran demanda de los migrantes.

Felicito a mi compañero Omar Bazán por esta iniciativa, y también los felicito a todos compañeros, porque estoy segura que daremos respuesta a este anhelo de los mexicanos que están en el exterior. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.

Si la Asamblea no tiene inconveniente, tenemos un tercer orador registrado, el señor diputado don Jesús González Schmal, con lo que cerramos la lista de oradores hasta por 5 minutos y en pro.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Efectivamente también nosotros queremos sumarnos a este acierto, a esta iniciativa, que habla del sentido lógico que debe tener nuestra política, por respeto los migrantes o de los emigrantes mexicanos que van a buscar mejor suerte a la Unión Americana.

El buen juez por su casa empieza, si no somos los mexicanos los que primero reconocemos oficialmente la validez de un documento, como es la matrícula de identificación, para que nuestros consulados puedan a partir de ella operar y suplir la falta de elementos de identificación de nuestros migrantes, no podemos por consecuencia pedirle a un gobierno extranjero, que haga y que dé crédito a este documento, si en nuestras leyes no existe el respaldo de legitimidad.

Es importante entonces en esta lógica aprobar esta iniciativa, darle curso inmediato y de esta manera también compensar o de alguna manera sobreponernos a la tendencia que en el Congreso norteamericano en estos momentos existe, para darle limitación de validez a la identificación consular que el gobierno mexicano, en la práctica ha sido y le ha ido cobrando vigencia.

Como ha sido una práctica sin respaldo legal, han sido muchos los que en la Unión Americana, sobre todo los que tienen tendencias racistas, a limitar la validez de este documento.

Sabemos, por ejemplo, que en California, Schwazeneger, está ya limitando y prohibiendo que las autoridades, tanto los bancos como demás oficinas que expiden licencia de manejo, para que éstas identificaciones consulares, matrículas consulares tengan validez.

Y también sabemos que hoy mismo, en el Congreso decía yo, hay una tendencia a que ya que con una Ley Federal, se limite y se restrinja los medios de identificación de los extranjeros para poder acceder a una cuenta bancaria a una licencia o a cualquier servicio público, un contrato de luz, una vivienda, una renta y cuántos otros contratos o relaciones de tipo civil y mercantil tiene que celebrar nuestros connacionales, cuando tienen que ir a buscar mejor suerte al extranjero.

De modo que es oportuna, es importante y ojalá también esto lo podamos respaldar con otras medidas ahora que vamos a tener en nuestras manos el presupuesto para darle a nuestros consulados en la Unión Americana y en Canadá, mejores recursos, medios más completos de tipo económico de instalaciones para hacer frente a la demanda cada vez más angustiosa de servicios que le están pidiendo los mexicanos radicados en el exterior.

Tenemos y los que hemos estado visitando estos consulados, tenemos conciencia clara que son insuficientes en su dimensión, en los espacios para atender, por ejemplo, la demanda a fin de año, de todos esos connacionales que quieren regresar al país a pasar unos días con sus familiares en territorio mexicano y cómo se amontonan y cómo es insuficiente el personal de los consulados para atenderlos con eficacia, con prontitud, con cortesía.

Y nuestros empelados en los consulados sufren este agobio, se sienten incomprendidos por la Cámara de Diputados porque no tienen los recursos, los medios; no quiero hacer ahora distinción si es la Secretaría de Relaciones Exteriores o no, quien no da las condiciones adecuadas a estos consulados, a estas representaciones nacionales; pero por lo pronto sí hay en el fondo una insuficiencia de recursos de presupuesto que será necesario resolver ahora que tenemos la responsabilidad de aprobar los próximos presupuestos.

Por lo pronto, la medida de darle reconocimiento definitivo y oficial a la matrícula consular como medio de identificación de nacionalidad, es un acierto al que los diputados de Convergencia nos sumamos con mucho agrado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

(Votación.)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Un momentito, por favor. No cierren todavía el sistema. De viva voz, diputado Molinar.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde su curul): Molinar, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias.

Señor Presidente, se emitieron 363 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 363 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 3° de la Ley de Nacionalidad.Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al articulo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Seguridad Pública somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

1.- Proceso Legislativo.

1.1.- En sesión celebrada el 16 de junio de 2004, el Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

1.2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, determinó turnar la citada iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

1.3.- Luego de la recepción formal, en sesión de la Comisión de Seguridad Pública, celebrada el 27 de julio del año en curso, se presentó a la consideración del Pleno de dicho Órgano Colegiado un proyecto de dictamen, mismo que previo su análisis y discusión, fue aprobado, ordenando se remitiera a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para los fines subsiguientes.

1.4.- En Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 30 de julio del año en curso, fue presentado el dictamen para su discusión y aprobación, con la adición de un transitorio único del tenor siguiente: ``El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación'', siendo aprobado el dictamen sin debate en votación económica y turnada la Minuta con Proyecto de Decreto en la misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos del procedimiento legislativo previsto en el inciso ``A'' del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.5.- La Presidencia de la Cámara de Senadores, con fecha 2 de agosto del año en curso, turnó de manera oficial la Minuta y expediente de referencia a la Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente, mismo que fue presentado con modificaciones y aprobado por las referidas Comisiones con fecha 4 de agosto de 2004.

1.6.- El dictamen fue presentado para su aprobación a la Cámara de Senadores en sesión del 4 de agosto del año en curso y con dispensa de segunda lectura e intervención del Senador Rutilo Cruz Escandón, se aprobó por 110 votos a favor y se devolvió a esta Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.7.- Posteriormente, con fecha 2 de septiembre del año en curso se turnó a esta Comisión de Seguridad Pública, la Minuta y el expediente respectivo con número 1581, para su estudio y trámite legislativo subsiguiente.

2.- Materia de la Iniciativa.

2.1.- Mediante la Iniciativa objeto del análisis y discusión, el diputado proponente sometió a la consideración de la Cámara de Diputados, adicionar con un segundo párrafo el artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que, en el caso de secuestro, se otorguen recompensas para estimular el auxilio y participación de la ciudadanía; como un incentivo para que cualquier persona aporte información útil que sirva para liberar a las víctimas del secuestro y capturar a los responsables.

El texto propuesto por el Diputado ponente es del tenor siguiente:

``ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.

En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las víctimas y la aprehensión de los delincuentes.''

2.2.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, le introdujeron modificaciones al texto originalmente propuesto, con las que se precisa que el informante acreedor de la recompensa, no deberá haber participado en el delito; la terminología relativa a presuntos responsables en lugar de delincuentes y la obligación de la autoridad para garantizar la confidencialidad del informante, con lo que el texto modificado es del tenor siguiente:

``ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.

En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante.

TRANSITORIO.

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación''.

3.- Valoración de la Iniciativa.

3.1.- Los Diputados integrantes de la Comisión luego de valorar su alcance y contenido, decidieron aprobar, como se ha señalado, en primer término la Iniciativa del Ley presentada por el Diputado Jorge Uscanga Escobar y en este acto, la Minuta con modificaciones procedente del Senado de la República.

3.2.- En efecto, se determinó que en razón de las circunstancias que hoy aquejan a nuestro país en torno a la incidencia delictiva en materia de la comisión del delito de secuestro, realmente es necesario sumar esfuerzos y la unidades de inteligencia y combate al secuestro sean receptivos de todos los elementos e indicios por mínimos o insignificantes que parezcan y que además, es necesario fortalecer los canales de información existentes y abrir nuevos cauces. Impulsar y estimular la participación ciudadana.

Así mismo, se consideró y valoró la importancia de que, si para liberar a las víctimas y capturar a sus agresores lo que se necesita urgentemente son indicios, datos y en general información que oriente la investigación, la acción y los operativos de la autoridad policial, entonces no se debe escatimar ningún esfuerzo para contar con esa información en forma oportuna.

Por ello se consideró conveniente proponer que se otorgue recompensa para estimular el auxilio y participación de la ciudadanía. que sirva como un incentivo para que cualquier persona aporte información útil que sirva para liberar a las víctimas del secuestro y capturar a los responsables.

Este estimulo para combatir el secuestro se encuentra previsto en las legislaciones de Europa y Estados Unidos desde hace más de 20 años, mientras que en Latinoamérica, Colombia la incluyó en su legislación desde 1996, dentro de su ley 282, conocida también como Ley Antisecuestro, y en julio del 2003 fue aprobada una similar en Argentina, como parte de sus reformas para combatir este delito.

En México, se encuentra previsto el otorgamiento de recompensas tanto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, se consideró necesario introducir la adición de un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para que exista mayor claridad y eficacia de este dispositivo legal, sobre todo por lo que hace al secuestro; es decir, que no solamente se otorgue cuando medie la existencia de orden de aprehensión, sino desde que se tome conocimiento de los hechos delictivos.

Respecto de los fondos para el pago de las recompensas, la Procuraduría General de la República, se encuentra legalmente facultada para ejercerlos por acuerdo específico, como lo prevé el artículo 5º de su ley orgánica.

Así mismo, se consideraron pertinentes las modificaciones introducidas por el Senado de la República, con lo cual se establecen restricciones a determinados sujetos que por su condición o circunstancias peculiares deben quedar excluidos del pago de recompensas, por haber participado en alguna de las fases del ilícito penal; así como, que la sola liberación de la víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables, sean motivos suficientes, en una u otra hipótesis, para el otorgamiento de recompensa, y finalmente, que es realmente pertinente establecer la obligación para la autoridad en el sentido de garantizar confidencialidad respecto de los informantes, en aras de evitar represalias en su contra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la aprobación de la siguiente:

Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.

En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante.

TRANSITORIO.

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los seis días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Jorge Uscanga Escobar (rúbrica), Presidente; José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), secretarios; Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, M. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Jorge Romero Romero, Quintín Vázquez García (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Fernando Guzmán Pérez Peláez, Pablo Alejo López Núñez, María Antonia García Sanjinés (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Héctor Miguel Bautista López (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Romero Romero, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Permítame un segundo. Esta Presidencia saluda a los señores ingeniero Hernán Orantes López, presidente electo del municipio de Tapilula, Chiapas y al ciudadano Ramiro Gómez Domínguez, también presidente electo del municipio de Simojovel, Chiapas, invitados por la diputada María Elena Orantes.

Discúlpeme usted, señor diputado. Adelante.

.
El diputado Jorge Romero Romero: Con su permiso, diputado Presidente. Los diputados integrantes de la Comisión, luego de valorar su alcance y contenido, decidieron aprobar la iniciativa de ley, presentada por el diputado Jorge Uscanga Escobar y la minuta con modificaciones procedente del Senado de la República.

En efecto, se determinó que en razón de las circunstancias que hoy aquejan a nuestro país, en torno a la incidencia delictiva en materia de la comisión del delito de secuestro, realmente es necesario sumar esfuerzos y las unidades de inteligencia y combate al secuestro, sean receptivos de todos los elementos e indicios por mínimos o insignificantes que parezca y que además, es necesario fortalecer los canales de información existentes y abrir nuevos cauces, impulsar y estimular la participación ciudadana.

Asimismo, se consideró y valoró la importancia de que si para liberar a las víctimas y capturar a sus agresores, lo que se necesita urgentemente son indicios, datos y en general información que oriente la investigación, la acción y los operativos de la autoridad policial, entonces no se debe escatimar ningún esfuerzo para contar con esa información en forma oportuna.

Por ello, se consideró conveniente proponer que se otorgue recompensa para estimular el auxilio y participación de la ciudadanía, que sirva como un incentivo para que cualquier persona aporte información útil que sirva para liberar a las víctimas del secuestro y capturar a los responsables.

Este estímulo para combatir el secuestro se encuentra previsto en las legislaciones de Europa y Estados Unidos, desde hace más de 20 años; mientras que en Latinoamérica, Colombia la incluyó en su legislación desde 1996, dentro de su Ley 282, conocida también como ``Ley Antisecuenstro'' y en julio de 2003 fue aprobada una similar en Argentina como parte de sus reformas para combatir este delito.

En México se encuentra previsto el otorgamiento de recompensas, tanto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, se consideró necesario introducir la adición de un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que exista mayor claridad y eficacia de este dispositivo legal, sobre todo, por lo que hace al secuestro, es decir, que no solamente se otorgue cuando medie la existencia de orden de aprehensión, sino desde que se tome conocimiento de los hechos delictivos.

Respecto de los fondos para el pago de las recompensas, la Procuraduría General de la República se encuentra legalmente facultada para ejercerlos por acuerdo específico, como lo prevé el artículo 5° de su ley orgánica.

Asimismo, se consideraron pertinentes las modificaciones introducidas por el Senado de la República, con lo cual se establecen restricciones a determinados sujetos que por su condición o circunstancias peculiares, deben quedar excluidos del pago de recompensas por haber participado en algunas de las fases del ilícito penal, así como que la sola liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables, sean motivos suficientes en una u otra hipótesis para el otorgamiento de recompensas y finalmente, que es realmente pertinente establecer la obligación para la autoridad, en el sentido de garantizar confidencialidad respecto de los informantes, en aras de evitar represalias en su contra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación de la siguiente minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Unico. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

``...Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que por acuerdo específico el Procurador General de la República determine.

En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulta cierta y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante''.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A la consideración de esta soberanía.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Esta Presidencia sólo tiene inscrito al señor diputado don Jesús González Schmal, en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente; compañeros y compañeras diputadas:

Nuevamente nos convoca a una reforma, a una adición la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad Pública, en relación con el acuciante tema de la delincuencia organizada.

Nadie duda de que se trata, efectivamente, de un fenómeno de nuestros tiempos que exige la mayor prontitud, la mayor eficacia, pero sobre todo, la mayor honorabilidad y honradez de nuestros cuerpos de seguridad para atender esta gravísima amenaza a nuestra seguridad pública, a la convivencia y al futuro del país; pero también es cierto que con base en estas leyes permisivas de un exceso de autoridad se han cometido atropellos, arbitrariedades, que muchos de nosotros conocemos en los círculos más próximos y por sobre todo si somos abogados y los constatamos en los litigios que sobre ello tenemos encargo.

Por esto, es importantísimo que acusemos el interés más profundo en que estas facultades discrecionales dadas al Procurador General de la República para otorgar retribuciones, compensaciones a quienes en un momento dado auxilien a la policía para resolver y dilucidar un crimen como puede serlo el del secuestro, no se vayan a convertir y no se conviertan en desviaciones de recursos o en malversaciones que después tengamos que lamentar; incluso que puedan ser propicios a corromper a la propia policía que en el encargo de una investigación y logrado el objetivo, lo oculte para poder operar una supuesta compensación previa al logro del objetivo de la liberación del reo o del secuestrado, mejor dicho.

Es por esto que para nosotros tiene, efectivamente, el interés de que sea aprobada en los términos en que se ha establecido, en que se propone en el proyecto, pero que también sea motivo de una más que importante decisión de que en los estados de cuenta, en el rendimiento de cuentas del Procurador, se puedan conocer con precisión las cantidades y los objetivos a que han sido destinados estos recursos y sobre todo también, que quede en las mejores manos y que con la mayor responsabilidad el que estas facultades discrecionales se conduzcan a aminorar la ola de secuestros, la inseguridad y la incidencia de delitos que padecemos acuciantemente todos los mexicanos.

Y también que de éste gran recurso y de ésta gran facultad que se le otorga a la Procuraduría General de la República, se dé cuenta al pueblo no sólo en términos económicos, de lo que se va a erogar en ello y en cada caso específico, sino en cuanto a que de veras disminuyan los índices delictivos en el país; que la seguridad nacional, la seguridad interior, la convivencia se realice en términos de respeto, en términos de posibilidades de realización humana, sin obstáculos de la inseguridad que cotidianamente nos acecha en todas las calles y en todos los lugares próximos a nuestros domicilios o lugares de trabajo.

Y en este sentido tendremos que exigir en correspondencia a estas facultades extraordinarias, a estos recursos que puede emplear el Procurador para el efecto de combatir la delincuencia organizada y lograr la liberación de los secuestrados, mejores resultados. Pero siempre con datos objetivos, comprobables, constatables y no con estadísticas que ocultan precisamente el crecimiento de la delincuencia, de la incidencia de delitos que tanto dañan al país y a su futuro e incluso inciden ya negativamente en términos muy cuantiosos, en la economía nacional a través de los recursos empleados por la vía de lavado de dinero.

De modo que en conclusión aprobaremos este proyecto, esta iniciativa, pero dejamos asentada claramente nuestra exigencia de la claridad, de la honestidad, de la probidad y del patriotismo con el que deben manejarse estos recursos del pueblo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa.... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría se encienda el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación.)

Diputado Presidente se emitieron 348 votos en pro y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 348 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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condecoracionesEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a las solicitudes de permisos de los ciudadanos: Lidia Camacho Camacho, Carlos García Priani, Virgilio Salvador Garza González, Inocente Prado López, Fernando Barona Sobrino, César Mayolo Mata Duarte, Carlos Octavio Angulo Jiménez, para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas: de Francia, Federativa de Brasil, de Cuba, Federal de Alemania, Bolivariana de Venezuela y la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fueron turnados para su estudio y dictamen los expedientes con las Minutas Proyecto de Decreto que conceden permiso a los ciudadanos Dra. Lidia Camacho Camacho, General de Brigada DEM Carlos García Priani, Lic. Virgilio Salvador Garza González, Coronel de Infantería DEM Inocente Prado López, Fernando Barona Sobrino, Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte y Contralmirante CG DEM Carlos Octavio Angulo Jiménez, para aceptar y usar las Condecoraciones conferidas por los Gobiernos de las Repúblicas: Francesa, Federativa de Brasil, de Cuba, Federal de Alemania, Bolivariana de Venezuela y la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Dra. Lidia Camacho Camacho, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Artes y Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Carlos García Priani, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la ``Medalla del Pacificador'' que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Lic. Virgilio Salvador Garza González, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Coronel de Infantería DEM Inocente Prado López, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Medalla ``Fraternidad Combativa'' que le otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Fernando Barona Sobrino, para aceptar y usar la Condecoración ``Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania'', que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte, para que pueda aceptar y usar la Medalla ``Estrella de Carabobo'', que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Carlos Octavio Angulo Jiménez, para que pueda aceptar y usar la ``Medalla del Servicio Meritorio'', que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 22 de octubre de 2004.--- Por la Comisión de Gobernación: Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Lidia Camacho Camacho, Carlos García Priani, Virgilio Salvador Garza González, Inocente Prado López, Fernando Barona Sobrino, César Mayolo Mata Duarte, Carlos Octavio Angulo Jiménez, para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas: de Francia, Federativa de Brasil, de Cuba, Federal de Alemania, Bolivariana de Venezuela y la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

No habiendo reservas, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto en un solo acto. Se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para tomar la votación nominal del proyecto de decreto en un solo acto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 328 votos...

Ya se cerró el sistema electrónico, háganlo de viva voz, por favor.

El diputado Carlos Flores Rico (desde su curul): En pro.

La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba (desde su curul): A favor.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): A favor.

El diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma (desde su curul): A favor.

El diputado Alvaro Elías Loredo (desde su curul): A favor.

El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul): A favor.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (desde su curul): A favor.

El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (desde su curul): A favor.

La diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (desde su curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde su curul): En pro.

La diputada Margarita Martínez López (desde su curul): A favor.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz (desde su curul): A favor.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (desde su curul): A favor.

La diputada Janette Ovando Reazola (desde su curul): A favor.

La diputada Jacobo Sánchez López (desde su curul): A favor.

El diputado Luis Antonio González Roldán (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente, se emitieron 344 votos en pro; 7 abstenciones y ninguno en contra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 344 votos.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES
y sus confederaciones

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, las siguientes:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, presentada por el C. Diputado Moisés Alcalde Virgen del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 25 de Marzo de 2002,

INICIATIVA DE LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, presentada por los CC. Diputados Martí Batres Guadarrama, Alejandro Zapata Perogordo, Rafael Rodríguez Barrera, Armando Salinas Torre, Eric Eber Villanueva Mukul, Rafael Servín Maldonado, Cuauhtémoc Montero Esquivel y Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, el 10 de abril de 2003, y la

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, presentada por el C. Diputado Gonzalo Moreno Arévalo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de octubre del año en curso.

Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II, del Artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometieron a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía, con fundamento en los Artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los Artículos 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que en sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el 25 de Marzo de 2002, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Moisés Alcalde Virgen. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial''.

SEGUNDO. Que en sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el 10 de abril de 2003, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentaron los CC. Diputados Martí Batres Guadarrama, Alejandro Zapata Perogordo, Rafael Rodríguez Barrera, Armando Salinas Torre, Eric Eber Villanueva Mukul, Rafael Servín Maldonado, Cuauhtémoc Montero Esquivel y Jorge Carlos Ramírez Marín. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial''.

TERCERO. Que con fecha del 30 de abril de 2003 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de las Iniciativas y fue presentada al pleno en su primera Lectura.

CUARTO. Que con fecha de 10 de octubre de 2003 se recibió de la Dirección General de Proceso Legislativo el dictamen en cuestión ya que no lo alcanzó a conocerlo el Pleno de la Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debía remitirse a la Comisión con carácter de proyecto.

QUINTO. Que en sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el 7 de Octubre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite ``Túrnese a las Comisión de Economía''.

SEXTO. Que mediante oficio CE/1022/04 se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de la iniciativa.

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

Que la iniciativa presentada por el Diputado Moisés Alcalde regula algunos aspectos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), que hasta el momento habían quedado pendientes en la Ley, tal y como lo constituye el reforzar el mecanismo y establecer una serie de derechos y obligaciones muy puntuales a los empresarios y a las Cámaras.

Que la iniciativa presentada por los diversos grupos parlamentarios establece entre otras cosas lo siguiente:

1. Se amplia el objeto de las Cámaras y sus Confederaciones, a fin de incorporar experiencias provechosas de Cámaras en México y otros países.

2. Se reforman las atribuciones y facultades de la Secretaría de Economía revisándolas en el contexto de la transición democrática en México.

3. Se establecen los perfiles de Cámaras de comercio y de Industria, la circunscripción de Cámaras de comercio y el perfil de las modalidades de las Cámaras de Industria, respondiendo al contexto cameral en México y las condiciones económicas y sociales actuales y las expectativas futuras.

4. Se clarifican los criterios para crear nuevas Cámaras, respetando la integridad de ramas económicas y circunscripciones Regionales y las características y alcances del Sistema de Información Empresarial Mexicano, buscando enriquecer su operación como instrumento de planeación del Estado mexicano y de fomento de las actividades productivas y comerciales.

5. Se instituye la Cédula Empresarial Mexicana, como un nuevo instrumento de simplificación de las gestiones administrativas frente a los diferentes niveles de Gobierno y de acreditación entre empresarios en sus relaciones de negocios.

Que la iniciativa presentada por el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo incrementa las sanciones que podrá imponer la Secretaría de Economía y permite que ésta puedan hasta duplicarse en caso de reincidencia, y al mismo tiempo se instituye el Recurso de Revisión en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, con el fin de que no se viole la garantía de audiencia en las resoluciones dictadas por la Secretaría de Economía.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar las iniciativas de referencia, emanando de este único dictamen, que contiene los planteamientos mas importantes de las mismas.

SEGUNDO. Que desde marzo de 2004 se formo un grupo de trabajo en el que participaron las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público y en representación de los organismos camarales la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, (CANACINTRA) la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO SERVYTUR MÉXICO), cuyos acuerdos y propuestas fueron incorporados en este dictamen.

TERCERO. Que las Cámaras fueron concebidas como instituciones sociales orientadas a velar por el desarrollo económico del país, cumpliendo una función de salvaguarde del interés público, como es la representación de los intereses generales del comercio, los Servicios, el Turismo y la Industria.

CUARTO. Que la función cameral, desde la Ley de 1908, supera el mero interés individual de los empresarios y responsabiliza a las Cámaras de una Función Pública, pues se consideran como instituciones de interés publico, que representan, promueven y defienden las actividades del comercio, los servicios, el Turismo y la Industria y que colaboran con el Gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.

QUINTO. Que es necesario también contar con un sistema cameral sólido y unificado con reglas claramente establecidas para la formación de nuevas Cámaras, lo que permita una homologación de las finalidades y objetivos de las Cámaras y Confederaciones, al mismo tiempo que se establezcan claramente cuales son los derechos de una frente a otra y viceversa.

SEXTO. Que es importante se cuente con un Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) fuerte y que permita pueda ser utilizado como un instrumento del Estado Mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de Comercio, Servicios, Turismo e Industria en el país, y que no sea confundido la obligación del registro al SIEM, con la voluntaria incorporación que puede hacerse a alguna Cámara o Confederación.

SEPTIMO. Que al igual como se pretende fortalecer al sistema cameral mexicanos es necesario enriquecer las atribuciones y facultades de la Secretaría de Economía en relación a las Cámaras y Confederaciones, pudiendo incrementar sus sanciones, regular su funcionamiento, vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como autorizar cuando así lo considere oportuno la operación de instrumentos de política económica.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con base a los considerándoos vertidos, los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía, aprueban con modificaciones las Iniciativas de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presentada por los CC. Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. La Comisión de Economía, presentan al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

EL DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional.

Tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las Confederaciones que las agrupan.

También tiene por objeto normar al Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Estado: la sociedad mexicana que habita el territorio nacional y es regido por un Gobierno conformado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un estado de derecho enmarcado por la Constitución General de la República y las Leyes que se derivan de ella.

II. Secretaría: la Secretaría de Economía.

III. Comerciantes: las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades de Comercio, de Servicios o de Turismo;

IV. Industriales: las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades Industriales, extractivas, de transformación y sus servicios;

V. Cámaras: las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo que representan a Comerciantes y las Cámaras de Industria que representan a Industriales;

VI. Confederación: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. Circunscripción: el área geográfica autorizada para que opere una cámara;

VIII. Giro: área o sector de la economía que por sus características se integran en un solo grupo de actividad productiva, de acuerdo con la clasificación oficial de actividades productivas vigente que recomiende el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

IX. Ejercicio: el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año;

X. Grupo promotor: el conjunto de Comerciantes o Industriales que, de acuerdo a lo que señala la presente Ley, se organizan para constituir una Cámara.

XI. SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

XII. Clasificador: el sistema de clasificación Industrial que recomiende el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, y

XIII. Salario mínimo: el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley para efectos administrativos corresponde al poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía.

Capítulo Segundo De las Cámaras y Confederaciones

Artículo 4.- Las Cámaras y sus Confederaciones son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y para los fines que ella establece.

Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la Industria, el Comercio, los Servicios y el Turismo y colaboran con el Gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.

Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El Gobierno las consultará en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan.

La actividad de las Cámaras y sus Confederaciones será la propia de su objeto; no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas y partidistas.

Las entidades extranjeras o binacionales que tengan por objeto igual o semejante al de las Cámaras que se regulan en esta Ley, requerirán autorización de la Secretaría para operar en el territorio nacional y actuarán como asociaciones sujetas al derecho común.

Artículo 5.- Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley deberán usar en sus denominaciones los términos ``Cámara'' o ``Confederación'' seguidos de los vocablos que, conforme a lo establecido en la misma, permitan identificar su circunscripción, actividad o giro según corresponda.

Ninguna persona moral, distinta a las señaladas en el artículo anterior, podrá usar el término ``Cámara'' o ``Confederación''. La institución que así lo haga será sancionada conforme a la Ley.

Para que una persona moral, distinta a, las señaladas en el artículo anterior, incorpore el término ``Cámara'' o ``Confederación'' en su denominación o razón social, será necesario obtener previamente la aprobación de la Secretaría, salvo lo dispuesto en otras Leyes.

Artículo 6.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Autorizar, previa opinión de la Confederación correspondiente, la constitución de nuevas Cámaras;

II. Registrar las delegaciones de las Cámaras;

III. Coadyuvar al fortalecimiento de las Cámaras y sus Confederaciones;

IV. Autorizar a las Cámaras y a las Confederaciones, en caso de que así lo determine, la operación de aquellos instrumentos de política económica y social afines a su ámbito de competencia, que por sus características convenga sean operados por una instancia cercana y afín a los Comerciantes e Industriales, siempre y cuando no se contravengan otras Leyes.

V. Convocar a la Asamblea General respectiva, cuando así se requiera en términos de la presente Ley;

VI. Autorizar las tarifas que las Cámaras podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el SIEM;

VII. Establecer mecanismos que permitan que a las empresas con registro actualizado en el SIEM, ya sea por sí o a través de las Cámaras, acceso a programas gubernamentales orientados al desarrollo del Comercio, Servicios, el Turismo o la Industria;

VIII. Solicitar por escrito a las Cámaras y Confederaciones reportes anuales sobre su operación, sobre los resultados y operación de los programas y acciones que les hayan sido subrogados y la información financiera respecto del SIEM;

IX. Expedir los acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento de esta Ley;

X. Vigilar y verificar la observancia de esta Ley, así como sancionar los casos de incumplimiento, y

XI. Las demás señaladas en esta Ley.

TITULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS CÁMARAS Y CONFEDERACIONES

Capítulo Primero Del Objeto

Artículo 7.- Las Cámaras tendrán por objeto:

I. Representar, promover y defender los intereses generales del Comercio, los Servicios, el Turismo o de la Industria según corresponda, como actividades generales de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el privado;

II. Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

III. Fomentar la participación gremial de los Comerciantes y los Industriales;

IV. Operar, con la supervisión de la Secretaría, el SIEM en los términos establecidos por esta Ley;

V. Actuar como mediadoras, árbitros y peritos, nacional e internacionalmente, respecto de actos relacionados con las actividades Comerciales, de Servicios, de Turismo o Industriales en términos de la legislación aplicable y la normatividad que para tal efecto se derive de esta Ley;

VI. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria emitiendo opinión respecto de los Sectores que deben integrar el Padrón de Sectores Específicos, y proporcionar a solicitud de dicho órgano la información estadística que requiera para la incorporación de contribuyentes a dicho Padrón;

VII. Colaborar con la Secretaría en la evaluación y emisión de certificados de origen de exportación, de conformidad con las disposiciones aplicables previa autorización de la dependencia;

VIII. Prestar los servicios públicos concesionados por los tres niveles de Gobierno, destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el Comercio, los Servicios, el Turismo y la Industria;

IX. Colaborar con la Secretaría, cuando así lo solicite ésta en las negociaciones comerciales internacionales;

X. Prestar los servicios que determinen sus estatutos en beneficio de sus afiliados, dentro de los niveles de calidad que se determinen conjuntamente con su Confederación;

XI. Participar con el Gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de desarrollo socioeconómico.

XII. Promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase de trámites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administrativas con las que se pueda tener ingerencia por virtud de la actividad empresarial y comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus actividades como sector productivo;

XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud expresa de estas; y

XIV. Llevar acabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Artículo 8.- Las Cámaras que representen la actividad comercial, de Servicios y Turismo integrarán la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo.

Las Cámaras que representen la actividad Industrial, integrarán la Confederación de Cámaras de Industria.

Artículo 9.- Las Confederaciones tendrán por objeto:

I. Representar los intereses generales de la actividad comercial o Industrial, según corresponda;

II. Agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras que las integran coadyuvando a la unión y desarrollo de las mismas;

III. Desempeñar la función de árbitro, mediante un órgano constituido expresamente para el efecto, en las controversias de sus confederadas;

IV. Establecer relaciones de colaboración con instituciones afines del extranjero;

V. Diseñar, conjuntamente con sus confederadas, los procedimientos para la autorregulación de niveles de calidad de los servicios que presten las Cámaras y aplicarlos;

VI. Promover el sano desarrollo de las actividades que representan, procurando elevar la ética empresarial en los negocios;

VII. Proponer a la Secretaría la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de Industria; y

VIII. Cumplir con el objeto que esta Ley establece para las Cámaras.

Capítulo Segundo De la circunscripción, actividades, giros y regiones

Artículo 10.- Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo tendrán una circunscripción Regional correspondiente a uno o más municipios aledaños en una Entidad Federativa y una o más de las delegaciones políticas en el Distrito Federal, y estarán formadas por Comerciantes, prestadores de Servicios y del sector Turismo.

Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo están obligadas a admitir, sin excepción, como afiliados a todos los Comerciantes que lo soliciten, siempre y cuando paguen la cuota correspondiente y se comprometan a cumplir con los estatutos de las Cámaras.

Cada Cámara podrá establecer delegaciones para el cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en el capitulo VIII del presente titulo en esta Ley.

Artículo 11.- Las Cámaras de Industria serán específicas o Genéricas, Nacionales o Regionales.

Las Cámaras de Industria específicas nacionales se integraran con empresas y sus establecimientos en el país, que realicen actividades en un mismo giro industrial.

La Cámaras de Industria Genérica nacional se integrará con empresas y sus establecimientos en el país, que realicen actividades para las cuales no existan Cámaras de Industria específicas.

Las Cámaras de Industria específicas Regionales se integrarán con empresas y sus establecimientos en una o varias entidades federativas que realicen actividades en un mismo giro industrial.

Las Cámaras de Industria Genéricas Regionales se integraran con empresas y sus establecimientos en una entidad federativa, que realicen actividades para las cuales no existan Cámaras de Industria específicas.

Cada Cámara de Industria específicas y Genéricas, nacionales y Regionales, podrá establecer delegaciones para el cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en el capitulo VIII del presente titulo de esta Ley y de su Reglamento.

Capítulo Tercero De la Constitución de las Cámaras

Artículo 12.- La Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, o de Industria específica nacional y Genérica Regional, mediante opinión de la Confederación que corresponda, previa consulta de la Confederación de que se trate a las Cámaras interesadas.

Las Confederaciones recibirán del grupo promotor la solicitud y sus anexos para la creación de una nueva cámara, verificando que se cumpla con los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley. Una vez analizada esta documentación, las Confederaciones, previo acuerdo de su consejo directivo, elaborarán un dictamen donde aprobarán o rechazaran, la solicitud del grupo promotor cuando a su juicio se cumpla o no con los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley.

En el caso de que un grupo promotor presente su solicitud directamente a la Secretaría, ésta a su vez solicitará la opinión de la Confederación correspondiente.

Para autorizar la creación de una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo o de Industria, la Secretaría:

I. Recibirá de la Confederación respectiva el dictamen que haya emitido el consejo directivo, así como la solicitud y los anexos que le presentó el grupo promotor para la creación de una nueva Cámara;

II. Verificará que la solicitud del grupo promotor cumpla con los requisitos de los artículos 13 y 14 de esta Ley;

III. Si no existen razones fundadas en contra de la solicitud por parte de la o las Cámaras afectadas y se cumple con lo estipulado en los artículos 13 y 14 de esta Ley, publicará el proyecto de autorización para la constitución de la Cámara en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que dentro de los sesenta días naturales siguientes, quienes tengan interés jurídico en ello, presenten sus comentarios, y

IV. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior y dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, estudiará los comentarios recibidos y, según sea el caso, aprobará con o sin modificaciones, o rechazará el proyecto, publicando la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación.

Para la Constitución de una Cámara la Secretaría se reserva la facultad de emitir una decisión final.

Artículo 13.- Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su solicitud a la Confederación para constituir una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo son los siguientes:

I. Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en la misma circunscripción o parte de ella;

II. Que la circunscripción propuesta tenga una población superior a doscientos mil habitantes, de acuerdo con el último censo general de población;

III. Que dentro de la circunscripción existan por lo menos dos mil quinientos Comerciantes;

IV. Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses;

V. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 14.- Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su solicitud a la Confederación para constituir una Cámara de Industria son los siguientes:

I. Para constituir una Cámara de Industria Especifica Nacional.

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley, una Cámara de Industria Especifica Nacional con el mismo giro;

b) Que el giro para el que se solicita una Cámara de Industria corresponda a un subsector de hasta dos dígitos en la clasificación del sistema que recomiende el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

c) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos 100 Industriales que representen el 25% o más de los Industriales del giro especifico representados por el grupo promotor para el cual se solicita crear una nueva Cámara;

d) Los Industriales del grupo promotor se encuentren ubicadas en por lo menos diez entidades federativas, con un mínimo del 7.5% de los Industriales del grupo promotor en cada una de esas entidades federativas;

e) Descripción de las razones por las cuales los intereses de los Industriales representados por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados por la Cámara de Industria Especifica o Genérica Nacional a la que pertenecen al momento de la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa representación;

f) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses;

g) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

II. Para constituir una Cámara de Industria Genérica Regional.

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de Industria Genérica Regional en la circunscripción solicitada;

b) Que la circunscripción propuesta tenga una población superior al 15% de la población total del país;

c) El producto interno bruto de la circunscripción para la cual se solicita una nueva Cámara, represente más del 20% del producto interno bruto nacional;

d) Los Industriales representados por el grupo promotor constituyan por lo menos el 51% y setecientos cincuenta o más de los Industriales registrados en el SIEM en la circunscripción solicitada para los que no exista Cámaras de Industria Especifica Nacional o Regional en la circunscripción solicitada;

e) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos 25% y por un mínimo de 100 Industriales de la circunscripción para el cual se solicita crear una nueva Cámara;

f) Los Industriales del grupo promotor se encuentren ubicadas en por lo menos el 50% de los municipios, o delegaciones políticas en el Distrito Federal, de la circunscripción solicitada;

g) Descripción de las razones por las cuales los intereses de las empresas representadas por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados por la Cámara de Industria Genérica Nacional a la que pertenecen al momento de la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa representación;

h) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses, y

i) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 15.- Para constituir una Cámara deberá seguirse el procedimiento siguiente.

I. En el caso de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo:

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 9 y 13 de esta Ley, la Secretaría y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, organizaran conjuntamente la asamblea de constitución, mediante la publicación de la convocatoria correspondiente en los principales periódicos de la entidad por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días después de la ultima convocatoria ante fedatario público;

b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el deposito de la cuota que fijará el consejo de la Confederación, de acuerdo con el promedio de cuotas vigentes en las Cámaras del país;

c) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confederación hasta que sea electo en consejo directivo, el cual designará un Presidente que le de conclusión, y

d) La Secretaría registrará la formación de la Cámara y publicara su constitución en el Diario Oficial de la Federación.

II. En el caso de Cámaras de Industria:

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 10 y 14 de esta Ley, la Secretaría y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, organizarán conjuntamente la asamblea de constitución mediante la publicación de la convocatoria correspondiente en un periódico de circulación nacional por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días después de la ultima convocatoria ante fedatario público;

b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el depósito de la cuota que fijará el consejo de la misma Confederación, de acuerdo con el promedio de cuotas vigentes en las Cámaras del país;

c) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confederación hasta que sea electo en consejo directivo, el cual designará un Presidente que le de conclusión, y

d) La Secretaría registrara la formación de la Cámara y publicará su constitución en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo Cuarto De los Estatutos de Cámaras y Confederaciones

Artículo 16.- Los estatutos de las Cámaras y Confederaciones deberán contener por lo menos lo siguiente:

I. Denominación que deberá hacer referencia al giro y circunscripción autorizados;

II. Domicilio, el cual deberá estar dentro de la circunscripción autorizada;

III. Objeto que se propone;

IV. Procedimientos para la integración de sus órganos de Gobierno y sus atribuciones, así como las facultades generales o especiales otorgadas a las personas que la representarán;

V. La forma y requisitos para la celebración y validez de las reuniones de sus órganos de Gobierno, para la toma de decisiones por parte de los mismos y para la impugnación de éstas;

VI. Los casos y procedimientos de remoción de consejeros y otros dirigentes, incluyendo al Presidente;

VII. Los derechos y obligaciones de los afiliados, garantizando la posibilidad de acceso a toda empresa del giro o entidad correspondientes a la Cámara, y los casos de suspensión de derechos;

VIII. Derechos y obligaciones de los afiliados o de las Cámaras, según corresponda;

IX. Derechos y obligaciones de las delegaciones de las Cámaras;

X. Facultades y funciones en materia de representación, administración, usufructo, prestación de servicios y otras cuestiones vinculadas a su objeto que las Cámaras transfieren a sus delegaciones;

XI. Procedimientos para la solución de controversias para lo cual se insertará una cláusula que establezca la obligación de la Cámara de someterse al arbitraje cuando el afiliado opte por dicho procedimiento;

XII. Procedimientos de disolución y liquidación, y

XI. Los demás elementos que establezca el Reglamento.

La Secretaría registrará los estatutos y sus modificaciones, los cuales deberán constar en instrumento otorgado ante fedatario público competente.

Artículo 17.- La afiliación a las Cámaras será un acto voluntario de los Comerciantes e Industriales.

Los afiliados tendrán los siguientes derechos y obligaciones ante su Cámara:

I. Participar en las sesiones de la Asamblea General, por sí o a través de su representante;

II. Votar por si o a través de su representante y poder ser electos miembros del consejo directivo, así como para desempeñar otros cargos directivos y de representación;

III. Recibir los servicios señalados en los estatutos;

IV. Someter a consideración de los órganos de su Cámara los actos u omisiones que en su concepto sean contrarios a los estatutos respectivos;

V. Contribuir al sostenimiento de su Cámara;

VI. Cumplir las resoluciones de la Asamblea General y demás órganos, adoptadas conformes esta Ley, su Reglamento y los estatutos;

VII. Contribuir a la formación de los criterios de desarrollo del sector representado por la Cámara; y

VIII. Los demás que establezcan esta Ley, su Reglamento o los estatutos.

Artículo 18.- Las Cámaras tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a sus Confederaciones:

I. Participar con voz y voto en las asambleas y otros órganos de Gobierno de la Confederación a través de sus representantes;

II. Participar en los procesos de elección de los miembros del órgano de Gobierno de la Confederación;

III. Que sus representantes sean sujetos de elección para las posiciones en los órganos de Gobierno de la Confederación;

IV. Someter a la consideración de la Confederación y sus órganos de Gobierno por conducto de su representante las iniciativas que considere pertinentes para el mejor funcionamiento de ésta y de las Cámaras y obtener respuestas fundadas sobre éstas;

V. Ser el representante de los intereses de la actividad productiva o región que corresponde a la Cámara en la Asamblea y los órganos de Gobierno de la Confederación;

VI. A solicitud de las Cámaras, ser representados y defendidos por la Confederación en sus derechos y sus intereses como el sector económico, o región que representa la Cámara ante las instancias de Gobierno y otras instancias;

VII. Recibir de la Confederación, los servicios que esta ofrezca en términos de asesoría legal y técnica, consultoría, publicidad, tramitación, capacitación entre otros que brinde a sus afiliados;

VIII. Operar el SIEM cuando así lo autorice la Secretaría a petición de las Cámaras o Confederaciones, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y técnicos en el sector o región que corresponda.

IX. Recibir de la Confederación la información necesaria y suficiente sobre la administración y el desempeño de la misma;

X. Solicitar a la Confederación que actué como arbitro en la solución de controversias en aquellos ámbitos en los que sea competente, de acuerdo a la reglamentación vigente;

XI. Recibir de la Confederación la información necesaria y suficiente sobre la misma y sus afiliados de acuerdo a la normatividad vigente;

XII. Participar en las ferias, exposiciones, concursos y certámenes convocados por o en las que participe la Confederación;

XIII. Solicitar y recibir de la Confederación, cuando proceda, el apoyo necesario para evitar la disolución y liquidación de la Cámara, vigilando que la actividad productiva o región a la que corresponde la Cámaras sean siempre representados adecuadamente.

XIV. Acudir y participar en las asambleas y otros órganos de Gobierno de la Confederación;

XV. Proponer candidatos a las posiciones en los órganos de Gobierno de la Confederación que sean miembros representativos de la actividad o región de la Cámara;

XVI. Informar de los resultados de los procesos de elección de los órganos de Gobierno de las Cámaras;

XVII. Contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva, en los términos que fije la asamblea de ésta y acatar sus disposiciones en casos de incumplimiento;

XVIII. Participar en el continuo mejoramiento del sistema cameral, buscando la mejor vinculación e integración de Cámaras en esquemas que, sin vulnerar la integridad de la Cámara, en conjunto ofrezcan una mejor representación y representatividad de actividades económicas o regiones;

XIX. Enterar lo que corresponde a la Confederación por concepto de los ingresos obtenidos en la operación del SIEM;

XX. Acatar las resoluciones de la Confederación sobre las controversias llevadas a ella en las que se involucre a la Cámara;

XXI. Cumplir con los perfiles y niveles de calidad en los servicios que deberán brindar las Cámaras a sus afiliados en términos de capacitación, comercio exterior, gestoría y asesoría técnica entre otros, y

XXII. Los demás que establezca la presente Ley, su reglamento o los estatutos de la Cámara respectiva.

Artículo 19.- Las Confederaciones tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a las Cámaras afiliadas:

I. Ser informado de los resultados de los procesos de elección de los órganos de Gobierno de las Cámaras;

II. Solicitar y recibir de las Cámaras sus contribuciones para el sostenimiento de la Confederación respectiva, en los términos que fije la asamblea de esta;

III. Ser enterado por las Cámaras de lo que corresponde a la Confederación por concepto de los ingresos obtenidos en la operación del SIEM;

IV. Determinar los perfiles y niveles de calidad de los servicios que deberán brindar las Cámaras a sus afiliados en términos de capacitación, comercio exterior, gestoría y asesoría técnica entre otros, vigilando su cumplimiento;

V. Convocar a las Cámaras afiliadas a participar con voz y voto en las asambleas y otros órganos de Gobierno de la Confederación;

VI. Convocar a procesos de elección de miembros de los órganos de Gobierno de la Confederación que permitan y estimulen la participación de las Cámaras;

VII. Permitir y propiciar que los representantes de las Cámaras sean propuestos y votados en elección para posiciones en los órganos de Gobierno de la Confederación;

VIII. Analizar a través de sus órganos de Gobierno, dar respuestas fundadas a las Cámaras y actuar en consecuencia sobre las iniciativas que sometan a su consideración la Cámaras para el mejor funcionamiento de éstas y de la Confederación;

IX. Reconocer la representación de los intereses de la actividad económica o región de que corresponda a la Cámara en la asamblea y los órganos de Gobierno de la Confederación;

X. A solicitud de las Cámaras representar y defender los derechos e sus intereses del sector económico o región que representa la Cámara ante las instancias de Gobierno y otras instancias;

XI. Brindar a las Cámaras, los servicios que ofrezca en términos de asesoría legal y técnica, consultoría, publicidad, tramitación, capacitación, entre otros, que brinde a sus afiliados;

XII. Estimular el continuo mejoramiento del sistema cameral, propiciando la mejor vinculación e integración de Cámaras en esquemas que en conjunto ofrezcan una mejor representación y representatividad de actividades económicas y regiones;

XIII. Reconocer y apoyar a la Cámaras para operar el SIEM, cuando así lo autorice la Secretaría, en el sector y región que le corresponda, defenderla para este propósito frente a la Secretaría y que sean elegibles para los apoyos que ofrezca el sistema;

XIV. Entregar a las Cámaras la información necesaria y suficiente sobre la administración y el desempeño de la Confederación;

XV. Convocar y estimular a las Cámaras a participar en las ferias, exposiciones, concursos y certámenes convocados por o en las que participe la Confederación;

XVI. Prevenir y llevar a cabo las gestiones necesarias, cuando proceda, para evitar la disolución y liquidación de Cámaras, vigilando que la actividad económica o región sean siempre representados adecuadamente; y

XVII. Los demás que establezca la presente Ley, su reglamento o los estatutos de la Confederación respectiva.

Capítulo Quinto De la Asamblea General

Artículo 20.- La Asamblea General es el órgano supremo de las Cámaras y Confederaciones.

Estará integrada respectivamente por sus afiliados y por representantes de las Cámaras, y le corresponderá:

I. Aprobar los estatutos y sus modificaciones;

II. Aprobar el programa de trabajo, así como el presupuesto anual de ingresos y egresos;

III. Aprobar las políticas generales para la determinación de los montos de cualquier cobro que realice la Cámara o Confederación, conforme a lo previsto en esta Ley y en los estatutos respectivos y las sanciones correspondientes por su incumplimiento;

IV. Designar a los miembros del consejo directivo y al auditor externo, así como remover a éstos y a los demás directivos;

V. Aprobar o rechazar el informe de administración, el balance anual y el estado de resultados que elabore el consejo directivo, así como los dictámenes que presente el auditor externo;

VI. Acordar la disolución y liquidación de la Cámara, y

VII. Las demás funciones que establezcan esta Ley, su Reglamento y los propios estatutos.

Artículo 21.- La Asamblea General deberá celebrar al menos una sesión ordinaria durante los primeros tres meses de cada año. La convocatoria, desarrollo y acuerdos de toda la sesión serán registrados en el acta correspondiente.

Capítulo Sexto Del Consejo Directivo y de los funcionarios

Artículo 22.- El consejo directivo será el órgano ejecutivo de una Cámara o Confederación y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Actuar como representante de la Cámara o Confederación;

II. Cumplir con el objeto y obligaciones de la Cámara o Confederación respectiva;

III. Convocar a la Asamblea General y ejecutar los acuerdos tomados por esta;

IV. Presentar anualmente a la Asamblea General el presupuesto de ingresos y egresos y el programa de trabajo para el ejercicio, y una vez aprobados por ésta remitirlos a la Secretaría;

V. Ejercer el presupuesto aprobado por la Asamblea General;

VI. Someter a la Asamblea General el balance anual y el estado de resultados de cada ejercicio y, una vez aprobado, remitirlo a la Secretaría acompañado del dictamen del auditor externo, la cual lo pondrá a disposición de los afiliados para su consulta;

VII. Proporcionar la información requerida por la Secretaría y, en su caso, la Confederación respectiva;

VIII. Determinar la sede y circunscripción de las delegaciones;

IX. Analizar y dictaminar, en el caso de las Confederaciones, sobre las solicitudes para la creación de nuevas Cámaras, aprobando o rechazando la solicitud, sometiendo el dictamen correspondiente a la consideración de la Secretaría; y

X. Las demás que señalen en esta Ley y los estatutos respectivos.

Artículo 23.- El consejo directivo de una Cámara o Confederación se integrará en la forma que establezcan sus estatutos a fin de representar al sector que les corresponda y proporcionar servicios a sus afiliados, cumpliendo con los siguientes requisitos:

I. Los consejeros durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente, consecuentemente deberán dejar transcurrir, un periodo al menos de dos años, antes de ocupar nuevamente el mismo cargo;

II. La renovación del consejo directivo será anual y se efectuará en la mitad de los consejeros cada año, según hayan sido electos en años pares o nones;

III. Al menos el setenta y cinco por ciento de los miembros del consejo de una Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al giro de la Cámara de que se trate;

IV. Por lo menos el sesenta por ciento de los miembros del consejo directivo deberán ser de nacionalidad mexicana, y

V. La minoría que represente al menos el 20% de los afiliados tendrá derecho a designar a un miembro propietario del consejo directivo y su suplente; estos consejeros se sumarán a quienes hayan sido electos por la asamblea general.

Artículo 24.- El consejo directivo será encabezado por un Presidente, los Vicepresidentes que se requieran según los estatutos y el objeto de la Cámara o Confederación, un Tesorero y un Secretario, de acuerdo a los siguientes requisitos:

I. El Presidente será electo en la primera sesión ordinaria del consejo directivo, la que deberá realizarse en la misma fecha en que se reúna la asamblea general en sesión ordinaria;

II. A propuesta del Presidente, el consejo directivo aprobara la designación de los Vicepresidentes, Tesorero y Secretario;

III. El Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Secretario desempeñarán las funciones que determinen los estatutos respectivos, respondiendo al objeto de la Cámara o Confederación, según corresponda;

IV. El Presidente, Vicepresidentes y Tesorero durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos para el mismo cargo en dos ocasiones por un año más cada una en forma consecutiva, para poder ocupar nuevamente el mismo cargo, deberán dejar transcurrir un periodo al menos, de tres años;

V. El Secretario durara en su cargo un año y podrá ser reelecto cuantas veces sea necesario;

VI. El Presidente, los Vicepresidentes y el Tesorero de una Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al giro de la Cámara de que se trate;

VII. El Presidente de una Confederación deberá haber sido Presidente de una de las Cámaras integrantes, para ser designado Vicepresidente o Tesorero de una Confederación se requerirá de la aprobación de la Cámara a la que pertenece;

VIII. Los cargos de Presidente, Vicepresidentes y Tesorero serán honoríficos, personales y no podrán ejercerse por medio de representantes; y

IX. El cargo de Secretario podrá ser remunerado, es personal y no podrá ejercerse por medio de representantes.

Capítulo Séptimo Del Patrimonio de las Cámaras y sus Confederaciones

Artículo 25.- El patrimonio de las Cámaras y Confederaciones será destinado estrictamente a satisfacer su objeto y comprenderá:

I. Los bienes muebles e inmuebles que posea o que adquiera en el futuro;

II. El efectivo, valores e intereses de capital, créditos, remanentes y rentas que sean de su propiedad o que adquieran en el futuro por cualquier título jurídico;

III. Las cuotas ordinarias o extraordinarias a cargo de sus afiliados o de las Cámaras, respectivamente, que por cualquier concepto apruebe la asamblea general;

IV. Las donaciones y legados que reciban;

V. El producto de la venta de sus bienes;

VI. Los ingresos por prestación de servicios;

VII. Los ingreso derivados de servicios concesionados o autorizados, y

VIII. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

Capítulo Octavo De las Delegaciones

Artículo 26.- Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y las Cámaras de Industria podrán establecer en su circunscripción las delegaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

El consejo directivo de cada Cámara determinará la sede y circunscripción de sus delegaciones.

Los derechos y obligaciones de las delegaciones se establecerán en los estatutos de la Cámara a la cual pertenecen.

Las delegaciones no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios.

Artículo 27.- Las delegaciones son parte integral de la Cámara a la que representan, por lo que los afiliados de la delegación lo son de la Cámara, con todos los derechos y obligaciones correspondientes.

Artículo 28.- Las delegaciones tendrán las funciones señaladas para las Cámaras por esta Ley exclusivamente dentro de su circunscripción y en cumplimiento a los acuerdos del consejo directivo y de los estatutos de la Cámara. Asimismo, representaran y promoverán a la Cámara a la cual pertenezcan ante los Comerciantes e Industriales según corresponda, así como frente a las instancias de Gobierno y la sociedad.

Las Cámaras podrán delegar en ellas las funciones, facultades, responsabilidades y obligaciones que determinen sus estatutos.

TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO

Artículo 29.- El SIEM es un instrumento del estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de Comercio, Servicios, Turismo e Industria en el país.

La inscripción y registro para el SIEM en la Cámara que corresponda será obligatorio para las empresas, que no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, mas si al pago por el registro según lo dispuesto en el titulo IV, del sistema de información empresarial mexicano, de esta Ley.

La información del SIEM tiene como propósito de apoyar las actividades de:

I. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en la planeación del desarrollo socioeconómico, el diseño de estrategias de promoción y la aplicación de los instrumentos de política empresarial;

II. Las Cámaras, en la planeación y desarrollo de sus actividades y servicios, así como la promoción e integración de actividades económicas;

III. Las empresas en la formulación de sus estrategias de competitividad y crecimiento;

IV. Las diferentes instancias de Gobierno en la simplificación de trámites administrativos en todos los niveles, y

V. La identificación de oportunidades comerciales y de negocios para los empresarios y cualquier individuo nacional y extranjero;

El SIEM es de interés público, su coordinación es competencia de la Secretaría y su operación estará a cargo de las Cámaras, cuando así lo autorice la Secretaría.

Artículo 30.- Todos los Comerciantes e Industriales, sin excepción y obligatoriamente, deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM.

Artículo 31.- El SIEM tendrá las siguientes características:

I. El registro tendrá un costo nominal aprobado por la Secretaría, de acuerdo con los costos de operación;

II. El registro de las empresas de nueva creación deberá hacerse dentro de los dos siguientes meses a la fecha de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Dentro de primer bimestre de cada año posterior al registro, deberá renovarse y en su caso realizarse una actualización al mismo, que tendrá como costo nominal el que apruebe la Secretaría de acuerdo con los costos de operación.

IV. El registro se llevará a cabo en la Cámara correspondiente a la región o giro del Comerciante e Industrial, y

V. Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al SIEM, en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que estos hechos se produzcan y en la misma Cámara en que se registro inicialmente.

Artículo 32.- La información que deberán proporcionar los Comerciantes e Industriales será de dos tipos:

I. Obligatoria, toda aquella información de los Comerciantes e Industriales necesaria para fines de planeación y la aplicación correcta de los instrumentos de política del estado para promover su desarrollo y la integración de cadenas productiva;

II. Opcional, toda aquella información complementaria que, dentro de parámetros definidos en la operación del SIEM, decidan incorporar los Comerciantes y los Industriales al sistema con el propósito de promover más ampliamente su actividad económica especifica y estimular oportunidades de negocios con otras empresas del país y del extranjero.

Dicha información no hará prueba ante la autoridad administrativa o fiscal, en juicio o fuera de él, y se presentará en los formatos que establezca la Secretaría, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 33.- La administración del SIEM estará a cargo de la Secretaría, quien garantizará que el sistema opere eficientemente en todo momento. Para esto:

I. La Secretaría asignara los recursos necesarios a fin de que sus alcances y desempeño correspondan al buen funcionamiento del mismo;

II. La captura de la información para el SIEM será a través de las Cámaras, de acuerdo a las reglas de operación del mismo, que para tal efecto emita la Secretaría, una vez consultadas las Cámaras y Confederaciones;

III. La Secretaría promoverá y formulará los acuerdos correspondientes a fin de que todas las instancias administrativas en los niveles Federal, Estatal y Municipal, establezcan la obligatoriedad de las empresas de contar con el registro en el SIEM para la celebración de todo trámite administrativo ante ellas;

IV. La Secretaría emitirá la autorización correspondiente para que las Cámaras que así lo soliciten puedan operar el SIEM y cumplan con lo establecido en las reglas de operación, y

V. Cumplir con la obligación de proporcionar al SIEM la información a que se refiere este capítulo, en la Cámara autorizada que corresponda, en ningún caso otorgará a los Comerciantes e Industriales los derechos o les impondrá las obligaciones inherentes a los afiliados de las mismas.

Artículo 34.- La Secretaría establecerá conjuntamente con las Cámaras y sus Confederaciones las reglas de operación del SIEM. Estas reglas de operación deberán considerar por lo menos los siguientes aspectos:

I. Disponibilidad de acceso a la información por personas y organismos, nacionales y extranjeros;

II. Confiabilidad y alcances de la información para la planeación y estimular oportunidades de negocios en las actividades Industriales y comerciales;

III. Calidad y disponibilidad oportuna en el procesamiento de la información;

IV. Estructura de la información para estimular actividades económicas, integración de cadenas productivas y oportunidades de negocios;

V. Mecanismos y garantías para el acceso oportuno, fácil, eficiente y rápido a la información;

VI. Apoyos a las Cámaras para mantener el perfil tecnológico requerido;

VII. Cobertura del territorio nacional;

VIII. Supervisión y sanciones conjuntas de la Secretaría;

IX. Reportes de las Cámaras;

X. Publicidad y difusión, y

XI. La información pública que habrá de aparecer en la página principal del SIEM.

TÍTULO CUARTO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS CÁMARAS

Artículo 35.- Las Cámaras se disolverán:

I. Por acuerdo de la asamblea general que deberá ser convocada especialmente para este efecto;

II. Cuando no cuenten con recursos suficientes para su sostenimiento o para el cumplimiento de su objeto en términos de esta Ley, y

III. En caso de que la Secretaría emita resolución que revoque su autorización, por las causas previstas en esta Ley.

Artículo 36.- La liquidación estará a cargo de al menos un representante de la Secretaría, uno de la Confederación respectiva y otro de la Cámara de que se trate.

TITULO QUINTO SANCIONES

Capítulo Primero Sanciones

Artículo 37.- La Secretaría previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a los establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá aplicar las sanciones previstas en el presente título.

La Secretaría sancionará con amonestación a Cámaras o Confederaciones que incurran en las conductas siguientes:

I. Llevar a cabo actividades que no se justifiquen en razón de su objeto, o

II. No cumplir con las obligaciones que tengan con sus afiliados, Cámaras o Confederaciones.

En caso de reincidencia, se aplicará la multa a que se refiere el artículo siguiente y cuando existan reincidencias posteriores podrá imponerse multa por el doble de la sanción impuesta anteriormente.

Artículo 38.- La Secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios mínimos a las Cámaras o Confederaciones que incurran en las conductas siguientes:

I. Destinar sus ingresos a fines distintos de su objeto;

II. Operar el SIEM fuera del ámbito de la actividad o circunscripción que les corresponda sin haber sido autorizada por la Secretaría para este efecto, o en contravención de lo previsto en esta Ley, o sus reglas de operación, o

III. No contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva, en los términos de esta Ley.

Artículo 39.- La Secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios mínimos a quienes utilicen o incorporen en su denominación o razón social los términos ``Cámara'' o ``Confederación'' seguidos de los vocablos que hagan referencia a la circunscripción, actividad o giro que establece el presente ordenamiento, en forma contraria a la prevista por el artículo 5, salvo cuando otras Leyes prevean específicamente el uso de dichas denominaciones.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior y deberá proceder a la clausura del local o locales donde se ubiquen el domicilio e instalaciones de la persona de que se trate; ello sin detrimento de exigir las responsabilidades penales a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.

Artículo 40. La Secretaría sancionara con multa de doscientos a seiscientos salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos Comerciantes o Industriales que incurran en las conductas siguientes:

I. No cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el SIEM, no registren a todos sus establecimientos, o proporcionen información incorrecta o incompleta en su registro, o

II. No cumplan con su obligación de informar a la Cámara correspondiente para efectos de su registro en el SIEM, cuando cesen parcial o totalmente en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio.

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior.

Artículo 41.- La Secretaría solicitará a la Asamblea General que, conforme a sus estatutos, tome los acuerdos necesarios para corregir cualquiera de las condiciones de los integrantes del consejo directivo y demás directivos de una Cámara o Confederación, cuando éstas:

I. Reincidan en cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior, y se les hubiere sancionado conforme al mismo;

II. Incumplan con su objeto o con las obligaciones que les encomienda la presente Ley;

III. Desarrollen actividades religiosas, partidistas o de especulación comercial, o

IV. Utilicen o dispongan de la información a que tengan acceso con motivo de la operación del SIEM, en forma diversa a la establecida en esta Ley o en las reglas de operación que emita la Secretaría.

Artículo 42.- La Secretaría previa opinión de las dependencias competentes y de la Confederación, podrá ordenar la destitución del consejo directivo de una Cámara, cuando este se negara a cumplir con los requisitos previstos en esta Ley para su funcionamiento.

En este caso, la Secretaría convocará a una asamblea extraordinaria, que realizará junto con la Confederación correspondiente, a fin de que se elija al nuevo consejo directivo que asumirá la conducción de la Cámara.

Artículo 43.- Cualquier otra infracción a esta Ley que no esté expresamente prevista en este título podrá ser sancionada por la Secretaría con multa de quince a trescientos salarlos mínimos. En caso de reincidencia, podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior.

Artículo 44.- La aplicación de las sanciones que se señalan en este título no liberan al infractor del cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley, y se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Capítulo Segundo Del Recurso de Revisión

Artículo 45.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1996, así como sus reformas y adiciones.

ARTÍCULO TERCERO.- Las Cámaras de Industria especifica Regionales constituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuaran operando en los términos en que hayan sido inicialmente autorizadas.

ARTÍCULO CUARTO.- La Confederación de Cámaras Industriales de los estados unidos mexicanos, en la esfera de sus atribuciones, promoverá que las Cámaras específicas Regionales existentes de un mismo giro o giros similares se fusionen a fin de constituir Cámaras específicas Nacionales, en cuyo caso estarán eximidas de cumplir con lo dispuesto en el artículo 13 fracción I de esta Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Las Cámaras de Comercio en pequeño constituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuaran operando en los términos en que hayan sido inicialmente autorizadas.

ARTÍCULO SEXTO.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los estados unidos mexicanos, en la esfera de sus atribuciones, promoverá que las Cámaras de Comercio en pequeño en una misma circunscripción en la que opere una Cámara Nacional de Comercio, se fusionen.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se otorga un plazo de un año a todas las Cámaras y sus Confederaciones, para adecuar sus estatutos a lo dispuesto en esta Ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las Cámaras específicas Nacionales, Genéricas Nacionales y Regionales y las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo constituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuaran operando aun y cuando no cumplan con lo establecido por esta Ley, en lo que se refiere a los requisitos para su constitución.

ARTÍCULO NOVENO.- Las Cámaras autorizadas por la Secretaría para operar el SIEM mantendrán la vigencia de su autorización previa a la publicación de esta Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Secretaría, con la participación de las Cámaras y Confederaciones, elaborará un proyecto del reglamento de esta Ley, en un plazo no mayor a seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2004.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), María Antonia García Sanjinés (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente, Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Manuel Ignacio López Villarreal, en términos del 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de fundamentar el dictamen.

El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Hago uso de la tribuna a nombre de las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Economía de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados para presentar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, el cual fue aprobado en el seno de la Comisión por unanimidad y mismo que fue publicado el día de hoy, 5 de noviembre del 2004, en la Gaceta Parlamentaria y que se consideró de primera lectura el día jueves 28 de octubre del 2004.

Las cámaras fueron concebidas como instituciones sociales, orientadas a velar por el desarrollo económico del país, cumpliendo una función de salvaguarda del interés público, como es la representación de los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo y la industria.

La función camaral debe superar el mero interés individual de los empresarios y responsabilizar a las cámaras de una función pública, pues se consideran como instituciones de interés público que representan, promueven y defienden las actividades del comercio, los servicios, el turismo y la industria y que colaboran con el Gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.

Es necesario también contar con un sistema camaral sólido y unificado, con reglas claramente establecidas para la formación de nuevas cámaras, lo que permita una homologación de las finalidades y objetivos de las cámaras y sus confederaciones, al mismo tiempo que se establezca claramente cuáles son los derechos de una frente a otra y viceversa.

Es importante se cuente con un Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), fuerte y que permita pueda ser utilizado como un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicaciones de los establecimientos de comercio, servicio, turismo e industria en el país y que no sea confundida la obligación del registro del SIEM con la voluntaria incorporación que pueda hacerse a las cámaras o confederaciones.

Los objetivos esenciales para emitir una nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones son las siguientes:

Se fortalece el SIEM al dejar claros sus objetivos y las características del mismo.

Se actualiza el nombre de la Secretaría de Economía.

Se incorporan las definiciones de Estado, comerciantes, industriales, cámaras, confederaciones, SIEM, entre otras.

Se establece cuáles son las finalidades de las cámaras y sus confederaciones.

Se fortalecen sus objetivos.

Se conjuntan en dos confederaciones a las cámaras: una la de comercio, servicio y turismo y en otra la de cámaras industriales.

Se señalan cuáles son los derechos y obligaciones de las cámaras ante sus confederaciones y de éstas ante sus cámaras y de los agremiados ante las cámaras.

Se establece claramente cuáles son los requisitos para crear una nueva cámara.

Se indican los contenidos mínimos que las cámaras y sus confederaciones deberán incorporar en sus estatutos.

Se permite la reelección de los consejeros, del presidente, de los vicepresidentes y del tesorero de las cámaras hasta para un periodo más.

Se fortalece a la Secretaría de Economía en sus atribuciones respecto de las cámaras y confederaciones.

Se incrementan las sanciones por parte de la Secretaría a las cámaras y sus confederaciones, permitiendo que en caso de reincidencia, pueda duplicarse la sanción.

Se incorpora el recurso de revisión en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por este medio quiero también reconocer y agradecer a la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a los representantes de las Confederaciones de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, entre otras, en virtud de que todo lo anterior fue producto de muchos meses de trabajo para poder lograr los acuerdos necesarios que han permitido lograr los significativos avances en el establecimiento de un marco jurídico moderno y acorde con la realidad actual del país, que a la vez impulsará el desarrollo de las cámaras empresariales y sus confederaciones, teniendo mayor y mejor vínculo con el Gobierno.

Señor Presidente, también quisiera poner a consideración del pleno, dos modificaciones al dictamen original que me permito poner a la consideración del pleno, el artículo 2º, inciso 3) en la descripción de lo que son: Los comerciantes. Dice. ``Las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades de comercio, de servicio o de turismo''.

Se propone, comerciantes: ``Las personas físicas y morales con actividad empresarial que realicen actividades de comercio, servicios y turismo, que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal''.

En el mismo artículo, en la fracción IV, donde se describe: ``industriales'', dice:

``Las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades industriales, extractivas, de transformación y sus servicios.''

Se propone: ``industriales'': ``Las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades industriales, extractivas, de transformación y sus servicios, que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal''.

La segunda propuesta de modificación es en el artículo 12. Dice: ``Las confederaciones recibirán del grupo promotor la solicitud y sus anexos para la creación de una nueva cámara, verificando que se cumpla con los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley. Una vez analizada esta documentación, las confederaciones previo acuerdo de su consejo directivo, elaborarán un dictamen donde aprobarán o rechazarán la solicitud del grupo promotor cuando a su juicio se cumplan o no los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley''.

Se propone: ``Las confederaciones podrán recibir del grupo promotor, a petición de éste, la solicitud y sus anexos para la creación de una nueva cámara, verificando que se cumpla con los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley. Una vez analizada esta documentación las confederaciones previo acuerdo de su consejo directivo, emitirán la opinión mediante la elaboración del dictamen donde aprobarán o rechazarán la solicitud del grupo promotor, cuando a su juicio se cumpla o no con los requisitos marcados en esta ley, debiendo hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Economía dentro de los 60 días naturales siguientes a la emisión de la opinión''.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión y que han quedado claramente explicadas en la intervención del señor diputado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si son aceptadas las modificaciones propuestas por el diputado proponente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea.

En pro, el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia, hasta por 5 minutos.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hemos analizado con detenimiento esta ley de cámaras, que de alguna manera viene a reforzar la necesidad de contar con un sector empresarial que sea más moderno y se adecúe a los momentos que estamos viviendo en México.

Sin duda alguna las propuestas que hacen nuestros compañeros están analizadas y seguramente consensuadas entre todos los equipos, ya que cada uno de los partidos a la hora de votar, representados en esta Comisión, dio su voto prácticamente por unanimidad para que pudiera hacerse efectiva esta nueva ley.

Yo quisiera nada más hacer el comentario de que la fracción parlamentaria de Convergencia quisiera proponer, además de sumarnos a favor de la votación de este dictamen, quisiéramos proponer solamente un transitorio, específicamente en el tema de que los presidentes de las confederaciones podrán ser reelectos por tres años. En este tema me parece importante que así como cuando votamos por otras acciones que nos benefician o nos perjudican en el momento actual, no pudiera ser retroactivo para los presidentes que ya en este momento son presidentes de las cámaras; porque sería tanto como estar favoreciendo a los que transitoriamente están ejerciendo esta función de presidentes.

Por eso nuestra propuesta de un transitorio es para que en el caso de los presidentes que quieran o que pudieran ser reelectos en las confederaciones, sólo se pueda efectuar en la próxima elección que se tenga, no en los presidentes que actualmente están ocupando esta función.

Me parece que es un excelente trabajo y esperamos que tomen en consideración nuestra propuesta al transitorio, para que sea verdaderamente justo el que los nuevos presidentes sean los que tengan la posibilidad de ser reelectos y no los actuales que ya están en funciones.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Perdomo: Nos deja alguna..., en términos del 134 tomamos su participación como un anuncio de una propuesta de adición de transitorio.

Entonces yo le rogaría, por favor, que lo redacte y que nos lo haga llegar.

El diputado Víctor Suárez Carrera en contra, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Con su permiso, señor Presidente.

En representación personal, únicamente, vengo a expresar mi oposición a la aprobación de esta iniciativa de Ley de Cámaras porque pretende restablecer el sistema corporativo de representación empresarial que correspondió a una etapa de la vida económica, política y social del país, pero que hoy después de la lucha por la transición a la democracia, la representación, la pluralidad, hoy no corresponde.

Un sistema de imposición, de autoritarismo, en la representación empresarial no es lo que hoy demanda un sector empresarial diverso, plural y múltiple. No podemos regresar a sistemas únicos de representación que por lo demás solamente han representado a los intereses de sectores minoritarios de las cúpulas empresariales y fundamentalmente los vinculados a las grandes empresas transnacionales.

La sociedad mexicana, los sectores empresariales han desarrollado en los últimos años sistemas de representación diversos, amplios, plurales y con esta ley se estaría otorgando una relación privilegiada a un sector minoritario de los empresarios, principalmente los grandes empresarios, que a través de estas cámaras y confederaciones han estado avalando en los últimos años políticas económicas en contra del sector empresarial mexicano, políticas económicas en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas, políticas y económicas que han propiciado la desnacionalización del sector económico nacional.

Entonces, no es posible que lo que no han podido hacer a partir de servicios, de convencimiento, de valores agregados y representación efectiva de los intereses de todos los sectores empresariales, ahora se les quiera dar una representación de privilegio.

Tampoco estoy de acuerdo en que el Sistema de Información Empresarial Mexicano, que es una función de Estado, se obligue a todos los empresarios a que se afilien a través de las cámaras a las que no pertenecen y que sea una forma encubierta de darles recursos públicos a las entidades denominadas cámaras y que sea una forma encubierta de propiciar la afiliación a estas empresas y a estas cámaras empresariales.

Por eso, yo me expreso en contra de esta ley de cámaras, me expreso a favor de que reflexionemos con más cuidado esta iniciativa. Necesitamos promover el asociacionismo empresarial, pero sobre nuevas bases, bases democráticas, bases de democracia, bases de pluralidad y bases de representación genuina de los intereses empresariales.

Las cúpulas empresariales de las cámaras y confederaciones asociadas al CCE, Consejo Coordinador Empresarial, no representa los intereses de las empresas mexicanas, representa los intereses de una minoría de empresas transnacionales y de un proyecto de economía desnacionalizada y transnacionalizada.

Por eso necesitamos una nueva ley que promueva el asociacionismo empresarial y una genuina interlocución de los empresarios asociados con el Estado, y que en el Sistema de Información Empresarial Mexicano puedan ser registradas las empresas a través de las cámaras, pero que no sea la única fuente de registro sino pueda ser una ventanilla más entre muchas otras formas de representación de registro del SIEM.

Yo les llamo con todo respeto a aquellos que han luchado contra el corporativismo en el país, el corporativismo sindical, el corporativismo campesino y ahora el corporativismo empresarial, que apostemos a una Ley de Asociaciones Empresariales democrática y que realmente funcione.

Esta ley es la restauración de sistemas corporativos que ya fracasaron y que van a volver a fracasar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

No habiendo más oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para reservarlo en particular.

Esta Presidencia tiene la reserva de los siguientes artículos:

El 4º por el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, el 12 el diputado Víctor Suárez Carrera, el 23 Héctor Gutiérrez de la Garza, el 24 Héctor Gutiérrez de la Garza, el 29 Víctor Suárez Carrera, y la presentación de la adición de un artículo transitorio por el señor diputado Juan Fernando Perdomo Bueno. Diputado García Solís los artículos 12 y 13.

En consecuencia se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, propuestas aceptadas por el diputado Manuel Ignacio López Villarreal.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 337 votos en pro, 6 en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 337 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado los siguientes artículos:

El 4º el diputado Héctor González de la Garza; el 12 del diputado Víctor Suárez Carrera; el 12 y el 13 el diputado Iván García Solís; el 23 y 24 el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza; el 29 el diputado Víctor Adrián Suárez Carrera, pero me informan que está cediendo su turno al señor diputado Isidoro Carrillo.

Y para proponer la adición de un transitorio, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.

Tiene el uso de la palabra para presentar sus reservas del artículo 4º el diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Presidente: Quisiera primeramente solicitar su autorización para en esta participación presentar los tres artículos de reserva, con la finalidad de agilizar los trámites conducentes, y ojalá los compañeros diputados que a su vez presentaron diversas reservas pudieran hacer lo mismo, para agilización de la Asamblea, si usted tiene a bien aprobarlo diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia acepta con mucho agrado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias diputado Presidente. Primeramente el artículo 4º se presenta una reserva eminentemente de carácter técnico, en el párrafo cuarto se establece: ``La actividad de las cámaras y sus confederaciones será la propia de su objeto, no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas y partidistas''. Es sumamente complicado que una cámara o una confederación, tenga actividades religiosas y partidistas, salvo que pretendamos institucionalizar los partidos religiosos, en este caso, la sugerencia y la propuesta es: ``religiosos o partidistas''.

En el caso del artículo 23 va íntimamente ligado al 24. El 24 prevé ahora que el consejo directivo de una cámara o confederación, será encabezado por un presidente, los vicepresidentes necesarios, en su caso, tesorero y secretario, más sin embargo ahora se prevé que van a durar en su cargo un año y podrán ser reelectos para el mismo cargo en dos ocasiones, es decir, pueden llegar a un plazo de tres años.

El artículo 23 señala que en el consejo directivo de una cámara, durarán en su cargo los consejeros dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente, es decir, tenemos una contradicción entre el artículo 23 y el 24.

La sugerencia es la siguiente:

Que el artículo 23, en su fracción I señale: ``salvo lo dispuesto en el siguiente artículo, los consejeros durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente, consecuentemente deberán dejar transcurrir un periodo al menos de dos años antes de ocupar nuevamente el mismo cargo''.

A lo que me refiero es, que para ser presidente, vicepresidente, secretario o tesorero, es indispensable que formes parte del consejo directivo, por consecuencia ser consejero.

Si el consejero nada más puede durar dos años en su cargo y no podrá ser reelecto en el periodo inmediato, tendríamos una contradicción con la nueva redacción del artículo 24, porque no podríamos llegar a ese plazo de 3 años sin una contradicción con este propio artículo 23.

Lo que se pretende es salvar la reforma y evitar un conflicto en la duración del cargo de consejero y obviamente de presidente, vicepresidentes, secretarios o tesoreros.

Dejo a esta Presidencia la propuesta de modificación tanto al artículo 4º como al artículo 23 y retiro la reserva del artículo 24 toda vez que no amerita modificación alguna.

Gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Gutiérrez de la Garza.

Si me hace favor de dejarla en la Secretaría, si sería usted tan bondadoso.

El señor diputado Héctor Gutiérrez de la Garza ha dejado una propuesta en relación al artículo 4°. Se ruega a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea estrictamente de la propuesta del artículo para someterlo a la consideración en votación económica.

Por favor, para ilustrar a la Asamblea, vamos a leer la propuesta al artículo 4º, el puro párrafo, señor Secretario, si es usted tan gentil.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De las Cámaras y Confederaciones.

``Articulo 4º, párrafo cuarto. La actividad de las cámaras y sus confederaciones serán la propia de su objeto, no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas o partidistas.''

Eso es por lo que se refiere al artículo 4°.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, en el artículo 4° párrafo cuarto.

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Gracias.

Los que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia instruya a la apertura del sistema electrónico hasta por cinco minutos, para votar el artículo 4° con la modificación propuesta por el diputado Gutiérrez de la Garza y aceptada por la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 4°, párrafo cuarto con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Asamblea, con las modificaciones propuestas por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

(Votación.)

Señor Presidente, de viva voz.

El diputado Presidente Manlio a favor, ¿verdad? Diputado Alcérreca, ¿a favor, está bien? Bien.

Señor Presidente, se emitieron 300; permítame un segundo. A ver, de viva voz Víctor.

El diputado Gerardo Ulloa Pérez (desde su curul): Gerardo Ulloa, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Víctor Suárez.

El diputado Víctor Suárez Carrera (desde su curul): 278, Víctor Suárez, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: El diputado Alegre.

El diputado Ricardo Alegre Bojórquez (desde su curul): Ricardo Alegre, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente se emitieron 338 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el artículo 4º por 338 votos.

Tiene la palabra el señor diputado don Iván García Solís, para presentar su reserva al artículo 12.

El diputado Iván García Solís: Gracias ciudadano Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores: No cabe duda que la ley que hoy estamos analizando y votando tiene una trascendencia para el cambio en las relaciones de los grupos empresariales con el Gobierno y entre sí.

Quiero decirles que a mi juicio, siendo importantes y objeto de una considerable discusión previa, los cambios aquí propuestos, es decir, la nueva ley propuesta, incorpora algunas de las necesidades urgentes en esta materia. Quiero decir, sin embargo, que en mi opinión harían falta cambios mucho mayores, que nos obligarán a ir a una muy novedosa y muy creativa distinta ley que obviamente en este momento no estamos en condiciones de producir, pero que no debemos dejar al olvido.

Y esto lo digo, porque no debemos omitir que en México se formó, a partir del régimen de Obregón, un sistema corporativo que después fue reforzándose y que lo mismo abarcó a los sindicatos que a los organismos empresariales y que México está transitando lenta, pero de manera segura a una descorporativización de la vida social y de la vida de distintos organismos.

Entonces esto es parte de esa tendencia, se inscribe en esa tendencia, pero considero que es de tal tamaño la necesidad a que nos vemos enfrentados, que requeriríamos cambios mucho mayores.

Sin embargo, estimo, no desprecio, reconozco los esfuerzos que se hacen y de manera particular en este caso, aludo al artículo 12, para el cual con consulta previa con algunos diputados de la Comisión, propongo el siguiente cambio, actualmente dice el artículo 12.

``... la Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas cámaras de comercio, servicios y turismo o de industria específica nacional y genérica regional mediante opinión de la confederación que corresponda, previa consulta de la confederación de que se trate a las cámaras interesadas''. Ahí observamos una mediación ---es decir la palabra ``mediante''--- una mediación que puede resultar inconveniente, puede resultar condicionante y por lo tanto, estorbar la libre afiliación y desde luego la palabra ``previa'' también implica una condicionante que esta Cámara no debiera incluir, porque iría en sentido contrario de los elementos liberadores y desregularizadores que promueve.

Por lo tanto la propuesta que hago es la siguiente:

Artículo 12. ``... la Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas cámaras de comercio, servicios y turismo o de industria específica nacional y genérica regional, pudiendo ser escuchada, para tal efecto, la opinión de la confederación que corresponda''. Entonces creo que así se rescata una de las intenciones que aquí se propusieron y creo que queda mejor redactada y mejor acotada.

Es todo, gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado García Solís, en cuanto a la reserva al 13, ¿la presenta más tarde?

El diputado Iván García Solís: La retiro.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La retira. Bueno.

Se ruega a la Secretaría leer estrictamente el texto de la modificación propuesta por el diputado García Solís, con objeto de someter a la consideración de inmediato a la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Artículo 12: ``... la Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas cámaras de comercio, servicio y turismo o de industria específica nacional y genérica regional, pudiendo ser escuchada la opinión de la confederación que corresponda para tal efecto''.

Cumplida, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sométala por favor a la consideración de la Asamblea, señor Secretario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se somete a la consideración de la Asamblea si es aceptada la propuesta del diputado Iván García Solís.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aceptada la propuesta.

Vamos a abrir el sistema electrónico de votación para recabar la votación nominal del artículo 12 con la modificación aceptada; y en virtud de que la reserva del artículo 13 se ha retirado, por economía procesal vamos a votar ambos artículos. El 12 con la modificación propuesta y el 13 en sus términos.

Adelante la Secretaría; por 3 minutos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 3 minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 12 con la modificación propuesta por el diputado Iván García Solís y aceptada por la Asamblea y el artículo 13 en sus términos.

(Votación.)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, como parte de una visita, invitados por los diputados Leticia Gutiérrez Corona y José Manuel Carrillo Rubio.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se emitieron 345 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los artículos 12 y 13 de la ley, por 345 votos.

Se ruega a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación del señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, en relación con el artículo 23; si bien ya se retiró la del artículo 24.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: La propuesta de modificación al artículo 23 es en la fracción I y dice lo siguiente:

``Uno. Salvo lo dispuesto en el siguiente artículo, los consejeros durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Consecuentemente deberán dejar transcurrir un periodo al menos de 2 años antes de ocupar nuevamente el mismo cargo.''

Cumplido, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sométalo a la consideración de la Asamblea, si es usted tan gentil.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con todo gusto Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, al artículo 23 en la fracción I.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la modificación. Luego entonces vamos a votar el artículo 23 con la modificación propuesta por el diputado Gutiérrez de la Garza y aceptada por la Asamblea, y el artículo 24 en sus términos.

Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en estos términos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación nominal del artículo 23 con las modificaciones propuestas por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza y el artículo 24 en sus términos.

Abrase el sistema electrónico.

(Votación.)

Señor Presidente se emitieron 331 votos en pro... un momentito.

De viva voz:

El diputado Raúl Pompa Victoria (desde su curul): A favor.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde su curul): A favor

El diputado Antonio Mejía Haro (desde su curul): A favor.

La diputada Patricia Elisa Durán Reveles (desde su curul): A favor.

El diputado Aguilar (desde su curul): A favor.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde su curul): A favor.

La diputada María Elena Orantes López (desde su curul): A favor.

La diputada María Elba Garfias Maldonado (desde su curul): Rectificación de voto, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Diputado Presidente, se emitieron 339 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los artículos 23 y 24 por 339 votos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Isidoro Ruiz Argaiz, para presentar su reserva al artículo 29.

El diputado Isidoro Ruiz Argaiz: Con su permiso diputado Presidente: El artículo 29 de la ley en comento habla del registro del sistema empresarial, de información empresarial mexicana y el espíritu de proponer esta modificación a esta Asamblea es el de facilitar, democratizar, el registro del mismo a través de permitir que otras instancias puedan convertirse en ventanilla del mismo.

El sistema en su primera etapa cuando funcionó en la década pasada, no tuvo el éxito que todos hubiéramos deseado del mismo por diferentes dificultades que no permitían el registro oportuno de las empresas.

Por tanto la modificación es la siguiente: La inscripción y registro para el SIEM será obligatoria para las empresas y se llevará a cabo en las ventanillas que para tal efecto autorice la Secretaría de Economía entre los miembros de las confederaciones descritas en esta ley las cámaras, gobiernos estatales y ayuntamientos municipales, previo pago del registro según lo dispuesto en el título cuarto del Sistema de Información Empresarial Mexicano de esta ley.

Simplemente facilitemos las cosas, articulemos el sistema de empresas y permitamos que esto funcione de la manera más adecuada. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias señor diputado don Isidoro Ruiz Argaiz.

Le ruego a la Secretaría darle lectura a la modificación propuesta por el diputado Isidoro e inmediatamente después someter a la consideración la misma.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: La modificación se refiere al artículo 29 en el segundo párrafo, la inscripción y registro para el SIEM será obligatoria para las empresas y se llevará a cabo en las ventanillas que para tal efecto autorice la Secretaría de Economía entre los miembros de las confederaciones descritas en esta ley, las cámaras, gobiernos estatales y ayuntamientos municipales, previo pago del registro según lo dispuesto en el título cuarto del Sistema de Información Empresarial Mexicano, de esta ley.

Se pregunta a la Asamblea si son de aceptarse...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.

Diputado López Villarreal ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Ignacio López Villarreal (desde su curul): Nada más para hacer una precisión. Cuando se refiere al título cuarto debe decir título tercero, que es al que se refiere el Sistema de Información Empresarial Mexicano.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Isidoro. El diputado Isidoro está de acuerdo. Luego entonces vamos a someterla así a la consideración de la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con la aclaración que es el título tercero, se pregunta a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el diputado Isidoro Ruiz Argaiz.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aceptada la modificación.

Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por 3 minutos para votar el artículo 29, con la modificación propuesta por el señor diputado don Isidoro Ruiz Argaiz y aceptada por la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal del artículo 29, con la modificación propuesta por el diputado Isidoro Ruiz Argaiz.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Señor Presidente, se emitieron 322 votos en pro; 11 en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el artículo 29 por 322 votos.

Le ruego a la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea, la adición de un artículo transitorio propuesto por el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno... No, la lee la Secretaría si usted así lo considera prudente, señor diputado. ¿Es correcto?..

Continúe la Secretaría...

Vamos a leerlo y lo sometemos a la consideración de la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Adición de un artículo transitorio propuesto por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

``Decimoprimero. Para los efectos de la aplicación de lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 23, ésta tendrá vigencia después de la renovación de las mesas directivas a partir de la fecha de entrada en vigor, de la presente reforma.''

Se somete a consideración de la Asamblea.

Las diputadas y los diputados que estén porque se acepte la propuesta del diputado Perdomo, sírvanse manifestarlo, por favor...

Los que estén a favor...Gracias.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.

Diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Nada más, Presidente, para precisar la última palabra de lo que acabamos de votar. No estamos haciendo una reforma; estamos...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es una adición...

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): No, espéreme. El transitorio que se está adicionando y que ya se aprobó que se incorpore, señala...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No se ha aprobado, diputado Gómez...

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Bueno, entonces mayor razón para hacer la aclaración.

La que eventualmente se puede aprobar señala que el instrumento que ya aprobó la Cámara en lo general es una reforma y no lo es. Se trata de una ley nueva. Por lo tanto, en lugar de la palabra reforma, debe decir ``el presente decreto''.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Perdomo Bueno, ¿estaría usted de acuerdo?..

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (desde su curul): Sí, está bien.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, vamos a volver a someter a la consideración de la Asamblea esta adición al transitorio. Vamos a darle lectura con la acotación de carácter técnico del señor diputado don Pablo Gómez Alvarez.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: La propuesta es: ``Artículo transitorio undécimo. Para los efectos de la aplicación de lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 23, ésta tendrá vigencia después de la renovación de las mesas directivas a partir de la fecha de entrada en vigor, de la presente ley''.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa de aceptar este artículo transitorio con la modificación propuesta por el diputado Pablo Gómez, sírvanse manifestarlo por favor, los que estén a favor... Gracias.

Los que estén por la negativa... Gracias. La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Hay duda?.. Instruya la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recabar la votación nominal respecto a esta adición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para recabar la votación de este artículo undecimo transitorio.

(Votación.)

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escarraga (desde su curul): Por la negativa.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul): En contra.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se emitieron 78 votos en pro, 260 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dese-chada por 260 votos.Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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estado de jalisco

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal gire sus instrucciones para que las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones pertinentes con el objeto de dar cumplimiento al programa de inversión contemplado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004 para la construcción y modernización de la carretera Guadalajara-Ameca, suscrita por el señor diputado don Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que gire sus instrucciones para que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones pertinentes con objeto de dar cumplimiento al programa de inversión contemplado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 para la construcción y modernización de la carretera Guadalajara-Ameca, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Francisco Javier Guízar Macías del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que se establece en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita al Ejecutivo federal gire instrucciones para que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones pertinentes con el objeto de dar cumplimiento al programa de inversión aprobado por esta soberanía y contemplado en el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el 2004; y en el caso particular de la inversión aprobada por concepto de construcción y modernización de carreteras para la carretera ``Guadalajara-Ameca (entrada carretera Nogales-Refugio del municipio de Tala)'', para lo cual se presentan los siguientes

Antecedentes

Previo al examen, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 en diciembre pasado, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Jalisco, que me honro en coordinar, realizamos un análisis minucioso y una evaluación objetiva sobre los temas y necesidades prioritarias para Jalisco y que impulsaríamos para que fueran contempladas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobará ésta Soberanía;

En razón de lo anterior es que cada uno de los diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI de Jalisco elaboró las propuestas que en razón de una evaluación objetiva se considerara prioritario para el estado de Jalisco, temas que se integraron en un documento denominado ``Agenda para Jalisco''. No está por demás reiterar que dicho ejercicio reflejó las prioridades para Jalisco que resultaron de privilegiar los temas eminentemente sociales y económicamente viables que mayor beneficio otorgaran a los jaliscienses.

De dicho ejercicio se derivó un tema prioritario que buscó en todo momento el contribuir que se logró incluir dentro del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, dentro del apartado de reasignaciones de gasto en el Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, por concepto de Construcción y Modernización de Carreteras en la carretera ``Guadalajara-Ameca (entrada carretera Nogales-Refugio del municipio de Tala)'' por una asignación de $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100).

Posteriormente, con fechas 13 y 15 de marzo del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la modificación al programa de inversión en comento con la finalidad de que la Dirección General de Carreteras Federales, a través de los Centros SCT de Aguascalientes, Jalisco y Yucatán, estuvieran en condiciones de realizar obra distinta para la que fueron asignados por esta soberanía los recursos señalados anteriormente.

Y, por último, con fecha 22 de julio del presente año, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, emitió la autorización a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la modificación al Programa de Inversión.

En relación con lo anterior es que se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados del decreto que contiene Presupuesto de Egresos de la Federación es un acto legislativo que permite definir el uso y destino que la Administración Pública dará a los recursos asignados. En la aprobación de dicho decreto, esta soberanía cumple con los principios de universalidad, unidad, especialidad exactitud y claridad que, de entre, otros debe respetar al aprobar dicho decreto.

La asignación de recursos para programas de inversión específicos cumple con la finalidad de atender una necesidad determinada y concreta de la población mediante la intervención de los legisladores para que puedan etiquetar recursos y con ello garantizar que dichos recursos sean aplicados a un programa en concreto que atiende una necesidad colectiva específica.

Si bien es cierto que el propio decreto contempla el supuesto de que existe la necesidad de realizar modificaciones al presupuesto, también lo es que no debemos permitir que dichas modificaciones atiendan exclusivamente a una necesidad económica de la dependencia en detrimento de la seguridad de los mexicanos.

En relación a lo anterior es que se exponen los siguientes

Considerandos

Primero.- Que las razones por las cuales los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del PRI de Jalisco impulsamos el que se asignaran los recursos etiquetados para el tramo carretero ``Guadalajara-Ameca (entrada carretera Nogales-Refugio del municipio de Tala)'' tiene implicaciones de seguridad para los habitantes de poco más de cuarenta municipios y cinco mil automóviles que transitan diariamente por ese tramo, ya que en promedio mensual se presenta 1 accidente diario en donde se ven implicadas desde perdidas materiales y hasta, lamentablemente, vidas humanas.

Segundo.- Que nuestra única intención es, en primer término, contribuir a resolver un problema que tiene implicaciones sociales graves y, por el otro, que se respete una decisión tomada por el Congreso de la Unión y publicada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta soberanía solicite al Ejecutivo Federal gire instrucciones a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que realicen las acciones pertinentes con el objeto de dar cumplimiento, durante éste ejercicio presupuestal, al programa de inversión aprobado por esta soberanía y contemplado en el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el 2004 en el caso particular de la inversión aprobada por concepto de Construcción y Modernización de Carreteras para la carretera ``Guadalajara-Ameca (entrada carretera Nogales-Refugio del municipio de Tala)'' que esta honorable Cámara de Diputados asignó originalmente.

Segundo.- Que ésta soberanía, mediante las Comisión de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, soliciten al director general de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable de la autorización de modificación al Programa de Inversión, los fundamentos y razones que motivaron para solicitar y otorgar dicha aprobación; y,

Tercero.- Que esta soberanía envíe un extrañamiento a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público por realizar modificaciones al programa de inversión aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la federación 2004 en perjuicio de la seguridad e integridad de los habitantes de más de cuarenta municipios del estado de Jalisco.

Dip. Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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presupuesto de egresos

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La diputada Graciela Larios Rivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que considere la solicitud de los diputados federales del estado de Colima a efecto de que en ningún caso la partida presupuestal de 2005 destinada a diversos ramos administrativos sea menor a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de 2004.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere la solicitud de los diputados federales por el estado de Colima, a efecto de que en ningún caso la partida presupuestal de 2005 destinada a diversos ramos administrativos sea menor a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo de la diputada Graciela Larios Rivas, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos diputados por el estado de Colima integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como legisladores por el estado de Colima, buscamos independientemente de nuestra filiación partidista, que nuestro estado tenga las mejores oportunidades para que su gente aumente sus oportunidades y posibilidades de desarrollo.

El estado debe de tener los elementos necesarios para poder sustentar sus políticas públicas, mismas que definan su acción de gobierno y beneficien a la población.

La población siempre espera los mejores resultados de sus gobiernos y es necesario dar continuidad a las obras anteriores e iniciar nuevos proyectos que den mejores expectativas de vida a la ciudadanía.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005, se considera una reducción del 42.02 en el gasto de los ramos administrativos para el estado de Colima, siendo mayormente afectado el ramo carretero con una variación real de -67.8% (clave 626) respecto al presupuesto pasado. Asimismo, falta distribuir el presupuesto en otros ramos como el 33, el 28, asimismo en los convenios de descentralización del Gobierno federal con las entidades federativas.

Los diputados por el estado de Colima con la obligación de formar parte de la discusión presupuestal especialmente en cuanto afecta a nuestro estado, y con el fin de sostener su desarrollo, nos vemos en la necesidad de actuar conjuntamente proponiendo el siguiente.

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, para que reconsidere la partida presupuestal en el proyecto de presupuesto por ramos administrativos: en Sagarpa, Economía, SEP, STPS, Semarnat todas ellas dentro de la clave 126, la SCT con clave 626 y PGR con clave 326; así como en el Ramo 33, 28 asimismo en los convenios de descentralización del Gobierno Federal con las entidades federativas a efecto de que en ningún caso sean menores en relación al presupuesto del 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2004.--- Diputados por Colima: Rogelio Rueda Sánchez, Graciela Larios Rivas, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Antonio Morales de la Peña (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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presupuesto de egresos

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Elba Garfias Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se reasignen recursos adicionales extraordinarios con el objeto de constituir un Fondo Nacional para la Promoción Cultural en las Entidades Federativas.

La diputada María Elba Garfias Maldonado: Con la venia de la Presidencia:

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta con punto de acuerdo.

Por razones de tiempo no daré lectura a todo el documento, por lo que solicito a la Presidencia se inserte íntegro en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

A continuación, con el permiso de la Presidencia procedo a dar lectura al

Punto de Acuerdo

Unico. De manera respetuosa exhorto a las Comisiones Unidas de Cultura y la de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que analicen, discutan y en su caso aprueben reasignar recursos adicionales y extraordinarios por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente al 8 por ciento del presupuesto para el Programa Nacional de Cultura debidamente etiquetados, específicamente para el desarrollo cultural municipal en las 32 entidades de la Federación, a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con el objeto de constituir un fondo nacional para la promoción cultural en las 32 entidades federativas.

Esta proposición también ha sido signada por los diputados Filemón Arcos y Paulo Tapia, del grupo parlamentario del PRI, así como por el diputado Antonio Cabello, del PAN.

Señor Presidente, le pido sea turnada esta proposición a Comisiones Unidas de Presupuesto y Cultura.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se reasignen recursos adicionales y extraordinarios, por 402. 5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente a ocho por ciento del presupuesto para el Programa Nacional de Cultura, debidamente etiquetados para el desarrollo cultural en las entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con objeto de constituir un fondo nacional para la promoción cultural, en las entidades federativas, a cargo de la diputada Elba Garfias Maldonado, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea; una propuesta con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2005, se reasignen recursos adicionales y extraordinarios, por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente al 8% del Presupuesto para el Programa Nacional de Cultura, debidamente etiquetados, específicamente para el desarrollo cultural municipal en las 32 entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con el objeto de constituir un Fondo Nacional para la Promoción Cultural, en las treinta y dos entidades federativas, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera.- En la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hemos insistido durante esta legislatura y en anteriores, respecto a la importancia que el Estado destine los recursos que demandan: el desarrollo de la infraestructura cultural existente así como la que se requiere en la actualidad para las diversas manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas; para preservar, proteger y rescatar el patrimonio cultural tangible e intangible de la nación; para investigación, promoción y difusión de las culturas populares y de los pueblos indígenas del país; asimismo insistimos en la dignificación y reconocimiento, en todos los sentidos, a los creadores y en general a los trabajadores del arte y la cultura; la necesidad de capacitar y profesionalizar la importante actividad de promotores y gestores culturales; incentivar con estímulos fiscales y exentar de cargas tributarias a las empresas y/o industrias culturales.

Segunda.- Se han escuchado muchas voces respecto a que los recursos de la Nación se deben destinar a las áreas prioritarias para el desarrollo; pregunto si no es una prioridad destinar, en forma urgente y ampliamente justificada, al área que consideramos estratégica para el desarrollo del país; de acuerdo a información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, los sectores productivos de la cultura aportan al producto interno bruto el 6% de su totalidad, que coincide con el 6.7% que calcula el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el estudio denominado ¿Cuánto vale la cultura?, sin embargo la desproporción respecto a lo que la cultura aporta en relación a lo que recibe, es abismal, en los últimos cinco años, el presupuesto federal destinado a la cultura ha promediado un 0.07% del producto interno bruto y 0.34% respecto del monto total del Presupuesto de Egresos Federal, es decir, nos encontramos muy lejos de que las asignaciones presupuestales destinadas a la materia alcancen un monto equivalente al 1% del gasto programable, si realmente deseamos atender las recomendaciones internacionales.

Tercera.- El cambio democrático debe respaldar el nuevo federalismo que se esta gestando y la mejor manera de incentivar este proceso es mediante la consolidación de aquellos programas, políticas y modelos probados que han resultado exitosos, es necesario puntualizar que los recursos presupuestales del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, se ha constituido como un esquema claro y transparente para apoyar el mejoramiento no sólo de la infraestructura cultural sino que ha permitido mirar de manera distinta la reconfiguración de los procesos intracomunitarios, sin embargo se debe avanzar hacia una siguiente etapa, para consolidar una política de Estado de carácter transexenal, situación que motiva que al tiempo de proponer un aumento en los recursos se debe replantear una más eficaz distribución de los mismos así como el control y transparencia en su aplicación, mediante la integración de las experiencias de las entidades en cuanto a las reglas de operación adecuadas.

Cuarta.- De manera complementaria a lo expuesto, es pertinente la creación de un Fondo Nacional para la Promoción Cultural, que constituya y oferte mecanismos de gestión para el apoyo y estímulo, a favor de los promotores culturales que han sido capacitados en los estados a través de los programas existentes.

Por las anteriores consideraciones, me permito proponer:

Único.- De manera respetuosa, exhorto a las Comisiones Unidas de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública; a efecto de que analicen, discutan y en su caso aprueben, reasignar recursos adicionales y extraordinarios, por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente al 8% del Presupuesto para el Programa Nacional de Cultura; debidamente etiquetados, específicamente para el desarrollo cultural municipal en las 32 entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con el objeto de constituir un Fondo Nacional para la Promoción Cultural, en las treinta y dos entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2004.--- Dip. Elba Garfias Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e insértese en texto íntegro en el Diario de los Debates, y en caso de no estar publicado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

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SECTOR PESQUERO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, se distribuya de manera inmediata, entre las entidades federativas.

El diputado Eugenio Mier y Concha Campos: Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

En repetidas ocasiones las y los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias hemos manifestado desde esta tribuna nuestra inconformidad no sólo por las políticas públicas que se han implementado en materia de pesca, sino por las diversas acciones, que lejos de impulsar el desarrollo sustentable del sector, van desmantelando a la planta productiva nacional.

La caída en la producción pesquera obedece a diversos factores, entre los que destacan las condiciones climáticas, así como la zona de restricción que implementó la Secretaría de Marina en las costas del Golfo de México, situación que ha provocado diversos daños al sector pesquero en estados como: Tabasco, ya que además de no poder realizar su actividad en más de 6 mil kilómetros, no cuenta con los apoyos necesarios por parte de las autoridades correspondientes.

No olvidemos que la actividad pesquera es el sustento de miles de familias mexicanas a pesar de la grave crisis que enfrenta.

La realidad de estados como: Tabasco, Yucatán, Veracruz, Campeche y Tamaulipas, en donde ya de por sí presentan los grados más altos de pobreza, marginación y exclusión, y ahora con las nuevas disposiciones de Pemex, los pescadores se ven todavía más afectados por la prohibición de pescar cerca de las plataformas petroleras.

Los problemas anteriores se agudizan mucho más cuando los recursos destinados y etiquetados por esta Cámara, no son aplicados en el tiempo y la forma que se requieren, prueba de ello es la ineficiente aplicación de recursos del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, sobre todo, en aquellos estados donde como resultado de las acciones de gobierno, se afecta a la población que se dedica a esta actividad.

Recursos que deben de ser destinados de manera urgente para apoyar a quienes se dedican a la actividad pesquera, porque es por todos sabido que al igual que en el resto de las actividades los sectores más desfavorecidos son quienes enfrentan las peores consecuencias de la inadecuada ejecución de las acciones de gobierno.

Por lo anterior, respetuosamente los convoco a sumarnos a estas causas que permitan retomar las vocaciones productivas y atender la demanda de los mercados con el objeto de ofrecer sustentabilidad al sector y a los productores, aprobando este punto de acuerdo, con carácter de urgente:

Unico. Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, se distribuyan de manera inmediata entre las entidades federativas, quienes enfrentan severos problemas derivados del acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las areas de prevención y exclusión marítima, de la Sonda de Campeche, que incluye a los estados de: Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a distribuir de manera inmediata entre las entidades federativas los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Eugenio Mier y Concha Campos, diputado federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

La actividad pesquera es el sustento de miles de familias mexicanas, a pesar de la grave crisis que enfrenta. En repetidas ocasiones las y los legisladores han manifestado desde esta tribuna su inconformidad no sólo por las políticas públicas en la materia sino por las diversas acciones que lejos de impulsar el desarrollo sustentable, van desmantelando la planta productiva y al sector.

Los problemas anteriores se agudizan mucho más, cuando los recursos destinados y etiquetados por esta Cámara no son aplicados en el tiempo y la forma que se requieren, prueba de ello es la ineficiente apljcación de recursos del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, sobre todo en aquellos estados donde como resultado de las acciones de gobierno se afecta a la población que se dedica a esta actividad.

Solamente un ciego no puede ver la realidad de estados como Tabasco, Veracruz, Campeche y Tamaulipas, en donde ya de por sí presentan los grados más altos de pobreza, marginación y exclusión, y ahora con las nuevas disposiciones de Pemex, los pescadores se ven todavía más afectados por la prohibición de pescar cerca de las plataformas petroleras.

Compañeras y compañeros, como legisladores federales, pero también como representantes de nuestros estados, estamos obligados a impulsar al sector pesquero a través de mayores recursos para su desarrollo productivo y adecuada infraestructura que beneficie a la actividad.

A fin de dar soluciones concretas acordes a la realidad que vive el sector pesquero del país, en la sesión del día 30 de diciembre de 2003, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente al sector pesquero un presupuesto para 2004 de $2´785.6, millones de pesos de los cuales el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, recibió 150 millones de pesos.

Recursos que deben ser destinados de manera urgente para apoyar a quienes se dedican a la actividad pesquera. Porque es por todos sabido, que al igual que en el resto de las actividades, los sectores más desfavorecidos son quienes enfrentan las peores consecuencias de la inadecuada ejecución de las acciones de gobierno.

Por lo anterior, respetuosamente los convoco a sumarnos a estas causas y aprobemos el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente.

Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, se distribuyan de manera inmediata entre las entidades federativas, quienes enfrentan severos problemas derivados del acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche, que incluye a los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2004.--- Dip. Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces la considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que dentro del análisis del Presupuesto de Egresos para el año 2005, asigne recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara.El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre de los diputados federales de Jalisco de las diferentes fracciones parlamentarias, el suscrito diputado federal por el II distrito de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, se presenta en esta tribuna para traer esta proposición con punto de acuerdo con urgente y obvia resolución.

Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados que dentro del análisis de presupuesto de 2005 se asignen recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca, en especial al servicio de hematología, oncología pediátrica, que forma parte del sistema de salud bajo los siguientes

Antecedentes

La salud es un derecho de todo mexicano, consagrado en nuestra Constitución Política. Los niños no son la excepción. Estos infantes deben de ser nuestra prioridad y más aun cuando uno de estos niños padece una enfermedad hematológico u oncológica que puede erradicarse si se atiende a tiempo con voluntad y apoyos suficientes.

El Hospital Civil de Guadalajara, en específico el piso 7 del área de Hematología, Oncología Pediátrica, atiende por día 30 quimioterapias ambulatorias, 14 quimioterapias intrahospitalarias, 30 niños internados en promedio diario, cuando la capacidad instalada es para 22 niños. También se realizan 9 procedimientos bajo anestesia general. Además se atienden 40 consultas y 4 interconsultas por día en promedio de trabajo.

Dar una oportunidad de vida a un ser humano que se encuentra padeciendo una enfermedad oncológica es lo mínimo que podemos hacer, tratándose de una niña o un niño que tiene todo un mundo por descubrir y un sinfín de enseñanzas que aportar en su entorno familiar y social. Es de suma importancia dar esta luz de vida a un pequeño ser que padece una enfermedad como el cáncer.

Por lo antes expuesto que frente a esta honorable Cámara de Diputados nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Unico. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara que dentro del análisis del presupuesto de 2005 asigne dentro del presupuesto de ejercicio 2005 recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara ``Doctor Juan I. Menchaca'', en especial al servicio de hematología, oncología pediátrica, que forma parte del sistema de salud.

Palacio Legislativo, en San Lázaro, 28 de octubre de 2004.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar, dentro del análisis del Presupuesto de Egresos para 2005, recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal por el distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, y en nombre de los diputados federales de Jalisco de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a que dentro del análisis del Presupuesto 2005 asigne recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, D. Juan I. Menchaca, en especial al servicio de Hematología/Oncología Pediátrica, que forma parte del sistema de salud bajo los siguientes

Antecedentes

La salud es un derecho de todo mexicano consagrado en nuestra constitución política, los niños no son la excepción, estos infantes deben de ser nuestra prioridad y más aún cuando uno de estos niños padece una enfermedad hematológica u oncológica, que puede erradicarse si se atiende a tiempo con voluntad y apoyo suficientes

El Hospital Civil de Guadalajara, en especifico el piso 7 del área Hematología / Oncología Pediátrica atiende por día, 30 quimioterapias ambulatorias, 14 quimioterapias intrahopitalarias, 30 niños internados en promedio diario, cuando la capacidad instalada es para 22 niños, también se realizan 9 procedimientos bajo anestesia general, además se atienden 40 consultas y 4 interconsultas por día promedio de trabajo.

Dar una oportunidad de vida a un ser humano que se encuentra padeciendo una enfermedad hematológica u oncológica es lo mínimo que podemos hacer, tratándose de un niño o niña que tiene todo un mundo por descubrir y un sin fin de enseñanzas que aportar a su entorno familiar y social es de suma importancia procurar dar esta luz de vida a un pequeño ser que padece una enfermedad.

¿Cuánto vale la vida de un ser humano y cuánto cuesta darle una oportunidad y luz de vida a un niño o niña que padece una enfermedad hematológica u oncológica pediátrica?

¡Voluntad!

Desde el día en que se comenzó a redactar el presente Punto de Acuerdo a la fecha de hoy día en que se expone en el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, varios niños y niñas mexicanos han dejado de existir por falta de Voluntad y apoyo económico.

He tenido la oportunidad de leer el informe de los recursos humanos y materiales con que cuenta el piso 7 de Oncología-Hematología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara y por lo que he analizado con tampoco cómo es que se pueden ayudar a tantos niños que desean seguir viviendo con calidad de vida en su salud, por esa labor al personal del piso 7 de oncología-hematología pediátrica, mi admiración y respeto por su noble, callada y fecunda labor en beneficio de aquellos que más lo necesitan, nuestros niños.

Por lo antes expuesto de frente ante esta Honorable Cámara de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara que dentro del análisis del presupuesto 2005 asigne dentro de su presupuesto del ejercicio 2005, recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, D. Juan I. Menchaca, en especial al Servicio de Hematología/Oncología Pediátrica, que forma parte del Sistema de Salud

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.--- Diputados: José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ramón González González (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Carlos Noel Tiscarreño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores, José Antonio Cabello Gil (rúbrica). Rafael Sánchez Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces declara que está suficientemente discutida la proposición.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la misma.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, como señala el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en ésta...

Sí, permítame un segundo.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul): Faltan 7 minutos para que se dé el término que se había acordado y el siguiente punto de acuerdo en la orden del día, que es de urgente y obvia resolución, es sobre una votación que se tendrá que dar en las Naciones Unidas en los próximos días.

Entonces le pediría que se incluyera aún este punto de acuerdo, que es el siguiente.

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CLONACION HUMANA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, para que instruya a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas, a que vote a favor del proyecto presentado por Bélgica, relativo a la clonación humana.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso.

El próximo 11 de noviembre en la ONU se llevará a cabo una votación muy importante sobre el tema de clonación. En el centro de este debate se encuentran dos propuestas, una presentada por Costa Rica y apoyada por otros países como Estados Unidos y El Vaticano, que piden una convención que prohíba todo tipo de clonación humana, y la otra presentada por Bélgica y respaldada por 20 entre ellos Reino Unido, Chile y Japón, que reclama una convención que prohíba la clonación humana con fines reproductivos, pero permita la investigación con propósitos terapéuticos.

En este último caso los países podrían optar por prohibir la clonación, declarar una moratoria o regular el asunto de acuerdo a sus propias legislaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado su intención de promover a nombre del Gobierno mexicano, una tercera propuesta alternativa a la de Bélgica y Costa Rica, que pretendería matizar las diferencias entre ambas y que establecería la prohibición de clonación humana con cualquier fin; rechaza la clonación terapéutica que utiliza células de embriones humanos; propone la utilización de células madre ``del cordón umbilical y de tejidos adultos'', y se manifiesta a favor de la definición de criterios internacionales que regulen bajo estas permisas la clonación terapéutica.

La Cancillería declara que esta posición ha sido asumida luego de un proceso de diálogo con legisladores, miembros de la comunidad científica y organizaciones de la sociedad civil. Esto es falso, pues por la comunidad científica mexicana se ha manifestado por la prohibición de la clonación reproductiva, pero ha insistido en que se impulse aquella con fines terapéuticos y de investigación.

La mayoría de los legisladores coincidimos con esta postura que está plasmada en una iniciativa de ley promovida por el PRI, el PRD, el Partido Verde y el PT en la LVIII Legislatura y que se encuentra sin dictaminar en la Comisión de Salud.

Recordemos también que 5 de las 6 bancadas en esta Cámara frenamos el intento de Acción Nacional, de establecer prohibiciones a la investigación científica cuando aprobamos la ley que creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica.

La de la Cancillería es una proposición que cede a las presiones de la iglesia católica, los grupos más conservadores y un sector de Acción Nacional.

El proyecto presentado por Bélgica exhorta a los Estados a prohibir la clonación humana con fines de reproducción y no impone una posición sobre la clonación con fines terapéuticos ni sobre la investigación de células troncales, permite que cada país establezca sus propias reglas.

Es una propuesta que coincide con la tradición laica y liberal del Estado mexicano y es la que debe de manifestar nuestra representación en el debate en la ONU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no está facultada para resolver una discusión que se está dando en el Poder Legislativo a favor de una de las partes, por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas, para que en el marco de la Convención Internacional contra la Clonación Humana con Fines de Reproducción que se celebrará el próximo 11 de noviembre, emita su voto a favor de prohibir la clonación humana con fines de reproducción y se pronuncie a favor de que sean los Estados, en el ejercicio de su soberanía, los que establezcan los límites jurídicos de la clonación con fines terapéuticos.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que vote a favor del proyecto presentado por Bélgica, relativo a la clonación humana, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos años se ha desarrollado a lo largo y ancho del planeta un debate fundamental sobre las posibilidades y métodos de investigación, a raíz de los avances que la medicina y la biotecnología han observado en los últimos 50 años. Ese debate ha alcanzado a la Organización de las Naciones Unidas, que en estos días discute la conveniencia de aprobar o rechazar los procedimientos de clonación.

La posibilidad de transformar el patrimonio genético de las especies vivientes, el descubrimiento de la estructura molecular de los genes, los mecanismos de duplicación y de transmisión de los caracteres hereditarios, de la capacidad de modificar la expresión de proteínas, la posibilidad de manipular los genes y crear embriones a través de la clonación, considerando la producción de éstos mediante técnicas instrumentales nos obliga a analizar las posibilidades para conducir la investigación en beneficio de la calidad de la vida y de la salud de los seres humanos.

No todo lo que la ciencia indica como posible debe ser llevado a cabo necesariamente. Por el contrario, es necesario que las aplicaciones tecnológicas de los descubrimientos científicos no vayan en detrimento de la configuración de la sociedad. Esto incluye la verificación de los efectos indeseados, con la obligación moral de no permitir el ejercicio de aquellas técnicas cuyas consecuencias reales no se puedan prever tanto a corto plazo como para las generaciones futuras.

La clonación, es un fenómeno fisiológico normal, tanto a nivel celular como individual. A nivel celular, la clonación o multiplicación es responsable del crecimiento, proceso que permite la construcción y conservación de los organismos multicelulares normales. A nivel individual, explica la existencia de embarazos múltiples, en donde los productos se originan del mismo cigoto original, que después de la primera o segunda división celular, ocurridas a partir de la fecundación, siguen su propia evolución.

En el transcurso del debate, la comunidad científica mundial se ha manifestado en incontables ocasiones por la prohibición de los procedimientos de clonación con fines reproductivos principalmente por razones técnicas, ya que la eficiencia de los procedimientos usados hasta hoy, en todas las especies de mamíferos probados es muy baja y el número de abortos y de productos con defectos congénitos es muy elevado.

Esa misma comunidad científica, ha exigido, a través de opiniones y declaraciones que han incluido a más de sesenta academias científicas del mundo, libertad y espacio para realizar procedimientos de investigación con fines terapéuticos. Estas técnicas son una gran esperanza para hallar soluciones a enfermedades producidas por muerte celular temprana, como el mal de Parkinson, la diabetes que es precisamente la primera causa de muerte en México, ciertas lesiones medulares y muchas otras que actualmente no tienen alternativas de curación.

Tal vez en las dos primeras décadas del siglo XXI no habrá beneficio significativo para el Tercer Mundo derivado del conocimiento del genoma humano. En el corto plazo existe el peligro de que se desprecien o no se concreten las promesas de atacar sus enfermedades por medio de la investigación genética.

Los avances científicos y los descubrimientos, han provocado, a lo largo de la historia de la humanidad, miedos, temores y respuestas airadas de los grupos más conservadores en todos los tiempos. Y son esos avances y esos descubrimientos los que hoy le permiten a la humanidad mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Aquellos científicos, perseguidos, juzgados y sentenciados por la defensa de los conocimientos producidos, como Galileo o Copernico, hoy son reconocidos por sus aportes al conocimiento y a la civilización humana.

En días pasados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de comunicados de prensa y de declaraciones hechas por su titular, han expresado su intención de promover a nombre del gobierno mexicano, una tercera propuesta, alternativa a la de Bélgica y Costa Rica, que pretendería matizar las diferencias entre ambas en la búsqueda de consenso. Los criterios que definen para buscar ese consenso, establecen la prohibición explícita internacional de experimentar con células de embriones humanos, afirmando que el embrión humano no puede ser objeto de manipulaciones que conduzcan a su destrucción y eliminación. Propone la utilización de ``células madre'' del cordón umbilical y de tejidos adultos y se manifiesta a favor la definición de criterios internacionales que regulen en ese sentido la clonación terapéutica. La Cancillería declara que esta posición ha sido asumida luego de un proceso de diálogo con legisladores, miembros de la comunidad científica y organizaciones de la sociedad civil.

Esta posición de la Cancillería, contradice las explicaciones y las solicitudes realizadas por varios de los científicos más reconocidos de nuestro país, así como por la Academia Nacional de Ciencias, el Colegio de Bioética y las comunidades académicas y universitarias de nuestro país. Es una posición que cede a las presiones de las autoridades eclesiásticas, de los grupos más conservadores como es el caso de Provida y de un sector del PAN que ha presentado en varias ocasiones iniciativas legislativas en ese sentido que no han sido autorizadas por esta soberanía.

El manejo de embriones en la etapa anterior a su implantación en el útero (hasta 14 días después de la fecundación), no representa un atentado contra la dignidad humana ya que, en términos médicos, el embarazo se inicia con la implantación de la célula fecundada en el útero de la mujer.

El Dr. Ruy Pérez Tamayo, ha expresado los siguiente sobre el tema de las células troncales:

Todos los trabajos científicos sobre este tema concuerdan en que las células troncales del adulto o del recién nacido sólo han dado origen a unos cuantos tipos diferenciados, sobre todo de la sangre o de los tejidos de donde se derivan, y todavía no hay datos sobre su supervivencia a largo plazo. Estas diferencias con las células troncales embrionarias (mayor versatilidad de diferenciación y supervivencia desconocida) son reales, están ampliamente documentadas y no pueden soslayarse.

Las investigaciones con células troncales embrionarias no se limita a su posible uso en terapeúticas sustitutivas, sino que también se relacionan con otros problemas importantes como anomalías del desarrollo y de la implantación del óvulo fecundado, causas de infertilidad como abortos repetidos, mecanismos de malformaciones congénitas, métodos anticonceptivos y otros aspecto de la biología de la reproducción que no pueden estudiarse con células troncales del cordón umbilical o de tejidos adultos.

El proyecto presentado por Bélgica explica la necesidad de respetar la dignidad humana y exhorta a los Estados a prohibir la clonación humana con fines de reproducción sin la posibilidad de hacer reservas. Propone que sean las legislaciones de cada país, las que establezcan los límites de la investigación con fines terapéuticos. La de Costa Rica, es un conjunto de propuestas de carácter penal que pretenden perseguir internacionalmente a investigadores y a investigaciones fundamentales para el desarrollo de las ciencias de la salud en el mundo. Cabe decir, muchos países que apoyan la propuesta de Costa Rica, como Estados Unidos encabezado por la administración de Bush, no han tomado medidas como las contenidas en sus propios países, en Estados Unidos, la investigación privada con células troncales es legal, incluso su producción industrial.

México es un país con una profunda tradición laica y liberal, que históricamente se ha pronunciado por separar los asuntos legislativos y de Estado de las creencias particulares, que si bien tienen derecho de ser, no tienen derecho de imponer. Esa tradición es la que debe manifestar nuestra representación en el debate al seno de la ONU.

La propuesta de Bélgica no impone una posición sobre la clonación con fines terapéuticos ni sobre la investigación de células troncales, permite que cada país establezca sus propias reglas. La Secretaría de Relaciones Exteriores no está facultada para resolver una discusión que se está dando en el Poder Legislativo a favor de una de las partes.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que en el marco de la Convención Internacional Contra la Clonación Humana con Fines de Reproducción que sesionará el próximo 11 de noviembre, emita su voto a favor de prohibir la clonación humana con fines de reproducción y se pronuncie en favor de que sean los Estados en ejercicio de su soberanía, los que establezcan los límites jurídicos de la clonación con fines terapéuticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Omar Ortega Álvarez y Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se alcanza la mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud.El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul): Solicito se turne también a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Perdóneme, corrijo el turno.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Discúlpeme señor Secretario, doctor Lucio Lastra.

El diputado Lucio Galileo Lastra Marín (desde su curul): Para pedir turno a la Comisión de Salud el punto de acuerdo que propuso el doctor García Tinajero, la ampliación de turno. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnense entonces a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Salud.

Proceda la Secretaría con el orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de noviembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones.

Oficios de la Cámara de Senadores

Ocho, con los que se remiten comunicaciones de trabajadores ex braceros, de Mexicali, Baja California, solicitando se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del periodo 1942-1964. (Turno a comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de la Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 5º, 6º y 8º de la Ley Sobre Elaboración y Venta del Café Tostado.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se toma como registro final de asistencia la última votación nominal.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 15:00 horas.): Se levanta la sesión y se cita la que tendrá lugar el martes 9 de noviembre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 59 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 311 diputados

Verificación de quórum: 348 diputados

Asistencia al final de la sesión: 342 diputados

Diputado que solicita licencia: 1

Puntos de acuerdo aprobados: 2

Proposiciones con punto de acuerdo: 4

Oradores en tribuna: 28

PRI-11; PAN-4; PRD-6; PVEM-3; PT-1; PC-3.

Se recibió:

1 comunicación del Congreso del estado de Sonora;

2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de la Comisión de Turismo y del Grupo de Amistad;

4 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite acuerdos de los congresos de los estados de San Luis Potosí y Colima;

3 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite acuerdos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite comunicación del Congreso del estado de Tabasco;

1 oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social;

1 minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional;

1 iniciativa del Congreso del estado de Sonora;

1 minuta;

6 iniciativas del PRI;

1 iniciativa del PAN;

1 iniciativa del PRD;

3 iniciativas del PVEM

1 iniciativa del PT

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad;

1 de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a 7 ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas: Francesa, Federativa del Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, así como por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América;

1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que expide nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alemán Migliolo, Gonzalo (PRI) Ley de Amparo: 113

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 123

Bazán Flores, Omar (PRI) Artículo 1º constitucional: 127

Bazán Flores, Omar (PRI) Ley de Nacionalidad: 147

Camarena Gómez, Consuelo (PAN) Ley de Amparo: 82

Castillo Cabrera, Jorge de Jesús (PRI) Artículos 73 y 115 constitucionales: 117

Cortés Sandoval, Santiago (PRD) Verificación de quórum: 122 desde curul

De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo (PAN) Ley de Nacionalidad: 146

Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI) Ley General de Salud: 78

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Estado de Michoacán: 103

Franco Hernández, Pablo (PRD) Código Penal: 84

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Artículos 73 y 115 constitucionales: 122 desde curul

García Solís, Iván (PRD) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 180

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Clonación humana: 194

Garfias Maldonado, María Elba (PRD) Presupuesto de Egresos: 187

Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 184 desde curul

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Ley de Nacionalidad: 149

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: 154

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 178

Laguette Lardizábal, María Martha Celestina Eva (PRI) Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 98

López Villarreal, Manuel Ignacio (PAN) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 174, 183 desde curul

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Ley de Nacionalidad: 148

Mier y Concha Campos, Eugenio (PRI) Sector pesquero: 189

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 176

Romero Romero, Jorge (PRI) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: 153

Ruiz Argáiz, Isidoro (PRD) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 182

Suárez Carrera, Víctor (PRD) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 177

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Presupuesto de Egresos: 191

Vázquez González, Pedro (PT) Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: 92

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Código Fiscal: 89

Wong Pérez, José Mario (PRI) Código Civil: 96 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso ASISTENCIA POR CÉDULA 190 Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 127 Asistencias por cédula: 14 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 29 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 48 Total diputados: 221 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 92 Asistencias por cédula: 12 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 24 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 21 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino PERMISO MESA DIRECTIVA 78 Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 40 Asistencias por cédula: 18 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 21 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 18 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 7 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 6 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 0 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 4 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 0 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 2 Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alcántara Rojas José Carmen Arturo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Badillo Ramírez, Emilio Bitar Haddad, Oscar Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos García Enrique Campa Cifrián Roberto Rafael Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Chávez Dávalos Sergio Armando Díaz Nieblas, José Lamberto Domínguez Ordoñez, Florentino Escalante Arceo, Enrique Ariel Fernández García, Fernando Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Gastélum Bajo Diva Hadamira González Huerta, Víctor Ernesto González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús Lucero Palma, Lorenzo Miguel Mazari Espín, Rosalina Moreno Arcos, Mario Moreno Ramos, Gustavo Murat Macías, José Adolfo Nava Altamirano, José Eduviges Neyra Chávez, Armando Osorio Chong, Miguel Angel Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Romero Romero, Jorge Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Tecolapa Tixteco, Marcelo Utrilla Robles, Jorge Baldemar Vega Carlos, Bernardo Vega y Galina Roberto Javier Villegas Arreola Alfredo Faltas por grupo: 48 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Barrera Zurita Baruch Alberto Chavarría Salas Raúl Rogelio Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Corella Manzanilla, María Viola Díaz Delgado Blanca Judith Döring Casar, Federico Flores Fuentes, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Martínez Cázares Germán Núñez Armas, Juan Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Ovando Reazola Janette Rivera Cisneros Martha Leticia Sigona Torres, José Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Userralde Gordillo, Leticia Socorro Faltas por grupo: 21 Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Cabrera Padilla, José Luis Carrillo Soberón, Francisco Javier Ferreyra Martínez, David Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Morales Rubio, María Guadalupe Ortega Alvarez Omar Padierna Luna María De Los Dolores Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Tentory García, Israel Zebadúa González Emilio Faltas por grupo: 18 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Faltas por grupo: 1 Padilla Peña Joel Faltas por grupo: 1 CONVERGENCIA Moreno Garavilla Jaime Miguel Faltas por grupo: 1 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Yunes Linares Miguel Angel Faltas por grupo: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel