DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 9 de noviembre de 2004	Sesión No. 21

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos y ciudadanas diputados y diputadas.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 328 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 11:00 horas): Se abre la sesión y ciérrese el sistema electrónico de asistencia.El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia y se informa que tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente... Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de noviembre de 2004

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Fernando Alberto García Cuevas.

De los Congresos de Colima, de Guerrero y de Jalisco.

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del H. Congreso de la Unión.

Del Congreso de Hidalgo, con el que remite los acuerdos establecidos en la Primera Convención Nacional Hacendaria, celebrada el 22 de octubre de 2004 en Puerto Vallarta, Jalisco. (Turno a Comisión)

El gobernador de Jalisco informa del acuerdo, adoptado en la Conferencia Nacional de Gobernadores, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a autorizar un incremento permanente de la franquicia aduanal. (Turno a Comisión)

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo:

Con relación al Acuerdo Multifibras y la Declaración de Estambul. (Votación)

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana remite respuesta al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la aplicación de la legislación y el contrato colectivo del trabajo que rige las relaciones con los trabajadores académicos y administrativos. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de Aguascalientes

Que adiciona los artículos 230 Bis y 230 Ter al Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

Iniciativas del Congreso de Chihuahua

Que reforma la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas del Congreso de Jalisco

Que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 54 Bis a la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que se remiten ocho comunicaciones de trabajadores ex braceros de Mexicali, Baja California, con la solicitud de que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los ex Braceros del Periodo 1942-1964. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gregorio Paz González, Luis Eduardo Gámez León, Álvaro Francisco Aguilar León, Vanessa Morfín Beas, Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo, Fermín Azpe López, Guillermo Bermúdez Romo, Raúl Hernández Flores, Bárbara Adriana Singh Urías, María Cristina Bustamante Moreno, Jacqueline Santillán Ríos y Claudia Lizeth Belmontes puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en sus Consulados Generales en Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la Embajada de Canadá en México, respectivamente; e informa que la ciudadana Yolanda Enriqueta Miranda Álvarez ha dejado de prestar servicios. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Angélica Donaji Atristain Michel pueda prestar servicios en la Embajada de Australia en México. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pol Popovic Karic pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Serbia y Montenegro en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Camelo Schwarz pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Guatemala en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2004, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de maternidad, a cargo de la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 211-1 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

A fin de crear el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica a los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el Periodo 1942-1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 un incremento de 1,100 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, que deberá ser referenciado de manera explícita para su aplicación en diversos programas, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 la cantidad de $126,850,000.00 m.n. para realizar diversas obras de saneamiento en el vaso de la presa de Guadalupe, situada en Cuautitlán Izcalli, México, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ( Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 112 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa del nivel medio superior y superior del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir la subestación Basaseachic de Chihuahua y dentro de los programas autorizados a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 150 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para el desarrollo de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 270 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 a fin de construir infraestructura para la salud en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 350 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 por concepto de la construcción del acueducto Conejos-Médanos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 220 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 por concepto de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Loma Blanca, situada en Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 131 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 por concepto de reposición de colectores y subcolectores en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 53 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 por concepto de obras de alcantarillado y saneamiento de Puerto Anapra, municipio de Juárez, Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 220 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir el libramiento en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir el tramo carretero Villa Coronado-San Pedro, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 208 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir el tramo carretero San Francisco de Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 125 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir el tramo carretero Santa Clara-San Lorenzo, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 42 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir el tramo carretero Las Cruces-Buenaventura, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 110 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para modernizar la carretera Cuauhtémoc-La Junta, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 117 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para modernizar la carretera Chihuahua-Parral (vía corta), tramos Palomas-Satevó y Valle de Zaragoza-Parral, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 100 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para modernizar la carretera Juárez-El Porvenir, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, así como a la Comisión Federal de Competencia, a investigar la gestión de la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, y la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura situado en Progreso, Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar diversos artículos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para enviar una enérgica amonestación al secretario de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública a investigar el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, entre otros de ese estado, a efecto de que no se desvíen recursos públicos con fines partidistas, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique sobre la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a tomar las medidas correspondientes, en el ámbito de sus facultades, para prevenir y controlar, e iniciar una investigación, con el propósito de evaluar el impacto ambiental y promover el rescate de la presa El Manantial, en el municipio de Tizayuca, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una tarifa 1-G, referida al cobro de energía eléctrica de uso residencial, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a valorar la asignación de recursos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a garantizar, en ejercicio de sus facultades, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a fin de costear el análisis, los proyectos ejecutivos, las contrataciones y la ejecución total del acceso a Puente de Ixtla, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se constituya una comisión especial para vigilar el próximo proceso electoral del 15 de noviembre en el estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que apruebe recursos suficientes para prevenir y combatir el VIH, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 los recursos necesarios a fin de construir el libramiento oriente de la ciudad de Morelia y conservar carreteras en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a condonar, mediante una resolución de carácter general, el pago de contribuciones a cargo de los pequeños contribuyentes, y accesorios por haber sido afectados con la reforma del artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vigor desde el 1 de enero de 2004, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se asignen recursos adicionales a la Secretaría de Marina, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Marina. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados a valorar y atender --al analizar, discutir y dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005-- las recomendaciones surgidas en el II encuentro nacional de las instancias de las mujeres de los gobiernos de 18 estados de la República, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de impulsar una revisión de carreteras, puentes y túneles del territorio mexicano, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a cesar inmediatamente la represión de que son objeto los trabajadores, respetar su condición de trabajadores y reconocerles el derecho a la sindicación, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una partida presupuestaria mínima de 550 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen y se etiqueten 120 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de elaborar los estudios de factibilidad, técnicos y financieros, así como el proyecto ejecutivo, correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del estado de México, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a poner a votación la propuesta del reglamento para el uso y servicio del vestíbulo y patio principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se plantea adicionar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un programa de energéticos agropecuarios conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe pormenorizado de la situación actual de las reservas del agua y del estado de la economía sobre este recurso, así como de las medidas de corto, mediano y largo plazos, del cobro a los usuarios, de la distribución y de las obras programadas para poder alcanzar el escenario sustentable que se visualiza en el informe Estadísticas del agua en México, 2004, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar y etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 el presupuesto proyectado para la Comisión Nacional del Agua, a fin de que ésta lo aplique a la actividad prioritaria K030 (Cuenca Lerma-Chapala), a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que sean destinados recursos a la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango, a cargo del diputado José Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore y ejecute, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los programas de conservación y manejo en las áreas naturales protegidas que carecen de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público analice y considere la opinión de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos con relación a la iniciativa de reformas de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Ejecutivo federal a esta soberanía, y --en particular-- a la propuesta de redacción del artículo 8 de dicho ordenamiento, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de crear un programa especial y estratégico para reactivar los valles del Yaqui y del Mayo, Sonora, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que revise el proyecto de construcción del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar el jefe del Ejecutivo federal a modificar el decreto que destina el predio en que se encuentran las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano al Comité Olímpico Mexicano, AC, a efecto de que dicho predio y las instalaciones del CDOM sean administrados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen 250 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de adicionar un artículo 53 Bis A y el anexo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con objeto de establecer incentivos económicos que apoyen a los propietarios de los predios dedicados voluntariamente a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al canciller de Estados Unidos de América sobre el asesinato del mexicano Edgar Omar Ramos Villarreal, por un agente de la Patrulla Fronteriza, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas a apoyar, por los mecanismos de cobro de contribuciones estatales vinculadas con el control vehicular, las actividades de recaudación de fondos de la Cruz Roja Mexicana, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento al Presidente de la República por el nombramiento del ingeniero Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex; se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que realicen las averiguaciones derivadas de las auditorías; y se pospone la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos para la glosa del IV Informe de Gobierno en tanto se rectifica el nombramiento de su titular, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir el estado de Tabasco en el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a disminuir en el ámbito de su competencia el arancel mixto de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación Correspondiente a los Vehículos Automotores Usados, de fecha 8 de febrero de 1999, y que aún se encuentra vigente, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a acatar con la mayor brevedad los resolutivos del dictamen emitido el 30 de septiembre del año en curso respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a evaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Sagarpa a realizar los estudios y trámites necesarios para publicar la norma oficial mexicana de pesca responsable de tiburón y especies afines, con objeto de regular la pesquería de todos los elasmobranquios del territorio, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se apoya el comunicado del Congreso de Chihuahua a fin de que se destine 8 por ciento del Producto Interno Bruto al gasto educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, suscrito por los diputados Omar Bazán Flores y Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto original considerado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a impulsar que se adopten las medidas conducentes a expedir actas de nacimiento sin costo alguno a adultos mayores del país que no estén registrados, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, concesionada a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV, sea absorbida por Capufe, en virtud de la terminación de su concesión, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a atender el caso del revestimiento del canal Todo Americano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados mandate a la Auditoría Superior de la Federación para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, revise las direcciones generales de Pemex, y de Pemex Exploración y Producción por lo que corresponde a los ejercicios fiscales de 2002-2004, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua a realizar los estudios necesarios para determinar el grado de contaminación en que se encuentran los ríos Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala, con el fin de recuperar su afluente, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 mayor apoyo a las instituciones que trabajan principalmente en favor de los grupos vulnerables del país, a cargo de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear un fondo de compensación que garantice la cobertura universal de servicios de salud a la población menor de seis años, suscrita por los diputados Clara Marina Brugada Molina y Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 destine una partida presupuestaria específica para el sistema producto nopal y tuna, desde producción, equipo técnico e insumos hasta recursos financieros, transformación, distribución y comercialización, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y al Instituto Electoral del Estado de Michoacán a garantizar la gobernabilidad y el estado de derecho en el proceso electoral del próximo 14 de noviembre, particularmente en Paracho, a cargo de la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados crear un fondo a efecto de iniciar el Programa de Regularización de Plazas Irregulares en el Sector Salud, hasta por mil millones de pesos, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005; y se establece un compromiso para que en lo subsecuente se incremente este presupuesto hasta regularizar el total de las plazas, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente a resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la asignación de 0.77 por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, incluido en el Anexo 1 de dicho proyecto, destinado a fortalecer los proyectos y las acciones de apoyo a las mujeres internas en los centros de readaptación social del país, a fin de mejorar sus condiciones de reclusión, a cargo de la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear un esquema compensatorio para las entidades federativas con el propósito de resarcir las aportaciones, las deudas y el rezago derivados del incumplimiento del acuerdo de modernización educativa por la Federación, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisar el permiso otorgado a Pemex para explorar en la zona de manejo intensivo del área natural protegida Laguna de Términos; y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reactivar el Consejo Consultivo de ésta, a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 destine recursos económicos suficientes para fortalecer programas federales que atiendan el grave rezago de infraestructura rural, capitalización y desarrollo humano de los habitantes de las zonas rurales del estado de Guerrero, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se destine 2 por ciento adicional al presupuesto considerado para Pemex a fin de crear un fondo con programas específicos para rehabilitar áreas y ecosistemas afectados por la actividad industrial de Petróleos Mexicanos, así como incrementar el rubro ``Desarrollo Social'' de la paraestatal, a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la asignación de los recursos financieros necesarios a fin de que el Grupo de Trabajo para la Evaluación de Programas Gubernamentales Sujetos a Reglas de Operación lleve a cabo su encomienda, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se asignen 3 millones de pesos adicionales etiquetados al presupuesto del Conaculta para el Festival de Cine Internacional en Guadalajara, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a etiquetar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que sean homologados los salarios de los trabajadores de base del Servicio Postal Mexicano, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 asigne al Programa Nacional de Cultura 3 millones de pesos adicionales, etiquetados para la Feria Internacional del Libro, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a reformar los artículos segundo y décimo segundo del Programa de Apoyos Directos al Campo, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la SHCP, a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud para que, en ejercicio de sus respectivas competencias, investiguen los hechos conocidos recientemente en el estado de Chihuahua en los que se pusieron al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas; y, en su caso, presentar las denuncias y sancionar a quienes resulten responsables, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a garantizar, en ejercicio de sus facultades, que en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a fin de construir un hospital integral en Tapilula, Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar 110 millones de pesos al Programa 3 por 1 para migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, a fin de que su presupuesto total quede en 220 millones de pesos, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para Fomentar el Turismo en Ciudades Coloniales de la República Mexicana, a cargo del diputado Álvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en torno a la importación de leche contaminada de Texas, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 asigne una partida especial destinada a la obra de saneamiento integral del dren de la presa de Valsequillo, Puebla, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión del Distrito Federal, a solicitud del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Junta de Coordinación Política, a solicitud de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la ratificación del doctor José Luis Soberanes Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes cinco de noviembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos once diputadas y diputados, a las diez horas con un minuto del viernes cinco de noviembre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Félix Arturo González Canto con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el primer distrito del estado de Quintana Roo. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitado y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

Comunicación del Congreso del estado de Sonora con acuerdo por el que solicita se incremente el gasto destinado a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Turismo. Se aprueba en votación económica.

Con la que informa de cambios en la integración del Grupo de Amistad México -- Polonia. De enterado.

El Congreso del estado de Sonora remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Oficios de la Cámara de Senadores:

Tres, con los que remite acuerdos del Congreso del estado de San Luis Potosí, por los que solicita recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la educación y el Fondo de Ahorro Campesino del Programa Bracero. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Uno, con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Colima por el que solicita la creación de un ramo presupuestario para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en materia ambiental y de recursos naturales. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tres, con acuerdos por los que solicita se incrementen los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, para la conclusión de la primera etapa de las obras de ampliación de la autopista Manzanillo -- Guadalajara; para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y para la ampliación de la carretera Campeche -- Mérida. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Uno, con el que remite comunicación del Congreso del estado de Tabasco, con acuerdo por el que se adhiere a los de diversos congresos, por los que se solicita se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los trabajadores mexicanos braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos -- mil novecientos sesenta y cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Uno, por el que comunica la designación del doctor José Luis Soberanes Fernández, para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un segundo periodo de cinco años, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil cuatro. De enterado.

La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto:

Que abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del veinte al veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, para participar en la Décima Segunda Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a celebrarse en Santiago de Chile y para realizar una visita de Estado a la República del Ecuador. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a: la instauración del Día Nacional del Bracero, que se turna a la Comisión de Gobernación y al promovente, para su conocimiento; la instauración del Día Nacional de las Personas Zurdas, que se turna a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento; y la salvaguarda de la comunidad coralina conocida como Los Jardines, que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Oficio del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite el Informe sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos ocho y trescientos nueve bis y deroga el artículo trescientos ocho bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cincuenta y dos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un Título Vigésimo Primero Bis, denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas, al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo tres bis al Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos sexto y octavo y adiciona los artículos seis bis y ocho bis a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Se turna a la Comisión de Energía.

José Mario Wong Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo mil ochocientos diecinueve del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quinto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, que declara área natural protegida el Lago de Zirahuén en el estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento veinticuatro y ciento treinta y cinco de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres y adiciona el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia. Desde su curul el diputado Santiago Cortés Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, solicita verificación de quórum y, por indicaciones del Presidente, la Secretaría instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo ciento setenta y uno y reforma el artículo ciento setenta y tres de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos tercero, quinto, sexto y octavo de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo tercero de la Ley de Nacionalidad. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional. La Secretaría informa del registro de trescientos cuarenta y ocho diputadas y diputados, confirmando la existencia de quórum.

El Presidente informa de la presencia en el recinto del ciudadano Hugo Sánchez Márquez y le da la bienvenida.

Hablan en pro del dictamen los diputados: Omar Bazán Flores y Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia.

En votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen de referencia y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por unanimidad de trescientos sesenta y tres votos. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo tercero de la Ley de Nacionalidad. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo treinta y siete de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Es de segunda lectura. El diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Habla en pro el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y ocho votos en pro y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas: Francesa, Federativa del Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, así como por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y cuatro votos en pro, ninguno en contra y siete abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión el diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Hablan los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, en pro y propone la adición de un artículo transitorio; y Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, a título personal, en contra. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general en votación económica. La Presidencia informa que se reservan para la discusión en lo particular los artículos cuarto, doce, trece, veintitrés, veinticuatro y veintinueve, y la adición de un artículo transitorio, del proyecto de Ley de referencia. Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con las modificaciones admitidas, por trescientos treinta y siete votos en pro, seis en contra y once abstenciones.

El Presidente informa de nueva cuenta los artículos reservados y para referirse a los artículos cuarto, veintitrés y veinticuatro reservados concede la palabra al diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, y propone modificaciones a los artículos cuarto y veintitrés, retirando la reserva del artículo veinticuatro. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas para el artículo cuarto reservado y la Asamblea las admite en votación económica. Por trescientos treinta y ocho votos en pro, ninguno en contra y cinco abstenciones, se aprueba el artículo cuarto con las modificaciones admitidas.

Se refiere al artículo doce reservado el diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, y propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica y en virtud de que retira su reserva del artículo trece, se recoge la votación en un solo acto de los artículos doce, con las modificaciones admitidas, y trece, en los términos del dictamen, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y cinco votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones.

La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza para el artículo veintitrés y la Asamblea las admite en votación económica. En virtud del retiro de la reserva del artículo veinticuatro, la Secretaría recoge la votación en un solo acto de los artículos veintitrés, con las modificaciones admitidas, y veinticuatro, en los términos del dictamen, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y nueve votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Se refiere al artículo veintinueve reservado el diputado Isidoro Ruiz Argáiz, del Partido de la Revolución Democrática, propone modificaciones a las que la Secretaría da lectura y la Asamblea admite en votación económica. Antes de la votación, desde su curul el diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del Partido Acción Nacional, hace aclaraciones sobre la propuesta que el proponente admite. Por trescientos veintidós votos en pro, once en contra y once abstenciones se aprueba el artículo veintinueve con las modificaciones admitidas.

La Secretaría da lectura a la adición de un artículo transitorio propuesta por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno. Desde su curul el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, plantea una corrección a la propuesta que el proponente admite. La Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica si admite la adición y en virtud de dudas sobre su resultado, recoge votación nominal. Por setenta y ocho votos en pro, doscientos sesenta en contra y cuatro abstenciones se desecha.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa de la recepción de proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Francisco Javier Guízar Macías, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo Federal gire sus instrucciones a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que den cumplimiento al programa de inversión contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en lo relativo a la construcción y modernización de la carretera Guadalajara -- Ameca. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Graciela Larios Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados federales del estado de Colima, para solicitar que en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, diversas partidas presupuestarias relacionadas con las entidades federativas, en particular con el estado de Colima, no sean menores a las establecidas en el presupuesto de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

María Elba Garfias Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, se asignen recursos adicionales y extraordinarios para el desarrollo y promoción culturales en las entidades federativas y los municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eugenio Mier y Concha Campos, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro al Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, se distribuyan entre las entidades federativas y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se consideren recursos adicionales para el hospital Juan I. Menchaca, de Guadalajara, Jalisco, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a la representación de México ante la Organización de la Naciones Unidas, para que emita su voto a favor de prohibir la clonación humana con fines de reproducción y se pronuncie porque sean los Estados los que establezcan los límites jurídicos a la clonación con fines terapéuticos, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Salud, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Lucio Galileo Lastra Marín, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas, citando para la que tendrá lugar el martes nueve de noviembre de dos mil cuatro a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

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DIPUTADO CON LICENCIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Señor diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 9 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; asimismo en base a la solicitud de licencia aprobada a un servidor el pasado 28 de octubre del año en curso, por el Pleno de esta H. Cámara de Diputados. Me permito solicitar respetuosamente, la ampliación de licencia, para ausentarme del cargo de diputado federal del Distrito 02 con cabecera en Zumpango, estado de México, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Legislatura, por un término de 25 días naturales más, contados a partir del día 11 de noviembre al 6 de diciembre del año en curso.

Manifestándole que por el asunto que me ocupará, no es necesario convocar la presencia de mi suplente.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, ruego a usted se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación, en los términos solicitados, le reitero la consideración de mi afecto dilecto.

Atentamente

Zumpango, estado de México, 8 de noviembre de 2004.---Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a consideración. En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Punto de acuerdo.

Unico. Se concede la ampliación de licencia al diputado Fernando Alberto García Cuevas, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el II Distrito del estado de México, a partir del día 11 de noviembre al 6 de diciembre del año en curso.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.

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ESTADO DE COLIMA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LIV Legislatura.

H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de octubre del presente año, los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal aprobaron un punto de acuerdo, presentado por el diputado Jubal Ayala Jiménez, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, cuyo resolutivo señala:

``UNICO.- Se exhorta a la Cámara Federal de Diputados apruebe la creación de un Ramo Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2005 de manera que se fortalezcan las acciones de los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia ambiental y recursos naturales enfocados a los siguientes aspectos:

I. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de sitios de disposición final de residuos sólidos.

II. Apoyo a la inversión estatal y municipal para la creación de las plantas de tratamientos de aguas negras.

Lo que comunicamos a usted en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, anexándole al presente oficio copia del punto acuerdo correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., a 21 de octubre de 2004.--- Dip. Francisco Palacios Tapia (rúbrica), Secretario; Dip. Ferdinando E. Martínez Valencia (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Guerrero.--- LVII Legislatura.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su respectivo artículo tercero transitorio, el Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Unión, para que, con base en sus competencias constitucionales y considerando los ingresos extraordinarios que la Hacienda Pública está percibiendo por el excedente de los precios internacionales del petróleo, tengan a bien emitir un punto de Acuerdo Parlamentario, para que se destine al financiamiento extraordinario del Sistema Educativo Nacional, un porcentaje de cuando menos el 1 por ciento de los ingresos petroleros excedentes, a fin de que los Gobiernos de las entidades federativas tengan posibilidades reales de enfrentar las consecuencias del desequilibrio que en cuanto a la formación y contratación de docentes se vive en todo el país. Aprobado en sesión celebrada el día 13 de octubre del año en curso.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 26 de octubre de 2004.--- Lic. Saez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica), Oficial Mayor.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

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ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con el gusto de saludarle, me permito informarles, que esta soberanía estatal; en sesión de fecha 21 de octubre del año en curso aprobó acuerdo legislativo 575/04, del que le adjunto copia, en el que se les exhorta para que investiguen y en su caso obtengan fuentes de ingresos que permitan incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología al uno por ciento del PIB para el dos mil seis.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que de lugar.

Sin otro particular propicio, hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

El Secretario General del Congreso del Estado, Mtro. Gabriel Gallo Alvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Congreso de la Unión.

Con el gusto de saludarles, me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 19 de octubre del año en curso, aprobó Acuerdo Legislativo 566/04, del que le adjunto copia, en el que se me instruye para enviarles atento comunicado y expresar el deseo de esta LVII Legislatura de que la política exterior de México se ejerza con plena autonomía y en razón de los legítimos intereses de nuestra nación y no de los de otros países, exhortándoseles para que lleven a cabo las gestiones necesarias para que el Ejecutivo instrumente la política exterior de manera congruente y de acuerdo a los intereses de los mexicanos y que dicha política sea el producto del consenso entre el Ejecutivo y los mexicanos, vía su representación legislativa; ello, mediante las modificaciones que se consideren pertinentes al artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que dé lugar.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento.

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CANAL DEL CONGRESO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del H. Congreso de la Unión.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto solicitamos atentamente hacer del conocimiento del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, que con fundamento en el artículo 4 de la Política Interna No 1 denominada ``De la Comisión Bicamaral'', el pasado 21 de octubre del presente año, se integró la Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Senador Eric L. Rubio Barthell, Presidente

Diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, Secretaria

Diputado José Luis Medina Lizalde, Secretario

Lo anterior conforme al Acuerdo CB/LVIII/015. Sin otro particular nos es grato enviarles un cordial saludo.

México, DF, 27 de octubre de 2004.--- CC. Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral: Sen. Eric L. Rubio Barthell (rúbrica), Presidente; Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), Secretaria; Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Secretario; Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica); Dip. Ady García López (rúbrica); Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Conferencia Nacional de Gobernadores.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Distinguido señor diputado:

Por instrucciones del gobernador Lic. Manuel Ángel Núñez Soto, Coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago, me permito remitirle el documento que contiene el pronunciamiento acordado por consenso del Pleno en su XXI Reunión Ordinaria, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 22 de octubre.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo respetuoso,

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Mtro. Rolando García Martínez (rúbrica), Secretario Técnico.»

«Punto de Acuerdo XXI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores

Documento definitivo

La Primera Convención Nacional Hacendaria fue promovida e impulsada desde sus inicios por la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el propósito de fortalecer el federalismo mexicano, a partir de una relación equilibrada entre los distintos ámbitos de gobierno, así como para generar mayores recursos fiscales que permitan recuperar mayor capacidad de respuesta ante la demanda legítima de la ciudadanía. Consecuentes a tales propósitos los gobernadores de las entidades federativas refrendamos el compromiso a favor de los acuerdos establecidos en la Primera Convención Nacional Hacendaria y acordamos lo siguiente:

1.- Exhortamos de manera respetuosa a los legisladores del Congreso de la Unión, revisar, analizar, discutir y en su momento aprobar las propuestas que los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno aprobamos por consenso en la mencionada Convención.

Expresar que, es de vital importancia que las entidades federativas de nueva cuenta estén en posibilidad de ejercer plena potestad y facultades para establecer sus propios gravámenes.

Manifestamos que en virtud de lo antes señalado, la Convención Nacional Hacendaria acordó la conveniencia de que las entidades federativas pudieran establecer un impuesto a los ingresos de las personas físicas y un impuesto al consumo de bienes y servicios en la última etapa, este último impuesto, inicialmente y de manera temporal sería de carácter federal, del cual participarían las entidades federativas en tanto las mismas no establezcan el gravamen de carácter local.

Asimismo que de la recaudación del impuesto al consumo de bienes y servicios en la última etapa, se redistribuiría entre las entidades federativas el 20%, de conformidad con los coeficientes del Fondo General de Participaciones que corresponden a cada una de ellas y cuyo destino sería, la conformación de fondos para el desarrollo social, en los términos de la legislación aplicable.

Que una vez disminuida la porción destinada al desarrollo social, los municipios tendrían una participación equivalente a una tercera parte de la recaudación obtenida, lo que coadyuvara a su fortalecimiento financiero para contar con mejores elementos que contribuyan a un mayor y mejor desarrollo de sus comunidades y a su participación en la recaudación nacional.

Que si por algún motivo la recaudación de ingresos federales disminuye, afectando con ello la Recaudación Federal Participable de las entidades federativas, ésta se tiene que compensar para evitar dañar el patrimonio financiero y presupuestal de las mismas entidades federativas y de la Federación.

Por las razones anteriores expresamos a ustedes:

La necesidad de fortalecer nuestro federalismo, restituyendo a las entidades federativas la posibilidad de ejercer plena potestad y facultades para establecer sus propios gravámenes. Por lo que respetando los principios de la propia Convención Nacional Hacendaria, en el sentido de que ningún orden de gobierno se vería afectado en sus ingresos, en el caso de que la Recaudación Federal Participable, disminuya, se deben revisar alternativas que permitan, al menos mantener el nivel de los ingresos analizando, entre otras, las tasas actuales de Impuesto al Valor Agregado, así como la lista de productos exentos, estableciendo mecanismos para compensar a los hogares de menores ingresos.

2.- Con el propósito de avanzar en las acciones que permitan consolidar la participación de las entidades federativas en el combate a la pobreza, el fomento de la competitividad económica, la satisfacción de las necesidades de las regiones y la consolidación y vigencia del estado de derecho, así como para impulsar el desarrollo sustentable de la Nación y en virtud de que en estos momentos se discute lo referente, al Paquete Económico de la Federación para 2005, los Gobernadores consideramos que bajo los mismos principios de la Convención existen planteamientos en las iniciativas que repercuten desfavorablemente en los recursos destinados a las entidades federativas. Al respecto ponemos a su consideración lo siguiente:

- PAFEF.- Incorporar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas PAFEF al Presupuesto de Egresos Federal, el cual deberá tener un carácter obligatorio. Una vía optima es incorporarlo al régimen de aportaciones del ramo 33 como un octavo fondo.

- REGIMEN FISCAL DE PEMEX.- La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal no proporciona la evidencia numérica que muestre que las entidades federativas obtendrían el mismo nivel de ingresos que el que hubieran recibido con base en el régimen actual. La misma reforma propone disminuir el porcentaje del monto del principal Derecho Ordinario que se aporta a la recaudación federal participable. En este sentido se sugiere analizar con suma cautela las implicaciones para las Entidades Federativas de la propuesta de iniciativa de la Ley Federal de Derechos respecto al régimen fiscal de Pemex.

- INGRESOS EXCEDENTES.- Ante las preocupaciones que se tienen por la propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos y con la finalidad de contar con una propuesta más equitativa de distribución del total de los ingresos excedentes proponemos, respetuosamente, al H. Congreso de la Unión, adecuar el proyecto de decreto PEF 2005 para que Pemex reciba el 50% del Aprovechamiento sobre Recursos Excedentes (ARE) y las entidades federativas reciban el otro 50% del Aprovechamiento sobre Recursos Excedentes. En cuanto a los excedentes a los que hace referencia el artículo 22---J proponemos asignar a las entidades federativas el 25%. Con esta propuesta Pemex y las entidades federativas recibirían la misma proporción de ingresos excedentes, 34.8%, en tanto que el gobierno federal recibiría el 30.4%.

- OTROS RECURSOS PRESUPUESTALES.- En la propuesta de Presupuesto de la Federación 2005 se observa la disminución de los niveles de gasto destinados a rubros prioritarios para las entidades federativas, como: educación, ciencia y tecnología, salud, infraestructura carretera e hidráulica y los apoyos al campo, situación que preocupa por los riesgos que esto implica.

En virtud de ello consideramos necesario se mantengan, cuando menos, los mismos niveles de gasto en términos reales que se destinaron en el ejercicio fiscal 2004.

Puerto Vallarta, Jalisco, 22 de octubre de 2004.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Distinguido señor diputado:

Le expreso mis más cordiales saludos y le informo que la Conferencia Nacional de Gobernadores, en su XXI Reunión Ordinaria, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 22 de octubre, resolvió de manera unánime, emitir el siguiente punto de acuerdo:

``Cuarto. Se tiene por recibido el informe que presenta el Gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña con relación a la Comisión de Atención a Migrantes.

Al respecto, se aprueba emitir una propuesta en los siguientes términos:

Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión para que autorice el incremento permanente de la franquicia aduanal actual de 300 a 1000 dólares, tomando en consideración la realidad económica del país...''

En este sentido y con referencia a la solicitud específica sobre el incremento de la franquicia aduanal, me permito remitirla para la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo y quedo en espera de su amable respuesta.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 28 de octubre de 2004.---Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Presidente de la XXI Reunión Ordinaria de la Conago.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Sustitución del diputado René Arce Islas por el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, como integrante de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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TEXTILES Y VESTIDO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al fin del acuerdo multifibras y la ``Declaración de Estambul''

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la materia objeto del presente, misma cuyo original se anexa, suscrita por diputadas y diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual fue analizada en la sesión de trabajo de este órgano de gobierno del 8 de noviembre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía, información detallada y pormenorizada a esta Soberanía sobre:

1. Las estimaciones de la afectación esperada a la industria textil nacional, ante el inminente fin del Acuerdo de Textiles y Vestido de la Organización Mundial de Comercio el próximo 1° de enero de 2005 y, particularmente, sobre el impacto esperado en las exportaciones mexicanas al mercado norteamericano.

2. Medidas diseñadas y/o instrumentadas para el apoyo y protección de las actividades productivas de la cadena fibra-textil-vestido del país ante el fin del mencionado Acuerdo.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores que respalden la llamada ``Declaración de Estambul'' que busca prorrogar la vigencia y reevaluar las condiciones de aplicación del Acuerdo de Textiles y Vestido de la OMC y que, conjuntamente con las Cámaras Industriales mexicanas de la cadena de fibras-textil-vestido, desarrollen los esfuerzos diplomáticos y de negociación internacional necesarios a efecto de que la Organización Mundial de Comercio reconozca y atienda las preocupaciones manifestadas por la industria textil mundial en la ``Declaración de Estambul'' y actúe en consecuencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús E. Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005

Con fundamento en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005Considerando

Primero. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene facultades para establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones;

Segundo. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión y en su caso modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que pueda ejercerse a partir del 1 de enero del año siguiente;

Tercero. Que el artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señala que el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar durante un año a partir del 1 de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalan;

Cuarto. Que siguiendo los principios clásicos del derecho presupuestario, la legislación, doctrina y jurisprudencia mexicanas, han sostenido inveteradamente el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos;

Quinto. Que en la legislación mexicana vigente, los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Vigésimo Segundo del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación de la Cámara de Diputados, del 9 de octubre de 2003, se reconoce el principio de que el Pleno es el órgano supremo y puede, por tanto, en casos extraordinarios, dispensar los trámites ordinarios a que queda sujeto un dictamen, tanto por lo que se refiere a su publicación como a su lectura previa.

Sexto. Que es el caso de que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se vinieron discutiendo distintas propuestas sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y que con esta fecha se logró un dictamen suscrito por la mayoría de los miembros de la misma.

Séptimo. En atención a lo señalado en el considerando anterior, con el consenso entre los grupos parlamentarios, se considera necesario establecer reglas expeditas para la discusión y votación del dictamen, con el objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.

Octavo. Que en cumplimiento del mandato constitucional, la Cámara de Diputados debe expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre del año previo al en que deba ejercerse.

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 38, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Vigésimo Segundo, del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación de la Cámara de Diputados, del 9 de octubre de 2003; se expiden las siguientes

Reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005

Primera. Es objeto único de las presentes reglas regular la forma y términos en que se discutirá y votará en el Pleno de la Cámara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2005.

Segunda. Las propuestas de modificación de los artículos reservados y sus anexos, deberán proporcionarse a la Secretaría de la Mesa Directiva, en hoja membreteada, signada por el autor de la proposición, sin tachaduras ni enmendaduras. Aunado a lo anterior, la propuesta deberá resaltar con negrillas el texto a enmendar y tratándose de anexos, deberá precisarse el número de anexo, ramo o rubro, así como el programa a que haga referencia, igualmente, las cantidades deberán señalarse en negrillas.

De ninguna manera se admitirán proposiciones autógrafas o en fotocopias de la Gaceta Parlamentaria.

Tercera. El debate en lo general y en lo particular del dictamen se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a. Habrá una ronda de oradores para posicionamiento de los grupos parlamentarios en la cual podrá intervenir un orador por cada uno de ellos hasta por 10 minutos; las intervenciones de los oradores se harán en orden creciente, tomando en consideración el número de diputados que integran cada grupo parlamentario.

b. Agotada la ronda de posicionamientos a que se refiere el inciso anterior, se abrirá una ronda de oradores, dos en contra, y dos a favor del dictamen, quienes podrán hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

c. Acto seguido, se consultará al Pleno si se reservan artículos del dictamen para su discusión en lo particular;

d. Una vez que la Mesa Directiva haya registrado las reservas que se hayan formulado de artículos para su discusión en lo particular, procederá a tomar la votación nominal en lo general, así como de los artículos no impugnados del dictamen.

Cuarta. Si el dictamen obtuviere mayoría de votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión de los artículos reservados en lo particular de la siguiente manera:

a. Por cada artículo o anexo reservado, se podrán inscribir tantos oradores como propuestas haya, los diputados podrán hacer uso de la palabra para leer su proposición, hasta por cinco minutos cada uno.

b. Una vez concluidas las intervenciones de los diputados a que se refiere el inciso anterior, la Secretaría dará lectura a cada una de las proposiciones, mencionando a su autor y, consultará a la Asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición.

c. Se procederá a tomar la votación nominal, hasta por tres minutos, de cada una de las proposiciones admitidas de los artículos reservados, así como de los artículos reservados cuyas propuestas de modificación no fuesen admitidas.

Transitorio

Único. Las presentes reglas entrarán en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de noviembre de 2004.--- Por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo.--- Casa Abierta al Tiempo.--- Universidad Autónoma Metropolitana.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Poder Legislativo Federal.

Con relación a su oficio No. D.G.P.L.59-II-0-922 3380 del 19 de octubre de 2004, mediante el cual hace de mi conocimiento, para los efectos a que haya lugar, el Punto de Acuerdo aprobado el 19 de los corrientes por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, formulo a usted el punto de vista de la Institución, que considero debería influir en la conclusión a que se llegó en el mencionado acuerdo:

La Universidad Autónoma Metropolitana, siempre ha observado la legislación laboral aplicable y el Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones con los trabajadores académicos y administrativos. La autonomía universitaria es entendida como un atributo muy honroso que facilita el cumplimiento de nuestra encomienda social, nunca como factor de sustracción del orden jurídico nacional.

Por lo que se refiere a la recomendación de mantener ``... en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil ...'', debe destacarse que la Universidad ha observado escrupulosamente la disposición contenida en la cláusula 193 del Contrato Colectivo de Trabajo citado, que a la letra dice: ``Respecto a los trabajadores la Universidad se obliga a: Proporcionar servicio de guardería a los hijos de los trabajadores de tiempo completo o medio tiempo'', servicio que no ha dejado de prestarse, ya sea a través de nuestros Centros de Desarrollo Infantil o de las instituciones con las que se tiene convenio para tal efecto.

Los derechos de los niños, hijos de los trabajadores de esta Institución, tampoco han sido transgredidos, ya que la prestación contractual se ha seguido otorgando, ya sea directa o indirectamente, como ha quedado precisado en el presente escrito.

En cuanto a la ``transgresión de los derechos laborales'' a que se alude en el Punto de Acuerdo, no está por demás enfatizar que el artículo 123, fracción XX, de la Carta Magna, atribuye a la Junta de Conciliación y Arbitraje la facultad de dirimir las diferencias o conflictos en los centros de trabajo, cuestión que en el caso que nos ocupa se encuentra en la etapa de celebración de pláticas conciliatorias, como, se desprende del acuerdo del 21 de los corrientes, dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que para pronta referencia acompaño al presente.

Por lo expuesto, si bien se recibe con el debido comedimiento la exhortación incluida en el Punto de Acuerdo a que se hace referencia, también se reitera que esta Casa de Estudios, en ningún momento, ha dejado de respetar los ordenamientos legales que la rigen y que, en el presente caso, en donde existe diferencia de opinión con el Sindicato titular de las relaciones de trabajo, el asunto se está ventilando ante la autoridad competente.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

``Casa Abierta al Tiempo''

México, DF, a 5 de noviembre de 2004.--- Luis Mier y Terán Casanueva (rúbrica), Rector General.»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad y al promovente para su conocimiento.

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codigo penal

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.

Honorable Congreso de la Unión.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada el 15 de julio de 2004, acordó promover ante ese cuerpo colegiado, una iniciativa que adiciona los artículos 230 Bis y 230 Ter, al Código Penal Federal, razón por la cual, remitimos dicha iniciativa, así como el decreto expedido por este Poder Legislativo que contiene el acuerdo correspondiente, para todos los efectos legales de lo establecido en el artículo 71 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato renovarles las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

3 de septiembre de 2204.--- Dip. Francisco Dávila García (rúbrica), Presidente; Dip. Norma Esparza Herrera (rúbrica), Primera Secretaria; Dip. María Leticia Ramírez Alba (rúbrica), Segunda Secretaria.»

«Grupo parlamentario de Acción Nacional.--- LVIII Legislatura.--- Aguascalientes.

H. Congreso del Estado de Aguascalientes.--- Presentes.

Los Diputados del H. Congreso del Estado de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 27, fracción I, a contrario sensu y fracción XXXIV, y 30, fracción I, de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; y artículos 15 fracción IV y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, proponemos al Pleno del H. Congreso del Estado, la iniciativa de adición de los artículos 230 Bis y 230 Ter del Código Penal Federal, para que en su oportunidad y previos los trámites de ley correspondientes, esta soberanía se sirva remitirla al H. Congreso de la Unión; y la cual realizamos bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El delito no es una creación artificial, no es un mero concepto jurídico, es una modalidad de la conducta humana, un fenómeno social cuyo elemento anexo (delincuencia) crece vertiginosamente hasta convertirse en un fenómeno que rompe con todo lo que íntimamente pretende conservar y proteger en su favor la sociedad.

El delito tiene su noción y su origen y por consecuencia, está enclaustrado en la ley, objetivizándose de manera más contundente cuando esta disposición normativa destaca y establece una reacción social, producto de los incuestionables casos que obliga al legislador a crear un modelo que tipifique, por un lado el control de la conducta, y por el otro la amenaza penal con miras a proteger bienes cuya vulneración es reiterada; esto es, lo que realmente caracteriza al delito se manifiesta en niveles tales como la ley penal, la reacción social, los móviles legislativos, la tipificación de las conductas, y por consecuencia el apartado de la sanción, en este sentido entre la ley y el delito, existe un nexo indisoluble por la simple razón de que el primero entra dentro del marco regulador normativo, pero además porque conlleva colateralmente violación de esa ley, trastocando hacia el bien jurídico a proteger; en otras palabras representa la infracción de un precepto, prohibición o mandato establecido por la Ley misma; podemos en consecuencia afirmar que todo esto, a lo que el ordenamiento jurídico enlaza como consecuencia de una pena se define como delito; ello si se quiere desde un punto de vista finalista, pero desde un punto substancial la ciencia jurídica comprende su efectiva naturaleza, puesto que no solamente comprende todos aquellos hechos que ofenden gravemente el orden ético o el gran número de valores ético-sociales, o en su caso de todos aquellos aspectos axiológicos que sin ser tutelados por el Estado, los gobernados los protegen dentro de su marco social por considerarlos realmente elementales para su vida cotidiana aspectos respecto de los valores de la sociedad que incluso, hoy en día se enclaustran dentro del aparato de los derechos humanos, mismos que han perdido su trascendencia y su relevancia, sin embargo, es el Estado quien debe retomarlos y custodiarlos para poder de esta forma entrar dentro del marco de una nueva cultura jurídico---penal y sea él quien medie y califique aquellos cuya trascendencia de afectación sean de mayor protección; ya que dentro del marasmo conceptualizador del delito y su origen deben de tomarse en cuenta las acciones punibles por móviles individuales, antisociales que perturban las condiciones de vida y contradice la moralidad media de un pueblo en cierto momento.

Bajo esta óptica, el delito nace en la conciencia individual del hombre y está conformada por principios y normas, dadas por las necesidades de la convivencia, del trato y de la costumbre, consecuentemente esta conciencia individual debe quedar enmarcada en un hacer o en un no hacer, en un actuar o dejar de hacerlo, en una acción u omisión, en pensar o en un ejecutar, peto todo ello deberá quedar sujeto a la observancia de la norma y de ésta, la regulación de la conducta, sujetas a un poder constituido, o bien a un poder de control; en obvio de ideas, el delito no existe mientras el Estado no lo promulgue, no lo legisle, no lo tipifique y no lo adecué a los ordenamientos especiales típicos que afectan a la sociedad.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa tiene como finalidad se tipifique como delito la conducta desplegada por los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier Centro de Salud, cuando extravíen, oculten, modifiquen, destruyan, provoquen pérdida o nieguen información contenida en el expediente que se forme a cada paciente o derechohabiente, a la autoridad competente que la requiera; o cuando dichas personas retarden, obstaculicen o nieguen sin causa justificada, el trámite para obtener la jubilación que promuevan los derechohabientes en los centros de salud que otorguen tal derecho; o al que estando autorizado para acceder a cada expediente formado a los pacientes o derechohabientes de cualquier centro de salud, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan; o al que por sí o por interpósita persona, de un centro de salud, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Y al que incurra en las conductas típicas antes descritas, se le impondrán de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión.

El objetivo principal que se propone con esta iniciativa, es que se adicionen los artículos 230 Bis y 230 Ter, al Código Penal Federal, en virtud, de que la conducta descrita en tales preceptos no se encuentra actualmente tipificada en el Código Penal Federal, siendo urgente y necesario su adición a dicho cuerpo legal, a efecto de terminar con tan grave problema a que a diario se enfrentan los derechohabientes de los Centros de Salud, cuando quieren tramitar su jubilación o cuando quieren realizar cualquier otro trámite relacionado principalmente con su historial médico, el cual obra en su expediente respectivo, formado en el Centro de Salud y al cual únicamente tienen acceso los directores, los encargados, los administradores o empleados, de los Centros de Salud, siendo imposible realizar cualquier trámite, por causas imputables a los propios directores, encargados, administradores o empleados de los Centros de Salud, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, o cualquier institución de salud que presta servicios análogos a los Institutos antes señalados.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que nos confiere a los miembros del Poder Legislativo estatal, los artículos 27, fracción I, a contrario sensu, y fracción XXXIV, y 30, fracción I, de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; y artículos 15, fracción IV, y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, proponemos al Pleno de este H. Congreso del estado, la iniciativa de adición de los artículos 230 Bis y 230 Ter del Código Penal Federal, a efecto de que sea remitida al H. Congreso de la Unión, para someter el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 230 Bis y 230 Ter al Código Penal Federal, para quedar en los términos siguientes:

Título Decimosegundo Responsabilidad Profesional

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 230 Bis.- Se impondrán de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I. Extravíen, oculten, modifiquen, destruyan, provoquen pérdida o nieguen información contenida en el expediente de cada paciente o derechohabiente, a la autoridad competente que la requiera;

II. Retarden, obstaculicen o nieguen sin causa justificada el trámite para obtener la jubilación que promuevan los derechohabientes en los centros de salud que otorguen tal derecho; y

III. Al que estando autorizado para acceder a cada expediente formado a los pacientes o derechohabientes de cualquier centro de salud, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan.

IV. Al que por sí o por interpósita persona, de un centro de salud, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 230 Ter.- Para los efectos del artículo 230 Bis, se entiende por centro de salud al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y cualquier institución de salud que preste servicios análogos a los institutos antes señalados.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

Aguascalientes, Ags., a 21 de mayo del año 2004.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Diputados: José de Jesús Martínez González (rúbrica), Ventura Vilchis Huerta (rúbrica), Juan Antonio Martín del Campo (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Luis Humberto Pérez de la Serna (rúbrica), Edna Lorena Pacheco Chávez, Humberto David Rodríguez Mijangos (rúbrica), María Leticia Ramírez Alba (rúbrica), José Pilar Márquez Márquez (rúbrica), Vidalia Ortega Saucedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Le remito acuerdo número 1073/04 XVII P.E., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado solicita de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura que apruebe la iniciativa que pretende reformar la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Víctor Emilio Anchondo Paredes (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado.--- Chihuahua.--- Secretaría.

Acuerdo N°

1073/04 XVII P.E.

La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones, dentro de su tercer año de ejercicio constitucional,

Acuerda

Iniciativa de decreto ante el H. Congreso de la Unión

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 501. ``Tendrá derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte:

I. La viuda o el viudo, los hijos menores de edad y los mayores de edad si tienen una incapacidad de 50% o más.''

II. a V. ...

Transitorio del decreto que se propone

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio del decreto

Único. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua instruye al Presidente de la Mesa Directiva para presentar formalmente el contenido del presente acuerdo ante el honorable Congreso de la Unión.

Derogación de los artículos que regulan lo relativo a la existencia y operación de los juzgados de paz, por las razones expresadas en el cuerpo del presente dictamen.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiocho días del mes septiembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Víctor Emilio Anchondo Paredes (rúbrica), Presidente; Dip. Oswaldo Blancas Fernández (rúbrica), Secretario; Dip. Juan Antonio González Villaseñor (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Le remito Acuerdo No. 1053/04 XVI P.E. aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado pretende adicionar la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chih., a 22 de septiembre de 2004.--- Dip. Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado.--- Chihuahua.--- Secretaría.

La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su décimo sexto periodo extraordinario de sesiones, dentro de su tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de la Unión

Artículo Único.- Se adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactada en los siguientes términos:

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a).- ...

b).- ...

c).- ...

...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Las Legislaturas de los estados establecerán las bases generales para la fijación de las percepciones de los servidores públicos municipales.

...

V.- ...

VI.- ...

VII.- ...

Transitorio del decreto que se propone

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorios del decreto

Artículo Primero.- El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua instruye al Presidente de la Mesa Directiva para presentar formalmente el contenido del presente acuerdo ante el honorable Congreso de la Unión.

Artículo Segundo.- Asimismo, envíese al resto de las legislaturas de los estados para su conocimiento, copia de la iniciativa que le dio origen.

Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a 22 de septiembre de 2004.--- Dip. Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), Presidente; Dip. Jorge Arellanes Moreno (rúbrica), Secretario; Dip. Jesús Alfredo Velarde Guzmán (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Congreso de la Unión.--- México, DF

Con el gusto de saludarlo, me permito informarle que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 21 de octubre del año en curso, aprobó el acuerdo legislativo número 570/04, del que anexo copia, en el que se eleva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y, como exposición de motivos, el contenido del acuerdo legislativo de referencia.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que dé lugar.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de octubre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez, Secretario General del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

CC. Diputados del Congreso del Estado de Jalisco.--- Presentes.

Los suscritos, integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, diputados Benito Manuel Villagómez Rodríguez, Luis Alejandro Rodríguez, Jorge Urdapilleta Núñez y José Ángel González Aldana, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, en uso de la facultad que les confiere el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política, así como los artículos 64, 69, fracciones I y IV, 81, fracción I, 147, fracción I, 152 y 159, párrafos 1 y 3, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, se permiten presentar ante la asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo legislativo, con carácter de dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

A la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo legislativo, presentada por el diputado Benito Manuel Villagómez Rodríguez, en la que solicita reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por lo que hacemos la siguiente relación de

Consideraciones

I. Que, en lo referente al estudio y dictamen, esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que a letra dicta:

``Artículo 81.

``Corresponde a la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:

``Las políticas, programas y proyectos de apoyo financiero a las actividades para el desarrollo económico del estado.''

II. Que queda claro que se cumplen las formalidades del procedimiento legislativo, se cuenta con la competencia y se tiene la facultad para conocer del asunto que nos ocupa, de lo que se desprende que es necesario abordar el fondo de la iniciativa de estudio, por lo que se considera correcto estudiar la propuesta de iniciativa y determinar si es viable para su aprobación definitiva.

III. Que el diputado Benito Manuel Villagómez Rodríguez manifiesta en su iniciativa la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene el objeto de sumar y coordinar las capacidades institucionales y recursos públicos, privados, sociales y del sector conocimiento, para modificar las tendencias de la economía política de los últimos veinte años, hacia la construcción de un sistema de mejora continua de la competencia de la nación y de cada una de las empresas, ante la economía global con base en la invención, rentabilidad y competencia de las cadenas productivas de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, por sí o --en ocasiones-- con grandes empresas nacionales o extranjeras.

La inserción pasiva de México en la economía global, sin un sistema nacional para el desarrollo de la productividad y la competencia, ha reducido la magnitud e importancia del mercado interno; ha polarizado las estructuras productivas y sociales; ha limitado sus capacidades para resolver los problemas estructurales del sector externo, el comercio exterior y las deudas interna y externa; es incapaz de satisfacer las demandas sociales de empleo y mejores remuneraciones; ha reducido la rentabilidad para las Mipyme nacionales y reducido el margen de maniobra para aumentar la recaudación fiscal, por lo que el Estado mexicano se encuentra limitado para promover el desarrollo con justicia y equidad que reclama la población.

Las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, como las de otros países, enfrentan un nuevo contexto de competencia internacional, donde la apertura comercial, la incertidumbre financiera, la globalización productiva y especulativa, la integración regional, la dinámica y permanente transformación científica y tecnológica, y las fusiones y alianzas estratégicas, así como el fortalecimiento de las grandes corporaciones y las crisis recurrentes, marcan el rumbo.

Ante esas realidades, solamente una política integral de Estado con visión de largo plazo puede brindarles oportunidad de competir con posibilidades de éxito. Ello demanda con urgencia un marco jurídico que dé seguridad y continuidad a los esfuerzos; instituciones activas y promotoras; una puntual defensa ante prácticas desleales; la coordinación de todos los agentes económicos para lograr una competencia sistemática; la colaboración entre empresarios; los instrumentos que permitan la oportuna actualización e innovación tecnológicas; la disponibilidad de recursos para el fomento y los mecanismos financieros y fiscales adecuados.

Las Mipyme constituyen en México y en el mundo un factor estructural de sustento del mercado interno y elemento fundamental del desarrollo social, por su importancia cuantitativa en el valor de la producción, los empleos que generan y su flexibilidad para ofrecer oportunidades a la iniciativa de los ciudadanos.

La industria es el sector que de manera directa transforma los avances científicos y tecnológicos en nuevos productos y capacidades productivas, por lo que su efecto multiplicador es muy grande en otros sectores como la agricultura, el comercio y los servicios.

Cabe referir que el país ha vivido 20 años de estancamiento socioeconómico, además de crisis recurrentes que han provocado devaluaciones, inflación y caída de la economía, lo cual ha afectado profundamente el mercado nacional.

Con la apertura comercial y la firma de numerosos tratados, acuerdos y convenios internacionales, en los últimos años las empresas exitosas, hasta el pasado reciente, habían sido las empresas exportadoras.

En la actualidad, en un entorno internacional decisivo, este sector se ha visto profundamente afectado. De esa forma, quedó de manifiesto la vulnerabilidad de la economía nacional cuando se le hace depender básicamente del mercado externo para crecer y se desatiende y deja de crecer el mercado interno, más aún cuando el mercado interno es en última instancia la expresión del nivel de vida de los mexicanos.

Ante las condiciones anteriores, es indispensable modificar las tendencias estructurales observadas en la economía política de la nación, así como recuperar el dinamismo y la participación de las Mipyme en la economía mexicana.

Por lo anterior es necesario establecer un marco integral de fomento de las Mipyme, así como la creación de instituciones responsables de instaurar programas específicos que fortalezcan este sector, para continuar trabajando ante los múltiples retos y desafíos que deben enfrentar estas empresas.

El éxito de micro y pequeñas empresas en algunos países depende en gran parte de las políticas de apoyo dirigidas a ellas. Tenemos como ejemplo los países socios de México en el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, que han diseñado sistemas amplios de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, además del apoyo que existe para la innovación y el desarrollo tecnológico. De esa forma se ha promovido una muy intensa política industrial y de fomento de los sectores económicos de punta, vinculados a nuevas tecnologías de información, nuevos materiales, biotecnología y equipamiento militar, entre otros elementos, que tienen valor estratégico en el posicionamiento de su economía en entorno mundial, reconociendo este sector como clave para crear oportunidades de empleo y crecimiento.

En su programa, la Unión Europea reconoce que la debilidad y vulnerabilidad de las Mipyme se deben principalmente a cinco factores: un entorno legal, fiscal y administrativo cada vez más complejo; las dificultades para tener acceso a programas de innovación tecnológica y aprovechar los resultados de la investigación; la debilidad estructural, de su capacidad de gestión y sus programas de capacitación; la dificultad de conseguir financiamiento a un costo razonable; y las barreras para acceder a los mercados de productos y servicios.

Todos los Estados miembro, especialmente Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Bélgica, han incrementado en los últimos años sus medidas de apoyo en favor de las Mipyme. Hay actualmente alto grado de convergencia regional entre dichas medidas.

Sudamérica no es la excepción, ya que ha establecido diversos programas de apoyo a las Mipyme. Brasil cuenta con gran infraestructura de apoyo a la industria. Existe desde hace años el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sabrae), que se encarga de vigilar que las leyes referentes a la organización industrial básicamente del país se apliquen de manera eficiente. Además del Sabrae, instituciones como el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social cuentan con fondos especiales para el fomento de las Mipyme.

En Chile existe una legislación de apoyo a Mipyme, así como varios programas de fomento e innovación y desarrollo tecnológico. La corporación de fomento a la producción, llamada Corfo, así como Sercotec, la institución encargada de promover y apoyar las iniciativas de mejoramiento de la competencia y de fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios.

Asimismo, en los países asiáticos existe gran diversidad de apoyos, como apoyo a la competencia industrial global, modernización de la inversión, mejoramiento administrativo, legislación específica para fomentar el empleo y atender las necesidades de crédito, y fomento de la mujer empresaria.

Como es claro, México está a gran distancia de competencia económica y de apoyo en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, debido al rezago que existe en nuestras leyes, así como la falta de apoyo a estas empresas generadoras de empleo, lo que ha convertido a México en un país exportador de mano de obra calificada por falta de oportunidades.

De igual manera, hemos dejado de ser un país autosuficiente, ya que la gran cantidad de importaciones de productos en los diferentes sectores ha causado gran lesión entre los productores nacionales, ya que es difícil competir sin el apoyo necesario, lo que hace urgente la modernización de nuestras leyes que venga a desahogar la economía mexicana, inundada por las importaciones y que está acabando con el ánimo de los empresarios mexicanos ante la impotencia de una competencia en igualdad de condiciones.

IV. Del estudio y análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de la Comisión que dictamina resuelven considerarla procedente, por la necesidad que tienen los productores de nuestro país para darles el apoyo necesario para competir, como puede ser el apoyo a la competencia industrial global, modernización a la inversión, mejoramiento administrativo, legislación específica para fomentar el empleo y atender las necesidades de crédito, fomento a la mujer empresaria, por lo que es urgente la modernización de nuestras leyes que vengan a desahogar la economía mexicana, inundada por las importaciones y que está acabando con el ánimo de los empresarios mexicanos ante la impotencia de una competencia en igualdad de condiciones.

De conformidad con lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, en los términos de los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, resuelve someter a la consideración de la asamblea el siguiente dictamen de

Acuerdo Legislativo

Que envía una iniciativa de ley que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa al Congreso de la Unión

Único. Envíese al H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con el cuerpo de la iniciativa del presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente iniciativa de

Decreto

Que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Único. Se reforman los artículos 3°, fracción III, 14, fracción II, 18, antepenúltimo párrafo, 19, 22, fracciones III y VI, 23, primer párrafo, y 26, fracción III; y se adicionan la fracción XVIII al articulo 3°, el inciso j) a la fracción II del artículo 4°, dos párrafos al artículo 7°, la fracción IV al artículo 26, y los artículos 27, 28, 29 y 30, creándose el Capítulo Sexto, denominado ``De los Consejos Municipales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa'', todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar corno sigue:

Artículo 3. ...

I. y II. ...

III. ...

IV. a XV. ...

XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada entidad federativa o en el Distrito Federal se establezca para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresas;

XVII. Reglamento: El Reglamento; y

XVIII. Cooperativa: Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Artículo 4. ...

I. y II. ...a) a g) ...

h) La creación y desarrollo de las Mipyme sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo;

i) La cooperación y asociación de las Mipyme, a través de sus organizaciones empresariales en los ámbitos nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y cadenas productivas; y

j) La organización de las Mipyme en cooperativas.

Artículo 7. ...

La Secretaría coordinará los programas de financiamiento de la banca de desarrollo y otorgamiento de avales para las Mipyme.

La Secretaría firmará convenios con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para que formen los fideicomisos que otorguen financiamiento y garantía a las Mipyme.

Artículo 11. ...

I. a VI. ...

VII. Información general en materia económica acorde con las necesidades de las Mipyme;

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable; y

IX. La formación de la bolsa de subcontratación y proporcionar a los subcontratistas financiamientos, garantías y avales para los mismos.

...

Artículo 14. ...

I. ...

II. El fomento de la constitución de incubadoras de empresas, y a la iniciativa y creatividad de los emprendedores, además de organizarlas en cooperativas cuando lo soliciten;

III. a XIII. ...

Artículo 18. ...

I. a XXII. ...

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, y miembros de los consejos estatales y de los municipales, así como especialistas en los temas a discusión.

...

...

Artículo 19. El Consejo contará con un secretario técnico, a cargo de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia, informará semestralmente al Congreso de la Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados, y se coordinará con los consejos estatales y los municipales en lo conducente.

Artículo 22. ...

I. y II. ...

III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la iniciativa y creatividad de los emprendedores, además de organizarlas en cooperativas cuando lo soliciten;

IV. y V. ...

VI. Facilitar la integración de las Mipyme, así como organizarlas en cooperativas cuando lo soliciten;

VII. a XI. ...

Artículo 23. En cada entidad federativa y en el Distrito Federal se podrá formar un consejo estatal para la competitividad de las Mipyme, que estudiará y propondrá en los ámbitos regional y estatal medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores.

...

Artículo 26. ...

I. ...

II. Promover mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;

III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los consejos municipales y, en el caso del Distrito Federal, sus delegaciones, y los sectores para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de esta ley; y

IV. Propiciar la organización en cooperativas de las Mipyme y los emprendedores, cuando se solicite.

Capítulo Sexto De los Consejos Municipales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 27. En cada municipio se podrá conformar un consejo municipal para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito municipal medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores.

Artículo 28. El consejo municipal será presidido por el funcionario del área de desarrollo económico del ayuntamiento correspondiente o quien designe el presidente municipal.

Artículo 29. El consejo municipal contará con un secretario técnico, designado de entre sus integrantes por un periodo de tres años.

Artículo 30. En todo lo que no contravenga lo previsto en este capítulo se aplicarán las disposiciones del Capítulo Quinto al consejo municipal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía deberá realizar una campaña de difusión relativa a las modificaciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Sala de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco.- Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2004.--- La Comisión de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo: Diputados: Benito Manuel Villagómez Rodríguez (rúbrica), Presidente; Jorge Urdapilleta Núñez, Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica), José Ángel González Aldana (rúbrica), vocales.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Economía.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con el gusto de saludarles, me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 21 de octubre del año en curso aprobó acuerdo legislativo 576/04, del que le adjunto copia, en el que se eleva iniciativa de ley a efecto de adicionar la fracción VIII y recorriendo la original a la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se eleva iniciativa de ley a fin de adicionar el artículo 54 Bis a la Ley General de Educación en los términos propuestos en el acuerdo legislativo de referencia.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que de lugar.

Sin otro particular propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de octubre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y Educación, Ciencia y Tecnología en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2004, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de los diputados Celia Fausto Lizaola y Roberto López González, los cuales proponen en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentar iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, que reforme el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adicionar el artículo 54 Bis a la Ley General de Educación, en merito de lo anterior nos permitimos exponer los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 29 de julio de 2004 la diputada Celia Fausto Lizaola y el diputado Roberto López González presentaron a consideración del Pleno de la asamblea, iniciativa de acuerdo legislativo por el que se propone en los términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentar iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión que reforme el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adicionar el artículo 54 Bis a la Ley General de Educación.

II. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos en fecha 9 de agosto de 2004, se aprobó turnar la mencionada iniciativa al diputado Alfredo Argüelles Basare, vocal de la Comisión antes citada, para el estudio de la iniciativa y presentación del proyecto de dictamen correspondiente.

Substanciado que fue este procedimiento se procede a determinar la viabilidad de las iniciativas, con base en las siguientes

Consideraciones

I. En cuanto a la forma se desprende que es procedente el estudio de la presente iniciativa, por tratarse de materias en las que las Legislaturas estatales estamos facultadas para presentar iniciativas de leyes o decretos a la legislación federal, conforme al artículo 71, fracción III, que señala:

Artículo 71

El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.- ...

II.- ...

III. - A las Legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

II. En cuanto al estudio y dictamen, se estima que en efecto la Comisión Dictaminadora es competente para conocer de los asuntos de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado que señala:

Artículo 97.

1. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:

I. Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del Estado;

II. a la VII. ....

III. Con los anteriores señalamientos queda claro que se cumplen con las formalidades del procedimiento legislativo, se cuenta con la competencia y se tiene la facultad para conocer del asunto que nos ocupa, de lo que se desprende que es necesario abordar el fondo de la iniciativa a estudio, por lo que se considera correcto estudiar la propuesta de la iniciativa y determinar su viabilidad, a fin de determinar su aprobación o no.

Exposición de motivos de la iniciativa presentada por los diputados Celia Fausto Lizaola y Roberto López González:

...

4. Esta situación es totalmente opuesta a la concepción Dantiana, según el Dr. Carlos Alberto Torres, donde la universidad en cuanto institución destinada al cultivo y a la transmisión del saber es autónoma, su libertad de juicio es incondicionada, es razón que se da su propia ley; el principio de razón pura como institución y, como tal, implica la universidad y rechaza tomar partido por intereses particulares.''

5. En este sentido, en los últimos años han surgido centros de estudio o escuelas incorporadas que ofrecen programas licenciaturas. Por obligación tales programas deben de ser aprobados por la Secretaría de Educación Pública o por la Universidad Pública a la que están incorporados. En la experiencia de Guadalajara, Jalisco, y suponemos que en el resto del país, estros (sic) centros escolares en muchas ocasiones incumplen la Ley General de Educación, en los requisitos antes señalados.

Muchas de estas escuelas se autodenominan universidades o centros universitarios, cuando creemos que el concepto de universidad no debe utilizarse como un simple nombre, ni que el hecho de ofrecer algún programa de licenciatura incorporada otorga por sí mismo todo el significado de ser de una universidad. Las tres características principales, y señaladas anteriormente. Docencia, investigación y extensión, son nulas en la mayoría de las escuelas a las que hacemos referencia.

Debido a las condiciones generales de la educación en México, no podemos evitar que surjan centros de estudios y escuelas incorporadas, pero sí podemos poner mayor atención en los procesos tanto educativos, sociales y culturales que se generen en dichos centros, y sobre todo exigir la no autodenominación como universidad o centro universitario a quién no cumpla, más que con los requisitos, con los objetivos que debe tener una institución de este tipo.

...

IV. Vista la finalidad de los diputados Celia Fausto Lizaola y Roberto López González respecto a su iniciativa, caben hacer las siguientes precisiones:

Primero. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos con la intención de los autores de adecuar la legislación federal, a fin de que se impongan mayores requisitos a las instituciones que se ostenten como universidades.

Segundo. Que haciendo un análisis de la iniciativa en cuanto a su propuesta de reformar el artículo 3° de la Constitución Federal incorporando una nueva fracción VIII y recorriendo las existentes, observamos que es congruente buscar desde nuestra Carta Magna que la denominación de ``universidades'' sólo se dé cuando las instituciones hallan cumplido con las disposiciones que la legislación señala. Sin embargo, observamos que en cuanto a hacer referencia a los principios filosóficos, éticos y morales del concepto mismo de universidad, que estos señalamientos deben hacerse en la legislación secundaria y únicamente incorporar el principio de que la denominación de ``universidad'' será conforme la Ley General de Educación.

Tercero. En cuanto a agregar un nuevo artículo 54 Bis a la Ley General de Educación, debemos afirmar que el actual articulo 55 de la propia ley señala que las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial, incluyendo las universidades, se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con personal adecuado y las instalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas. Por lo que consideramos innecesario incorporar nuevamente estos dos conceptos como pretenden los autores de la iniciativa, en el artículo 54 Bis. Sin embargo, consideramos necesario establecer cómo requisitos para la denominación de ``universidad'' que la institución cuente con un departamento de investigación, uno de difusión, una biblioteca y un centro de computo, ya que de esta forma se buscaría que las instituciones de educación superior cuenten con los medios idóneos para el desarrollo profesional del individuo de manera integral.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la comisión dictaminadora, en los términos de los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco resuelve someter a la consideración de la asamblea, el siguiente dictamen de

Acuerdo Legislativo

Primero.- Elévese iniciativa de Ley al H. Congreso de la Unión, adicionando la fracción VIII y recorriendo la original a la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3º. ...

I. a la VII. ...

VIII. La denominación de ``universidad'', no deberá utilizarse hasta en tanto no se cumpla con los requisitos que señalen las leyes vigentes en la materia.

Segundo.- Elévese iniciativa de ley al H. Congreso de la Unión a fin de adicionar el artículo 54 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 54 Bis.- Ninguna escuela o centro de estudios particular podrá autodenominarse universidad, si no cumple, además de los que señala esta ley, con los siguientes requisitos:

I. Contar con al menos un departamento o instituto de investigación, con líneas temáticas de investigación, las cuales deberán hacerse públicas y someterse a los criterios de aprobación y evaluación de las instituciones de educación superior públicas u oficiales, a fin de fomentar la investigación académica y científica.

II. Contar con un departamento, coordinación o dirección de extensión y difusión, la cual fungirá como mediador entre la sociedad y la institución, misma que ofrezca a la comunidad estudiantil, y a la sociedad en general, los eventos de divulgación y difusión de la cultura, que puedan darle una identidad institucional.

III. Contar con una biblioteca que satisfaga la demanda estudiantil, tanto en el volumen de libros especializados en las áreas que se imparten como de cultura en general, y contar con el espacio físico necesario para la sala de lecturas y anaqueles.

IV. Contar con un centro de cómputo que satisfaga las necesidades de la comunidad estudiantil y de profesores, con equipos de cómputo y programas acorde a las necesidades.

Tercero.- Instrúyase al secretario general de este H. Congreso del estado de Jalisco para que realice los trámites y gire los oficios correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado.-- Guadalajara, Jalisco a septiembre del 2004.--- La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. Diputados: Pedro Ruiz Higuera (rúbrica), José María Martínez y Martínez (rúbrica), Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Celia Fausto Lizaola (rúbrica), Alfredo Argüelles Basave (rúbrica),

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología: Diputados: Roberto López González (rúbrica), Rodolfo Guadalupe Ocampo Velásquez (rúbrica), Jesús Casillas Romero (rúbrica), Celia Fausto Lizaola (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO, QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE COMPENSACION PARA LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS DEL PERIODO 1942-1974

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que se recibieron ocho comunicaciones suscritas por ciudadanos trabajadores ex braceros de Mexicali, Baja California, por el que manifiestan su derecho al fondo de ahorro correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Mesa Directiva dispuso que dicha documentación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en funciones de Presidente.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Jesús E. Romero. 1855-Macarthur PL. Oxmard-CA. 93033.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Sabás Montelongo.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Evaristo E. Romero. 1855-Macarthur P.L. Oxmard-CA. 93033.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Octavio Maldonado.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Silvestre G. Posadas.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Alberto Escobedo Pérez, 1424 Orchard ST. # B, Santa Paula CA. 93060.»

«H. Cámara de Senadores.--- LIX Legislatura.--- México, DF.

El suscrito: Mexicano(a), ciudadano(a) en pleno uso de mis derechos constitucionales (ex trabajador en el Programa Binacional Bracero que operó entre 1942-1964), señalando como domicilio para recibir notificaciones en numero

Por este conducto me dirijo a ustedes para exponer:

Toda vez que durante los últimos 50 años he esperado la entrega de las cantidades descontadas por el trabajo prestado en Estados Unidos, que ustedes saben fueron descontadas por diversos conceptos bajo dicho programa, es procedente solicitar a ustedes se resuelva el Fraude Braceroproa el presente año.

En tal virtud, me permito pedir sea aprobada la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del periodo 1942-1964 que el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante ese honorable Congreso de la Unión, como solución al Fraude Braceroproa, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que concreta una propuesta congruente, que no justa, dado que la misma resulta de un análisis de mi situación particular y la de miles de compañeros ex braceros, que trabajamos en reuniones de nuestra organización Binacional Alianza Braceroproa, y que además fue presentada en San Luis Potosí para su apoyo y difusión tanto a la Conago como al titular del Ejecutivo Estatal, y propuesta para la cual pido de la Comisión de Hacienda y la Especial Bracero de esta Cámara de Senadores un dictamen favorable en sus términos.

Por otra parte, el año pasado la Secretaría de Gobernación levantó el Padrón Nacional Bracero, en el cual desconozco si aparezco, ya que no ha sido publicado, en consecuencia y a prevención, bajo protesta de decir verdad manifiesto tener derecho al fondo y por este conducto pido se sirvan por tenerme (como trabajador ex bracero), reclamando el fondo de ahorro bracero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura, atentamente pido, me tengan por presente solicitando respuesta.

Atentamente.

Mexicali, BC. Octubre de 2004.--- Felipe Pérez.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-885 de fecha 28 de septiembre último, signado por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 312.A.001659 suscrito el día 21 del mes en curso, por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, Director General de Programación y Presupuesto ``B'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en él se cita, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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TIBURON BALLENA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-647, signado el día 28 de septiembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SFNA/387, suscrito el día 19 del actual por el CM en C Juan Rafael Elvira Quesada, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa dependencia a que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, establezca las normas oficiales mexicanas y los lineamientos necesarios para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Rincodon typus), así como establecer convenios de coordinación en materia de manejo, conservación y protección de su hábitat.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 27 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Gregorio Paz González.

Puesto: Operador telefónico.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.Nombre: Luis Eduardo Gámez León.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos en el Área de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.Nombre: Álvaro Francisco Aguilar León.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos en el Área de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Vanessa Morfín Beas.

Puesto: Oficinista de Visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo.

Puesto: Operadora de teléfono.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.Nombre: Fermín Azpe López.

Puesto: Mecánico Eléctrico de Mantenimiento.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.Nombre: Guillermo Bermúdez Romo.

Puesto: Supervisor de mantenimiento.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.Nombre: Raúl Hernández Flores.

Puesto: Asistente de material y audio visual.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de sus identificaciones oficiales.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Bárbara Adriana Singh Urías.

Puesto: Investigadora en la Oficina de Aplicación de las Leyes Aduaneras y de Inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: María Cristina Bustamante Moreno.

Puesto: Asistente administrativa en la Oficina de Asuntos Públicos.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.Nombre: Jacqueline Santillán Ríos.

Puesto: Secretaria en la Sección Diplomática-Biblioteca Benjamín Franklin.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Claudia Lizeth Belmontes.

Puesto: Auxiliar de Visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Nombre: Yolanda Enriqueta Miranda Álvarez.

Puesto: Supervisora de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por lo que se refiere a las solicitudes de permisos, recibo y túrnense a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Angélica Donaji Atristain Michel.

Puesto: Asistente del área cultural y de relaciones públicas.

Lugar de trabajo: Embajada de Australia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Pol Popovic Karic pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Serbia y Montenegro en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar, original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, copia certificada de la carta de naturalización; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Serbia y Montenegro y de su identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 11 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Felipe Camelo Schwarz pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Guatemala en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Por lo anterior, me permito anexar original de la carta, dirigida al H. Congreso de la Unión, con que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento, formulada por la Embajada de Guatemala, y de su identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y crédito Público.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Para dar cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en sus artículos 66 y 67, y a lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 (LIF), así como 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2004. Adicionalmente, atendiendo a lo señalado en el artículo 24, fracción I, de la LIF, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como del pago de las mismas desagregadas por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2003.

Además, para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la información sobre las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 4 de noviembre de 2004.--- Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma la fracción II, del artículo 68 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Exposición de Motivos

1. Derivado de la crisis económica y financiera del país a finales de 1994 y de sus agudos efectos sobre el comportamiento de la economía en 1995, el sistema bancario enfrentó un severo problema que obedeció entre otras cosas a rezagos en la supervisión y control financiero.

2. Esto orillo a que el mecanismo financiero de protección al ahorro Fobaproa se viera ampliamente rebasado para enfrentar un rescate bancario, no obstante las el Gobierno Federal decidió utilizar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional.

3. Para tal efecto se implementaron programas para apoyar a los deudores de la banca, y programas para apoyar a los bancos.

4. Los programas de apoyo a los bancos se dieron en dos modalidades:

5. Los llamados programas de capitalización y compra de cartera (PCCC) cuyo propósito fundamental fue que los bancos incrementaran su capital mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad (carteras con problemas), por pagares emitidos por el Fobaproa estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin y los Programas de Intervención y Saneamiento.

6. Los programas de intervención y saneamiento buscaron solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria asumiendo la CNBV el control de las instituciones lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, así durante el periodo de 1994-1998 la CNBV intervino 12 instituciones financieras la primera Banco Unión el 1º de septiembre de 1994 y la última Banca Confía en agosto de 1997.

7. Paralelamente se llevaron a cabo procesos de saneamiento de los Bancos que consistían en el otorgamientos de líneas de crédito para que estos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos, los Bancos que fueron objeto de apoyos tendientes a sanearlos: Serfin, Atlántico, del Centro, Promex, BBV y Santander .

8. Como resultado de estas operaciones el impacto sobre las finanzas públicas de acuerdo al Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública del 2000, al mes de marzo de 2001 ascendieron a 876 mil 254 millones de pesos.

Considerando

1. Que en 1998 la Cámara de Diputados aprobó a ley que creó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que la misma es la que rige el funcionamiento, operación y control del Instituto.

2. Que el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB establece el procedimiento para realizar el canje de pagarés de Capitalización y Compra de Cartera a cargo del Fobaproa por obligaciones a cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pagarés IPAB.

3. Que el citado artículo quinto transitorio establece la realización de auditorías a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, como requisito fundamental para realizar el canje de pagarés.

4. Que la Auditoría Superior de la Federación encontró en sus revisiones de las Cuentas Públicas del 2000, 2001 y 2002, graves irregularidades cometidas por el Fobaproa en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera que lo llevaron a concluir que ``el Comité Técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos del Gobierno Federal al otorgar su aval en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera''.

5. Que en septiembre de 2000, la propia Junta de Gobierno determinó la necesidad de auditar las operaciones de compra de cartera a los bancos citados anteriormente.

6. Que el artículo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, señala textualmente lo siguiente : El Instituto, ...asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera.

7. Que lo anterior implica que los Pagarés derivados del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, son responsabilidad del Fobaproa y no del IPAB; por lo que en ellos no aplica la garantía, ni el reconocimiento por parte del Congreso de la Unión de esa deuda.

8. Que a pesar de lo anterior el IPAB, ha incluido esos pasivos como parte de los pasivos totales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

9 Que este hecho es improcedente en virtud de que el monto de pasivos que por este concepto asumirá el IPAB, dependen de las auditorías correspondientes.

10. Que la evidencia encontrada por la Auditoria Superior de la Federación señala que existen amplias posibilidades de reducir el monto de los pagares derivados de los Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

11. Que el incluir los pasivos originados por estos programas han ``inflado'' los recursos fiscales que le han sido asignados al IPAB desde su creación en 1999.

12. Que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha permitido que los Bancos registren a estas obligaciones a cargo del IPAB, como parte del Activo de las instituciones bancarias.

13. Que el acuerdo firmado por los bancos y por la SHCP el pasado 15 de julio no cumple con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, ni mucho menos con el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso el 13 de Agosto de 2003, ya que carece de legitimidad, legalidad y transparencia.

14. Que esta situación no tiene razón de ser en virtud de que nuevamente el monto de ese activo esta sujeto a lo que se determine en las auditorías.

15. Que en suma las operaciones de capitalización y compra de cartera representan actualmente poco más de 160 mil millones de pesos.

16. Que es inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para ``subsidiar'' la operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a su consideración la siguiente

Iniciativa de reformas al artículo 68 fracción II de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Artículo 68

Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

II) Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta Ley, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca;

La modificación será para quedar como sigue:

Artículo 68

Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

II) Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación los cuales serán únicamente, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto haya asumido en los en los términos de esta Ley, exceptuado aquellos derivados de los programas de capitalización y compra de cartera, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca;

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia también recibió iniciativa que adiciona el artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, suscrita también por el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona el artículo 62-Bis de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Exposición de Motivos

Durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994 la economía mexicana mostró cierta estabilidad lo que provocó una fuerte expansión crediticia del sistema financiero.

El mecanismo dependía totalmente de dos supuestos fundamentales:

a) Tasa de interés a la baja, o cuando menos niveles similares a los existentes cuando se contrataba el crédito; y

b) Incremento real a través del tiempo del ingreso de quienes obtenían el crédito.

Sin embargo, la crisis financiera que estalló en el país a finales de 1994, rompió los dos supuestos fundamentales del esquema y cambió el contexto de estabilidad observado entre 1990 y 1994 por uno de incertidumbre, con inflación y devaluación para los años posteriores.

De esta manera tan sólo en 1995 el salario mínimo real se redujo en más de 14% y la tasa de interés activa se situó en niveles cercanos al 100%, aunado a que se incrementó el desempleo de manera alarmante.

Durante el período comprendido entre 1995 y 1998 se crearon varios programas para ayudar y alentar a los deudores a pagar sus créditos pendientes, lo cual ayudaría a los bancos a mejorar la calidad de su cartera y a mantener sus flujos de efectivo.

Sinembargo a lo largo del periodo que mencionado el contexto macroeconómico fue caracterizado por una elevada inflación y una caída sistemática en los salarios reales.

Ante el problema generado por el disparo abrupto de las tasas de interés, inflación y el deterioro del ingreso real de los deudores, se propuso utilizar el esquema de Unidades de Inversión (Udis) adecuar la vigencia de los créditos (plazo), así como la tasa de interés.

Sin embargo el contexto macroeconómico en el que fue implementado, provoco que al utilizar las Udis como unidad de cambio, se incorporara la inflación al valor de la deuda con lo que se actualizó su valor y se combinó con una persistente caída del ingreso, por lo que el problema de los deudores lejos de mejorar; empeoró.

Debido a la profundidad de la crisis, adicional a la aplicación del esquema Udis, las autoridades financieras implementaron programas de apoyo a deudores, el programa ADE y Punto Final fueron algunos de ellos, en dichos programas se buscaba aligerar el peso de la deuda a los deudores, que ya se encontraban bajo el esquema de las Udis. En particular el Programa de Apoyo a Deudores, ofreció descuentos en principio del 30% en el pago mensual de la deuda, lo que fue equivalente a reducir el servicio de la deuda y no el saldo deudor.

El programa fracasó por las siguientes razones:

A) Por el efecto que produce el esquema Udis, combinado con el deterioro del salario real, que se explicó anteriormente.

B) Los descuentos en el servicio de la deuda fueron temporales y cada vez menores, en los primeros meses los descuentos fueron equivalentes a reducir la tasa a niveles cercanos al 5%. Sin embargo en octubre de 1996 se incrementó la tasa en más de un punto y posteriormente se redujeron los descuentos.

C) Finalmente, las reducciones no se hicieron en el saldo deudor, sino sólo en el servicio de la deuda, lo que provocó un efecto transitorio y no permanente.

Las Administradoras de Cartera

Como resultado del proceso de Rescate Bancario el Fobaproa heredó al IPAB la totalidad de la operaciones de compra de cartera que realizó, quedando en un principio bajo la administración del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, bajo el cual conforme a su Ley, se regirían todas las operaciones de venta de activos que realizara el Instituto.

El programa de enajenación de bienes, emanado del Título III capitulo II y del artículo décimo tercero transitorio, de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, contemplo la aparición de entidades privadas, llamadas ``Administradoras de Cartera'' como los organismos intermediarios y especializados que adquirirían éstas carteras directamente del IPAB y las ``cobrarían'' a los deudores.

Este marco jurídico ha provocado que, las administradoras de cartera, hayan encontrado un clima propicio para ``lucrar`` con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios y adquiriendo cartera que en promedio le ha permitido recuperar al IPAB sólo en promedio 17 centavos de cada peso vendido, cifra muy por debajo del 30% que alguna vez, estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.

Por si lo anterior fuera poco, las administradoras de cartera a su vez, están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de 80 centavos, esto es están cuatriplicando el precio de adquisición y con ello el costo para los deudores que se acercan a éstas administradoras a reestructurar sus créditos.

Lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera cómo los grandes beneficiados del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con un descuento de 83% en promedio, este margen se ha traducido en un beneficio directo para las administradoras y no para los deudores, pues gracias a esto el IPAB ha dejado de recibir aproximadamente 48,000 millones de pesos en lo que va del año, y los deudores no han podido recomprar su deuda en el precio al que está vendiendo el IPAB.

Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a fin de que se encuentre en la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de ``derecho al tanto''.

Por todo lo anterior el suscrito, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración la siguiente

Iniciativa de ley que adiciona el Artículo 62-Bis de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

Artículo 62-Bis.-

Cuando los bienes definidos en el artículo 61 de ésta Ley, se refieran a créditos que hayan sido otorgados por las instituciones bancarias, entre 1994 y 1998 y cuyo monto original no hubiese sido mayor de 1,000,000 de pesos, el Instituto deberá enajenarlos de manera directa.

Para ello, el Instituto elaborará un Programa que deberá sujetarse a los siguientes criterios generales:

I) El programa que llevará a cabo el Instituto deberá ser autofinanciable, es decir, que el Instituto incorporará dentro del precio de venta de la cartera en cuestión, los gastos administrativos adicionales que el programa le genere.

II) Con objeto de reducir los gastos administrativos el Instituto deberá gestionar con las instituciones bancarias y con la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el aprovechamiento de la infraestructura disponible de tal manera que coadyuven en la implementación del Programa, para servir como ventanilla de gestión.

III) En reciprocidad al apoyo recibido durante el rescate bancario, los bancos no podrán cobrar comisión alguna por el apoyo otorgado en la operación de este programa.

IV) El Instituto publicará listas pormenorizadas de los créditos que se encuentren en la situación descrita en este artículo, de manera tal, que los deudores puedan enterarse y asistir a las oficinas bancarias o de la Condusef, a iniciar el proceso de recompra de sus créditos.

V) El precio de venta de la cartera a que se refiere este artículo no podrá exceder de los 35 centavos por cada peso, al valor original del crédito.

VI) Si los créditos referidos se encuentran dentro de las ``Transacciones Reportables'' los bancos asumirán el 100% del descuento a que se refiere la fracción V de estas reglas generales.

VII) Ninguna persona física o moral que sea de reconocida solvencia económica bajo ninguna circunstancia podrá participar en este programa, aún cuando sus deudas se encuentren dentro de las carteras referidas en el artículo 62-Bis de ésta Ley.

VIII) Cuando la cartera a que se refiere el artículo 62-Bis de ésta Ley haya sido cedida en administración a alguna ``administradora de cartera'' el Instituto la recuperará y la incorporará al Programa.

IX) Cuando la cartera referida en el artículo 62-Bis haya sido vendida por el Instituto, a alguna administradora de cartera, el Instituto la recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió.

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR
de la federacion

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, suscrita también por el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Antecedentes

A lo largo de la historia la rendición de cuentas de los gobiernos a las sociedades ha sido un elemento presente en el desarrollo de las instituciones que intervienen en los procesos que otorgan la gobernabilidad a las naciones.

En nuestro país, la rendición de cuentas, se remonta al año de 1453, cuando el Tribunal Mayor de Cuentas, se encargaba de inspeccionar a la Hacienda Real, de la propia España.

Tres siglos después, en el año de 1824 se estableció en nuestra Constitución Política, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, para determinar el gasto público, las contribuciones fiscales para ello, y revisar anualmente las cuentas gubernamentales.

Para ello se suprimió al Tribunal Mayor de Cuentas y se creó a la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Cámara de Diputados y con el objetivo de vigilar y revisar, las cuentas que presentaba el titular de la hacienda pública.

Desde ese entonces; el mundo y los gobiernos evolucionaron de manera vertiginosa, y la rendición de cuentas fue adquiriendo cada vez mayor importancia sobre todo en las nuevas democracias.

De hecho la rendición de cuentas se ha convertido en el elemento central de las democracias, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder garantizando con ello, que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia.

La rapidez con la que evolucionaron los gobiernos y con ellos las exigencias sobre la manera de presentar sus resultados a las sociedades, rebasaron por mucho, al marco jurídico y operacional de los órganos de los gobiernos encargados de revisar los resultados que entregaba la hacienda pública.

El proceso de rendición de cuentas, requirió cada vez más de modificar los esquemas rígidos de revisión y evaluación de los resultados presentados, por procesos ágiles y flexibles que permitiesen el diseño y de indicadores que permitiesen medir el desempeño cualitativo de la gestión gubernamental.

Si bien es cierto que la evaluación cuantitativa de la hacienda pública continúa permaneciendo como un indicador muy importante en la revisión de la gestión gubernamental, un nuevo elemento; la evaluación cualitativa ha cobrado cada vez más importancia en la rendición de cuentas de los gobiernos en el mundo, principalmente en las democracias modernas.

Rendir cuentas, es el acto de estar disponible por obligación, para informar acerca del cumplimiento de nuestras obligaciones.

Estas nuevas exigencias han obligado a modificar los procesos de revisión, análisis y evaluación de la gestión gubernamental yendo más allá de la propia hacienda pública.

El concepto rígido de la ``cantidad del gasto'' se ha ido modificando y apunta cada vez más hacia la ``calidad del gasto''; esto ha obligado a introducir en los procesos de revisión y de evaluación de la gestión gubernamental, indicadores que midan la eficiencia y la eficacia de las obligaciones que tienen los gobiernos y que llevan a cabo con el ejercicio de los recursos públicos.

Esta nueva concepción ha llevado a modificar el objetivo mismo, de la fiscalización, que es el acto mediante el cual ``se determina y califica esta gestión gubernamental, obligando a la nueva fiscalización a convertirse en una acción dinámica que continuamente este desarrollando procesos que permitan dar sustento a la evaluación eficaz y eficiente de los gobiernos y de sus órganos gubernamentales.

México no ha sido ajeno a esta dinámica, y sin lugar a dudas una de las actividades en dónde el Poder Legislativo ha logrado mayores avances en los últimos años, lo ha sido el de la Fiscalización Superior.

De esta manera, en noviembre de 1995 el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya finalidad consistía en crear un nuevo órgano fiscalizador de la gestión gubernamental, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, el cual se denominaría Auditoría Superior de la Federación.

Entre algunos de los objetivos de la iniciativa destacaron: la modernización en su función pública; el ejercicio de la transparencia y la puntualidad en la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos; fungir como un auténtico órgano de auditoria superior independiente del Ejecutivo, con autonomía técnica e imparcialidad en sus decisiones y que fuera reconocido por la ciudadanía en general.

En otras palabras, la nueva Ley de Fiscalización Superior exige nuevas formas para medir la eficiencia y la eficacia de la fiscalización sobre la gestión pública, estableciendo la posibilidad de que la propia Auditoria Superior de la Federación inicie procedimientos administrativos y querellas contra aquellos funcionarios públicos que no cumplan con las observaciones de la entidad fiscalizadora.

Sin embargo la actual Ley de Fiscalización Superior no establece claramente el tiempo que tendrán los entes fiscalizados para cumplir con las observaciones derivadas de las Revisiones de la Cuenta Pública.

Si bien es cierto que el articulo 52 de la Ley en comento establece un plazo improrrogable de 45 días para la solventación de las observaciones del Auditor Superior, el conteo de este plazo se suspende cuando una entidad fiscalizada ``atiende'' aunque de manera incompleta los señalamientos del ente fiscalizador.

Esta pequeña indefinición jurídica ha permitido que a la fecha existan observaciones que la ASF ha realizado desde 1999 y que aún están pendientes de atender, prueba de ello son los más de 44 mil 556.2 millones de pesos, de observaciones pendientes de solventación como resultado de la Revisión de la Cuenta Pública del 2001, y más de 109 pliegos de observaciones sin solventar derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de 1994 al 2000.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a su consideración la siguiente

Iniciativa de reforma al artículo de la 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo 52.- Dice:

Los Poderes de la Unión y entes públicos federales, dentro de un plazo improrrogable de 45 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventar las observaciones, iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se refiere el siguiente capítulo, y, en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos de esta Ley.

Se añade un segundo párrafo:

El conteo de este plazo no se suspenderá cuando una entidad fiscalizada responda de manera incompleta a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El suscrito diputado federal en la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que se dispone en los Artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa que reforma el artículo 150 de la ley federal de derechos de autor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En diversas ocasiones, se ha traído ha esta tribuna el tema de los derechos de autor en aras de protegerlos y de evitar su explotación abusiva. La propiedad intelectual y sus derechos consecuentes son un bien jurídicamente tutelado que merece ser protegido con toda probidad.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, hoy propongo las siguientes modificaciones, en aras de perfeccionar la legislación federal vigente, dando así respuesta a un importante sector de la sociedad.

Con la reforma a esta disposición se pretende establecer con claridad que sólo procederá el pago de regalías, cuando la persecución pública persiga un fin de lucro; para lograr esto se propone eliminar del primer párrafo la frase ``de manera conjunta'', pues la forma en que se encuentra redactada en el texto de la ley resulta redundante.

Asimismo, procede derogar la parte final de fracción II, que establece como requisito para no pagar regalías, que la ejecución pública ``no forme parte de un conjunto de servicios''. Condición que se establece al lado de otra totalmente distinta, relativa a que no se efectúe un cobro para ver u oír una transmisión; pero separadas por la conjunción disyuntiva ``o'', que expresa separación, diferencia entre dos o más personas, cosas o ideas (Diccionario para juristas, Juan Palomar de Miguel, pág. 924, Edo. Mayo, 1981). De tal manera, que de acuerdo con el texto de la citada fracción II, se comprende que puede cumplirse con cualquiera de las condiciones que se han mencionado; pues si la intención del legislador hubiera sido que se cumpliera con ambas, en el texto de la fracción II se hubiera usado la conjunción copulativa ``y''. En este sentido, al proponerse en el proyecto la derogación de la segunda condición, alternativa, contenida en la parte final de la multicitada fracción II, se logra una mayor claridad del texto del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor, cuyo espíritu, sin ligar a dudas, es exceptuar del pago de regalías la ejecución pública sin fines de lucro.

En efecto, en la fracción I del citado artículo 150 se establece como un primer requisito, para que la ejecución pública no de lugar al pago de regalías, ``que la misma se haga ``mediante la comunicación recibida directamente en un aparato de radio o televisión de los que comúnmente se utilizan en el domicilio privado''. Añadiendo en su fracción II, que no se cobre por ver u oír la transmisión; por lo que resulta inexplicable y sorpresivo que al lado de esta última condición, se establezca, además, que dicha ejecución no forme parte de un conjunto de servicios; ya que, de la impresión de que esta última condición se agregó con el único fin de ocultar el verdadero espíritu del artículo 150. En este sentido, la derogación que se propone de la condición atinente a que dicha ejecución no forme parte de un conjunto de servicios resulta muy conveniente, pues acaba con la ambigüedad de dicha disposición, lo que ha permitido a las Sociedades de Gestión hacer un uso abusivo de su derecho.

La derogación de la fracción IV, del artículo 150 no sólo es conveniente sino necesaria, pues en dicha fracción se hace referencia a ``causantes de menores'', que ya desparecieron de nuestro régimen fiscal desde el año 1997, fecha en que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se reformó, para acabar con los llamados ``causantes menores'', por lo que su referencia en la Ley Federal de Derechos de Autor es letra muerta y, por tanto, es necesaria su derogación.

Lo mismo sucede con la referencia que se hace de las microindustrias, ya que no se establece en la Ley el sentido y alcance de este término, ni se menciona la ley a la que habrá de remitirse para lograr su comprensión, razón por la cual su derogación es muy conveniente.

Por último, es importante destacar que en artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor se define la ejecución o representación pública, como la ``presentación de una obra por cualquier medio oyente o espectadores sin restringirla a un grupo privado o circulo familiar''. De acuerdo con esta disposición, para que exista la ejecución pública de la música en un establecimiento de hospedaje, es claro que el hostelero, debe poner de que no se da con la simple instalación de aparatos de radio o televisión y mucho menos, cuando estos aparatos son los que se utilizan comúnmente en un domicilio privado, tal como se determina en su artículo 150, fracción I, de la ley que se comenta.

Por lo anterior, resulta paradójico que se pretenda cobrar regalías por una supuesta ejecución pública que de ninguna manera se da con los establecimientos comerciales. En este sentido, resulta evidente que procederá el pago de regalías, cuando se promueva en cualquier establecimiento un espectáculo deportivo o musical, en los cuales, inclusive, se cobre para poder presenciar dicho espectáculo, caso en el cual si se da el lucro y por lo tanto, deben pagarse los Derechos de Autor; pero pretender el cobro de regalías por el hecho de instalar un aparato de radio o televisión en un establecimiento comercial, es pretender exigir el cumplimiento de una obligación por la conducta que realiza un tercero, en este caso el huésped, que es quien determina si pretende o no la radio o la televisión.

A manera de conclusión, puede sostenerse que sólo procederá el pago de regalías, cuando exista el ánimo de lucro, quedando excluido de este pago la ejecución pública de la música, que cumpla con los requisitos que se mencionan en el artículo 150 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en los términos de la reforma que se propone, que de aprobarse, acabaría con un ancestral problema cuya fuente se encuentra precisamente en la falta de claridad de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el presente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:

Decreto

Único. Se reforman y adicionan el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor y se deroga la fracción IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 150. No se causarán regalías por ejecución pública, cuando no exista lucro. Para efectos de esta disposición se considera que no existe lucro cuando concurran las siguientes circunstancias:

I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente en un aparato monorreceptor de radio o televisión.

II. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión.

III. No se retransmita la transmisión recibida.

IV. Se deroga.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica).»

Es cuanto y gracias, compañeros diputados. Gracias, señor Presidente diputado.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted diputado Francisco Monárrez Rincón.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Cultura.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra, a continuación, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de maternidad.

La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

El convenio 103 de la Organización Internacional de Trabajo sobre protección de la maternidad adoptado en el año 1952, determina los derechos básicos de las mujeres trabajadoras respecto a su maternidad y es el único instrumento internacional que sirve de referente mínimo para todos los países.

La importancia de este convenio, es mayor en los países de economías menos desarrolladas cuyas legislaciones laborales no recogen estos principios mínimos y en otros más desarrollados pero con menos derechos consolidados.

Desde 1952 a la fecha muchos cambios se han dado en la vida de las mujeres y en particular en su inserción en el mercado laboral. Las mujeres se encuentran presentes en todos los campos del desarrollo de la humanidad; las vemos en la industria, en el comercio, en la tecnología, en la ciencia, en las comunicaciones, en las finanzas, en el gobierno, en la política.

Sus contribuciones al ingreso familiar son parte esencial en el mantenimiento de la familia; en muchos casos su único sostén. La mujer actual ya no sólo desempeña las funciones relacionadas a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado del hogar, sino que hoy constituye una fuerza activa y ascendente en todos los campos de la actividad económica.

Las madres dedican una parte muy importante de su vida al cuidado y a la formación de sus hijas e hijos, que son el capital humano esencial en el desarrollo del país.

Para facilitar que las madres trabajen es necesario que exista un buen sistema de guarderías que permitan el sano desarrollo de las niñas y niños mientras sus madres se de-sempeñan en el mercado laboral, entre otros elementos.

Sin embargo, en términos generales, en nuestro país hacen falta otros factores necesarios para que las mujeres se de-senvuelvan en ámbitos diferentes al doméstico.

Muchas madres mexicanas, además del cuidado que proporcionan diariamente a sus hijos y al hogar, participan activamente en el mercado de trabajo y generan ingresos para sus familias.

Sin embargo, casi 13 de cada 100 mujeres madres que trabajan no reciben ningún ingreso, destinando el total de sus esfuerzos al bienestar de toda la familia.

La mayor presencia de madres en el mercado de trabajo trae consigo la necesidad de crear las condiciones necesarias que minimicen los riesgos de la mujer durante el embarazo y el parto y le faciliten el cuidado y atención de los hijos y de su salud después del parto, sin tener que dejar de gozar de sus derechos laborales.

En este sentido es importante tener presentes los resultados de estudios internacionales, los cuales estiman que el 21 por ciento de la mortalidad materna se podría prevenir con asistencia médica durante el periodo del puerperio, que comprende la atención al parto y la vigilancia médica de la mujer en los 42 días inmediatamente posteriores.

Las defunciones relacionadas con complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio se sitúan entre las principales causas de muerte de las mujeres en edad fértil. Aun cuando se observa un descenso en los niveles de la mortalidad materna, todavía constituye un problema importante de salud pública. Asimismo, entre las causas que con más frecuencia producen alguna discapacidad están los trastornos congénitos no genéticos relacionados con enfermedades o alteraciones durante estas 3 etapas de la mujer durante su vida fértil.

Por otro lado, los datos de organismos oficiales como el INEGI y la Conapo nos permiten apreciar que en el año 2001 la mitad de las defunciones de menores de un año se debieron a afecciones originadas en el periodo perinatal, lo cual indica la imperiosa necesidad de mejorar la calidad y la oportunidad de la atención del embarazo y el parto.

Todo lo anterior sugiere, además de la necesidad de mejorar en la cobertura y calidad de los servicios de salud reproductiva, poner mayor atención en los casos de las madres trabajadoras que requieren de un periodo de tiempo suficiente después del parto para recuperarse y poder estar al cuidado de sus hijos recién nacidos, lo que les permitirá reincorporarse a sus funciones laborales en condiciones favorables de salud y de mejor disponibilidad para desempeñar sus tareas asignadas.

El tiempo que una madre pasa con su recién nacido es de vital importancia, ya que esta vinculación madre-hijo se puede describir como una relación simbiótica, que es básicamente física y que es mediante la cual la madre, con su amor, da a su hijo seguridad y confianza por medio de los estímulos similares a la experiencia de la vida intrauterina.

Está comprobado que el hecho de no permitir a la madre y a su bebé recuperarse juntos de la situación impactante vivida por ambos traumatiza el equilibrio de ambos. Después del nacimiento, el tiempo que el bebé tiene que sobrevivir alejado de la madre, implica para él una agonía y un miedo de muerte.

Lo que sabemos con certeza es que para sobrevivir a este dolor tan profundo, el niño convertirá su sentimiento de dolor en ira. En el recién nacido sus características de personalidad se encuentran intactas y en su forma original. Así, lo que recibe del exterior le provoca dolor por la separación con la madre, provocando que experimente soledad y abandono, desconfianza que lo acompañará el resto de su vida.

Este proceso se conoce como el trastorno de vinculación, uno de los orígenes del autismo. Esta vinculación decisiva para el ser humano dará la pauta a éste, para desenvolverse en el futuro con otras personas.

Esta realidad, aunada a la lucha de las mujeres por la exigencia y defensa de sus derechos, ha sido determinante para que las legislaciones laborales internacionales y nacionales tomen medidas tendientes a eliminar las normas discriminatorias para las mujeres en este campo y adecuar las relacionadas con la protección a la maternidad.

Por todo esto la presente iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170, agregando la fracción VIII, con objeto de permitirle a la mujer trabajadora gozar de un periodo de 8 semanas de descanso después del parto, para que cuide de su salud y la de sus hijos, en el caso que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, por parte múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora, además de que tengan derecho a percibir su salario íntegro durante dicho periodo.

La relación que existe entre el trabajo y la familia, en especial para las mujeres, es un equilibrio que debemos de buscar, el balancear por un lado la responsabilidad del matrimonio y de los hijos e hijas y el trabajo doméstico no remunerado y por el otro la educación formal, la participación en la fuerza laboral remunerada y la seguridad financiera independiente, es una característica central de las estrategias de supervivencia.

Por ello los y las legisladoras de Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de programas de capacitación para la búsqueda de empleo y para un mejor desempeño y crecimiento del trabajador, de un sistema de calidad de la educación y una reforma laboral con enfoque de género que prohíba todo tipo de discriminación por estado civil o responsabilidades familiares e incluya el asegurar el hostigamiento sexual, horarios flexibles, permisos por paternidad y maternidad, embarazos múltiples y, sobre todo, prestaciones sociales.

Estos son temas necesarios incluir en la agenda laboral y legislativa para el equilibrio de las responsabilidades familiares y de trabajo.

Por todo esto el grupo parlamentario de Acción Nacional se ha preocupado por hacer propuestas relacionadas a estos temas y por ella, compañeras y compañeros legisladores, los invito a sumarse a este esfuerzo por disminuir la discriminación en el campo laboral y contribuir a que las madres trabajadoras cuenten con el tiempo necesario para cuidar y atender a sus hijos después del parto, sobre todo en el caso que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, por parto múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora.

Recordemos que esta acción legislativa puede incidir favorablemente en los índices de mortalidad infantil y en las enfermedades infecciosas relacionadas con el parto.

Agradezco su atención y dejo el texto íntegro para que sea insertado.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de maternidad, a cargo de la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada Blanca Gámez Gutiérrez, perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

El Convenio 103 de la OIT sobre Protección de la maternidad adoptado en el año 1952 determina los derechos básicos de las mujeres trabajadoras respecto a su maternidad, y es el único instrumento internacional que sirve de referente mínimo para todos los países. La importancia de este convenio es mayor en los países de economías menos desarrolladas cuyas legislaciones laborales no recogen estos principios mínimos y en otros más desarrollados pero con menos derechos consolidados.

Desde 1952 a la fecha, muchos cambios se han dado en la vida de las mujeres y en particular en su inserción en el mercado laboral. Las mujeres se encuentran presentes en todos los campos del desarrollo de la humanidad las vemos en la industria, en el comercio, en la tecnología, en las ciencias, en las comunicaciones en las finanzas, en el gobierno, en la política. Sus contribuciones al ingreso familiar son parte esencial del mantenimiento de la familia, en muchos casos su único sostén. La mujer actual ya no solo desempeña las funciones relacionadas a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado del hogar, sino que hoy constituye una fuerza activa y ascendente en todos los campos de la actividad económica.

Las madres dedican una parte muy importante de sus vidas al cuidado y a la formación de sus hijos e hijas, que son el capital humano esencial en el desarrollo del país. Para facilitar que las madres trabajen, es necesario que exista un buen sistema de guarderías que permitan el sano desarrollo de los niños y niñas mientras sus madres se desempeñan en el mercado laboral, entre otros elementos. Sin embargo, en términos generales, en nuestro país hacen falta otros factores necesarios para que las mujeres se desenvuelvan en ámbitos diferentes al doméstico.

Muchas madres mexicanas, además del cuidado que proporcionan diariamente a sus hijos y al hogar, participan activamente en el mercado de trabajo y generan ingresos para sus familias. En el año 2000 las madres trabajadoras sumaban 8.5 millones, lo que representó poco más de la quinta parte de la población económicamente activa y 63 por ciento de la población económicamente activa femenina. Sin embargo, casi 13 de cada 100 mujeres madres que trabajan no reciben ningún ingreso, destinando el total de sus esfuerzos al bienestar de toda la familia.

La mayor presencia de madres en el mercado de trabajo trae consigo la necesidad de crear las condiciones necesarias que minimicen los riesgos de la mujer durante el embarazo y el parto, y le faciliten el cuidado y atención de los hijos y de su salud después del parto, sin tener que dejar de gozar de sus derechos laborales.

En ese sentido, es importante tener presentes los resultados de estudios internacionales los cuales estiman que 21% de la mortalidad materna se podría prevenir con la asistencia médica durante el periodo del puerperio, que comprende la atención al parto y la vigilancia médica de la mujer en los 42 días inmediatamente posteriores.

Las defunciones relacionadas con complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, se sitúan entre las principales causas de muerte de las mujeres en edad fértil. Aún cuando se observa un descenso en los niveles de la mortalidad materna, todavía constituye un problema importante de salud pública. Asimismo, entre las causas que con más frecuencia producen alguna discapacidad están los trastornos congénitos no genéticos relacionados con enfermedades o alteraciones durante estas tres etapas de la mujer durante su vida fértil.

Por otro lado, los datos de organismos oficiales como el INEGI y la Conapo nos permiten apreciar que en el año 2001 la mitad de las defunciones de menores de un año, se debieron a afecciones originadas en el periodo perinatal, lo cual indica la imperiosa necesidad de mejorar la calidad y la oportunidad de la atención del embarazo y parto.

Todo lo anterior sugiere, además de la necesidad de mejorar en la cobertura y calidad de los servicios de salud reproductiva, poner mayor atención en los casos de las madres trabajadoras que requieren de un periodo de tiempo suficiente después del parto para recuperarse, y poder estar al cuidado de sus hijos recién nacidos, lo que les permitirá reincorporarse a sus funciones laborales en condiciones favorables de salud y de mejor disponibilidad para desempeñar sus tareas asignadas.

El tiempo que una madre pasa con su recién nacido, es de vital importancia, ya que está vinculación madre-hijo, se puede describir como una relación simbiótica (lo cual quiere decir que ambos se necesitan y se prestan un servicio), que es básicamente física y que es mediante la cual la madre, con su amor, da a su hijo seguridad y confianza por medio de los estímulos similares a la experiencia de la vida intrauterina.

Está comprobado que el hecho de no permitir a la madre y a su bebé recuperarse juntos de la situación impactante vivida por ambos traumatiza el equilibrio de ambos.

Después del nacimiento, el tiempo que el bebé tiene que sobrevivir alejado de la madre implica para él una agonía y un miedo de muerte.

Lo que sabemos con certeza es que para sobrevivir a este dolor tan profundo, el niño convertirá su sentimiento de dolor en ira.

En el recién nacido sus características de personalidad se encuentran intactas y en su forma original. Así, lo que recibe del exterior le provoca dolor por la separación con la madre, provocando que experimente soledad y abandono; desconfianza que lo acompañará el resto de su vida.

De tal manera empiezan a activarse los mecanismos de defensa contra el sufrimiento.

Este proceso se conoce como el trastorno de vinculación; uno de los orígenes del autismo.

Esta vinculación decisiva para el ser humano dará la pauta a éste para desenvolverse en el futuro con otras personas.

Esta realidad aunada a las luchas de las mujeres por la exigencia y defensa de sus derechos, ha sido determinante para que las legislaciones laborales, internacionales y nacionales, tomen medidas tendientes a eliminar las normas discriminatorias para las mujeres en este campo, y adecuar las relacionadas con la protección a la maternidad.

Por todo esto, la presente iniciativa busca modificar la legislación laboral con el objeto de permitirle a la mujer trabajadora gozar de un período de 8 semanas de descanso después del parto, para que cuide de su salud y la de sus hijos en el caso que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, por parto múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora, además de que se propone que tenga derecho a percibir su salario íntegro durante dicho periodo.

La relación que existe entre el trabajo y la familia, en especial para las mujeres es un equilibrio que debemos buscar. El balancear por un lado las responsabilidades del matrimonio y de los hijos e hijas, y el trabajo doméstico no remunerado, y por el otro la educación formal, la participación en la fuerza laboral remunerada y la seguridad financiera independiente, es una característica central de las estrategias de supervivencia.

Por ello, las y los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de programas de capacitación para la búsqueda de empleo, y para un mejor desempeño y crecimiento del trabajador, de un sistema de calidad de la educación, y una reforma laboral con enfoque de género que prohíba todo tipo de discriminación por estado civil o responsabilidades familiares e incluya la figura del hostigamiento sexual, horarios flexibles, permisos por paternidad y maternidad, embarazos múltiples, y sobre todo, prestaciones sociales.

Estos, son temas necesarios de incluir en la agenda laboral y legislativa para el equilibrio de las responsabilidades familiares y de trabajo. Por todo esto el grupo parlamentario de Acción Nacional se ha preocupado por hacer propuestas relacionadas a estos temas, y por ello compañeras y compañeros legisladores los invito a sumarse a este esfuerzo por disminuir la discriminación en el campo laboral, y contribuir a que las madres trabajadoras cuenten con el tiempo necesario para cuidar y atender a sus hijos después del parto, sobretodo en el caso que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, por parto múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora. Recordemos que esta acción legislativa puede incidir favorablemente en los índices de mortalidad infantil y en las enfermedades infecciosas relacionadas con el parto.

Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.- Se reforma la fracción V y se adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a IV. ...

V. Durante los periodos de descanso a que se refieren las fracciones II y VIII, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;

VI. a VII. ...

VIII. En el caso que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, por parto múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora el tiempo que sea necesario, el descanso será de ocho semanas posteriores al parto previa presentación del certificado médico correspondiente.

Artículos Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.

Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DEL MERCADO DE VALORES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra la compañera diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora Presidenta.

Los suscritos, diputados federales a la...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputada. Ya. Es que no estaba el reloj activado. Ya está, adelante.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: ...LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos a ustedes esta iniciativa que es un proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los fondos triangulados entre la Lotería Nacional, el fideicomiso público Transforma México y la asociación civil Vamos México, exhibió recientemente en toda su crudeza la situación en que se encuentran muchos fideicomisos públicos. Se debe recordar que la Fundación Vamos México fue beneficiada por triangulaciones de recursos procedentes de la Lotería Nacional.

A la opinión pública no lograron burlarla; conocemos bien cómo funcionan quienes cometen esos actos absolutamente inmorales e ilegales.

Por ello compete a esta Cámara de Diputados llevar a cabo las reformas que son necesarias a los cuerpos normativos aplicables, a fin de impedir que en lo futuro se continúen manejando los fideicomisos que se constituyen con dinero público, con dinero del pueblo de México en forma cínica e inmoral, cual si fuera la caja chica y escondida de funcionarios venales, de instituciones cercanas a ellos, que conocedores del sistema, se benefician de todos los defectos, lagunas y laberintos. Por esto los fideicomisos públicos, escudados en el secreto bancario, son una burla al incipiente sistema de acceso a transparencia a la información pública, al principio de rendición de cuentas, al principio de justicia y al de responsabilidades de los servidores públicos.

El método es perverso y al mismo tiempo ideal para disponer indebidamente de recursos públicos. Se crea un fideicomiso con dinero del erario, se instala un confiable consejo de administración formado por buenos, confiables y cercanos amigos del funcionario, quien promueve el fideicomiso. Si dichos amigos son a su vez miembros directivos de una organización civil muchísimo mejor, ya llegará el momento para triangular los recursos que el consejo de administración del fideicomiso generosamente donará a la asociación civil.

Como antes se mencionó, en el caso del fideicomiso Transforma México fueron tres organizaciones civiles las que se prestaron a la triangulación de fondos para Vamos México. La ley que se propone reformar hace inaccesible para los legisladores y los órganos de fiscalización la información relativa al uso y administración de recursos de los fideicomisos públicos porque están considerados como secreto bancario.

En México prevalece la resistencia a rendir cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, particularmente en dos sectores que reciben dinero federal: titulares de fideicomisos o fondos que aducen de manera amañada al secreto fiduciario para evadir su responsabilidad de abrir sus libros.

En las últimas décadas el Gobierno Federal constituyó y operó fideicomisos y fondos públicos sin que nadie supiera cómo se manejaban, quién los financiaba o a dónde se destinaban los recursos. De esta forma las entidades y organismos gubernamentales podían disponer de recursos públicos y privados sin la vigilancia y supervisión de los órganos de control del Estado, lo que provocó múltiples irregularidades en su administración con el consecuente daño patrimonial por el desvío de recursos y el gasto discrecional que hacían y que hacen los funcionarios encargados de manejarlos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en el segundo trimestre de 2004 el Gobierno Federal ha constituido 288 fondos y fideicomisos de diversa naturaleza, donde se involucran recursos del erario por 129 mil 796 millones de pesos.

Los relativos al financiamiento rural y protección civil, como es el fideicomiso de Financiera Rural y el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, que involucran recursos por 5 mil 793 millones de pesos. Luego los de infraestructura, donde destaca el Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y también los fideicomisos denominados como ``Otros'', según el informe, donde se encuentra el Fondo de Estabilización de los precios del petróleo que involucra recursos por 7 mil 725 millones de pesos y otros cuyo monto no es significativo, lo cual no quiere decir que no deba ser, como todos, manejados con transparencia y objeto de vigilancia por la Auditoría Superior de la Federación.

Tenemos otros recursos destinados por el gobierno a dos fideicomisos que poseen estructura: El Farac, el Fideicomiso de Administración del Rescate de Autopistas de Cuota e Isosa, Integradora de Servicios Operativos. En ambos casos cobijándose en el secreto fiduciario que se conozca el manejo y destino de los recursos.

Esto se ha impedido por lo que la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados y su órgano de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, están imposibilitadas para revisar la transparencia en los fideicomisos gubernamentales.

La empresa Isosa se encuentra protegida por dos fideicomisos privados: por IASA y por COSISA. Asimismo el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero para administrar y operar las empresas azucareras y el fideicomiso Fico, cuya constitución no tiene un sustento claro en el artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y van en contra del artículo tercero transitorio del decreto expropiatorio de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Con nuestra propuesta se establece la posibilidad de transparentar la gestión pública y hacer efectiva la rendición de cuentas a los ciudadanos. Consideramos que es indispensable garantizar el acceso y la divulgación de la información relativa al manejo, administración, transparencia y asignación de recursos públicos federales, incluidos aquéllos con los que se realizan operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales, por lo que no se debe clasificar esta información como reservada.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Mercado de Valores.

El Artículo Primero dice: Se reforma el primer párrafo del artículo 117, para quedar como sigue:

``Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiarios que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado; el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria ---y aumentamos--- en ejercicio de sus facultades de comprobación, también el Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas, la Secretaría de la Función Pública con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos y la Auditoría de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior''.

La otra modificación se refiere a la Ley del Mercado de Valores, donde dice:

``Las casas de bolsa en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, sino al titular o beneficiario, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en ellas, salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado.''

Nosotros agregamos:

``En ejercicio de sus facultades, al Servicio de Administración Tributaria, al Ministerio Público de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública con motivo de procedimiento administrativo y a la Auditoría Superior de la Federación en la revista de la Cuenta Pública.

Para en el caso de la información de facultades de comprobación, el Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas, la Secretaría de la Función Pública.''

Artículos Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 9 de noviembre de 2004.

Señora Presidenta, solicitamos que se publique el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los fondos triangulados entre la Lotería Nacional, el fideicomiso público Transforma México y la asociación civil Vamos México exhibió recientemente en toda su crudeza la situación en que se encuentran muchos fideicomisos públicos.

Se debe recordar que la Fundación Vamos México fue beneficiada por triangulaciones de recursos procedentes de la Lotería Nacional.

A la opinión pública no lograron burlarla, conocemos bien como funcionan quienes cometen estos actos absolutamente inmorales e ilegales. Por ello compete a esta Cámara de Diputados llevar a cabo las reformas que son necesarias a los cuerpos normativos aplicables a fin de impedir que, en lo futuro se continúen manejando los Fideicomisos, que se constituyen con dinero público con dinero del pueblo de México, en forma cínica e inmoral; cual si fueran la caja chica y escondida de funcionarios venales de instituciones cercanas a ellos que --conocedores del sistema-- se benefician de todos sus los defectos, lagunas y laberintos. Los fideicomisos públicos escudados en el secreto bancario son una burla al incipiente sistema de acceso y transparencia a la información pública, al principio de rendición de cuentas, al sistema de justicia y al de responsabilidades de los servidores públicos.

El método es perverso y al mismo tiempo ideal para disponer indebidamente de recursos públicos. Se crea un Fideicomiso con dinero del erario, instala un ``confiable consejo de administración'' formado por buenos, confiables y cercanos amigos del funcionario quien promueve el Fideicomiso; si dichos amigos son a su vez miembros directivos de una organización civil, muchísimo mejor. Ya llegará el momento para triangular los recursos que el Consejo de Administración del Fideicomiso, generosamente ``donará'' a la organización civil.

Como antes se mencionó, en el caso del Fideicomiso Transforma México, fueron tres organizaciones civiles las que se prestaron a la triangulación de fondos siendo el beneficiario final Vamos México.

La ley que se propone reformar hace inaccesible para los legisladores y los órganos de fiscalización, la información relativa al uso y administración de recursos de los fideicomisos públicos, porque están considerados como secreto bancario.

En México prevalecen la resistencia a rendir cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, particularmente en dos sectores que reciben dinero federal: titulares de fideicomisos o fondos que aducen de manera amañada al secreto fiduciario para evadir su responsabilidad de abrir sus libros.

En las últimas décadas el gobierno federal constituyó y operó fideicomisos y fondos públicos sin que nadie supiera cómo se manejaban, quién los financiaba o a dónde se destinaban los recursos.

De esta forma, las entidades y organismos gubernamentales podían disponer de recursos públicos y privados sin la vigilancia y supervisión de los órganos de control del Estado, lo que provocó múltiples irregularidades en su administración, con el consecuente daño patrimonial por el desvío de recursos y el gasto discrecional que hacían los funcionarios encargados de manejarlos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre de 2004, el Gobierno Federal ha constituido 288 fondos y fideicomisos de diversa naturaleza, donde se involucran recursos del erario por 129 mil 796 millones de pesos.

Los relativos al financiamiento rural y protección civil, como el fideicomiso de Financiera Rural con 14 mil 321 millones de pesos y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que involucran recursos por 5 mil 793 millones de pesos. Luego vienen los de infraestructura, donde destacan el Fideicomiso de Inversión en Infraestructura, que involucran recursos por 13 mil 75 millones de pesos, con el que se busca fomentar una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura básica.

Mientras que en los fideicomisos denominados como ``otros'', donde se encuentran el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, que involucra recursos por 7 mil 725 millones de pesos, y otros cuyo monto no es significativo; lo cual no quiere decir que no deban ser, como todos, manejados con transparencia y objeto de vigilancia por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, están los recursos destinados por el gobierno a los dos fideicomisos que poseen estructura: FARAC (Fideicomiso de Administración del Rescate de Autopistas de Cuota) e ISOSA (Integradora de Servicios Operativos).

En ambos casos se ha impedido, cobijándose en el secreto fiduciario, que se conozca el manejo y destino de los recursos. Por lo que, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y su órgano de fiscalización, la ASF, están imposibilitadas para revisar la transparencia en los fideicomisos gubernamentales.

Se debe recordar que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 2002, el SAT no proporcionó la información que se le solicitó, referente al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 y de la empresa ISOSA. En 2002 se detectaron irregularidades por 2 mil millones de pesos en los ingresos que se recaudan por el Derecho de Trámite Aduanero, que se cobra a importadores y exportadores y que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación, así como también desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria a la empresa ISOSA y al Fideicomiso Aduanas 1.

La empresa ISOSA se encuentra protegida por dos fideicomisos privados: Integradora de Activos (IASA) y Controladora de Servicios Integrales (Cosisa), del mismo modo que el Fideicomiso Aduanas 1, han permitido aislar de la fiscalización pública la información sobre su operación.

Por otra parte, en el caso del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), para administrar y operar las empresas azucareras expropiadas se crearon Promotora Azucarera, SA (Proasa) y el Fideicomiso Comercializador (Fico) cuya constitución no tiene un sustento claro en el artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y van en contra del artículo tercero transitorio del Decreto expropiatorio, de acuerdo con la ASF.

Para la ASF, existen fallas en la autorización de sesiones del comité técnico, además de ausencia de manuales de organización y procedimientos, en el registro contable y en el control de los recursos fiscales transferidos y ministrados a los ingenios azucareros. De manera que la ASF, estima un impacto económico de 15 millones 346 mil pesos por intereses recuperados y depósitos efectuados indebidamente en las cuentas de Fico por 12 ingenios de FEESA.

Asimismo, se ha planteado la necesidad de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) establezca nuevas reglas que obliguen a las dependencias federales a abrir la información sobre las cuentas bancarias, fideicomisos y fondos que estén constituidos con fondos públicos, por lo que las dependencias federales no podrían acogerse al secreto fiscal, bancario o fiduciario para negar información relativa a las operaciones que involucren el uso de recursos gubernamentales.

Se debe tener presente que son muchos los fideicomisos que se amparan en el secreto fiduciario para impedir la revisión de sus estados financieros, por lo que no se ha podido conocer los desvíos de recursos públicos a organismos privados. Sin embargo, esta situación no debe prevalecer tratándose de operaciones realizadas por el gobierno federal, y cuando existe la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

Con nuestra propuesta, se establece la posibilidad de transparentar la gestión pública y hacer efectiva la rendición de cuentas a los ciudadanos. Consideramos que es indispensable garantizar el acceso y la divulgación de la información relativa al manejo, administración, transferencia y asignación de recursos públicos federales, incluidos aquellos con los que se realizan operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales, por lo que no se debe clasificar esta información como reservada.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo, del artículo 117, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

``Artículo 117.

Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria en ejercicio de sus facultades de comprobación, el Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas, la Secretaría de la Función Pública con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública y su Fiscalización Superior.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

``Artículo 25.

Las casas de bolsa en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, sino al titular o beneficiario, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en ellas; salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria en ejercicio de sus facultades de comprobación, el Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas, la Secretaría de la Función Pública con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública y su Fiscalización Superior, o en el caso de la información estadística a que se refiere la fracción I del artículo 27 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de noviembre de 2004.--- Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Mícher Camarena.

Y de acuerdo a su solicitud, favor de integrarlo en el Diario de Debates y que se publique íntegro en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra nuestro compañero diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 35 Bis y el 1º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Consagrada por el artículo 4º de nuestra Norma Suprema, la garantía de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y reforzada por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, considerando que uno de los anhelos de los mexicanos es el de vivir en un medio ambiente sano y adecuado para la vida y el desarrollo de las generaciones futuras, así como promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Lo antes dicho sólo se logra a través de un marco regulatorio eficiente y eficaz.

La ley y su adecuación a las condiciones sociales imperantes, es una responsabilidad que el pueblo nos confirió. Por tanto, debemos en aras de ese mandato, construir un marco jurídico que regule de manera clara y adecuada las problemáticas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

La experiencia acumulada aconseja adecuar y ampliar los instrumentos de política ambiental, tales como los económicos, la autorregulación y la auditoría ambiental.

La presente iniciativa contempla los instrumentos necesarios, para que todo proceso productivo cuente con la viabilidad para ser compatible con el ambiente, porque consideramos que el desarrollo económico y la ecología no deben ser antagónicos, al contrario, si el desarrollo industrial es instrumentado con medidas tendientes a salvaguardar la salud ambiental, podríamos aspirar a una vida libre de contaminación.

Con el efectivo de darle transparencia y legalidad al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, se propone en la presente iniciativa, que los consultores, las instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, que se dediquen por su experiencia y capacidad a elaborar informes preventivos, estudios de riesgo y manifesta- ción de impacto ambiental, obtengan su registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y esta dependencia a su vez entregará a los interesados, un número de registro, que hará las veces de una certificación o un número de cédula, que los habilitará para prestar servicios o asesoría en materia de impacto ambiental, mismo que será refrendado anualmente por los interesados, de conformidad a su desempeño y avances curriculares, que estas instituciones hayan adquirido en la anualidad precedente.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se demanda manifestación de impacto ambiental, para aquellas obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables, para proteger al ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectivos negativos sobre el ambiente, previa manifestación de las industrias, obras hidráulicas, vías generales de comunicación, gasoductos, poliductos, industrias de petróleo, petroquímica, industria papelera, azucarera cementera eléctrica y tratamientos de residuos peligrosos entre otros.

Desde hace varios años el tema central de discusión y sobre el cual se presta mayor atención respecto a cualquier obra del ser humano y su relación con el ambiente, es un estudio denominado comúnmente, evaluación de impacto ambiental.

Este término ya ha pasado a formar parte del léxico común de la gente, en general, la evaluación del impacto ambiental se genera a partir de analizar las acciones humanas, sin dejar de lado que también se puede presentar un evento natural, que pueda impactar el ambiente.

De lo anterior, podemos establecer que existen dos orígenes de las causas que pueden generar afectación al ambiente, las que provienen de la naturaleza y las que son efectuadas por las acciones humanas, por lo que en esta iniciativa nos referimos principalmente a las de origen humano.

Sobre estos dos sucesos, entendemos que una evaluación de impacto ambiental, resulta de la elaboración de un conjunto de actividades, investigaciones y tareas técnicas interrelacionadas íntimamente entre sí, con objeto de conocer lo más detalladamente posible y con un grado adecuado de ajuste las principales consecuencias ambientales de un proyecto, cuyo funcionamiento pueda afectar de manera negativa el medio que nos rodea, de ser así, analizar, evaluar todos esos aspectos para ajustarlos a las regulaciones pertinentes, respecto al cuidado y preservación del ambiente, cabe destacar que un estudio del impacto ambiental, es un estudio sumamente complejo, en donde se necesita de la concurrencia de varias disciplinas, es decir, que debe ser analizado por profesionales, según su área de estudio y que se obligan a actuar en forma interrelacionada entre sí.

En México, para someter un proyecto a este procedimiento y obtener su autorización, el promovente deberá entregar a la Semarnat un informe preventivo o una manifestación del impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, particular o regional.

Los estudios de impacto ambiental se relacionan en su mayoría, con obras y actividades de servicios de los sectores industrial, turismo, pesquero, gasero, petrolero, vías generales de comunicación, forestal, minero, agropecuario, desa-rrollo urbano, energía e hidráulicos. Petróleos Mexicanos es la empresa que más manifestaciones de impacto ambiental ha ingresado para su evaluación durante los últimos años, le siguen en cantidad los proyectos del sector industrial y de turismo.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido Verde Ecologista de México sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 Bis, primero, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 9 de noviembre de 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la presente iniciativa que reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Consagrada por el articulo 4º de nuestra Norma Suprema la garantía de que, ``Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar'' y reforzada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Considerando que uno de los anhelos de los mexicanos es el de vivir en un ambiente sano y adecuado para la vida y el desarrollo de las generaciones futuras, así como promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Lo antes dicho sólo se logra a través de un marco regulatorio eficiente y eficaz. La ley y su adecuación a las condiciones sociales imperantes, es una responsabilidad que el pueblo nos confirió, por lo tanto debemos en aras de ese mandato construir un marco jurídico que regule de manera clara y adecuada, las problemáticas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En 1988 se expidió la primera ley ambiental en nuestro país, ésto significó un paso importante en el desarrollo de la legislación ambiental de México. En el año de 1996 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la actual y vigente ley que rige la materia.

La experiencia acumulada en la gestión ambiental, aconseja adecuar y ampliar los instrumentos de política ambiental, tales como los instrumentos económicos, la autorregulación y la auditoria ambiental.

La presente iniciativa, contempla los instrumentos necesarios para que todo proceso productivo cuente con la viabilidad para ser compatible con el ambiente. Porque consideramos que Desarrollo económico y ecología no deben ser antagónicos, al contrario, sí el desarrollo industrial es instrumentado con medidas tendientes a salvaguardar la salud ambiental, podríamos aspirar a una vida libre de contaminación.

Corresponde al Estado dotar al pueblo de un ambiente sano, pero también, tiene la obligación de generar certeza jurídica, con esa finalidad se propone la presente iniciativa, es decir, las industrias o empresas en sus procesos productivos o actividades, deben tener las garantías que les otorga el marco legal en donde se acaten las normas ambientales.

Con el objetivo de darle transparencia y legalidad al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, se propone en la presente iniciativa, que los consultores, las Instituciones de investigación, Colegios o Asociaciones profesionales, que se dediquen, por su experiencia y capacidad, a elaborar informes preventivos, estudios de riesgo y manifestaciones de impacto ambiental, obtengan su registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y ésta dependencia a su vez entregará a los interesados un número de registro, que hará las veces de una certificación o número de cédula, que los habilitara para prestar servicios o asesoría en materia de impacto ambiental, mismo que será refrendado anualmente por los interesados de conformidad a su desempeño y avances curriculares que esas instituciones hayan adquirido en la anualidad precedente.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se demanda Manifestación de Impacto Ambiental, para aquellas obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos, sobre el ambiente. Por lo tanto se requiere de la autorización de la dependencia, antes mencionada, previa manifestación de impacto ambiental de las industrias, en las siguientes obras y actividades: obras hidráulicas, Vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, poliductos, industria del petróleo, petroquímica, química, siderurgia, industria papelera, azucarera, cementera, eléctrica, confinamiento y tratamiento de residuos peligrosos, minera, etcétera, desde hace varios años el tema central de discusión y sobre el cual se presta mayor atención respecto a cualquier obra del ser humano y su relación con el ambiente es un estudio denominado comúnmente evaluación de impacto ambiental.

Este término ya ha pasado a formar parte del léxico común de la gente, se menciona en los diarios y revistas, los organismos gubernamentales y no gubernamentales la utilizan para apoyar o desalentar un determinado proyecto, las bases de los partidos políticos la utilizan como referente para demostrar su ``conciencia ecológica'', etcétera, etcétera, etcétera.

Pareciera que ecología y evaluación de impacto ambiental fueran sinónimos, y obviamente no lo son.

Podríamos sumergirnos en una larga lista de definiciones sobre qué es realmente una evaluación de impacto ambiental y siempre veríamos que nos falta algo. Esto sucede porque este estudio es complejo, difuso, singular, etcétera.

En general se define también al ambiente de diversas maneras, como ``la totalidad de condiciones externas que ejercen influencia sobre un organismo o una comunidad de organismos en su hábitat y con los cuales se establecen relaciones.

Como marco de referencia tomaremos en cuenta que, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), define a la evaluación del impacto ambiental como ``una investigación, análisis y evaluación de las actividades planeadas, buscando asegurar un desarrollo sustentable y ambientalmente sano''.

En general la Evaluación de Impacto Ambiental se genera a partir de analizar las acciones humanas, sin dejar de lado que también se puede presentar un evento natural que pueda impactar el ambiente.

De lo anterior podemos colegir que existen dos orígenes de las causas que pueden generar afectación al ambiente, las que provienen de la naturaleza y las que son efectuadas por las acciones humanas, por lo que en esta iniciativa nos referiremos principalmente a los de origen humano.

Sobre estos dos sucesos, entendemos que, una evaluación de impacto ambiental, resulta de la elaboración de un conjunto de actividades, investigaciones y tareas técnicas interrelacionadas íntimamente entre sí, con el objeto de conocer lo mas detalladamente posible y con un grado adecuado de ajuste, las principales consecuencias ambientales de un proyecto cuyo funcionamiento pueda afectar de manera negativa el medio que nos rodea, de ser así, analizar, evaluar todos esos aspectos para ajustarlo a las regulaciones pertinentes respecto al cuidado y preservación del ambiente.

Esto es la elaboración de un estudio encaminado a la identificación e interpretación de las consecuencias o los efectos a esperar a partir de las acciones emprendidas o a emprender, específicamente sobre la salud y bienestar de la población, de la calidad ambiental y del entorno donde se asientan, identifican e interpretan las consecuencias ambientalistas.

Esta serie de investigaciones pueden ser aplicadas a todo un proyecto o sólo a una parte del mismo, con el objeto de evaluar las consecuencias de las diferentes acciones y estimar la calidad del ambiente con y sin dichas acciones.

Cabe destacar que un Estudio del Impacto Ambiental. es un estudio necesariamente multidisciplinario e interdisciplinario, es decir, que debe ser realizado por varios profesionales según su área y que se obligan actuar en forma interrelacionada entre sí. En donde cada uno de los profesionales aportará su subjetividad, en la interdisciplinariedad.

Generalmente existe una figura central de coordinador, que es el encargado de guiar y ordenar el trabajo individual de los profesionales de cada área y esta tarea implica el conocimiento general de todas las áreas, sin ser un especialista en cada una de ellas. En lo sucesivo nos referiremos especialmente a esta figura de consultor-evaluador como centro de la explicación.

La situación ideal de un consultor-evaluador para realizar una Estudio de Impacto Ambiental es cuando los interesados de realizar un determinado proyecto le presentan justamente eso, el proyecto

Esto, juntamente con la definición del área geográfica (ambiente) donde se planea aplicar el proyecto, le permite al evaluador tomar conocimiento de las dos partes principales a analizar: el qué y el dónde.

Una vez observado el qué se debe analizar el cómo, completando la trilogía de análisis que el evaluador toma como base para definir las distintas áreas que competen al proyecto, al ambiente y por lo tanto, a los profesionales que deberán participar en la elaboración de la Manifestación del Impacto Ambiental.

Esta no es una tarea sencilla. Una omisión de un factor o de una acción puede generar un impacto no previsto con graves consecuencias ambientales.

En general en los Estudios de Impacto Ambiental. no se encuentran mayormente ``omisiones'', sino mas bien, errores de profundidad en las consideraciones, es decir, se razonan todos los ambientes posibles o se analizan todas las acciones, pero se le dan a todas el mismo ``peso'' o importancia, lo que genera el problema. Aquí toma vital importancia una situación que es la que finalmente resulta ser una de las más importantes cuando se precisa realizar esa manifestación de Impacto Ambiental, la experiencia.

El conocimiento de la realidad es fundamental. La teoría y la estadística pueden resultar herramientas de suma utilidad, pero la experiencia es la que permite optimizar los recursos y generalmente la que brinda las bases para realizar correctamente un complejo estudio Una vez completada la trilogía de qué es lo que se quiere hacer, dónde se quiere hacer y cómo se quiere hacer, el evaluador definirá las áreas en directa relación con el proyecto con el ambiente.

Puede decirse que la experiencia le permite al evaluador, a través de una visión general del proyecto y del ambiente, tener un enfoque global de los impactos que se presentaran. Quizás esto pueda ser interpretado como un ``principio de autoridad'', pero ``por propia experiencia'' al realizar una lectura general de la trilogía mencionada, es posible identificar a grandes rasgos los impactos a esperarse y sobre que ambientes se sucederán.

Es a partir de este punto donde el evaluador define las áreas de análisis y convoca al resto de los profesionales. Esta tarea no finaliza en este punto, a medida que avanza el estudio pueden generarse situaciones que impliquen un nuevo replanteo de la metodología aplicada, o que se preste mas atención a un determinado proceso o a un determinado ambiente. Esta retroalimentación del sistema de definición de las áreas, permite mejorar la calidad del estudio y fundamentalmente, analizar con mayor detenimiento procesos o ambientes que inicialmente no eran considerados como relevantes.

En México para someter un proyecto a este procedimiento y obtener su autorización, el promovente deberá entregar a la Semarnat un Informe Preventivo o una Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad que corresponda (particular o regional), por lo que atendiendo al reglamento que su estado expide. Sí se trata de actividades consideradas altamente riesgosas, el estudio ambiental deberá acompañarse de un estudio de riesgo para su correspondiente evaluación y dictamen.

La Semarnat, con base en la información contenida en la EIA, emitirá la resolución correspondiente en la que podrá negar o aprobar la autorización señalando, sí se considera necesario, las condiciones que se deberán cumplir. En el reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental se especifican los tiempos límite para que la Semarnat, por medio de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, evalúe el estudio a partir de su entrada en ventanilla hasta la emisión de su resolución.

Durante el periodo 1998-2000, la Semarnat recibió, en promedio por año, aproximadamente 800 evaluaciones de impacto ambiental para su análisis y, en su caso, autorización.

Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2002 fueron recibidos 1 758 proyectos y atendidos 2 288 relacionados, en su mayoría, con obras y actividades de servicios de los sectores: industrial, turismo, pesquero, gasero, petrolero, vías generales de comunicación, forestal, minero, agropecuario, desarrollo urbano, energía e hidráulico. En cuanto a los estados que en los últimos años han tenido el mayor número de proyectos ingresados al procedimiento de impacto ambiental son: Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Puebla, etc. En contraste, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas son los que tienen menor demanda.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa que más manifestaciones de impacto ambiental ha ingresado para su evaluación durante los últimos años. Le siguen en cantidad los proyectos del sector industrial y de turismo.

El informe preventivo, la manifestación de impacto ambiental y los estudios de riesgo, en cada caso, es una evaluación en sí, que pone a prueba el sustento técnico del estudio con el objetivo primario de minimizar la ocurrencia de impactos negativos sobre el ambiente y sobre la sociedad, optimizar los recursos manejados a utilizar, asistir técnicamente a los encargados del proyecto para modificar los puntos conflictivos y tender hacia un equilibrio en la relación proyecto-ambiente. Este es el desafío.

Con lo anteriormente mencionado y propuesto se garantiza que todos los proyectos susceptibles de causar un impacto importante al medio ambiente sean estudiados y evaluados con umbrales o criterios ambientales rigurosos.

Sin embargo la normatividad en materia de ecología y medio ambiente no contiene regulación alguna que lo establezca, de tal manera que se justifica la reforma se propone a esta soberanía al artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud que el actual y vigente artículo no regula nada al respecto, al establecer que ``las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención mitigación mas efectivas''. Sin embargo consideramos que lo que procura regular el actual artículo que se pretende reformar, es que se hable con la verdad en el contenido de la manifestación de impacto ambiental o en los estudios de riesgo y que además se han utilizado las mejores y mas efectivas técnicas para establecer la idoneidad de la obra o actividad que se pretende realizar, para no impactar al medio ambiente. En la propuesta de reforma del artículo en comento, se pretende implementar un control y registro a través de un padrón que llevará la Secretaría, para las personas que se dediquen a realizar estudios de impacto ambiental, de tal forma, que quienes aspiren a prestar esos servicios, cuenten con una cédula que les permita de manera clara y transparente realizar dichos estudios, que a través de una técnica y preparación, se acerquen a lo mas cercano posible de la realidad sobre un virtual evento que impacte de manera negativa el ambiente.

Lo que se proyecta es prevenir que se cause un perjuicio al ambiente, al confiársele a expertos en estudios de impacto ambiental, con la condicionante de contar con una cédula que la Secretaría le otorgue, satisfechos los requisitos que se señalen en el reglamento de ésta ley.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos al pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Decreto por el que se reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 35 Bis 1

Las entidades gubernamentales, empresas o industrias, públicas y privadas estarán obligados a contratar a peritos, expertos o especialistas, que realicen estudios de impacto ambiental, en la materia o área de la ciencia, sobre la que trate la obra, construcción o actividad que se pretenda realizar.

Los institutos de investigación, los colegios o asociaciones profesionales en medio ambiente, para poder realizar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, deberán solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría, quien les proporcionará un a cédula, cuya vigencia será por dos años contados a partir de su entrega, al término de los cuales, se podrá renovar. En toda caso, para la obtención de la cédula se cubrirán los requisitos previstos en el reglamento de esta ley.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría llevará un padrón de registro expedido a favor de aquellos, mismo que servirá como permiso o autorización para poder realizar o elaborar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo. Estos requisitos no serán necesarios, para las Instituciones de Educación Superior Públicas, o los institutos de investigación que dependan de ellas.

La Secretaría resolverá sobre la solicitud de la cédula de registro en un termino no mayor de sesenta días naturales.

No tendrán validez alguna los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental o los estudios de riesgo, si las personas, institutos de investigación o centros profesionales no cuentan con la autorización prevista en este artículo, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas o la responsabilidad penal en que incurran.

Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar a la Secretaría la revocación de la autorización o cédula que ésta les hubiere otorgado, cuando incurran en faltas o infracciones al presente ordenamiento.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de Noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Velasco Coello.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Queremos dar la más cordial bienvenidas a las y los jóvenes estudiantes del Instituto de Estudios Superiores Valladolid, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, quienes están aquí con nosotros invitados por el diputado Martín Vidaña Pérez.

También nos acompañan invitados especiales del municipio de Atlatahuacan, Morelos, invitados por el diputado Guillermo del Valle Reyes. Sean ustedes bienvenidos.

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LEY ORGANICA del congreso

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra nuestro compañero diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia; legisladoras y legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone un nuevo esquema para vigilar, fiscalizar, administrar y distribuir los ingresos excedentes que resulten por mayor precio del petróleo y de los ingresos excedentes que deriven por conceptos distintos del petróleo, establecidos en el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Sometemos a su consideración la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el numeral 46 de dicha ley se le adicione un numeral 4, corriéndose en su orden el actual numeral 4 para pasar a ser el numeral 5 y que en el nuevo numeral 4 se prevea la existencia del Comité para dar Seguimiento a los Excedentes de Ingresos, mismo que tendrá una representación paritaria en la que todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados tendrá un integrante. Asimismo, proponemos que en el mismo comité concurran dos gobernadores en representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

Nuestro propósito es evitar que surjan diversas interpretaciones que arrojen como resultado el manejo unilateral, discrecional y faccioso de los ingresos excedentes a que hacemos referencia.

El antecedente más inmediato de estas interpretaciones es el que hizo el Ejecutivo Federal del artículo 23, fracción I, inciso J y su relación con el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004, cuando de forma ventajosa descontó del monto de los excedentes petroleros y demás relativos, el incremento del gasto no programable con relación a lo presupuestado originalmente, lo que provocó la disminución de recursos a repartir entre las entidades federativas y el Distrito Federal.

Hasta la fecha nadie sabemos con exactitud el monto de los recursos por ingresos excedentes presupuestados, además la Secretaría de Hacienda nunca ha informado sobre el estado que guardan los ingresos excedentes y en particular de los relacionados con los ingresos excedentes del petróleo.

Por esta razón, proponemos crear un comité de seguimiento de los excedentes de ingresos previstos en la Ley de Ingresos y que éste, esté conformado por dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, dos gobernadores miembros de la Convención Nacional de Gobernadores y un diputado por cada uno de los grupos representados en la Cámara de Diputados.

Asimismo, proponemos que se establezca como obligación de la Secretaría de Hacienda, entregar dentro de los 40 días posteriores al cierre de cada mes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Comité de Seguimiento de los excedentes de ingresos, la información relativa a la metodología y los datos utilizados para el cálculo de los excedentes petroleros y el de los ingresos excedentes que derivan de los rubros distintos al petróleo.

Dicha información deberá de contener el monto de la producción petrolera del país, el precio promedio de la mezcla utilizada para dicho cálculo, así como los ingresos totales y los ingresos excedentes por mayor precio de petróleo.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, Petróleos Mexicanos aporta al fisco federal, más de la tercer parte de los ingresos públicos. Por ello, estos recursos deben de estar destinados al desarrollo de los municipios y entidades federativas, al desarrollo del campo y a la inversión física en infraestructura urbana y rural en el país.

En el caso de los estados, como Campeche y Chiapas, que no obstante la gran riqueza que por extracción del petróleo aportan al país, no tienen correspondencia del Gobierno Federal que potencie su desarrollo económico.

Con la propuesta que hoy sometemos a su consideración, pretendemos que se tenga una total transparencia en el conocimiento, manejo y destino de los ingresos excedentes por venta de petróleo que tenemos en el país.

Sabemos que el mercado petrolero mundial ha experimentado una alza en los precios internacionales del petróleo, situación de la que México se ha visto beneficiado.

Es más, estos precios son mayores a las estimaciones presentadas por la Secretaría de Hacienda para los ejercicios fiscales 2004 y 2005.

Por ejemplo, para el Ejercicio Fiscal 2005, el Ejecutivo Federal estimó para la mezcla mexicana 23 dólares por barril de petróleo. Sin embargo, las estimaciones de las corredurías internacionales establecen que a lo largo de 2005, ese precio en el peor de los escenarios que pudiera estar, es alrededor de los 30 dólares.

Por eso, esta Cámara de Diputados aprobó un precio de 27 dólares por barril de petróleo. Cualquier monto adicional de recursos provenientes de la exportación del petróleo, se convierte para los mexicanos en una caja negra, ya que la Secretaría de Hacienda se niega a informar el monto real de dichos ingresos excedentes.

En razón de las consideraciones anteriores, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha previsto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, el mecanismo de distribución de los excedentes que resulten de lo propuesto en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación, señalando que para el ejercicio del año 2004, el artículo 23, fracción I inciso j, que del 100 por ciento del excedente, un 25 por ciento se destine al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; un 25 por ciento para mejorar el balance económico del sector público y el restante 50 por ciento, para programas y obras de infraestructura de las entidades federativas.

Y aunque el mandato de la Cámara de Diputados es perfectamente claro, la Secretaría de Hacienda ni da información del monto de los recursos con los que se cuenta ni entrega el dinero a las entidades federativas.

Es de destacarse que dada la volatilidad de los precios internacionales del Petróleo, en México, el 31 de diciembre del año 2000, se creó el Fondo de Estabilización Petrolero y que en los ejercicios fiscales subsecuentes 2001 al 2004 dentro del propio Presupuesto de Egresos, se considera un porcentaje de recursos económicos para dicho Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones expuestas y con el propósito de transparentar los ingresos excedentes que México tenga en los ejercicios fiscales subsecuentes, es por lo que presentamos la presente iniciativa.

Diputada Presidenta, le solicito de la manera más atenta, sea publicado el texto íntegro de esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto y agradezco su atención.

Entrego a la Secretaría la iniciativa, diputada Presidenta.

«Iniciativa que adiciona y reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del martes 9 de noviembre de 2004

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de adiciones y reformas al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone un nuevo esquema para vigilar, fiscalizar, administrar y distribuir los ingresos excedentes que resulten por mayor precio del petróleo y de los ingresos excedentes que deriven por conceptos distintos del petróleo, establecidos en el artículo 1° de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Nuestro propósito es evitar que surjan diversas interpretaciones que arrojen como resultado el manejo unilateral, discrecional y faccioso de los ingresos excedentes a que hacemos referencia.

El antecedente más inmediato de estas interpretaciones es el que hizo el Ejecutivo federal del artículo 23, fracción I, inciso j), y su relación con el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2004, cuando de forma ventajosa descontó del monto de los excedentes petroleros y demás relativos, el incremento del gasto no programable con relación a lo presupuestado originalmente, lo que provocó la disminución de los recursos por repartir entre las entidades federativas y el Distrito Federal.

Hasta la fecha nadie sabe con exactitud el monto de los recursos por ingresos excedentes presupuestados. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca ha informado sobre el estado que guardan los ingresos excedentes y en particular de los relacionados con los ingresos excedentes por petróleo. Por esa razón, proponemos crear un Comité de Seguimiento de los Excedentes de Ingresos previstas en la Ley de Ingresos, que esté conformado por 2 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos gobernadores miembros de la Convención Nacional de Gobernadores (Conago), y de un diputado por cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados.

Asimismo, proponemos que se establezca como obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar dentro de los cuarenta días posteriores al cierre de cada mes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Comité de Seguimiento de los Excedentes de Ingresos, la información relativa a la metodología y los datos utilizados para el cálculo de los excedentes petroleros, y el de los ingresos excedentes que deriven de los rubros distintos del petróleo.

Dicha información deberá contener el monto de la producción petrolera del país, el precio promedio de la mezcla utilizado para dicho cálculo, así como los ingresos totales y los ingresos excedentes por mayor precio del petróleo.

Compañeras y compañeros legisladores:

Petróleos Mexicanos aporta al fisco federal más de una tercera parte de los ingresos públicos. Por ello estos recursos deben ser destinados al desarrollo de los municipios y entidades federativas, al desarrollo del campo, a inversión física en infraestructura urbana y rural del país.

Es el caso de estados como Campeche y Chiapas que, no obstante la gran riqueza que por extracción de petróleo aportan al país, no tienen una correspondencia del Gobierno Federal que potencie su desarrollo económico.

Con la propuesta que hoy sometemos a su consideración pretendemos que se tenga una total transparencia en el conocimiento, manejo y destino de los ingresos excedentes que por venta de petróleo tiene el país.

Sabemos que el mercado petrolero mundial ha experimentado un alza en los precios internacionales del petróleo, situación de la que México se ha visto beneficiado. Es más, estos precios son mayores que las estimaciones presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los ejercicios fiscales de 2004 y 2005.

Por ejemplo, para el ejercicio fiscal de 2005 el Ejecutivo federal estimó un precio para la mezcla mexicana de 23 dólares por barril de petróleo; sin embargo, las estimaciones de las corredurías internacionales establecen que a lo largo de 2005 ese precio en el peor de los escenarios puede estar alrededor de los 30 dólares.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó un precio de 27 dólares por barril de petróleo, cualquier monto adicional de recursos provenientes de la exportación de petróleo se convierte para los mexicanos en una caja negra, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se niega a informar el monto real de dichos ingresos excedentes.

En razón de las consideraciones anteriores, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha previsto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación el mecanismo de distribución de los excedentes que resulten de lo presupuestado en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación, señalando que para el ejercicio fiscal de 2004 en el artículo 23, fracción I, inciso j), que del 100% de excedentes, 25% se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 25% para mejorar el balance económico del sector público y el restante 50% para programas y obras de infraestructura de las entidades federativas.

Y aunque el mandato de la Cámara de Diputados es perfectamente claro, la Secretaría de Hacienda no da información del monto de los recursos con que se cuenta ni entrega el dinero a las entidades federativas.

Es de destacarse que, dada la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, en México el 31 de diciembre de 2000 se creó el Fondo de Estabilización Petrolera y que en los ejercicios fiscales subsecuentes de 2001 a 2004 dentro del propio Presupuesto de Egresos se considera un porcentaje de recursos económicos para dicho Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Compañeras y compañeros legisladores:

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que en el artículo 46 de dicha ley se adicione un numeral 4, corriéndose en su orden el actual numeral 4 para pasar a ser numeral 5 y que en el nuevo numeral 4 se prevea la existencia del Comité para dar Seguimiento a los Excedentes de Ingresos Fiscales, que tendrá representación paritaria, en la que todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara tendrán un diputado.

Asimismo, proponemos que en el mismo Comité concurran dos gobernadores en representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos.

Compañeras y Compañeros Diputados:

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto de adiciones y reformas al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona y reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 46

1. ...

2. ...

3. ...

4. Para auxiliar a la Cámara de Diputados en la toma de sus decisiones de política hacendaría y presupuestal, se crea el Comité para dar Seguimiento a los Excedentes de Ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate. Dicho Comité se integrará por un diputado representante de cada Grupo Parlamentario y podrán participar en él dos representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de Petróleos Mexicanos. Los representantes de la Secretaría de Hacienda y de Petróleos Mexicanos tendrán la obligación de proporcionar al Comité información precisa del monto total de recursos fiscales y de sus excedentes que se perciban durante el ejercicio fiscal, así como la información relativa a la metodología y los datos utilizados para el cálculo de los excedentes petroleros, y el de los ingresos excedentes que deriven de los rubros distintos al petróleo, así como quien debe percibirlos.

Dicha información deberá contener el monto de la producción petrolera del país, el precio promedio de la mezcla utilizado para dicho cálculo, así como los ingresos totales y los ingresos excedentes por mayor precio del petróleo.

5. A propuesta de la Junta de Coordinación Política...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Perfecto. Muchas gracias, diputado Pedro Vázquez González.

Y de acuerdo a su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CODIGO DE COMERCIO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra nuestro compañero diputado, Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputada Presidente.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante diputado.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Compañeras y compañeros diputados:

Pongo a su consideración la siguiente iniciativa que adiciona al artículo 57 Bis y reforma los artículos 112, 113 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 89, 93, 97 y 98 del Código de Comercio en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

En consecuencia de los avances tecnológicos y científicos cada vez más dinámicos aplicados a casi todo tipo de convivencia social, se requiere de leyes que clarifiquen los alcances y consecuencias legales de la implementación de tales tecnologías, a los hechos y actos jurídicos entre personas que generan, obviamente, tanto derechos como obligaciones, los cuales deben de estar tutelados y contemplados de manera precisa con la finalidad de otorgar esa garantía de seguridad jurídica que nos ordena nuestra Carta Magna.

En un claro escenario de procuración del Estado de derecho, el incremento en quejas y reclamos y denuncias de los usuarios de la banca, respecto a operaciones o transacciones financieras realizadas vía Internet con el uso de la firma electrónica, supuestamente sin autorización por parte del usuario, llámese titular o persona designada o autorizada por el titular con sus números de cuenta y claves personales, en condiciones o circunstancias que generan sospecha de la comisión de un ilícito en perjuicio de la cuenta, de los cuentahabientes principalmente.

Dado que en muchos de los casos los empleados de las instituciones bancarias, no ofrecen o solucionan de manera pronta y eficiente los cargos efectuados con cargo a las cuentas de los cuentahabientes, que los mismos reconocen no haber autorizado y peor aún, sin siquiera saber a qué cuenta fueron a parar los montos que les fueron descontados, dada la dilación de información respectiva, que es obligación de las instituciones bancarias proporcionar a los interesados de manera pronta y eficaz, lo que abona aún más, a la presunción de la participación de alguna parte del personal de las instituciones crediticias en confabulación de algunas posibles organizaciones delictivas, adiestradas en medios cibernéticos, que generan con ello una clara inseguridad en la custodia y guarda honrada de los patrimonios entregados a la banca por los usuarios de la misma, que confían en sus recursos, si bien salvaguardados y no se esperan en que en ella precisamente, se den estos desfalcos.

Con relación a la adición del artículo 57 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, éste contempla un mecanismo de seguridad que consta del respaldo de la firma electrónica, con otro medio como la autorización vía telefónica, revistiendo con ello esta modalidad un medio probatorio para la institución crediticia y un candado de mayor seguridad para el usuario de los servicios de la banca y se obliga a las instituciones a proponer a sus clientes a la implementación de dicha estrategia en operaciones mayores al equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente y con ello, la posibilidad de obtener el reembolso de los cargos efectuados de forma indebida en el prejuicio del usuario, de manera pronta y expedita, sin generarle un mayor menoscabo en su patrimonio y minimiza los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

Con la finalidad de otorgar una mayor seguridad en las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, los depositantes o inversionistas podrán optar por un sistema de autorización mixto que implique la utilización de la firma electrónica y un medio de verificación, vía telefónica y grabación de la misma en operaciones mayores al equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente, para realizar transferencias de cuenta a cuenta, bastando para ello la solicitud firmada en los registros especiales que lleve la institución de crédito, la cual debe estar implícita en los contratos de apertura de cuenta.

Las instituciones de crédito tienen la obligación de hacer del conocimiento de sus clientes la posibilidad de adoptar y autorizar el empleo de esta medida de seguridad, la cual podrá implicar también la implementación de un registro de cuentas autorizadas por el cliente, las cuales posiblemente pueden hacer transferencias.

En tal circunstancia, las instituciones de crédito sólo podrán cargar a las cuentas de sus clientes el importe de las transferencias que realicen a otras cuentas autorizadas por dichos clientes, siempre y cuando cuenten con la autorización del cliente de que se trate mediante la utilización de la firma electrónica respaldada por la utilización vía telefónica en su caso, se trate de una cuenta que forme parte del registro de cuentas autorizado por el cliente o por escrito.

Las transferencias autorizadas con la firma electrónica quedarán bloqueadas hasta en tanto no se verifique la autorización vía telefónica. En el evento de que el cliente, cuya cuenta hubiere sido cargada a la contravención a lo anterior y objeto de dicho cargo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que éste haya realizado, la institución de crédito respectiva deberá abonarle a la cuenta de que se trate a más tardar el día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que se efectuó la objeción de la totalidad de los cargos.

Para efectos de cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, la institución de crédito estará facultada para cargar a la cuenta del destino el importe correspondiente cuando la cuenta de destino le lleve a una institución de crédito distinta; ésta deberá devolver a la institución en que tenga su cuenta el cliente los recursos de que se trate, pudiendo cargar a la cuenta del destinatario el respectivo importe de la reclamación.

Las autorizaciones, instrucciones, comunicaciones a que se refiere este artículo, podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de los medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología que previamente convengan las partes, debiéndose implementar por lo menos en dos de los anteriores medios salvo el caso de la firma autógrafa, debiendo contar con las instituciones de crédito con los registros, archivos u otros medios que le permitan presentar ante la autoridad competente la fecha y demás características principales de las reclamaciones que en su caso presenten los usuarios.

Los consejeros, funcionarios, comisionarios o empleados de una institución de crédito que inciten u ordenen funcionarios o empleados de la institución a la comisión de delitos a que se refiere la fracción III, del artículo 112 y los artículos 113, 113 Bis, serán sancionados hasta por un tanto más de las penas previstas en los artículos respectivos.

Las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México forma parte. Las actividades en los actos de comercio, certificados de la creación de la firma electrónica, destinatarios, la firma electrónica, los datos en forma de firma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología que sean utilizados para implicar al firmante en relación a los mensajes y datos.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio en San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre de 2004.--- Atentamente el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

Gonzalo Moreno Arévalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que adiciona el artículo 57 Bis y reforma los artículos 112, 112 Bis, 113 Bis 1, 113 Bis 2, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 89, 93, 97 y 98 del Código de Comercio, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- Las finalidad principal del derecho positivo es precisamente su vigencia tanto objetiva como subjetivamente, primordialmente la positividad del derecho radica en la vigencia de la legislación en relación directa con un grupo determinado de personas, en un espacio de tiempo y lugar también determinados, lo cual nos llama como legisladores a actualizar nuestro marco legal a medida que las circunstancias de la convivencia humana nos lo demanda para mantener la sana y armoniosa relación entre individuos.

Segundo.- En consecuencia, de los avances tecnológicos y científicos cada vez más dinámicos aplicados a casi todo tipo de convivencia social, se requiere, de leyes que clarifiquen los alcances y consecuencias legales de la implementación de tales tecnologías, a los hechos y actos jurídicos entre personas, que generan obviamente, tanto derechos como obligaciones, los cuales deben estar tutelados y contemplados de manera precisa, con la finalidad de otorgar esa garantía de seguridad jurídica que nos ordena nuestra Carta Magna, en un claro escenario de procuración del estado de Derecho.

Tercero.- En la actualidad se esta viendo claramente desplazada esa idea y concepción tradicionalista de que en México el ejercicio del derecho es por escrito, con la novedosa implementación de las practicas de la oratoria en los procesos judiciales, y también recientemente con la implementación de medios electrónicos en actividades socio-económicas;.

Cuarto.- El incremento en quejas, reclamos y denuncias de los usuarios de la banca, respecto de operaciones o transacciones financieras realizadas vía Internet con el uso de la firma electrónica supuestamente sin autorización por parte del usuario, llámese titular o persona designada y autorizada por el titular con sus números de cuenta y claves personales, en condiciones o circunstancias que generan sospecha de la comisión de un ilícito en perjuicio de los cuenta habientes principalmente, dado que en muchos de los casos los empleados de las instituciones bancarias no ofrecen o solucionan de manera pronta y eficiente los cargos efectuados con cargo a las cuentas de los cuenta habientes, que los mismos no reconocen haber autorizado y peor aun sin siquiera saber a que cuenta fueron a parar los montos que les fueron descontados, dada la dilación de la información respectiva que es obligación de las instituciones bancarias proporcionar a los interesados de manera pronta y eficaz, lo que abona aun más a la presunción de la participación de alguna parte del personal de las instituciones crediticias en confabulación de algunas posibles organizaciones delictivas adiestradas en medios cibernéticos, que generan con ello una clara inseguridad en la custodia y guarda honrada de los patrimonios entregados a la banca por los usuarios de la misma, que confían en que sus recursos son bien salvaguardados y no se esperan que en ella precisamente se den estos desfalcos;

Quinto.- En tal virtud, se hace necesario implementar mecanismos de seguridad jurídica, que garanticen la tranquilidad a todas las partes involucradas en actividades comerciales que utilizan el medio electrónico para cumplimentar sus negocios, por lo que la presente reforma tiene la finalidad de dejar claro en la ley, el procedimiento y los medios propicios que garanticen la seguridad jurídica y la legalidad en los hechos y actos legales suscitados entre la banca y los usuarios de la misma;

Sexto.- Con relación a la adición del artículo 57 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, este contempla un mecanismo de seguridad que consta del respaldo de la firma electrónica con otro medio como la autorización vía telefónica, revistiendo con ello esta modalidad un medio probatorio más para la institución crediticia y un candado de mayor seguridad para el usuario de los servicios de la banca, y se obliga a las instituciones a proponer a sus clientes la implementación de dicha estrategia en operaciones mayores al equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente; y con ello la posibilidad de obtener el reembolso de los cargos efectuados de forma indebida en perjuicio del usuario de manera pronta, y sin generarle un mayor menoscabo en su patrimonio, y minimiza los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

Séptimo.- Con relación a los artículos 112 Bis, 113 Bis 1 y 113 Bis 2, de la Ley de Instituciones de Crédito, se incrementa la penalidad en un tanto más, a diferencia de cómo se contempla actualmente de una mitad más de la pena aplicable, en el caso de quien realice cualquiera de las conductas señaladas tenga el carácter de consejero, funcionario o empleado de cualquier institución de crédito o sean servidores públicos de la comisión nacional bancaria y de valores en su caso, esto con la finalidad de inhibir y desalentar la práctica de las conductas delictivas que afectan tanto el patrimonio de los usuarios como de la instituciones de crédito, en perjuicio del sistema financiero mexicano y en general del interés público.

Octavo.- En tratándose del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito se establece la obligación por parte de la institución de crédito de proporcionar la información financiera a toda aquella persona legitimada en los términos de la Ley, en un plazo máximo de 48 horas, con la finalidad de dar mayor seguridad a los usuarios respecto de sus movimientos financieros y poder detectar a tiempo cualquier posible cargo irregular que contravenga los esquemas de seguridad implementados para el manejo de la cuenta respectiva.

Noveno.- Con referencia al artículo 89 del Código de Comercio, este se reforma en sus párrafos octavo y noveno, en el primero para que solo se le pueda dar la categoría de equivalencia de firma autógrafa a la firma electrónica, siempre y cuando esta este concatenada con algún otro medio de prueba idóneo, dado que como ya se dijo, la utilización de la firma electrónica puede ser empleada por cualquier persona que tenga acceso a la base de dados y pueda descifrar los mismo, con lo que es muy factible que la voluntad del obligado no sea la misma que se aprecia cuando este se obliga de su puño y letra, por lo que se hace indispensable el empleo de algún otro medio de prueba idóneo que cumplimente y de certeza a la voluntad expresada por medio de una firma electrónica; en cuando al noveno párrafo, solo se modifica para efectos de adecuarlo a la reforma del artículo 97 del mismo Código.

Décimo.- Por su parte el artículo 93 del Código de Comercio, en su párrafo segundo se reforma para establecer que en tratándose de mensajes de datos, cuando la ley exija la firma de las partes, se tendrá por cumplido el requisito siempre y cuando los mensajes de datos sean atribuibles a las partes y se encuentren concatenados con cualquier otro medio probatorio idóneo, esto con la finalidad de dar mayor certeza a los actos y hechos jurídicos entre las partes.

Décimo Primero.- Se adiciona una fracción V al artículo 97 del Código de Comercio con la intención de darle un verdadero grado de confiabilidad a la firma electrónica de grado avanzado o fiable, para darle mayor certeza y valor probatorio, siempre y cuando esta se encuentre concatenada con cualquier otro medio de prueba idóneo, lo que sin duda permitirá evitar la posibilidad de que, dado el poco conocimiento técnico de la mayoría de la población en aspectos tecnológicos del comercio electrónico, puedan ser sorprendidos con la alteración de la verdad jurídica, cuando no se tiene la certeza de la inviolabilidad de los documentos y medios electrónicos.

Décimo Segundo.- Con referencia al artículo 98 del Código de Comercio, se reforma en su párrafo primero, únicamente para efectos de ser adecuado con la reforma al artículo 97 citado en el punto anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto y argumentado, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 57 Bis y reforma los artículos 112, 112 Bis, 113 Bis 1, 113 Bis 2, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 89, 93, 97 y 98 del Código de Comercio, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único: Se adiciona el artículo 57 Bis y reforma los artículos 112, 112 Bis, 113 Bis 1, 113 Bis 2, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 89, 93, 97 y 98 del Código de Comercio.

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 57 Bis.

Con la finalidad otorgar una mayor seguridad en las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, los depositantes o inversionistas podrán optar por un sistema de autorización mixto, que implique la utilización de la firma electrónica y un medio de verificación vía telefónica y grabación de la misma, en operaciones mayores al equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente, para realizar transferencias de cuenta a cuenta, bastando para ello la solicitud firmada en los registros especiales que lleve la institución de crédito, la cual puede estar implícita en los contratos de apertura de cuenta.

Las instituciones de crédito tienen la obligación de hacer del conocimiento de sus clientes la posibilidad de adoptar y autorizar el empleo de esta medida de seguridad, la cual podrá implicar también la implementación de un registro de cuentas autorizado por el cliente, a las cuales posiblemente pueda hacer transferencias.

En tal circunstancia las instituciones de crédito solo podrán cargar a las cuentas de sus clientes, el importe de las transferencias que realicen a otras cuentas autorizadas por dichos clientes, siempre y cuando:

I. Cuenten con la autorización del cliente de que se trate, mediante la utilización de la firma electrónica, respaldada por la autorización vía telefónica, y

II. En su caso, se trate de una cuenta que forme parte del registro de cuentas autorizado por el cliente, por escrito.

Las transferencias autorizadas con la firma electrónica, quedaran bloqueadas hasta en tanto no se verifique la autorización vía telefónica.

En el evento de que el cliente cuya cuenta hubiere sido cargada en contravención a lo anterior, y objete dicho cargo dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que éste se haya realizado, la institución de crédito respectiva deberá abonarle en la cuenta de que se trate, a más tardar el día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que se efectúe la objeción, la totalidad de los cargos.

Para efectos de cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, la institución de crédito estará facultada para cargar a la cuenta de destino, el importe correspondiente. Cuando la cuenta de destino la lleve una institución de crédito distinta, ésta deberá devolver a la institución en que tenga su cuenta el cliente los recursos de que se trate, pudiendo cargar a la cuenta del destinatario respectivo el importe de la reclamación.

Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que previamente convengan las partes, debiéndose implementar por lo menos dos de los anteriores medios, salvo el caso de la firma autógrafa, debiendo contar las instituciones de crédito con los registros, archivos u otros medios que les permitan presentar ante la autoridad competente, la fecha y demás características principales de las reclamaciones que, en su caso, presenten los usuarios.

Artículo 112 Bis.

Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días multa, al que:

I. a IV. ...

La pena que corresponda podrá aumentarse hasta en un tanto más, si quien realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones anteriores tiene el carácter de consejero, funcionario o empleado de cualquier institución de crédito.

Artículo 113 Bis 1.

Los consejeros, funcionarios, comisarios o empleados de una institución de crédito que inciten u ordenen a funcionarios o empleados de la institución a la comisión de los delitos a que se refiere la fracción III, del artículo 112 y los artículos 113 y 113 Bis, serán sancionados hasta en un tanto más de las penas previstas en los artículos respectivos.

Artículo 113 Bis 2.

Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la pena establecida para los delitos correspondientes más un tanto, según se trate de los delitos previstos en los artículos 111 a 113 Bis y 114 de esta ley, que:

a) al e) ...

Artículo 117.

Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, lo cual deberá verificarse en un plazo máximo de 48 horas, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales, lo cual deberá cumplimentarse en los términos de la orden dictada o en su defecto en los plazos previstos en las leyes procésales aplicables.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, o en el caso de no cumplir con los plazos establecidos para entregar dicha información, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tiene las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.

Código de Comercio

Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Las actividades ...

En los actos de comercio: ...

Certificado: ...

Datos de creación de firma electrónica: ...

Destinatario: ...

Emisor: ...

Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siempre y cuando este concatenada con algún otro medio de prueba idóneo, siendo admisible como prueba en juicio.

Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella Firma Electrónica que cumpla con los requisitos contemplados en las fracciones I a V del artículo 97.

Firmante: ...

Intermediario: ...

Mensaje de Datos: ...

Parte que Confía: ...

Prestador de Servicios de Certificación: ...

Secretaría: ...

Sistema de Información: ...

Titular del Certificado: ...

Artículo 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de Mensaje de Datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente.

Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de Mensaje de Datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes y se encuentre concatenada o respaldada por cualquier otro medio de prueba idóneo.

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a través de Mensajes de Datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige.

Artículo 97.- Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una Firma en relación con un Mensaje de Datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una Firma Electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese Mensaje de Datos.

La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos:

I. a IV. ...

V. Es concatenada o respaldada con cualquier otro medio de prueba idóneo.

Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una Firma Electrónica; o presente de que una Firma Electrónica no es fiable.

Artículo 98.- Los Prestadores de Servicios de Certificación determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las Firmas Electrónicas Avanzadas o Fiables que les ofrecen cumplen o no los requerimientos dispuestos en las fracciones I a V del artículo 97.

La determinación que se haga, con arreglo al párrafo anterior, deberá ser compatible con las normas y criterios internacionales reconocidos.

Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas del derecho internacional privado.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de noviembre del año 2004.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Moreno Arévalo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

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LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra nuestra compañera María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada María Antonia García Sanjinés: Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

La diputada María Antonia García Sanjinés: El derecho como realización del bien común, es el instrumento en el que se conjugan las libertades y la autoridad, la seguridad y la justicia. Manuel Gómez Morín.

La sociedad mexicana reclama justicia y seguridad, respeto a su libertad y la eficacia y eficiencia de la autoridad, respeto a sus libertades de propiedad, libre tránsito de vivir una vida digna y pacífica; pero no estamos hablando de violaciones por parte de la autoridad en contra de los particulares. Las peores violaciones que actualmente padece la sociedad es por parte de la delincuencia, que con sus secuestros coarta el derecho de la libertad, con sus robos ataca la legítima propiedad de las personas y con su violencia nos priva de la paz e incluso de la vida.

Es por ello que debemos instrumentar los mecanismos que obliguen a las autoridades a cumplir cabalmente con su función respecto a la seguridad pública.

El artículo 4° de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dice: ``Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos, entre las partes componentes del Sistema Nacional''.

Sin embargo, esa norma no prescribe sanciones a quien no cumpla con las obligaciones que estén contenidas en dichos convenios, por lo que proponemos que en dichos convenios se establezcan las acciones correspondientes que consistirán: en apercibimiento a quien incumpla por primera vez y suspensión de la entrega de recursos federales previstos en el fondo correspondiente para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tanto se dé cumplimiento a la obligación respectiva.

Además, en el último párrafo de la presente propuesta se prescribe que para los convenios en donde no existan sanciones, se aplicarán las disposiciones antes mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Asamblea la iniciativa de decreto para adicionar el artículo 4o. de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

En los convenios referidos en el párrafo anterior, se establecerán las sanciones correspondientes para el caso de incumplimiento de las obligaciones consignadas en ellos. Dichas sanciones consistirán en lo siguiente: apercibimiento en caso de que por primera vez se haya dado el incumplimiento del convenio correspondiente. Suspensión de la entrega de los recursos federales previstos en el fondo correspondiente para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tanto se dé cumplimiento a la obligación respectiva.

Para el caso en que no se estableciera sanción alguna en los convenios correspondientes, se aplicarán las disposiciones del presente artículo respecto al incumplimiento de las obligaciones pactadas.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las penas de los delitos en que incurra con motivo de su conducta o de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público responsable de dichos incumplimientos.

Artículo Transitorio

Unico. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de esta Honorable Cámara, presentamos a esta honorable asamblea la iniciativa de decreto para adicionar el artículo cuarto de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

``El derecho como realización del bien común (es el instrumento) en el que se conjugan las libertades y la autoridad, la seguridad y la justicia''. Manuel Gómez Morín.

La sociedad mexicana reclama justicia y seguridad, respeto a su libertad y la eficacia y eficiencia de la autoridad.

Respeto a sus libertades de propiedad, libre tránsito, de vivir una vida digna y pacífica. Pero no estamos hablando de violaciones por parte de la autoridad en contra de los particulares. Las peores violaciones que actualmente padece la sociedad es por parte de la delincuencia que con sus secuestros coarta el derecho de la libertad, con sus robos ataca la legitima propiedad de las personas y con su violencia nos priva de la paz e incluso de la vida.

Por ello debemos instrumentar los mecanismos que obliguen a las autoridades a cumplir cabalmente con su función respecto a la seguridad pública.

El artículo cuarto de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice: ``Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal o de los Municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema Nacional''.

Sin embargo, esta norma no prescribe sanciones a quien no cumpla con las obligaciones que estén contenidas en dichos convenios.

Por ello proponemos que en dichos convenios se establezcan las sanciones correspondientes que consistirán en apercibimiento, a quien incumpla por primera vez y suspensión de la entrega de recursos federales, previstos en el fondo correspondiente para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tanto se dé cumplimento a la obligación respectiva.

Además, en el último párrafo de la presente propuesta se prescribe que para los convenios en donde no existan sanciones, se aplicarán las disposiciones antes mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea la iniciativa de decreto para adicionar el artículo cuarto de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Iniciativa de decreto para adicionar el artículo cuarto de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único. Se adiciona el artículo cuarto de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 4

...

En los convenios referidos en el párrafo anterior se establecerán las sanciones correspondientes para el caso de incumplimiento de las obligaciones consignadas en ellos. Dichas sanciones consistirán en lo siguiente:

a) Apercibimiento, en caso de que por primera vez se haya dado el incumplimiento del convenio correspondiente.

b) Suspensión de la entrega de los recursos federales previstos en el fondo correspondiente para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tanto se dé cumplimiento a la obligación respectiva.

Para el caso en que no se estableciera sanción alguna en los convenios correspondientes, se aplicarán las disposiciones del presente artículo respecto al incumplimiento de las obligaciones pactadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los delitos en que incurra con motivo de su conducta o de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público responsable de dichos incumplimientos.

Transitorio

Único. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. María Antonia García Sanjinés (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli:

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ley de instituciones de credito

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra nuestra compañera diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Con su permiso compañera Presidenta:

«Iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo, del artículo 48, de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al menos 45 por ciento de los ingresos que obtiene la banca comercial en México proviene de una actividad sin ningún riesgo, como las comisiones, las cuales son sensiblemente más altas que en otros países, según el reporte ``para hacer valer la fuerza de los usuarios'' de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (Condusef).

De acuerdo con el reporte algunos de los principales bancos extranjeros que operan en México --como Citigroup, HSBC, BBVA y Scotiabank-- cobran comisiones mucho más elevadas que en sus propios países de origen. Casi la mitad de lo que la banca recibe proviene de una actividad sin riesgo, las comisiones netas como porcentaje del margen financiero de la banca se han elevado de 33 por ciento en 2000 a 50 por ciento en junio de este año.

Ante la retracción del crédito, en los últimos cuatro años las comisiones pasaron de representar el 13 por ciento de los ingresos de la banca mexicana al 39 por ciento en la actualidad. Esto ubica a México por encima de países como Brasil y Gran Bretaña, donde las comisiones representan el 36 por ciento de los ingresos de las entidades. También de Francia, donde equivalen al 33 por ciento, y de España, donde las comisiones se ubican en 30 por ciento.

Según el documento de la Condusef, las comisiones varían de un país a otro porque: a) son de carácter eminentemente local, y tienen que ver con: i) disposición de infraestructura; ii) dispersión geográfica; iii) edad de la población; iv) ingreso por habitante, b) se basan prácticamente por el marco legal interno, c) su monto lo fija cada institución de acuerdo con su fortaleza y posición de mercado.

En México se paga hasta 1.7 dólares por retirar dinero de un cajero automático que no es de la red del banco, mientras en Chile, Argentina y Venezuela se paga menos de 1 dólar. Y el costo promedio de un cheque rechazado en México es cercano a los 800 pesos (unos 70 dólares), mientras este cargo en Estados Unidos ronda los 30 dólares.

Recientemente entró en vigor la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que regula las comisiones bancarias por los servicios que se ofrecen a los usuarios y que obliga a los bancos a hacer más transparente el cobro de sus comisiones.

Sin embargo, el banco HSBC cobra a sus clientes un interés anual de 77 por ciento por una tarjeta de crédito, mientras que a sus usuarios en Inglaterra sólo les cobra 16 por ciento, según la información de Condusef.

En tanto, Scotiabank Inverlat cobra un interés de 77 por ciento en México, mientras que en Canadá es de 18 por ciento. Por su parte, BBVA cobra en México tasas de 80 por ciento por el plástico mientras que en España lo hace por 25 por ciento, mientras que Banamex cobra intereses en nuestro país por 85 por ciento y en Estados Unidos de 9.0 por ciento.

Los grandes bancos son los que en promedio presentan las mayores tarifas por disposición de efectivo en sus diversas modalidades, ya sea en cajeros Red, en tiendas de autoservicio y ventanillas. Estos bancos, son los que cobran también las mayores cuotas por concepto de anualidad, tanto en cuentas de cheques como en tarjetas de crédito.

A pesar de lo anterior la Asociación de Bancos de México (ABM) ha manifestado su desacuerdo con las conclusiones, metodologías y la información utilizados en el estudio. No obstante que los bancos en otras ocasiones han admitido que las comisiones son más caras en México porque el país es más riesgoso.

Se debe recordar que la Condusef publicó a principios de 2004, en los principales diarios del país, las comisiones que los bancos cobran por diversos servicios. Donde se detalla sobre el cobro de las comisiones por los pagos de luz, teléfono, consultas de saldos o emisión de estados de cuenta adicionales.

En el desplegado, la Condusef señalaba que ``No todas las instituciones (bancarias) cobran lo mismo e incluso cada una de ellas tiene diferentes criterios para hacerlo'' Por ejemplo, especificaba que Banamex cobra por recibir el pago del Teléfono (Telmex) a sus clientes 15 pesos en ventanilla, igual que Banorte mientras que BBVA Bancomer y Santander Serfin cobran 12.00 pesos.

Sin costo lo reciben sean o no clientes: Banca Afirme, Banco del Bajío, Inbursa, Interacciones, Bansi, Ixe y Scotiabank Inverlat.

HSBC no cobra a sus clientes comisión por el pago a Telmex y los no clientes pagan 6.00 pesos, mientras que Scotiabank Inverlat tampoco aplica comisión a sus clientes y a los no clientes les cobra 10.00 pesos. Mientras que Banamex aplica una comisión a sus no clientes, por el pago del teléfono en ventanillas de 35.00 pesos

Es importante recordar que como resultado del proceso de globalización, el capital extranjero prácticamente se ha adueñado de la banca mexicana, al pasar de una participación de 18 por ciento en 1997 a 81 por ciento en 2004.

No obstante, la presencia de los bancos extranjeros en México todavía no se ha traducido en el establecimiento concreto de políticas operativas y administrativas que permitan una disminución gradual en el costo de los diversos servicios y productos, particularmente en cheques, tarjetas de crédito y de débito y un reposicionamiento del cliente-usuario.

El documento de la Condusef concluye entre otras cosas que se observa un crecimiento más acelerado de los ingresos por comisiones por valor promedio de operación que por volumen de transacciones. A partir de 1996 los ingresos por comisiones crecen de manera acelerada ante la caída del margen financiero.

Todo indica que en el mediano plazo continuará presentándose una distorsión entre el nivel de comisiones, la infraestructura de medios de pago y el volumen de transacciones por parte de los usuarios. De manera que para las autoridades financieras resulta necesario detonar una revolución en los sistemas de pago al menudeo, que vaya acompañada de una reducción en el costo real de los servicios.

Es en este orden de ideas que se hace necesario establecer una regla general que impida los abusos e inequidades que revela el estudio en comento. El objetivo de la presente iniciativa es lograr justicia y equidad a favor de los usuarios.

La adicción que se propone esta en armonía con los Tratados de Libre Comercio firmados por nuestro país con América del Norte, en su artículo 1410 fracción I, incisos a, b y c; y la Unión Europea, este último no contiene disposiciones expresamente aplicables al tema de que se ocupa la presente iniciativa.

Con nuestra propuesta se mantiene la facultad que confiere el articulo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito al Banco de México para regular las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, etc., de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realizan las instituciones de crédito.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito:

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo, del artículo 48, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 48.-

...

...

...

Las instituciones financieras extranjeras que prestan servicios en territorio nacional, no podrán tasar el precio o costo de sus servicios por encima del valor en el que éstos son prestados en sus países de origen. Atendiendo al tipo de cambio vigente.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se abrogan las disposiciones que contravengan la presente.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de noviembre del 2004.--- Dip. Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica).»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Guillén Quiroz.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra nuestro compañero diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.

La discriminación y la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más extendida de nuestro tiempo.

La estadística muestra que se trata de una tragedia de dimensiones mundiales. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia y discriminación por razones de sexo.

La discriminación por razones de género atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, contra su integridad y su dignidad como personas. La violencia inhibe a su vez su desarrollo.

En las últimas décadas las conferencias mundiales de Naciones Unidas han sido importantes lugares de reunión donde grupos de mujeres de todas las naciones han plantea-do la necesidad de crear las condiciones que faciliten el acceso y ejercicio igualitario de sus derechos.

Gracias a ello y debido a las modificaciones acontecidas a las costumbres sociales y políticas de la humanidad, además de la gran influencia de los movimientos feministas, la condición jurídica de la mujer ha logrado cambios fundamentales.

Sin embargo y a pesar de la vigencia de instrumentos y convenciones internacionales tales como: La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y sus respectivos protocolos y la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, además de la Conferencia de Naciones Unidas Sobre la Mujer, que han sido plataformas de grandes avances, la discriminación y violencia hacia las mujeres no ha logrado dejar de ser un fenómeno frecuente de grandes consecuencias.

En nuestro país según la Primera Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 47 por ciento de las mujeres mexicanas padecen violencia y 7 de cada 10 familias sufren violencia intrafamiliar.

Aún persiste en la educación y en el ámbito laboral, la brecha de género en detrimento de la mujer. Hay una pirámide invertida para las mujeres, tanto respecto a la educación como a puestos y salarios devengados. Esto no sólo implica que se evalúe menos el trabajo femenino, sino que se considera a la mujer menos apta que el hombre en cuestiones laborales.

Otra práctica discriminatoria es el hostigamiento sexual, el cual además de atacar las garantías individuales tanto civiles como laborales y sexuales, es una práctica que limita el ejercicio de un derecho y niega el principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Según la Organización Internacional de Trabajo, el hostigamiento sexual es la causa de fondo que obliga a casi 4 de 10 mujeres a cambiar de entorno laboral y origina que al menos una de cada 4 mujeres con trabajo remunerado sean despedidas.

La discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas en nuestro país, sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas.

Los crímenes en Ciudad Juárez y actualmente en otras entidades, son tan sólo un reflejo de la adversidad y de la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural, justa y democrática.

Nuestro país se encuentra entre los 5 países de América Latina donde la explotación infantil se ha convertido en un programa grave. Cifras oficiales señalan que de los casi 41 millones de niños y niñas menores de 18 años, 20 mil son sometidos a abusos al ser prostituídos o utilizados en pornografía. De ese total el 80 por ciento son niñas y mujeres.

Además, por primera vez en su historia la Secretaría de Desarrollo Social determinó que en México ocurren al año, 5 mil 200 muertes de mujeres de entre 15 y 49 años de edad por causas violentas. Es decir, 14 fallecen diariamente y 2 de cada 3, lo hacen en sus propios hogares; 1.4 millones de mujeres en México sufren violencia física doméstica. Esta cifra es verdaderamente alarmante y eso que no se toma en cuenta la violencia que las mujeres sufren fuera de sus hogares.

Ante estas cifras el gobierno mexicano debe reconocer que en el país persiste todo tipo de discriminación. No basta la sola tutela jurídica de los derechos para lograr combatir toda la forma de discriminación y violencia contra las mujeres.

Es necesaria una postura proactiva del Estado y de toda la ciudadanía para promover, garantizar y proteger la integridad de las mujeres mexicanas.

La discriminación y la violencia deben de ser fuertemente combatidas.

Por ello consideramos importante que paralelamente con las reformas a la legislación, se desarrollen programas de difusión y de educación a toda la población, sobre la existencia y alcance de los derechos de las mujeres. Sólo a través de su conocimiento estaremos avanzando hacia la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Queda mucho camino por recorrer para eliminar obstáculos y prácticas discriminatorias que aún persisten en la compleja red de relaciones políticas, sociales, económicas y culturales en que se sustenta nuestra sociedad. Es indispensable que cada vez más se incorpore la perspectiva de género en la planificación, aplicación y evaluación de todas las leyes políticas y programas en todos los niveles de los ámbitos públicos y privados.

Por todo ello y acorde con el desarrollo social y la justicia, con la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna, el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente decreto por el que se adiciona una fracción V, al artículo 19 del Capítulo III de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Fracción V. Promoverá campañas de información en los medios de comunicación que condenen toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y creen una política encaminada a prevenirla, sancionarla y erradicarla.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas.

Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas

Hablar de derechos humanos, es referirse al patrimonio común e inalienable de toda la humanidad, toda vez que los mismos guardan relación directa con el ser humano. El reconocimiento de lo que hoy día constituyen estos derechos, es el resultado de miles de años de luchas, sacrificios y frustraciones sufridos por el género humano. Como sabemos, los derechos humanos son un conjunto de garantías inherentes, indivisibles, interdependientes y mínimas. Son los derechos esenciales que las personas deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia.

A pesar de que los derechos humanos fueron concebidos tanto para hombres como para mujeres, éstas últimas comenzaron hace más de dos siglos una lucha que ha implicado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda de lograr el reconocimiento expreso y específico de sus derechos humanos. Como resultado de esta lucha y debido a las modificaciones acontecidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad además de la gran influencia y desarrollo mundial de los movimientos feministas, la condición jurídica de la mujer en el ámbito mundial ha logrado cambios fundamentales. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos como género humano fue el traspasar algunas fronteras y salir del espacio doméstico para conquistar el político y el público. Sin embargo, aún en muchas esferas de la vida cotidiana persiste la ideología patriarcal que impiden a las mujeres una realización total en todos los campos.

El principio de la igualdad de derechos para hombres y mujeres se formalizó por primera vez en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, aunque ya desde siglos antes las mujeres comenzaron a debatir y movilizarse para gozar de iguales derechos. La Carta, firmada en San francisco, promovió la igualdad entre hombre y mujeres, reconociendo que los derechos humanos son universales y propios de todas las personas, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión origen nacional o social u otra condición.

``...Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas...

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

... 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.''1

Posteriormente el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos en la se estableció la igualdad y la universalidad de los derechos humanos. En varios de sus artículos expresa estos principios, como son:

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

I. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.2

Esta Declaración y los dos Pactos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con sus respectivos protocolos facultativos, son la medula espinal de la constitución de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Promovidos y acompañados por las luchas de los grupos feministas, estos y otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos de las mujeres, propiciaron, a favor de las mujeres, cambios legislativos importantes en muchos países tales como el reconocimiento del derecho al voto y a ser ciudadanas con plenos derechos. Sin embargo su vigencia no logró que la discriminación hacia las mujeres dejará de ser un fenómeno frecuente en los Estados y que, de hecho, siguiera persistiendo en sus propias leyes.

Por ello se pensó como una medida necesaria promover la adopción de una Convención que asegurara el acceso de las mujeres a sus derechos humanos, comprometiendo a los países a adoptar medidas para garantizar la igualdad a través de sus legislaciones y políticas públicas.

En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Este documento, firmado por México en 1980 y ratificado el 23 de marzo de 1981, comprometió a los países signatarios a adoptar las políticas públicas, medidas legislativas o medidas de acción afirmativas, enfocadas a eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas que discriminaran a las mujeres y a las niñas o que reprodujeran situaciones de desigualdad en la sociedad.3

La CEDAW define la discriminación contra las mujeres como:

...toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.4

La discriminación y violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más extendida de nuestro tiempo. Las estadísticas muestran que se trata de una tragedia de dimensiones mundiales, que evidencia que en ningún rincón del planeta los derechos humanos de las mujeres son garantizados. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia y discriminación por razón de su sexo. La violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del mundo, sea cual sea su sistema político o económico. Este acto cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raíz única: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general número doce y diecinueve promulgadas en 1989 y 1992 respectivamente, señaló que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación.

En 1989, el Comité recomendó a los Estados incluir en sus reportes periódicos información sobre la legislación vigente para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.); las medidas adoptadas para erradicarla, los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos y datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia. Todo ello con el fin de tener

Tres años después de la recomendación número doce, el Comité, en su recomendación diecinueve, reconoció a la violencia basada en el género como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades de las mujeres en pie de igualdad con el hombre. Esos derechos y libertades abarcan:

a) El derecho a la vida;

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

e) El derecho a igualdad ante la ley;

f) El derecho a igualdad en la familia;

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

La recomendación especificó el carácter de la obligación de los gobiernos de tomar las medidas adecuadas para combatir la violencia contra las mujeres.

Señala que esta obligación se aplica concretamente a la violencia perpetrada por las autoridades públicas, pero subraya que los gobiernos son responsables de eliminar la discriminación contra las mujeres ejercida por cualquier persona, organización o empresa y que deben evitar las violaciones de derechos cometidas por cualquier agente, castigarlas e indemnizar a las víctimas.

Posteriormente, durante 1993 se retoma a la violencia y discriminación por causas de género como un objetivo fundamental a tratar por la comunidad internacional, razón por la que nuevamente se reconoce y declara que el ejercicio de éstas contra la mujer son una violación a sus derechos, y así lo muestran dos instrumentos de las Naciones Unidas.

El primero de ellos, aprobado durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, fue la Declaración y Programa de Acción de Viena que afirma que la violencia basada en el sexo y todas las formas de explotación y hostigamiento sexual son incompatibles con la dignidad y el valor de todo ser humano por lo que se debe luchar y trabajar para eliminarlas.

Su relevancia fue haber destacado al problema de la invisibilidad de la violencia contra las mujeres, particularmente el movimiento internacional de mujeres pedía que las diferentes formas de violencia contra las mujeres como la física, la violación, la mutilación genital, el infanticidio selectivo de niñas o el tráfico de mujeres se consideraran como violaciones a los derechos humanos. El documento final de la declaración de Viena suscrito por 171 gobiernos entre ellos, México, dedica varias paginas a abordar el estatus de igualdad y los derechos humanos de las mujeres como una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas. La declaración de Viena es hoy considerada un llamado histórico a la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada.

``Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.''5

El segundo instrumento es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nuevamente, la cual define en sus dos primeros artículos lo que se considera como violencia contra la mujer y establece las medidas que los Estados parte deberán adoptar para lograr erradicar todas las formas de discriminación y violencia de género tanto en el ámbito público como en el privado. Se establece el cometido de abordar estos dos temas como una cuestión de derechos humanos.

En las últimas décadas, las conferencias mundiales de las Naciones Unidas han sido importantes lugares de reunión donde grupos de mujeres de todas las naciones, regiones e identidades han podido elaborar programas de trabajo comunes. Las redes regionales y mundiales de mujeres han facilitado estos esfuerzos y ofrecido la oportunidad de que grupos de mujeres con enormes diferencias entre sí se coaliguen para captar apoyos. Uno de los resultados más importantes de esta labor de captación de apoyos de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, documento aprobado en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, de 1995. En la Plataforma de Acción se define la violencia contra la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que debían ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, propuso en se cuarenta y doceavo período de sesiones, celebrado en 1998, nuevas medidas e iniciativas que deberían aplicar los Estados Miembros y la comunidad internacional para poner fin a discriminación y violencia contra la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones figuran medidas destinadas a prestar apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales, combatir todas las formas de trata de mujeres y niñas, promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y los niños, y promover las actividades coordinadas de investigación sobre la violencia contra la mujer.

A la Plataforma de Acción de Pekín y a la revisión que se hizo de ella cinco años después, en el 2000, se han ido añadiendo los acuerdos de otras conferencias mundiales de las Naciones Unidas celebradas en la década de los noventa y a comienzos de este siglo.6

A nivel regional uno de los tratados más importantes en esta materia, aprobado por nuestro país en el mes de noviembre de 1996, es la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ``Belén Do Pará'' de 1994. Esta Convención define a la violencia contra la mujer como:

``cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado''

La Convención de Belém do Pará, señala, en sus artículos 5o. y 6o., que es un derecho humano de la mujer el de vivir libre de violencia:

Artículo 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y

b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.

Al hacer este reconocimiento, los Estados integrantes de la Convención crearon el derecho a una vida libre de violencia, reconociendo que los actos de violencia cometidos contra las mujeres, son expresiones de discriminación y manifestaciones de las formas de relación desigual que se dan entre los hombres y mujeres y que son violatorios de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En México la ratificación de estos instrumentos internacionales y el movimiento amplio de mujeres han propiciado reformas legales importantes para igualar los derechos de mujeres y hombres. Sin embargo, no siempre los cambios en nuestro país se han dado inmediatamente después de la adopción de compromisos internacionales.

A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada desde 1948 no fue sino hasta 1953 que en México se llevó a cabo la reforma constitucional del artículo 34, para reconocer el derecho a las mujeres a ser ciudadanas y con ello, el derecho a votar y a poder ser electas. Del mismo modo, no fue sino hasta 1974 que se estableció en el artículo 4º constitucional la igualdad jurídica de hombres y mujeres, instituyendo que la Ley es la encargada de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Además de plantear que todo individuo tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Con la firma y ratificación de la CEDAW y de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, México reconoció que la igualdad jurídica no conlleva la igualdad material de derechos. Si ésta no se traduce en la creación de condiciones que faciliten el acceso y ejercicio igualitario de dichos derechos por parte de hombres y mujeres, los cambios que se hagan en las leyes no podrán materializarse en la realidad.

Debido a las desventajas históricas que las mujeres han sufrido, se les debe proporcionar los elementos para ejercer verdaderamente sus derechos en todos los espacios gubernamentales, empresariales, políticos, sindicales, sociales, económicos, culturales, etc.; utilizando para ello principalmente la legislación y las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno. Dado que la diferencia sexual se ha transformado en desigualdad social, actualmente se deben apoyar las medidas que sean necesarias para lograr que la perspectiva de género se convierta en algo natural de la vida social.

Con la introducción en el artículo 1º constitucional de la cláusula de no discriminación en razón del sexo, realizada en el año 2001 en nuestro país, finalmente, se logra concretar el fundamento constitucional para la igualdad material de derechos y oportunidades de las mujeres, que desde 1979 había quedado establecida.

``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.7

Con dicha cláusula y con la aprobación en el 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como ley reglamentaria del artículo 1º constitucional, no sólo se prohibió la discriminación, sino además se faculto a las dependencias gubernamentales para que hicieran uso del recurso de la acción afirmativa para corregir situaciones de desigualdad en el acceso a los derechos y oportunidades por parte de las mujeres.

Con ello el gobierno mexicano reconoció la importancia de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra la mujer, motivo por el que había apoyado iniciativas de la ONU en la materia.

Como Estado parte de instrumentos y convenciones internacionales a favor de los derechos de las mujeres, nuestro país, asumió el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran un impedimento para alcanzar las metas propuestas o proponer en su caso las medidas necesarias para atacar la discriminación y la violencia. Todo ello con el fin de que todas las mujeres mexicanas se encontrarán en condiciones de alcanzar su pleno desarrollo.

La violencia y discriminación contra las mujeres atentan contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona. Inhiben su desarrollo e incluso pueden llegar a provocarle daños irreversibles en todos los ámbitos de su vida. A raíz del boom internacional por la lucha de las mujeres, se considera como prioridad la prevención y erradicación de la discriminación en agravio de las mujeres, cualquiera que sea su forma de expresión, y para tal fin se hace urgente y necesario el impulso de medidas que contribuyan a hacer visible este problema social.

Es así como el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Mujeres 2001-2006, del Instituto Nacional de las Mujeres, tiene como objetivo cumplir con los compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos de las mujeres pues a pesar de la contribución femenina al cambio en muchos ámbitos de la vida pública y privada de las mujeres en México, las mujeres seguimos siendo discriminadas, subvaluadas o simplemente ignoradas. A pesar de la igualdad que por principio gozan mujeres y hombres ante la ley, persisten serias y profundas diferencias de género.

Según la Primera Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares, el 47% de las mujeres mexicanas padecen violencia y siete de cada diez familias sufren violencia intrafamiliar. El alcoholismo, los problemas económicos, el desempleo, la autonomía de la mujer y la falta de planificación familiar son los principales detonantes de la violencia y discriminación contra las mujeres en 47 de cada 100 hogares mexicanos.

Aún persiste en la educación y en el ámbito laboral la brecha de género en detrimento de la mujer. Hay una pirámide invertida para las mujeres, tanto respecto a la educación como a puestos y salarios devengados; el Diagnóstico sobre la situación de Mujeres y Hombres en la Administración Pública Federal de México, demuestra que las mujeres ganan menos salario que los hombres, en iguales cargos, en todos los niveles jerárquicos de la Administración Pública. Además de comprobar la tendencia del Gobierno Federal a contratar a mujeres solteras y sin hijos. Se estima que por cada 100 mujeres hay 212 hombres. Las diferencias entre los ingresos salariales que reciben hombres y mujeres son reveladoras de muchas otras injusticias. No sólo implican que se valúa menos el trabajo femenino, sino que se considera a la mujer menos valiosa que el hombre en la cuestión laboral.

Otra práctica discriminatoria es el hostigamiento sexual, el cual además de atacar las garantías individuales, tanto civiles como laborales y sexuales, es una práctica que limita el ejercicio de un derecho y niega el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. En México el hostigamiento sexual hacia las mujeres se da con mucha frecuencia; sin embargo todavía es uno de los problemas ocultos que debemos combatir. Según la Organización Internacional del Trabajo el hostigamiento sexual es la causa de fondo que obliga a casi cuatro de cada 10 mujeres a cambiar de entorno laboral, y origina que al menos y de cada cuatro mujeres con trabajo remunerado sea despedida.

La discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas. Los crímenes en Ciudad Juárez son tan sólo un reflejo de la adversidad y de la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural y democrática. La violencia y asesinatos hacia las mujeres no cesan, simplemente en este año van nueve mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y el feminicidio se extiende a otras entidades del país como el Distrito Federal, Sonora, Quintana Roo y Guadalajara.

Nuestro país se encuentra entre los cinco países de América Latina donde la explotación infantil se ha convertido en un problema grave. Cifras oficiales señalan que de los casi 41 millones de niños y niñas menores de 18 años, 20 mil son sometidos a abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía. De este total el 80 por ciento son niñas y mujeres.

Además, por primera vez en su historia, la Secretaría de Desarrollo Social determinó, con base en informes académicos, del gobierno y periodísticos, que en México ocurren al año 5 mil 200 muertes de mujeres de entre 15 y 49 años de edad por causas violentas, es decir 14 fallecen diariamente y dos de cada tres en sus propios hogares.

Rodolfo Tuirán, Subsecretario de la Sedesol, indicó que alrededor de 1.4 millones de mujeres en México sufren violencia física doméstica, esta cifra es verdaderamente alarmante y eso que no se toma en cuenta la violencia que las mujeres sufren fuera de su hogar. De igual manera 1.2 millones sufren agresiones con características de tipo sexual. Según informes, todas estas muertes se pueden evitar.

Ante estas cifras, el gobierno mexicano debe reconocer que en el país persiste todo tipo de discriminación. No basta la sola tutela jurídica de los derechos para lograr combatir todas formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Es necesaria una postura proactiva del Estado y de toda la ciudadanía para promover, garantizar y proteger la integridad de las mujeres mexicanas. La discriminación y la violencia deben ser fuertemente combatidas. Debemos partir de una actitud que parta de la conciencia de que hombres y mujeres somos iguales, por lo que las oportunidades pueden y deben ser iguales. Una nación en la que ninguno excluya al otro de su genero. Un espacio en el que ninguna asuma el papel de víctima o victimario, de discriminado o discriminador, de inferior o superior.

Para ello, consideramos importante que, paralelamente con las reformulaciones a la legislación, se desarrollen programas de difusión y de educación a toda la población, sobre la existencia y alcance de los derechos de las mujeres. Sólo a través de su conocimiento estaremos avanzando hacia la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Queda mucho camino por recorrer para eliminar obstáculos y prácticas discriminatorias que aún persisten en la compleja red de relaciones políticas, sociales, económicas y culturales en que se sustenta nuestra sociedad. Es indispensable que, cada vez más, se incorpore la perspectiva de género en la planificación, aplicación y evaluación de todas las leyes, políticas y programas, en todos los niveles de los ámbitos públicos y privados.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país; acorde con el desarrollo social y la justicia, nuestro partido sostiene la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna, su acceso general a la educación, alimento, trabajo, habitación, salud, bienestar e información.; por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto por el que se adiciona una fracción quinta al artículo 10 del Capítulo III, De las Medidas Positivas y Compensatorias a Favor de la Igualdad de Oportunidades, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Articulo Único.- Se adiciona una fracción quinta al artículo 10 del capítulo III de las Medidas positivas y compensatorias a favor de la Igualdad de Oportunidades de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 10

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:

I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares;

II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos;

III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y

IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten.

V. Promover campañas de información en los medios de comunicación que condenen toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y creen una política encaminada a prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Carta de las Naciones Unidas.

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3 Desde 1999, la CEDAW cuenta con un protocolo facultativo que permite que mujeres o grupos de mujeres que son víctimas de una violación a sus derechos interpongan una denuncia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas, o bien que soliciten una investigación por violaciones graves o sistemáticas perpetradas por un Estado Parte.

4 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, artículo 1.

5 Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993.

6 Entre ellas podemos encontrar importantes conferencias de la década de 1990 como la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo 1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), y su revisión cinco años más tarde (Nueva York, 2000).

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º, párrafo III.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Kahwagi.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el compañero diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Tamaulipas, integrante del grupo parlamentario del PRI, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diferentes y diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

La LIX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó recientemente un decreto de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2004, con el fin de establecer que la verificación de los productos y subproductos de origen animal procedentes de otros países tiene que llevarse a cabo forzosamente en territorio nacional. Sin embargo, existen ciertas discrepancias entre los textos actuales de los párrafos primero y quinto, del artículo 44 de esta ley, referentes al tratamiento que debe de otorgarse a la inspección de animales en pie, por lo que se propone modificar el primer párrafo del citado artículo con el propósito de establecer, con toda claridad, que los animales vivos deberán seguir siendo verificados o inspeccionados en territorio extranjero, tal y como se dispone en el resto del ordenamiento legal que nos ocupa.

Sobre el particular, no es conveniente que los animales vivos sean inspeccionados en territorio nacional porque para el caso de que se descubra de que son portadores de alguna enfermedad el país de procedencia se negaría a recibirlos con el consiguiente riesgo para la ganadería nacional.

Asimismo es necesario establecer una estrecha coordinación entre las diversas dependencias del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias se ocupen de la aplicación conjunta de las restricciones arancelarias y no arancelarias inherentes a la introducción de mercancías de origen animal al país, por lo que también se propone modificar el artículo en cuestión, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, lleven a cabo despacho conjunto de estas mercancías y se proporcionen a esta última las instalaciones necesarias para que su personal realice la inspección sanitaria en el interior de los recintos fiscales ubicados en franja o región fronteriza, puertos marítimos y aeropuertos internacionales.

Por otra parte, en la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía, propongo reformar el artículo 20 de la ley que vengo mencionando, con el fin de regular los procesos de matanza y beneficio de animales que se llevan a cabo en los rastros municipales.

Al respecto es pertinente mencionar que hasta antes de la reforma de la fracción II del artículo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se discutía si los ayuntamientos estaban facultados para expedir reglamentos autónomos, esto es, no reglamentarios de una ley formal expedida por la legislatura local, sin embargo a partir de ésta quedaron proscritos, porque tal precepto reformado sujeta a tales reglamentos, así como a los bandos de policía y buen gobierno a las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, lo que ha propiciado un vacío normativo en materia de servicios públicos municipales.

En la misma reforma en comento, se precisó que los municipios sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas reformas constitucionales, las autoridades federales competentes en las materias de salud y sanidad animal, se habían abstenido de regular las actividades de los rastros municipales, por existir incertidumbre respecto de la aplicación de leyes federales en el ámbito de los servicios públicos reservados a los municipios.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son la principal causa de mortalidad en nuestro país, pese a que hoy se conocen bien los principios aplicables para combatir la mayor parte de ellas, por lo que resulta de interés público proteger la salud del consumidor, asegurándole la inocuidad y adecuada conservación de los alimentos que adquiera en el mercado nacional.

En la obtención de alimentos seguros para la población del país, juegan un papel destacado los establecimientos dedicados al sacrificio de animales, pero a la fecha la Ley Federal de Sanidad Animal solamente contempla a los rastros tipo inspección federal, cuyas instalaciones garantizan la inocuidad y calidad de la carne procedente de los animales sacrificados en dichos establecimientos, en razón de que están sujetos a regulaciones sanitarias equivalentes a los estándares internacionales.

Sin embargo, es inapropiado que la ley actual se abstenga de regular los procesos de matanza y beneficios que se lleven a cabo en los rastros registrados y municipales, omisión que se pretende subsanar con la iniciativa con proyecto de reforma que hoy presento.

Por lo anterior, en el referido decreto se propone que los rastros municipales reúnan cuando menos los requisitos señalados para los rastros registrados y que éstos conjuntamente con los rastros tipo inspección federal, sean regulados por las normas oficiales que hoy establecen, con las diferenciaciones aplicables a cada tipo de rastro, las especificaciones de construcción y equipamiento de tales establecimiento, así como de aquellos que se dediquen a la industrialización de sus productos y subproductos, con los fines de permitir un óptimo control de la fauna nociva, de la higiene, así como de su adecuada conservación.

En efecto, las regulaciones contenidas en las normas oficiales mexicanas en la materia de sanidad animal, son los instrumentos jurídicos idóneos para prevenir manejos ina-decuados en la participación de los agentes económicos dedicados a las actividades relacionadas con el sacrificio de animales y la obtención de sus productos y subproductos destinados al consumo humano, por ocuparse de detalles técnico-operativos que deben actualizarse constantemente conforme a los avances de la ciencia.

Los tratados y acuerdos comerciales celebrados en la última década por nuestro país, han liberado de aranceles aduaneros a la mayor parte de las mercancías importadas, lo que aunado a la globalización del comercio mundial, implica que dentro de algunos años, las aduanas no tengan más propósito, que el de proteger a nuestro país de riesgos sanitarios.

Lo anterior significa una creciente interacción entre los particulares y los órganos de Estado encargados de nuestras fronteras sanitarias, por lo que también estimo conveniente que se reforme el artículo 60 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para establecer con mayor claridad los medios de defensa, que disponen los gobernados para modificar, revocar o anular, los actos de tales autoridades.

Finalmente, es importante mencionar, que en las reformas de los artículos 24 de la Ley Federal de Sanidad Animal y 86-H de la Ley Federal de Derechos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los días 12 de junio del 2000 y 30 de diciembre del 2002 respectivamente, esta soberanía ya estableció el destino específico de los ingresos que la Federación obtenga para recaudación de derechos, para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de los servicios de sanidad fitopecuaria, la operación del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal, las campañas zoosanitarias y el control cuarentenario, lo que permitirá tener a disposición de las autoridades competentes en la materia, recursos presupuestales de aproximadamente 300 millones de pesos, durante el ejercicio fiscal 2005, cuyo monto se estima conveniente aprovechar en la infraestructura de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria, para importación y el mejoramiento de las instalaciones o equipamiento de los rastros municipales, según se dispone en los artículos transitorios del decreto que vengo comentando.

Es por todas estas consideraciones que hago entrega al Presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la presente iniciativa con proyecto de reforma por el que se reforma artículo 2° con la adición de la definición de animales vivos y la modificación de los conceptos de punto de verificación e inspección zoosanitaria y punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación.

Hago entrega, diputada Presidenta, de esta reforma, con todos los artículos de esta iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Gonzalo Alemán Migliolo, por el estado de Tamaulipas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro formulando iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2º; se reforman los tres primeros párrafos y se adicionan un cuarto y quinto párrafos al artículo 20; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 44 y se adiciona a continuación de éstos un tercer párrafo, con lo que sus párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto pasan a ser el cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente; se reforman los dos primeros párrafos y se derogan los tres últimos párrafos del artículo 60, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando que la fracción V del artículo 117 de nuestra Carta Magna dice que los Estados no pueden, en ningún caso, prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera, mientras que la fracción XVI del artículo 73 reserva al Congreso de la Unión la facultad de dictar leyes sobre salubridad general de la República.

Que las acciones en materia de sanidad animal son competencia exclusiva de la Federación; pues, el artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal dispone que podrá realizarse libremente en el territorio nacional la movilización de animales, sus productos y subproductos, salvo cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expida normas oficiales en razón del riesgo zoosanitario que implique su movilización.

Que la aplicación de esta Ley, según su artículo 3º, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en tanto que la verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia también corresponde a dicha dependencia, en términos de la fracción V del artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la fracción III del artículo 4º de aquélla.

Que hasta antes de la reforma a la fracción II del artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se discutía si los ayuntamientos estaban facultados para expedir reglamentos autónomos, esto es, no reglamentarios de una ley formal expedida por la legislatura local; sin embargo, a partir de ésta, quedaron proscritos, porque tal precepto reformado sujeta a tales reglamentos, así como a los bandos de policía y buen gobierno, a las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, lo que ha propiciado un vacío normativo en materia de servicios públicos municipales.

Que en la misma reforma en comento, se precisó que los municipios, sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Que con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas reformas constitucionales, las autoridades federales competentes en las materias de salud pública y sanidad animal se habían abstenido de regular las actividades de los rastros municipales, por existir incertidumbre respecto de la aplicación de leyes federales en el ámbito de los servicios públicos reservados a los municipios.

Que en diversas normas oficiales mexicanas, el Ejecutivo federal ha establecido reglas administrativas generales para normar las especificaciones de construcción y equipamiento en los establecimientos de sacrificio de animales, así como los que se dediquen a la industrialización de sus productos y subproductos, con los fines de permitir un óptimo control de la fauna nociva, de la higiene, así como de su adecuada conservación.

Que las enfermedades transmitidas por los alimentos son la principal causa de mortalidad en nuestro país, pese a que hoy se conocen bien los principios aplicables para combatir la mayor parte de ellas, por lo que resulta de interés público proteger la salud del consumidor, asegurándole la inocuidad y adecuada conservación de los alimentos que adquiera en el mercado nacional.

Que las regulaciones contenidas en las normas oficiales mexicanas en la materia de sanidad animal, son los instrumentos jurídicos idóneos para prevenir manejos inadecuados en la participación de los agentes económicos dedicados a las actividades relacionadas con el sacrificio de animales y la obtención de sus productos y subproductos destinados al consumo humano, por ocuparse de detalles técnico-operativos que deben actualizarse constantemente conforme a los avances de la ciencia.

Que procede de otros países un volumen significativo de los productos y subproductos de origen animal destinados al mercado nacional, como consecuencia del gran crecimiento de las actividades de comercio exterior a partir de la eliminación de las restricciones arancelarias con nuestros principales socios comerciales, lo que hace necesario someter a dichas mercancías a procesos de verificación sanitaria en los puntos de entrada ubicados en franjas fronterizas, aeropuertos y puertos marítimos, con los mismos fines de aseguramiento de la inocuidad alimentaria y adecuada conservación que se exigen a las mercancías nacionales.

Que es necesario establecer una estrecha coordinación entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se ocupen de la aplicación conjunta de las restricciones arancelarias y no arancelarias inherentes a la introducción de mercancías de origen animal al país.

Que es conveniente que los animales en pie se sigan verificando en el extranjero, con el fin de evitar la introducción, radicación o propagación de enfermedades o plagas de los animales en el territorio del país.

Que los rastros tipo inspección federal garantizan la inocuidad y calidad de la carne procedente de los animales sacrificados en dichos establecimientos, en razón de que están sujetos a regulaciones sanitarias equivalentes a los estándares internacionales.

Que el ejercicio inadecuado de las actividades de verificación o inspección en la materia de sanidad animal por parte de las autoridades competentes, podría causar afectación al interés jurídico de quienes participan en las actividades de producción animal, lo que hace necesario una mayor claridad en la ley de la materia respecto de los medios de defensa disponibles para modificar, revocar o anular dichos actos.

Que en las reformas a los artículos 24 de la Ley Federal de Sanidad Animal y 86-H de la Ley Federal de Derechos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los días 12 de junio de 2000 y 30 de diciembre de 2002, respectivamente, se estableció el destino específico de los ingresos que la Federación obtenga por recaudación de derechos para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de los servicios de sanidad fitopecuaria, la operación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, las campañas zoosanitarias y el control cuarentenario, lo que permitirá tener a disposición de las autoridades competentes en la materia recursos presupuestales de aproximadamente trescientos millones de pesos durante el ejercicio fiscal del año 2005, cuyo monto se estima conveniente aprovechar parcialmente en la construcción de la infraestructura de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación y el mejoramiento de las instalaciones o equipamiento de los rastros municipales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presento a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2º, con la adición de la definición de animales vivos y la modificación de los conceptos de punto de verificación e inspección zoosanitaria y punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación; se reforman los tres primeros párrafos y se adicionan un cuarto y quinto párrafos al artículo 20; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 44 y se adiciona a continuación de éstos un tercer párrafo, con lo que sus párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto pasan a ser el cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente; se reforman los dos primeros párrafos y se derogan los tres últimos párrafos del artículo 60, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, conforme al siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona al artículo 2º la definición de animales vivos y se le reforma en los conceptos de punto de verificación e inspección zoosanitaria y punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación; se reforman los tres primeros párrafos y se adicionan un cuarto y quinto párrafos al artículo 20; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 44 y se adiciona a continuación de estos un tercer párrafo, con lo que sus párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, pasan a ser el cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente; se reforman los dos primeros párrafos y se derogan los tres últimos párrafos del artículo 60; de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 2º. ...

Animales vivos: Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, équidos, conejos o cualquier otra especie animal apta para el consumo humano, con excepción de las que tengan como hábitat el medio acuático;

Punto de verificación e inspección zoosanitaria: Sitio ubicado en territorio nacional con infraestructura de diagnóstico autorizado por la Secretaría, para constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo establecido por esta ley. En la inteligencia de que tratándose de las importaciones de productos y subproductos de origen animal, deberán verificarse en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación;

Punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación: Sitio ubicado en territorio nacional, con infraestructura de diagnóstico autorizado por la Secretaría, para constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo establecido por esta ley, en lo que no se contraponga con la legislación de comercio exterior y aduanal aplicable. En la inteligencia de que tratándose de las importaciones de productos y subproductos de origen animal, estas mercancías deberán verificarse en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria que se encuentren ubicados en la franja fronteriza, cuando se trate de importaciones vía terrestre, o en el puerto de entrada, cuando se trate de importaciones vía aérea o marítima.

Este concepto no aplicará en lo referente a animales vivos, los cuales podrán ser verificados en territorio extranjero;

Artículo 20. Las plantas de sacrificio de animales serán de dos tipos:

I. Rastros registrados; y

II. Rastros Tipo Inspección Federal, por sus siglas TIF.

La Secretaría expedirá Normas Oficiales Mexicanas que establezcan las características, procedimientos y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir los establecimientos antes mencionados, pero la denominación Tipo Inspección Federal o sus siglas TIF, solamente podrán ser utilizadas por los rastros, industrializadoras, empacadoras y frigoríficos, cuando sus instalaciones y procesos productivos se ajusten a dichas normas y su calidad zoosanitaria esté certificada por la Secretaría o un organismo de certificación aprobado por ésta.

Los rastros municipales deberán funcionar con los mismos requisitos establecidos por la Secretaría para los rastros registrados, pero el ayuntamiento en cuya jurisdicción se encuentre el establecimiento podrá solicitar a la Secretaría que autorice su funcionamiento como Tipo Inspección Federal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este tipo de rastro.

Todos los rastros deberán tener a su servicio y durante su horario de funcionamiento, cuando menos, un médico veterinario aprobado por la Secretaría.

El sacrificio de ganado en pie importado deberá llevarse a cabo exclusivamente en Rastros Tipo Inspección Federal.

Artículo 44. La Secretaría deberá inspeccionar y verificar, en cualquier tiempo y lugar, en los puntos de verificación y dentro del territorio nacional, de acuerdo con lo ordenado en la presente ley, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. En la inteligencia de que tratándose de las importaciones de productos y subproductos de origen animal, estas mercancías deberán verificarse en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación.

En la importación de estas mercancías, una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera con el pedimento y el certificado zoosanitario internacional o el expedido por el país de procedencia y se activará el mecanismo de selección automatizada establecido por la Ley Aduanera que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, además del reconocimiento que debe llevar a cabo la autoridad aduanera, el personal oficial de la Secretaría también verificará, ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal, si éstas cumplen con los requisitos establecidos por las normas oficiales mexicanas en materia zoosanitaria y expedirá el certificado zoosanitario que establecen estas normas.

Con excepción de las mercancías verificadas por la Secretaría en el interior del recinto fiscal, todos los productos y subproductos de origen animal deberán ser presentados en el punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación autorizado por la Secretaría, con el propósito de que sean verificados y, en su caso, se expida el certificado zoosanitario que establecen las normas oficiales mexicanas. Ningún embarque de estas mercancías podrá salir de la franja fronteriza o del puerto de entrada aéreo o marítimo, sin que esté amparado por un certificado zoosanitario expedido por la Secretaría.

...

Artículo 60. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento en esta ley, normas oficiales mexicanas en la materia y disposiciones que de ella emanen, el interesado podrá promover, a su elección, el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La ejecución de la resolución impugnada podrá suspenderse bajo los mismos términos y condiciones que establecen la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el Código Fiscal de la Federación, respectivamente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal deberá expedir el reglamento de esta ley dentro de los noventa días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Tercero. Los propietarios, concesionarios, permisionarios o usuarios de los rastros municipales deberán adecuar las instalaciones de dichos establecimientos, conforme a los requisitos establecidos para rastros registrados en el punto 4 de la NOM-008-ZOO-1994 ``Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos'', en el entendido de que los plazos de cumplimiento establecidos en dicho punto empezarán a correr, para rastros municipales, a partir del día siguiente al en que entre en vigor este decreto.

Cuarto. De las contribuciones recaudadas con motivo de la aplicación del antepenúltimo párrafo del artículo 24 de esta ley y los artículos 84 al 86-H de la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público separará una cantidad no menor al 45% de lo recaudado por dichos conceptos en el ejercicio fiscal inmediato anterior al en que entre en vigor este Decreto, para integrar una partida presupuestal especial con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal de 2005 que deberá entregar a la Secretaría, a más tardar el último día del mes de febrero del año 2005, que ésta a su vez deberá destinar a un Programa de Apoyo a la Reconversión y Mejoramiento de las Instalaciones de los Rastros Municipales, sin perjuicio de que en ejercicios fiscales subsecuentes se sigan entregando dichas contribuciones a la Secretaría para que las destine a los fines establecidos en esos artículos.

El titular de la Secretaría deberá presentar el proyecto de reglas de operación del programa a que se refiere este artículo transitorio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a más tardar el último día hábil de enero de 2005.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir, respectivamente, la autorización y dictamen correspondientes a las citadas reglas de operación, a más tardar los diez días hábiles posteriores a que sea presentado el proyecto de reglas de operación o de modificaciones al mismo.

La Secretaría deberá publicar las reglas de operación de este programa a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2005, incluyendo las modificaciones propuestas, en su caso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Quinto. De las contribuciones recaudadas con motivo de la aplicación del antepenúltimo párrafo del artículo 24 de esta ley y los artículos 84 al 86-H de la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público separará una cantidad no menor al 45% de lo recaudado por dichos conceptos en el ejercicio fiscal inmediato anterior al en que entre en vigor este Decreto, para integrar una partida presupuestal especial con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal de 2005 que deberá entregar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría, a más tardar el último día del mes de febrero del año 2005, que este organismo a su vez deberá destinar a la construcción y equipamiento de las instalaciones necesarias para la realización de las labores de verificación a que se refiere el artículo 44 de esta ley, sin perjuicio de que en ejercicios fiscales subsecuentes se sigan entregando dichas contribuciones a la Secretaría para que las destine a los fines establecidos en esos artículos.

Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de asignar y entregar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría, dentro de un plazo no mayor de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto y en el interior de los recintos fiscales ubicados en franjas fronterizas y puertos de entrada aéreos o marítimos, espacios suficientes para que se puedan edificar y equipar las instalaciones necesarias para realizar los actos de verificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 44 de esta ley.

Séptimo. El titular del Ejecutivo federal dispondrá de un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para constituir en los términos del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una Comisión Intersecretarial integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que deberá establecer los mecanismos de coordinación que sean necesarios para llevar a cabo el despacho conjunto de las mercancías a que se refiere el artículo 44 de esta ley.

Octavo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, todas las importaciones de productos o subproductos de origen animal serán verificadas en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación autorizados por la Secretaría. La verificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 44 de esta ley, se llevará a cabo a partir del 1 de enero de 2006.

Noveno. La totalidad de las contribuciones e ingresos a que se refieren los artículos 24 de esta ley y 84 al 86-H de la Ley Federal de Derechos, serán consideradas como excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen y no serán regularizables en el ejercicio subsecuente.

Para la aplicación del destino específico establecido en dichos artículos, esta ley será considerada como una ley fiscal y no le serán aplicables las disposiciones de otras leyes fiscales que establezcan modificaciones o restricciones generales al destino específico de las contribuciones, por lo que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo aquí establecido.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Tesorería de la Federación, asignará una clave de identificación propia y común a los derechos antes mencionados, para que sea anotada por el usuario de los servicios en la respectiva forma oficial de pago, con el fin de establecer los montos recaudados por esos conceptos durante cada ejercicio fiscal.

Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado.

Insértese íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

A petición del Partido de la Revolución Democrática, se retira del orden del día la iniciativa que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

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CODIGO PENAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, a continuación tiene la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

El delito ha sido concebido de distintas formas, atendiendo al tipo de sociedad, época y momento histórico en que se presente. Desde el inicio de la historia en las incipientes formas de organización social, el delito siempre se ha manifestado como un acto que ofende al género humano, de tal forma que al derecho como ciencia le corresponde ir a la vanguardia para regular la inercia que presenta la sociedad en el devenir del tiempo.

En los tiempos actuales los ilícitos penales se han presentado utilizando la tecnología que nos proporcionan los sistemas computacionales, como lo es la red internacional conocida como Internet. De tal forma, se considera que en el año de 1983 nació realmente el Internet o red internacional, producto del ingenio humano la cual vino a acortar distancias y a disminuir tiempos, globalizándose así la comunicación. El objetivo era realizar operaciones de carácter económicas, financieras, bursátiles y otras más de una ciudad a otra, de un país a uno distinto sin necesidad de hacerlo materialmente, es decir, con esta innovación tecnológica ya no es necesario trasladarse físicamente al lugar, sino que permite que desde la oficina, desde el hogar, se efectúen este tipo de operaciones.

Es el evento delictivo que aparece en los mecanismos cibernéticos para interactuar y manejar datos que pueden ir del orden de los personales hasta los vinculatorios, con empresas, bancos, negocios, corporaciones, oficinas de gobierno, en donde los expertos conocidos como hackers y crackers se introducen en sistemas prohibidos con el propósito de hacer daño mediante la manipulación desde una máquina computadora de tipo personal o ingresar a los sistemas computacionales más sofisticados para realizar fraudes, sustraer información, contaminar los programas informáticos a través de la instalación de virus cibernéticos o en su caso, bloquear, interferir en la información que manejan las personas físicas y las personas morales en sus sistemas informáticos.

La presente iniciativa tiene por objeto precisamente que hoy día el código punitivo regule y establezca un tipo penal a la práctica reiterada de gente experta como los precitados hackers y crackers, que la mayoría de las veces realizan conductas que no se encuentran previstas o contempladas en la ley penal, como son interferir, diseñar y transmitir programas tendientes a bloquear, conocer o extraer información con el ánimo de causar perjuicio a cualquier persona. Por ello consideramos que la presente iniciativa tiene el espíritu de llenar un vacío que el código sustantivo penal no ha cubierto, para que las conductas antes descritas sean sancionadas por el derecho.

El manejo y el uso de información en la red de redes tiene muchas aristas por explorar, de tal forma que existen vacíos en la aplicación y formulación de leyes, por lo que dicha situación convierte a la red internacional en un espacio propicio para el diseño y ejecución de delitos cibernéticos.

De conformidad con la actual lectura del código represivo, se consideran como delitos informáticos todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hace referencia al uso indebido de cualquier medio informático, la alteración de información, el sabotaje, el fraude, la clonación de señales satelitales, de tarjetas de crédito y débito, la pornografía infantil e inclusive los secuestros, delitos que pueden ser manejados por cualquier medio que implique el uso y manipulación de la información a través de los sistemas de la red. Este tipo de prácticas se han desarrollado de una forma considerablemente rápida, con las consecuencias dañinas a los usuarios de la red.

Uno de los problemas más importantes para la persecución de estos delitos tiene que ver con la rapidez que ofrece la publicación electrónica para poner y quitar información de cualquier tipo y formato en web. Este tipo de delitos cibernéticos no son fáciles de detectar dada la amplia gama de sitios en la red internacional que se encuentran diseminadas en todo el planeta, por lo que se necesita que verdaderos expertos en la materia realicen rastreos y líneas de investigación meticulosas para lograr el origen y autor del delito, donde en ocasiones son verdaderas mafias organizadas que operan inclusive a nivel internacional.

De ahí la trascendencia de esta iniciativa en el sentido de adicionar el párrafo tercero del artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para establecer como delito al que sin autorización diseñe, elabore, transmita programas conocidos como virus con la finalidad de bloquear o interferir en sistemas o programas o en su caso sustraer datos o información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado e instituciones que integran el sistema financiero estén o no protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone a esta honorable Asamblea el presente decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal.

Solicito a la Presidencia sea publicada íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa con proyecto decreto.

Exposición de Motivos

El delito ha sido concebido de distintas formas, atendiendo al tipo de sociedad, época y momento histórico en que se presente.

Desde el inicio de la historia, en las incipientes formas de organización social, el delito siempre se ha manifestado como un acto que ofende al género humano, de tal forma que al derecho como ciencia corresponde ir a la vanguardia para regular la inercia que presenta la sociedad en el devenir del tiempo.

La historia del derecho penal abarca el periodo de la venganza privada, conocido también como ``periodo de sangre'', pasando por el ``periodo divino'', el de la ``venganza publica'' o el ``periodo humanitario'', para aterrizar finalmente en el ``científico''.

Se considera que en 1983 nació realmente Internet (o red de redes), producto del ingenio humano. Vino a acortar distancias y a disminuir tiempos, globalizándose así la comunicación. El objetivo era realizar operaciones económicas, financieras, bursátiles y otras más de una ciudad a otra de un país a uno distinto sin necesidad de hacerlo materialmente: desde la oficina, desde el hogar es posible efectuar ese tipo de operaciones.

Es el evento delictivo que aparece en los mecanismos cibernéticos para interactuar y manejar datos que puedan ir del orden de los personales hasta los vinculatorios con empresas, bancos, negocios, corporaciones, oficinas de gobierno, donde los expertos, conocidos como hackers y crackers, que son personas que se introducen en sistemas prohibidos, con el propósito de hacer daño mediante la manipulación desde una máquina computadora de tipo personal o ingresar en los sistemas computacionales más refinados para realizar fraudes, sustraer información, contaminar los programas informáticos, a través de la instalación de ``virus cibernéticos'', o --en su caso-- bloquear, interferir la información que manejan las personas físicas y las personas morales en sus sistemas computacionales.

La presente iniciativa tiene por objeto precisamente que hoy día el código punitivo regule y establezca un tipo penal a la práctica reiterada de gente experta, como los precitados hackers y crackers, que en la mayoría de las veces realizan conductas que no se encuentran previstas en la ley penal, como interferir, diseñar y transmitir programas tendentes a bloquear, conocer o extraer información con el ánimo de causar perjuicio a otro.

Por ello consideramos que la presente iniciativa tiene el espíritu de llenar un vacío que el código sustantivo penal no ha cubierto, para que las conductas descritas sean sancionadas por el derecho.

El manejo y el uso de información en la red de redes tienen muchas aristas por explorar, de tal forma que existen vacíos en la aplicación y formulación de leyes, por lo que dicha situación se convierte en la Internet en un espacio propicio para el diseño y ejecución de delitos cibernéticos.

De conformidad con la actual lectura del código represivo, se consideran delitos informáticos ``todas las conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen referencia al uso indebido de cualquier medio informático'', la alteración de información, el sabotaje, la pedofilia, el fraude, la clonación de señales satelitales, de tarjetas de crédito y débito, la pornografía infantil, e incluso los secuestros, delitos que pueden ser manejados por cualquier medio que implique el uso y la manipulación de la información a través de los sistemas de red. Este tipo de prácticas se ha desarrollado de forma considerablemente rápida.

Uno de los problemas más importantes para la persecución de estos delitos tiene que ver con la rapidez que ofrece la publicación electrónica para poner y quitar información de cualquier tipo y formato en web.

Este tipo de delitos cibernéticos no es fácil de detectar, dada la amplia gama de sitios web que se encuentran diseminadas en todo el planeta, por lo que se necesita que verdaderos expertos en la materia realicen rastreos y líneas de investigación meticulosas para lograr el origen y autor, que en ocasiones son verdaderas mafias organizadas que operan incluso a escala internacional. De ahí la trascendencia de esta iniciativa, en el sentido de adicionar el párrafo tercero del artículo 211 Bis 1, para establecer como delito al que sin autorización diseñe, elabore o transmita programas conocidos como ``virus'', con la finalidad de bloquear o interferir sistemas o programas, o --en su caso-- sustraer datos o información contenida en sistemas o equipos de informática, del Estado e instituciones que integran el sistema financiero estén o no protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis 1.

...

...

Al que sin autorización diseñe, elabore o transmita programas conocidos como ``virus'', con la finalidad de bloquear o interferir sistemas o programas, o --en su caso-- sustraer datos o información, contenida en sistemas o equipos de informática, del Estado e instituciones que integran el sistema financiero estén o no protegidos por algún mecanismo de seguridad, se impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta..»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Legorreta y de acuerdo a su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Se encuentran con nosotros, en la zona de galerías de este recinto, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos, fueron invitados por el diputado Federico Barbosa Gutiérrez.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO PARA EL PAGO DE UNA COMPENSACION ECONOMICA PARA LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS MIGRATORIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL PERIODO 1942-1964

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa para crear el fideicomiso para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942-1964.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, diputada Presidenta. Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo de 1942 a 1964.

Apreciables diputadas y diputados: el 19 de octubre presentamos a esta soberanía el punto de acuerdo para elevar y poner una partida en el presupuesto, de 600 millones de pesos, para los compañeros trabajadores migratorios que en justicia les corresponde.

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra sostuvieron con las potencias del eje de Alemania, Italia y Japón y las consecuencias salidas de soldados norteamericanos, para combatir en los diversos frentes, se hizo necesaria la contratación de trabajadores migratorios mexicanos para trabajar especialmente en los campos agrícolas de Estados Unidos y en los Ferrocarriles.

Ante la solicitud del Gobierno de Estados Unidos de América para que el gobierno federal mexicano permitiera la salida al país vecino de trabajadores mexicanos, por acuerdo número 790 del Ejecutivo federal, de fecha 4 de mayo de 1942 se instruyó una Comisión Intersecretarial integrada por la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Fomento y el entonces Departamento de Salubridad Pública, a fin de que la inmigración de nuestros nacionales si no se podía evitar, se llevaba a cabo sin perjuicio de la economía nacional y de las garantías que para el caso establecían nuestras leyes.

Por acuerdo del 23 de julio de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del mismo año, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, Manuel Avila Camacho, ordenó a la Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, al entonces Departamento de Salubridad Pública, hacer las gestiones necesarias para impartir la seguridad a los trabajadores mexicanos que emigraron a Estados Unidos, en su carácter de braceros.

En este pleno solicitamos el punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal 2005, aparezca un presupuesto que podamos en justicia entregarle a los hombres que en esa época dieron su vida, en aras de buscar, como lo están haciendo hoy nuestros compatriotas, mujeres y hombres y jóvenes mexicanos de emigrar a Estados Unidos en busca de mejor justicia social y dignidad humana.

Ahora vengo a exponer a esta soberanía, esta iniciativa de ley que le dé seguridad y certeza a la aplicación de estos recursos y la transparencia del mismo y por lo mismo pongo a consideración la Ley que Crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación a los Trabajadores Mexicanos Migratorios en Estados Unidos de América para el periodo de 1942 a 1964.

Artículo 1°. Se crea el Fideicomiso para el Pago de la Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América para el periodo de 1942 a 1964. Fideicomiso que administrará los recursos económicos que se asignen y se harán entrega de una compensación económica para los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América para el periodo de 1942 a 1964, como pago del fondo de ahorro constituido con los descuentos al salario de los trabajadores, establecidos en los acuerdos México-Estados Unidos de América de fecha 4 de agosto de 1942 y el 29 de abril de 1943, que reglamentaron la contratación de trabajadores agrícolas y no agrícolas migratorios mexicanos. El fideicomiso que se crea, tendrá una duración mínima de 5 años.

Artículo 2°. El fideicomiso tendrá por objeto hacer entrega a todos los trabajadores mexicanos migratorios braceros en Estados Unidos de América, en los años de 1942 a 1964 y a sus cónyuges o viudas, dependientes económicos, a sus hijos, de una compensación económica en pago del fondo de ahorro constituido con los descuentos hechos a sus salarios, que sean debidamente registrados en las oficinas que para tal el caso, serán instaladas por el Gobierno Federal en la Secretaría de Gobernación y sus correspondientes delegaciones en los estados de la República.

Artículo 3°. Para el efecto de esta ley se entenderá por trabajadores mexicanos, braceros, migratorios, las personas que comprueben haber sido contratadas para trabajar en los términos del acuerdos México-Estados Unidos de América, por el periodo de 1942 a 1964, indicados en el artículo 1º.

Segundo, cónyuges o viudas, dependientes económicos e hijos, las personas que documenten ante las oficinas de la Secretaría de Gobernación y/o en sus correspondientes delegaciones, en los estados de la República, cualquiera de la situación jurídica señalada en las fracciones que anteceden, calidades y serán debidamente acreditas y registradas.

En caso de que se registren varios solicitantes reclamantes de la compensación de la presente ley, que establece a favor de los trabajadores mexicanos migratorios braceros en Estados Unidos de América para el periodo de 1942 a 1964, las compensaciones a que tuviesen derecho, se distribuirán en prorrata entre todos ellos.

Tercero, la Secretaría de Gobernación y sus correspondientes delegaciones en todo el país.

Fideicomiso. El fideicomiso estará constituido conforme lo establece la presente ley.

Fiduciaria. La institución que designe el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que el comité técnico del fideicomiso se crea por la presente ley.

Representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 4°. El fideicomiso será público y contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo y Previsión Social; un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores. También estará integrado por un representante de cada una de las organizaciones de trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América para el periodo de 1942 a 1964, que se acrediten ante dicho comité técnico y un representante por cada 5 mil trabajadores mexicanos braceros migratorios, que dicha organización haya registrado en el padrón respectivo.

El comité técnico y el fideicomiso estarán presididos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por cada representante propietario del comité técnico habrá un suplente, en sus ausencias. Las decisiones del comité técnico del fideicomiso que se crea por la presente ley, se tomarán por mayoría calificada, es decir por el 75 por ciento de sus integrantes.

Artículo 5°. Los recursos económicos que destinen para hacer entrega de las compensaciones económicas en el pago del fondo de ahorro de los trabajadores mexicanos braceros en Estados Unidos de América para el periodo de 1942 a 1964, constituirán el patrimonio que será administrado por el fideicomiso y se constituirá por:

1. Una partida del presupuesto anual de Egresos de la Federación aprobado para el año 2005.

2. El pago de la compensación económica de los trabajadores mexicanos migratorios braceros en Estados Unidos de América en los años de 1942 a 1964 objeto de esta ley, se iniciará a más tardar 3 meses después de que se asignen al fideicomiso los recursos económicos necesarios, para el cumplimiento de este objetivo.

Artículo 6°. El fideicomisante será el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 7°. El comité técnico del fideicomiso tendrá de manera enunciada más no limitada, las siguientes facultades:

1. Integrar el padrón de trabajadores mexicanos braceros migratorios agrícolas y no agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo de 1942 a 1964, establecidos los mecanismos de acreditación de las personas que manifiestan tener derecho a la entrega de la compensación económica en el pago del fondo de ahorro, así como la forma de documentar dicha situación.

2. Autorizar las cantidades destinadas a la entrega de la compensación económica en el pago del fondo de ahorro a quienes tienen derecho los trabajadores mexicanos braceros migratorios agrícolas y no agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo de 1942 a 1964.

3. Establecer los requisitos que deben reunir los documentos probatorios, derecho a la entrega de compensación económica, acordar las bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán los derechos a la entrega de esta compensación económica, evaluar periódicamente los aspectos operativos.

Apreciables diputadas y diputados, en razón que el tiempo se ha agotado, solicito, diputada Presidenta, que esta iniciativa que hemos presentado a esta soberanía, por razones de tiempo sea publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y que pronto sea nuevamente elevada por las comisiones unidas a esta soberanía, para que quede incorporada al presupuesto que habremos de otorgar a nuestros compañeros compatriotas mexicanos campesinos que salieron buscando justicia y dignidad a Estados Unidos en esos años y que aún siguen emigrando y que es hora de que hagamos justicia y sensibilidad en los que menos tienen. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa a fin de crear el fideicomiso para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de América por el periodo 1942-1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputadas y diputados de la bancada cenecista integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964.

Considerandos

I.- Trabajadores migratorios mexicanos participantes del Programa Bracero en Estados Unidos de América por el periodo de 1942 a 1967, exigen del gobierno mexicano la devolución de las cantidades correspondientes al fondo de ahorro, constituido con base en los acuerdos México-Estados Unidos de América que reglamentaron la prestación de servicios de los braceros mexicanos migratorios en el programa mencionado.

II.- Con motivo de la segunda guerra mundial que Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra, sostuvieron con las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón y la consecuente salida de soldados norteamericanos para combatir en los diversos frentes, se hizo necesaria la contratación de trabajadores migratorios mexicanos, para trabajar especialmente en los campos agrícolas de los EE.UU. y en el ferrocarril.

III.- Ante la solicitud del Gobierno de Estados Unidos de América, para que el gobierno federal mexicano permitiera la salida al país vecino de trabajadores mexicanos; por acuerdo No. 790 del Ejecutivo Federal mexicano, de fecha 4 de mayo de 1942, se instituyó una comisión intersecretarial integrada por las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Fomento y el entonces Departamento de Salubridad Pública, a fin de que: ``la emigración de nuestros nacionales, si no se puede evitar, se lleve a cabo sin perjuicio de la economía nacional y con las garantías que para el caso establecen nuestras leyes''(sic).

IV.- Por acuerdo de 23 de julio de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del mismo año, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal Gral. Manuel Ávila Camacho, ordenó a las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Trabajo y Previsión Social y al entonces Departamento de Salubridad Pública: Hacer las gestiones necesarias para impartir las seguridades a los trabajadores mexicanos que emigren a Estados Unidos de América, que en dicho acuerdo se establecen.

En dicho acuerdo se establece: `` La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será el órgano del ejecutivo encargado de ejecutar el acuerdo económico que la de Relaciones Exteriores - con el dictamen de la propia Secretaría del Trabajo - celebre sobre el particular con el gobierno de Estados Unidos de América, cuidará de que las contrataciones se hagan de acuerdo con las garantías que para los trabajadores establece la ley; fijará las proporciones de los depósitos que los trabajadores constituyan con la garantía de los contratistas para la formación de su Fondo de Ahorro, cuyo importe entregará el Gobierno Americano preferentemente en implementos agrícolas, que capaciten a los mismos trabajadores para consagrarse, a su regreso, a pequeños cultivos de su propiedad ''. (sic)

V.- Los gobiernos de México y Estados Unidos de América, con fecha 4 de agosto de 1942 celebraron un Acuerdo para Reglamentar la Contratación Temporal de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos a efecto de fijar las bases sobre las cuales estos trabajadores mexicanos pudieran ser contratados en Estados Unidos de América y al mismo tiempo, proveer los mecanismos para que esos mismos trabajadores estuvieran debidamente protegidos, estableciendo con precisión los términos de la contratación; trabajo, transporte, condiciones laborales, salario, fondo de ahorro, etcétera, etcétera.

En relación con el Fondo de Ahorro campesino en dicho acuerdo se establece:

`` a).- La agencia del Gobierno de los Estados Unidos respectiva, tendrá la responsabilidad de la guarda de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación de su Fondo de Ahorro Campesino, hasta que sean transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México, el que contraerá las responsabilidades del Depósito, guarda y aplicación, o en su defecto devolución de dichas cantidades ''(sic).

``b).-El gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuidará de la seguridad de los ahorros de los trabajadores para que se inviertan en la adquisición de los implementos agrícolas, que de acuerdo con los permisos de exportación que el gobierno de los Estados Unidos otorgue, puedan ser traídos por los trabajadores al repatriarse, en la inteligencia de que la Farm Security Administration recomendará para dichos implementos la prioridad correspondiente.''

VI.- Con fecha 26 de abril de 1943, los gobiernos de México y EE.UU., suscribieron un acuerdo que modifica el convenio de 4 de agosto de 1942, para reglamentar la contratación de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos, el cual entre otros aspectos establece las modificaciones al Fondo de Ahorro Campesino, en los siguientes términos:

``a).- La Agencia del gobierno de los Estados Unidos respectiva, tendrá la responsabilidad de la custodia de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación de su Fondo de Ahorro Campesino, hasta que sean transferidas a Wells Fargo Bank and Union Trust Company, de San Francisco, por cuenta del Banco de México, S. A., el cual traspasará dichos fondos al Banco de Crédito Agrícola de México, este último asume la responsabilidad por el depósito, guarda y aplicación o en su defecto devolución de dichas cantidades.''

``b).- El gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuidará de la seguridad de los ahorros de los trabajadores para que se inviertan en la adquisición de implementos agrícolas, que de acuerdo con los permisos de exportación que el gobierno de los Estados Unidos otorgue, puedan ser traídos por los trabajadores al repatriarse, en la inteligencia de que la Farm Security Administration recomendará para dichos implementos la prioridad correspondiente.''

VII.- Los gobiernos de México y Estados Unidos de América, con fecha 29 de abril de 1943 celebraron un Acuerdo para Reglamentar la Contratación Temporal de Trabajadores No Agrícolas Migratorios Mexicanos, quienes trabajaron en la construcción de la red ferroviaria del vecino país del norte, a efecto de fijar las bases sobre las cuales estos trabajadores mexicanos pudieran ser contratados en Estados Unidos de América y al mismo tiempo, proveer los mecanismos para que esos mismos trabajadores estuvieran debidamente protegidos, estableciendo con precisión los términos de la contratación; trabajo, transporte, condiciones laborales, salario, fondo de ahorro, etc. etc.

En relación con el Fondo de Ahorro de los Trabajadores No Agrícolas en dicho acuerdo se establece:

`` 1.- La Comisión de Mano de Obra para la Guerra (War Manpower Comission) tendrá la responsabilidad de la custodia de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación de su Fondo de Ahorro, hasta que sean acreditadas al Banco de México, S.A. en alguna de las agencias que dicho Banco tiene en los Estados Unidos de América y que posteriormente será determinada por medio de un canje de notas. El Banco de México, S. A., a su vez, traspasará las sumas en cuestión al Banco del Ahorro Nacional, S.A. (sic)

2.- Cada vez que la Comisión de Mano de Obra para la Guerra (War Manpower Comission) haga alguno de los depósitos a que se refiere el párrafo anterior, enviará directamente al Banco del Ahorro Nacional, S.A., un aviso que contenga los nombres de los beneficiarios y la cantidad que le corresponda a cada uno de ellos por concepto del mencionado ahorro. (sic)

VIII.- De todo lo anterior se concluye que a todos los trabajadores migratorios agrícolas y no agrícolas mexicanos que participaron en el Programa Bracero a partir de 1942, les fue descontado el 10% de sus salarios a fin de integrar un Fondo de Ahorro.

IX.- De conformidad con los acuerdos internacionales, el gobierno americano entregó las cantidades descontadas a los braceros agrícolas mexicanos a Wells Fargo Bank y Union Trust Company de San Francisco y estos a su vez al Banco Nacional de Crédito Agrícola.

X.- De conformidad con los acuerdos internacionales, el gobierno americano por conducto de la Comisión de Mano de Obra para la Guerra (War Manpower Comission), entregó las cantidades descontadas a los braceros no agrícolas mexicanos al Banco del Ahorro Nacional, SA.

XI.- Consecuentemente el gobierno de Estados Unidos de América, Wells Fargo Bank, Union Trust Company de San Francisco y la Comisión de Mano de Obra para la Guerra (War Manpower Comission), tienen en su poder las listas de los braceros mexicanos agrícolas y no agrícolas, a quienes se descontó el 10% de su salario para integrar su Fondo de Ahorro, dichas listas y cantidades, de conformidad con los acuerdos internacionales fueron entregadas al gobierno mexicano por conducto del Banco de México, S.A. quien a su vez los entregó al Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. y al Banco del Ahorro Nacional, S.A. esas listas darán claridad sobre los trabajadores braceros a quienes se descontó de su salario el 10% y las cantidades entregadas al gobierno mexicano por ese concepto.

XII.- Al 6 de febrero de 1947 el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. había recibido por lo menos la cantidad de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos, 00/100, M.N.), proveniente del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Braceros Agrícolas Migratorios Mexicanos.

XIII.- Dichas cantidades y sus rendimientos representan sumas importantes que nunca fueron entregadas a sus titulares o a sus beneficiarios.

XIV.- Diversas organizaciones de campesinos y trabajadores como la Confederación Nacional Campesina, el Movimiento Binacional Alianza Braceroproa y otras, han impulsado una solución institucional encaminada a dar respuesta positiva al reclamo de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, para que se les pague el Fondo de Ahorro constituido en los términos anotados líneas atrás, presentando diversas iniciativas encaminadas a ese fin.

XV.- Finalmente solo cabe dejar constancia de que la situación de aquellos trabajadores migrantes, que dieron los mejores años de su vida con su trabajo a la Unión Americana y que fueron generadores de divisas, aportando en forma sensible al fortalecimiento de la economía del país, hoy su situación económica y de salud es sumamente precaria, estimamos que la figura del fideicomiso propuesta, es un acto de elemental justicia que de ser aprobado será de indudable beneficio para mexicanos que por su edad y condición económica lo requieren; estimamos como diputados un deber moral y legal y un acto de elemental justicia, coadyuvar a la obtención de un instrumento que mucho les servirá para hacer menos difícil su vejez y en caso de que ya hayan fallecido será un indudable apoyo para sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esa H. Asamblea la

Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, en los siguientes términos:

Artículo 1.- Se crea el Fideicomiso para el pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, Fideicomiso que administrará los recursos económicos que se le asignen y hará entrega de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964; como pago del Fondo de Ahorro constituido con los descuentos al salario de los trabajadores, establecido en los acuerdos México Estados Unidos de Norteamérica, de fechas 4 de agosto de 1942 y 29 de abril de 1943, que reglamentaron la contratación de trabajadores agrícolas y no agrícolas migratorios mexicanos.

El Fideicomiso que se crea tendrá una duración mínima de cinco años.

Artículo 2.- El Fideicomiso tendrá por objeto:

I.- Hacer entrega a todos los Trabajadores Mexicanos Migratorios Braceros en Estados Unidos de América en los años 1942 a 1964 o a sus cónyuges, viudas, dependientes económicos o a los hijos o hijas; de una Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro constituido con los descuentos hechos a su salario y que sean debidamente registrados en las oficinas que para tal efecto serán instaladas por el Gobierno Federal en la Secretaría de Gobernación y en sus correspondientes Delegaciones en los Estados de la República.

Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I.- Trabajador mexicano bracero migratorio: Las personas que comprueben haber sido contratadas para trabajar en los términos de los acuerdos México-Estados Unidos de Norteamérica por el periodo 1942 a 1964, indicados en el artículo 1;

II.- Cónyuge, viuda, dependientes económicos, hijo, hija: Las personas que documenten ante las oficinas de la Secretaría de Gobernación y/o en sus correspondientes Delegaciones en los Estados de la República, cualquiera de las situaciones jurídicas señaladas en la fracción que antecede, calidades que serán debidamente acreditadas y registradas.

En caso de que se registren varios solicitantes, reclamantes de la compensación que en la presente Ley se establece en favor de los trabajadores mexicanos migratorios braceros en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, la compensación a que tuvieren derecho se distribuirá a prorrata entre todos ellos.

III.- Segob: Secretaría de Gobernación y/o sus correspondientes Delegaciones en los Estados de la República;

IV.- Fideicomiso: El Fideicomiso constituido conforme a la presente ley;

V.- Fiduciaria: La institución que designe el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VI.- Comité: El Comité Técnico del Fideicomiso que se crea por la presente ley;

VII.- Ley: La presente ley;

VIII.- Representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social.

Artículo 4.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité Técnico, que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretarías de: Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un representante de la H. Cámara de Diputados y de la H. Cámara de Senadores; también estará integrado por un representante de cada una de las organizaciones de trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964 que se acrediten ante dicho Comité Técnico, y un representante por cada cinco mil trabajadores mexicanos braceros migratorios que dichas organizaciones hayan registrado en el padrón respectivo; el Comité Técnico del Fideicomiso estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por cada representante propietario en el Comité Técnico habrá un suplente, quien lo suplirá en sus ausencias. Las decisiones del Comité Técnico del Fideicomiso que se crea por la presente ley se tomarán por mayoría calificada, es decir por el 75% de sus integrantes.

Artículo 5.- Los recursos económicos que se destinen para hacer entrega de la Compensación Económica, en pago del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Mexicanos Braceros en Estados Unidos de América del periodo 1942 a 1964, constituirán el patrimonio que será administrado por el Fideicomiso y se constituirá por:

I.- Una partida del __% del Presupuesto Anual de Egresos de la Federación aprobado para cada año.

II.- El pago de la Compensación Económica a los Trabajadores Mexicanos Migratorios Braceros en Estados Unidos de América en los años 1942 a 1964 objeto de esta ley, se iniciará a más tardar tres meses después de que se le asignen al Fideicomiso los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

Artículo 6.- El Fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 7.- El Comité Técnico del Fideicomiso tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes facultades:

I.- Integrar el padrón de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas y no Agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, estableciendo los mecanismos de acreditación de las personas que manifiesten tener derecho a la entrega de la Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro, así como la forma de documentar dicha situación;

II.- Autorizar las cantidades destinadas a la entrega de la Compensación Económica, en pago del Fondo de Ahorro a que tienen derecho los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas y no Agrícolas, en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964;

III.- Establecer los requisitos que deben reunir los documentos comprobatorios del derecho a la entrega de la Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro a que se refiere la presente ley;

IV.- Acordar las bases y los procedimientos a través de los cuales se reconocerán los derechos a la entrega de la Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro objeto de la represente ley, así como la manera de documentarlos;

V.- Establecer el calendario anual y la lista de las personas que durante ese periodo, tendrán derecho a la entrega de la Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas y no Agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964;

VI.- Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;

VII.- Recibir y aprobar, en su caso, los informes que rinda la fiduciaria sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;

VIII.- Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso, se destinen estrictamente al cumplimiento de sus fines;

IX.- Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando dichos criterios y decisiones por escrito a la fiduciaria;

X.- Instruir por escrito a la fiduciaria acerca de las personas a quien deberán conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas al Fideicomiso o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuándo el ó los mandatario(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros;

XI.- Proponer las modificaciones que se pretenda realizar al Fideicomiso y;

XII.- Aprobar los términos mínimos de referencia conforme a los cuales deben aprobarse los trabajos de auditoría, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso que se constituye, se apliquen de manera transparente;

Artículo 8.- Serán considerados titulares del derecho a la recepción de la Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas y no Agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, los siguientes:

I.- Las personas que acrediten haber sido Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas o no Agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964;

II.- Las personas que habiendo acreditado su calidad de cónyuge, viuda, dependiente económico, hijo o hija; hayan quedado debidamente registradas en el padrón de titulares del derecho a la entrega de la Compensación Económica en pago del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas y no Agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, ante las oficinas de Segob y/o sus Delegaciones en los Estados de la República, en los términos establecidos en la presente ley;

Artículo 9.- Sólo podrán acogerse a los beneficios del Fideicomiso constituido por la presente Ley, los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios Agrícolas y no Agrícolas en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, o sus beneficiarios mencionados en el artículo 3 fracciones I y II de la presente Ley; que cumplan el requisito de registrarse en el padrón correspondiente que para el efecto habrá de integrarse en las oficinas de la Segob y/o sus Delegaciones en los Estados de la República.

Artículo 10.- El monto de Compensación Económica destinada a cada uno de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, o sus beneficiarios, será el siguiente:

I.- El monto de la Compensación Económica será de $100,000.00 (Cien Mil pesos, 00/100 moneda nacional) para cada uno, por una sola vez y en una sola exhibición;

II.- Los únicos beneficiarios con la entrega de la Compensación Económica mencionada en la fracción que antecede serán los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, o en su caso, las cónyuges, esposas, viudas, dependientes económicos, hijos o hijas en su caso, que se registren en el padrón que habrá de llevarse en la Segob y/o sus delegaciones en los Estados de la República;

III.- Cualquier persona que no reúna los requisitos establecidos en la presente ley y pretenda ejercer la facultad de cobro de la Compensación Económica a que la misma se refiere, quedara impedida sin excepción, de cobrar o recibir cualquier cantidad proveniente del Fideicomiso.

IV.- La Compensación Económica establecida en la presente Ley se pagará en primer término a los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, de mayor antigüedad en la contratación, así primero se pagará a los que fueron contratados en el periodo 1942 a 1946 y después a los contratados en el periodo 1947 a 1964.

Artículo 11.- La aportación de los recursos destinados al pago de la compensación a los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, se realizará hasta que los recursos patrimoniales del Fideicomiso cubran la totalidad de las cantidades que deban pagarse a las personas registradas ante la Segob y/o sus Delegaciones en los Estados de la República, en el padrón correspondiente.

Si terminado el proceso de pago existiere algún remanente de recursos aportados al patrimonio del Fideicomiso, éste será destinado a promover mecanismos para el desarrollo social, educativo y cultural de los trabajadores mexicanos braceros migratorios.

Artículo 12.- La fiduciaria, en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, efectuará los pagos correspondientes a los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964 o a sus beneficiarios, siempre que lo soliciten en los términos establecidos en esta ley.

Artículo 13.- El Comité a que se refiere el artículo 3 de esta ley está facultado para decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración y dominio que realice sobre los bienes a que se refiere la fracción I del artículo 4 de la presente ley.

Asimismo, el Comité queda facultado para verificar que en ningún caso la fiduciaria se beneficie de algún saldo remanente.

Artículo 14.- La Secretaría de Gobernación podrá emitir criterios de interpretación a efecto de coadyuvar a la mejor aplicación y observancia de esta ley, los cuales serán sometidos a la aprobación del pleno del Comité Técnico.

Artículo 15.- Se dejan a salvo los derechos de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, que no deseen acogerse a la presente ley, para reclamar el pago del Fondo de Ahorro que les fue descontado de su salario, conforme a los acuerdos internacionales que reglamentaron su prestación de servicios a Estados Unidos de América.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Para efectos de esta ley, el Fideicomiso se considerará constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo anterior.

Artículo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se otorgará un plazo de 90 días hábiles para que los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964, que no se hayan registrado en la Secretaría de Gobernación y/o sus Delegaciones en los Estados de la República puedan efectuar su registro para ser incorporados al padrón correspondiente y así ser sujetos de los beneficios derivados de esta ley.

Artículo Quinto.- Las Delegaciones estatales de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en el ámbito de su competencia coadyuvarán para el cumplimiento y observancia de la presente ley, especialmente en la recepción de la documentación que acredite el derecho de los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964 o sus beneficiarios, a percibir la Compensación Económica a que la presente ley se refiere.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Domínguez Arvizu.

De acuerdo a su solicitud, favor de integrar el texto en el Diario de los Debates, el texto completo en el Diario de los Debates; publicarlo en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, diputado Marco Gama.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde su curul): Gracias, diputada Presidenta.

Exclusivamente para solicitarle de la manera más atenta, se pudiera ampliar el turno de la presente iniciativa a la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Ex Braceros.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado. Añádase la opinión de la Comisión Especial de Braceros.

Activen el sonido en la curul de la diputada María Avila.

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VERIFICACION DE QUORUM
La diputada María Avila Serna (desde su curul): Diputada Presidenta, con el debido respeto para que solicite verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. Se solicita a la Secretaría abrir el registro electrónico hasta por 10 minutos, para la verificación del quórum. Pero mientras tanto habremos de continuar con la sesión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y abrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

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LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra el compañero diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

El diputado Salvador Sánchez Vázquez: Con su venia señor presidente; honorable Asamblea:

Abusos de particulares y omisión de autoridades federales han limitado y hasta cancelado el libre tránsito de personas por áreas costeras comprendidas en la zona llamada Zona Federal Marítima, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto afecta actividades y formas tradicionales de lugareños y visitantes, toda vez que pescadores ribereños o de altura, necesariamente deben transitar por esas zonas.

Lo mismo que quien acude con la familia para disfrutar de un día de playa, acampar, practicar pesca deportiva y recreativa o a realizar actos de comercio. Esa circunstancia es una demostración de que el pueblo de México acusa una disminución de posibilidades de gozar de una vida digna por el disfrute de bienes comunes, de bienes sociales. Una vida digna no sólo significa mantener y elevar un nivel de vida económica y social, sino también de la capacidad de disfrutar de esos bienes.

Un claro ejemplo de lo asentado, ocurre en las playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en las cuales se localizan desarrollos turísticos, construcción de hoteles, complejos residenciales, conjuntos habitacionales o cualquier inmueble o edificación contigua a la zona federal marítima terrestre, obligando al establecimiento de accesos a través de la costa en los cuales se han restringido y hasta cancelado el tránsito y uso para quienes en forma tradicional las han disfrutado.

Es obligado garantizar el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo de esta naturaleza. Por ningún motivo puede permitirse la existencia de playas particulares o privadas.

La riqueza de playas mexicanas y terrenos conexos o vinculados, componentes de la zona costera, cada vez más se reserva para quienes pueden pagar. Amplios sectores de la población, principalmente trabajadores y clases populares, no sólo padecen desprecio por parte de usufructuarios de esos bienes, sino que además se les pretende excluir de lo que por ley pertenece a la comunidad en pleno.

Desde el Constituyente aquello que se define como propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y va más allá al establecer como de dominio directo a la nación los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas. Si comprendemos como plataforma continental tanto las aguas como la tierra y entre ellas la zona federal marítimo-terrestre, no sólo restringe la Constitución que niegue el uso público de las playas comprendidas en esta zona, sino también el Gobierno Federal que es omiso a favor de quien niegue el derecho y por lo tanto se hace copartícipe de la infracción.

Estamos ante un caso de infracción a la ley en el que participan por una parte los particulares por el uso abusivo de esos bienes y por otro las autoridades por omisión.

El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales, lo que tiene por objeto hacer una distribución equitativa de la riqueza pública a la vez que cuidar de su conservación, así como lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Por lo expuesto, en mi carácter de diputado federal, presento a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona los artículos 8º, 72, fracción VIII, 76, fracciones VII y VIII, 119 fracción, I y último párrafo, 120 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8º, 76 fracción VII, 119, fracción I y último párrafo, 120 y 127. Se adiciona una fracción VIII al artículo 72 y una fracción VIII al artículo 76 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

``Artículo 8º. Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común sin más restricciones a las establecidas por la ley y sus reglamentos administrativos.

Para aprovechamientos específicos sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgado con las condiciones y requisitos que establezca la ley.

En el caso de las fracciones IV, V, VIII y IX del artículo 7º de la presente ley, dichas concesiones, autorizaciones o permisos deberán garantizar su libre uso a los habitantes de la República de manera gratuita.

Fracción VIII, del artículo 72. En el caso de los inmuebles comprendidos en la zona federal, marítimo-terrestre y en especial a las playas y aguas comprendidas en esta franja, se garantizará el libre acceso y uso de estos bienes nacionales a los habitantes de la República.

Artículo 76. Las concesiones sobre inmuebles federales podrán ser revocadas por cualquiera de estas causas:

Fracción VII. A quienes impidan el acceso por razones no establecidas en los reglamentos o leyes administrativas, a los habitantes de la República.

Fracción VIII. Los demás permisos en esta ley y sus reglamentos o en sus títulos de concesiones.

Artículo 119. Tanto en el macizo continental como en las islas que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo-terrestre se determinará:

Primero, cuando la costa presente playas. La zona federal marítimo-terrestre estará constituida por la faja de 30 metros de ancho de la tierra firme transitable y contigua a dichas playas, o en su caso a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta 100 metros río arriba.

A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo-terrestre, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en ésta a los habitantes de la República.

Artículo 120. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar.

Con este objetivo, dicha dependencia, previamente en coordinación con las demás que conforme a la materia deben intervenir, establecerá las normas y requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso de actividades de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades turísticas y recreativas, garantizando el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo turístico o que implique la construcción de hoteles, casas-habitación, conjuntos habitacionales o cualquier inmueble o construcción contigua a la zona federal marítimo-terrestre, obligando al establecimiento de accesos a través de toda la costa.

Por ningún motivo existirán playas particulares o privadas.

Artículo 127. Los concesionarios y permisionarios que aprovechen y exploten la zona federal marítimo-terrestre, pagarán los derechos correspondientes conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Asimismo, se obligan a garantizar el libre acceso o al uso de las playas y aguas comprendidas en la zona referida a los habitantes de la República y no podrán establecer más requisitos que los establecidos en las leyes y reglamentos administrativos.

Estos no podrán exigir pago alguno ni ninguna otra forma que obligue al desembolso monetario o en especie. Además, se obliga a hacer del conocimiento del público en general, el derecho al goce y disfrute de las playas y aguas mexicanas, mediante avisos colocados en lugares visibles.

Octavo. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal, marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en éstas a los habitantes de la República.

39. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos, según corresponde en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres y sobre playas zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en éstas a los habitantes de la República.

Artículos Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, 9 de noviembre de 2004, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Le solicito, señor Presidente, se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Salvador Sánchez Vázquez, presenta a esta H. soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona los artículos 8, 72, fracción VIII, 76 fracciones VII y VIII, 119 fracción I y último párrafo, 120 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Abusos de particulares y omisión de autoridades federales, han limitado y hasta cancelado el libre tránsito de personas por áreas costeras, comprendidas en la llamada ``zona federal marítima'' a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto afecta actividades y formas de vida tradicionales de lugareños y visitantes, toda vez que pescadores ribereños o de altura, necesariamente deben transitar por esas zonas, lo mismo que quien acude con la familia para disfrutar de un día de playa, acampar, practicar pesca deportiva y recreativa, a realizar actos de comercio.

Esa circunstancia es una demostración de que el pueblo de México acusa una disminución de posibilidades de gozar de una vida digna por el disfrute de bienes comunes, de bienes sociales. Una vida digna no sólo significa mantener y elevar un nivel de vida económica y social, sino también de la capacidad de disfrutar de esos bienes.

Un claro ejemplo de lo asentado, ocurre en las playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en las cuales se localizan desarrollos turísticos, construcción de hoteles, complejos residenciales, conjuntos habitacionales o cualquier inmueble o edificación contigua a la zona federal marítimo terrestre, obligando al establecimiento de accesos a través de la costa en los cuales se ha restringido, y hasta cancelado, el tránsito y uso para quienes en forma tradicional las han disfrutado. Es obligado garantizar el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo de esta naturaleza; por ningún motivo puede permitirse la existencia de playas particulares o privadas.

La riqueza de playas mexicanas y terrenos conexos o vinculados, componentes de la zona costera, cada vez más se reserva para quienes pueden pagar. Amplios sectores de la población, principalmente trabajadores y clases populares, no sólo padecen desprecio por parte de usufructuarios de esos bienes, sino que además se les pretende excluir de lo que por ley pertenece a la comunidad en pleno. Desde el Constituyente, aquello que se define como propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible, y va más allá, al establecer como de dominio directo de la Nación los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas. Si comprendemos como plataforma continental, tanto las aguas como la tierra, y entre ella la zona federal marítimo terrestre, no sólo infringe la Constitución quien niegue el uso público de las playas comprendidas en esta zona, sino también el Gobierno Federal que es omiso a favor de quien niega el derecho y, por lo tanto, se hace copartícipe de la infracción. Estamos ante un caso de infracción de la ley en el que participan por una parte los particulares, por el uso abusivo de esos bienes y por otra, las autoridades, por omisión.

El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales, lo que tiene por objeto hacer una distribución equitativa de la riqueza pública a la vez que cuidar de su conservación, así como lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

El cuarto párrafo establece el dominio directo de la Nación de todos los recursos naturales de la plataforma continental, comprendido entre éstos, las playas. Cabe distinguir que la Nación somos todos y que el Estado es el administrador de estos bienes, si entendemos al Estado Moderno como Max Weber lo define: ``orden jurídico y administrativo cuyos preceptos pueden cambiarse. Por dicho orden, es por el cual se orienta la actividad del cuadro administrativo, a su vez regulada por preceptos instituidos y el cual pretende tener validez, no sólo frente a los miembros de la asociación, sino también respecto a toda acción ejecutada en el territorio dominado por éste'', entonces tendremos a los miembros de la asociación o a los habitantes de la República, como parte de esa Nación cuyo dominio es imprescriptible e intransferible.

Estos derechos son irrenunciables, por lo que el gobierno Federal debe ser garante del cumplimiento pleno del derecho que el marco jurídico de la Constitución, como Ley máxima, establece y que regula a la Nación Mexicana.

La Ley General de Bienes Nacionales, establece con precisión, como bienes de uso común, la zona federal marítimo terrestre y las playas (artículo 7). Y que todos los habitantes de la República pueden usar los bienes considerados como de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos (artículo 8). Este concepto de ``poder usar'', es primero a la posibilidad de reglamentarla. Este precepto nos dice que no puede haber la negativa en el uso, sino que se reglamentarán las restricciones, lo que es lógico si consideramos el uso del espacio aéreo o las aguas marinas interiores o los puertos, sin que deba entenderse aplicable al uso y disfrute de las playas, como sucede en la práctica.

No puede ninguna concesión, establecer mexicanos de primera y de segunda; ninguna propiedad privada puede estar por arriba del interés público. No debemos olvidar que este país realizó una Revolución para que no hubiera diferencias en el acceso a los bienes nacionales. Las luchas sociales dieron a todo el pueblo mexicano la posibilidad de educación, salud y esparcimiento sin distinción de credo, clase, color o capacidad económica.

Por lo expuesto, en mi carácter de Diputado Federal, presento a esta Soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona los artículos 8; 72 fracción VIII, 76 fracciones VII y VIII, 119 fracción I y último párrafo, 120 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8, 76, fracción VII, 119 fracción I y último párrafo, 120 y 127; se adiciona una fracción VIII al artículo 72 y una fracción VIII al artículo 76 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 8.

Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos.

Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes. En el caso de las fracciones IV, V, VIII y IX del artículo 7 de la presente Ley, dichas concesiones, autorizaciones o permisos, deberán garantizar su libre uso a los habitantes de la República, de manera gratuita.

Artículo 72.

...

...

I.- a VII. ...

VIII. En el caso de los inmuebles comprendidos en la zona federal marítimo terrestre y en especial a las playas y aguas comprendidas en esta franja, se garantizará el libre acceso y uso de estos bienes nacionales a los habitantes de la República.

Artículo 76.

Las concesiones sobre inmuebles federales, podrán ser revocadas por cualesquiera de estas causas:

I.- a VI. ...

VII. A quienes impidan el acceso, por razones no establecidas en los reglamentos o leyes administrativas, a los habitantes de la República.

VIII. Las demás previstas en esta Ley, en sus reglamentos o en el título de concesión.

...

...

Artículo 119.

Tanto en el macizo continental como en las islas que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se determinará:

I.- Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de treinta metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba;

II.- a IV. ...

...

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en ésta a los habitantes de la República.

Artículo 120.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia, previamente, en coordinación con las demás que conforme a la materia deban intervenir, establecerá las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades turísticas y recreativas; garantizando el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo turístico o que implique la construcción de hoteles, casas habitación, conjuntos habitacionales o cualquier inmueble o construcción contigua a la zona federal marítimo terrestre, obligando al establecimiento de accesos a través de toda la costa. Por ningún motivo existirán playas particulares o privadas.

...

...

...

Artículo 127.

Los concesionarios y permisionarios que aprovechen y exploten la zona federal marítimo terrestre, pagarán los derechos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Asimismo, se obligan a garantizar el libre acceso al uso de las playas y aguas comprendidas en la zona referida, a los habitantes de la República, y no podrán establecer más requisitos que los establecidos en las leyes y reglamentos administrativos. Estos no podrán exigir pago alguno, ni ninguna otra forma que obligue al desembolso monetario o en especie.

Además se obligan a hacer del conocimiento del público en general el derecho al goce y disfrute de las playas y aguas mexicanas, mediante avisos colocados en lugares visibles.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones VIII y XXXIX del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII. ....

VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en ésta a los habitantes de la República.

IX. a XXXVIII. ...

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en ésta a los habitantes de la República.

XL. a XLI. ...

Transitorios

Artículo Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones RiveraEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Como lo ha solicitado el diputado Salvador Sánchez Vázquez, Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese también a la Comisión de Gobernación.

Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz:

La diputada Socorro Díaz Palacios (desde su curul): Presente.

La diputada Consuelo Muro Urista (desde su curul): Presente

El diputado José Manuel Carrillo Rubio (desde su curul): Presente

El diputado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez (desde su curul): Presente.

El diputado Franco (desde su curul): Presente.

El diputado Tomás Cruz Martínez (desde su curul): Presente

El diputado Raúl José Mejía González (desde su curul): Presente.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Presente.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde su curul): Presente.

El diputado Mario Carlos Culebro Velasco (desde su curul): Presente.

El diputado José Julián Sacramento Garza (desde su curul): Presente.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica (desde su curul): Presente.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde su curul): Presente.

La diputada Rocío Guzmán de Paz (desde su curul): Presente.

El diputado Guillermo Zorrilla Fernández (desde su curul): Presente.

El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde su curul): Presente.

El diputado Rómulo Israel Salazar Macías (desde su curul): Presente.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul): Presente.

El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal (desde su curul): Presente.

La diputada María Elba Garfias Maldonado (desde su curul): Presente.

El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): Presente.

El diputado Luis Maldonado Venegas (desde su curul): Presente.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco (desde su curul): Presente.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 376 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor Secretario.

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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Pablo Bedolla López: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

El Poder Legislativo Federal, sabedor de la situación económica que impera en el país y de las apremiantes necesidades de recursos en las instituciones públicas, cuyos presupuestos limitan su funcionamiento adecuado, así como las urgentes necesidades de grandes núcleos de población, no ha tomado lamentablemente las medidas jurídicas financieras necesarias para abatir tales problemas, por lo que es de reconocerse que la Cámara de Diputados no ha sido insensible a los requerimientos presupuestales para las diversas instituciones federales a fin de que éstas puedan cumplir sus labores de manera pertinente, eficaz y con alta calidad, conforme lo demanda la sociedad.

Es urgente avanzar en la consolidación de ese propósito que requiere una política con visión de largo alcance; mejorar no sólo el monto de los recursos a las instituciones públicas, sino también un gasto del recurso público con más transparencia y racionalidad que permite tener mayor certidumbre y optimización en la realización de las tareas para que el país cuente con programas y servicios de alta calidad que lleguen a la población más desprotegida que se encuentra en localidades más alejadas y se les atienda de manera eficaz y eficiente.

Es por ello que la problemática señalada se ha venido tratando de solucionar a través de reformas a diversas disposiciones; sin embargo, existen ordenamientos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que no han sido actualizados a pesar de la necesidad que imponen los cambios profundos que ha experimentado la sociedad mexicana y sus instituciones.

En este contexto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cobra la mayor relevancia, en virtud de que es del ordenamiento que debe orientar y ordenar el ejercicio de la Administración Pública Federal, considerando criterios de transparencia, austeridad, racionalidad y con un enfoque de eficiencia, eficacia y equidad a través de servidores públicos honestos y profesionales y se ejerzan de manera pronta y adecuadamente los recursos por quienes tienen a la mano las exigencias de nuestra población.

Esta situación ha ocasionado que los distintos institutos políticos que gobiernan, ya sea al Ejecutivo federal o a los gobiernos locales, ocasionen problemas en la operación, falta de coordinación y de oportunidad en las acciones de gobierno.

Pero el signo distintivo ha sido la competencia constante entre algunos partidos por recuperar las posiciones perdidas o por ganar las que detente el otro, usando recursos públicos y haciendo evidente la falta de control en el ejercicio, sobre todo a través de programas con recursos federales.

Para fundamentar la presente iniciativa, se realiza el siguiente análisis de la legislación:

De conformidad con los principios que establece nuestra Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y que la Federación y los estados en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos, del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, como el desarrollo económico y social lo hagan necesario; con lo que se establece la posibilidad de que la Federación otorgue la operación de los programas a los estados o que en su defecto se coordinen para su aplicación.

En tal virtud la esencia del federalismo es el arreglo espacial del poder que se proyecta en la potestad del gobierno local.

Ante la problemática señalada, es necesario modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el aspecto específico que a continuación se describe.

Adición de un artículo 51.

La presente iniciativa propone la adición de un artículo 51 en el que se establece que en los casos en que los órganos de la administración pública centralizada y paraestatal cuenten con órganos administrativos o delegaciones regionales o estatales, éstos no podrán ejercer programas de gasto en las entidades federativas de forma directa, sino en coordinación con los gobiernos de los estados que corresponda, a excepción de aquellos programas derivados de casos de urgencia debidamente acreditada, para que con ello se permita una aplicación oportuna y directa a los sectores de la población que más lo necesiten. Asimismo se evite la discrecionalidad en el destino de los recursos.

Adición de un título cuarto:

Se propone la adición de un título cuarto que imponga la obligación de atender criterios de austeridad y racionalidad en la administración pública federal centralizada y paraestatal, en el ejercicio del gasto público, y que los órganos de la administración pública federal centralizada y paraestatal, sólo en casos excepcionales podrán contar con delegaciones u órganos homólogos en los estados y municipios y las que deberán contar con un dictamen previo y de autorización otorgado por la Secretaría de la Función Pública y un oficio de suficiencia presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como requisitos indispensables.

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se establece que el personal que se destine al funcionamiento de las delegaciones, deberá ser el mínimo; contar con un control estricto en su selección, cumpliendo con criterios de experiencia, escolaridad, honestidad y probidad en el desempeño de cargos públicos, y en cuanto a la constitución y organización de las oficinas, deberán contar para el desempeño de las funciones, con las necesidades mínimas y cumplir con estrictos criterios de austeridad y racionalidad del gasto.

Con estas medidas se pretende imponer disposiciones para disminuir el gasto de recursos públicos, a través de un candado que filtre los gastos innecesarios en recursos humanos, materiales y financieros.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al tenor del siguiente

Proyecto de Decreto

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 51 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo único. Se adiciona el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 51. ``En los casos en que los órganos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia cuenten con órganos administrativos o delegaciones regionales o estatales, éstos ejercerán los programas de gasto en las entidades federativas en coordinación con los gobiernos de los estados que corresponda''.

Artículos transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberá proveer lo necesario para que se modifique la legislación que corresponda de los órganos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Asimismo, señor Presidente, con fundamento en lo establecido por el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito sea insertado íntegramente el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del PRI

Iniciativa de ley que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo federal, consciente de la situación que impera en el país, ha conocido de las apremiantes necesidades de recursos en las instituciones públicas de nuestro país, cuyos exiguos presupuestos limitan su funcionamiento adecuado.

Es de reconocerse que la Cámara de Diputados no ha sido insensible a los requerimientos presupuestales para las diversas instituciones federales, a fin de que éstas puedan cumplir sus labores de manera pertinente, eficaz y con alta calidad, conforme lo demanda la sociedad.

Avanzar en la consolidación de ese propósito requiere una política con visión de largo alcance. Otro aspecto fundamental es mejorar no sólo el monto de los recursos a las instituciones públicas, sino también un gasto del recurso público con mayor transparencia, pero sobre todo con mayor racionalidad, que permita tener certidumbre y mayor optimización en la realización de las tareas para que el país cuente con programas y servicios de alta calidad; que los servicios lleguen a la población más desprotegida, que se encuentra en las localidades más alejadas y que se atienda a la población de manera eficaz y eficiente.

Las profundas transformaciones que México hizo a su estructura institucional en los últimos años han significado una menor cobertura poblacional y geográfica de los programas de carácter social. La disminución de los recursos, se ha acompañado de una mayor focalización de la población determinada como beneficiaria de los servicios respectivos, lo cual a su vez, ha demandado una mayor reglamentación, para aumentar la eficiencia del gasto público, la transparencia y la racionalización.

Nuestro país ha pasado por periodos de crisis recurrentes que han obligado a aplicar recortes presupuestales para evitar el crecimiento del endeudamiento público; sin embargo, la incertidumbre que esto genera, debilita las acciones de gobierno para dar cumplimiento a los servicios y programas de protección social, en los sectores y localidades más alejadas; y, de menores recursos.

La problemática señalada en los párrafos anteriores se ha venido tratando de solucionar por parte del Poder Legislativo, a través reformas a diversas disposiciones. Sin embargo, existen ordenamientos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objeto consiste en regular la organización de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, que no han sido actualizados a pesar de la necesidad que imponen los cambios profundos que ha experimentado la sociedad mexicana y sus instituciones.

El modelo de gasto concebido bajo una visión de eficiencia del Gobierno Federal, sobre el manejo de los recursos destinados a resolver las necesidades de amplias capas de la población, que han quedado marginadas del desarrollo del país; no debe ser obstáculo para que la población acceda con facilidad a los beneficios que establecen los recursos destinados a través de diversos programas sociales, operados por la Administración Pública Federal.

Lo limitado de los recursos con que cuenta el gobierno federal y los gobiernos de los estados para atender las crecientes necesidades de la población, justifica la necesidad de adicionar disposiciones jurídicas que regulen las acciones de los servidores públicos que realizan el ejercicio del gasto, a través de requisitos que establezcan medidas de austeridad, racionalidad, transparencia y medidas que le den un enfoque de eficiencia y eficacia; así mismo, se ejerzan los recursos por quienes tienen a la mano las exigencias de la población.

En este contexto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cobra la mayor relevancia en virtud de que es el ordenamiento que debe orientar y ordenar el ejercicio de la administración pública federal, considerando criterios de transparencia, austeridad, racionalidad y con un enfoque de eficiencia, a través de servidores públicos honestos y profesionales.

Ante la serie de problemas que se describen, la función redistributiva del Presupuesto de la Federación disminuye sus alcances y no se cumple uno de los objetivos que se ha fijado en los años recientes en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que establece que los recursos deberán ejercerse con eficiencia, eficacia y equidad. Desde el punto de vista político, la elección del año 2000 marcó un nuevo destino y organización en los contrapesos políticos de nuestro país. El voto de los mexicanos optó por un gobierno dividido lo cual puso en marcha un nuevo diseño de país.

El nuevo escenario de los órdenes de gobierno ha obligado a trabajar a distintos partidos, propiciando la interacción entre un gobierno de extracción panista del Poder Ejecutivo, con gobiernos estatales priístas, perredistas o de su propio partido.

Esta situación ha ocasionado que los distintos institutos políticos que gobiernan, ya sea el Ejecutivo Federal o los gobiernos locales, ocasionen problemas en la operación; falta de coordinación; ineficacia; y, falta de oportunidad en las acciones de gobierno; pero el signo distintivo ha sido la competencia constante entre los partidos, por recuperar las posiciones perdidas o por ganar las que detenta el otro, usando recursos públicos y haciendo evidente la falta de control en el ejercicio, sobre todo a través de programas con recursos federales.

Este proceso de cambio ha estimulado que el Gobierno Federal, a través sus dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal, opere los programas federales de manera discrecional, haciendo coincidir los beneficios con los procesos electorales de las distintas entidades de manera conveniente, para influir en las preferencias políticas a favor de un determinado partido. Esto ha generado un creciente descontento en los gobiernos estatales, una competencia injusta y una evidente ausencia de la legalidad en el ejercicio de los recursos.

Esta práctica ha derivado en confrontaciones entre los gobiernos locales y el Poder Ejecutivo, ya que los programas federales son implementados con mayor intensidad y frecuencia en época electoral.

Lo anterior es una práctica que debe ser erradicada del Ejecutivo, para evitar una competencia injusta entre las fuerzas políticas de nuestro país y con ello, eliminar del escenario político la confrontación.

Los recientes procesos electorales han evidenciado que no es una práctica ajena al Gobierno Federal y su recurrencia ha derivado en confrontaciones entre los gobiernos locales.

Los principales programas federales que han generado descontento por el uso discrecional e ineficacia en la aplicación y operación de los recursos por parte del Ejecutivo, son los siguientes:

Comisión Nacional del Agua-Semarnat

Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales

Programa de Agua Limpia

Programa de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento en Zonas Urbanas

Programa de Ampliación de Distritos de Riego de la Alianza para el Campo

Programa de Ampliación de Unidades de Riego

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal. Ampliación de Áreas de Temporal

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal: Riego Suplementario

Programa de Desarrollo Parcelario

Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Programa de Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras

Programa Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios

Programa Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos

Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera

Secretaría de Educación Pública

Programa de Mejoramiento del Profesorado

Programa Fondo para la Modernización de la Educación Superior

Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar

Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa

Secretaría de Gobernación

Fondo de Desastres Naturales

Secretaría de la Reforma Agraria

Programa de la Mujer en el Sector Agrario

Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales

Programa para el Desarrollo Forestal

Programa de Desarrollo Regional Sustentable

Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva

Programa Hábitat

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)

Programa de Albergues Escolares

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Programa de Coinversión Social

Programa Tortilla, a cargo de Liconsa, SA de CV

Programas de Opciones Productivas

Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

En algunos casos, los programas federales descritos no están constituidos en su totalidad por recursos federales; sin embrago, se han recibido diversas denuncias sobre el manejo discrecional en la mayoría de los casos.

Otro aspecto relevante en la problemática que se enfrenta es, que el ejercicio y operación de los programas federales a través de sus propios órganos, provocan generalmente un desfase en su objetivo y además no están correctamente dirigidos a los sitios o grupos poblacionales con mayores necesidades.

Generalmente, las delegaciones de las diversas dependencias que operan los programas, antes que a criterios de justicia, equidad y legalidad, atienden a criterios de afinidad y conveniencia política. Lo anterior, es totalmente fácil de solucionar si los programas federales fueran operados a través de los gobiernos estatales o con su aval indispensable.

También es necesario mencionar que otro problema es, el gran dispendio de recursos que se realizan en las oficinas delegacionales o regionales de las dependencias federales, con motivo de la operación, que en muchos casos, no es necesaria su existencia, pudiendo operarse como se menciona en el párrafo anterior.

Para fundamentar la presente iniciativa, se realiza el siguiente

Análisis de la legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De conformidad con los principios que establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Asimismo, en su artículo 43 establece las partes integrantes de la Federación que son los estados.

En virtud de lo anterior, los estados podrán utilizar la facultad de esa libertad y soberanía, para que a través o en coordinación de su gobierno, los programas federales sean operados, otorgando la posibilidad de aplicarlos de manera eficaz y eficiente.

El artículo 90 establece la organización de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, y faculta al Congreso de la Unión para que expida su propia Ley Reglamentaria que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

Asimismo, que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos.

El artículo 108 establece para efectos de responsabilidades de los servidores públicos, a quienes se reputan como servidores públicos, incluyendo a los empleados de la administración pública federal.

El artículo 116, en su fracción VII de nuestra Constitución, se establece que ``la Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario''.

El propio artículo 116 en su fracción VII establece la posibilidad de que la federación otorgue la operación de los programas a los estados o que en su defecto se coordinen y se apliquen con el aval del gobierno local. En tal virtud, la esencia del federalismo es el arreglo espacial del poder que se proyecta en la potestad del gobierno local.

Por último, el artículo 134 establece que ``Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados''.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue promulgada el 29 de diciembre de 1976, en tres títulos. En ella se establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, su competencia y atribuciones.

Con ella se abroga la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958.

En 2003, se realizan dos reformas a la Ley para acreditar cambios en las denominaciones y funciones de diversas dependencias de la administración pública federal, entre ellas el cambio de la Secretaría de la Función Pública en lugar de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

En virtud del análisis de la legislación podemos concluir que la propia Constitución regula las actividades de la Administración Pública Federal y en específico de los servidores públicos.

Determina la constitución de nuestro país, en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

Otorga la facultad de convenir la asunción por parte de la federación y los estados para el ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga.

Por último, del análisis de la Ley Orgánica se puede concluir que es factible y necesario adicionar las propuestas que se han planteado en la presente iniciativa, en el sentido de regular aspectos de austeridad, racionalidad, transparencia y una mejor distribución en las responsabilidades de gasto, para hacerlo más eficaz y eficiente.

Ante la problemática señalada, es necesario modificar la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el aspecto específico que a continuación se describe:

Contenido de la iniciativa

Adición de un artículo 51

La presente iniciativa propone la adición de un artículo 51 en el que se establece que en los casos en que los órganos de la Administración Pública Centralizada y paraestatal, cuenten con órganos administrativos o delegaciones regionales o estatales, estos no podrán ejercer programas de gasto en las entidades federativas de forma directa, sino en coordinación con los gobiernos de los estados que correspondan, a excepción de aquellos programas derivados de casos de urgencia acreditada.

Esto significa que las dependencias de la Administración Pública Federal no podrán operar programas federales de forma directa en las regiones o estados, sin la debida coordinación con los gobiernos estatales, para que con ello, se permita una aplicación oportuna y directa a los sectores de la población que más lo necesiten; así mismo, se evite la discrecionalidad en el destino de los recursos.

Adición de un Título Cuarto

Se propone la adición de un Título Cuarto, que impone la obligación de atender criterios de austeridad y racionalidad en la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal en el ejercicio del gasto público; impone la regla de que los órganos de la administración pública federal centralizada y paraestatal, sólo en casos excepcionales podrán contar con delegaciones u órganos homólogos en los estados y municipios. Para la constitución de estas oficinas, además deberán contar con un dictamen de autorización otorgado por la Secretaría de la Función Pública y un oficio de suficiencia presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como requisitos indispensables.

Asimismo, en los términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se establece que el personal que se destine al funcionamiento de las delegaciones, deberá ser el mínimo; así como, contar con un control estricto de selección de personal, cumpliendo con criterios de experiencia, escolaridad, honestidad y probidad en el desempeño de cargos públicos.

En el mismo sentido, en cuanto a la constitución y organización de las oficinas, el local que se destine para el desempeño de las funciones, deberá contar con las necesidades mínimas y deberá cumplir con estrictas medidas de austeridad y racionalidad del gasto.

Con esta medida se pretende imponer disposiciones para disminuir el gasto de recursos públicos, a través de un candado que filtre los gastos innecesarios en recursos humanos, materiales y financieros.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, al tenor del siguiente

Proyecto de Decreto

Iniciativa de reforma que adiciona el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se adiciona el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

``Artículo 51

En los casos en que los órganos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, cuenten con órganos administrativos o delegaciones regionales o estatales, estos ejercerán los programas de gasto en las entidades federativas en coordinación con los gobiernos de los estados que correspondan.''

Artículos Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberá proveer lo necesario para que se modifique la legislación que corresponda de los órganos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Pablo Bedolla López (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el diputado Bedolla López y túrnese a la Comisión de Gobernación.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 21 DEL 9 de NOVIEMBRE de 2004

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LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso, diputado Presidente.

El suscrito, diputado federal Lázaro Arias Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 22 a la Ley de Aguas Nacionales con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las necesidades de apoyo para el desarrollo rural son múltiples y algunas de ellas de mayor significación para el impulso de la producción y la productividad del campo en cualquiera de sus facetas.

El recurso del agua es elemento vital para el desarrollo de las actividades económicas rurales, ya que como factor básico de la producción primaria permea todas y cada una de las ramas productivas sectoriales. En tal virtud se requiere contar con la infraestructura económica regional necesaria para su desarrollo, así como para asegurar el acceso a sus fuentes de abastecimiento para impulsar las actividades productivas rurales, de conformidad con el marco normativo establecido para la utilización del preciado líquido.

En ese sentido es fundamental que las instancias administrativas responsables de regular el uso y aprovechamiento del recurso hídrico den puntual cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones que en la materia tiene.

Lamentablemente la Comisión Nacional del Agua, órgano rector de la administración de las aguas nacionales y de sus bienes inherentes no ha respondido a las exigencias productivas y de participación de los usuarios en la ejecución de sus trámites, obras y administración de los servicios hidráulicos que la propia Ley de Aguas Nacionales le confiere.

Un ejemplo de ello se da en el terreno de las concesiones de fuentes de abastecimiento para la producción agropecuaria, en relación a la cual la ley mencionada dispone en su artículo 20, la cual dice: La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta ley en su reglamento.

Eso significa que la entidad responsable de otorgar las concesiones para el uso del agua en la producción agropecuaria es la Comisión Nacional del Agua, la que por disposición legal tiene plazos claramente señalados para la expedición de las mismas, como se consigna en el artículo 22 de la invocada ley que a la letra dispone: La Comisión Nacional del Agua deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá en 90 días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.

Lo anterior se traduce en que entre las obligaciones de la Comisión Nacional del Agua se encuentra la de ajustarse a los tiempos y formas señalados en la disposición legal antes citada. Cumpliendo con los requisitos establecidos los productores rurales han solicitado continuamente el otorgamiento de concesiones de pozos y norias para su aprovechamiento en la generación de sus alimentos.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua, incumpliendo con los deberes que le asigna la ley, no ha otorgado los títulos de concesión a solicitud. Existen solicitudes que tienen hasta 3 años de antigüedad.

Esta falta de cumplimiento de las normas legales por parte de la Comisión Nacional del Agua, no sólo lesiona el patrimonio individual y familiar de los productores rurales, sino también el patrimonio productivo del campo mexicano en todas sus ramas, toda vez que al no contarse con los documentos de concesión, la inseguridad es permanente y el riesgo de que en cualquier momento se les apliquen sanciones, a pesar de haber cubierto los requisitos de solicitud y de estar en espera de la respuesta correspondiente.

Por ello, se afecta además los ciclos, procesos y rendimientos agropecuarios, al no contar con la seguridad de utilizar el recurso acuífero dentro del marco legal. Inclusive por dicha situación la Comisión Federal de Electricidad, que aplica la tarifa preferencial para los productores hasta de 35 centavos por kilowat-hora, está al contrario, está imponiendo sanciones y cobrando una tarifa que prácticamente duplica la real por no contar con los citados títulos de concesión, cobros que impactan gravemente los costos de producción y que deterioran el nivel de ingresos de las familias.

A pesar de lo anterior, los productores rurales han sido respetuosos de la autoridad correspondiente, realizando las gestiones de manera sistemática para destrabar tales trámites, sin encontrar la respuesta oficial esperada.

Esta falta de respuesta o silencio administrativo de ninguna manera significa que la Comisión Nacional del Agua no se encuentre obligada a cumplir con lo que le corresponde en lo relativo al desarrollo rural y específicamente en lo referente a la administración del agua.

Lo más grave es que la Comisión Nacional del Agua, sin mediar respuesta oficial de ninguna especie, simplemente se niega a dar la información relativa, mucho menos en relación con los posibles motivos de retraso de ese tipo de trámites, incumpliendo así con la obligación legal e institucional de informar a sus solicitantes.

Es alarmante el rezago y urgente la necesidad del otorgamiento de las concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas en actividades rurales, cuya responsabilidad debe ser cumplida estrictamente por la Comisión Nacional del Agua.

Por ello, es necesario que la Comisión Nacional del Agua asuma de manera plena sus obligaciones, dando trámite y expidiendo las concesiones solicitadas para el apoyo de las actividades agropecuarias de la economía nacional, del patrimonio de las familias campesinas y de la seguridad jurídica nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción, II y 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ustedes, compañeros diputados, esta iniciativa con proyecto de decreto, la cual dice:

Unico. Se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 22, recorriéndose los párrafos subsecuentes como cuarto en adelante, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 22. De toda solicitud que sea sustanciada ante la Comisión Nacional del Agua, deberá emitirse una resolución que funde y motive la decisión que se dicte respecto de la misma dentro del plazo que señala este artículo. Una vez transcurrido dicho plazo sin que la Comisión Nacional del Agua haya emitido la resolución correspondiente, opera la afirmativa ficta de conformidad con lo que establece este título.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Lázaro Arias Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las necesidades de apoyo para el desarrollo rural son múltiples, variadas y, algunas de ellas, de mayor significación para el impulso de la producción y la productividad del campo, en cualquiera de sus facetas.

El recurso agua es elemento vital para el desarrollo de las actividades económicas rurales, ya que como factor básico de la producción primaria permea todas y cada una de las ramas productivas sectoriales.

En tal virtud, se requiere contar con la infraestructura económica regional necesaria para su desarrollo, así como asegurar el acceso a sus fuentes de abastecimiento para impulsar las actividades productivas rurales, de conformidad con el marco normativo establecido para la utilización del preciado líquido.

En ese sentido, es fundamental que las instancias administrativas responsables de regular el uso y aprovechamiento del recurso hídrico den puntual cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones que en la materia tienen.

Lamentablemente, la Comisión Nacional del Agua (CNA), órgano rector de la administración de las aguas nacionales y de sus bienes inherentes, no ha respondido a las exigencias productivas y de participación de los usuarios en la ejecución de los trámites, obras y prestación de los servicios hidráulicos que la Ley de Aguas Nacionales le confiere.

Un ejemplo de ello se da en el terreno de las concesiones de fuentes de abastecimiento para la producción rural, en relación al cual la Ley mencionada dispone en su artículo 20 que:

``La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas, físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley en su reglamento''.

Eso significa que la entidad responsable de otorgar las concesiones para el uso del agua en la producción agropecuaria es la CNA, la que por disposición legal tiene plazos claramente señalados para la expedición de las mismas, como se consigna en el artículo 22 de la invocada Ley, que a la letra dispone:

``La Comisión deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de noventa días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.''

Lo anterior se traduce en que, entre las obligaciones de la Comisión Nacional del Agua se encuentra la de ajustarse rigurosamente a los tiempos y formas señalados en la disposición legal antes citada.

Cumpliendo con los requisitos establecidos, los productores rurales han solicitado continuamente el otorgamiento de concesiones de pozos y norias para su aprovechamiento en la producción de alimentos. Sin embargo, la Comisión, incumpliendo con los deberes que le asigna la Ley, no ha otorgado los títulos de concesión a solicitudes que tienen hasta tres años de antigüedad.

Esta falta de cumplimiento de las normas legales por parte de la CNA no sólo lesiona el patrimonio individual y familiar de los productores rurales, sino también el patrimonio productivo del campo mexicano en todas sus ramas, toda vez que, al no contarse con los documentos de concesión, la inseguridad es permanente y el riesgo de que en cualquier momento se les apliquen sanciones, a pesar de haber cubierto los requisitos de solicitud y de estar en espera de la respuesta correspondiente.

Con ello se afecta, además, los ciclos, procesos y rendimientos agropecuarios al no contar con la certeza de utilizar el recurso acuífero dentro del marco legal.

Inclusive, por dicha situación la Comisión Federal de Electricidad no está aplicando la tarifa preferencial para los productores de treinta y cinco centavos por kilowatt hora, sino al contrario está imponiendo sanciones y cobrando una tarifa que prácticamente duplica la real por no contar con los citados títulos de concesión, cobros que impactan gravemente los costos de producción y que deterioran el nivel de ingresos familiares.

A pesar de lo anterior, los productores rurales han sido respetuosos de la autoridad correspondiente realizando gestiones de manera sistemática para destrabar tales trámites, sin encontrar respuesta oficial ninguna.

Esta falta de respuesta o silencio administrativo de ninguna manera significa que la Comisión Nacional del Agua no esté obligada a cumplir con lo que le corresponde en lo relativo al desarrollo rural y, específicamente, en lo referente a la administración del agua.

Lo más grave es que la CNA, sin mediar respuesta oficial de ninguna especie, simplemente se niega a dar la información relativa, mucho menos en relación con los posibles motivos del retraso en este tipo de trámites, incumpliendo así con la obligación legal e institucional de informar a los solicitantes.

Es alarmante el rezago y urgente la necesidad de otorgamiento de las concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas en actividades rurales, cuya responsabilidad debe ser cumplida estrictamente por la Comisión Nacional del Agua.

Por ello, es necesario que la CNA asuma de manera plena sus obligaciones, dando trámite y expidiendo las concesiones solicitadas para el apoyo de las actividades agropecuarias, de la economía nacional, del patrimonio de las familias campesinas y de la seguridad jurídica en el campo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Único.- Se adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 22, recorriéndose los párrafos subsecuentes, como cuarto en delante de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

De toda solicitud que sea sustanciada ante ``la Comisión'' deberá emitirse una resolución que funde y motive la decisión que se dicte respecto de la misma dentro del plazo que señala este artículo.

Una vez transcurrido dicho plazo sin que ``la Comisión'' haya emitido la resolución correspondiente operará la afirmativa ficta, de conformidad con lo que establece este título.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Arias.

Como lo ha solicitado el señor diputado, Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por la diputada Consuelo Muro Urista, que era su promovente.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Por lo tanto tiene la palabra Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Con su permiso, señor Presidente.

De conformidad a lo que establecen los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados David Hernández, Claudia Ruiz Massieu, Emilio Badillo, Jaime Fernández, Heliodoro Díaz, Omar Bazán y la suscrita Laura Martínez Rivera del grupo parlamentario del PRI, presentamos a esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos y adiciona el Libro Sexto, Del Voto en el Extranjero al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para instrumentar el voto de los mexicanos en el extranjero.

Exposición de Motivos

La reforma al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1996 específicamente la fracción III definió la obligación de los ciudadanos de la República a votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley. Hasta este momento no se han definido estos términos para los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero.

En la exposición de motivos se dice: ``Se propone suprimir de la fracción III del artículo 36 la obligación de que el voto del ciudadano mexicano sea emitido en el distrito electoral que le corresponda, a efecto de posibilitar a nuestros connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional el ejercicio del sufragio''.

Para entender el marco legal en el que sustentaremos la iniciativa, es necesario comprender quién, de acuerdo con la ley, es ciudadano mexicano, para entonces proponer la forma en que deberá cumplir con esta obligación.

De conformidad con el artículo 30 constitucional la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización y así son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en territorio mexicano; los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional; de padre mexicano o de madre mexicano nacido en territorio mexicano; y los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicano por naturalización.

Son mexicanos por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización; la mujer o varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan y establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señala la ley.

El artículo 34 constitucional define quienes son ciudadanos: las mujeres y los varones que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir.

El artículo 37 constitucional establece que los mexicanos por nacimiento, no podrán ser privados de su nacionalidad, esto no sucede con el mexicano por naturalización, quien si puede perder la nacionalidad. El inciso c) del mismo artículo establece las causales de pérdida de la ciudadanía.

Durante el siglo XIX se consideró que los conceptos de pueblo, ciudadanía y territorio, estaban indisolublemente ligados, Pablo Mijangos y González dice: La realidad cotidiana de principios del siglo XXI no es la que imaginaban los republicanos del siglo XIX sino la de un constante flujo de pueblos y personas que no respetan límites geográficos y por ello no debe extrañarnos que el concepto clásico de ciudadanía esté hoy siendo fuertemente debatido en todo el mundo. Más aún, ahora debemos entender el concepto del ciudadano transnacional, término acuñado en el concepto de la ``gran villa'' y la globalización de la sociológa Sassen un ejemplo de ello es la Unión Europea.

Entre 1920 y 1929 más de 500 mil nacionales cruzaron la frontera norte en busca de refugio y de trabajo, como consecuencia de ello, se formaron grandes concentraciones de mexicanos en ciudades como Los Angeles, San Antonio, Houston y Chicago. El antropólogo Arturo Santamaría observó que las comunidades migrantes desarrollaron rápidamente organizaciones y medios de expresión independientes. En efecto, fue el diario La Opinión, en 1926, quien propuso la necesidad de que los migrantes mexicanos conservaran el derecho al voto y la protección de las leyes de su país de origen.

Para su fundador, el intelectual vasconcelista Ignacio Lozano, era indispensable que los connacionales conservaran sus derechos políticos a fin de que influyeran en las transformaciones de la patria y poder así regresar a su ciudad de origen. Era indispensable entonces que los migrantes continuaran en el goce de sus derechos. Aunque notemos una influencia derechista y antigobiernista por razones obvias, es necesario que fijemos este hecho histórico.

Pese al regreso forzado de miles de mexicanos debido a la gran depresión, el número de éstos en Estados Unidos siguió aumentando. Entre 1942 y 1964 los programas de braceros facilitaron el ingreso de 4.65 millones de mexicanos, cerca del 30 por ciento se quedarían a residir en forma definitiva en Estados Unidos. Es en esta etapa en que predominó la migración indocumentada que reprodujo en parte las características socio-demográficas y ocupacionales de los migrantes, así como la modalidad circular y recurrente de sus desplazamientos. Así lo citan los académicos Gastelum y Bustamante.

Finalmente, en la década de 1980 a la fecha inicia una tercera etapa que se caracteriza por la incorporación de nuevos componentes al flujo migratorio, que contribuyen a modificar y a hacer más compleja tanto la dinámica y modalidades migratorias, como el perfil socio-demográfico y pautas de inserción laboral de los migrantes en Estados Unidos, según también cita el académico Alejandro Ignacio Canales.

Marcelli y Cornelius encuentran evidencias concluyentes que en las últimas dos décadas ha aumentado la cantidad de migrantes que provienen de muchas entidades del centro y sur del país así como de áreas urbanas, especialmente del centro de la Ciudad de México y que tienen mayores niveles de escolaridad que en el pasado, a la vez que se ha incrementado la proporción de las mujeres como la tendencia de los migrantes a residir de manera permanente en Estados Unidos.

Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari hubo un cambio notorio de la política hacia las comunidades mexicanas en el exterior, sin embargo no se avanzó en la discusión sobre el ejercicio de sus derechos políticos. En el año 1988 y hasta 1994 se incrementaron los contactos con las asociaciones empresariales México-Norteamericanas, se fomentó la organización de clubes de oriundos y se crearon programas de apoyo al migrante en los consulados, pero toda estas iniciativas resultaron infructuosas, pues hubo quien creyó que sus verdaderos objetivos eran socavar el apoyo existente de los migrantes a los partidos mexicanos de oposición y con esto se contaminó lamentablemente y políticamente el debate sobre el voto en el extranjero.

Aunque el PRI ganó la Presidencia en 1994, negoció con la oposición un gran acuerdo político a fin de garantizar una transición democrática ordenada y la gobernabilidad del país. Uno de los resultados fue la presentación de un paquete de reformas constitucionales en materia electoral y publicadas el 22 de agosto de 1996. Se modificó la estructura del Instituto Federal Electoral; se instauró por primera vez en nuestra historia reciente el control de la constitucionalidad de los actos en materia electoral y la reforma del artículo 36 constitucional, que hacía jurídicamente posible el voto de los mexicanos en el extranjero.

En cumplimiento de las nuevas disposiciones constitucionales, se publicó un decreto de reformas al Cofipe, en cuyo artículo octavo transitorio se definieron los pasos a seguir para hacer efectivo el voto de los mexicanos en el extranjero. Según el analista Pablo Mijangos y González, revela que en el fondo los legisladores solamente removieron los obstáculos para votar fuera y exclusivamente en las elecciones presidenciales, pero dejaron en el aire la instrumentación práctica de este derecho.

De acuerdo con Javier Patiño, esta disposición condiciona el ejercicio al sufragio en el extranjero, a la realización de tres condiciones fundamentales y complementarias:

La creación del Registro Nacional Ciudadano y la expedición de las cédulas de identificación ciudadana, que de acuerdo con el 97 de la Ley General de Población son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación y lo que no se ha realizado.

Dos. La designación de una comisión de especialistas del Consejo General del IFE, cuya función sería determinar las modalidades que hicieran posible el voto a distancia, lo que ya se ha llevado a cabo, y

Tres. La reglamentación legislativa de dicho voto, que es atribución exclusiva del Congreso de la Unión.

De esto último, compañeras y compañeros diputados, nos ocuparemos y por lo tanto propongo realizarlo. Nos permitimos presentar esta iniciativa para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero, de la misma manera a la que se realiza por los mexicanos en nuestro país.

Proponemos la instalación de una estructura en el extranjero del Instituto Federal Electoral, la credencialización, el voto a través de casillas y la posibilidad de hacer campaña en el extranjero.

Con esto se asegura la fortaleza de la institución, al garantizar una sólida estructura electoral en el extranjero y la sustitución jurídica para asegurar la equidad de la contienda, la identidad de la ley, el voto secreto universal y directo y el derecho del votante a conocer la mejor oferta política.

En espera de su apoyo, compañeros diputados y señor Presidente, solicito atentamente la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y entrego en este momento el documento a la Mesa Directiva. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con lo que establecen los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los diputados David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Emilio Badillo Ramírez, Jaime Fernández Saracho, Heliodoro Díaz Escárraga y Omar Bazán Flores y la suscrita, diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, presentamos ante esta H. soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica los artículos 1, 6, 9, 59, fracción I, 71, 81, 82 incisos f), ñ) y o), 83, incisos b) y l), 84, inciso n), 86, inciso h), 89, incisos e), j) y m), 92, incisos b), g), i), j) y k), 93, incisos i) y j), 94, incisos a) y d), 96, inciso a), 165, inciso a), 166, inciso a), 168, inciso b), 173, fracción 2, 174, fracciones 5 y 7, 182, párrafos 1, 2, 3 y 4, 182-A, inciso a), fracción I, 183, párrafos 1 y 3, 184, 185, párrafo 2, 186, párrafos 1 y 3, 189, párrafo 4, 205, inciso a), 207, fracciones 1 y 2, incisos a), b) y c), 208, fracción I, incisos b), c), d) y e), fracciones 2 y 5, 209, fracción 3, 211, 242, fracción I, incisos b), c) y d), 243 y 244; y adiciona el inciso l-Bis al artículo 82 y el Libro Sexto, ``Del Voto en el Extranjero'', al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

La reforma del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1996, específicamente la fracción III, definió la obligación de los ciudadanos de la República a votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley. Hasta este momento no se han definido estos términos para los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero.

En la exposición de motivos que originó la reforma al Artículo 36 Constitucional, se dice: ``se propone suprimir de la fracción III del artículo 36 la obligación de que el voto del ciudadano mexicano sea emitido en el distrito electoral que le corresponda, a efecto de posibilitar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional el ejercicio del sufragio...''

Para poder entender el marco legal en el que sustentaremos la propuesta es necesario comprender quién, de acuerdo con la Ley, es ciudadano mexicano para entonces proponer la forma en que deberá cumplir su obligación.

De conformidad con lo que establece el artículo 30 constitucional, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

Son mexicanos por nacimiento:

Los que nazcan en territorio mexicano. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano o de madre mexicana nacido en territorio mexicano y los que nazcan en el extranjero hijos de padres o padre o madre mexicano por naturalización.

Son mexicanos por naturalización:

Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización.

La mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan los demás requisitos que al efecto señale la ley.

El artículo 34 constitucional define quienes son ciudadanos: Los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 18 años; y

2. Tener un modo honesto de vivir.

La ley establece que no podrá ser privado de su nacionalidad a aquellos que son mexicanos por nacimiento (artículo 37 constitucional), por lo que queda claro que no importa donde resida, o más aun, no importa que tenga otra nacionalidad y resida en el extranjero, seguirá siendo mexicano. Esto no sucede con el mexicano por naturalización quien si puede perder su nacionalidad. Agregando que este mismo artículo en su inciso c) establece las condiciones en las que se puede perder la ciudadanía.

En el artículo 38 constitucional describe las razones por las que se puede suspender los derechos ciudadanos.

Por lo anterior podemos deducir que los migrantes mexicanos por nacimiento siguen siendo nacionales y ciudadanos, en esto ultimo solo aquellos que cumplan con los requisitos, y que tienen derechos y obligaciones iguales a los mexicanos en territorio nacional.

Durante el siglo XIX se consideró que los conceptos de ``pueblo'', ``ciudadanía'', y ``territorio'' estaban indisolublemente ligados. La realidad cotidiana de principios de siglo XXI no es la que imaginaban los republicanos del XIX, sino la de un constante flujo de pueblos y personas que no respetan límites geográficos, y por ello no debe extrañarnos que el concepto clásico de ciudadanía esté siendo fuertemente debatido en todo el mundo (Pablo Mijangos y González), más aun, ahora debemos entender el concepto de ``ciudadano transnacional'', término que ha sido definido dentro del concepto de la ``gran villa'' y la globalización de la socióloga Sassen, un ejemplo de ello es la Unión Europea.

Entre 1920 y 1929, más de 500,000 connacionales cruzaron la frontera norte en busca de refugio y de trabajo, como consecuencia de ello se fueron formando grandes concentraciones de mexicanos en ciudades como Los Ángeles, San Antonio, Houston y Chicago. El antropólogo Arturo Santamaría observó que las comunidades migrantes desarrollaron rápidamente organizaciones y medios de expresión independientes. En efecto, fue en uno de estos medios --el diario La Opinión, publicado en Los Ángeles, a partir de septiembre de 1926-- donde se propuso por primera vez la necesidad de que los migrantes mexicanos conservaran el derecho al voto y la protección de las leyes en su país de origen. Para su fundador, el intelectual vasconcelista Ignacio Lozano, era indispensable que los migrantes gozaran del ejercicio pleno de sus derechos políticos, a fin de que influyeran en las transformaciones de la patria y de este modo pudieran regresar a salvo a la ``tierra materna''. Aunque notemos una influencia derechista y antigobiernista por razones obvias, es necesario fijar el hecho histórico.

Pese al regreso forzado de miles de mexicanos como consecuencia de la gran depresión, el número de éstos en los Estados Unidos siguió aumentando a lo largo de las décadas siguientes. Entre 1942 y 1964, por ejemplo, los programas de braceros facilitaron el ingreso de 4.65 millones de trabajadores temporales, mucho de los cuales se quedarían a residir definitivamente en las comunidades mexicanas de los grandes centros urbanos de los Estados Unidos. Una segunda etapa inició con el fin del Programa Bracero y se extendió hasta fines de la década de 1970. En esta etapa predomino la migración indocumentada, la cual reprodujo, en parte, las características sociodemográficas y ocupacionales de los migrantes, así como la modalidad circular y recurrente de sus desplazamientos (Gastélum, 1991 y Bustamante 1975). A lo largo de estos años, y con mayor fuerza a raíz de los grandes movimientos sociales de los sesenta y setenta, numerosas organizaciones y líderes ``chicanos'' continuaron solicitando al gobierno mexicano la posibilidad de participar en los comicios electorales al sur de la frontera.

Finalmente, la década de 1980 a la fecha inicia una tercera etapa que se caracteriza por la incorporación de nuevos componentes al flujo migratorio que contribuyen a modificar y a hacer más compleja tanto la dinámica y modalidades migratorias como el perfil sociodemográfico y pautas de inserción laboral de los migrantes en los Estados Unidos (Alejandro I. Canales).

Según Marcelli y Cornelius (2001), encuentran evidencias concluyentes que en las últimas dos décadas ha aumentado la cantidad de migrantes provenientes de entidades del centro y sur del país, así como de áreas urbanas, especialmente de la Ciudad de México. Asimismo, señalan, que los migrantes mexicanos tienen mayores niveles de escolaridad que en el pasado, a la vez que se ha incrementado la proporción de las mujeres, así como la tendencia de los migrantes a establecer su residencia permanente en Estados Unidos.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo un cambio notorio de la política gubernamental hacia las comunidades mexicanas en el exterior, sin embargo no avanzó la discusión sobre el ejercicio de sus derechos políticos. Entre 1988 y 1994 se incrementaron los contactos con asociaciones empresariales mexicano-estadounidenses, se fomentó la organización de ``clubes de oriundos'', y se crearon programas de apoyo al migrante y nuevos consulados, pero todas estas iniciativas resultaron infructuosas pues hubo quien creyó que sus verdaderos objetivos eran ``socavar el apoyo existente de los migrantes a los partidos mexicanos de oposición'', y con esto se contaminó políticamente el debate sobre el voto en el extranjero.

Aunque el PRI ganó la Presidencia en 1994, se negoció con la oposición un gran Acuerdo Político Nacional, a fin de garantizar una transición democrática ordenada y la gobernabilidad del país. Uno de los resultados de dicho acuerdo fue la presentación conjunta de un paquete de reformas constitucionales en materia electoral aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996. Esta reforma consistió en la modificación de la estructura del Instituto Federal Electoral y la conformación de las cámaras de Diputados y Senadores, hizo posible la elección del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, estableció nuevas reglas de fiscalización y transparencia, e instauró por primera vez en nuestra historia reciente el control de constitucionalidad de los actos en materia electoral. La reforma incluyó también la tan citada reforma del artículo 36 constitucional que hacia jurídicamente posible el voto en el extranjero.

Tres meses después, en cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley fundamental, se publicó un Decreto de reformas al Cofipe, en cuyo artículo octavo transitorio se definieron los pasos a seguir para hacer efectivo el voto de los mexicanos en el extranjero. Según el analista Pablo Mijangos y González, revela que, en el fondo, los legisladores sólo removieron los obstáculos para votar fuera y exclusivamente en las elecciones presidenciales, pero dejaron en el aire la instrumentación práctica de este derecho. De acuerdo con Javier Patiño, esta disposición condiciona el ejercicio al sufragio en el extranjero a la realización de tres acciones complementarias: 1) la creación del Registro Nacional Ciudadano y la expedición de las cédulas de identidad ciudadana, que de acuerdo con el artículo 97 de la Ley General de Población son servicios de interés publico que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, lo que no se ha realizado; 2) la designación de una comisión de especialistas del Consejo General del IFE, cuya función sería determinar las modalidades que hicieran posible el voto a distancia, lo que ya se llevó a cabo; y 3) la reglamentación legislativa de dicho voto, que es atribución exclusiva del Congreso de la Unión.

De esto último, compañeros y compañeras Diputados, nos ocuparemos, y por lo tanto, propongo realizarlo. Nos permitimos presentar esta iniciativa para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero de la misma manera a la que se realiza por los mexicanos en nuestro país. Proponemos la instalación de una estructura en el extranjero del Instituto Federal Electoral, la credencialización, el voto a través de casillas y la posibilidad de hacer campaña en el extranjero. Con esto se asegura la fortaleza de la Institución, al garantizar una amplia estructura responsable electoral en el extranjero y la sustentación jurídica para asegurar la equidad de la contienda; el voto secreto, universal y directo, y el derecho del votante a conocer la mejor oferta política.

Por lo anterior, propongo a esta H. soberanía la presente

Artículo Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica a los artículos 1, 6, 9, 59 fracción 1, 71, 81, 82 incisos f) ñ) o), 83 inciso b) y l), 84 inciso n), 86 inciso h), 89 inciso e) j) m), 92 incisos b) g) i) j) k), 93 incisos i) j), 94 inciso a) d), 96 inciso a), 165 inciso a), 166 inciso a), 168 inciso b), 173 fracción 2, 174 fracciones 5 y 7, 182 párrafos 1 2 3 y 4, 182-A inciso a) fracción 1, 183 párrafos 1 y 3, 184, 185 párrafo 2, 186 párrafos 1 y 3, 189 párrafo 4, 205 inciso a), 207 fracción 1 y 2 incisos a) b) c), 208 fracción 1 incisos b) c) d) e) fracción 2 y 5, 209 fracción 3, 211, 242 fracción 1 incisos b) c) d), 243, 244 e incorpora el inciso l-bis al artículo 82 y el Libro Sexto Del Voto en el Extranjero al Código Federal Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Libro Primero De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión

Título Primero Disposiciones Preliminares

Artículo 1

1. Las disposiciones de este código son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y por los ciudadanos mexicanos en el extranjero que participan en las elecciones para Presidente.

De la Participación de los Ciudadanos en las Elecciones

Capítulo I De los Derechos y Obligaciones

Artículo 6

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por este Código; y

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.

2. En cada distrito electoral uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por este Código; y en el extranjero, en la sección electoral de la ciudad que comprenda el domicilio de los mexicanos, ya sea residente o de tránsito.

Título Tercero De la Elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados

Capítulo I De los Sistemas Electorales

Artículo 9

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

Libro Segundo Título Cuarto

Capítulo II De las Coaliciones

Artículo 59

1. La coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá efectos sobre las cinco circunscripciones plurinominales, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional, y en los países, ciudades y secciones en el extranjero establecidas por el propio Instituto, para lo cual deberá postular y registrar a las respectivas fórmulas, y se sujetará a lo siguiente:

a) a d) queda igual

2. queda igual:

a) a e) queda igual

3. queda igual

4. queda igual

Libro Tercero Del Instituto Federal Electoral

Título Primero Disposiciones Preliminares

Artículo 71

1. El Instituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional y en el extranjero, conforme a la siguiente estructura:

a) 32 Delegaciones, una en cada entidad federativa; y las Delegaciones en el Extranjero por cada país que sean definidas por el Consejo General, y

b) 300 Subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal, y Subdelegaciones Extraordinarias en el Extranjero, una en cada ciudad del extranjero que sean definidas por el Consejo General de acuerdo al artículo 82 inciso l-bis de este Código.

2. Contará también con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación.

Título Segundo De los Órganos Centrales

Capítulo I Del Consejo General y de su Presidencia

Artículo 81

1. El Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, y de los que así lo determine, así como los nombres de los miembros de los Consejos Locales, de los Consejos Locales en el Extranjero, de los Consejos Distritales y de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero designados en los términos de este Código.

Capítulo II De las Atribuciones del Consejo General

Artículo 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a d) queda igual

e) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los Consejos Locales y Distritales, Consejos Locales en el Extranjero y Locales Extraordinarios en el Extranjero, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas respectivas.

f) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 del mes de octubre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero Presidente y los consejeros electorales del propio Consejo General, a los consejeros electorales de los Consejos Locales y Consejos Locales en el Extranjero, a que se refiere el párrafo 3 del artículo 102 y párrafo 3 del artículo 290, respectivamente, de este Código;

g) a l) queda igual

l-Bis) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos a fin de determinar para la elección de Presidente de la República, los países donde se votará, así como el establecimiento de las Delegaciones Locales en el Extranjero respectivamente. Así mismo aquellas ciudades en donde se llevarán a cabo las elecciones y se instalarán las Subdelegaciones Extraordinarias en el Extranjero.

II) no cambia

m) no cambia

n) no cambia

ñ) Expedir el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales, Consejos Locales en El Extranjero, Consejos Extraordinarios en el Extranjero y Distritales del Instituto;

o) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales, comunicando lo anterior a los Consejos Locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente, y a los Consejos Locales en el Extranjero;

p) a z) queda igual.

2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus etapas.

Capítulo III De las Atribuciones de la Presidencia y del Secretario del Consejo General

Artículo 83

1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

a) Velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto Federal Electoral;

b) Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales, municipales y del extranjero, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

c) a k) no cambia

l) Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad federativa, circunscripción plurinominal, y en el extranjero, una vez concluido el proceso electoral;

m) a p) no cambia

Artículo 84

1. Corresponde al Secretario del Consejo General:

a) a m) no cambia

n) Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los Consejos Locales, Consejos Locales en el Extranjero, Consejos Extraordinarios en el Extranjero y Consejos Distritales;

o) a q) no cambia

Capítulo IV De la Junta General Ejecutiva

Artículo 86

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

a) a g) no cambia

h) Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, locales, distritales y locales y extraordinarias en el extranjero se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por este Código;

i) a m) no cambia

Capítulo V Del Secretario Ejecutivo del Instituto

Artículo 89

1. Son atribuciones del secretario ejecutivo:

a) a d) queda igual

e) Orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales, Locales en el Extranjero, Distritales y Extraordinarias en el Extranjero Ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al Presidente del Consejo;

f) no cambia

g) (Se deroga).

h) (Se deroga).

i) no cambia

j) Nombrar a los integrantes de las Juntas Locales, Locales en el Extranjero, Extraordinarias en el Extranjero y Distritales Ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables;

k) no cambia

l) no cambia

II) no cambia

m) Recibir los informes de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales, Locales en el Extranjero, Extraordinarias en el Extranjero y Distritales Ejecutivas y dar cuenta al Presidente del Consejo General sobre los mismos;

n) a u) no cambia

Capítulo VI De las Direcciones Ejecutivas

Artículo 92

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a) queda igual.

b) Aplicar, en los términos de artículo 141 y 324 de este Código, la técnica censal total en el territorio del país, así como en el extranjero, para formar el Catálogo General de Electores y el Catálogo General de Electores en el Extranjero.

c) a f) queda igual.

g) Establecer con las autoridades federales, estatales, municipales y extranjeras la coordinación necesaria, a fin de obtener la información sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u obtención de la ciudadanía;

h) queda igual.

i) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales, así como de los países y sus ciudades en el extranjero donde se votara.

j) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral, así como la cartografía electoral en el extranjero, clasificada por país, ciudad y sección donde se votara.

k) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales, distritales y Locales y Extraordinarias en el extranjero se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por este Código;

l) a o) queda igual.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral y Padrón Electoral en el Extranjero se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los partidos políticos nacionales.

Artículo 93

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

a) a h) queda igual.

i) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local, distrital y en el extranjero, a nivel país, ciudad, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas;

j) a m) queda igual

Artículo 94

1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las Juntas Ejecutivas Locales, Locales en el Extranjero, Extraordinarias en el Extranjero y Distritales;

b) a c) queda igual.

d) Recabar de los Consejos Locales, los Consejos Locales en el Extranjero, los Consejos Distritales y los Consejos Extraordinarios en el Extranjero copias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;

e) a i) queda igual

Artículo 96

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las Juntas Locales, Locales en el Extranjero, Extraordinarias en el Extranjero y Distritales Ejecutivas;

b) a h) queda igual.

Libro Cuarto

Título Segundo De las Bases para la Organización del Servicio Profesional Electoral

Capítulo I Del Servicio Profesional Electoral

Artículo 168

1. a 6 queda igual.

7. El Cuerpo de la Función Directiva proveerá de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por este Código para las Juntas Ejecutivas en los siguientes términos:

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de director ejecutivo;

b) En las Juntas Locales, Locales en el Extranjero, Extraordinarias en El Extranjero y Distritales Ejecutivas, los cargos de las Vocalías Ejecutivas y Vocalías; y

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.

8. Los miembros del Servicio Profesional Electoral estarán sujetos al régimen de responsabilidad de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

Libro Quinto Del Proceso Electoral

Título Primero Disposiciones Preliminares

Artículo 173

1. queda igual.

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del Instituto determinará el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, así como, en su caso, la demarcación territorial a que se refiere el artículo 53 de la Constitución, así como los países y ciudades en el extranjero donde se desarrollará la elección para Presidente.

Artículo 174

1 a 4 queda igual.

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y Extraordinarios en el Extranjero, y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

6. queda igual.

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, Local en el Extranjero, Extraordinarias en el Extranjero o Distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.

Título Segundo De los Actos Preparatorios de la Elección

Capítulo II De las Campañas Electorales

Artículo 182

1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, en territorio nacional y en el extranjero.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, en territorio nacional y en el extranjero.

3. Se entienden por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, en territorio nacional y en el extranjero, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, en territorio nacional y en el extranjero, a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Artículo 182-A

1, 2, 3 y 4 quedan igual

a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña, será la cantidad que resulte de multiplicar por 2.5, el costo mínimo para la campaña de diputado fijado para efectos del financiamiento público en los términos del párrafo 7, inciso a), fracción I, del artículo 49 de este Código, actualizado al mes inmediato anterior, por 300 distritos, dividida entre los días que dura la campaña para diputado y multiplicándola por los días que dura la campaña para Presidente, sumándole 10 por ciento más de la cantidad total para la campaña en el extranjero.

b) queda igual

5. queda igual.

Artículo 183

1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente, para el caso del voto en el extranjero se sujetará además a las disposiciones que para tal efecto se acuerde entre las autoridades electorales nacionales y las autoridades del país correspondiente.

2. queda igual

3. El Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes, nacionales y extranjeras, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter.

Artículo 184

1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión, en el caso del extranjero se sujetará a lo previsto en el acuerdo correspondiente.

Artículo 185

1. queda igual.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7º de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. Para el extranjero se limitará a lo establecido en el acuerdo correspondiente.

Artículo 186

1. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por los partidos políticos a través de la radio y la televisión, en territorio nacional y en el extranjero, comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiere el presente Código, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución.

2. queda igual.

3. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o atributos personales. Este derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. Este derecho deberá estar comprendido en los acuerdos internacionales que se firmen con respecto a la realización de la jornada electoral en el extranjero.

Artículo 189

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) a e) queda igual

2. quedad igual

3. queda igual

4. En el caso del extranjero se sujetara a lo previsto para tal efecto en los acuerdos que se firmen.

Artículo 190

1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

3. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio de las campañas hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

4. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional así como en el extranjero, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

5. Las personas físicas o morales, tanto nacionales como en el extranjero, que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto determine el Consejo General.

6. El Instituto, a petición de los partidos políticos y candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión.

Capítulo V De la Documentación y el Material Electoral

Artículo 205

1. Para la emisión del voto el Consejo General del Instituto, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección.

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación; país y ciudad en el extranjero.

b) a j) queda igual.

3.a 6 queda igual.

Artículo 207

1. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital y del Consejo Extraordinario en el Extranjero veinte días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) El personal autorizado del Instituto Federal Electoral entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital o del Consejo Extraordinario en el Extranjero en su caso, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

b) El secretario del Consejo Distrital o del Consejo Extraordinario en el Extranjero en su caso, levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

c) A continuación, los miembros presentes del Consejo Distrital o del Consejo Extraordinario en el Extranjero en su caso, acompañarán al Presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

d) y e) queda igual.

3. y 4. queda igual.

Artículo 208

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales o de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, en su caso, entregarán a cada Presidente la mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:

a) queda igual;

b) La relación de los representantes de los partidos registrados para la casilla en el consejo Distrital Electoral o Consejo Extraordinario en el Extranjero;

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político en el distrito o ciudad en el extranjero en que se ubique la casilla en cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores nacionales o lista nominal de electores en el extranjero en su caso, con fotografía para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate o las urnas para Presidente en el caso del voto en el extranjero;

f) a g) queda igual.

2. A los Presidentes de mesas directivas de las casillas especiales será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán las formas especiales para anotar los datos de los electores, que estando transitoriamente fuera de su sección o del país, voten en la casilla especial. El número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. queda igual.

4. queda igual.

5. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de los Consejos Distritales o de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero en su caso, que decidan asistir.

Artículo 209

1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un material transparente y de preferencia plegable o armables.

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate.

3. Las urnas correspondientes en el extranjero serán exclusivamente para Presidente.

Artículo 211

1. Los Consejos Distritales o en su caso los Consejos Extraordinarios en el Extranjero darán publicidad a la lista de los lugares en que habrán de instalarse las casillas y un instructivo para los votantes.

Título Cuarto De los Actos Posteriores a la Elección y los Resultados Electorales

Capítulo I Disposición Preliminar

Artículo 242

1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Distritales, o en su caso de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, se hará conforme al procedimiento siguiente:

a) queda igual.

b) El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital o en su caso del Consejo Extraordinario en el Extranjero, extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados;

c) El Presidente del Consejo Distrital o en su caso del Consejo Extraordinario en el Extranjero dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que practique el cómputo distrital; y

d) El Presidente del Consejo Distrital, o en su caso del Consejo Extraordinario en el Extranjero, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

2. queda igual.

Capítulo II De la Información Preliminar de los Resultados

Artículo 243

1. Los Consejos Distritales o en su caso los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

a) El Consejo Distrital o en su caso el Consejo Extraordinario en el Extranjero, autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes durante dicha recepción;

b) a d) queda igual.

Artículo 244

1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el artículo 238 y 375 de este Código, el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital, o en su caso del Consejo Extraordinario en el Extranjero, los resultados preliminares de las elecciones en el Distrito.

Libro Sexto Del Voto en el Extranjero

Título Primero De los Órganos en las Delegaciones en el Extranjero

Artículo 286

1. En cada uno de los países donde se llevaran a cabo las elecciones para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al artículo 82 fracción l-Bis de este código, el Instituto contará con una Delegación Local en el Extranjero integrada por:

a) La Junta Local Ejecutiva en el Extranjero;

b) El Vocal Ejecutivo en el Extranjero; y

c) El Consejo Local en el Extranjero.

2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en cada país donde se llevara a cabo la jornada electoral de acuerdo a la decisión establecida en el artículo 82 fracción l-bis de este Código.

Capítulo I De las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero

Artículo 287

1. Las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero son órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo en el Extranjero y los Vocales en el Extranjero de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario.

2. El Vocal Ejecutivo en el Extranjero presidirá la Junta.

3. El Vocal Secretario en el Extranjero auxiliará al Vocal Ejecutivo en el Extranjero en las tareas administrativas y sustanciará los recursos de revisión que deban ser resueltos por la Junta.

4. Las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.

Artículo 288

1. Las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de su competencia territorial las siguientes atribuciones:

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus Vocalías y de los órganos Extraordinarios en el Extranjero;

b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica;

c) Informar mensualmente al Secretario Ejecutivo en el Extranjero sobre el desarrollo de sus actividades;

d) Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales, en los términos establecidos en la ley de la materia; y

e) Las demás que les confiera este Código.

Capítulo II De los Vocales Ejecutivos en el Extranjero de las Juntas Locales

Artículo 289

1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos en el Extranjero, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes:

a) Presidir la Junta Local Ejecutiva en el Extranjero y, durante el proceso electoral, el Consejo Local en el Extranjero;

b) Coordinar los trabajos de los Vocales de la Junta y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia;

c) Someter a la aprobación del Consejo Local en el Extranjero los asuntos de su competencia;

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores en el extranjero;

e) Ordenar al Vocal Secretario que expida las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;

f) Proveer a las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero y a los Consejos Extraordinarias en el Extranjero los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

g) Llevar la estadística de las elecciones para Presidente;

h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica; e

i) Las demás que les señale este Código.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en el Extranjero en cada país, establecido conforme al artículo 82 inciso l-bis de este código, se integrará una Comisión Local de Vigilancia en el Extranjero.

Capítulo III De los Consejos Locales en el Extranjero

Artículo 290

1. Los Consejos Locales en el Extranjero funcionarán durante el proceso electoral para Presidente y se integrarán con un consejero Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 82, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo en el Extranjero; seis consejeros electorales en el extranjero, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales en el extranjero de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El Vocal Secretario de la Junta, será Secretario del Consejo Local en el Extranjero y tendrá voz pero no voto.

3. Los consejeros electorales en el Extranjero serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 82 de este Código. Por cada consejero electoral en el extranjero propietario habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 8 del artículo 74 de este Código.

Artículo 291

1. Los consejeros electorales de los consejos locales en el extranjero, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar con fotografía;

b) Tener residencia de dos años en el país correspondiente;

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o en el extranjero de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

2. Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos.

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

4. Los consejeros electorales en el extranjero recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine.

Artículo 292

1. Los Consejos Locales en el Extranjero iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de octubre del año anterior al de la elección ordinaria.

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos sesionarán por lo menos una vez al mes.

3. Para que los Consejos Locales en el Extranjero sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero electoral que él mismo designe.

4. En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por un miembro del Servicio Profesional Electoral designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el del Presidente.

Artículo 293

1. Los Consejos Locales en el Extranjero dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de este Código y los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales;

b) Vigilar que los Consejos Extraordinarios en el Extranjero se instalen en la entidad en los términos de este Código;

c) Designar en el mes de diciembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, a los consejeros electorales que integren los Consejos Extraordinarios en el Extranjero a que se refiere el párrafo 3 del artículo 299 de este Código, con base en las propuestas que al efecto hagan el consejero Presidente y los propios consejeros electorales locales;

d) Resolver los medios de impugnación que les competan en los términos de la ley de la materia;

e) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio Consejo para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de este Código;

f) Publicar la integración de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad;

g) Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes generales o representantes ante las mesas directivas de casilla en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 360 de este Código;

h) Designar, en caso de ausencia del Secretario, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como Secretario en la sesión;

i) Supervisar las actividades que realicen las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero durante el proceso electoral;

j) Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde; y

k) Las demás que les confiera este Código.

Capítulo IV De las Atribuciones de los Presidentes de los Consejos Locales en el Extranjero

Artículo 294

1. Los Presidentes de los Consejos Locales en el Extranjero tienen las siguientes atribuciones:

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

b) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral;

c) Vigilar la entrega a los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, de la documentación aprobada, útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus tareas;

d) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo Consejo Local en el Extranjero;

e) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, en los términos de la ley aplicable; y

f) Las demás que les sean conferidas por este Código.

2. Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios de los Consejos. Los Secretarios tendrán a su cargo la sustanciación de los medios de impugnación que deba resolver el Consejo.

3. El Presidente del Consejo Local en el Extranjero convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito.

Título Segundo De los Órganos del Instituto en las Ciudades Establecidas de Acuerdo con el Artículo 82, Inciso l-Bis

Artículo 295

1. En cada una de las ciudades establecidas de acuerdo al artículo 82 inciso l-bis del presente código, el Instituto contará con los siguientes órganos:

a) La Junta Extraordinaria Ejecutiva en el Extranjero;

b) El Vocal Extraordinario Ejecutivo en el Extranjero; y

c) El Consejo Extraordinario en el Extranjero.

2. Los órganos Extraordinarios en el Extranjero tendrán su sede en cada ciudad del país definido de acuerdo con el artículo 82, inciso l-Bis.

Capítulo I De las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero

Artículo 296

1. Las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero son los órganos permanentes que se integran por: el Vocal Extraordinario Ejecutivo en el Extranjero, los Vocales Extraordinarios en el Extranjero de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y un Vocal Secretario.

2. El Vocal Extraordinario Ejecutivo en el Extranjero presidirá la Junta.

3. El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Extraordinario Ejecutivo en el Extranjero en las tareas administrativas de la junta.

4. Las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.

Artículo 297

1. Las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero sesionarán por lo menos una vez al mes y tendrán, en su ámbito territorial, las siguientes atribuciones:

a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica;

b) Proponer al Consejo Extraordinario en el Extranjero correspondiente el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en la ciudad de conformidad con el artículo 352 de este Código;

c) Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla, en los términos del Título Quinto de este Libro;

d) Presentar al Consejo Extraordinarias en el Extranjero para su aprobación, las propuestas de quienes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada electoral; y

e) Las demás que les confiera este Código.

Capítulo II De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Extraordinarias en el Extranjero

Artículo 298

1. Son atribuciones de los Vocales Extraordinarios Ejecutivos en el Extranjero de las Juntas Extraordinarias en el Extranjero, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:

a) Presidir la Junta Extraordinarias Ejecutiva en el Extranjero y durante el proceso electoral el Consejo Extraordinarias en el Extranjero;

b) Coordinar las Vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia;

c) Someter a la aprobación del Consejo Extraordinarias en el Extranjero los asuntos de su competencia;

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores en el extranjero;

e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;

f) Proveer a las Vocalías los elementos necesarios para el cumplimiento de sus tareas;

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica;

h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de este Código;

i) Informar al Vocal Ejecutivo en el Extranjero de la Junta Local Ejecutiva en el Extranjero correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades; y

j) Las demás que le señale este Código.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en el Extranjero en cada ciudad establecida de conformidad al artículo 82 inciso l-bis, se integrará una Comisión Extraordinaria en el Extranjero de Vigilancia.

Capítulo III De los Consejos Extraordinarios en el extranjero

Artículo 299

1. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 82, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Extraordinario Ejecutivo en el Extranjero; seis consejeros electorales Extraordinarios en el Extranjero, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales Extraordinarios en el Extranjero de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El Vocal Secretario de la Junta, será Secretario del Consejo Extraordinario en el Extranjero y tendrá voz pero no voto.

3. Los seis consejeros electorales Extraordinarios en el Extranjero serán designados por el Consejo Local en el Extranjero correspondiente conforme a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 293 de este Código. Por cada consejero electoral habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 8 del artículo 74 de este Código.

Artículo 300

Los consejeros electorales de los consejos Extraordinarias en el Extranjero, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno ejercicio y goce de sus derechos políticos y civiles;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con la Credencial para Votar;

c) Tener residencia de dos años en la entidad correspondiente;

d) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

e) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;

f) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o el extranjero de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y

g) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

2. Los consejeros electorales extraordinarios en el extranjero serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos.

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

4. Los consejeros electorales extraordinarios en el extranjero recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine.

Artículo 301

1. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de diciembre del año anterior al de la elección ordinaria.

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos sesionarán por lo menos una vez al mes.

3. Para que los Consejos Extraordinarios en el Extranjero sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas, por el consejero electoral que él mismo designe.

4. En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán cubiertas por un integrante del Servicio Profesional Electoral, designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el del Presidente.

Artículo 302

1. Los Consejos Extraordinarias en el Extranjero tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de este Código y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales;

b) Designar, en caso de ausencia del Secretario, de entre los integrantes del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como tal en la sesión;

c) Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedimiento señalado en los artículos 352 y 354 de este Código;

d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en el artículo 350 y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los términos de este Código;

e) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos acrediten para la jornada electoral;

f) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio Consejo para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de este Código;

g) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;

h) Realizar el cómputo de la entidad correspondiente de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

i) Supervisar las actividades de las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero durante el proceso electoral; y

j) Las demás que les confiera este Código.

Capítulo IV De las Atribuciones de los Presidentes de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero

Artículo 303

1. Corresponde a los Presidentes de los Consejos Extraordinarias en el Extranjero:

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

b) Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar cuenta al Secretario Ejecutivo del Instituto, de los cómputos correspondientes, del desarrollo de la elección y de los medios de impugnación interpuestos;

c) Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla la documentación y útiles necesarios, así como apoyarlos, para el debido cumplimiento de sus funciones;

d) Dar a conocer mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resultados de los cómputos de la elección.

e) Turnar el original y las copias certificadas del expediente del cómputo relativo a la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que fija el Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto;

f) Custodiar la documentación de las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente;

g) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los propios actos o resoluciones del Consejo en los términos previstos en la ley de la materia;

h) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio Consejo Extraordinarias en el Extranjero y demás autoridades electorales competentes;

i) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos, o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral; y

j) Las demás que les confiera este Código.

2. Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios de los Consejos.

3. El Presidente del Consejo Extraordinarias en el Extranjero convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito.

Título Primero Tercero De las Mesas Directivas de Casilla en el Extranjero

Artículo 304

1. Las mesas directivas de casilla en el extranjero, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones de las ciudades establecidas de acuerdo al artículo 82 fracción l-bis del presente código.

2. Las mesas directivas de casilla en el extranjero como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

3. En cada ciudad establecida de acuerdo al artículo 82 fracción l-bis de este Código, se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 349 de este Código.

Artículo 305

1. Las mesas directivas de casilla en el extranjero se integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres suplentes generales.

2. Las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero llevarán a cabo permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.

3. Las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero integrarán las mesas directivas de casilla en el extranjero conforme al procedimiento señalado en el artículo 350 de este Código.

Artículo 306

1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser residente en la sección de la ciudad que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con Credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Extraordinaria Ejecutiva en el Extranjero correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener a cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

Capítulo I De sus Atribuciones

Artículo 307

1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla en el extranjero:

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este Código;

b) Recibir la votación;

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura; y

e) Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas.

Artículo 308

1. Son atribuciones de los Presidentes de las mesas directivas de casilla en el extranjero:

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Código, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral;

b) Recibir de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma;

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 364 de este Código;

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;

g) Practicar, con auxilio del Secretario y de los Escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo;

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Extraordinario en el Extranjero la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 375 de este Código; e

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

Artículo 309

1. Son atribuciones de los Secretarios de las mesas directivas de casilla en el extranjero:

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena este Código y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b) Contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar su número en el acta de instalación;

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nómina correspondiente;

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos;

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 229 de este Código; y

f) Las demás que les confieran este Código.

Artículo 310

1. Son atribuciones de los Escrutadores de las mesas directivas de casilla en el extranjero:

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en la urna, y el número de electores anotados en la lista nominal de electores en el extranjero;

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, y

c) Auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les encomienden; y

d) Las demás que les confiera este Código.

Título Cuarto Disposiciones Comunes

Artículo 311

1. Los integrantes del Consejo General, de los Consejos Locales en el Extranjero y Extraordinarias en el Extranjero y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla en el extranjero, deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en este Código, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado.

Artículo 312

1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los Consejos Locales en el Extranjero y Extraordinarias en el Extranjero a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del Consejo respectivo durante el proceso electoral.

3. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los Consejos del Instituto.

Artículo 313

1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante.

2. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero informarán por escrito a los Consejo Locales en el Extranjero de cada ausencia, para que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a los representantes de los partidos políticos.

3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político respectivo.

Artículo 314

1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos políticos nacionales, copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren.

2. El Secretario del órgano correspondiente recabará el recibo de las copias certificadas que expida conforme a este artículo.

Artículo 315

1. Las sesiones de los Consejos del Instituto serán públicas.

2. Los concurrentes deberán guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las sesiones.

3. Para garantizar el orden, los Presidentes podrán tomar las siguientes medidas:

a) Exhortación a guardar el orden;

b) Conminar a abandonar el local; y

c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan alterado.

Artículo 316

1. En las mesas de sesiones de los Consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las deliberaciones los consejeros y los representantes de los partidos políticos.

Artículo 317

1. Las autoridades federales, estatales y municipales del País están obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto Federal Electoral en el extranjero, a petición de los Presidentes respectivos, los informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones. Así mismo se establecerán acuerdos, con las autoridades del extranjero correspondientes, para el auxilio de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 318

1. Los funcionarios electorales en el extranjero y los representantes de los partidos políticos nacionales debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el Secretario Ejecutivo del Instituto.

Artículo 319

1. Los Consejos Locales en el Extranjero y Extraordinarias en el Extranjero, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su instalación, remitirán copia del acta respectiva al Secretario Ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General.

2. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero remitirán, además, una copia del acta al Presidente del Consejo Local en el Extranjero correspondiente.

3. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones.

4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos General, Locales en el Extranjero y Extraordinarios en el Extranjero, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los Secretarios de los Consejos serán responsables por la inobservancia.

Artículo 320

1. Durante los procesos electorales para Presidente de la Republica, todos los días y horas son hábiles.

2. Los Consejos Locales en el Extranjero y Extraordinarias en el Extranjero determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al Secretario Ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al Presidente del Consejo Local en el Extranjero respectivo, y a los partidos políticos nacionales que hayan acreditado representantes ante el mismo.

Título Quinto De los Procedimientos del Registro Federal de Electores en el Extranjero

Disposiciones Preliminares

Artículo 321

1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales en el Extranjero, Extraordinarias en el Extranjero, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores en el Extranjero.

2. Los miembros de los Consejos Locales en el Extranjero y Extraordinarios en el Extranjero, así como de las Comisiones en el Extranjero de Vigilancia respectivas, tendrán acceso a la información que conforma el padrón electoral en el extranjero, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión de padrón electoral y las listas nominales en el extranjero respectivamente.

Artículo 322

1. El Registro Federal de Electores en el Extranjero está compuesto por las secciones siguientes:

a) Del Catálogo General de Electores en el Extranjero; y

b) Padrón Electoral Extranjero.

Artículo 323

1. En el Padrón Electoral Extranjero constarán los nombre de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior consignados en el Catalogo General de Electores en el Extranjero y de quienes han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 326 de este Código.

Capítulo I Del Catálogo General de Electores en el Extranjero

Artículo 324

1. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, el Consejo General del Instituto, podrá ordenar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que aplique las técnicas disponibles, incluyendo la censal, en los países y ciudades definidas para el proceso electoral de Presidente de la Republica de conformidad con el artículo 82 inciso l-bis.

2. La técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevista casa por casa, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años, consistente en:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación; y

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

3. La información básica contendrá además del país, la ciudad, y la sección electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho domicilio geográficamente.

4. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores verificará que en el Catálogo General no existan duplicaciones, a fin de asegurar que cada elector aparezca registrado una sola vez.

5. Formado el Catálogo General de Electores a partir de la información básica recabada, se procederá en los términos del siguiente Capítulo.

Capítulo II De la Formación del Padrón Electoral en el Extranjero

Artículo 325

1. Con base en el Catálogo General de Electores en el Extranjero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la formación del Padrón Electoral Extranjero y, en su caso, a la expedición de las Credenciales para Votar.

Artículo 326

1. Para la incorporación al padrón Electoral Extranjero se requerirá solicitud individual en que consten firma, huella digital y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 331 del presente Código.

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá la correspondiente Credencial para Votar.

Artículo 327

1. Los formatos de credencial que no hubiesen sido utilizados se relacionarán debidamente y serán depositados en un lugar que garantice su salvaguarda hasta la conclusión de la jornada electoral de que se trate. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo General, tomará las medidas para su cumplimiento por parte de los Vocales Locales en el Extranjero y Extraordinarios en el Extranjero, quienes podrán estar acompañados de los miembros de la Comisión de Vigilancia correspondiente, para que verifiquen que se cumpla con dicho procedimiento.

2. Las oficinas del Registro Federal de Electores en el extranjero verificarán que los nombres de los ciudadanos que no hayan acudido a obtener su Credencial para Votar con fotografía, no aparezcan en las listas nominales de electores en el extranjero.

Artículo 328

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral Extranjero con los nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su Credencial para Votar.

2. Los listados se formularán por países, ciudades y secciones.

3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que las listas nominales en el extranjero se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada ciudad.

Capítulo III De la Actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral en el Extranjero

Artículo 329

1. A fin de actualizar el Catálogo General de Electores en el Extranjero, el Padrón Electoral Extranjero, el Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará anualmente, a partir del 1 de octubre y hasta el 15 de enero siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren los dos párrafos siguientes:

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al Catalogo General de Electores en el Extranjero, todos aquellos ciudadanos:

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica censal total; y

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica censal total.

3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas de los ciudadanos incorporados en el Catalogo General de Electores en el Extranjero y el Padrón Electoral en el Extranjero que:

a) No hubieran notificado su cambio de domicilio;

b) Incorporados en el Catálogo General de Electores en el Extranjero no estén registrados en el Padrón Electoral Extranjero;

c) Hubiesen extraviado su Credencial para Votar; y

d) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados.

4. Los ciudadanos al acudir voluntariamente a darse de alta o dar aviso de cambio de domicilio, o bien al ser requeridos por el personal del Instituto Federal Electoral durante la aplicación de la técnica censal, tendrán la obligación de señalar el domicilio en que hubieren sido registrados con anterioridad, y en su caso, firmar, poner la huella digital y fotografía en los documentos para la actualización respectiva.

5. Los partidos políticos nacionales y los medios de comunicación podrán coadyuvar con el Instituto en las tareas de orientación ciudadana.

Artículo 330

1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el Catálogo General de Electores en el Extranjero, o en su caso, su inscripción en el Padrón Electoral Extranjero, en períodos distintos a los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 15 de enero del año de la elección ordinaria.

2. Los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años entre el 16 de enero y el día de los comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 15 del citado mes de enero.

Artículo 331

1. La solicitud de incorporación al Catálogo General de Electores en el Extranjero podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral en el Extranjero; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación;

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y

g) Firma y, en su caso, huella digital y fotografía del solicitante.

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) La ciudad y país donde se realice la inscripción;

b) La ciudad y sección correspondiente; y

c) Fecha de la solicitud de inscripción.

3. Al ciudadano que solicite su inscripción en los términos de este artículo, se le entregará un comprobante de su solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de recibir o recoger su Credencial para Votar.

Artículo 332

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la Credencial para Votar del elector físicamente impedido.

Artículo 333

1. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en el Extranjero dar aviso de su cambio de domicilio ante la oficina del Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio.

2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá exhibir y entregar la Credencial para Votar con fotografía correspondiente as su domicilio anterior, o aportar los datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle una nueva Credencial para Votar con fotografía. Las credenciales sustituidas por el procedimiento anterior serán destruidas de inmediato.

Artículo 334

1. Podrán solicitar la expedición de Credencial para Votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del Instituto Federal Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hubieren obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía;

b) Habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía, no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores en el extranjero de la sección y ciudad del país correspondiente a su domicilio;

c) Consideren haber sido indebidamente excluidos de la lista nominal de electores en el extranjero de la sección en la ciudad y país correspondiente a su domicilio; o

2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud de expedición o de rectificación se presentará en cualquier tiempo durante los dos años previos al del proceso electoral.

3. En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el supuesto del inciso a) del párrafo 1 de este artículo, podrán promover la instancia administrativa correspondiente para obtener su credencial para Votar con fotografía hasta el día último de febrero. En los casos previstos en los incisos b) y c) del párrafo señalado, los ciudadanos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día 14 de abril.

4. En las oficinas del Registro Federal de Electores en el Extranjero, existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

5. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales.

6. La resolución que declare improcedente la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el Tribunal Electoral. Para tal efecto, los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas del Registro Federal de Electores en el Extranjero los formatos necesarios para la interposición del medio de impugnación respectivo.

7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación, será notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscripción o, en su caso por telegrama o correo certificado.

Artículo 335

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá utilizar la técnica censal parcial en los países y ciudades en el extranjero, en aquellos casos en que así lo decida la Junta General Ejecutiva, a fin de mantener actualizados el Catálogo General de Electores en el extranjero y el Padrón Electoral en el Extranjero.

2. La técnica censal parcial tendrá por objeto recabar la información básica de los ciudadanos no incluidos en el Catálogo General de Electores o, en su caso, verificar los datos contenidos en el mismo, mediante visitas casa por casa.

Artículo 336

1. Las Comisiones de Vigilancia en el Extranjero podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o a las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero y Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero, según corresponda, sometan a consideración de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una ciudad en el extranjero la técnica censal parcial.

Artículo 337

1. Las Credenciales para Votar con fotografía que se expidan conforme a los establecido en el presente capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral hasta el 31 de marzo del año de la elección.

Capítulo IV De las Listas Nominales de Electores en el Extranjero y de su Revisión

Artículo 338

1. Las listas nominales de en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral en el Extranjero, agrupadas por país, ciudad y sección en el extranjero respectivamente, establecidos de acuerdo al articulo 82 inciso l-bis de este código, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar.

2. La sección electoral en el extranjero es la fracción territorial de las ciudades establecidas conforme el artículo 82 inciso l-bis de este código, para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral en el Extranjero y en las listas nominales de electores en el extranjero.

3. Cada sección en el extranjero tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1,500.

4. El fraccionamiento en secciones electorales en el extranjero estará sujeto a la revisión de la división de los países en el extranjero en las ciudades establecidas de acuerdo al artículo 82 inciso l-bis de este código.

Artículo 339

1. Anualmente, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de las Juntas Locales Ejecutivas en el Extranjero, entregará a las Juntas Extraordinarias en el Extranjero las listas nominales de electores, para que sean distribuidas, a más tardar el 25 de marzo, a las oficinas correspondientes, a efecto de que sean exhibidas por veinte días naturales.

2. La exhibición se hará en cada oficina, fijando en un lugar público las listas nominales de electores en el extranjero ordenadas alfabéticamente y por secciones.

3. Las listas nominales de electores en el extranjero que se entreguen a los partidos políticos serán para su uso exclusivo y no podrán destinarse a finalidad u objeto distinto al de revisión del Padrón Electoral en el Extranjero. Cuando un partido político no desee conservarlas, deberá reintegrarlas al Instituto Federal Electoral.

Artículo 340

1. Una vez recibidas y acreditadas las observaciones pertinentes, las oficinas devolverán a las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero, las listas nominales, sin que en ningún caso la entrega pueda exceder del 20 de abril de cada año.

2. Las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero remitirán a la Junta Local en el Extranjero correspondiente las listas nominales, a más tardar el 24 de abril.

3. Las observaciones serán introducidas a las listas del Padrón Electoral en el Extranjero, haciéndose las modificaciones del caso.

Artículo 341

1. Los partidos políticos tendrán a su disposición, para su revisión, las listas nominales de electores en el extranjero en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en el extranjero durante veinte días naturales a partir del 25 de marzo de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.

2. Los partidos políticos podrán formular por escrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales en el extranjero durante el plazo señalado en el párrafo anterior.

3. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos haciendo, en su caso, las modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar.

4. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto a más tardar el 15 de mayo.

5. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado por notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos.

Artículo 342

1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará, en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores en el extranjero divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de las ciudades establecidas conforme el artículo 82 inciso l-bis de este código. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar con fotografía al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en el Extranjero que no hayan obtenido su Credencial para Votar con fotografía a esa fecha. El 25 de marzo entregará a cada partido político una impresión en papel de las listas nominales de electores en el extranjero contenidas en el medio magnético a que se refiere la parte inicial del presente párrafo.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de abril inclusive.

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 5 del artículo 158 y en la ley de la materia.

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que el Padrón Electoral en el Extranjero y los listados nominales de electores en el extranjero son válidos y definitivos.

Artículo 343

1. Los partidos políticos contarán en la Comisión Nacional de Vigilancia con terminales de computación que les permitan tener acceso a la información contenida en el padrón electoral en el extranjero y en las listas nominales de electores en el extranjero. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón.

2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará centros de consulta del Padrón Electoral en el Extranjero para su utilización por los representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales en el extranjero de vigilancia, y establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas del propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está registrado en el Padrón Electoral en el Extranjero e incluido debidamente en la lista nominal de electores que corresponda.

Artículo 344

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores en el extranjero definitivas con fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar con fotografía hasta el 31 de marzo inclusive, ordenadas alfabéticamente por país, ciudad y sección, establecidas de acuerdo al articulo 82 inciso l-bis de este código, para su entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, a los Consejos Locales en el Extranjero para su distribución a los Consejos Extraordinarios en el Extranjero y a través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en este Código.

2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la Lista Nominal de Electores en el Extranjero con fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral.

3. En los Consejos Extraordinarios en el Extranjero se realizará un cotejo muestral entre las listas nominales de electores en el extranjero entregadas a los partidos políticos y las que habrán de ser utilizadas el día de la jornada electoral, en los términos que para tal efecto determine el Consejo General.

4. Con el propósito de constatar que las listas nominales de electores en el extranjero utilizadas el día de la jornada electoral, son idénticas a las que fueron entregadas en su oportunidad a los partidos políticos, se podrá llevar a cabo un análisis muestral en aquellas casillas que determine el Consejo General, en la forma y términos que al efecto se aprueben.

Artículo 345

1. A fin de mantener permanentemente actualizados el Catálogo General de Electores en el Extranjero y el Padrón Electoral en el Extranjero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.

2. Los servidores públicos del Registro Civil y de la Secretaría de Relaciones exteriores deberán informar al Instituto Federal Electoral de los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva.

3. La Secretaría de Relaciones Exteriores informara al Instituto Federal Electoral sobre los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la respectiva resolución.

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto Federal Electoral dentro de los diez días siguientes a la fecha en que:

a) Expida o cancele cartas de naturalización;

b) Expida certificados de nacionalidad;

c) Reciba renuncias a la nacionalidad; y

d) Expida o cancele matrículas consulares.

5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto Federal Electoral.

6. El Presidente del Consejo General del Instituto podrá celebrar convenios de cooperación con las autoridades en el extranjero correspondientes, tendientes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.

Artículo 346

1. Las solicitudes de inscripción realizadas por los ciudadanos que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del Instituto Federal Electoral correspondiente a su domicilio a obtener su Credencial para Votar con fotografía, a más tardar el día 30 de septiembre del año siguiente a aquel en que solicitaron su inscripción en el Padrón Electoral en el Extranjero, serán canceladas.

2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de que sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las Comisiones Extraordinarias en el Extranjero, Locales en el Extranjero y Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 31 de octubre de cada año, para su conocimiento y observaciones.

3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1 de noviembre del año anterior al de la elección y hasta el 15 de enero siguiente, en las oficinas o módulos del Instituto Federal Electoral y en los lugares públicos de las secciones electorales en el extranjero de las ciudades establecidas en el artículo 82 inciso l-bis de este código, que previamente determinen las Comisiones Extraordinarias en el Extranjero de Vigilancia, a fin de que surtan efectos de notificación por estrados a los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su inscripción en el Padrón Electoral en el Extranjero durante el plazo para la campaña intensa a que se refiere el párrafo 1 del artículo 329 de este Código o, en su caso, de interponer el medio de impugnación previsto en el párrafo 6 del artículo 333 de este ordenamiento.

4. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solicitud haya sido cancelada en los términos de los párrafos precedentes, serán destruidos ante las respectivas Comisiones en el Extranjero de Vigilancia, a más tardar el día 15 de enero de cada año.

5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de inscripción en el Padrón Electoral en el Extranjero hubiese sido cancelada por omisión en la obtención de su Credencial para Votar con fotografía en los términos de los párrafos anteriores, podrá solicitar nuevamente su inscripción en el Padrón Electoral en el Extranjero en los términos y plazos previstos en los artículos 326, 329 y 330 de este Código.

6. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos que solicitaron su inscripción al Padrón Electoral en el Extranjero o efectuaron alguna solicitud de actualización durante el año anterior al de la elección, y no hubiesen sido recogidos por sus titulares dentro del plazo legalmente establecido para ello, serán resguardados según lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 327 de este Código.

7. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dará de baja del Padrón Electoral en el Extranjero a los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante solicitud en que conste su firma, huella digital, y en su caso, fotografía. En este supuesto, la baja operará exclusivamente por lo que se refiere al registro del domicilio anterior. De igual manera se dará de baja a los ciudadanos que hubieren fallecido siempre y cuando quede acreditado con la documentación de las autoridades competentes; o aquellas que hubieren sido inhabilitadas para el ejercicio de sus derechos políticos por resolución judicial.

8. La documentación relativa a la cancelación de solicitudes y a las altas o bajas de ciudadanos en el Padrón Electoral en el Extranjero quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías.

9. La documentación relativa a los ciudadanos que fueron dados de baja del Padrón Electoral en el Extranjero quedará bajo la custodia de dicha Dirección por un período de dos años, contados a partir de la fecha en que operó la baja.

10. Una vez transcurrido el período establecido en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el procedimiento de destrucción de dichos documentos.

Capítulo V De la Credencial para Votar en el Extranjero

Artículo 347

1. La Credencial para Votar en el extranjero deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) País y ciudad que corresponde al domicilio;

b) Ciudad y sección electoral en donde deberá votar;

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

d) Domicilio;

e) Sexo;

f) Edad y año de registro; y

g) Clave de registro.

2. Además, tendrá:

a) Lugar para asentar la firma, huella digital y fotografía del elector;

b) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; y

c) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

3. A más tardar el último día de febrero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya Credencial para Votar con fotografía se hubiera extraviado o sufrido algún deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio.

Capítulo VI De las Comisiones en el Extranjero de Vigilancia

Artículo 348

1. Las Comisiones en el Extranjero de Vigilancia se integrarán por:

a) El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los Vocales correspondientes de las Juntas Locales en el Extranjero y Extraordinarias en el Extranjero, quienes fungirán como Presidentes de las respectivas Comisiones;

b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales; y

c) Un Secretario designado por el respectivo Presidente, entre los miembros del Servicio Profesional Electoral con funciones en el área.

2. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante las respectivas Comisiones en el Extranjero de Vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo.

Artículo 349

1. Las Comisiones en el Extranjero de Vigilancia tienen las siguientes atribuciones:

a) Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral en el Extranjero, en las listas nominales de electores en el extranjero, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en este Código;

b) Vigilar que las Credenciales para Votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos;

c) Recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a las listas nominales de electores en el extranjero;

d) Coadyuvar en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral en el Extranjero; y

e) Las demás que les confiera el presente Código.

2. La Comisión Nacional de Vigilancia conocerá de los trabajos que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice en materia de demarcación territorial en el extranjero.

3. Las Comisiones en el Extranjero de Vigilancia sesionarán por lo menos una vez al mes.

4. De cada sesión se levantará el acta que deberá ser firmada por los asistentes a la misma. Las inconformidades que en su caso hubiese se consignarán en la propia acta, de la que se entregará copia a los asistentes.

Título Sexto

Capítulo I De los Procedimientos para la Integración y Ubicación de las Mesas Directivas de Casilla en el Extranjero

Artículo 350

1. En los términos del artículo 338 del presente Código, las secciones en que se dividen las ciudades en el extranjero tendrán como máximo 1,500 electores.

2. En todo lo que concierne a la instalación de casillas se observara lo dispuesto en el artículo 192, fracciones 2, 3, 4 y 6 de este código.

3. Igualmente, podrán instalarse en las secciones que acuerde la Junta Extraordinaria en el Extranjero correspondiente las casillas especiales a que se refiere el artículo 354 de este Código.

Artículo 351

1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla en el extranjero será el siguiente:

a) El Consejo General, en el mes de enero del año de la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1 al 20 de marzo del año en que deban celebrarse las elecciones, las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero procederán a insacular, de las listas nominales de electores en el extranjero integradas con los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar con fotografía al 15 de enero del mismo año, a un 10% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las Juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del Consejo Local en el Extranjero y los de la Comisión Local de Vigilancia en el Extranjero del Registro Federal de Electores de la entidad de que se trate, según la programación que previamente se determine;

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 21 de marzo al 30 de abril del año de la elección;

d) Las juntas harán una evaluación objetiva para seleccionar, con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en términos de este Código, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de los consejos extraordinarios en el extranjero sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria;

e) El Consejo General, en el mes de marzo del año de la elección sorteará las 29 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

f) De acuerdo con los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, las Juntas Extraordinarias en el Extranjero harán entre el 16 de abril y el 12 de mayo siguiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los términos de este Código. De esta relación, los Consejos Extraordinarios en el Extranjero insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 14 de mayo;

g) A más tardar el 15 de mayo las Juntas Extraordinarias en el Extranjero integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas directivas, las juntas extraordinarias en el extranjero, a más tardar el 16 de mayo del año en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada ciudad en el extranjero, lo que comunicarán a los Consejos Extraordinarios en el Extranjero respectivos; y

h) Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por el artículo 311 de este Código.

2. Los representantes de los partidos políticos en los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.

Artículo 352

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos del país en extranjero que se establezca de acuerdo al artículo 82 inciso l-bis de este Código, de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate;

d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; y

e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Para cumplir lo anterior, las autoridades mexicanas facultadas harán los acuerdos binacionales necesarios con las autoridades responsables de los países participantes en el proceso electoral, de conformidad con los acuerdos internacionales para este efecto y los principios del derecho internacional respectivos.

Artículo 353

1. El procedimiento para determinar la ubicación de las casillas será el siguiente:

a) Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año de la elección las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero recorrerán las secciones de las correspondientes ciudades en el extranjero con el propósito de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior;

b) Entre el 10 y el 20 de marzo, las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero presentarán a los Consejos Extraordinarios en el Extranjero correspondientes una lista proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

c) Recibidas las listas, los Consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán los cambios necesarios;

d) Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, en sesión que celebren a más tardar durante la segunda semana de mayo, aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas;

e) El Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de mayo del año de la elección; y

f) En su caso, el Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero ordenará una segunda publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y el 25 de junio del año de la elección.

Artículo 354

1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos autorizados más concurridos de la ciudad en el extranjero definida de conformidad con el artículo 82 inciso l-bis de este Código.

2. El Secretario del Consejo Extraordinario en el Extranjero entregará una copia de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Artículo 355

1. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, a propuesta de las Juntas Extraordinarias Ejecutivas en el Extranjero, determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera del territorio nacional.

2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, se aplicarán las reglas establecidas en el presente Capítulo.

3. En cada ciudad determinada de acuerdo al artículo 82 inciso l-bis de este código, se podrán instalar hasta cinco casillas especiales. El número y ubicación serán determinados por el Consejo Extraordinarios en el Extranjero en atención a la cantidad de secciones comprendidas en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus características geográficas y demográficas.

Capítulo VIII Del Registro de Representantes en el Extranjero

Artículo 356

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla en el extranjero, y representantes generales en el extranjero propietarios.

2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada una de las ciudades en el extranjero, establecidas de acuerdo al artículo 82 inciso l-bis de este código, un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.

3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales en el extranjero, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de ``representante''.

4. Los representantes de los partidos políticos recibirán una copia legible de las actas a que se refiere el artículo 358, párrafo 1, inciso b), de este Código. En caso de no haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante general que así lo solicite.

Artículo 357

1. La actuación de los representantes generales en el extranjero de los partidos estará sujeta a las normas siguientes:

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casillas instalada en la ciudad en el extranjero para la que fueron acreditados;

b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presente al mismo tiempo en las casillas más de un representante general, de un mismo partido político;

c) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla en el extranjero;

e) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten;

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

Artículo 358

1. Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección;

b) Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla;

c) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;

e) Acompañar al Presidente de la mesa directiva de casilla, al Consejo Extraordinario en el Extranjero correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; y

f) Los demás que establezca este Código.

2. Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de este Código y deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva.

Artículo 359

1. El registro de los nombramientos de los representantes en el extranjero ante las mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el Consejo Extraordinario en el Extranjero correspondiente, y se sujetará a las reglas siguientes:

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos deberán registrar en su propia documentación y ante el Consejo Extraordinario en el Extranjero correspondiente, a sus representantes generales y de casilla. La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que establezca el Consejo General;

b) Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero devolverán a los partidos políticos el original de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el Presidente y el Secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

Artículo 360

1. La devolución a que se refiere el inciso b) del artículo anterior se sujetará a las reglas establecidas en los incisos a, b, c y d del artículo 202 de éste código.

Artículo 361

1. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:

a) Denominación del partido político;

b) Nombre del representante;

c) Indicación de su carácter de propietario o suplente;

d) Número de la sección y casilla en que actuarán;

e) Domicilio del representante;

f) Clave de la Credencial para Votar;

g) Firma del representante;

h) Lugar y fecha de expedición; y

i) Firma del representante o del dirigente del partido político que haga el nombramiento.

2. Para garantizar a los representantes ante la mesa directiva de casilla el ejercicio de los derechos que les otorga este Código, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.

3. En caso de que el Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero no resuelva dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud o niegue el registro, el partido político interesado podrá solicitar al Presidente del Consejo Local en el Extranjero correspondiente registre a los representantes de manera supletoria.

4. Para garantizar a los representantes del partido político su debida acreditación ante la mesa directiva de casilla, el Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero entregará al Presidente de cada mesa, una relación de los representantes que tenga derecho de actuar en la casilla de que se trate.

Artículo 362

1. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

2. De estos nombramientos se formará una lista que deberá entregarse a los Presidentes de las mesas directivas de casilla.

3. Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de los derechos que les otorga este Código, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.

Título Segundo De la Jornada Electoral

Capítulo I De la Instalación y Apertura de Casillas en el Extranjero

Artículo 363

1. Para la instalación y apertura de casillas en el extranjero se estará a lo dispuesto en el titulo tercero, de la Jornada Electoral, Capítulo I, de la instalación y apertura de casillas, artículo 212, 213, 214 y 215, del Libro Quinto de este código. Observando que donde se refiere a Consejos Distritales se hará la referencia a los Consejos Extraordinarios en el Extranjero.

Capítulo II De la Votación

Artículo 364

1. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.

2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. En este caso, corresponde al Presidente dar aviso de inmediato al Consejo Extraordinario en el Extranjero a través de un escrito en que se dé cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto.

3. El escrito de referencia deberá ser firmado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos.

4. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Extraordinario en el Extranjero decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias.

Artículo 365

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su Credencial para Votar con fotografía.

2. Los Presidentes de casilla permitirán emitir el voto a los ciudadanos cuya Credencial para Votar contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente a su domicilio.

3. En el caso referido en el párrafo anterior, los Presidentes de casilla, además de identificar a los electores en los términos de este Código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

4. El Presidente de la casilla recogerá las Credenciales para Votar que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.

5. El Secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

Artículo 366

1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su Credencial para Votar con fotografía, el Presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque sus boletas en el círculo o cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

2. Los electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.

4. El Secretario de la casilla anotará la palabra voto en la lista nominal en el extranjero correspondiente y procederá a:

a) Marcar la Credencial para Votar con fotografía del elector que ha ejercido su derecho de voto;

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y

c) Devolver al elector su Credencial para Votar.

5. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la Credencial para Votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Artículo 367

1. Corresponde al Presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se halla instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de este Código.

2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores.

3. Tendrán derecho de acceso a las casillas:

a) Los electores que hayan sido admitidos por el Presidente en los términos que fija el artículo 364 de este Código;

b) Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados en los términos que fijan los artículos 361 y 362 de este Código;

c) Los notarios públicos que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan identificado ante el Presidente de la mesa directiva y precisada la índole de la diligencia a realizar, misma que en ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación; y

d) Funcionarios del Instituto Federal Electoral que fueren llamados por el Presidente de la mesa directiva.

4. Los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con las funciones que les fija el artículo 357 de este Código; no podrán interferir el libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa directiva. El Presidente de la mesa directiva podrá conminarlos a cumplir con sus funciones y, en caso, podrá ordenar su retiro cuando el representante deje de cumplir su función, coaccione a los electores, o en cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación.

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.

6. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares.

Artículo 368

1. El Presidente de la mesa directiva podrá solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.

2. En estos casos, el Secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden y las medidas acordadas por el Presidente, en un acta especial que deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos acreditados ante la misma. Si algún funcionario o representante se negase a firmar, el Secretario hará constar la negativa.

Artículo 369

1. Los representantes de los partidos políticos podrán presentar al Secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este Código.

2. El Secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expediente electoral de la casilla sin que pueda mediar discusión sobre su admisión.

Artículo 370

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

Artículo 371

1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera del país se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes:

a) El elector además de exhibir su Credencial para Votar, a requerimiento del Presidente de la mesa directiva, deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla; y

b) El Secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la Credencial para Votar del elector.

2. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta correspondiente, el Presidente de la casilla le entregará la boleta única para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 372

1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.

2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

3. Sólo permanecerá abierto después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.

Artículo 373

1. El Presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el artículo anterior.

2. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes.

3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:

a) Hora de cierre de la votación; y

b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

Capítulo III Del Escrutinio y Cómputo en la Casilla

Articulo 374

1. Para el escrutinio y cómputo en la casilla se observará lo que establece el Capítulo III, Del escrutinio y cómputo en la casilla, del Titulo Tercero, del Libro Quinto, artículos del 226 al 236 de este código, con excepción de lo siguiente:

a) El escrutinio y cómputo de la votación será solo para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo 234, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio y cómputo solo de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para su entrega al Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero correspondiente.

Capítulo IV De la Clausura de la Casilla y de la Remisión del Expediente

Artículo 375

1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, el Secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega de paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos que desearen hacerlo.

Artículo 376

1. Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Extraordinario en el Extranjero, que corresponda el paquete y el expediente de casilla inmediatamente a partir de la hora de clausura:

2. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.

3. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de la elección sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que pueda ser recibidos en forma simultánea.

4. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de este Código. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo.

5. Se considerará que existe una causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Extraordinario en el Extranjero, fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

6. El Consejo Extraordinario en el Extranjero hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere el artículo 242 de este Código, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes.

Capítulo V Disposiciones Complementarias

Artículo 377

1. En el caso del voto en el extranjero se contratara a los notarios o su similar para atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casillas, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos, para dar FE de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Artículo 378

1. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, designarán en el mes de mayo del año de la elección, a un número suficiente de asistentes electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo.

2. Los asistentes electorales auxiliarán a las Juntas Locales en el Extranjero y Consejos Extraordinarios en el Extranjero en los trabajos de:

a) Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección;

b) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;

c) Información sobre los incidentes ocurridos en la jornada electoral;

d) Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales; y

e) Los que expresamente les confiera el Consejo Extraordinario en el Extranjero, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 375 de este Código:

3. Son requisitos para ser asistente electoral los siguientes:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con Credencial para Votar con fotografía;

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial;

c) Haber acreditado, como mínimo el nivel de educación media básica;

d) Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las funciones a su cargo;

e) Ser residente en la ciudad en la que deba prestar sus servicios;

f) No tener más de 60 años de edad al día de la jornada electoral;

g) No militar en ningún partido u organización políticos: y

h) Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, acompañando los documentos que en ella se establezcan.

Artículo 379

Para el proceso electoral en el extranjero, en lo no previsto en el presente Libro Sexto, se aplicara lo que establece este Código para lo conducente.

Título Cuarto De los Actos Posteriores a la Elección y los Resultados Electorales

Capítulo I Disposición Preliminar

Artículo 380

1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, se hará conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello;

b) El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Extraordinario en el Extranjero extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados;

c) El Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que practique el cómputo correspondiente; y

d) El Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

2. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que señala este Código.

Capítulo II De la Información Preliminar de los Resultados

Artículo 381

1. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

a) El Consejo Extraordinario en el Extranjero autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes durante dicha recepción;

b) Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto;

c) El Secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas; y

d) Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo, contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

Artículo 382

1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el artículo 375 de este Código, el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Extraordinario en el Extranjero, los resultados preliminares de las elecciones.

Capítulo III De los Cómputos en los Consejos Extraordinarios en el Extranjero

Artículo 383

1. El cómputo Extraordinario en el Extranjero de una elección es la suma que se realiza en el Consejo Extraordinario en el Extranjero, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en una ciudad establecida de acuerdo al artículo 82 inciso l-Bis de este Código.

Artículo 384

1. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

2. El cómputo a que se refiere el párrafo anterior se realizará sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión.

3. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los miembros del Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta Extraordinaria en el Extranjero respectiva y asimismo, que los consejeros electorales y representantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.

4. Los Consejos Extraordinarios en el Extranjero, deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.

Artículo 385

1. El cómputo de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del Presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un Consejero Electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 230 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalados en el inciso anterior;

d) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

e) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de Presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los cinco incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a esta elección; y

d) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 386

1. Los Presidentes de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero fijarán en el exterior de sus locales, al término de la sesión de cómputo Extraordinario en el Extranjero, los resultados de cada una de las elecciones.

Artículo 387

1. El Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero deberá:

a) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral.

Artículo 388

1. El Presidente del Consejo Extraordinario en el Extranjero, una vez integrados los expedientes procederá a:

a) Remitir a la Sala competente del Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente del cómputo Extraordinario en el Extranjero; y

b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación respectivo al Tribunal Electoral, el expediente del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra documentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación contenida en el expediente de cómputo Extraordinario en el Extranjero enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el medio de impugnación correspondiente se enviará copia del mismo.

Artículo 389

1. Los Presidentes de los Consejos Extraordinarios en el Extranjero conservarán en su poder una copia certificada de todas las actas y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales.

2. Asimismo, los Presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 de este Código hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción.

Transitorios

Primero. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, a través de las autoridades nacionales competentes, iniciará las negociaciones con las autoridades extranjeras responsables para establecer los acuerdos necesarios para realizar la jornada electoral en el extranjero una vez cumplido el transitorio primero.

Dado en Palacio de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre de 2004.--- Dip. Laura E. Martínez Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señora diputada.

Instruyo también a la Secretaría turne a la Comisión de Gobernación la iniciativa presentada por la diputada Laura Elena Martínez.

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LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Adelante, señor diputado.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Compañeras y compañeros diputados.

Con un saludo a la Confederación Internacional de Mexicanos en el Exterior, me permito presentar esta iniciativa para adicionar el Capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, adicionando los artículos 66 al 73.

La migración es un fenómeno que se produce en todo el mundo; los flujos migratorios cada vez son más intensos y extensos, alcanzando latitudes antes insospechadas.

Este fenómeno va creciendo también gracias a los movimientos globalizadores de la economía. La migración como problemática social se incluye en el amplio espectro de realidades provocadas por esta globalización económica. La disparidad entre naciones genera fuertes núcleos de atracción migratoria; las naciones pobres expulsan gruesos contingentes de desesperados seres humanos en búsqueda de condiciones de vida más dignas y llevaderas.

México es vecino de uno de esos fuertes núcleos de atracción migratoria, Estados Unidos es el principal país a donde los mexicanos más desfavorecidos buscan guarecerse de la miseria. Según datos ofrecidos por la Embajada de Estados Unidos, éste presenta el mayor flujo migratorio de todo el mundo, desde la década de los setenta y hasta el año 2002, siempre siguiendo los datos oficiales, 23 millones de migrantes con estatuto legal arribaron a la nación del norte.

Pero la cifra arriba mencionada no refleja el recrudecimiento de la atracción migratoria de la década de los noventa, tan solo en esos años casi el 50 por ciento del total del flujo migratorio registrado desde 1970, es decir, 10.6 millones de personas ingresaron a Estados Unidos en 10 años, tomando en cuenta que estos registros se refieren a la migración legal, es claro el potencial atractivo de Estados Unidos.

Según el Anuario Estadístico 2002 del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 219 mil mexicanos ingresaron legalmente a ese país, siendo México el país de donde llega el mayor número de personas, algo así como el 20.6 por ciento del flujo total. Le sigue la India con el 6.7 por ciento y China con el 5.8 por ciento.

Para el 2002, el número de personas con ascendencia latina se estimó en 37 millones de personas, alrededor del 13.4 por ciento del total de la población. De esos casi 38 millones se calcula que más del 60 por ciento eran de origen mexicano, lo que en números absolutos casi alcanza la cifra de 24 millones, lo que convierte a los llamados México-estadounidenses en una minoría que representa el 11.6 por ciento de la población total norteamericana.

Se calcula que existen 7 millones de indocumentados en Estados Unidos, concentrados en su mayoría en los estados de California, Texas, Illinois, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia y Carolina del Norte. Estos migrantes ilegales quienes padecen condiciones deplorables, tanto en su experiencia migratoria como en las regiones de donde proceden, son en su mayoría hombres; el 95 por ciento y jóvenes; el 70 por ciento, ya que oscilan entre los 12 y 34 años de edad, provienen de áreas urbanas y su principal objetivo es trabajar, encontrar fuentes de ingresos que les permitan mejorar su nivel de vida.

Las ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras, son los puntos de paso hacia Estados Unidos, y California el principal objetivo de llegada, alrededor del 50 por ciento a este sitio; los principales estados de procedencia son: Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Sin embargo actualmente Texas se ha convertido en un importante destino, esto sucede en cierto grado por reforzamiento de la patrulla fronteriza en los principales puntos de California. Los migrantes que toman el camino a Texas, Arizona y Nuevo México, salen en su mayoría de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Es fundamental promover la organización entre ellos y reconocer desde las leyes mexicanas su estatus legal para emprender la defensa de sus derechos y fortalecer los lazos de unión entre estos grupos sociales y la representación de los gobiernos; por otro lado, los migrantes se han convertido en una muy importante fuente de recursos.

En tiempos recientes las remesas enviadas por los migrantes avecindados en países desarrollados se han convertido en un flujo de divisas de suma importancia para las naciones expulsoras de mano de obra, al punto que en muchos casos las remesas se han convertido en un rubro de primer orden, en lo que se refiere a las finanzas nacionales, en México no ha sido diferente.

La importancia de las remesas por su cantidad es fundamental, para ilustrarlo el monto de remesas en el 2002 fue de 9 mil 815 millones de dólares, para el 2003 esta cifra alcanzó los 13 mil 266 millones. Para ilustrar de manera más elocuente la importancia de las remesas el monto de éstas en el 2003, superó la entrada estimada de recursos a México por concepto de inversión extranjera directa y a los ingresos por turismo, representa el 79 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo, el 71 por ciento del superávit comercial del sector maquilador y aproximadamente dos puntos porcentuales del producto interno bruto del año.

Se presentan nuevas técnicas de vigilancia y disuasión para el cruce de indocumentados: el refuerzo de las patrullas fronterizas, el uso de armas clasificadas como no letales, las patrullas parapoliciacas integradas por granjeros, cuyas estrategias son más parecidas a la caza de animales salvajes que a una verdadera búsqueda de disuasión humanitaria, constituyen la sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes, todo esto, para no abundar sobre las violaciones a los derechos humanos de los viajantes legales, violaciones con estatuto legal, después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que han justificado el maltrato a los viajantes provenientes de naciones no desarrolladas.

Hoy día, una gran mayoría de mexicanos en el extranjero y en específico en Estados Unidos, se está organizando con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses, ya son cientos de organizaciones que de hecho están operando en este país.

Por lo tanto, es necesario ajustar el derecho mexicano a la realidad social y el propósito de esta iniciativa tiene como fin que nuestros compatriotas que radican en todo el mundo, puedan organizarse legítimamente en el extranjero y ser reconocidas sus organizaciones por el Servicio Exterior Mexicano, sin invadir o transgredir la soberanía del estado extranjero, para que puedan colaborar como auxiliares en las embajadas o consulados mexicanos, en diversas funciones que no sean propias exclusivas de la ley de nuestro servicio exterior.

Esta iniciativa tiende a complementar y fortalecer las funciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que funciona como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue creado por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del año 2003.

Tenemos la obligación de apoyar a los mexicanos en el exterior y fortalecer al servicio exterior, como enlace con los mexicanos en el extranjero.

Por todo ello, se propone el siguiente decreto que adiciona el Capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que consta del artículo 66 al 73.

Artículo único. Se adiciona el Capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que consta del artículo 66 al 73, quedando como sigue:

Capítulo XII

De las organizaciones coadyuvantes y del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 66. ``...Toda agrupación de mexicanos con residencia en el extranjero constituidos legalmente, podrán ser coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano''.

Pido a la Mesa que se integre al Diario de los Debates completamente esta iniciativa y finalmente como transitorio señalo que este artículo:

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI

En mi calidad de diputado federal, en ejercicio del derecho de iniciativa que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la elevada consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, para adicionar el capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, adicionando del artículo 66 al 73, con la siguiente.

Exposición de Motivos

La migración es un fenómeno que se produce en todo el mundo. Los flujos migratorios cada vez son más intensos y extensos alcanzando latitudes antes insospechadas. Este fenómeno va creciendo también gracias a los movimientos globalizadores de la economía.

La migración como problemática social se incluye en el amplio espectro de nuevas realidades provocadas por la globalización económica. La disparidad entre naciones genera fuertes núcleos de atracción migratoria, las naciones pobres expulsan gruesos contingentes de desesperados seres humanos en búsqueda de condiciones de vida más dignas y llevaderas.

México es vecino de uno de esos fuertes núcleos de atracción migratoria. Estados Unidos es el principal país a donde los mexicanos más desfavorecidos buscan guarecerse de la miseria. Según datos ofrecidos por la embajada de los Estados Unidos, éste presenta el mayor flujo migratorio de todo el mundo. Desde la década de los setenta y hasta el año 2002, siempre siguiendo los datos oficiales, 23 millones de migrantes con estatuto legal arribaron a la nación del norte.

Pero la cifra arriba mencionada no refleja el recrudecimiento de la atracción migratoria de la década de los noventa, tan sólo en esos años casi el 50 % del total del flujo migratorio registrado desde 1970, es decir, 10.6 millones de personas ingresaron a los Estados Unidos en 10 años. Tomando en cuenta que estos registros se refieren a la migración legal, es claro el potencial atractivo de los Estados Unidos

Según el Anuario Estadístico 2002 del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos del Año Fiscal 2000-02, en 2002, 219,380 mexicanos ingresaron legalmente a ese país, siendo México el país de donde llega el mayor número de personas, algo así como el 20.6% del flujo total. Quien le sigue es la India con el 6.7% y China con el 5.8%. Para el 2002 el número de personas con ascendencia latina se estimó en 37,872,475, alrededor del 13.4% del total de la población. De esos casi 38 millones, se calcula que más del 60% eran de origen mexicano, lo que en números absolutos casi alcanza la cifra de 24 millones de personas, lo que convierte a los llamados México-estadounidenses en una minoría que representa el 11.6% de la población total de Estados Unidos1.

Se calcula que existen 7 millones de indocumentados en los Estados Unidos concentrados en su mayoría en los estados de California, Texas, Illinois, Arizona, Nueva York, nueva Jersey, Georgia y Carolina del Norte2.

Estos migrantes ilegales, quienes padecen condiciones deplorables tanto en su experiencia migratoria como en las regiones de donde proceden, son en su mayoría hombres, el 95% de los migrantes, y jóvenes, el 70% oscilan entre los 12 y 34 años de edad, provienen de áreas urbanas y su principal objetivo es trabajar, es decir, encontrar fuentes de ingresos que les permitan mejorar sustancialmente su nivel de vida.

El promedio de escolaridad en México es de 7 años. El nivel de escolaridad promedio de los migrantes es de 6.2 años, no muy lejano del promedio para toda la población, además 2 de cada 3 de los migrantes tenía trabajo en México, siendo más del 50% trabajadores de los sectores industrial y de servicios. Por otro lado, las transformaciones poblacionales de nuestro país también han repercutido en el perfil de los migrantes, pues éstos han dejado de ser predominantemente rurales, siendo de mucho mayor importancia la participación de personas de procedencia urbana.

Las ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras son los puntos de paso hacia los Estados Unidos y California el principal objetivo de llegada, alrededor del 50%. Los principales estados de procedencia son Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Sin embargo, actualmente Texas se ha convertido en un importante destino. Esto se debe, en cierto grado, al reforzamiento de la Patrulla Fronteriza en los principales puntos de la frontera californiana. Los migrantes que toman el camino a Texas, Arizona y Nuevo México salen, en su mayoría, de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Por otro lado, los migrantes se han convertido en una muy importante fuente de recursos. En tiempos recientes, las remesas enviadas por los migrantes avecindados en países desarrollados se han convertido en un flujo de divisas de suma importancia para las naciones expulsoras de mano de obra, al punto que en muchos casos las remesas se han convertido en un rubro de primer orden en lo que se refiere a las finanzas nacionales. En México no ha sido diferente, la importancia de las remesas, por su cantidad, es fundamental. Para ilustrarlo, el monto de las remesas en 2002 fue de 9,815 mdd. Para el 2003 esta cifra se elevó a 13,266 mdd, un incremento de 35.2%3.

Para ilustrar de manera más elocuente la importancia de las remesas, el monto de éstas en el 2003 superó la entrada estimada de recursos a México por concepto de inversión extranjera directa y a los ingresos por turismo. Representan el 79% de las exportaciones de petróleo crudo, el 71% del superávit comercial del sector maquilador y a aproximadamente 2.2 puntos porcentuales del PIB del año4.

El aumento de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos, sobre todo de la modalidad ilegal, ha provocado que ciertos sectores de la sociedad del país vecino vean en los indocumentados una amenaza para su tranquilidad. Aunado a los prejuicios de corte racista y a una compleja multiplicidad de factores, los derechos humanos de los migrantes indocumentados que se aventuran a cruzar la frontera del norte han sido vejados terrible y sistemáticamente.

Se presentan nuevas técnicas de vigilancia y disuasión para el cruce de indocumentados. El refuerzo de las patrullas fronterizas, el uso de armas clasificadas como no letales, como son las balas de goma con gases tóxicos, las patrullas para-policíacas integradas por granjeros, cuyas estrategias son más parecidas a la caza de animales salvajes que a una verdadera búsqueda de disuasión humanitaria, constituyen la sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes.

Todo esto para no abundar sobre las violaciones a los derechos humanos de los viajantes legales. Violaciones con estatuto legal después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 que han justificado el maltrato a los viajantes provenientes de naciones no desarrolladas.

Tenemos la obligación de apoyar a los mexicanos en el exterior y fortalecer al Servicio exterior como enlace con los mexicanos en el extranjero.

Con esos propósitos, en atención a las consideraciones precedentes, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Que adiciona el capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que consta del artículo 66 al 73

Artículo Único. Se adiciona el capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que consta del artículo 66 al 73, quedando como sigue

Capítulo XII De las organizaciones coadyuvantes del servicio exterior mexicano.

Artículo 66.- Toda agrupación de Mexicanos con residencia en el extranjero, constituidos legalmente, podrán ser: coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 67.- Estas agrupaciones cuyo objeto principal será: ``vigilar el respeto de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero'' podrán constituirse legalmente en el extranjero o en México y serán registradas por la embajada o consulado mexicano del domicilio de la persona jurídica, considerándolas coadyuvantes del servicio Exterior Mexicano.

Artículo 68.- Las agrupaciones constituidas legalmente en México, podrán ser validadas por las autoridades extranjeras donde radiquen.

Artículo 69.- Por ningún motivo estas agrupaciones podrán tener fines políticos o religiosos, ni de lucro en perjuicio de sus agremiados.

Artículo 70.- Estas agrupaciones no tendrán la calidad de Agentes Diplomáticos, ni gozarán de las inmunidades o privilegios concedidos a los mismos. Siempre estarán sujetas a la legislación extranjera en donde radiquen.

Artículo 71.- Cuando estas agrupaciones tengan entre otros de sus objetivos, la naturaleza mercantil, estarán sujetas a los tratados internacionales que México ha ratificado para ello.

Artículo 72.- Las principales facultades de las agrupaciones coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano son:

1.- Se inscribirán y serán reconocidas como tales en las embajadas o consulados mexicanos de la residencia de la agrupación;

2.- Son autónomas por excelencia y elegirán a sus representantes en forma democrática y conforme a sus estatutos;

3.- Podrán recibir apoyos o donativos de personas físicas o morales, inclusive de entidades de los gobiernos federales, locales o municipales de México, así como del extranjero, para conseguir el logro de sus fines;

4.- Serán gestores de la comunidad de mexicanos residentes en el extranjero, ante las embajadas y consulados, siempre y cuando no se requiera la presencia de los propios interesados.

5.- Darán asesoría en diversas materias que determine la Secretaría y que no sea propia y exclusiva de las embajadas y consulados mexicanos, siempre y cuando demuestren tener personal capacitado para ello y no se opongan al derecho extranjero de donde radiquen.

6.- Al tener conocimiento de la violación de Derechos Humanos en contra de nuestros connacionales, darán los avisos pertinentes a nuestras misiones diplomáticas o, en su defecto, ante las propias autoridades extranjeras.

7.- Podrán acudir ante las instancias internacionales cuando así lo permitan los tratados celebrados por México, en la Defensa de los Derechos Humanos de aquellos mexicanos que hayan sido violentados en los mismos;

8.- Promoverán en el extranjero nuestra cultura nacional: tradiciones y costumbres, intercambios científicos y culturales, llevar a cabo eventos representativos de México, todo ello mediante gestoría con nuestras misiones Diplomáticas.

9.- Desarrollarán todas aquellas actividades que no sean propias y exclusivas del Servicio Exterior Mexicano y que para ello no se oponga la Secretaría o el Estado extranjero donde radiquen.

Artículo 73.- De la cancelación de su registro

Dejarán de tener el carácter de coadyuvantes del Servicio Exterior Mexicano todas aquellas agrupaciones que:

1.- Se hayan disuelto en términos de la Ley

2.- Lo soliciten en forma expresa a la misión diplomática del domicilio de su residencia

3.- Que cambie su objeto social

4.- Que alguno de los representantes de la agrupación o varios de ellos comentan delitos tanto en México como en el Extranjero, haciendo uso del nombre de la agrupación.

Transitorios

Articulo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Census Bureau, Data Profiles 2002

2 Census Bureau, 2003. ``Estimates of the unauthorized immigration population residing in the U.S.''

3 Conapo, 2004 y Banco de México

4 Conapo, 2004 y Banco de México

Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Jiménez Merino y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Concepción Fajardo Muñoz, diputada suplente electa en el I Distrito del estado de Quintana Roo.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Carlos Flores Rico, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Irene Herminia Blanco Becerra, Abraham Bagdadi Estrella, Manuel Velasco Coello y Jaime Miguel Moreno Garavilla.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pide a la comisión cumplir con el referido encargo.

(La comisión cumple con su cometido.)

Se invita a los presentes ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadana María Concepción Fajardo Muñoz: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana María Guadalupe Concepción Fajardo Muñoz: ¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Enhorabuena.

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ley general de salud

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 225 y 376 Bis, de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafo del artículo 225 y la fracción I del articulo 376 Bis, de la Ley General de Salud, presentada por la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo a la Iniciativa antes mencionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II.- En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', La Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I ANTECEDENTES

La diputada Federal María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario Del Partido Revolucionario Institucional, el día 29 de Abril del año 2004, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, de la LIX Legislatura, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafos del artículo 225 y la fracción I del artículo 376 Bis, de la Ley General de Salud.

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Diputada expresa en su propuesta que, el artículo 222 de la Ley General de Salud en cita dispone que la Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos cuando se demuestre que las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad y eficacia exigidas. El citado artículo hace referencia al 428, que obliga a la autoridad sanitaria a tomar en cuenta, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, varios criterios entre los que destacan las necesidades sociales y nacionales y, en general, los derechos e intereses de la sociedad.

Argumenta que el artículo 224 de la propia Ley General de Salud establece la clasificación de los medicamentos, de acuerdo con su forma de preparación y con su naturaleza:

A. Por su forma de preparación los clasifica en:

I. Magistrales: cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico;

II. Oficinales: cuando la preparación se realice de acuerdo con las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos; y

III. Especialidades farmacéuticas: cuando sean preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud, en establecimientos de la industria químico-farmacéutica.

B. Por su naturaleza los clasifica en:

I. Alopáticos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos;

II. Homeopáticos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional; y

III. Herbolarios: los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas y aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad han sido confirmadas científicamente en la bibliografía nacional o internacional.

Asimismo, el artículo 225 prevé que los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco, indicaciones en relación con enfermedades, síndromes o síntomas, ni las que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos. El párrafo final del artículo referido señala que las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, la publicidad, el etiquetado y en cualquier otra referencia.

Refiere la Diputada en su exposición de motivos que; El artículo 376 de la ley considera que, tratándose de medicamentos, se requiere registro sanitario. Dicho registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud y será por tiempo indeterminado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378, el cual previene que las autorizaciones podrán ser revisadas en los términos de las disposiciones generales aplicables. El artículo 376 Bis de la ley en cita señala que el registro sanitario se sujetará a los siguientes requisitos:

I. En el caso de medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos, la clave de registro será única, sin poder aplicarse a dos productos que se diferencien ya sea en su denominación genérica o distintiva o en su formulación. Por otra parte, el titular de un registro no podrá serlo de dos registros que ostenten el mismo principio activo, forma farmacéutica o formulación, salvo cuando uno de éstos se destine al mercado de genéricos. En los casos de fusión de establecimientos se podrán mantener, en forma temporal, dos registros; y

II. En el caso de los productos que cita la fracción II del artículo 194,1 podrá aceptarse un mismo número de registro para líneas de producción del mismo fabricante, a juicio de la Secretaría.

Por otra parte, el Título Segundo, denominado ``Insumos'', del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1998, establece reglas en el Capítulo VII para los medicamentos genéricos intercambiables.

El artículo 72, haciendo referencia a lo dispuesto en la fracción I del artículo 376 Bis de la ley, establece que los medicamentos destinados al mercado de genéricos serán únicamente las especialidades farmacéuticas que, en términos de dicho reglamento, sean intercambiables.

Por disposición expresa del artículo 73 del propio reglamento, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinarán periódicamente las pruebas que deberán aplicarse para considerar los medicamentos como intercambiables, según la naturaleza y la forma farmacéutica de cada uno de éstos. Los criterios y requisitos a que deberán sujetarse dichas pruebas se establecerán en las normas correspondientes.

Asimismo, el artículo 74 del reglamento mencionado obliga al Consejo de Salubridad General a elaborar y publicar periódicamente en el citado órgano de difusión un catálogo que contenga la relación de los medicamentos genéricos intercambiables, el cual mantendrá permanentemente actualizado.

Igualmente en su Iniciativa expresa que en el artículo 75 del reglamento prevé que se incorporarán al referido catálogo de medicamentos genéricos intercambiables únicamente las especialidades farmacéuticas que reúnan los siguientes requisitos:

I. Que cuenten con registro sanitario vigente;

II. Que, respecto del medicamento innovador o producto de referencia, tengan la misma sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, utilicen la misma vía de administración y con especificaciones farmacopeicas iguales o comparables;

III. Que cumplan las pruebas determinadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría;

IV. Que comprueben que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a los del medicamento innovador o producto de referencia; y

V. Que estén incluidos en el cuadro básico de insumos para el primer nivel y en el catálogo de insumos para el segundo y tercer niveles.

En el Contenido de su Iniciativa, la Diputada propone reformar el primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Salud, a fin de precisar que la obligación de identificar por su denominación genérica los medicamentos para uso y comercialización sea obligatoria para los medicamentos genéricos intercambiables, igualmente, refiere que resulta indispensable prever en el último párrafo de dicho articulo, la remisión al Reglamento de Insumos para la Salud, a fin de que las disposiciones reglamentarias establezcan la obligación de que las normas correspondientes determinen las pruebas que deberán aplicarse para considerar los medicamentos como genéricos intercambiables según la naturaleza y la forma farmacéutica y para que también el reglamento disponga la forma en que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, la publicidad, el etiquetado y en cualquier otra referencia.

Hace referencia adecuar la fracción I del artículo 376 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud a fin de establecer la concordancia o conformidad de las disposiciones de la Ley General de Salud referentes a medicamentos genéricos con las regulaciones contenidas en el Capítulo VII del Título Segundo del citado reglamento en materia de medicamentos genéricos intercambiables.

III CONSIDERACIONES

Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala;

A. Un medicamento genérico intercambiable al cual se conoce por sus siglas G.I., es el medicamento que por haber expirado la patente que le daba exclusividad para producirlo un laboratorio, pueden ahora elaborarlo diversos laboratorios. Tiene las mismas características que el medicamento original y aparece en las farmacias sólo con el nombre genérico del medicamento, es decir, el nombre de la sustancia activa y se encuentra en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables ofrecido por distintos laboratorios.

B. Las ventajas que tiene un medicamento genérico intercambiable, es que son medicamentos con la misma calidad y efectos terapéuticos de los de marca comercial con el beneficio de poder obtenerlos a un precio más económico.

C. Con fecha 7 de junio del año 2002, fue publicado en el DIARIO OFICIAL de la Federación, el ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, deberán comprar medicamentos genéricos intercambiables. siempre y cuando estén disponibles en el mercado nacional, asegurando al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad y en todo momento se deberá actuar en los términos del artículo 134 Constitucional, acción Gubernamental que ayuda a que el Sistema Nacional de Salud, pueda contar con el abasto suficiente de medicamentos, para la atención de la demanda de los usuarios.

D.Al respecto el artículo 74 del Reglamento de Insumos para la Salud, establece que el Consejo de Salubridad General, elaborará y publicará periódicamente en el Diario Oficial de la Federación un catálogo que contenga la relación de los Medicamentos Genéricos Intercambiables, el cual mantendrá permanentemente actualizado. Dicha actividad refuerza la confiabilidad para su distribución y consumo.

E. Es importante destacar que el control de la calidad, eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos es de capital importancia para proteger a la población y para implementar políticas de control de costos en beneficio de la salud de la población que los adquiere y consume.

A continuación se describen las reformas a los artículos 226 y 376 Bis. De la Ley General de Salud.

F. La Comisión que dictamina considera que la modificación que procede realizar al primer párrafo del artículo 225 no estaría en el sentido de la propuesta de la iniciativa referida, sino de dejar perfectamente claro que la denominación genérica será obligatoria en el etiquetado y empaque de tal manera de que esta denominación siempre figure en esos elementos.

G. Por lo que hace a la propuesta de reforma al tercer párrafo del artículo 225 de la Ley General de salud, la Comisión estima que más que hacer referencia a las disposiciones reglamentarias, lo cual ya prevé dicho precepto con el texto propuesto para el primero, es decir, al tratar el tercer párrafo sobre la ``forma'' en que las denominaciones deberán ``usarse'', se considera que basta con el dispositivo legal se establezca la obligación de que las normas reglamentarias desarrollen las formas de uso sin especificar ciertos elementos que, ya de por sí en el texto vigente, son meramente enunciativos. De esta manera, la forma de uso será la que indique el reglamento respectivo atendiendo a la acotación general que sobre las dos denominaciones hacen los dos primeros párrafos del artículo 225 y en particular el primero de ellos en donde ha quedado establecido que la denominación genérica será obligatoria en el etiquetado y empaque.

H. En cuanto a la modificación propuesta en la fracción I del artículo 376 Bis, se considera viable la reforma en la parte final de dicha fracción a efecto de que esté perfectamente establecido de que el mercado de genéricos a que se refiere está última parte corresponde al mercado de medicamentos genéricos intercambiables. En consecuencia, lo que no procede es la modificación de la primera parte de esa fracción I en los términos de la iniciativa ya que, aquí no cabe el calificativo de ``intercambiable'' puesto que el precepto, en esa parte, se está refiriendo a las dos denominaciones que la propia Ley establece para efectos del uso y comercialización, es decir, las dos denominaciones que ya se determinaron en el primer párrafo del artículo 225, esto es, denominaciones distintiva y ``genérica'' (no genérica intercambiable).

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 225 Y 376 BIS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el artículo 225 en su primer y último párrafo y la fracción I del artículo 376 Bis, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria en el etiquetado y empaque de los medicamentos.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse.

Artículo 376 Bis. El registro sanitario a que se refiere el artículo anterior se sujetará a los siguientes requisitos:

I. En el caso de medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos, la clave de registro será única, no pudiendo aplicarse la misma a dos productos que se diferencien ya sea en su denominación genérica o distintiva o en su formulación. Por otra parte, el titular de un registro no podrá serlo de dos registros que ostenten el mismo principio activo, forma farmacéutica o formulación, salvo cuando uno de éstos se destine al mercado de medicamentos genéricos intercambiables. En los casos de fusión de establecimientos se podrán mantener, en forma temporal, dos registros; y

II. ...

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.--- Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta Comisión de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de septiembre de 2004.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado V. (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortíz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilada Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

Publicado en la Gaceta Parlamentaria y es de primera lectura.

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LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continuando con el orden del día, el siguiente punto del orden es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, remitida a esta Soberanía por oficio de la Cámara de Senadores el día 5 de abril de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2 fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e),f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES:1. En sesión celebrada el 10 de marzo de 2004 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remitió la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentada por el C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La presidencia de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores.

2. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos presentaron Dictamen a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores en sesión celebrada el 1 de abril de 2004. El dictamen se aprobó por 72 votos, remitiéndose a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

3. En sesión celebrada el 5 de abril de 2004 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remitió expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la Minuta a la Comisión de Defensa Nacional.

4. La Comisión de Defensa Nacional presenta Proyecto de Dictamen bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La Disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como base la obediencia, un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto el fiel y exacto cumplimiento de los derechos que prescriben las leyes y reglamentos militares

Responsabilidad y disciplina son conceptos unidos indisolublemente en la legislación castrense, pues es ésta la que otorga el carácter profesional al Instituto Armado, condición que le es indispensable para realizar los altos fines que la Nación le encomienda.

2. El conjunto de normas de derecho militar tutelan como bien jurídico el principio de la disciplina militar, columna toral de actuación de las Fuerzas Armadas. La disciplina vigoriza y define la personalidad del soldado porque entraña una interdependencia necesaria en la que el militar es una unidad consciente que al obedecer no hace sino integrar una acción conjunta.

3. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Corresponde a la legislación secundaria, en la especie a la Ley de Disciplina, regular las conductas concretas del personal perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea. Por esta razón y debido a las transformaciones sociales que inciden en estas instituciones armadas, es necesario adecuar las disposiciones de esta Ley, con el propósito de reafirmar la convicción del deber y de la disciplina militar.

La sociedad exige que el personal militar continúe observando los principios morales que le caracterizan. Para cumplir con esta exigencia, se robustece cotidianamente la esencia de las virtudes militares, que son cimiento de la disciplina castrense.

4. La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos vigente ha sido un instrumento jurídico útil para el Instituto Armado. No obstante, la reorganización de su estructura y actualización de parte de su articulado resulta oportuna, sin que se altere su contenido axiológico, en tanto se considera que esta es la norma fundamental a la que el personal militar debe ajustar su conducta y el fundamento para que el mando ejerza su autoridad, previniendo y sancionando, en su caso, las infracciones que establece.

5. De conformidad con la Iniciativa del Ejecutivo Federal y con la Minuta enviada por el Senado de la República, se propone, en términos generales, aumentar de tres a cinco capítulos la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de 41 a 43 sus artículos. Por lo anterior, las modificaciones son las siguientes:

Deberes Generales:

Se propone que el Capítulo I de la Ley vigente, denominado ``Deberes Generales'', se divida en dos nuevos capítulos. El primero de ellos, denominado ``Disposiciones Generales'', y el Capítulo II, denominado, ``Principios Generales de Disciplina Militar''.

En el Capítulo denominado ``Deberes Generales'' se establecen las premisas básicas en las que descansa el texto normativo. Dicho Capítulo comprende del artículo 1 al 4 de la Ley.

En el artículo 1, se establece que el objeto de la Ley será la preservación de la disciplina militar como principio de orden de obediencia al que deberán sujetarse todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos:

Dado que la función militar implica necesariamente el sacrificio individual en aras de las instituciones a las que sirve, el contenido del artículo 1 de la Ley vigente se conserva como artículo 1 Bis de la presente iniciativa, con objeto de establecer que el personal militar deberá cumplir con su deber hasta el sacrificio.

Se adiciona el artículo 3 Bis, para definir qué debe entenderse por disciplina, concepto básico al que todos los militares deben ajustar su conducta, sustentado en la obediencia, alto concepto del honor, de la justicia, de la honradez, del espíritu de cuerpo y de la moral; aplicado en el cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos castrenses, cuyo propósito es destacar la defensa de los intereses de la Patria y la preservación de la vida institucional.

Principios Generales de Disciplina Militar:

En este Capítulo II denominado ``Principios Generales de Disciplina Militar'', que abarca del artículo 5 al 24 Bis, se agrupan las normas generales que todo integrante del Instituto Armado debe conocer, con la finalidad de cultivar el buen comportamiento, así como los valores éticos fundamentales que aplicará el personal en todos los actos de la vida castrense, con la finalidad de fomentar la confianza de la sociedad a la que sirve y de la que forma parte.

Se reforma el artículo 6 para sustituir la regla de que el superior ``sólo podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para mantener la disciplina'', por la de que el uso de las armas sólo podrá realizarse en caso de extrema necesidad, en actos del servicio, a fin de puntualizar que el servidor público podrá valerse de los medios a su alcance para mantener la disciplina, siempre y cuando se trate de una situación como la descrita. Además, el uso de la fuerza no sólo tiene por objeto el mantenimiento de la disciplina, sino también garantizar la obediencia de las órdenes del superior, por lo que se clarifica la redacción de la disposición citada.

El contenido de la última parte del artículo 11 se reubica en el artículo 42 de la Ley, toda vez que, por técnica legislativa, las quejas del personal militar con motivo de los actos de sus superiores para mantener la disciplina y hacer cumplir sus órdenes, no forman parte del capítulo relativo a los Principios Generales de la Disciplina, sino del capítulo referente a las Prevenciones Generales.

El artículo 12 se reforma para precisar la discreción del militar en cuanto al cumplimiento de sus misiones.

Se modifica la redacción del artículo 13, toda vez que el deber del personal militar consiste en ejecutar sin oposiciones o dificultades el acto u omisión que se le encomiende y, aún antes de su ejecución, debe aceptar dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio siempre que no se atente su jerarquía militar. El personal militar cumple sus misiones no por temor al castigo sino por el honor de servir a la Patria.

Se reforma el artículo 16 al sustituir el termino ``asuntos'' por ``actos'', por ser más apropiado para designar la actividad castrense a que se refiere.

Se incorpora el contenido del vigente artículo 22 al 21, por considerar que se trata de disposiciones con objetos similares.

Se reforma el contenido del artículo 21 para precisar que el militar debe comportarse con el más alto grado de cortesía y educación. Lo anterior, en virtud de que el texto de la Ley vigente hace referencia al término de ``caballerosidad'', el cual únicamente puede aplicarse al sexo masculino propiciando de esta manera una conducta discriminatoria respecto del personal femenino que también forma parte del personal militar.

Se reforma el artículo 22 para incluir el deber moral de ayuda mutua que debe existir entre compañeros, aunque no pertenezcan a la misma unidad, siempre que sea posible y cuenten con los medios a su alcance. Ello, con el propósito de fomentar el espíritu de cuerpo.

Se reforma el artículo 23 para precisar que el personal militar podrá entrar a centros de vicio y prostitución, aún estando uniformado, cuando las necesidades del servicio así lo impongan.

Se adiciona un artículo 24 Bis, cuyo contenido es un procedimiento ético de ejecución de las instrucciones dadas que todos los militares deben observar.

Correctivos Disciplinarios:

El Capítulo III abarca del artículo 24 Ter al 33 Quinquies. Su modificación consiste en cambiar su denominación de ``Consejo de Honor'' como se encuentra en la Ley vigente por ``Correctivos Disciplinarios''.

Este Capítulo, en términos generales, se reestructura y define tres tipos de correctivos, los cuales son la amonestación, el arresto y el cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta. Lo anterior, en virtud de que la Ley vigente sólo regulaba el arresto, por lo que ahora se propone incluir y definir a los otros dos correctivos.

Asimismo, se indican los grados militares que tienen facultad para imponer y graduar arrestos. En este contexto, se precisa que los Jefes o Comandantes facultados para graduarlos, cuando así se justifique, podrán sustituirlos por amonestación o dejarlos sin efecto, a fin de que la imposición de estas sanciones sea más justa y se mejore la moral de las tropas.

Se suprimen disposiciones tales como que el arresto no debe de imponerse mientras el militar se encuentre en estado de ebriedad; la detención de un subalterno realizada por autoridad civil, cuando éste se encuentre escandalizando en la vía pública y, finalmente, la anotación de arrestos impuestos a Generales, Jefes y Oficiales deberán anotarse en sus hojas de actuación y memoriales de servicio, en el caso de soldados.

Se adiciona el artículo 24 Ter, para definir el concepto de correctivo disciplinario.

Se adiciona un artículo 24 Quáter, que precisa los 3 distintos tipos de correctivos disciplinarios que se podrán imponer al personal militar.

Se adiciona el artículo 24 Quinquies. Dicha disposición refiere el concepto de amonestación. Asimismo, fusiona su contenido con el del vigente artículo 27 que se deroga con la presente iniciativa, a fin de señalar que queda prohibida la reprensión por tratarse de un concepto afrentoso, degradante y contrario a la dignidad militar.

Se reforma el contenido del artículo 25 para definir el concepto de arresto, así como también señalar que el mismo deberá realizarse en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares, sin perjuicio del servicio.

Dicha disposición indica que, en el caso de arresto en unidades, los servicios podrán desempeñarse por el personal militar que no requiera salir del alojamiento.

Se deroga el artículo 27 que contempla que el correctivo impuesto al personal militar que incurra en delitos se aplicará en términos del Código de Justicia Militar, y dicha parte se reubica en el contenido del artículo 43.

Por otro lado, la última parte del artículo 27 de la Ley vigente, señala que ``Queda estrictamente prohibida la reprensión, por contraria a la dignidad militar'', se rescata y pasa a ser el último párrafo del artículo 24 Quinquies, como se señaló anteriormente.

Se reforma el artículo 28 para agregar que las órdenes de arresto deben realizarse por escrito. Asimismo, en el caso de que las órdenes de arresto sean impuestas por orden verbal, éstas surtirán efecto de inmediato, no obstante deberán ratificarse de la misma manera en un término de 24 horas, debidamente motivadas, fundamentadas y especificando la hora de imposición del arresto, para dar certeza jurídica en su aplicación.

Se reforma el primer párrafo del artículo 31, para precisar que el militar que ejerza la superioridad jerárquica o de cargo, tendrá facultad para imponer correctivos disciplinarios.

Se reforma el artículo 32, para indicar que los grados de Generales, Oficiales y clases tendrán facultad para imponer arrestos a sus subalternos.

Se reforma el artículo 33 para precisar el periodo máximo en horas y días según corresponda, que deberán cubrirse por concepto de arrestos al personal militar, de conformidad con su jerarquía. Asimismo, establece que el Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para imponer arrestos hasta por un máximo de quince días.

Se adiciona el artículo 33 Bis que precisa los funcionarios que con determinados cargos y grados militares tienen facultad para graduar arrestos. Dicha disposición precisa, además; que en caso de ausencia, la facultad de graduar arrestos recaerá en quien los suceda en el mando o cargo.

Se adiciona el artículo 33 Ter para especificar los criterios a seguir por el personal militar facultado para graduar arrestos, tales como que éste sea proporcional a la falta cometida y a la jerarquía, cargo, antecedentes, grado del infractor y de quien imponga el arresto, así como también a las circunstancias que tuvieron lugar.

Se precisa además, que el personal militar que tenga facultad de graduar el correctivo, en caso de considerarlo necesario, podrá dar cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. En todo caso, dicho personal militar podrá optar por dejar sin efectos el arresto o sustituirlo por amonestación.

Se adiciona el artículo 33 Quáter, para establecer que el personal militar que haya recibido una orden de arresto deberá hacerlo del conocimiento del superior de quien dependa, así como también al personal al que se le impuso, el inicio y término de su cumplimiento. Además, señala que los Generales, Jefes y Oficiales deberán hacer el comunicado por escrito, mientras que el personal de tropa lo realizará verbalmente.

Se adiciona el artículo 33 Quinquies, para indicar que el personal militar que esté cumpliendo un arresto y le sea impuesto otro, lo empezará a cumplir al momento en que se le comunique.

Consejo de Honor:

El contenido del Capítulo III de la Ley vigente denominado ``Consejo de Honor'', se reubica al contenido del Capítulo IV, denominado de la misma manera. Dicho Capítulo comprende del artículo 34 al 41.

Este Capítulo establece que el Consejo de Honor se integrará en unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante las adecuaciones siguientes.

Se reforma el artículo 34 para precisar que el Consejo de Honor se constituirá por un presidente y 4 vocales, en las unidades y con un presidente y 2 vocales en las dependencias.

Se reforman las fracciones II y IV del artículo 35. Por lo que respecta a la fracción II, el Consejo de Honor ya no conocerá ``de los vicios de la embriaguez'', mientras que en lo referente a la fracción IV, el Consejo de Honor ya no conocerá ``de la falta de escrúpulo en el manejo de caudales que no constituya un delito'', pero tendrá ahora la facultad de conocer ``de la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito''. La anterior modificación se realizó con la finalidad de proporcionar mayor claridad y comprensión en la lectura e interpretación de la disposición.

Se reforma el contenido de la fracción III del artículo 36 para eliminar la posibilidad de que la solicitud de baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta se continúe realizando en audiencia pública, toda vez que es un procedimiento que, en todo caso, debe establecerse en el Reglamento de esta Ley.

Asimismo, se adiciona un último párrafo al mismo artículo para establecer que, en el caso de que se solicite la baja antes mencionada, el personal militar afectado, dispondrá de quince días para manifestar lo que a su interés convenga.

Se reforma el artículo 37 a efecto de suprimir los incisos a) y b) por fracciones I y II. El contenido de la fracción I, consiste en eliminar la posibilidad de que en los casos de imposición de los castigos correccionales previstos en la fracción II del artículo 36, se contemple el cambio de Cuerpo y sólo se limite al cambio de unidad, dependencia o instalación. Ello, para ser más congruente con las áreas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo que respecta a la fracción II, la modificación propone sustituir el término ``cambio de Cuerpo o de comisión y el arresto'' por ``cambio de unidad, dependencia, instalación, comisión o el arresto'', para especificar que a los oficiales se les impondrá un sólo correctivo y no los dos. De esta manera se mantiene la disposición de que los arrestos que imponga el Consejo de Honor podrán cumplirse en la Prisión Militar.

Prevenciones Generales:

Por último, se adiciona el Capítulo V denominado ``Prevenciones Generales'', el cual abarca dos artículos, el 42 y 43.

Dicha adición consiste en incorporar un artículo 42 que agrupa disposiciones aplicables a todo el cuerpo de la Ley, tales como la posibilidad de que el personal militar, en caso de queja de las disposiciones de un superior o de obligaciones que le imponen los actos del servicio tenga la potestad de acudir, no sólo ante el inmediato superior, sino hasta el Presidente de la República, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en caso de no ser atendido.

De igual manera, se adiciona un artículo 43, cuyo contenido precisa que el personal militar que infrinja la Ley o algún precepto reglamentario, quedará sujeto a las disposiciones previstas en el Código de Justicia Militar.

En consecuencia, se espera que con las modificaciones propuestas, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, continúe siendo la guía de comportamiento que vigoriza los principios generales de disciplina, los cuales, de aprobarse la reforma, estarán basados en una disciplina rígida, pero al mismo tiempo basada en la razón, que sirva como eje rector del quehacer diario.

La iniciativa en términos generales tiende a realizar una presentación de la Ley de Disciplina actualizada, facilitando con ello su comprensión para todos los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En particular y como lo señala el cuerpo de la misma iniciativa en los que explica con una gran claridad cada una de las reformas al articulado, se considera que mejora el actual texto que entró en vigor el 15 de marzo de 1926 y del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de fecha 11 de diciembre de 1995.

Por lo expuesto la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados somete a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

UNICO: Se reforman la denominación de los capítulos I, II y III; así como los artículos 1; 6; 11; 12; 13; 16; 21; 22; 23; 25; 28; 31, primer párrafo; 32; 33; 34; 35, fracciones II y IV; 36, fracción III y 37; se adicionan los Capítulos IV y V; así como los artículos 1 Bis; 3 Bis; 24 Bis; 24 Ter; 24 Quáter; 24 Quinquies; 33 Bis; 33 Ter; 33 Quáter; 33 Quinquies; 36, último párrafo; 42 y 43; y se derogan los artículos 27 y 30 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sus disposiciones son de observancia obligatoria para todos los militares que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con su Ley Orgánica.

Artículo 1 Bis.- El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la Nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo 2.- ...

Artículo 3.- ...

Artículo 3 Bis.- La disciplina es la base fundamental del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales existen primordialmente para defender los intereses de la Patria y preservar su vida institucional.

Artículo 4.- ...

CAPÍTULO II Principios Generales de Disciplina Militar

Artículo 5.- ...

Artículo 6.- En caso de extrema necesidad en actos del servicio, el superior podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o mantener la disciplina.

Artículo 7.- ...

Artículo 8.- ...

Artículo 9.- ...

Artículo 10.- ...

Artículo 11.- El militar se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores o de las obligaciones que le impone el servicio.

Artículo 12.- El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio.

Artículo 13.- El militar aceptará dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio, sin oponer dificultades, pero cuando menoscabe su jerarquía militar, tendrá derecho de representar ante la superioridad.

Artículo 14.- ...

Artículo 15.- ...

Artículo 16.- En actos del servicio, el militar no podrá hacerse representar por apoderado. Tampoco deberá elevar peticiones en grupo, ni solicitud tendiente a contrariar o retardar órdenes del servicio.

Artículo 17.- ...

Artículo 18.- ...

Artículo 19.- ...

Artículo 20.- ...

Artículo 21.- El militar debe comportarse con el más alto grado de cortesía y educación, guardando la compostura que corresponde a su dignidad y la marcialidad que debe ostentar como miembro del Ejército y Fuerza Aérea.

Artículo 22.- El militar prestará, siempre que le sea posible, su ayuda moral y material a sus subalternos y compañeros que la necesiten, pues no debe olvidar nunca que la solidaridad y ayuda mutua facilitan la vida en común y el cumplimiento de los deberes militares, constituyendo el espíritu de cuerpo, sentimiento de las colectividades que todos los militares tienen el deber de fomentar.

Artículo 23.- El militar que porte uniforme se abstendrá de entrar a centros de vicio y de prostitución, salvo que estén realizando actos del servicio.

Artículo 24.- ...

Artículo 24 Bis.- El militar, atendiendo a su honor y principios, debe obrar con equidad y justicia, ser ejemplo de puntualidad y preocuparse por cumplir con lo ordenado, anteponiendo su iniciativa e inteligencia.

CAPÍTULO III Correctivos Disciplinarios

Artículo 24 Ter.- Correctivo disciplinario es la medida coercitiva que se impone a todo militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber infringido las leyes o reglamentos militares, siempre y cuando no constituyan un delito.

Artículo 24 Quáter.- Los correctivos disciplinarios se clasifican en:

I. Amonestación;

II. Arresto, y

III. Cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta, determinado por el Consejo de Honor.

Artículo 24 Quinquies.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al subalterno, de palabra o por escrito, la omisión o defecto en el cumplimiento de sus deberes; invitándolo a corregirse.

En ambos casos, quien amoneste lo hará de manera que ningún individuo de menor categoría a la del aludido se aperciba de ella, procurando observar en estos casos la discreción que les exige la disciplina.

Queda prohibida la reprensión que, por ser afrentosa y degradante, es contraria a la dignidad militar.

Artículo 25.- El arresto es la reclusión que sufre un militar en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares y puede ser impuesto con o sin perjuicio del servicio.

En el primer caso, sólo podrán desempeñarse aquellos servicios que no requieran salir del alojamiento, por estar el militar a disposición de su Comandante o Jefe de la Unidad, Dependencia o Instalación.

Artículo 26.- ...

Artículo 27.- (Se deroga).

Artículo 28.- Toda orden de arresto deberá darse por escrito. En caso de que un militar se vea precisado a imponerlo por orden verbal, surtirá efectos de inmediato, pero dicha orden deberá ser ratificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes, anotando el motivo y fundamento de la misma, así como la hora; en caso de que no se ratifique, la orden quedará sin efecto.

Artículo 29.- ...

Artículo 30.- (Se deroga).

Artículo 31.- El militar que ejerce Superioridad jerárquica o de cargo, podrá imponer correctivos disciplinarios.

...

...

Artículo 32.- Tienen facultad para imponer arrestos a sus subalternos en jerarquía o cargo, los Generales, Jefes, Oficiales y clases.

Artículo 33.- Los arrestos se impondrán a:

I. Los Generales y Jefes, hasta por 24 y 48 horas, respectivamente;

II. Los Oficiales, hasta por ocho días, y

III. La Tropa, hasta por quince días.

Los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que no tengan destino fijo y se encuentren en disponibilidad, cumplirán los arrestos que se les impongan en cualquiera de los recintos militares señalados en el artículo 25 de esta Ley.

Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio.

El Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para amonestar, así como para imponer y graduar arrestos a los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, hasta por quince días.

Artículo 33 Bis.- Tienen facultad para graduar arrestos:

I. El Secretario, Subsecretario y Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. En las tropas a su mando:

a) Los Comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, los Comandantes de Mandos Territoriales, de Unidades y Organismos Circunstanciales;

b) Los Directores Generales de las Armas y Servicios, y

c) Los Directores y Jefes de Dependencias e Instalaciones.

En ausencia de los anteriores, la facultad recaerá en quien los suceda en el mando o cargo.

Artículo 33 Ter.- Todo militar facultado para graduar arrestos tendrá en cuenta, al hacerlo, que sea proporcional a la falta cometida, a la jerarquía, al cargo, a los antecedentes del infractor, a las circunstancias, al grado que ostente y al cargo de quien lo impuso.

Cuando a juicio del que deba graduar el correctivo, la gravedad de la falta merezca la imposición de un arresto superior al máximo que le sea permitido aplicar, dará cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. El militar facultado para graduar arrestos, podrá dejarlos sin efecto o sustituirlos por amonestación.

Artículo 33 Quáter.- El que haya recibido orden de arresto, deberá comunicar al superior de quien dependa así como al que se la impuso, el inicio y término de su cumplimiento. Los Generales, Jefes y Oficiales lo harán por escrito y la Tropa de forma verbal.

Artículo 33 Quinquies.- El militar que esté cumpliendo un arresto y se haga acreedor a otro, empezará a cumplir este último desde el momento en que se le comunique.

CAPÍTULO IV Consejo de Honor

Artículo 34.- El Consejo de Honor se establecerá en las unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea; se constituirá con un presidente y cuatro vocales en las unidades y con un presidente y dos vocales en las dependencias, conforme al Reglamento respectivo.

Artículo 35.- ...

I. ...

II. De la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley;

III. ...

IV. De la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito;

V. ...

VI. ...

Artículo 36.- ...

I. ...

II. ...

III. Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar.

IV. ...

En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga.

Artículo 37.- Los castigos correccionales a que se refiere la fracción II del artículo anterior son:

I. Para las clases y soldados, el cambio de unidad, dependencia e instalación o el arresto hasta por quince días en prisión militar.

II. Para los Oficiales, el cambio de unidad, dependencia, instalación, comisión o el arresto hasta por quince días en prisión militar.

Artículo 38.- ...

Artículo 39.- ...

Artículo 40.- ...

Artículo 41.- ...

CAPÍTULO V Prevenciones Generales

Artículo 42.- El militar que tenga alguna queja en relación con las disposiciones superiores o las obligaciones que le impone el servicio, podrá acudir ante el superior inmediato para la solución de sus demandas y, en caso de no ser debidamente atendido, podrá llegar por rigurosa escala, hasta el Presidente de la República, si es necesario.

Artículo 43.- Todo militar que infrinja la presente Ley, así como algún precepto reglamentario, se hará acreedor a un correctivo disciplinario, de acuerdo con su jerarquía en el Ejército y Fuerza Aérea y, si la magnitud de su falta constituye un delito, quedará sujeto a lo dispuesto por el Código de Justicia Militar.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo, secretario; Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), secretario; Fernando A. Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), secretario; Cristina Portillo Ayala (rúbrica), secretaria; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Adriana González Carrillo, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Franco Hernández, Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Guillermo Martínez Nolasco, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Guillermo Martínez Nolasco: Con su permiso, diputado Presidente; compañeros legisladores; respetables todos: A nombre de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, hago uso de la tribuna para exponer el dictamen a la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

El conjunto de normas del derecho militar, tutelan como bien jurídico el principio de la disciplina militar, columna toral de actuación de las fuerzas armadas.

La disciplina vigorosa define la personalidad del soldado porque entraña una interdependencia necesaria en la que el militar es una unidad consciente que al obedecer no hace sino integrar una acción conjunta.

Responsabilidad y disciplina son conceptos unidos indisolublemente en la legislación castrense. La disciplina otorga el carácter profesional al instituto armado, condición que le es indispensable para realizar los altos fines que la nación le encomienda.

El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Corresponde a la legislación secundaria en la especie, a la ley de disciplina, regular las conductas concretas del personal perteneciente al Ejército y Fuera Aérea Mexicana.

La sociedad exige que el personal militar continúe observando los principios morales que le caracterizan. Para cumplir con esta exigencia se robustece cotidianamente la esencia de las virtudes militares que son cimiento de la disciplina castrense.

La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos vigente, ha sido un instrumento jurídico útil para el instituto armado, no obstante la reorganización de su estructura y actualización de parte de su articulado, resulta oportuna, sin que se altere su contenido axiológico.

Se propone en términos generales aumentar de 3 a 5 los capítulos y de 41 a 43 sus artículos, quedando de la siguiente manera las modificaciones:

Deberes generales. El Capítulo I se divide en disposiciones generales y principios generales, el objeto de la ley será la preservación de la disciplina militar como principio de orden y obediencia, al que deberán sujetarse todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se conserva el principio de que el personal militar deberá cumplir con su deber hasta el sacrificio. Se entenderá por disciplina el concepto básico al que todos los militares deben ajustar su conducta, sustentada en la obediencia, alto concepto del honor, la justicia, la honradez, el espíritu de cuerpo y la moral, aplicado en el cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos castrenses.

Principios generales de disciplina militar. Se agrupan las normas generales que todo integrante del instituto armado debe conocer, con la finalidad de cultivar el buen comportamiento, así como los valores éticos fundamentales que aplicará en todos los actos de la vida castrense.

Se establece la regla que el uso de las armas sólo podrá rea-lizarse en caso de extrema necesidad en actos de servicio.

El artículo 12 se reforma para precisar la discreción del militar en cuanto al cumplimiento de sus misiones.

Se modifica la redacción del artículo 13, toda vez que el deber militar consiste en ejecutar sin oposiciones o dificultades, el acto o comisión que se le encomiende y aun antes de su ejecución debe aceptar dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio.

Se reforma el contenido del artículo 21 para precisar que el militar debe comportarse con el más alto grado de cortesía y educación, en virtud de que el texto vigente hace referencia al término caballerosidad, el cual únicamente puede aplicarse al texto masculino, propiciando de esta manera una conducta discriminatoria respecto al femenino.

Se reforma el artículo 22 para incluir el deber moral de ayuda mutua que debe existir entre compañeros aunque no pertenezcan a la misma unidad, siempre que sea posible y cuenten con los medios a su alcance.

Correctivos disciplinarios:

Se definen 3 tipos de correctivos disciplinarios: primero, amonestación; segundo, arresto; y tercero, cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta.

Lo anterior en virtud de que la ley vigente sólo regulaba el arresto, por lo que ahora se propone incluir y definir a los otros dos correctivos.

En el caso de arresto en el interior de las unidades, los servicios podrán desempeñarse por el personal militar que no requiera salir del alojamiento.

Se indican los grados de los militares que tienen facultad para imponer y graduar arrestos; se precisa que los jefes o comandantes facultados para graduarlos cuando así se justifique, podrán sustituirlos por amonestación o dejarlos sin efecto.

Las órdenes de arresto deben darse por escrito. En el caso de que sean impuestas, por orden verbal, estas sufrirán efecto de inmediato, no obstante deberán ratificarse de la misma manera en un término de 24 horas debidamente motivadas, fundamentadas y especificando la hora de su imposición para dar certeza jurídica en su aplicación.

Se reforma el artículo 33 para precisar el periodo máximo en horas y días según corresponda, que deberá imponerse por concepto de arrestos al personal militar de conformidad con su jerarquía. Asimismo establece que el Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para imponerlos hasta por un máximo de 15 días.

Se adiciona el artículo 33 Bis, para precisar cuáles son los funcionarios que con determinados cargos y grados militares tienen facultad para graduar arrestos, y en caso de ausencia de éstos la facultad de graduarlos recaerá en quien los suceda en el mando o cargo, especificando los criterios de tal manera que sean proporcionales a la falta cometida, a la jerarquía, cargo, antecedentes, grados del infractor y de quien lo imponga, así como las circunstancias que tuvieran lugar.

Se establece que el militar que haya recibido una orden de arresto, deberá hacerlo del conocimiento del superior de quien dependa y de quien se la impuso, incluyendo el inicio y término de su cumplimiento. Además, se señala que los generales, jefes y oficiales deberán hacer el comunicado por escrito mientras que el personal de tropa lo hará en forma verbal.

Consejos de honor:

El Consejo de Honor se integrará en unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se constituirá por un presidente y cuatro vocales en las unidades y con un presidente y dos vocales en las dependencias.

Se elimina la posibilidad de que la solicitud de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por determinación de mala conducta, se continúe realizando en audiencia pública.

En el caso de que se solicite la baja, el afectado dispondrá de 15 días para manifestar lo que a su interés convenga.

Se sustituye el término cambio de cuerpo o de comisión y el arresto, por cambio de unidad, dependencia, instalación, comisión o el arresto, para especificar que a los oficiales se les impondrá un solo correctivo y no los dos.

Se mantiene la disposición de que los arrestos que imponga el Consejo de Honor podrán cumplirse en una prisión militar.

Prevenciones generales:

Se establece la posibilidad de que el personal militar, en caso de queja contra las disposiciones de un superior o las obligaciones que le imponen los actos del servicio, tenga la potestad de acudir no sólo ante el inmediato superior sino hasta al Presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en caso de no ser atendido previamente por sus superiores.

El dictamen en términos generales, tiende a realizar una presentación de la ley de disciplina actualizada, facilitando con ello su comprensión por todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El dictamen explica con claridad las reformas al artículado, considerándose que es mejor el actual texto que al que entró en vigor el 15 de marzo de 1926 y del decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de fecha 11 de diciembre de 1995.

Por lo expuesto, la Comisión de Defensa Nacional solicita a esta honorable Asamblea su voto favorable a estas reformas que se proponen a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las cuales contribuirán a fortalecer la principal característica que debe distinguir a cualquier ejército del mundo: la disciplina militar. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores en este tema. Por lo tanto, se considera suficientemente discutido en lo general.

Perdón, activen el sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Antonio Mejía Haro (desde su curul): En contra.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra el diputado Antonio Mejía Haro, para hablar en contra del dictamen, en lo general...

¿Luis Medina Lizalde? Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Medina Lizalde para hablar en contra del dictamen.

El diputado José Luis Medina Lizalde: Honorable Asamblea: cuando los civiles reflexionamos sobre el mundo militar, evidentemente que lo valoramos con una mentalidad distinta.

Entendemos pues que el Ejército debe participar en la elaboración de las normas, pero siempre en un diálogo constante con la sociedad mexicana a la que se debe.

La razón por la cual estoy definitivamente en contra de este dictamen es porque considero que el espíritu de esa reforma es un espíritu extraordinariamente contrario a los derechos humanos. Prácticamente nos está proponiendo este dictamen que introduzcamos el derecho a matar.

En el artículo 6º se dice textualmente: ``En caso de extrema necesidad en actos del servicio, el superior podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o mantener la disciplina''.

Nos parece que esta disposición propicia que el autoritarismo no tenga límites. De por sí la naturaleza jerárquica del Ejército es muy proclive a formar una psicología autoritaria.

El aislamiento, la vida intramuros del Ejército no ha obstado para que la sociedad se entere de constantes abusos sobre los subordinados. Hace no mucho tiempo un militar fue procesado por atreverse a proponer, en una tesis de licenciatura, la creación de un ombudsman militar.

El debate en torno a eso no ha tenido la participación decidida de la pluralidad de pensamiento que seguramente existe en el Ejército, porque el Ejército no es monolítico. En el Ejército se vive la misma pluralidad que en el resto de la sociedad y esa pluralidad debe tener cauces, debe tener posibilidades de manifestarse.

Entendemos nosotros que todo ser humano tiene la legítima defensa como uno de sus más caros derechos, pero justificar el uso de armas para imponer la disciplina, es introducir un precepto extraordinariamente peligroso.

No creemos nosotros que si se produjera una libre discusión al seno de las Fuerzas Armadas, si no existiera ninguna inhibición institucional para que se pudiera discutir esta disposición, nosotros estamos seguros que ellos estarían en contra.

El artículo 2º dice: ``El militar se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores o de las obligaciones que le impone el servicio''.

Esta disposición pudo haberse resumido diciendo: ``Se prohíbe pensar''. No es posible que en una Cámara que tiene la responsabilidad de edificar una nueva institucionalidad y una cultura democrática, se discutan propuestas que probablemente apenarían al general Pinochet por autoritarias. Es todo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Moreno Garavilla, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Sólo falta que la esencia y el espíritu del artículo 13 de nuestra Carta Magna que reconoce precisamente un fuero distinto al resto, estableciendo el fuero castrense cuando se atente contra la disciplina militar, tuviese que ser desconocido como un régimen de excepción constitucionalmente establecido.

Habría que partir de la base de que la obediencia es el elemento fundamental de la disciplina que mantiene a nuestras Fuerzas Armadas. No es posible siquiera imaginar un régimen eminentemente democrático y con la flexibilidad que se establece en nuestra sociedad, plural y heterogénea, para sostener la dignidad de quien está acostumbrado a cumplir con su deber para sostener la fortaleza de quienes están acostumbrados a defender sus derechos y para salvaguardar la hidalguía, la gallardía de quienes están acostumbrados a ofrendar incluso sus vidas por defender a la patria y salvaguardar la vida institucional de nuestro país.

Yo discrepo respetuosamente de que se tenga que invitar a votar en contra de este dictamen.

Nuestro voto debe de ser a favor, entre muchas otras cosas, porque viene a robustecer un marco axiológico, por cierto intocado desde 1926 en que esta ley se expidió. A propósito de las reformas de 1995 se mantienen conceptos de honor, de justicia, de moralidad, ¡hombre!, de cortesía y de educación elemental con que se debe de conducir el militar al ejercer sus elevadas funciones.

¿Qué no debiéramos incluso tomar como paradigma esta iniciativa de reforma para llevarla a otras latitudes de nuestra realidad social? ¡Por supuesto que sí!

Yo creo que es conveniente recordar que los militares de nuestro país son seres acostumbrados a defender la patria con disciplina, a enfrentar situaciones de adversidad con el temple que la disciplina da.

La firmeza es acero en la palabra, pero es diamante en la acción, en el ejemplo; ellos actúan con firmeza.

Sus garantías constitucionales para la legítima defensa, según lo consagra la garantía de seguridad jurídica integrada al artículo 14 como lo es la de audiencia, son intocadas, no se puede argumentar en este caso que se esté pasando por alto la garantía de audiencia, no se puede tampoco esgrimir que se esté dando el derecho a matar. Simplemente se está estableciendo ese concepto de obediencia que, insisto, es el pilar fundamental de una estructuración orgánica y funcional castrense, como ocurre en el Ejército y la Fuerza Aérea...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado.

Activen el sonido en la curul del diputado Medina Lizalde.

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): ¿Pudiera solicitarle respetuosamente al diputado Moreno Garavilla, preguntarle si me puede responder una pregunta?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Acepta usted, señor diputado Moreno Garavilla?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Con mucho gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, diputado Medina.

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): Señor diputado: ¿usted considera que la redacción del artículo 6° no establece en los hechos el derecho a matar, cuando subjetivamente se considere que se está en una situación de extrema necesidad?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: De ninguna manera. Perdón, ¿terminó de formular su pregunta?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: De ninguna manera considero eso, señor diputado. Si me permite doy lectura puntual al artículo 6° tal como se propone en el dictamen: ``En caso de extrema necesidad''. Extrema necesidad es una hipótesis normativa que tendría que esperar la actualización para eventualmente hacer factible la aplicación de la sanción. Abro aquí un paréntesis: ``extrema necesidad'' y subrayo, cierro el paréntesis, ``en actos del servicio el superior podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o mantener la disciplina''.

¿Se considera un Ejército en donde el superior no tenga elementos para hacerse obedecer? ¿Sería factible pensar en una fuerza armada eficiente, eficaz, en donde la capacidad de obediencia no pudiera cristalizar en esa relación jerárquica de arriba hacia abajo? No se está diciendo en el artículo 6°, creo que la hipótesis a la que usted se refiere, señor diputado, va a un extremo que se coloca en un punto paroxístico.

Aquí no se está diciendo que se entregue una licencia para matar; se está diciendo que a los superiores jerárquicos se les está entregando los instrumentos necesarios para hacerse obedecer, porque de otra manera estaríamos hablando de una institución filantrópica pero no de un Ejército.

Si a esto le agregamos, señor diputado, que este dictamen va cubierto, va aderezado como está la ley desde 1926 por un marco axiológico inobjetable e insoslayable, no tenemos más que reconocer que precisamente el honor y la dignidad, la gallardía de nuestras Fuerzas Armadas hoy por hoy vienen a cristalizar plausiblemente, a mi modo de ver, en este dictamen que en mi concepto debe merecer el voto aprobatorio por las razones que he esgrimido. Y con esto espero haber obsequiado a su pregunta, señor diputado.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado.

Activen el sonido en la curul del diputado Medina Lizalde.

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): Señor Presidente; hago míos los argumentos a favor de la necesidad de que un Ejército tenga disciplina, no objeto en ningún momento la necesidad de que esté codificada la vida en el Ejército. Pero así como se redactó esta disposición estamos expuestos a que en una operación del Plan DN3 en auxilio a la población civil en casos de desastre y refugiados en esta disposición se generen excesos, se generan abusos, y yo insisto, se le dé permiso a matar.

Por otro lado existe la legítima defensa para civiles y militares en este país, pero esta disposición a mí me parece que no cumple el objetivo de fortalecer la autoridad, sino la hace insoportable señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Ha concluido la respuesta, señor diputado?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Sí, por lo que hace a la pregunta, señor Presidente, he concluido la respuesta. Y por lo que hace a la intervención de su servidor en estos últimos segundos que quedan, simplemente quisiera conminar a mis compañeras y compañeros diputados, a que recordando que se tiene ...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado. Detengan el reloj parlamentario.

Activen el sonido en la curul de la señora diputada Lucía.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera preguntarle a nuestro compañero diputado, al orador...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame ver si acepta la pregunta el señor diputado.

¿Aceptaría usted una pregunta de la diputada?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Sí, con mucho gusto diputada.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Gracias. La pregunta es: ¿Cómo cree usted que esté definida la extrema necesidad?, o sea, ¿qué vamos a entender por extrema necesidad, cuando el superior tenga que tomar una decisión por extrema necesidad y entonces obligar, como lo dice el artículo, ``podrá servirse de sus armas o de la fuerza, sumando para tener obediencia''?

Yo quisiera saber nada más quién define y cómo se define la extrema necesidad.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Terminó la pregunta? Adelante, señor diputado.

El deputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Mire usted diputada, efectivamente el concepto y podría coincidir con usted en esta parte. El concepto pudiera estar íntimamente vinculado con el ámbito de lo subjetivo, no hay duda sobre el particular. Pero si me permite y toda proporción guardada, cuando nuestro artículo 34 constitucional para adjudicar la ciudadanía a un mexicano determina que alcance 18 años de vida y tener un modo honesto de la misma, pues estamos también incidiendo en el ámbito de la subjetividad. ¿Pero qué implica?, ¿qué implica?

Si me permite le doy respuesta y si usted se inconforma y solicita al señor Presidente, con mucho gusto yo vuelvo a intentar darle respuesta a su planteamiento.

Mire usted, el ámbito de la subjetividad es un factor que permite establecer el criterio de quien ha de interpretar y aplicar una disposición. En el ámbito jurisdiccional, usted lo sabe muy bien, esto incide con el criterio del juez, el arbitrio judicial, ¿por qué?, porque efectivamente se reconoce que hay normas que son a tal grado ambiguas o a tal grado interpretables en lo subjetivo, que se requiere del arbitrio judicial.

En el caso que nos ocupa del artículo 6º aludido por usted, estamos frente a un caso en que el arbitrio del superior jerárquico, con su responsabilidad, porque hay que recordar que no es inmune, es susceptible de responsabilidad el superior jerárquico, el agraviado en un momento dado puede hacer, en los términos del propio dictamen, puede recurrir al superior e incluso al Presidente de la República como el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto no significa que se deje desprotegido al militar que pueda ser destinatario de un acto de autoridad sobre el concepto de la extrema necesidad.

Insisto y con esto concluyo el intento de respuesta a su planteamiento. No dejo de reconocer que pudiera ser interpretable esto a juicio del superior jerárquico.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continúe el reloj parlamentario detenido.

Activen el sonido en la curul de la diputada Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Señor Presidente, ¿puede preguntar si me acepta una pregunta el orador por favor?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿La acepta, señor diputado, una nueva pregunta?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Sí, con mucho gusto diputada.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Entonces está usted de acuerdo en que la norma tiene un carácter subjetivo, es decir, la norma que usted está proponiendo tiene un carácter altamente subjetivo, lo cual no nos permite avanzar en la objetividad de la ley, nada más quiero que me conteste.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Termino la diputada, adelante señor diputado con la respuesta.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Mire usted, diputada Mícher, todas las garantías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y de propiedad, que preponderamente se encierran en los primeros 29 preceptos de nuestra Carta Magna, todas, sin excepción, se traducen en una relación jurídica de suprasubordinación, de las cuales se deriva un sujeto activo o gobernado, titular de un derecho público subjetivo y que tiene frente a sí a un sujeto pasivo, que es la autoridad en forma inmediata y el Estado en forma mediata, a cuyo cargo está la celebración o el cumplimiento de una obligación que puede ser positiva o negativa, según se trate de hacer o de no hacer.

En consecuencia, si usted me dice que hay subjetividad, yo le contesto con mucho gusto, cuando se habla de un derecho público subjetivo, se habla de esto, diputada, es derecho porque está consignado en una norma, en una norma jurídica, que es imperativa, coercitiva y bilateral. Es pública porque es superpoponible frente a un ente de naturaleza pública y es subjetivo porque depende del individuo, titular del derecho, el ejercitarlo o no, por lo tanto, si coincido con usted que es subjetivo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Termina la respuesta. Continúe el reloj legislativo en marcha.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias, señor Presidente. Entonces, decía que invito a mis compañeras y compañeros a votar a favor, porque cuando se cumple el deber pues será digno, cuando se defiende el derecho será fuerte y cuando se sacrifica a favor de la patria, ésta como decía Zapata: ``Desde su inamovible tumba, se levanta para legar y tirar un ramo de rosas al sacrificado''. Esto es lo que generalmente se hace en nuestras Fuerzas Armadas. Votemos a favor de ello. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Activen el sonido en la curul del diputado Medina.

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): Reservamos los artículos 6º y 11.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: 6º y 11 diputado. Si, diputada Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Lo que pasa es que igual y usted me hace el favor de aclararme. Desde mi punto de vista hay una contradicción entre el artículo 6° y el artículo 13, por lo tanto estoy pidiendo la reserva del artículo 13, pero mi pregunta es si en este caso, una vez que me he reservado... Mejor me lo reservo, no vaya a ser. Yo solita me contesto y me pregunto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Queda entonces 6° y 11 nada más.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): No y 13 también.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Perfecto diputada.

Han sido reservados entonces el artículo 6º, 11 y 13. En consecuencia, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

(Votación.)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se saluda con afecto a los alumnos y docentes de la Universidad Libre de Derecho del estado de Puebla que se encuentran en este momento en galerías por invitación del diputado Angel Alonso Díaz Caneja. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Activen el sonido en la curul de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz, para que emita su voto de viva voz.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): Mi voto va por la afirmativa.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente, se emitieron 385 votos en pro, 4 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados, por 385 votos.

Esta Presidencia informa a la Asamblea y reitera que se han reservado para la discusión en lo particular, los artículos 6°, 11 y 13, en consecuencia y para discutir el artículo 6º reservado, tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde para hablar en contra.

El diputado José Luis Medina Lizalde: Estamos enfrascados en un tema en donde evidentemente se necesita mucho contacto y mucha discusión para ir localizando coincidencias. Tengo el honor de disfrutar de la amistad de militares, soy, procedo de un barrio de militares y por eso me consta que vemos muy diferentes muchas cosas.

Corremos el riesgo de una desafortunada redacción que después propicie la exacerbación del autoritarismo, por ello proponemos una redacción que sentimos que preserva el espíritu de la propuesta pero que nos vacuna contra el riesgo del exceso. Esta dice:

``Artículo 6°. En caso de extrema indisciplina en actos de servicio, el superior podrá servirse de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes y restablecer la disciplina.'' Esa es la propuesta que formulamos como alternativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para hablar en contra del artículo 6°.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente.

La razón por la que nos estamos reservando el artículo 13, es la siguiente:

La redacción original dice: ``El militar aceptara dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio, sin oponer dificultades pero cuando menoscabe su jerarquía militar, tendrá derecho de representar ante la superioridad''.

Nuestra propuesta es que quede de esta manera: ``El militar aceptará dignamente'' sacamos las palabras ``y con satisfacción'' y dejamos el artículo como está, ``...las obligaciones que le imponga su servicio... etcétera etcétera''.

Nos parece que el derecho regula acciones externas de los individuos, de las personas y en este caso la satisfacción es una situación interna, una actitud. Por lo tanto nos parece que no debe regularse la satisfacción, ¿qué significa la satisfacción o recibir una orden con satisfacción? ¿Que sonría? Nos parece que no es suficiente.

Por lo tanto, pedimos la eliminación de ``y con satisfacción''.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado José Luis Medina Lizalde, previamente proceda la Secretaría a leer esta modificación que propone el diputado Medina Lizalde al artículo 6° de la ley.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Leo primero la propuesta y someto a votación.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así es, primero se lee la propuesta y después se consulta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ``Artículo 6°. En caso de extrema indisciplina en actos del servicio, el superior podrá servirse de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o mantener la disciplina''.

¿Así es, diputado? ¿Diputado Medina?

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): En el último renglón...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Medina.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿En el último renglón?

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): Sí, en el último renglón, en donde dice: ``mantener la disciplina'' debe decir: ``reestablecer la disciplina''.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿O sea que lo modifica?

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): Sí, lo dijimos así en tribuna pero en el texto iba equivocado.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Podría hacer la precisión correcta a la modificación propuesta, señor diputado, ya que ésta es una modificación a la modificación, entiendo.

El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): No, es simple y sencillamente darle coherencia al texto, se trata de reestablecer la disciplina, no cambia en nada el contenido.

En donde dice: ``mantener la disciplina'' en el último renglón, debe decir: ``reestablecer la disciplina'', porque partimos del supuesto de indisciplina, se trata de un restablecimiento de la disciplina, no cambia absolutamente en nada.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda a leerlo de la manera como lo indica el señor diputado Medina Lizalde, para poner a consideración de la Asamblea, en votación económica si se acepta la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ``Artículo 6°. En caso de extrema indisciplina en actos del servicio, el superior podrá servirse de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o reestablecer la disciplina.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Medina.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: No se acepta, en consecuencia está desechada.

Se pide a la Secretaría ordene se abra el sistema electrónico de votación, hasta por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 6° en sus términos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refieren el artículo 161 del Reglamento Interior, ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 6°.

(Votación.)

Activen el sonido en la curul 298 de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): Mi voto va por la afirmativa.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Gracias. Diputado Presidente se emitieron 333 votos en pro.

Diputado Valdéz de Anda.

El diputado Francisco Javier Valdéz de Anda (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Zepahua.

El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia ( desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿Quién más? Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís (desde su curul): En contra.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Aguilar.

El diputado Ubaldo Aguilar Flores (desde su curul): Ubaldo Aguilar, a favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿Alguien más? Diputado Juan José García.

El diputado Juan José García Ochoa (desde su curul): Si, para rectificar mi voto, en contra.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Rectificaciones ya no, nada más a los que no habían votado. Diputado Burgos.

El diputado Enrique Burgos García (desde su curul): En contra.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Informe la Secretaría cuál es la votación.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: 337 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo 6° del dictamen por 337 votos.

Está a discusión el artículo 11 reservado. Tiene la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde.

El diputado José Luis Medina Lizalde: En el Capítulo II, referente a la disciplina militar en su artículo 11, establece un contenido que desde mi punto de vista, el siguiente artículo lo vuelve innecesario, dice así: ``Artículo 11. El militar se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores o de las obligaciones que le impone el servicio...'' y en el artículo 12 establece: ``el militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio''.

Nosotros pensamos que en el artículo 12 se reitera el contenido del artículo 11, por lo que consideramos ociosa su inclusión y la propuesta es la derogación del artículo 11. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 11.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 11.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del artículo 11 en sus términos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del artículo 11 en sus términos.

(Votación.)

Activen el sonido en la curul 298 de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): Mi voto es afirmativo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Gracias.

Diputado Presidente, se emitieron 323 votos en pro...

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul): Diputada Secretaria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputada Díaz ¿no votó?

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul): Para rectificación.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Sí, pero ya no se aceptan las rectificaciones de voto.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul): Pero pedí y solicité con tiempo y levanté la mano, diputada Secretaria.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Tiene registrada la Mesa la solicitud de la diputada con previo aviso?

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Yo no la vi, no la vi.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: No hay rectificación de voto después de cerrado el tablero de votación.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, diputado Wintilo Vega. Activen el sonido en su curul.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Lo que estaba solicitando la diputada Cristina Díaz, Presidente, con mucho respeto, no era rectificación de voto; ella estaba aún con el sistema funcionando en tiempo, solicitando que pudiera alguien auxiliarla porque la votación de su curul no cambiaba de abstención. No es rectificación de voto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado Wintilo Vega, por eso es que solicité yo a la Secretaría me informase si había recibido con previa anticipación la solicitud de la diputada Cristina Díaz. La Mesa me ha informado que no y por eso es que no podemos conceder esa rectificación de voto.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Wintilo Vega, porque no lo escucho.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Puede usted preguntar a la mayoría de los compañeros que están aquí alrededor, si la diputada Cristina Díaz estuvo en tiempo o no, Presidente. Yo le pediría que levantaran la mano los que se dieron cuenta que la diputada Cristina Díaz había pedido en tiempo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto accedería a su solicitud, no obstante, quiero decirle, señor diputado, que esta Presidencia tiene la obligación de confiar en la Secretaría y en su palabra de lo que aquí está aconteciendo y que tiene a la vista. No ha lugar a la rectificación de voto.

Adelante, Secretaria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente, se emitieron 323 votos en pro, 46 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo 11 del dictamen a discusión por 323 votos en pro.

Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, que reservó el artículo 13 del dictamen a discusión.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente. La propuesta que habíamos hecho en el artículo 13 del dictamen era eliminar las palabras y con satisfacción del articulado, pero también con satisfacción nos han dado una muy buena explicación quienes saben de términos militares y por lo tanto retiramos la propuesta.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señora diputada por la satisfactoria explicación.

Retirada entonces esta impugnación al artículo decimotercero, ábrase el sistema de votación hasta por 5 minutos, para votar el artículo decimotercero en sus términos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo decimotercero en sus términos.

(Votación.)

Diputado Presidente, se emitieron 365 votos en pro, 6 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo decimotercero del dictamen a discusión por 365 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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LEY SOBRE ELABORACION Y VENTA DE CAFE TOSTADO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 5°, 6° y 8° de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre elaboración y venta del Café Tostado.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 57, 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía de la H. Cámara de Diputados se abocó al estudio y análisis de la Minuta descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión de fecha 29 de abril de 2004, la secretaría dio cuenta al Pleno de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la elaboración y venta del Café Tostado.

SEGUNDO. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión Especial del Café''.

TERCERO. Para Los mismos efectos, mediante oficio número D.G.P.L 59-II-2-577, de fecha 29 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitió a esta Comisión de Economía, el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto antes referido.

CUARTO. Con fecha 3 de Septiembre de 2004 y mediante oficio CEC/072/2004 el presidente de la Comisión Especial del Café remitió a esta Comisión la opinión que respecto la minuta elaboraron, misma que se signa por la Mesa Directiva de la Comisión Especial del Café, y que es en sentido favorable.

Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la minuta citada, la Comisión de Economía procedió a su análisis y estudio para cumplir con el mandato del pleno de ésta H. Cámara de Diputados, y de igual forma la Comisión Especial del Café remitió a la Comisión de Economía misma que se incorpora en este Dictamen.

ANÁLISIS DE LA MINUTA.

La minuta que se propone tiene como objetivo, que las mezclas de café y el café mezclado con otros productos observen las normas sobre la información comercial de calidad se elaboren y expidan conforme a la Ley de Metrología y Normalización.

De igual forma propone que los envases que contengan café mezclado con otros productos ostenten clara y verazmente la información sobre las sustancias o materias extrañas que contenga y el porcentaje de café tostado, así como mencionar los aditivos incorporados para conservar el producto y las sustancias naturales que se haya extraído parcial o totalmente.

La minuta también incorpora la obligación de que en los expendios de café, cafés o cafeterías autorizadas otorguen información clara al consumidor sobre las calidades, tipo de preparación, que permitan la identificación del producto.

Así mismo la minuta modifica y actualiza los nombres de las Secretarías de Salud y de Economía y del Consejo Mexicano del Café.

CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- Esta Comisión de Economía considera que las propuestas planteadas van orientadas principalmente a certificar la garantía de la calidad del café mezclado, lo que permite que a nivel internacional se pueda incrementar la competitividad y el éxito en los mercados del café mexicano, ya que en las circunstancias actuales la certificación de la calidad es un factor importante, para nuestros productores.

SEGUNDO.- Así mismo las propuestas de reforma benefician a los consumidores, al existir la posibilidad de obtener información veraz, comprobable y completa respecto al producto que estarán consumiendo, evitando confusión o error al adquirir el producto, de igual forma beneficia al los productores ya que será mas fácilmente detectable los productos que no siendo café se ostentan como tal y que tiene como consecuencia que exista una competencia desleal entre productores.

TERCERO.- Esta comisión coincide con la colegisladora respecto a que las propuestas planteadas son congruentes con artículo 36, primer párrafo del Convenio Internacional del Café del que México es parte y que señala que; ``los miembros se esforzaran por prohibir la publicidad y la venta de café, de productos que contengan como materia prima básica menos del 95 por ciento del café verde'', y en ese sentido y a través de las Normas Oficiales Mexicanas se deberá de señalar si se trata de café mezclado o mezcla de café con otros productos, y si se trata de café, tostado, grano de molino, cantidades de las mezclas, si es descafeinado entre otros.

CUARTO.- Es importante la reforma ya que muchos de los productos que se encuentran hoy en día disponibles al consumidor son de una calidad inferior, obedeciendo a la lógica de mercado de vender más barato sacrificando o transfiriendo los costos de la producción. A esta situación hay que añadir la histórica desorganización de los consumidores, lo que les ha convertido muchas veces en sujetos pasivos de un mercado despersonalizado e interesado en maximizar los beneficios y minimizar los costos, aún a costa de engaños o de la salud del propio consumidor, con la reforma se permite que los consumidores y productores se vean beneficiados.

QUINTO.- Además, desde hace algunas décadas se han constituido en México organizaciones de pequeños productores y artesanos como una forma de enfrentar la apremiante situación económica que se vive en el país. Estas organizaciones han buscado, por diversas vías, añadir valor a sus productos para venderlos bajo mejores condiciones en los mercados nacionales e internacionales y, no obstante que existen numerosos ejemplos de organizaciones que han tenido éxito en colocar sus productos en mercados especializados (como el de productos orgánicos por ejemplo), miles de productores y artesanos todavía padecen graves carencias, causadas entre otras razones, por los problemas que atraviesan al momento de comercializar sus bienes, esta Comisión considera que la reforma planteada beneficiara a estos pequeños productores a que logren una competencia sana.

Por todos los considerando ya vertidos esta Comisión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE ELABORACIÓN Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los Artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café tostado, debiendo quedar como sigue:

Artículo 1...

Artículo 2 ....

Artículo 3...

Las mezclas de café y el café mezclado con otros productos observarán rigurosamente las normas que sobre información comercial y de calidad se elaboren y expidan, en los términos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo que podrá ser demostrado mediante los certificados de conformidad que para el efecto expidan los organismos de certificación acreditados y aprobados.

Artículo 4....

Artículo 5

El café tostado, exceptuando el café en grano y el molido a la vista del consumidor, sólo podrá venderse en envases cerrados, sellados o precintados que ostenten clara y verazmente los siguientes datos:

I. Nombre y dirección del titular y número del registro ante la Secretaría de Salud.

II...

III...

IV. En el caso de café mezclado con otros productos, la información que requieran las normas a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, la cual deberá exigir la declaración puntual de las sustancias o materia extraña que contenga y ostentar su porcentaje respecto del contenido de café tostado, con letra dos veces más grande que la palabra café; así como la mención de los aditivos incorporados para conservar el producto y las sustancias naturales que se le hayan extraído parcial o totalmente.

V...

Artículo 6

Los expendios de café y los cafés o cafeterías autorizados para operar tostador o molino de café, tendrán a la vista del público el café a granel durante su elaboración, y usarán para su venta, envases cerrados, sellados o precintados en que aparezcan impresos los datos a que se refiere el Artículo 5o.

Dichos establecimientos otorgarán información clara al consumidor sobre las calidades, tipo de preparación, tostado, grado de molido y aquéllos pertinentes, que permitan la identificación del producto con el objeto de fomentar el consumo de café de calidad y mejorar la imagen del café mexicano.

Artículo 7 ....

Artículo 8

El Consejo Mexicano del Café auxiliará a las Secretarías de Salud y de Economía, conforme a las atribuciones de éstas, en la aplicación de la presente Ley. La Secretaría de Economía promoverá las acciones que permitan la certificación de las marcas, productos y tipos de café, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento y de sus reglamentos y de las normas oficiales aplicables al café tostado en materia de calidad y etiquetado.

Artículo 9 ....

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Economía iniciará, en consulta con el sector cafetalero nacional, y en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el proceso que conduzca a la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de etiquetado y calidades para mezclas de café y de café mezclado con otros productos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2004.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), María Antonia García Sanjinés (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente, Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En vista de que no se han registrado oradores consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen, en lo general.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo del dictamen, instruya la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación del dictamen tanto en lo general como en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un mismo acto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz, la diputada Fajardo Muñoz.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): Afirmativo

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Inti Muñoz.

El diputado Inti Muñoz Santini (desde su curul): A favor

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: La diputada Ady García.

La diputada Ady García López (desde su curul): A favor

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Torres Hérnandez.

El diputado Marco Antonio Torres Hérnandez (desde su curul): Afirmativa.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se informa a la Presidencia, que se emitieron 368 votos en pro, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado por 368 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 5°, 6° y 8° de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar un incremento de mil 100 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, mismo que deberá ser referenciado de manera explícita para su aplicación en diversos programas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 un incremento de 1,100 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, que deberá ser referenciado de manera explícita para su aplicación en diversos programas, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

Los diputados federales jaliscienses Javier Guízar Macías, Roberto Antonio Marrufo Torres, Quintín Vázquez García, Ma. Esther Scherman Leaño, Jesús Lomelí Rosas, Evelia Sandoval Urbán, David Hernández Pérez, Lázaro Arias Martínez, José García Ortiz, Sergio Armando Chávez Dávalos, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Javier Bravo Carvajal, Carlos Blackaller Ayala, Enrique Guerrero Santana, Leticia Gutiérrez Corona, Jorge Leonel Sandoval Figueroa y José Manuel Carrillo Rubio, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, misma que solicitamos sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hasta el día de hoy las cuestiones presupuéstales casi siempre se han alejado de las cuestiones ambientales e hidrológicas, por considerarse estas como de segundo grado. Esta desafortunada forma de considerar estos temas ha llevado al país al borde de una crisis ambiental, así como para conservar los recursos naturales de los que dependen.

La creciente problemática social y ambiental que atraviesa la ``cuenca del Ahogado'' se ha incrementado de manera crítica en los últimos diez años, esto como consecuencia de la ausencia de una política encaminada al combate de la degradación de esta zona en la agenda Estatal y Federal. Esta situación mantiene en riesgo a más de 300 mil Habitantes que viven en las cercanías del cauce, principalmente a los habitantes de los Municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, y El Salto, quienes ya sufren graves afectaciones a la salud.

De forma más específica, el desarrollo de los municipios asentados en el cauce del río Santiago, ha traído consigo una compleja problemática ambiental. En la actualidad, el nivel de deterioro al que ha sido sometida esta Región la tiene al borde de un colapso ambiental, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.

Su problemática esta relacionada con un descuido total de la autoridad Federal y Estatal responsable de su cuidado, el abandono de la misma, a llevado a una degradación sin precedentes de esta corriente afectando el entorno y la salud de los habitantes de esta área quienes ya sufren afectaciones a la salud que van desde infecciones oculares, dermatológicas, respiratorias, incluso se han reportado varios casos de cáncer y leucemia principalmente en la comunidad infantil.

El río Santiago pertenece a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. En sus aguas y sedimentos se ha encontrado zinc, plomo, arsénico, mercurio, cadmio y cianuro,(existen fosas clandestinas que contienen este poderoso veneno sin protección en las inmediaciones del Río Santiago) Para algunos investigadores y abogados ambientalistas, El Salto y Juanacatlán dos municipios cercanos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, enfrentan una tragedia ambiental que se mezcla con los fenómenos de la sobrepoblación, y la emigración.

El riesgo de una tragedia mayor está latente. La erosión causada por las lluvias podría dejar desechos de cianuro al descubierto y ser llevados con la corriente al canal que desemboca directamente al Santiago.

En la cuenca Lerma Chapala, Existe supuestamente un gran numero de Estaciones Hidrométricas que deberían de estar funcionando para llevar un estricto control de las existencias del vital liquido en los diferentes cuerpos de agua existentes a lo largo de la cuenca, lamentablemente no funcionan o no cuentan con tecnología adecuada para cumplir con su función, facilitar la distribución hídrica a los diferentes Estados de manera equitativa y así evitar conflictos interestatales.

Por este motivo, los diputados federales jaliscienses, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos hacer del conocimiento de la Comisión que honrosamente preside, la preocupación que mantenemos en relación con estos graves problemas.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar, que en el proyecto de Egresos de la Federación para el año 2005 se asigne un incremento adicional de 1,100 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua, como unidad responsable, para que esta aplique dicho incremento de la siguiente manera 1,000 mdp, en el saneamiento de la cuenca del Ahogado, 50 mdp, al saneamiento del Río Santiago en los Municipios de El Salto y Juanacatlán, y 50 mdp a la rehabilitación y tecnificación de las estaciones hidrométricas en la cuenca Lerma Chapala, mismo que deberá ser referenciado de manera explicita (etiquetada) en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil cuatro.--- Diputados: Javier Guízar Macías (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Quintín Vázquez García, Ma. Esther de Jesús Scherman Leaño, Jesús Lomelí Rosas, Evelia Sandoval Urbán, David Hernández Pérez, Lázaro Arias Martínez, José García Ortiz, Sergio Armando Chávez Dávalos, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Javier Bravo Carvajal, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Enrique Guerrero Santana, Leticia Gutiérrez Corona, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, José Manuel Carrillo Rubio.»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, el señor diputado don Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se autorice dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, la cantidad de 126 millones de pesos para la realización de diversas obras de saneamiento en el vaso de la Presa de Guadalupe, ubicada en Cuautitlán Izcalli, estado de México.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 la cantidad de $126,850,000.00 m.n. para realizar diversas obras de saneamiento en el vaso de la presa de Guadalupe, situada en Cuautitlán Izcalli, estado de México, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pone a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que autorice dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 la cantidad de 126,850,000.00 MN para la realización de diversas obras de saneamiento en el vaso de la presa de Guadalupe, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México.

Consideraciones

La situación hídrica de México es delicada por que las precipitaciones se concentran básicamente durante cuatro meses del año (el 70% tienen lugar durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre), además de que las precipitaciones se distribuyen irregularmente geográficamente y los dos tercios del país son zonas áridas o semiáridas, por lo que se puede decir que el recurso se distribuye contrariamente con relación a las necesidades y en consecuencia con la demanda.

A nivel mundial, México está considerado como un país de baja disponibilidad de agua, con tan sólo, 4 mil 800 metros cúbicos de agua por habitante por año.

Con lo que respecta al estado de México (según el Diario Oficial de la Federación en el 2003), el 100% de nuestros acuíferos se encuentran sobreexplotados y de los más de 14.2 millones de habitantes del estado, se calcula que alrededor del 75%, se suministra de la cuenca del Valle de México.

El estado de México, tiene tres cuencas hidrológicas: el Balsas, el Lerma-Santiago y el Valle de México-Pánuco, las cuales actualmente tienen una disponibilidad baja del recurso, consecuencia de la extracción desmedida, para el abastecimiento del estado y del Distrito Federal, lo que ha provocado que la extracción del agua se lleve a cabo a profundidades cercanas a los 400 metros.

Además de la sobreexplotación ya mencionada, también se tienen otras graves situaciones que afectan la disponibilidad del agua, como la alteración de las cuencas hidrológicas generadoras del recurso; el cambio de uso de suelo forestal hacia fines agropecuarios; la deforestación; la tala clandestina, incendios, plagas y enfermedades forestales; uso inadecuado y fugas en los sistemas de conducción y distribución de agua y sobre todo la grave contaminación a la que se ha sometido a la mayoría de los cuerpos de agua que se encuentran en el territorio nacional.

Todo lo anterior nos lleva a la necesidad de implementar sistemas que ayuden a sanear los cuerpos de agua del país.

Con lo que respecta al estado de México, se tiene la necesidad de llevar a cabo el saneamiento de la presa Guadalupe y del río Cuautitlán, los cuales se encuentran en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, y por ello, la Comisión del Agua del Estado de México, con el propósito de sanear el vaso de la presa y el río, llevó a cabo estudios para la realización del proyecto de Colectores sanitarios marginales.

Estos colectores tienen como punto de inicio, estructuras derivadoras ubicadas en el municipio de Nicolás Romero y su función principal será el de captar las aguas negras que se generan en parte de los municipios de Jilotzingo, Isidro Fabela, Atizapán de Zaragoza y por supuesto Nicolás Romero, así como la correspondiente a las del municipio de Cuautitlán Izcalli dentro del área de influencia de éstos, ya que la descarga de aguas negras se dan debajo de la cortina de la presa al río Cuautitlán.

Los colectores marginales al río Cuautitlán, tienen como función el captar las aguas negras de los marginales del vaso, así como los de la zona tributaria de Cuautitlán Izcalli, la disposición final de las referidas aguas se da al emisor del poniente.

Las características y situación actual que guardan los colectores marginales es la siguiente:

I.- Vaso de la presa de Guadalupe:

Colector norte: longitud de 8.11 km. y diámetro de tubería de 1.07 metros, con capacidad de conducción de 1.21 m3/seg.

En el periodo de 1994 a 1996 la Comisión del Agua del Estado de México, llevo a cabo su construcción, así como estructuras correspondientes a derivadora, cruce de arroyos y descarga con inversión del orden de 22 millones de pesos.

Con la obra efectuada, se reduce del orden del 21% la contaminación por aguas negras en el vaso de la presa.

Colector sur: Longitud de 14.35 kilómetros de los que 11.50 kilómetros es tubería y 2.85 Túnel, con diámetro de 1.83 metros respectivamente, para conducir un caudal de 4.61 metros cúbicos por segundo.

En 1997 la Comisión del Agua del Estado de México, efectuó la Primera Etapa de Construcción que consistió en 1.8 kilómetros de tubería y 0.3 kilómetros de túnel y la estructura de incorporación al río Cuautitlán, la inversión fue de 13.30 millones de pesos.

Falta por construir 9.70 kilómetros de tubería y 2.55 kilómetros de túnel, así como estructuras correspondientes a derivadora y de cruce.

Al colector sur se incorporan los subcolectores San Ildefonso MD, San Ildefonso MI, El Globo, Monte Alto, Xinte y Campestre, lo que habrá de construir en su oportunidad y cuyas características son:

San Ildefonso, MD,: Longitud 0.40 kilómetros y diámetro de tubería de 0.45 metros estructura derivadora, de cruce, e incorporación a colector sur.

San Ildefonso, MI,: Longitud 0.50 kilómetros y diámetro de tubería de 0.45 metros estructura derivadora, de cruce, e incorporación a colector sur.

El Globo,: Longitud 0.13 kilómetros y diámetro de tubería de 0.61 metros estructura derivadora, de cruce, e incorporación a colector sur.

Monte Alto,: Longitud 0.38 kilómetros y diámetro de 0.45 metros, estructura derivadora, de cruce, e incorporación a colector sur.

Xinte,: Longitud 1.26 kilómetros y diámetro de tubería de 1.83 metros estructura derivadora, de cruce, e incorporación a colector sur.

Campestre,: Longitud 0.72 kilómetros y diámetro de tubería de 0.62 metros estructura derivadora, de cruce, e incorporación a colector sur.

II.- Río Cuautitlán.

Colector norte: con longitud de 14.80 kilómetros y tubería en diámetros de 2.13 y 1.22 metros con capacidad de conducción de 2.60 metros cúbicos por segundo, hasta la incorporación del Río Hondo de Tepotzotlán y de este punto al emisor del poniente con un caudal de 4.20 m3/seg., hasta la incorporación del Río Hondo de Tepotzotlán y de este punto al emisor del poniente con un caudal de 4.20 m3/seg.

Colector sur: con una longitud 11.9 kilómetros y diámetro de tubería de 2.13 y 1.83 metros y capacidad de conducción de un caudal de 5 m3/seg.

Inversiones:

El saneamiento integral del vaso de la presa y río Cuautitlán se dará una vez que se realice las obras faltantes de colectores marginales subcolectores y sus estructuras, cuya inversión se estima en $271, 850, 000.00 (doscientos setenta y un millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 MN), sin embargo para esta etapa, solo se requiere una inversión de 126,850,000.00 la cual se detalla a continuación:

Vaso de la Presa GuadalupeColector sur 115,000,000.00

Subcolector San Ildefonso MD 700,000.00

Subcolector San Ildefonso MI 750,000.00

El Globo 200,000.00

Monte Alto 700,000.00

Xinte 7,500,000.00

Campestre 2,000,000.00

Suma 126,850,000.00

Como primera etapa es conveniente llevar a cabo la construcción del colector marginal sur, subcolectores y sus estructuras, las que una vez concluidas se cumplirá con el saneamiento del vaso de la presa Guadalupe, lo que dará lugar a que los 65 millones de m3 de capacidad de almacenamiento para aguas pluviales.

Actualmente existe déficit de caudal de agua potable, para satisfacer las demandas de la población del área metropolitana de la Ciudad de México, integrada por las 16 delegaciones del DF y 18 municipios del estado de México, situación que con respecto al tiempo se vuelve más compleja, ya que existe veda rígida para la extracción de agua del acuífero del Valle de México aunado a que la disposición de nuevos caudales de agua, de fuentes externas a dicho valle, como son las de los sistemas Lerma y Cutzamala y de otras en proyecto acusan ciertos problemas de tipo socio-político, para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario contar con fuentes alternas dentro del propio Valle de México, una de estas que acusa viabilidad es la presa Guadalupe, para el caso habrá efectuar estudio hidrológico detallado, en el que se considere las demandas de riego comprometidas, caudal para fines de suministro de agua potable y la fluctuación de los niveles de agua en el vaso de la presa, para fines de actividades recreativas y deportivas, así como el de la regularización de avenidas.

Como segunda etapa se propone se efectúen los estudios, proyectos ejecutivos y construcción de planta potabilizadora, planta de bombeo y línea de conducción a tanques reguladores del sistema primario de Cuautitlán Izcalli.

El aprovechamiento de caudal de agua de la presa Guadalupe, beneficiará a los Municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, los que actualmente se dotan del vital elemento, a través del microcircuito Cutzamala.

Como tercera etapa la construcción de los conectores marginales al río Cuautitlán.

La aplicación de estos recursos debe ser vista como una inversión, porque la evidencia indica que el suministro de servicios adecuados de saneamiento, el agua limpia, así como la educación, son intervenciones eficaces que pueden reducir la mortalidad por enfermedades diarréicas en 65% y la morbilidad relacionada en 26%.

Aproximadamente 1,7 millones de personas mueren cada año debido al agua insalubre y al saneamiento e higiene deficientes, principalmente por diarrea infecciosa.

La deficiencia en la prestación de los servicios domiciliarios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, pérdidas económicas, ya que la producción de los países disminuye por el elevado número de días hábiles que dejan de laborar los empleados, a consecuencia de infecciones contraídas por el agua.

La salud de los pobres se ve afectada en primera instancia por la mala nutrición, pero en segundo lugar por condiciones deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. La Organización Mundial de la Salud, ha manifestado en repetidas ocasiones que un alto porcentaje (mayor a 50%) de la morbilidad en los países en desarrollo se debe a la deficiencia en la prestación de estos servicios.

En 1993, Pearce y Warford, publicados por la Universidad de Oxford, aseguraron que en 1979 se perdieron en África, Asia y América Latina entre 360 y 400 mil millones de días hábiles por causa de enfermedades relacionadas con el agua y el mal manejo de excretas (según David Duncan Mara, ponente en la Conferencia Internacional del Evento Agua 98).

Si se traduce en dinero, costaría aproximadamente 50 centavos de dólar, lo que significaría que los tres continentes perdieron entre 180 y 200 mil millones de dólares, ese año, lo cual demuestra que las economías de los países en desarrollo, se afectan seriamente, debido a las inadecuadas inversiones en agua, saneamiento e higiene.

En resumen, para mejorar la salud de la población en los países en desarrollo, se debe mejorar el abastecimiento de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Por lo anteriormente expuesto, se propone ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente Punto de Acuerdo:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que autorice dentro del presupuesto 2005 del Presupuesto de Egresos de la Federación, la cantidad de 126,850,000.00, MN para la realización de diversas obras de saneamiento en el vaso de la presa de Guadalupe ubicado en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.--- Diputados: Raúl Leonel Paredes Vega, Juan Carlos Núñez Armas, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Carlos Rovirosa Ramírez, Evangelina Pérez Zaragoza, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Concepción Cruz García, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Rocío Jaspeado Villanueva, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, María Guadalupe García Velasco, Rodolfo Esquivel Landa, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez.»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 112 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, con objeto de ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa del nivel medio superior y superior del estado de Chihuahua, suscrita por diversos diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 112 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa del nivel medio superior y superior del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa

Proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen 112 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa del nivel medio superior y superior del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los C.C. Diputados del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, y Omar Bazán Flores, y del Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Avila Serna, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La tendencia demográfica estatal apunta a que la población en edad escolar en el grupo de jóvenes entre los 15 y 24 años de edad (quienes estarán demandando servicios de educación media superior y superior) alcanzará su nivel máximo en el año 2010. Esto, aunado a las tasas de terminación de la educación básica, permite anticipar un incremento muy importante en la demanda de servicios de educación media superior y superior en esta década.

Ficha técnica

Educación media superior

La situación antes expuesta obliga a la apertura de un nuevo plantel del Colegio de Bachilleres, en Ciudad Juárez para sufragar el gasto operativo (servicios personales y administrativos).

Adicionalmente, los planteles en operación del Colegio de Bachilleres tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, requieren ampliar y mejorar su capacidad instalada (aulas, talleres y laboratorios), para atender a un mayor número de alumnos.

Punto de Acuerdo

Único: Que para impulsar y mejorar la educación Media Superior y Superior en el estado de Chihuahua se destinen 9 millones de pesos para la construcción, ampliación y equipamiento de infraestructura y su operación en las instituciones educativas mencionadas.

Diputados: Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió también proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción de la subestación Basaseachi, del estado de Chihuahua, y dentro de los programas autorizados a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, suscrita por diversos integrantes de grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para construir la subestación Basaseachic de Chihuahua y dentro de los programas autorizados a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa

Proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, dentro de los programas autorizados a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas, para la Construcción de la Subestación Basaseachic del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Omar Bazán Flores, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La subestación Basaseachi es la última obra magna de infraestructura eléctrica que se requiere en la Sierra Tarahumara para atender la demanda actual y el crecimiento de los próximos 7 años.

La construcción de esta subestación permitirá el desarrollo de actividades productivas, particularmente la minería y el sector Servicios en los municipios de Ocampo, Maguarichi, Moris, Temósachi y Uruachi; además de hacer más eficiente el servicio en la zona que abastece actualmente la subestación La Junta.

Ficha técnica

Subestación reductora de distribución denominada ``Basaseachi''.

Cuadro de maniobras con dos alimentadores en San Pedro.

91 kms. de línea de subtransmisión de 115 KV, de San Pedro a Basaseachi.

Costo Total: 118 mdp.

Inversión 2005: 60 mdp (20 mdp CFE y 20 mdp. CDI y 20 mdp. Gob. del Edo. de Chihuahua).

Punto de Acuerdo

Único: Que para mejorar el suministro de energía eléctrica en la región de la Sierra Tarahumara se destinen 40 millones de pesos para la construcción de la subestación ``Basaseachi'' en el estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 150 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para el desarrollo de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del propio estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen 150 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 para el desarrollo de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de dicha entidad federativa

Proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen 150 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para el desarrollo de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Seguridad pública del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Omar Bazán Flores, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La recién creada Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, deberá contar con instalaciones de monitoreo permanente hacia todo el estado, a través de sistemas de inteligencia policiaca, administración de arrestos, identificadores faciales, administración del procedimiento penal, monitoreo con cámaras instaladas en diez ciudades y con equipos de localización satelital, que permitirán dirigir la operación preventiva de delitos en el Estado, beneficiando a 3 millones de habitantes, por tal motivo requiere de infraestructura y equipo adecuado para la realización de dichas actividades.

Ficha técnica

Para la realización de sus funciones requiere de equipo especializado en las siguientes áreas:

Equipo de recepción y transmisión de video de Circuito Cerrado de Televisión de Chihuahua y Juárez y equipamiento para la transmisión y recepción de video en C4 Chihuahua y C4 Juárez.

Cuatro circuitos cerrados de televisión con 5 cámaras para 4 ciudades: Ojinaga, Camargo, Jiménez y Madera; y 4 Circuitos Cerrados de Televisión con 10 cámaras para otras 4 ciudades: Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, con transmisión y recepción de video en Juárez.

Sistema de Información Policiaca conectada en red estatal, compuesto de los siguientes módulos:

-- Registro de incidentes

-- Estadísticas en formato tubular y gráficas.

-- Análisis geográfico

-- Administración del sistema

-- Licencias de uso y capacitación

Sistema de Identificación facial y administración de arrestos conectada en red estatal, compuesto de los siguientes módulos:-- Administración de arrestos

-- Administración de personal

-- Administración de evidencias

-- Administración de no culpables

-- Consultas remotas locales y en red inalámbrica estatal

Enlace E1 para transmisión de video de las 10 ciudades con Circuito Cerrado de Televisión.

Infraestructura acondicionada con áreas de atención al público, ingreso, registro y laboratorio, un auditorio con sistemas audiovisuales, comunicaciones, una sala de crisis y cuatro salas de monitoreo y mando, así como dos áreas de investigación.

Punto de Acuerdo

Único: Que para apoyar el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua se destinen 150 millones de pesos para dotarla de la infraestructura y equipo necesario

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados se destinen 270 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción de infraestructura para la salud en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 270 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la construcción de infraestructura para la salud en el estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, y Omar Bazán Flores, y del Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Ávila Serna, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La necesidad de atención a la salud de población que no cuenta con servicios de salud en el Estado, obliga a la construcción, modernización, ampliación y equipamiento de infraestructura.

Por tal motivo se propone la construcción de un Hospital Infantil, un Centro de Capacitación y Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida y 2 Unidades Integrales de Atención Médica en Ciudad Juárez que beneficie a la población de los municipios de la región norte del estado.

Para la atención a la población de sur del Estado, se requiere de la construcción de un Hospital General en Hidalgo del Parral y la construcción de una Unidad Integral de Atención Médica en Creel, municipio de Bocoyna y otra en Guachochi, municipio del mismo nombre.

Asimismo, se requiere de la construcción de 2 Unidades Integrales de Atención Médica en la ciudad de Chihuahua, que complementarían la atención a la región centro del estado.

Ficha técnica

Punto de Acuerdo

Único: Que se destinen 270 millones de pesos para la construcción, ampliación y equipamiento de infraestructura para la salud en el estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 350 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, por concepto de la construcción del acueducto Conejos-Médanos, de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen 350 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 por concepto de la construcción del acueducto Conejos-Médanos a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los CC. diputados del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Omar Bazán Flores, y del grupo parlamentario Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Ávila Serna, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Para el estado de Chihuahua, la construcción de este acueducto es de vital importancia, ya que será para el suministro del líquido vital a la zona norte del estado, en donde abunda la zona desértica, en beneficio de 185,000 habitantes en las colonias de la zona nor y sur poniente de Ciudad Juárez.

Ficha técnica

Acueducto Conejos-Medanos-Ciudad Juárez

Costo estimado 750 millones de pesos en 3 años, con inversión en 2005 de 350 millones de pesos

Equipamiento electromecánico de 23 pozos

27.100 kilómetros de líneas de interconexión de pozos en los ramales del I al VII, con diámetros de 10'' hasta 20''

20.240 kilómetros del ramal principal hasta el cárcamo de bombeo con diámetros de tubería de 12'' hasta 36''

1 Estación de rebombeo con una capacidad instalada de 6 equipos de 250 lps y carga dinámica de 115 metros

25.300 kilómetros de línea de conducción de 42'' de diámetro, hasta el tanque de cambio de régimen

1 tanque de cambio de régimen de 15,000 m3 de capacidad

1.850 kilómetros de línea de conducción de 20'' de diámetro para un gasto de 400 lps por gravedad, para alimentar el tanque Chihuahua (existente)

4.050 kilómetros de línea de conducción de 30'' de diámetro para un gasto de 600 lps por gravedad para alimentar el tanque Plutarco Elías Calles (existente)

56.800 kilómetros de línea de conducción de transmisión eléctrica

Punto de Acuerdo

Único. Que se destinen 350 millones de pesos para la construcción del acueducto Conejos-Médanos-Ciudad Juárez, en el municipio de Juárez, Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 220 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, por concepto de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Loma Blanca, de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen 220 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, por concepto de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Loma Blanca, en Ciudad de Juárez, del estado de Chihuahua; con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores; del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Ávila Serna, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Con el fin de complementar las obras de alcantarillado y saneamiento y lograr una cobertura en materia de saneamiento de aguas residuales del 90% en la Cd. de Juárez, es necesario realizar el proyecto y la construcción de una tercer planta de tratamiento adicional a las dos ya existentes, para beneficio de más de 452,000 habitantes. Esta planta permitirá el reúso de agua tratada en riego agrícola, parques y jardines, así como de uso industrial. Esta obra es indispensable y tiene que ser construida en un plazo máximo de 2 años, para dar cumplimiento al convenio de apego al decreto del 22 de diciembre del 2003, por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales para las localidades mayores de 20,0000 habitantes.

Ficha técnica

Planta de tratamiento de aguas residuales en la colonia Loma Blanca, Ciudad Juárez

Costo estimado 440 millones de pesos a invertir en 2 años. Para el 2005, se requiere una inversión de 220 millones de pesos.

Capacidad instalada en 2.0 m3/seg., con tratamiento a nivel secundario

Punto de Acuerdo

Único: Que el se destine 220 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Loma Blanca en Ciudad Juárez del estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 131 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, por concepto de reposición de colectores y subcolectores en la zona centro de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, suscrita por diversos integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 131 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, por concepto de obras reposición de colectores y subcolectores en la zona centro de Ciudad de Juárez; con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores; del grupo parlamentario Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Ávila Serna, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La Cd. de Juárez requiere de la reposición de colectores y subcolectores en las zonas más antiguas colindantes en el centro, para evitar la contaminación de los mantos freáticos por infiltración, ya que la tubería antigua se encuentra en malas condiciones y no cumple con la normatividad y hermeticidad necesaria, o bien se encuentran obstruidas. Las colonias beneficiadas tienen una población de 300,000 habitantes.

Ficha técnica

Reposición de colectores de subcolectores, zona centro Ciudad Juárez

Costo estimado 331 millones de pesos a invertir en 3 años. Para el 2005, se requiere una inversión de 131 millones de pesos.

Suministro e instalación de 59.193 kms. de tuberías de diversos materiales y diámetros, desde 20 hasta 213 cms., además de madrinas, entronques y descargas adicionales.

Punto de Acuerdo

Único: Que se destinen 131 millones de pesos para la reposición de colectores y subcolestores en la zona centro de Ciudad Juárez, municipio de Juárez en el estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 53 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2005, por concepto de obras de alcantarillado y saneamiento de Puerto Anapra, municipio de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del propio estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen 53 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, por concepto de obras de alcantarillado y saneamiento para Puerto Anapra del municipio de Juárez en el estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, Maria Martha Celestina Eva Laguette Lardizabal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores. Del grupo parlamentario Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Ávila Serna, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La colonia Puerto Anapra, tiene una población aproximada de 15,000 habitantes cuenta con el servicio de agua potable recientemente instalado y la cobertura de alcantarillado es solo de 7%, por lo que es necesaria la construcción de redes, colectores y subcolectores para ampliar la cobertura a 4,500 descargas domiciliarias.

Alcantarillado y saneamiento Puerto Anapra, Juárez

Costo estimado de 53 millones de pesos.

Suministro e instalación de 31.875 kms. de tubería de PVC con junta hermética desde 20 a 45 cms. de diámetro.

Construcción de 372 pozos de visita y 4,500 descargas domiciliarias.

Rebombeo de aguas negras y construcción de planta de tratamiento con capacidad instalada de 39 Ips. a nivel secundario.

Punto de acuerdo

Único: Que se destinen 53 millones de pesos para la construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento en Puerto Anapra, municipio de Juárez en el estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 220 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción del libramiento en la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 220 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la construcción del libramiento en la ciudad de Chihuahua del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, y Omar Bazán Flores, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Mediante la construcción de este libramiento se resuelve un importante cuello de botella al desviar el tránsito de transporte pesado que pasa por la ciudad de Chihuahua y que transita por la carretera Panamericana, provenientes del centro y sur del país, del estado de Sonora y de los Estados Unidos; además, con ello disminuirán los graves problemas de contaminación y congestionamiento vial, así como accidentes que este ha generado.

Ficha técnica

Libramiento: Libramiento Chihuahua

Municipios: Chihuahua

Longitud total: 55 Kms.

Longitud a construir: 55 Kms.

Longitud a construir 2005: 27 Kms.

Población beneficiada: 850,000

Costo Total: 440 mdp.

Inversión 2005: 220 mdp.Punto de Acuerdo

Único: Que para eficientar el tránsito vehicular de la carretera Panamericana en su paso por la ciudad de Chihuahua, se destinen 220 millones de pesos para la construcción de este libramiento en el estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción del tramo carretero Villa Coronado-San Pedro en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 40 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la construcción del tramo carretero Villa Coronado -- San Pedro del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, Maria Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús castillo Cabrera, y Omar Bazán Flores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La construcción de este tramo permitirá integrar a San Pedro con los caminos regionales Allende-Coronado y López-Coronado, ubicados en el sur del estado; además, se avanzará en la creación de infraestructura para lograr en el futuro inmediato una vía alterna de acortamiento al entroncarse con la carretera Parral-Durango.

Ficha técnica

Carretera: Villa Coronado-San Pedro

Municipios: Coronado y Matamoros

Longitud Total: 15 Kms.

Longitud a construir: 15 Kms.

Longitud a construir 2005: 15 Kms.

Población beneficiada: 13,500

Costo Total: 40 mdp.

Inversión 2005: 40 mdp.Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera se destinen 40 millones de pesos para la construcción de este tramo carretero del estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 208 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción del tramo carretero San Francisco de Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi, en el estado de Chihuahua, suscrita por diversos diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 208 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la construcción del tramo carretero San Francisco de Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Alvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús castillo Cabrera, y Omar Bazán Flores, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Este camino permitirá ofrecerá a la población serrana, predominantemente indígena, que habita dentro de su área de influencia, un significativo acortamiento en el traslado a la ciudad de Chihuahua y así evitar el recorrido por Creel o la ciudad de Parral, así como desde la capital a la región Tarahumara; además, se disminuirán costos en le transporte de productos forestales y se propiciará un incremento en las actividades turísticas.

Ficha técnica

Carretera: San Francisco de Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi

Municipios: San Francisco de Borja, Nonoava y Guachochi

Longitud Total: 159 Kms.

Longitud a construir: 159 Kms.

Longitud a construir 2005: 53 Kms.

Población beneficiada: 325,000

Costo Total: 626 mdp.

Inversión 2005: 208 mdp.Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera se destinen 208 millones de pesos para la construcción de este tramo carretero del estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega (rúbrica), María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ofrezco aprenderme perfectamente bien el nombre para cuando se ofrezca de nueva cuenta.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 125 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción del tramo carretero Santa Clara-San Lorenzo, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 125 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la construcción del tramo carretero Santa Clara-San Lorenzo del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Omar Bazán Flores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Ubicado en una región con vocación eminentemente agrícola y ganadera en el noroeste del estado, su construcción constituirá un importante eje longitudinal con trazo paralelo a la autopista Chihuahua-Sueco, el cual permitirá una disminución de costos en el transporte de productos agropecuarios y fomento del turismo de esta región con el resto del estado, el vecino Estado de Sonora y el sur de Estados Unidos.

Ficha técnica

Carretera: Santa Clara-San Lorenzo

Municipios: Namiquipa y Buenaventura

Longitud Total: 68 Kms.

Longitud a construir: 68 Kms.

Longitud a construir 2005: 34 Kms.

Población beneficiada: 22,800

Costo Total: 250 mdp.

Inversión 2005: 125 mdp.Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera se destinen 125 millones de pesos para la construcción de este tramo carretero del estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 42 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la construcción del tramo carretero Las Cruces-Buenaventura, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 42 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la construcción del tramo carretero Las Cruces-Buenaventura del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Omar Bazán Flores, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

La construcción de este tramo permitirá incluir otro importante eje longitudinal en le noroeste del estado, el cual impactará en la optimización de costo y tiempo en el transporte de productos frutícolas, agrícolas y pecuarios en su comercialización con el estado de Sonora y con Estados Unidos.

Ficha técnica

Carretera: Las Cruces - Buenaventura

Municipios: Namiquipa y Buenaventura

Longitud Total: 59 Kms.

Longitud a construir: 29 Kms.

Longitud a construir 2005: 19 Kms.

Población beneficiada: 160,000

Costo Total: 82 mdp.

Inversión 2005: 42 mdp.

Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera se destinen 42 millones de pesos para la construcción de este tramo carretero del estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 110 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la modernización de la carretera Cuauhtémoc-La Junta en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 110 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la modernización de la carretera Cuauhtémoc-La Junta del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, José Mario Wong Pérez, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores. Del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, María Ávila Serna. Del grupo Parlamentario Partido Acción Nacional los CC. diputados Fernando Álvarez Monje, José Ramón Galindo Noriega y Gustavo Enrique Madero Muñoz, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Este tramo forma parte del eje transversal Ojinaga-Topolobampo, que enlazará a futuro la zona económica Forth Worth, Dallas, en su ruta más corta al Pacífico; actualmente tiene un flujo vehicular excesivo proveniente de una amplia región de la Sierra Tarahumara, que propicia un elevado índice de accidentes.

La ampliación de este tramo en autopista tendrá un impacto inmediato al proporcionar una vía más segura y fluida para en tránsito vehicular, en particular para el transporte de productos agropecuarios y forestales.

Ficha técnica

Carretera: Modernización Cuauhtémoc-La Junta

Municipios: Cuauhtémoc y Guerrero

Longitud Total: 44 Kms.

Longitud a construir: 39 Kms.

Longitud a construir 2005: 20 Kms.

Población beneficiada: 130,000

Costo Total: 220 mdp.

Inversión 2005: 110 mdp.Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera del estado de Chihuahua se destinen 110 millones de pesos para su modernización.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), José Ramón Galindo Noriega (rúbrica), María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 117 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la modernización de la carretera Chihuahua-Parral, vía corta, tramo Palomas-Santiago y Valle de Zaragoza-Parral, del estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 117 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la modernización de la carretera Chihuahua-Parral (vía corta) tramos Palomas-Satevó y Valle de Zaragoza-Parral del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera y Omar Bazán Flores, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Estos tramos carreteros forman parte de la vía libre Chihuahua-Parral, con trazo paralelo a la autopista de cuota Chihuahua-Jiménez; su modernización permitirá disminuir la frecuencia de accidentes que se registran por el intenso tránsito de vehículos ligeros y pesados que circulan en ambas direcciones desde 11 municipios del sur del estado con las ciudades de Chihuahua y Juárez.

Ficha técnica

Carretera: Modernización Chihuahua-Parral (vía corta) tramos: Palomas-Satevó y Valle de Zaragoza-Parral

Municipios: Chihuahua, Satevó, Valle de Zaragoza, Hidalgo del Parral

Longitud Total: 113 Kms.

Longitud a construir: 113 Kms.

Longitud a construir 2005: 29 Kms.

Población beneficiada: 700,000

Costo Total: 467 mdp.

Inversión 2005: 117 mdp.

Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera del estado de Chihuahua se destinen 117 millones de pesos para la modernización de estos tramos carreteros.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados se destinen 100 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, para la modernización de la carretera Juárez-El Porvenir, en el estado de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios del estado de Chihuahua.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se destinen 100 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, para la modernización de la carretera Juárez-El Porvenir, tramo Km. 33+000-El Porvenir del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, los CC. diputados Francisco Javier Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, y Omar Bazán Flores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Esta carretera se caracteriza por tener un alto tráfico vehicular las 24 horas del día, los 365 días del año, debido al traslado de personas que acuden diariamente a laborar en la industria maquiladora establecida en Ciudad Juárez, así como ocasionado por el transporte de productos agrícolas que se cultivan en el Valle de Juárez.

Su modernización aunada a la infraestructura eléctrica y de agua disponible, posibilitará ofertar reservas territoriales para el establecimiento de industria; además constituye el primer tramo del eje fronterizo Juárez-Ojinaga.

Ficha técnica

Carretera: Modernización Juárez-El Porvenir tramo Km. 33+000-El Porvenir

Municipios: Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero

Longitud Total: 90 Kms.

Longitud a construir: 48 Kms.

Longitud a construir 2005: 20 Kms.

Población beneficiada: 1,230,000

Costo Total: 250 mdp.

Inversión 2005: 100 mdp.Punto de Acuerdo

Único: Que para el buen funcionamiento de esta carretera se destinen 100 millones de pesos para la modernización de este tramo carretero del Estado de Chihuahua.

Diputados: Francisco Barrio Terrazas, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Fernando Álvarez Monje, Jesús Aguilar Bueno, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Nora Elena Yu Hernández, María Ávila Serna, José Mario Wong Pérez, José Ramón Galindo Noriega, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Omar Bazán Flores (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha entregado a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005 se asignen 3 millones de pesos adicionales, etiquetados al presupuesto de Conaculta para el Festival de Cine Internacional en Guadalajara.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se asignen 3 millones de pesos adicionales etiquetados al presupuesto del Conaculta para el Festival de Cine Internacional en Guadalajara, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal por el primer distrito del estado de Jalisco, con cabecera en el municipio de Colotlán, Francisco Javier Guízar Macías integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas por artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, dentro del análisis del Presupuesto 2005, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación al Programa Nacional de Cultura de la cantidad de 3 millones de pesos adicionales etiquetados para el Festival de Cine Internacional en Guadalajara, para lo cual se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo existen ejemplos de como los festivales fílmicos exitosos han generado grandes beneficios para el país en donde se llevan a cabo.

Beneficios que se ven traducidos en: mayor entrada de divisas por el turismo que asiste a los festivales; generación de fuentes de trabajo; consolidación de economías emergentes de pequeñas y micro empresas; mayor reconocimiento nacional e internacional en el fomento a la difusión de la cultura para el país; y apoyo al capital artístico nacional; son entre otos los beneficios que han generado los festivales fílmicos de San Sebastián, en España, y Cannes, en Francia.

La Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano en Guadalajara ha demostrado excelentes resultados económicos y culturales en México y en sus 19 años de vida ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional como uno de los principales festivales de cine en el mundo.

El hecho es que a partir del próximo año se tiene contemplado darle un carácter de festival internacional con el objeto de posicionarlo, en pocos años, a los niveles de Cannes y San Sebastián.

En relación a lo anterior es que se exponen los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que esta honorable Cámara de Diputados se encuentra realizando el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que será aprobado por ésta soberanía para el ejercicio presupuestal del 2005;

Segundo.- Que la asignación de recursos del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2005 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y estados de la Federación mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo del municipio y el estado en su conjunto; y, en particular a los programas que difundan la cultura y fortalezcan el prestigio internacional que tienen nuestro país;

Tercero.- Que en la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la Federación se debe de dar prioridad a aquellos programas o proyectos donde contribuyan a la difusión de la cultura y el arte, en particular aquellos que privilegian las producciones de artistas mexicanos en beneficio de la población presente y futura de nuestro país;

Cuarto.- Que el Festival de Cine Internacional contribuirá a la promoción de México como atractivo turístico y cultural internacional, con los beneficios que esto conlleva; y,

Quinto.- Que la Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano es un acontecimiento social y cultural de gran envergadura para el país que ha demostrado su arraigo entre la población al alcanzar 19 años de vida.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2005, la asignación al Programa Nacional de Cultura de la cantidad de 3 millones de pesos adicionales etiquetados para el Festival de Cine Internacional en Guadalajara; y,

Segundo.- Que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo sea aprobada por esta soberanía como de urgente resolución.

Dip. Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El propio diputado don Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha entregado proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005 asigne al Programa Nacional de Cultura la cantidad de 3 millones de pesos adicionales, etiquetados para la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 asigne al Programa Nacional de Cultura 3 millones de pesos adicionales, etiquetados para la Feria Internacional del Libro, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal por el primer distrito del estado de Jalisco, con cabecera en el municipio de Colotlán, Francisco Javier Guízar Macías integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas por artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, dentro del análisis del Presupuesto 2005, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación al Conaculta de la cantidad de 3 millones de pesos adicionales etiquetados para la Feria Internacional del Libro, para lo cual se presenta la siguiente:

Exposición de Motivos

El tema del apoyo a la cultura en México debe ser una prioridad para ésta honorable asamblea al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2005.

Como legisladores debemos apoyar aquellos proyectos exitosos en materia de difusión de la cultura y particularmente la que llega a los jóvenes.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un evento social y cultural que supera los límites que se pudieran pensar de una exitosa feria del libro; la FIL de Guadalajara, como se le conoce en todo el mundo, es un evento que atrae a poco más de medio millón de personas, que en su mayoría son jóvenes.

La FIL es un evento que ha puesto a nuestro país como la sede de la principal feria del libro de Ibero América y la segunda más importante en el mundo.

Además de lo anterior, la Feria Internacional del Libro es un evento anual que ha demostrado su solidez, consistencia y éxito al celebrar su decimoctavo aniversario.

En relación a lo anterior es que se exponen los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que esta honorable Cámara de Diputados se encuentra realizando el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que será aprobado por ésta soberanía para el ejercicio presupuestal del 2005;

Segundo.- Que la asignación de recursos del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2005 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y estados de la Federación mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo del municipio y el estado en su conjunto, y en particular a los proyectos de difusión cultural de comprobado éxito y reconocimiento nacional e internacional en beneficio de nuestro país;

Tercero.- Que en la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe de dar prioridad a aquellos programas o proyectos donde contribuyan a la difusión de la cultura en beneficio de la población; y,

Cuarto.- Que la Feria Internacional del Libro es un acontecimiento social y cultural de gran envergadura para el País y reconocida como la más importante de Ibero América y la segunda del mundo;

Quinto.- Que la Feria Internacional del Libro ha demostrado su arraigo entre la población al registrar poco más de medio millón de asistentes y su solidez como evento anual que celebrará su decimoctavo aniversario.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2005, la asignación al Conaculta de la cantidad de 3 millones de pesos adicionales etiquetados para apoyo a la Feria Internacional del Libro; y,

Segundo.- Que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo sea aprobada por esta soberanía como de urgente resolución.

Dip. Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, ha entregado a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud para que se declare el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano, el suscrito integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 141, 142, 148, 181, 182, 183, 184, 402, 403,404 y el Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a que se declare como zona de desastre epidemiológico el municipio de Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua.

Consideraciones

Como es conocimiento de la opinión publica la comunidad de Atascaderos municipio de Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua enfrenta un grave problema epidemiológico por el descontrolado crecimiento de la población de roedores, ya que por cada habitante de esta comunidad existen 330 roedores, y en un año más, después del invierno y si no se controla la plaga, la población de roedores se habrá quintuplicado, con el consecuente riesgo para la salud de los habitantes.

Las roedores pueden transmitir un sinnúmero de enfermedades; sus dos principales vías de transmisión son la contaminación de alimentos y la portación de parásitos, tales como pulgas o garrapatas, así como el riesgo de la transmisión de rabia.

Las roedores, por sus cualidades evasivas y su inteligencia, constituyen una de las plagas más difíciles de controlar; en casi todos los casos, es necesario un trabajo conjunto de manera interinstitucional. Los procesos de saneamiento, por lo general, deben ser acompañados por mejoras de hermetización e higiene de las áreas contaminadas. Todos estos factores demandan tiempo, recursos y una gran dedicación, para obtener resultados adecuados y permanentes.

En este caso concreto los pobladores de Atascaderos, Guadalupe y Calvo municipio del estado de Chihuahua, se enfrentan a un gran riesgo Epidemiológico si no se ataca de manera urgente la plaga de roedores que viene sufriendo esta comunidad tiempo atrás, agregando a esto el efecto negativo que tienen en sus cosechas y alimentos de primera necesidad.

Cabe resaltar la condición de marginación que enfrentan estas comunidades aumentando con esto los riesgos para hombres, mujeres y niños por lo que es urgente atender con los recursos que se establecen en el Fondo de Contingencia del ejecutivo federal para solucionar el riesgo que corren los habitantes de dicho municipio.

A la fecha las roedores han dejado un sinfín de daños en esta población, entre animales muertos, personas atacadas con lesiones leves y contaminación de huertos y plantíos frutales, que han sido prácticamente acabados por los roedores.

Por lo antes expuesto presento ante esta H. Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Salud para que esta declare al municipio de Guadalupe y Calvo en el Estado de Chihuahua zona de desastre epidemiológico y así mismo se cuente con las disposiciones de los recursos económicos, así como con la coordinación interinstitucional para lograr restituir las perdidas originadas en sus cosechas, alimentos y todo aquello que sufre una destrucción por motivos de esta plaga, así mismo para evitar los riesgos de salud y garantizar la conservación del medio ambiente en esta región.

5 de noviembre de 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Salud.

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COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional del Agua, informe pormenorizado de la situación actual de las reservas de agua, estado de la economía sobre ese recurso, así como de las medidas a corto, mediano y largo plazos, cobro a los usuarios, distribución y obras programadas para poder alcanzar el escenario sustentable que se visualiza en el informe denominado ``Estadísticas del Agua en México-2004''.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.--- Presente.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Durante las últimas décadas, es innegable que la problemática del agua no es inherente a un origen natural, sino causada por el hombre en su interacción con la naturaleza, y esta problemática está determinada por la forma de usar, aprovechar y administrar tanto el agua como otros recursos naturales relacionados al equilibrio ecológico y el fluir del ciclo hidrológico.

Es importante resolver los problemas que a la fecha se saben de escasez de agua en muchas zonas debido al crecimiento de la mancha urbana, la contaminación que se da en los mantos freáticos y acuíferos del subsuelo, el hecho de hacer grandes inversiones para garantizar el abasto de agua, así como la necesidad de traer ésta de otras cuencas o zonas, en algunos casos cada vez más lejanas.

Sin embargo, al considerar la problemática actual y la importante trascendencia de este recurso, para el bienestar y desarrollo de nuestro país, en el sector agua, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, en el artículo 4° de la Ley de Aguas Nacionales, le otorga la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. Teniendo así como visión de esta Comisión lo siguiente: "Una nación que cuente con seguridad en el suministro del agua que requiere para su desarrollo, que la utilice de manera eficiente, reconozca su valor estratégico y económico, proteja los cuerpos de agua y preserve el medio ambiente para las futuras generaciones".

Pese a la tal visión la Comisión Nacional del Agua (CNA) anticipó una crisis de disponibilidad de agua en el año 2025, debido a que las zonas de crecimiento demográfico se encuentran sobre acuíferos con pocas reservas.

Actualmente la media nacional de disponibilidad de agua es de 4,547 m3 por persona. Sin embargo, en el valle de México, la disponibilidad es notablemente inferior, de apenas 182 m3. Para el 2025, la CNA estima que la disponibilidad promedio disminuirá a los 3,822 m3 anuales. En el valle de México se reducirá a los 156 m3.

En su informe Estadísticas del Agua en México 2004, dicha dependencia señaló que el crecimiento económico y poblacional serán factores que moldearán los futuros sobre la disponibilidad de este recurso, ya que la Comisión Nacional de Población (Conapo) estima que entre el 2003, año en que se hizo el estudio para crear el citado informe y el 2025, la población del país se incrementará en 19.9 millones de personas, donde el 95% de las cuales se asentará en localidades urbanas, y de ésta el 80% aproximadamente en las zonas centro, norte y noreste del país, regiones donde existirá la mayor problemática de abastecimiento del líquido. De acuerdo con el citado documento, en el valle de México y el Sistema Cutzamala, que abastece en gran parte de agua al Distrito Federal, se tiene una disponibilidad de 182 m3 anual. El organismo tiene clasificada esta región en su disponibilidad como "extremadamente baja". De hecho la carencia del recurso se manifiesta en todo el país. Las únicas regiones que de acuerdo con la CNA tienen alta disponibilidad de agua son las del golfo-Centro y la frontera sur, con hasta 24,600 m3 al año por persona.

Otro de los problemas que la CNA estima es la extracción del agua subterránea, ya que de los acuíferos se extraen aproximadamente 6 km3 de agua al año, agua que no es renovable y que ocasiona hundimiento del terreno: desde hace un siglo la ciudad se ha hundido 7.5 metros en promedio, causa de este fenómeno es la sobreexplotación de la capa freática bajo la ciudad, lo cual origina que cada vez se tengan que hacer pozos más profundos para extraer el agua.

Por otro lado, la CNA estima que para el año 2025 existen 2 posibles visiones: una tendencial y otra sustentable: la primera considera que no habrá cambios sustentables en los patrones de consumo, ni en los niveles de inversión económica actuales, la demanda de agua se incrementará considerablemente y los rezagos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento se mantendrán en niveles similares a los actuales. Por otra parte, en el escenario sustentable, se tendrá que duplicar el nivel de inversiones actual, contener el crecimiento de la demanda de agua, revertir la sobreexplotación de los acuíferos y reducir los rezagos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin embargo la misma CNA, menciona que las inversiones que se requieren para este ultimo escenario no podrán ser cubiertas por la Federación, sino que también necesitará mayor participación del sector privado y de diversos mecanismos de financiamiento con la participación de los usuarios del agua.

Dada dicha tendencia del agua, muy preocupante a futuro, no sólo por la situación del agua en la región de la Ciudad de México y la zona metropolitana, sino en la mayor parte de nuestro país, y conforme al artículo 45 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone solicitar a la Comisión Nacional del Agua, rinda un informe pormenorizado a esta soberanía, respecto al estado actual de las reservas de agua; y de la economía sobre este recurso, informe las medidas a corto, mediano y largo plazos, cobros, distribución y obras programadas para poder alcanzar el escenario sustentable que visualizan.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los al calce firmantes, diputados federales, integrantes de la fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante este honorable pleno la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional del Agua, rinda un informe pormenorizado a esta soberanía, respecto al estado actual de las reservas de agua; el estado de la economía sobre este recurso, así como informe de las medidas a corto, mediano y largo plazos, cobros a los usuarios, distribución y obras programadas para poder alcanzar el escenario sustentable que visualizan en el informe denominado "Estadísticas del Agua en México, 2004".

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta.»

Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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TURISMO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para fomentar el turismo en ciudades coloniales de la República Mexicana.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para Fomentar el Turismo en Ciudades Coloniales de la República Mexicana, a cargo del diputado Álvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito Álvaro Burgos Barrera diputado federal por el estado de Guerrero, del grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 70 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que propone la creación de una Comisión Especial de fomento turístico en las Ciudades Coloniales de la República Mexicana, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El turista, el viajero, aquel personaje que fue excepcional en la historia de la humanidad, y cuyos testimonios han sido fuente inagotable para el conocimiento de las culturas antiguas, es hoy un elemento importante en el proceso de intercambio cultural y humano de todos los pueblos. El turista encuentra interés en lo diverso ya sea en creencias, costumbres, lenguas, tradiciones y vestido. Arquitectura y traza urbana, en suma, todo aquello que conforma la cultura de una nación o pueblo, que le permite transportarse a un ámbito distinto al suyo, evocado y atractivo tanto en tiempo como en espacio.

En la actualidad, el turismo se ha convertido en una fuente permanente de divisas y empleo. Los flujos cada vez mayores de turistas, obligan también a mejorar el nivel de servicios e infraestructura, así como al interés de ofrecer cada vez mayores ``atractivos'', que por un lado, atraigan más turistas, y por el otro, prolonguen su estancia en el país o región. México es visitado al año por 20 millones de turistas extranjeros en promedio, los cuales dejan alrededor de nueve mil quinientos millones de dólares. A estas cifras habría que agregar la derrama económica de los casi 40 millones de mexicanos que recorren el país por año.

El turismo en el siglo XXI es probablemente la actividad económica más importante del mundo. Muchos países, entre ellos México, han reconocido en las últimas décadas los beneficios que puede aportar a la economía y al desarrollo.

El sector turismo es una prioridad del Estado mexicano, se busca desarrollar y fortalecer la oferta turística para consolidar los destinos nacionales y diversificar el producto turístico nacional, aprovechando el enorme potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales.

En la actualidad, múltiples factores económicos y sociales han propiciado el crecimiento de los centros de playa y ecoturismo en todo el país, fenómeno que afecta la calidad de los destinos turísticos de ciudades coloniales, zonas arqueológicas entre otras, reduciendo su competitividad.

Los destinos de playa presentan como principal atracción el producto turístico de sol y playa, para el cual se debe buscar identificar alternativas de diversificación que respondan a diferentes grupos de demanda y a múltiples motivaciones de viaje.

Es nuestra responsabilidad instrumentar acciones que involucren y destaquen el valor de los sitios arqueológicos, coloniales, manifestaciones de arte y tradiciones, monumentos y edificios históricos, así como otras expresiones culturales, considerando su uso, difusión y comercialización como parte de la cadena productiva del turismo, contribuyendo de igual manera a generar recursos para la conservación del patrimonio cultural.

Pocos lugares, como las ciudades coloniales, concentran gran parte de la riqueza patrimonial e histórica, lo que permite ofrecer productos turísticos diferenciados en los segmentos de cultura, negocios y alternativo.

No podemos perder de vista, que en el momento en que se llevo a cabo la conquista de México los indígenas eran constructores, escultores, pintores y artífices; y son estas manos indígenas las que modelan el barro, que labran la piedra y las que pacientemente tallan la madera de los retablos. Frente a este caudal artístico, los españoles vierten en el crisol de los dos mundos la esencia de su propia civilización, dando lugar aun fenómeno completamente americano y distinto a todo lo anterior. La arquitectura ``colonial'' de los siglos XVI al XVIII es la manifestación más vigorosa del arte del nuevo mundo. De esta época tenemos numerosos ejemplos de una arquitectura de formas y tradiciones importadas, pero interpretadas bajo las manos de indígenas que la ejecutaron, legando un patrimonio cultural que a través del tiempo sigue vivo como testimonio material de nuestros antepasados.

Es importante señalar que el turismo colonial contribuye a reafirma nuestra identidad nacional, dentro y fuera del país. Y un claro ejemplo de este tipo de turismo lo podemos encontrar en la ciudad de Taxco, que en 1928 fue considerada patrimonio artístico nacional y se caracteriza especialmente por el grado de conservación y restauración de edificios coloniales de los siglos XVII y XVIII. La ciudad cuenta edificios históricos como el palacio de Humboldt y la iglesia barroca de Santa Prisca, construida en 1751. Por obviedad de tiempo no describo las bellezas de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que sin lugar a dudas todos conocemos.

En este marco de ideas, el fomento al turismo colonial en nuestro país juega un papel fundamental; el conservar y difundir los centros, monumentos y arquitectura histórica representa una importante posibilidad y alternativa para fortalecer nuestra cultura. Lo que no es poco importante, ante estos tiempos de globalización económica y también cultural, donde se importan frecuentemente patrones de comportamiento y valores ajenos a nuestras propias raíces e idiosincrasia, a nuestro propio proceso de desarrollo histórico. Ya que es precisamente ahí, en las características específicas y particulares de cada pueblo y nación donde se encuentra la identidad y valores que lo distinguen.

Mucho se ha discutido acerca del destino que debe darse a los monumentos históricos. Sin embargo, si estos inmuebles deben ser usados como museos, hoteles o centros de investigación, se deberá contar con políticas adecuadas para su difusión y conservación y de esta forma fomentar un turismo colonial sustentable.

Por lo que es necesario crear mecanismo que permitan instrumentar acciones encaminadas al mejoramiento, conservación y mantenimiento de nuestros monumentos y zonas históricas; además que la utilización de fondos contemplen la ejecución de proyectos que se basen en planes globales de conservación y desarrollo urbano previamente discutidos y aceptados por todos los sectores de la población que no se vean sujetados a otros intereses. Así como optimizar recursos y llevar una coordinación de los mismos mediante una planeación estratégica en cada región.

Toda vez que la Comisión de Turismo dentro de sus facultades tiene la de elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, y fue creada para contribuir a que esta Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, considero pertinente crear una comisión especial que tenga una finalidad más específica y práctica como el fomento y difusión de las ciudades coloniales y el impulso de un turismo colonial sustentable en todo el país, como un factor importante y determinante en el sustento de nuestra identidad nacional y memoria histórica, además de representar una alternativa económica y una fuente laboral importante.

Por lo anterior expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso el cual establece que el Pleno podrá acordar la constitución de Comisiones Especiales, para hacerse cargo de un asunto específico, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LIX Legislatura encargada de coadyuvar, dar seguimiento e impulsar en el ámbito de competencias del Poder Legislativo Federal, a los proyectos y programas dirigidos a fomentar y difundir el turismo nacional e internacional en ciudades coloniales de la República Mexicana.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, a efecto de conservar y difundir los centros, monumentos y arquitectura colonial, ubicándola como un multidestino para vacacionar por su gran variedad de atractivos; ya que representa una importante posibilidad y alternativa para fortalecer nuestra identidad nacional.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en la materia establecen la ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo.- La Comisión Especial propondrá e impulsará las acciones legislativas necesarias, que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado del turismo colonial, que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Tercero.- La Comisión Especial estará integrada por diez diputadas y diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios.

Cuarto.- La Comisión Especial materia del presente acuerdo funcionará hasta el término de la presente Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Álvaro Burgos Barrera (rúbrica).»

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don David Hernández Pérez, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que se considere en el Presupuesto de Egresos de 2005, una partida adicional para solucionar en definitiva el pago de las pensiones en apoyo de los jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se considere en el Presupuesto de Egresos 2005 una partida adicional para solucionar en definitiva el pago de las pensiones en apoyo a los jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación.

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura Dip. David Hernández Pérez, Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Dip. Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes

Con fecha del 5 de marzo de 2003, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios presento ante el pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a las secretarías correspondientes a efecto de que sea otorgada puntualmente la pensión en apoyo a más de 200 jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación. Con la misma fecha la Presidencia de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Trabajo y Prevención Social y de Seguridad Social".

Talleres Gráficos de la Nación, fue creado por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 13 de enero de 1938, desde esa fecha se constituyó bajo figura de Sociedad Cooperativa, asimismo para el cumplimiento de sus fines les fueron proporcionados a Talleres Gráficos de la Nación algunos bienes propiedad de la nación, por ello la empresa se constituyó como participación estatal y el Gobierno Federal nombró a un representante ante la Asamblea a fin de cuidar sus bienes, con el tiempo el Gobierno Federal se constituyó como propietario del 50 por ciento de los rendimientos anuales, no obstante que éste no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la cooperativa.

Los rendimientos se distribuyeron de la siguiente manera: una parte para el Gobierno Federal, otra parte para la renovación de la maquinaria y equipo, y una tercera parte se distribuía entre cooperativistas.

En 1990 la cooperativa constituyó legalmente un fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias a Talleres Gráficos de la Nación, pero en el mes de noviembre del año de 1993 fue intervenido por la Secretaría de Gobernación, por lo que no se ha cumplido con el pago de las pensiones correspondientes de dichos trabajadores y, no obstante mediante liquidación el Gobierno Federal se apropio de todos los activos de la empresa cooperativa apoyándose en la figura de "participación estatal".

Con oficio No. CP/2R724E./2102. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República Senador. Fidel Herrera Beltrán vicepresidente en funciones de Presidente hace del conocimiento a la Secretaría de Gobernación al Lic. Santiago Creel Miranda que en sesión celebrada con fecha 11 de junio de 2003 se aprobó dictamen de la tercera comisión de la Comisión Permanente con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente hace un exhorto al titular de Ejecutivo federal para que a través de las secretarías correspondientes se dé solución a la problemática que afecta a más de 200 trabajadores jubilados de los Talleres Gráficos de la Nación, le sea pagada la pensión que les corresponde, asimismo, para que se realicen acciones a fin de regularizar el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias, se considere la reintegración de las pensiones no pagadas a los trabajadores y se informe sobre la situación financiera y legal que actualmente guarda el fideicomiso.

Segundo. La Comisión Permanente hace un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que considere en el Presupuesto de Egresos del 2004 una partida adicional para solucionar en definitiva el pago de las jubilaciones vitalicias a los trabajadores pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación.

La Secretaría de Gobernación se apoderó de los fondos del fideicomiso creado con los fondos propios de los cooperativistas para el pago de pensiones vitalicias y que mediante oficios números CSS/220/03 y CSS/314/03 de fechas 25 de marzo y 23 de abril de 2003 el entonces presidente de la Comisión de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados licenciado Cuauhtémoc Montero Esquivel solicitó información al Secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda acerca de la problemática de los jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación requiriendo al propio tiempo el anexo del soporte documental respectivo; en el mismo sentido y, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2003, los integrantes del Consejo Administración de Talleres Gráficos de la Nación pidieron información por escritos y anexos, de la intervención que esa Secretaría de estado, tuvo en relación con el fideicomiso de los cooperativistas de los Talleres Gráficos de la Nación.

La Secretaría de Gobernación mediante oficio SAJDH/678/2003 de fecha 26 de junio de 2003, se limitó, en relación a la petición referida en el párrafo anterior a presentar su versión de los hechos y sin anexar los documentales que le pudieran dar sustento, dejando en total indefensión a los trabajadores de los Talleres Gráficos de la Nación. Es decir, omitió fundar y motivar su acto de autoridad en abierto incumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y el artículo 5° de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, incurriendo en responsabilidad administrativa conforme a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Se debe apoyar a los 200 pensionados y jubilados de los Talleres Gráficos de la Nación que desde el año de 1993 no han recibido un solo peso del dinero que por derecho les corresponde, lo que ha representado para ellos y sus familias quedarse en la calle condenados al hambre y sobrevivir en un ambiente de carencias.

Debemos buscar los caminos adecuados para dar soluciones que ayuden a mejorar la situación en la que se encuentran los jubilados y pensionados.

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se considere en el Presupuesto de Egresos del 2005 una partida adicional para solucionar en definitiva el pago de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. David Hernández Pérez, Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa, Dip. Rocío Sánchez Pérez.»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de modificarse el orden del día, debido a que hemos recibido un oficio firmado por todos los coordinadores parlamentarios a efecto de que el asunto que presenta el señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del PAN, con el objeto de presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verifique, revise y sancione la calidad de las importaciones de leche en polvo y los derivados de leche, sea tomada en consideración y votación de inmediato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para darle entrada al punto señalado por la Presidencia.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

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IMPORTACIONES DE LECHE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene la palabra el señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, para el asunto que ya se ha comentado.

El diputado José Luis Treviño Rodríguez: El suscrito diputado federal por el II distrito de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción de Acción Nacional, se presenta ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Cofepris, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que verifique, revise y sancione la calidad de las importaciones de leche en polvo y los derivados de leche y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial a la Dirección de Aduanas, para que verifique, revise y sancione a los importadores de productos agropecuarios que se introducen al territorio nacional. Antecedentes

La importación de leche en polvo y productos lácteos en polvo, no aptos para el consumo humano en nuestro país, se ha convertido en un tema de preocupación para los pequeños productores.

México, además de Tailandia, son los únicos países en el mundo que importan sueros de leche para consumo humano.

El beneficio nutricional de las fórmulas lácteas son muy cuestionables, ya que no contienen la proteína de óptima calidad y no puede ser comparada con la proteína que contiene la leche. Esto aunado a la falta de verificación sanitaria por parte de las autoridades y a la importación desmedida de lácteos, sueros, grasa y natas y productos similares a la leche, por la porosidad de las fronteras ingresan productos agropecuarios amparados con fianzas que inundan al país. Ochenta mil toneladas de queso ingresaron a nuestro país, causando una competencia desleal a nuestros productores.

La importación de productos lácteos para su comercialización y para consumo animal es sólo un pretexto para realizar esas importaciones y comerciar seudoleche para consumo de las familias mexicanas. La reciente exhibición de cómo es que se ingresa leche y suero de leche en el país proveniente de Estados Unidos, gracias a una denuncia de las autoridades texanas, la falta de verificación sanitaria por la Cenasica, dejando a los productores nacionales de leche de nuestro país en una clara desventaja.

Esto nos hace presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con urgente y obvia resolución como

Unico. Exhortar a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Cofepris, para que verifique, revise y sancione la calidad de la importación de leche en polvo y los derivados de leche y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial a la dirección de aduanas para que verifique, revise y sancione a los importadores de productos agropecuarios que se introducen al territorio nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Un segundo, por favor.

Diputada Guillén.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (desde su curul): Para complementar, yo quisiera que se formara una comisión de diputados de las diversas comisiones y que se cite a comparecencia al Secretario de Hacienda, de la Sagarpa y de la Salud, porque no sólo hay que castigar o buscar castigar a los que importan, sino a los que permiten el contrabando de ese tipo de alimentos.

Al de Salud para que nos diga los riesgos que corren y que se pueden evitar ahora que ya se conoció el transporte de este material lácteo y de Sagarpa para que nos diga en qué condiciones se permite esta importación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada; esta Presidencia tiene la obligación de actuar estrictamente conforme a nuestra Ley Orgánica y a nuestro Reglamento. Con toda consideración esta Presidencia le sugeriría que inscriba usted un punto de acuerdo, de tal suerte de que pueda dársele lectura en las sesiones posteriores y el pleno pueda tomar una determinación al respecto.

Ahorita nuestra obligación es someter a la consideración del pleno sólo esta propuesta, que además vamos a consultar al pleno si se considera de urgente resolución.

Gracias, diputada por su comprensión.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia pregunta si hay oradores...

No habiendo oradores, declaramos el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 los recursos necesarios para la construcción del libramento oriente de la ciudad de Morelia y la ampliación y la conservación de carreteras en el estado de Michoacán.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Los suscritos, diputados federales integrantes de las diferentes fracciones de los grupos parlamentarios, integrantes de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, considere dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, los recursos necesarios para la construcción del libramiento oriente de la Ciudad de Morelia, así como la conservación de carreteras en el Estado de Michoacán, en razón de la siguiente:

Exposición de motivos

Uno de los componentes del crecimiento a nivel nacional e internacional, es el intercambio comercial de las diferentes economías por medio de los caminos, los cuales entre más y mejores se encuentren, pueden ofrecer a las comunidades y regiones un amplio abanico de posibilidades de crecimiento, ya que desde épocas prehispánicas los comerciantes no solamente llevaban sus mercancías a los lugares más recónditos de México sino que con ello, también existía un intercambio cultural y social enorme y enriquecedor, por medio del cual las culturas en las diferentes regiones podían saber más de otros y viceversa, luego entonces lo que se generaba en la meseta central del país en especial lo que se elaboraba y cosechaba en Tenochtitlán se podía comerciar en la región Purépecha y lo que se cosechaba y manufacturaba en Michoacán posteriormente podía ser vendido o intercambiado como se acostumbraba en el mercado de Tlaltelolco.

Actualmente en los inicios de este nuevo milenio no ha cambiado esta situación de intercambio comercial y social, por el contrario las políticas públicas de los gobiernos se están perfilando hacia el rubro del crecimiento sustentable con especial énfasis en las comunicaciones y transportes, ya que este es un bastión de enorme importancia tanto para el movimiento interior del país como de forma internacional, debido a que es un punto fundamental en los tratados comerciales con otros países, pues se tienen que mover las mercancías hacia los cuatro puntos cardinales, es decir de los puertos hacia el interior de la República y viceversa, luego entonces la infraestructura carretera juega un papel fundamental, además de ser parte del desarrollo y crecimiento del país, porque en la medida que se es más eficiente y seguro en el traslado de las mercancías y los pasajeros nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional, México ira ganando mayor prestigio y los capitales de inversión se asentarán con mayor frecuencia y más longevidad, activando una parte muy importante de la economía nacional, ya que si bien el beneficio primario del establecimiento de una mayor y mejor infraestructura carretera y de servicios conexos, en principio se pueda ver solo reflejada para una región del país, en realidad en los tiempos que estamos viviendo donde prevalece la globalización, lo que hagamos en una parte del territorio repercutirá en otra y así como existen beneficiados directos de las acciones tomadas en políticas de crecimiento social y económico también habrá miles más de beneficiados de manera indirecta, con el transporte de mercancías y pasajeros, ya que a mayor flujo de personas y bienes de consumo, mayor oportunidad de activar la micro economía, un ejemplo claro de esto es la generación de empleos por principio de cuentas en la construcción de nuevas obras y una vez terminadas estas, se obtiene el beneficio del ir y venir de productos y turistas, lo cual repercute en un aumento de una importante derrama económica para los habitantes.

El estado de Michoacán, se localiza en la parte centro occidente de la República Mexicana, sobre la costa meridional del Océano Pacífico, y cuenta con una extensión de 5,986,400 hectáreas (59,864 km2) que representa alrededor del 3% de la superficie total del territorio nacional, con un litoral que se extiende a lo largo de 210.5 Km. sobre el Océano Pacífico.

Michoacán cuenta con vías terrestres para facilitar el acceso a sus comunidades, dichas vías suman 13,348 kilómetros, sin embargo menos del 37 por ciento de estas se encuentran pavimentadas. Destacando por su importancia estratégica la autopista del Occidente, la cual coloca en posición neurálgica a Michoacán respecto de las ciudades de Guadalajara y México, además dicha obra cobra mayor relevancia por la inminente conclusión de la autopista que conecta a la ciudad de Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, misma que agilizara las comunicaciones entre Michoacán y los otros estados del litoral del Pacífico y centro del país.

No obstante las majestuosas obras que se describen en el párrafo anterior, según una evaluación del Programa de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Michoacán (Profidem), el estado presenta un déficit de casi 5 kilómetros de longitud carretera por cada 10 mil habitantes con relación al promedio nacional.

Derivado de lo antes expuesto y en virtud de la inquietud que existe por llevar a cabo la reactivación económica del país, y que una de las vías son los puertos marítimos se ha generado entre otras, la necesidad de contar con la infraestructura para soportar dichos requerimientos, tal es el caso del puerto Lázaro Cárdenas, ubicado en las costas del Pacífico mexicano en el Estado de Michoacán, el cual hasta fechas muy recientes se encontraba subutilizado, sin embargo ante el gran auge que están teniendo las economías de algunos países asiáticos, y el intercambio masivo que nuestro país esta promoviendo con las mismas, cobra mayor relevancia el hecho de contar con la infraestructura portuaria y de transportes, que dicha actividad impone, por tal motivo es de señalarse el esfuerzo del gobierno federal para terminar un proyecto añejo y fundamental no sólo para los michoacanos sino para todo el país, como la autopista Siglo XXI, que une el puerto de Lázaro Cárdenas y la ciudad de Morelia en el Estado de Michoacán.

Esperando que la conclusión de ésta obra repercuta de manera directa en la economía de las familias de la región, ya que de acuerdo con el índice de Desarrollo Humano 2000 definido por el Conapo, Michoacán ocupa el lugar número 27 entre las 32 entidades federativas. Este índice integra variables de ingreso per cápita, esperanza de vida y calificación educativa, lo que permite señalar que, no obstante que entre 1980 y 2000 el PIB per cápita del estado se incrementó en un 16 por ciento, ello no redundó en forma significativa en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población.

Además, el Censo General de Población y Vivienda del año 2000, arrojó que en la ciudad de Morelia vivían cerca de 700 mil habitantes, donde el 60 por ciento de la población ocupada recibe ingresos que son inferiores a 2 salarios mínimos y sólo el 7.6 por ciento percibe ingresos superiores a 5 salarios mínimos.

Condición que no podemos tolerar más, de ahí que hoy debemos realizar acciones concretas que ayuden a revertir estas tendencias, tal es el caso que la proposición para la construcción de más y mejores carreteras traerá consigo la incorporación de empleos temporales y con ello mejoras económicas en los bolsillos de los trabajadores y sus familias, lo que llega a crear asiduidad a su tierra y evita la migración al extranjero en busca de mejoras económicas, ejemplo de ello es que casi 4 millones de michoacanos se encuentran fuera de nuestro país.

La posición de Michoacán en la región Centro-Occidente cuenta con ciertas ventajas relativas de clima y ubicación geográfica, que lo hacen ocupar un lugar de privilegio dentro de la República, además el estado tiene a su favor algunas áreas de oportunidad muy significativas aunado a la existencia del Puerto Lázaro Cárdenas, con las mejores características para la recepción de barcos de gran calado (ya que es el de mayor profundidad en el Pacífico Mexicano).

De igual forma las 8 ciudades localizadas sobre el eje de relaciones Guadalajara, Morelia y Distrito Federal tienen ventajas de localización en términos de su inserción en el sistema urbano nacional y los ejes de crecimiento económico del país, así como de relación con el mercado estadounidense.

La mayor parte del territorio del norte del estado está influenciada por el eje de flujos de personas, capitales, mercancías e información que une a esta región con el centro de México, es decir el área dominante en la economía nacional, y en particular a su núcleo estructurador, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con la tercera aglomeración urbana y económica del país: la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Esta relación se anuda a través de la Zona Metropolitana de Toluca, también de gran peso económico y otro de los polos industriales de la región centro. Tal eje de flujos tiene como soporte a la inconclusa autopista Ciudad de México-Guadalajara, a la que se conectan los accesos a Sahuayo, La Piedad, Zamora, Jacona y Morelia, y a través de ésta a Pátzcuaro y Uruapan: es decir, articula a las ciudades más importantes del norte michoacano.

En este mismo orden de ideas y manteniendo la perspectiva de incentivar los recursos materiales y logísticos que redundaran en el abatimiento de la pobreza y la generación de mayores oportunidades, es que el Gobierno Federal se dio a la tarea de llevar a cabo la revitalización del puerto y el complejo industrial de Lázaro Cárdenas, mismo que se ha convertido en una piedra angular en el pacífico mexicano.

La vía escogida para tal fin, será la diversificación productiva mediante el impulso a pequeñas y medianas empresas industriales, con encadenamientos productivos y de proveeduría con las grandes empresas del núcleo metalúrgico y metalmecánico existente. Igualmente, se estimulará el crecimiento de empresas de servicios especializados ligados a la producción, la actividad portuaria y el comercio. Las limitaciones de la comunicación ferroviaria y de la carretera de Lázaro Cárdenas con el eje norte han reducido el impacto positivo de sus flujos de entrada y de salida de insumos y productos sobre las localidades y microrregiones ubicadas a lo largo de las conexiones de transporte. El estancamiento actual del crecimiento de su núcleo industrial especializado reduce aún más su efecto dinámico sobre la microrregión y las áreas periféricas.

Componente necesario de este programa de estímulo de la economía, será la conclusión de la vía rápida que una a Lázaro Cárdenas con Morelia y los ejes de desarrollo del norte del estado y el bajío. En ello se impulsarán dos líneas centrales de actividad: el turismo con base ambiental, y la promoción del desarrollo de la pesca recreativa o comercial, impulsar la promoción y desarrollo de corredores turísticos, parques industriales y agropecuaríos; así como; promover y proponer opciones generadoras de empleos y de ingresos que favorezcan el progreso económico de los municipios y comunidades de la zona.

Por tanto y derivado de la eventual conclusión de la autopista Siglo XXI, hoy más que nunca se requiere subsanar el cuello de botella que se estaría generando en la ciudad de Morelia, con la terminación de dicha obra, tal circunstancia nos obliga a buscar una solución inmediata a este problema, lo que después de realizar una serie de análisis y estudios en torno al caso, se concluye en la presentación del proyecto para la construcción de un libramiento en la zona oriente de la ciudad capital del estado de Michoacán, destacando del mismo los datos que se muestran en el cuadro 1.

Derivado de la información presentada en el cuadro anterior y ante la gran cuantía de recursos que se requiere invertir para concretar el proyecto en comento, no es posible ni viable pensar que una inversión de esta magnitud se absorba por un solo ente económico, sea éste público o privado, más aún si tomamos en cuenta las condiciones económicas que prevalecen en el país, de ahí que considera- mos que la opción más recomendable para solventar este problema, se dé bajo la conformación de un esquema de participación mixta, es decir, que la inversión se realice con aportación de recursos públicos y privados, lo anterior en razón de que sólo sumando los esfuerzos de ambas instancias llegaremos a concretar esta importantísima obra para el estado y por ende para el crecimiento de la economía a nivel nacional, más aún si consideramos que existen importantes avances en torno al proyecto en comento, como se señala en el cuadro 2.

El libramiento de Morelia es la continuación del flujo natural de la carretera Siglo XXI, y la solución para el comercio nacional e internacional del litoral del Pacífico; como lo hemos venido diciendo, del puerto de Lázaro Cárdenas con destino al bajío y centro del país, pues de no rea-lizar esta obra, aquí se localizaría un cuello de botella que generaría altos índices de contaminación, incremento de los tiempos de traslado, alza de los índices de tránsito y accidentabilidad en la zona, mayores costos y disminución en la calidad de los servicios de transporte, por sólo citar algunos, conflictos que la obra en comento viene a resolver en beneficio no sólo del estado de Michoacán, sino de varias entidades más.

El impacto social de la construcción del libramiento oriente de la ciudad de Morelia, trae consigo el beneficio para los propios habitantes de la ciudad y para aquellos viajeros que no necesitan entrar a la misma, luego entonces también para aquellos viajes de transporte de carga cuyo destino no es la ciudad de Morelia y que van hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, hoy día importante desarrollo portuario del estado y del país, ya que es el único puerto de gran calado del Pacífico mexicano, está programado para ser la puerta de México para la región Asia-Pacífico, así como base de la exportación e importación marítima de México-Estados Unidos-Canadá.

Debemos remarcar que dentro de la modernización de los tramos carreteros Morelia-Salamanca, el cual forma parte de la carretera Siglo XXI, se deberá considerar el libramiento de Morelia como eslabón fundamental para el tráfico de tan largo recorrido.

Con la ejecución de la multicitada obra debemos agregar que los tiempos y las distancias se acortan con relación a la capital del país, porque estaremos hablando de recorridos de sólo 2 horas 20 minutos de Morelia al Distrito Federal, además al ser ya una realidad la reactivación comercial y de servicios del puerto Lázaro Cadenas, se considera que el tráfico de contenedores se incrementará de forma importante, representando en este momento 1,500 por semana, los cuales vendrán provenientes primordialmente de Estados Unidos de América y Asia, y vale la pena resaltar que el 80 por ciento de los contenedores antes referidos, tendrán como destino la Ciudad de México y la capital del estado de México, y que además en el corto plazo este tráfico habrá de incrementarse por lo menos 7 veces, lo que acentúa aún más la necesidad de contar con la infraestructura y servicios que tal demanda requiere, pues estimaciones muy conservadoras calculan que habrán de ingresar por dicho puerto más de 500 mil contenedores al año.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los suscritos, diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios, presentamos a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, considere dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, los recursos necesarios para la construcción del libramiento oriente de la ciudad de Morelia. así como la conservación de carreteras en el estado de Michoacán, bajo los siguientes resolutivos.

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realice lo necesario para asignar y etiquetar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, los recursos financieros, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo la construcción del libramiento oriente de la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán.

Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realice lo necesario para asignar y etiquetar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, las previsiones pertinentes para que la Secretaría de Comunica- ciones y Transportes destine los recursos necesarios para atender la deteriorada red secundaria de las carreteras federales en el estado de Michoacán.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2004.--- Diputados: Fernando Espino Arévalo, Marko Antonio Cortés Mendoza, José González Morfín, Salvador Vega Casillas, Alejandro Saldaña Villaseñor, Consuelo Muro Urista, Isidoro Ruiz Argaiz y Juan Pérez Medina.»

Por lo mismo la turnamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VOLUMEN III

CONTINUACION DE LA SESION No. 21 DEL 9 de NOVIEMBRE de 2004

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ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia, para que se investigue la gestión de la Administración Portuaria Integral El Progreso, SA de CV, así como la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura ubicado en Progreso, Yucatán.

El diputado Roger David Alcocer García: Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, le solicito que por el tiempo tan corto, sea incluido íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. xs

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lo que hacemos en este instante diputado.

El diputado Roger David Alcocer García: El que suscribe, diputado federal por el estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 58 y 59 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta de forma sintetizada el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde junio de 1995, los servicios de maniobra de carga y descarga en el puerto de altura de Progreso, Yucatán, los han venido realizando fundamentalmente empresas yucatecas, quienes han hecho importantes inversiones en silos graneleros, en grúas portuarias, montacargas y portacontenedores, lo que ha permitido que Progreso se haya convertido en un puerto competitivo en productividad y precio.

Actualmente la capacidad instalada en materia de maniobras de contenedores es de 15 mil 600 horas grúas anuales, operando a dos ganchos, de las cuales se utilizan 4 mil 200 horas y quedan 11 mil 400 ociosas. Consecuentemente la tasa de ocupación es del 27 por ciento y la capacidad instalada para futura demanda es de 73 por ciento.

El 10 de junio de 2004 la Administración Portuaria Integral de Progreso, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación pública API/PRO/TEC/01/04, para el uso, equipamiento, aprovechamiento y explotación de la terminal especializada en contenedores. Sin embargo, ante las diversas irregularidades en el proceso de licitación, se corre el riesgo de que las empresas yucatecas que han trabajado para posicionar el puerto de Progreso, sean excluidas de la prestación de los servicios de maniobras portuarias, lo que traerá un efecto en la cadena de desmantelamiento de empresas locales, lo que puede provocar la pérdida de 2 mil 500 puestos de trabajo actualmente ocupados por los yucatecos.

Al momento en que se concluye el procedimiento iniciado con la convocatoria, el esquema de servicios y tarifas del puerto de Progreso quedará determinado por la empresa que gane la licitación, quien ante la ventaja económica que le otorgará la exclusividad, podrá incrementar sensiblemente los precios, lo cual afectará directamente a las empresas maquiladoras de Yucatán, quienes por una parte representan el 80 por ciento de las maniobras en contenedores y, por la otra, compiten para no ser desplazadas por las maquiladoras que se ubican en el oriente, particularmente las ubicadas en China.

En todo este procedimiento de licitación existen elementos que permiten suponer que la normatividad en la que se sustenta la misma no fue aprobada, cumpliendo con lo dispuesto por la Ley de Puertos y su reglamento, porque existe información que permite suponer que no se cumplieron con los procedimientos legales necesarios para modificar el programa maestro de desarrollo portuario y emitir las nuevas reglas de operación del Puerto de Progreso.

Se anexan pruebas documentales para sustentar todo lo anterior y es por esto que sometemos este punto de acuerdo para:

``Primero. Exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Federal de Competencia, para que investiguen tanto la gestión de la sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Progreso, así como la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del Puerto de Altura, ubicado en Progreso, tomando medidas para asegurar el pleno respeto al Estado de derecho, para que dentro del ámbito de su competencia impongan las sanciones que resulten procedentes en caso de que confirme la existencia de irregularidades, ya sea en la gestión de la administración portuaria integral o bien en el desarrollo del procedimiento iniciado con motivo de la convocatoria API/PRO/TEC/01/04''.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia a investigar la gestión de la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, así como la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura de Progreso, Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el estado de Yucatán, Roger David Alcocer García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia a que se investigue tanto la gestión de la sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, así como la legalidad de la licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura ubicado en Progreso, estado de Yucatán, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Con la Ley de Puertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de julio de 1993, se tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias; su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.

Conforme a lo establecido en la Ley de Puertos, existirá una administración portuaria integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto se encomienden en exclusividad a una sociedad mercantil mediante el otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios.

En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Federal constituyó la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, a quien se le otorgó la respectiva concesión el día 28 de noviembre de 1994. En el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 13 de agosto de 2004 se identifica la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, como una sociedad de participación estatal mayoritaria cuya cabeza de sector es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las costas de Yucatán son caracterizadas por sus aguas de poca profundidad, lo que impide que puedan operar embarcaciones de gran calado. Para revertir el inconveniente anterior, el Gobierno Federal, por gestiones de las autoridades locales, realizó cuantiosas inversiones para el desarrollo de la infraestructura del puerto de Progreso, que entre 1989 al 2001, se estima de más de 200 millones de pesos.

Desde junio de 1995 los servicios de maniobra de carga y descarga en el puerto lo han venido realizando fundamentalmente empresas yucatecas, quienes han hecho importantes inversiones en silos graneleros, en grúas portuarias, montacargas y portacontenedores, lo que ha permitido que Progreso se haya convertido en un puerto competitivo en productividad y precio.

Actualmente, la capacidad instalada de servicios en materia de maniobras de contenedores es de 15,600 horas grúas anuales (operando a 2 ganchos), de las cuales se utilizan 4,200 horas y quedan 11,400 ociosas, consecuentemente la tasa de ocupación es de 27% y la capacidad instalada para futura demanda es de 73%. En el caso de los granos la capacidad instalada es de 40,000 toneladas.

El 10 de junio de 2004 la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación pública API/PRO/TEC/01/04, para el uso, equipamiento, aprovechamiento y explotación de la terminal especializada de contenedores.

A través del procedimiento iniciado con la convocatoria se generará un desplazamiento indebido de los actuales operadores del puerto, así como el establecimiento de un monopolio (exclusividad) de servicios portuarios, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en otros puertos del país donde coexisten tanto una terminal especializada de contenedores como los prestadores de servicios de maniobras de carga de manera semiespecializada, lo que se pretende con la mencionada licitación es otorgar al ganador de la misma: a) la exclusividad en el manejo de la carga contenerizada en el puerto de Progreso a una sola empresa durante un plazo inicial de 20 años, prorrogables por 19 años más; b) dos muelles, de 260 y 210 metros lineales, respectivamente, una superficie para almacenamiento de aproximadamente 104, 503 m2 en la terminal remota y de 34,374 m2 en la terminal terrestre; c) derecho a operar un almacén fiscal; d) libertad de establecer las tarifas de los servicios; e) derecho a realizar otros servicios conexos, y f) la posibilidad de ampliar la superficie materia del contrato en un 20%.

Ante las diversas irregularidades en el proceso de la licitación se corre el riesgo de que las empresas yucatecas que han trabajado para posicionar el puerto de Progreso sean excluidas de la prestación de los servicios de maniobras portuarias, lo que traerá un efecto en la cadena de desmantelamiento de empresas locales, lo que puede provocar la pérdida de 2,500 puestos de trabajo actualmente ocupados por yucatecos.

Al momento en que se concluya el procedimiento iniciado con la convocatoria, el esquema de servicios y tarifas del puerto de Progreso quedarán determinados por la empresa que gane la licitación, quien ante la ventaja económica que le otorgará la exclusividad, podrá incrementar sensiblemente los precios, lo cual afectará directamente a las empresas maquiladoras de Yucatán, quienes por una parte representan el 80% de las maniobras en contenedores, y por la otra, compiten para no ser desplazadas por las maquiladoras que se ubican en el oriente, particularmente las ubicadas en China.

Para efectos de adjudicar el contrato materia de la licitación, la API está solicitando: a) un pago inicial de 4 millones de dólares; b) la firma de carta compromiso de incrementar el número de contenedores que se manejarán en el puerto, y c) un equipamiento piramidado en el tiempo conforme evolucione la carga contenerizada en el puerto, pero ello tomando en cuenta sólo la carga efectivamente manejada, pero no así la carga comprometida en la propuesta presentada.

Es conveniente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia para que lleven a cabo una investigación del caso en virtud de la importancia que tiene la convocatoria número API/PRO/TEC/01/04 para el desarrollo del estado de Yucatán, pero particularmente porque existen elementos que permiten suponer que la normatividad en la que se sustenta la misma no fue aprobada cumpliendo con lo dispuesto por la Ley de Puertos y su reglamento.

En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Puertos así como el 39, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Puerto, la actividad de los puertos donde existe una administración portuaria integral está regida tanto por dichos ordenamientos como por lo establecido en el programa maestro de desarrollo portuario y las reglas de operación que sean elaboradas por la propia administración portuaria y aprobadas por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En los programas maestros de desarrollo portuario se deben establecer, entre otros aspectos, los usos, destinos y modos de operación para la diferentes zonas del puesto, así como las medidas y previsiones necesarias para garantizar la eficiente explotación de los espacios portuarios; mientras que en las Reglas de Operación se establecen aspectos como horarios del puerto, equipos necesarios para la realización de maniobras, programación de actividades, etcétera.

En el caso concreto, existe información que permite suponer que no se cumplieron los procedimientos legales necesarios para modificar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y emitir las nuevas reglas de operación del puerto de Progreso, y a continuación se citan algunos ejemplos que llaman poderosamente la atención:

1. El hecho de que en primer término se determinó emitir y autorizar nuevas reglas de operación del puerto de Progreso (marzo de 2004), y posteriormente se autorizó el nuevo programa maestro de desarrollo portuario (junio 2004).

2. El contenido de las nuevas reglas de operación del puerto de Progreso no son congruentes con la regulación vigente en el momento en que fueron autorizadas (marzo 2004), ya que las nuevas reglas de operación contienen la regulación aplicable a la configuración que tendrá el puerto una vez que inicie la operación de la terminal especializada de contenedores del puerto de Progreso, pero no establecieron una regulación congruente con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario que estaba vigente en esos momentos, y mucho menos se estableció una regulación transitoria que permita la operación normal y ordenada del puerto de Progreso.

3. Al Comité de Operación del Puerto de Progreso nunca se le solicitó que diera su opinión en relación al proyecto de las nuevas reglas de operación del Puerto Progreso, así como tampoco se respetó el plazo de 30 días que se le debió otorgar para que emitiera su opinión, tal y como lo establecen los artículos 58 de la Ley de Puertos y 81, fracción I, del Reglamento del la Ley de Puertos.

4. Por cuanto se refiere a las modificaciones llevadas a cabo al Programa Maestro de Desarrollo Portuario, en lo que va del año la Administración Portuaria Integral de Progreso ha publicado en su página de Internet (www.puerto-progreso.com.mx) al menos 2 diferentes versiones, lo que impide conocer cual es la verdaderamente autorizada.

5. Para poder llevar a cabo la modificación del Programa Maestro de Desarrollo Portuario es indispensable que el proyecto respectivo sea sometido al Comité de Operación del Puerto de Progreso para que emita sus recomendaciones y opiniones, sin embargo, en el caso concreto no se cumplió tal requisito.

Se anexan pruebas documentales para sustentar todo lo anterior, reafirmando la certeza de que se alteraron documentos oficiales para permitir el monopolio en la licitación de la terminal especializada de contenedores.

Es por estas consideraciones que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a los CC. titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen tanto la gestión de la sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, así como la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura ubicado en Progreso, Yucatán; tomando medidas para asegurar el pleno respeto al estado de derecho, para que dentro del ámbito de su competencia impongan las sanciones que resulten procedentes en caso de que confirmen la existencia de irregularidades ya sea en la gestión de la administración portuaria integral, o bien, en el desarrollo del procedimiento iniciado con motivo de la convocatoria API/PRO/TEC/01/04

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004.--- Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No hay mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta Presidencia les da la más cordial de las bienvenidas a los productores de nopal y tuna de Acatzingo y San Sebastián Villanueva del estado de Puebla, presentes aquí en el palco de invitados e invitados por el señor diputado don Jesús Morales Flores. Sean ustedes bienvenidos.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar el artículo 12 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

El diputado Ramón Galindo Noriega: Honorables diputadas y diputados.

Dentro del universo infinito de peticiones de incremento presupuestal para todas las dependencias de todos los poderes y de todos los órdenes públicos, acudo a esta tribuna a hacer una petición, no cuantitativa de modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación sino cualitativa.

Estoy convencido, como seguramente lo estarán muchos de ustedes, amigos legisladores, de que el ejercicio, el gasto público no es el más eficiente, seguramente un análisis superficial del gasto de gobierno, nos arrojaría una gran cantidad de ahorros potenciales y una reorientación del gasto, también podría generarnos mejores resultados como país.

Acudo a esta tribuna en mi calidad de diputado de Acción Nacional y de integrante de la Comisión de Federalismo, a solicitar con respeto a todos ustedes, y en especial a mi amigo, diputado Angel Buendía, Presidente de la Comisión de Presupuesto, que en la ya muy próxima discusión del PEF se consideren cambios que permitan un mejor aprovechamiento del gasto público.

Interpongo un punto de acuerdo para revisar y modificar los artículos del 43 al 53, todos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con objeto de incorporar a los municipios al ejercicio del gasto de la siguiente manera.

1. Que dentro de los convenios que pueden celebrar las dependencias federales con los estados incorporemos a los municipios.

2. Que se incluya la indicación de potenciar la descentralización y el fortalecimiento municipal.

3. Que se incluya a los municipios correspondientes en las decisiones que presupuestalmente tomen los estados y la Federación y

4. Que se incluya en el PEF la necesidad de la coordinación entre órdenes de gobierno.

Lo que seguramente ustedes y yo queremos, es la eficientización del gasto, evitar las duplicidades, fortalecer subsidiariamente a los órdenes públicos, premiar e incentivar la buena gestión de gobierno y tomar mejores decisiones.

La parte del gasto que ejercen los municipios, se enriquece con el contenido de la cercanía social, con el interés local propio y con el enfrentamiento de las necesidades y los problemas cotidianos; de manera que, en mi opinión, el recurso fiscal mejor gastado en la mayoría de los casos, es el que se gasta en los municipios; sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación ignora completamente la existencia, y más grave aun la importancia de las autoridades locales.

Solicito que este asunto de interés nacional sea tratado con la importancia que tiene tanto por la Presidencia de la Cámara como por los coordinadores parlamentarios y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pido que tanto esta intervención como el documento previamente presentado, sean incluidos en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar diversos artículos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, concurro a esta honorable asamblea para presentar la proposición con punto de acuerdo a fin de revisar y modificar los artículos 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52 y 53, todos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en base a la siguiente

Exposición de Motivos

La transparencia en el otorgamiento de subsidios, esta contemplado en el artículo 53 del proyecto de Presupuesto de Egresos en donde establece las reglas a las cuales se sujetará el otorgamiento de subsidios durante el ejercicio fiscal de 2004.

Generalmente, estos subsidios, contenidos en los Ramos Administrativos del Presupuesto de Egresos, van dirigidos a individuos, grupos sociales o actividades económicas cuya situación de desventaja social o económica exige de todos los ordenes de gobierno políticas públicas para mejorar sus condiciones de desarrollo.

En el caso de los subsidios y transferencias a entidades paraestatales de control presupuestario directo, la asignación que se propone para 2005 es de 145.3 mmp, monto mayor en 9.3 por ciento en términos reales

Hay que señalar que dada la convergencia de esfuerzos federales, locales y municipales alrededor de estos sectores sociales y económicos antes mencionados, se propone fortalecer las medidas de transparencia y coordinación que la Iniciativa contempla para la operación de los subsidios; de este modo, se plantea modificar el texto en su artículo 43 del Proyecto.

En cuanto a la publicidad y transparencia a modificaciones programáticas, desde el ejercicio fiscal de 1999, la operación de los programas federales está sujeta a reglas importantes de publicidad y transparencia, mediante la publicación de reglas de operación a las que se sujetará el ejercicio del gasto público federal; los gobiernos municipales del país conocen estos principios de publicidad y transparencia y conforme a la información que las entidades y dependencias hacen pública en el Diario Oficial de la Federación, impulsan la participación de la población en dichos programas y gestionan en favor de los vecinos de los municipios la operación de los mismos en casos especiales.

Por ello, resulta conveniente que cualquier modificación a las reglas, montos presupuéstales y metas programáticas, siga los mismos principios de publicidad y transparencia, para lo cual se propone adicionar el artículo 44 del Proyecto

El Estado, como la organización política de la sociedad, es un conjunto de capacidades al servicio del bien común y es la institución que permite a la sociedad que su vida civil y pública sea impulsada con principios, normas y criterios de institucionalidad.

De ahí se deriva que la descentralización, no sea tan sólo una categoría formal y lógica, sino un sistema de vida que permite que las instituciones de la sociedad y el Estado puedan articularse respetando ámbitos de competencia. Así la descentralización, al transferir a los gobiernos locales atribuciones, recursos, información y decisiones le da mayor consistencia al conjunto del Estado y a la sociedad misma, donde el ciudadano tiene la opción de exigir por ejemplo una mejor gestión de los servicios públicos, dado que en su condición de elector puede castigar o recompensar la gestión de su gobierno.

Es así que la participación de los gobiernos municipales en la ejecución de los programas federales, en la descentralización de la vida nacional exige la transferencia de cada vez mayores atribuciones y recursos en favor de los Ayuntamientos; en tanto avanza la descentralización por la vía legal, esto es, mediante la reforma del marco jurídico nacional para fortalecer la capacidad de gestión de los Ayuntamientos, se impone la necesidad de ir adecuando gradualmente la operación de los programas federales, sobre todo aquellos que impactan directamente el desarrollo socioeconómico local, y a la realidad específica de los municipios del país.

Para ello, se proponen diversas modificaciones a los artículos 45, 46, 50, 51, 52 y 53 del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Este ejercicio de descentralización operativa ampliará la esfera de actuación de las autoridades municipales en la operación de programas federales, y permitirá fortalecer la capacidad institucional de los Ayuntamientos para estar en condiciones de asumir cada vez más la responsabilidad del desarrollo local en favor de sus comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía, la presente:

Proposición con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar los artículos 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52 y 53, todos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a incorporar en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en materia de descentralización y fortalecimiento de los municipios.

SEGUNDO.- Se propone como redacción para que sea incorporada al dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la siguiente:

Se reforman: el primer párrafo y la fracción VII del artículo 43; un segundo párrafo de la fracción I, la fracción V, el párrafo primero de la fracción VI y el inciso c) de la fracción VII del artículo 45; el párrafo tercero de la fracción II del artículo 46; el primer párrafo de la fracción IV del artículo 51; los párrafos primero y segundo del artículo 52 y el primer párrafo de la fracción I del artículo 53; se adicionan: un segundo párrafo al artículo 44; y un inciso h) de la fracción III del artículo 50; todos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2005, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 43.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base en lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII.- Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades federales y entidades federativas y municipios, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

Artículo 44.- ...

Los informes y autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar cinco días hábiles después de haber sido emitidos.

...

Artículo 45.- ...

...

I.- ...

Las dependencias al elaborar las reglas o modificaciones deberán observar los criterios generales emitidos por la Secretaría y la Función Pública, así como aquellos que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. A dichos criterios se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados desagregados por género, y la de garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres a los beneficios de los programas. Las reglas deberán de promover la descentralización y el fortalecimiento municipal.

II.-

III.-

IV.-

V.- Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 14 de este Decreto, las dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 43 de este Decreto. Las dependencias y entidades participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos a que se refiere esta fracción, deberán publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos, además de enviarlos a las comisiones correspondientes de la Cámara, y

VI.- Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios con los gobiernos municipales y con personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil, para la ejecución de los programas a que se refiere el Anexo 14 de este Decreto. Para estos fines, los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos.

VII.- ...

a) ...

b) ...

c) Las dependencias y entidades que tengan a su cargo la ejecución de los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe); del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); de IMSS-Oportunidades; de Atención a Personas con Discapacidad a cargo del DIF; de Atención a Población con Vulnerabilidad Social a cargo del DIF; de Apoyo a la Capacitación (PAC); de Apoyo al Empleo (PAE); de Apoyo Alimentario, a cargo de Diconsa, SA de CV; de Desarrollo Humano Oportunidades; y, del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi); deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el monto asignado y la distribución de la población objetivo de cada programa social por entidad federativa y municipio;

d) ...

e) ...

Artículo 46.- ...

I.- ...

II.- ...

...

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales o municipales, se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de la pobreza y marginación, y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 50.- ...

I.-...

II.- ...

III.- ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) La descentralización y el fortalecimiento de los municipios.

...

Artículo 51.- ...

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- Determinar en el marco del federalismo y del Programa Alianza para el Campo, una distribución de recursos a las entidades federativas y municipios con base en la fórmula de distribución que publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de enero, y la cual se sujetará a parámetros de equidad y desarrollo regional, entre otros. Los recursos asignados podrán ser distribuidos por los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, considerando las prioridades que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en las reglas de operación correspondientes.

Artículo 52.- La ejecución de los proyectos y acciones del Programa de Empleo Temporal (PET), deberán operarse en las épocas de baja demanda de mano de obra no calificada en las zonas rurales marginadas, por lo que las dependencias, entidades y ejecutores del programa, en su caso, se apegarán a la estacionalidad de la operación por entidad federativa y municipio que se establezca en las reglas de operación del programa con el fin de no distorsionar los mercados laborales locales.

Para los efectos del párrafo anterior se constituirán comités estatales con representación paritaria de los gobiernos federal y estatal, a fin de que con base en las reglas de operación se tomen en cuenta las características de cada región. Estos comités deberán escuchar la opinión de los gobiernos de los municipios de las zonas que califiquen para la operación del Programa en cada entidad federativa. De las decisiones que se tomen en el seno de dichos comités se mantendrá informado al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal.

...

Artículo 53.- ...

I.- Hayan formalizado su adhesión a un acuerdo de coordinación celebrado con el gobierno federal, en el que se establezca un compromiso jurídico sancionado por sus ayuntamientos o, en su caso, por las legislaturas locales, para implantar un programa de corto y mediano plazo, definido en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, que incluya metas cuantitativas intermedias y contemple un incremento gradual de la eficiencia física, comercial y financiera, especialmente procurando establecer tarifas que reflejen el verdadero costo de ofrecer los servicios, con el objeto de alcanzar la autosuficiencia de recursos en dichos organismos, así como asegurar la calidad y permanencia de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será, diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo que contiene exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que eleve nota diplomática a su homólogo en Estados Unidos de América, a efecto de condenar el asesinato del connacional Edgar Omar Ramos Villarreal.

El diputado Omar Bazán Flores: Gracias, señor Presidente.

El pasado 20 de octubre del presente año, agentes de la Patrulla Fronteriza en los estados de Arizona asesinaron al joven Edgar Omar Ramos Villarreal con un balazo en la espalda. He aquí los hechos:

Luego de detenerlo se le hizo una revisión corporal, lo tiraron al suelo boca abajo y uno de los agentes le dispararó en la espalda, con presencia de testigos que viajaban a bordo del vehículo que tripulaba el hoy occiso. Los oficiales de migración amenazaron a los testigos diciéndoles que tendrían que declarar como si eso hubiera sido un accidente.

Los hechos se suscribieron en el estado de Arizona, en el tramo carretero que une a los poblados de Rodeo y Portales.

Consideraciones

Uno. Los acontecimientos mencionados provocaron numerosas reacciones y manifestaciones de la opinión pública. La vocera de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés), señala que hasta el momento no se conoce con certeza cómo sucedieron los hechos ni cuál fue la causa del disparo que provocó la muerte del hoy occiso.

Dos. Se trata de una muestra de accidente de homicidio y actividades prepotentes de autoridades migratorias del vecino país, que menosprecian y manipulan el tratamiento internacional de las leyes, los derechos humanos de los mexicanos en territorio estadounidense.

Tres. El incidente sucedió en el estado de Arizona, no es un caso aislado; son numerosas las acciones que se llevan a cabo contra connacionales en aquel país. Han sido humillados por agentes y autoridades migratorias del país vecino. Es tiempo que el gobierno vecino de aquel país demuestre cambiar sus políticas, actividades y actitudes sobre este tema que se vuelve cada día más sensible para los mexicanos.

Por esta muestra de falta de humanismo de los vecinos del norte y su menosprecio por los derechos humanos, es preciso que el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano respalden de forma inmediata el daño causado a la familia del connacional, indemnizando a sus deudos por dichos ilícitos.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en las que se presenta el problema en cuestión y por los valores políticos y jurídicos lesionados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a fin de que envíe nota diplomática a su homólogo de Estados Unidos de América a que informe de los hechos ocurridos y que indemnice a los mexicanos por conductas abusivas de las autoridades y resarza los daños causados a los connacionales, indemnizando a los deudos por dicho ilícito.

Atentamente, diputado Omar Bazán.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al canciller de Estados Unidos de América sobre el asesinato del mexicano Edgar Omar Ramos Villarreal por un agente de la Patrulla Fronteriza, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Bazán Flores, Diputado Federal de la LIX Legislatura por la segunda circunscripción, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo con el objeto de exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que envié una nota diplomática al titular de la cancillería de los Estados Unidos América, en relación con el asesinato del mexicano Edgar Omar Ramos Villareal, por un agente de la patrulla fronteriza, se hace esta solicitud conforme a los siguientes:

Antecedentes

El pasado 20 de octubre del presente año agentes de la patrulla fronteriza, en el estado de Arizona, asesinaron al joven Edgar Omar Ramos Villareal, con un balazo en la espalda. He aquí los hechos, luego de detenerlo, se le hizo una revisión corporal, lo tiraron al suelo boca abajo y uno de los agentes le disparó en la espalda, en presencia de testigos que viajaban a bordo del vehículo que tripulaba el hoy occiso. Los oficiales de migración amenazaron a los testigos diciéndoles que tendrían que declarar como si esto fuese un accidente.

Los hechos se suscitaron en el estado de Arizona en el tramo carretero que une los poblados de Rodeo y Portales.

Considerandos

1.- Los acontecimientos mencionados provocaron numerosas reacciones y manifestaciones de la opinión pública. La vocero del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) señala que hasta el momento no se conoce con certeza como sucedieron los hechos ni cual fue la causa del disparo que provoco la muerte del hoy occiso.

2.- Se trata de una muestra mas de acciones homicidas y actitudes prepotentes de autoridades migratorias del vecino país que menosprecian y mancillan los tratados internacionales y los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense.

3.- El incidente en el estado de Arizona, no es un caso aislado, son numerosas las ocasiones en que nacionales mexicanos han sido vejados y humillados por agentes y autoridades migratorias del país vecino. Es tiempo que el gobierno del vecino país dé muestras de cambiar sus políticas y actitudes sobre este tema que se vuelve cada día mas sensible para los mexicanos.

4.- Por esta muestra de falta de humanismo de los vecinos del norte, y su menosprecio a los derechos humanos, es preciso que el gobierno norteamericano resarza el daño causado al connacional, indemnizando a sus deudos por dicho ilícito.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de ésta soberanía, con el carácter de urgente resolución por las características y circunstancias en las que se presenta el problema en cuestión y por los valores políticos y jurídicos lesionados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a fin de que envié nota diplomática a su homólogo de los Estados Unidos de América a que informe de los hechos ocurridos, que indignan a los mexicanos por las conductas abusivas de su autoridad, y se resarza el daño causado al connacional, indemnizando a los deudos por dicho ilícito.

A los 27 días del mes de octubre del año 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Omar Bazán.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se considera de obvia y urgente resolución.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría calificada por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces consideramos la proposición suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, a investigar al Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, entre otros de ese estado, a efecto de que no se desvíen recursos públicos con fines partidistas.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Con su permiso, señor Presidente. En México la educación media superior es un pilar para todas y todos los jóvenes que pretender aspirar a la educación superior en cualquier rama o profesión, debido a que la educación media superior les ofrece a los alumnos dos modalidades: una de carácter propedéutico y otra bivalente.

La primera está integrada por su componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de carácter propedéutico que permite a quienes lo cursan continuar con los estudios de tipo superior.

Por ello es de primordial interés para todos los mexicanos que nuestro sistema educativo de nivel medio superior funcione de manera imparcial y así garantizar el sano crecimiento de los estudiantes.

En el estado de Puebla se encuentran 33 escuelas de bachillerato; asimismo, el propio cuerpo docente es presionado de diversas índoles para inclinar hacia algún partido específico siendo precisamente esta premisa donde me gustaría poner mayor énfasis.

El 2 de diciembre de 2002, trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tehuacán, Puebla, denunciaron al vocal ejecutivo de la Junta Distrital 15 ante el Instituto Electoral, que fueron obligados a entregar copias fotostáticas de la credencial de elector, así como la de amigos y familiares propios, lo anterior con el fin de ser afiliados ante una asociación civil.

De igual forma, en el propio plantel 8 del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, según denuncias de los propios trabajadores, los directivos de este plantel tienen gente comisionada para hacer proselitismo a favor del candidato del PRI a la gubernatura, no sólo dentro del propio plantel, sino en todo el estado, acudiendo solamente a cobrar la nómina que les corresponde y, asimismo, utilizando papelería, como por ejemplo, esta invitación donde aparece precisamente como prueba, que anexo al punto de acuerdo, aparece la publicidad y el nombre de Mario Marín.

Compañeras y compañeros: no debemos ni podemos dejar que las prácticas antidemocráticas que se usaban en antaño, vuelvan a lacerar los actos democráticos en las elecciones; estamos muy próximos a tener elecciones en el estado de Puebla y otros más.

Yo los convoco a enfatizar sobre los temas que tanto daño nos hacen como nación. Demos un voto aprobatorio para que este punto de acuerdo trascienda y no se quede dentro de los rezagos legislativos. Cumplamos el mandato de nuestra sociedad que nos demanda.

Ya termino, Presidente.

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo las investigaciones necesarias en el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, con relación a la desviación de recursos públicos en el plantel 8 del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, la creación de plazas con fines partidistas.

Segundo. Que el pleno de esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en caso de comprobar la existencia de alguna irregularidad realice las acciones necesarias para sancionar a los servidores públicos.

Es tanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública a investigar el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, entre otros de ese estado, a efecto que no se desvíen recursos públicos con fines partidistas, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía a solicitar se considere de urgencia y obvia resolución la siguiente proposición con punto acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

1. En México, la educación media superior es un pilar, para todas y todos los jóvenes que pretenden aspirar a la educación superior en cualquier rama o profesión, debido a que la educación media superior les ofrece a los alumnos dos modalidades; una de carácter propedéutico y otra bivalente. La primera está integrada por un componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de carácter propedéutico, que permite a quienes lo cursan continuar los estudios de tipo superior, por ello es de primordial interés para todos los mexicanos, que nuestro sistema educativo de nivel medio superior, funcione de manera imparcial y así garantizar el sano desarrollo de los estudiantes.

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado que depende a Nivel Federal, de la Dirección General de Bachillerato, de la Secretaria de Educación Pública Federal, misma que provee de recursos federales para el sostenimiento de estos centros educativos, la forma de organización del presupuesto de estas instituciones se organiza de la siguiente manera: 50% es dotado por el Gobierno Federal, mientras que el restante 50% es pagado por el estatal.

2. No obstante que los Colegios de Bachilleres poseen una aportación considerable de recursos federales las participaciones que el Estado dota es del 50%, el cual es utilizado para pagar los sueldos de la planta docente, asimismo las participaciones Estatales se utilizan para diversas prestaciones de los trabajadores.

De estos recursos se cubren además de los sueldos, gastos de operación (papelería, luz, teléfonos, mantenimientos, etcétera), así como becas de transporte a los alumnos y programas de estímulo docente.

3. En el estado de Puebla, se encuentran incrustadas 33 escuelas de bachillerato, dónde la matrícula es de 24,200 (veinticuatro mil doscientos) estudiantes aproximadamente, siendo que en su mayoría cuentan con la edad requerida para votar.

Asimismo, el propio cuerpo docente es soslayado con presiones de diversas índoles, para inclinarse hacia algún partido en específico; siendo precisamente en esta premisa dónde me gustaría poner mayor énfasis.

4. Con fecha 2 de diciembre de 2002, trabajadores del colegio de bachilleres de Tehuacán, Puebla; denunciaron ante el vocal ejecutivo de la junta distrital número 15 del Instituto Federal Electoral, que fueron obligados a entregar copias fotostáticas de la credencial de elector, así como la de amigos y familiares propios, lo anterior con el fin de ser afiliados ante una asociación civil.

La forma de presionar a los trabajadores de este plantel era la negativa a ser recontratados así como la nula entrega de las prestaciones mencionadas o en el mejor de los casos estas prestaciones eran condicionadas al trabajo político del Prodem.

De igual forma, en el propio plantel 8 del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, según denuncias de trabajadores, los directivos de este plantel, tienen gente comisionada para hacer proselitismo a favor del candidato del PRI a la gubernatura, no sólo dentro del propio plantel sino en todo el estado acudiendo solamente a cobrar la nómina que les corresponde.

Compañeras y compañeros:

No debemos ni podemos dejar que las prácticas antidemocráticas que se usaban en antaño vuelvan a lacerar los actos democráticos de las elecciones, estamos muy próximos a tener elecciones en el estado de Puebla y otros más; yo les convoco a enfatizar sobre los temas que tanto daño nos hacen como nación, demos un voto aprobatorio para que este punto de acuerdo sea considerado como de urgencia y obvia resolución para garantizar su trascendencia y no se plante dentro del rezago legislativo, cumplamos el mandato que nuestra sociedad nos demanda.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgencia y obvia resolución:

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Dirección General de Bachillerato dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a realizar las investigaciones necesarias en el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, con relación a la desviación de recursos públicos en el plantel 8 del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla para la creación de plazas con fines partidistas.

Segundo. Que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en caso de comprobar la existencia de alguna irregularidad en los casos mencionados, realice las acciones necesarias para sancionar a los servidores públicos responsables en términos de la legislación correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2004.--- Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución... Permítame un segundo.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Le pediría Presidente, con el respaldo de los compañeros que están levantando la mano, pudiera ser esta votación nominal hasta por 10 minutos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así se hará, señor diputado.

Se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por 10 minutos, a efecto de tomar la votación calificada para ver si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para someter a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

(Votación.)

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De viva voz la diputada María Concepción Fajardo Muñoz.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): En contra.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: La diputada Suárez Ponce.

La diputada María Guadalupe Suárez Ponce (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Señor Presidente se emitieron 193 votos en pro, 148 en contra, por lo que no se alcanza la mayoría calificada requerida.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la revisión del permiso otorgado a Pemex para explorar en la zona de manejo intensivo del área natural protegida ``Laguna de Términos'' y se solicita a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la reactivación del consejo consultivo de la misma.

La diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz: Con su venia, ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fecha 6 de junio de 1994, según decreto presidencial se creó el area natural protegida ``Laguna de Términos'', bajo categoría de protección de flora y fauna, ubicada en el sur del estado de Campeche, uno de los estados con menor alteración en el uso del suelo.

Es necesario resaltar que el plan de manejo de esta área natural protegida, tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales en beneficio de la sociedad, con el propósito de elevar su calidad de vida, normando las actividades cotidianas de la misma.

La creación de este plan de manejo fue en esa época inédita, dado que en él participaron por primera vez, la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, productivas, académicas, instituciones de investigación, grupos no gubernamentales, etcétera, demostrando así el interés de los habitantes de la región por preservar los recursos naturales.

En enero de 1996 Petróleos Mexicanos inició los trabajos para el establecimiento de dos pozos de exploración, mismos que el Instituto Nacional de Ecología le había autorizado, porque en ese entonces no se contaba todavía con el plan de manejo para esta área natural protegida.

Fue en 1996 que se conformó el Consejo Consultivo para la Defensa del Area Natural Protegida Laguna de Términos y en esta época también se registró un hecho inédito en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando miles de ciudadanos y niños, mujeres y hombres, desfilaron con banderas blancas para pedirle respeto a la Federación, para no perforar más pozos por parte de Petróleos Mexicanos, en esta área natural en mención.

Resulta preocupante para los diversos sectores de la población, que desde hace más de dos años, el Consejo Nacional Consultivo del Area Natural Protegida Laguna de Términos, no sesiona ni se reúne, ni reúne actualmente los requisitos que por normatividad deben de tener, lo cual ha permitido que la dependencia de la dirección de dictamen para los permisos otorgados a Petróleos Mexicanos, como es la Dirección de Estudios de Impacto Ambiental, haya tenido un resolutivo a favor de 13 pozos más en esta zona.

Por tal motivo estamos solicitando a la Federación y a través de la Dirección Nacional de las Areas Naturales Protegidas, así como la Dirección de Estudios de Impacto Ambiental, que tengan y guarden el respeto y que dejen de estar dando decisiones unilaterales y autoritarias en estas áreas tan importantes para diversos ecosistemas y más que nada para la ciudadanía que ahí habita.

Por tal motivo, solicitamos a esta Cámara de Diputados, en base a los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someter a consideración este

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la reactivación del Consejo Consultivo del Area de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos en el estado de Campeche, con la composición que la legislación vigente exige.

Segundo. Exhortar a la Dirección General de Impacto Ambiental ---termino, Presidenta--- Riesgo Ambiental, realice una revisión a la autorización otorgada a Petróleos Mexicanos, para desarrollar 13 pozos en la península Atasta, donde se pondere el respeto al plan de manejo y a la opinión del Consejo Consultivo del Area Natural Protegida Laguna de Términos y el respeto al decreto presidencial que crea el mismo.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

En virtud del tiempo, solicito se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisar el permiso otorgado a Pemex para explorar en la zona de manejo intensivo del área natural protegida Laguna de Términos; y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reactivar el Consejo Consultivo de ésta, a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

Con fecha 6 de junio de 1994, según decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de Federación, se creó el área natural protegida ``Laguna de Términos'', bajo la categoría de área de protección de flora y fauna, misma que tiene una extensión de más de 700 mil hectáreas, ubicada en el sur del estado de Campeche.

La región se encuentra en uno de los estados de la República Mexicana con menor alteración en el uso de suelo, como lo es Campeche, en el que solo el 38 por ciento de su superficie se encuentra modificado por algún tipo de actividad antrógenica.

Es necesario resaltar, que el plan de manejo de esta área natural protegida, constituyó un ejercicio de planificación que normaría el desarrollo de la misma y que tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales en beneficio de la sociedad, con el propósito de elevar su calidad de vida.

Según el texto del plan de manejo, publicado en marzo de 1997, este programa normaría las actividades cotidianas de la sociedad, por lo que en un ejercicio único en el país, este se desarrolló en un proceso de participación de todos los sectores de la población.

Y es que son los propios pobladores del área, quienes mejor conocen la problemática ambiental y las formas de resolverlas, por lo que a través de los denominados ``módulos temáticos'', en un proceso de más de 110 reuniones periódicas, que involucró a más de 46 organizaciones sociales, públicas y privadas, así como a organizaciones no gubernamentales y participaciones ciudadanas independientes, realizadas entre octubre de 1994 y enero de 1995.

Para la redacción del documento final, se creó un grupo multiinstitucional y posteriormente, la versión preliminar fue revisada y comentada por el Consejo Consultivo del Área Natural Protegida, por lo que una vez corregida, se presentó a todos los sectores involucrados en su elaboración.

Este antecedente, habla de la organización social que existe en la región de Laguna de Términos y de la preocupación, disponibilidad e interés de los habitantes de esta zona, en la protección de los recursos naturales con que se cuentan.

Es necesario recordar que, en enero de 1996, Petróleos Mexicanos inició los trabajos preparatorios para el establecimiento de los pozos Gabanudo I y Ribereño I, mismos que el entonces Instituto Nacional de Ecología había autorizado, amparados bajo el argumento de que no existía, al momento de la autorización, el plan de manejo del área natural protegida, lo que activo las protestas de los diferentes sectores de la población, constituyéndose en marzo de 1996 el ``Consejo Consultivo para la Defensa del Área Natural Protegida Laguna de Términos''.

Así fue como el primero de mayo de 1996, se registró una inédita forma de protesta en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando la población en general, contingentes de trabajadores, mujeres y niños, desfilaron por las principales calles de la isla, con banderas blancas, pronunciándose de esta manera, en contra de la expansión petrolera en el área natural.

A la fecha, se registran dos lamentables acontecimientos, que inquietan y preocupan a los diferentes sectores de la población, ya que los acuerdos y normas para la protección de los recursos naturales de la región, son violados y los instrumentos de participación y opinión de la sociedad organizada, se han dejado de utilizar.

Me refiero en particular, a las reuniones del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida Laguna de Términos, mismo que desde hace más de 2 años, no sesiona, ni tampoco reúne los requisitos que exigen la normatividad vigente, lo que ha permitido la autorización de un desarrollo de 13 pozos exploratorios por parte de Petróleos Mexicanos en la zona de la Península de Atasta, dentro del área natural.

Resulta lamentable que un zona en donde la participación ciudadana haya sido fundamental para la creación del área natural protegida y el plan de manejo de la misma, actualmente, tanto Petróleos Mexicanos como la Dirección General de Impacto Ambiental, se nieguen a desarrollar una intensa discusión sobre la autorización y los alcances del proyecto que fuera autorizado, como lo demuestra la nula respuesta de ambas dependencias al reclamo popular en ese sentido, representados a través del Congreso local de Campeche y las organizaciones no gubernamentales.

La autorización de este proyecto de desarrollo de 13 pozos exploratorios en la península de Atasta, se contrapone al Plan de Manejo del Área Natural Protegida Laguna de Términos, que en el Anexo II ``Criterios de uso por actividad de la zonificación del Área Natural Protegida Laguna de Términos'', en el apartado de actividad petrolera, en el numeral 3, con la excepción que hace al poliducto a Atasta-Ciudad Pemex, pone en aplicación de manera automática, por interpretación de la ley, los criterios 1 y 2 del mismos, que textualmente señala ``en general en todo esta zona quedará prohibida la expansión de la actividad petrolera en cualquiera de sus fases (prospección, exploración, conducción, reactivación, etcétera)''.

El numeral 2 expresa: ``no se permitirá la construcción de nuevos ductos, ni cualquier otros tipo de infraestructura petrolera''; mientras que en el numeral 5 dice: ``no se permitirá la rehabilitación de la infraestructura actualmente instalada (abandonada, taponada) con fines de reactivación para su exploración y/o aprovechamiento''.

No menos importantes, son los numerales 15 y 18, donde manifiestan que para las aprobaciones de proyectos de expansión de Pemex, se requerirán las opiniones del consejo consultivo, cual en esta ocasión no se realizaron, en una violación a las normas ambientales que nos rigen.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo a este honorable pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar a la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas, la reactivación del Consejo Consultivo del Área de Protección de Flora y Fauna ``Laguna de Términos'', en el estado de Campeche, con la composición que la legislación vigente exige.

Segundo: Exhortar a la Dirección General de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental, realice una revisión a la autorización otorgada a Petróleos Mexicanos, para el desarrollo de 13 pozos en la península de Atasta, donde se pondere el respeto al Plan de Manejo y a la opinión del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida ``Laguna de Términos'' y el respeto al decreto presidencial que crea el mismo, en sus artículos sexto y décimo tercero.

Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Dip. Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Dip. Enrique Escalante Arceo (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Fonz Sáenz.

Favor de integrar la propuesta completa en el Diario de los Debates y turnarla a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE HIDALGO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Edmundo Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Hidalgo y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus facultades tomen medidas correspondientes para la prevención y control e inicien una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental y promover el rescate de la Presa ``El Manantial'' del municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo.

El diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio: Con el permiso de la Presidencia.

Señora Presidenta, por razones de tiempo leeré lo más importante; le solicito se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros legisladores: Quien suscribe, Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar al titular del gobierno del estado de Hidalgo, a que tome las medidas correspondientes para la prevención y control de la contaminación de la Presa ``El Manantial'', como así a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que inicie una investigación y evalúe el impacto ambiental para así determinar las medidas a seguir para su rescate.

Consideraciones

La Presa ``El Manantial'' constituyó un espacio de recreo y esparcimiento para la población en el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo, hasta que hace varios años fue invadida por aguas negras provenientes de la Ciudad de Pachuca, provocando la muerte de flora y fauna de ese lugar como son la carpa de ``Israel'', ajolotes, rana de castilla, patos y diversas variedades de pájaros.

La destrucción producida no se limita al deterioro de nuestros recursos naturales, también afecta a miles de personas, pues la presa está rodeada de las comunidades de Tepojaco, El Chopo, Mogotes, y los fraccionamientos del Mío Cid y El Rey, además de las escuelas que se ubican pegadas al río por donde fluye el agua contaminada de la presa. Los daños ya ocasionados pueden ser irreversibles sino se actúa de inmediato.

Por lo anterior urge la intervención de la honorable Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros legisladores: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Artículo 1o. Que se exhorte al titular del gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de que en el ámbito de facultades tome las medidas correspondientes para la prevención y control de la contaminación de la presa El Manantial.

Artículo 2o. Que se haga un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus facultades inicie una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental, para así determinar las medidas a seguir de la presa El Manantial.

Por su atención y voto muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Hidalgo y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus facultades, apliquen las medidas correspondientes para la prevención y control, e inicien una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental y promover el rescate de la presa El Manantial, del municipio de Tizayuca, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, LAE Edmundo G. Valencia Monterrubio, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al titular del gobierno del estado de Hidalgo, a efecto de que, en el ámbito de sus facultades, tome las medidas correspondientes para la prevención y control de la presa el Manantial; así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades inicie una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental para así determinar las medidas a seguir para el rescate de la presa El Manantial.

Consideraciones

1.- El cuidado y protección de nuestro medio ambiente es una tarea importante, a la cual no siempre damos la atención debida, tenemos frente a nosotros la obligación de heredar a las futuras generaciones un país en donde se privilegie el desarrollo respetando siempre el equilibrio ecológico y para lograrlo es indispensable la convivencia armónica entre la naturaleza y el hombre.

2.- A mayor abundamiento, cabe destacar que el crecimiento de los asentamientos humanos trae consigo la obligación de dotar servicios públicos a la mayor cantidad de ciudadanos lo cual ha traído como consecuencia el abandono y en ocasiones hasta el sacrificio de nuestros recursos naturales.

3.- Como muestra de ello, está la presa el Manantial que constituyó un espacio de recreo y esparcimiento para la población del Municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo, hasta que, desde hace varios años fue invadida por aguas negras provenientes de la Ciudad de Pachuca, provocando la muerte de flora y fauna de este lugar como son: la carpa Israel, ajolotes, rana de castilla, patos y diversas variedades de pájaros.

No omito mencionar que el daño ocasionado no se limita al deterioro de nuestros recursos naturales, sino que también afecta a miles de personas pues la presa está rodeada de las comunidades Tepojaco, El chopo, Mogotes y los Fraccionamientos El Mío Cid y El Rey además de algunas escuelas que se ubican pegadas al río por donde fluye el agua contaminada de la presa, lo que nos indica que son miles de pobladores afectados, pues dependen directa e indirectamente como actividad económica de la presa, ya que se promueve la pesca deportiva considerada como atractivo turístico.

Por lo que no se puede perder de vista que los daños ya ocasionados pueden ser irreversibles si no se actúa de inmediato, derivado de lo anterior urge la intervención de la H. Cámara de Diputados para que se tomen las medidas que aquí se proponen y así se pueda salvar la presa el Manantial.

Atendiendo a lo que señala el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su Capítulo Undécimo Primero de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su artículo 118 fracción I en la que se faculta a este Órgano Desconcentrado a vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o cualquier otro deposito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto.

Asimismo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, faculta al estado de conformidad con las leyes locales en la materia a ``regular el aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas.

Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Que se Exhorte al titular del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de que en el ámbito de su facultades tome las medidas correspondientes para la prevención y control de la contaminación de la presa El Manantial en el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo.

Artículo Segundo.- Que se haga un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades inicie una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental para así determinar las medidas a seguir para el rescate de la presa El Manantial en el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo.

Dip. Edmundo G. Valencia Monterrubio (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa diputada Presidente.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien. Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición...

No habiendo oradores a favor o en contra, consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. .. La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutida. En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien. Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE TLAXCALA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Semernat y a la Comisión Nacional de Agua, a realizar los estudios necesarios para determinar el grado de contaminación en que se encuentran los ríos Zahuapan y Atoyac en el estado de Tlaxcala, con el fin de recuperar su afluente.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Siendo el agua un elemento indispensable para la vida y también para la vida humana, es verdaderamente una tragedia que no la cuidemos; que nos la estemos acabando, en unos casos por desperdiciarla y en otros por negligencia nuestra.

En el caso del río Zahuapan del estado de Tlaxcala, este afluente que en la época de la Colonia a su agua se le atribuyeron dones curativos. Zahuapan significa ``el que cura los granos''. Hoy, enfrenta niveles de contaminación alarmantes, donde este líquido ya representa un peligro para los habitantes de los municipios donde este río atraviesa.

Recientemente se supo que un niño del municipio de Lardizábal, por consumir el líquido de este río, falleció. La autopsia detectó la presencia de plomo y arsénico.

Dice nuestro compañero Alberto Jiménez Merino, en su obra ``Agua para el Desarrollo'', que las cuencas más contaminadas son las del Valle de México, Lerma, Alto Balsas, Pánuco y el tercio inferior del río Bravo. Los contaminantes comunes son los desechos fecales por las aguas negras, grasas y aceites, los sólidos disueltos y los detergentes.

Cerca de 45 por ciento del agua para consumo humano que se distribuye en el país, está contaminada con arsénico, hierro y manganeso, minerales que pueden provocar enfermedades como cáncer en la piel.

Análisis recientes, realizados por la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, han señalado que en la zona suroeste de Tlaxcala, se ha observado niveles muy altos de contaminación del agua del río Zahuapan.

Se detectaron elementos tóxicos que pueden ser detonantes de enfermedades cancerígenas, como la leucemia, el cáncer de mama, así como malformaciones congénitas.

Efectivamente como lo señala nuestro compañero diputado, el estado de Tlaxcala se ubica en la cuenca del alto Balsas y es de las más contaminadas. El río Zahuapan, que tiene sus orígenes en los manantiales que brotan del volcán Matlalchueyetl, es aquí donde nace el poderoso río Balsas.

En este pequeño riachuelo que va creciendo, juntando pequeños cauces, se va formando un paso de agua capaz de ir esculpiendo la pendiente del volcán, siguiendo su ruta hacia la sierra de Tlaxco, donde el riachuelo deja de serlo en algún punto para convertirse en el río Zahuapan, donde sus aguas dan forma a la laguna de Atlangatepec, el mismo río en su cauce da forma a una de las cascadas más bellas de México: las de Atlihuetzía, ubicadas en la población del mismo nombre.

Más adelante, cruza los municipios de Tlaxcala y Panotla, para unirse con el río Atoyac en las inmediaciones de los municipios de Zacatelco, Papalotla y Nativitas.

Esta cuenca, llamada también de Atoyac Zahuapan, es considerada como la más contaminada del país.

Concluyo, señora Presidenta.

La proposición con punto de acuerdo es que se exhorte a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua, para que a la brevedad realicen los estudios y análisis necesarios para conocer el estado actual y el nivel de contaminación en que se encuentra el río Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala, incluyendo las alternativas de solución y los costos presupuestales para lo que representa.

Que del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, del Programa de Apoyo a Entidades Federativas (PAFEF), por lo menos se etiquete el 10 por ciento de los recursos destinados a Tlaxcala de este programa, para los trabajos iniciales de descontaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac.

Con fundamento en el artículo 59 de nuestro Reglamento, ruego a usted, señora Presidenta, consulte a esta soberanía si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente y obvia resolución, así como que este punto sea publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua a realizar los estudios necesarios para determinar el grado de contaminación en que se encuentran los ríos Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala, con el fin de recuperar su afluente, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Siendo el agua un elemento indispensable para la vida y también para la vida humana, es verdaderamente una tragedia que no la cuidemos, que nos la estemos acabando. En unos casos por desperdiciarla y en otros por negligencia nuestra. Es el caso del río Zahuapan. Este afluente que en la época de la Colonia, a su agua se le atribuyeron dones curativos (Zahuapan significa el que cura los granos), hoy enfrenta niveles de contaminación alarmantes, donde este líquido ya representa un peligro para los habitantes de los municipios donde este río atraviesa (Atlangatepec, Tecupilco, Apizaco, Tlaxcala, Panotla, Zacatelco, Papalotla Nativitas, Lardizábal, entre otros). Recientemente se supo que un niño del municipio de Lardizábal que por consumir el liquido de este río falleció.

La autopsia detectó la presencia de plomo y arsénico. `` Dice nuestro compañero diputado Alberto Jiménez Merino en su obra Agua para el Desarrollo que ``Las cuencas más contaminadas son las del Valle de México, Lerma, Altos Balsas, Pánuco y el tercio inferior del río Bravo. Los contaminantes comunes son los desechos fecales por las aguas negras, grasas y aceites, los sólidos disueltos y los detergentes... Cerca de 45% del agua para consumo humano que se distribuye en el país, esta contaminada con arsénico, hierro y manganeso, minerales que pueden provocar enfermedades como cáncer en la piel''. (Hasta aquí la cita).

Análisis recientes realizados por la Comisión Nacional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios han señalado que en la zona suroeste de Tlaxcala se ha observado niveles muy altos de contaminación del agua del río Zahuapan.

Se detectaron elementos tóxicos que pueden ser detonantes de enfermedades cancerígenas como la leucemia, el cáncer de mama, así como malformaciones congénitas.

Efectivamente ---como lo señala nuestro compañero diputado--- el estado de Tlaxcala se ubica en la cuenca del Alto Balsas y es de las más contaminadas.

El río Zahuapan que tiene sus orígenes en los manantiales que brotan del volcán Matlalcueyetl (Malinche), es aquí donde nace el poderoso río Balsas; en este pequeño riachuelo que va creciendo juntando pequeños cauces, se va formando un paso de agua capaz de ir esculpiendo la pendiente del volcán, siguiendo su ruta hasta la sierra de Tlaxco, donde el riachuelo dejar de serlo en algún punto para convertirse en el río Zahuapan donde sus aguas dan forma a la laguna de Atlangatepec. El mismo río en su cauce da forma a una de las cascadas más bellas de México, las de Atlihuetzía, ubicadas en el pueblo del mismo nombre.

Ya desde antes el río enfrenta la amenaza de la contaminación, sobre todo por los desechos domésticos e industriales, donde casi se logra su muerte anticipada. Más adelante atraviesa los municipios de Tlaxcala y Panotla, para unirse con el río Atoyac en las inmediaciones de los municipios de Zacatelco, Papalotla y Nativitas.

Esta cuenca llamada también de Atoyac-Zahuapan, es considerada como la más contaminada del país. Estas aguas ni siquiera pueden ser utilizadas como de riego y son un factor de peligro para la salud.

Pero sigue su recorrido y juntos el Zahuapan y el Atoyac cruzan Puebla y reclutando nuevas aguas dan origen a la presa de Valsequillo. Continua su camino y en Oaxaca recibe las aguas del río Mezcala, se unen otras como las del río Amacuzac, para después convertirse en el poderoso Balsas que nace en el estado de Tlaxcala, recorriendo mas del 680 Km, para desembocar en las aguas del Océano Pacífico.

Hoy el río Zahuapan, lleno de mitos y leyendas, esta herido de muerte. Hoy ya no solo no da agua para los habitantes de la región o sus tierras de labor, sino que la paradoja es tal que ahora lo que daba vida, hoy pone en riesgo la salud de la población. Río con aguas muertas es apenas desagüe.

Por lo anterior, como diputada federal y consciente de la necesidad de recuperar este afluente, que pueda en el mediano plazo convertirse nuevamente en un río como fuente de vida y donde la población pueda servirse de este vital líquido, es que vengo ante esta soberanía, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a solicitarle la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

1. Se exhorte a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua para que, a la brevedad realicen los estudios y análisis necesarios para conocer el estado actual y el nivel de contaminación en que se encuentra el río Zahuapan y Atoyac en el estado de Tlaxcala, incluyendo las alternativas de solución y los costos ( presupuesto) que ello representa.

2. Que del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, del Programa de Apoyo a Entidades Federativas (PAFEF), por lo menos se etiquete el 10% de los recursos destinados a Tlaxcala de este programa, para destinarlos a los trabajos iniciales de descontaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de noviembre del 2004.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien. De acuerdo a su solicitud, favor de que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución.

En virtud de que no ha llegado a esta Presidencia ninguna proposición para hablar a favor o en contra, consulte la Secretaría en un solo acto, si se encuentra suficientemente discutida y si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, señora Secretaria.

Aprobada la propuesta. Comuníquese.

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TARIFAS ELECTRICAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una tarifa 1-G referida al cobro de la energía eléctrica de uso residencial.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su permiso, diputada Presidenta.

El suscrito, Norberto Corella Torres, y también mi compañero Hidalgo Contreras Covarrubias, ambos del Partido Acción Nacional y diputados por el estado de Baja California, presentamos ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se establezca una tarifa 1-G para el cobro de las tarifas eléctricas en aquellas ciudades donde la temperatura promedio mensual en verano es de 35 grados centígrados, como mínimo, basado en las siguientes consideraciones.

Primera consideración. La ciudad de Mexicali tiene las temperaturas más altas del país. De hecho, para ilustrar esto la Comisión Nacional del Agua, durante los 10 últimos años, es decir, de 1994 al año 2003, registra que el promedio de temperatura entre los meses de abril a octubre, que son los más calurosos del año, la temperatura fue de 43.8 grados centígrados, llegando a alcanzar registros arriba de los 45 grados centígrados.

Una segunda consideración es que las actividades diarias en un medio ambiente donde la temperatura se convierte en un factor hostil, se dificulta principalmente al generar problemas de salud, donde los más frecuentes causados por las altas temperaturas son la deshidratación, la insolación y lo que se llama el golpe de calor, que inclusive provoca la muerte.

También una consideración es que, de acuerdo a estudios de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali las familias con menores ingresos, es decir, los que obtienen el salario mínimo mensual, destinan hasta el 53 por ciento de su ingreso familiar para cubrir el costo de la energía eléctrica durante el mes de agosto, que es cuando llegan las facturaciones más altas.

Por las consideraciones anteriores presento los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones aplicables de la Administración Pública Federal, de planeación y del servicio público de energía eléctrica, establezca la tarifa 1-G para el suministro y venta de energía eléctrica en localidades con temperatura promedio mensual en verano de 35 grados centígrados como mínimo.

Segundo. Que el límite de consumo promedio mensual para determinar a los usuarios considerados como de alto consumo sea de 2 mil 300 kilowatts-hora.

Tercero. La tarifa aplicable para los meses de verano se integrará con rangos que se presentan en esta proposición con punto de acuerdo, diputada Presidenta, que por cuestiones de tiempo solicito que sea transcrita íntegramente en el Diario de los Debates. Sin embargo, estoy presentando una síntesis de la misma.

Es todo, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una tarifa 1-G, referida al cobro de la energía eléctrica de uso residencial, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, Norberto Enrique Corella Torres e Hidalgo Contreras Covarrubias, presentamos ante esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se establezca una tarifa 1-G para el cobro de las tarifas de energía eléctrica en las ciudades donde la temperatura promedio mensual en verano sea de 35 grados centígrados como mínimo, basado en las siguientes

Consideraciones

En abril del presente año, presenté un punto de acuerdo a efecto de que el Poder Ejecutivo destinara un subsidio de 270 millones de pesos para el pago de las tarifas eléctricas domésticas en la ciudad de Mexicali, Baja California. Esta solicitud, aunque de distintas maneras, ha sido presentada a lo largo de varias décadas debido a las condiciones ambientales que prevalecen en la capital de nuestro estado.

En efecto, la ciudad de Mexicali registra una de las temperaturas ambientales durante los meses de verano más altas no sólo del país, sino del mundo entero. Para ilustrar lo anterior, debo señalar que según la información de la Comisión Nacional del Agua, durante los últimos diez años, es decir de 1994 al 2003, el promedio de temperatura entre los meses de abril a octubre --los más calurosos del año-- fue de 43.8º C. Las condiciones ambientales que producen una temperatura tan elevada, están relacionadas con factores físicos que no dependen de la actividad humana, como son la latitud, la altitud, la topografía, la distancia a cuerpos de agua y las corrientes marítimas cercanas al lugar. Además, es necesario reconocer que algunos procesos de urbanización, como son el uso de concreto y el ancho de las calles entre los conjuntos de casas y edificios también contribuyen a mantener estos altos niveles de calor.

Como es conocido, las actividades diarias en un medio ambiente donde la temperatura se convierte en un factor hostil se dificulta, principalmente al generar problemas de salud, donde los más frecuentes causados por las altas temperaturas son la deshidratación, la insolación y el golpe de calor. Para evitar estos inconvenientes, la única forma de generar espacios adecuados para el desarrollo de la vida diaria es a través de los diversos métodos de enfriamiento que existen actualmente, como son el uso de ventiladores o de los diversos tipos de mecanismos de aire acondicionado. No obstante, al tener que hacer un uso intensivo de este tipo de mecanismos, el consumo de energía eléctrica de los hogares se eleva de forma exponencial, y de forma paralela, se eleva el gasto que las familias deben destinar a cubrir estas tarifas como proporción de su ingreso mensual.

De acuerdo con datos obtenidos mediante un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, las familias con menores ingresos --que obtienen hasta un salario mínimo mensual-- destinan hasta un 53% en promedio de su gasto durante el mes de agosto para cubrir las tarifas de energía eléctrica. Si a este dato se añade la información de que durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre el promedio de gasto para estas familias es de 40%, se puede apreciar en toda su magnitud la enorme carga financiera que implica para aquellos que menos tienen.

Estamos conscientes de que en la medida en que las tarifas de los bienes y servicios públicos se aplican de forma diferenciada, aumenta la dificultad para las empresas públicas de aplicar sistemas de cobro eficientes y que les permitan trabajar con finanzas equilibradas. Sin embargo, dada la magnitud de la situación que se presenta en la ciudad de Mexicali, y basados en los principios de solidaridad y subsidiariedad en los que el Partido Acción Nacional basa sus acciones de gobierno consideramos que este esfuerzo fiscal que representaría para la Comisión Federal de Electricidad se encuentra plenamente justificado.

Además, esta propuesta se estructura de la misma forma que las tarifas actuales, por lo que otorga un subsidio diferenciado y enfocado precisamente en aquellos hogares con menores ingresos, en este caso identificados a través del consumo de energía eléctrica.

Las características de la tarifa aplicable a los meses de verano que se propone son las siguientes:

a) Se aplicará en localidades donde la temperatura promedio mensual en verano sea de 35 grados centígrados como mínimo;

b) Tendrá un límite de alto consumo mensual de 2,300 kw/h, lo que significa que los hogares que consuman en promedio mensualmente hasta esa cantidad estarán incluidos en la tarifa 1-G que se propone; y

c) Las tarifas serían diferenciadas para los primeros 300 kw/h de $ 0.20, de 300 a 1,200 kw/h de $ 0.37, y de 1,200 a 2,300 kw/h de $0.48;

Por lo expuesto, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones aplicables de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Planeación y del Servicio Público de Energía Eléctrica, establezca la tarifa 1-G por el suministro y venta de energía eléctrica en localidades con temperatura promedio mensual en verano de 35 grados centígrados como mínimo.

Segundo. El límite del consumo promedio mensual para determinar a los usuarios considerados como de alto consumo será de 2,300 kw/h.

Tercero. La tarifa aplicable para los meses de verano se integrará por tres rangos de la siguiente forma:

Cuarto. La tarifa aplicable para los meses fuera de verano se integrará de la misma forma que la tarifa 1-F en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.--- Diputados: Norberto Corella Torres (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Corella Torres.

Con mucho gusto solicito se integre el texto total en el Diario de los Debates y Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el compañero diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que valore la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, tendientes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Desde 1995 la Biblioteca Pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara. Funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el Museo Regional de Jalisco, fecha en la que fue trasladada a las instalaciones de la Casa de Cultura del estado de Jalisco.

A raíz de los sismos de 2003, el edificio que albergaba la biblioteca sufrió daños tales que obligaron a trasladar, de manera provisional, su acervo a un edificio que no cuenta con las normas adecuadas para la preservación y crecimiento de este valioso bien cultural.

Por ello, en este momento la Biblioteca Pública del estado de Jalisco carece de una sede a la altura de sus contenidos y de su responsabilidad. En este sentido, la Universidad de Guadalajara se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio a la biblioteca pública del estado en el Centro Cultural Universitario.

El proyecto de la nueva Biblioteca Pública del estado se propone la modernización de la gestión administrativa, la atención a acervos históricos y el desarrollo de colecciones modernas, impresas y electrónicas, así como la actualización e implementación de servicios en un moderno concepto de edificio, hasta convertirse en el más moderno centro de información del occidente del país.

Hay que decir además que en la pasada sesión ordinaria de la Comisión de Cultura se acordó por unanimidad por diputados de los partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, la presentación de esta proposición con punto de acuerdo. Igualmente hay que destacar que todos los diputados del estado de Jalisco, tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción Nacional, nos sumamos y apoyamos la presentación de esta proposición.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Asamblea, analicen y valoren la asignación de recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, por un monto de 197 millones de pesos para la construcción de la nueva Biblioteca Pública del estado de Jalisco que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Segundo. Se solicita a esta honorable Cámara, que esta proposición con punto de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.

Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente proposición con punto de acuerdo, en el Diario de los Debates.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que valore la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 tendientes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que valore la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 tendientes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.- Desde 1925 la biblioteca pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara. Funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el museo Regional de Jalisco, fecha en la que fue trasladada a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Jalisco.

Además de su acervo general, que con 20 mil volúmenes está orientado a atender a estudiantes de educación media superior y superior, cuenta con una sección de fondos especiales constituido en su mayoría -más de 150 mil volúmenes- por materiales antiguos del siglo XVI a la fecha. Los fondos especiales resguardan 300 años de la historia del noreste y noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos. Ahí se resguardan más de 37 mil documentos del archivo de la Real audiencia de Guadalajara entre los que destacan 15 volúmenes incunables.

II.- A raíz de los sismos del 2003, el edificio que albergaba a la biblioteca sufrió daños tales que obligaron a trasladar su acervo de manera provisional a un edificio que no cuenta con las normas adecuadas para la preservación y crecimiento de este valioso bien cultural. Por lo que es preciso señalar que en este momento, la Biblioteca Pública de Jalisco carece de una sede a la altura de sus contenidos.

III.- Los estándares internacionales muestran que las instituciones de educación superior deben tener entre 12 y 15 volúmenes por alumno. La cantidad de libros por alumno en la Universidad de Guadalajara está muy por debajo de esa cifra y aunque se cuentan con bibliotecas que otorgan un servicio eficiente y digno, no se está satisfecho con el desempeño en ese campo.

IV.- Por ello la Universidad de Guadalajara se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio la biblioteca pública del estado de Jalisco en el Centro Cultural Universitario. Esta nueva biblioteca será la institución de servicios bibliotecarios y de información de carácter público más importante del occidente de México con un acervo general y documental histórico que responda a las necesidades actuales de los usuarios y que ofrezca de manera permanente una oferta amplia y variada en calidad y cantidad de servicios y programas de interés para la comunidad que propicie el desarrollo integral de todos los grupos socioeconómicos en Jalisco.

El proyecto está a cargo de la Universidad de Guadalajara y tiene el propósito de ampliar y modernizar los servicios de consulta, así como la conservación y rescate del acervo, por medio de modernos sistemas de organización, sistematización y equipamiento bibliotecario.

V.- El proyecto de la nueva biblioteca pública del estado se propone la modernización de la gestión administrativa, la atención a acervos históricos y el desarrollo de colecciones modernas impresas y electrónicas, así como la actualización e implementación de servicios en un moderno concepto de edificio, hasta convertirse en el más moderno centro de información del occidente del país. Las actividades de planeación y promoción bibliotecaria se han concertado con instituciones nacionales e internacionales de altísima calidad y prestigio para lograr un programa que colocará a la Biblioteca pública del Estado en la competencia internacional. El costo total del proyecto es de 347 millones, de los cuales, la Universidad de Guadalajara aporta 50 millones y el terreno, por lo que se solicita el apoyo del gobierno federal.

Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primera.- Se exhorta a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea analice y valore la asignación recursos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005, por un monto de 197 millones de pesos para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Segundo.- Se solicita a esta honorable Cámara a que esta proposición con punto de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de octubre de 2004.--- Diputados: José Antonio Cabello Gil, Filemón Primitivo Arcos Suárez, Moisés Jiménez Sánchez, José Antonio Cabello Gil, Bernardo Loera Carrillo, María Elba Garfias Maldonado, Germán Martínez Cázares, Paulo José Luis Tapia Palacios, Martha Lucía Mícher Camarena, Lilia Isabel Aragón del Rivero, Gustavo Moreno Ramos, José Guillermo Arecha Santamaría, Inti Muñoz Santini, Rafael Candelas Salinas, Alfonso Juventino Nava Díaz, Marbella Casanova Calam, Jesús María Ramón Valdez, Florencio Collazo Gómez, Laura Reyes Retana Ramos, María Viola Corella Manzanilla, Carla Rochín Nieto, Norberto Enrique Corella Torres, Evelia Sandoval Urbán, Abel Echeverría Pineda, Bernardo Vega Carlos, Blanca Eppen Canales, Pablo Antonio Villanueva Ramírez, Rafael Flores Mendoza, Patricia Flores Fuentes, Pablo Franco Hernández, Ramón González González, Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, María del Carmen Mendoza Flores, Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Francisco Javier Bravo Carvajal, José Manuel Carrillo Rubio, Sergio Armando Chávez Dávalos, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, David Hernández Pérez, J. Jesús Lomelí Rosas, Roberto Antonio Marrufo Torres, Gonzalo Moreno Arévalos, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Hugo Rodríguez Díaz, Lorena Torres Ramos, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, José Luis Treviño Rodríguez, M. Esther de Jesús Scherman Leaño, Marisol Urrea Camarena, Quintín Vázquez García, Sergio Vázquez García, Rafael Sánchez Pérez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Cabello Gil y de acuerdo a su solicitud insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la propuesta.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, se considera de urgente resolución.

En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado ningún registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada. Comuníquese.

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VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el compañero diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo respecto al voto de los mexicanos en el extranjero.

El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Muchas gracias; con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Es importante que ustedes puedan aprobar este punto de acuerdo en donde se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos, para que con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 38, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, agilice la elaboración de un dictamen con base en las iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados relativas al prioritario tema del voto de los mexicanos en el extranjero, dictamen que respete plenamente los derechos políticos de nuestros compatriotas.

El carácter urgente de la emisión de ese dictamen está determinado por los tiempos que establece la Constitución Política y el Cofipe para que nuestros compatriotas puedan ejercer los derechos políticos en las elecciones federales de julio de 2006. Este es el punto de acuerdo que someto a su amable consideración para que sea votado como de urgente y obvia resolución.

Ustedes saben y conocen que cada día es más creciente el número de mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, que han formado ya o forman una comunidad importante que son ahora en este momento el segundo ingreso de recursos a nuestro país. Eso se ha convertido casi en el orden de los 14 mil millones de dólares al año.

Justo es que esta Cámara pueda hacer ese espacio, ese planteamiento de justicia social y política para los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Entiendo que esto está procesándose ya en la comisión correspondiente, solamente lo que pretendemos es sumar este esfuerzo del pleno para que la propia comisión o las comisiones a las que corresponda puedan presentarlo, ya como un planteamiento acabado y procesarlo ante el Instituto Federal Electoral.

Nos parece que eso será muy importante, un avance que se le dé a hacerle justicia a este grupo de mexicanos para que pueda tener las mejores facilidades para promover y participar su definición política en los eventos que en nuestro país se están desarrollando de manera permanente.

Por su amable consideración, muchas gracias.

Le solicito a la Presidencia pueda tener presente este documento, publicarlo íntegramente. Ya hay ejercicios de voto digital, de voto electrónico, que puede perfectamente agilizar y resolver ese problema.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos diputados federales integrantes de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes consideraciones:

1. En las últimas décadas se ha producido en nuestro país un fenómeno migratorio de tal magnitud que hoy bien puede decirse que existe ya una comunidad mexicana fuera de las fronteras nacionales, firmemente unida a los anhelos y aspiraciones del pueblo mexicano, que se esfuerza por contribuir a la construcción de un México nuevo y reclama un tratamiento igualitario en el seno de las instituciones republicanas vigentes en la nación.

2. Esa comunidad está constituida básicamente por trabajadores que ven atropellados sus derechos sociales, laborales y humanos en Estados Unidos; forman la parte más amplia y combativa de la minoría de origen latino en ese país; desarrollan acciones de reivindicación de sus libertades y exigen un acuerdo migratorio que termine con el racismo, la discriminación y las formas más inicuas de explotación.

3. Sin embargo, los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en otros países no sólo carecen de los derechos sociales, laborales y humanos que les corresponden según la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también están impedidos de ejercer las prerrogativas que, como ciudadanos de nuestro país, les otorga la Constitución Política en su artículo 36: ``votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos de nuestro país''.

4. Desde el año de 1996, después de numerosas acciones --foros, visitas colectivas a México, reclamos por muchos medios-- el Poder Legislativo eliminó el localismo electoral de exigir que el ejercicio del voto pudiera realizarse solamente ``en el distrito electoral que le corresponde'' al votante (artículo 37), pero no creó las condiciones para que los mexicanos en el extranjero tuvieran condiciones para participar en elecciones, ni siquiera en el restringido ámbito de la votación por Presidente de la República.

5. Hoy ya es inexcusable que esa situación se mantenga. Hay en la Cámara de Diputados más de 14 iniciativas que, de una manera u otra, plantean las formas en que el Estado mexicano --como ya lo hacen más de setenta naciones-- reglamente el derecho al voto de, por lo menos, 13 millones de migrantes mexicanos. No se trata de otorgar un derecho; éste lo tienen los mexicanos en el extranjero como los mexicanos que residen dentro de nuestras fronteras, sino de establecer las formas en que será ejercido.

6. Es decir, en fin de cuentas, de lo que se trata es de que esta Cámara exija a las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales dictaminen de manera inmediata y urgente sobre las iniciativas de ley que han sido presentadas durante los últimos diez años, y que lo hagan sobre la base de garantizar los derechos políticos plenos de nuestros compatriotas. No debe aceptarse que sólo quienes tengan o puedan adquirir credencial de elector emitida en México sean los únicos que puedan votar; el dictamen debe contener las formas de credencialización en Estados Unidos, para que todo mexicano migrante que lo desee pueda sufragar. Es negativo que se coarten los derechos de los mexicanos en el extranjero, limitándolos a votar sólo por Presidente de la República; su derecho a tener representación en las Cámaras de Diputados y Senadores debe ser respetado; para ello la forma más adecuada para que los migrantes emitan su sufragio es la creación de una sexta circunscripción electoral. Consideramos que debe establecerse la votación en casillas especiales.

7. Está presente en esta sesión un grupo de delegados de organizaciones sociales, laborales y políticas de mexicanos en el extranjero. Esos delegados constituyen una forma por ellos decidida para actuar conjuntamente, que denominan Migrantour 11 --ya hace dos años formaron el Migrantour I--. Los hemos recibido en las organizaciones obreras que hoy comparten los anhelos de nuestros compatriotas por un México nuevo, justo y democrático. El Comité Ejecutivo del STUNAM ha hecho pública sus solidaridad con la causa que ellos abanderan y reclaman: emitir, ya ahora, por esta Cámara el dictamen sobre el voto a los mexicanos en el extranjero. Esos compatriotas forman ya la quinta parte de la ciudadanía mexicana; ningún gobierno, ningún Congreso, podrán presumir de una legítima representación del pueblo, si a esa quinta parte de la ciudadanía se le niegan las condiciones para ejercer su derecho constitucional.

Por lo antes expuesto, sometemos a este Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a que, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 38, inciso C, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, agilice la elaboración de un dictamen con base en las iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados relativas al prioritario tema del voto de los mexicanos en el extranjero, dictamen que respete plenamente los derechos políticos de nuestros compatriotas. El carácter urgente de la emisión de ese dictamen está determinado por los tiempos que establecen la Constitución Política y el Cofipe para que nuestros compatriotas puedan ejercer sus derechos políticos en las elecciones federales de julio de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Rodríguez Fuentes.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución.

En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado ninguna solicitud de oradores, se considera que está suficientemente discutida y por lo tanto consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada. Comuníquese.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en ejercicio de sus facultades garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se destinen recursos suficientes para costear el análisis, proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total del acceso a Puente de Ixtla, Morelos.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señora Presidenta.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la instancia del Gobierno Federal responsable de construir las vías carreteras federales que permitan dar modernidad, seguridad y confianza a los usuarios del país, siendo necesaria una constante vigilancia, construcción y ampliación de accesos, puentes y acotamientos que den la conservación de la estructura básica carretera a las exigencias de la población.

Desde la construcción de la primera autopista México-Acapulco, en la década de los años cincuenta, el municipio de Puente de Ixtla en el estado de Morelos resultó afectado al no ser construido desde esa época un acceso normal que permitiera a la población del municipio entrar y salir de la autopista con seguridad y la facilidad elemental requerida en este tipo de vías de alta velocidad.

Durante 54 años los vehículos de transporte público y privado que arriban al municipio, se ven obligados a orillarse en el acotamiento para esperar demasiado tiempo en atravesar los dos carriles de diferente sentido y con una carga vehicular intensa que hace imposible entrar al municipio.

El municipio de Puente de Ixtla es uno de los 8 más importantes de un total de 33 municipios que tiene la entidad federativa y durante la última década ha presentado un crecimiento demográfico con una población activa de más de 100 mil habitantes y un desarrollo económico importante, lo que ha originado una mayor dinámica en el uso de carreteras y caminos. En consecuencia, el riesgo de accidentes en el improvisado acceso a la autopista es realmente una amenaza constante.

Desde el inicio de la diputación federal que represento en la LIX Legislatura, he solicitado en las instancias federales el apoyo para lograr, después de 54 años, que la población de Puente de Ixtla, Morelos, tenga la construcción de un acceso a la autopista mencionada en el tramo conocido por Capufe como el camino directo a Puente de Ixtla-Iguala y el acceso se realizará en la altura del kilómetro 3+400 metros.

De ser autorizado el recurso federal por esta Cámara de Diputados, permitirá garantizar la seguridad de muchas personas y modernizar las comunicaciones terrestres de nuestra nación.

``El monto estimado de la construcción del acceso al municipio de Puente de Ixtla, estado de Morelos, kilómetro 3+400 metros del camino directo Puente de Ixtla-Iguala, es por la cantidad aproximada de 10.5 millones de pesos, el cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se incluya esta partida presupuestal, por lo que someto a esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se turne a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen recursos estimados en 10.5 millones de pesos, para construir el acceso a Puente de Ixtla, estado de Morelos, en el kilómetro 3+400 metros del camino a Puente de Ixtla-Iguala, que permita costear el análisis,...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se le agotó el tiempo, diputada, por favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Concluyo, señor Presidente.

...Proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total de la obra''.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se destinen recursos suficientes para costear el análisis, proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total del acceso a Puente de Ixtla, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la instancia del Gobierno Federal responsable de construir las vías carreteras federales que permitan dar modernidad, seguridad y confianza a los usuarios del país, siendo necesaria una constante vigilancia, construcción y ampliación de accesos, puentes y acotamientos que den la conservación de la estructura básica carretera a las exigencias de la población.

Desde la construcción de la primera autopista México-Acapulco, en la década de los años cincuenta, el municipio de Puente de Ixtla, en el estado de Morelos, resultó afectado al no ser construido desde esa época un acceso normal, que permitiera a la población del municipio entrar y salir de la autopista con seguridad y la facilidad elemental requerida en este tipo de vías de alta velocidad. Durante 54 años los vehículos de transporte público y privado que arriban al municipio se ven obligados a orillarse en el acotamiento para esperar demasiado tiempo en atravesar los dos carriles de diferente sentido y con una carga vehicular intensa que hace imposible entrar al municipio.

El municipio de Puente de Ixtla, es uno de los ocho más importantes de un total de 33 municipios que tiene la entidad federativa, y durante la última década, ha presentado un crecimiento demográfico con una población activa de más de 100 mil habitantes y un desarrollo económico importante lo que ha originado una mayor dinámica en el uso de carreteras y caminos, en consecuencia el riesgo de accidentes en el improvisado acceso a la autopista es realmente una amenaza constante.

Desde el inicio de la diputación federal que represento en la LIX Legislatura, he solicitado en las instancias federales el apoyo para lograr después de 54 años, que la población de Puente de Ixtla, Morelos, tenga la construcción de un acceso a la autopista mencionada, en el tramo conocido por Capufe, como el Camino Directo a Puente de Ixtla-Iguala, y el acceso se realizaría a la altura del kilómetro 3 + 400 metros. De ser autorizado el recurso federal por esta Cámara de Diputados permitirá garantizar la seguridad de muchas personas y modernizar las comunicaciones terrestres de nuestra nación.

El monto estimado de la construcción del acceso al municipio de Puente de Ixtla, estado de Morelos, kilómetro 3 + 400 metros del Camino Directo a Puente de Ixtla-Iguala; es por la cantidad aproximada de 10.5 millones de pesos el cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se incluya esta partida presupuestal, por lo que someto a esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen recursos estimados en 10.5 millones de pesos para construir el acceso a Puente de Ixtla, estado de Morelos, en el kilómetro 3 + 400 metros del Camino a Puente de Ixtla-Iguala, que permita costear el análisis, proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total de la obra.

Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE PUEBLA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la señora diputada doña María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial para vigilar el próximo proceso electoral del 15 de noviembre en el estado de Puebla.

La señorita diputada María Angélica Ramírez Luna. Adelante diputada.

La diputada María Angélica Ramírez Luna: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

El 14 de noviembre del año en curso, en el estado de Puebla se llevarán a cabo las elecciones constitucionales para renovar a los 41 diputados que conformarán la legislatura local, las 217 presidencias municipales y la gobernatura del Estado.

Los pasados comicios electorales celebrados en Oaxaca y Veracruz, evidenciaron que la contienda político-electoral es cada vez más competitiva y plural, que los resultados electorales son cada vez más cerrados entre las distintas fuerzas e instituciones políticas y que no hay elecciones fáciles. Sin embargo, evidenciaron también la necesidad de fortalecer y coadyuvar con nuestro marco normativo institucional, a fin de garantizar que las contiendas electorales sean cada vez más correctas y transparentes, a tal grado que una contienda electoral con resultados cerrados no se preste a irregularidades o, en su caso, a suspicacias que pongan en duda el triunfo de determinado partido político.

Sabemos bien que las elecciones se ganan o se pierden por un solo voto. El principio de mayoría es precisamente uno de los principios básicos de la democracia electoral. En este sentido, quienes tenemos el deber de representar a la ciudadanía en esta honorable Asamblea, tenemos también la responsabilidad de coadyuvar para que los principios de pluralidad, equidad y transparencia en los comicios sean efectivos en cada una de las distintas entidades federativas.

Garantizar la equidad y la transparencia electoral significa darle certeza al electorado de que ninguna autoridad, sea ésta federal, estatal o municipal, intervendrá a favor de un partido político, con apoyos económicos, simbólicos y materiales. Equidad y transparencia significa ofrecer garantías para que los comicios se desarrollen con estricto apego a la legalidad y al correcto desarrollo de elecciones justas, en donde el voto cuente y se cuente, en donde la incertidumbre del triunfo electoral, se subordina a la institucionalidad del proceso.

En este orden de ideas y en atención a la importancia que merece el proceso electoral en el estado de Puebla, y en atención también a que no queremos que se repitan los mismos escenarios y conflictos que terminaron por romper la credibilidad de las elecciones en el estado de Oaxaca y Veracruz, me permito solicitar a esta honorable soberanía, apruebe la conformación de una comisión especial que vigile el proceso electoral del 14 de noviembre en el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Que esta honorable soberanía acuerde la constitución de una comisión especial para vigilar el próximo proceso electoral del 14 de noviembre en el estado de Puebla, en el que se renovarán las 200 presidencias municipales, el poder legislativo y la gubernatura del estado.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial para vigilar el proceso electoral del 14 de noviembre en el estado de Puebla, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El 14 de noviembre del año en curso, en el estado de Puebla se llevarán a cabo las elecciones constitucionales para renovar a los 41 diputados que conforman la Legislatura local; las 217 presidencias municipales y la gubernatura del estado.

Los pasados comicios electorales celebrados en Oaxaca y Veracruz evidenciaron que la competencia político-electoral es cada vez más competitiva y plural; que los resultados electorales son cada vez más cerrados entre las distintas fuerzas e instituciones políticas y que no hay elecciones fáciles, sin embargo, evidenciaron también la necesidad de fortalecer y coadyuvar con nuestro marco normativo e institucional a fin de garantizar que las contiendas electorales sean cada vez más correctas y transparentes al tal grado que una contienda electoral con resultados cerrados, no se preste a irregularidades, o en su caso, a suspicacias que pongan en duda el triunfo de determinado partido político.

Sabemos bien que las elecciones se ganan o se pierden por un sólo voto. El principio de la mayoría, es precisamente uno de los principios básicos de la democracia electoral. En este sentido, quienes tenemos el deber de representar a la ciudadanía en esta honorable asamblea, tenemos también la responsabilidad de coadyuvar para que los principios de pluralidad, equidad y transparencia en los comicios electorales, sean efectivos en cada una de las distintas entidades federativas de nuestro país.

Garantizar la equidad y la transparencia electoral significa darle certeza al electorado de que ninguna autoridad, sea ésta federal, estatal o municipal, intervendrá a favor de partido político alguno con apoyos económicos, simbólicos o materiales. Equidad y transparencia significa ofrecer garantías para que los comicios se desarrollen con estricto apego a la legalidad y al correcto desarrollo de elecciones justas en donde el voto cuente y se cuente; en donde la incertidumbre del triunfo electoral se subordine a la institucionalidad del proceso.

En este orden de ideas, y en atención a la importancia que merece el proceso electoral en el estado de Puebla, y en atención también a que no queremos que se repitan los mismos escenarios y conflictos que terminaron por romper la credibilidad de las elecciones en los estados de Oaxaca y Veracruz, me permito solicitar a esta honorable soberanía apruebe la conformación de una Comisión Especial que vigile el proceso electoral del 14 de noviembre en el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Unico.- Que esta honorable soberanía acuerde la constitución de una Comisión Especial para vigilar el próximo proceso electoral del 14 de noviembre en el estado de Puebla, en el que se renovarán las 217 presidencias municipales, el poder legislativo y la gubernatura del estado.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, del día 5 de noviembre del año 2004.--- Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias doña María Angélica Ramírez Luna.

Consulte por favor la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, no se alcanza la mayoría calificada requerida.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Por lo tanto, al no alcanzarse la mayoría calificada no se considera de urgente resolución y túrnese a la Junta de Coordinación Política que es la facultada para integrar comisiones y proponerlas al pleno.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados apruebe recursos suficientes para la prevención y combate del VIH.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, honorable Asamblea. Con su permiso, señor Presidente.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se ha convertido en una pandemia de consecuencias severas para la humanidad, las personas que viven con el virus son un grupo vulnerable, pues constantemente sufren violaciones a sus derechos fundamentales, así como la negativa a servicios de salud y medicamentos, sin mencionar la marginación, exclusión y discriminación.

Tanto la asistencia médica como los medicamentos para las personas con VIH es restringida y muy costosa, muchos de quienes acceden a este derecho lo hacen porque tienen la posibilidad económica de hacerlo y existe el extremo de quienes acuden a tribunales para demandar su atención.

El alto costo de los medicamentos para quienes padecen esta enfermedad, requiere de la expedición de una norma jurídica apegada a derecho, para obligar al Estado mexicano a otorgar y suministrar al paciente tratamiento médico adecuado suficiente e incondicional, puesto que la seguridad social es competencia del Estado y es quien debe brindar apoyo y los servicios de salud a todos los mexicanos.

Es cierto que para poder dar respuestas a las necesidades, se requiere invertir recursos económicos y administrarlos eficientemente, desafortunadamente cada peso negado o mal administrado representa para mucha gente la diferencia entre vivir o morir. Por esta razón nos preocupa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el Ejecutivo Federal en materia de atención a personas con VIH-Sida, sólo se contempla dar cobertura al 70 por ciento de las personas que lo requieren y deja fuera a más de dos mil pacientes que se incorporaron al 2004 y a los cerca de tres mil nuevos casos esperados para el siguiente año.

El Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, advierte que los 300 millones de pesos solicitados para la compra de medicamentos antirretrovirales sólo servirán para seguir dando tratamiento a la totalidad de los pacientes con sida que se incorporaron en 2003, no así a los incorporados en 2004 ni mucho menos para los nuevos casos que se presenten en 2005. No hay presupuesto para el desarrollo de campañas preventivas ni de sensibilización social en la materia, sólo se contempla destinar 3.2 millones de pesos para la compra de preservativos.

En la propuesta enviada a esta Cámara no hay variaciones respecto de la que se solicitó en 2004, como si los problemas también se estancaran. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, la partida presupuestal es de 360 millones aunque la cifra mínima necesaria para enfrentar es de 554 millones de pesos.

El doctor Jorge Saavedra, titular de Censida afirma que para el 2005 se requerirán 554 millones para cubrir el total de los 12 mil 764 pacientes con sida no asegurados, cifra que se coloca muy por encima de los 300 millones solicitados para la compra de medicamentos antirretrovirales.

Por lo anterior y en obvio del tiempo someto a la anuencia de la Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta Cámara de Diputados asigne los 554 millones de pesos solicitados por Censida para atención de pacientes con VIH-sida y 52 millones para la prevención, durante el año 2005.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Cámara de Diputados que apruebe recursos suficientes para prevenir y combatir el VIH, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se ha convertido en una pandemia de consecuencias severas para la humanidad; las personas que viven con el virus, son un grupo vulnerable, pues constantemente sufren violaciones a sus derechos fundamentales así como la negativa a servicios de salud y medicamentos sin mencionar la marginación, exclusión y discriminación.

Tanto la asistencia médica como los medicamentos para las personas con VIH-sida son restringidas y muy costosas. Muchos de quienes acceden a este derecho lo hacen porque tienen la posibilidad económica de hacerlo y existe el extremo de quienes acuden a tribunales para demandar su atención.

El alto costo de los medicamentos para quienes padecen esta enfermedad, requiere de la expedición de una norma jurídica apegada a derecho para obligar al estado mexicano a otorgar y suministrar al paciente, tratamiento médico adecuado, suficiente e incondicional, puesto que la seguridad social es competencia del estado y es quien debe brindar el apoyo y los servicios de salud a todos los mexicanos.

Es cierto que para poder dar respuesta a estas necesidades, se requiere invertir recursos económicos y administrarlos eficientemente. Por desgracia, cada peso negado o mal administrado representa para mucha gente la diferencia entre vivir o morir.

Por esta razón nos preocupa que en el PEF enviado por el ejecutivo federal en materia de atención a personas que viven con VIH-sida, sólo se contempla dar cobertura al 70% de las personas que lo requieren y deja fuera a más de dos mil pacientes que se incorporaron al 2004 y a los cerca de tres mil nuevos casos esperados para el siguiente año.

El Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva de la Ssa advierte que los 300 millones de pesos solicitados para la compra de medicamentos antirretovirales solo servirán para seguir dando tratamiento a la totalidad de los pacientes con sida que se incorporaron en 2003, no así para los incorporados en 2004 ni mucho menos para los nuevos casos que se presenten en 2005.

No hay presupuesto para el desarrollo de campañas preventivas ni de sensibilización social en la materia. Sólo se contempla destinar 3.2 millones de pesos para la compra de preservativos.

En la propuesta enviada a esta Cámara no hay variaciones respecto de la que se solicitó en 2004, como si los problemas también se estancaran. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, la partida presupuestal es de 360 millones, aunque la cifra mínima necesaria para enfrentar es de 554 millones de pesos.

El doctor Jorge Saavedra titular de Censida afirma que para 2005 se requerirán 554 millones para cubrir el total de los 12,764 pacientes con Sida no asegurados, cifra que se coloca muy por encima de los 300 millones solicitados para la compra de medicamentos antirretrovirales. A esta cantidad habría que añadirle para acciones de prevención y sensibilización cerca de 52 millones de pesos más. Esta cifra corresponde a recomendaciones internacionales que plantean se debe invertir cuando menos 5,725 pesos en prevención por año y persona infectada.

Además, el año pasado el presidente Vicente Fox, en una reunión celebrada en Los Pinos, el titular del Ejecutivo se comprometió a otorgar 53 millones de pesos para prevención. Ciertamente, como suele afirmar, esto no sucedió.

Por ello, para dar cabal respuesta a las necesidades de los enfermos de VIH-sida e invertir en prevención, se requieren cerca de 600 millones de pesos. No otorgarlos representa no sólo la condena a muerte de estos enfermos, sino el incremento de muchos más.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta Cámara de Diputados, asigne los 554 millones de pesos solicitados por Censida para atención de pacientes VIH-sida y 52 millones para la prevención durante el año 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez.

Túrnese la proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar proposición por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que mediante una resolución de carácter general condone el pago de contribuciones a cargo de los pequeños contribuyentes y accesorios, por haber sido afectados con la reforma al artículo 2° apartado C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vigor desde el 1° de enero de 2004.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros:

Nuestro sistema fiscal es sumamente complejo, consiste de múltiples tasas y tarifas y carece de simplicidad y eficacia. El Régimen de Pequeños Contribuyentes surgió como un esquema sencillo de tributación que hiciera más fácil incorporar a quienes desarrollan actividades en los rubros denominados como la economía informal. Si bien es cierto que los marcos normativos que regulan cualquier actividad económica pueden estar sujetos a revisiones y adecuaciones, también lo es que las diversas modificaciones que ha sufrido el régimen que hoy nos ocupa han degenerado en la complejidad que se pretendía evitar.

El 1° de enero del 2004 entró en vigor la reforma al artículo 2° C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que dice:

``Pagarán el Impuesto al Valor Agregado mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscal, en lugar de hacerlo en los términos generales que esta ley establece''.

El artículo 2° C es violatorio de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución de México, por lo siguiente: Se faculta a la autoridad hacendaria a determinar un elemento esencial de los impuestos, como lo es la base gravable. El artículo 31 constitucional fracción IV exige que los elementos esenciales de un tributo puedan ser sujeto, objeto, base, tasa y época y estén consignados de manera expresa en una ley y no dejar margen para arbitrariedades de las autoridades exactoras.

En segundo lugar se viola el principio de proporcionalidad tributaria, dado que al ser un Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto y resulta desproporcionado que el pequeño contribuyente tenga que pagar el aludido impuesto con base en una estimativa de valor que respecto de sus actividades hará la autoridad hacendaria. Viola el principio de equidad tributaria toda vez que no se le permite al pequeño contribuyente el acreditamiento del IVA.

Ante esta ilegalidad tributaria, el Poder Judicial de la Federación, la justicia de la Unión, protegió y amparó a promoventes en virtud de lo inconstitucional que resulta el artículo 2° C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por violar los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarios, sin embargo, el principio de relatividad o Fórmula Otero sólo exime del cumplimiento de la obligación a quien haya promovido un juicio de amparo. El Poder Judicial resolvió en su ámbito de competencia y corresponde al Poder Legislativo corregir y adecuar esta norma.

Por lo expuesto y fundado se propone lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal para que mediante una resolución de carácter general condone el pago de contribuciones a cargo de los Repeco y accesorios, por haber sido afectado este régimen con la reforma al artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor desde el 1° de enero del 2004.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante una resolución de carácter general, condone a los pequeños contribuyentes el pago de contribuciones y accesorios por haber sido afectados con la reforma al artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vigor desde el primero de enero de 2004, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia

Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la 3ª circunscripción de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta Honorable Cámara proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Nuestro sistema fiscal es sumamente complejo, consiste de múltiples tasas y tarifas, tratamientos diferenciales, que además es aplicado a una base limitada de contribuyentes, en suma, el sistema tributario carece de simplicidad y eficacia.

El Régimen de Pequeños Contribuyentes surgió como un esquema sencillo de tributación, que hiciera más fácil incorporar a quienes desarrollan actividades en los rubros denominados como ``la economía informal'' . Se buscaba de establecer un control recaudatorio que evitara la informalidad y la evasión, dentro de un sistema equitativo y proporcional, para tratar las actividades comerciales que por su naturaleza carecen de la capacidad administrativa y contable para tributar en otros regímenes.

Si bien es cierto que los marcos normativos que regulan cualquier actividad económica pueden estar sujetos a revisiones y adecuaciones para lograr su operatividad efectiva, también lo es, que las diversas modificaciones que ha sufrido el régimen que hoy nos ocupa han degenerado en la complejidad que se pretendía evitar, irrumpiendo en la certidumbre jurídica del contribuyente.

El 1 de enero de 2004, entró en vigor la reforma al artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado orientada a las personas físicas que tributan conforme al régimen de pequeños contribuyentes y que a la letra dice: ``...pagarán el impuesto al valor agregado mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo en los términos generales que esta Ley establece.''

Debemos observar que el artículo 2-C es violatorio de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente:

a) En primer término, se faculta a la autoridad hacendaria a determinar un elemento esencial de los impuestos como lo es la base gravable, resulta de explorado derecho, que el artículo 31 constitucional fracción IV exige que los elementos esenciales de un tributo como pueden ser el sujeto, objeto, BASE, tasa y época estén consignados de manera expresa en una ley y no dejar margen para arbitrariedades de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos previsibles o a título particular y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos de la Federación, del estado o municipio.

b) En segundo lugar, se viola el principio de proporcionalidad tributaria, dado que, al ser el impuesto al valor agregado un impuesto indirecto, es decir, que se traslada al consumidor final, resulta desproporcionado que el pequeño contribuyente tenga que pagar el aludido impuesto con base en una estimativa de valor que respecto de sus actividades hará la autoridad hacendaria, lo anterior, no atiende a la capacidad de contribución del sujeto pasivo sino a una estimación que sobre su ingreso harán las autoridades.

c) Viola el principio de equidad tributaria, toda vez que no se le permite al pequeño contribuyente el acreditamiento del IVA, dejándolos en un plano diferente a los demás contribuyentes que calculan el IVA y a ellos sí se les permite el acreditamiento de dicho impuesto.

Ante esta ilegalidad tributaria, el Poder Judicial de la Federación, la Justicia de la Unión protegió y amparó a promoventes en virtud de lo inconstitucional que resulta el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por violar los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarios contenidos en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, sin embargo, el principio de relatividad o fórmula Otero sólo exime del cumplimiento de la obligación a quien haya promovido un juicio de amparo; las sentencias siempre serán tales, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare.

El Poder Judicial resolvió lo que en su ámbito de competencia le correspondía, ahora, es al Poder Legislativo a quien compete corregir y adecuar la norma al mandato constitucional para lograr la justicia tributaria a la que todo régimen debe aspirar.

Aún queda un saldo pendiente con los pequeños contribuyentes, con aquellos que por razones económicas y/o sociales se encuentran imposibilitados de acceder a los Tribunales para hacer valer lo que por derecho les corresponde, es entonces un deber del Estado renunciar a exigir el cumplimiento de la obligación fiscal por parte de los Repecos. La condonación es la facultad que la ley concede a la autoridad hacendaria para compensar a quienes se afectó de manera indebida con esta norma, por lo que procede declarar extinguido un crédito fiscal y las obligaciones fiscales formales con él relacionadas.

Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que mediante una resolución de carácter general condone el pago de contribuciones a cargo de los Repecos y accesorios por haber sido afectado este régimen con la reforma al artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor desde el primero de enero de 2004.

Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Juan Fernando Perdomo.

Túrnese la proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sebastián Calderón Centeno, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se asignen recursos adicionales a la Secretaría de Marina, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Marina.

El diputado Sebastián Calderón Centeno: Con su permiso, señor Presidente.

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Marina, presentamos ante el pleno de este Poder de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos adicionales a los que solicite al titular del Poder Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

La soberanía nacional salvaguarda la integridad del territorio nacional, la libertad de su población y el apego irrestricto al estado de derecho y es prioridad el garantizar el orden público con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos.

La seguridad nacional tiene como objetivo velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo, amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones.

El valor estratégico y económico de los mares, está dado por el ejercicio soberano del Estado para la protección de los intereses de la nación; por ende, la necesidad de seguridad y de defensa existe y es la Armada de México quien tiene la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad del mar territorial, proteger las instalaciones estratégicas y el patrimonio marítimo, hacer cumplir las leyes en el mar territorial y zona económica exclusiva en contra del narcotráfico, la piratería, el tráfico ilegal de personas, sabotajes y el terrorismo, salvaguardando también la vida humana en la mar y brindando auxilio a nuestra población en casos y zonas de desastres.

A partir del ejercicio fiscal del año 2000, la Secretaría de Marina ha sufrido constantes disminuciones en su Presupuesto, el cual, al presente año, representa un déficit del orden de los mil 400 millones de pesos, disminución que ha afectado principalmente el rubro de gasto de inversión.

En el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2005, el Ejecutivo Federal solicita para esta dependencia recursos por la cantidad de 8 mil 900 millones, de los cuales menos de 760 millones estarán destinados para gasto de inversión, lo cual implica que se vean afectados los rubros de la Armada de México.

Por lo anterior, sometemos a la consideración del pleno de este Poder de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, asigne a la Secretaría de Marina recursos adicionales a los que solicita el titular del Poder Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por la cantidad de al menos mil 400 millones, a fin de que dicha dependencia cumpla adecuadamente con la misión encomendada.

Gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se asignen recursos adicionales a la Secretaría de Marina, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Marina

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Marina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de este Poder de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que se asignen a la Secretaría de Marina recursos económicos adicionales a los que solicita el titular del Poder Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

I. Antecedentes

1.- En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 se establece que la Soberanía Nacional salvaguarda la integridad del territorio nacional, la libertad de su población y el apego irrestricto al Estado de Derecho y señala como prioridad el garantizar el orden público con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos.

2.- La Seguridad Nacional tiene como objetivo velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones, para lo cual el Gobierno Federal ha emprendido acciones efectivas contra el crimen, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, flagelos que junto con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población frente a los desastres naturales y la destrucción ambiental, representan las verdaderas amenazas a la seguridad nacional.

3.- El Gobierno Federal ha asumido como objetivos rectores en el área de orden y respeto, el defender la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional y diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional, en los cuales se encuentra cimentada la democracia.

II. Consideraciones

Primera.- En términos de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XIV y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales y para reglamentar su organización y servicio y es facultad exclusiva de esta Soberanía, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segunda.- El artículo 39, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General señala que las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales; y se establece en el numeral 3 del citado artículo, que las mismas tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 Constitucional y su competencia se corresponde en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Tercera.- Nuestro país se encuentra localizado entre los dos océanos más importantes del mundo, contamos con 11 mil 122 kilómetros de litorales y 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, lo que nos hace poseedores de una enorme biodiversidad de recursos marítimos y nos coloca en una posición mundial envidiable.

El valor estratégico y económico de las Zonas Marinas Mexicanas, la Zona Económica Exclusiva, la Plataforma Continental, el Mar Territorial y las Aguas Interiores está dado por el ejercicio soberano del Estado para la protección de los intereses de la Nación, estas, son áreas donde los bienes y valores nacionales se constituyen en vitales para el desarrollo del país y donde la necesidad de seguridad y de defensa existe, y es la Armada de México quien tiene la responsabilidad de defender esos intereses a fin de garantizar el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en el mar mediante la ejecución de operaciones militares a fin de defender la independencia, la soberanía y la integridad del mar territorial, proteger las instalaciones estratégicas y el patrimonio marítimo, hacer cumplir las leyes en el mar territorial y zona económica exclusiva en contra del narcotráfico, la piratería, el tráfico ilegal de personas, sabotaje y el terrorismo, salvaguardando también la vida humana en la mar y brindando auxilio a nuestra población en casos y zonas de desastre o emergencia.

Además la Armada de México desarrolla tareas tendientes a brindar la primera respuesta de auxilio, previniendo y desalojando a personas damnificadas, coordinando posteriormente con el Estado para proporcionar víveres, medicamentos y ropa, incluyendo la atención y traslado de heridos, a través del Plan General de Auxilio a la Población en casos y zonas de desastre o emergencia ``Marina''; participa también en tareas de remoción de escombros después de lluvias o tormentas, suministro de agua potable, reforestación, traslado de libros de texto gratuitos, campañas de alfabetización y programas en pro de la salud de la ciudadanía.

Asimismo se le ha encomendado el cumplimiento de la normatividad en materia de protección al medio ambiente y la explotación de recursos, interviniendo para ello en el desarrollo de actividades pesqueras y haciendo frente a cualquier contingencia ecológica que se presente, dirigiendo y coordinando al efecto, el desarrollo del Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras sustancias nocivas en la mar, el fortalecimiento y desarrollo de la investigación hidrográfica, oceanográfica, científica, la construcción naval y la producción y actualización de la cartografía náutica nacional, actividades que fomentan el desarrollo marítimo nacional y permiten mantener a salvo el ecosistema marino, coadyuvando además a la seguridad de las vías marítimas de comunicación y a la navegación segura.

Cuarta.- En congruencia con el objetivo rector de ``Defensa de la independencia, la soberanía e integridad del territorio nacional'' y a fin de fortalecer el Estado de Derecho, la Secretaría de Marina ha establecido como objetivos institucionales: a) la preservación de nuestro territorio para lograr que cualquier persona que realice actividades marítimas en aguas nacionales tenga la certeza de que esa institución garantiza el cumplimiento de las leyes del Estado Mexicano en la mar; b) desarrollar en forma armónica y equilibrada la capacidad de la Armada, fortaleciendo su participación, coordinación operativa y proceso de modernización de conformidad con las prioridades de seguridad nacional; c) mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional en el marco de la seguridad pública; d) modernizar las estructuras y procedimientos educativos, logísticos y administrativos de la Armada en un marco de calidad, eficiencia, oportunidad, equidad, transparencia y respeto a los derechos humanos; e) impulsar el desarrollo marítimo nacional; y f) coadyuvar con la realización de programas especiales en atención a las necesidades de la población y promover el uso y el aprovechamiento de la tecnología y de información.

A fin de lograr lo anterior, desde el inicio de la presente administración, la Armada de México se encuentra en una etapa de modernización de sus equipos y unidades, lo cual le ha permitido incrementar su capacidad de adecuarse a las diversas condiciones que la situación le impone y a las necesidades de nuestra sociedad en el desarrollo de las operaciones.

Quinta.- Para el ejercicio fiscal del año 2000 a la Secretaría de Marina se le asignó un presupuesto por $7,971,606,100 de los cuales $1,543,500,000 estuvieron destinados para el rubro de gasto de inversión. En el año 2001 el presupuesto asignado fue de $8,903,800,000 de los cuales $1,443,500,000 fueron para gasto de inversión. Para el año 2002 la asignación presupuestal ascendió a $8,518,470,000 de los cuales 848,788,400 estuvieron destinados para el rubro de gasto de inversión. En el año de 2003 el presupuesto asignado fue de $8,904,790,000 de los cuales 732,920,400 fueron destinados al rubro de gasto de inversión. Para el 2004 la asignación presupuestal fue de $8,488,209,330 de los cuales 681,638,100 fueron para gasto de inversión.

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2005 el Ejecutivo Federal solicita para la Secretaría de Marina recursos por la cantidad de $8,915,721,790 de los cuales $759,038,200 estarían destinados para gasto de inversión.

Podrá apreciarse que a partir del ejercicio fiscal para el año 2000, los recursos asignados a la Secretaría de Marina han mostrado una tendencia decreciente en los rubros de gasto corriente y gasto de inversión, lo que ha ocasionado que en los últimos años dicha institución observe un déficit presupuestal, y si bien para el próximo ejercicio fiscal el titular del Ejecutivo Federal solicita para esa Institución recursos económicos por $8,915,721,790 que representan un aumento de $427,512,460, también lo es que para el gasto de inversión no hay aumento alguno y en gran medida, el mencionado aumento está asignado al capítulo 1000 relativo a servicios personales correspondiente al paquete salarial.

Durante el primer año de actividades de esta LIX Legislatura la Comisión de Marina realizo diversas giras de trabajo por las Regiones Navales en Lerma, Camp.; Tampico ,Tamps.; Manzanillo, Col.; Mazatlán, Sin.; y Acapulco, Gro.; las Zonas Navales en Ciudad del Carmen, Veracruz, Ciudad Madero y Lázaro Cárdenas, los Sectores Navales de Puerto Vallarta y Topolobampo y el Subsector Naval en Isla Cozumel, asimismo se visitó la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela de Infantería de Marina y el Centro de Capacitación de la Armada de México, durante esas visitas se pudo constatar que la disminución presupuestal que ha sufrido ese instituto armado afecta principalmente a los siguientes rubros:

a) Mantenimiento mayor y menor de barcos, vehículos, aviones y helicópteros;

b) Programa de reparación en dique y reparaciones a flote mayor de barcos;

c) Conservación y mantenimiento de astilleros;

d) Municionamiento;

e) Mantenimiento del armamento naval (portátil, semiportátil y fijo);

f) Mantenimiento de la red de comunicaciones e informática;

g) Levantamientos topohidrográficos;

h) Sostenimiento de estaciones de investigación oceanográfica;

i) Mantenimiento y modernización del equipo de protección al medio ambiente marino;

j) Sostenimiento de los planteles de Educación Naval;

k) Suministro de vestuario y equipo al personal;

l) Mantenimiento y operación de unidades hospitalarias y cámaras hiperbáricas;

m) Programa de modernización de la Armada (sustitución progresiva de barcos, vehículos y aviones y helicópteros);

n) Pago de servicios básicos (pago de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, etcétera);

o) Conservación y mantenimiento de infraestructura (bienes inmuebles).

Los barcos, vehículos, aviones y helicópteros de esa institución requieren de mantenimiento a fin de que continúen operando al cien por ciento, sin embargo ello requiere de una inversión significativa la cual le ha sido recortada anualmente.

El programa de substitución de buques se encuentra detenido, existen cascos a medio construir por falta de recursos, de asignarse un presupuesto acorde a las necesidades de esa dependencia podría reactivarse la construcción naval toda vez que se cuenta con la infraestructura y recursos humanos necesarios, lo cual significaría la apertura de un importante número de fuentes de trabajo para personal civil ya que en los diversos astilleros de las Secretaría de Marina se da empleo a personal de extracción civil en las diversas áreas de construcción de buques.

La afectación principal que sufre la Armada de México se encuentra en los rubros relativos al mantenimiento de unidades e instalaciones, lo que necesariamente dificulta el logro de las metas estratégicas de esa Dependencia del Ejecutivo Federal, y en determinado momento podría poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Sexta.- Al ejercicio fiscal del presente año, el déficit presupuestal de la Secretaría de Marina es del orden de los $ 1,400,000,000 cantidad esta que se solicitan le sean asignados adicionalmente en el presupuesto para el año 2005.

En efecto, tan solo para el ejercicio fiscal del año 2004 la disminución en gasto de operación y gasto de inversión fue del orden de 738 millones 200 mil pesos y aunado a la disminución presupuestal que se ha observado desde el ejercicio fiscal para el año 2000, el déficit con que operará esta institución es del orden de 1,400,000,000, cantidad esta que resulta necesario asignarle a fin de que regularice su presupuesto y subsane el déficit que ha acumulado.

738 millones 200 mil pesos deberán asignársele para cubrir la disminución presupuestal en gasto de operación y gasto de inversión que se le haría respecto del ejercicio fiscal del año en curso, y con ello pueda cuando menos operar en condiciones adecuadas y el resto para hacer el total de los 1 mil 400 millones deberán ser para que esté en posibilidad de subsanar el déficit presupuestal que a la fecha ha acumulado.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:

Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía que adicionales a los $8,915,721,790 que solicita el titular del Poder Ejecutivo Federal se asignen a la Secretaría de Marina en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se otorguen a esa Dependencia recursos por al menos $1,400,000,000 a fin de que este en posibilidad de cumplir convenientemente con la misión encomendada.

Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Francisco Juan Ávila Camberos, Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), José Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Homero Ríos Murrieta, Eloisa Talavera Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Jesús Ángel Díaz Ortega (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga, Sofía Castro Ríos (rúbrica) Sergio Arturo Posadas Lara, Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Félix Arturo González Canto, Irma Figueroa Romero, Juan García Costilla (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Sebastián Calderón Centeno.

Túrnese la proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRODUCTOS LACTEOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para proposición por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda, la Sagarpa y a la Secretaría de Salud, para que en ejercicio de sus respectivas competencias, realice la investigación de los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua, en los que se puso al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que en su caso se presenten las denuncias y se impongan las sanciones a quienes resulten responsables.

La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con su venia, señor Presidente, perdón.

En días pasados en el estado de Chihuahua, nos despertamos con la impactante y penosa noticia de que en la fronteriza Ciudad Juárez, fue descubierta en los vagones de un ferrocarril proveniente de Estados Unidos de América, una gran cantidad de un producto lácteo contaminado, para ser vendido en nuestro país y particularmente en nuestra entidad, estado de Chihuahua, como fórmula de alimentación infantil, mientras que dicha mercancía, se trataba del mismo producto que en el estado de Texas era usado como comida para uso exclusivo de animales domésticos y de granja.

Por lo que toca a las autoridades extranjeras, las investigaciones hasta este momento arrojan que la probable responsabilidad en este asunto recae en la empresa texana denominada Milky Way Traders Incorporated quien al parecer reetiquetó la mezcla para venderla a compañías mexicanas manufactureras de alimento, para su uso en fórmulas alimenticias para bebé y otros productos.

Se ha señalado por parte de quienes tienen a su cargo la aduana en la fronteriza Ciudad Juárez, que el producto en mención no ingresó por este puerto y que seguramente el mismo entró de contrabando.

Independientemente de si este ingreso se dio en forma legal o ilegal y precisamente por la gran trascendencia de los hechos, la presente iniciativa tiene la finalidad de que esta representación popular exhorte respetuosamente a las instancias competentes del Poder Ejecutivo Federal, para que en ejercicio de sus facultades se aboquen a la investigación de los hechos recientemente suscitados en el estado de Chihuahua, en los que se puso de manifiesto y al descubierto, la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y de ser procedente se actúe en contra de quienes resulten responsables de tales acontecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud, para que en ejercicio de sus respectivas competencias realicen la investigación de los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua, en los que se puso a descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que en su caso presenten las denuncias y se impongan las sanciones a quienes resulten responsables.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como los documentos que le dieron origen, al titular del Poder Ejecutivo y a los titulares de las secretarías mencionadas, para los efectos a que haya lugar.

En este acto le solicito, señor Presidente, se inserte esta proposición íntegramente en el Diario de Debates, ya que lo aquí leído fue una versión abreviada y se reitera la petición a esta soberanía, de que este asunto sea tramitado de urgente resolución en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

Signamos el documento la de la voz, diputada Martha Laguette Lardizábal y los demás diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en esta Cámara.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, para que en ejercicio de sus respectivas competencias, realicen la investigación de los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua, en los que se puso al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que, en su caso, se presenten las denuncias y se impongan las sanciones a quienes resulten responsables.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La suscrita, diputada Martha Laguette Lardizábal, miembro del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, para que en ejercicio de sus respectivas competencias, realicen la investigación de los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua, en los que se puso al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que, en su caso, se presenten las denuncias y se impongan las acciones a quienes resulten responsables.

En días pasados, en el estado de Chihuahua nos despertamos con la impactante y penosa noticia de que en la fronteriza Ciudad Juárez, fue descubierta en los vagones de un ferrocarril proveniente de Estados Unidos de Norteamérica, una gran cantidad de un producto lácteo contaminado para ser vendido en nuestro país y, particularmente en nuestra entidad, como fórmula de alimentación infantil, mientras que dicha mercancía se trataba del mismo producto que en el estado de Texas era usado como comida para uso exclusivo de animales domésticos y de granja.

Al ponerse al descubierto lo anterior, las autoridades competentes del estado de Texas ordenaron detener la exportación de dicho producto, mas saltó a la luz pública el hecho de que ya habían sido varios los cargamentos introducidos al territorio nacional, mismos que fueron trasladados para su comercialización a ciudades como Cuauhtémoc, en Chihuahua, o Ciudad Madero, en Tamaulipas, entre otras poblaciones.

Resulta que la mencionada "fórmula láctea", se trata de la mezcla de productos lácteos de muy baja calidad que, además, está contaminada con lodo, heces fecales y moscas, que por dicha "peculiaridad", sólo estaba aprobada para el consumo del ganado y no para su uso humano.

Por lo que toca a las autoridades extranjeras, las investigaciones hasta este momento arrojan que la probable responsabilidad en este asunto, recae en la empresa Texana denominada "Milky Way Traders Incorporated", quien al parecer, y de acuerdo a la información que brindan los medios locales, "reetiquetó la mezcla para venderla a compañías mexicanas manufactureras de alimento para su uso en fórmulas alimenticias para bebé y otros productos".

Indignante resulta esta actitud, de mentes frías y perversas, movidas únicamente por la ambición desmedida de lucrar con estos productos para obtener una jugosa y cuantiosa ganancia, a costa de vulnerar y poner en peligro la salud de la niñez de nuestro país.

Pero esto no termina aquí, pues independientemente de que la justicia norteamericana deslinde responsabilidades a una empresa por actos de este tipo en Estados Unidos, lo preocupante para nosotros es que productos como éste sigan internándose en nuestro país, y más aún, que posiblemente estos hechos sean consentidos por nuestras autoridades.

Se ha señalado por parte de quienes tienen a su cargo la aduana de Ciudad Juárez, que el producto en mención no ingresó por este puerto, puesto que no hay registros del mismo en sus archivos, que seguramente el mismo entró por contrabando.

Penoso resulta que en vez de actuar, acudamos al viejo remedio de deslindarnos de responsabilidades, cuando ésa es la peor solución. Si el producto entró legal o ilegalmente al país tal vez es lo que menos importa, pues de cualquier forma, se evidencia una omisión en el correcto proceder de nuestras autoridades: si la internación de la mercancía fue legal, se pone de manifiesto que no tenemos un verdadero sistema ni control de verificación sanitaria sobre los alimentos que vienen a México para ser consumidos por sus habitantes. Por otra parte, si la internación fue ilegal, y se reconoce un contrabando ¡que esperan nuestras autoridades fiscales y aduaneras para ponerse las pilas y hacer bien su trabajo!

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy clara en cuanto a las atribuciones que corresponden a las secretarías del Ejecutivo federal en esta materia:

- De acuerdo con el artículo 31, fracción VII, del ordenamiento de mérito, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde: "organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera."

- En cuanto al numeral 35, fracción IV, del citado cuerpo legal, este dispone que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde: "fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal, así como atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad".

- Por lo que toca a la Secretaría de Salud, el artículo 39 del mismo texto legislativo, en sus fracciones VII, IX, X y XIV, establece que a dicha dependencia tocan las siguientes facultades:

- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud.

- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República.

- Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana.

- Regular la higiene veterinaria, exclusivamente en lo que se relaciona con los alimentos que puedan afectar a la salud humana.

En conclusión, son muchas las atribuciones con las que tales dependencias cuentan, mientras lo que falta es mayor organización, voluntad y compromiso social, para que eventos tan penosos y graves como el relatado en este documento no se presenten en lo sucesivo.

Por todo esto, la presente iniciativa tiene la finalidad de que esta representación popular exhorte respetuosamente a las instancias competentes del Poder Ejecutivo Federal, como son las instancias señaladas, para que, en ejercicio de sus facultades, se aboquen a la investigación de los hechos recientemente suscitados en el estado de Chihuahua, en los que se puso al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas, y de ser procedente, se actúe en contra de quienes resulten responsables de tales acontecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Salud, para que en ejercicio de sus respectivas competencias, realicen la investigación de los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua, en los que se puso al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que en su caso, se presenten las denuncias y se impongan las acciones a quienes resulten responsables.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como de los documentos que le dieron origen, al Titular del Poder Ejecutivo y a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Pública, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, para los efectos a que haya lugar.

La proposición fue entregada oportunamente y se acompañó de la versión electrónica del documento y en este acto se reitera la petición de que el asunto sea tramitado de urgente resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, DF, a 5 de noviembre de 2004.--- Diputados: José Mario Wong Pérez, Martha Laguette Lardizábal, Nora Elena Yu Hernández, Jorge Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno, Omar Bazán Flores, Miguel Lucero Palma.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Martha Laguette Lardizábal.

Como lo solicita insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y

Por favor consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los que estén por la negativa... La mayoría calificada por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera pues de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. En virtud de que la Presidencia no tiene oradores registrados para la discusión, se considera suficientemente discutida la proposición.

Por favor consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Angel Pasta Muñúzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo a fin de impulsar una revisión de carreteras, puentes y túneles del territorio mexicano.

El diputado Angel Pasta Muñúzuri: Con el permiso de la Presidencia.

Con respecto al tiempo haré un resumen y solicito a la Presidencia respetuosamente se integre al Diario de los Debates y a la Gaceta Parlamentaria de su texto original.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, Angel Pasta Muñúzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno de esta Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes considerandos:

Una de las prioridades que tenemos en nuestro país, es fortalecer la infraestructura carretera que representa un canal fundamental de comunicación para nosotros los mexicanos. Sin duda, el Sistema Nacional de Carreteras Federales constituye un instrumento de integración social, económica y cultural que agiliza las cadenas productivas. En este sentido, es necesario insistir que sin mejores carreteras se obstaculiza el desarrollo y sin desarrollo se dificulta el crecimiento regional y nacional.

La modernización, mantenimiento y conservación de las carreteras federales del territorio nacional, deben ser prioridad para garantizar la movilización de personas y de mercancías mediante caminos modernos y seguros que permitan la disminución de los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.

Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicito respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revisión de carreteras, puentes, túneles del territorio mexicano y se nos informe a esta Cámara de Diputados sobre dicha revisión y sobre las normas específicas para el diseño, las características y la calidad de los materiales y de los equipos de instalación permanente, así como las tolerancias en los acabados, los métodos generales de ejecución, medición y base de pago de los diferentes conceptos de obra y en general todos aquellos aspectos que se pueden convertir en especificaciones al incluir en el proyecto o en los términos de referencia para la ejecución de la obra pública y los servicios relacionados con la infraestructura del transporte.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de impulsar una revisión de carreteras, puentes y túneles del territorio mexicano, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara Diputados una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Una de las prioridades que tenemos en nuestro país es fortalecer la infraestructura carretera, que representa un canal fundamental de comunicación para nosotros los mexicanos.

El sector de transporte debe de contar con una normativa técnica y permanentemente actualizada, que incluya los últimos avances tecnológicos que desarrollen en el país, proponiendo los criterios, métodos y procedimientos para la correcta ejecución de los trabajos que se realizan en materia de infraestructura para el transporte, con seguridad, calidad, economía y eficiencia.

El estilo y la calidad de las obras públicas, y en los servicios relacionados con la Secretaría, para la infraestructura del transporte, estableciendo los criterios y procedimientos para la planeación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y, en su caso, operación y mitigación del impacto ambiental.

Establecer los criterios y procedimientos para la concesión de la infraestructura para el transporte.

Normar las relaciones de la Secretaría con las personas físicas y/o morales que contraten la ejecución de obras públicas y los servicios relacionados con ellas, o a las que se les otorguen concesiones de infraestructura para el transporte.

Orientar la selección y aplicación de los criterios, métodos y procedimientos más convenientes para la realización de los estudios y proyectos; para la ejecución, supervisión, aseguramiento de calidad, operación y mitigación del impacto ambiental de la infraestructura durante su construcción, conservación, reconstrucción y modernización.

Sin duda, el sistema nacional de carreteras federales constituye un instrumento de integración social, económica y cultural que agiliza las cadenas productivas.

En este sentido, es necesario insistir en que, sin mejores carreteras, se obstaculiza el desarrollo; y, sin desarrollo, se dificulta el crecimiento regional y nacional.

La modernización, mantenimiento y conservación de las carreteras federales del territorio nacional deben ser prioridad para garantizar la movilización de personas y de mercancías mediante caminos modernos y seguros que permitan disminuir los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.

Los tramos carreteros federales juegan un papel fundamental en el transporte para las personas y en la circulación y distribución de bienes y servicios, tanto en el centro del país como en los demás estados hacia los que irradian.

Los tramos de las entidades federativas tienen la desventaja de constituir carreteras federales que no corresponden a los requerimientos de las necesidades actuales. Es menester construir carriles de rebase que agilicen la vía de transporte, con el fin de que los usuarios gocen de seguridad y disminuyan los tiempos de traslado, los costos de transporte y los accidentes carreteros.

Es necesario plantear la modernización de esas carreteras para que aporten nuevas oportunidades de crecimiento interregional y permitan coadyuvar al desarrollo económico y social de los estados de referencia.

Es necesario continuar saldando el adeudo histórico de infraestructura, lo que significa fortalecer el sistema de comunicación carretero, que beneficia a todo el país.

Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la revisión de Carreteras, puentes y túneles del territorio mexicano, y que se informe a esta Cámara de Diputados sobre dicha revisión, y sobre las normas específicas para el diseño; las características y la calidad de los materiales y de los equipos de instalación permanente, así como las tolerancias en los acabados; los métodos generales de ejecución, medición y base de pago de los diversos conceptos de obra y, en general, todos aquellos aspectos que se puedan convertir en especificaciones al incluirse en el proyecto o en los términos de referencia para la ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con la infraestructura del transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2004.--- Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Angel Pasta Muñúzuri.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Transportes.

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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición en la que se exhorta al Director General y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que inmediatamente cese la represión de que son objeto sus trabajadores, respeten su condición de trabajadores y se les reconozca el derecho a la sindicación.

El diputado Juan Pérez Medina: Gracias. Con su permiso, Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante.

El diputado Juan Pérez Medina: El suscrito diputado federal Juan Pérez Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el artículo 1° del decreto vigente de creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, jurídicamente lo define como un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, similar en materia de relaciones laborales, a otros organismos descentralizados como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México y Luz y Fuerza del Centro, entre otros.

Segundo. Que los organismos públicos descentralizados del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para el efecto de relaciones laborales lo regula el Apartado A del artículo123 constitucional.

Tercero. Que el artículo 123, Apartado A, fracción XXXI inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

A quien corresponde la aplicación de las leyes de trabajo en materia de empresas que sean administradas de forma directa o descentralizadas por el Gobierno Federal.

Cuarta. Que el artículo 123, Apartado A, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho que todo trabajador tiene para coaligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos y que asimismo lo establece el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo.

Quinta. Que existen antecedentes en tribunales de amparo, donde han condenado al Conalep a que reconozca que los servicios que prestan sus trabajadores constituyen una relación de trabajo en los términos del artículo 8° y 20 de la Ley Federal del Trabajo, como en el caso concreto de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en materia de trabajo, del segundo circuito, de fecha 14 de enero del año 2001, en el expediente número amparo directo 472/2001.

Sexta. Que existen antecedentes en algunos de los estados de la República, donde las autoridades del Conalep y tribunales laborales han reconocido que tienen los trabajadores a sindicalizarse, como los casos de Michoacán, Sonora y Chiapas.

Que los trabajadores del Conalep se encuentran en lucha por alcanzar el reconocimiento de su condición como tales, su sindicación y la difusión de la represión de que son objeto.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorte al director general de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que inmediatamente cese la represión de que son objeto sus trabajadores; se respete su condición de trabajadores en los términos de los artículos 8º y 20 de la Ley Federal del Trabajo y finalmente se les reconozca el derecho a la sindicación, prevista y sancionada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha creado a través de las tesis y jurisprudencia firme de la materia.

Se solicita atentamente se inserte integralmente el punto en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al director general y la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a que inmediatamente cese la represión de que son objeto sus trabajadores, respeten su condición de trabajadores y se les reconozca el derecho a la sindicación, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Juan Pérez Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción I, de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- Que el artículo primero del decreto vigente de creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica jurídicamente lo define como un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, similar en materia de relaciones laborales a otros organismos descentralizados como lo son: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México, Luz y Fuerza del Centro entre otros.

Segunda.- Que los organismos públicos descentralizados del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, para el efecto de relaciones laborales los regula el apartado ``A'' del artículo 123 constitucional.

Tercera.- Que el artículo 123, apartado ``A'', fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone a quien corresponde la aplicación de las leyes de trabajo en materia de Empresas que sean administradas en forma directa o descentralizadas por el Gobierno Federal.

Cuarto.- Que el artículo 123 apartado ``A'' fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho que todo trabajador tiene para coaligarse en defensa de sus intereses, formando sindicatos y que asimismo lo establece el Articulo 357 de la Ley Federal del Trabajo.

Quinta.- Que existen antecedentes en Tribunales de Amparo donde han condenado al Conalep a que reconozca que los servicios que prestan sus trabajadores constituyen una relación de trabajo en los términos de los artículos 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, como en el caso concreto de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito de fecha 14 de enero del año dos mil uno, en el expediente No. amparo directo DT. 472/2001.

El tribunal precitado entre otras disposiciones legales apoyó su resolución en la Tesis de Jurisprudencia que se transcribe a continuación.

Tesis visible en la página 661, tomo III, segunda parte -2, octava época del Semanario Judicial de la Federación.

``Relación laboral, la libertad de cátedra en el trabajo de enseñanza no excluye la.- Aún cuando el trabajo de enseñanza se desenvuelve sobre el principio educativo de la Libertad de Cátedra, tal circunstancia no excluye la relación laboral en esta actividad, pues aquella no consiste sino en la facultad con que cuenta el profesorado para impartir sus clases con los sistemas pedagógicos y el enfoque que consideran adecuados. Si a lo anterior agregamos que la anotada libertad no exime a los profesores de sujetarse, en la participación de su cátedra, tanto en los programas previamente elaborados para el desarrollo del curso, como a los controles documentales que requiere la instrucción educativa sobre asistencia, evaluación, cumplimiento del programa y logros en el mismo; y que, además, la prestación del servicio era personal y a cambio de ella se otorgaba el pago de una remuneración, es inconcuso que en esas circunstancias la relación entre las partes tenía una naturaleza laboral, por actualizarse los elementos legales de servicio personal, subordinación y pago salarial, resultando por ello irrelevante que en el contrato se le denomina prestación de servicios profesionales''.

Fundamentan, además, el punto de acuerdo la siguiente jurisprudencia y tesis que se anexan.

Suprema Corte de Justicia de la Nación ISUS 2003. Novena Época. No. de Registro: 192,498. Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Materia (s): Constitucional. Tomo: XI, enero de 2000.Tesis: 2ª./J. 3/2000. Página: 41.

Organismos públicos descentralizados. Si bien son órganos de la administración pública, no forman parte de los Poderes Ejecutivos, federal, estatales ni municipal.

El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene: ``Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, sus relaciones laborales con dicho organismo descentralizado se rigen dentro de la jurisdicción federal, por el apartado A del artículo 123 constitucional'' del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de administración pública centralizada a los que se identifican con el poder ejecutivo a nivel federal o estatal o con el ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia aunque forma parte de la administración pública de cada uno de los niveles, es distinta a la de los poderes ejecutivos, sean federales o estatales así como los ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva.

Recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua y Alcantarillado de la Zona Metropolitana del Estado de Jalisco. 13 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Competencia 337/98. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del propio Estado. 13 de noviembre de 1998, cinco votos, ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Competencia 338/98. Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad Federativa. 18 de noviembre de 1998. Cinco votos, ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

Competencia 366/98, suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. 8 de enero de 1999.

Unanimidad de cuatro votos, ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Secretario: Alfredo E. Báez López.

Competencia 361/99, suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 24 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

Tesis de Jurisprudencia 3/2000. Aprobada por la segunda sala de este alto Tribunal, en sesión privada del 14 de enero del año 2000.

Novena Época No. De Registro 185,234. Instancia: Segunda Sala Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Materia (s): Laboral. Tomo: XVII, enero de 2003. Tesis: 2ª CXCV/2002. Página: 725.

Competencia laboral corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos laborales que surjan entre los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores.

El Pleno de la Suprema Corte de la Nación estableció en la tesis P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, ABRIL DE 1998, Página 122, que, en atención a lo sostenido en jurisprudencia firme, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; asimismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada en la página 117 del referido Tomo, sostuvo que conforme a los dispuesto en los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa sólo pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos resultarían inconstitucionales. Por tanto, toda vez que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios de las entidades federativas, así como los decretos de creación de aquello, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación Arbitraje.

Contradicción de tesis 115/2002.SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Primero y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Tesis jurisprudencial No. 43/1999 sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en el articulo 123, apartado ``B'', fracción X, constitucional. El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no Ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, Apartado ``B'', fracción X, de la constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Sexta.- Que existen antecedentes en algunos de los Estados de la República donde las autoridades de los Conalep y Tribunales Laborales, han reconocido el derecho que tienen los trabajadores a sindicalizarse, como en los casos de Michoacán, Sonora y Chiapas.

Séptima.- Que la visión antijurídica, de las autoridades de Conalep de creer que los contratos que celebran con sus trabajadores son de naturaleza civil, los han llevado a no reconocer los derechos laborales consagrados en la Constitución de lo Estados Unidos Mexicanos en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en otras Leyes secundarias, negando toda posibilidad de entendimiento entre las partes (Patrón-Trabajador), y teniendo como respuesta despidos injustificados, hostigamiento, agresiones físicas y verbales, incluso denuncias penales, derivadas de hechos delictuosos cuyo origen ha sido el que los trabajadores reclamen en sus luchas los derechos que les niegan, ejemplos concretos de esta situación de represión se dan en los Estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México y Distrito. Federal.

Octava.- Que trabajadores del Conalep, se encuentran en lucha por alcanzar el reconocimiento de su condición como tales, su sindicación y la difusión de la represión de que son objeto.

Por todo lo anterior expuesto y fundado se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorte al Director General y la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que inmediatamente cese la represión de que son objeto sus trabajadores.

Segundo.- Respeten su condición de trabajadores en los términos de los artículos 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo.

Tercero.- Se les reconozca el derecho a la sindicación prevista y sancionada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado a través de las tesis y jurisprudencia firme de la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Juan Pérez Medina.

Como lo solicita insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el dictamen del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, se considere una partida presupuestaria mínima de 550 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La diputada María Avila Serna: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La educación es un factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo. México tiene dentro de sus ideales más altos el crear un sistema educativo, que cubra toda la población y que brinde los conocimientos y las herramientas intelectuales necesarias para impulsar el desarrollo y la justicia social. Sin embargo, este ideal no ha podido ser cumplido.

La educación superior en México enfrenta actualmente grandes desafíos. La estrechez financiera para solventar adecuadamente los gastos en educación, ciencia y tecnología, ha provocado una situación muy grave para el país y ha contribuido a distorsionar el sistema de enseñanza superior.

Por ello, es necesario que existan recursos económicos suficientes para que el estado mexicano pueda brindar servicios educativos de calidad y con la cobertura que nuestra población demanda.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue ubicada en el cuarto lugar a nivel nacional por parte de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior por su calidad educativa. Asimismo, el periódico El Universal, basado en estudio de la SEP, el Ceneval y la Anuies sobre 60 universidades públicas mexicanas, ubicó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entre las 8 con excelencia a nivel nacional.

Finalmente, el 10 de junio de 2004, el Congreso del estado de Chihuahua otorgó a nuestra Institución el reconocimiento a la calidad académica. La Universidad cuenta con un total de 66 programas académicos, dentro de los cuales se encuentran 15 maestrías, 3 programas de tipo técnico superior universitario, 36 licenciaturas y 12 especialidades.

Con un total de 16,170 alumnos, la Universidad presta servicios de educación a gran parte de la población juarense. Sin embargo, la Universidad requiere recursos presupuestales de manera urgente para apoyar el sistema de pensiones existentes, con el propósito de garantizar su solvencia económica a largo plazo y para que en el 2005 la plantilla del personal administrativo y de confianza sea reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el Partido Verde Ecologista de México, la educación nacional constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para construir nuevas oportunidades de progreso. Por ello, nuestro grupo parlamentario somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se considere como mínimo una partida presupuestaria de 550 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el fin de que esta institución de educación superior cuente con los recursos necesarios para poder desarrollar de esta manera su labor educativa y de investigación social y científica.

Es cuanto señor Presidente, y le solicito sea publicado este punto de acuerdo de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, se considere una partida presupuestaria mínima de 550 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, presentada por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La educación es factor de progresó y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar material de las naciones; influye en el desarrollo afectivo, cívico y social, y en la capacidad y creatividad de las personas y de las comunidades. La educación, en suma, afecta la capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el futuro.

La calidad del sistema educativo de un país es una condición imprescindible para la participación eficaz de la gente en el proceso democrático.

Desde principios del siglo XX México ha tenido dentro de sus ideales más altos el de crear un sistema educativo que cubra a toda la población y que le brinde los conocimientos y las herramientas intelectuales necesarias para impulsar el desarrollo y la justicia social. Sin embargo este ideal no ha podido ser cumplido.

El hecho fundamental que ha limitado la posibilidad de hacer de México un país justo, próspero y creativo es la profunda desigualdad de la sociedad, una pauta que se manifiesta también en las dispares oportunidades de acceso a la educación, en las diferencias de calidad de las opciones de preparación abiertas a cada sector social, en los distintos circuitos culturales y ambientes de estímulo intelectual y en la distribución de posibilidades de obtener información y conocimientos. La equidad social y educativa y el mayor acceso al conocimiento son, por tanto, dos retos entrelazados para potenciar la inteligencia colectiva de México, que hay que enfrentar fomentando el aprendizaje y la formación permanente de todos.

La educación superior en México enfrenta actualmente grandes desafíos. Durante los años noventa, el sistema de educación superior mexicano registró importantes transformaciones en su organización, dimensión, distribución y desempeño. En 1990, la matrícula total de educación superior era de aproximadamente un millón 250 mil estudiantes, incluyendo todas las modalidades de enseñanza. En el 2000 se superó la cifra de 2 millones.

Durante las últimas décadas, los niños y jóvenes mexicanos han tenido un creciente acceso a la escuela y permanecen en ella hasta edades más altas. Ello ha llevado a un sustancial incremento en la escolaridad de los jóvenes actuales en comparación con las generaciones pasadas, así como a un acortamiento de la brecha educativa de género que solía existir. Sin embargo, los niveles de asistencia a la escuela y de escolaridad alcanzada por los jóvenes aún están lejos de lo que sería deseable y algunas diferencias de género aún persisten.

El hecho de ingresar a la escuela constituye sólo el primer paso de una trayectoria que, todavía con elevada frecuencia, se ve truncada de manera temprana, particularmente para los niños y jóvenes de los sectores menos favorecidos, de tal manera que puede afirmarse que la problemática educativa actual en nuestro país no radica ya tanto en incorporar a las niñas y niños al ámbito escolar sino en lograr que estas niñas y niños de todos los sectores sociales permanezcan y avancen en la escuela durante un periodo más prolongado que les permita acceder a los niveles superiores de la enseñanza.

Sin embargo y respecto a la educación superior, la estrechez financiera para solventar adecuadamente los gastos en educación, ciencia y tecnología ha provocado una situación muy grave para el país y ha contribuido a distorsionar el sistema de enseñanza superior. Dada la presión provocada por el aumento de la matrícula estudiantil y de la masa de docentes necesaria para atenderla, los presupuestos universitarios han tenido incrementos globales importantes, pero que no alcanzan a cubrir la magnitud de la expansión.

Por ello, es necesario que existan recursos económicos suficientes para que el Estado mexicano pueda brindar servicios educativos de calidad y con la cobertura que nuestra población demanda.

La formación ciudadana implica el fomento de una cultura política que estimule la participación cívica y civilizada, así como el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y alas minorías, tanto en el ámbito público como privado, en un marco de justicia y libertad.

A principios de 2004, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue ubicada en el cuarto lugar a nivel nacional por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior1 (CIEES) por su calidad educativa, con base en la proporción de los programas académicos clasificados en el nivel 1.

Posteriormente, en junio del mismo año, el periódico El Universal, basado en estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sobre 60 universidades públicas mexicanas, ubicó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entre las ocho con excelencia a nivel nacional.

Finalmente, el 10 de junio del 2004 la LX Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua otorgó a nuestra Institución el Reconocimiento a la Calidad Académica.

Para las autoridades y alumnado de dicha institución educativa, el recibimiento, solamente en el 2004, de estos reconocimientos nacionales y estatales son la respuesta de los logros que la educación ha alcanzado en este municipio. La educación superior de calidad es una realidad.

Para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el quehacer universitario en todas sus funciones se orienta a la mejora de las comunidades, al engrandecimiento del Estado, y contribuye de manera fehaciente al logro de los objetivos de la educación superior en el país, consistentes en ampliar la cobertura educativa con equidad y brindar educación de buena calidad a través de una amplia oferta académica de programas, investigaciones, proyectos y acciones caracterizadas por la doble función de formar a las nuevas generaciones de ciudadanos, profesionistas, científicos, académicos y técnicos, además de servir a la sociedad mediante la colaboración, la educación continua, la extensión universitaria y el servicio social.

La Institución se encuentra en un nivel de desarrollo y solvencia académica que posibilitan una mejor inserción en los procesos de globalización y de construcción de la sociedad del conocimiento. Asimismo se ha insertado de manera exitosa a la transformación de los modelos educativos, que tienen que ver con el aprovechamiento de la información y las tecnologías relevantes actuales, para el aprendizaje y la incorporación productiva al mundo del trabajo.

La Universidad cuenta con un total de 66 programas académicos, dentro de los cuales se encuentran 15 maestrías, 3 programas de tipo técnico superior universitario, 36 licenciaturas y 12 especialidades. Con un total de 16 mil 170 alumnos, la Universidad presta servicios de educación a gran parte de la población juarence.

En las últimas décadas se ha visto una clara mejoría en la viabilidad futura de la institución sustentada en sus cuerpos académicos, en la calidad de los programas educativos, en la optimización de los procesos de gestión, en la probidad en el manejo de recursos, en la cultura de rendición de cuentas, en la infraestructura académica de acervos y tecnología, en laboratorios, clínicas y talleres, en el desarrollo del nuevo campus académico en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, en las reservas territoriales que este año alcanzaron la magnitud de 580 hectáreas, pero sobre todo en el esfuerzo y valores de los estudiantes y de la sociedad que en su conjunto colaboran para tener la universidad que se merecen.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha ascendido de nivel dentro de las instituciones de educación superior en el país, hoy se encuentra entre las mejores cuatro del país. Los logros obtenidos han dado frutos pero también exigen que se amplíe el horizonte de oportunidades, tareas y retos que tiene la institución respecto a la educación superior en Ciudad Juárez y con la sociedad.

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez consideran como gastos a invertir para el 2005, la manutención en condiciones dignas de los procesos de enseñanza, la inversión en actividades orientadas a la generación aplicación y divulgación de conocimiento, la creación de un fondo especial para fomentar y estimular la generación de proyectos de investigación, el impulsar las actividades de extensión universitaria a la comunidad, brigadas multidisciplinarias; la consolidación de los programas de renovación y el mantenimiento de los espacios e instalaciones académicas y administrativas.

La integración y consolidación de los cuerpos académicos así como el aseguramiento de la calidad de los programas educativos, y bibliotecarios que presta la Universidad son tres metas más que la institución pretende conquistar el próximo año.

La Universidad requiere recursos presupuestales de manera más urgente para apoyar el sistema de pensiones existente con el propósito de garantizar su solvencia económica a largo plazo. Y para que en el 2005 la plantilla de personal administrativo y de confianza sean reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México la educación nacional constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para construir nuevas oportunidades de progreso. Por ello, es necesario que existan recursos económicos suficientes para que el Estado mexicano pueda brindar servicios educativos de calidad y con la cobertura que nuestra población demanda.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se considere como mínimo una partida presupuestaria de 550 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el fin de que esta institución de educación superior cuente con los recursos necesarios para poder desarrollar de manera óptima su labor educativa y de investigación social y científica.

Nota:

1 Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior son nueve cuerpos colegiados, integrados por pares académicos del más alto nivel de las instituciones de educación superior de todo el país. Su misión fundamental es evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones educativas que lo solicitan y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de noviembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias doña María Avila Serna. Como lo solicita usted, publíquese íntegro el documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado, y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto del orden del día, se pospone por promoción y voluntad del promovente.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene la palabra la diputada doña Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y al Instituto Electoral del estado de Michoacán, para que garanticen la gobernabilidad y el Estado de derecho en el proceso electoral del próximo 14 de noviembre, particularmente en el municipio de Paracho, Michoacán.

La diputada Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía: Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Las y los suscritos diputadas y diputados federales de los 6 grupos parlamentarios representados en esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición, con base en la siguientes consideraciones:

En Michoacán, el próximo 14 de noviembre se celebrarán elecciones locales para renovar el Congreso local y los 113 ayuntamientos.

En el municipio de Paracho, compuesto por 8 tenencias y la cabecera municipal con 21 mil electores, las pugnas internas originadas en el proceso de elección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática pueden obstaculizar el derecho ciudadano para elegir a su próximo ayuntamiento y a su diputado local.

Una corriente minúscula del Partido de la Revolución Democrática local, en oposición al candidato registrado por dicho partido, ha impedido se realice campaña proselitista en las comunidades de Nurio y Quinzeo, acción ejercida en perjuicio no sólo de los candidatos del PRD, sino también de los candidatos de Fuerza Ciudadana y del Partido Acción Nacional. Asimismo amenazan con no permitir la instalación de casillas en diversas comunidades.

Existe el temor fundado, por parte de los candidatos y sus partidos, de que lo anterior pueda determinar la anulación de la elección en dicho municipio, al invocarse irregularidades en un 20 por ciento de las casillas, lo que se lograría al impedir la instalación de las casillas en las comunidades antes mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Michoacán, antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, para que en el marco de sus atribuciones y facultades garantice las condiciones propicias para el correcto desarrollo del proceso electoral en esa entidad federativa a celebrarse el próximo 14 de noviembre, en particular en el municipio de Paracho.

Segundo. Se exhorta al presidente del Instituto Electoral del estado de Michoacán para que, en el marco de las atribuciones y obligaciones que le confiere y establece el Código Electoral del estado de Michoacán, tome oportuna y decididamente las medidas que considere pertinentes para garantizar que el proceso electoral del próximo 14 de noviembre se desarrolle con tranquilidad, respeto y cumplimiento a la normatividad electoral.

Muchas gracias.

Solicito, ciudadano diputado Presidente, que se publique íntegro el documento en el Diario de los Debates y hago entrega del documento firmado por los diputados: una servidora, José González Morfín, Manuel Velasco, Carlos Silva, Israel Tentory, Consuelo Muro Urista y Margarito Fierros etcétera. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y al Instituto Electoral del Estado de Michoacán a garantizar la gobernabilidad y el estado de derecho en el proceso electoral del próximo 14 de noviembre, particularmente en Paracho, a cargo de la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del PAN

Las y los suscritos diputadas y diputados federales del PAN, PRI, PRD y PVEM, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al Poder Ejecutivo local así como al Instituto Electoral de Michoacán para que en el marco de sus atribuciones y competencias garanticen las condiciones propicias para el correcto desarrollo del proceso electoral en esa entidad federativa a celebrarse el próximo 14 de noviembre, en particular en el municipio de Paracho Michoacán, con base en las siguientes

Consideraciones

En Michoacán, el próximo 14 de noviembre, se celebrarán elecciones locales para renovar el Congreso local y los 113 ayuntamientos.

En el municipio de Paracho, compuesto por ocho tenencias y la cabecera municipal, con veintiún mil electores las pugnas internas originadas en el proceso de elección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, pueden obstaculizar el derecho ciudadano para elegir a su próximo ayuntamiento y diputado local.

Una corriente minúscula del Partido de la Revolución Democrática local en oposición al candidato registrado por dicho partido, ha impedido se realice campaña proselitista en las comunidades de Nurio y Quinceo, acción ejercida en perjuicio, no sólo de los candidato del PRD, sino también de los candidatos de Fuerza Ciudadana y del Partido Acción Nacional. Asimismo amenazan con no permitir la instalación de casillas en las comunidades de Nurio, Quinceo, Urapicho y Cheranástico.

Existe el temor fundado, por parte de los candidatos y sus partidos de que lo anterior pudiera determinar la anulación de la elección en dicho municipio, al invocarse irregularidades en el 20% de las casillas, lo que se lograría al impedir la instalación de las casillas en las comunidades antes mencionadas.

Los ciudadanos, candidatos y partidos políticos de Paracho han solicitado a través de diferentes instancias: Congreso del estado, Instituto Electoral de Michoacán, partidos políticos a nivel estatal y ahora, a través nuestra como representantes populares a nivel federal, la intervención del titular del Ejecutivo estatal para que coadyuve en la solución del conflicto y para que, de no resolverse y colocar en riesgo el derecho de los ciudadanos a ejercer libremente y en paz su voto, tome las medidas pertinentes para garantizar el estado de derecho en el municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de

Acuerdo

Primero.- Se exhorta al C. Gobernador constitucional del estado de Michoacán, antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, para que en el marco de sus atribuciones y facultades garantice las condiciones propicias para el correcto desarrollo del proceso electoral en esa entidad federativa, a celebrarse el próximo 14 de noviembre, en particular en el municipio de Paracho.

Segundo.- Se exhorta al presidente del Instituto Electoral del estado de Michoacán, para que en el marco de las atribuciones y obligaciones que le confiere y establece el Código Electoral del Estado de Michoacán tome, oportuna y decididamente, las medidas que considere pertinentes para garantizar que el proceso electoral del próximo 14 de noviembre se desarrolle con tranquilidad, respeto y cumplimiento a la normatividad electoral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2004.--- Diputados: Margarita Chávez Murguía, Consuelo Muro Urista, Armando Leyson Castro, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Pablo Antonio Villanueva Ramírez, Carlos Hernán Silva Valdés, Israel Tentory García, V. Lenin Sánchez Rodríguez, Margarito Fierros Tano, Ana Lilia Guillén Quiroz, Pedro Vázquez González, Oscar González Yáñez, José González Morfín, Manuel Velasco Coello, Jaime Miguel Moreno Garavilla y Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Margarita Chávez Murguía.

Como usted lo ha solicitado, se dispone se publique íntegro el documento en el Diario de los Debates, se publique en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicado. Y como lo tiene ya registrado esta Presidencia, por favor consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Luego entonces se considera el asunto de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida y por lo tanto consulte la Secretaría, en votación económica, a la Asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo por el que se plantea adicionar en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un programa de energéticos agropecuarios, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Con su permiso, señor Presidente. Igualmente, solicito se integre plenamente el texto en el Diario de los Debates, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Así se hará, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: La situación de los productores del campo es sumamente grave debido a que la comercialización de sus productos no les genera los excedentes suficientes.

En esto incide fuertemente el precio de los energéticos necesarios para esa producción que incide en las asimetrías respecto a las condiciones de producción de otros países, en particular con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos.

Ya para esto el Congreso de la Unión aprobó, en diciembre de 2002, la Ley de Energía para el Campo, cuyo objetivo es el de coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y a la competitividad con medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías. Asimismo, el Ejecutivo federal, de acuerdo a la citada ley, establecerá el Programa de Precios y Tarifas de Estímulo de los Energéticos Agropecuarios: gasolina, diesel, combustóleo y energía eléctrica necesarios para las actividades agropecuarias.

Sin embargo, en las leyes de ingresos y en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, subsiguientes a la fecha de publicaciones de la ley, no se ha incorporado la asignación de los estímulos de la integración del programa correspondiente, por lo cual es procedente dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley.

Cabe señalar que los acuerdos de modificación y reestructuración de tarifas eléctricas, no forman parte de un programa integral. Como ejemplo vale señalar que en un solo año fueron beneficiados con la tarifa ``9 N'', 6 mil 954 usuarios, cuando los productores del campo que utilizan el riego, son alrededor de 100 mil.

Por lo antes expuesto, me permito poner a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apruebe en la fracción II del artículo 50 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, ampliar de 4 a 5 los programas para instrumentar las políticas...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, señor diputado. Suspéndase el cómputo del tiempo.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Emilio Serrano.

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): Gracias, diputado Presidente. Nada más si es tan amable de pedir la verificación del quórum, si es tan amable.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Cómo no, señor diputado don Emilio.

Proceda, por favor, vamos a interrumpirlo, señor diputado, proceda la Secretaría a dar instrucciones para que se abra el sistema electrónico y tomar la verificación del quórum por 10 minutos, continuando el desarrollo de la sesión.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico de cómputo de asistencia por 10 minutos.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputado Carrillo Soberón.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muy amable, señor Presidente.

Reitero.

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apruebe en la fracción II del artículo 50 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, ampliar de 4 a 5 los programas para instrumentar las políticas sectoriales, adicionando un programa de energéticos para el campo como sigue:

E) Energéticos para el campo. Su propósito es estimular las actividades agropecuarias, facilitando el acceso de los productores a los energéticos más utilizados en dichas actividades, a fin de mejorar la competitividad de los productos del campo.

Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la adición en el anexo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 del Programa de Energéticos para el Campo, dentro de las políticas sectoriales correspondientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se plantea adicionar al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un programa de energéticos agropecuarios, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La situación de los productores del campo es sumamente grave debido a que la comercialización de sus productos no les genera los excedentes suficientes para atender las necesidades de una vida digna.

Dentro de los costos que concurren en la producción del campo, uno de los componentes que en mayor medida contribuyen son los precios de los energéticos necesarios para esa producción, que inciden en las asimetrías respecto a las condiciones de producción de otros países, en particular con nuestro principal socios comerciales los Estados Unidos.

En este contexto, el Honorable Congreso de la Unión aprobó, en diciembre de 2002, la Ley de Energía para el Campo, cuyo objetivo es el de coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Asimismo, de conformidad con la citada Ley, el Ejecutivo Federal establecerá el Programa de precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios (gasolina, diesel, combustóleo y energía eléctrica empleados directamente en las actividades agropecuarias), cuyas previsiones se incluirán dentro de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es de consignarse que las leyes de ingresos y los decretos de presupuesto de egresos de la federación subsiguientes a la fecha de la publicación de la Ley de Energía para el Campo, no han incorporado la asignación de los estímulos y la integración del Programa correspondientes, por lo cual es procedente dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo.

Cabe señalar que los acuerdos de modificación y reestructuración de tarifas eléctricas no forman parte de un programa integral de estímulos a los energéticos agropecuarios y están condicionados a una serie de trámites y restricciones que limitan sus beneficios, como lo muestra el IV Informe Presidencial de Gobierno, en el que se señala que en un año solo fueron beneficiados con la tarifa 9-N 6,954 usuarios, cuando los productores del campo que utilizan el riego son alrededor de 100,000.

Por lo antes expuesto me permito a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apruebe en la fracción II del artículo 50 del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, ampliar de cuatro a cinco los programas para instrumentar las políticas sectoriales, adicionando un Programa de Energéticos para el Campo, como sigue:

e) Energéticos para el Campo: su propósito es estimular las actividades agropecuarias facilitando el acceso de los productores a los energéticos más utilizados en dichas actividades, a fin de mejorar la competitividad de los productos del campo mexicano.

Segundo.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la adición, en el Anexo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, del Programa de Energéticos para el Campo, dentro de las políticas sectoriales correspondientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.--- Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica).»

El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.

Como lo solicitó oportunamente, don Francisco Javier Carrillo Soberón, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

Túrnese la proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado de la orden del día por promoción del interesado.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sean destinados recursos a la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango.

El diputado José Evaristo Corrales Macías: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante diputado.

El diputado José Evaristo Corrales Macías: El suscrito, diputado federal Evaristo Corrales Macías, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En estos momentos es necesario, para el beneficio integral del país, que el Gobierno Federal fortalezca una planeación sectorial y el diseño de una estrategia fundamental para la construcción de nuevas carreteras, así como conservación y ampliación de las redes existentes con una visión de desa-rrollo a mediano plazo que nos permita estar a la altura del mundo globalizado.

Las carreteras propician el desplazamiento de bienes, servicios y personas, siendo un instrumento fundamental para la integración social, cultural y económica de los lugares por donde se trazan y del país en general. De su calidad depende el desarrollo de las actividades productivas de la explotación de recursos materiales naturales y el fin del progreso entre pueblos y habitantes.

Las carreteras propician una mejor comunicación entre los pueblos y comunidades, ya que el aislamiento de los mismos causa en diversas índoles para las personas que se ven en la necesidad de transitar por esos caminos, cabiendo mencionar que este mismo aislamiento no permite que las poblaciones se incorporen al ritmo económico de las demás regiones del país.

En el estado de Sinaloa durante muchos años se ha estado luchando por la ampliación de la carretera Mazatlán-Durango por considerarse prioritaria para el desarrollo de la entidad para la integración productiva de los diversos sectores y actividades económicas, así como de regiones geográficas cuyos recursos naturales son poco aprovechados por no contar con una vía de acceso rápido que permita el flujo de los mismos y por ende su movilización hacia mercados potenciales.

En su momento las Secretarías de Comunicaciones y Transportes de los gobiernos de los estados de Sinaloa y de Durango acordaron la aportación de recursos por 302 millones de pesos para la construcción de los primeros 25 kilómetros, trabajos que por un tiempo quedaron parados por falta de fluidez en los recursos. Posteriormente para el año 2004 se programaron recursos insuficientes que no permitieron un avance significativo a los trabajos, quedando éstos más cargados hacia el ámbito de los estados citados.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2005 presentado por el Ejecutivo federal observamos que no se están designando más recursos a la continuación de dicha carretera, lo que provocará el retraso de este importante proyecto que de acuerdo a los planes del Gobierno Federal tiene programado terminarse en el 2006.

Por lo anterior someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública... Termino, señor Presidente.

...En el momento de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 asigne recursos por el orden de 400 millones de pesos que garanticen concluir la carretera Mazatlán-Durango, en el tramo que comprende el estado de Sinaloa, en el 2006, tal y como se tiene contemplado en el Plan de Desarrollo del Gobierno Federal una vez que se hayan estimado mayores recursos fiscales.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se le agotó el tiempo, diputado.

El diputado José Evaristo Corrales Macías: Sí, señor Presidente.

Firman este punto de acuerdo, también han tenido a bien apoyarlo con su firma, los diputados: Juan de Dios Castro, Tatiana Clouthier, Javier Osorio Salcido, Gabriela Ruiz del Rincón.

Por su apoyo y atención muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se destinen recursos a la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Evaristo Corrales Macías, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones 1.- En estos momentos, es necesario para el beneficio integral del país, que el Gobierno Federal fortalezca una planeación sectorial, y el diseño de una estrategia fundamental para la construcción de nuevas carreteras, así como la conservación y ampliación de las redes existentes con una visión de desarrollo a mediano plazo, que nos permita estar a la altura del mundo globalizado.

2.- Las carreteras propician el desplazamiento de bienes, servicios y personas; siendo un instrumento fundamental para la integración social, cultural y económica de los lugares por donde se trazan y del país en general. De su calidad depende el desarrollo de las actividades productivas, de la explotación de recursos materiales y naturales; en fin del progreso entre pueblos y habitantes.

3.- Las carreteras propician una mejor comunicación entre los pueblos y comunidades, ya que el aislamiento de los mismos causa inseguridad en diversas índoles, para las personas que se ven en la necesidad de transitar por esos caminos, cabiendo mencionar, que este mismo aislamiento no permite que las poblaciones se incorporen al ritmo económico de las demás regiones del país.

4.- En el estado de Sinaloa durante muchos años se ha estado luchando por la ampliación de la carretera Mazatlán-Durango por considerarse prioritaria para el desarrollo de la entidad, para la integración productiva de los diversos sectores y actividades económicas, así como de regiones geográficas cuyos recursos naturales son poco aprovechados por no contar con una vía de acceso rápido, que permita el flujo de los mismos, y por ende su movilización hacia mercados potenciales.

5.- Con la ampliación de la nueva carretera Mazatlán-Durango (cuyo tramo en Sinaloa consta de 80 kilómetros) se abriría una nueva vía hacia el norte del país y quedaría establecido el corredor Matamoros-Mazatlán, por lo que sería una carretera interoceánica al contactar los puertos de la zona noreste del país con los puertos de altura de Mazatlán y Topolobampo. Con esta ventaja el flujo de las regiones citadas, así como de la zona de la comarca lagunera llegaría de manera más expedita; por lo que se ampliaría el traslado de las mercancías, así como su comercio con mercados extranjeros. No sólo el sector industrial, agroindustrial, minero y maderero se fortalecería, sino el turístico también, ya que con una carretera segura, donde se ahorraría tiempo de traslado, el flujo de turismo nacional se vería incrementado y por lo tanto la afluencia de más recursos en la región.

6.- En su momento, la SCT y el Gobierno del Estado de Sinaloa y de Durango acordaron la aportación de recursos por 302 millones de pesos para la construcción de los primeros 25 kilómetros, trabajos que por un tiempo quedaron parados por la falta de fluidez en los recursos. Posteriormente para el año 2004 se programaron recursos insuficientes que no permitieron un avance significativo en los trabajos, quedando estos más cargados hacía el ámbito de los estados citados.

7.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2005, presentado por el Ejecutivo Federal, observamos que no se están destinando recursos a la continuación de dicha carretera, lo que provocará el retraso de este importante proyecto, que de acuerdo con los planes del gobierno federal, tiene programado terminarse en el 2006.

Por ser prioridad en nuestra labor como legisladores y representantes populares y ciudadanos el buscar el bien común para todos los mexicanos; y siendo uno de ellos, el propiciar el desarrollo económico; por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; en el momento de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, asigne recursos por el orden de los $400, 000,000 (cuatrocientos millones de pesos) que garanticen concluir la carretera Mazatlán-Durango, en el tramo que comprende el Estado de Sinaloa, en el 2006 tal y como se tiene contemplado en el Plan de Desarrollo, del Gobierno federal, una vez que se hayan estimado mayores recursos fiscales.

Dip. José Evaristo Corrales Macías (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Y este punto de acuerdo no hay inconveniente en apoyarlo los diputados de San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Zacatecas etcétera, y el que hace las veces de Presidente, el de la voz.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto del orden del día se pospone por promoción del interesado: la diputada Nancy Cárdenas Sánchez.

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PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se hace un extrañamiento al ciudadano Presidente de la República por el nombramiento del ingeniero Luis Ramírez Corzo, como director general de Pemex. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública realizar las averiguaciones derivadas de las auditorías y se pospone la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos para la glosa del IV Informe de Gobierno, en tanto se rectifica el nombramiento de su titular.

El diputado Jorge Martínez Ramos: Con su venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Jorge.

El diputado Jorge Martínez Ramos: El pasado 1º de noviembre el Presidente de la República nombró nuevo director general de Petróleos Mexicanos al ingeniero Luis Ramírez Corzo, en sustitución del ingeniero Raúl Muñoz Leos.

La trayectoria de Luis Ramírez Corzo incluye asesorías a Nova Corporation, la empresa canadiense a través de Nova Chemicals, que fue elegida para encargase del ambicioso proyecto Fénix, junto con las nacionales Indel, filial de Alfa y Grupo Idesa.

Este dato relevante que no aparece en la información biográfica oficial, en sí mismo supone un conflicto de intereses que se ve agravado por el reciente nombramiento que obtuvo.

Por otra parte, Ramírez Corzo durante su gestión al frente de Pemex Explotación y Producción, ha incurrido en conflicto de intereses, dado que su actuación no se ajusta a lo que establece la fracción XIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que tiene participación en diversas empresas proveedoras de bienes o servicios petroleros mexicanos, como son: Turbina Solar, de la que fue director; Motores y Partes de Coatzacoalcos; Equipos Peerless del Centro y, Constructora Modulcar.

Esta relación de interés inadmisible en un servidor público, queda manifiesta en la denuncia que presenta en su contra el señor Raúl Romo, apoderado de la empresa México Diesel Electro Motif, en la cual se le acusa de infringir la Ley de Adquisiciones y llevar a cabo adjudicaciones directas en contravención con dicha ley.

Adicionalmente, durante su función como Director de Pemex Exploración y Producción, una de las empresas favorecidas con contratos, Motores y Partes de Coatzacoalcos, fue inhabilitada como proveedora de la administración pública por incurrir en violaciones a la normatividad que rige a las empresas proveedoras, según la circular oficial de la Secretaría de la Función Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2004.

Ramírez Corzo es el principal promotor de los contratos de servicios múltiples, que son a todas luces ilegales y que se encuentran sub judice, es decir, sujetos a una deliberación previa y a una consecuencia jurídica que constituirán en su momento posibles responsabilidades penales en su contra. Esto lo hemos venido repitiendo en múltiples ocasiones en contra del interés nacional y de la principal empresa del país.

Para decirlo con claridad, el ingeniero Ramírez Corzo no debe estar al frente de Pemex, por sus oscuros antecedentes, ya que éstos lo hacen inelegible y por ello no admitimos reconocerlo como un interlocutor válido ante el Poder Legislativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Dirigir un extrañamiento al Ejecutivo federal, por la designación del ingeniero Luis Ramírez Corzo, como director general de Petróleos Mexicanos y solicitarle que en ejercicio de sus facultades nombre en su lugar a una persona reconocida por su probidad, conocimiento del sector y capacidad para ser aceptado como interlocutor creíble y válido.

Segundo. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, la realización de auditorías por las vías conducentes, a los contratos celebrados por Pemex con las empresas mencionadas.

Tercero. Exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, realicen las investigaciones y averiguaciones conducentes y, en su caso, las denuncias respectivas derivadas de éstas y, finalmente,

Cuarto. Solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, que postergue la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos a la IV Glosa del Informe de Gobierno, en tanto se rectifica el nombramiento de su titular.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento al Presidente de la República por el nombramiento del ingeniero Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex; se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que realicen las averiguaciones derivadas de las auditorías; y se pospone la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos para la glosa del IV Informe de Gobierno en tanto se rectifica el nombramiento de su titular, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Jorge Martínez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 1 de noviembre, el Presidente de la República nombró como nuevo director general de Petróleos Mexicanos al Ing. Luis Ramírez Corzo, en sustitución del Ing. Raúl Muñoz Leos.

De manera incongruente con el reiterado discurso de transparencia de la administración del Presidente Vicente Fox, la renuncia o el despido del ingeniero Raúl Muñoz Leos, no ha sido aclarado a la opinión pública. Las contradicciones y generalidades sobre el relevo en Pemex sólo acrecientan la incertidumbre y la desconfianza, toda vez que se toman decisiones sobre la dirección de la principal empresa de la Nación a espaldas de la ciudadanía.

Lo mas grave de esta situación, resulta el nombramiento de Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex.

La trayectoria de Luis Ramírez Corzo, incluye asesorías a Nova Corporation, la empresa canadiense que a través de Nova Chemicals fue elegida para encargarse del ambicioso Proyecto Fénix, junto con las nacionales Indelpro -filial de Alfa-, y Grupo Idesa. Este dato relevante, que no aparece en la información biográfica oficial, en si mismo supone un conflicto de intereses que se ve agravado por el reciente nombramiento que obtuvo.

Por otra parte, Ramírez Corzo durante su gestión al frente de Pemex Exploración y Producción ha incurrido en conflicto de intereses dado que su actuación no se ajusta a lo que establece la fracción XIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto tiene participación en diversas empresas proveedoras de bienes o servicios de Petróleos Mexicanos, como son: Turbinas Solar, de la que fue director; Motores y Partes Coatzacoalcos; Equipos Peerles del Centro; y Constructora Modulcar.

Esta relación de interés, inadmisible en un servidor público, queda manifiesta en la denuncia que presenta en su contra el Sr. Raúl Romo apoderado de la empresa México Diesel Electro Motive, en la que se le acusa de infringir la Ley de Adquisiciones y llevar a cabo adjudicaciones directas en contravención con dicha Ley.

Adicionalmente, durante su función como director de Pemex Exploración y Producción, una de las empresas favorecidas con contratos, Motores y Partes Coatzacoalcos, fue inhabilitada como proveedora de la administración pública por incurrir en violaciones a la normatividad que rige a las empresas proveedoras según la Circular de la Secretaría de la Función Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2004.

No han sido pocas las veces en las que Ramírez Corzo ha manifestado públicamente su inclinación por los contratos de riesgo, las concesiones y el reparto de la producción con la iniciativa privada, lo que despierta serias dudas acerca de su compromiso con la paraestatal y con lo que ella representa para los intereses nacionales.

Luis Ramírez Corzo es al interior de la administración de Pemex, el más empeñoso promotor de los Contratos de Servicios Múltiples. Estos Contratos se encuentran ``subjudice'', es decir, sujetos a una deliberación previa y a una consecuencia jurídica y constituyen, como lo hemos venido diciendo en múltiples ocasiones, un perjuicio para el interés de Pemex y del país.

Este es el funcionario que el gobierno de Fox ubica al frente de Pemex, uno que ha promovido por todos lo medios a su alcance la implementación de contratos que hoy día se encuentran bajo entredicho jurídico.

La trayectoria de Luis Ramírez Corzo dentro y fuera de Pemex, permite afirmar que el Ejecutivo Federal ha tomado una decisión que en nada favorece la tarea de interés público que es fortalecer a la principal empresa nacional. Por el contrario existen elementos suficientes para afirmar que el objetivo de este nombramiento, de acuerdo al desempeño del funcionario en cuestión, es debilitar a Pemex o aún peor, generar las condiciones propicias para su definitiva privatización.

Para decirlo con claridad: Luis Ramírez Corzo no debe estar al frente de Pemex, sus oscuros antecedentes lo hacen inelegible y por ello, no admitimos reconocerlo como interlocutor válido ante el poder legislativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Dirigir un extrañamiento al Ejecutivo Federal por la designación del Ing. Luis Ramírez Corzo como director general de Petróleos Mexicanos y solicitarle que, en ejercicio de sus facultades, nombre en su lugar a una persona reconocida por su probidad, conocimiento del sector y capacidad para ser aceptado como un interlocutor creíble y válido ante todos los actores, mas allá del Poder Ejecutivo.

Segundo.- Solicitar a la Auditoria Superior de la Federación, la realización de auditorías por las vías conducentes a los contratos celebrados por Pemex con las empresas Motores y Partes Coatzacoalcos; Equipos Peerles del Centro; Constructora Modulcar y turbinas solar y en general a toda la gestión de Luis Ramírez Corzo al frente de Pemex Exploración y Producción.

Tercero.- Exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, realicen las investigaciones y averiguaciones conducentes y en su caso las denuncias respectivas derivadas de éstas, contra quien o quienes resulten responsables de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cuarto.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados que posponga la comparecencia del director de petróleos Mexicanos para la glosa del IV Informe de Gobierno, en tanto se rectifica el nombramiento de su titular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Jorge Martínez Ramos.

Antes de continuar con el procedimiento solicitado en esta proposición, se instruye a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia para la rectificación de quórum.

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VERIFICACION DE QUORUM

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

De viva voz la diputada Fajardo Muñoz. La curul 298.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): Presente.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Gracias.

Diputado Presidente, hay una asistencia de 326 ciudadanos diputados. Hay quórum.

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PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, Secretaria.

Se continúa con el procedimiento.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, Secretaria.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputado Presidente, para solicitarle que la presente votación sea nominal.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: ¿Quién le apoya en su solicitud?..

Satisfecho el requisito reglamentario de que 5 más apoyen la solicitud hecha por usted, se instruye a la Secretaría para que recabe votación nominal y disponga se abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos.

Por favor activen el sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Nada más rogarles que pudiera ser esta votación hasta por 5 minutos.

El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No tengo ningún inconveniente.

Instruya la Secretaría para que amplíe el término hasta por 5 minutos. Adelante.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos.

(Votación.)

Activen el sonido en la curul 298 de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde su curul): El voto a favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ya se cerró el sistema.

Diputado Presidente, se emitieron 204 votos en pro 100 en contra y 4 abstenciones.

Sí ha lugar para que se considere mayoría calificada.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición...

Esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Juan de Dios Castro Lozano, en contra. A favor el diputado González Schmall. El diputado Carrillo a favor. El diputado Fuentes a favor.

Reglamentariamente tendríamos uno y uno; en cuanto tengamos la primera ronda preguntaremos a la Asamblea.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan de Dios Castro, para hablar en contra de la proposición.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores:

Yo quisiera saber qué opinaría don Jorge Martínez Ramos y qué opinarían todos los diputados que se han inscrito y probablemente voten en pro de esta proposición, si el Ejecutivo Federal contra derecho, sin tener facultades, sin ejercitar las facultades que le impone y le otorga la Constitución, hiciera un extrañamiento al Congreso de la Unión o hiciera un extrañamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yo no estoy en contra de los argumentos que el proponente pueda tener para con el funcionario que ha sido nombrado por el Ejecutivo Federal. Es más, puedo dar por cierto que sean válidos; estoy en contra de que en una división de poderes, de coordinación de poderes, a un poder, contra derecho, se le otorgue la facultad de hacer un extrañamiento a otro poder. Si el Ejecutivo Federal se equivocó o dolosamente nombró, quiero darlo por hecho, la Ley de Responsabilidades establece el procedimiento; instáurese el procedimiento de responsabilidades.

Si tiene negra historia, que se presenten las denuncias penales que corresponda...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame, maestro Juan de Dios.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Enrique Ovalle Araiza (desde su curul): Quisiera ver si el orador me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Maestro, ¿le permite una pregunta al señor diputado?

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: Yo no tengo inconveniente, depende de la Presidencia.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante diputado.

El diputado Manuel Enrique Ovalle Araiza (desde sucurul): Señor diputado, a mí me gustaría saber si no existe además otra invasión de facultades, cuando se prejuzga a una persona en las condiciones en las que se está haciendo. Número uno.

Dos. Cuál es la naturaleza del nombramiento o designación del director de Pemex, y

Tres. Cómo se vincula esta designación o nombramiento con el hecho de que pueda o no participar en lo que es la comparecencia del director de Pemex ante esta Cámara.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe. Adelante con su respuesta, señor orador.

Permítame un segundo. Diputado Rangel.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul): Diputado Presidente, le solicito preguntar al orador de Dios, si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sólo que le acaban de hacer una pregunta. No sé si el señor orador prefiriera contestar y que le hicieran la segunda de las preguntas y si es que la acepta don Juan de Dios.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: Que me la hagan, señor Presidente y aprovecharé la respuesta para contestar a las dos. Adelante diputado, sí lo autoriza la Presidencia.

>

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul): Sólo preguntarle si es comparable en cuanto a las facultades del Ejecutivo, de vigilancia hacia otro poder, con las que tiene este Congreso para vigilar las acciones del Poder Ejecutivo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe, señor diputado con su respuesta.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano: Yo siempre he dicho y además cuando he ejercido las funciones de Presidente, he tenido la impresión de que considero no equivocada, que le dan oportunidad al orador de explayarse, porque vean allá, no me cuenta el tiempo. Y qué bueno, porque puedo hacerlo.

A las primeras preguntas que me han planteado: Pemex es un organismo descentralizado y se rige por una Ley Orgánica, pero a pesar de ser organismo descentralizado con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, distinta de la del Gobierno Federal, el Gobierno Federal tiene una mayoría en su consejo, que le permite tomar decisiones importantes y además el Presidente de la República tiene una facultad determinante para nombrar a su director.

Cuando se presentó, raras veces intervengo en los debates, pero ya ha habido varios, varias propuestas, me he detenido en aquellas que dice: ``Se exhorta''. Yo diría que el verbo ``exhorta'' al Ejecutivo Federal, se encuentra en el límite, en el filo de la navaja de la invasión de poderes de uno a otro.

Cuando se presentó esta proposición y entonces utilizan un verbo, utiliza un sustantivo, ``que se le haga un extrañamiento al Ejecutivo Federal''. Yo digo es intolerable y es intolerable para quien como yo y como muchos de los que aquí estamos, creemos en la división de poderes establecida en la Constitución General de la República y no importa y en este momento no me interesa que sea el licenciado Vicente Fox Quesada el Presidente de la República, hubiera hecho lo mismo con el doctor Zedillo, con Carlos Salinas o con cualquier otro que sea Presidente de la República en la propia Legislatura Federal.

El Legislativo, ¡no tiene facultades para hacer extrañamientos al Ejecutivo, como el Ejecutivo no tiene facultades para hacer extrañamientos al Congreso de la Unión y al Poder Legislativo!

Pero me dicen, me dice el señor diputado: ``¿Y la facultad de vigilancia del Congreso?'', ``¿Y la facultad de vigilancia del Congreso?'' Sí diputado, pero no es el pleno. La Auditoría Superior de la Federación, que entiéndase bien, no es un títere en manos del Congreso, ni siquiera de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, de la que alguien podría equivocadamente entender que depende, porque tiene autonomía, tan es así, que puede ser considerada la Auditoría Superior de la Federación, como un órgano distinto de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización y de vigilancia y tiene facultades también para analizar en otro tema que no tuve oportunidad de terminar, los contratos de servicios múltiples, la Auditoría tenía facultades para determinar si eran legales o no, pero permítanme, no al Congreso.

Así como aquí, equivocadamente también, se dijo en una vez y se aprobó, se aprobó por mayoría y como asunto de urgente resolución, que se llame la atención, la atención al Presidente de la República por las declaraciones que hizo sobre el Poder Judicial de la Federación. El Presidente no puede hacer extrañamientos al Poder Judicial ni puede hacer extrañamientos al Poder Legislativo, puede emitir opiniones, porque tiene derecho de expresión consagrado en la Constitución como lo tenemos todos los diputados. Si el punto de acuerdo dijera, dijera, que la Cámara de Diputados expresa su opinión, de la Cámara de Diputados y la hace patente, es diferente que un extrañamiento. Es la Constitución y es la división de poderes, señores diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, maestro Juan de Dios.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, para hablar en pro.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul): Señor Presidente, para contestar alusiones personales. El diputado Jorge Martínez Ramos (desde su curul): Señor Presidente, para contestar alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En cuanto culminemos con el registro de oradores, empezamos con la lista.

Permítame un segundo. Vamos a desahogar, permítanme que el señor orador a quien ya le concedimos el uso de la palabra, para no incurrir en una descortesía con él, desahogue su turno y permítanme hacer una lista aparte de alusiones personales, en la que tengo al señor diputado José Rangel y al señor diputado Ramos, Jorge Martínez.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Gracias, ciudadano diputado President;.compañeras y compañeros diputados:

Es verdaderamente lastimoso venir a este Congreso que ejerce plenamente sus amplías y republicanas facultades como un poder soberano, para justamente en la teoría de la división de poderes hacer contrapeso al abuso del poder unipersonal del Ejecutivo, a manifestarse con la claridad que ahora se ha hecho, frente a un hecho que agravia y afrenta la dignidad nacional.

No es posible que una renuncia oscura como la de Muñoz Leos, que se atribuye por una parte, a que le dio dinero y cantidades discrecionalmente al sindicato o de que le está dando prerrogativas a nuevos contratistas y desplazando a los anteriores enriquecidos o cualquier que sea la versión, pero que se niega al pueblo, que se niega a la opinión pública manifestase con claridad y con nitidez, pueda ser aceptada para a su vez, nombrar a su segundo de abordo que justamente, justamente arrastra los mismos vicios y las mismas razones por las que se tuvo que hacer renunciar a Muñoz Leos.

Yo creo que es justamente y compañeros Castro Lozano, en la facultad del Presidente y del Ejecutivo, también existe para limitar la voz de esta Cámara como lo hemos visto cuando ejerce su derecho al veto. Nosotros tenemos también derecho aquí a ejercer esa facultad fiscalizadora y no solamente a través del instrumento ad hoc, que es la Auditoría Superior de la Federación, sino a través precisamente de este discernimiento patriótico, frente a los hechos que están lastimando la dignidad nacional y que están poniendo...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado orador. Señor diputado González Schmal, ¿me permite un segundo, por favor?

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Sí, a sus órdenes.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Activen el sonido en la curul de don Juan de Dios Castro.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): Quiero solicitar al Presidente, pregunte a mi respetabilísimo compañero legislador don Jesús González Schmal, sí me acepta una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Sí, señor Presidente, acepto la interrogativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, don Juan de Dios.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): Es muy breve, señor diputado González Schmal, usted es un jurista y un abogado reconocido. ¿Dígame la ley y el artículo que le permite al Congreso objetar al Presidente de la República, su ejercicio de nombrar funcionarios en el Poder Ejecutivo?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con todo gusto, también estimado amigo Juan de Dios Castro Lozano.

Esa ley, ese sentido, esa facultad indeclinable e inflexible del Congreso, es precisamente en ejercicio de su soberanía, defender los derechos del pueblo mexicano frente a un exceso del Poder Ejecutivo. Esa disposición señor diputado, está implícita y está en el sentido mismo y en la razón de ser de una Constitución que consagra la división de poderes y el sistema republicano.

Y decía yo, que es tan importante que ejerzamos este derecho a la fiscalización, a la crítica y del derecho; efectivamente hacer un exhorto al Presidente de la República cuando él se excede, porque en efecto tiene facultades para nombrar a sus colaboradores, pero éstas no son discrecionales, no son absolutas, no son monarquitas, tienen que ser razonables, coherentes, republicanas, para bien y el servicio de México.

No es facultad en una empresa privada ni se trata de llevar a la ruina a un particular objetivo del señor Presidente de la República, sino está en juego el futuro de la nación y el futuro de la empresa más importante de México, de la empresa que nos dio frente al mundo una constancia de capacidad para manejar nuestros recursos energéticos para hacernos independientes, frente a fuerzas extranjeras más poderosas y que nos da, hoy por hoy, también a esta Cámara la necesidad y la demanda de defenderla frente a agravios y frente a amenazas en el nombramiento de sus nuevos directores.

Es todo, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado González Schmal.

El artículo 23 de nuestra Ley Orgánica, permite al Presidente de la Cámara en turno, dirigir los debates y es por ello que en este instante vamos a abrir un espacio para la contestación de alusiones personales, y es por ello que le damos la palabra al señor diputado don José Rangel Espinosa e inmediatamente después a don Jorge Martínez Ramos y a ambos oradores les va a solicitar esta Presidencia respetuosamente, empiecen su intervención haciendo énfasis particular en las alusiones personales de las que fueron objeto.

El diputado José Rangel Espinosa: Gracias, diputado Presidente.

En primer término, con todo respeto a mi compañero legislador, a don Juan de Dios Castro, debo darle la razón en cuanto a que de conformidad con las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tanto Petróleos Mexicanos como la Auditoría Superior de la Federación, son entidades autónomas en las respectivas esferas de los poderes y que tienen esa posibilidad de realizar sus actividades, su trabajo, tomar sus propias decisiones; sólo que por sobre estas dos leyes orgánicas está la Constitución y la Constitución es muy clara: hay tres poderes que integran el gobierno, me refiero en este caso a los poderes Legislativo y Ejecutivo, y Pemex es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo; quizá es responsabilidad indirecta, recordemos que la descentralización es una forma de organización de determinado poder y que el Presidente de la República.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres (desde su cururl): Señor Presidente, el orador solicitó el turno para alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor orador.

Diputado Corella.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres (desde su curul): El orador solicitó la uso de la palabra para contestar alusiones personales y tal parece ser que está haciendo una exposición en el sentido de manifestarse a favor de la propuesta. Quisiera hacer una moción de orden a la Presidencia en ese sentido.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El la escuchó, señor diputado.

Adelante.

El diputado José Rangel Espinosa: No se preocupe usted de lo que yo pueda decir en tribuna, señor diputado, soy responsable plenamente de lo que aquí estoy diciendo.

También creo que nunca debemos perder de vista, pues, que la responsabilidad del Presidente de la República por Pemex y por todos los organismos descentralizados, nunca se pierde; entonces yo creo que evadirla o tratar de evadirla ni es posible ni tratemos, pues, de engañar a la opinión pública.

Respecto de la Auditoría Superior de la Federación es lo mismo. Si mal no entiendo, la autoridad máxima en el Poder Legislativo, en concreto en la Cámara de Diputados, reside en este pleno y por eso es que hay que defender lo que mis compañeros del PRD plantearon en esta iniciativa no tanto porque hayan sido ellos, hubiera sido cualquier grupo parlamentario incluyendo al PAN, obviamente.

Aquí estamos para defender los intereses superiores de la nación. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra --gracias, diputado- don Jorge Martínez Ramos por el tiempo reglamentario que son 5 minutos, para contestar alusiones personales.

El diputado Jorge Martínez Ramos: Con su venia, diputado Presidente: Antes que nada quiero decir que en un cierto sentido resulta un halago verse aludido por quien esta tarde me aludió. Yo con todo respeto quiero empezar diciendo que respondo la pregunta de la alusión y otras que se hicieron.

Si el Ejecutivo contra derecho o en función de derecho, con facultades o sin facultades hiciera un extrañamiento al Congreso o a la Suprema Corte. Yo quiero decir que lo hace todo el tiempo; que lo ha hecho permanentemente a niveles que han resultado una campaña de desprestigio, de desgaste de un poder, que es el poder en donde recae la representación de la nación entera, que es esta Cámara de Diputados. Y eso lo ha hecho permanentemente a grado tal que ya aparece como una estrategia deliberada.

Después se comenta la posibilidad de que las consideraciones y las inculpaciones que se le hacen al ingeniero Ramírez Corzo sean válidas. Y también se plantea la posibilidad real de que el Ejecutivo se hubiese equivocado y que entonces una instancia instaure el proceso correspondiente. Pero que es intolerable haberle hecho un extrañamiento.

Yo quiero decir que la naturaleza de este órgano antes que ninguna otra, es política y legislativa y eventualmente hasta juridiccional como hemos visto y que un extrañamiento es precisamente una llamada de atención en función de algo que no cobra sentido, que no da sentido a partir de antecedentes y de elementos de juicio que se tienen a la mano.

Estando los contratos de servicios múltiples sub judice, es decir, que no se sabe si son legales o ilegales todavía; teniendo encima una serie de descalificaciones, de denuncias, en distintos órganos de la administración pública, convierte a este personaje, a este ingeniero Ramírez Corzo, en un hombre inelegible. Ese es el fundamento del extrañamiento. Es inelegible y por ello pedimos al Ejecutivo que rectifique.

Quiero decir, en función del tema de si es autoridad o no o en el ámbito...

El diputado Hugo Rodríguez Díaz (desde su curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Hugo Rodríguez Díaz (desde su curul): Señor Presidente, para consultar por su conducto al orador si me permite hacerle una interpelación.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Diputado, acepta una interpelación?

El diputado Jorge Martínez Ramos: Sí.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante diputado con su pregunta.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz (desde su curul): Diputado Jorge Martínez, nada más plantearle si con lo que usted está comentando en este momento en tribuna habría los suficientes elementos, ya que a mí en lo personal, señor Presidente, me queda claro que es el alfil de las compañías internacionales que están metidas en los contratos de servicios múltiples.

Mi pregunta en concreto: ¿Habría elementos para juzgar penalmente a esta persona?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe con su respuesta.

El diputado Jorge Martínez Ramos: Yo no soy ministerio público, no trabajo en la Procuraduría; es facultad de la Procuraduría determinar si se presume que haya los elementos que permitan presumir como es facultad omnímoda y monopólica del ministerio público, que hay responsabilidad penal. Pero con los elementos de juicio que tengo a la mano y que muchos tenemos y compartimos, yo no tengo duda de que la consecuencia jurídica del hoy sub judice análisis o de la situación en la que se encuentran los contratos de servicios múltiples, será una consecuencia jurídica de nulidad y por lo cual habrán incurrido en responsabilidades no sólo un funcionario de segundo o tercer nivel que fue quien de alguna forma habilitaron para firmarlos, porque no quisieron asumir la responsabilidad directa, sino desde luego los jefes directos de él que son el ingeniero Luis Ramírez Corzo y que son Muñoz Leos también.

Esa es la respuesta, diputado Presidente.

Estaba hablando desde el ámbito de acción de Petróleos Mexicanos hace un rato y solamente quiero decir para ubicar la posibilidad de la autonomía o del ámbito separado que tenga Pemex,decir que hay jurisprudencia en materia de amparo, en el sentido de que los organismos públicos descentralizados son autoridad y que en ese sentido se califican para fines de amparo y se atienden de igual forma que si fuera el Poder Ejecutivo.

Finalmente quiero pedir una aclaración, porque es posible que esta deliberación sea capaz esta rica discusión, sea capaz de traer también al Partido Acción Nacional a compartir el documento en sus... no exactamente en sus términos, lo más importante es que hay situaciones que no están definidas que pueden implicar responsabilidades penales y/o civiles, y/o de carácter punible a un administrador público o a más de un administrador público.

Hay averiguaciones e indagatorias abiertas ya sea en la Procuraduría General de la República, ya sea en la Auditoría Superior de la Federación, ya sea en la Secretaría de la Función Pública, de manera que todavía no sabemos qué va a ocurrir con ello pero ahí están y eso lo hace inelegible. Su presumida participación en los contratos de servicios múltiples está dicha.

Es muy importante entonces que no perdamos de vista que como eso está presente, debiéramos todos exhortar al Presidente, al Poder Ejecutivo...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame, señor orador.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Miguel Angel Yunes. ¿Con qué objeto, diputado Yúnes?

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Gracias, señor Presidente. Quisiera preguntarle al orador si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor orador, ¿acepta una pregunta?

El diputado Jorge Martínez Treviño: Adelante.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La acepta, diputado Yúnes.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Muchas gracias.

Yo creo que es muy importante que esta Cámara desarrolle sus facultades políticas, de crítica, de observación del acontecer nacional, pero que nunca se salga del marco de la Constitución y una de las cuestiones sustantivas y quiero decir que no conozco al señor ingeniero Ramírez Corzo, pero presumo, porque ésa es mi obligación como ser humano pero sobre todo como servidor público, debo presumir su inocencia.

Yo le quiero preguntar al orador, si al señalar que el ingeniero Ramírez Corzo es inelegible para el cargo que está ocupando para el cual ha sido designado, por el hecho de que tiene abiertas algunas averiguaciones, incluiría en esa misma condición ---por ejemplo--- al jefe de Gobierno del Distrito Federal y si lo consideraría inelegible por el hecho de que hay una averiguación previa abierta en su contra.

Yo de antemano pensaría que no, pero si él considera que Ramírez Corzo es inelegible porque hay averiguaciones previas abiertas en su contra, en la misma situación estaría cualquier otra persona contra quien se hubiera iniciado una averiguación.

Esa es mi pregunta. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante con la respuesta, señor diputado Martínez.

El diputado Jorge Martínez Ramos: Diputado, el tema de la elegibilidad del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, se va a resolver en su momento, cuando mi partido tenga el espacio y el momento político para hacerlo y en ese momento habrá de considerarse una serie de cosas.

Debo decir que en el momento en el que elegimos candidato a quien yo respeto y además estoy convencido de que ha hecho el mejor gobierno democrático de la ciudad, que es Andrés Manuel López Obrador, lo elegimos porque era absoluta y totalmente elegible.

Cuando llegue ese momento, le voy a... usted será testigo de lo que ocurra pero termino de responderle diputado.

Mire, la elegibilidad de Ramírez Corzo es hoy, en función de lo que está ocurriendo para cambiar de un cargo a otro y en función de esas irregularidades que están presentes y de lo importante que es Pemex para el desarrollo nacional, es en función de lo que estamos sosteniendo muchos de que es inelegible; inclusive si se hubiera quedado en Pemex-pep seguramente no estaría ocurriendo esto, pero es inelegible para dirigir los destinos de Petróleos Mexicanos.

Quiero terminar con lo que estaba diciendo.

Quiero pedirle al Partido Acción Nacional y a quien me antecedió en el uso de la voz, si el hecho de que se haya hablado de la posibilidad de cambiar el término "extrañamiento" por "exhorto" implica que si exhortamos al Presidente a rectificar ese nombramiento el Partido Acción Nacional estaría de acuerdo en impulsar el punto de acuerdo.

Y termino diciendo: dijo el diputado que me hizo una pregunta que lo más importante era no salirse de la Constitución. Lo que me tiene aquí de pie, diputado, es el artículo 39 de la Constitución, y si así es, basado en eso, extrañamientos a quien sea, en el momento en que sea, diputado.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Enrique Ovalle Araiza, del Partido Acción Nacional, en contra.

El diputado Manuel Enrique Ovalle Araiza: Con el permiso de la Presidencia. Antes de empezar quisiera decirles que sí se siente presión estar aquí en esta tribuna después de haber escuchado a dos tribunos como don Juan de Dios Castro y al señor González Schmal. Espero que sean misericordiosos aquí con el orador.

La propuesta con punto de acuerdo que estamos discutiendo definitivamente tiene varios puntos que son, por decir lo menos, muy desafortunados. Y ya no voy a ahondar más porque creo que ya está plenamente discutido esto, pero sí los voy a enunciar.

El extrañamiento por el ejercicio legítimo de una facultad pues ya es, valga la redundancia, extraño por decir que ya invade competencias y sobre todo tratándose del Presidente de la República, como si fuera además poca cosa.

Estamos aquí en esta tribuna, en este debate, creo yo, confundiendo extrañamiento, el emitir un extrañamiento con el emitir una opinión.

Por otro punto, no podemos prejuzgar sin la sanción de las autoridades correspondientes. No podemos nosotros emitir un prejuicio, porque estamos cayendo en el acto de una calumnia, sin antes haber mediado un acto de investigación, de procuración de justicia y de fiscalización, como podría ser el de las autoridades competentes.

Para finalizar mis puntos en contra, no podemos posponer un acto legal, como es el hecho de una comparecencia, basados precisamente en estas calumnias. Creo que eso habla de poca seriedad por parte de la Cámara.

Y ya para terminar mi discurso, no nos oponemos los panistas a que se hagan las averiguaciones y las investigaciones que se quieran. Estamos a favor de la transparencia, pero también estamos a favor de hacer las cosas con seriedad.

Por eso vamos a votar en contra de este irresponsable punto de acuerdo y contestaría una pregunta que se dejó ahorita al final. El tiempo de haber ido juntos en un punto de acuerdo creo que ya pasó. Hoy el PAN se manifiesta en contra e invita a ustedes a que por favor le demos más seriedad a actos como éste por parte de la Cámara. La responsabilidad es de todos nosotros. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Javier Carrillo Soberón, en pro, hasta por 3 minutos, en analogía con el tiempo que se le otorgó al promovente.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias, señor Presidente. La relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no sólo responde a sus formas jurídicas, sino también y sobre todo a un fondo político y a una sustancia política. Es esta sustancia política de la relación de los dos poderes la que le da consistencia a la nación.

De ahí pues que antes que las formas jurídicas debemos reclamar nuestro papel político para reivindicar los intereses de soberanía que se implican en el nombramiento de este personaje para la dirección de Pemex.

Como Cámara reivindicamos nuestra responsabilidad política para defender el bien del pueblo. ¿Por qué? Porque esta persona que está designada como director de Pemex tiene conflicto de intereses para dirigir esta paraestatal porque ha sido director de una de las principales proveedoras actuales de Petróleos Mexicanos en plataformas de explotación marina, porque es promotor en general, de firmas extranjeras en la presencia de la explotación petrolera; porque bajo su conducción el desmantelamiento de la capacidad productiva de Pemex y pasado a firmas extranjeras, ha crecido desmesuradamente; porque debe entender el Ejecutivo que estamos reclamando nuestro derecho a hacerle un severo llamamiento a esta designación, porque no le gusta al Legislativo, no nos parece al Legislativo la conducción que este grupo, no solamente esta persona, que este grupo le está dando a Petróleos Mexicanos, porque estamos desmantelando con los contratos de servicios múltiples, el control de la nación sobre sus recursos naturales, como es el gas y esto, como lo dijo mi compañero, está ya en los tribunales discutiéndose.

Me parece por lo menos imprudente de parte del señor Presidente, el que se haya insistido en un personaje tan descalificado de este grupo que hoy dirige Pemex.

De ahí, pues, que así cuando el Legislativo reclamó que los contratos de servicios múltiples solicitábamos atentamente fueran discutidos en el Legislativo, se asumió una especie de autismo de parte de la dirección de Pemex, se ignoró la opinión del Legislativo, se impusieron por la vía de los hechos y hoy se está defraudando a la nación en la explotación del gas y no sólo en el gas, porque ahora se preparan esos contratos para el crudo y por eso va Ramírez Corzo a dirigir Pemex para preparar los contratos de servicios múltiples para la explotación del crudo. Por eso debemos aprobar este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El último orador inscrito en este debate es el señor diputado Oscar González Yáñez, del PT y con él cerramos la ronda de oradores. No está el señor González Yáñez.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutiao. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si la proposición es de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán entregó a esta Presidencia tres puntos de acuerdo.

El primero para adicionar un artículo 53 Bis y el anexo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con objeto de establecer los incentivos económicos que apoyen a los propietarios de los predios dedicados voluntariamente a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo para adicionar un artículo 53 Bis A y el anexo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con el objeto de establecer los incentivos económicos que apoyen a los propietarios de los predios dedicados voluntariamente a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La biodiversidad y los ecosistemas que la sustentan representan un patrimonio estratégico para los mexicanos, por lo que su conservación debe ser prioritaria para la nación.

Las áreas naturales protegidas (ANP) constituyen una de las estrategias básicas para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

No obstante la existencia de 149 áreas naturales protegidas de competencia federal en México --las cuales cubren una superficie de 17,486,741 ha., que representa el 7% de la superficie terrestre del país--, gran parte de la biodiversidad mexicana aún se encuentra ubicada fuera de estas áreas, en terrenos pertenecientes a comunidades, ejidos y pequeños propietarios, principalmente.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé dos casos específicos mediante los cuales se pretende formalizar y articular la participación de estos actores en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad presente en sus predios:

Artículo 59. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta ley.

Asimismo, los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar a la Secretaría el reconocimiento respectivo. El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener, por lo menos, el nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su ubicación, superficie y colindancias, el régimen de manejo a que se sujetará y, en su caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.

Para lograr lo anterior, la LGEEPA prevé el establecimiento de incentivos y estímulos específicos:

Artículo 64 Bis. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

...

...

III. Establecerán los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas, y las organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, así como para quienes aporten recursos para tales fines o destinen sus predios a acciones de preservación en términos del artículo 59 de esta ley, y

No obstante que las anteriores disposiciones están en vigor desde 1996, a la fecha la falta de definición de incentivos y estímulos específicos ha evitado que comunidades, ejidos, pequeños propietarios y empresas articulen formalmente la protección de sus tierras a una estrategia nacional para la conservación de ecosistemas y su biodiversidad. Esto, independientemente del importante pero aún incipiente crecimiento espontáneo del número de áreas protegidas comunitarias y privadas establecidas en el país durante dicho periodo.

Durante este periodo sólo ha sido declarada un área conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 59 de la LGEEPA, el parque nacional Sierra de Órganos, Zacatecas (DOF, 27/11/2000), con una superficie de 1,124 ha. Otras 11 más han sido reconocidas y certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) conforme al segundo párrafo del mismo artículo; y una más por el gobierno del estado de Veracruz conforme a la legislación, siendo éstos:

Parque ecológico Juaroundi, Veracruz; Pemex-Petroquímica, certificado Conanp; 960 Ha.

Rancho La Asunción, Tabasco; Carlos José Díaz Aldana, certificado Conanp; 572 Ha.

Zona de preservación Cerro de las Flores, Oaxaca; comunidad Santiago Lachiguiri, certificado Conanp; 1,453 Ha.

Ex Hacienda de Venegas, rancho San Felipe, San Luis Potosí; Juan Zamarripa Segovia, certificado Conanp; 20 Ha.

Bosque de Buenavista y bosque de Tierra Nueva, San Luis Potosí; comunidad San Francisco, certificado Conanp; 80 Ha.

Cerro de las Flores Chayotepec, Oaxaca; comunidad de Santa María Guienagati, certificado Conanp; 1,652 Ha.

Comunidad agraria de Santa María Huatulco, Oaxaca; sistema comunal de áreas protegidas, certificado Conanp; 8,129 Ha.

Cerro Chango, Oaxaca; ejido San José Río Manso, certificado Conanp; 900 Ha.

Ojo de agua de Tolistoque, Oaxaca; ejido La Venta, certificado Conanp; 1,307 Ha.

Río Verde de Tolistoque; ejido Mena Nizanda, certificado Conanp; 725 Ha.

Cerro Azul, Oaxaca; comunidad de Santa María Chimalapas, certificado Conanp; 1,900 Ha.

Subtotal 17,699 Ha.

Área privada de conservación El Dorado, Veracruz; Promotora y Constructora del Estero de Mandinga, SA de CV, Gaceta Oficial Gobierno de Veracruz, 24/01/2003; 5 Ha.

Total 17,704 Ha.

De acuerdo a lo anterior se propone crear los incentivos y estímulos previstos en el artículo 64 Bis de la LGEEPA mediante:

El establecimiento del Programa de Apoyo a Predios Dedicados a Acciones de Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para que dentro del monto asignado a gestión de programas del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo concerniente a los rubros asignados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas opere dicho programa, el cual es objeto de esta proposición.

Con base en lo anterior, se somete ante el Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se adiciona el artículo 53 Bis A al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y que dicho programa sujeto a reglas de operación se refleje en el anexo 14 para quedar como sigue:

Capítulo VIII De las Reglas de Operación para Programas

...

Artículo 53 Bis A. A fin de promover e impulsar el desarrollo de iniciativas sociales para la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad en tierras ejidales, comunales y pequeñas propiedades y conforme a lo establecido en los artículos 59 y 64 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se crea un nuevo programa a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales denominado Programa de Apoyo a Predios Dedicados a Acciones de Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad, el cual podrá ser orientado a fomentar el uso productivo y sustentable de dichos ecosistemas y otorgará preferencia a los núcleos agrarios previamente certificados conforme a la ley.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su proyecto de Reglas de Operación del Programa a más tardar el 15 de febrero, escuchando previamente la opinión del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no pudiendo ejercer los recursos asignados hasta en tanto no disponga de la autorización de la Secretaría y de la Cofemer y no se hayan publicado las mismas en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez publicadas las Reglas de Operación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitirá a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y a la Comisión de Presupuesto de la Cámara, a más tardar el 31 de octubre, el avance de la aplicación de los recursos, especificando el número de núcleos agrarios y pequeños propietarios beneficiados por entidad federativa.

Anexo 14. Programas Sujetos a Reglas de Operación

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de apoyo a predios dedicados a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre de 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La propia diputada mediante otro punto de acuerdo propone exhortar a la Semarnat y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir al estado de Tabasco en el Corredor Biológico Mesoamericano.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, a incluir al estado de Tabasco en el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

El proyecto del Corredor Biológico Mesoamerica- no-México (CBMM), fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF (a través del Banco Mundial como agencia de implementación del GEF) el día 30 de noviembre de 2000 y entró en efectividad el 30 de enero de 2002.

El proyecto es parte de una iniciativa regional que involucra a los países de Centroamérica en un esfuerzo por conservar y usar sustentablemente los recursos biológicos desde Panamá hasta el sur de México. La donación tiene un valor de 11.5 millones de DEGs, aproximadamente 14.8 millones de dólares.

La Agencia Ejecutora Nacional de este proyecto para México es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El objeto del Corredor Biológico Mesoamericano es promover la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de los cinco corredores biológicos seleccionados en cuatro estados del sureste del país, a través de la integración de criterios de conservación de la biodiversidad en: iniciativas de gasto público, así como planes y prácticas de desarrollo local relevante a los corredores biológicos.

La duración estimada del proyecto es de 7 años, en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, siendo los sectores involucrados, los Gobiernos (federal, estatal y municipal); organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, la iniciativa privada, instituciones académicas, etc.

Recordemos que México es considerado un país mega diverso. Los países mega diversos albergan alrededor del 60 al 70% de la biodiversidad total del planeta. La mayor parte de la biodiversidad de México se encuentra concentrada en las zonas cálidas y húmedas del país, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, y Veracruz.

Los 4 estados del proyecto coinciden en: gran variedad de climas, ecosistemas, y especies. Tan sólo Chiapas tiene el 10% de especies de flora de todo el país. Yucatán y Quintana Roo concentran en sus costas gran variedad biológica. El área forma una conexión natural con las regiones de centro y Sudamérica.

El proyecto contribuirá a la integración de los criterios de conservación de la biodiversidad en los programas de gobierno, a distintos niveles, a través de estudios (que evalúen el impacto y definan posibles cambios), talleres para definir estrategias, fortalecimiento de capacidades para la reorientación de programas de desarrollo y cambios en manuales de operación, apoyar proyectos existentes en la zona (de grupos organizados, individuales, grupos de mujeres, comunidades, ejidos, ONGs, gobiernos locales, etcétera) a través de estudios, capacitación, asesoría.

Impulsar el desarrollo de proyectos piloto que promuevan el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad, fomentar proyectos de restauración ecológica a pequeña escala.

Tabasco es una de las 32 entidades federativas que forman la República Mexicana; se extiende desde la llanura costera del Golfo de México hasta las sierras del norte de Chiapas. Sus coordenadas geográficas extremas están entre los paralelos 18° 39' (al norte) y 17° 15' (al sur) de latitud norte, y entre los meridianos 91° 00' (al este) y 94° 07' (al oeste) de longitud oeste.

Es puerta de entrada al sureste mexicano, su situación geográfica y el desarrollo alcanzado hacen de la entidad la principal prestadora de servicios en la región. La industria petrolera, las agroindustrias, la ganadería, el desarrollo comercial y urbanístico, sus comunicaciones y la obra de gobierno, lo convierten en un estado con posibilidades de alentador desarrollo.

El estado se localiza al sureste de la República Mexicana, sobre la llanura costera del Golfo de México. Tiene una extensión territorial de 24 mil 475.24 kilómetros cuadrados, representando el 1.3 por ciento del territorio nacional; está integrado por 17 municipios y 2 mil 605 localidades. Se encuentra dividido por sus características naturales en cuatro regiones: Centro, Sierra, Chontalpa y los Ríos. Tabasco ocupa el decimosegundo lugar en superficie respecto al resto de los estados de la República, pero alberga en promedio el 23 por ciento de la biodiversidad nacional de vertebrados y 53 por ciento de los humedales de agua dulce de la nación.

El estado de Tabasco es el más importante de la República en lo que se refiere a hidrografía; grandes albuferas y numerosas lagunas se hallan diseminadas en su territorio cruzando en dos direcciones por innumerables corrientes de aguas considerables por su extensión y navegabilidad.

Tabasco posee una rica variedad de fauna y forma parte de un área biótica mayor, la cual es de transición entre las dos grandes provincias biogeográficas: neártica (América del Norte) y neotropical (América del Sur, América Central y Las Antillas), y abarca la costa del Golfo de México y toda la península de Yucatán, hasta el grado que la mayoría de los reptiles y casi todos los mamíferos son neárticos. La mayoría de los reptiles y casi todos los peces de agua dulce provienen de Sudamérica. Hay una gran cantidad de aves acuáticas y reptiles semiacuáticos. Como propias de Tabasco; existen varias subespecies de aves y cuatro de mamíferos, y una subespecie de reptiles.

En Tabasco existen un total de nueve áreas naturales protegidas, que en su conjunto abarcan poco más del 13 por ciento de la superficie estatal. Estas reservas se encuentran localizadas en los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa. La reserva de la biosfera denominada Pantanos de Centla, que abarca los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, alberga una gran riqueza biótica y una abundancia de recursos que hacen de ella una de las más altas en productividad biológica en el trópico húmedo.

En la reserva habitan especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, como el jaguar, el manatí, el cocodrilo, la tortuga blanca, el jaguar, el mono aullador, el mono araña, el ocelote, la cigüeña jaribú, el tapir, el gaytanes, el saraguato, la nutria, el tigrillo y oso hormiguero. Adicionalmente la zona representa un importante lugar de tránsito, anidación y alimentación para una gran cantidad de aves acuáticas, migratorias y residentes, entre las que destacan el halcón peregrino, el águila pescadora y la ya mencionada cigüeña jaribú.

La abundancia de agua dulce, las inundaciones periódicas y la extensión son los factores ecológicos que favorecen la preponderancia de animales acuáticos en la asociación del pantano. Entre los innumerables peces que habitan en los lagos y corrientes se encuentran mojarras, charales, topenes, almejas de agua dulce y caracoles. En cuanto a reptiles encontramos caimanes, tortugas mordedoras, hicoteas, pochitoques, guaos y chiquiguaos; también hay ranas, salamandras, sapos y desde luego, un gran número de aves y pájaros, como pijijes, pato almendrero, garzas blancas, garzas negras y muchas aves acuáticas que son emigrantes o visitantes de invierno, tales como el pato ánade cola larga, el trullo alas azules, la zarceta americana y el ganso.

Aunado a lo anterior, Tabasco alberga todas las clases de Áreas Prioritarias de Conservación previstas por la Conabio, tales como: Áreas Terrestres Prioritarias (RTP-142 El Manzanillal, RTP-143 Lagunas de Catazaja-Emiliano Zapata, RTP-144 Pantanos de Centla); Regiones Marinas Prioritarias (53. Pantanos de Centla-Laguna de Términos); Regiones Hidrológicas prioritarias (83. Río Tonalá, 89. Río Tulipa- Altos de Chiapas, 90. Laguna de Términos-Pantanos de Centra, 91. Balancan), Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (SE-10 Pantanos de Centla).

Por todo lo anterior, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a consideración la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico. - Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que por conducto de la Comisión Nacional para el Aprovechamiento y Uso de la Biodiversidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Tabasco en el Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 de noviembre del 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán, (rúbrica).»

Esto se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Hacienda y Crédito Público.

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SECTOR PESQUERO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y la propia diputada Argüelles Guzmán, exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios y trámites para publicar la Norma Oficial Mexicana de Pesca, responsable del tiburón y especies afines, con objeto de regular la pesquería de todos los asmobronquianos del territorio.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a realizar los estudios y trámites para publicar la Norma Oficial Mexicana de Pesca Responsable de Tiburón y Especies Afines, con el objeto de regular la pesquería de todos los elasmobranquios del territorio, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Muchas especies de elasmobranquios se encuentran brutalmente explotadas en los océanos del mundo y a menos que se tomen medidas urgentes para detener las cada vez más numerosas capturas, el futuro de otras tantas especies será desolador. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el tiburón representa una de las fuentes económicas y de proteínas elementales para millones de personas que habitan en las zonas costeras y que dependen de la pesca de subsistencia.

En estas poblaciones se utiliza del tiburón, la carne, las aletas para la sopa de aletas de tiburón, el hígado para el aceite, además de la piel, los dientes y los cartílagos. Muchas especies de tiburones ya son consideradas prioritarias, amenazadas o en peligro de extinción.

Aunado a lo anterior, presentan un proceso lento de crecimiento, larga vida y tardía madurez de la especie, lo cual junto con la tasa baja de fecundidad, se traduce en un escaso potencial reproductivo que aumenta sus riesgos y fomenta la sobrepesca. Al igual que muchas otras especies depredadas por el hombre, se necesitan muchos años para que las poblaciones de tiburones se recuperen de los graves episodios de reducción en el número de sus miembros.

Como recordamos, la explotación comercial de los tiburones creció en todo el mundo de manera espectacular en las dos últimas décadas. Las capturas anuales de tiburones pasaron de las 272.000 toneladas de 1950 a la cifra récord de 760.000 toneladas en 1996, y presumiblemente a más del millón de toneladas proyectadas para 2010 según los datos estadísticos de la FAO.

La mayoría de las capturas de tiburón a nivel mundial tienen lugar fuera de las zonas establecidas y son producto de pesca incidental, es decir, forman parte de la fauna de acompañamiento. Los países donde se pesca en mayor número son Indonesia, India, Estados Unidos de Norteamérica, Pakistán, México y la provincia china de Taiwán. Otras naciones son Japón, Argentina, Sri Lanka, Brasil, Malasia, Francia, Inglaterra, la República de Corea, Tailandia, España, Nueva Zelanda y las Maldivas.

La pesca del tiburón se continúa expandiendo en todo el mundo debido al incremento del mercado de las aletas y de otros productos exóticos como la sustancia llamada ``squalene'', que se extrae del hígado y es muy usada en la industria de los cosméticos y en farmacología. Las aletas de tiburón, muy apreciadas en la cocina oriental, son uno de los productos pesqueros más caros del globo terráqueo.

Un gran volumen de tiburones es capturado de forma incidental en las zonas de pesca de especies como el atún, el pez espada y los calamares. En esas áreas se arrojan habitualmente los cadáveres al mar después de haberles practicado el llamado ``finning'', cruel practica de cortado las aletas. A la pesca con palangres y enmalles en Japón, la República Coreana y la provincia china de Taiwán, se debe la mayoría de ese tipo de capturas.

La captura incidental de peces elasmobranquios de los que forman parte un buen número de tiburones y rayas, se calculó al final de la década de los 80 entre 260.000 y 300.000 toneladas, es decir de 11.6 a 12.7 millones de peces, sobre todo tiburones azules. Después del increíble aumento en todo el mundo de la explotación de tiburones, se estima que muchas poblaciones se encuentran en peligro de extinción.

Hay evidencias de que de las 100 especies que son objeto de explotación, alrededor de 20 son vulnerables a ese riesgo, y se hallan amenazadas o en condiciones críticas de extinción. Entre las poblaciones de tiburones las que causan mayor preocupación son: tiburón ballena, blanco, jaquetón, peregrino, marrajo, gatuso, galludo, tiburón arenero, cazón y marrajo dientuso.

De las aproximadamente 350 especies de escualos que existen en el mundo, alrededor de 100 viven en aguas mexicanas, y de esas sólo 40 se utilizan comercialmente, aunque algunos autores aseguren que son apenas trece las que se capturan. Entre ellas se cuenta con el tiburón chato, el mamón, la cornuda, el cazón de ley y el tigre. Otras especies como el tiburón nocturno y el tiburón oscuro también se capturan en ciertas temporadas cuando se encuentran con mayor abundancia en la franja costera.

En el océano Pacífico así como en el golfo de México el tiburón se pesca solamente durante ciertas épocas del año, debido a que es un recurso que se desplaza según sus hábitos alimenticios o migratorios.

En el océano Pacífico los puertos principales de desembarque del tiburón son puerto Madero, Chiapas; Guaymas, Sonora; San Francisquito, Baja California, y Mazatlán, Sinaloa. En el golfo de México, en Alvarado, Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche, y Progreso, Yucatán. El golfo de California y las aguas de Campeche son los sitios con más tradición en la pesca del tiburón, y a pesar de tratarse de una pesquería supuestamente artesanal realizada con embarcaciones pequeñas, la captura de tiburón ha ido oscilando hasta superar un promedio anual de 30 000 toneladas.

Al parecer el principal problema que enfrenta nuestro país es que se prefiere la carne del cazón a la del tiburón; cazón se denomina a cualquier tiburón con una talla menor de 1.5 m. Esta equivocada clasificación incluye no sólo a tiburones adultos de especies que no sobrepasan esa longitud, sino también a las formas juveniles de tiburones de mayor tamaño. En este último caso al pescar ``cazones'' de las especies que aún no han llegado a su término de crecimiento, y a su edad reproductiva, se está poniendo en peligro el equilibrio natural de las poblaciones.

Muchos tiburones son capturados sin haber tenido la ocasión de reproducirse; más aún, con frecuencia las áreas de reproducción coinciden con las áreas de captura, ya que al acercarse algunas de las especies de tiburón para parir sus crías o poner sus huevos, los pescadores aprovechan la oportunidad para con sus artes de pesca (redes o palangres) capturar cientos de ejemplares. Hembras preñadas que son abruptamente sacadas a cubierta abortan sus crías en ese momento, como mecanismo de preservación. Los pequeños tiburones requieren que ciertas etapas de su desarrollo transcurran cerca de la costa, y durante ese tiempo están muy expuestos a los depredadores y a los cambios ambientales. Peligros semejantes corren los huevos de las hembras ovíparas, que pueden ser víctimas de descargas industriales, de residuos sólidos o de asentamientos humanos.

Por lo tanto, resulta urgente dictar vedas con objeto de proteger las etapas reproductivas de las especies cuyos hábitos ya se conozcan, así como cuidar sus áreas de reproducción. También coincidimos con los resultados de los diversos estudios realizados en investigaciones biológico-pesqueras del recurso tiburón por parte de científicos del Instituto Nacional de la Pesca, que hace un llamado a la urgente necesidad de crear la norma mexicana para la regulación de la pesca de tiburón, además de incluir en el CITES de México, en el capítulo de ``Especies de protección especial'' a especies como el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), el tiburón ballena (Rhiniodon typus) y el tiburón peregrino (Cetornhinus maximus).

Considerando que el día doce de julio de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-029-PESC-2000, Pesca responsable de tiburón y especies afines, donde se crean especificaciones para su aprovechamiento, con el objeto de regular la pesquería de todos los elasmobranquios que se distribuyen en aguas de jurisdicción federal de todo el país; que posteriormente el nueve de septiembre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se prorroga la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, ya que a pesar de presentar algunos adelantos en materia de protección de tiburones, buscaba depredar a los eslasmobranquios de manera irracional y dando pauta a la extracción de organismos por parte de extranjeros al hacer una mala delimitación de aguas permitidas para su pesca, lo anterior sin considerar que a la fecha no hay registros estadísticos de captura de tiburones por especies, ni tampoco existen evaluaciones de las poblaciones que viven en aguas patrimoniales mexicanas que sustenten a nivel nacional la estimación de este recurso, olvidando periodos reproductivos, áreas de reproducción y en general que este recurso generalmente forma parte de la fauna de acompañamiento exterminada.

Derivado de lo anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable coordinó el establecimiento de un grupo de trabajo dedicado a la revisión de la NOM-029-PESC-2000, a efecto de realizar las adecuaciones que permitieran el aprovechamiento sustentable de la pesquería de elasmobranquios propiciando el menor impacto ambiental posible.

Una vez hecho el estudio de las distintas propuestas vertidas en el grupo de trabajo antes mencionado, se determinó que aunque existe la necesidad de replantear los lineamientos que regulen las artes de pesca aplicadas a la explotación de tiburón y especies afines, mismos que deberán ser congruentes con el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales conforme a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, el plazo fijado como prórroga para la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana previamente citada, no resulta suficiente para atender en su integridad cada una de las sugerencias expresadas por los sectores interesados.

Así, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha considerado que debe existir regulación aplicable a la pesca de elasmobranquios, debidamente integrada y enriquecida por las aportaciones de los sectores involucrados, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, no obstante que el 9 de septiembre de 2002 se canceló la norma por completo para los efectos jurídicos correspondientes respecto a lo previsto en el aviso por el que se prorroga.

Por todo lo anterior, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los estudios y trámites correspondientes para publicar la Norma Oficial Mexicana de Pesca Responsable de Tiburón y Especies Afines, las especificaciones para su aprovechamiento, con objeto de regular la pesquería de todos los elasmobranquios del territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre del 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Pesca.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Margarita Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el dictamen de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2005 la asignación del 0.77 por ciento del total del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública contemplada en el anexo 1 de dicho proyecto, destinado a fortalecer los proyectos y acciones de apoyo a las mujeres interna en los Centros de Readaptación Social del país, a fin de mejorar sus condiciones de reclusión.

La diputada Margarita Martínez López: Con la venia, señor Presidente.

La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considere en su dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 la asignación de recursos por un monto de 0.77 por ciento del total del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal contemplado en el anexo uno de dicho proyecto para fortalecer los proyectos y acciones de apoyo a las mujeres internas en los centros de readaptación social del país, a fin de mejorar sus condiciones de reclusión al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política consagra dos de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación motivada entre otras causas por razón del género y el principio de la igualdad entre el varón y la mujer.

En México la administración de la cuestión penitenciaria arroja a junio del 2004 una población total de 190 mil 509 de los que 181 mil 169 son hombres que representan el 95 por ciento de la población, mientras que 9 mil 340 son mujeres que representan el 5 por ciento de la población.

Esta población se encuentra distribuida en 450 centros penitenciarios, de los que 238 son para hombres, 197 para hombres y mujeres y únicamente 15 son sólo para mujeres. Las construcciones penitenciarias en México cuentan con diversas características arquitectónicas que datan históricamente desde la época colonial, el México independiente e inicios del siglo XX.

Sin embargo, éstos fueron construidos para hombres internos y nunca deteniéndose en las características propias de la mujer. En esta vialidad las mujeres en reclusión carecen de espacios adecuados para cubrir sus necesidades básicas, por lo general se ubican en el traspatio de los establecimientos penitenciarios varoniles y comparten las instalaciones que fueron creadas para atenderlos a ellos.

De lo anterior se desprende que por ser mujer una minoría en el sistema penitenciario éste no cuenta con una estructura a nivel nacional para atenderlas en un marco de respeto a sus derechos y necesidades mínimas, como lo marca el artículo 18.

La permanencia de los niños y niñas con sus madres se encuentra en constante debate. La problemática de los hijos dentro y fuera del centro penitenciario obstaculiza su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, la realidad demuestra que la mujer al estar en contacto con sus hijos e hijas les brinda una estabilidad emocional y sicológica.

Por lo expuesto y fundado someto al pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considere en el dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 la asignación del 0.77 por ciento del total del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, contemplado en el Anexo 1 de dicho proyecto... Termino, señor Presidente.

...Destinado a fortalecer los proyectos y acciones de apoyo a las mujeres internas en los centros de readaptación social del país a fin de mejorar sus condiciones de reclusión.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la asignación de 0.77 por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, incluido en el Anexo 1 de dicho proyecto, destinado a fortalecer los proyectos y las acciones de apoyo a las mujeres internas en los centros de readaptación social del país, a fin de mejorar sus condiciones de reclusión, a cargo de la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la asignación de recursos por un monto del 0.77% del total del Presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Publica Federal, contemplado en el Anexo 1 de dicho proyecto, para fortalecer los proyectos y acciones de apoyo a las mujeres internas en los Centros de Readaptación Social del País, a fin de mejorar sus condiciones de reclusión, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política consagra dos de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación, motivada entre otras causas, por razón del género y el principio de la igualdad entre el varón y la mujer.

Este Congreso, como representante social, ha tenido un papel fundamental para que en las organizaciones de la administración pública se incorpore de manera transversal la perspectiva de género, así como en el seguimiento evaluación e implementación de los programas y recursos. Así, desde la anterior legislatura se ha exhortado al Poder Ejecutivo Federal a incorporar la perspectiva de género en el presupuesto, los programas y las políticas públicas, preocupación que se fortalece en la presente Legislatura.

Un análisis de las acciones de gobierno sugiere avances en la transparencia presupuestaria durante los últimos años, sin embargo, aún falta por hacer más transparente la asignación y el uso de los recursos destinados a las mujeres. En algunas ocasiones, este presupuesto se encuentra en la misma partida de otros grupos específicos y, en otras, no se desglosan los recursos de algunos programas exclusivos para mujeres.

En México la administración de la cuestión penitenciaria, arroja a junio de 2004, una población total de 190,509, de los que 181,169 son hombres que representan el 95% de la población, mientras que 9,340 son mujeres que representan el 5% de la población.

Esta población, se encuentra distribuida en 450 centros penitenciarios, de los que 238 son para hombres, 197 para hombres y mujeres y únicamente 15 son solo para mujeres. Las construcciones penitenciarias en México, cuentan con diversas características arquitectónicas que datan históricamente desde la época colonial, el México Independiente e inicios del siglo XX; sin embargo, estos fueron construidos para hombres internos, y nunca deteniéndose en las características propias de la mujer.

En ésta realidad, las mujeres en reclusión, carecen de espacios adecuados para cubrir sus necesidades básicas, por lo general son ubicadas en el traspatio de los establecimientos penitenciarios varoniles y comparten las instalaciones que fueron creados para atenderlos a ellos, como son: el servicio médico, el servicio de la cocina, la escuela, el área de visita intima y las áreas de recreación y esparcimiento.

De lo anterior se desprende, que al ser la mujer una minoría en el sistema penitenciario, éste no cuenta con una estructura a nivel nacional para atenderlas en un marco de respeto a sus derechos y necesidades mínimas, como lo marca el artículo 18 constitucional.

Las áreas laborales, por lo general se encuentran ubicadas en la parte varonil, donde a ellos les enseñan y trabajan la carpintería, los vitrales, la pintura, el trabajo industrial; mientras que a las mujeres, les enseñan terapias ocupacionales como: tejido de gancho, aguja, y además de rafia, así como bordado, corte y confección y repostería; trabajando en el lavado y planchado de ropa de internos; en la cocina del área varonil, o de meseras de restaurantes de la misma área, entre otros.

También se presenta la situación de que una vez en reclusión, las mujeres, en la mayoría de los casos, son abandonadas y olvidadas, en apariencia porque se afirma que según los roles que le fueron asignados a la mujer, rompió no sólo con la norma social establecida en relación al estereotipo de ``mujer'', sino que infringió una norma penal, que cuando llega al ámbito jurisdiccional es tratada con desigualdad, en comparación con el mismo delito cometido por un hombre.

La permanencia de los niños y niñas con sus madres, se encuentra en constante debate, la problemática de las y los hijos dentro y fuera del centro penitenciario, obstaculiza su crecimiento y desarrollo, sin embargo, la realidad demuestra que la mujer al estar en contacto con sus hijas e hijos, les brinda una estabilidad emocional y psicológica.

El sistema penitenciario, presenta grandes y evidentes carencias para generar un entorno adecuado al respeto a los derechos humanos de las mujeres en reclusión. Aún dentro, los elementos de seguridad y custodia, y algunos directores, les hacen pagar el error de haber cometido un delito, tratándolas de manera indigna y discriminatoria; esto se esta tratando de enfrentar con un trabajo de profesionalización y la apertura del ámbito penitenciario, lo suficientemente amplio para justificar la necesidad de incorporar los estudios y los análisis especializados.

Con lo anterior, no se trata de hacer ver a la mujer como víctima, sino de garantizar las condiciones dignas de permanencia en un centro de reclusión en igualdad de trato que los hombres, en donde se garantice una verdadera readaptación social y preparación a su externación y donde se fortalezca el vínculo con el entorno familiar.

Para ello, es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, considerando el Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, el Programa Federal de Equidad y Género, con la firme convicción de generar opciones, alternativas y proyectos con viabilidad para su aplicación en el ámbito de las instituciones públicas, que impacten en el nivel de la prevención del delito, que se encuentra ligado indisolublemente a la procuración, administración de justicia y la opción moderna de readaptación social, atienda con programas específicamente para las mujeres en reclusión su reincorporación social, la lucha anticorrupción, la no reincidencia, y la disminución de la comisión de delitos.

Así, se busca promover y difundir la perspectiva de género en todos los sectores, y aportar la formación de funcionarios y funcionarias sensibles al tratamiento de las internas en un marco de respeto a los derechos humanos.

Por todo lo expuesto y fundado someto al Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la asignación del 0.77% del total del Presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, contemplado en el Anexo 1 de dicho proyecto, destinado a fortalecer los proyectos y acciones de apoyo a las mujeres internas en los Centros de Readaptación Social del país, a fin de mejorar sus condiciones de reclusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2004.--- Dip. Margarita Martínez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, Margarita.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, destine una partida presupuestal y específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2005, para el Sistema-Producto Nopal y Tuna, desde la producción, equipo técnico, insumos, recursos financieros, transformación, distribución y comercialización.

El diputado Jesús Morales Flores: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Saludo a los representantes de productores de nopal y tuna de la región de Acatzingo y San Sebastián Villanueva, del estado de Puebla, a quienes hago un reconocimiento público por su interés y perseverancia, que permiten el día de hoy desde esta tribuna solicitar el apoyo y solidaridad de mis compañeros diputados para este punto de acuerdo en beneficio de los productores del país.

Su servidor, Jesús Morales Flores, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que para el ejercicio fiscal de la Federación del 2005, se destine una partida presupuestaria específica para el Sistema-Producto Nopal y Tuna, desde la producción, equipo técnico, insumos, recursos financieros, transformación, distribución y comercialización.

En virtud de que mi proposición se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo limitado del tiempo, me concretaré a dar a conocer lo más sobresaliente de la misma.

El nopal y la tuna son alimentos que han enriquecido a través del tiempo la cultura culinaria nacional e internacional, pero su importancia se da también a la industria farmacéutica y cosmética, una amplia gama de productos que constituyen una riqueza que los mexicanos han desarrollado a través de su historia.

Sin embargo, la tuna y el nopal no han recibido la atención como sistema-producto, no obstante que en las últimas tres décadas han cobrado importancia económica y social por el crecimiento del mercado nacional e internacional, aunado a la reconversión de cultivos en regiones de poca precipitación pluvial y la baja rentabilidad en los cultivos tradicionales, como son el maíz y el frijol.

Para ejemplificar, de los 9 estados productores de tuna y nopal en Puebla, se cultivan más de 6 mil hectáreas en las poblaciones de Acatzingo, Villanueva, Candelaria, Felipe Angeles, Tlacotepec, Tecamachalco y Tlaxcalalzingo, que generan más de 60 mil empleos directos y 40 mil indirectos y producen 650 mil toneladas de tuna y 700 mil de nopal. Este volumen de alimento por sí solo es cuantioso y comparable a los mercados de frutas y verduras más importantes del país, logrando que algunas grandes empresas procesadoras ya lo estén industrializando para su exportación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que dentro del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, en el anexo correspondiente al Programa Especial Concurrente, se incluya una partida presupuestal de 100 millones de pesos para el Sistema-Producto Tuna y Nopal y sea canalizado a los estados productores.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 destine una partida presupuestaria específica para el sistema producto nopal y tuna, desde producción, equipo técnico e insumos hasta recursos financieros, transformación, distribución y comercialización, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI

Jesús Morales Flores, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. Me permito presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que para el ejercicio fiscal de la Federación de 2005 se destine una partida presupuestaria específica destinada para el sistema-producto nopal y tuna, desde la producción, equipo técnico, insumos, recursos financieros, transformación, distribución y comercialización, bajo las siguientes

Consideraciones

El nopal configura una de las imágenes que caracteriza a la cultura mexicana. La tuna y el nopal son los principales productos alimenticios que han enriquecido a través del tiempo la cultura culinaria nacional e internacional. Pero la importancia del nopal se da también en la industria farmacéutica y cosmética, una amplia gama de productos que constituyen una riqueza que los mexicanos han desarrollado a través de su historia.

Sin embargo la tuna y el nopal no han recibido la atención como sistema-producto, no obstante, que en las ultimas tres décadas han cobrado importancia económica y social, por el crecimiento del mercado nacional e internacional, aunado a la reconversión de cultivos en regiones de poca precipitación pluvial y la baja rentabilidad en los cultivos tradicionales como son el maíz y el frijol.

A nivel internacional México representa el 90% de las exportaciones de nopal verdura, principalmente a los mercados conformados por residentes de origen mexicano en los EUA, Europa y Asia; las ventajas comparativas de México están conformadas por las riquezas de su material genético, lo extenso de sus recursos agroclimáticos y la tradición del cultivo y uso de esta planta por los campesinos mexicanos, son estos antecedentes los puntos de partida para lograr ventajas competitivas para que México domine los mercados internacionales, siendo aquí donde radica su potencial que es necesario impulsar e incentivar con una política decidida de apoyos y de organización para convertir a esta actividad en una fuente importante de empleos y generación de divisas para el país a través de la producción, industrialización y comercialización de productos procesados derivados del nopal y tuna para el mercado nacional e internacional.

En la actualidad los estados productores de tuna y nopal son: Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Distrito Federal, Hidalgo y Puebla que aporta el 18% de la producción nacional de tuna y un 6% de nopal. En el estado de Puebla se cultivan más de 6000 hectáreas en total, teniendo impacto importante en los municipios de Acatzingo, San Sebastián Villanueva, Quecholac, Felipe Ángeles, Chapulco, Tlacotepec, Yehualtepec, San Sebastián Teteles, Tecamachalco, Molcaxac y Tlaxcalalzingo, que generan más de 60 mil empleos directos y 40 mil indirectos. Y produce 650 mil toneladas de tuna y alrededor de 700 mil toneladas de nopal, de este volumen de alimento por sí solo es cuantioso y comparable a los mercados de frutas y verduras más importantes del país, logrando que algunas grandes empresas procesadoras de frutas y hortalizas ya estén industrializando para su exportación sin que se logre cubrir el mercado de este producto que representa alrededor de 40 millones de dólares y que solo se cubre en un 10%.

Aunado a lo anterior, el cultivo del nopal ha representado para las regiones de los estados productores un importante factor para la conservación de los suelos, aunado a ello la rusticidad del nopal, su bajo requerimiento de humedad y nutrientes, lo califican como un cultivo altamente adecuado para ser considerado en programas alternativos de reconversión productiva y su impacto en su industrialización.

Frente al TLC, México debe aprovechar y fomentar sus ventajas comparativas, desarrollando al máximo aquellas actividades que pueden convertirse en productos de alto valor agregado en el mercado exterior. La tuna y el nopal verdura deben ser considerados de manera inmediata en las inversiones para su industrialización ya que su conformación nutricional y su alto contenido en fibra, proteína, grasas, vitamina C, minerales, carbohidratos, su valor calórico y extracto etéreo se comparan a la de otras frutas como la manzana y la pera, que son potenciales para la industria de bebidas y alimentos, sirven para la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética.

Además la producción del nopal ha permitido que grupos marginados y de subsistencia obtengan empleos, se arraiguen en el campo, produzcan alimentos y generen ingresos para sus familias, por ejemplo en el estado de Puebla en mi distrito en la región de Acatzingo-San Sebastián Villanueva se exporta tuna a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y recientemente a España, sin embargo día a día mercados importantes como el europeo y el asiático demandan productos procesados como néctares, extractos de tuna, nopal deshidratado, nopal para la industria cosmética, para la industria de la confitería y bebidas energéticas que debemos aprovechar a través de su industrialización. Hoy para los estados productores, la producción, industrialización y comercialización del nopal y tuna constituyen un elemento clave del mercado, ya que implica abastecer la demanda nacional como internacional, la exigencia del mercado determina la necesidad de la certificación del producto, la industrialización, principalmente cuando se exporta. Por otra parte la red de negocios en torno a la industrialización del nopal verdura y tuna tiene un efecto multiplicador en el sector transporte, comercio y exportación en la región que demanda servicios especializados para tener éxito en la cadena productiva.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Que dentro del dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, en el anexo correspondiente al programa especial concurrente, se incluya una partida presupuestal de 100 millones de pesos para el sistema-producto tuna y nopal y sea canalizado a los estados productores ya mencionados.

Dip. Jesús Morales Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CENTRO DEPORTIVO OLIMPICO MEXICANO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se recibió del señor diputado don Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Ejecutivo federal, para modificar el decreto que destina el predio en el que se encuentran ubicadas las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, CDOM, al Comité Olímpico Mexicano, AC, para que dicho predio, así como las instalaciones del CDOM, sean administradas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar el jefe del Ejecutivo federal a modificar el decreto que destina el predio en que se encuentran las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano al Comité Olímpico Mexicano, AC, a efecto de que dicho predio y las instalaciones del CDOM sean administrados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, fue publicado en el Diario Oficial un decreto presidencial signado por Adolfo López Mateos mediante el cual se incorporó al dominio público de la Federación --destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional-- el inmueble de ciento ocho mil novecientos metros con siete centímetros cuadrados de la antigua Hacienda de los Morales (que se localiza en lo que hoy en día es el Anillo Periférico, boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de la glorieta que se encuentra en la intersección del citado boulevard, la avenida Central Monteverde, la calzada Legaria y la que conduce a la glorieta a la entrada del hipódromo), mismo que fue adquirido en propiedad en una operación de compra-venta con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Posteriormente, un nuevo Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial con fecha veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y seis, signado por Luis Echeverría Álvarez, modificó al publicado el veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. Este nuevo decreto estableció que el predio en mención se retira del Servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional y sin desincorporarse de los bienes del dominio público de la Federación, se destina al Comité Olímpico Mexicano, A. C., argumentando que, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el predio no le representaba ningún servicio, y porque el Comité Olímpico Mexicano las solicitaba en virtud de las importantes construcciones e instalaciones deportivas que llevó a cabo --este propio organismo-- en el referido predio.

Así, este nuevo decreto establece claramente que el multicitado predio --en el que se encuentra el Centro Deportivo Olímpico Mexicano-- continúa siendo propiedad de la Nación, pues éste fue destinado al Comité Olímpico Mexicano A. C., sin desincorporarse de los bienes del dominio público de la Federación.

Sin embargo, la administración del Centro Deportivo Olímpico Mexicano por parte del Comité Olímpico Mexicano en casi tres décadas --de mil novecientos setenta y seis a la fecha-- ha sido, a todas luces, deficiente para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en México. Baste recordar que de entonces a la fecha han transcurrido siete ciclos olímpicos; siete justas deportivas que han representado para el país la obtención de únicamente tres medallas de oro, diez de plata y once de bronce.

Veinticuatro medallas en siete justas olímpicas (promediando tres punto cuatro medallas por olimpiada), entre las que debemos subrayar las participaciones de las delegaciones mexicanas en Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96 en las que, en total, tan solo se obtuvieron una medalla de plata y tres de bronce.

Aún más. Las veinticuatro preseas obtenidas por veinte atletas mexicanos --más los ocho integrantes de los dos equipos ecuestres que ganaron medallas de bronce en Moscú 80-- son, indiscutiblemente, el producto del esfuerzo de cada uno de ellos y de sus entrenadores, y no el resultado de la aplicación efectiva de programas deportivos para atletas de alto rendimiento en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que es el lugar en el que se preparan. Tan es así, que solo dos de ellos han obtenido dos preseas en la misma justa olímpica1, y ninguno de ellos ha repetido el podium en dos o mas olimpiadas.

Y tan es así, que de las diecinueve disciplinas olímpicas que son practicadas en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano,2 en este lapso solamente se han obtenido medallas en siete de ellas,3 y sin duda alguna --salvo las honrosas excepciones de las ochos medallas de atletismo (siete de ellas de caminata), las tres de clavados y las tres de Tae Kwon Do--, las medallas obtenidas en estas siete justas olímpicas no son producto del trabajo de las federaciones respectivas y el Comité Olímpico Mexicano, sino del esfuerzo aislado y muy meritorio de los propios atletas.

Por lo anterior, es claro que en nada positivo ha repercutido el que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano sea administrado por el Comité Olímpico Mexicano.

Presento a continuación los siguientes

Considerandos- Que la Ley General de Bienes Nacionales prevé la posibilidad de que el gobierno recupere algunos predios.4

- Que el artículo 70 de la misma ley manifiesta que el destino únicamente confiere a la institución destinataria el derecho de usar el inmueble destinado en el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo ni otorga derecho real alguno sobre él ni podrán realizar ningún acto de enajenación sobre los inmuebles destinados.5

- Que el inmueble en mención es un inmueble federal que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, tal y como lo dispone el artículo 6 de la propia Ley General de Bienes Nacionales,6 por lo que el destino únicamente confiere a la institución destinataria el derecho de usar el inmueble destinado en el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga derecho real alguno sobre él.

- Que los comités olímpicos nacionales se rigen por la Carta Olímpica y por su propio estatuto (como Asociación Civil).

- Que sólo cinco comités olímpicos nacionales en el mundo reciben del gobierno cuatro millones de dólares o más al año, para la administración de una oficina, entre éstos el Comité Olímpico Mexicano.7

- Que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano se ha convertido en un coto de poder para el Comité Olímpico Mexicano debido a que en este lugar se concentran los atletas preseleccionados nacionales, a quienes se pretende manipular política y económicamente para el beneficio de los directivos de esta asociación.

- Que tal fortaleza le ha permitido al Comité Olímpico Mexicano, durante más de veinte años, manejar a su libre albedrío el deporte de México, pasando por encima de las federaciones deportivas y los órganos de gobierno, tanto federales como estatales.

- Que el presupuesto de cincuenta millones de pesos anuales que se entrega al Comité Olímpico Mexicano sirve no sólo para la preparación de deportistas y el mantenimiento de las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, sino también para cubrir los salarios del personal, las construcciones nuevas, los viajes internacionales y los salarios de los funcionarios. Todo pagado con recursos públicos. Un fenómeno único en el mundo.

- Que el dinero que recibe el Comité Olímpico Mexicano para las federaciones generalmente se ha manejado con sentido político. Se les entregan más recursos a quienes son mas afines al presidente del organismo, en tanto que a los opositores se les limita el respaldo económico.

- Que el verdadero papel que tiene que cumplir el Comité Olímpico Mexicano es el mismo que realizan los comités olímpicos en el resto de los países: ser una cancillería.

- Que el hecho de que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano sea administrado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, permitirá frenar el manejo faccioso, arbitrario y poco claro que hoy se le da a este centro de alto rendimiento.8

- Que el hecho de que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano deje de ser administrado por el Comité Olímpico Mexicano, evitará la reelección de presidentes de federaciones deportivas que llevan en su cargo muchos años y que se sostienen gracias a la buena relación política con Vázquez Raña y Muñoz Kapamas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Jefe del Ejecutivo Federal a modificar el Decreto que destina el predio en el que se encuentran ubicadas las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) al Comité Olímpico Mexicano, AC (COM), publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de agosto de 1976, para que dicho predio, así como las instalaciones del CDOM, sean administrados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Notas:

1 Raúl González Rodríguez en Los Ángeles 84 y Joaquín Pérez de las Heras en Moscú 80.

2 Ciclismo, Hockey sobre pasto, Natación, Clavados, Nado sincronizado, Waterpolo, Esgrima, Atletismo, Gimnasia, Boxeo, Básquetbol, Judo, Voleibol, Halterofilia, Tae Kwon Do, Tenis de mesa, Lucha grecorromana, Tiro y Voleibol de playa.

3 Clavados (3), Atletismo (8), Boxeo (3), Lucha grecorromana (1), Ciclismo (2), Halterofilia (1) y Tae Kwon Do (3). La otra disciplina que ha dado medallas a México en este lapso es la Equitación (3), pero ésta no se practica en el CDOM.

4 La Ley general de Bienes Nacionales establece en su artículo 69:

``Artículo 69. Si la Secretaría (la Secretaría de Función Pública, conforme al artículo segundo)... con base en los estudios y evaluaciones que efectúen, detectan que los inmuebles federales destinados no están siendo usados o aprovechados en forma óptima, requerirán a las instituciones destinatarias los informes o las aclaraciones que éstas estimen procedentes.

En caso de que las instituciones destinatarias no justifiquen de manera suficiente lo detectado en dichos estudios y evaluaciones, la Secretaría (de la de Función Pública)... podrá:

I. ...

II. proceder a requerir la entrega total o parcial del bien dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del requerimiento y, en su defecto, a tomar posesión del mismo para destinar el inmueble o las áreas excedentes a otras instituciones públicas o para otros fines que resulten más convenientes al Gobierno Federal.''

5 La Ley general de Bienes Nacionales establece en su artículo 70:

``Artículo 70. El destino únicamente confiere a la institución destinataria el derecho de usar el inmueble destinado en el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga derecho real alguno sobre él.

Las instituciones destinatarias no podrán realizar ningún acto de enajenación sobre los inmuebles destinados. La inobservancia de esta disposición producirá la nulidad del acto relativo y la Secretaría (la Secretaría de Función Pública, conforme al artículo segundo) ... procederán a la ocupación administrativa del inmueble.''

6 La Ley general de Bienes Nacionales establece en su artículo 6:

``Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley;

III.- Las plataformas insulares en los términos de la Ley Federal del Mar y, en su caso, de los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte;

IV.- El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores;

V.- Los inmuebles nacionalizados a que se refiere el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

VII.- Los terrenos baldíos, nacionales y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e imprescriptibles;

VIII.- Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;

IX.- Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;

X.- Los inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de la forma de su adquisición;

XI.- Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal;

XII.- Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de las entidades que se extingan, disuelvan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación;

XIII.- Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;

XIV.- Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación;

XV.- Los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;

XVI.- Los bienes muebles determinados por ley o decreto como monumentos arqueológicos;

XVII.- Los bienes muebles de la Federación al servicio de las dependencias, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, así como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación;

XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes; las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos o informáticos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonido, y las piezas artísticas o históricas de los museos;

XIX.- Los meteoritos o aerolitos y todos los objetos minerales, metálicos pétreos o de naturaleza mixta procedentes del espacio exterior caídos y recuperados en el territorio mexicano en términos del reglamento respectivo;

XX.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que por cualquier vía pasen a formar parte del patrimonio de la Federación, con excepción de los que estén sujetos a la regulación específica de las leyes aplicables, y

XXI.- Los demás bienes considerados del dominio público o como inalienables e imprescriptibles por otras leyes especiales que regulen bienes nacionales.''

7 Los otros son Italia, Qatar, Kuwait y Francia.

8 Un ejemplo del retrógrada cacicazgo que se vive en algunas federaciones, el que se da en la federación de Boxeo, en la que se reeligió, por cuarta vez y sin oposición alguna, el secretario del COM, Ricardo Contreras Hernández, uno de los hombres mas cercanos a Vázquez Raña.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de dos mil cuatro.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Juventud y Deporte.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, se recibió de parte del señor diputado don Omar Bazán Flores y Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo por el que se apoya al comunicado del Congreso local del estado de Chihuahua, para que se destine el 8 por ciento del producto interno bruto al gasto educativo, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2005, al gasto educativo.

«Los suscritos, Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno, diputados federales de la LIX Legislatura por la Segunda Circunscripción y IX distrito federal por el estado de Chihuahua, respectivamente, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo, con objeto de apoyar al comunicado del congreso local del estado de Chihuahua, para que se destine el 8 por ciento del producto interno bruto al gasto educativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, hace esta solicitud conforme a las siguientes

Consideraciones

En fecha 19 de octubre del presente año se presentó ante el honorable Congreso del estado de Chihuahua una comisión de trabajadores de la educación, integrada por representantes del Comité Ejecutivo Nacional y los comités ejecutivos seccionales 8 y 42, con objeto de presentar un documento en donde se solicita el apoyo de la LXI Legislatura como gestor ante las instancias federales, a fin de que se dé, entre otros puntos, mayor presupuesto a la educación en el país lo cual implica que se destine el 8 por ciento del producto interno bruto a la inversión educativa.

Es importante mencionar que esta propuesta va encaminada al otorgamiento de recursos que permitan fortalecer la infraestructura educativa como es el equipamiento escolar y de mobiliario, la construcción y rehabilitación de centros educativos, así como el que se pueda brindar más tecnología educativa y su mantenimiento.

A su vez existe la pretensión de que se tome en cuenta la importancia real que tiene la creación de plazas, fundamentalmente para atender educación preescolar y media superior, la formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros, como factores primordiales. Así como el aumento para los programas de alimentación escolar ya existentes pero ampliando su cobertura y cuidando la pertinencia en la dotación de apoyos y los esquemas de salud de todos los educandos, por todo lo anterior los suscritos diputados Jesús Aguilar Bueno y Omar Bazán Flores, venimos a presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que en apoyo al Congreso del estado de Chihuahua hacemos nuestro el comunicado que envía para que se destine el 8 por ciento del Producto Interno Bruto al gasto educativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005.

Atentamente.

México, DF., a 9 de noviembre de 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores, Dip. Jesús Aguilar Bueno, (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se apoya el comunicado del Congreso de Chihuahua a fin de que se destine 8 por ciento del Producto Interno Bruto al gasto educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, suscrito por los diputados Omar Bazán Flores y Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno, diputados federales de la LIX Legislatura por la segunda circunscripción y noveno distrito federal por el estado de Chihuahua, respectivamente, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo con el objeto de apoyar al comunicado del congreso local del estado de Chihuahua, para que se destine el 8% del Producto Interno Bruto al gasto educativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, hace esta solicitud conforme a la siguiente

Consideración

Que con fecha 21 de Octubre del 2004, en impresiones de la gaceta parlamentaria a hoja 23 en sección de comunicaciones se publico el acuerdo numero 1034/04XVI P.E. la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua que en acuerdo del salón de sesiones el día 22 de Septiembre del año en curso, solicita a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que se destine el 8% del Producto Interno Bruto al gasto educativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, de lo cual los suscritos Diputados Federales hacemos nuestro el mencionado comunicado para los efectos legales a que halla lugar.

Punto de Acuerdo

Único.- Que en apoyo al Congreso del Estado de Chihuahua hacemos nuestro el comunicado que envía para que se destine el 8% del Producto Interno Bruto al gasto educativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005.

A los 28 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica), Dip. Jesús Aguilar Bueno (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo reglamentario de esta sesión, se ruega a la Secretaría dar cuenta con la orden del día de la próxima sesión, el cual por cierto deberá de incluir todos los asuntos que quedan pendientes en esta sesión.

Señor Secretario.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En la próxima sesión se va a dar cuenta de los asuntos que se quedaron pendientes y los demás asuntos con los que dé cuenta la Mesa Directiva.

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REGISTRO FINAL DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se toma como válido en el registro de asistencia, la última votación nominal.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las (19:16 horas): Y se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre a las 10:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 8 horas 16 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 328 diputados

Verificación de quórum: 376 diputados

Verificación de quórum: 326 diputados

Asistencia al final de la sesión: 308 diputados

Diputado que solicita ampliación de licencia: 1

Diputada suplente que se incorpora: 1

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2

Puntos de acuerdo aprobados: 8

Proposiciones con punto de acuerdo: 50

Oradores en tribuna: 56

PRI-19; PAN-15; PRD-14; PVEM-4; PT-1; PC-3.

Se recibió:

4 comunicaciones de los congresos de los estados de Colima, Guerrero y Jalisco;

1 comunicación de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión;

2 oficios en relación con la Conferencia Nacional de Gobernadores;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite 8 comunicaciones de trabajadores ex braceros;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

4 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que 13 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas y comunica que una ciudadana ha dejado de prestarlos;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos necesarios para que 2 ciudadanos puedan desempeñar el cargo de cónsules honorarios;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite informes;

1 iniciativa del Congreso del estado de Aguascalientes;

2 iniciativas del Congreso del estado de Chihuahua;

2 iniciativas del Congreso del estado de Jalisco;

9 iniciativas del PRI;

2 iniciativas del PAN;

2 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM;

1 iniciativa del PT;

3 iniciativas del PC

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alcocer García, Roger David (PRI) Estado de Yucatán: 265

Alemán Migliolo, Gonzalo (PRI) Ley Federal de Sanidad Animal: 115

Arias Martínez, Lázaro (PRI) Ley de Aguas Nacionales: 147

Avila Serna, María (PVEM) Presupuesto de Egresos: 314

Avila Serna, María (PVEM) Verificación de quórum: 133 desde curul

Bazán Flores, Omar (PRI) Secretaría de Relaciones Exteriores: 273

Bedolla López, Pablo (PRI) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 139

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Presupuesto de Egresos: 288

Calderón Centeno, Sebastián (PAN) Presupuesto de Egresos: 301

Carrillo Soberón, Francisco Javier (PRD) Petróleos Mexicanos: 335

Carrillo Soberón, Francisco Javier (PRD) Presupuesto de Egresos: 320

Castro Lozano, Juan de Dios (PAN) Petróleos Mexicanos: 329, 331 desde curul

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Petróleos Mexicanos: 332 desde curul

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Tarifas eléctricas: 286

Corrales Macías, José Evaristo (PAN) Presupuesto de Egresos: 323

Chávez Murguía, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús (PAN) Estado de Michoacán: 318

Díaz González, Felipe de Jesús (PAN) Estado de Puebla: 275

Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Ley que Crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América del periodo 1942-1964: 124

Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe (PRI) Petróleos Mexicanos: 278

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Presupuesto de Egresos: 269

Gama Basarte, Marco Antonio (PAN) Ley que Crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en Estados Unidos de América del periodo 1942-1964: 132 desde curul

Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia (PAN) Ley Federal del Trabajo: 76

García Sanjinés, María Antonia (PAN) Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 102

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Presupuesto de Egresos: 297

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Petróleos Mexicanos: 331

Guillén Quiroz, Ana Lilia (PRD) Importaciones de leche: 259 desde curul

Guillén Quiroz, Ana Lilia (PRD) Ley de Instituciones de Crédito: 104

Jiménez Merino, Francisco Alberto (PRI) Ley del Servicio Exterior Mexicano: 192

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 106

Laguette Lardizábal, María Martha Celestina Eva (PRI) Productos lácteos: 305

Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Código Penal: 121

Martínez López, Margarita (PRI) Presupuesto de Egresos: 343

Martínez Nolasco, Guillermo (PRI) Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 211

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Petróleos Mexicanos: 325, 332

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 150

Mazari Espín, Rosalina (PRI) Presupuesto de Egresos: 293

Medina Lizalde, José Luis (PRD) Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 213, 215 desde curul, 218, 219 desde curul, 220

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 216 desde curul, 218, 221

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Ley de Instituciones de Crédito - Ley del Mercado de Valores: 81

Monárrez Rincón, Francisco Luis (PRI) Ley Federal del Derecho de Autor: 74

Morales Flores, Jesús (PRI) Presupuesto de Egresos: 346

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Ley de Instituciones de Crédito - Código de Comercio: 95

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 214

Ovalle Araiza, Manuel Enrique (PAN) Petróleos Mexicanos: 329 desde curul, 335

Palafox Gutiérrez, Martha (PRI) Estado de Tlaxcala: 283

Pasta Muñúzuri, Angel (PAN) Secretaría de Comunicación y Transportes: 308

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 299

Pérez Medina, Juan (PRD) Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica: 310

Ramírez Luna, María Angélica (PAN) Estado de Puebla: 295

Rangel Espinosa, José (PRI) Petróleos Mexicanos: 329 desde curul, 332

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Petróleos Mexicanos: 333 desde curul

Rodríguez Fuentes, Agustín (PRD) Voto de mexicanos en el extranjero: 291

Sánchez Vázquez, Salvador (PRI) Ley General de Bienes Nacionales: 133

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Verificación de quórum: 321 desde curul

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Importaciones de leche: 258

Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio (PAN) Estado de Hidalgo: 281

Vázquez González, Pedro (PT) Ley Orgánica del Congreso: 91

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Estado de Puebla: 277 desde curul

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 85

Yunes Linares, Miguel Ángel (Dip.Ind.) Petróleos Mexicanos: 334 desde curul PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 96 Asistencias por cédula: 7 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 41 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 78 Total diputados: 222 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margaritar Asistencias: 75 Asistencias por cédula: 6 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 33 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 36 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás De la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 50 Asistencias por cédula: 10 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 26 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 11 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 6 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 4 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 0 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 2 Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alcántara Rojas José Carmen Arturo Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Bedolla López, Pablo Burgos García Enrique Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Rubio, José Manuel Castro Ríos, Sofia Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Córdova Martínez, Julio César De las Fuentes Hernández Fernando Donato Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Echeverría Pineda, Abel Félix Ochoa, Oscar Figueroa Smutny, José Rubén Flores Hernández, José Luis Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando García Ayala Marco Antonio García López Ady Godínez y Bravo Rebeca González Ruíz, Alfonso Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Ibáñez Montes José Angel Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés López Aguilar, Cruz Martínez De La Cruz Jesús Humberto Maya Pineda, María Isabel Meza Cabrera, Fidel René Moreno Ramos, Gustavo Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías, José Adolfo Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Posadas Lara Sergio Arturo Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rodríguez Javier, Rogelio Román Bojórquez, Jesús Tolentino Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Sagahon Medina, Benjamín Sánchez López, Jacobo Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Trujillo Fuentes, Fermín Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Faltas por grupo: 78 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Álvarez Monje, Fernando Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Bárcenas González José Juan Bermúdez Méndez, José Erandi Camarillo Zavala Isidro Chávez Murguía Margarita del Sagrado Clouthier Carrillo Tatiana Cruz García, Concepción De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Flores Mejía Rogelio Alejandro Gámez Gutiérrez Blanca Amelia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hinojosa Moreno Jorge Luis Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Martínez Cázares Germán Núñez Armas, Juan Carlos Osorio Salcido José Javier Penagos García, Sergio Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Suárez Ponce María Guadalupe Torres Ramos Lorena Treviño Rodríguez, José Luis Vega Casillas Salvador Zavala Peniche María Beatriz Faltas por grupo: 36 Cárdenas Sánchez, Nancy Cruz Martínez Tomás García Ochoa Juan José Guzmán Cruz, Abdallán Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Mora Ciprés Francisco Moreno Álvarez, Inelvo Ortega Alvarez Omar Padierna Luna María De Los Dolores Serrano Crespo Yadira Torres Cuadros, Enrique Faltas por grupo: 11 Lujambio Moreno, Julio Horacio Ochoa Fernández Cuauhtémoc Faltas por grupo: 2 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Faltas por grupo: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel