DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 5 de octubre de 2004	Sesión No. 12

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Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 416 diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:04 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Colima, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Iniciativas del Congreso del estado de Jalisco

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 33 Bis y reforma los artículos 58, 84, 86 y 87 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso del estado de Querétaro

Que adiciona un párrafo segundo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la iniciativa que reforma el artículo 222 y adiciona la fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Turno a Comisión)

Oficio del gobernador del Banco de México

Para dar cumplimiento al artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, remite informes sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de 2004 y la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso. (Turno a Comisión)

Minuta

Proyecto de decreto, que reforma el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona los artículos 69 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de combate a la corrupción, a cargo del diputado Francisco Barrio Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Margarito Fierros Tanos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de información financiera, a cargo de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que crea la Ley Reglamentaria de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rogelio Alejandro Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer responsabilidades a todos los servidores públicos, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en materia de trámites, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración "Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro", que le confiere el Congreso Nacional de la República de Ecuador. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Felipe Larios Cortés, General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, Antonino Fernández Rodríguez e ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan para aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren el Gobierno de Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona y Mónica Saavedra Díaz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Graciela Balcázar Rivera y Cecilia Araceli Navarrete Laborde para prestar servicios en los Consulados Generales de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Guadalupe García Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benítez Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isaí Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Érika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Édgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estévez, Simón Baizábal Lagunes y Julio Xilo García para prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Guillermo López Moreno para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar que comparezca el secretario de Educación Pública, en su carácter de presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informe sobre los resultados obtenidos por nuestra representación nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Semarnat en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que comparezca ante la Comisión de Salud para que exponga las acciones que está llevando a cabo la dependencia para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas.

De las Comisiones de Desarrollo Social, y de Salud, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud que se realice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del río Santiago que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados.

De las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo en relación con diversas proposiciones relacionadas con el tema de las tarifas para uso doméstico de energía eléctrica.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general del IMSS que investigue por qué se omitió atención médica al señor Jesús Salvador García Álvarez, trabajador de la empresa Hulera Euzkadi, SA de CV, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas y del Gobierno Federal a efecto de que durante el actual proceso electoral no se politicen acciones y programas públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los centros integralmente planeados, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a retomar como función básica de la institución otorgar créditos para el impulso de la inversión en ese sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se destinen y etiqueten 2 mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el fondo de apoyo a la cadena agroalimentaria frijol, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya una partida especial para el embovedado y saneamiento del arroyo El Orito, situado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el Canal cuente con un noticiario especializado, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos con objeto de celebrar convenios internacionales que permitan establecer medidas y mecanismos bilaterales para reducir las comisiones y proveer reglas a efecto de fijar un tipo de cambio más justo en las transferencias de remesas, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al apoyo solidario de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL, respecto al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a evitar la destrucción de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla, actualizar el programa de manejo e impulsar un paquete de inversiones destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en ese sitio, a cargo el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a llevar a cabo acciones que resuelvan la problemática ambiental de Valle de Bravo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva, al Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana a efecto de que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, la institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y el desarrollo de los hijos de las y los trabajadores de la Universidad, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Senado de la República que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la firma del acuerdo de entendimiento sobre los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento (OVM/AFP), signado por el director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a suscribir, mediante la Secretaría de Salud de dicha entidad, un convenio para que el Hospital Naval del municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de incluir el artículo 29 en el Capítulo III del Título Tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, relativo a la materia de comunicación social, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios conducentes a mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, que se cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-155SCFI-2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, se proporcione energía eléctrica a un precio acorde con las altas temperaturas, considerando que la geotermoeléctrica de Cerro Prieto está en su territorio, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre una comisión especial que verifique las condiciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos a fin de reconstruir el tramo carretero Polvorín-Alpuyeca, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instaurar el 16 de junio como el Día Nacional del Federalismo, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal en relación con el caso "muertas de Juárez", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje y entregar un reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Atenas 2004, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a transferir la carretera escénica Tijuana-Ensenada al gobierno del estado de Baja California, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, acerca de las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y de la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a determinar que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y, en su caso, reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia en el Programa Oportunidades, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 consideren en el programa anual carretero del país apoyar con 250 millones de pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con los familiares de los connacionales muertos en el incendio ocurrido en Columbus, Ohio, Estados Unidos de América; y se exhorta al Ejecutivo federal a dar seguimiento, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las investigaciones respectivas, a cargo de la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los Presidentes del Instituto Nacional de las Mujeres y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a formular y promover políticas públicas que redunden en medidas positivas y compensatorias a efecto de preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que promueva una solución concertada entre la Federación y el gobierno del estado de Chihuahua respecto a la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio al consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento en el gasóleo doméstico, gas LP y gas natural durante el periodo 1 de noviembre de 2004-31 de marzo de 2005, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, a efecto de conocer el aprovechamiento real del agua en el uso agrícola, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al procurador general de la República que investigue la violación del Recinto Legislativo del estado de Baja California por miembros de la Agencia Federal de Investigación, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora a elaborar una ley de coordinación fiscal estatal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a enviar una nota diplomática de condena al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres migrantes mexicanas acaecida en el río Bravo el pasado 23 de septiembre, suscrito por las diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a tomar las acciones conducentes a implantar el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política que instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y Niños de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a invitar a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades del estado de Oaxaca que sean investigados los servidores públicos que intervinieron en la violación de los derechos humanos y garantías individuales de la joven María, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se adicionen diversas disposiciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, acuerde e implante un programa de desconcentración administrativa del Instituto, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso del homicidio del licenciado Mario Sánchez Paniagua, ocurrido en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre maíz y biodiversidad, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al estudio y análisis de las reformas de la Ley Federal del Trabajo, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a la Cámara de Diputados y, en su caso, sancionar sobre el daño ocasionado en la reserva ecológica de Cuxtal, municipio de Mérida, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para formular un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a investigar sobre las concesiones otorgadas a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre los objetivos, las estructuras operativas y las obligaciones económicas de los organismos internacionales en que México participa, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se audite el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo comprendido de 1967 a la fecha, a cargo del diputado Roberto Vega Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la ley y las resoluciones judiciales, así como a evitar vulnerar derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones de Economía, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre el proceso electoral en el estado de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre los recientes desastres naturales en las costas de Haití, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos sesenta y siete diputadas y diputados, a las diez horas con trece minutos del miércoles veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría inicia la lectura del orden del día y desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita se dispense la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de estar publicada en la Gaceta Parlamentaria. El Presidente aclara que se estaba dando lectura al orden del día dado que por acuerdo de la Mesa Directiva, se incluyeron dos puntos en relación con el publicado e informa que se está distribuyendo con las modificaciones referidas. La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

Desde su curul la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, solicita repetir la votación. La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, informa nuevamente del resultado de la votación económica.

Hablan desde su curul los diputados: Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la primera para solicitar que los dos puntos incorporados en el orden del día sean pospuestos para la próxima sesión y el Presidente hace aclaraciones al respecto, y la segunda para solicitar que el orden del día sea sometido a votación; Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la inclusión de un punto en el orden del día y solicita retirarlo, y el Presidente ofrece las explicaciones que corresponden; y Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la lectura del orden del día de la presente sesión y el Presidente aclara que la Asamblea la ha dispensado.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Colima, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se incrementen los recursos para las universidades públicas, en particular para la Universidad de Colima. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jalisco, con acuerdo por el que solicita se reformen la Ley de Aviación Civil, la Ley de Vías Generales de Comunicación y otros ordenamientos. Se turna a la Comisión de Transportes.

Michoacán, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se incrementen los recursos para las universidades públicas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicación de la Comisión de Concordia y Pacificación con la que informa de la designación del diputado Bernardino Ramos Iturbide como Presidente para el periodo comprendido del veintiocho de septiembre al veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. De enterado.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con la que informa de los representantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Comisión de Concordia y Pacificación. De enterado.

Con acuerdo que modifica el programa de comparecencias ante comisiones ordinarias, de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en lo relativo a la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social. Se aprueba en votación económica.

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Michoacán, por el que solicita se proceda a la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos en las entidades federativas, en donde se verifiquen elecciones. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Tres, por los que se solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Dos, por los que se solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Uno, por el que se solicita el permiso necesario para tres ciudadanas puedan prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y comunica que una ciudadana ha dejado de prestarlos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Por lo que se refiere a las solicitudes, se turna a la Comisión de Gobernación; y por lo que respecta a quien ha dejado de prestarlos, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

María de Jesús Aguirre Maldonado, a nombre propio y del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Gertrudis Bocanegra Mendoza.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley Federal que Regula al Correo Electrónico. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que adiciona los artículos setenta y tres y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia.

María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y cuatro y cuatrocientos diecinueve de la Ley General de Salud y adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Gobernación.

José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiocho, cuarenta y uno, cuarenta y nueve, noventa y tres y ciento dos y adiciona el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regulación de los organismos constitucionales autónomos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo octavo de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo para exhortar a las autoridades federales y del Distrito Federal, para que garanticen el destino del predio que ocupara la Refinería dieciocho de Marzo de Petróleos Mexicanos, exclusivamente al desarrollo de un programa integral ecológico, ambiental, recreativo y cultural.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Se aprueba en votación económica.

Continúan la presentación de iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y primero, cuarto y sexto de la Ley de la Policía Federal Preventiva. Se turna a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diez de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Economía.

El Presidente informa de la presencia del Excelentísimo señor Ren-Jingyu, Embajador de la República Popular de China en México, y agradece su visita.

Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinte, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos cincuenta y uno y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y crea la Ley Reglamentaria de los artículos cincuenta y uno y cincuenta y seis de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representatividad. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos treinta y tres, cincuenta y seis, cincuenta y siete y sesenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos.

Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiuno y veintidós de la Ley de Planeación, en materia de previsiones y proyecciones a largo plazo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Economía.

Gisela Juliana Lara Saldaña, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos dieciocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cincuenta y uno del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

Lucio Galileo Lastra Marín, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuatrocientos sesenta y cuatro de la Ley General de Salud y adiciona el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de alteración y contaminación de bebidas alcohólicas. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo ocho bis al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento setenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, que reforma el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de competencia. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo treinta y reforma el artículo treinta y dos de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Gobernación.

María del Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciséis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo trece de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, sesenta y nueve y setenta de la Ley General de Educación, en materia de estudiantes discapacitados.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.

María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, que adiciona un Título Sexto, denominado De las Sanciones e Infracciones, a la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, a nombre propio y del diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo trescientos cuatro y adiciona un artículo trescientos cuatro E a la Ley del Seguro Social, en materia de multas y sanciones. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo diecinueve de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos setenta y dos diputadas y diputados.

El Presidente levanta la sesión a las quince horas con quince minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes cinco de octubre de dos mil cuatro a las once horas.»

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DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado señor Presidente:

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 2 de octubre del año en curso, me he reincorporado al desempeño de mis funciones como diputado federal, al agotarse la licencia que me fuera autorizada por el pleno de la Cámara.

Como siempre, le reitero las seguridades de mi consideración.

Cordialmente.

México, DF. a 4 de octubre de 2004.--- Diputado Juan de Dios Castro Lozano, vicepresidente de la Mesa Directiva.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y se le tiene por reincorporado a sus labores legislativas.

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ESTADO DE COLIMA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LIV Legislatura.

H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Los diputados integrantes de la Comisión de la misma, en sesión permanente celebrada el 7 de septiembre del presente año, aprobaron un punto de acuerdo, suscrito por los diputados profesor José Luis Aguirre Campos, maestro Florencio Llamas Acosta e ingeniero Armando González Manzo, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del H. Congreso del estado de Colima, cuyos resolutivos señalan:

``Primero. Que esta soberanía solicite a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se destine por lo menos 1 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) al desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica.

Segundo. Asimismo, se destinen los recursos necesarios a cada uno de los estados de la Federación para que, previa presentación de un proyecto estratégico, se consideren:

Programas de formación y capacitación de maestros del nivel básico para privilegiar el ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades matemáticas y científica en sus alumnos.

Promover proyectos de investigación científica en los planteles de educación media superior y superior.

Establecer un sistema de becarios de posgrado en ambos campos.

Apoyar proyectos de innovación tecnológica cuyos prototipos se consideren factibles de ser patentados.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a todas y cada una de las Legislaturas de los estados para que, de ser necesario, se adhieran al mismo y hagan lo propio.

Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales para los fines legales que correspondan.''

Lo comunicamos a usted en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, anexando al presente oficio copia del punto acuerdo correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Col., a 8 de septiembre de 2004.--- Dip. José Antonio Orozco Sandoval (rúbrica), Secretario; Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), Secretaria.»

«CC. Secretarios de la Diputación Permanente.--- Presentes.

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo federal, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de acuerdo, por medio del cual solicitamos a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se destine por lo menos 1 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) al desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica. Asimismo, se destinen recursos a cada uno de los estados de la Federación para que, previa presentación de un proyecto estratégico que considere programas de formación y capacitación de maestros del nivel básico para privilegiar el ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades matemáticas y científicas en sus alumnos, promover proyectos de investigación científica en los planteles de educación media superior y superior, establecer un sistema de becarios de posgrado en ambos campos y, por último, para apoyar proyectos de innovación tecnológica cuyos prototipos se consideren factibles de ser patentados, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Que la aspiración de México y de todos los mexicanos es lograr cada día mayor calidad de vida basada en un modelo económico que responda a las circunstancias de un mundo globalizado, donde la competitividad es el medio para invertir en el mercado mundial.

Segundo. Que la política financiera en nuestro país se ha encaminado a solucionar lo urgente, postergando en muchos casos la atención de lo importante, generándose así un considerable atraso en sectores vitales para desencadenar el desarrollo económico de México, que puede darse pues contamos con amplias posibilidades materiales y humanas hasta ahora subutilizadas por falta de una visión estratégica con perspectivas de futuro.

Tercero. Que es necesario volver la vista hacia naciones que, con menores posibilidades que la nuestra, decidieron apostar a la investigación científica y a la innovación tecnológica porque concibieron esos rubros como la columna vertebral de su desarrollo.

Cuarto. Que la inversión en México del PIB apenas si rebasa el .4 por ciento destinado a ciencia y tecnología. Es, además de insuficiente, limitado en sus alcances y nos somete irremisiblemente a la política de consumidores pasivos e importadores de bienes y tecnología, lo que nos vuelve dependientes y vulnerables en el contexto mundial, amén de la fuga de cerebros que emigran en busca de las oportunidades que en nuestro contexto no se pueden dar.

Quinto. Que en reunión de trabajo del Ejecutivo federal con integrantes del Foro Nacional Consultivo de Ciencia y Tecnología se habló de una inversión de hasta 2 por ciento del PIB para el desarrollo científico y tecnológico durante su gobierno.

Sexto. Que es necesario delimitar los conceptos de gasto e inversión, ya que el segundo presupone la obtención de resultados superavitarios, aunque éstos sean mediatos, lo que no se riñe con la prospectiva de un proyecto de nación futuro.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración del H. Congreso del estado el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía solicite a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se destine por lo menos 1 por ciento del Producto Interno Bruto al desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica.

Segundo. Asimismo, se destinen los recursos necesarios a cada uno de los estados de la Federación para que, previa presentación de un proyecto estratégico, se consideren:

Programas de formación y capacitación de maestros del nivel básico para privilegiar el ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades matemáticas y científica en sus alumnos.

Promover proyectos de investigación científica en los planteles de educación media superior y superior.

Establecer un sistema de becarios de posgrado en ambos campos.

Apoyar proyectos de innovación tecnológica cuyos prototipos se consideren factibles de ser patentados.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a todas y cada una de las Legislaturas de los estados para que, de ser necesario, se adhieran al mismo y hagan lo propio.

Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales para los fines legales que correspondan.

Atentamente.

Colima, Col., a 6 de septiembre de 2004.--- Los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del estado: Diputados: José Luis Aguirre Campos, Florencio Llamas Acosta, Armando González Manzo (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo. --- Congreso del estado.---LX Legislatura.--- Chihuahua.

Del Congreso de Chihuahua.--- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Le remito Acuerdo No. 1033/04 II D.P., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual la Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien realizar, por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, todas aquellas acciones tendientes a promover y difundir la historia de nuestro Himno Nacional; asimismo, se acuerda remitir la presente iniciativa al H. Congreso de la Unión, a fin de que se promueva la creación de una fonoteca nacional que contenga las piezas de carácter histórico que el chihuahuense Luis Arturo Medrano ha logrado conservar a través del tiempo.

Sin otro particular de momento, reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

Chihuahua, Chihuahua, a 15 de septiembre de 2004.--- Dip. Rogelio Yánez Bustillos (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.

ACUERDO No. 1033/04 II D.P.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro de su tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Artículo Primero.- La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien realizar, por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, todas aquellas acciones tendientes a promover y difundir la historia de nuestro Himno Nacional; asimismo, se acuerda remitir la presente iniciativa al H. Congreso de la Unión, a fin de que se promueva la creación de una fonoteca nacional que contenga las piezas des carácter histórico que el chihuahuense Luis Arturo Medrano ha logrado conservar a través del tiempo.

Artículo Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del estado a que establezca comunicación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a efecto de definir la pertinencia de que este acervo cultural sea revalorado y dado a conocer a nivel nacional.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 15 de septiembre de 2004.--- Dip. Rogelio Yánez Bustillos (rúbrica), Presidente; Dip. Jesús Javier Baca Gándara (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y remítase a las comisiones de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo``Único. La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acuerda formular atenta exhortación al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, a través de la cancillería mexicana, interponga ante el Gobierno de Estados Unidos de América la formal protesta del Gobierno de México, condenando el uso de las llamadas balas de goma que la denominada Patrulla Fronteriza tiene proyectado utilizar contra los migrantes que se internen en territorio estadounidense, toda vez que dicha medida atenta contra los derechos humanos de las personas y resulta contraria a la más elemental norma de convivencia entre las naciones. Comuníquese el presente acuerdo al ciudadano Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión y al secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del estado.- Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de agosto de 2004.- Raúl Antonio Corzo Llaguno, diputado Presidente.- Rúbrica. Abdias Nava Pacheco, diputado secretario.- Rúbrica. Federico Solano Valladares, diputado secretario.- Rúbrica.''

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz''

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de agosto de 2004.--- Dip. Abdias Nava Pacheco (rúbrica), Secretario; Dip. Federico Solano Valladares (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

Ciudadanos diputados Secretarios del Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Pronunciamiento``Primero. La Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca formula atento exhorto a los ciudadanos diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, y principalmente a los diputados federales por el estado de Oaxaca, para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 intervengan de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales a efecto de que en el Programa de Apoyos a Estados y Municipios (PAEM) no sean recortados al estado de Oaxaca los cuatrocientos millones de pesos que pretende eliminar el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en virtud de que esta medida afectaría gravemente al estado de Oaxaca, en el desarrollo de programas prioritarios en los municipios del estado, y se aumente en una cantidad superior a la autorizada en el ejercicio fiscal de 2004. Segundo. Comuníquese este pronunciamiento a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Hacienda y Crédito Público de la Federación, para su conocimiento, así como a los honorables Congresos de Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo y Campeche para que, de creerlo procedente, se adhieran al presente pronunciamiento. Tercero. Por la importancia del contenido del presente pronunciamiento, publíquese en el Periódico Oficial del gobierno del estado. Lo tendrá entendido el gobernador del estado y hará que se publique y se cumpla.- Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del estado.- Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de septiembre de 2004.- Dip. Juan Ramón Díaz Pimentel, Presidente. Rúbrica.- Dip. Jorge Zarif Zetuna Curioca, secretario. Rúbrica.''

Lo que comunico a ustedes, para los efectos procedentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz''

Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de septiembre de 2004.--- Dip. Jorge Zarif Zetuna Curioca (rúbrica), Secretario de la Diputación Permanente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, y 42, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el 8 de septiembre del año en curso, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que proponga la modificación del dictamen por el que se pretende reformar el artículo 122 constitucional y se mantenga la proporción en las participaciones que el Distrito Federal recibe en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica pública.

Segundo.- Se hace un llamado a la Comisión de Educación y de Servicios Educativos para que se promueva la conclusión de la descentralización del sistema educativo en el Distrito Federal, transfiriendo las responsabilidades y los recursos necesarios para cumplir con esta facultad.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para que intervenga de manera decidida en la discusión y elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, a fin de que se incremente el presupuesto destinado a la educación pública básica en las 32 entidades del país.

Cuarto.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación a que en la discusión del Presupuesto de Egresos 2005 se hagan los esfuerzos necesarios a fin de incrementar los recursos destinados al financiamiento del sistema de educación superior y media superior de la Universidad de la Ciudad de México.

Quinto.- Se hace un atento llamado a todos los diputados integrantes de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que respalden el proceso legislativo mediante el cual se podrá otorgar autonomía a la Universidad de la Ciudad de México, con la finalidad de que este proyecto se coloque por encima de cualquier interés político y no esté sujeto a las eventualidades que implica la alternancia democrática en el poder público de la ciudad.

Lo cual hago de su conocimiento para que por su conducto se notifique a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, para los fines legales a que haya lugar, anexo copia del acuerdo.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, y 42, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el 8 de septiembre del año en curso, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la creación inmediata de una comisión plural encargada del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) en cuanto a la preservación de Xochimilco, con la finalidad de evitar que esta área natural protegida pierda su categoría de patrimonio de la humanidad.

En dicha comisión participará el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Fomento Económico, la delegación política de Xochimilco, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, esta Asamblea Legislativa y legisladores federales.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de esta Asamblea a que dictamine a la brevedad posible la proposición con punto de acuerdo por virtud del cual se solicita al jefe delegacional de la demarcación Xochimilco, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Turismo que remitan a esta Asamblea Legislativa un diagnóstico sobre el Programa de Rescate de Xochimilco, presentado el 2 de diciembre de 2003 por el diputado Christian Lujano Nicolás.

Lo cual hago de su conocimiento, para los efectos legislativos a que haya lugar, anexo copia del acuerdo.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Ma. Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y demás artículos relativos, los diputados signantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentamos ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la creación inmediata de una comisión plural encargada de cumplir con los requerimientos establecidos por la representación de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) en Xochimilco.

En razón a los siguientes

Antecedentes

I. El día 11 de diciembre de 1987, la zona chinampera de Xochimilco fue declarada patrimonio de la humanidad por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), en razón a sus características culturales y ecológicas únicas en el mundo, básicamente por lo que representa el sistema de cultivos de chinampas, último remanente vivo de origen prehispánico.

II. El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece a la zona chinampera de Xochimilco como área de conservación ecológica,

III. El 7 de mayo de 1992 fue decretada como área natural protegida en la categoría de zona sujeta a conservación ecológica; los objetivos principales para darle este carácter fueron: conservar el suelo agrícola, preservar los remanentes de chinampas e incrementar la recarga de los acuíferos para ayudar a controlar las inundaciones y los hundimientos diferenciales de la demarcación.

En el decreto se establece como una de las obligaciones de las autoridades locales el evitar el crecimiento de los asentamientos humanos en la zona lacustre, así como evitar las descargas residuales provenientes de casas habitación, industrias y talleres artesanales.

IV. La Dirección General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda expidió el oficio número DGDU 03/1347, de fecha 10 de septiembre de 2003, mismo que hace referencia a las invasiones en la zona chinampera y establece en forma textual lo siguiente:

`` .... conforme al artículo 26, fracción III, IX, XVI y el artículo 39, fracciones LXI y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal, señalan que son atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente, así como de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales, el implementar acciones de preservación y protección al ambiente.''

V. Con fecha 17 de diciembre de 2003, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, emitió la recomendación número 07/2003, en la cual establece las obligaciones que tendrán la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Xochimilco y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Xochimilco.

Copia de esta recomendación se envió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que en dicho documento se instruye a esta autoridad para velar por la conclusión del proceso de actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco, coadyuvando con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Delegación Xochimilco, para evitar de esta manera el establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área.

Considerando

Primero. Que la denominada zona chinampera de Xochimilco constituye el área natural protegida más importante en el Distrito Federal por su extensión territorial, suministro de agua a los mantos acuíferos y regulador hidráulico y climático de las zonas aledañas de ciénegas de Xochimilco y Tláhuac.

Segundo. Que la legislación capitalina prohíbe específicamente la instalación de asentamientos humanos irregulares o regulares en esta zona, por localizarse dentro del suelo de conservación y, ser un área natural protegida.

Tercero.- Que el índice de asientos irregulares en esta área natural protegida se ha incrementado de 6.2 a 43 hectáreas ocupadas en el periodo transcurrido del año 1997 a 2003, es decir, de 158 familias asentadas irregularmente en el sitio ha aumentado a 416.

Cuarto.- Que lo anterior provoca una serie de daños ambientales colaterales que estimulan el rompimiento del equilibrio ecológico de esta zona, por citar algunos ejemplos: sobreexplotación del manto acuífero, hundimientos diferenciales del terreno, disminución del volumen del agua en la zona chinampera, afectación a la zona de humedales, alta concentración de salitre en el suelo, plagas y enfermedades en el arbolado y en el agua. Esto se ha transformado en un problema de salud pública, porque la contaminación que existe en la zona representa un latente foco de infección para la población del lugar y los visitantes del área turística.

Quinto.- Que con fecha 3 de agosto de 2004, el comisionado de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas en Xochimilco presentó ante la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica un diagnóstico de esta área natural protegida, donde se confirma el lamentable estado de deterioro de la zona y el actual riesgo de que dicha organización traslade este patrimonio de la humanidad a la lista de patrimonio en peligro; por ello, es necesario que el jefe de Gobierno del Distrito Federal cree una comisión plural en la que participen en forma coordinada los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto del Distrito Federal como federal, y aquellas otras instancias que tengan injerencia en esta compleja problemática.

Sexto.- Que a pesar de las recomendaciones formuladas hace un año por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, esta zona continúa siendo invadida de manera acelerada provocando su deterioro.

Séptimo.- El día 2 de diciembre de 2003, el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por virtud del cual se solicita al jefe delegacional de la demarcación de Xochimilco, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Turismo que remitan a esta Asamblea Legislativa un diagnóstico sobre el Programa de Rescate de Xochimilco, así como un informe semestral sobre el avance del proyecto de rehabilitación integral del patrimonio de Xochimilco, mismo que no ha sido dictaminado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Presidencia que tenga a bien someter a consideración de esta H. Diputación la propuesta como de urgente y obvia resolución al tenor del siguiente

Acuerdo

Primero.- Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la creación inmediata de una comisión plural encargada del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) en cuanto a la preservación de Xochimilco, con la finalidad de evitar que esta área natural protegida pierda su categoría de patrimonio de la humanidad.

En dicha comisión participará el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Fomento Económico, la Delegación Política de Xochimilco, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, esta Asamblea Legislativa, y legisladores federales.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de esta Asamblea a que dictamine a la brevedad posible la proposición con punto de acuerdo por virtud del cual se solicita al jefe delegacional de la demarcación Xochimilco, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Turismo que remitan a esta Asamblea Legislativa un diagnóstico sobre el Programa de Rescate de Xochimilco, presentado el día 2 de diciembre de 2003 por el diputado Christian Martín Lujano Nicolás.

Signan los siguientes diputados integrantes de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura: Diputados: Juan Antonio Arévalo López; María Guadalupe Marín; Carlos Alberto Flores Gutiérrez; Gabriela Cuevas Barrón, Juan Manuel González Maltos; Pablo Trejo Pérez; Gabriela González Martínez; Mauricio López Velázquez; Gerardo Villanueva Albarrán; Alejandra Barrales Magdaleno; Efraín Morales; Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y remítase a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Medio Ambiente.

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TRIBUNAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.--- Presidencia.

Señor Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.--- Presente.

Para los efectos procedentes, hago de su conocimiento que, conforme a lo previsto en los artículos 99, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción V, y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los términos del acuerdo general de esta Sala Superior; por el que se establecen las reglas correspondientes, en sesión pública celebrada el 24 del presente mes y año fui electo Presidente de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el periodo que inicia en la fecha antes mencionada y concluye en el año 2006.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi reconocimiento y consideración más distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 27 de septiembre de 2004.--- Magdo. Eloy Fuentes Cerda (rúbrica), Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Congreso de la Unión.

Con el gusto de saludarles me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 14 de septiembre del año en curso aprobó acuerdo legislativo 467/04, mediante el cual, este Congreso se pronuncia para que se dote a Jalisco de un mejor presupuesto en educación acorde a su aportación al PIB, a sus necesidades educativas, y se ordena se eleve atenta solicitud a esa soberanía federal para que a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el análisis y aprobación del Presupuesto se considere en justicia las aportaciones en el ramo educativo para el estado de Jalisco, las que deberán ser justas y equitativas a su aportación al PIB, de sus requerimientos educativos.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que de lugar.

Sin otro particular propicia hago la ocasión, para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de septiembre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso.

``2004, Año del Centenario del Natalicio de Agustín Yáñez''.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

CC. Diputados del H. Congreso del estado.--- Presentes.

En uso de las facultades que me conceden los artículos 22, fracción I, 152, 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, someto a su consideración iniciativa de acuerdo legislativo que tiene por objeto se analice, estudie y en su caso se apruebe que se solicite por esta asamblea un mayor presupuesto en educación para el estado de Jalisco y

ConsiderandoI.- El señor secretario de Educación del estado ha venido informando que ha realizado varias visitas a la Ciudad de México para pedir un mayor presupuesto (periódico Público, septiembre 7).

II.- El C. secretario de Educación señala que a pesar de que Jalisco aporta el 6.6% al Producto Interno Bruto (PIB nacional) recibe apenas $4,600.00 pesos anuales por alumno cuando la media nacional es de $6,400.00 pesos.

III.- Que el trato que ha recibido Jalisco por las autoridades federales respectivas ha hecho que se registren rezagos y que para abatirlos se requieren 3,000 millones de pesos para la operación de los 2 años próximos. Siendo necesario destacar que Jalisco es de las entidades que más recursos destina a la educación con alrededor del 48% de su presupuesto, en tanto que el Distrito Federal recibe subsidio total de la Federación.

IV.- Lo anterior pone de manifiesto que las autoridades federales minimizan a Jalisco y prueba de ello es que en el reparto que se hizo este año de los recursos adicionales se dejó fuera la Universidad de Guadalajara.

V.- Que la educación es la asignatura mas importante para el desarrollo social, cultural y económico del individuo y de los pueblos, por ello este Congreso no puede pasar desapercibido el distingo y discriminación que hacen las autoridades federales de nuestra entidad en el rubro de educación, en mérito a lo cual nos solidarizamos con los justos reclamos del Ejecutivo y del señor secretario de Educación del estado ante el Gobierno Federal para que se nos proporcione un trato presupuestal justo, equitativo y proporcional a nuestra aportación al PIB y a los requerimientos educativos de Jalisco.

En merito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 152, numerales 2 y 3, y los relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco someto a su consideración los siguientes puntos de

Acuerdo Legislativo

Primero.- Este Congreso se pronuncia para que se dote a Jalisco de un mejor presupuesto en educación acorde a su aportación al PIB a sus necesidades educativas.

Segundo.- Elévese atenta solicitud al H. Congreso de la Unión a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que en el análisis y aprobación del Presupuesto se considere en justicia las aportaciones en el ramo educativo para el estado de Jalisco, las que deberán ser justas y equitativas a su aportación al PIB y a sus requerimientos educativos.

Tercero.- Elévese atenta comunicación al señor secretario de Educación del Gobierno Federal para que en la propuesta que eleve tanto al secretario de Hacienda como a las comisiones de Hacienda y Presupuesto del Congreso de la Unión considere un incremento justo al presupuesto en educación para el estado de Jalisco por las razones expuestas en el cuerpo de esta iniciativa.

Cuarto.- Elévese atenta comunicación a los integrantes de la Legislatura federal que representan a través de sus coordinadores a Jalisco, solicitando su valiosa intervención en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, a fin de que se considere un incremento para Jalisco en forma justa y equitativa atendiendo las razones expuestas en este libelo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 9 de septiembre de 2004.--- Dip. Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández (rúbrica), Dip. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Congreso de la Unión.

Con el gusto de saludarles, me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 21 de septiembre del año en curso, aprobó el acuerdo legislativo 473/04, del cual anexo copia, en el que se aprueba enviar la iniciativa de decreto que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que de lugar.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de septiembre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso.

``2004, Año del Centenario del Natalicio de Agustín Yánez.''

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y de Ganadería les fue returnada por acuerdo de la Asamblea del día 8 de julio del 2004, para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo legislativo que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal y adiciona una fracción XV, al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y presentada por los C. diputados María Joann Novoa Mossberger y Gabriel Guerra Béjar, para lo cual se hacen las siguientes:

Consideraciones

I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 147, 152, 153 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, es facultad del Congreso del estado presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.

II.- Que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y a la Comisión de Ganadería, el estudio y dictamen de dicha iniciativa, por así disponerlo la ley correspondiente.

III.- Que a las comisiones que suscriben el presente les fue returnada el pasado 12 de julio del año en curso la iniciativa de acuerdo legislativo que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal y adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por los diputados María Joann Novoa Mossberger y Gabriel Guerra Béjar, y de la cual se deriva la siguiente:

Exposición de Motivos

1. La salud familiar constituye uno de los ejes fundamentales sobre el que debe girar gran parte de los esfuerzos gubernamentales, garantizando las mejores condiciones de convivencia para que exista un desarrollo integral, bajo valores esenciales, como son la seguridad social y el bienestar familiar.

Por ello, gran parte de los esfuerzos gubernamentales deben enfocarse a prevenir riesgos de enfermedades de cualquier tipo, que menoscaben la salud humana, pues ésta es a la vez un derecho de todos los hombres y mujeres que se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido es una obligación inexcusable generar un marco normativo que garantice el respeto al derecho fundamental de la salud, combatiendo no sólo las enfermedades, sino también todos aquellos actos que las generen y que por lo mismo representen un riesgo latente.

2.- En los últimos años, la salud de las familias jaliscienses y mexicanas se ha visto seriamente afectada, en virtud de que se han venido presentando intoxicaciones por el consumo de carne contaminada con clenbuterol y otros agentes betaagonistas. De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Jalisco, durante el 2002 se presentaron 114 casos de personas intoxicadas por esta causa. Aún cuando el uso de esta sustancia en la engorda de ganado y sus consecuencias constituyen una figura antijurídica que se encuentra tipificada como delito en la Ley Federal de Sanidad Animal y que además existe una Norma Oficial Mexicana que prohíbe su uso, no obstante se sigue utilizando y lo más grave es que la carne contaminada sigue llegando al consumidor final.

Es por ello que se requiere fortalecer el marco legal para sancionar su utilización en forma cabal, pues es un atentado directo contra la salud familiar de los mexicanos, que por las consecuencias, el dolo, intencionalidad, peligrosidad, clandestinidad con que opera y por ser un riesgo latente contra la salud pública, debe ser un delito clasificado como grave.

3.- Un estudio realizado por la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México, señala las graves consecuencias del uso del clenbuterol en la engorda de ganado y concluye: ``por el momento es alarmante que no se reglamenten enérgicamente las sanciones a los transgresores de la ley. Deben establecerse e instrumentarse sanciones severas para aquellos que transgreden la ley y utilizan clenbuterol o cualquier medicamento prohibido para fomentar la producción pecuaria''. Este estudio sustenta la necesidad apremiante de afinar el marco legal para sancionar de forma cabal esta conducta y anticipan la necesidad de esta reforma.

4.- En el ámbito internacional, en el Parlamento Europeo se emitieron directrices que prohíben de forma tajante el uso de la sustancia para fines pecuarios.

5.- Ante este contexto es prudente que este H. Congreso del estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la propia del estado de Jalisco, presente ante el Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de reforma primero: el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para complementar la figura delictiva que ya está tipificada, y segundo: adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se considere como grave dicho delito.

IV.- Que del resultado del trabajo de estudio y análisis de las Comisiones que suscriben el presente se desprende que:

a) Que si bien es cierto la salud constituye una garantía fundamental consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también lo es que el Estado actualmente cuenta con un marco legal que contempla la figura delictiva a que se refieren los autores de la iniciativa, como lo es el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal que establece: ``al que por cualquier medio utilice sustancias para uso o consumo de animales que perjudique la salud de éstos o la humana, se le impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa hasta de mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica donde se llevó a cabo el hecho''.

Que efectivamente, de dicha redacción no se desprende que se haga mención específica del uso de clenbuterol o betaagonistas para la tipificación del delito como lo proponen los autores de la iniciativa, sin embargo es de destacar que la norma debe ser general y no específica o casuística, por lo que de la redacción con que cuenta actualmente dicho numeral, se desprende que en forma general incluye no sólo el uso de betaagonistas o clenbuterol, como lo proponen los autores, sino además de éstos, incluyen cualquier otra sustancia para uso o consumo animal que perjudique la salud de éstos o la humana, será considerado como delito.

Por lo que no se considera procedente la adición de la palabra clenbuterol o betaagonista en este párrafo como lo plantean los autores de la iniciativa.

Es de destacar que un delito se considera grave por las consecuencias graves y trascendentales causadas por el mismo a la sociedad, así como por la peligrosidad y trascendencia que representa para la sociedad o el sujeto pasivo.

Por la importancia que reviste la elevación de este tema a delito grave, los autores de la iniciativa decidieron modificar la propuesta original suspendiendo la adición del párrafo XV al Código Federal de Procedimientos Penales, para abocarse este dictamen exclusivamente a la modificación del artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Es de destacar que tal como lo mencionan los autores de la iniciativa, es necesario reforzar el marco legal actual para que se finque responsabilidad a todas las personas que participan directa o indirectamente en la comisión del delito.

Por lo que sí es conveniente se modifique la redacción del artículo referido y que a la letra dice: ``Al que teniendo conocimiento de que se le suministraron sustancias peligrosas al ganado o animales, comercialicen, expendan, trafiquen u ofrezcan al público productos y subproductos derivados de éstos que pongan en riesgo la salud humana''.

V.- Una vez realizado el trabajo de estudio y análisis las Comisiones que suscriben el presente dictamen encuentran procedente la reforma propuesta en la iniciativa por lo que se establece la necesidad de modificar la redacción del artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, estableciendo como la sanción punitiva de tres a siete años de prisión e incrementando la multa hasta dos mil veces el salario mínimo suspendiendo los autores la adición de una fracción XV al Código Federal de Procedimientos Penales.

VI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política; y los artículos 97, 108 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente

Dictamen de Acuerdo Legislativo

En uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a esta Legislatura del estado, preséntese al Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma el articulo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Artículo Primero: Preséntese al H. Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 63.- Al que por cualquier medio introduzca al país, comercialice, distribuya, ofrezca al público o utilice como sustancia activa betaagonistas o cualquier otro tipo de sustancias para uso, consumo o terminación de animales, que perjudique la salud de éstos o la humana, se le impondrá una pena de tres a siete años de prisión y multa de hasta dos mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho.

Las mismas penas se impondrán a todo aquél que comercialice, expenda, trafique, introduzca al país, manufacture u ofrezca al público productos o subproductos cárnicos que pongan en riesgo la salud humana o animal.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Instrúyase al secretario general de este H. Congreso para que realice los trámites y gire los oficios correspondientes para el cumplimiento al presente acuerdo.

Artículo Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que si tienen a bien apoyen la presente iniciativa.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado, Guadalajara, Jalisco, a 1 de septiembre de 2004.--- Las Comisiones Conjuntas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y Ganadería: Diputados: Alfredo Argüelles Basave, Salvador Cosío Gaona, Celia Fausto Lizaola, José María Martínez Martínez, Pedro Ruiz Higuera, Salvador Barajas del Toro, Félix Bañuelos Jiménez, Julián Orozco González, Felipe Reyes Rivas, Gabriel Guerra Béjar (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con el gusto de saludarlos, me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 14 de septiembre del año en curso, aprobó acuerdo legislativo 462/04, del cual anexo copia, en el que se eleva a la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión formal iniciativa de ley que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que dé lugar.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterarles las seguridades de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de septiembre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso.

``2004, Año del Centenario del Natalicio de Agustín Yánez''

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, que es a cargo de los suscritos, fue turnada por acuerdo de la asamblea para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo legislativo, con carácter de dictamen, por la que se propone a esta soberanía presentar iniciativa de decreto ante el H. Congreso de la Unión por el que se reforman los artículos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que fue presentada por el C. diputado José Antonio Mendoza Azpeitia, proyecto que se dictamina en esta oportunidad, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

I. Que mediante oficio sin número de fecha 16 de julio de 2004, signado por el diputado Pedro Ruiz Higuera, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, se envió al diputado José María Martínez Martínez, para los efectos del artículo 107, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la iniciativa de acuerdo legislativo, con carácter de dictamen, por la que se propone a esta soberanía presentar iniciativa de decreto ante el H. Congreso de la Unión por el que se reforman los artículos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que fue presentada por el C. diputado José Antonio Mendoza Azpeitia.

II. Que el C. diputado José Antonio Mendoza Azpeitia, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política y 22, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco; y la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el pasado 8 de julio de 2004 una iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual propone que el H. Congreso del estado de Jalisco envíe al H. Congreso de la Unión una iniciativa para que se reformen los artículos de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

III. Que el diputado José Antonio Mendoza Azpeitia expone los siguientes argumentos para sustentar la necesidad de llevar a cabo las formas que propone:

La función pública que ejerce el Estado no puede tener otro propósito que satisfacer las necesidades de sus habitantes, prestando con ese fin una serie de servicios básicos que no en todos los casos satisfacen plenamente dichas necesidades, por lo que los habitantes en muchas ocasiones se ven en la necesidad de contratar o acudir a instituciones privadas autorizadas por el Estado con el propósito de encontrar en dichas instituciones un cobijo para el futuro con que puedan atemperar los momentos en que el individuo necesite un servicio especial con el que puede solucionar un problema, siendo este fin el que deben perseguir las instituciones de seguros.

De esa manera, debe advertirse que la propia sociedad está interesada en que las aseguradoras se organicen y funcionen en los términos de la ley respectiva, pero fundamentalmente que cuenten con los medios necesarios para garantizar el pronto y debido pago de las responsabilidades que resulten a su cargo, pues de otra manera la intención previsora de quien contrató el seguro se vería reducida a una mera expectativa, lo que pugna con la finalidad de dicho contrato.

De esa forma y con el fin de que las instituciones de seguros puedan garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraen y proteger en todo momento la intención previsora del particular para que no quede reducida a una mera expectativa, en la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas quedan obligadas dichas instituciones a la constitución e inversión de reservas técnicas, como una medida de previsión, para garantizar, en caso de reclamación, el pago de las obligaciones contraídas, pactadas y generadas a cargo de las aseguradoras derivadas de un contrato de seguro.

A partir de esa medida se advierte la preocupación del legislador por aumentar la garantía para que las instituciones de seguros cumplan sus obligaciones frente al conglomerado o universo de individuos que tienen celebrado un contrato de seguro con dichas instituciones, aparte de contar con mecanismos que permitan constatar en todo tiempo el funcionamiento financiero de las aseguradoras.

Sin embargo, de nada sirve que se establezcan medidas tendentes a garantizar que las instituciones de seguros cumplan las obligaciones contraías en los contratos si en el ordenamiento legal existen aspectos que permiten a las instituciones de seguros evadir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contraídas en el contrato de seguro, como es el caso en que una institución de seguros se rehúsa a cubrir las cuotas de recuperación que cobran las instituciones públicas sin un fin lucrativo, sino con el propósito de mantener su operatividad y realizar todas las acciones tendentes a garantizar el derecho a la protección de la salud de la población, como es el caso, entre otros, del Hospital Civil de Guadalajara, que siendo un organismo público descentralizando realiza conforme al artículo 4° de la Ley del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara las siguientes funciones:

El Hospital Civil de Guadalajara tendrá las siguientes funciones:

I. Organizar y operar servicios de atención médica, fundamentalmente a población abierta;

II. Colaborar en la organización del sistema estatal de salud en los términos de las Leyes General y Estatal de Salud, así como en lo que establece el Acuerdo de Coordinación;

III. Realizar todas las acciones tendentes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes de estado;

IV. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así como proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento;

V. Establecer las políticas específicas que en materia de salud deberán llevar a cabo las unidades hospitalarias que lo integran, para dar cumplimiento a los programas que se deriven de la Secretaría de Salud Jalisco y del Acuerdo de Coordinación;

VI. Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estimen necesarios para mejorar la calidad en la prestación de la atención médica de las unidades hospitalarias a su cargo y para un cumplimiento pleno de las funciones asistenciales y docentes;

VII. Apoyar los programas en materia de salud que para tal efecto determine la Secretaría de Salud Jalisco;

VIII. Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los profesionales, especialistas y técnicos que desempeñen sus labores en el organismo;

IX. Llevar a cabo actividades de investigación científica y docencia en el área de la salud, de conformidad con la normatividad de la Universidad de Guadalajara y los convenios que esta casa de estudios tenga celebrados;

X. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, en la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;

XI. Definir en general entre la población de la entidad y en especial entre las autoridades correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realiza;

XII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que reciba de los sectores público, social y privado, con sujeción al régimen legal que le corresponda;

XIII. Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral en beneficio de sus trabajadores; y

XIV. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le confieran para el cumplimiento de su objeto.

Conscientes de la importancia que representa que las instituciones públicas cuenten con recursos suficientes para prestar servicios de salud a la población, y toda vez que los recursos que el estado destina a ellas en muchas ocasiones resultan insuficientes para atender a todos los sectores; es fundamental que las cuotas de recuperación queden plenamente garantizadas y que, en caso de que un particular cuente con un contrato de seguro que cubra la atención recibida de una institución pública de salud, la empresa aseguradora sea la de la obligación de cubrir la cuota de recuperación y no el particular que acude a dicha empresa mercantil con la finalidad de que la misma sufrague todo tipo de gasto que se genere al ocurrir una eventualidad que, orientado por su intención previsora, quiso asegurarse para hacer frente a alguna eventualidad que se presente.

Lo anterior no significa que en la presente iniciativa se esté proponiendo que el ente gubernamental deje de proporcionar servicios básicos médicos a la población en general, aun en el caso de que los mismos tengan celebrado un contrato de seguro, pero sí a impedir que las instituciones públicas de salud se conviertan en instrumentos al servicio de empresas u organizaciones que se constituyen con un fin lucrativo y al mismo tiempo para proteger el interés de la persona que celebra un contrato de seguro, sin que en él se le pueda limitar el derecho ante una eventualidad de salud de acudir forzosamente a una institución privada.

No existe justificación para que las instituciones privadas dedicadas a la venta de seguros, ante una eventualidad en la que el contratante requiera atención médica, se nieguen a cubrir las cuotas de recuperación de que se mantienen las instituciones públicas de salud para operar y obtener los insumos para su funcionamiento, teniendo que ser el particular el que cubra la atención a pesar de haber sido ése el propósito por el que decidió acudir a la aseguradora.

Cabe señalar que en caso el Hospital Civil de Guadalajara, los servicios que este organismo presta y su operatividad queda garantizada en los recursos que se destinan al mismo, formando parte de su patrimonio las aportaciones que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal, teniendo también derecho para su sostenimiento a recibir las cuotas de recuperación por los servicios que presta, que son las instituciones de seguros las que deben cubrirlas.

Artículo 5. El patrimonio del organismo estará constituido por:

I. Los bienes muebles e inmuebles y recursos que le transfiera el gobierno estatal, en los términos del Acuerdo de Coordinación;

II. Las aportaciones que los gobiernos federal, estatal y municipales le otorguen;

III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogas que reciba de los sectores social y privado;

IV. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que presta; y

V. En general, todos los bienes y derechos que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que obtenga por cualquier título legal.

Aun cuando el Estado tiene la obligación de prestar atención médica a la población, por así establecerlo el artículo 4° de la Constitución Política federal, es indispensable que las instituciones públicas cuenten con los recursos que les permitan prestar dicha atención y que sea en forma mínima como participe la población, sin que esto sea obstáculo para que la misma sea atendida por dichas instituciones.

Mediante la presente iniciativa no se pretende que las instituciones públicas se nieguen a prestar atención médica a la población que tenga contratado un seguro, infringiendo lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política federal, sino a que se proteja el interés de la persona que celebra un contrato de seguro y que la institución mercantil esté obligada a responder ante cualquier eventualidad de salud, independientemente de que la atención que reciba provenga de una institución pública.

Asimismo, debe considerarse que desde el momento en que una institución de seguros se obliga con el contratante a responder por los gastos que se puedan generar por los servicios de salud o atención médica que requiera, no existe justificación para que dicha institución mercantil se oponga a responder por los gastos que se generen en una institución pública.

En efecto, de lo establecido en los artículos 1° y 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se infiere la naturaleza del contrato de seguro, el cual surge de una relación contractual entre dos personas, la aseguradora --por una parte-- y persona física o moral --por la otra--; el asegurado, en el que se imponen obligaciones y derechos recíprocos a las partes que lo celebran; a saber: la aseguradora, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero; la asegurada, a cubrir una cantidad de dinero, denominada prima, quedando de esa forma obligada la aseguradora a cumplir cuando se produce el hecho previsto en el contrato.

Así se infiere de lo establecido en el artículo 1° de la Ley sobre el Contrato de Seguro:

``Por el contrato de seguro la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.''Y de lo dispuesto en el artículo 59 del ordenamiento en comento:``La empresa aseguradora responde de todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya de manera precisa determinados acontecimientos.''Para mayor comprensión de los alcances y contenido del contrato de seguro, regulado en la Ley sobre el Contrato de Seguro, es preciso distinguir entre el objeto del contrato de seguro y las causas que pueden actualizar el citado objeto. Esto se explica así: en un contrato de vida, el objeto del contrato será cubrir la muerte del asegurado, en el entendido de que las causas de la muerte pueden ser diversas; por tanto, al darse la eventualidad y no encontrarse en alguna de las exclusiones que expresamente deben estar consignadas en el contrato, la aseguradora asume la obligación de cubrir la cantidad contratada.

Ahora bien, tomando en consideración que el contrato de seguro tiene la característica de circunstancial, las causas que enumera la póliza deben ser estimadas como meramente enunciativas y no limitativas, pues las limitaciones se establecen en las exclusiones; todo lo expuesto se obtiene de lo que dispone el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, pues en él queda señalado que la empresa aseguradora responde de todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo; esto es, la aseguradora se obliga a pagar todo lo que pueda ocurrir, sobrevenir o pasar, siempre que tenga el carácter de riesgo, cuyas consecuencias se hubieran asegurado, como pueden ser las cuotas de recuperación con que sostienen económicamente y operar las instituciones públicas de salud.

Aun cuando es cierto que el Estado tiene la obligación de prestar servicios de salud y atención médica a la población, debe advertirse que la negativa de las instituciones de seguro propicia que el ente gubernamental se convierta en instrumento de las instituciones de seguros y, en ese sentido, lucrando con los servicios que presta en ente público, en perjuicio de los habitantes, que muchas de las veces ven con tristeza que la cobertura de los servicios de salud llega a ser insuficiente, dejando en segundo término a los que más necesitan la atención.

IV. Que de conformidad con el artículo 107, párrafos 3, 4 y 5, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el diputado José María Martínez Martínez pone a consideración de los integrantes de esta Comisión el siguiente proyecto de dictamen, para su discusión y votación.

V. Una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa en comento, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos propone las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos tiene por objeto conocer de los asuntos relativos a reformas planteadas a leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del estado y los que la Constitución federal le autorice reglamentar;

II. Que los análisis, las consideraciones y los argumentos que, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta el diputado José María Martínez Martínez a esta Comisión legislativa para que, en su caso y previa discusión y votación, los haga suyos son los siguientes:

a) Que como plantea el diputado autor de la iniciativa objeto del presente dictamen, los contratos de seguros se constituyen en medios que permiten a las personas atemperar los momentos en que necesitan un servicio especial con el que pueden solucionar un problema.

En ese aspecto radican la importancia de los medios de previsión y, por tanto, la necesidad de que el marco legal coadyuve para que se desarrolle adecuadamente en la realidad, evitando en lo posible el surgimiento de controversias, en un tema ya de por sí complicado por las relaciones económicas que surgen entre la institución aseguradora y el cliente.

b) A este último punto se dirige la iniciativa: la cuestión del pago de las cuotas de recuperación que solicitan entidades de carácter público, como es el caso del Hospital Civil.

Sería aventurado señalar que en todos los casos existen controversias o visualizar a las compañías aseguradoras como los entes que tratan de aprovecharse de la persona con que celebró el contrato de seguro.

Sin embargo, sí consideramos que es prudente que se analice la conveniencia de reformar la ley federal de la materia, con objeto de dejar en claro que el contrato también, el costo de la atención de servicios médicos prestados, por entidades de carácter público, siempre que la atención recibida quede considerada en las consecuencias amparadas en el contrato de seguro que se hubiere celebrado.

c) Por lo anterior, consideramos oportuno que el Congreso del estado haga uso de las facultades que le otorga la Carta Magna y, de esta forma, ponga a consideración del Congreso General la iniciativa presentada por el diputado Mendoza Azpeitia, tendente a fortalecer y aclarar la Ley sobre el Contrato de Seguro respecto al pago ya señalado a las entidades públicas.

Buscamos así dotar de mayor seguridad al particular de que efectivamente el medio de previsión contratado operará en la realidad y de que serán cubiertos por las compañías de seguros los gastos efectuados, independientemente de que éstos sean realizados en compañías privadas o en entidades públicas.

De esa forma, y únicamente modificado el término instituciones públicas (recordemos que las instituciones son el matrimonio, la adopción, la tutela, etcétera), por el de organismos o entidades públicas, se propone que se envíe la siguiente iniciativa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

d) De esa forma, el Congreso del estado busca cumplir las obligaciones que le marca la ley y, en este caso, participar en el proceso de reforma de la legislación federal, con el fin de que ésta sea medio e instrumento para que nuestro país avance a mejores condiciones de paz, progreso y desarrollo.

Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 97, 107, 108, 157, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, los suscritos, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, someten a la elevada consideración de esta asamblea el siguiente dictamen de

Acuerdo Legislativo

Se eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión formal iniciativa de ley que reforma el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro

Artículo Único. Se eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión formal iniciativa de ley que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 59. ...

En ningún caso podrá negarse la empresa aseguradora a cubrir a organismos o entidades públicas el costo de la atención de servicios médicos prestados, siempre que la atención recibida quede considerada en las consecuencias amparadas en el contrato de seguro que se hubiere celebrado. Cualquier cláusula en contrario se tendrá por no puesta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jalisco, agosto de 2004.--- La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos: Diputados: Pedro Ruiz Higuera, José María Martínez Martínez, Alfredo Argüelles B., Celia Fausto Lizaola, Salvador Cosío Gaona (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Con el gusto de saludarlos, me permito informarles que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 14 de septiembre del año en curso, aprobó acuerdo legislativo 463/04, del cual anexo copia, en el que se eleva iniciativa de ley de parte de esta soberanía a esa alta representación popular, adicionando el artículo 33 Bis y reformando la fracción 3 del artículo 58, así como los artículos 84, 86 y 87, de la Ley General de Salud.

Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que dé lugar.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterarles las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de septiembre de 2004.--- Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco; y 22, fracción I, 145, 147, fracción I, y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien someter a la consideración de esta H. representación popular el siguiente acuerdo legislativo, que formulo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Muchos investigadores alrededor de todo el orbe han escrito y hablado acerca de las cualidades pedagógicas y terapéuticas del juego, ya sea para los niños, jóvenes y adultos. Estas dos ideas son el pilar fundamental por el cual la diputada local de la LVII Legislatura del estado de Jalisco, Celia Fausto Lizaola, propuso ante la asamblea parlamentaria de éste una iniciativa de ley para el acondicionamiento de ludotecas en las clínicas y hospitales, públicos y privados, de esta entidad. Contando con esos espacios se daría un efecto terapéutico entre los pacientes internados en clínicas y hospitales, lo cual no sería exclusivo del área pediátrica, sino de los pacientes en general. La ludoteca se convertiría en un lugar de motivación y de socialización.

La iniciativa propuesta tiene también la intención de llegar no sólo a la gente hospitalizada, sino también a quienes deben esperar turno en una consulta de medicina externa, pues bien es conocido por todos nosotros que por las condiciones socioeconómicas y los papeles propios de la mayoría de las familias mexicanas, cuando existe la aflicción de una enfermedad por parte de algún miembro de la familia, por lo regular la madre acude a una clínica de salud, haciéndose acompañar casi siempre de sus hijos menores.

De esa manera, las clínicas --que diario están llenas de pacientes para consulta externa-- también parecen convertirse en espacios de juego infantil por lo que ya hemos descrito. Esto tiene como consecuencia el malestar de muchos de los convalecientes, y el riesgo de contagio de alguna enfermedad hacia los niños, sobre todo por encontrarse expuestos. La ludoteca contribuiría como un espacio de entretenimiento, pero también didáctico y educativo, sobre cuestiones de educación del ámbito de cuidado y prevención de enfermedades.

Actualmente, viven en el estado de Jalisco alrededor de 7 millones de habitantes, y la Secretaría de Salud Jalisco cuenta con 523 clínicas de primer nivel, 12 de segundo nivel y 4 de tercer nivel. Los niveles indican los servicios y equipamientos con que cuentan esos centros, siendo el de primer nivel todas las clínicas de consulta externa; los de segundo nivel, los hospitales regionales; y los de tercer nivel, los centros médicos de especialidades. Sin embargo, y por ser competencia de autoridades federales, la iniciativa planteada no podría aplicarse cabalmente en las clínicas y los hospitales de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, en los cuales hay gran porcentaje de población afiliada.

Por esa razón, consideramos que esta iniciativa debería extenderse a la Ley General de Salud, pues tiene el objetivo de mejorar las condiciones de los pacientes hospitalizados, por un lado, y a los que llegan a sala de espera para consulta externa, por otro. Con una ludoteca en cada clínica y hospital del país, público o privado, se fortalecerían el fomento de la salud, la educación higiénica y la vinculación entre las instituciones de salud, las educativas y los usuarios en general. De igual manera, tendería a apoyar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en la materia, sobre todo en los rubros de la realización de campañas tendentes a prevenir y erradicar enfermedades, y para prevenir y atacar la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otros hábitos que amenacen la salud social. Para lograrlo proponemos la adecuación de un espacio en las clínicas de salud para ludoteca, la cual debe ser entendida como un lugar de diversión y esparcimiento, pero también de aprendizaje, que proporcionará a los menores, en edades de 3 a 15 años, los elementos y las herramientas necesarios que contribuyan a la promoción y al mejoramiento de los hábitos de higiene y salud.

ConsiderandoI. Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de leyes y decretos.

II. Que las iniciativas a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política del estado podrán ser de ley, de decreto o de acuerdo legislativo.

III. Que el Congreso del estado, según el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, puede presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Que conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución del Congreso de la Unión dictar leyes sobre salubridad general en toda la República.

Por lo anteriormente considerado y fundado, elevo a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Acuerdo Legislativo

Primero. Elévese iniciativa de ley de parte de esta soberanía al H. Congreso de la Unión, adicionando el artículo 33 Bis y reformando la fracción III del artículo 58, así como los artículos 84, 86 y 87, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 33 Bis. Con el fin de dar cabal cumplimiento al artículo anterior, así como para fortalecer el programa de promoción y educación para el mejoramiento de la salud, deberán instalarse o adecuarse, según su capacidad presupuestaria, espacios para ludoteca en todas las clínicas y en los hospitales, públicos o privados, del sector salud en sus tres niveles, en todo el territorio nacional.

La ludoteca se entenderá como un espacio de diversión y esparcimiento, pero también como un lugar de aprendizaje, que propiciará, principalmente, la terapia y motivación hacia las personas hospitalizadas no sólo del área pediátrica, sino de todas las personas internadas. De igual manera, apoyará con los elementos y las herramientas necesarios que contribuyan a la promoción y al mejoramiento de los hábitos de higiene y salud de todos los que lo soliciten mientras que están en sala de espera de consulta externa.

En el sentido de no causar detrimento en las finanzas, presupuestos y plantilla de personal de las diversas entidades que esta ley afectará, las ludotecas podrán operarse con prestadores de servicio social, de acuerdo con los artículos 58, 84, 85, 86, 87 y 88 de esta ley; y podrán ser coordinados por el promotor de salud, o quien realice esta tarea, en cada clínica u hospital.

De acuerdo con el espíritu de los programas de promoción y mejoramiento de los hábitos de la salud, así como para los fines terapéuticos, éstos deberán tener como eje principal los lineamientos que las autoridades médicas correspondientes consideren necesarios, aunque los prestadores de servicio social podrán implantar una metodología propia para alcanzar tales objetivos.

Para poder coadyuvar con esta tarea, las clínicas y hospitales, públicos o privados, ya sea por sus coordinaciones locales, regionales o estatales, deberán realizar un convenio con el Sistema Nacional de Bibliotecas o con librerías particulares, así como con establecimientos especializados en juguetes y herramientas didácticos, para dotar estos espacios de los recursos necesarios.

Artículo 58. ...

I. a II. ...

III. Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas simples de atención médica y asistencia social y participación en determinadas actividades de operación de los servicios de salud, así como apoyar tareas u acciones, según su propio conocimiento en la materia, en los espacios de ludoteca, bajo la dirección y el control de las autoridades correspondientes;

IV. a VII. ...

Artículo 84. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar el servicio social, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

En los casos de los espacios como la ludoteca, biblioteca, centros de cómputo u otros, los prestadores de servicio podrán ser pasantes de diversas profesiones, siempre que se justifique su perfil en las tareas asignadas.

Artículo 86. Para efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones tanto de la salud como de otras, así como los prestadores de servicio de escuelas preparatorias, las cuales consideren esta figura, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes.

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud se llevará a cabo mediante la participación de éstos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas urbanas y rurales de menor desarrollo económico y social.

La prestación de servicio social de los pasantes de licenciaturas de las ciencias sociales, humanas, artísticas, administrativas, computacionales y bachilleres, los cuales consideren la figura de servicio social, podrá enfocarse a las áreas no especializadas en ciencias de la salud, como la ludoteca, biblioteca o centro de cómputo.

Segundo. Instrúyase al secretario general de este H. Congreso para que realice los trámites y gire los oficios correspondientes para el cumplimiento del acuerdo anterior.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto de 2004.--- La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos: Diputados: Pedro Ruiz Higuera, José María Martínez Martínez, Alfredo Argüelles Basave, Celia Fausto Lizaola, Salvador Cosío Gaona (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud.

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ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracciones V y XII, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión extraordinaria de la Legislatura celebrada el 7 de septiembre de 2004, se ordenó remitirles el acuerdo por el que se remite al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos iniciativa de ley que adiciona un párrafo segundo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos constitucionales y legales correspondientes.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Qro., a 14 de septiembre de 2004.--- LIV Legislatura del Estado de Querétaro.--- Comisión Permanente.--- Dip. Jorge Arturo Lomelí Noriega (rúbrica), Presidente; Dip. Felipe Valdez Licea (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 y 41, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y

Considerando1° Que si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiera ser considerada como rígida en un sentido teórico, al exigir para su reforma una serie de requisitos cuya factibilidad política cada vez es más difícil de lograr; en los hechos, nuestra Constitución ha requerido de importantes modificaciones, e incluso la visión de una reforma del Estado está presionando más cambios constitucionales en el futuro.

2° Que el proceso establecido en el artículo 135 constitucional es muy claro, para modificar o adicionar la Constitución se requiere que el Congreso de la Unión, por voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, apruebe las reformas, para luego establecer el requisito de la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados.

Sin embargo, dicho precepto no establece un plazo máximo en el cual deberán de aprobarse o rechazarse dichas adiciones o reformas por parte de los Poderes Legislativos de las entidades, lo cual es conveniente para generar certidumbre en los tiempos de importantes iniciativas en materia constitucional.

3° Que algunas Constituciones locales, entre ellas la del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, establecen un procedimiento de reforma similar, en el que se requiere la aprobación de dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, confirmada por el voto favorable de las dos terceras partes de los ayuntamientos, estableciendo un plazo de treinta días contados a partir de la notificación respectiva, para que dichos ayuntamientos se expresen a favor o en contra de la iniciativa aprobada por el Congreso local, entendiéndose que en caso de no recibirse respuesta en ningún sentido, se tendrá por aprobada la misma en cuanto a ese ayuntamiento, es decir, que opera la afirmativa ficta.

4° Que en meses recientes, el Congreso de la Unión ha aprobado importantes reformas que tienen que ver, entre otros temas, con los derechos de los migrantes, las facultades del propio Congreso de la Unión, la ampliación de los periodos ordinarios de sesiones y el adelanto en los tiempos para presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.

5° Que en este sentido, sucede que la confirmación o rechazo por parte de las Legislaturas locales, se da de una manera lenta y sin que exista sanción alguna por no hacer en un tiempo prudente la más importante labor que tiene un diputado: legislar.

6° Es por lo anterior que se estima la conveniencia de establecer un plazo cierto para que queden aprobadas o rechazadas iniciativas de la más alta trascendencia para el país.

Por lo expuesto y fundado, esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro expide el presente:

``Acuerdo por el que se remite al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos iniciativa de ley que adiciona un párrafo segundo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''

Artículo Único.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su trámite constitucional, la

``Iniciativa de ley que adiciona un párrafo segundo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''

Artículo Único.- Se adiciona con un párrafo segundo el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135.- La presente Constitución...

Si transcurrieren más de sesenta días naturales después de que las Legislaturas locales hayan recibido la propuesta de reforma o adición para su consideración, sin que el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente reciba la aprobación o rechazo de la minuta respectiva, se entenderá que las reformas quedan aprobadas en cada caso en particular.

Transitorio

Único.- La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorios

Primero.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la LIV Legislatura del estado de Querétaro.

Segundo.- Aprobado el presente acuerdo, remítase por los conductos oficiales al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ``La Sombra de Arteaga'', a fin de que la ciudadanía lo conozca.

Tercero.- Asimismo, remítase en copia fotostática simple a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que, si lo consideran pertinente, se adhieran a este acuerdo, comunicándolo al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo tendrá entendido el ciudadano gobernador del estado y mandará se imprima y publique.

Dado en el Salón de Sesiones ``Constituyentes de 1916-1917'', Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

Atentamente

LIV Legislatura del Estado de Querétaro.--- Comisión Permanente.--- Dip. Jorge Arturo Lomelí Noriega (rúbrica), Presidente; Dip. Felipe Valdez Licea (rúbrica), Segundo Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Antes de continuar, señor Secretario, en el apartado del oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la III Legislatura, en el que transcribe el punto de acuerdo por el que se formula un exhorto en relación con el dictamen del artículo 122 constitucional, esta Presidencia y a solicitud expresa, amplía el turno no nada más a la Comisión de Puntos Constitucionales, sino también a la del Distrito Federal y a la de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita a la Cámara de Diputados, a la brevedad realice el dictamen en relación a la iniciativa proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 y se adiciona la fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada el 27 de diciembre de 2003.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Sen. Diego Fernández de Cevallos, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores.--- Presente.

El que suscribe, Adalberto Arturo Madero Quiroga, senador de la República por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, le solicita que en uso de la facultad que le confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c), 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que solicite a la H. Cámara de Diputados que realice, a la brevedad, el dictamen de la iniciativa por la cual se reforma el artículo 222, y se adiciona la fracción XII en el artículo 40, de la Ley del Impuesto sobre La Renta, presentada por el senador Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, el 27 de diciembre de 2003, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.- En México; a pesar de los avances democráticos que ha registrado la sociedad, la integración de las personas con discapacidad sigue siendo un tema pendiente de resolverse. Este grupo social demanda una mayor comprensión, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para efecto de aprovechar sus capacidades y su enorme potencial humano.

Hemos sido testigos del crecimiento en nuestro país de personas con diversas disfunciones físicas, o psíquicas, así, según datos arrojados por el censo de población y vivienda practicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año dos mil, 2.3 millones de personas padecen alguna discapacidad. En efecto, según dichos datos, el 45.5% de las personas mencionadas padecen alguna forma de discapacidad motriz; 26.1 % sufren discapacidad visual; 16.2% discapacidad mental; 15.8% sufren de incapacidad auditiva; 4.9% la sufren del lenguaje; y por último sin precisarse que clase o tipo de padecimiento sufren el 0.7% completa al cien por ciento de los 1.8% millones de habitantes que sufren algún tipo de incapacidad.

Dichas personas tienen la sana intención de contribuir con su esfuerzo y trabajo a la obtención de los satisfactores necesarios para su sustento y el de sus familias. Sin embargo, dada la discapacidad que sufren, los empleadores no los contratan. Este segmento de la población en nuestro país, frecuentemente tiene que enfrentar condiciones adversas adicionales a su afectación física, tales como pobreza extrema, marginación social, malnutrición y analfabetismo, lo cual representa una serie de limitantes que restringen la oportuna atención de sus necesidades, así como el desarrollo de sus habilidades.

Se debe, por consiguiente, crear instrumentos legales que incentiven a los empleadores para contratar los servicios de este tipo de personas, que si bien, no cuentan con el ciento por ciento de su capacidad física, o mental, sí están en posibilidad de crear bienes o proporcionar servicios útiles para ellos mismos, y para la sociedad en general.

La inserción en la vida económica y productiva del país de las personas con discapacidad representa un reto y una responsabilidad para nuestra sociedad, sobre todo para los legisladores. Por lo tanto, todo lo relacionado con las personas con discapacidad debe ser considerado como un tema de análisis permanente, y no solamente como parte de la coyuntura de la agenda política.

En este sentido, estas personas representan un sector social y económico potencialmente productivo que puede, y debe ser incluido como parte integral de todo proyecto de nación y nosotros, como legisladores, tenemos un papel fundamental en esta responsabilidad.

Segunda.- Desde la legislatura pasada ha sido preocupación de varios legisladores impulsar los ordenamientos jurídicos que promuevan el desarrollo, la integración y los derechos de las personas con discapacidad. Tal es el caso de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, el 28 de noviembre de 2002, por medio de la cual se adicionó el artículo 222 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual representa un esfuerzo importante en la promoción laboral de este segmento de la población.

Con el propósito de reafirmar el compromiso de incrementar los incentivos para que las empresas contraten a este grupo social, el 27 de diciembre del 2003, el suscrito propuso una iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se pretende modificar el mismo ordenamiento legal y adicionar una fracción XII al artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el fin de fomentar en su totalidad la contratación de personas con discapacidad y, a la vez, promover la inversión en su accesibilidad a través de la deducción fiscal.

Esta propuesta se turnó a la H. Cámara de Diputados, la cual, a su vez, la remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su revisión. Sin embargo, por razones de tiempo, dada la fecha en la cual fue presentada, a la Cámara baja no le fue posible someterla a votación. Por esta razón, el senador Madero Quiroga solicitó al secretario de Hacienda que la evaluara y, al encontrarla en armonía con los intereses de la Secretaría, juzgó apropiado se incluyera en la resolución miscelánea fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación del lunes 31 de mayo de 2004, bajo el numeral 3.4.17 de la página nueve, la cual menciona que los contribuyentes podrán deducir las adaptaciones que realicen a sus instalaciones que impliquen adiciones o mejoras a su activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente.

Dado el carácter temporal que posee la miscelánea fiscal, la importancia de darle un carácter de permanencia a esta propuesta, y al hecho de que es un proyecto totalmente consensuado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se solicita a la Cámara de Diputados que agilice el proceso de revisión de esta iniciativa con el objeto de aprobarla a la brevedad posible.

Tercera.- Actualmente, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 222 establece que ``El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva; de lenguaje en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir del impuesto a su cargo, una cantidad igual al veinte por ciento de la cantidad pagada por concepto de salario a su trabajador discapacitado, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtengan del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de incapacidad del trabajador''.

Las empresas que contratan a personas con discapacidad se ven en la necesidad de tener instalaciones adecuadas para su accesibilidad. Esto implica una inversión adicional que a veces los empresarios no están dispuestos a realizar. La falta de infraestructura en las empresas para este tipo de personas, el desconocimiento de cómo manejarlos y la poca inversión destinada a crear condiciones adecuadas provoca que solamente el 25 por ciento del total de este segmento se desempeñe dentro de la actividad económica.

A pesar de la existencia de propuestas legislativas referentes a la atención y protección a las personas con discapacidad, es necesario seguir impulsando proyectos alternos encaminados a brindarle mayores elementos y garantías jurídicas a las personas con discapacidad, mismas que les permitan incorporarse de mejor manera al desarrollo económico y social del país.

Debido a lo anterior, la presente iniciativa propone que, en lugar de deducir el 20% que se menciona en el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las empresas puedan deducir el 100% de la cantidad pagada por concepto de salario a su trabajador con discapacidad. Asimismo, mejora la redacción de dicho dispositivo, lo que facilita a los empleadores la utilización de este beneficio fiscal.

En el mismo sentido, se propone, a través de la adición del la fracción XII en el artículo 40 de la ley en cuestión, que las empresas puedan deducir el 100% de los costos e inversiones incurridas para la adecuación de espacios, construcciones, equipos de cómputo y maquinaria y equipo para empleados con discapacidad.

Es imperativo erradicar la discriminación y la falta de oportunidades que sufre actualmente este segmento poblacional en el mercado laboral, por lo que resulta urgente legislar al respecto. En este sentido, la presente propuesta busca incorporar elementos que fortalecerán los planteamientos impulsados desde el Congreso de la Unión, para ampliar la base de los derechos básicos de las personas con discapacidad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, se sirva someter a la consideración del pleno la siguiente:

Solicitud

Único.- Se solicita a la H. Cámara de Diputados para que a la brevedad realice el dictamen de la iniciativa por la cual se reforma el artículo 222, y se adiciona la fracción XII en el artículo 40, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, el 27 de diciembre de 2003, la cual se remitió con esta fecha a dicha soberanía.

México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que en cumplimiento al acuerdo parlamentario, se cierre el sistema de asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Diputado Presidente, hay 436 diputados.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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BANCO DE MEXICO
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

El artículo 51 de la Ley del Banco de México contiene disposiciones para conciliar la autonomía del instituto central con la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha considerado más apropiada para dicho fin es la presentación por el banco central de informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala en su fracción II que en septiembre de cada año este instituto central enviará al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.

En cumplimiento de lo anterior y por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Instituto Central, tomado con fundamento en la fracción IX del artículo 46 de la ley que lo rige, este Banco de México adjunto envía el Informe sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de dos mil cuatro*. En apego al ordenamiento legal, el citado informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante dicho semestre. Cabe mencionar que las referidas acciones fueron oportunamente reseñadas en los informes sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, los cuales también se anexan al presente documento.

Atentamente.

México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- Guillermo Ortiz (rúbrica), gobernador.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CODIGO FISCAL
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente.

México, DF, a 28 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México DF.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Artículo único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 69.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código.

...

...

...

...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 28 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de septiembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULOS 69 Y 78 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo: Con la autorización de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71 constitucional, someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 y se adiciona una fracción IX al artículo 78, para modificar el formato del informe presidencial, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El escenario político de la República y los resultados positivos que han arrojado las diversas reformas en materia electoral, han mantenido una tendencia, sin antecedente alguno, que va equilibrando paulatinamente a los Poderes de la Unión. La figura de Ejecutivo federal, el Presidente de la República, ya no es la figura central y omnipotente que conocimos en la etapa posrevolucionaria, sus poderes metaconstitucionales han ido mermando por la presión de su contrapeso: el Poder Legislativo.

El 1 de septiembre del presente año en Sesión de Congreso General, el Presidente de la República en cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó por escrito el cuarto informe del estado que guarda la administración pública federal, procediendo, en esta oportunidad, a pronunciar un mensaje a la nación entre apoyos y descalificaciones de los legisladores presentes, quedando de manifiesto que el formato para la presentación de este importante documento ha cumplido ya con su cometido histórico. Esta conclusión no sólo emana de los legisladores federales de todos los partidos, sino que también es sostenido por todos los actores políticos de la República, aunado a la opinión generalizada de la sociedad que reprueba los enfrentamientos estériles que desvirtúan la esencia de que los poderes de la Unión se constituyen para beneficio de la nación.

Ahora necesitamos concebir un método que, independientemente de las críticas producto de la diversidad ideológica representada en el Congreso, arroje resultados positivos para corregir los yerros e intensificar los aciertos. Finalmente, todos los que forman parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo somos responsables de los resultados ante la ciudadanía. El escrutinio del pueblo para calificar a sus gobernantes y representantes populares es parte de un derecho inalienable fincado en la madurez de todo sistema democrático.

Por ello, es necesario convenir con las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, un escenario propicio para la presentación del informe del Presidente de la República y un espacio para el debate y discusión de los resultados con los que da cuenta al Congreso de la Unión. El propósito es que de este ejercicio se obtengan resultados positivos que, no obstante las divergencias políticas, propongan alternativas para corregir errores y se obsequie el apoyo sostenido a los aciertos. Involucrar al Poder Legislativo en la concepción de las políticas públicas de mayor beneficio para México, es establecer un nuevo lazo basado en la responsabilidad compartida.

El debate y discusión del informe del Presidente de la República debe desarrollarse en un marco que permita el orden y señalamientos que tengan como divisa el factor cualitativo. No podemos concebir un formato que se caracterice por la esterilidad del debate y la observación individual y particularizada en temas intrascendentes; por el contrario, el análisis tiene que partir de las fracciones partidistas representadas en el Congreso de la Unión desde una visión amplia y generalizada de la que deriven opiniones y recomendaciones que establezcan rumbos claros para el desarrollo del país.

Este ejercicio sería prácticamente imposible de desarrollar en una o varias sesiones de Congreso General, y menos con la presencia del Presidente de la República, porque los ánimos partidistas rebasarían los cánones del orden, la seriedad y el respeto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es una representación digna del Congreso General en la que sus integrantes podrían desempeñar mejor el trabajo de debate y análisis del Informe conjuntamente con los principales representantes de las diversas áreas de la Administración Pública Federal.

Por lo anterior se sugiere considerar la reforma del artículo 69 y la adición de una fracción IX al artículo 78, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente

Proyecto de Decreto

Se reforma el artículo 69 y se adiciona una fracción IX al artículo 78, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso podrá asistir el Presidente de la República, quien podrá hacer uso de la palabra para emitir un mensaje a la nación. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 78. Durante el receso del Congreso de la Unión...

La Comisión Permanente...

I. a VIII. ...

IX. Recibir el informe del estado que guarda la administración pública federal que enviará por escrito el Presidente de la República el 15 de agosto de cada año. Una vez presentado el documento, el Presidente de la Comisión Permanente convocará a los Secretarios o Encargados de Despacho para llevar a cabo entre el 20 y 25 de agosto de ese mismo año, el debate del Estado mexicano, en el que se analizará y discutirá el informe presentado por el Ejecutivo. La Comisión Permanente aprobará, en su caso, las recomendaciones que devengan del análisis y discusión del informe para ser enviadas al Presidente de la República.

El debate del Estado mexicano, el análisis y la discusión del Informe presentado por el Ejecutivo, así como las recomendaciones emitidas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se conducirán conforme a la ley reglamentaria correspondiente.

Transitorio

Único. Las presentes reforma y adición entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Enrique Escalante Arceo (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY AGRARIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día pasará al final del capítulo, por lo cual tiene la palabra el diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria.El diputado Margarito Fierros Tano: Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado federal Margarito Fierros Tano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 39 de la Ley Agraria establece que los integrantes de los Comisariados Ejidales y de los Consejos de Vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.

Asimismo, el citado precepto indica que si al término del periodo para el que haya sido electo el Comisariado Ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El Consejo de Vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios.

Este es el artículo de la Ley Agraria que analizo, y planteo la necesidad de llevar a cabo una modificación en su párrafo segundo, ello debido a que en la práctica, cuando los integrantes del Comisariado Ejidal han terminado su periodo para el que fueron electos, que es de tres años y no se han celebrado elecciones, los suplentes nunca sustituyen automáticamente a los propietarios en la representación ejidal. Y es aquí donde se origina el problema, debido a que no existe claridad en la Ley Agraria, sobre quien va a sancionar esb sustitución automática, ya que en la práctica no se cumple ese precepto legal, es decir, los propietarios no le entregan el mandato a los suplentes, o simplemente no les entregan el sello del ejido ni la carpeta básica del mismo.

Por lo que los suplentes, no tienen la manera de acreditar ante una institución pública o instancia legal, que ahora ellos son los representantes propietarios del ejido; ya que no existe acta de asamblea que así lo determine por ser ésta la máxima autoridad u órgano supremo del ejido, mucho menos cuentan con las credenciales de identificación que expide el Registro Agrario Nacional, que les acredite el carácter de propietarios.

Por lo que considero que esa SUSTITUCIÓN AUTOMÁTICA que marca el artículo en análisis de la Ley Agraria, perjudica a los suplentes en sus legítimos derechos debido a que el numeral ya citado no da opción a los suplentes a que decidan ellos de manera voluntaria, si es que aceptan fungir como propietarios del Comisariado Ejidal, sino que por el contrario, el precepto legal invocado les impone la obligación, de ejercer la representación ejidal, aunque en los hechos no funjan como tales.

Con la ambigüedad que existe en el artículo 39 de la Ley Agraria, sobre la SUSTITUCIÓN AUTOMÁTICA, y dado que los representantes propietarios terminan su periodo para el que fueron electos, y no se han celebrado elecciones y como en los hechos los suplentes no entran en funciones como representantes propietarios. Se vive en el ejido una situación dificil, ya que el representante propietario que deja de funcionar como tal, sigue realizando actos del Comisariado Ejidal, sin tener ninguna facultad, en virtud de que su periodo ha concluido por lo que dichos actos que realice todos son nulos de acuerdo al artículo 39 de la Ley Agraria.

En ese sentido es necesario realizar la reforma planteada, para que se pueda llevar a cabo la modificación al artículo citado y proteger de esa manera la vida interna del ejido, pero sobre todo para que se garantice la convivencia armónica entre todos los ejidatarios. Ya que esa situación de la sustitución automática, generalmente ha provocado división y problemas internos en el ejido.

Además considero que no se les puede obligar a los suplentes a fungir como representantes propietarios del Comisariado Ejidal, debido a que si los representantes propietarios terminan su periodo de funciones que es de tres años; también los suplentes de estos han terminado su periodo de suplentes; por lo que legalmente ya no están obligados lo suplentes a entrar en funciones a suplir a los representantes propietarios: pero además, si los suplentes no entraron en funciones automáticamente como lo marca la Ley, debido a que no les entregaron tal mandato, a éstos no se les debe limitar para que participen en la elección de los nuevos órganos de representación del ejido, es decir, se les debe permitir que participen en la elección del Comisariado Ejidal para que puedan votar y ser votados como representantes, ya que ello es un derecho constitucional que se consagra en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa de reforma de ley que someto a consideración se deriva de una investigación propia y en situaciones reales que me ha tocado conocer y vivir en varios ejidos del estado de Michoacán; en el momento en que los representantes ejidales terminan su periodo para el que fueron electos y no se han celebrado elecciones, en éste caso la Ley Agraria en su artículo 39, señala que, SUS MIEMBROS PROPIETARIOS SERÁN AUTOMÁTICAMENTE SUSTITUIDOS POR LOS SUPLENTES. Sin embargo sucede, que en la práctica los suplentes no sustituyen a los propietarios; debido a que en la Ley Agraria en vigor, no se contempla con claridad el mecanismo a seguir para que se lleve a cabo esa sustitución automática, es decir, no hay reglas a seguir para que los suplentes tomen el mando de la representación ejidal o en su caso, que órgano del ejido o autoridad agraria, sancionará la entrada en funciones de los suplentes como propietarios.

En ese sentido propongo que el artículo 39, párrafo segundo, de la Ley Agraria en vigor, se reforme, para que ese numeral señale de manera clara y precisa el mecanismo o procedimiento a seguir, una vez que los representantes ejidales vayan a terminar su periodo de ejercicio y pueda corregirse esa ambigüedad de la ley con la llamada sustitución automática.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 39.- ...

El Comisariado Ejidal, dos meses antes de que concluya su periodo para el que fue electo, debe convocar a asamblea para elegir a los nuevos integrantes de los órganos de representación ejidal. En caso de que el Comisariado Ejidal no proceda en tales términos es aplicable a la convocatoria lo dispuesto por el artículo 24 de esta ley.

Articulos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dip. Margarito Fierros Tano (rúbrica).»

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

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ley del servicio de administRAcion tributaria

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la señora diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

La diputada Alejandra Méndez Salorio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

Los sistemas de administración tributaria modernos o de países desarrollados, recaudan haciendo énfasis en el cumplimiento voluntario de los ciudadanos. Ello exige ofrecer las máximas facilidades a quienes quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, servicios de información y asistencia amplios y cubiertos por personal calificado y al mismo tiempo reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Deben contar con una estructura organizativa basada no en las distintas figuras impositivas sino en funcionarios y tipo de contribuyentes con tecnologías de información altamente informatizadas en todos los procesos de trabajo y reservando especial atención al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación con los ciudadanos y mejorar los métodos y procedimientos de control, con recursos humanos calificados, íntegros, motivados y retribuidos a un nivel competitivo con su homólogo del sector privado, en un entorno económico abierto donde se impulse la cooperación internacional en todas sus premisas: intercambio de información, prácticas administrativas e inspecciones conjuntas.

El Servicio de Administración Tributaria está integrado por una junta de gobierno que constituye su órgano principal de dirección; por las unidades administrativas que lo conforman y por un jefe que es nombrado y removido por la Presidencia de la República.

El jefe del SAT es el enlace entre la institución y las demás entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, y de los sectores social y privado, en las funciones encomendadas al propio Servicio de Administración Tributaria.

Existe una tendencia mundial de la cual México forma parte para dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad y las autoridades fiscales.

Existen algunos ejemplos como en España, Estados Unidos y la Unión Europea, con la figura del defensor del contribuyente; figura que proviene concretamente de Suecia y nace con un perfil y unas características similares a las que posee en el presente. Ya desde su inicio, responde a la configuración de organismo independiente, con autoridad para dirigir recomendaciones a las administraciones.

Conforme a esta tendencia mundial, de la cual México forma parte, sí se observa una serie de notas comunes en las administraciones tributarias con mejores resultados.

Se pueden afirmar que las administraciones tributarias dotadas de cierta autonomía en su funcionamiento y con recursos presupuestarios suficientes, que cuentan con un personal íntegro, calificado y razonablemente retribuido y que han incorporado plenamente las nuevas tecnologías, son los que están en mejores condiciones para alcanzar buenos resultados.

La globalización de la economía mundial, está teniendo un fuerte impacto en las relaciones económicas internacionales. Asimismo, la creación de espacios económicos integrados, alimenta la competencia fiscal entre los distintos países y fomenta el empleo de prácticas fiscales que favoreciendo el establecimiento de personas o sociedades en un país, resultan perjudiciales para los demás.

Las organizaciones fiscales deben reaccionar ante este nuevo reto y ser capaces de adaptarse con rapidez. Las técnicas de análisis de riesgos no pueden limitarse a aspectos locales; deben también completar esta nueva dimensión internacional.

Es preciso mejorar y explotar intensamente la cooperación administrativa internacional y la presencia en organismos multilaterales y esto incluye no solamente la firma de tratados y acuerdos internacionales, sino el intercambio de información y desarrollo de actuaciones administrativas conjuntas de las distintas organizaciones tributarias nacio- nales.

En este sentido la administración tributaria juega, sin duda, un papel fundamental para la consolidación de la democracia y el adecuado funcionamiento del Estado que, en el caso de los países en desarrollo, exige en general su reforzamiento para dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales.

Además, la aplicación del sistema fiscal debe quedar fuera del debate político; debe desarrollarse sólo en relación con el diseño de la política fiscal. Al mismo tiempo no se puede olvidar el impacto que los procesos de integración supranacional, económica y política está teniendo o va a tener en forma inmediata en las administraciones nacionales, por lo que es necesario complementar el perfil o los requisitos que deberá cubrir el jefe del SAT, como la duración en el cargo con un tiempo de evaluación razonable y la oportunidad de renovar dicha responsabilidad, los requisitos de su perfil y experiencia profesional, así como fortalecer a la institución, reconociendo la capacidad a los funcionarios fiscales de carrera para fortalecer el sistema impositivo mexicano, dándole visión a largo plazo, con capacidad para impulsar reformas.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción II del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, mismo que, por el tiempo, solicito se publique de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, presentada por la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 5 de octubre de 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa que reforma el párrafo primero y la fracción segunda del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Los sistemas de administración tributaria modernos o de países desarrollados, recaudan impuestos de los contribuyentes poniendo énfasis en el cumplimiento voluntario de los ciudadanos. Ello exige dos líneas de actuación paralelas: ofrecer las máximas facilidades a quienes quieren cumplir con sus obligaciones fiscales (servicios de información y asistencia amplios y cubiertos por personal calificado) y, al mismo tiempo, reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Deben además de administrar los impuestos, mantener, al menos, una adecuada coordinación con la organización encargada de recaudar las contribuciones de seguridad social. Deben contar con flexibilidad de gestión en recursos humanos y presupuestarios, sometida, al mismo tiempo, a un riguroso sistema de control que permita superar el tradicional modelo burocrático para pasar a ser una organización con mayor preocupación por aspectos de eficiencia y con una orientación clara hacia la mejora de los resultados y la calidad de los servicios prestados.

Por otra parte, deben contar con una estructura organizativa, basada no en las distintas figuras impositivas, sino en funciones y tipos de contribuyentes, con tecnologías de información altamente informatizadas en todos sus procesos de trabajo y reservando especial atención al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación con los ciudadanos y mejorar los métodos y procedimientos de control, con recursos humanos calificados, íntegros, motivados y retribuidos a un nivel competitivo con sus homólogos del sector privado, y en un entorno económico abierto donde se impulse la cooperación internacional en todos sus prismas: intercambio de información, prácticas administrativas e inspecciones conjuntas.

El SAT nace como respuesta a demandas y necesidades que surgen de la propia dinámica económica y social del país, y se enmarca en la tendencia mundial orientada a modernizar y fortalecer las administraciones tributarias, como herramienta para que la actividad de recaudación de impuestos se realice de manera eficiente y sobre todo en un marco de justicia y equidad contributiva. De esta manera, al contar con una organización especializada conformada con personal calificado, se puede responder con agilidad, capacidad y oportunidad.

El 1 de julio de 1997 surgió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con atribuciones y facultades vinculadas a la determinación y recaudación de las contribuciones federales que hasta entonces había ejercido la Subsecretaría de Ingresos.

El SAT está integrado por una Junta de Gobierno que constituye su órgano principal de dirección, por las Unidades Administrativas que lo conforman y por un jefe que es nombrado y removido por el Presidente de la República. El jefe del SAT es el enlace entre la institución y las demás entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal y de los sectores social y privado, en las funciones encomendadas al propio Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, existe una tendencia mundial, de la cual México forma parte, por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales, existen algunos ejemplos como los de España, Estados Unidos y la Unión Europea con la figura del defensor del contribuyente. Figura que proviene concretamente de Suecia, país donde se halla el primer antecedente bajo la denominación de Ombusdman (cuyo significado literal es el de ``delegado'' o ``mandatario''), creada por Ley de 6 de junio de 1809. Nace con un perfil y unas características similares a las que posee en el presente; ya desde su inicio responde a la configuración de organismo independiente, con autoridad para dirigir recomendaciones a las administraciones a fin de corregir las disfuncionalidades observadas.

En el Senado de la República se aprobó la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y actualmente en está Soberanía se discute la Ley Orgánica de dicha Procuraduría, entre otros, su conformación, independencia de gestión y el perfil que debe cubrir su titular.

El día 2 de julio de 2003 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por unanimidad el nombramiento del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

El artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, señala que El jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente de la República. Este nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera;

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia.

Conforme a esa tendencia mundial, de la cual México forma parte, si se observan una serie de notas comunes en las Administraciones Tributarias con mejores resultados se puede afirmar que las Administraciones Tributarias dotadas de cierta autonomía en su funcionamiento y con recursos presupuestarios suficientes, que funcionan integradamente (tributos internos y aduaneros, estatales y regionales, etcétera), que cuentan con personal íntegro, cualificado y razonablemente retribuido y que han incorporado plenamente las nuevas tecnologías, son las que están en mejores condiciones para alcanzar buenos resultados. Además y como condición previa, resulta imprescindible contar con un marco normativo adecuado, definir correctamente la estrategia de la organización y contar con un equipo directivo cualificado e integrado que asegure la correcta aplicación de la estrategia general definida.

Por otra parte, la globalización de la economía mundial está teniendo un fuerte impacto en las relaciones económicas internacionales. Asimismo, la creación de espacios económicos integrados alimenta la competencia fiscal entre los distintos países, y fomenta el empleo de prácticas fiscales que, favoreciendo el establecimiento de personas o sociedades en un país, resultan perjudiciales para los demás. Las organizaciones fiscales deben reaccionar ante este nuevo reto y ser capaces de adaptarse con rapidez. Las técnicas de análisis de riesgos no pueden limitarse a aspectos locales; deben también contemplar esta nueva dimensión internacional. Es preciso mejorar y explotar intensamente la cooperación administrativa internacional y la presencia en organismos multilaterales, y esto incluye no sólo la firma de tratados y acuerdos internacionales, sino el intercambio de información y el desarrollo de actuaciones administrativas conjuntas de las distintas organizaciones tributarias nacionales.

En este sentido, la Administración Tributaria juega, sin duda, un papel fundamental para la consolidación de la democracia y el adecuado funcionamiento del Estado que, en el caso de los países en desarrollo exige, en general, su reforzamiento para dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales.

Además, la aplicación del sistema fiscal debe quedar fuera del debate político, debe desarrollarse sólo en relación con el diseño de la política fiscal. Al mismo tiempo, no se puede olvidar el impacto que los procesos de integración supranacional (económica y política) están teniendo o van a tener de forma inmediata en las Administraciones nacionales, por lo que es necesario complementar el perfil o los requisitos que deberá cubrir el jefe del SAT, como la duración en el cargo con un tiempo de evaluación razonable y la oportunidad de renovar dicha responsabilidad, los requisitos de su perfil académico y experiencia profesional, así como fortalecer a la institución reconociendo la capacidad de los funcionarios fiscales de carrera para fortalecer el sistema impositivo mexicano dándole visión de largo plazo con capacidad para impulsar reformas.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción segunda del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 13

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente de la República, durará en su cargo tres años, término que podrá ser renovado por uno o más periodos no mayores también a tres años. Este nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en áreas económicas, jurídicas, financieras, así como en las materias fiscal y aduanera, o en su caso, haberse desempeñado como funcionario fiscal de carrera a nivel directivo dentro del Servicio de Administración Tributaria;

... (fracciones III y IV queda igual)

Transitorio

Este decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinadores; Francisco Xavier Alvarado Villazón, Alejandro Agundis Arias, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

«Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad engañosa.

Una de las características fundamentales en las relaciones comerciales de nuestra época, es la utilización de la publicidad para promover la venta de un producto o de algún servicio por parte de los proveedores, sin embargo, muchas veces los textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que se utilizan pueden inducir al consumidor a error o confusión, en perjuicio de su propia economía.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad del Estado de proteger a los consumidores, mandato del cual emana la Ley Federal de Protección al Consumidor, herramienta jurídica cuyo artículo 32 establece lineamientos jurídicos para regular tanto la publicidad engañosa como la publicidad comparativa.

Seguramente todos nosotros coincidiremos en que vivimos en una sociedad global de información que influye en todas las actividades vitales de las personas y en una economía de mercado en constante evolución, influenciada por los avances de la industria tecnológica mundial lo que nos obliga como legisladores a mantener una permanente revisión y actualización de nuestro marco normativo.

Por tal motivo, Convergencia considera indispensable reformar y adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tanto en lo relativo a la publicidad engañosa como en cuanto a la publicidad comparativa, con el propósito de proteger a los consumidores, los intereses de la sociedad en general y también de los ciudadanos cuya actividad habitual es el comercio y la industria. En esta ocasión abordaremos el tema relativo a la publicidad engañosa y en una próxima propuesta habremos de plantear un régimen regulatorio más amplio relativo a la publicidad comparativa.

La iniciativa que hoy someto a la distinguida consideración de ustedes tiene como objeto controlar la publicidad engañosa, entendiendo por tal aquella que contiene información relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma que no sea ``veraz, auténtica y legal''.

Por veracidad debemos entender la carencia en la publicidad de afirmaciones mentirosas específicas, contrarias al interés colectivo y ausentes de claridad en cuanto a las condiciones de suministro de los productos, bienes o de la prestación de los servicios.

Por autenticidad, que los contenidos publicitarios sean verificables y que el costo del producto, bien o servicio publicitado, en caso de incluirse, se refleje con precisión, ello es, se informe al consumidor sobre su costo total especificando también el monto de los impuestos correspondientes.

Y por legal, que se apegue a la normatividad existente en la materia, indicando la naturaleza, las características y los derechos del anunciante.

Consideramos que la adición de estos tres elementos en la Ley Federal de Protección al Consumidor permitirán un mayor control de la publicidad engañosa y facilitarán la acción de los consumidores o de sus organizaciones para proceder judicialmente contra todo tipo de publicidad engañosa, pero al propio tiempo los mismos publicistas contarán con criterios más específicos para evitar la producción de mensajes y contenidos que pudieran ser considerados por la autoridad violatorios de la Ley.

Lo que consideramos también como una adición necesaria al artículo 32 multicitado con relación a la publicidad engañosa, es dejar perfectamente establecido en el texto de la Ley la facultad que los consumidores tienen de interponer una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra cualquier publicidad engañosa, a fin de que la autoridad administrativa pueda emprender las acciones para ordenar el cese de la misma o para emitir un comunicado rectificativo en los términos del artículo 35.

Consideramos que estas reformas que hoy proponemos contribuyen a proteger la situación económica de los consumidores independientemente de que la publicidad que se considere engañosa concluya o no en la celebración de un contrato o en la adquisición de un bien o servicio.

Asimismo, las medidas que se propongan le proporcionarán al consumidor mayores elementos para reflexionar respecto a su determinación de adquirir un bien o utilizar un servicio y permitirán que las personas que participan en el ejercicio de una actividad comercial o industrial tengan mayores garantías de competencia legítima.

Derivado de lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Convergencia propone reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección del Consumidor para fijar criterios mínimos y objetivos que permitan con mayor claridad determinar si una publicidad es engañosa en base a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único. Decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes...

``Por publicidad engañosa, se deberá entender aquella que no sea veraz, auténtica o legal, entendiendo por falta de veracidad la utilización de afirmaciones mentirosas específicas, contrarias al interés colectivo y carentes de claridad en cuanto a las condiciones de suministro de los bienes o de la prestación de los servicios. Por autenticidad, que los contenidos publicitarios sean verificables y que no contengan elementos informativos persuasivos y que el costo del bien o servicio publicitado, en caso de incluirse, se refleje con claridad, ello es, se informe al consumidor sobre su costo total especificando el valor de los impuestos correspondientes. Y por legal, que se apegue a la normatividad existente en la materia, indicando la naturaleza, las características y los derechos del anunciante.''

``Los consumidores y las organizaciones de consumidores que tengan un interés legítimo en la prohibición de la publicidad engañosa podrán proceder contra esta publicidad haciendo valer sus derechos ante esta Procuraduría, mediante la presentación de una queja formal que dará inicio al procedimiento por infracciones a la Ley a que se refiere el artículo 123.''

La información o publicidad que compare...

Palacio Legislativo de San Lázaro, al día de su presentación.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Luis Maldonado Venegas.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Economía.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9°, apartado A de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Nora Elena Yu Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los suscritos diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias del estado de Chihuahua, de la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, teniendo como Cámara de origen la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

Compañeros, ya es tiempo que apoyemos al municipio, como todos sabemos es el responsable de proveer los diferentes servicios públicos que nuestra sociedad demanda día con día; sin embargo, en materia de federalismo fiscal aún sigue permaneciendo rezagado en competencia tributaria o recaudatoria que le permita incrementar los recursos de la hacienda municipal, en ese sentido los Estados y las poblaciones fronterizas de nuestro país, que cuentan con puentes internacionales han mantenido vigente la solicitud de que los ingresos provenientes de los peajes que se cobran por concepto de sus cruces ubicados en territorio nacional, actualmente operados por Capufe, pasen a los estados y municipios y éstos recursos sirvan de apoyo para dotar a la población de mejores servicios que signifiquen un detonador para el desarrollo y promoción de nuestra región.

En la frontera norte son muchos y diferentes los problemas que enfrentamos en comparación con otros municipios del país, derivado al crecimiento explosivo del flujo migratorio por las oportunidades de trabajo provenientes de la industria maquiladora, esto nos ha llevado a alcanzar una taza cercana al doble respecto al que registra la media nacional, comparándonos con el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla o Monterrey.

Estamos ciertos que sería importante que la federación desconcentrará estos recursos y que los municipios donde operan estos puentes se beneficien, para poder resolver un problema nacional, pero desde su origen local.

Viene al caso recordar, ya que esto nos sirve para apoyar el sentir del municipio de operar a su favor los ingresos provenientes de los puentes, lo que haría valer el decreto del 29 de diciembre de 1978, expedido por el entonces Presidente, licenciado José López Portillo, dicho decreto no se ha cumplido en su propósito fundamental, que establece que todos los bienes operados por las juntas federales de mejoras materiales, pasen posteriormente a propiedad de los municipios.

Las inversiones realizadas en dichas obras, al correr del tiempo, han sido recuperadas en su totalidad en la inmensa mayoría de los casos por el Gobierno Federal y son muy contadas las excepciones. En realidad, el cobro del peaje, cuya justificación original se basaba en la recuperación de la inversión, además de cubrir los gastos de mantenimiento, ha devenido en un impuesto que se carga a la población de las regiones sin que represente algún beneficio sustancial para ellos.

En ese sentido y sin perjuicio a los estados que se vieron beneficiados, con la última reforma y por el principio de equidad, presento ante esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma.

Decreto

Artículo Único.- Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A.- La Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Estados y Municipios, donde existan puentes de peaje, operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes, o en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto e inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro de peaje, sin que ningún caso, tales recursos se destinen a gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que se obtengan por la operación de los puentes nacionales de que se trate; y para los internacionales de un 50% de sus ingresos netos del monto total de que se obtengan por la operación de éstos.

Para los municipios donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos 50% más 1 de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejoras recaudatorias de la hacienda pública local con la federación, para poder aplicar la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

En caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio se encuentre por debajo del 50% la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de la firma nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo señalado en el presente artículo, no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Por el ejercicio 2004, la federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le corresponden de conformidad con los convenios que se hubieran celebrado con los Estados y Municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente del 18 de noviembre del 2003, relativos a los puentes de peaje operados por la Federación.

Se elimina:

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordare, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25%.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2004.--- Diputados: Nora Elena Yu Hernández, Miguel Lucero Palma, María Ávila Serna (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Un momento. Por favor señores...

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RECESO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:52 horas): Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden.

(Receso.)

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:34 horas del jueves 7 de octubre): Se reanuda la sesión.

Esta Presidencia desea expresar a la Asamblea que lamenta profundamente los hechos ocurridos el pasado martes durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que hoy reanudamos.

También reitera su voluntad de diálogo, intercambio permanente con todas las fuentes de opinión, la convivencia pacífica y el respeto entre poderes e instancias de gobierno que son vías ineludibles en la ruta de la democracia; pero ratifica su compromiso en el sentido de proveer las condiciones políticas y materiales para que las sesiones de la Cámara se lleven a cabo con respeto y civilidad a fin de que este poder cumpla con sus cometidos constitucionales.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de información financiera.

La diputada Patricia Garduño Morales: Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados:

El 13 de noviembre de 1998, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto fue dotar con recursos federales adicionales y distintos de los correspondientes a la recaudación federal participable, a las haciendas de las entidades federativas, para que éstas pudieran llevar a cabo el correcto desarrollo de las responsabilidades en que hay concurrencia con la Federación.

Es así como se crearon dos nuevos fondos de aportaciones federales: uno para la atención de la educación tecnológica y de adultos y otro para la seguridad pública.

El artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que a diferencia de otros fondos que tienen una asignación establecida en la ley, el Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse cada año.

El párrafo tercero del artículo en comento, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá los criterios para la distribución de los recursos antes citados entre los estados y el Distrito Federal.

Por su parte, el artículo 45 afirma la responsabilidad de realizar la determinación, distribución y aplicación de los fondos de los recursos de seguridad pública de conformidad con la información financiera, operativa y estadística que le sea proporcionada por los estados y el Distrito Federal, a la Secretaría de Gobernación, la cual a su vez pone esta información a disposición del Ejecutivo. Dicha atribución a la Secretaría de Gobernación es incompatible con las modificaciones a la estructura de la Administración Pública Federal, que tuvieron lugar en el año 2000.

Con fecha 9 de noviembre del año 2000, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley de Pesca, cuyo objetivo fue adecuar el marco normativo de la Administración Pública Federal, a fin de reorganizar y fortalecer la eficacia de la función Ejecutiva.

Entre las diversas reformas que se realizaron destaca el caso de la Secretaría de Gobernación a la que se le relevó de diversas funciones relacionadas con la seguridad pública y su principal tarea quedó vinculada con la gobernabilidad democrática, por lo que ahora sus funciones consisten en la conducción de la política interior; la conducción de las relaciones entre el Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, en la instauración de un sistema de información y de investigación, así como en el fortalecimiento de las instituciones de gobierno.

Por otra parte las funciones de seguridad, anteriormente encomendadas a la Secretaría de Gobernación, recayeron en la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia creada con motivo de la reorganización administrativa y que vino a consolidar la transformación y el marco jurídico de seguridad de nuestro país.

Recordemos que fue en 1994 cuando se sentaron las bases de creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 1995 se promulgó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se creó el Consejo Nacional, que es la instancia superior de coordinación. Fue en 1998, cuando se readecuó la estructura de la Secretaría de Gobernación y se creó la Subsecretaría de Seguridad Pública y en 1999 cuando se creó la Policía Federal Preventiva, que también fue ubicada en la nueva estructura de la Secretaría antes mencionada.

Las reformas del 2000, representaron un importante esfuerzo en la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al transferir los órganos y recursos en materia de seguridad, a cargo de la Secretaría de Gobernación, a una dependencia encargada exclusivamente de ejercer funciones de seguridad pública.

Resulta evidente que estas importantes modificaciones no tienen correspondencia con las atribuciones que la Ley de Coordinación Fiscal, reserva a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, toda vez que las mismas deben recaer en la propia nueva Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal antes enunciada.

Por esta razón, la presente propuesta tiene como objetivo, transferir la atribución reservada a la Secretaría de Gobernación, en materia de recopilación de información financiera, operativa y estadística, para la determinación de los recursos presupuestales para la seguridad pública a la Secretaría de Seguridad Pública.

La modificación que se propone, parte del criterio de que al crearse la Secretaría, a ésta fue la transferida la responsabilidad de realizar las propuestas necesarias para reordenar y especializar el diseño y atención de la política criminal federal, que garantice la efectiva prevención del delito, así como desarrollar las políticas de seguridad pública, incluida la presupuestal con base en la información que le proporcione los estados para garantizar el mejor ejercicio de sus funciones. Por esta razón, proponemos la modificación al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa ya fue publicada en la Gaceta, le suplicaría que fuera también su texto íntegro publicado en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de información financiera, a cargo de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

El 13 de noviembre de 1998, el Ejecutivo federal presentó una Iniciativa de Decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto fue dotar con recursos federales adicionales, y distintos de los correspondientes a la recaudación federal participable, a las haciendas de las entidades federativas para que éstas pudieran llevar a cabo el correcto desarrollo de las responsabilidades en que hay concurrencia con la Federación.

Es así como se crearon dos nuevos fondos de aportaciones federales, uno para la atención de la Educación Tecnológica y de Adultos, y otro para la Seguridad Pública.

El artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por lo que, a diferencia de otros fondos que tienen una asignación establecida en la ley, el Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse cada año.

El párrafo tercero del artículo en comento establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá los criterios para la distribución de los recursos antes citados entre los Estados y el Distrito Federal.

Por su parte, el artículo 45 afirma la responsabilidad de realizar la determinación, distribución y aplicación de los recursos del Fondo de Seguridad Pública, de conformidad con la información financiera, operativa y estadística que le sea proporcionada por los Estados y el Distrito Federal a la Secretaría de Gobernación, la cual a su vez ésta pone a disposición del Ejecutivo.

Dicha atribución a la Secretaría de Gobernación es incompatible con las modificaciones a la estructura de la administración pública federal que tuvieron lugar en el año 2000.

Ya que con fecha 9 de noviembre del año 2000 diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley de Pesca, cuyo objetivo fue adecuar el marco normativo de la Administración Pública Federal, a fin de reorganizar y fortalecer la eficacia de la función ejecutiva.

Entre las diversas reformas que se realizaron, destaca el caso de la Secretaría de Gobernación, a la que se relevó de diversas funciones relacionadas con la seguridad pública y su principal tarea quedó vinculada con la gobernabilidad democrática. Por lo que ahora sus funciones consisten en la conducción de la política interior, la conducción de las relaciones entre el Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, en la instauración de un sistema de información y de investigación así como en el fortalecimiento de las instituciones de gobierno.

Por otra parte, las funciones de seguridad, anteriormente encomendadas a la Secretaría de Gobernación, recayeron en la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia creada con motivo de la reorganización administrativa y que vino a consolidar la transformación del marco jurídico de seguridad pública en nuestro país.

Recordemos que fue en 1994 cuando el tema de seguridad se abrió paso en nuestro marco jurídico a través del establecimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y se sentaron las bases de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 1995 se promulgó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia superior de coordinación.

En 1998 se readecuó la estructura de la Secretaría de Gobernación y se creó la Subsecretaría de Seguridad Pública, y en 1999 cuando se creó la Policía Federal Preventiva, que también fue ubicada en la estructura de la Secretaría antes mencionada.

Las reformas de 2000 representaron un importante esfuerzo en la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al transferir los órganos y recursos en materia de seguridad a cargo de la Secretaría de Gobernación, a una dependencia encargada exclusivamente de ejercer funciones de seguridad pública, eliminando con ello la subordinación de los órganos de seguridad a una secretaría cuyas principales funciones son de índole política.

Resulta evidente que estas importantes modificaciones no tienen correspondencia con las atribuciones que la Ley de Coordinación Fiscal reserva a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, toda vez que las mismas deben de recaer en la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública antes enunciadas.

Por esta razón, la presente propuesta tiene como objetivo transferir la atribución reservada a la Secretaría de Gobernación en materia de recopilación de información financiera, operativa y estadística para la determinación de los recursos presupuestales para la seguridad pública, a la Secretaría de Seguridad Pública. La modificación que se propone parte del criterio de que al crearse la Secretaría de Seguridad Pública a ésta fue transferida la responsabilidad de realizar las propuestas necesarias para reordenar y especializar el diseño y atención de la política criminal federal que garantice la efectiva prevención del delito, así como desarrollar las políticas de seguridad pública, incluida la presupuestal con base en la información que le proporcionen los estados, para garantizar el mejor ejercicio de sus funciones.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

``Artículo 45. ...

...

...

...

Los estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística, que le sea requerida.''

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por el presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre de 2004.--- Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y obséquiese la publicación íntegra del texto en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado la diputada.

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CODIGO PENAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Jesús Aguilar Bueno del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Jesús Aguilar Bueno: Con su permiso, diputado Presidente.

El suscrito, diputado Jesús Aguilar Bueno, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II, del artículo 71 de la Constitución General de la República y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de pornografía infantil, corrupción de menores, comunicación y correspondencia, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, falsificación de documentos en general, amenazas y revelación de datos personales, delitos en contra de las personas en su patrimonio: el Código Federal de Procedimientos Penales en materia de aseguramiento del inculpado y careos, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de la naturaleza, objeto y aplicación de la ley, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado mes de enero esta Cámara fue sede del Foro Legislativo en Materia de Delitos Cibernéticos, que con la participación de representantes de sectores gubernamentales y privados de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, España en representación del Consejo de Europa, así como la Organización de Estados Americanos, a través del grupo de expertos gubernamentales en delitos cibernéticos, fue convocado por la Comisión de Comunicaciones de esta legisladora, con el apoyo operativo del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.

La reunión de México, fue en gran medida el seguimiento de su similar, convocada en Lima, Perú, en 1999 y tuvo como eje fundamental tres puntos:

Diagnosticar las actividades criminales dirigidas a computadoras o a la informática, diagnosticar las legislaciones latinoamericanas, las normas y prácticas internacionales referentes a estas actividades delictivas; identificar a las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales con experiencia pertinente, a fin de identificar mecanismos de colaboración dentro del sistema interamericano para combatir los delitos cibernéticos.

De igual manera, las prioridades de nuestro trabajo se focalizaron precisamente al fortalecimiento e intercambio de información crítica sobre seguridad cibernética entre expertos y autoridades competentes y la consolidación de propuestas sobre la unificación de los marcos legales entre los estados miembros de la OEA.

Como consecuencia de ello, los acuerdos básicos de la reunión derivaron sobre las definiciones fundamentales en la materia y dada la intrincada problemática que envuelve el tema de los delitos cibernéticos, particularmente en lo referente a la jurisdicción y territorialidad de las normas jurídicas, la nula capacitación entre investigadores, autoridades policiales, ministerios públicos o fiscales y jueces, la ausencia de bancos de datos confiables y compartidos, la existencia de imprecisiones jurídicas procesales en los diversos marcos legales de los estados miembros de la OEA, así como la inadecuada asignación de presupuestos que garanticen la operación de los cuerpos de investigación policiales.

Se identificó la urgencia de comenzar a allanar el camino en cada país hacia la consolidación de esa necesaria cooperación internacional cuando menos de manera elemental y nunca limitativa, en criterios definidos entre los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, destrucción y falsificación de documentos y sistemas, fugas de información y fraude, como el mejor medio para propiciar en lo futuro el fortalecimiento de las legislaciones adjetivas y procesales, esencialmente en materia de mecanismos persecutores del delito.

Adicionalmente a ello, se ha propuesto impulsar la suscripción del Convenio de Budapest, del Consejo de Europa sobre Cibercrimen, asunto del que ya conoce esta legisladora mediante punto de acuerdo propuesto en el anterior periodo ordinario de sesiones por diversos diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, así como el llamado a los ejecutivos de nuestros países para impulsar un Acuerdo Interamericano de Cooperación sobre Delitos Cibernéticos.

Dentro de este mismo marco, es importante señalar los esfuerzos de cooperación entre las diversas autoridades de nuestro país y los más importantes prestadores de servicios informáticos de México, así como las prestigiadas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, reunidos en el foro de discusión y análisis denominado Grupo DC México o Delitos Cibernéticos México que tiene como tarea fundamental la identificación, el monitoreo y el rastreo de cualquier manifestación delictiva que se cometa mediante computadoras conectadas en el territorio mexicano o fuera de él y que tenga afectación a nuestro país.

Los resultados de estas discusiones y análisis dentro de este grupo, dan como resultado una serie de propuestas que en su parte esencial se incorporan a la presente iniciativa de decreto de reformas.

La carencia de un estatuto jurídico sobre Internet y la consiguiente ausencia de regulación legal sobre los límites y el control sobre los flujos de información, son algunas de las notas características básicas de esta autopista de la información y por ello, como parte fundamental de la metodología de la investigación empleada para la elaboración de la presente iniciativa de ley, se propició un estudio técnico sobre derecho comparado entre diversas posturas internacionales sobre la materia, así y como parte importante e insustituible sobre las posiciones académicas existentes sobre los temas aquí incluidos, tomando como eje central tres puntos esenciales:

La descripción objetiva de los problemas que originan las medidas en que se sustenta la presente propuesta legislativa, sin que ello motive la creación o distorsionamiento teórico o material de la definición del delito; respetar los criterios ya definidos por nuestras propias normas jurídicas sobre la definición de los delitos, sus elementos integradores, la conducta y los criterios de tipicidad y la consideración de las nociones jurídico formales y jurídico-sustanciales de la teoría de la ley penal en el derecho positivo mexicano, sustancialmente en cuanto a la interpretación de los ámbitos de validez material, espacial, temporal y personal.

Uno de los temas que considero más trascendentes de la presente iniciativa es lo referente a los delitos que involucran a menores de 18 años de edad y a incapaces, los que por su propia naturaleza trastocan los cimientos sociales y afectan el entramado político, cultural y la convivencia de nuestra nación.

La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional que se ha ampliado con la irrupción de nuevas tecnologías que han modificado las pautas de producción y difusión de este tipo de material.

La transformación de la producción y difusión de la pornografía infantil, abre interrogantes del derecho penal de diversa consideración, de una parte la transnacionalidad del fenómeno obliga a buscar el consenso sobre aspectos de la tipificación de la denominada pornografía infantil virtual.

La pornografía seudoinfantil o simulada, la posición para el consumo visual y hasta en último término la edad de los menores, así como la polémica sobre la personalidad de los intermediarios.

Sólo la definición jurídica del término pornografía infantil es compleja por cuanto depende de múltiples factores de tipo cultural, de creencias de tipo moral, de pautas de comportamiento sexual y hasta de conceptos religiosos.

En el caso de México la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la división de su policía cibernética, ha detectado hasta hace un año, a 397 comunidades o sitios web con pornografía infantil, de las cuales 197 son mexicanas. De igual manera esta corporación tiene conocimiento de la existencia de 4 millones de sitios web que explotan la pornografía, 60% de ellos son lucrativos y el 40 restante son producto del intercambio de material de persona a persona, pues en la actualidad se constata una tendencia según la cual el tráfico de este material pornográfico no viene precedido por el ánimo de lucro ni por motivos comerciales, sino que la red facilita en forma plena la organización de comunidades de pedófilos que la promueven y la transmiten y hasta de operaciones de bandas internacionales que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción, sobre todo de reclutamiento.

Por esa razón la presente iniciativa que presento a su consideración hace referencia especial a éste y a los delitos relacionados con la corrupción de menores y realiza planteamientos específicos en cuanto a las conductas de venta, distribución, exhibición, como también de los actos de facilitación de las mismas. Mientras que en el tipo penal no queda limitado por el ánimo de lucro en la conducta, sino que se proyecta a supuestos, tanto de difusión gráfica, fotográfica, analógica, digital y de cualquier otra especie de tecnología.

Los preceptos aquí contenidos pretenden atender la multidiferenciada dimensión internacional del fenómeno. De ahí que los efectos de la aplicación del tipo penal sea indiferente al hecho de que el material tenga su origen en el extranjero o incluso desconocido. Precisamente porque su razón jurídica se enfoca a verificar las conductas de tipo penal en el espacio de validez mexicano.

Reitero, esta iniciativa es sólo el primer paso de un largo recorrido. Debemos de fortalecer nuestro entramado penal para lograr una plena definición de la conceptualización de los delitos cibernéticos.

Es cuanto, diputado Presidente y solicito instruya la incorporación del texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del PRI

Profesor Jesús Aguilar Bueno, diputado al Honorable Congreso de la Unión por el estado de Chihuahua, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma en diversos artículos el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado mes de enero, esta Cámara fue sede del Foro Legislativo en Materia de Delitos Cibernéticos, que con la participación de representantes de sectores gubernamentales y privados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, el Reino de España en representación del Consejo de Europa, así como la Organización de Estados Americanos a través de su Grupo de Expertos Gubernamentales en Delitos Cibernéticos, fue convocado por la Comisión de Comunicaciones de esta Legisladora, con el apoyo técnico--operativo del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América.

La reunión de México, fue en gran medida el seguimiento de su similar convocada en Lima, Perú, en 1999, y tuvo como objeto tres ejes fundamentales:

Diagnosticar las actividades criminales dirigidas a computadoras o a la informática;

Diagnosticar las legislaciones latinoamericanas, las normas y prácticas internacionales referentes a estas actividades delictivas;

Identificar a las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, con experiencia pertinente, a fin de identificar mecanismos de colaboración dentro del sistema interamericano para combatir los delitos cibernéticos.

De igual manera, las prioridades de nuestro trabajo se focalizaron precisamente al fortalecimiento e intercambio de información crítica sobre seguridad cibernética, entre expertos y autoridades competentes, y la consolidación de propuestas sobre la unificación de los marcos legales entre los Estados miembros de la OEA.

Como consecuencia de ello, los acuerdos básicos de la reunión derivaron sobre las definiciones fundamentales en la materia, y dada la intrincada problemática que envuelve el tema de los ciberdelitos, particularmente en lo referente a la jurisdicción y territorialidad de las normas jurídicas; la nula capacitación entre investigadores, autoridades policiales, Ministerios Públicos o Fiscales y jueces; la ausencia de bancos de datos confiables y compartidos; la existencia de imprecisiones jurídicas procesales en los diversos marcos legales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así como la inadecuada asignación de presupuestos que garanticen la operación de los cuerpos de investigación y/o policiales, se identificó la urgencia de comenzar a allanar el camino en cada país hacia una consolidación de esa necesaria cooperación internacional en, cuando menos, de manera elemental y nunca limitativa, en criterios definidos entre los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, destrucción y falsificación de documentos y sistemas, fuga de información y fraude, como el mejor medio para propiciar en lo futuro el fortalecimiento de las legislaciones adjetivas y procesales, esencialmente en materia de mecanismos persecutores del delito.

Adicionalmente a ello, se ha propuesto impulsar la suscripción del Convenio de Budapest del Consejo de Europa sobre Cibercrimen, asunto del que ya conoce esta Legisladora mediante un Punto de Acuerdo presentado en el anterior Período Ordinario de Sesiones por diversos diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, así como el llamado a los Ejecutivos de nuestros países para impulsar un Acuerdo Interamericano de Cooperación sobre Delitos Cibernéticos.

Dentro de este mismo marco, es importante señalar los esfuerzos de cooperación entre las diversas autoridades de nuestro país y los más importantes prestadores de servicios informáticos de México, así como de prestigiadas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, reunidos en el foro de discusión y análisis denominado GRUPO DCMEXICO o Delitos Cibernéticos México, que tiene como tarea fundamental la identificación, el monitoreo y el rastreo de cualquier manifestación delictiva que se cometa mediante computadoras conectadas en territorio mexicano o fuera de él, y que tenga afectación en nuestro país.

Los resultados de estas discusiones y análisis dentro de este grupo, dan como resultado una serie de propuestas que en su parte esencial se incorporan en la presente iniciativa de decreto de reformas.

Así las cosas, mediante esta iniciativa, de ser aprobada por los plenos de las Cámaras de Diputados y Senadores previa su deliberación, estamos dando el primer paso para consolidar nuestra legislación en esta materia: iniciamos con ello el trazado de lo que deberá ser una verdadera autopista jurídica de información, cooperación y legalidad, para impedir que sigan socavándose las bases fundamentales de nuestras sociedades.

Marco teórico conceptual de la iniciativa1

La carencia de un estatuto jurídico sobre Internet y la consiguiente ausencia de regulación legal sobre los límites y el control sobre los flujos de información, son algunas de las notas características básicas de esta autopista de la información2; por ello, y como parte fundamental de la metodología de la investigación empleada para la elaboración de la presente Iniciativa de Ley, se propició un estudio técnico sobre derecho comparado entre diversas posturas internacionales sobre la materia, así ---y como parte muy importante e insustituible---, sobre las posiciones académicas existentes sobre los temas aquí incluidos, tomando como eje central tres puntos esenciales:3

1. La descripción objetiva de los problemas que originan las medidas en que se sustenta la presente propuesta legislativa, sin que ello motive la creación o el distorcionamiento teórico o material de la definición del delito;

2. Respetar los criterios ya definidos por nuestras propias normas jurídicas sobre la definición de los delitos, sus elementos integradores, la conducta y los criterios de tipicidad, y

3. La consideración de las nociones jurídico ---formales y jurídico--- sustanciales de la Teoría de la Ley Penal en el Derecho Positivo Mexicano, sustancialmente en cuanto a su interpretación y los ámbitos de validez material, espacial, temporal y personal.

Asimismo, y recogiendo las tesis académicas sustentadas por diversos estudiosos del tema, la presente iniciativa sigue en su metodología los criterios y modelos de concreción jurídica con respecto a las teorías penales vigentes sobre su ámbitos de aplicación, los bienes jurídicos que se intentan tutelar, la distinción de las figuras delictivas y la concepción terminológica que precisan los elementos objetivos de la norma penal.

Se trata, pues, de determinar la aplicación de un nuevo mapa conceptual y espacial de los delitos de pornografía infantil, turismo sexual infantil, corrupción de menores, comunicación y correspondencia, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, falsificación de documentos en general, amenazas y revelación de datos personales, delitos en contra de las personas en su patrimonio --en cuanto al Código Penal se refiere--; los criterios definidos en materia de aseguramiento del inculpado y careos, en cuanto al Código Federal de Procedimientos Penales, y lo relativo a la definición de la naturaleza, objetivo y aplicación de la ley considerada por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Las presunciones de los conceptos jurídicos aquí abordados, están vinculados de manera estrecha a diversas ramas del orden jurídico, de allí que la parte esencialmente metodológica de la presente Iniciativa de Ley, tiene como punto central lograr un diagnóstico y una delimitación propia del problema de la investigación, que nos ha permitido pretender realizar formulaciones científicas, técnicas y certeras, tratando de marcar con ello un desarrollo, tratamiento y resolución de efectos lógico--prácticos en las normas a aplicar, especialmente en las de carácter adjetivo que de manera imperiosa, habrán de seguirles.

Conclusiones Uno de los temas que considero más trascendentales de la presente Iniciativa, es lo referente a los delitos que involucran a menores de dieciocho años de edad y a incapaces, los que por su propia naturaleza, trastocan los cimientos sociales y afectan el entramado político, cultural y de convivencia de nuestra nación.

La pornografía infantil, constituye un problema de dimensión internacional que se ha ampliado con la irrupción de nuevas tecnologías que han modificado las pautas de producción y difusión de este tipo de material. La transformación de la producción y difusión de la pornografía infantil, abre interrogantes al derecho penal de diversa consideración: de una parte, la transnacionalidad del fenómeno obliga a buscar consenso sobre aspectos de la tipificación de las denominadas pornografía infantil virtual, la pornografía pseudoinfantil o simulada, la posesión para el consumo visual y hasta, en último término, la edad de los menores, así como la polémica sobre la responsabilidad de los intermediarios.4

La sola definición jurídica del término pornografía infantil es compleja, por cuanto depende de múltiples factores de tipo cultural, de creencias de tipo moral, de pautas de comportamiento sexual y hasta de conceptos religiosos. Estas fluctuaciones conceptuales tienen sus propios reflejos legales y explican también la razón por la cual no existan posicionamientos jurídicos internacionalmente uniformes sobre la materia.

En el caso de México, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su División de Policía Cibernética, ha detectado hasta hace un año a 397 comunidades o sitios web con pornografía infantil, de las cuales 197 son mexicanas. De igual manera, esta corporación tiene conocimiento de la existencia de cuatro millones de sitios web que explotan la pornografía, 60% de ellos son lucrativos y el 40% restante son producto del intercambio de material de persona a persona,5 pues en la actualidad, se constata una tendencia según la cual el tráfico de este material pornográfico no viene presidido por el ánimo de lucro, ni por motivos comerciales, sino que la red facilita en forma plena la organización de comunidades de pedófilos que la promueven y la transmiten, y hasta de operaciones de bandas internacionales que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción y sobretodo, de reclutamiento.6

Por esa razón, la presente Iniciativa que presento a su consideración, hace referencia especial a éste y a los delitos relacionados con la corrupción de menores, y realiza planteamientos específicos en cuanto a las conductas de venta, de distribución, exhibición, como también de los actos de facilitación de las mismas, mientras que el tipo penal no queda limitado por el ánimo de lucro en la conducta, sino que se proyecta a supuestos tanto de difusión gráfica, fotográfica, analógica, digital y de cualquier otra especie tecnológica.

Los preceptos aquí contenidos, pretenden atender a la multidiferenciada dimensión internacional del fenómeno, de ahí que los efectos de la aplicación del tipo penal sea indiferente al hecho de que el material tenga su origen en el extranjero o incluso desconocido, precisamente porque su razón jurídica se enfoca a verificar las conductas del tipo penal en el espacio de validez mexicano.7

Por lo que trata al denominado turismo sexual infantil, se ha constatado en los últimos tiempos que una buena parte de la elaboración de material pornográfico infantil tiene su origen en filmaciones de corte privado, llevados a cabo por turistas que entablan relaciones con menores y hasta con incapaces, en múltiples lugares de América Latina.

Según la Organización Mundial de Turismo, el 20% de los 700 millones de viajes que se efectúan anualmente en todo el mundo, tiene como motivación principal las actividades de temática sexual, y de éstos, el 3% explícitamente, tiene relación con la corrupción de menores. Como dato comparativo, es de destacar que de acuerdo a la ANESVAD, que es una de las más importantes organizaciones no gubernamentales que trabaja en diversos proyectos de acción sanitaria y desarrollo social en favor de las comunidades nacionales con mayor retraso económico, de España viajarían al año 30 mil turistas en busca de estas actividades ilícitas con destinos preferentemente a lugares de iberoamérica.8

Finalmente, en cuanto al resto de los delitos aquí considerados, debe precisarse que todos ellos son puntualmente investigados por las autoridades competentes, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva, quienes tienen ya un mapa geográfico sobre los delitos como el fraude cibernético, la violación de datos personales con fines ilícitos, la falsificación de documentos, la intrusión a sistemas informáticos y de cómputo y otros como la piratería de ``software'', el ``hackeo'', el terrorismo y la venta ilegal de armas y drogas cometidos en la red, en el que resaltan los estados de México, Jalisco, Morelos, Yucatán, Sonora y Sinaloa.

Reitero: esta Iniciativa es tan sólo el primer paso del recorrido. Debemos fortalecer nuestro entramado penal para lograr una plena definición de la conceptualización de los delitos cibernéticos, integrar una cada vez más sólida cooperación internacional en materia de investigación y persecución de los delincuentes y en un futuro próximo, propiciar las reformas jurídicas necesarias a nuestros Códigos y normas procesales para consolidar la labor del Ministerio Público en sus actividades persecutorias y de ejercicio de la acción penal en defensa del interés social, y propiciar ante todo, un sistema de especialización que involucre al Poder Judicial de la Federación.9

Finalmente, solicito atentamente a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, ordene insertar en su totalidad la presente Iniciativa de Decreto de Reformas en la Gaceta Parlamentaria, así como acordar su turno respectivo a las Comisiones que correspondan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de pornografía infantil, corrupción de menores, comunicación y correspondencia, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, falsificación de documentos en general, amenazas y revelación de datos personales, delitos en contra de las personas en su patrimonio; el Código Federal de Procedimientos Penales en materia de aseguramiento del inculpado y careos, así como la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de la naturaleza, objeto y aplicación de la ley, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 85, Inciso c); se adiciona el artículo 173; 201 Bis; se adiciona el artículo 205 Bis; 211 Bis, 211 Bis 1, 211 Bis 2, 211 Bis 3, 211 Bis 4, 211 Bis 5, 211 Bis 6, 211 Bis 7; se adiciona el artículo 243; el Título Decimoctavo, Capítulo I, adicionándose los artículos 284 Bis y 284 Ter; y el artículo 368, fracción IV, del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 85.- ...

I. ... a) y b) ...

c) corrupción de menores y pornografía infantil o de incapaces, previstos en los artículos 201 y 201 Bis;

Artículo 173.- ...

I. ...

II. ...

También se entenderá por comunicación escrita a aquella que conste o se transmita en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.

Artículo 201 Bis.- Al que induzca, procure o facilite por cualquier medio el que uno o mas menores de dieciocho años o tratándose de incapaces, con o sin su consentimiento, lo o los obligue o induzca a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto y fin de videograbarlos, filmarlos, fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios impresos o electrónicos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, medios electrónicos o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que se logre la finalidad, con o sin el fin de obtener un lucro, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil días multa.

Al que fije, grabe, videograbe, fotografíe, filme o imprima actos de exhibición corporal, lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen uno o mas menores de dieciocho años o incapaces, se le impondrá la pena de diez a catorce años de prisión y de quinientos a tres mil días multa. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él, al que elabore, reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite, envíe, distribuya, almacene, transmita, importe y/o exporte el material a que se refieren las acciones anteriores. Lo mismo se aplicará al que financie cualquiera de las actividades antes descritas.

Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de tres mil a diez mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por sí o a través de terceros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el propósito de que se realicen las conductas previstas en los dos párrafos anteriores con menores de dieciocho años.

Para los efectos de este título se entenderá por Pornografía Infantil, cualquier representación en la que aparezca o implique:

a) Un menor de dieciocho años o alguna persona que aparente ser un menor de edad, involucrado en una conducta sexual explícita;

b) Los dibujos, caricaturas o imágenes representando a menores de edad involucrados en una conducta sexualmente explícita;

c) Un menor de dieciocho años desnudo o semidesnudo, posando con fines eróticos.

Deberá entenderse como Representación: cualquier fotografía, imagen, película, video, sonido, ya sean generados por computadora o producidos de manera mecánica, electrónica o por cualquier otro medio. También incluye a cualquier información contenida en una computadora o medio informático de almacenamiento que es capaz de convertirse en audio o video.

Deberá entenderse como Conducta Sexual Explícita: cualesquiera de las acciones o conductas siguientes, sean éstas reales, aparentes o simuladas:

a) Las relaciones sexuales de cualquier tipo entre personas del mismo sexo o sexos opuestos;

b) Relaciones sexuales o posturas eróticas con animales y objetos;

c) La masturbación;

d) El abuso sádico o masoquista;

e) La exhibición con fines eróticos de los genitales o zona púbica de cualquier persona.

Artículo 205 Ter.- Al que promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla a cualquier forma de explotación o para ser extirpada de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro o fuera del territorio nacional, se le impondrá multa de prisión de seis a doce años, y de quinientos a mil quinientos días de multa.

Si se empleare violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que tuviere, la pena se aumentará hasta en una mitad y se impondrá la destitución del empleo cargo o comisión públicos, así como la debida inhabilitación para su desempeño hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

La misma pena se aplicará cuando la persona obtenga sin consentimiento o mediante engaños, datos personales de individuos para usarlos para cometer cualquier actividad ilícita, y para el que transmita, publicite, distribuya o haga disponible a través de sistemas o equipos informáticos, datos personales de terceros que no hayan expresado su consentimiento.

Capítulo II Acceso ilícito a sistemas o equipos informáticos o programas de computación

Artículo 211 Bis 1.- Para los efectos de este Título se entenderá por:

a. Sistemas o equipos informáticos, cualesquiera conjuntos o unidades de cualquier máquina, aparato, sistema, equipo de informática o en general cualquier dispositivo, ya sea electrónico, óptico, magnético, o de cualquier otra tecnología, que realice funciones lógicas, aritméticas, transmisión, procesamiento o almacenamiento de datos de cualquier naturaleza, así como para el tratamiento sistemático de la información mediante el procesamiento automático de datos electrónicos o de cualquier otra tecnología.

Este término también incluye:

1. Los sistemas de redes, entendiéndose por tales a la interconexión de varios sistemas o equipos informáticos, sea que ellos puedan interactuar con las demás o no, a través de un medio de transmisión, con el fin de intercambiar información y compartir recursos.

2. Los equipos periféricos, entendiéndose por tales: cualquier máquina, aparato o dispositivo que estando conectado mediante cualquier tecnología a sistemas o equipos informáticos, dependa de ellos para funcionar, o a través de ellos realice alguna operación.

b. Programas de cómputo o computación; entendiéndose como la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica.

c. Daño; entendiéndose por tal como la alteración, deterioro o menoscabo a la integridad, confidencialidad o disponibilidad de datos, información o programas de cómputo, así como la destrucción, descompostura, deterioro o menoscabo causado a computadoras, redes de computadoras o equipos periféricos.

d. Información; como los archivos, imágenes, audio, video, símbolos o datos de cualquier índole contenidos, comunicados y/o transmitidos a través de una computadora, o por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

e. Mecanismos de seguridad; entendiéndose por tal como el dispositivo físico o electrónico, palabra clave, código de acceso, programa de cómputo o equipo informático que tenga por objetivo proteger una computadora, un programa de cómputo o la información contenida en una computadora, sistema o equipo informático o contra accesos internos o externos no autorizados; borrado, alteración o daño de información; ataque informático de cualquier índole; repudio del emisor, receptor o destinatario de la información.

También se entenderá por mecanismo de seguridad cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de cómputo contra su copiado, distribución, uso ilícito o no autorizado.

f. Datos personales; la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad.

g. Control respecto de un servidor o cualquier otro medio de almacenamiento o transmisión, significa que tanto dicho servidor o tal medio de almacenamiento o transmisión como su contenido, se encuentra totalmente bajo el control material y jurídico del proveedor, sea por ley o por contrato.

Artículo 211 Bis 2. Comete el delito de acceso ilícito a sistemas o equipos informáticos o programas de computación, la persona que sin derecho:

I. Accese a información a un sistema o equipo informático sin autorización, o excediendo su acceso autorizado;

II. Intercepte, modifique, altere, borre, destruya, provoque daño o pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos o programas de cómputo protegidos por algún mecanismo de seguridad;

III. Diseñe, programe, importe, fabrique, posea, use, comercialice, trafique, transmita, haga disponibles o distribuya máquinas, aparatos, sistemas, equipos o cualquier dispositivo físico, así como programas de cómputo, números de serie o registro, palabras clave o códigos de acceso o información de cualquier naturaleza que sirva para violar mecanismos de seguridad de sistemas o equipos informáticos o programas de cómputo.

IV. Diseñe, introduzca, programe, distribuya o provoque la transmisión de o ejecución de programas de computación, datos, información, códigos, conjuntos de instrucciones o comandos informáticos que tengan por objeto:

a). Impedir el uso, funcionamiento apropiado o causar daños a la información contenida en sistemas o equipos informáticos y/o programas de computación;

b). Alterar la información de sistemas o equipos informáticos y/o programas de computación contenidos en una computadora;

c). Causar la negación de servicios de naturaleza informática realizados por sistemas o equipos informáticos.

V. Cause daño, mediante cualquiera de los actos descritos en las fracciones anteriores, a sistemas o equipos informáticos, redes de computadoras, equipos periféricos o cualquier otro bien tangible o intangible.

VI. Comercialice, produzca, almacene, copie, posea, trafique, transmita, difunda, distribuya o haga disponible a través de sistemas o equipos informáticos, redes de computadoras, o dispositivos de almacenamiento magnéticos, ópticos, electrónicos o de cualquier otra tecnología, información y datos sobre:

a) Pornografía Infantil;

b) Información xenofóbica, racista o discriminatoria de cualquier naturaleza;

c) Incitaciones o provocaciones para cometer delitos de cualquier índole;

d) Información que explique cómo realizar cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo.

Artículo 211 Bis 3.- A quien cometa el delito previsto en la fracción I del artículo 211 Bis 2, se le impondrá la pena de prisión de 1 a 3 años y de 200 a 600 días multa.

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones II, III y V del artículo 211Bis 2, se le impondrá la pena de prisión de 5 a 10 años y de 600 a 1000 días multa.

Artículo 211 Bis 4. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad:

I.- Para los casos previstos en la fracción IV del artículo 211 Bis 2, cuando el daño se haya propagado masivamente, afectando a sistemas o equipos informáticos localizados en varios Estados de la República Mexicana;

II.- Para los casos previstos en la fracción IV del artículo 211 Bis 2, cuando el daño se haya propagado masivamente, afectando a sistemas o equipos informáticos localizados en varias entidades de la República Mexicana;

III.- Para cualquiera de los casos previstos en el artículo 211 Bis 2:

a) Cuando las conductas sean cometidas por funcionarios, empleados o personas que presten sus servicios en la institución, organización o empresa a la que se le haya causado el daño;

b) Cuando el delito se haya cometido en contra de sistemas o equipos informáticos de gobierno o del sistema financiero nacional;

c) Cuando dos o más individuos hayan actuado coordinadamente para perpetrar alguno de los delitos de este título;

d) Cuando para cometer el delito se haya violado algún mecanismo de seguridad;

e) Cuando con el fin de disimular su identidad y/o ubicación, se haya aprovechado de sistemas o equipos informáticos o datos personales de un tercero, o haya usado datos falsos para realizar cualquiera de las conductas tipificadas en este capítulo;

f) Cuando bajo engaños o aprovechándose del error en que se encuentra una persona, obtiene de ésta información, códigos o claves de acceso, o logra instalar en sistemas o equipos informáticos programas de cómputo de terceros, que le permitan realizar cualesquiera de las conductas tipificadas en este capítulo.

Artículo 211 Bis 5. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta el doble:

I. Cuando se hayan dado dos o más agravantes de las mencionadas en el artículo 211 Bis 3;

II. Cuando el delito informático haya sido motivado por cuestiones políticas, de actividad ilícita o terroristas, o haya tenido cualquiera de los fines contemplados en el Libro Segundo, Título Primero de este Código.

Art. 211 Bis 6. Las penas previstas en las fracciones I y II del artículo 211 Bis 2 se disminuirán entre la mitad y 2 terceras partes:

I.- Si el delito fue resultado de negligencia, imprudencia, impericia o sin la intención de causar un daño;

II.- Si del delito no se derivó ningún daño o perjuicio moral o patrimonial.

Art. 211 bis 7. Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella de parte ofendida, salvo en los casos previstos en el artículo 211 Bis 2, fracciones III y VI inciso a), los cuales serán perseguidos de oficio.

También se perseguirán de oficio los delitos cometidos con las agravantes mencionadas en el artículo 211 bis 4, fracciones II y III incisos b) y c), así como las previstas en el artículo 211 bis 5.

Artículo 243.-...

Para los efectos de este Capítulo, también se entenderá por documento a los mensajes de datos que consten o sean susceptibles de reproducirse en cualquier medio físico o tecnológico. Se entenderá por mensaje de datos a la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Título Decimoctavo Delitos contra la paz, la seguridad y la privacidad de las personas

Capítulo I Amenazas y revelación de datos personales

Artículo 284 Bis.- Al que divulgue información concerniente a una persona física, identificada o identificable, con fines evidentes de proporcionar daño o molestia en su seguridad y privacidad, como lo es la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad, se le impondrá sanción de tres días a un año de prisión y de ciento ochenta a trescientos días multa.

Artículo 284 Ter.- Al que hostigue, intimide, aceche o cause temor a personas físicas o morales mediante mensajes electrónicos con uso de sistemas o equipos informáticos y otros mecanismos tecnológicos similares, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.

Artículo 368.-...

I. ...

II. ...

III. La copia, sustracción o el apoderamiento de documentos, datos o archivos electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que residan en computadoras o sistemas informáticos, o el aprovechamiento o utilización de dichos documentos, datos o archivos, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 194, fracción I, numerales 13) y 14); y se adiciona el artículo 268 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- ...

1. ...

1) a 12) ...

13) Corrupción de menores o incapaces, previsto en el artículo 201, así como el de pornografía infantil, previsto en el artículo 201 Bis.

14) Los previstos en el artículo 205 y 205 Bis, segundo párrafo.

Artículo 268 Bis. Cuando la víctima u ofendido sea menor de dieciocho años o no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, las declaraciones que se reputen contradictorias se practicarán en la misma forma que el careo supletorio.

Artículo Tercero.- Se modifica el artículo 2, fracción V, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

I a IV. ...

V. Pornografía, turismo sexual y trata de menores o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previstos en los artículos 201, 201 Bis y 201 Bis 3; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366, todos ellos del Código Penal Federal; trafico de menores, previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales.

Transitorios

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cfr.: Para efectos del Marco Teórico Conceptual de la presente Iniciativa de Ley:

CAMPOS CHACÓN, Sergio A. Enseñanza del Derecho y Metodología Jurídica. Ed. Cárdenas. 2ª ed. México. 1992.

WITKER, Jorge, et. al. Metodología Jurídica. Editores: UNAM, Universidad del Noroeste, McGraw-Hill. 2ª ed. México. 2002.

ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para Realizar Investigaciones Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. México. 1977.

TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Porrúa. 35ª ed. México. 2003.

SEPÚLVEDA, César. Derecho Internacional. Ed. Porrúa. 23ª ed. México. 2002.

FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. 42ª ed. México. 2002.

ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Parte General. Ed. Porrúa. 3ª ed. México. 2001.

CERVANTES, Jaime D. Justicia Cibernética como alternativa ante un Nuevo Milenio. Ed. Cárdenas. México. 2001.

2 MORALES, Fermín. Jornadas de Responsabilidad Civil y Penal de los prestadores de servicios en Internet. Universidad Autónoma de Barcelona. España. 2001.

3 Obras en cuanto a las posturas de la tradición del Derecho Penal Mexicano: JIMÉNEZ de Asúa, La Ley y el Delito; PORTE PETIT, Celestino, Parte General del Derecho Penal Mexicano; JIMÉNEZ Huerta, Fermín, La Tipicidad; CASTELLANOS, Fernando, Lineamientos Fundamentales de Derecho Penal. Ed. diversas.

4 Op. Cit. Universidad Autónoma de Barcelona. Supra.

5 REF.: GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Gustavo A. Universidad Nacional Autónoma de México, citando datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la República. México. 2003.

6 Secretaría de Seguridad Pública. et. al. Policía Federal Preventiva, Unidad de Policía Cibernética. México, 2004.

7 Cfr.:

Código Penal del Reino de España; Convención de Budapest del Consejo de Europa; Legislaciones penales de los países participantes en el Foro Legislativo en Materia de Delitos Cibernéticos -- México, 2004.

CÁMPOLI, Gabriel Andrés. Derecho Penal Informático en México. Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. México. 2004.

TÉLLEZ VALDÉZ, Julio. Derecho Informático. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ed. McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. México. Respecto a la Tercera Edición, 2004.

8 Op. Cit. (U.A.B.) Supra (4).

9 Cfr.: Para efectos de la investigación sobre los alcances de la figura del Ministerio Público y los efectos procesales de la administración de justicia:

PORTES GIL, Emilio y CABRERA, Luis. La Misión Constitucional del Procurador General de la República. Ed. Procuraduría General de la República. 3ª ed. México. 1978.

CASTRO, Juventino. El Ministerio Público en México: Funciones y Disfunciones. 6ª ed. México.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Curso de Derecho Procesal Penal. 4ª ed. Ed. Porrúa. México. 1985.

GONZÁLEZ BLANCO, Alberto. El Procedimiento Penal Mexicano en la Doctrina y en Derecho Positivo. Ed. Porrúa. México. 1975.

Dip. Jesús Aguilar Bueno (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona un artículo 32 Bis y un nuevo capítulo décimoprimero al Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, ya que estableció una serie de compromisos y lineamientos con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños de todo el mundo.

Por medio de la Convención, los Estados parte se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma.

En la actualidad los derechos infantiles se reconocen ampliamente en todo el mundo. Sin embargo y a pesar de los grandes avances para pasar de la teoría a la práctica, sigue siendo aún un gran desafío. La Convención no ha sido ejecutada plenamente y los objetivos establecidos en la Cumbre de 1990, todavía están lejos de ser totalmente cumplidos.

Como causa de esta falta de compromiso, hoy día millones de niños alrededor del mundo sufren a diario abandono, explotación y abuso, además de ser violentados muchos de los derechos que se encuentran plasmados en la convención.

Ante esta situación, los gobiernos tienen la obligación de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de los derechos de los niños. La supervivencia y el desarrollo de la niñez mundial, es fundamental para los países del mundo, ya que las niñas y los niños son considerados como el futuro de la humanidad.

Acorde con este compromiso, el Congreso de la Unión aprobó el 13 de diciembre de 1999 la reforma al artículo 4° constitucional relativo a los derechos de la niñez, la cual reconoce, entre otras cosas, a todos los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos y el derecho que éstos tienen de ver satisfechas sus necesidades y alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Como producto de esta reforma constitucional y en conformidad con el compromiso hecho por nuestro país a favor de la infancia, se aprobó en abril del 2000 la Ley Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Según el artículo 3° la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurar un desa-rrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, teniendo siempre por objetivo garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución mexicana.

Uno de los derechos establecidos en ella, es el que tiene cada mexicano a un medio ambiente adecuado para su desa-rrollo y bienestar.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que entró en vigor el primero de marzo de 1988, tiene también por objeto proporcionar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Para tal fin, las autoridades deben de tomar las medidas necesarias.

El derecho a un medio ambiente sano, es un derecho fundamental para el ser humano, tanto en su esfera individual como colectiva. El medio ambiente es la fuente de la vida de la raza humana y todos los recursos naturales a partir de los cuales se satisfacen necesidades vitales.

La violación a este derecho es sumamente grave porque los deterioros ambientales afectan a la humanidad en su conjunto. En la actualidad, graves hechos de distinta naturaleza la están poniendo en peligro de forma creciente.

La existencia de la vida humana sobre la Tierra, el medio ambiente, han sufrido un importante deterioro en perjuicio de la población. Aunque este deterioro repercute en la salud de todos los ciudadanos, los niños constituyen un grupo particularmente vulnerable a estas alteraciones debido a los cambios fisiológicos que experimentan durante la etapa de la niñez y al desarrollo del comportamiento.

La infancia se convierte en una población de alto riesgo a los efectos causados por la contaminación ambiental, aspectos que se ven mermados en condiciones de pobreza.

La contaminación ambiental provoca cerca de cinco millones de muertos infantiles al año en todo el mundo, y contribuye en casi un tercio al total de las enfermedades infantiles.

En México, las condiciones de la niñez no son distintas, prevalecen altos grados de contaminación ambiental que se reflejan en grandes cantidades de niños y niñas que se encuentran expuestos a infecciones respiratorias, que son la principal causa de muerte infantil en las zonas rurales y enfermedades intestinales y de la piel.

Las comunidades urbanas más pobres, también tienen un alto grado de vulnerabilidad al ser afectadas por enfermedades asociadas al deterioro ambiental.

El ambiente es patrimonio común de la humanidad y por eso debemos contribuir a vivir en un medio ambiente sano, que propicie nuestro bienestar y salud. Todos los instrumentos jurídicos e instituciones nacionales e internacionales, reconocen a la contaminación ambiental como un problema universal y consideran que para su solución se necesita voluntad política.

Dado que el medio ambiente es un factor determinante en la salud infantil, y una niñez sana es un componente clave de desarrollo sostenible en un país, y con el fin de asegurar y proteger el derecho de la infancia en México, consideramos de suma importancia incluir en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un capítulo que otorgue a todas las niñas y niños del país el derecho a un medio ambiente adecuado, pues el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todos los medios relativos que tomen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y en este caso los órganos legislativos.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país y buscando mayor congruencia entre la preocupación por el cuidado del medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad es que nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente decreto mediante el cual se adiciona un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo del Derecho de niñas, niños y adolescentes, denominado derecho a un medio ambiente adecuado para que el Capítulo XI devenga a ser el Capítulo XII y los posteriores se recorran sucesivamente para quedar el Título Segundo en el Capítulo XIV todo para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo XI. Del derecho a un medio ambiente adecuado. artículo 32 Bis. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La familia, la comunidad y las autoridades federales deberán garantizar que el ambiente en que se desa-rrolla la niña, niño y adolescente sea adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Para tales fines:

a) La familia proporcionará un hogar higiénico y en condiciones habitables y educará a sus hijos e hijas en hábitos que favorezcan la protección del entorno.

b) El Gobierno Federal promoverá la educación ambiental de las niñas, niños y adolescentes y buscará los mecanismos necesarios para la prevención, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 7 de octubre de 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Declaración de Estocolmo

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre del 1990, constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, ya que estableció una serie de compromisos y lineamientos con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños del todo el mundo.

Por medio de la Convención, los Estados parte, se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma. Ciento noventa países, menos Estados Unidos y Somalia, han ratificado dicha norma convirtiéndola en el instrumento internacional de protección de los derechos humanos que mayor consenso ha suscitado entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Ello supone un compromiso de los gobiernos, en cooperación con los demás actores de la sociedad, para asegurar el cumplimiento de una amplia gama de derechos infantiles, incluyendo los de supervivencia, protección, desarrollo y participación.

En la actualidad los derechos infantiles se reconocen ampliamente en todo el mundo. Son múltiples los convenios, tratados y acuerdos internacionales que tienen relación con los derechos humanos de la infancia. Si bien la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia resulta el instrumento más acabado, numerosos documentos ---muchos de ellos suscritos por nuestro país---, incluyen elementos importantes sobre los derechos de la niñez y deben de formar parte del bagaje fundamental de cualquier Estado promotor de los mismos.

A pesar de estos grandes avances, pasar de la teoría a la práctica sigue siendo aún un gran desafío. La Convención no ha sido ejecutada plenamente y los objetivos establecidos en la Cumbre de 1990 todavía están lejos de ser totalmente cumplidos. Como causa de esta falta de compromiso, hoy en día, millones de niños alrededor del mundo sufren a diario abandono, explotación y abuso además de ser violentados muchos de los derechos que se encuentran plasmados en la Convención.

Ante esta situación, los gobiernos de los estados signatarios tienen la obligación de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de los derechos de los niños. El interés superior de las niñas o niños debe uno de los principios fundamentales de los gobiernos, las instituciones, y de las organizaciones civiles responsables del cuidado y protección de la niñez. La supervivencia y el desarrollo de la niñez mundial son fundamentales para los países del mundo, ya que son ellas y ellos el futuro de la humanidad. Todo seguimiento y evaluación debe secundar estos objetivos.

Acorde con este compromiso, el Congreso de la Unión aprobó el 13 de diciembre de 1999 la reforma del artículo 4º constitucional relativa a los derechos de la niñez, la cual reconoce a todos los menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. Gracias a ello se adicionaron los siguientes párrafos:

Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Como producto de esta reforma constitucional y de conformidad con el compromiso hecho por nuestro país a favor de la infancia se aprobó en abril del 2000 la Ley Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Según el artículo 3º, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Dicha ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º constitucional, teniendo por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución mexicana.

Uno de los derechos plasmados en la Carta Magna es el que tiene cada mexicano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.1 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que entró en vigor el 1 de marzo de 1988, tiene también por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras cosas, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.2 Para garantizar este derecho, según lo dispuesto, las autoridades deben de tomar las medidas necesarias.

Justamente en estas dos leyes mexicanas se han plasmado las normas generales que son el fundamento para poner a operar la nueva concepción del derecho ambiental en nuestro país ante uno de los más grandes retos a que México y toda la humanidad se enfrentan, el de sobrevivir en un mundo en franco deterioro y extinción, el de que su sustento natural sea también garantizado para futuras generaciones, y el de que todos podamos gozar de un medio ambiente sano y equilibrado.

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental para el ser humano tanto en su esfera individual como colectiva. El medio ambiente es la fuente de vida de la raza humana y de todos los recursos naturales, a partir de los cuales se satisfacen necesidades vitales. Este derecho está constituido por un conjunto de elementos a los que la humanidad debe de tener acceso de forma colectiva.

El derecho a un medio ambiente sano proyecta tres aspectos interrelacionados:

El derecho a la vida, a la salud, al bienestar y a una calidad de vida adecuada, manteniendo las condiciones de sustentabilidad;

El reconocimiento del acceso, uso y disfrute, así como la protección de tierras y territorios contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos por parte de los particulares y de las autoridades; y

La obligación del Estado de promover la calidad de vida, así como una oportunidad para la sociedad civil de revindicar ese derecho.

Las violaciones a este derecho son sumamente graves porque los deterioros ambientales afectan a la humanidad en su conjunto, además de que ponen en peligro la supervivencia del ser humano como especie.

Ante la actual separación existente entre el hombre con su medio ambiente, la capacidad ecológica del planeta se encuentra en riesgo. Graves hechos de distinta naturaleza, están poniendo en peligro de forma peligrosa y creciente, la existencia de la vida humana sobre la tierra. Como consecuencia de todos estos hechos el medio ambiente ha sufrido un importante y grave deterioro en perjuicio de la población.

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho común, que prescribe la sustentabilidad ecológica como base de reproducción de la vida y requisito imprescindible de solidaridad con las generaciones futuras. Es por eso que dentro de este contexto, el impacto de los riegos ambientales en la salud infantil ha recibido cada vez mayor atención lo mismo entre los científicos y responsables de la formulación de políticas, que en la ciudadanía.

Aunque el deterioro del medio ambiente repercute en la salud de todos los ciudadanos, los niños constituyen un grupo particularmente vulnerable a estas alteraciones. La contaminación ambiental provoca cerca de 5 millones de muertos infantiles al año en todo el mundo, y contribuye en casi un tercio al total de las enfermedades infantiles.3

En México, la condición de la niñez no es distinta a la del resto del mundo. En nuestro país prevalecen altos grados de contaminación ambiental que se reflejan en la gran cantidad de niños y niñas que se encuentran expuestos a infecciones respiratorias (que son la principal causa de muerte infantil en las zonas rurales) y enfermedades intestinales y de la piel. Las comunidades urbanas más pobres también tienen un alto grado de vulnerabilidad al ser afectadas por enfermedades asociadas al deterioro ambiental.

Debido a los cambios fisiológicos que se experimentan durante la etapa de la niñez y al desarrollo del comportamiento la infancia se convierte en una población de alto riesgo a los efectos causados por la contaminación ambiental, aspectos que se ven mermados en condiciones de pobreza, la cual provoca deficientes estados nutricionales y la carencia de servicios básicos como el agua potable, el drenaje y la asistencia médica apropiada.

Además de estos factores, las niñas y los niños están expuestos a una gran cantidad de peligros naturales como los desastres, las radiaciones ultravioletas y el uso de químicos como los plaguicidas siendo más vulnerables los niños jornaleros y la población de zonas agrícolas con menos infraestructura.

A sabiendas de la necesidad de una mayor coordinación y cooperación para proteger a la infancia de las amenazas ambientales y con el fin de reducir las presiones generadas por la actividad humana sobre la salud infantil, México dio, el año pasado, pasos importantes en esta materia. Por ejemplo, en 2003 nuestro país se comprometió, en el marco del taller trilateral de América del Norte sobre evaluación de riesgos y salud ambiental de la Infancia celebrado en Oaxaca, a trabajar de manera conjunta, junto con los otros dos países que forman parte de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), a hacer la integración de un programa de cooperación para proteger a la niñez de las amenazas ambientales a las que está expuesta, con el objetivo de que puedan gozar libremente de su derecho a un medio ambiente sano.

En este taller se dieron a conocer algunos de los principales riesgos de salud en niños y niñas expuestos a contaminantes. Irene Buka, Presidenta del Comité Consultivo de Expertos en Salud Ambiental y Medio Ambiente de América del Norte, comentó que 28% de los niños de entre 0 y 11 años tiene al menos un problema identificable de aprendizaje y que 16% de los niños de entre 4 y 5 años muestra un retraso de habilidades verbales, ambos causados por algún tipo de contaminante químico. Por otro lado, el doctor Díaz Barriga, coordinador de Toxicología Ambiental de la Universidad de San Luis Potosí y participante del taller trilateral sobre evaluación de riesgos y salud ambiental de la Infancia, comentó que en México más del 90% de los residuos peligrosos que se producen al año se manejan inadecuadamente y se encuentran al alcance de la población en general, hecho que no solo se convierte en un problema de contaminación ambiental, sino que constituye un severo riesgo para la salud pública tanto en los adultos como en la niñez.

En este sentido, México, como parte del equipo trilateral de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, tiene la tarea de investigar y desarrollar acciones que mejoren la capacidad del gobierno para evaluar los riesgos potenciales que representan para la niñez los diferentes tipos de contaminantes y tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho de los niños a un medio ambiente sano.

El ambiente es patrimonio común de la humanidad y por eso debemos contribuir a vivir en un ambiente sano, que propicie nuestro bienestar y salud. Todos los Instrumentos Jurídicos e Instituciones nacionales e internacionales reconocen a la contaminación ambiental como un problema universal y consideran que para su solución se necesita voluntad política.

Dado que el medio ambiente es un factor determinante en la salud infantil y una niñez sana es un componente clave del desarrollo sostenible de un país. Consideramos de suma importancia incluir en la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un capítulo que otorgue, a todos las niñas y niños del país, el derecho a un medio ambiente adecuado, pues el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todas las medidas relativas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, con el fin de asegurar y proteger los derechos de la infancia.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país; y buscando mayor congruencia, entre la preocupación por el cuidado al medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad; es que nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adicionan un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo, ``De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes'', denominado ``Derecho a un Medio Ambiente Adecuado'', para que el actual Capítulo XI devenga a ser Capítulo XII y los posteriores se recorran sucesivamente, para quedar el Título Segundo en XIV capítulos, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se adicionan un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo, ``De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, denominado Derecho a un medio ambiente adecuado, para que el actual capítulo XI devenga a ser Capítulo XII y los posteriores se recorran sucesivamente para quedar el Titulo Segundo en XIV Capítulos, todos de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo XI Del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado

Artículo 32 Bis

Todos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La familia, la comunidad y las autoridades federales deberán garantizar que el ambiente en que se desarrolle la niña, niño y adolescente sea adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Para tales fines:

A. La familia proporcionará un hogar higiénico y en condiciones habitables y educará a sus hijas e hijos en hábitos que favorezcan la protección del entorno.

B. El Gobierno Federal promoverá la educación ambiental de las niñas, niños y adolescentes y buscará los mecanismos necesarios para la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º.

2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 1, fracción I.

3 ``El legado europeo para la infancia'', en la revista Lancet, Recoletos Grupo de Comunicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado Kahwagi.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Equidad y Género, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El diputado Guillermo Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los diputados Margarita Zavala y Guillermo Tamborrel, en uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a esta soberanía para someter a su consideración la presente iniciativa de ley que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los avances tecnológicos en muchos campos del saber hoy soy verdaderamente sorprendentes, la velocidad con que se generan y duplican los conocimientos que posee el ser humano en prácticamente todos los ámbitos es extraordinariamente veloz, razón por la cual el desarrollo del conocimiento, la innovación y el progreso tecnológico, así como el uso que se puede dar a dichos conocimientos debe ser certeramente responsable, sobre todo cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo.

Es cierto que hoy la investigación científica debe tener un único límite, una frontera y, sin duda alguna, ésta debe ser, tiene que ser, la dignidad del ser humano, ya que finalmente es acertada la premisa que no todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable, como se ha demostrado a lo largo de la humanidad.

En el campo de la medicina y la biología, los avances científicos y tecnológicos inimaginables hasta hace muy poco tiempo han sido particularmente extraordinarios. Hoy los avances científicos en el ámbito de la genética permiten descifrar la filiación o identidad genética de una persona. Hoy es posible detectar enfermedades, inclinaciones o proclividades a padecer determinados males, preclasificar facultades físicas, etcétera.

Por ello, y sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva época, de una época en que la ingeniería genética transformará la vida de la sociedad al modificar las expectativas de vida con calidad, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades especiales, el incremento sustancial en la efectividad de los medicamentos, etcétera.

Descubrimientos y aplicaciones que, si no son manejados y acotados responsablemente, pudiesen permitir a terceros desarrollar conductas discriminatorias y violatorias de los derechos fundamentales de todo ser humano como serían, entre otras muchas: negarle el derecho a la educación, al determinar sus capacidades se pudiera restringir el acceso a oportunidades educativas y de formación; negarle el derecho a un empleo digno, de las capacidades y proclividades de cualquier persona, a ésta se le pudiesen negar oportunidades de empleo y capacitación; negarle la contrata- ción o la adquisición de bienes y servicios como pudiesen ser créditos, seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores o bien el de cobrarle primas más alto a cambio de dichas contrataciones, por mencionar sólo algunas acciones; negarle el derecho a la salud, al conocer la proclividad a padecer un determinado mal, alguien pudiese optar por considerar la no conveniencia de aplicar un tratamiento de salud costoso al asumir la no cura de un determinado mal o enfermedad o el surgimiento de otro mal.

Dado lo anterior y dado que cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente, un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y con una dignidad intrínseca, es menester reconocer y garantizar que su identidad genética sea exclusivamente suya y para ser utilizada únicamente en su beneficio. Por ello todo ser humano tiene derecho a conocer su filiación o identidad genética y a que tal filiación sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad, la intimidad y la no discriminación.

Amén de considerar la obligación que implica la congruencia en el campo de lo jurídico, tenemos que el asunto de la filiación o identidad genética, no es cualquier otro motivo ni cosa de menor trascendencia como el estado civil, las preferencias, las opiniones, el género o la edad y que éste se pueda valorar como asunto de la salud por razones elementales y que saltan a la vista.

El asumir el tema de la no discriminación por caracteres genéticos como tema de la salud, implicaría el considerar a una determinada capacidad o incapacidad o a una propensión o proclividad, como una enfermedad, cuando en la realidad no lo son.

En este sentido es fundamental que atajemos contundentemente el peligro real y presente de caer en el determinismo genético que básicamente consiste en la creencia de que los genes determinan quiénes somos, incluyendo características de nuestro comportamiento o bien, el riesgo también presente de caer en el reduccionismo genético que se basa en el hecho de que entendiendo la composición molecular de un ser humano, podremos saber cuál es su futuro.

Asimismo y como se expresó anteriormente, las repercusiones de los descubrimientos de la ciencia genómica y sus aplicaciones, serán mayores en la medida en que estos últimos se acrecienten.

No hay duda que el impacto de los avances genómicos en la vida de las y los mexicanos, será cada día mayor.

Por lo anterior se hace necesario garantizar plenamente el que las personas no sean discriminadas por sus caracteres o identidad genética, de manera clara y contundente.

Por lo aquí expuesto y por todo aquello que no logré plasmar, pero que estoy cierto que ustedes habrán de aportar en aras de abatir la discriminación por caracteres genéticos, respetuosamente me permito someter a la consideración de esta soberanía popular, la siguiente iniciativa de ley que reforma el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: Artículo 4° Para los efectos de esta ley se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, caracteres genéticos, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, en San Lázaro, octubre de 2004.--- Y firman Margarita Zavala y Guillermo Tamborrel. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través del diputado federal Guillermo Tamborrel Suárez con fundamento en las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 71 fracción II y 55 fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los avances tecnológicos en muchos campos del saber hoy son verdaderamente sorprendentes. La velocidad con que se generan y duplican los conocimientos que posee el ser humano en prácticamente todos los ámbitos es extraordinariamente veloz. Razón por la cual el desarrollo del conocimiento, la innovación y el progreso tecnológico, así como el uso que se puede dar a dichos conocimientos, deben ser certeramente responsables sobretodo cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo.

Es cierto que hoy la investigación científica debe tener un único limite, una frontera y sin duda alguna esta debe ser, tiene que ser, la dignidad del ser humano, ya que finalmente es acertada la premisa de que no todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable como se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad.

En el campo de la medicina y la biología los avances científicos y tecnológicos, inimaginables hasta hace muy poco tiempo, han sido particularmente extraordinarios, sobretodo en el campo de la genética donde el descubrimiento de la estructura molecular, los fenómenos de duplicación y transmisión de caracteres genéticos hoy nos permiten modificar genéticamente las características de los organismos vivos Hoy es posible obtener o generar plantas con resistencia a plagas y otras cualidades que finalmente nos han permitido generar más alimentos y quizá de mayor calidad.

También es cierto que hoy los avances científicos en el ámbito de la genética permiten descifrar la filiación o identidad genética de una persona. Hoy es posible detectar enfermedades, inclinaciones o proclividades a padecer determinados males, preclasificar facultades físicas, etcétera.

Por ello y sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva y promisoria época. De una época en la que la ingeniería genética si bien es cierto que ya revoluciono al mundo al revolucionar a la medicina en si, no hay duda que está transformara la forma de vida de la sociedad al modificar las expectativas de vida con calidad, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades especiales, el incremento sustancial en la efectividad de los medicamentos, etcétera.

Descubrimientos y aplicaciones que si no son manejados y acotados responsablemente pudiesen permitir a terceros a desarrollar conductas discriminatorias y violatorias de los derechos fundamentales de todo ser humano como serian, entre otras muchas;

Negarle el derecho a la educación; Al ``determinar'' sus capacidades se pudiera restringir el acceso a oportunidades educativas y de formación.

Negarle el derecho a un empleo digno; Dadas las capacidades y proclividades de cualquier persona, a esta se le pudiesen negar oportunidades de empleo y capacitación.

Negarle la contratación o la adquisición de bienes y servicios como pudiesen ser créditos, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores o bien el de cobrarle primas mas altas a cambio de dicha contrataciones por mencionar solo algunas acciones discriminatorias.

Negarle el derecho a la salud; al conocer la proclividad a padecer un determinado mal, alguien pudiese optar por considerar la no conveniencia de aplicar un tratamiento de salud costoso al asumir la no cura de un determinado mal o enfermedad o el surgimiento de otro mal.

En el futuro y de acuerdo con los descubrimientos genéticos y sus aplicaciones, que seguramente serán muchísimos y que hoy no alcanzamos a dimensionar, surgirán posibilidades de utilizar dichas aplicaciones en beneficio de la humanidad sin embargo también cabe la posibilidad de que se generen acciones en clara perjuicio de los derechos fundamentales del ser humano.

Dado lo anterior y dado que cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente; un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y con una dignidad intrínseca, es menester reconocer y garantizar que su identidad genética sea exclusivamente suya y para ser utilizada únicamente en su beneficio. Por ello todo ser humano tiene derecho a conocer su filiación o identidad genética y a que tal filiación sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad y la intimidad y la no discriminación.

Por otra parte, es conveniente recordar que la tradición constitucional mexicana desde el siglo XIX siguió la idea de que los derechos del hombre son derechos naturales, anteriores y superiores al Estado, el cual solamente los ``reconoce'' y garantiza, por ello en el artículo 1º original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 encontramos, de manera implícita, el importantísimo principio de igualdad --que algunos autores consideran el fundamente mismo de los derechos humanos-- de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinciones de ninguna clase.

Hoy, el principio de igualdad se concibe como un principio de no discriminación. En este sentido, la igualdad no consiste en que no se puedan hacer distinciones entre las personas, concediéndoles diversos derechos o privilegios, sino en que las distinciones o diferencias de trato no pueden estar motivadas, en lo esencial, por criterios tales como la raza, la religión, el sexo. Por ello y a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 encontramos en el mismo articulo 1º, la prohibición expresa y tajante de la discriminación por razones como las ya mencionadas así como por todos aquellas que atenten contra la dignidad humana y que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ahora bien, como una conclusión de lo arriba expuesto tenemos que nuestro país esta ampliamente comprometido en la lucha contra la discriminación de cualquier tipo y en cualquier momento y circunstancia, primero por vocación propia, y segundo, en el marco de lo establecido en el Articulo 133 Constitucional que indica que los tratados firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República tendrán carácter de Ley Suprema, tenemos que nuestro país ha firmado y ratificado, por el Presidente y el Senado de la República respectivamente, ente otros;

La Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos (Conferencia General UNESCO, Noviembre 11, 1997) y que en sus artículos segundo y sexto a la letra indican:

Artículo 2.

a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas.

b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad.

Artículo 6. Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad.

Declaración que claramente implica el compromiso de establecer con toda exactitud la prohibición de la discriminación por razones de caracteres genéticos.

Amén de considerar la obligación que implica la congruencia en el campo de lo jurídico, tenemos que el asunto de la filiación o identidad genética no es cualquier otro motivo ni cosa de menor trascendencia como el estado civil, las preferencias, las opiniones, el género o la edad, ni que este se pueda valorar como asunto de la salud por razones elementales y que saltan a la vista. El asumir el tema de la no discriminación por caracteres genéticos como tema de la salud implicaría el considerar a una determinada capacidad o incapacidad o a una propensión o proclividad como una enfermedad, cuando en la realidad no lo son. En este sentido es fundamental que atajemos contundentemente el peligro real y presente de caer en el determinismo genético que básicamente consiste en la creencia de que los genes determinan quienes somos, incluyendo características de nuestro comportamiento, o bien el riesgo, también presente, de caer en el reduccionismo genético que se basa en el hecho de que entendiendo la composición molecular de un ser humano podremos saber que serán en el futuro.

Asimismo y como se expreso anteriormente las repercusiones de los descubrimientos de la ciencia genómica y sus aplicaciones, serán mayores en la medida que estos últimos se acrecienten. No hay duda que el impacto de los avances genómicos en la vida de las y los mexicanos será cada día mayor.

Por lo anterior se hace necesario garantizar plenamente el que las personas no sean discriminadas por sus caracteres o identidad genética de manera clara y contundente.

Por lo aquí expuesto y por todo aquello que no logre plasmar pero que estoy cierto que ustedes habrán de aportar en aras de abatir la discriminación por caracteres genéticos, respetuosamente me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente

Iniciativa de ley que reforma el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, caracteres genéticos, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Articulo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias, diputado Tamborrel.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia da la bienvenida a jóvenes de la Universidad Iberoamericana, que están en el área de galeras. Muchas gracias por visitarnos.

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LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 6° Y 7° CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perdón, el diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entregó a esta Presidencia una iniciativa que crea la Ley Reglamentaria de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que crea la Ley Reglamentaria de los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa, presentada por el diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 7 de octubre de 2004

El suscrito, diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley Reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de los periodistas, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamenta el orden jurídico, político y la paz social en los derechos inviolables de la persona. Entre todos ellos, los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de prensa, reconocidos en los artículos 6º y 7º, ocupan un lugar esencial pues, en los términos de la defensa de los derechos fundamentales, sin una comunicación libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra; reducidas las formas de manifestación las instituciones representativas y absolutamente falseado, el principio de legitimidad democrática que nuestro Constituyente del 17 sentó como base de toda nuestra ordenación jurídico-política.

Toda persona es titular del derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones y a la libre comunicación y recepción de información veraz y objetiva. Más allá de la comunicación individual, la comunicación requiere de la mediación de medios informativos e informadores profesionales. Cuando el derecho a informar --que a todos se reconoce-- se ejerce de modo habitual y profesional queda calificado como una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado. Para el cumplimiento de ese deber se requiere un desarrollo de las facultades que aseguren la dignidad e independencia profesional, siempre al servicio del derecho del público.

Sin bien los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución no contemplan como sujetos específicos a las personas que se dedican a la información, independientemente del nombre que adopten (reporteros, columnistas, locutores, comentaristas, editorialistas, conductores, por citar algunos), nosotros como legisladores debemos ocuparnos de elaborar una ley ordinaria que regule los elementos primordiales de la labor de quienes se dedican al periodismo; la cláusula de conciencia y el secreto profesional, son dos derechos fundamentales para su sano ejercicio. Nuestra jurisprudencia ha precisado que los periodistas no tienen en este campo privilegio alguno frente a los derechos del resto de los ciudadanos, pero sí que al ejercicio de su derecho puede serle dado una cierta preferencia, justamente, ``en virtud de la función que cumple, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado''.

La Constitución Mexicana se ha distinguido históricamente por su aportación en el derecho social y en la creación de figuras jurídicas para la defensa de los derechos fundamentales, somos pues, para varios países de América Latina el modelo a seguir, nuestra Constitución en su parte dogmática ha reconocido los derechos a la Libertad de Expresión y de Prensa, es por ello la necesidad de regular los derechos de los informadores dedicados al periodismo y darles una garantía al poder crear una cláusula de conciencia y resguardar el secreto profesional para el ejercicio de su labor.

Sin duda la propuesta de elaborar una ley en esta materia no es nueva lo cual se hace evidente con las distintas iniciativas presentadas y que sirven como antecedentes las siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6° y 7° de la Constitución General, relativos a la reforma de los medios dentro de la Reforma del Estado, presentada por los diputados del PAN.

2. Iniciativa de decreto que crea la Ley de Garantías a las Libertades de Expresión e Información y del Derecho a la Información, reglamentaria de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los Diputados integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

3. Ley Reglamentaria del Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Periodistas, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley de Imprenta, en materia de Derecho a la Información, presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del PRI.

5. Iniciativa de Ley Federal de Derechos Mínimos para el Ejercicio del Periodismo, presentada por el Congreso de Sinaloa.

6. Iniciativa que adiciona un Titulo Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal y reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del PRD.

En consecuencia, los elementos definidores de esta ley tienen un doble punto de partida: en primer lugar, la consideración del profesional de la información como agente social de la información, que ejerce su trabajo bajo el principio ineludible de la responsabilidad; y, en segundo lugar, la concepción de los medios de comunicación como entidades que, más allá de su naturaleza jurídica, participan en el ejercicio de un derecho constitucional, que es condición necesaria para la existencia de un régimen democrático.

Existe, por tanto, base constitucional para la promulgación de una ley reglamentaria de los derechos de la prensa, cuya finalidad sea servir al derecho de la ciudadanía a ser informada, garantizando la independencia de los informadores y sus fuentes de información.

La ley desarrolla el derecho de la libertad de expresión en un conjunto de facultades que permitan a los periodistas reforzar su profesionalidad y consiguientemente, la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es presupuesto de la función social de informar.

En esta línea se sitúa la iniciativa de ley que se presenta a esta Soberanía, crear y regular una cláusula de conciencia, considerándola como una institución jurídica al servicio de la independencia profesional al declarar que ``la información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo''.

En gran medida, la cuestión de la necesidad de una ley reglamentaria de este tipo no debe confundirse o ser concebida como una regulación de exceso, al contrario va encaminada a fijar lineamientos generales, para que sean los informadores y los propios medios de comunicación, los encargados de fijar sus reglas y formas --en un momento dado-- de cómo sancionar un incumplimiento a su ética fijada en su política editorial.

En la presente iniciativa de ley se ha optado por extender esta protección específica a todos los que habitual y profesionalmente ejerzan el periodismo. El reconocimiento de unos derechos específicos de los informadores profesionales en nada interfiere el derecho de cualquier ciudadano a expresarse, opinar o informar. La adopción de esta ley tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos específicos que reconozcan la importante labor de los periodistas o de los que informan.

Su denominación responde básicamente, si bien a un concepto que para algunos podrían considerar no apropiado, como es el de ``prensa'', que tradicionalmente está vinculado precisamente a medios impresos, las innovaciones tecnológicas, nos han llevado desde el descubrimiento de los medios electrónicos (radio y televisión) y estamos a la vista de una digitalización, en donde a través de la propia televisión o una computadora encontramos o tendremos una multitud de datos en forma de textos, gráficos e imágenes. De modo que cuando hoy se habla de la ``prensa'' comprende a todos ellos, sean escritos o no.

Precisamente a través de la prensa los periodistas realizan su tarea y, necesariamente, forman un vínculo indisoluble medio y comunicador, que permite llevar a la sociedad la información que demanda, para estar enterada del acontecer nacional e internacional.

En cuanto a su contenido concreto, la iniciativa de ley no pretende superar el mandato constitucional de libertad de expresión y de prensa, solo pretende regular los derechos a la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Partiendo del convencimiento de que la independencia de los periodistas es la mejor garantía para el derecho del público a ser informado, la iniciativa desarrolla un conjunto de facultades que afirman esa independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de los medios informativos, puesto que no basta con garantizar un pluralismo externo (pluralidad de empresas informativas), sino también un pluralismo interno. Se desarrollan, así, las manifestaciones típicas de la libertad de expresión y opinión de los periodistas y su encaje con la definición editorial de su medio; la cláusula de conciencia, el secreto profesional, cuya falta de regulación constituiría un flagrante incumplimiento de un mandato constitucional; un más fácil acceso a las fuentes de interés general, compatible con los derechos exclusivos de propiedad intelectual y acorde con los nuevos mecanismos de acceso a través de redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos; y, en fin, los derechos de autor, que tanto en su aspecto moral como material suponen una garantía de independencia, especialmente importante en el nuevo entorno multimedia.

Finalmente, y más allá de las responsabilidades de carácter penal o civil en que los informadores pudieran incurrir, se adopta como elemento esencial de esta iniciativa de ley un código deontológico o ético, cuya realización se confía a los propios medios y a sus periodistas.

Un paso necesario para continuar la exposición es partir de un concepto de sigilo profesional que permita estructurar mejor posteriores argumentos, entendiendo como secreto profesional la obligación permanente de silencio que contrae el profesionista, en el transcurso de cualquier relación profesional, respecto a todo lo sabido o intuido sobre una o más personas.

En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Debemos entender que la fuerza normativa de la Constitución dota a este derecho de plena eficacia jurídica desde su promulgación y, en consecuencia, su exigibilidad jurídica vincula a poderes públicos y a particulares. Pero dicho esto, es necesario precisar su contenido, con el objeto de asegurar su correcto ejercicio por parte de los informadores como destinatarios básicos de este derecho específico y, al mismo tiempo, proporcionar a la libertad de expresión un instrumento jurídico imprescindible que garantice su ejercicio efectivo en un estado social y democrático de derecho.

Esta iniciativa de ley sigue la línea trazada por el Constituyente Permanente del 17 de instar a los poderes públicos, y, por tanto, al Congreso a llevar a término acciones positivas en defensa de los derechos fundamentales, asegurando la imprescindible complementariedad de los valores constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, el articulado responde a la necesidad de otorgar a los profesionales de la información un derecho básico en la medida en que ellos son el factor fundamental en la producción de informaciones. Su trabajo está presidido por un indudable componente intelectual, que ni los poderes públicos ni los medios de comunicación pueden olvidar.

Para concluir, vale la pena señalar que la Libertad de Expresión no es una garantía limitativa, dado que solo puede acotarse por otros derechos y valores de igual jerarquía, como el único medio para encontrar el camino que consolide el desarrollo y superación de una sociedad. Por ello, de aprobarse la presente iniciativa, estaríamos formando parte del selecto grupo de países que cuentan con un marco constitucional y legal moderno, y ante todo respetuoso de los derechos de sus gobernados, como la condición indispensable para alcanzar estados de armonía y democracia en el seno de su sociedad.

Con esta iniciativa, tanto los sujetos activos como pasivos en el proceso de la comunicación, contarían con garantías que le aseguren el pleno respeto a sus derechos, por lo que se propone se estaría proporcionando una seguridad jurídica constitucional, el que los sujetos cuenten con medios eficaces de defensa ante cualquier daño que se le pueda inflingir por virtud del exceso que se pudiese presentar en el ejercicio de la labor definitiva, así como el que los profesionales de la labor informativa, cuenten con garantías para que en el desempeño de su labor, no sean perseguidos u hostigados so pretexto de la información de interés público que difundan.

Por eso mismo, me permito presentar la iniciativa de decreto que crea la Ley Reglamentaria de los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa.

Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1.

El objeto de la presente ley es establecer el marco normativo que regula la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, dotándolos de los medios para la protección de la libertad de expresión y de prensa.

Artículo 2.

1. El titular de los derechos y deberes definidos en esta ley es el periodista; se entiende por periodista a toda persona física, profesional o no, que materialmente cumple una función de difundir o dar opinión, entendida como la de buscar, recibir y divulgar información a la sociedad por cualquier medio de comunicación conocido o por conocer, en formato literario, gráfico, electrónico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con uno o varios medios de comunicación, instituciones o asociaciones.

2. Estos derechos y deberes profesionales derivan del derecho a la libertad de expresión y prensa, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.

1. Para garantizar la libertad de expresión y de prensa, esta ley establece:a) El ejercicio de la libertad de expresión no estará sujeto a censura alguna, sino a los deberes y responsabilidades establecidas en esta ley y a los códigos deontológicos de cada medio de comunicación;

b) No se restringirán por ninguna vía encaminada a impedir la comunicación, emisión y difusión de ideas y opiniones;

c) Ninguna persona podrá ser limitada ni molestada en el ejercicio de su libertad de expresión y prensa a causa de sus opiniones;

d) Se deberán evitar las expresiones que inciten o hagan apología de la violencia o discriminación de cualquier tipo;

e) Todo periodista tiene la libertad de información y está comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sea oralmente, por escrito, en forma impresa, mediante alguna manifestación artística o por cualquier otro procedimiento o medio;

f) Es derecho de todo periodista ejercer los medios de defensa que el Estado le otorgue como individuo; y

g) El Estado no podrá exigir garantía o coartar a persona alguna de estas libertades.

2. Queda prohibido decomisar como instrumento del delito, los medios de comunicación destinados a la difusión de la información.

Artículo 4.

1. La condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente grado académico expedido por una institución educativa legalmente constituida, ya sea pública o privada.

2. El tratamiento y uso que se dé a su grado académico serán responsabilidad única del periodista.

Capítulo II Definiciones

Artículo 5.

El medio de comunicación es la vía de difusión impresa o electrónica o cualquier otra conocida o por conocer, a través de la cual se transmite o divulga información.

Artículo 6.

Los periodistas de profesión, son aquellos profesionales cuya ocupación principal y remunerada consiste en la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de informaciones de actualidad, en formato literario, gráfico, electrónico, audiovisual o multimedia, en virtud del encargo regular de uno o varios medios de comunicación.

Artículo 7.

Los periodistas por colaboración son los que obtienen y elaboran información de actualidad por su propia cuenta, ofreciendo el producto resultante para su difusión a uno o varios medios de comunicación, gozarán de los mismos derechos que el resto de los profesionales.

Artículo 8.

Los colaboradores especializados, cuya labor no consista estrictamente en el tratamiento de la información de actualidad, tendrán los mismos derechos y deberes que los periodistas profesionales, en la medida en que les resulten aplicables.

Capítulo III De los Deberes

Artículo 9.

1. Los medios de comunicación deberán crear un código deontológico que regule al interior la actividad del periodista, esto para garantizar el respeto pleno a las garantías de libertad de expresión y de prensa.

2. El código deontológico considerará la aplicación por parte de un comité de ética amonestaciones privadas y las graves que ameriten una sanción pública.

Capítulo IV De los Derechos

Artículo 10.

1. Las libertades consagradas en los artículos 6º y 7º de la Constitución reconocen un conjunto de derechos específicos de los periodistas, dirigidos a garantizar la independencia de estos profesionales al servicio del derecho del público a ser informado. Estos derechos comprenden:a) La libre expresión e información en el marco de la definición editorial de su medio de comunicación;

b) La cláusula de conciencia;

c) El secreto profesional;

d) La libertad de creación y los derechos de autor;

e) El libre y preferente acceso a las fuentes informativas; y

f) La participación en la orientación editorial.

Artículo 11.

1. Los periodistas realizarán con independencia su trabajo de obtener, elaborar y difundir información de actualidad y relevancia pública. Sus trabajos no serán sometidos a censura previa de ninguna autoridad pública.

2. Sus tareas podrán estar marcadas por las directivas del medio de comunicación para el que trabajen, conforme a la definición editorial de éstos. Estas directivas no pueden ordenar faltar a la verdad o conculcar los principios éticos incluidos en sus códigos deontológicos.

3. El periodista respetará en su trabajo la definición editorial de su medio de comunicación, pero podrá manifestarse de forma contraria a la misma en cualquier otro órgano de expresión o información, sin que pueda ser sancionado ni deparársele perjuicio.

Artículo 12.

La cláusula de conciencia es el derecho que tienen los periodistas de poner fin unilateralmente al contrato de trabajo que lo liga al medio de comunicación, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido injustificado, cuando la línea editorial o la orientación ideológica del medio de comunicación haya cambiado sustancial y drásticamente, de forma tal que el periodista se considere afectado negativamente en su orientación ideológica o en su dignidad profesional.

1. En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con el medio de comunicación en que trabajen.

2. La resolución de la relación laboral en los supuestos de cláusula de conciencia será considerada para todos los efectos como despido injustificado.

3. La interposición de la demanda correspondiente ante los órganos jurisdiccionales competentes no deparará al periodista perjuicio alguno, sin que pueda ser trasladado o modificadas sus condiciones laborales en tanto dure el procedimiento. En la demanda el periodista podrá solicitar que de serle favorable, la sentencia firme se difunda con suficiente relieve en los medios de difusión del medio demandado.

Artículo 13.

El secreto profesional de los periodistas consiste en el derecho que tienen estos a guardar discreción sobre la identidad de la fuente de información para asegurar el derecho a la información; su objetivo es dar garantías jurídicas que aseguren el anonimato de la fuente y evitar las posibles represalias que se puedan derivar después de haber revelado una información, poniendo en peligro la vida o la seguridad nacional, este derecho tiene exigibilidad jurídica contra los actos de los poderes públicos, autoridades judiciales y particulares.

1. Los periodistas están obligados a mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado informaciones bajo condición, expresa o tácita, de reserva. Este deber le obliga frente al medio de comunicación y las autoridades públicas, incluidas las judiciales y no podrá ser sancionado por ello ni deparársele ningún tipo de perjuicio.

2. El periodista citado a declarar en un procedimiento judicial podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente.

3. El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista o responsable editorial que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada.

4. El periodista citado a declarar en una causa criminal podrá excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de la fuente reservada.

Artículo 14.

1. Los periodistas tendrán libre acceso a los registros, expedientes administrativos y actuaciones judiciales no declaradas reservadas o confidenciales y en general a cualquier información recogida por las autoridades públicas que pueda contener datos de relevancia pública.

2. Las autoridades administrativas facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la intimidad de los particulares. Las autoridades administrativas podrán negar este acceso cuando las informaciones solicitadas afecten a la seguridad y defensa del Estado o interfieran en alguna actuación jurisdiccional.

3. Se facilitará el acceso a los periodistas debidamente acreditados a todos los edificios e instalaciones públicas. No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por ley por razones de seguridad o defensa del Estado.

Artículo 15.

1. Los periodistas tendrán libre acceso a todos los actos de interés público, se desarrollen en el seno de organismos públicos o privados. Los particulares no podrán prohibir la presencia de un periodista debidamente acreditado en estos actos, incluidos espectáculos y acontecimientos deportivos. El acceso a los actos organizados por organismos públicos será gratuito.

Artículo 16.

1. En los términos de la legislación de la materia, los periodistas son autores de sus textos originales y de las noticias, reportajes y trabajos audiovisuales, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a otros.

2. La cesión de los derechos de explotación en el marco de un contrato de trabajo se entenderá hecha para el medio con el que el periodista contrate, siendo necesarios acuerdos específicos para la explotación de estos derechos en otros medios del mismo grupo o su cesión a terceros. Cualquier acuerdo individual o colectivo que establezca una cesión genérica de los derechos de autor de los periodistas sin precisión de su alcance será tenido por nulo de pleno derecho.

Artículo 17.

1. Los periodistas tienen el derecho a identificar sus trabajos con su nombre o seudónimo. El periodista podrá retirar motivadamente su firma cuando el trabajo sea sustancialmente modificado, tanto en su contenido como en su forma. En los supuestos de trabajos audiovisuales podrá negarse también a leer o a presentarse en imagen. El ejercicio de esta facultad no podrá dar lugar a sanción, perjuicio o relegación profesional.Capítulo IV De los Códigos Deontológicos

Artículo 18.

Los códigos deontológicos deberán ser realizados por cada uno de los medios de comunicación, tomando en cuenta las opiniones de los periodistas, esto para garantizar el respeto pleno a las garantías.

Artículo 19.

Los códigos deontológicos procurarán contener, por lo menos:

1. Las obligaciones de los periodistas para guardar respeto a la verdad y al derecho del público a recibir información veraz y de relevancia pública.

2. La responsabilidad e integridad profesional del periodista ante la sociedad.

3. Obligaciones de respeto a la vida privada, dignidad del hombre y seguridad nacional.

4. Respeto al interés público y la diversidad de culturas evitando la discriminación en nuestro país.

5. Los códigos deberán regular el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, garantizando su exigibilidad jurídica.

6. Crear comités de ética en los medios de comunicación que vigilen y garanticen el respeto a dichos códigos, señalando sus atribuciones y facultades.

7. Establecer las reglas para su aplicación por las violaciones de los códigos deontológicos.

Capítulo V Delitos en materia de Prensa

Artículo 20.

Se impondrá una multa de 5 a 10 años de prisión al que, por cualquier medio obstaculice el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como al que atente por vías físicas, violentas o económicas, en contra de los medios de comunicación, con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la difusión de noticias e informaciones. Dicha pena se impondrá sin perjuicio de las sanciones y penas que por la comisión del ilícito se acumulen por la particularidad del delito.

Artículo 21.

Se impondrá una multa de 5 a 10 años de prisión al que, por cualquier medio obstaculice el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como al que atente por vías físicas, sicológicas, violentas o económicas, en contra de los periodistas en el desempeño de su labor profesional, con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la difusión de noticias e informaciones. Dicha pena se impondrá sin perjuicio de las sanciones y penas que por la comisión del ilícito se acumulen por la particularidad del delito.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los medios de comunicación y los periodistas acordarán los términos y plazos, para el establecimiento de sus códigos deontológicos y el establecimiento de sus comités de ética, para su propia regulación.

Diputados: Javier Orozco Gómez, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Alejandra Méndez Salorio, Leonardo Álvarez Romo, Raúl Piña Horta (rúbricas).»

Por lo tanto, se turna a la Comisión de Gobernación. Insértese el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el señor diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A petición del propio diputado Omar Bazán, se retira del orden del día.

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ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros: Con su permiso, diputado Presidente.

En nuestro país la defensoría de oficio tiene su origen en la Constitución de 1917, haciendo hincapié en que existían anteriores normas al respecto. Lo que nos interesa es determinar el desarrollo en la práctica del defensor de oficio a partir, y como ya lo mencionamos, de la normatividad aplicada en 1917.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece el servicio nacional de la defensa de oficio, que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría General, destinado a promover el derecho a la defensa gratuita para los casos que las leyes procesales lo determinen. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos la defensoría de oficio generalmente es para el inculpado y no para la víctima. Esta situación atenta contra el principio constitucional y del Estado de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso consagrado en nuestra Constitución en su artículo 20, párrafo primero.

Hablar de la justicia para los que menos tienen es hablar de las defensoría de oficio, instituciones de las que se conoce muy poco pero que sin embargo son un instrumento que el Estado utiliza, excepto en los consultorios particulares para coadyuvar en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional. En efecto, el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa se ven duramente afectados por las siguientes barreras: costos de las notificaciones, honorarios del abogado, el tiempo, la diferencia del poder económico de los litigantes, poder adquisitivo de las víctimas del delito, etcétera.

Las víctimas del delito se manifestaron en la megamarcha del pasado 27 de junio, lo cual representó un acontecimiento histórico y simboliza un parteaguas del sistema político de representación democrática hacia nuevas opciones y este sector social expresó claramente la exigencia para que las autoridades demos el reconocimiento legal, la protección jurídica que requieren y que merecen los agraviados por el delito, así como un actuar inmediato y los resultados en la procuración e impartición de justicia.

En suma, hemos realizado los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos de escasos recursos económicos para el ejercicio y defensa de sus derechos, mismos que se muestran insuficientes frente al aumento en la demanda de tutela jurídica de la población, además de concebir graves errores estructurales.

Debemos apuntar a que tanto el que tiene posibilidades económicas de recurrir a un patrocinio particular como el que no tiene, reciban servicios de calidad.

Motivada en los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo de la fracción I del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Unico. Se adiciona la fracción V y se recorre la actual para quedar como fracción VI del artículo 20 constitucional, para quedar como sigue:

Inciso b) de la víctima o del ofendido.

Fracción V. En caso de que las víctimas o el ofendido no cuenten con los recursos económicos para solventar los servicios de un abogado, el juez le designará por derecho un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de presentarse cuando le sea requerido.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de octubre del dos mil cuatro.

Es todo, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estrados Unidos Mexicanos y de más relativos, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de reforma para adicionar la fracción V, y se recorren las actuales del Artículo 20 Constitucional del apartado ``B'' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país la defensoría de oficio tiene su origen en la Constitución de 1917, haciendo hincapié en que existían anteriores normas al respecto, lo que nos interesa es determinar el desarrollo en la práctica del Defensor de Oficio a partir y como ya lo mencionamos de la normatividad aplicada en 1917.

Históricamente se conoce como defensor del pueblo al ombudsman o el comisionado de derechos humanos. El Defensor promueve el respeto de esos derechos y contribuye a dotar a la sociedad de una cultura sobre la vigencia y respeto de los mismos.

La función de promoción descansa en la presentación de propuestas legislativas para la protección progresiva de los derechos humanos el diseño, promoción y ejecución de políticas de difusión, capacitación y formación, dirigidas a la ciudadanía.

En la estructura orgánica del Estado, el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia regulada por la Constitución y demás leyes secundarias y reglamentarias. Es decir, que ante la presencia de un conflicto de intereses con relevancia jurídica, el ciudadano en ejercicio de su derecho a la ``Tutela Jurisdiccional'' recurre al Poder Judicial, con el objetivo que su conflicto sea resuelto eficientemente, haciendo efectivos sus derechos, para lograr la paz social con justicia. En este sentido observamos, que los efectos que despliega el derecho a la ``Tutela Jurisdiccional Efectiva'' en los dos primeros casos no se materializan, siguen siendo puramente declarativos, ya que el acceso a la justicia se ve duramente afectado ante la obligatoriedad en el pago de la fianza asignada por la autoridad correspondiente que no guardan proporción razonable con el ingreso mínimo vital de los mexicanos.

Por otro lado, el derecho de defensa y la obtención de una resolución en un plazo razonable muchas veces se ve afectado ante procesos largos y dispendiosos, originado, entre otros, por la sobre carga procesal y la estructura del proceso, el derecho de defensa, es vulnerado al existir ciudadanos sin las condiciones económicas para el ejercicio de una defensa de calidad, trayendo como consecuencia del atropello de su derecho a la igualdad ante la ley.

El objetivo de los defensores de oficio es el de defender a las víctimas del delito a partir de la vigencia del Estado de Derecho y contribuir a la estabilidad institucional del país, promoviendo el respeto a los derechos fundamentales y de sus garantías individuales a través del cumplimiento correcto de los principios que inspiran la ética y la convivencia social.

Uno de los principales objetivos de la ejecución de las atribuciones de la Defensoría de Oficio son esenciales para controlar los excesos de poder y garantizar que el sistema democrático no sólo sea una proyección constitucional, sino una forma de vida en sociedad con eficacia y realidad concreta, donde los derechos humanos sean efectivamente protegidos y respetados.

La función de defensa de los derechos humanos se materializa a través del procesamiento y resolución de quejas y denuncias presentadas a instancia del interesado o impulsadas de oficio por las Defensorías de Oficio en su rol de Magistratura de la Persuasión, para defender los derechos vulnerados, la institución efectuará la asesoría correspondiente que incluirá las sugerencias, recomendaciones, advertencias, opiniones, dictámenes e informes en los cuales se señala la necesidad de que se modifiquen las conductas consideradas como inconstitucionales, irregulares, discriminatorias y arbitrarias.

El doctor Jesús Gonzáles Pérez en su Análisis y comentarios al Código Procesal Civil, aseverando atinadamente, que el derecho a la ``Tutela Jurisdiccional'' despliega sus efectos en tres momentos distintos y sucesivos: 1) Primero: En el acceso a la justicia (jurisdicción); 2) Segundo: Una vez en ella, que sea posible la defensa y la obtención de una solución (resolución) en un plazo razonable; y 3) Tercero: Una vez dictada la sentencia la plena efectividad de su pronunciamiento. En suma, la ``Tutela Jurisdiccional Efectiva'' se concreta y efectiviza en: acceso a la justicia, el derecho de defensa (con un mínimo de garantías que aseguren un juzgamiento imparcial y justo), y la eficacia de la sentencia.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio; que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Público, dependiente de la Procuraduría General, destinado a proveer el derecho a la defensa gratuita para los casos que las leyes procesales lo determinen.

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos la defensoría de oficio generalmente es para el inculpado y no para la víctima, esta situación atenta contra el principio Constitucional y del Estado de ``no ser privado del derecho de defensa'' en ningún estado del proceso'', consagrado en nuestra Constitución en su artículo 20, párrafo primero. Por tanto, considero urgente la modificación al artículo mencionado para especificar en el inciso B que la victima cuente con un defensor de oficio que garantice la igualdad del procedimiento.

Una de mis grandes preocupaciones y ocupaciones que he expresado en los diferentes espacios en los que he participado han sido y son la igualdad en la impartición de justicia para los que menos tienen, situación que me condujo a presentar la iniciativa para reformar el Artículo 20 Constitucional en su apartado ``B''.

Hablar de la justicia para los que menos tienen es hablar de las Defensorías de Oficio, instituciones de las que se conoce muy poco, pero que sin embargo, son un instrumento que el Estado utiliza, excepto los consultorios particulares, para coadyuvar en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional.

En efecto, el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa se ven duramente afectados por las siguientes barreras: costo de las notificaciones, honorarios del abogado, el tiempo, la diferencia del poder económico de los litigantes, poder adquisitivo de las victimas del delito, etcétera.

En ese sentido, las defensorías de oficio para la víctima del delito son los receptores de los conflictos con relevancia jurídica en los ciudadanos que más lo necesitan, que claman tutela jurisdiccional, y una procuración de justicia equitativa para los ciudadanos.

El alcance es el fortalecimiento del sistema de defensa pública, el cual trabajará prioritariamente para incrementar el acceso a la justicia para todos los mexicanos. El sistema de defensa publica que comprende las defensorías de oficio, garantizará:

1. El cabal cumplimiento a la obligación del Estado en brindar adecuadamente los servicios públicos de asesoría y atención jurídica a las personas en situación de pobreza; y

2. Se reorganizarán las defensorías de oficio.

La defensoría para las víctimas del delito tendrá a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos como ha sido plasmado en la Declaración Universal De los Derechos Humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos que día con día exigen que sea eficaz la Procuración de justicia en nuestro país.

Las víctimas del delito se manifestaron en la Mega marcha del pasado 27 de junio, lo cual representó un acontecimiento histórico y simboliza un parteaguas del sistema político de ``representación democrática'' hacia nuevas opciones y este sector social expreso claramente la exigencia para que las autoridades demos el reconocimiento legal, la protección jurídica que requieren y que merecen los agraviados por el delito, así como representó soluciones y un actuar inmediato en los resultados en la procuración e impartición de justicia.

En suma, hemos revisado de manera breve los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos de escasos recursos económicos para el ejercicio y defensa de sus derechos, somos concientes que estos se muestran insuficientes frente al aumento en la demanda de tutela jurídica de la población, además de concebir graves errores estructurales. Debemos apuntar, a que, tanto el que tiene posibilidades económicas de recurrir a un patrocinio particular como el que no tiene, reciban servicios de calidad.

En el marco del proceso de reforma del sistema de administración de justicia no podemos obviar la defensa judicial de los que menos tienen, la utopía factible de refundar la justicia debe incluir a los relegados, situándolos en igual condición de los que pueden acceder a la justicia y al patrocinio particular de calidad; ante la ley todos tenemos el mismo derecho.

Motivada en los argumentos expuestos someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del apartado ``B'' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción V, y se recorre la actual para quedar como fracción VI, del artículo 20 Constitucional, para quedar como sigue:

B. De la víctima o del ofendido:

I. a III. ...

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.

V. En caso de que la víctima o el ofendido no cuente con los recursos económicos para solventar los servicios de un abogado, el juez le designará, por derecho un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá la obligación de presentarse cuando le sea requerido.

VI. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VII. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Pongo a su consideración la siguiente iniciativa que reforma los artículos 2º en su fracción I y X, sus fracciones VII y VIII y ésta última como una nueva adición, pasando por la actual fracción VIII, a ser la fracción IX y artículos 34 y 6º, y los capítulos I y II de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, propuesta por su servidor, el diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Es así que se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad como su competencia o su nombre o identificación como ente moral, queden clara y expresamente contempladas en las normas que le dan vida y atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados, por lo que tal y como ya lo ha hecho patente y consta en el vigente artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no existe como tal, ya que ahora ha tomado su lugar la Secretaría de Economía, debiéndose adecuar las leyes para que en la referencia a la autoridad competente quede plenamente identificada la que actualmente existe, por lo que acorde con la garantía de seguridad jurídica se consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace necesario reformar el artículo 2º en su fracción I a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con la finalidad de que la competencia conferida por la ley pueda ser ejercitada correctamente por la actual Secretaría de Economía, con la finalidad de dar mayor claridad, norma y seguridad jurídica al gobernado.

Dado que uno de los aspectos más importantes y de interés público general, es la implementación de interés de cultura cívica que nos permita abonar al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, como nación es imperativo buscar por todos los mecanismos posibles, la promoción y difusión, tanto de los valores cívicos-sociales como de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos frente a nuestro gobierno y frente a nosotros mismos, por lo que esa es la intención de reformar el artículo 10 de sus fracciones VII, VIII y IX de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; con respecto a la fracción VII, la modificación es única y exclusivamente para efectos de redacción, sustituyendo la coma y la ``y'' griega por el punto y coma.

Con respecto a la fracción VII se modifica totalmente con la implementación de un nuevo objeto o fin de las cámaras y sus confederaciones, tal y como lo es la de promover, orientar, impartir, capacitar sobre la realización de toda clase de trámites administrativos obligatorios, ante toda clase de autoridades administrativas con la que se pueda tener injerencia, por la virtud de las actividades empresariales y comerciales que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación, que regula sus actividades como sector productivo, dando paso así a nueva adición al recorrerse la actual fracción VII para pasar a la IX.

Nuevamente me permito reiterar la importancia que tiene el respeto irrestricto de las garantías constitucionales en la actuación de los órganos de gobierno y por el bien y la perseverancia del estado de derecho, que nos garantiza una vida armoniosa y con un desarrollo continuo y sustentable.

Por ello, y tal como lo marca la técnica legislativa en toda norma legislada, debe implementarse una consecución de temas en títulos y capítulos de manera lógica, armoniosa y sistemática, con la finalidad de que éstas sean operativas y asimilables de manera general.

Por lo que, si bien, en un normativo resulta imperativo implementar un capítulo de sanciones, con la finalidad de darle mayor coercitividad a la ley para su mayor y eficaz respeto y observancia, por el contrario parte para un verdadero equilibrio en la aplicación de la ley, entre gobierno y gobernados, tal y como es el espíritu y la intencionalidad del Constituyente plasmado en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe implementarse a su vez los correspondientes medios de defensa, por lo que para mayor abundamiento y soporte de la presente idea, se citan a continuación y de manera textual las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tal razón, es imperante que la ley en comento contemple de manera clara la garantía de audiencia y por defensa, por lo que se propone la adición al artículo 33 Bis, en el sentido de que la Secretaría previo cumplimiento de la garantía de audiencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pueda aplicar las sanciones previstas en el artículo 1º y del Título Sexto, lo cual también se propone el que se implemente precisamente el Capítulo I de las Sanciones, con la finalidad de dar paso al artículo 2º del recurso de revisión en su artículo 42 que establece que las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Asimismo se establece la modificación del artículo 34 en su segundo párrafo, con la finalidad de adecuar la redacción, sustituyéndose la palabra siguiente por el número 35 con la intención de que se adicione el artículo 34 Bis en el cual se plantea a la Secretaría: ``sancionará con amonestación a las empresas que incurran en la conducta siguiente''.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2º en su fracción I y X, en sus fracciones VII y VIII, y ésta última como una nueva adición pasando la actual fracción VIII a ser fracción IX, así como el artículo 34 y el artículo 6º, y se adicionan los artículos 33 Bis, 34 Bis y 42, así como los artículos 1º y 2º del Título Sexto de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar de la siguiente forma:

Artículo único. Se reforman los artículos 2º, en su fracción I y X, en su fracción VII y VIII, y ésta última como una nueva adición, pasando la actual fracción, en el 8º, a ser la fracción IX, así como los artículos 34 el Título Sexto y se adicionan los artículos 33, 34 Bis y 42 así como los capítulos I y II del Título Segundo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

En el artículo 2º para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría de Economía, las cámaras tendrán por objeto prestar los servicios que determinen sus estatutos, así como los servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el comercio y la industria que les sean autorizados o concesionados por las dependencias de administración pública.

Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de la naturaleza de sus estatutos y que la señalen otros ordenamientos legales.

La Secretaría previo cumplimiento de la garantía de audiencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, podrá aplicar las sanciones previstas en el presente artículo.

Las personas afectadas por las resoluciones dictadas en la Secretaría con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

El de la voz: diputado Gonzalo Moreno, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma los artículos 2º en su fracción I, 10 en sus fracciones VII y VIII, esta ultima como una nueva adición, pasando la actual fracción VIII a ser la fracción IX, así como el artículo 34, y el Título Sexto, y se adicionan los artículos 33 bis, 34 bis y 42 así como los capítulos I y II del Título Sexto de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- En iniciativas que he presentado anteriormente he insistido en que una de las garantías constitucionales de gran importancia que debe prevalecer en todo momento en la relación de gobierno y gobernados es la de Seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, en donde se consagran aspectos primordiales en todo tipo de procedimiento de la Administración Pública como gobierno ante sus gobernados, para garantizar de esta forma la subsistencia de Estado de derecho.

Es así que se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad , como su competencia y su nombre o identificación como ente moral queden clara y expresamente contemplados en las normas que les dan vida y atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados, por lo que, tal y como ya lo he hecho patente y consta en el vigente Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no existe como tal, ya que ahora ha tomado su lugar la Secretaria de Economía, debiéndose adecuar las leyes para que en la referencia a la autoridad competente quede plenamente identificada la que actualmente existe. Por lo que acorde con la garantía de seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace necesario reformar el artículo 2 en su fracción I a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con la finalidad de que la competencia conferida por la Ley pueda ser ejercitada correctamente por la actual Secretaría de Economía, con la finalidad de dar mayor claridad a la norma y seguridad jurídica al gobernado.

Segundo.- Dado que uno de los aspectos mas importantes y de interés publico general es la implementación de una cultura cívica que nos permita abonar al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad como nación es imperativo buscar por todos los mecanismos posibles la promoción y difusión tanto de valores cívico sociales, como de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos frente a nuestro gobierno y frente a nosotros mismos, por lo que esa es la intención de reformar el artículo 10 en sus fracciones VII, VIII y IX, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; con respecto a la fracción VII la modificación es única y exclusivamente para efectos de redacción, sustituyendo la ( , ) y la ( y ) por el punto y coma ( ; ); con respecto a la fracción VIII se modifica totalmente con la implementación de un nuevo objeto o fin de las Cámaras y sus Confederaciones tal como lo es el ``promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase de tramites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administrativas con las que se pueda tener ingerencia por virtud de la actividad empresarial y comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus actividades como sector productivo'', dando paso así a una nueva adición al recorrerse la actual fracción VIII para pasar a ser la IX

Tercero.- Nuevamente me permito reiterar la importancia que tiene el respeto irrestricto de las garantías constitucionales en la actuación de los Órganos de Gobierno por el bien y la perseverancia del estado de derecho que nos garantiza una vida armoniosa y con un desarrollo continuo y sustentable, por ello y tal como la marca la técnica legislativa en toda norma legislada debe implementarse una consecución de temas en títulos y capítulos de manera lógica, armoniosa y sistemática, con la finalidad de que estas sean operativas y asimilables de manera general, por lo que si bien en un normativo resulta imperativo implementar un capítulo de sanciones con la finalidad de darle mayor cohercitividad a la ley para su mayor y eficaz respeto y observancia; por el contrario parte para un verdadero equilibrio en la aplicación de la ley entre gobierno y gobernados, tal como es el espíritu y la intencionalidad del constituyente plasmado en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, debe implementarse a su vez los correspondientes medios de defensa, por lo que para mayor abundamiento y soporte de la presente idea se citan a continuación y de manera textual las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Octava Época

Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-II, febrero de 1995

Tesis: I.4o.A.828 A

Página: 412

Multas. Garantía de audiencia. En el caso de imposición de multas por parte de la autoridad administrativa, basta con que el particular tenga la posibilidad de controvertir dicha sanción a través de los medios de defensa conducentes para tener por satisfecha la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional, y no es necesario por tanto, que dicha garantía se le dé al particular previa a la imposición de la multa.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 2044/94. Teléfonos de México, SA de CV, 11 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.

Octava Época

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, junio de 1994

Página: 529

Audiencia garantía. Debe respetarse aunque la ley en que se funde la resolución, no prevea el procedimiento para tal efecto. Aunque del texto del artículo 14 constitucional pudiera inferirse que siempre que la autoridad se apega al contenido de la ley aplicable, la garantía de audiencia no puede conculcarse; lo cierto es que tal derecho subjetivo público consiste en la oportunidad que debe concederse al particular para que intervenga y pueda así defenderse, rindiendo pruebas y vertiendo alegatos que sustenten tal defensa. Por lo tanto, aunque la ley que funde al acto no establezca la obligación de oír al afectado, antes de privarlo de sus derechos, la autoridad debe respetar la aludida garantía y oírlo en defensa, porque en ausencia del contenido de tal obligación para la responsable dentro de la Ley está el imperativo del artículo 14 constitucional.

Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

Amparo en revisión 308/93. Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora y otras autoridades responsables. 26 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García.

Amparo en revisión 127/93. Felipe Augusto López Flores. 2 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.

Véanse: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-Abril, pág. 511; Séptima Época, Volúmenes 205-216, Séptima Parte, pág. 293 y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 66, pág. 112.

Octava Época

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, marzo de 1994

Página: 315

Artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, en acatamiento de la garantía de audiencia y del artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, se debe requerir al promovente del recurso de revocación para que subsane las omisiones en que incurrió al presentar su recurso y así cumpla con los requisitos previstos en él. Aun cuando el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación no establezca que la autoridad administrativa, previamente a no tener por presentado el recurso de revocación, debe prevenir al contribuyente para que subsane la omisión de acompañar a su escrito, el documento idóneo que acredite la personalidad con que se ostenta, en acatamiento de la garantía de audiencia y del principio de aclaración de la instancia previsto en el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia fiscal, es menester requerir al particular para que complete su promoción. Lo anterior obedece a que, la presentación del recurso de revocación es un acto que genera derechos a favor del recurrente, como por ejemplo: interrumpir la prescripción, señalar el principio de la instancia, entre otros. Por lo tanto, la privación de tales derechos únicamente puede efectuarse con el debido acatamiento del artículo 14 constitucional, que condiciona todo acto privativo de derechos a que se emita previa audiencia del gobernado. En efecto, la garantía de audiencia, en lo que atañe a la materia administrativa, consiste fundamentalmente en que las autoridades previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, respetando los procedimientos que lo condicionan, tienen la obligación de dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca ese beneficio. Ahora bien, el artículo 123, fracción I del código tributario, establece que los recurrentes deben acompañar a su recurso los documentos que acrediten legalmente su personalidad, exhibiendo la documentación respectiva cuando el medio de defensa no se interponga a nombre propio. Al mismo tiempo, dicha norma jurídica indica en su último párrafo que el recurso se tendrá por no interpuesto cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad jurídica del promovente. Por otra parte, el artículo 5o. del Código Fiscal, dispone que a falta de precepto legal expreso, resultan aplicables las normas de derecho federal común, siempre y cuando no se contrapongan a las previstas en este ordenamiento. Y el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que cuando la demanda sea irregular, debe prevenirse por una sola vez al actor para que la aclare, corrija o complete. Ahora, si bien el artículo 123 del código tributario, no prevé ningún requerimiento para el gobernado, tampoco consigna ninguna prohibición para que dicha prevención se realice, por lo que puede operar la aplicación supletoria del precepto del Código Federal de Procedimientos Civiles, antes citado, para integrar una omisión de la ley. En esta tesitura, independientemente de que el artículo supracitado del Código Fiscal, no disponga que la autoridad fiscal debe hacer del conocimiento del recurrente en forma concreta los defectos o las irregularidades de que adolezca su promoción, y otorgarle para tal efecto la oportunidad al particular para que aclare, corrija o complete su recurso, lo anterior debe realizarse en debida observancia a la garantía de audiencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles; esto es, toda autoridad, antes de privar a algún sujeto de los bienes jurídicos protegidos por la consabida garantía, debe escucharla en su defensa y recibirle las pruebas que rinda para apoyarla, facilitándole todos los medios que le permitan elaborar acertadamente la acción intentada.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 2133/93. Distribuidores Industriales, S.A. 29 de octubre de 1993. Mayoría de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Por tal razón es imperante que la Ley en comento contemple de manera clara la garantía de audiencia y defensa por lo que se propone la adición del artículo 33 bis el sentido de que la Secretaría previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pueda aplicar las sanciones previstas en el capítulo I del Título Sexto, lo cual, también se propone el que se implemente precisamente el Capítulo I de las Sanciones, con la finalidad de dar paso al Capítulo II ``Del Recurso de Revisión, y su artículo 42 que establece, que Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Asimismo se establece la modificación al artículo 34 en su segundo párrafo con la finalidad de adecuar la redacción sustituyéndose la palabra (siguiente) por el número (35) con la intención de que se adicione el artículo 34 bis en el cual se plantea que: ``La Secretaría sancionará con amonestación a las empresas que incurran en la conducta siguiente:

I. No cumplir con la obligación señalada en el artículo 28 de la presente Ley.

En caso de la primera reincidencia, se aplicará la multa a que se refiere el artículo 39. En reincidencias posteriores podrá imponerse multa de hasta por el doble de la sanción anterior.'' Lo anterior tiene la intención de clarificar que es una obligación sancionable el requisito de cumplir con las disposiciones del SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) y cual es la sanción exactamente aplicable a este caso, procurando con ello mayor caridad y evitar que algunas personas que colaboran para las Cámaras o Confederaciones caigan en la tentación de sorprender al sector empresarial con el argumento de que el requisito principal es la afiliación a las cámaras y lo secundario es el registro al SIEM, lo anterior dado a que se tiene conocimiento de que así operan algunas cámaras con la intención de acrecentar su porcentaje de afiliados y de capital.

Cuarto.- En complemento a todo lo anterior es que se propone la adición del artículo 42 dentro del también nuevo capítulo II ``Del Recurso de Revisión'' del actual Título Sexto mismo que también se modifica para denominarse ``Sanciones y Recursos'', en concreto el nuevo artículo 42 establece que ``Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.'' Lo anterior con la finalidad de que quede plasmado de forma clara cual es el recurso aplicable que puede interponer el gobernado en su defensa y cual cuerpo normativo debe aplicarse en ese procedimiento al no estar previsto otro en la ley que prevé las sanciones, lo cual orienta e informa de manera adecuada para la eficaz defensa de los derechos ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2º en su fracción I, 10 en sus fracciones VII y VIII, esta ultima como una nueva adición, pasando la actual fracción VIII a ser la fracción IX, así como el artículo 34, y el Título Sexto, y se adicionan los artículos 33 bis, 34 bis y 42 así como los capítulos I y II del Título Sexto de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones , para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único: Se reforman los artículos 2º en su fracción I, 10 en sus fracciones VII y VIII, esta ultima como una nueva adición, pasando la actual fracción VIII a ser la fracción IX, así como el artículo 34, y el Título Sexto, y se adicionan los artículos 33 bis, 34 bis y 42 así como los capítulos I y II del Título Sexto de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones:

Artículo 2

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Secretaría: la Secretaría de Economía;

II. ...;

III. ...;

IV. ...;

V. ..., y

VI. ...

Artículo 10

Las cámaras tendrán por objeto:

I. ...;

II. ...;

III. ...;

IV. ...;

V. ...;

VI. ...;

VII. Prestar los servicios que determinen sus estatutos, así como los servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el comercio y la industria, que les sean autorizados o concesionados por las dependencias de la administración pública;

VIII. Promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase de tramites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administrativas con las que se pueda tener ingerencia por virtud de la actividad empresarial y comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus actividades como sector productivo, y

IX. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Título Sexto Sanciones y Recursos

Capítulo I De las Sanciones

Artículo 33 bis

La Secretaría previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo.

Artículo 34

La Secretaría sancionará con amonestación a las cámaras o confederaciones que incurran en las conductas siguientes:

I. ... II. ...

En caso de la primera reincidencia, se aplicará la multa a que se refiere el artículo 35. En reincidencias posteriores podrá imponerse multa de hasta por el doble de la sanción anterior.

Artículo 34 bis

La Secretaría sancionará con amonestación a las empresas que incurran en la conducta siguiente:

I. No cumplir con la obligación señalada en el artículo 28 de la presente Ley.

En caso de la primera reincidencia, se aplicará la multa a que se refiere el artículo 39. En reincidencias posteriores podrá imponerse multa de hasta por el doble de la sanción anterior.

Artículo 35

...

Artículo 36

...

Artículo 37

...

Artículo 38

...

Capítulo II Del Recurso de Revisión

Artículo 42.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre del 2004.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Economía.

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ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para presentar iniciativa que reforma el párrafo segundo de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rogelio Alejandro Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González. Tiene la palabra el señor diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso, diputado Presidente:

Los suscritos, diputados federales Rogelio Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro Estado mexicano se rige por un sistema de derecho constituido por normas jurídicas que tienen una significación lógica y que han sido creadas de acuerdo con ciertos procedimientos, instituidos por una comunidad jurídica que se encarga de regular la conducta humana en un tiempo y en un lugar determinado, prescribiendo a los individuos deberes y facultades y estableciendo sanciones coactivas en el caso que dichos deberes no sean cumplidos.

Por voluntad del Congreso Constituyente de 1917, todas las normas entendidas como tales, esto es leyes, decretos, acuerdos y reglamentos, deben ceñirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual constituye la esencia de la Ley Suprema de la Unión, tal y como lo establece en su artículo 133 constitucional. Esta facultad consagrada en el artículo 105 de nuestra Carta Magna suscribe un efecto dual en cuanto a las controversias declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que considera efectos generales y particulares dependiendo el caso específico que dio origen a la controversia.

En cuanto a la tutela jurídica, en lo específico de las controversias constitucionales, del análisis y de su evolución legislativa, se infiere que es un mecanismo procesal de rango constitucional que tiene como finalidad el someter a su revisión los actos o disposiciones generales que son considerados contrarios a nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, la fracción I del artículo 105 constitucional tiene como fin proteger el ámbito de atribuciones constitucionales de los entes que se mencionan en dicho artículo, como son de manera genérica: la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

El consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribuna de la constitucionalidad exige otorgarle mayores alcances a sus decisiones y resoluciones; exige emplear su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno, para fungir como garante del federalismo.

Si nos apegamos estrictamente al principio de supremacía constitucional, no existe razón para que los yerros legislativos de las legislaturas locales permanezcan indefinidamente dentro del derecho positivo. No existe razón alguna para que determinadas normas que han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permanezcan en nuestras leyes, decretos, acuerdos y reglamentos.

Por ello, la presente iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los diputados suscritos sometemos hoy al análisis y escrutinio de esta honorable Asamblea, tiene por objeto el otorgar efectos generales a las resoluciones que la Suprema de Corte de Justicia declara inconstitucionales siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de un estado impugnado por uno o más de sus municipios.

Cabe destacar que el Constituyente de 1917, buscó en todo momento que los municipios fueran la primera célula de organización democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad.

Así, nuestra Constitución Política en su artículo 115 consagra la libertad municipal y la autonomía del ayuntamiento.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que cada municipio debe ser administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, el cual tiene la prerrogativa de administrar libremente su hacienda.

En consecuencia, nuestra Carta Magna establece la prohibición expresa y determinante de la existencia de una autoridad inmediata entre el municipio y los gobiernos de los estados para resolver cualquier tipo de problemas o situaciones a través de diversas figuras o entidades que constituyen factores reales de poder político con facultades administrativas y de gobierno.

Por ello, el objetivo de esta propuesta de reforma, es el de proteger al municipio de acciones de inconstitucionalidad en su contra, al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas de una de las entidades federativas impugnadas por uno o más de sus municipios integrantes.

Una de las demandas de nuestros días es la de arribar a un renovado federalismo. Por ello, es indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias en su pleno ejercicio que se puedan suscitar.

Al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias que versen a favor de uno o más municipios en contra de la inconstitucionalidad de las normas emitidas por los gobiernos estatales, se podrán modificar o en su caso derogar todas aquellas normas impugnadas que de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia por una mayoría de por lo menos ocho votos, atenten al principio de supremacía constitucional.

El modificar o derogar las normas inconstitucionales que atentan contra el municipio libre, a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo posibilita el fortalecimiento del poder judicial en su conjunto, sino que también permite eliminar la desigualdad que provoca el principio de relatividad y contrarrestar las arbitrariedades que desafortunadamente persisten en algunos gobiernos estatales o la norma declarada inconstitucional, ya no afectaría la generalidad de los municipios del estado, en donde fue suscitada tal controversia.

Uno de los ejemplos más claros de los alcances que tiene la presente propuesta de reforma, lo podemos encontrar en el estado de Puebla. El 27 de enero de 1998, el Congreso local aprobó la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, dicha ley, contempla la creación de los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), a los que dicha ley les otorga el carácter de autoridades intermedias, prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, socava la libertad de autonomía de la que necesariamente deben gozar los municipios al introducir la figura jurídica de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.

En estricto sentido, los Coplademun son grupos de ciudadanos organizados que no fueron elegidos democráticamente y que tienen la facultad de decidir el destino y la aplicación de los recursos públicos para la construcción de obras que les corresponden en estricto sentido a los ayuntamientos municipales.

Los llamados Coplademun son autoridades intermedias que condicionan la actuación de los municipios en cuanto a libre manejo de su patrimonio y la genuina administración de su hacienda.

Por esa razón, en su momento se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se suscitó un conflicto entre un estado y diversos municipios, concretamente entre el estado de Puebla y los municipios de Acajete, Atlixco, Puebla, Chapulco, Nopalucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tehuacán, Santiago Miahuatlán y San Pedro Cholula, todos ellos pertenecientes al estado de Puebla.

La resolución dictada por el pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 10 de febrero del año 2000, que consta en la controversia constitucional número 4/98 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federación, declara la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario de Puebla y de los actos de aplicación de dichas disposiciones. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno por unanimidad de 9 votos de los señores ministros.

No obstante, los beneficios otorgados por dicha resolución recayeron sólo en los 12 municipios que interpusieron la controversia constitucional; los demás, 205 municipios en el estado de Puebla, actualmente tienen la obligación de acatar dicha ley declarada inconstitucional.

Compañeras y compañeros legisladores: en virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnados por la Federación, de los municipios impugnados por los estados, de un estado impugnado por uno o más de sus municipios o de los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos''.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rogelio Alejandro Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un sistema de derecho es un conjunto ordenado de principios y reglas, que ordenadamente relacionadas entre sí, regulan tanto la conducta de los individuos en sus manifestaciones externas, como en sus relaciones intersubjetivas.

El Estado mexicano se rige por un sistema de derecho constituido por normas jurídicas que tienen una significación lógica y que han sido creadas de acuerdo con ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica que se encarga de regular la conducta humana en un tiempo y en un lugar determinado, prescribiendo a los individuos deberes y facultades, y estableciendo sanciones coactivas en el caso que dichos deberes no sean cumplidos.

Por voluntad del Congreso Constituyente de 1917, todas las normas entendidas como tales, esto es, leyes, decretos, tratados, acuerdos y reglamentos, deben ceñirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual constituye la esencia de la Ley Suprema de la Unión, tal y como lo establece en su artículo 133.

La Constitución representa en su conjunto el Derecho Positivo que rige a nuestra sociedad, y es positivo porque es cierto, efectivo y verdadero.

En los supuestos de duda sobre su interpretación, la propia Constitución le otorga facultades al Poder Judicial de la Federación para interpretarla, pudiéndose estar en el caso de declarar inconstitucionales determinadas normas que se aparten de la propia Constitución.

Esta facultad consagrada en el artículo 105 de nuestra Carta Magna, suscribe un efecto dual en cuanto a las controversias declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que considera efectos generales y particulares dependiendo el caso específico que dio origen a la controversia.

En cuanto a la tutela jurídica, en lo específico, de las controversias constitucionales, del análisis de su evolución legislativa se infiere que es un mecanismo procesal de rango constitucional, que tiene como finalidad el someter a su revisión los actos o disposiciones generales que son considerados contrarios a la Carta Fundamental. En este orden de ideas, la fracción I del artículo 105 constitucional tiene como fin proteger el ámbito de atribuciones constitucionales de los entes que se mencionan en dicho artículo, como son, de manera genérica, la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Consolidar la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgarle mayores alcances a sus decisiones y resoluciones; exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno para fungir como garante del federalismo.

Si nos apegamos estrictamente al principio de supremacía constitucional, no existe ninguna razón lógica para que los yerros legislativos de las Legislaturas Locales permanezcan indefinidamente dentro del derecho positivo. No existe razón alguna para que determinadas normas que han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permanezcan en nuestras leyes, decretos, tratados, acuerdos y reglamentos.

Por ello, la presente iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que los diputados suscritos sometemos hoy al análisis y escrutinio de esta honorable asamblea, tiene por objetivo el otorgar efectos generales a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucionales siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de un Estado impugnado por uno o más de sus municipios.

Cabe destacar que el Constituyente del 17 buscó en todo momento que los municipios fueran la primera célula de organización democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad.

Así, nuestra Constitución Política en su artículo 115, consagra la libertad municipal y la autonomía del ayuntamiento.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que cada Municipio debe ser administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual tiene la prerrogativa de administrar libremente su hacienda. En consecuencia, nuestra Carta Magna establece la prohibición expresa y terminante de la existencia de una autoridad inmediata entre los Municipios y los Gobiernos de los Estados para resolver cualquier tipo de problemas o situaciones a través de diversas figuras o entidades que constituyan factores reales de poder político con facultades administrativas y de gobierno.

Por ello, el objetivo de esta propuesta de reforma, es el de proteger al municipio de acciones de inconstitucionalidad en su contra, al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas de una de las Entidades Federativas impugnadas por uno o más de sus municipios integrantes.

Una de las demandas de nuestros días es la de arribar a un renovado federalismo. Por ello, es indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar.

Al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias que versen a favor de uno o más municipios en contra de la inconstitucionalidad de las normas emitidas por los gobiernos estatales, se podrán modificar, o en su caso, derogar todas las normas impugnadas que de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia por una mayoría de por lo menos ocho votos, atenten al principio de supremacía constitucional.

Modificar o derogar las normas inconstitucionales que atentan contra el Municipio Libre a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo posibilita el fortalecimiento del poder judicial en su conjunto, sino que también permite eliminar la desigualdad que provoca el principio de relatividad, y contrarrestar las arbitrariedades que desafortunadamente persisten en algunos gobiernos estatales, pues la norma declarada inconstitucional ya no afectaría a la generalidad de los municipios del estado en donde fue suscitada tal controversia.

Uno de los ejemplos más claros de los alcances que tiene la presente propuesta de reforma, lo podemos encontrar en el Estado de Puebla: El 27 de enero de 1998, la mayoría priista del Congreso local, por iniciativa del entonces gobernador del estado, Manuel Bartlett Díaz, aprobó la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

Dicha ley, conocida como la Ley Bartlett, contempla la creación de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), a los que la Ley Bartlett les otorga el carácter de autoridades intermedias prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, concebida por el entonces gobernador Manuel Bartlett, socava la libertad y autonomía de las que necesariamente deben gozar los municipios al introducir la figura jurídica de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.

En estricto sentido, los Coplademun son grupos de ciudadanos organizados, que no fueron elegidos democráticamente y que tiene la facultad de decidir el destino y la aplicación de los recursos públicos para la construcción de obras que le corresponden en estricto sentido al ayuntamiento municipal.

Los llamados Coplademun son autoridades intermedias que condicionan la actuación de los municipios en cuanto al libre manejo de su patrimonio y la genuina administración de su hacienda.

Esto es así, toda vez que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla les otorga facultades para planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones por realizar, para atender las demandas de la población, así como para aprobar los programas de obras de acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Sin embargo, tales facultades no son de mera coordinación y de apoyo a la Administración Pública Municipal, sino poderes unilaterales de decisión y de ejecución, que las coloca por encima de los gobiernos municipales con supremacía y supraordenación frente a las actividades y atribuciones que la Constitución y la ley les confieren a los municipios en detrimento y en perjuicio de su libertad y autonomía.

Al respecto, la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla establece claramente que no puede haber autoridad intermedia alguna entre el ayuntamiento y el gobierno del estado; que los municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley, administrando libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor.

Por esta razón, en su momento se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se suscitó un conflicto entre un estado y diversos municipios; concretamente entre el estado de Puebla y los municipios de Acajete, Atlixco, Puebla, Chapulco, Nopalucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atxompa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tehuacan, Santiago Miahuatlán y San Pedro Cholula, todos ellos pertenecientes al estado de Puebla.

La resolución dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha diez de febrero del año 2000, que consta en la Controversia Constitucional número 4/98, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federación, declara la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 44,57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y de los actos de aplicación de dichas disposiciones.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros, no obstante, los beneficios otorgados por dicha resolución, recayeron sólo en los doce municipios que interpusieron la controversia Constitucional, los demás 205 municipios en el Estado de Puebla, actualmente tienen la obligación de acatar dicha Ley declarada inconstitucional.

Compañeras y compañeros legisladores:

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. ...

I. ... a) a k) ...

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los estados, de un estado impugnada por uno o más de sus municipios, o de los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

...

II. ...

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Rogelio Alejandro Flores Mejía, Felipe de Jesús Díaz González (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULO 108 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer responsabilidades a todos los servidores públicos.

El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia, señor Presidente.

El suscrito, diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta en la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país en la actualidad, es sin duda alguna garantizar el desempeño transparente, honesto y ético de todos y cada uno de los servidores públicos, sin excepción alguna, respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar en la ciudadanía la percepción negativa y adversa del funcionamiento de nuestras instituciones públicas.

Percepción que en gran parte ha sido propiciada por la indebida actuación de algunos servidores públicos, que valiéndose de las atribuciones inherentes a la función que desempeñan, han antepuesto intereses personales al interés público, social y nacional, al que están obligados a proteger y mejorar dentro de la esfera de sus facultades que integran la competencia constitucional o legal del órgano estatal al que representan.

Esta situación a todas luces se torna reprobable, toda vez que se considera que la función pública no debe en ningún momento ser usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todos los gobernados, por lo que en este sentido, cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses facciosos en detrimento del bien común de la sociedad, debe ser sancionado de manera eficaz por el marco normativo existente para tal efecto.

En virtud del establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, constituye una aspiración fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero estado de derecho, toda vez que se considera que para propiciar un desempeño correcto y transparente de los servidores y evitar cualquier abuso en ejercicio de su función pública, es necesario que nuestro sistema jurídico mexicano no sólo provea a los gobernados de medios jurídicos adecuados para impugnar la actuación arbitraria e ilegal de las autoridades, sino que además cuente con disposiciones legales específicas, claras y eficaces, encargadas de determinar los sujetos obligados a observar este tipo de normas y sancionar su indebida actuación en caso de ser necesario.

Lo anterior es así, debido a que en todo estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan y de inherente obligación de responder en caso de su incumplimiento, constituye un pilar fundamental en el que descansa la buena marcha y funcionamiento de nuestras instituciones públicas.

Por lo tanto, se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo, concretamente desde nuestra Ley Fundamental, exista una verdadera delimitación jurídica del ámbito personal, la aplicación de la norma en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de las funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del gobierno sujetos al régimen de responsabilidades, previstas por el Título Cuarto de la Constitución, los cuales deberán basar su actuación con apego a la Constitución y a las leyes que derivan de ella.

Cabe puntualizar que le corresponde al Poder Legislativo propugnar por la existencia de un marco jurídico acorde a la realidad actual por la que atraviesa el ejercicio de la gestión pública en donde se desenvuelva todo servidor público que reconozca sus derechos, pero que también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocadas a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal, la imposición de sanciones a que se haga acreedor el servidor público que traicione los principios de legalidad, lealtad, honradez e imparcialidad de la función pública e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad, fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes.

Sin duda alguna, la delimitación del concepto del Título Cuarto de nuestra Carta Magna respecto a su ámbito personal de validez, es el resultado de la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñen un empleo, cargo o comisión para el Estado, para efecto de que con base en el marco jurídico se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que por disposición legal se está obligado a cumplir.

Ante dicha situación, es necesario señalar que tanto la propia Constitución como los ordenamientos legales derivados de ella referente a las responsabilidades de los servidores públicos, no definen el término de ``servidor público'' como tal, pues lo único que hace es señalar de manera enunciativa a quienes se otorga ese carácter, mas no enuncian a quien se considera como servidor público.

En tal virtud, con base a las anteriores consideraciones, se estima que los trabajadores pertenecientes al Poder Legislativo, al Poder Judicial, así como a los órganos autónomos el Banco Central y la Comisión de Derechos Humanos, al igual que los trabajadores que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, mismos que actualmente se encuentran considerados expresamente como servidores públicos por el texto constitucional con independencia de la naturaleza de sus funciones que desempeñan y de su nivel escalafonario por virtud del vínculo laboral existente con el Estado, concretamente con el poder integral del Supremo Poder de la Federación, tal como lo dispone el artículo 49 constitucional como lo es el Poder Legislativo o en su caso el Poder Judicial o bien el Poder Ejecutivo, deberán de ser considerados para todos los efectos legales como servidores públicos y por lo tanto sujetos al régimen de responsabilidades previstas en el Título Cuarto de la Constitución.

Con esta iniciativa clarificamos el texto constitucional al establecer de manera expresa dicha previsión, sin tener que llegar a recurrir a diversas interpretaciones para dilucidar el alcance de la norma constitucional en cuestión.

Los funcionarios y demás empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, son considerados servidores públicos y, por ende, es necesario clarificar dicha situación en el texto constitucional; esto estriba en el sentido de que la propia ley reglamentaria del Título Cuarto constitucional en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, atendiendo al espíritu perseguido por el Constituyente, en el sentido de establecer un régimen general de responsabilidades aplicables a todos y cada uno de los servidores públicos, ha contemplado para efectos de su ámbito personal como sujetos obligados a observarla no sólo a los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, sino a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales en virtud, que resulta lógico, si para efectos legales serán considerados servidores públicos las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, con mayor razón serán los funcionarios y empleados de los poderes de la Unión, como en este caso lo es el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, en virtud de la formalización de su relación jurídica, laboral directa, con el poder referido, mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano competente y que legalmente lo posibilite para desempeñar un empleo, cargo o comisión para éste.

Compañeras y compañeros legisladores: esta propuesta al prosperar haría coincidente y coherente lo establecido por la Constitución y sus leyes secundarias, en este caso el Código Penal Federal en su apartado relativo a los delitos cometidos por los servidores públicos.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 108 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único: Se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. Para las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal.

Los funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Poder Judicial Federal o en el Poder Judicial del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como los servidores del Instituto Federal Electoral, del Banco Central y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, en San Lázaro.

«Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer responsabilidades a todos los servidores públicos, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 Constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país en la actualidad, es sin duda alguna, garantizar el desempeño transparente, honesto y ético de todos y cada uno los servidores públicos, sin excepción alguna, respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar en la ciudadanía la percepción negativa y adversa del funcionamiento de nuestras instituciones públicas, percepción que en gran parte ha sido propiciada por la indebida actuación de algunos servidores públicos que valiéndose de las atribuciones inherentes a la función que desempeñan, han antepuesto sus intereses personales al interés público, social y nacional al que están obligados a proteger y mejorar dentro de la esfera de facultades que integran la competencia constitucional o legal del órgano estatal que representan.

Esta situación a todas luces se torna reprochable, toda vez que se considera que la función pública no debe en ningún momento ser usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todo gobernado, por lo que en ese sentido, cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses facciosos en detrimento del bien común de la sociedad debe ser sancionado de manera eficaz por el marco normativo existente para tal efecto.

En tal virtud, el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye una aspiración fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero Estado de Derecho, toda vez que se considera que para propiciar un desempeño correcto y transparente de los servidores y evitar cualquier abuso en el ejercicio de la función pública, es necesario que nuestro sistema jurídico mexicano no sólo provea a los gobernados de medios jurídicos adecuados para impugnar la actuación arbitraria e ilegal de las autoridades, sino que además cuente con disposiciones legales específicas, claras y eficaces encargadas de determinar los sujetos obligados a observar este tipo de normas, y sancionar su indebida actuación en caso de ser necesario.

Lo anterior es así, debido a que en todo estado de derecho, la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan, y la inherente obligación de responder en caso de su incumplimiento, constituye un pilar fundamental en el que descansa la buena marcha y funcionamiento de nuestras instituciones públicas.

Por lo tanto, se hace necesario pugnar por que en nuestro sistema normativo, concretamente, desde nuestra Ley Fundamental, exista una verdadera delimitación jurídica del ámbito personal de aplicación de las normas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de las funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del gobierno sujetos al régimen de responsabilidades previstas por el Título Cuarto de la Constitución, los cuales deberán basar su actuación con apego a la Constitución y las leyes que derivan de ella.

Cabe puntualizar que le corresponde al Poder Legislativo, pugnar por la existencia de un marco jurídico acorde a la realidad actual por la que atraviesa el ejercicio de la gestión pública, en donde se desenvuelva todo servidor público, que reconozca sus derechos, pero que también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocadas a la tutela de los derechos de gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita cuando así sea necesario, exigir por la vía legal, la imposición de sanciones a que se haga acreedor el servidor público que traicione los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia propios del ejercicio de la función pública, e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad, fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes.

Sin duda alguna, la delimitación del concepto ``servidor público'' previsto en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna, respecto a su ámbito personal de validez, es resultado de la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñan un empleo, cargo o comisión para el Estado, para efecto de que con base al marco jurídico, se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que por disposición legal, se está obligado a cumplir.

Ante dicha situación, es necesario señalar que tanto la propia Constitución, como en los ordenamientos legales derivados de ella, referentes a las responsabilidades de los servidores públicos, no definen el término de servidor público como tal, pues lo que únicamente hacen es señalar de manera enunciativa a quienes se les otorga ese carácter, más no enuncian a quien se considera como servidor público.

En tal virtud, con base a las anteriores consideraciones, se estima que los trabajadores pertenecientes al Poder Legislativo, al Poder Judicial, así como los órganos autónomos, El Banco Central y la Comisión de Derechos Humanos, al igual que los trabajadores que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, (mismos que actualmente se encuentran considerados expresamente como servidores públicos por el texto constitucional), con independencia de la naturaleza de las funciones que desempeñan y de su nivel escalafonario, por virtud del vínculo laboral existente con el Estado, concretamente con un poder integrante del Supremo Poder de la Federación (tal y como lo dispone el artículo 49 constitucional), como lo es el Poder Legislativo, o en su caso, el Poder Judicial, o bien el Poder Ejecutivo, deberán de ser considerados para todos los efectos legales como servidores públicos, y por lo tanto, sujetos al régimen de responsabilidades previstas en el Título Cuarto de la Constitución.

Con esta iniciativa, clasificaremos el texto constitucional, al establecer de manera expresa dicha previsión, sin tener que llegar a recurrir a diversas interpretaciones para dilucidar el alcance de la norma constitucional en cuestión.

Los funcionarios y demás empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos son considerados servidores públicos, y por ende es necesario clarificar dicha situación en el texto constitucional, estriba en el sentido de que la propia ley reglamentaria del Titulo Cuarto Constitucional en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, atendiendo el espíritu perseguido por el constituyente en el sentido de establecer un régimen general de responsabilidades aplicable a todos y cada uno de los servidores públicos, ha contemplado, para los efectos de su ámbito personal de validez, como sujetos obligados a observarla, no sólo a los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, sino a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, en tal virtud, resulta lógico que si para efectos legales serán considerados servidores públicos las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, con mayor razón serán, los funcionarios y empleados de los Poderes de la Unión, como en este caso lo es el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, en virtud de la formalización de sus relación jurídica laboral directa con el referido Poder, mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano competente y que legalmente lo posibilite para desempeñar un empleo, cargo o comisión para éste.

Compañeras y compañeros legisladores:

Con esta propuesta legislativa, se lograría delimitar con mayor claridad el ámbito personal de validez de la norma constitucional, y por ende se lograría dotar de mayor certeza jurídica al contenido y alcance del Título Cuarto Constitucional.

Finalmente, cabría señalar otra situación importante, que viene a reforzar la procedencia de la medida legislativa propuesta, la cual consiste en que actualmente, el Código Penal Federal vigente, en su artículo 212, (correspondiente al Título Décimo, referente a los delitos cometidos por los servidores públicos), establece que serán considerados como servidores públicos, para los efectos del referido Título Décimo, entre otras personas, a toda aquella que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en los poderes Judicial Federal, Judicial del Distrito Federal, y de los órganos autónomos, situación que la especie, coincide con la propuesta de reforma sugerida por el proyecto de iniciativa en comento, la cual propone establecer a nivel constitucional, a efecto de lograr clarificar el contenido y alcance del Título Cuarto, y concretamente el ámbito personal de validez de la referida norma constitucional, que además de los sujetos establecidos por el texto constitucional vigente, serán considerados como servidores públicos, los empleados, funcionarios, servidores y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo, en la Asamblea del Distrito Federal, en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial del Distrito Federal, así como El Banco Central y La Comisión de Nacional de los Derechos Humanos, propuesta que en caso de prosperar, haría coincidente y coherente, lo establecido por la Constitución y sus leyes secundarias, en este caso, el Código Penal Federal, en su apartado relativo a los delitos cometidos por los servidores públicos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108.- Para las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, del Banco Central y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. José Javier Osorio Salcido (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Diputado Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente. Para solicitarle, con fundamento en el artículo 106 de nuestro Reglamento, en relación al vigesimoséptimo del acuerdo parlamentario para el manejo y orden y discusión en sesiones, la verificación de quórum y en consecuencia que ordene se abra el sistema electrónico por el tiempo que considere usted prudente. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para obsequiar la petición del diputado Gutiérrez de la Garza y con objeto de verificar el quórum, esta Presidencia instruye se abra el sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado, hasta por 10 minutos, para tal efecto.

Mientras transcurre ese tiempo se continuará con el desahogo de esta sesión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico para la verificación de quórum, hasta por 10 minutos.

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CODIGO FISCAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En tanto, tiene la palabra el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de trámites.

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Con su permiso, diputado Presidente.

Proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Esta es una iniciativa que complementa a la reforma que hice a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 1°, la cual ya fue presentada ante esta honorable Asamblea.

En el proyecto de reformas y adiciones, se busca que las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estén obligadas a inscribir los trámites fiscales en un registro, así como asegurar que éstas precisen la información que los particulares deben entregar o conservar para cumplir con sus obligaciones fiscales ordinarias y para obtener un beneficio o servicio y se impongan una serie de disciplinas en las promociones correspondientes.

La identificación explícita y transparente de los trámites y formatos fiscales, representa un elemento fundamental de transparencia que no vulnera la recaudación y la implementación de disciplinas esenciales obligatorias para dichas autoridades. Promueve el Estado de derecho y la seguridad y certeza jurídica para los contribuyentes.

El proyecto de reformas y adiciones otorga diversos derechos a los particulares y sus disposiciones imponen disciplinas a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda.

En sí mismo, el anteproyecto recoge lo que ha sido una exigencia constante de los sectores productivos y de la ciudadanía en general.

Con el fin de facilitar la mejora y simplificación expedita de trámites en beneficio de los ciudadanos, las autoridades fiscales podrán precisar en el registro aquellos trámites que los particulares podrán presentar opcionalmente.

La transparencia y la seguridad jurídica de los particulares, son prioridades de la reforma fiscal. Por ello se establecen reglas claras, que si son invocados correctamente, permitirán a los particulares oponerse legalmente a las exigencias de trámites y requisitos que no se prevean en el registro.

El marco regulatorio de las instituciones presupuestales, contiene avances y retrocesos en un proceso de descentralización fiscal. En nuestro país, estas instituciones presupuestarias tienen un importante papel, ya que su existencia alienta la disciplina fiscal.

La actividad financiera del Estado constituye un fenómeno económico, político, jurídico y sociológico que como cualquier otra actividad estatal debe estar regida por la ley, con el fin de garantizar que el actuar de la autoridad no transgreda los límites que le impone la norma jurídica y salvaguardar la certeza en cuanto a sus derechos y las obligaciones de los ciudadanos en su responsabilidad de contribuir al gasto público, por lo que se hace necesario las reformas al Código Fiscal de la Federal que permitan a los ciudadanos tener más transparencia y seguridad jurídica y administrativa en su participación en la hacienda legal.

Actualmente no se tiene claro qué se debe entender por trámite en materia fiscal, por lo que es necesario definir trámite ante estas autoridades y no dejar duda alguna sobre la naturaleza de éstos. No sólo se comprenden los trámites obligatorios, sino también los relacionados con la obtención de un beneficio o servicio.

No se comprende en la definición aquella documentación o información que los particulares deban presentar en caso de un requerimiento por parte de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus atribuciones de comprobación.

Resumiendo, este proyecto de reformas y adiciones otorga diversos derechos a los particulares y sus disposiciones imponen disciplinas a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En sí mismo, el proyecto parte de la experiencia de un experto, como el licenciado Francisco Ciscomani, el cual ha recogido la exigencia constante de los sectores productivos y la ciudadanía en general.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

Se reforma el artículo 19 en su segundo párrafo, y se adiciona al artículo 33 un último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 19. El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales, la inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y ésta expedirá la constancia de inscripción correspondiente, junto con la asignación de un número de identificación al interesado, quien al citar dicho número en los trámites subsecuentes que presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar los documentos que acrediten su personalidad, mencionados en el artículo 19, primer párrafo de este código, salvo el señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.

El número de identificación se conformará en los términos que establezca el servicio de administración tributaria, con base en la clave del Registro Federal de Contribuyentes.

Artículo 33. Por trámite deberá entenderse cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales hagan ante las autoridades fiscales, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o en general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en los casos de un requerimiento de las autoridades fiscales o la interposición de los medios de defensa que correspondan.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en materia de trámites, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El marco regulatorio de las instituciones presupuestales contiene avances y retrocesos en un proceso de descentralización fiscal. En nuestro país, estas instituciones presupuestarias tienen un importante papel ya que su existencia alienta la disciplina fiscal.

La actividad financiera del Estado constituye un fenómeno económico, político, jurídico y sociológico que, como cualquier otra actividad estatal, debe estar regida por la ley, con el fin de garantizar que el actuar de la autoridad no trasgreda los límites que le impone la norma jurídica y salvaguardar la certeza en cuanto a sus derechos y las obligaciones de los ciudadanos en su responsabilidad de contribuir al gasto público. Por lo que se hace necesario las reformas al Código Fiscal de la Federación, que permitan a los ciudadanos tener más transparencia y seguridad jurídica administrativa en su participación en la hacienda legal.

Actualmente no se tiene claro que debe entenderse por ``trámite'' en materia fiscal, por lo que es preciso definir ``trámite'' ante estas autoridades y no dejar duda alguna sobre la naturaleza de éstos. No sólo se comprenden los trámites obligatorios, sino también los relacionados con la obtención de un beneficio o servicio. No se comprende en la definición aquella documentación o información que los particulares deban presentar en caso de un requerimiento por parte de las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus atribuciones de comprobación.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Único. Se reforma el artículo 19 en su segundo párrafo y se adiciona al artículo 33, un último párrafo, al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y ésta expedirá la constancia de inscripción correspondiente, junto con la asignación de un número de identificación al interesado, quien, al citar dicho número en los trámites subsecuentes que presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar los documentos que acrediten su personalidad, mencionados en los artículo 18 y 19, primer párrafo, de este Código, salvo el señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. El número de identificación se conformará en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria, con base en la clave del Registro Federal de Contribuyentes.

Artículo 33. ...

Por trámite deberá entenderse cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales hagan ante las autoridades fiscales, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general; a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información, que sólo tenga que presentarse en los casos de un requerimiento de las propias autoridades fiscales, o la interposición de los medios de defensa que correspondan.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste de México, tiene la palabra el señor diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja.

El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja: Con su permiso, señor Presidente.

Iniciativa por la que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México adquiera el carácter de comisión ordinaria y se denomine Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

México vive una transformación en todos los órdenes. En esa transformación el Poder Legislativo Federal se concibe como un representante de la sociedad y de las instituciones nacionales y queda obligado a coordinar y dirigir el esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y sobre todo los desequilibrios regionales.

La calidad del Poder Legislativo depende hoy de su capacidad para cambiar inteligentemente, partiendo de la premisa de que el desarrollo es para las personas o no es desa-rrollo.

Contempla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, la promoción de la inversión, el desarrollo productivo y la realización de inversiones estratégicas de infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar sus potencialidades.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2000, la región sur-sureste, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán presenta las siguientes características.

En la región habitan 28 millones de personas, 43 por ciento de la población total del país; 74.4 por ciento de la población indígena de México vive en esta región. El índice de escolaridad promedio es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor al índice de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años.

Asimismo, otros datos muestran que el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país. Ello dificulta, sin lugar a dudas, la provisión de servicios públicos e infraestructura.

Dentro de estas localidades pequeñas en la región sur-sureste existen más de 23 mil localidades en condiciones de aislamiento, sin caminos y fuera del círculo de influencia de ciudades, cuya población también vive en condiciones sumamente precarias.

De igual modo el censo muestra que de las 10 entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana, 8 están en el sur-sureste.

El rezago es evidente, principalmente en estados como: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica, como son: carreteras, energía eléctrica y otros servicios.

De los 851 municipios del país, considerados por la Conapo como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 municipios, es decir, el 83.9 se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes.

De hecho, en esta región más de la mitad de los municipios tienen alta, muy alta, marginación y cada 3 de sus habitantes viven en estos municipios.

En este contexto sometemos ante la honorable Asamblea las siguientes

Consideraciones

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea igual, integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que mediante el fomento de crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio a la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y diputados federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprometen a la región sur-sureste, resulta pertinente que mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación a través de los instrumentos que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a la convocatoria formulada por todos los partidos políticos nacionales, para impulsar el desarrollo regional, así como la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal para seguir avanzando de manera sostenida los programas y acciones en beneficio de esta zona del país.

Que los 9 gobernadores de las entidades del sur-sureste han manifestado enfáticamente su apoyo a esta comisión, a objeto de coordinar y coadyuvar acciones con el Poder Legislativo para fomentar y dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas que se emprendan para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de esta región.

Que la Comisión Especial del Sur-Sureste de la anterior legislatura presentó similar iniciativa al pleno, turnándose a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, mismo órgano que dictaminó favorablemente, pero el proceso legislativo no concluyó, toda vez que el referido dictamen sólo quedó de primera lectura durante el último día de las sesiones de la legislatura anterior.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México, de acuerdo al siguiente

Decreto

Artículo primero. Se adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue... En su Capítulo VI de las Comisiones y Comités, artículo 39:

1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a la que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

De la I a VIII como está.

9. Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México.

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo Transitorio

Unico. La presente disposición entra en vigor al siguiente día de su publicación.

Señor Presidente, solicito se publique el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, compañeras y compañeros y espero su apoyo para la región del sur-sureste.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste de México

México vive hoy una transformación en todos los órdenes. En el ámbito político, administrativo, la maduración del proceso de democratización del país permite un nuevo ejercicio del poder y una nueva concepción sobre el desarrollo del país. En esa transformación, el Poder Legislativo federal se concibe como representante de la sociedad y de las instituciones nacionales y queda obligado a coordinar y dirigir el esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y sobre todo los desequilibrios regionales.

El Poder Legislativo federal reconoce hoy la importancia fundamental que para la vida pública tiene la vigencia plena de nuestra Constitución y las leyes, la efectiva división de poderes, el respeto irrestricto a las garantías individuales y los derechos humanos y el ejercicio de la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios. Todo ello enmarca el esfuerzo nacional de desarrollo.

En el nuevo contexto mundial, tanto los organismos multilaterales internacionales como las comunidades científicas especializadas en procesos de desarrollo regional aceptan que éste, siendo un fenómeno multidimensional y multicausal, tiene como factor determinante a la calidad de la gestión pública, incluyendo en ella tanto el sistema de instituciones gubernamentales como la de las políticas públicas. En ambos casos la calidad depende de la decisión y compromiso para adecuar a las instituciones, diseñar políticas y llevar a cabo acciones capaces de aprovechar con creatividad las oportunidades de desarrollo que brinda la globalización de la economía mundial y minimizar sus efectos negativos.

La calidad del Poder Legislativo depende hoy de su capacidad para cambiar inteligentemente, partiendo de la premisa de que el desarrollo es de las personas o no es desarrollo, contempla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano (prestando especial atención en el desarrollo integral de las comunidades y de los pueblos indígenas), la lucha contra la pobreza, la promoción de la inversión y el desarrollo productivo, la realización de inversiones estratégicas de infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar sus potencialidades.

Esta nueva planeación de desarrollo de la región sur-sureste de México se inscribe en una perspectiva estratégica de desarrollo nacional que, por primera vez, se propone participar de manera decisiva en una macrorregión de vital importancia para México: Centroamérica.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2000, la región sur-sureste, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán presentan las siguientes características: en la región habitan 28 millones de habitantes, 43% de la población total, 74.4% de la población indígena habita en esta región, el índice de escolaridad promedio es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor al índice de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años. Asimismo, otros datos muestran que el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país, ello dificulta sin lugar a duda la provisión de servicios públicos e infraestructura. Dentro de estas localidades pequeñas, en la región sur-sureste existen más de 23 mil en condiciones de aislamiento (sin caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad), cuya población vive en condiciones sumamente precarias.

De igual modo, el censo muestra que las 10 entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana, ocho pertenecen a la región sur-sureste. El rezago es evidente principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica (carretera, de energía y de servicios). De los 851 municipios del país considerados por la Conapo como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 (83.9%) se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes. De hecho, en esta región más de la mitad de los municipios tienen alta y muy alta marginación y casi uno de cada tres de sus habitantes vive en estos municipios.

En este contexto, sometemos ante la honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Dispone el mismo ordenamiento, que el Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande él interés general en el marco de libertades que otorga la propia Constitución.

Que en el artículo 26 constitucional, se dispone que también el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Se indica también en el numeral citado, que la planeación será democrática y que mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Se dispone, que en dicho sistema de planeación el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Que igualmente en el párrafo segundo del artículo 70 de la Carta Fundamental, se dispone que el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamientos internos.

Que la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983 establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo el Plan Nacional de Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal; dispone asimismo que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello, la planeación deberá basarse en diversos principios, entre los que destacan los del fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional y el equilibrio de los factores de producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.

Conforme al artículo 3o. de la citada ley, se entiende por Planeación Nacional del Desarrollo el orden racional y sistemático de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley, establecen. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Señala también el artículo 2o. de la multicitada ley, que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere a la misma.

Que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

El Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. Estos programas observarán congruencia con el plan y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieren a un plazo mayor.

Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el plan y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.

De igual forma, se ordena que el plan y los programas a que se refiere el ordenamiento legal anteriormente citado especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. Para los anteriores efectos, el Ejecutivo federal podrá convenir las acciones necesarias con los gobiernos de las entidades federativas.

Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y diputados federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprenden la región sur-sureste de México, resulta pertinente que, mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación, a través de los instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a la convocatoria formulada por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional, así como la propuesta realizada por el Ejecutivo federal para seguir avanzando de manera sostenida en los programas y acciones en beneficio del desarrollo del sur-sureste de México.

Que tanto el Gobierno Federal como las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión han expresado su preocupación por la realización apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo del sur del país en todos sus aspectos, a efecto de integrarlas al desarrollo nacional. Coincidiendo todas las fracciones en que es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esa zona nacional y cerrar esa preocupante brecha entre las regiones del país.

Que los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados de las nueve entidades del sur del país han manifestado enfáticamente su apoyo a la comisión a objeto de coordinar y coadyuvar acciones para fomentar, fortalecer y dar seguimiento en el tiempo a las políticas, estrategias y programas que en el ámbito de la administración pública se emprendan para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste del país, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Que en la Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Tuxtla, que tuvo lugar en El Salvador, el 15 de junio de 2001, se acordó constituir el Plan Puebla-Panamá (PPP) con objeto de potenciar la región mesoamericana, en un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural y étnica. Además el Plan apuntala los esfuerzos de integración de Centroamérica y las estrategias de desarrollo para el sur-sureste de México dentro del concepto de región mesoamericana. Hoy los procesos de integración han surgido de la necesidad de homologar procedimientos productivos, con el fin de fortalecer y dinamizar los esfuerzos convergentes de las naciones en una misma nación. El plan incluye ocho iniciativas que obedecen a las necesidades regionales. Abarcan áreas de desarrollo sustentable, desarrollo humano, prevención y mitigación de desastres, turismo, facilitación del intercambio comercial, integración vial, interconexión energética e integración de los servicios de telecomunicaciones.

Que en el Marco de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Política de Tuxtla y Expo-Inversión 2002 del Plan Puebla-Panamá se ratificó el compromiso de analizar en forma periódica y sistemática los múltiples asuntos, subregionales, regionales, hemisféricos y mundiales que son de interés común; concertar posiciones conjuntas en los distintos foros multilaterales; avanzar hacia el establecimiento de una zona de libre comercio; impulsar proyectos económicos conjuntos y proponer acciones de cooperación regional en todos los ámbitos, en apoyo al desarrollo sostenible del área.

Que en el marco de la Declaración de Parlamentarios, realizada en Mérida, Yucatán, el 27 de junio de 2002, las legisladoras y legisladores participantes en la Primera Reunión Interparlamentaria entre el Congreso de México y los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados de Centroamérica, con la presencia desatacada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) e invitados del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en el inciso g de los resolutivos acuerdan: promover en cada Congreso nacional, en los Parlamentos regionales y en su caso, en los Congresos estatales, comisiones que den seguimiento a las iniciativas de desarrollo regional e integración.

Que el 7 de abril de 2004, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial Plan Puebla-Panamá, con el objeto de coordinar acciones para fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas que en el ámbito de la Administración Pública Federal se emprendan para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste del país.

Que la Comisión Especial del Sur-Sureste durante la LVIII Legislatura presentó similar iniciativa al Pleno camaral, turnándose ésta a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, mismo órgano que dictaminó favorablemente, refiriendo en el numeral 14 de sus considerandos procedente la iniciativa que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a objeto de que la Comisión Especial encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Relacionados con el Sur-Sureste de México adquiera el carácter de ordinaria y se le denomine ``Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México''.

Que el proceso legislativo no concluyó, toda vez que el referido dictamen sólo quedó de primera lectura durante el último día de sesiones de la LVIII Legislatura, quedando pendiente sus subsecuentes procedimientos legislativos.

Por las anteriores consideraciones y dado que en la dinámica del desarrollo nacional, a lo largo de la historia se han generado por diversas circunstancias de orden social, económico, geográfico y político, condiciones de atraso y marginación en algunas entidades federativas, especialmente en las comprendidas en las regiones del sur-sureste del país y atendiendo a la necesidad de legislar al respecto, cuidando que las leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promuevan la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en esta región, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México, de acuerdo con el siguiente decreto

Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Capítulo VI De las Comisiones y Comités

Artículo 39.

1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a LVIII. ...

LIX. Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México.

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Artículo Transitorio

Único. La presente disposición entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Palacio Legislativo.- San Lázaro, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente; Francisco Herrera León, secretario; Jesús Vázquez González, secretario; Francisco Chavarría Valdeolivar, secretario; Rogelio Rodríguez Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belisario Iram Herrera Solís, Roger David Alcocer García, Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Ubaldo Aguilar Flores, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Ángel Pasta Muñuzuri, Francisco Rojas Toledo, José Orlando Pérez Moguel, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Juan García Costilla, Maximino Alejandro Fernández Ávila, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Martínez Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Y publíquese el texto íntegro como es la solicitud del señor diputado, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 12 DEL 5 de OCTUBRE de 2004

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ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis y dictamen Constitucional, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las facultades que le otorgan el artículo 39, numerales 1, 2 fracciones XXVII, XII y 3; artículo 40, numerales 1 y 3; artículo 45, numeral 6, incisos f) y g), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las contenidas en los artículos 55, 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada por esta H. Cámara de Diputados, el día once de diciembre de dos mil tres, fue presentada al Pleno la INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UNA BASE SEXTA AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por los Ciudadanos Diputados Alfredo del Mazo González, Rebeca Godínez y Bravo, Blanca Estela Gómez Carmona y Marco Antonio Gutiérrez Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO.- Con fecha once de diciembre de dos mil tres, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dio cuenta al Pleno con la Iniciativa de Decreto aludida, ordenando su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales.

TERCERO.- El 15 de diciembre de 2003, por acuerdo de la Mesa Directiva, se amplió el turno de la Iniciativa presentada para quedar de la siguiente forma: ``Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión del Distrito Federal''.

CUARTO.- El 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado José Agustín Ortiz Pinchetti, acordó la modificación de trámite a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una Base Sexta al apartado ``C'' del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ``Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal''.

QUINTO.- El 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados acordó la modificación de trámite, para quedar como sigue: ``Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito federal y de Educación Pública y Servicios Educativos''.

Los miembros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura, procedimos al Estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute, en el siguiente sentido.

VALORACION DE LA INICIATIVA

El Federalismo encuentra su asiento en determinados conceptos y, para ser más precisos, en determinados contenidos como son la democracia, la pluralidad y la igualdad. Una de las virtudes del sistema federal es su capacidad de reconocer e integrar en un todo mayor las diferencias existentes entre las partes. En términos negativos, el principio de igualdad puede expresarse de la siguiente manera: No pueden existir partes ignoradas en el funcionamiento del sistema, ni partes excluidas de su proceso institucional. De ocurrir lo anterior, se estaría cuestionando la igualdad jurídica y en la práctica, la vigencia del mismo federalismo.

Como antecedente de lo anterior, deseamos señalar que, desde su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido objeto de múltiples y abundantes reformas en respuesta a las necesidades de nuestro país y en beneficio de todos los mexicanos. Sin duda, la Carta de Querétaro, ha sido el Ordenamiento Constitucional que ha sufrido más reformas; también, la de mayor vigencia en el tiempo, lo que demuestra que nuestra Constitución es fuerte y sólo necesita, como toda norma jurídica, por esencia cambiante, adecuarse a la evolución de la sociedad.

La primera Constitución del México Independiente, del 3 de octubre de 1824, publicada el día 5 del mismo mes y año, otorgaba al Congreso Federal facultades exclusivas para elegir el lugar de residencia de los Supremos Poderes de la Federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado. Posteriormente, Guadalupe Victoria, en su carácter de primer presidente mexicano, promulgó el 20 de noviembre de 1824, el decreto de creación del Distrito Federal expedido por el Congreso General Constituyente dos días antes, en ese instrumento jurídico se designó a la Ciudad de México como residencia de los poderes y según su artículo 1°, se le denominó ``Distrito Federal''; asignándole como superficie original un círculo de dos leguas de radio. Este territorio, cabe señalar, le fue segregado al Estado de México.

La Constitución de 1857, por su parte, preveía que el Congreso tendría la facultad ``para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios, teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente a las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándole rentas para cubrir sus atenciones locales''.

En lo que se refiere al gobierno del Distrito Federal, los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, lo fueron también para el Distrito Federal, es decir, el Congreso y el Presidente de la República, además de las funciones que detentaban como órganos federales, tenían facultades para gobernar el Distrito Federal. No ocurrió lo mismo con el Poder Judicial que, desde 1855 y a semejanza del de los Estados, reside en un Tribunal Superior de Justicia.

A través de nuestra historia, el Distrito Federal subsistió en los regímenes federalistas o desapareció con gobiernos centralistas. La Constitución de 1917, de naturaleza federalista, señala en su artículo 43 al Distrito Federal como parte integrante de la Federación, y en el artículo 73 fracción VI, se otorgaba al Congreso de la Unión la facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional de 1929, el gobierno del Distrito Federal quedo a cargo del Presidente de la República. Posterior a esa reforma, surgió otra en el año de 1987 y merced a ella, en el año de 1988 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, concebida como un órgano de representación de la ciudadanía del Distrito Federal, integrada por 40 representantes de mayoría relativa y 26 representantes electos bajo el principio de representación proporcional y con facultades reglamentarias.

El Gobierno del Distrito Federal sin embargo, seguía a cargo del titular del Ejecutivo Federal, limitando el derecho de sus ciudadanos para elegir a su gobernante.

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, comprende, entre otros, a los artículos 73 y 122, en los que se establecen como órganos locales del Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea de Representantes, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia. El Congreso de la Unión, continuaba siendo el órgano competente para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal, pero la Asamblea de Representantes contaba con atribuciones para emitir bandos, ordenanzas, reglamentos de policía y buen gobierno, en diversas materias como salud, educación, abasto, mercados, espectáculos públicos, ecología, agua, drenaje, vialidad, etc., con el fin de atender a las necesidades de los habitantes de la ciudad Capital.

El artículo 122 vuelve a reformarse en 1994, y el 22 de agosto de 1996, se publica la última reforma que establece la elección directa para el año de 1997, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y, para el 2000, la de los Jefes Delegacionales. En adición a lo anterior se le otorgan a la Asamblea facultades de emitir leyes.

Desde el marco funcional constitucional, la nueva organización política del Distrito Federal se ubica en el Título Quinto que regula la estructura y funcionamiento de los estados; se reforma el Título para dejarlo en lo sucesivo como el de los Estados de la Federación y el Distrito Federal, para distinguir la importancia del cambio. Esa es la evolución del Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, a cambio de su discapacidad política, gozaba, y sigue gozando, de prebendas en el Presupuesto Federal que van desde conceptos jurídicos en las leyes tributarias para beneficiarlo con el producto de los impuestos federales, hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual en el resto del país. Por eso, el Distrito Federal, tiene un presupuesto que supera en el doble al Estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos, que obligatoriamente sufragan el resto de las entidades del País.

Tal situación urge corregirla en términos de equidad y transparencia, ya que de continuar así, además de la notoria falta de equidad que ello implica, se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federados.

Muestra de la situación de privilegio de que disfruta el Distrito Federal, radica en el hecho de que dentro de sus obligaciones, atribuciones y facultades que le confiere el artículo 122 de nuestra Carta Magna, se soslaya la prestación del servicio de educación básica, tan es así que ese servicio se ha venido prestando en el Distrito Federal con cargo a recursos federales; resulta incongruente que si de acuerdo con la reforma constitucional de 1996, se le otorgó el nivel de Entidad Federativa, no se le haya impuesto la obligación de participar en el gasto público destinado a cubrir la educación básica obligatoria, como lo hacen las demás Entidades Federativas.

Las reformas constitucionales, antes citadas constituyeron un avance importante para el Distrito Federal, sin embargo, es necesario reconocer la necesidad de proponer una adición al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se establezca la obligación del Distrito Federal de participar en el gasto de educación básica obligatoria.

La esencia del federalismo es el arreglo espacial del poder que se proyecta en las finanzas públicas. El Federalismo Fiscal resuelve por consideraciones técnicas y por medio de un sistema de compromisos entre los gobiernos federales y locales, la unidad de gobierno apropiada para cada función pública.

El objetivo básico del Sistema de Coordinación Fiscal, es que las entidades federativas y los municipios reciban recursos de manera proporcional a sus necesidades, esto implica la adecuada y justa distribución de los mismos a los Estados y Municipios, así como al Distrito Federal, para que puedan, a su vez, cumplir con sus obligaciones y proporcionar los servicios que requiere la población.

El sistema también busca redefinir responsabilidades en la recaudación fiscal y en el ejercicio del gasto público, reafirmar la responsabilidad que cada orden de gobierno --Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- tiene de proveerse de sus propios ingresos para el sostenimiento de su gasto. Con este propósito del sistema, objetivamente, tendría que desaparecer la casi total dependencia del Distrito Federal respecto de las participaciones y aportaciones federales. En este sentido deberán garantizarse suficientes recursos para aplicarlos en educación, pues su adecuada distribución impedirá desequilibrios en las finanzas de los estados.

Con el propósito de establecer un mecanismo ágil en la aportación del gasto mencionado, a cargo del Distrito Federal, se propone que la cantidad que resulte sea descontada de sus participaciones de contribuciones federales que le correspondan. Dicha cantidad será destinada a los Estados que participen en proporción mayor al sostenimiento de dichos servicios, considerando que en la ley secundaria deberán establecerse los mecanismos de distribución. La equidad es el trato igual a los iguales.

CONSIDERACIONES

En 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, plasmó el régimen educativo, sin determinar distribución de competencias entre los poderes federal, los estados y los municipios.

Actualmente, se reconoce la efectiva concurrencia con la que debe operar el Sistema Educativo Nacional en el marco de la modernización de la educación básica. De esta manera corresponde, ahora, a los gobiernos de los Estados encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública prestó en cada Estado los servicios de educación, sin embargo, esto sólo es posible llevarse con éxito si se cuenta con los recursos suficientes, lo cual se vé truncado con la existencia de un trato carente de equidad.

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en la fracción VIII: ``El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República expedirá las Leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público...''

De lo anterior, destaca la necesidad de fijar las aportaciones y asignaciones económicas, correspondientes, que permitan llevar a cabo la tarea educativa en nuestra República. Ello implica acciones equitativas en la distribución de los recursos para la educación básica a nivel nacional.

En ese sentido, el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que: ``Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental''.

Es decir, el pacto descansa en principios y competencias inviolables que en ningún caso podrán contravenirse, como lo indica el Artículo 41 de la misma Constitución, al señalar que: ``El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores..., las que en ningún coso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal''.

La presente Iniciativa contempla un propósito trascendente: El que se refiere a la participación equitativa de los estados miembros de la federación en el gasto destinado al sostenimiento de la educación y la exclusión que se ha hecho hasta la fecha del Distrito Federal.

Cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal en 1992, se establecieron las Reglas de Procedimiento mediante las cuales la Secretaría de Educación Pública ejecutaría la transferencia de esos niveles y modalidades educativas a los gobiernos de los Estados y, por otro, las reformas de tipo constitucional y legal que permitieran dotar de estabilidad y certidumbre a esa decisión, lo que finalmente ocurrió con la reforma al artículo 3º Constitucional y, al año siguiente, con la promulgación de la Ley General de Educación.

Sin embargo, simultáneamente a la firma de ese Acuerdo, el entonces Departamento del Distrito Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, celebraron una serie de acuerdos que impiden que, tanto los anteriores como el actual Gobierno Capitalino, aporten recursos financieros para el gasto educativo.

Esta situación ha prevalecido, creando condiciones de profunda falta de equidad en relación al resto de las entidades federativas que ya administran la educación básica y normal.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley General de Educación, señala que las atribuciones relativas a la educación básica ``corresponderán, en el Distrito Federal al Gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso establezca''. Añade, que el Gobierno del Distrito Federal ``concurrirá al financiamiento de los servicios educativos'' en el propio Distrito Federal y hace la excepción en cuanto a la educación normal, que seguirán siendo prestados por la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación, se estableció el proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación básica ``en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical''. Dicho proceso, once años después, no ha concluido.

El último propósito es el expresado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, el cual señala que se terminará el proceso de ``Federalización'' con la transferencia al Distrito Federal de la Educación Básica y del Subsistema Tecnológico a los Estados. Hasta ahora, el único progreso es la creación de una Unidad de Reestructuración de la Secretaría de Educación Pública.

En el Federalismo no deben existir tratos de excepción. Sin embargo, el Distrito Federal, no contribuye, en términos de equidad porcentual, como lo hacen todos las demás Entidades Federativas. Atentándose claramente contra el Pacto Federal, en detrimento de los integrantes de nuestra Federación.

En consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal, ha sido privilegiado por la excepción de participar en la Federalización del gasto educativo. Por ello, lo urgente es que el Distrito Federal, participe al igual que lo hacen el resto de las Entidades Federativas, en el gasto de la Federalización en la Educación Básica.

Por último, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, consideran:

Que el objeto de la Iniciativa es la de otorgar un trato equitativo a los estados integrantes de la Federación, en materia de educación básica.

Que los principios que sustentan el Federalismo Mexicano hacen imposible el mantenimiento de políticas discriminatorias que atenten contra este Pacto que, en este caso, se refieren al trato desigual que recibe el Distrito Federal en relación al resto de los Estados de nuestra república.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, convencidos de la efectividad de la adición propuesta en la Iniciativa en comento, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA UNA BASE SEXTA AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo Único.- Se adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 122 ...

A ... a C ...

BASE SEXTA.- El Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria.

TRANSITORIOS

Primero.- El Distrito Federal, al igual que las demás entidades federativas, deberá contribuir al gasto educativo, junto con la Federación, en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria.

Segundo.- La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los Estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir del primero de enero del año dos mil cinco.

Tercero.- La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno, salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación del Distrito Federal, siendo el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales de dichos trabajadores.

Cuarto.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.--- Comisión de Puntos Constitucionales: Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Rubén Alexander Rábago (rúbrica), secretario; Sergio Álvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas; Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), secretario; Federico Barbosa Gutiérrez; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Ángel Augusto Buendía Tirado; Enrique Burgos García (rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís; Horacio Duarte Olivares; Álvaro Elías Loredo (rúbrica), secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Presidente; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), secretario; J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; Germán Martínez Cázares (rúbrica); Arturo Nahle García, secretario; Jorge Ortiz Alvarado; Janette Ovando Reazola (rúbrica); Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica); Laura Reyes Retana Ramos; Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Socorro Userralde Gordillo; Marisol Vargas Bárcena (rúbrica); Pedro Vázquez González, secretario; Emilio Zebadúa González.

Comisión del Distrito Federal: Diputados: José Agustín Ortiz Pinchetti, Presidente; Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Secretaria; Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Secretario; Marco Antonio Gutiérrez Romero (rúbrica), Secretario; Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Secretario; Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Secretario; Roberto Colín Gamboa (rúbrica); Federico Döring Casar (rúbrica); Patricia Garduño Morales; Adriana González Furlong (rúbrica); Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica); Jorge Triana Tena (rúbrica); Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica); Marcela Guerra Castillo (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica); Roberto Campa Cifrián (rúbrica); Roberto Javier Vega y Galina; Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica); Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica); Fernando Fernández García; Pablo Bedolla López (rúbrica); Fidel René Meza Cabrera (rúbrica); Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica); Susana Guillermina Manzanares Córdoba; Gilberto Ensástiga Santiago; Horacio Martínez Meza; Nancy Cárdenas Sánchez; Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica); Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

Comisión de Educación y Servicios Educativos: Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Presidente; José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), secretario; Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), secretario; Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), secretaria; Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), secretaria; Juan Pérez Medina, secretario; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, secretario; María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado; Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica); Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica); Carmen Guadalupe Fonz Sáenz; Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica); Iván García Solís; María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica); José Angel Ibáñez Montes (rúbrica); Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica); Alejandra Méndez Salorio; Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica); Inti Muñoz Santini; Oscar Pimentel González (rúbrica); Oscar Martín Ramos Salinas; Sonia Rincón Chanona (rúbrica); Agustín Rodríguez Fuentes; Alfonso Rodríguez Ochoa; Rocío Sánchez Pérez; José Luis Tapia Palacios; Lorena Torres Ramos (rúbrica).»

Activen el sonido en la curul del señor diputado Eduardo Espinoza.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): ¡Presidente, antes de que dé el trámite de primera lectura, el grupo parlamentario quiere presentar una moción suspensiva a la Asamblea!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, esta Presidencia le notifica que no procede la moción suspensiva que usted está promoviendo, ya que no se encuentra a discusión el dictamen. Es de primera lectura.

Activen el sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.

Si hay algo que ha caracterizado al pleno de esta honorable Cámara de Diputados ha sido un seguimiento estricto al estado de derecho. Hace pocos días con relación a un asunto a tratarse en lo particular, la compañera Malú Mícher, el propio diputado Pablo Gómez, secundado por un servidor, exigíamos la publicación de un tema en lo particular. ¿Por qué? Porque la premisa de la cual parte la discusión o debate de un tema en esta Cámara de Diputados es que todos los diputados conozcamos los asuntos a ventilarse en esta Cámara.

El asunto que nos ocupa, que acaba usted de señalar, desde el pasado jueves, es decir hace una semana, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es un tema del que todos los diputados tenemos pleno conocimiento de él y del cual obviamente estamos preparados para el debate, para la discusión y votación con civilidad, con lo que debe caracterizar a un Poder Legislativo.

En ese tenor le solicito, de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 22 del acuerdo parlamentario, se dispense la primera y la segunda lectura del asunto que nos ocupa, toda vez que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria desde hace una semana y el pleno de esta Cámara de Diputados está en posibilidades de debatir con argumentos y no con situaciones de hecho.

Gracias, diputado Presidente.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): ¡Presidente!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Solicito la palabra para hablar en contra de la solicitud del diputado preopinante.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ahí está el sonido...

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): ¿Quiere que lo haga desde la curul?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Preferiría hacerlo desde la tribuna, si usted me lo autoriza.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Es de obsequiarse al señor diputado que lo pueda hacer desde la tribuna.

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame previamente señor diputado, ordenar a la Secretaría que cierre el sistema de votación de asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 424 diputadas y diputados.

Hay quórum, diputado Presidente.

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ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene uso de la palabra el señor Pablo Gómez, hasta por cinco minutos.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Gracias, diputado Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:

El Presidente diputado ha dado el trámite de primera lectura a un dictamen que pretende adicionar con una nueva base el artículo 122 de la Constitución y contiene también tres transitorios.

Este ha sido un asunto muy debatido, creo que hay otra posible solución para compensar a todos los estados que han quedado desfasados en el gasto educativo. Esa es la propuesta que nosotros hemos presentado, para crear un nuevo ramo presupuestal que compense ese gasto excesivo y beneficie a todos los estados que han estado sufriendo una carga de educación básica demasiado grande.

No hablamos entonces de la Ciudad de México sino de todo el país. Creo que lo podemos hacer, creo que podemos también emitir un decreto del Congreso, de acuerdo con la fracción VII del artículo 3º de la Constitución, obligando al gobierno local de la ciudad y al Gobierno Federal a proceder a la descentralización en los términos de la Ley Federal de Educación de nuestro país.

Y podríamos resolver el problema de manera más equitativa, sin sentar el precedente del embargo de fondos fiscales a ninguna entidad. Esa es una primera cuestión. Esto requiere tiempo para ser analizado por las partes más interesadas de esta Cámara, por los grupos parlamentarios.

Segunda cuestión. Es evidente que este no es un asunto de obvia resolución, puede ser de obvia resolución para una persona que no toma en cuenta las opiniones de nadie más. Pero habiendo una oposición fuerte, un debate nacional bastante agudo sobre este tema, no estamos hablando de algo obvio.

Segunda cuestión. No es tampoco de urgente, porque es muy dudoso que un decreto de reforma constitucional pueda ser urgente cuando el trámite es largo. No existe por lo tanto una urgencia comprobable.

El Reglamento en su artículo 59 permite dispensar la segunda lectura, sobre la base de que sea de urgente y obvia. ¿Quién califica lo urgente y obvio?

No, se equivoca, diputado; no conoce usted el Reglamento. No es la mayoría, son las dos terceras partes de la Asamblea, de los presentes.

También existe la posibilidad de que una mayoría tan grande como de dos terceras partes, sea completamente arbitraria.

Sí hay la posibilidad, puede haber una mayoría de 90 que considere que lo rojo es negro y que así lo decrete de manera arbitraria.

No, mire, no se apure, yo he tomado esta tribuna codo con codo con Vicente Fox.

El señor Fox ha venido aquí a tomar la tribuna para impedir la sesión y yo estaba junto con él y no me avergüenza decírselos, al contrario, me enorgullece haberlo hecho.

¡Para evitar la arbitrariedad de la mayoría, para evitar el atropello de los derechos de la minoría, para eso! ¡Evidentemente esto no es un asunto de urgente y de obvia..!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: ¡Señor Presidente, haremos lo necesario para que no se tome la votación de un acto arbitrario de algo que no es de urgente ni de obvia resolución!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¡Permítame, señor diputado!

¡Señor diputado Pablo Gómez!

El diputado Pablo Gómez Alvarez: ¡Señor Presidente, ésa es la decisión que hemos tomado en el pleno ejercicio de un derecho de minoría! ¡Estamos dispuestos a discutirlo el martes, no hoy! ¡No hay urgencia, no hay situación de decreto de obvia resolución!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado.

Por haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, es de primera lectura. Para poder desahogar lo que usted está solicitando, como también solicitó el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, tendríamos que consultar a la Asamblea.

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RECESO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 13:17 horas): Al ver esta disposición que ustedes han tomado, que por cierto no tengo más arma que el cumplimiento de la ley y apelar a la dignidad de los diputados, pudiéramos llevar a cabo una reunión de carácter civilizada y no existen las condiciones. Declarado de primera lectura se decreta un receso y se invita a los señores coordinadores... Perdónenme. Es disposición de la Presidencia de la Cámara, para evitar estas acciones de violencia que a nadie dignifican, declarar un receso e invito a los coordinadores de las fracciones parlamentarias a trasbanderas, a conversar sobre lo que más conviene a un Congreso que debe de dirigirse con dignidad y con decoro.

(Receso.)

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CERTIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:03 horas del martes 12 de octubre): Pido a la Secretaría me certifique el quórum de la sesión.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 428 diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a apagar el sistema de asistencia y votación.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico.

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ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen en referencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.*

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría calificada por la afirmativa. Se le dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Con toda atención la Presidencia invita muy cordialmente a los señores representantes de los medios de comunicación para que puedan ocupar sus lugares que tienen asignados para cumplir su importante labor informativa y noso-tros poder continuar con nuestro trabajo.

Activen el sonido en la curul del diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís (desde su curul): Solicito hacer uso de la palabra en la tribuna, con objeto de presentar una moción suspensiva.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión en lo general. Usted tiene la palabra.

El diputado Iván García Solís: Presidente. Ciudadanos diputados. Ciudadanas diputadas. Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente moción suspensiva. Consideraciones

Al contradictorio documento que se pretende hacer pasar por dictamen, debemos considerarlo nulo, debido a que es producto de burdas violaciones a los procedimientos parlamentarios que enunciamos, en vez de comisiones unidas, figura reconocida e indispensable en el proceso parlamentario, hubo comisiones desunidas, dispersas y manipuladas, en las cuales los proponentes eludieron el debate e incurrieron en la vieja y antiparlamentaria práctica de la votación mecánica, además, por lo menos en un caso, en la Comisión de Puntos Constitucionales, no se integró el quórum.

Por todo lo anterior, el documento que hoy se nos presenta en calidad de dictamen, debe ser considerado en estricto derecho inválido, este seudodictamen llega al colmo de la irresponsabilidad, al no cuantificar el impacto presupuestal que resultaría de aprobar la iniciativa, ni contiene opinión alguna de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con lo que se incumple el artículo 71 del decreto de Presupuesto de Egresos 2004. Por ello mucho mayor irresponsabilidad sería la de este pleno si consintiera en discutirlo.

En suma: la propuesta de reforma constitucional que hoy se presenta a la consideración de esta Asamblea vulnera en su viciado procedimiento los principios de deliberación, información, enmienda, legalidad y publicidad consustanciales a un desempeño legislativo democrático.

Además de estas graves violaciones, mismas que a cualquier Congreso respetuoso de la legalidad bastarían por sí mismas para suspender la discusión, existen razones de fondo: esta reforma, en efecto, impondría a la entidad, según cálculos del gobierno del Distrito Federal, recortes de hasta 9 mil millones de pesos. Esta merma equivaldría al presupuesto actual de 10 de las 16 delegaciones o al 40 por ciento de los recursos federales que se destinan a la capital.

Los patrocinadores de la reforma saben perfectamente que el Gobierno, ante el recorte de recursos, podría verse obligado a afectar presupuestos de las delegaciones o servicios fundamentales para la ciudad. Está en jaque, podría estarlo, el apoyo económico a la población de la tercera edad, a madres solteras y a otros grupos vulnerables, así como la construcción de obra pública benéfica para la ciudad. En realidad los impulsores lo saben, por eso es precisamente que persiguen la reforma.

Esa reforma, su verdadero objetivo, digámoslo desde hoy y claramente, es enderezar un nuevo y desesperado intento de dañar la imagen y popularidad del Gobierno de la Ciudad y de quien lo encabeza. Se pregona una falacia: ``que la Ciudad de México es privilegiada''. No lo es; la Ciudad de México es generosa, abierta y ha colaborado en los últimos 10 años más que ninguna otra entidad al soporte de los gastos federales.

Por todo eso, por todo lo anterior, presento la siguiente moción suspensiva:

Primero. Se suspende la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una base VI al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se devuelve a las Comisiones Unidas de Educación y Servicios Educativos, Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, con objeto de que sesionen efectivamente en comisiones unidas y de que cumplan con lo dispuesto en el artículo 71 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, que las obliga a realizar una valoración del impacto presupuestario.

No. No, digo claramente, digo enfáticamente, no a la sustracción de recursos de la Ciudad de México; sí al federalismo genuino; no a este robo a las finanzas públicas de la Ciudad de México.

Eso es todo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En virtud de que no existe orador registrado para impugnar esta moción suspensiva, consulte la Secretaría a la Asamblea si se toma en consideración o se desecha.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el ciudadano diputado Iván García Solís.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría porque se deseche la moción suspensiva.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados:

Por Convergencia, Jesús González Schmal; por el Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña; por el Partido Verde Ecologista de México, Fernando Espino Arévalo; por el Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez Alvarez; por el Partido Acción Nacional, Francisco Barrio Terrazas y por el Partido Revolucionario Institucional Jesús Lomelí Rosas.

Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, hasta por 10 minutos.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: La educación ha sido el tema nacional más cercano, más íntimamente vinculado con nuestra identidad, que implica la preservación de nuestros valores culturales y la continuidad de la existencia de la nación por sobre las contingencias y no pocos intentos para desfigurarla a favor de patrones importados.

Por ello, el debate de hoy es crucial, porque lo que discutimos es nada menos que la presentación o la prestación de este servicio público fundamental, consagrado como garantía social en nuestra avanzada Constitución de 1917.

Pero si la educación formal en el aula es esencial, no lo es menos la que se imparte en el contexto social y político que con frecuencia incide más en el educando que la que recibe en los claustros escolares.

Es desde aquí que convocamos en Convergencia a todos los legisladores federales y locales, a una profunda reflexión en cuanto al ejemplo que estamos dando a los millones de niños y jóvenes que en sus televisores o en los diarios, se informan de lo que está ocurriendo en este recinto.

Dejo a su mejor criterio las condiciones del alcance de los hechos aquí ocurridos y desde luego, de muchos otros en nuestra vida pública, que no sólo son educativos, sino me temo que son contrarios a cualquier intento de formación y elevación de la conciencia social.

No soy ajeno ahora, ni nunca lo he sido, del sagrado derecho al disenso, sólo que esta reforma, en verdad, con todas las posibles cargas partidistas, lo que propone es la materialización de un programa casi abandonado de la descentralización educativa que fue y sigue siendo una demanda federalista.

Es cierto que, aún sin reforma constitucional, el programa con base en regulaciones anteriores debía haberse realizado en el Distrito Federal y aun cuando había dependencia directa del regente al Ejecutivo federal, no se llevó a cabo por intereses o mezquindades intragobierno, sobre todo vinculadas con el control sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la fuerza de la Coordinadora también de los maestros en esta ciudad.

Sin oportunidad, sin embargo, ahora que existe un gobierno independiente, no es posible resistirse a la oportunidad de hacerlo con todas, con todas sus consecuencias, tanto el efecto comparativo con otras entidades de la República, como por la defensa legal de la suficiencia de recursos presupuestarios que esta representación está obligada a otorgar en los términos de la fracción VIII del artículo 3º de la Constitución, que nos obliga a proveer para la educación a todos los niños mexicanos con derecho imprescindible a obtenerla.

En Convergencia creemos que es oportuno el que en la gran capital de la República, asuma su gobierno plenamente las facultades en el ramo educativo y en un obligado convenio con la Secretaría de Educación, deba iniciar el proceso respectivo de acuerdo con los antecedentes de su condición jurídico-política de Distrito Federal, que evidentemente no tuvo un desarrollo ni presupuesto propio como otros estados, para en paralelo con la Federación desplegar tareas locales en la prestación de los servicios educativos.

Es en orden, en realidad, en este orden, lo que puede ser objeto de cuidadoso seguimiento y lo será la ejecución del programa que implicará, no sólo amplios conocimientos en la materia educacional, sino además buena fe y excelente buena voluntad.

Pero aquí también se encuentra claro el principio subsidiario de esta Legislatura que nunca de los nuncas podrá consentir una insuficiencia de los recursos presupuestales para ejercer presiones políticas o revanchas contra uno u otro gobernante de la Ciudad de México.

No rehuiremos desde nuestra responsabilidad, la salvaguarda de los derechos de más de 2 millones de educandos en el Distrito Federal y si se invoca el principio de equidad y proporcionalidad entre los estados, no podrán prevalecer ópticas miopes por sobre lo que debe ser la única equidad posible, la que jamás se afecte el derecho del niño y del joven a su educación, en cantidad y calidad óptima.

Por eso, nadie puede estar en contra de que el gobierno del Distrito Federal, concurra con los demás gobiernos de los estados de la República a la elevada encomienda que significa la educación de sus menores. No aceptamos el que esta reforma que se propone tuviera como única finalidad la intención de disminuir los recursos presupuestarios que legítimamente le corresponden al gobierno capitalino, pero estamos convencidos de la concurrencia, de lo positivo y conveniente de la concurrencia de los niveles federales y locales en la prestación del servicio de educación pública para los menores del Distrito Federal.

Por ello, es que Convergencia invoca seriamente el artículo 3° constitucional y su fracción VIII, para que con toda prioridad, esta Cámara acepte su responsabilidad de proveer recursos a una entidad, como lo es la del Distrito Federal, que no tiene el carácter de estado federado y que por lo mismo no tiene antecedentes en el gasto y en el presupuesto local en esta materia y debe ser subsidiariamente otorgado con presupuestos federales hasta el momento en que el Distrito Federal alcance el status jurídico-político de un estado soberano, con congreso propio, con autoridades electas en todos sus territorios y con el presupuesto comprendido y aprobado por los propios diputados y congresistas locales.

Es en esta medida que podemos salvar este momento crucial para argumentar y salvar la labor educativa en el Distrito Federal, proponiendo que ya en el curso de la discusión tenga que salvarse la condición específica y particular del Distrito Federal, que no puede definitivamente igualarse y asimilarse a la de los estados que hoy comprende los 31 que en la República Mexicana, constituyen la Federación.

Es en este tenor que Convergencia estará atento al debate y tendrá pues como presupuesto necesario e inaplazable, que jamás se utilice este tema y esta materia de la educación ni para salvar condiciones políticas coyunturales ni mucho menos, para cobrar facturas o revanchas a quienes en un momento dado, disienten en colores o posiciones políticas.

Estaremos sólo atentos a que la Cámara de Diputados, cumpla con el deber imprescindible e insoslayable de otorgar los presupuesto al gobierno del Distrito Federal y optamos sí, porque antes de la reforma se concurra y se recurra al convenio como se ha logrado con los 31 estados y puedan ser en un acuerdo razonable, adulto y por México, el que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Distrito Federal, lleguen a los convenios terminantes para que la educación no sufra menoscabo y se cumpla cabalmente y sólo en el caso, en el extremo de que esta enmienda se apruebe, vamos a estar porque se excepcione al Distrito Federal, que no puede ser considerado para estos efectos, como un estado en plenitud de sus derechos y de su condición jurídico-política.

Por eso, estaremos atentos al debate y propondremos las reformas o la sustitución del artículo tercero transitorio, para que en efecto y en virtud de que el Distrito Federal, no participa plenamente en la condición de entidad federativa y no tiene antecedentes propios en la función educativa, la Secretaría de Educación celebre con su gobierno el acuerdo respectivo, para que en el presupuesto federal del Congreso, apruebe la asignación de recursos, que permita solventar la aportación que corresponda a los estados, mientras éste adquiere el status jurídico-político de un estado soberano. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Para fijar la posición del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el diputado Joel Padilla Peña.

El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia.

La pretendida reforma al artículo 122 constitucional no es una reforma, es una contrarreforma constitucional; es un brutal, artero y criminal asalto en despoblado a los habitantes de la Ciudad de México. Los diputados federales del Partido del Trabajo votaremos en contra de este artero ataque a los habitantes del Distrito Federal.

Está claro que de aprobarse en los términos planteados el dictamen en comento, atropella toda la normatividad establecida en el Convenio Unico de Coordinación Fiscal y atropella también el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que fue el sustento legal sobre el cual se dio la descentralización de la educación en nuestro país en el año de 1992; atropella además el sentido común porque las cifras no mienten: el Distrito Federal aporta recursos a la Federación que no corresponden a lo que recibe en los términos de participaciones federales.

Dicha entidad se lleva una cuarta parte de la riqueza nacional y aporta al fisco federal 250 mil millones de pesos, pero sólo recibe del Gobierno Federal 21 mil millones de pesos, es decir, ni el 10 por ciento de lo recaudado. El Distrito Federal es el único que cubre con recursos propios el 80 por ciento de su presupuesto de egresos y el 20 por ciento restante, se complementa con las participaciones federales y con deuda pública, esta última aprobada anualmente por el honorable Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos.

Cabe destacar que los montos autorizados al Distrito Federal de deuda pública, han sido objeto de drásticas reducciones en los últimos ejercicios fiscales, lo que comprueba una vez más la política facciosa de golpear las finanzas públicas de la Ciudad de México y de sus habitantes.

De concretarse en los términos propuestos esta nefasta contrarreforma constitucional, al gobierno del Distrito Federal le estarían quitando, según diversas estimaciones, entre un 8 a un 14 por ciento de sus recursos públicos.

Queda claro que la Ciudad de México no es subsidiada, sino al contrario, producto de los convenios únicos de coordinación fiscal, el Distrito Federal provee de recursos a las demás entidades de la República.

Así pues, nos preguntamos: si jurídica y financieramente es inconsistente la contrarreforma al artículo 122 constitucional ¿qué propósito entonces se persigue? La respuesta tiene que buscarse inevitablemente en el ámbito político. Hay que quebrar las finanzas públicas del Distrito Federal y el gobierno de López Obrador, menguarlo políticamente para que en 2006 no sea candidato a la Presidencia de la República o que sea un candidato débil y altamente cuestionado.

La aprehensión de Gustavo Ponce justo en estos días, es la prueba irrefutable de que la embestida contra el jefe de Gobierno es implacable; se trata de anularlo a toda costa.

El dictamen en comento, tal como viene, constituye una perversión jurídica, porque en vez de sujetarse a los procesos de descentralización vigentes en materia educativa, el dictamen persigue lesionar las finanzas del Distrito Federal y cobijar al SNTE para que esta organización gremial siga manteniendo al magisterio bajo su control.

Nos parece inadmisible que a trasmano, como suele ocurrir siempre que hay sospechosismo legislativo, que el artículo tercero transitorio se pretendan preservar en cautiverio a los trabajadores del magisterio adscritos a las secciones del SNTE en el Distrito Federal. Esta aberración prevista en el artículo tercero transitorio, es contraria al ejercicio del más elemental derecho de libertad sindical, ya que da al SNTE reconocimiento constitucional como único sindicato titular de las condiciones generales de trabajo con el Distrito Federal.

Esta disposición atenta contra la pluralidad de los sindicatos que pueden existir dentro de una secretaría de Estado. Con esta barbaridad jurídica sólo falta que en el artículo 123, apartado B, establezcan a la FSTSE como única organización gremial representativa de los trabajadores al servicio del Estado.

Por otra parte, consideramos que el procedimiento para crear la Subsecretaría de Educación Básica del Distrito Federal dependiente de la SEP, obedeció a cuestiones políticas coyunturales al momento de darse el proceso de descentralización educativa en los años de 1992 y 1993. Los promotores de este atentado a los habitantes del Distrito Federal, no tuvieron el menor empacho en mayoritear en las comisiones respectivas, para suscribir un dictamen que limita la posibilidad de realizar obra pública en una ciudad que por sus múltiples problemas requiere de fondos financieros crecientes.

Sí hay fuentes de financiamiento que generen recursos adicionales que pueden ser utilizados en dar mayores recursos a la educación y éstas son: la subestimación del precio del petróleo, recortar recursos del Fobaproa e IPAB, incrementar el déficit fiscal y otros rubros del presupuesto, en vez de castigar los fondos sociales asignados a la educación.

Por eso, nos parece que el sentido del dictamen en comento tiene más que ver con consideraciones políticas, que se suma a la larga lista de agresiones contra los habitantes de la ciudad que su única culpa fue ejercer su voto a favor de un gobierno que no goza de las simpatías del Ejecutivo federal.

Esta contrarreforma se inscribe en la estrategia última, ultimar políticamente a Andrés Manuel López Obrador, aunado a la amenaza inminente del desafuero que pretende dejarlo fuera del proceso electoral para la Presidencia de la República.

Esta es la verdadera intención de dicha contrarreforma. Nos enfrentamos a un proceso legislativo oscuro, irregular, en el cual se dejan de lado propuestas alternativas que apuntan a una solución apegada a la normatividad existente, contemplada en el proceso de descentralización. Tan afecta a los habitantes de la Ciudad de México que ahora mismo se manifiestan en las calles miles de ellos y lo seguirán haciendo.

Por eso desde aquí estamos solidarios con quien protesta por esta reforma al artículo 122.

Por las consideraciones expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general en contra del dictamen en comento. Y nos reservamos para su discusión en lo particular el artículo tercero transitorio y propondremos un nuevo artículo transitorio que gradualice los efectos económicos negativos de esta contrarreforma. Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Espino Arévalo.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados: Hoy en México, de manera global, se puede hablar de una crisis en educación cuya naturaleza tiene que ver esencialmente con un desfase o disparidad ante los cambios que se vienen dando día con día.

Los sistemas educativos no han evolucionado con la misma rapidez con que se han desarrollado los diversos cambios tanto científicos y tecnológicos como políticos y económicos que han afectado las estructuras sociales y que nos exige adoptar una postura firme de apoyo y promoción que coadyuve a solucionar la problemática que actualmente enfrenta la educación pública.

Además, otra complicación que hoy enfrenta el sistema educativo nacional, es el aumento de la población que requiere de educación. Hablamos no solamente de los jóvenes que acceden al sistema educativo sino también del aumento de adultos que quieren continuar o incluso iniciar su educación.

En cuanto a esta demanda escolar, resulta especialmente notoria en las últimas tres décadas.

El problema de la demanda está directamente relacionado con los motivos de inversión que realiza el Estado mexicano en la materia, el cual en los últimos años no ha tenido un crecimiento real pues más del 92 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente, mientras que tan sólo el 2 por ciento va a infraestructura y el 5 por ciento a materiales de apoyo.

De ahí que no es difícil explicar el rezago educativo que tenemos, el cual se radicaliza por la discriminación territorial que existe para la asignación de recursos en algunas entidades federativas.

El Distrito Federal es la entidad federativa que concentra la mayor cantidad de recursos educativos y posee el más complejo subsistema educativo del país, pero no por ello deja de tener problemas semejantes a los de muchos estados, además de otros que le son propios pues el Distrito Federal es la única entidad en la que no se han descentralizado los servicios de educación básica.

No obstante que la Ley General de Educación en su artículo 16, establece la responsabilidad del Distrito Federal en el financiamiento de los servicios educativos básicos, además que el artículo cuarto transitorio de la misma ley establece el proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación básica, pero desafortunadamente este proceso lleva 12 años en los que no ha existido la voluntad política para finiquitarlo.

Cabe resaltar que el Distrito Federal es la única entidad que se encuentra en tal condición, situación que no sólo pasa con el tema sino que también se encuentra la educación pues el rubro de la salud es otro que ha seguido la misma suerte, toda vez que lo que tiene sin avance desde 1997 pero eso sí, se aprovecha al máximo las transferencias federales para sus fines particulares de índole político.

En tal virtud, es oportuno precisar que la reforma constitucional que se somete a la consideración de este pleno, viene a otorgar mayor certidumbre y un trato análogo para todos los integrantes de la Federación.

Por otra parte, el gobierno del Distrito Federal evidencia la carencia de un proyecto educativo de carácter integral con su correspondiente normatividad y la ausencia de estructuras administrativas para desempeñar la función educativa, no obstante que han tenido más de 12 años para llevarlo a cabo; de ahí la férrea oposición a que por mandato constitucional se les obligue a cumplir con las obligaciones legales a su cargo.

Es preciso comentar que el gasto en educación se compone de las erogaciones que hace el Gobierno federal a través del Ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública, del Ramo 25, que son las prevenciones salariales y la previsión de los gastos para la educación básica en el Distrito Federal y el Ramo 33, que son las aportaciones federales para la educación básica y normal de los estados, así como las aportaciones que realizan los gobiernos de las entidades federativas.

El Distrito Federal no cotiza el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ni al Fondo de Educación Tecnológica y de Adultos del Ramo 33 y, sin embargo, en el presupuesto para el 2004 se le destinaron más de 24 mil millones de pesos, que es mayor que el monto destinado en conjunto a 8 entidades federativas, como lo son Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Morelos y Aguascalientes.

La inequidad en esta distribución reside que mientras el Distrito Federal no requiere complementar tales recursos con las participaciones federales, el resto de los estados sí están obligados a hacerlo y por ello el gasto educativo representa entre el 50 y 60 por ciento de los presupuestos estatales, lo que provoca la presión financiera que en este rubro presentan todas las demás entidades federativas.

La magnitud de esta subvención federal a favor del Distrito Federal se puede ponderar si se considera que los recursos presupuestales en el Ramo 25 para el Distrito Federal tuvo un crecimiento de 9.3 por ciento, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal 2003 y en contraste los fondos destinados al resto de las entidades federativas creció menos de la mitad de esta tasa.

Además, los niños de las escuelas públicas en las demás entidades federativas reciben 3 mil pesos menos por niño en edad escolar que en el caso del Distrito Federal.

Otra consideración que también debe tenerse en cuenta es que el promedio de escolaridad de los habitantes del Distrito Federal está por arriba de 9 años de escolaridad, lo que nos pone por encima de la educación básica a nivel nacional.

Si la capital del país ocupa el primer lugar en el desarrollo educativo se debe a que el Gobierno federal le otorga una serie de privilegios, vía presupuesto, que no tienen el resto de las entidades federativas. De ahí que el Distrito Federal cuente con un presupuesto de dos a uno respecto de los demás estados de la República; es decir, el Gobierno federal se hace cargo del 100 por ciento del gasto educativo a nivel básico en el Distrito Federal, además de que aquí se concentran las instituciones de educación superior más importantes del país.

Esta condición discriminatoria y de trato preferencial es apremiante que se corrija en aras de lograr una mayor equidad y un desarrollo equilibrado y sustentable de todas y cada una de las regiones del país.

Por todo lo anterior los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos de elemental justicia votar a favor del dictamen por el que se adiciona una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores; ciudadano Presidente:

Quiero en primer lugar presentar a usted un reclamo por la afirmación hecha por usted, en el sentido de que algunas diputadas habían recibido instrucciones de diputados.

Quiero decirle que las diputadas de esta Cámara están aquí por méritos propios, tienen su propia posición y las de todos los partidos no reciben instrucciones de los diputados. Ellas son pares, son iguales que nosotros, toman sus decisiones.

Espero que sepa usted presentar una disculpa a todas las ciudadanas diputadas de esta Cámara.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tomo nota, señor diputado.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos:

En este país, durante los largos años de partido de Estado, se creó un sistema de educación básica contradictorio e injusto, en cuanto a las cargas presupuestales.

El Presidente de la República tomaba las decisiones y los gobernadores las acataban: no protestaban los estados. Lo hacían en los despachos de Los Pinos y de la Secretaría de Educación Pública.

¡Cuánta injusticia en el reparto de las cargas! ¡Cuánto desa-pego a un verdadero sistema federal solidario! ¡Cuánta irracionalidad prevaleció durante tantos años!

La descentralización fue una manera de perpetuar, incluso de profundizar esta injusticia.

La Federación asumió solamente la nómina de los profesores federales, pero no introdujo correctivos al viejo sistema. El Distrito Federal era eso, y sigue siéndolo, una entidad gobernada entonces por el Presidente en donde él también tomaba las decisiones en soledad. El sistema no es responsabilidad de los habitantes de la capital; tampoco de los habitantes de los estados.

Este sistema erróneo, injusto, impuesto por el entonces partido de Estado, el PRI, se mantiene en la propuesta de modificar el 122 de la Constitución con sus transitorios, no resuelve el problema.

El problema puede empezar a resolverse de otra manera: con justicia y solidaridad federalista.

El Distrito Federal ha pagado ya el costo de la descentralización educativa y ustedes lo saben.

No obstante que el aporte del Distrito Federal al producto interno bruto (PIB) es en este momento de 22.54 por ciento, las participaciones de impuestos, las participaciones federales, en el total de participaciones a nivel nacional, bajó de 1990 a hoy, de 23.44 a 11 por ciento. Este plan se hizo en buena parte para financiar la descentralización educativa.

La Federación ha dejado de entregar desde entonces, al Distrito Federal, 65 mil millones de pesos.

El Distrito Federal ha dado una cuota, una cuota alta. Hay entidades que también han pagado una cuota alta, muy alta y la siguen pagando; el Distrito Federal la sigue pagando. Todas las entidades federativas estamos pagando una cuota alta por ese sistema de iniquidades, de injusticias, de atropello, en contra de las entidades realizado por la Federación.

Nosotros como poder federal, lo que tenemos que hacer es establecer un correctivo profundo al sistema de distribución de cargas, con base en la fracción VIII, del artículo 3º, que nos da plena facultad para hacer eso.

¿Por qué no usar las atribuciones del Congreso que nos da la Constitución para acabar con ese sistema injusto que se quiere perpetuar?

Hubo una alternancia en el gobierno; pero el gobierno actual, no quiere corregir los errores y las injusticias del viejo gobierno. No es nuevo gobierno, es viejo gobierno recién llegado.

Es lastimoso para este país. ¡Es lastimoso para este país!

Se quiere, encima de esto, llevar al Distrito Federal a una crisis de las finanzas públicas. El Distrito Federal recauda como recursos propios muchísimo más que la media nacional que está en 20 por ciento, puesto que el Distrito Federal está en 60 por ciento de ingresos propios respecto de los ingresos totales.

Es un esfuerzo muy grande, recaudatorio. ¡Eso es lo que pide la Convención Nacional Hacendaria! ¡Eso es lo que todos los partidos están pidiendo: elevación de la capacidad recaudatoria de las entidades federativas! El Distrito Federal lo ha hecho y lo ha sabido hacer y lo hará mejor en el futuro, pero no es con embargos fiscales como se puede dar un aliciente, ¡a la entidad federativa con mayor porcentaje de recaudación propia! ¡De ninguna manera! ¡Es un castigo que no se merece la entidad líder en capacidad recaudatoria!

¿Cómo podemos entonces presentarnos frente a los demás estados como poder federal y advertirles: el que despunte en la capacidad recaudatoria puede ser sujeto de un embargo, como el que se pretende votar esta mañana en este Palacio? ¿Es esto un federalismo? ¿Es esto un federalismo? ¿Qué cosa es? Es algo con contenido político evidentemente.

Los acontecimientos en relación con el gobierno de la ciudad se vienen produciendo uno detrás del otro. Esto no para y esto va crispando el ambiente político nacional y va generando una situación de intolerancias, ¡es la anticipación de la lucha por la Presidencia! No tiene nadie derecho a llevar a un país, sólo porque el gobierno es débil y ¡sólo porque un posible candidato de la oposición es el puntero en las encuestas! Porque si no fuera así no estaríamos en esta discusión.

¡No tiene ningún partido el derecho a llevar la política de su país por la senda de la crispación preelectoral, que se abrió desde hace dos años y que no ha podido hacer frente a eso nada el Presidente, porque no entiende lo que está pasando en la política nacional! ¡Pero los partidos se unen para bloquear la emergencia y la posibilidad de una alternancia que implique un verdadero cambio! Este es otro de los componentes de este proyecto de decreto.

Por ello, debemos decir ¡no!, debemos decir ¡sí! a un nuevo fondo para compensar la iniquidad en el gasto de educación básica directamente del presupuesto, como en algún momento hicimos el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas y de un decreto que obligue a la descentralización educativa ¡Y un sí a un proceso político civilizado, democrático, republicano, sin represalias, sin manio- bras, sin la utilización del poder del Estado con el propósito de detener a la fuerza emergente que quiere gobernar este país para hacer el cambio que no ha llegado! Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra para fijar la posición del Partido Acción Nacional, el señor diputado Francisco Barrio Terrazas.

El diputado Francisco Javier Barrio Terrazas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados; compañeras diputadas: venimos a reanudar esta sesión iniciada hace una semana y dos veces suspendida por actos lamentables.

Los diputados y diputadas del PAN hacemos votos porque esas conductas no se repitan y reiteramos que con un sentido de respeto a los ciudadanos y a este Congreso, actuaremos en todo momento con apego a la legalidad y al orden que la sociedad mexicana quiere ver primero que nadie en nosotros, sus representantes.

Venimos ahora a discutir un asunto que en los últimos días se ha estado planteando como si fuera de la sola incumbencia de los habitantes del Distrito Federal, pero que es, como veremos, un asunto que le importa, y mucho, a los ciudadanos de toda la República.

Les pregunto, por ejemplo, a los ciudadanos de Tabasco, Durango y Michoacán: ¿Cómo estarían ahora sus estados si en los últimos 10 años cada uno de sus gobiernos estatales hubiera podido invertir, además de los presupuestos ejercidos, unos 12 mil 500 millones de pesos de los actuales en carreteras o en escuelas o en sistemas de agua y drenaje o en seguridad? Eso más o menos es lo que hubiera ocurrido si no hubieran tenido que aportarle al gasto de educación, como ocurre hasta la fecha en el Distrito Federal.

Y a los habitantes de Chiapas, de Puebla y de Chihuahua, les pregunto: ¿Cómo hubiera caído una inversión adicional en cada una de sus entidades, por el equivalente a unos 30 mil millones de pesos? ¿Cómo estarían Veracruz, Nuevo León y Baja California, con inversiones adicionales de unos 36 mil millones? ¿O Jalisco, si hubiera podido disponer de unos 45 mil millones adicionales?

Y el caso más dramático de todos, el Estado de México hubiera podido invertirle a esos rubros unos 120 mil millones de pesos adicionales.

Así, en mayor o menor proporción, los gobiernos de todos los estados le aportan al gasto en educación, reduciendo sus posibilidades de invertir en otros rubros, lo que no es el caso del DF.

Por eso, hoy que discutimos la iniciativa que reforma el artículo 122 constitucional, a fin de que el gobierno del Distrito Federal participe como las demás entidades federativas, en el gasto destinado a la educación, la posición del grupo parlamentario del PAN es claramente a favor de su aprobación, porque para nosotros éste es un tema de equidad, de distribución más pareja de los recursos y de las responsabilidades; es también un asunto de solidaridad y de federalismo.

Se argumenta en contra de esta iniciativa, que en esta ciudad se recauda más de la cuarta parte de los impuestos del país y que de esa suma sólo alrededor de un 20 por ciento se entrega al gobierno capitalino. Bajo ese razonamiento el Distrito Federal estaría convertido en el gran subsidiador del resto del país, sin embargo esa afirmación no es válida, de hecho son mayoría las entidades donde la suma que regresa a los gobiernos locales, por concepto de ``participaciones y transferencias federales'' es muy inferior a la suma de los impuestos recaudados.

De esto hay varias razones. Primero, porque organizados en una República federal, los estados tenemos que aportarle al gasto público nacional, así casi la mitad del dinero que ingresa a la Tesorería de la Federación, es gastado directamente por el gobierno de la República.

Segundo. Porque las entidades más ricas y desarrolladas, tenemos, en efecto, que subsidiar a los estados de mayor pobreza y marginación, tal ha sido durante muchos años el caso de mi estado natal, Chihuahua, donde sabemos que parte de lo que nosotros aportamos debe servir para apoyar a estados pobres, con menos desarrollo.

Lo entendemos y lo aceptamos como algo válido y correcto, conveniente para el país, de otra manera, diferencias ya abismales, se profundizarían todavía más, haciendo crecer la desigualdad entre estados pobres y estados ricos.

Hay además otro aspecto que debe contemplarse, en la Ciudad de México tienen su domicilio fiscal muchas grandes empresas que operan en todo el territorio nacional, de tal suerte que algunos de los impuestos que aquí se pagan, en sumas ciertamente enormes, son realmente causados en las diversas regiones del país, donde los productos se producen o se consumen.

No existe información confiable que permita saber qué proporción de esos impuestos que se cobran en la Ciudad de México pudieron haberse causado en Veracruz, en Yucatán, Oaxaca o el Estado de México, por lo que es difícil saber a ciencia cierta, de qué tamaño es el subsidio que unos estados pudieran estar haciendo a otros.

Lo que si está claro, es que a lo largo de los años, nuestro sistema haciendario nacional ha ido acumulando grandes disparidades, así mientras unos estados aportan hasta el 40 por ciento de su gasto educativo, otros aportan un 10 por ciento, un 5 por ciento o nada, y lo mismo ocurre con el gasto en materia de salud. De la misma manera el gasto federal per cápita en programas de combate a la pobreza o de apoyo al campo, es sumamente desigual en las distintas regiones del país.

Se hace pues indispensable realizar un diagnóstico integral, serio, bien sustentado de las finanzas públicas nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los egresos. Quizá eso nos lleve a concluir, que el DF, o algunas otras entidades, deban recibir más recursos federales, otras quizá deban tener un alivio en la proporción de gastos que hoy día tienen que asumir.

En cualquier caso, nosotros estaremos a favor de que se hagan los ajustes necesarios.

Por lo pronto, saltan a la vista situaciones contrastantes de nuestra geografía fiscal, el estado de México, con una población de aproximadamente 14 y medio millones de habitantes, tiene un presupuesto estatal de 71,400 millones de pesos; el gobierno del DF, con una población de 8.8 millones de habitantes, dispone de un presupuesto de 77 mil 500 millones de pesos. Esa comparación ya desproporcionada, se vuelve insostenible, si le agregamos que el gobierno del estado de México tiene que destinar el 34 por ciento de su presupuesto a pagar el gasto educativo y el DF sólo aplica a ese rubro alrededor del 2 por ciento de su presupuesto.

Es por ello que en la Convención Nacional Hacendaria se llegó al acuerdo, firmado por 31 gobernadores, de revisar y corregir el tema del gasto educativo y no es, como se ha dicho, que de la Convención Nacional Hacendaria sólo estemos tomando este tema, más bien esta iniciativa que ya venía discutiéndose desde el año pasado, se ve ahora avalada por el sentir de las 31 entidades federativas que se sienten afectadas.

Es con ese ánimo de equidad y federalismo que los diputados y diputadas del PAN hemos decidido y así lo expresamos ahora, que nuestro voto será a favor de la aprobación de esta reforma. Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jesús Lomelí Rosas.

El diputado J. Jesús Lomelí Rosas: Con su permiso, señor Presidente. Este será el posicionamiento de apoyo de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional, a la adición de la Base sexta al apartado C del artículo 122 constitucional.

En virtud de que este tema, además de muy controvertido, se ha manipulado interesada y dolosamente ante la opinión pública nacional es necesario hacer algunas precisiones:

No se trata de una medida política, instrumentada como reforma legal, con el propósito de perjudicar a una entidad federativa, en este caso el Distrito Federal; por el contrario, se trata de una reforma que responde a principios y propósitos auténticamente federalistas; se trata de sujetar al Distrito Federal a las mismas reglas, derechos y obligaciones que las otras entidades que forman parte de la Federación.

No es válido pretender que no obstante que al Distrito Federal se le reconozca la calidad de entidad integrante de la Federación casi con todas las características y estatuto jurídico de los estados de la República y que por otro lado se combata el que asuma obligaciones similares o equivalentes a las que tienen estos últimos.

El problema del Distrito Federal mexicano se origina en el hecho de que para la sede de los órganos federales no se creó una zona especial determinada, como lo hicieron otros estados federales, sino se ubicó en la Ciudad de México, capital de raigambre centralizada desde la consolidación del poder azteca y del posterior dominio español, principal centro económico, financiero, político, religioso y social del país, alrededor del cual se formarían mercados nacionales y sistemas de comunicaciones y transportes.

La Constitución de 1824 facultó al Congreso de la Unión para elegir el lugar que sirviera de residencia de los supremos poderes de la Federación, sin embargo, el propio Congreso de la Unión anticipó la decisión eligiendo mediante decreto del 18 de noviembre de 1824 a la Ciudad de México.

Las constituciones de 1836 y 1843 conservaron la capital de la República en la Ciudad de México, esta misma decisión fue tomada por el Acta de Reformas de 1847 y al estallar la Revolución de Ayutla por el Plan de Acapulco.

En el Constituyente de 1856 y 1857 se produjo un fuerte debate entre quienes proponían cambiar la residencia de los poderes federales y quienes insistían en la Ciudad de México como capital. Se decidió el punto, una transacción consistente en mantener la capital en la Ciudad de México, pero previniendo su cambio eventual, cambio que nunca ocurrió.

La Constitución de 1917 estableció en el artículo 43 al Distrito Federal como parte integrante de la Federación y en el artículo 73, la facultad del Congreso de la Unión para legislar todo lo relativo al Distrito Federal.

El enorme crecimiento de la Ciudad de México, que junto con la población de la zona conurbada constituye el área urbana más poblada del planeta, ha presentado un serio reto al planteamiento teórico de los distritos federales tradicionales que había venido siguiendo México; se desbordó un sentimiento de mayor autonomía en la ciudadanía que fue respondiendo por el Gobierno y por el Congreso. El resultado fue el diseño actual del Distrito Federal, que es uno de los capítulos más complejos de la Constitución vigente; se debe a una serie de reformas iniciadas en 1987 con la creación de una Asamblea Legislativa y continuadas para integrar el artículo 122 vigente en 1993 y 1996.

El Distrito Federal, antes de las reformas mencionadas, gozaba y sigue gozando de prebendas en el Presupuesto de Egresos Federal, que van desde beneficios con los productos de los impuestos federales hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual con otros estados de la Federación.

Por esto, la capital de la República tiene un presupuesto que supera en el doble al estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos que obligatoriamente pagan el resto de las entidades del país.

Es necesario corregir esta situación en términos de equidad, ya que se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federales.

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga obligación, atribución o facultad al Distrito Federal para la prestación del servicio de educación básica.

Actualmente, este servicio se ha venido prestando en la capital de la República con cargo a recursos federales. No son recursos del Distrito Federal, es un subsidio que ya no se justifica como otros muchos más. El sistema de coordinación fiscal tiene como objetivo que el Distrito Federal, estados y municipios reciban recursos de manera equitativa, proporcional a sus necesidades, esto implica la adecuada y justa distribución de éstos a las entidades federativas y municipios para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones y proporcionar los servicios que requiere la población.

También busca redefinir responsabilidades en la recaudación fiscal y en el ejercicio del gasto público, reafirmar la responsabilidad que cada orden de gobierno tiene de proveerse de sus propios ingresos para el sostenimiento de su gasto; con objeto de este propósito, desaparece la dependencia del Distrito Federal, respecto de las participaciones y aportaciones federales.

En este sentido, deberán garantizarse suficientes recursos para aplicarlos en educación, pues su adecuada distribución impedirá desequilibrios en las finanzas públicas de los estados. No se trata de un recorte presupuestal como se ha pregonado a diestra y siniestra por las partes interesadas; se trata de una reforma urgente para desaparecer un privilegio que favorece inequitativamente a una de las 32 entidades integrantes de la Federación; se trata de una reforma urgente a fin de actualizar la normatividad aplicable al Distrito Federal, al grado de avance en el proceso de fortalecimiento del estatus y de las potestades soberanas o casi soberanas de la entidad particular que es, al mismo tiempo, la capital de la República.

Lo que pretende la reforma constitucional en cuestión, es permitir que se apliquen al Distrito Federal las mismas reglas que se aplican a los 31 estados de la República. Son reglas técnicas que promueven un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de la educación básica obligatoria.

Tales medidas no modifican el régimen ni los porcentajes de aportaciones del Gobierno federal y las entidades federativas para el rumbo de la educación, sino que de un mismo régimen general y un porcentaje igual, se tase a todas las entidades con un mismo rasero.

Falso que sea un atropello como aquí se dijo. No es cierto que se estén retirando al gobierno del Distrito Federal las aportaciones federales para la educación básica, ya que las aportaciones federales en este rubro seguirán fluyendo de la Federación al gobierno del Distrito Federal, pero ahora vendrán etiquetadas y no podrán ser utilizadas para un fin distinto al que fueron asignadas; es decir, sólo se podrán utilizar en la educación básica.

Es cierto también, que los recursos destinados a la educación en el Distrito Federal, se transfieren del Ramo 33 al Ramo 25, donde se etiquetan todos los fondos federales; es decir, se saca de un fondo para ponerlo adecuadamente en otro.

De ninguna manera puede admitirse o inferirse que la reforma que estamos comentando tenga la intención o el propósito de afectar al gobierno del Distrito Federal con fines políticos, partidistas o electorales, todo lo contrario. La reforma tiene el propósito de realizar un principio sustancial del federalismo, que es dar trato igual a los pares, por lo tanto es necesario reconocer la necesidad de adicionar una base sexta al apartado C del artículo 122 constitucional, a efecto de que se establezca la obligación al Distrito Federal de participar en el gasto de educación básica obligatoria. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Se han registrado en la mesa para participar en la discusión en lo general los siguientes oradores, en contra: diputados: José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesús González Schmal, Salvador Martínez Della Rocca, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Guillermo Huízar Carranza y Víctor Manuel Camacho Solís.

Así también se han registrado para hablar en pro, diputados: Guillermo Aréchiga Santamaría, Tatiana Clouthier Carrillo, Jorge Legorreta Ordorica, José Guadalupe Osuna Millán, Antonio Astiazarán Gutiérrez y Francisco Landero Gutiérrez

En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado José Agustín Ortiz Pinchetti del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti: Señoras y señores diputados:

El día de hoy, se pretende aprobar una reforma al artículo 122 de nuestra Constitución. El efecto neto de esta iniciativa, es autorizar un embargo de recursos federales a que tiene derecho esta ciudad capital, por una suma no determinada, pero que puede llegar hasta los 9 mil millones de pesos.

Este descuento abrupto puede poner en crisis las finanzas de la ciudad y ocasionar graves perjuicios a sus habitantes. Una reforma constitucional de esta gravedad, requiere un proceso democrático que garantice los principios de legalidad, deliberación, información y agote la posibilidad de una negociación entre las distintas fuerzas políticas.

Esta reforma se ha producido en forma inconclusa, en un procedimiento que viola sistemáticamente las normas fundamentales del proceso y de la concertación. Se ha actuado bajo el principio de una mayoría tiránica, se ha ejercido el mayoriteo denunciado ferozmente por Acción Nacional en el pasado y ahora practicado por este partido, sin el menor rubor.

El Partido de la Revolución Democrática ha denunciado 29 irregularidades en el proceso de aprobación en un escrito de queja dirigido a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados. En su momento se hará una impugnación en el nivel judicial, debido a que la Mesa se ha considerado incompetente para conocer de estas irregularidades.

Hay que tomar en cuenta que la iniciativa no se discutió al interior de las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, se impuso por mayoría un dictamen, firmado previamente por diputadas y diputados del PRI, del PAN y del Verde Ecologista. Se rechazaron las consultas, se negó la audiencia solicitada por los órganos de gobierno del Distrito Federal y por innumerables instituciones y asociaciones.

En ningún momento ni el bloque mayoritario que impuso el proyecto ni las comisiones en turno, realizaron un análisis del impacto presupuestario que se generaría; no se solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la opinión que requiere el artículo 71 del Presupuesto de Egresos vigente. Se está obligando a esta Cámara a decidir a ciegas. ¿Por qué se ha actuado con tales ventajas? Simplemente porque se intenta impedir que se conozca la verdad.

En contra de lo que se ha afirmado, el Distrito Federal no tiene una situación de privilegio; la capital aporta más recursos que el resto de las entidades y el Gobierno federal de los que recibe. La Ciudad de México genera el 23 por ciento de todo lo que se produce en el país y recibe sólo el 11 por ciento de los beneficios fiscales.

Es falso también que el Distrito Federal no haya aceptado la descentralización de la educación básica y que no esté destinando recursos a la educación de la ciudad; destina casi 3 mil millones de pesos. El Gobierno federal es quien ha impedido, por razones de política sindical, que el proceso de descentralización culmine.

Es una mentira que la reforma busca generar una mayor equidad en la distribución de recursos a favor de las demás entidades federativas; los recursos que serán descontados al Distrito Federal no irán destinados a la educación, se pondrán en manos de los gobernadores de algunas de las entidades más ricas del país para que los utilicen para otros fines.

El fondo de esta iniciativa es el castigo a los habitantes del Distrito Federal por sus preferencias políticas y se inscribe ya en la lucha política por la Presidencia de la República en 2006.

Exhortamos respetuosamente a los diputados para que voten en contra de este proyecto; exhortamos al Partido de Acción Nacional, para que rectifique su posición y actúe conforme a la tradición que le permitió defender los derechos políticos, la autodeterminación de la ciudad capital; exhortamos también a todos los diputados capitalinos de las distintas fracciones a defender a su ciudad.

Sé que estamos en minoría y que si no se ponderan las verdades que están en el fondo de este intento de reforma vamos a ser vencidos por el mayoriteo, pero triunfaremos inevitablemente a la larga porque defendemos una causa alta y justa.

Podremos afrontar a nuestros electores en el momento de rendir cuentas y pedirles de nuevo su voto. Diremos que hemos tenido el honor de defender esta muy noble y muy leal Ciudad de México. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría: Con su permiso, diputado Presidente.

La educación es una de las vías privilegiadas para lograr el avance sostenido, equilibrado, sustentable y justo de una nación; por lo que además de ser verdaderamente la más alta prioridad, debe consolidarse como una política de Estado que trascienda los vaivenes políticos y económicos del país.

En razón de esto, debemos revisar nuestro sistema educativo y respondernos algunas preguntas: ¿para qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿quién enseña?, ¿qué se enseña?, ¿y con qué se enseña? Para responder a esta última pregunta, diré que estoy en favor de la reforma como maestro y legislador, porque significa mayores recursos destinados a la educación.

En razón del debate generado alrededor de este tema durante los últimos días, es pertinente revisar y aportar nuevos elementos de análisis y reflexión. Diríamos en primera instancia que la medida debe aplicarse estrictamente sobre el monto de recursos invertidos por el Gobierno federal para el sostenimiento de la educación básica y normal en el Distrito Federal. Esta inversión se ubica en el Ramo 25 del presupuesto y asciende a 19 mil 304.4 millones de pesos, para atender a 9 mil 949 escuelas y a más de 2 millones 700 mil alumnos.

De acuerdo con información presentada por la Convención Nacional Hacendaria, la aportación promedio de las entidades federativas al gasto público educativo nacional en el año 2000 era equivalente a 13.3 por ciento. Actualmente de acuerdo con los datos aportados en el IV Informe de Gobierno, las entidades federativas contribuyen con el 1.01 del producto interno bruto es decir, aproximadamente 70 mil 404.5 millones de pesos que equivalen al 18.6 por ciento del gasto público destinado a la educación en el presente año.

Lo anterior significa que el porcentaje promedio de aportaciones de las entidades federativas al gasto público educativo, es de alrededor del 18.6 por ciento.

Se concluye de lo anterior que de 2000 a la fecha, la inversión en educación que realizan los estados ha crecido en 5.3 por ciento. Si la media es 18.6 por ciento y la inversión equivalente a 19 mil 304 millones de pesos, la cantidad que deberá aportar el gobierno del Distrito Federal a la educación es equivalente a 3 mil 590.6 millones de pesos.

Es importante realizar algunos comparativos: actualmente de cada 100 pesos invertidos en educación en el Estado de México, 33.6 pesos los invierte el estado. En el caso de Nuevo León, de cada 100 pesos el estado invierte 29.5 pesos. Aún en el caso de entidades con mayores rezagos por ejemplo Chiapas o Guerrero, en el primer caso de cada 100 pesos se invierten 13.3 pesos; en el segundo caso se invierte 4.9 pesos.

El Distrito Federal invierte 80 centavos de cada 100 pesos del gasto educativo, para sostener la educación básica y normal en el Distrito Federal.

Esto se corrobora con las declaraciones del jefe de Gobierno el domingo pasado, cuando dice que se han invertido 65 millones en este año, desde luego, 65 millones de pesos en útiles escolares; 700 millones de pesos en educación básica y media, es decir, media superior y 350 millones de pesos en desayunos escolares. Presupuesto que no puede hacerse irreductible; presupuesto que no se determina de una vez, para considerarse dentro del presupuesto educativo. Hasta este momento no registro una propuesta del jefe de Gobierno que comprometa la inversión de recursos para la educación.

Seamos claros, lo que no se quiere es invertir en educación. Lo que se privilegia es invertir en programas de alta rentabilidad electoral. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La reforma que hoy se comenta, parecería inocua, imparcial, simple, sin ninguna complicación y merecería por ello ser aprobada si se garantizara que en los transitorios la especificidad del Distrito Federal se contemplaría.

La verdad es que por razones de orden legislativo, se va a votar primero en lo general sin que se pueda prever razonablemente, dada la configuración de la Cámara, que se vaya a lograr una justa ubicación del Distrito Federal y su caracterización dentro del capítulo de los artículos transitorios.

Por esta razón, en principio, Convergencia está por la abstención porque nadie puede ignorar que desde la exposición de motivos, la iniciativa tiene, sin lugar a dudas, un dejo de oportunismo, y porque no tiene lógica por donde se le vea el que si los estados de la Federación celebraron, sin necesidad de dedicatoria particular en el propio texto constitucional los respectivos convenios, no entendemos porqué ahora se utiliza y se instrumentaliza la Constitución para obligar y centrar al Distrito Federal en este efecto.

La Constitución, amigos diputados, tiene en su origen la honorabilidad y en su contenido, la perspectiva del sentido de la convivencia ordenada y que es, por cierto, este documento máximo, digno de mejor trato que el ser utilizado para estos efectos.

Comparto plenamente con el diputado Francisco Barrio, su doliente preocupación por la insuficiencia de los recursos para las necesidades de los estados y del Distrito Federal.

Lo que sí me parece sesgado y demagógico, es el que la solución, como lo insinúa, es la limitación del presupuesto federal para la capital de la República.

Bien sabe Francisco Barrio, como ex secretario de la Contraloría, dónde están las causas de las insuficiencias de los recursos públicos; dónde se encuentran los orígenes de los sistemáticos desfalcos al tesoro nacional y dónde esta Cámara ha, inclusive, avalado conductas ilícitas de peculado en torno al patrimonio del pueblo.

Por eso no puede aquí soslayarse que el presupuesto público federal se encuentra angustiado, pero no por causa, por ningún concepto del magro presupuesto del Distrito Federal, sino porque se han consentido conductas que han efectivamente medrado y que han diezmado este presupuesto, que vamos a ver en unos días cómo el servicio de la deuda pública y muy específicamente el del IPAB, lo que significa precisamente en limitación a todos los estados y a la capital de la República en materia de recursos públicos.

Por ello, en Convergencia creemos que es posible que se dé el tratamiento al Distrito Federal que se ha dado al resto de las entidades federativas que concurren al gasto educativo en los distintos niveles y modalidades de la educación básica, pero se ha omitido señalar que dicha concurrencia obedece a que con anterioridad a la transferencia de los servicios públicos educativos federales, existían sistemas estatales, subvencionados históricamente por cada entidad.

Así, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación de 1992 que suscribió la Secretaría de Educación, el principio común fue el que los estados seguirán contribuyendo a financiar sus sistemas estatales en tanto la Federación absorbería la totalidad de los recursos de los gastos de operación y servicios personales transferidos, lo que continúa ocurriendo hasta esta fecha.

Y éste es el tratamiento justamente que queremos para la capital de la República y por ningún concepto aceptaremos ser utilizados en orden, a plasmar en la Constitución lo que corresponde a un acuerdo racional civilizado, federal, de darle su lugar al Distrito Federal mientras llega a ser el estado soberano y libre que todos deseamos para nuestra gran capital mexicana. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Francisco Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado presidente. Subo a esta tribuna como representante de la nación de un país con 32 entidades federativas. Subo con la convicción de que la reforma constitucional al artículo 122 contribuye a fortalecer el federalismo, ya que conlleva la promoción de condiciones de equidad orientadas al desarrollo homogéneo de todas las regiones del país.

Para garantizar el cabal cumplimiento de los servicios educativos en las entidades federativas éstas contribuyen, con excepción del DF, con recursos propios y además reciben recursos de la Federación que oscilan entre el 50 y 60 por ciento de sus presupuestos estatales educativos.

Lamentablemente, lamentablemente existen gobiernos de visión corta que sólo ven a la educación como un gasto, no como una inversión. Por ejemplo, la aportación del DF es de alrededor del 3 por ciento de su gasto educativo total, mientras que más de 10 entidades aportan con recursos propios entre el 20 y 35 por ciento del gasto educativo total de sus estados.

Existen gobiernos que no se preocupan por elevar el nivel educativo y formativo de los ciudadanos y sólo buscan mantener a la población en la ignorancia para que el populismo arraigue sus principios de paternalismo y centralismo.

Ha sido el Gobierno federal el que ha asumido la responsabilidad de brindar y financiar la educación básica en el DF, a través de la SEP y mediante el ejercicio de recursos del Ramo 25, hecho que le ha restado capacidad para atender en el rubro de la educación a otras entidades federativas con menos recursos y con igual o mayor número de matrícula, docentes y planteles escolares.

Por ejemplo, el gasto federal para la educación básica en el DF es superior al presupuesto de la UNAM, Conaculta e INEA juntos y también es superior a los seis principales programas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Otro ejemplo: el estado de México recibe, vía FAEP, 14 mil millones de pesos y aporta el 34 por ciento de recursos propios para completar el gasto educativo, mientras que el Gobierno federal, por el Ramo 25, destina más del doble de recursos a la educación básica del DF sin que éste aporte recursos propios.

Desde su fundación Acción Nacional ha propugnado por un auténtico federalismo. Mienten, mienten los que dicen que es un acto golpista. Golpistas los que se suben a las tribunas y se duermen aquí.

Sólo a través, sólo a través de un federalismo auténtico es posible el desarrollo de nuestros estados, así como el bienestar de los mexicanos, aun los que viven en el estado más pobre o en la región más alejada.

No es posible dividir como pretenden al país en ciudadanos de izquierda o de derecha, de la ciudad o del campo, del norte o del sur, pobres o ricos, de estados panistas, priístas o perredistas. Todos somos mexicanos, somos una nación, somos una Federación. Esa es la visión que nos debemos como representantes populares, porque trabajamos por el bien de un país y no sólo de unos cuantos.

No podemos sacrificar oportunidades de desarrollo en aras de una visión limitada, miope, temporal o de proyectos de nación cuyo único objetivo es llegar con popularidad al año 2006.

Por ello los exhorto a la aprobación de esta reforma constitucional que recoge la demanda de justicia social para restablecer la equidad del pacto federal expresada de manera unánime, unánime, por los representantes de los gobiernos de 31 estados de la República, incluidos los que están encabezados por el PRD.

Al respaldar la reforma al artículo 122 constitucional Acción Nacional es congruente con las conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria.

Señores legisladores: no defiendan, no defiendan como porros lo que no saben defender como demócratas. No podemos convertir el debate en una dictadura de las minorías. En la democracia no convence el que más grita, el que usa la fuerza, sino el que utiliza la razón, el diálogo, el diálogo que Acción Nacional ofreció y ustedes rechazaron.

Hoy es el momento de demostrar una verdadera convicción democrática y federalista desde una visión de Estado con irrestricto apego a la ley, que se traduzca en mejores condiciones de desarrollo e igualdad, no sólo de demagogia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul): Señor Presidente...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, sonido en la curul del diputado Salvador Martínez.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul): Sí, mire, es probable que yo sea el siguiente orador, pero quiero solicitarle, para rectificar hechos, después para responderle de manera particular al diputado del PAN, con base en el 102.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tendrá usted oportunidad como orador siguiente, de poder hacer uso de la voz y, si esos cinco minutos no le son suficientes, estaré atento a su solicitud, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Muchísimas gracias.

Licenciado Emilio Chuayffet, sólo recordarle que el día 28 de octubre del año pasado, usted, cuando se puso en letras de oro: ``Universidad Nacional Autónoma de México'', dijo que: ``... Deberíamos de ir a una reforma educativa, que es lo que más necesita este país...''

Se ha dicho por parte de algunos compañeros del PRI, ``Que al DF se le deben aplicar las mismas reglas...'' Y el señor Espino habló de la descentralización, pero sólo citó el artículo 16.

Señor Espino: para que se apliquen las mismas reglas, señor, compañero diputado del PRI, para que se apliquen las mismas reglas, se les olvidó una cosa: no se trata sólo de citar el artículo 16 de la Ley General de Educación; se trata del decreto de modernización en su punto único donde dice que: ``el Presidente de la República, el Ejecutivo, propondrá a los estados la transferencia...'' dice ``propondrá'' no ``impondrá'' como se está haciendo aquí.

Y dice textualmente, textualmente dice en el segundo punto que: ``Se destinarán los recursos financieros necesarios para esta operación''.

Y dice también que: ``El Ejecutivo federal seguirá siendo responsable de los adeudos que al entrar en vigor el presente convenio, el Ejecutivo los absorberá''.

Y señala también que: ``Para el caso específico del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Educación ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este acuerdo''. Todo esto está señalado en la Ley.

En el número 4, también se señala claramente que: ``El Distrito Federal participará para educación cuando se concluya el proceso de descentralización''.

Dice textual que: ``El gobierno del Distrito Federal ---artículo 16--- concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio distrito, en términos ---se les olvidó decir--- de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Educación''.

¿Queremos resolver este problema?, pongamos la educación por delante y que se le aplique al Distrito Federal la misma normatividad que se ha aplicado en todos los estados.

No podemos, bajo ningún concepto, venir a decir mentiras.

Señor Barrio: si usted quiere que haya dinero para carreteras, que haya dinero para salud, que haya dinero para inversión, que haya buenos salarios, es muy fácil: no venga a mentir, que con este atraco que se le quiere hacer al Distrito Federal usted va a resolver estos problemas.

¡Hable con su Presidente, señor Barrio!

Aquí se trata de modificar las prioridades en política económica, que su partido, las que tiene son: el pago de la deuda interna, el pago de la deuda externa, el rescate bancario, el rescate carretero. Modifiquen las políticas económicas y prioricen educación, ciencia y tecnología, cultura, inversión en el campo y salud, y verá cómo va a haber dinero para lo que usted quiere. Pero eso usted no se atreve a hacerlo porque tampoco se atreve a que se utilicen los excedentes petroleros para ciencia, educación y tecnología.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado. Permítame, señor diputado.

Sonido a la curul del señor diputado Alfredo Torres...

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡órale!

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde su curul): Para preguntarle al señor orador si respetuosamente permite una pregunta.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si el señor orador admite una pregunta, se le pregunta.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Con todo gusto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde su curul): Maestro Martínez Della Rocca: me consta que usted ha sido quien más ha argumentado que es necesario invertir en la educación y ha sido un gran impulsor de esta inversión en la educación. Ha hecho muchas propuestas de cómo se debe de incrementar el gasto, aunque por ahí nos queda a deber las propuestas de cómo incrementar los recursos fiscales.

Sin embargo, mi pregunta es: ¿Por qué el PRD quiere desperdiciar esta oportunidad de ser congruente con esta solicitud de incrementar el gasto aquí en el DF? Muchas gracias.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: ¡El PRD no tiene ni es incongruente! ¡Aquí ---voy a responder, que se pare el reloj---, aquí, aquí lo que estamos proponiendo es que si queremos incrementar el gasto en educación no se violente: uno, la Ley General de Educación y señalé los artículos concretos, señor diputado; dos, no se violente la Ley de Coordinación Fiscal, donde en el artículo 9º dice: ``Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención''.

¿Cómo vamos a sacar dinero para educación? Señor diputado, lo estoy proponiendo: ¡Basta de estarle pagando a los banqueros la cantidad que les damos!

¡Que a cultura, ciencia y tecnología le caigan gotas de petróleo! ¡Carajo!

Tres, ¡Hacer modificaciones en la propuesta que nos hizo el Presidente de la República en donde se demuestra, señor Barrio, su preocupación por la educación! ¡Basta analizar el presupuesto que nos mandó donde cae para educación media superior menos 38 por ciento en términos reales y para educación superior menos 32 por ciento y le recortan 800 millones al Conacyt! ¡Y aquí se tiene el cinismo de venirme a decir que está usted preocupado por la educación! ¡Empecemos porque se eduque usted y se ponga a estudiar! ¡La mera verdad!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Concluyó su respuesta, señor diputado? Adelante con el reloj.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Ahora bien. ¡Datos para el señor Barrio! ¡Baja California da el 53 por ciento, señor Barrio! ¡Jalisco el 51 por ciento! ¡El estado de México el 48 por ciento, señor Barrio! ¡Nuevo León el 59 y Sinaloa el 61 por ciento! ¡Y dice el transitorio que se les dará el dinero a los estados que más aportan, señor Barrio, para hacer carreteras! No sé, por favor, ¡ponga a sus asesores a trabajar, aunque le voy a regalar un libro señor Barrio que dice, lo voy a parafrasear: ``Lo que natura no da, asesores no proveen''! ¡Así que hay que ponerse a estudiar, la mera verdad!

Ahora, miren ustedes, no, yo convoco, convoco al maestro Chuayffet a que se haga eco de lo que dijo aquí: vamos a una reforma educativa. ¡Por lo tanto, que se dictamine en la Cámara, que se convoque a una mesa en donde los actores que la ley señala se sienten para iniciar el proceso de descentralización en las mismas condiciones que se dio para todos los estados de la República! ¡Toda cosa que vaya en contra de esto tiene un telón de fondo y un telón bastante grave! ¡Hay que retomar el carácter ético de la política, el carácter ético de los diputados! ¡No hay que decir mentiras y cuando se hable de lo que no se sepa, mejor guarden silencio! Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Javier Barrio Terrazas: Con su permiso, señor Presidente. Vengo aquí a esta tribuna, simplemente para puntualizar dos o tres cosas y no permitir que se confundan conceptos o términos.

Lo que he señalado y sostengo, es que muchos estados de la República pudieron haber hecho grandes inversiones en los últimos años en muy diversos rubros; carreteras, escuelas, hospitales, servicios de agua, de drenaje, seguridad etcétera; si no hubieran tenido que aportarle al gasto educativo, como es el caso del DF.

No confundamos las cosas, no tratemos de revolver la discusión con otras cuestiones, de si las prioridades o no las prioridades. Lo que estamos destacando aquí es una situación de iniquidad, de desproporcionalidad entre lo que existe en el DF y lo que existe en otros estados de la República.

Se ha planteado también aquí que no se puede atender a estas necesidades en muchos de los estados por problemas de desfalcos o por problemas de corrupción que hubo en el Gobierno Federal. Ese es otro asunto.

Claro que hay que combatir la corrupción y para eso hemos estado presentando al respecto iniciativas de ley. Claro que en ese momento en que los fondos públicos se manejen mejor, alcanzará para muchos más servicios públicos, pero eso no quita que haya una situación de iniquidad entre el Distrito Federal y otras entidades de la República. Yo insisto, no confundamos las cosas.

Y, por último, los excedentes petroleros puede haberlos un año y puede varios años consecutivos no haberlos. Bien sabemos que el precio del petróleo es altamente fluctuante, podemos, insisto, tenerlos un año y al siguiente año no. Lo peor que un país puede hacer es manejar su gasto corriente, su gasto regularizable de presupuesto con ingresos que no son seguros.

Lo que otros países han hecho con sus excedentes petroleros, países a los que les va bien, es crear fondos de compensación, fondos de estabilización, precisamente para enfrentar estas eventualidades.

Entonces, señores diputados, no confundamos las cosas, no tratemos de decir aquí, que se ha dicho lo que no se ha dicho. Es cuanto.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul): ¡Para hechos, señor Presidente, con base en el 102!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, ha sido práctica parlamentaria que la solicitud para hechos pase al final de la lista de oradores.

Si es para alusiones personales, adelante señor.

Permítanme. Es facultad de la Mesa el poder conducir los debates. En este caso tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca y con esto agota su participación.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: ¿Qué no declararon que nosotros eludíamos el debate? ¡Y cuando pido para aclarar cosas empiezan a gritar! ¡Muestra clara de la ignorancia! Muestra clara de la ignorancia es cuando viene el señor Barrios aquí a hacer alusión a la Convención Nacional Hacendaria. Se lo leo señor Barrios.

Dice: ``Principios de la Convención Nacional Hacendaria.

Primero. Congruencia. Debe ser coherente con el orden constitucional y el sistema de planeación democrática que define los objetivos y el marco general de la política económica, por ende de la política hacendaria.

Segundo. Señor Barrio, gradualidad. La profundidad de los cambios potenciales es de tal magnitud y complejidad, que se requerirá de un plazo de transición, señor Barrios, razonable para las instituciones y las normas se ajustan sin afectar la estabilidad estructural y funcional del sistema actual. Ello obliga a que en las propuestas se pondere la gradualidad de su implementación.''

Y en la mesa que dice: ``Mesa de Gasto, propuesta ejecutiva en materia educativa'', dice la Convención textualmente: ¡``Gradualidad''!..

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, permítame.

Activen el sonido en la curul del diputado Guillermo Tamborrel.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul): Gracias. Si el orador me permitiría hacerle una pregunta.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Con todo gusto compañero. Y si me hace varias mejor.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ya se la obsequió. Adelante.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul): Muchas gracias, compañero.

Hace usted mención de la ignorancia hace unos instantes. Mi pregunta concreta es: ¿Qué es mayor, su ignorancia al momento de fumar en este recinto o su poco respeto a la ley? Ahí es claro que hay un reglamento que usted no respeta. ¿No lo respeta porque no le interesa o no lo respeta porque todavía no sabe?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante señor diputado con la respuesta.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: A ver compañeros. A ver, contesto. Que se pare el reloj. ¡A ver, diputados y diputadas, en la agenda legislativa de hoy era el tema del 122 o es el tema de si fumo o no fumo. Eso se llama ignorancia, lea el orden del día, ¡carajo!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ya respondió, señor diputado, continúe el reloj.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca: En la Mesa de Gasto de la Comisión Hacendaria, señor Barrios, dice: ``gradualidad'' en dos sentidos, considerando a quienes se ven afectados y a quienes se ven beneficiados con los nuevos esquemas de distribución.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, perdóneme, la palabra al señor diputado Fernando Guzmán. Activen el sonido en su curul.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca: Adelante.

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (desde su curul): Señor Presidente, para pedir si acepta el orador otra pregunta.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿La acepta, señor diputado?

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca: Con todo gusto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (desde su curul): Quisiera preguntarle si está consciente que como diputado Presidente de la Comisión de Educación, pues tiene la responsabilidad de ver por todos los estados y no nada más por el Distrito Federal, y si también pidió la palabra por alusiones personales, si conoce cuál es el nombre del diputado Barrio, que no es Barrios.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca: Mire usted, señor diputado, como Presidente de la Comisión de Educación en este año y en lo que corre, he demostrado con creces que estoy sumamente preocupado por la educación nacional, desde el Suchiate hasta el Bravo, incluso yo fui el que impulsé el fondo de equidad, para apoyar a los estados más pobres, no a los estados más ricos.

Sin embargo, dije con claridad, lo he dicho y lo sostengo, que debemos consolidar lo mejor que hemos logrado en educación superior, posgrado e investigación, pero coadyuvar para que los estados más rezagados en términos financieros, tengan las óptimas o las mejores condiciones, para llegar al menos a la media nacional de costo-alumno.

Hemos defendido el Sistema de Educación Superior Tecnológico, la compañera Tatiana Clouthier y yo, por otorgarle mil millones de pesos, que por cierto a la Secretaría de Educación Pública no se le ha dado. En el bachillerato, luchamos la diputada Tatiana y toda la Mesa Directiva, porque se diera más de mil 800 millones a bachillerato, que tampoco sabemos dónde yace ese dinero, porque no hay una información transparente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Concluyó su respuesta, diputado? Continúe el reloj parlamentario.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca: Para concluir, cuando se hable de la Convención Hacendaria, hay que leer, no venir a contar lo que les dijeron. Miren, compañeros, nosotros hemos dicho, hemos señalado, tenemos los números, tenemos los datos de cómo el Distrito Federal es la entidad que más aporta a los ingresos de la Federación.

Lo hemos demostrado con números, sin embargo, es función del Ejecutivo, que cuando recibe lo que el Distrito Federal da, el Ejecutivo debe decir: de esta parte que da la entidad que más aporta, tanto va para educación.

No se vale querer cobrar dos veces. No se vale, bajo ningún concepto, darle un golpe a esta entidad, entre 8 mil y 9 mil millones de pesos, y tengo el dato exacto, no se vale hacer lo que se quiere hacer, eso violenta el pacto federal, vamos a ser la única entidad federativa, que los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal se los van a repartir entre las entidades que más aportan, que ya les dije cuáles son, obviamente no viene Chiapas, no viene Guerrero, no vienen muchos estados.

Mire, no se vale lo que se está haciendo, yo propongo de nuevo, maestro Emilio Chuayffet, retomemos sus palabras y vayamos a una reforma educativa y, por lo tanto, exijamos a los actores fundamentales que la ley señale, que se abra ya la mesa de descentralización de la educación para el Distrito Federal.

Venir con argumentos tan baratos, de veras, porque cuando se le da dinero a los banqueros, que todo mundo aquí sabemos que son cantidades impresionantes, que llegan a representar el 14 por ciento del PIB, se les llena la boca y dicen: rescate bancario, pero cuándo se ayuda a la gente pobre, cuándo se ayuda a los ancianos y a las ancianas, se dice: populista. Si quieren un debate sobre populismo, vayan leyendo el libro de Octavio Llane y nos damos un agarrón, pero me quedo con Carlos Monsiváis, dice: el populismo es lo menos que un gobierno de esta naturaleza le puede otorgar a su pueblo, no a los banqueros. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

Perdón. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, señor Presidente: Es increíble y me da vergüenza venir a escuchar tantos engaños y mentiras de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos todo mundo claro, los ciudadanos tenemos claro que el presupuesto del Ramo 25 que transfiere la Federación, son 21 mil millones de pesos. Esos 21 mil millones de pesos la Federación los transfiere a la Secretaría de Educación Pública por medio de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal. Por lo tanto, a esos recursos el gobierno del Distrito Federal no tiene acceso a ellos; una falacia; no tiene acceso a ellos, por lo que es increíble que ahora digan que se les va a recortar, cuando no es así: son 16 mil millones de pesos la media nacional.

Ahora bien. Esos 5 mil millones de pesos se van a tener que prorratear a los demás estados y ellos le van a tener que empezar a apostar a la educación, que es lo que no quieren; no quieren apostar a la educación porque no invierten un quinto.

En lugar de estar utilizando políticas populistas en segundos pisos, en regalar dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer para recaudar, si es que ese dinero se va a necesitar utilizar, porque tengo datos ciertos que con esos 16 mil millones de pesos el Distrito Federal sale, sale en materia de educación, tendría que invertir a lo mejor 2 mil, 3 mil millones de pesos. ¿Cómo se pueden recaudar?, bueno, vámonos al predial, vámonos al impuesto del predial, que se recauda muy mal en esta ciudad. La recaudación del predial en México representa alrededor del 0.2 por ciento del PIB a nivel nacional en promedio y la recaudación en el Distrito Federal por concepto de predial es alrededor de 0.45 por ciento del producto interno bruto del DF. Si alcanzáramos niveles como Santiago de Chile, del 0.7 por ciento del PIB, los ingresos del DF aumentarían en 3 mil millones de pesos aproximadamente.

Está muy claro; no quieren apostarle a la educación, no quieren que haya equidad con los demás estados. Clarísimo, más que el agua.

Ahora bien. Hay un subejercicio de 6 mil millones de pesos del gobierno de Distrito Federal que tampoco se ha utilizado. Vamos a hablar de que no es subejercicio, porque todavía no acaba el Gobierno y no se ha gastado, pero seguramente no se va a gastar. ¿Qué ha pasado con ese dinero?, díganme, señores perredistas, qué ha pasado con ese dinero.

Apuéstenle a la educación y déjense de tonterías. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, permítame un momento.

Activen el sonido en la curul del señor diputado Ensástiga.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul): De la manera más atenta, en el momento en que lo considere me pueda dar el uso de la palabra para hechos.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado. Lo anoto.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La contrarreforma constitucional al artículo 122 sí es un verdadero atropello, porque una reforma de equidad, un verdadero federalismo para financiar la educación de nuestro país es generar recursos adicionales y no usar los recursos que se destinan para la educación en la Ciudad de México para que se le otorguen a otras entidades, es decir, se insiste en la política errada de tapar un hoyo para abrir otro.

La solución que proponemos desde el Partido del Trabajo, es la siguiente:

Que la aportación que tenga qué hacer el Distrito Federal a la educación sea a través de un mecanismo gradual, a través de un proceso. Si es de un sólo golpe, como se pretende, los efectos financieros serán devastadores para los habitantes del DF y estaremos condenando a la hacienda de la Ciudad de México, a su virtual banca rota.

Nuestra propuesta es que dicho proceso concluya en un plazo de 10 años a partir del inicio de la vigencia de la reforma.

De igual manera es inadmisible que se pretenda elevar a rango constitucional la titularidad de la representación de los derechos laborales a un sindicato determinado.

Conste que soy del SNTE y es por eso que nuestra propuesta es la siguiente: eliminar el contenido del artículo tercero transitorio, en virtud de que atenta contra el contenido de la fracción X apartado B del artículo 123 constitucional, que garantiza a los trabajadores el derecho de asociación para la defensa de sus intereses comunes en el sindicato que sea de su preferencia. Al sindicato lo defenderemos los trabajadores, no otros.

El contenido del artículo tercero transitorio como se presenta, elimina ese derecho, ya que establece que ningún sindicato, con excepción del SNTE, puede ser el titular de las condiciones generales de trabajo. ¿Qué ocurriría si los trabajadores del SNTE decidieran cambiar la denominación de su sindicato? Entraríamos en el absurdo de tener que reformar un artículo transitorio de una reforma constitucional para permitir dicho cambio.

También proponemos que la repartición de los fondos sea verdaderamente equitativa y para todas las entidades federativas en función de los criterios de distribución vigentes.

Para los efectos presupuestales proponemos que dichos fondos se distribuyan a través de los ramos 25 y 33 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes.

Por último, nuestra propuesta plantea etiquetar los recursos que obtendrían las entidades federativas, los cuales deberán destinarse exclusivamente a educación.

Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le queda claro que esta reforma es un atraco a las finanzas de la Ciudad de México y desgasta al Congreso de la Unión al presentarlo como el instrumento de dos partidos, que por unas migajas, llegan a la desmesura de desatar un conflicto que tensa a las fuerzas políticas y a los habitantes de la Ciudad de México.

En este contexto, la salida que planteamos es la más viable, la más justa, la más equitativa y la más mesurada. Exigimos al PRI y al PAN, que tengan altura política, responsabilidad en sus tareas legislativas y respeto a la ciudadanía del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Con su permiso, señor Presidente.

La educación es vital para el desarrollo de las personas y las sociedades. No es casual que Montesquieu haya firmado que un régimen republicano necesita toda la eficacia de la educación.

No es casualidad que el tema de la educación se encuentre plasmado como uno de los derechos sociales con mayor contenido humanista de nuestra ley fundamental.

Además de otras normas y principios, el artículo tercero constitucional establece con toda claridad, tres importantes disposiciones:

La educación es un derecho universal de todos los mexicanos; la educación básica obligatoria comprende preescolar, primaria y secundaria; la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios deben impartir educación básica.

El dispositivo constitucional es claro y terminante, los tres ordenes de gobierno, tienen obligación de brindar educación básica, esto quiero decir, que tienen el deber de impartir y financiar los respectivos servicios educativos. En el marco del proceso para fortalecer el sistema federal, se rea-lizo la transferencia de la educación básica a los estados y se establecieron mecanismos para el financiamiento compartido entre la Federación y los gobiernos estatales.

Con dudosos argumentos jurídicos y políticos el gobierno del Distrito Federal se ha negado más de una década, cuando gobernaba Camacho Solís y después los perredistas; hoy todos juntos, a recibir el Sistema de Educación Básica y por tanto, también eludió el cumplimiento de su responsabilidad constitucional y en consecuencia, la Federación, no el Gobierno federal, la Federación, estados y municipios, se han visto obligados a subsidiar al Distrito Federal.

Y efectivamente aquí se nos ha dicho, efectivamente, al margen de razones ideológicas y de alegatos de partido, la pregunta de fondo se mantiene vigente ¿Por qué el Distrito Federal puede evadir una obligación, que las demás entidades federativas deben cumplir? En realidad, no hay verdaderas razones que justifiquen el privilegio para uno y la discriminación para los demás.

Otros estados, como mi estado, como Baja California, aporta en el año de 2004 el 42 por ciento a la educación básica, que equivale a 3 mil 515 millones de pesos; le siguen Nuevo León con el 38 por ciento y rebasan la media nacional con el 22.9 por ciento, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Durango, Guanajuato y Chiapas. ¡Escuchaste bien, Pino! Chiapas, Chiapas aporta 2 mil 396 millones este año a la educación básica.

Un análisis de la serie histórica del gasto programable de 1997 al 2005, con datos de las cuentas públicas. El gobierno del Distrito Federal tendrá que aportar en 2005, 4 mil 233 millones de pesos, sólo comparable con lo que hoy aporta el gobierno de Jalisco, 4 mil 341 millones de pesos. El gobierno del Distrito Federal ¡miente!, y ¡miente el PRD!, al decir que aportará 9 mil millones de pesos.

No deja de ser una paradoja que un gobierno que predica la primacía de los pobres, se niegue a financiar los servicios de educación básica, que con gran esfuerzo realizan los gobiernos de Chiapas, de Nayarit y de Guerrero. En general los gobiernos de los estados, a excepción del Distrito Federal, cada año realizan grandes esfuerzos para aportar mayores recursos.

¡Entiéndanlo¡ No se trata de una rebelión de las provincias contra la Ciudad de México, se trata de un justo reclamo a favor de un federalismo educativo, sustentado en los principios de equidad y responsabilidad. El Distrito Federal debe gozar los mismos derechos y compartir las mismas obligaciones, por ética y equidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra para alusiones personales, el señor diputado Salvador Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Es verdaderamente increíble, hay que recomendar el libro ``La ignorancia'' de Milan Kundera.

Señor diputado, tengo en mis manos un documento ¡extraordinario!, elaborado por Santiago Ibarra Estrada, que se llama: ``El gasto educativo en el Distrito Federal''. Me llama la atención que usted como diputado del PAN ni aunque sea, lean los documentos extraordinarios que algunos investigadores del Partido Acción Nacional hacen y si lee el documento va a encontrar cosas extraordinarias de cómo los indicadores, los indicadores delegación por delegación, aumentaron, en términos de lo que el Distrito Federal da para educación en su ciudad en 31.18 por ciento de 2000 al 2002. Los indicadores de la tasa de gasto en atención a la demanda para becas y apoyos, señor, fue 295 mil 550 pesos, un aumento significativo. Los indicadores en matrícula subieron, subieron delegación por delegación, en estos dos años de manera muy significativa, puede usted ver la página 35; en el gasto alumno subimos a 62 mil 652, página 38, para que lea el documento, aquí en el Distrito Federal.

Y por último, para no seguir con esta discusión, lea el documento, porque un serio investigador de Acción Nacional, a quien lo felicito, dice que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el Distrito Federal ha incrementado su inversión en educación en 85 por ciento. Hay que leer antes que nada; hay que leer.

Miren ustedes...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado Martínez Della Roca.

Activen el sonido en la curul del diputado Osuna.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Preguntas; adelante, adelante. Nada más háganme varias.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Sí, si el orador me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Le permite, señor diputado?

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Sí, cómo no, encantado, hazme tres.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado Osuna.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Mi alusión fue a propósito. Usted en su anterior intervención dijo que Chiapas no aportaba. Yo le pregunto si conoce la Cuenta Pública de 2002 con datos de esta Cámara de Diputados; si no la conoce, es usted un ignorante.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Dije Guerrero y Oaxaca y aquí tengo el documento, ahorita se lo mando regalar. No trate usted de escuchar lo que nadie ha dicho; dije Guerrero y Oaxaca y aquí tengo los datos, ahorita se los obsequio con mucho gusto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Terminó la respuesta, señor diputado?

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Sí, ya.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante con el reloj parlamentario.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Entonces miren, también le voy a regalar una copia del documento que hizo este brillante investigador a quien yo felicito, para que lea todo lo que ha hecho el Distrito Federal en este periodo.

Mire usted, nosotros hemos estado pugnando y hemos estado luchando para fortalecer los rezagos y la calidad, señor diputado; y en esta ciudad se está atendiendo y ya ha habido una gran inversión en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, delegación por delegación, datos que los aprendí de un documento de ustedes, porque tengo la mala costumbre de leer y no venir a decir mentiras porque eso me parece muy grave, aquí...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Un momento, señor diputado.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Adelante.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Torres Zavala.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Como viene, como viene.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde su curul): Para preguntarle al orador si me permite unas preguntas respecto...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Accede usted a la pregunta, señor diputado?

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Son varias; mejor, órale.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde su curul): Nada más para preguntarle si no le da pena dar esas cifras de inversión en educación en el Distrito Federal, cuando esas cifras son las que invierte mi municipio con 120 mil habitantes en educación. Muchas gracias.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Pena por las cifras, señor diputado, lo que me da muchísima pena son los presupuestos que su Presidente nos manda para educación, para ciencia y tecnología. Se los doy de memoria y eso le debería dar pena a usted y ojalá aquí demuestre que le da pena cuando discutamos el Presupuesto de Egresos para educación.

Su señor Presidente destina para cultura en este país el 0.04 del producto interno bruto, cuando resulta que la UNESCO propone el 1 por ciento; y mire, para que le dé más pena: ese .04 en cultura tiene una repercusión en el producto interno bruto de 6.46 por ciento.

Por eso la vez pasada, señor diputado, yo le decía a usted que como dice Walter Benjamín, ahí donde la política se envilece, el primer encono es la cultura y usted en lo particular, cada vez que escucha la palabra cultura no sé por qué se enoja, señor diputado.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Concluyó su respuesta? Adelante con el reloj parlamentario.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Miren, para concluir vuelvo a hacer un llamado , vuelvo a hacer un llamado: vayamos a la reforma educativa, hagamos ese dictamen hoy; no nos peleemos.

Mire, en salud, en salud, el Distrito Federal aporta más del 50 por ciento para el gasto en salud; el Estado de México no llega ni al .5 ¿Qué les parecería que aplicáramos el mismo criterio del 122 para salud para que todo un bolón de estados le den al Distrito Federal porque aportamos mucho en salud? Eso no es un pacto federal, un pacto federal es apoyar con todo a las zonas más rezagadas, a los estados más rezagados sin necesidad de hacerle y darle un atraco al DF. No se vale.

Yo pido coherencia y pido que por la educación, por la cultura, por la ciencia y la tecnología, por la salud, por la inversión en el campo, diputados, por favor, cerremos todos filas y salgamos de aquí como una cámara educadora, como un grupo de diputados y diputadas que estamos luchando por la educación. Pero no violentemos el pacto federal quitando dinero para dárselo a los estados más ricos. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Guillermo Huízar Carranza: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: No logro salir de mi asombro por esta mala costumbre que tienen mis compañeros de la derecha de crear mundos de fantasía. Nada menos su propio coordinador parlamentario vino a utilizar con tanta frecuencia la palabra ``hubiera'', palabra que por cierto en mi diccionario hace mucho tiempo desapareció. Y es que si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, también si mi abuelita hubiera tenido bigotes, hubiera sido mi abuelito.

Compañeras y compañeros diputados: desde el Partido de la Revolución Democrática hemos citado en múltiples ocasiones el deterioro que sufre el sistema educativo nacional. Hemos dicho en múltiples ocasiones que es un sistema rebasado, obsoleto, inequitativo e inocuo. Pero no es de la forma como se pretende corregir como vamos a alcanzar los resultados deseados.

Los argumentos bajo los cuales se sustenta la propuesta caen de uno por uno por su propio peso. Aquí se dice: el Distrito Federal tiene trato de privilegio. Tomen nota compañeras y compañeros diputados.

El Distrito Federal aporta el 25 por ciento del producto interno bruto y sólo recoge el 11 por ciento de las participaciones nacionales. Eso, eso no es trato de privilegio. Hablan también de que se trata de lograr un proceso de federalización que dote de equidad al sistema.

Es importante remitirse a los antecedentes históricos: el Distrito Federal aporta la cantidad que aporta al gasto educativo nacional por la circunstancia de que cuando nace el Acuerdo Nacional para la Descentralización del Gasto Educativo, convergían dos sistemas educativos en el país, el propio de los estados y el que financiaba el Gobierno federal.

Es natural y es obvio que dada la naturaleza jurídica del Distrito Federal, éste no contaba con sistemas educativos propios, lo que sí ocurría con todos los demás estados de la República y que además el peso de la aportación a ese gasto educativo dependía directamente del tamaño de los sistemas que esos propios estados en el uso de su propia soberanía habían construido.

Por eso la solución, compañeras y compañeros diputados, es impulsar el Acuerdo Nacional para la Descentralización del Gasto Educativo. Y quiero recordarles que este Acuerdo Nacional suscrito en 1992, estableció con toda claridad de quién es obligación impulsar este acuerdo de descentralización en el Distrito Federal. A la letra dice: ``En observancia del artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de Educación Pública continuará a cargo de la dirección y operación de los planteles de educación básica y de formación de maestros en el Distrito Federal''. Sigue diciendo: ``Corresponde por tanto a dicha Secretaría, ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este acuerdo''.

Si han transcurrido, como dice la exposición de motivos, 11 años sin concretar el acuerdo de descentralización en el Distrito Federal, es por la única responsabilidad y culpa de la Secretaría de Educación Pública, entiéndase del Ejecutivo federal.

Si fuera real el argumento de que se pretende construir un sistema federal, ¿por qué, como ya se dijo aquí, por qué no le ``echamos un ojo'' al gasto en salud?, ¿por qué no vemos el gasto que enfrentan muchos estados de la República en materia agropecuaria?, seguramente porque estas cifras no les resultan convenientes.

Concluyo diciendo que los estados que sí son auténticamente beneficiados por el Sistema de Coordinación Fiscal, son: Tabasco, cuya participación per cápita es de 5 mil 613; el Distrito Federal es de menos de la mitad. ¿Dónde está el trato de privilegio al Distrito Federal? Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Para hablar en pro, tiene la palabra el señor diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente.

Las diputadas y diputados de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, saludamos y recogemos con mucho interés la convocatoria de nuestros compañeros del PRD a fin de emprender una reforma educativa. Ojalá y así nos hubiera gustado que esta convocatoria se hubiese dado en el momento en que esta iniciativa se estaba discutiendo en las comisiones correspondientes.

Compañeras y compañeros diputados: somos testigos de una discusión trascendente para la vida nacional, como lo es la propuesta de reforma al apartado C del artículo 122 de la Constitución, para agregarle una base sexta que tiene como propósito fundamental fortalecer el federalismo.

Quiero agregar de manera enfática, aun en contra de los señalamientos que aquí se han hecho valer, que también se trata de fortalecer al Distrito Federal en su carácter de entidad federativa.

El recuento de los argumentos en contra es el siguiente: se insiste en que esta medida impactará negativamente en el presupuesto para la educación pública y los recursos destinados a las delegaciones; que la reforma es una vía para evitar la descentralización y para golpear el corazón de las finanzas públicas del Distrito Federal; que esta reforma no fue precedida por el diálogo suficiente como para llegar a los acuerdos.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado...

Suspendan el reloj parlamentario. Activen el sonido en la curul del diputado Ortiz Pinchetti.

El diputado José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (desde su curul): ¿Puedo hacerle una pregunta al señor diputado?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, ¿acepta usted la pregunta?

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Fíjese que, compañero diputado, me encantaría; pero no, no la aceptaré.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: No acepta la pregunta, señor diputado.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Respecto de estos argumentos, la fracción parlamentaria del PRI, quiere dejar muy claro lo siguiente:

La propuesta contenida en el dictamen fortalece el federalismo, ya que a partir de la inclusión en la Constitución del Distrito Federal como entidad federativa, ésta debe asumir las mismas obligaciones y responsabilidades que el resto de los estados que en materia de educación aportan importantes recursos al sostenimiento de la educación básica y, debo agregar, al de todos los niveles educativos, circunstancia que no ocurre en el Distrito Federal a quien la Federación, hasta ahora, no sólo le cubre lo relativo al gasto educativo, incluyendo en éste el gasto en las instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y la Autónoma Metropolitana, además del gasto en salud.

La adición que se propone no golpea, como se ha insistido, las finanzas del Distrito Federal; lo que sí hace es redistribuir los recursos, que no disminuyen, asignados al Distrito Federal.

La reasignación y redistribución es ineludible, si queremos que la justicia y la equidad prevalezcan en la distribución de los recursos públicos de todos los mexicanos.

Con frecuencia se olvida que los estados han sido obligados a incrementar sus recursos propios a través de la revaloración del costo de sus servicios públicos y los municipios, por conducto del constante incremento al impuesto predial que invariablemente supera a los índices inflacionarios.

Todo ello, para estar en condiciones de asumir la responsabilidad de pagar la educación, la salud, la infraestructura básica en condiciones que el Distrito Federal no realiza por el régimen que actualmente tiene de privilegio fiscal.

Negamos enfáticamente la ausencia del diálogo en la definición de esta reforma, ya que fue precisamente a petición de los diputados del PRD que el turno de la Mesa Directiva se amplió para hacerla llegar a las comisiones del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, donde se tuvo el tiempo suficiente para presentar, por escrito incluso, sus argumentos y razones. Estos por supuesto estuvieron ausentes al interior de las comisiones.

Que la opinión pública registre y se le informe que la iniciativa que hoy se dictamina fue presentada en diciembre de 2003, esto es, con el tiempo suficiente para presentar propuestas consistentes y no las reacciones que hasta ahora hemos presenciado.

Compañeras y compañeros legisladores: México, nuestro país, es sin duda la suma y la síntesis de sus regiones, de sus hombres y de sus mujeres y desde luego de quienes ahora son la más importante promesa del mañana: de nuestros niños.

En beneficio de ellos, de nuestros hijos, los invito a respaldar esta propuesta contenida de dictamen que hoy discutimos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de la iniciativa.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís: Compañeras y compañeros legisladores: No somos enemigos, somos amigos o cuando mucho deberíamos ser adversarios. La pasión política no debe llevarnos a perder la objetividad y menos en el momento que vive el país, la posibilidad de dialogar.

El dictamen que hoy se está aprobando adolece de múltiples deficiencias y contradicciones. No debiera esta Cámara aprobar un dictamen con tantos problemas.

Su visión histórica está radicalmente equivocada. Se dice que a la Ciudad de México se le quitaron privilegios políticos, derechos democráticos y se le otorgaron beneficios económicos. Eso no corresponde con la realidad histórica.

Se quitó la democracia en el 28 porque la Ciudad de México tenía muchos más recursos que la Federación y los estudios serios han demostrado que la inversión pública a lo largo del siglo XX se financió con fondos generados en el Distrito Federal.

El dictamen está hecho por alguien que se quedó paralizado en los años 80. Dice que la ciudad no genera ingresos propios, que tiene una serie de privilegios fiscales y en el presupuesto federal. Eso era totalmente cierto en 1988, pero eso ha cambiado en los últimos años.

El DF recibía 30 por ciento de subsidio a su presupuesto directo; eso dejó de ocurrir desde 1990. El DF recibía 22 por ciento de las participaciones federales; hoy recibe el 11.3.

Las cuentas se tienen que hacer completas. Es lamentable que estemos aprobando una reforma constitucional con base en la comparación de partidas presupuestales, sin tomar en cuenta la historia fiscal de la ciudad en relación al resto del país. Eso no debe ser.

Pero además en esta decisión hay un gran error político. Perdón que así se los diga, cuando aquí escucho que se dice: ``Mire todo el dinero que hay en el DF, y todo lo que pudimos hacer en el resto de la República'', no dejo más que de preocuparme porque me parece que al frente del país hay una línea política que no está cuidando la unidad nacional.

No se vale enfrentar a unos estados contra los otros. Hoy es el estado de México, Nuevo León y otros, contra el Distrito Federal; mañana será el norte contra el sur o el DF, unido a los estados pobres, contra el resto de los estados. Eso lo deberíamos de parar y de detener.

Ya es muy tarde. La decisión está tomada. Y es lamentable que en el momento de la oportunidad, del gran cambio que tiene el país, estemos enfrascados en la disputa por 4, 5, 9 mil millones y no estemos tomando las grandes decisiones que necesita el país, empezando por la reforma de la educación.

¿En qué va a mejorar esta decisión la educación en el DF, o en los otros estados? Es un embargo a los recursos del DF, para financiar otras prioridades en otros estados y ustedes lo saben.

Pero nunca es suficientemente tarde para poder actuar con responsabilidad. Yo invitaría a que se analice nuevamente el dictamen. Pero ustedes ya tomaron su decisión. Por lo menos seamos responsables para que en el Senado se pueda corregir una decisión arbitraria, injusta, mal fundada y que no tiene otro propósito que lograr una ventaja política inmediata.

Pensemos con visión y no perdamos esa capacidad de construir las decisiones que nos reclama la sociedad.

Esta es una traición a un mandato de cambio; son pequeñeces frente a las grandes necesidades que le reclama la sociedad a su clase política. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, señor Presidente.

Paso a esta tribuna como originaria de Sinaloa y quien vive en el estado de Nuevo León. Como dirían los habitantes del Distrito Federal: ``vengo de provincia''.

Hablo con la convicción por ello de que la reforma al artículo 122 constitucional, contribuya a fortalecer el federalismo y a hacer corresponsables a todas y todos en lo que tiene que ver con educación, ya que conlleva la promoción de condiciones de equidad orientadas al desarrollo homogéneo de todas las regiones del país.

No venimos a dividir. Nosotros no hablamos de los ricos y de los pobres; nosotros no hablamos de los gobiernos del PAN, de los gobiernos del PRI ni de los gobiernos del PRD. Nosotros hablamos de la educación en México.

Todos los estados participan del gasto educativo, incluso Chiapas, compañero Amadeo, y Tabasco; estados en situación económica mucho más en desventaja que el Distrito Federal. También reciben los estados recursos de la Federación que oscilan entre el 60 y el 80 por ciento de sus presupuestos estatales y educativos.

La aportación del Distrito Federal a la educación, es de alrededor del 2 por ciento del total.

Yo preguntaría, ¿cuáles son las diferencias o qué es lo que en realidad estamos discutiendo en este momento: la reforma al artículo 122 constitucional o la descentralización educativa?

Cuando hablamos de que la descentralización educativa no la ha querido hacer el Gobierno federal, yo pregunto: ¿qué pasaría si hoy, hoy...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suspendan el reloj legislativo. Perdóneme, señora diputada. Activen el sonido en la curul del diputado Amadeo Espinosa.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde su curul): Que en su momento me anote para alusiones personales, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Lo haremos.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Yo digo que el día de hoy, si se aplicara la Ley de Educación del Distrito Federal, ¿qué pasaría con este cumplimiento para que el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) fuera a la educación? ¿Qué pasaría con el año sabático que está aprobado en esto, en donde más suceden años sabáticos en este país?

¡Parecería que quienes se tomaron el año sabático o los meses sabáticos fueron nuestros compañeros del PRD, porque este dictamen lo aprobamos nosotros en la Comisión de Educación el pasado 18 de mayo y no a principios de septiembre, como se nos ha querido venir a decir!

Desde la fundación de Acción Nacional hemos propugnado por el federalismo auténtico y hemos luchado por mejorar la educación en este país. ¡Mienten los que dicen que éste es un acto golpista; golpista los que toman maletines y mandan a sus esposas como carne de cañón!

Por ello, los exhorto a que aprobemos la reforma al artículo 122 constitucional, éste recoge la demanda de todos los secretarios y secretarias de Educación que el año pasado, no recuerdo si fue en noviembre o en diciembre, acudieron a vernos en la Comisión de Educación y nos pidieron equidad; equidad en la participación del gasto en educación. Nos decían: ``no queremos seguir manteniendo a los capitalinos en cuanto a gasto educativo''.

También se les olvida que la votación al interior de la Comisión de Educación cómo se dio y le digo aquí a mi compañero Solís: ¿acaso se le olvida cómo se dio esa votación? ¿Acaso lo que usted está queriendo decir en este momento es que la Comisión de Educación no funciona? ¡No creo compañero que usted quiera decir eso y mucho menos en estos momentos!

Termino y veo aquí y retomo las frases que decía mi Presidente de la Comisión de Educación, Salvador Martínez Della Rocca, decía: ``no nos peleemos''. ¡Quién ha iniciado el pleito cuando le ha faltado el respeto a Francisco Barrio! ¡Quién ha iniciado el pleito cuando lo que han venido a hacer aquí es enfrentar a los que tienen con los que no tienen! ¡Quién ha dicho que yo soy el que le di el dinero a las universidades! ¡No Salvador, yo no conseguí dinero para nadie; todos juntos votamos porque este dinero se fuera en beneficio de la educación de este país!

¡Los invito, así pues, a que juntos trabajemos y luchemos porque todos los estados de la República participen de igual manera en pro de la educación, pero educación no solamente es la que se da en el aula, educación es también aquella que mostramos de forma informal! Y yo preguntaría, si la educación que ustedes mostraron aquí, el día que pasaron con aquella manta y quitaron a nuestro Presidente de su lugar, ¿ésa es la educación que le queremos dar al resto de los mexicanos? ¡Yo no!

Con esto lo único que invito es a pedirles que aprobemos este dictamen, que este dictamen está discutido, que no va en fast track, se dio o se daría por aquellos que abandonaron en el periodo de receso su trabajo y se dedicaron a eso, a estar de vacaciones y en receso. ¡Nosotros seguimos trabajando en pro de México, en pro de la educación y en pro de todos los mexicanos! Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señora diputada.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra el señor diputado Amadeo Espinosa Ramos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el permiso de la Presidencia.

Efectivamente mi estado, Chiapas, es uno de los estados que gasta e invierte en educación, 63 centavos de cada peso se destinan en el estado de Chiapas para educación. Pero, compañera Tatiana, usted no vino aquí con ánimo federalista, compañera Tatiana usted no vino aquí con ánimo de equidad, porque lo que quieren quitarle al DF se lo quieren dar nada más a cuatro estados y cuatro estados ricos que son: el Estado de México, Nuevo León, del cual usted es originaria, ¿verdad?, Jalisco y Guanajuato. ¡No es posible --y Baja California-- no es posible, dónde está el ánimo de equidad!

¡Por eso, nuestra propuesta es que reconozcamos que lo que está pasando en el DF tiene una historia, es un proceso! ¡El DF no tenía derechos políticos y por lo mismo no tenía la condición de estado del país! ¡Por eso no tenía educación estatal como lo tenemos muchos estados del país.

¡De la noche a la mañana quieren dar este golpe, que tiene más cuestiones políticas que otra cosa!

Hay otros estados también que no se ha dicho, mis compañeros de Oaxaca lo saben, Oaxaca invierte muy poco en educación. ¿Vamos a dejar más pobre a Oaxaca? ¡Esta reforma no tiene los ánimos de equidad que aquí se ha dicho!

Nuestra propuesta de avanzar en un proceso gradual, que respete precisamente esa historia del DF y que le dé a todos los estados, a Chiapas, ¡claro que necesitamos dinero para la educación!, ¡claro que vamos a pelear esos recursos! Porque lo que quieren hacer es despojar al DF, es atracar al DF para dárselo a los estados ricos y no a los pobres, definitivamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para alusiones personales, tiene también el uso de la palabra el diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís: Gracias Presidente.

En primer lugar quiero reconocer que ha permitido usted que, así sea parcialmente, reviva el reglamento y ahora podemos disponer de intervenciones para alusiones personales y en unos momentos más, espero, también para hechos. Esto es un avance en el trabajo parlamentario.

Quiero decir en primer lugar a la compañera Tatiana, fraternalmente, que hice críticas a todas las comisiones que participaron en estos trabajos. A la de Educación reclamé la insuficiente discusión sobre el tema, pero solamente eso. A la comisión que reclamé con más énfasis, fue a la de Puntos Constitucionales, en donde no se constituyó en términos de la Ley Orgánica y el Reglamento, el quórum legal; ésta es mi reclamación.

Aprovecho estos minutos para hablar del fondo del asunto. Celebro que estemos llegando al fondo del asunto y además pido que este debate continúe en los buenos y mejores términos que deben ser, con objeto de que podamos perfilar propuestas, porque el país requiere eso, propuestas y salidas viables y útiles, no sólo para la educación sino para la democracia y para la vida armónica de la Federación.

En las consideraciones de la reforma en comento, se dice:

``En 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, plasmó el régimen educativo, sin determinar la distribución de competencias entre los poderes federal, los estados y los municipios. Actualmente se reconoce la efectiva concurrencia con la que se debe operar el sistema educativo nacional.''

Es importante recordar que progresivamente se ha enriquecido la materia educativa y sus norma, pero hace falta que tanto el artículo 3º como la Ley General de Educación, precisen de mejor y más clara manera las contribuciones, la forma en que las entidades federativas aportarán sus contribuciones. Esa es una tarea pendiente que esta Cámara de Diputados y desde luego la de Senadores, debieran abordar. Pero no, de ninguna manera, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, de ninguna manera se puede abordar esta tarea yendo al artículo 122 constitucional.

El artículo 122 constitucional, recordemos, era por así decirlo un cajón vacío, era el último de los artículos que se refieren a las entidades federativas. Desde luego el Distrito Federal espera ser una entidad con derechos plenos y ya no tener que requerir de ese 122 que lo hace entidad de excepción y entonces está regido por el 115, 116, 117, 118 etcétera y todos aquellos artículos que rigen a las entidades federativas libres y soberanas como queremos que sean.

Entonces, ¿qué necesitamos si queremos legislar en educación ciudadanas y ciudadanos diputados del PAN, del PRI, del PRD, de todos los grupos partidarios? Necesitamos indudablemente, requerimos perfeccionar la legislación educativa en esta materia, pero derivándolo del artículo 3º de la Ley General de Educación, de ésta o de otra, o de ésta mejorada, porque esa ley a lo largo de los 12 años que tiene de vigencia ha mostrado en muchas ocasiones y en muchas materias su invalidez, su absoluta inviabilidad.

Entonces con ésto termino, requerimos, ciudadanas y ciudadanos, situar, si ustedes dicen que este debate es educativo, situarlo en educación, de lo contrario se trata de otra cosa, se trata de una ley para la piratería, para la piratería, para despojar al Distrito Federal de recursos no previsibles sino de recursos que ya tiene, y gravísimo no asegurando que este producto del pillaje legislativo, si es que se comete, vaya a ser para el desarrollo educativo, sino que pueda ocurrir que su destino sea, ahí sí, ahí, para promociones político electorales en esta coyuntura que está afectando gravísimamente la acción legislativa y la vida nacional en su conjunto.

Entonces cambiemos la forma de legislar, legislemos en educación, sí, pero en la línea del artículo 3º y la Ley General de Educación y no vayamos, ni a las confiscaciones violentas y coercitivas ni al despojo de los legítimos fondos del Distrito Federal. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Salvador Martínez Della Rocca, para alusiones personales.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca: Con todo el respeto que siempre me ha merecido y me merece mi compañera Tatiana Clouthier. Quiero aclarar algunas cosas, por eso digo que no hay que hacer de una ignorancia una virtud, y no me refiero a Tatiana, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve estados los que no aportan para educación: Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. Aquí está el documento, son datos oficiales.

Punto 1. Quieren que paguemos un tributo feudal, por algo que no va a estar en nuestras manos para administrar lo que es la educación, y no es responsabilidad nuestra porque el PRD lo ha solicitado en múltiples ocasiones incluso la semana pasada.

Punto 2. Compañera Tatiana, usted sabe perfectamente bien que en nuestra comisión hubo quórum, se debatió, se votó y perdimos nosotros la votación, pero usted sabe, compañera Tatiana, porque la conozco, usted es una persona a quien yo respeto, que yo propuse, propuse:

Uno. Que no votáramos precipitadamente, que solicitáramos una mesa de discusión, para tener toda la información en nuestras manos del impacto que iba a tener si se aprueba este 122.

Le consta que propuse, compañera Tatiana, que invitáramos a Silvio Ortega, que invitáramos a Raquel Sosa, que invitáramos al compañero del SNTE y de la CNTE y que invitáramos a un grupo de intelectuales importantes plurales para discutir a fondo lo que íbamos a votar. Aquí salta a la vista inmediatamente la falta de información y tenemos oportunidad de hacerlo.

Propuse a esta mesa no se aceptó la propuesta, pero les digo lo siguiente, retomando la propuesta del profesor Chuayffet sobre la reforma educativa, todavía es tiempo, no tenemos por qué votar hoy. Podemos convocar a varios seminarios, irnos a fondo hasta tener todo en nuestras manos, y que cuando se vote, votemos nosotros con la absoluta seguridad de lo que estamos haciendo.

Ahora bien, compañera Tatiana, dice Michel Foucault, que el diálogo es la condición que el vencedor le impone al vencido: Primero, ``te la rompo y luego te invito a dialogar''. Y es lo que veo, que aquí se trata de hacer. Yo por eso vine aquí, no a dialogar, vine a debatir, y cuando vengo a debatir, si a alguien ofendí, si a alguien ofendí y lo digo por el coordinador Barrio, yo le pido disculpas, no me da pena, pero que quede claro, que lo que yo dije, lo dije sustentándolo en datos.

Y termino diciendo lo siguiente: Hemos exigido la descentralización y la sigo proponiendo.

Y quiero terminar diciéndoles una cosa que no la digo yo, sino que la dice Juan Rulfo en El llano en llamas. Lo leo: ``No decimos lo que pensamos''. Aquí hay muchos que van a votar y no quieren decir lo que verdaderamente piensan. Dice Juan Rulfo: ``Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo; uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le reseca a uno la lengua hasta que acaban con el resuello''.

Aquí así son las cosas, por eso a nadie la da por platicar. Los invito a que platiquemos, a que expresemos lo que pensamos y a que tomemos una decisión a la altura que la nación lo requiere. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia tiene anotados para rectificación de hechos al diputado Gilberto Ensástiga y al diputado José Agustín Ortiz Pinchetti. Al terminar este último consultaremos si se encuentra el dictamen suficientemente discutido.

Tiene la palabra el diputado Gilberto Ensástiga.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Con su venia, Presidente; diputadas y diputados:

En todo este proceso hay una serie de irregularidades que tendrán que aclararse en este Congreso o en las instancias del Poder Judicial, porque no hay un diagnóstico financiero de lo que significa reformar el artículo 122 constitucional. No importa si afecte o beneficie a la Ciudad de México, es una línea monolítica que no busca efectivamente encontrar formas de consensar esta reforma constitucional, pero también hay que decirlo; hay firmas de ausentes que al parecer estuvieron presentes y ésta es una violación a las disposiciones que norman los trabajos de este Congreso, y me refiero en particular a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con esta reforma se violenta lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 9 señala que las participaciones son inembargables, lo que quiere decir que no se pueden afectar y eso tampoco importa.

Obligar al Distrito Federal a sufragar los gastos de educación en nada tiene qué ver con los intereses de muchos de los que hoy han venido a hablar y de los compromisos que hay con los habitantes en esta ciudad y además se ha buscado, se ha alentado la contradicción entre los estados con el Distrito Federal. A mí me parece que todos los que están escondiendo estas acciones que estoy señalando, son los verdaderos golpistas, no los que venimos a tomar la tribuna, porque ustedes están violentando las disposiciones de este Congreso.

Señor Presidente, solicito...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se ruega a las señoras y a los señores diputados escuchar con atención al orador.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Dice el diputado Legorreta que no hay recursos en materia de educación en el gobierno del Distrito Federal, ahí es en donde se demuestra que no hay elementos para sustentar y justificar la reforma al 122.

Quiero informarle que el Gobierno de la Ciudad, a diferencia de otros estados, tiene una inversión en varias acciones que fortalecen la educación en la Ciudad de México y estamos hablando de más de 23 mil millones de pesos y éstos están destinados a la atención y mejoramiento nutricional al fomento y desarrollo de la educación en la construcción de preparatorias de la Universidad de la Ciudad de México, y si a usted esto no le parece una inversión, yo lo invitaría...

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, detengan el reloj parlamentario. ¿Me permite señor diputado?

Activen el sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Señor Presidente, fuera usted tan amable en preguntarle al señor orador si me acepta unas preguntas.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto.

¿Le acepta usted la pregunta al diputado Sánchez?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, con todo gusto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.

El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Gracias, diputado, por aceptarla.

Estaba escuchándolo con mucha atención que el Distrito Federal dedica 2 mil millones de pesos para la educación de los defeños.

Yo quisiera preguntarle porque aquí se han dado datos y datos y todo mundo sabe mucho, y ya que saben mucho, si usted sabía o sabe que el estado de Jalisco tiene y sostiene tres universidades tecnológicas; que el estado de Jalisco, el gobierno del estado de Jalisco entrega a la universidad pública la cantidad de 2 mil millones de pesos, para su presupuesto, que equivale al 52% del presupuesto total de la Universidad de Guadalajara; que el estado de Jalisco invierte el 52% de su presupuesto total en la educación de los jaliscienses.

Y usted podría decirme, ¿con cuánto apoya el gobierno del Distrito Federal a la UNAM? ¿Cuántas universidades tecnológicas tiene y sostiene? ¿Cuánto de su presupuesto dedica a la educación de los defeños?

Gracias por su respuesta.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Primero, agradecerle que me esté escuchando con atención porque pensé que ni uno de los que estaba del lado derecho, lo estaba haciendo. Muchas gracias.

Segundo. Yo vengo a hablar del Distrito Federal, si quiere hablar usted del estado de Jalisco pida la palabra, venga a presentar esos argumentos porque lo único que le puedo decir es que el Distrito Federal, el Distrito Federal incorpora y esto es no lo que no se quiere reconocer, el 23 por ciento del producto interno bruto y todos esos recursos se están destinando para las acciones de la Federación y los estados.

Y es un tema en donde ustedes no han querido entrar porque existe inequidad a la hora de regresar los recursos al Distrito Federal...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, disculpe, ¿ya terminó la respuesta a la pregunta?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante con el reloj parlamentario.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Por último, quiero comentar que esta reforma nos ha llevado a una confusión generalizada que ha trascendido en los medios de comunicación, porque se hablan de 4 mil de 9 mil millones de pesos que puede afectar a la ciudad.

Y en realidad, quienes han estado manejando a la baja la afectación de estos recursos, efectivamente tiene que ver con esa campaña de desinformación, pero también tiene que ver con ese grado de irresponsabilidad, esa fórmula es prácticamente indescifrable, está sujeta a los vaivenes, a la magnitud que se quiere alcanzar para afectar al Gobierno de la Ciudad y desde luego queremos decirle que en el momento de que se presentó este proyecto de decreto, no se tuvo en tiempo y forma una discusión de cuáles serían los verdaderos recursos.

Y aún más, y concluyo, ustedes con la aprobación a las reformas a la Ley del Seguro Social restaron una serie de derechos contractuales a los trabajadores y en este proyecto de decreto buscan tutelarlos a favor de los sindicalizados del magisterio. Ahí están las incongruencias y están los errores a los que han llevado a este Congreso.

Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Agustín Ortiz Pinchetti, para rectificación de hechos.

El diputado José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti: Con su venía, señor Presidente.

Vengo a hacer una rectificación de hechos derivada de la intervención del diputado del PRI, que me antecedió. El afirma que ha habido voluntad de diálogo permanente en esta materia para encontrar soluciones negociadas, infortunadamente no es cierto. Nunca en toda mi vida profesional, como abogado, como político, he encontrado un nivel de intransigencia mayor que en la negociación del 122, de la negociación de esta reforma y voy a los hechos.

La reforma fue aprobada en la Comisión del Distrito Federal, sin dictamen elaborado por la comisión, con violación sistemática de todo el proceso parlamentario. En una sesión fuera del orden de día, se nos obligó a tratar el tema y se nos presentó ya firmado un dictamen, lo cual es aberrante, porque el trabajo de la comisión es el de poder hacer la elaboración.

Durante 10 meses enteros, estuvimos buscando el contacto, tanto con el Partido Acción Nacional; yo tengo ahí las cartas en que oficialmente pedimos que se abriera a una discusión el tema, como también con la coordinación del PRI. Hicimos un esfuerzo que duró meses para poder conducir a una negociación el tema.

El licenciado Campa Crifrián, logró establecer un contacto con la Secretaría de Hacienda y nosotros nos abrimos inmediatamente, el secretario de Finanzas del Distrito Federal, estuvo preparado para iniciar las negociaciones. Hasta el último minuto y el licenciado Chuayffet, que me honra con su amistad y que ha sido siempre veraz y consistente, me desmentiría, hasta el último minuto, antes de que entrara este asunto en agenda, estuvimos insistiendo en la negociación y se nos advirtió que se iba a ir a fondo hasta la resolución parlamentaria. No ha habido ninguna voluntad de resolver las cosas.

Y respecto de otra alusión que hace nuestro compañero del PRI, diciendo que el Distrito Federal se ha negado al proceso de descentralización y éste es uno de los temas que aparece constantemente en las distintas intervenciones, me voy a permitir dar lectura a un estudio del gasto educativo en el Distrito Federal del 3 de julio del año 2003, es un estudio que hace nada menos que la respetable Fundación Adolfo Christlieb Ibarrola del Partido Acción Nacional y que dice literalmente:

``El actual jefe de Gobierno retomó la iniciativa de completar la transferencia de los servicios de enseñanza básica de la capital. Sin embargo la operación se contaminó con la negociación de medidas trascendentales para el Sistema Educativo Nacional, que presentaron concesiones importantes de parte del sindicato. Finalmente, la SEP se vio obligada a ceder ante el SNTE y la descentralización educativa en el Distrito Federal, volvió a ser aplazada por tiempo indefinido...''.

Doy testimonio personal de la participación en las negociaciones iniciales y también el intento del Distrito Federal de acelerar la descentralización. Aquí está abriéndose frente a nosotros, una avenida de resolución, ¿por qué no la transitamos? Si de lo que se trata es de ir adelante en la descentralización y que se pueda equiparar el Distrito Federal a todas las demás entidades federativas, ¡vamos por ahí!, ahí está la solución.

Nosotros queremos platicar, como diría El Pino, nosotros hemos pedido incansablemente el diálogo, la intransigencia ha sido completa e inexplicable, porque es un tema que merece una amplísimo cambio de impresiones. Creo que la nación se merece que se esclarezcan todas estas cosas y que no haya falsedades ni turbiedades respecto de la intención del gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia tiene registro para reserva en lo particular de los siguientes artículos del proyecto de decreto:

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul): Señor Presidente, antes del procedimiento...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado.

Activen el sonido a la curul del diputado Ensástiga.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul): Solamente solicitarle que tenga mucho cuidado con el procedimiento. Antes de votar en lo general, tendría usted que haber solicitado las reservas. Yo le pediría de favor mayor atención. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, esta Presidencia le aclara que no hemos votado en lo general todavía el artículo y que seremos, como lo hemos sido, muy cuidadosos del Reglamento.

Sigo. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto:

Artículo 122, base sexta: por el diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática y por el diputado Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática.

Primero transitorio: por el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y por la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.

Primero, segundo y tercero transitorios: por el diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

Segundo transitorio: por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional; por la diputada Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática y por el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática.

Tercero transitorio: por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional; por el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo y por el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

Y también se ha reservado para adición de un transitorio, por el diputado Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo cuarto transitorio no impugnado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

No se van a aceptar votos a menos de que avisen a la Mesa Directiva que tengan problema con su votación electrónica.

(Votación.)

Diputado Presidente, se emitieron 369 votos en pro, 102 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 369 votos.

Activen el sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka (desde su curul): Señor Presidente, no puede usted decir que se aprobó en lo particular porque todos los artículos están reservados. Pido que corrija y diga que aprobado en lo general, solamente, porque todos los artículos tanto los transitorios como el texto de reforma constitucional, han sido reservados.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, si no tuviese yo la lista de los artículos reservados podría obsequiarle su petición, pero el artículo cuarto transitorio no fue reservado. ¿Satisfecho?

Se han registrado para la discusión del artículo 122, base sexta, como lo comenté anteriormente, el diputado René Arce Islas y el diputado Miguel Alonso Raya.

Tiene la palabra el señor diputado René Arce Islas.

El diputado René Arce Islas: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En un sistema democrático la mayoría es la que toma las decisiones. Y en este momento ha sido una mayoría la que ha votado y tomado una decisión muy importante para el destino de nuestro país. Así son las cosas y así tenemos que aceptarlas quienes nos consideramos demócratas.

Sin embargo, tenemos que decir que cuando se toman este tipo de decisiones siempre sería más satisfactorio que el número de los votos fuese acompañado del triunfo en el debate, en las razones, en la capacidad para dar argumentos y convencer. Hoy, quienes han ganado democráticamente no llevan también la satisfacción de haber ganado en esta tribuna el debate.

Hoy, seguramente algunos de ustedes se alegrarán por tener la mayoría, es parte de lo que tienen que disfrutar. Pero estoy convencido que una gran cantidad de diputados aquí al escuchar los argumentos de aquellos a quienes consideraban minoría sin capacidad de argumentar, el día de hoy se llevan en su conciencia que aquí hubo diputados que vinieron con argumentos, con números, a demostrar por qué esta aprobación no correspondía ni a la razón jurídica, ni a la razón ética, ni a la razón moral.

Que el día de hoy en esta Cámara de Diputados se está inscribiendo uno de los pasajes más tristes que atentan en contra de lo que debería de ser la unidad nacional.

El día de hoy se ha agredido en esta Cámara a una ciudad extremadamente generosa, a una ciudad que a lo largo de su historia ha sido generosa con la misma historia; ha sido generosa con la mayor parte de los estados de la provincia mexicana y ha sido generosa consigo misma.

¿Qué ciudad o qué estado de la República permitiría que la mayor parte de su riqueza producida, se distribuyera a lo largo y a lo ancho del país?

¿Qué ciudad permitiría que gente de otras entidades, como lo fue en su momento de Nuevo León, Martínez Domínguez; Cossío Vidaurri, de Jalisco; Manuel Aguilera, de Veracruz; o Hank González, del estado de México, hubieran podido venir a gobernar esta ciudad?

Esta ciudad, también ha permitido que hasta la fecha, millones de personas de la provincia vengan aquí a estudiar, a trabajar, a cuestiones de salud, y jamás han encontrado ustedes una pared donde diga ``haz patria: mata un provinciano''. Porque aquí, a todos se les ha recibido con los brazos abiertos. Así es de generosa esta ciudad.

Hoy se le castiga a la ciudad, se le castiga por razones eminentemente políticas; se le castiga porque hoy la ciudad es el espejo de muchas de las incompetencias del Gobierno federal y porque esta ciudad se convierte en una de las guías importantes para la resolución el día de mañana, de los grandes proyectos nacionales que habrá que presentar ante el electorado.

Eso es lo que se castiga, como se castigó en 1928, al quitarle sus derechos políticos porque otros en el Gobierno consideraron que era lo mejor para evitar el conflicto en la discusión de los proyectos. Pero así como se recuperó en el 97 esta ciudad se volverá a recuperar, pésele a quien le pese. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Alonso Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

No es necesario establecer una base sexta en el 122 de la Constitución, porque los que firmaron el acuerdo y los convenios en 1992, cuando la descentralización, al mismo tiempo avalaron, desde aquél entonces, lo que hoy cuestionan supuestamente como iniquidad.

En aquel entonces, cuando los convocó Salinas a firmar el acuerdo y a firmar los convenios, fueron formaditos, sin chistar, en Palacio Nacional, a firmar el acuerdo y los convenios de lo que hoy vienen a cuestionar.

Por cierto, el señor Barrio era gobernador de Chihuahua, y firmó igual que todos los demás. Y del estado de México era Pichardo Pagaza, y firmó igual que los demás, sin chistar, disciplinadito, haciéndole cortesía a Carlos Salinas de Gortari al firmar el acuerdo y los convenios.

No dijeron que eran inequitativos, sin embargo aquí lo que se plantea es una cuestión, no si es justo o no resolver o atender problemas de iniquidad en la distribución de los recursos. Revisemos las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal para hacer más equitativa la distribución de recursos. Revisemos las fórmulas para incorporar otros factores que permitan que haya una distribución más adecuada de los recursos a cada una de las entidades.

A Chuayffet le consta... al diputado Chuayffet le consta, cuando él era gobernador en el estado de México, juntos varias veces ---yo como representante sindical--- planteamos la necesidad de que el estado de México fuera atendido de otra manera y tuviera más recursos para atender la demanda de educación.

Porque el estado de México, por el fenómeno de inmigración que tiene, tiene una presión mayor de recursos, indiscutiblemente hay un sistema educativo paralelo; pero eso no se puede hacer sobre la base de quitarle recursos a otra entidad y poner en riesgo la viabilidad del pacto de la Unión. Se tiene que hacer sobre la base de las causas que la propia ley establece.

Remodifiquemos la Ley de Coordinación Fiscal; revisemos la reasignación de recursos a cada estado, pero no atraquemos a un estado como el Distrito Federal para poder pretender resolver la iniquidad que tienen otras entidades.

Compañeras y compañeros: por eso no tiene ninguna razón la base sexta. Se modificó el artículo 3° en 1993 y ahí quedaron establecidas las obligaciones del Distrito Federal en materia de educación; se reformó la Ley Federal para convertirse en Ley General de Educación y quedaron establecidas en el artículo 16 de esta ley las obligaciones del Distrito Federal y quedó establecido, en un 4º transitorio de la Ley General de Educación, lo que debe y lo que tiene que hacer, como convenio y como acuerdo el Distrito Federal con el Gobierno para operar los servicios de educación.

Si lo que queremos es que el Distrito Federal asuma la parte que le corresponde de la operación de los servicios de educación simplemente que se sienten las partes a trabajar.

Yo hace rato me comuniqué con el secretario de Educación Pública para plantearle que se estableciera una reunión, de inmediato, con las autoridades del Distrito Federal para discutir el problema y lo que me contestó: ``Pues como ese asunto está muy complicado tengo que consultar arriba y después le comunico si es posible o no la reunión''.

No hay voluntad. El problema no es que quieran o no la descentralización de los servicios educativos; el problema es que la intención es quitarle simplemente recursos al Distrito Federal y provocar un problema de unidad en relación a las bases del pacto de la Unión. Ese es el problema.

El problema no es si otros estados requieren o no recursos. Es atendible la demanda buscando otras vías y otros mecanismos. Aquí el problema es que la intención está muy clara, hay que minar, hay que minar la acción del gobierno del DF porque cuando estuvo gobernando el PRI hasta 1997 no se acordaron que era inequitativo, no se acordaron de todos esos argumentos que han venido a esgrimir hoy en la tribuna.

Por eso pedimos que se elimine, que es innecesaria la base sexta del decreto que estamos discutiendo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores, en virtud de que ninguno de los dos oradores ha dejado una propuesta por escrito, le voy a pedir a la Secretaría pregunte a la Asamblea si este artículo se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la base sexta del apartado C del artículo 122.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ruego entonces a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del artículo en sus términos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación nominal de la base sexta del apartado C, del artículo 122 constitucional.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor Secretario. Diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Con la súplica, Presidente, de que pudiera aclarar el sentido de la votación. ¿A favor en los términos como está el dictamen?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La votación será a favor en los términos de como está el dictamen y se anuncia a la Asamblea que la Secretaría no aceptará por ningún motivo rectificaciones de voto una vez que se haya cerrado el sistema electrónico.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente: Se emitieron 364 votos en pro, 100 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado por 364 votos el artículo en sus términos, la base sexta del apartado C del artículo 122.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva del artículo primero transitorio, del dictamen que nos ocupa.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez: Con su permiso, señor Presidente; diputadas; diputados: Hemos sido testigos del intento de convencer de parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la no necesidad de adicionar esta base sexta al artículo 122 de la Constitución.

Yo vengo ahora a tratar de convencerlos para que tampoco en el decreto que será seguramente votado, así debe ser, no quede integrada esta fórmula que está establecida en el artículo primero transitorio. Y lo voy a leer porque creo que debe de quedar constancia de qué es lo que estamos votando; es la fórmula que dice:

``El Distrito Federal al igual que las demás entidades federativas deberá contribuir al gasto educativo junto con la Federación en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará anualmente en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria.''

Ese es el texto de ese transitorio.

Define una fórmula que desde mi punto de vista y comentado con algunas diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios, concluimos que es una fórmula ambigua. Parte de un criterio de establecer una media que supone una cantidad que no ha sido acreditada, de modo tal que aquí se afirman cifras diversas.

Tengo la certeza que esta fórmula no podría ser aplicable y quedaría duda en la norma. Tampoco quedaría claro, y así lo dice el propio texto, si otras entidades además del Distrito Federal deberían de participar de esta fórmula.

Yo creo que el debate que hemos protagonizado en esta sesión, ha quedado claro para nosotros que la discusión no estaba en esta necesidad de que el Distrito Federal participara en sus responsabilidades, en la educación básica, sino en el inicio de los transitorios, porque aquí es donde está concebido lo que aquí se ha considerado, el atropello en contra de la Ciudad de México.

Solicito a las diputadas y a los diputados que consideren ciertamente en que este transitorio no forme parte del decreto.

Seguramente en el Senado de la República lo revisarán y estaremos aquí discutiendo con ustedes cómo enmendar este error de una fórmula que no puede ser aplicable y que tiene un solo objetivo: retirarle al gobierno de la Ciudad de México, los recursos para enfrentar la educación básica a la que tienen derecho los niños y niñas de esta ciudad.

Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eliana García Laguna: Con su permiso, señor Presidente.

Ahora sí que estoy sorprendida de la puerilidad de los argumentos que han venido a esta tribuna a esgrimir los que defienden la iniciativa. Dadas las bravatas que les escuché en las mañanas de otros días, realmente pensé que tenían más solidez sus argumentos, pero sólo vinieron aquí a plantear lugares comunes, incluso rebajando el nivel del debate a las mismas argumentaciones mediáticas que ya les hemos conocido, hablando de la buena o la mala educación. Cuando ya sabemos que las buenas conciencias, ¡como muchos de los que están aquí a mi derecha!, finalmente tienen una doble moral y esta doble moral se ve cuando finalmente no dicen aquí los argumentos de que en términos de la famosa equidad que debe de haber en el federalismo, no están reconociendo que existen. Sí existen, pobres y ricos, yo no sé cuándo desaparecieron los 60 millones de pobres de este país y los 27 millones en extrema pobreza y ahí tenemos una muestra de lo que significa precisamente esta doble moral.

Desconocer lo que es el pacto federal no contribuye de ninguna manera a que logremos avanzar en lo que de manera permanente dicen: ``La democracia, la necesidad de trascender''. Cada una de las acciones que hace el Gobierno federal ahonda las diferencias sociales y contribuye más a generar los pobres y ricos que existen en nuestro país. Porque aunque no lo quieran reconocer no es lo mismo un indígena en Guerrero que un empresario neoleonense. Y ahí está precisamente lo que significa esta hipocresía y doble moral de querer igualar a los desiguales con frases retóricas.

Hasta antes de 1997 la administración del Distrito Federal era un departamento más del Ejecutivo federal. Ni siquiera una secretaría, era un departamento. Fue en 1997 que se eligió por primera vez el gobernante de la ciudad, que por cierto es de un partido contrario a los dos partidos que ahorita acaban de aprobar de manera mayoritaria la iniciativa de reforma al 122.

En el 2000 los delegados. La capital en detrimento de sí misma sigue siendo rehén de vendettas políticas, porque vienen y hablan de la necesidad de mismas obligaciones. Entonces también démosle a la capital los mismos derechos. Y en función de esto yo les propondría que para no ser hipócritas avancemos en la reforma política del Distrito Federal que sé que se quedó varada en el Senado y donde entre otras cosas permitiría que ya no sea el Congreso el que defina el techo de endeudamiento y veamos efectivamente una intención de mismas obligaciones y mismos derechos.

La malhechura de este transitorio que estamos discutiendo es tal, que deja a interpretación cuánto es la aportación. Para algunos son 3 mil millones, para otros son 9 mil millones. Es exactamente eso lo que nosotros concebimos como la política de las buenas conciencias, que ahora quieren elevar a rango constitucional la discrecionalidad interpretativa. La fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica que se contiene en la Ley de Coordinación Fiscal no corresponde a la problemática financiera actual que registra ninguna de las entidades para satisfacer las necesidades del sector educativo.

En ese sentido lo que convendría, en lugar de estar haciendo reformas malhechas a la Constitución, sería revisar la Ley de Coordinación Fiscal en lugar de hacer esta reforma que finalmente ya votaron.

Yo quisiera proponer que avancemos en la equidad con la reforma política del Distrito Federal que está congelada en el Senado y que de igual manera pudiéramos considerar la derogación, la supresión de este artículo transitorio, en el decreto que efectivamente imponiendo el día de hoy una mayoría, se acaba de aprobar.

Por su atención muchas gracias y voy a usar mis últimos siete segundos para decir: ¡que es más violento que esté la PFP aquí afuera en el recinto constitucional a cualquier otra cosa que hubiera pasado en esta Cámara!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: con objeto de ser congruentes respecto de la valoración integral de las reformas que aquí se han presentado y que lo manifestamos en nuestra primera intervención, creemos obligado presentar a ustedes en consecuencia, una propuesta de texto del artículo primero transitorio de esta reforma del 122 a la base sexta.

Esta propuesta concilia ampliamente la intención de dar avance a la descentralización educativa, liberándola de cargas partidistas e intenciones ocultas. Es una propuesta compatible plenamente con la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 3º constitucional y el más elemental sentido común.

Apelamos entonces a su mejor disposición a todos los miembros de esta Cámara, para culminar este proyecto educativo, depurado, objetivo y que reúna los mejores deseos y voluntades a favor de México y en contra de nadie.

Por ello, me permitiré dar lectura al texto que proponemos como la propuesta de sustitución de los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la reforma en comento:

Primero. Para el efecto y en virtud de que el Distrito Federal no participa plenamente de la condición de entidad federativa y no tiene antecedentes propios en la función educativa, la Secretaría de Educación celebrará con su gobierno el acuerdo respectivo para que en el presupuesto federal el Congreso apruebe la asignación de recursos que permitan solventar la aportación que correspondería como estado de la Federación, mientras adquiere dicho estatus constitucional.

En tanto, en el marco de dicho acuerdo se convendrán los términos de los montos presupuestales que correspondan al Distrito Federal, conforme se efectúe la trasferencia de los servicios de educación básica.

Este sería el único artículo primero que proponemos y, en consecuencia, también solicitamos, proponemos que se suprima el artículo segundo de estos transitorios, por quedar comprendido en el primero, y el artículo tercero es necesario también eliminarlo, puesto que la materia de su contenido se encuentra regulada plenamente en disposiciones específicas de la Constitución Mexicana, artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo respectivo.

De esta suerte, señor Presidente, solicito se sirva atender nuestra petición para someter al pleno la aprobación de esta propuesta del grupo de Convergencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo primero transitorio.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la propuesta hecha por el diputado Jesús González Schmal.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se admite la modificación al artículo primero transitorio propuesto por el diputado Jesús González Schmal.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se desecha, en consecuencia.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del artículo primero transitorio en sus términos del dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación nominal del artículo primero transitorio en los términos del dictamen.

Señor Presidente, se emitieron 356 votos en pro, 102 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo primero transitorio por 356 votos a favor. Y aprobado en sus términos.

Se han registrado para la discusión del artículo segundo transitorio reservado por los siguientes oradores: la diputada Marcela Guerra Castillo, la diputada Clara Marina Brugada Molina, el diputado Arturo Nahle García.

Tiene el uso de la palabra la señora diputada Marcela Guerra Castillo.

La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

El dictamen que se somete a consideración a esta soberanía, consta de 4 artículos transitorios, como todos sabemos, el artículo primero transitorio, indica la fórmula de aportaciones del Distrito Federal en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal, mismo que anualmente se ajustará en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria.

Para el cumplimiento de esto, se propone el segundo transitorio, que a la letra dice así:

``La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior, dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado a partir del 1o. de enero del año 2005.''

Queremos hacer énfasis, compañeras y compañeros, en la parte última de este segundo transitorio, particularmente en la fecha indicada, a partir de la cual la cantidad que resulte de esta fórmula del transitorio primero que acabo de leer será destinada a los estados.

El 1o. de enero del próximo año significa una problemática evidente, ¿por qué? Porque en virtud de que el proyecto de decreto en discusión dispone en su cuarto transitorio, como también ustedes lo tienen ahí y lo conocen, en su entrada de vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos encontramos entonces ante la posibilidad de un conflicto de leyes en el tiempo, que resultaría si el Constituyente Permanente aprueba esta adición en una fecha posterior al 1o. de enero de 2005, afectando el principio de la no retroactividad de las leyes.

Para evitar esto, el Constituyente Permanente, tendría un plazo cercano a dos meses y medio para concluir con el proceso de reformas constitucionales, lo que significa, primero ingresar al Senado y posteriormente a las legislaturas de los estados, con una especie de camisa de fuerza, al establecer un término para cumplir con lo que establece el artículo 135 de la Constitución.

Cabe destacar que con fundamento en este artículo, la Cámara de Diputados no tiene la facultad de obligar al Constituyente Permanente al término para la aprobación de una reforma constitucional como parte del proceso legislativo, también es importante reconocer que no resulta conveniente el establecer una fecha para la aprobación del proyecto de decreto.

Al igual que esta soberanía, la colegisladora y las asambleas locales, necesitarán de un tiempo razonable, es decir, hacer más plausible el proceso legislativo para su estudio, análisis, discusión y en su caso, la aprobación del mismo.

En razón de lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mi partido, hemos decidido reservar el artículo segundo transitorio del dictamen proyectado, como ustedes saben, 122 etcétera, a lo que sigue y dicta:

``Segundo. La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir de que inicie su vigencia el presente decreto.''

Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina.

La diputada Clara Marina Brugada Molina: Gracias, diputado Presidente.

El artículo segundo transitorio del dictamen que hoy discutimos constituye uno de los mayores absurdos de esta reforma, es una aberración jurídica insostenible que atenta contra nuestra Carta Magna y descalifica los argumentos que han esgrimido los promotores de esta adición constitucional. Se pretende descontar las participaciones federales que por ley y por derecho recibe el Distrito Federal, se invade la esfera exclusiva de los órganos del gobierno del Distrito Federal y se violentan los principios del Sistema de Coordinación Fiscal.

Otra de las aclaraciones que queremos hacer con esta intervención es por qué el Distrito Federal no participa en el sostenimiento del sistema de educación básica. Porque actualmente el Distrito Federal está impedido legalmente para ello, porque la Federación hasta el día de hoy no ha querido darle la responsabilidad al Distrito Federal, no ha querido entregarle esta responsabilidad y se ha planteado por parte del Gobierno de la Ciudad, por parte de los diputados federales del PRD la posición al respecto al Gobierno federal, en torno a la descentralización y hasta hoy lo único que hemos recibido son silencios y descalificativos. Por eso el Distrito Federal no invierte en educación básica. Si se da el proceso de descentralización, por supuesto que el Distrito Federal tendrá que darle recursos a este rubro.

Por otro lado, se dice que con esta reforma se obligará al Distrito Federal a participar con el gasto educativo. Eso es falso; los recursos que van a embargar con esta reforma no van a ser destinados a educación, seguramente van a ir a cubrir los excesos de algunos gobiernos y también a cubrir las aspiraciones presidencialistas.

Es falso que esta reforma tenga como fin impulsar el federalismo; simplemente veamos en el caso de salud, en donde este servicio está descentralizado. Es precisamente el estado de México y Baja California, que aportan menos del 1% de sus recursos, mientras que el Distrito Federal aporta el 60% y el estado de Tabasco aporta el 55%. Están en una circunstancia muy parecida, pero al revés. ¿Qué quiero decir? Que el Distrito Federal está aportando mucho más recursos que cualquier entidad y no por esta razón estamos solicitando que se le quite a los estados que menos aportan para que se le dé al Distrito Federal.

En la situación de salud y educación no se puede resolver las inequidades que hay en la distribución de recursos de esta manera. Está pasándonos con esta reforma, las facturas de todas las inconsistencias y los errores del proceso de descentralización, al Distrito Federal le quieren hacer pagar los platos rotos de un mal diseño.

Compañeras y compañeros: en la distribución del gasto público no pueden resolverse sobre la base de quitarle a uno para repartirles a otros. El federalismo no puede fincarse con reclamos injustificados y parciales; deben fincarse mecanismos claros de coordinación para la prestación de servicios públicos y la corresponsabilidad en su financiamiento. El nuevo modelo de federalismo que nos propone el Partido Acción Nacional y el PRI, nos lleva al enfrentamiento entre mexicanos y al desgobierno.

No se trata de una revuelta de la provincia contra el Distrito Federal, se trata de una venganza de dos partidos, del PRI y del PAN, contra los ciudadanos de esta capital que han sido castigados por esta venganza.

Eso es lo que sucede, es la venganza de estos dos partidos porque los capitalinos no votaron... Es la venganza a una capital que no va a dar más votos ni va a generar ganar a estos partidos que el día de hoy se vuelcan contra los capitalinos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul de la diputada Marcela Guerra.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): Nada más para hacer una precisión, señor Presidente, en cuanto a lo que hace un momento me permití leer sobre la reserva al segundo transitorio.

Lo que pasa es que en mi posicionamiento, nuestro posicionamiento, en lugar de utilizar la palabra ``artículo'', utilicé ``párrafo'' y quisiera precisar que en lugar de la palabra párrafo, o sea, ``párrafo anterior'', es ``artículo anterior'', señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tomamos nota de su observación, con mucho gusto.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado Nahle.

El diputado Arturo Nahle García: En la exposición de motivos de una ley, se deben establecer las razones, las causas, los fundamentos, los argumentos, los hechos que justifican una nueva disposición legal. En la exposición de motivos está pues, el propósito, el espíritu de una ley.

En el caso que nos ocupa, en este artículo segundo transitorio, se pretende descontar al Distrito Federal un porcentaje de sus participaciones federales, porque según la exposición de motivos, el DF tiene una situación de privilegio respecto al resto de las entidades federativas.

¿En qué consiste esa supuesta situación de privilegio? La exposición de motivos dice que en diversas disposiciones tributarias. No nos dice cuáles y hasta dónde las únicas disposiciones tributarias diferenciadas que existen son las que se aplican en estados fronterizos.

Dice también la exposición de motivos que porque el DF no aporta nada para el sostenimiento de la educación básica que se imparte en la capital. Aquí ya se dijeron las razones históricas de esa situación y la forma en que se puede corregir, con la simple firma de un convenio similar al que firmaron los estados en 1992.

Sigue diciendo el dictamen que el Distrito Federal está altamente financiado por las entidades federativas. Eso es totalmente falso, el DF es la entidad que más aporta a la bolsa nacional, con al cual se paga toda la educación que se imparte en México.

Y remata el dictamen diciendo que la mejor prueba de esa supuesta situación de privilegio, es el hecho de que el presupuesto del DF casi duplica al del estado que le sigue.

El dictamen soslaya que esta situación obedece a que prácticamente la mitad del presupuesto del Distrito Federal lo constituyen ingresos propios fundamentalmente provenientes del impuesto predial.

Pero todos estos argumentos de nada valen cuando existe una consigna. Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la redacción del dictamen es un galimatías vergonzoso. Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la adición que se pretende al artículo 122 está totalmente fuera de lugar y carece de técnica legislativa porque es en el artículo 3° donde se establece todo lo relativo a la impartición y financiamiento de la educación.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que las aportaciones que los estados hacen a la educación, obedece a la existencia de sistemas estatales paralelos al sistema de educación federalizado.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que con esta reforma se está abriendo una puerta que va a perjudicar a todos los estados que tienen adeudos con la Federación, porque a partir de ella el Gobierno federal va a cobrarse a ``lo chino'', haciendo descuentos automáticos a las participaciones federales.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que esta reforma no le va a representar ningún beneficio a los estados más pobres del país, sino por el contrario a los que más tienen y que por cierto, lo malgastan en costosas campañas publicitarias de televisión.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la obligación que se le pretende asignar al Distrito Federal, ya está consignada en la propia Constitución y en la Ley General de Educación.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que el proceso legislativo que dio origen a este dictamen, está totalmente plagado de irregularidades, sobre todo, la que tiene qué ver con la obligación de que exista una opinión previa de la Comisión de Presupuesto.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la defectuosa distribución del gasto se puede corregir a través de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y no con pegotes absurdos a nuestra Carta Magna.

Cuando hay consigna, de nada sirve demostrar que con esta reforma vamos a afectar severamente a la quinta parte de los mexicanos que viven o trabajan en esta problemática ciudad.

Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que a esta ciudad hemos llegado, y siguen llegando millones de provincianos a estudiar, a trabajar, a hacer vida y familia y que en lugar de agradecerles su hospitalidad y generosidad, hoy le vamos a dar el más duro de los golpes.

No concibo a diputados...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, le recuerdo que se le ha agotado el tiempo.

El diputado Arturo Nahle García: Concluyo, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante.

El diputado Arturo Nahle García: No concibo a diputados priístas, panistas y ecologistas del Distrito Federal, votando a favor de que le quiten recursos a su ciudad.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal, que a la letra dice: ``Se suprime el artículo 2°, por quedar comprendido en el 1º''.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal, al artículo segundo transitorio.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Desechado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Marcela Guerra. Proceda a leerla para que sepa la Asamblea qué es lo que está sujeto a votación.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Con gusto, diputado Presidente.

Se va a dar lectura a la propuesta presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo, de modificación al artículo segundo transitorio, para quedar como sigue:

``La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal la cantidad que resulte, conforme al artículo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir de que inicie su vigencia el presente decreto.''

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la diputada Marcela Guerra Castillo al artículo segundo transitorio.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia se acepta.

Tiene la palabra el señor diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, para hablar en pro de esta propuesta.

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Con su venia, diputado Presidente. Una vez aprobado en lo general la reforma al artículo 122, debemos estar conscientes que fue un bien para el federalismo, para la nación y para el bien común. Este fortalecimiento implica dar más responsabilidades y generar más facultades fiscales, implica crear gobiernos capaces administrativamente hablando. Los gobiernos de los estados le apuestan a la educación de los niños, cuando el gobierno del Distrito Federal le apuesta al gasto con fines electorales para ganar votos futuros.

Estamos a favor de modificar el artículo segundo transitorio para que no sea el 1º de enero de 2005, ya que es pertinente que sea hasta la entrada de vigencia del decreto, una vez que pase por el Senado, la mitad más uno de los congresos locales de los estados y sea el Ejecutivo el que la publique.

No estamos en contra del Distrito Federal; no mezclen razones, no politicen esta reforma. ¿Defienden al Distrito Federal o defienden a Andrés Manuel López Obrador? ¿Si otro gobernara qué harían?

Los diferentes órdenes de gobierno y los poderes de la Unión tienen la obligación de apoyar la educación, ya que lo que se utiliza en los presupuestos no es un gasto, es una inversión para tener mejores ciudadanos, mejores municipios, mejores estados y por ende, una mejor nación.

No podemos entender una transformación nacional sin tener un auténtico federalismo; no podemos entender un federalismo responsable sin tener más responsabilidades y atribuciones; además, que cada entidad federativa cumpla con sus obligaciones, siendo una de éstas la educación.

La reforma al 122 es un acto de equidad y justicia federalista, es una demanda social y de todos los actores políticos, como se manifestó en la pasada Convención Nacional Hacendaria, donde fue una propuesta consensuada en el rubro de gasto en su capítulo de educación en el punto nueve.

Para Acción Nacional, la educación es la actualización consciente y libre de capacidades humanas en camino de perfección; es el mismo camino y oportunidad de integridad social de comunicación solidaria.

El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separan, un campo común de acción y de pensamiento y de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud esencial y ahora la más necesaria en México. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio, con la propuesta de la diputada Marcela Guerra.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio, incluida la propuesta presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo que ya fue aprobada.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría en consecuencia, se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo segundo transitorio con la modificación hecha por la diputada Marcela Guerra y aceptada por el pleno.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo segundo transitorio con la propuesta ya aprobada, propuesta presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo.

(Votación.)

Diputado Presidente: Se emitieron 339 votos en pro, 118 en contra y 14 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo segundo transitorio reservado, con la modificación aceptada por la Asamblea y por 339 votos.

Para la discusión del artículo tercero transitorio reservado, se encuentran registrados los siguientes oradores: diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, diputado Pedro Vázquez González y diputado Rafael García Tinajero.

Tiene el uso de la voz el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría: Con su permiso, Presidente; compañeras y compañeros diputados: Solicité en reserva el tercero transitorio de la reforma al artículo 122 por las siguientes razones: para expresar primero, que los derechos de las y de los trabajadores de la educación están a salvo, están consagrados en la ley y representados por una organización gremial sólida y responsable.

Para decir también que esta iniciativa no pone a discusión ni en riesgo la representación de los trabajadores ni la titularidad de la relación laboral que por decisión de los mismos ostenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta titularidad está consagrada en la Ley General de Educación, en los tribunales federales que corresponden.

El espíritu de la reforma es de orden presupuestario, se refiere al presupuesto educativo. No es éste un tema de carácter laboral y no es una reforma de carácter laboral. En razón de las razones expresadas les solicito su apoyo para modificar el tercero transitorio que pudiera establecerse en los siguientes términos y decir que la aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de la educación del Distrito Federal.

Dejo en la Secretaría la propuesta de modificación que corresponde. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias al señor diputado.

Tiene el uso de la voz el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer la eliminación de las referencias al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación contenidas en el artículo tercero transitorio del dictamen en comento.

Este artículo transitorio es a todas luces antidemocrático, ya que elimina la libertad de asociación y de elección de la dirigencia sindical de los trabajadores de la educación.

Establecer al SNTE como titular de las condiciones generales de trabajo en el Distrito Federal, es claramente contrario al más elemental conocimiento del derecho constitucional, del derecho laboral burocrático y de la jurispru- dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de que sean los propios trabajadores quienes determinen libremente en qué sindicato participan y quienes serán sus representantes sindicales.

Por lo anterior, proponemos la siguiente redacción:

``Transitorios tercero. La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno los derechos, salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación del Distrito Federal.''

Señor Presidente, con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito que la votación de esta propuesta de reserva al artículo tercero transitorio del dictamen, se haga en forma de votación nominal, y firman cinco integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que le hago entrega a la Secretaría tanto de la propuesta de redacción firmada por el suscrito, como la de votación que se solicita se haga de manera nominal. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Activen el sonido en la curul del diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís (desde su curul): Señor Presidente, deseo, si es posible, que me inscriba usted, en el turno que corresponda, para rectificar hechos. Para intervenir para rectificar hechos. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado. El siguiente orador ha declinado su participación, por lo cual para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís: Ciudadano Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores. He querido dejar, a través de esta tribuna, un registro de hechos que no pueden pasar desapercibidos ante una representación nacional.

El artículo tercero transitorio, de por sí agrega otra contrahechura más al malhadado artículo 122.

Esta consiste, en primer lugar, en mencionar que la reforma no afecta en modo alguno salarios y prestaciones y luego una parte totalmente inconveniente, siendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales de dichos trabajadores.

Quiero mencionar ante ustedes, que hay un diferendo en esta materia; hay una impugnación acerca de la titularidad del Sindicato Nacional... de la dirigencia nacional.

Como ustedes saben, la hoy presidenta del Sindicato Nacional, profesora Elba Esther Gordillo, lleva aproximadamente 15 años al mando de la organización sindical. Los primeros años fueron producto de la imposición directa que hizo Carlos Salinas de Gortari, de esta profesora y prácticamente su designación se resolvió en Los Pinos y no en asambleas en donde participaran los maestros.

Posteriormente, contra la propia normatividad interna, se reeligió... contra la normatividad interna, repito, y como si esto fuera poco, agregó un periodo más ya no como secretaria general, sino ahora como presidenta.

No sabemos qué piense hacer para el futuro, si busque otro título diferente al actual con objeto de seguir manteniendo el dominio sobre cerca de un millón de trabajadores de la educación, muchos de los cuales la repudian.

Por lo tanto, este agregado en el cuerpo de una ley que de por sí criticamos es una aberración totalmente insoportable. Queremos decir aquí que hay no pocas diputadas y diputados que han rechazado o han dicho rechazar el corporativismo sindical. Si hay consecuencia, si hay consecuencia en esos puntos de vista, hoy es un momento adecuado para que lo manifiesten.

Ya tenemos un artículo cuarto transitorio en la Ley General de Educación, que fue precisamente concebido para que no transitara la transferencia de los servicios educativos, véase la contradicción; un transitorio para que no transitara. Tan es así que en 12 años no ha transitado.

Y la aberración mayor de ese transitorio consiste en que se condiciona a la voluntad de particulares, un sindicato, el cumplimiento de una ley.

En este caso se agrega albarda sobre aparejo. Pienso que este artículo no solamente debe ser rechazado, sino debe ser comentado y deben agregarse informaciones como las que yo agrego y dejo constancia de esos hechos. Es un sindicato impugnado; hay graves violaciones a la legalidad sindical, no hay representación suficiente de los maestros en este sindicato y, por lo tanto, este artículo debe ser rechazado. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia tiene registrados para rectificar hechos al diputado Emilio Serrano Jiménez y al diputado Jorge Luis Preciado y al terminar este último someterá a votación si se encuentra suficientemente discutido.

Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: Primero felicitar a dos diputados que son diferentes a la fracción en la que yo estoy, Roberto Campa Cifrián y René Meza, que votaron con conciencia, no con orden de la dirigencia. Y quiero saludar también a las diputadas y diputados respetables, decentes, que sí los hay en el PRI, que sí los hay en el PAN pero que desafortunadamente no les permitieron emitir su voto de conciencia.

Aquí se está escribiendo la historia, en la Cámara de Diputados. En 1998 se escribió un episodio muy triste y lamentable por un mayoriteo del PRI y el PAN, cuando votaron para aprobar el Fobaproa. Hoy se repite la historia.

Aquí se ha dicho mucho que los acuerdos se construyen con diálogo, con discusión, con el uso del razonamiento; sin embargo, los medios de comunicación son testigos de que está demostrado que la fracción del PRD agotó todas las instancias.

Se nos ha acusado de barbarie, de incultos, de indecentes y nos han ubicado, si se cometió alguna ilegalidad. Ustedes nos han ubicado en esa ilegalidad y está comprobado hoy, este día está comprobado.

Nosotros quisimos convencerles con razones, con argumentos, con la ley en la mano de que no era correcta ni justa la aprobación de esta reforma al artículo 122. No logramos convencer a muchos precisamente por el lineazo que tienen del Presidente Vicente Fox.

Muchos lo hubieran querido hacer; sin embargo, se vieron imposibilitados. Ahora acabamos de escribir otro capítulo más en la historia de esta Cámara de Diputados, en esta honorable Cámara de Diputados. Ya se escribió, ya se quedó en la historia, cuando no nos dejaron otro camino más que tomar la tribuna.

Ahora se han presentado aquí argumentos, se han presentado razones y la prueba es de que ganamos el debate, pero no logramos ganar el convencerles...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado. Activen el sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Para una solicitud de aclaración, diputado Presidente. Tengo entendido que estamos debatiendo un artículo transitorio y obviamente debe existir una propuesta, en este caso, el tercero transitorio, o no sé si ya retomamos el debate del tema en lo general porque no he escuchado el debate, al menos en esta participación con relación al tercero transitorio.

Entonces sería conveniente, si hay alguna propuesta pues para que se presentase modificación de este artículo y si no, bueno, hubo el momento conducente y así lo mencionó el Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en la que esta Presidencia en diversas ocasiones permitió el pasar a tribuna para hechos.

Por su contestación, gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado... Activar el sonido en la curul del diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Sólo para una aclaración pertinente y que no quede un precedente.

Diputado Gutiérrez de la Garza: estamos en el periodo de la discusión en lo particular. No se requiere tener una redacción alternativa, simplemente se requiere hablar en contra cuando el turno es en contra; su partido no ha solicitado la palabra a favor, ha solicitado simplemente una modificación del texto; ambas cosas son válidas.

Solamente quiero advertir que las modificaciones y el texto deben pasar a comisión, según el Reglamento. La práctica que tenemos es que ya no pasen a comisión nunca; pero el Reglamento sigue diciendo que deben pasar a comisión.

El orador en este momento, está hablando en contra y no está obligado de ninguna manera a presentar un texto alternativo. Esa es la regla, ésa es la ley. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia... Activen el sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): En la sesión pasada, ya creo que tuvo oportunidad de tratar de desvirtuar el articulado con urgentes y obvias resoluciones que en ningún momento fueron solicitadas; me gustaría aclararle al diputado Pablo Gómez, que el artículo 125 de nuestro Reglamento señala en forma muy clara: ``leída por primera vez una adición...'' Y yo no he escuchado por parte del diputado que está haciendo uso de la tribuna, cuál es esa adición o modificación que está proponiendo. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Presidente, lo que no entiendo yo de la discusión es que el término por el cual le dio la palabra usted al diputado Serrano, fue para rectificación de hechos, cosa que tampoco entiendo por qué se la dio, Presidente, en esos términos y en ese momento.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado. Suponiendo sin conceder de que no esté hablando sobre los hechos que dice rectificar, esta Presidencia ha buscado en este debate, privilegiar la deliberación, una deliberación abierta, buscando con esto la concordia y sobre todo que las mayorías tomen su decisión. Creo que ha hecho lo correcto, por lo cual le ruego al señor diputado que está haciendo uso de la voz, termine su intervención y si puede concretarse a los hechos para los cuales pidió el uso de la voz, por favor se lo obsequie a la Asamblea. Adelante.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con mucho gusto, diputado Presidente.

Nada más para pedirles que reflexionemos y que en lugar de pedir que se tomen los recursos del Ramo 28, hubiéramos pedido que se tomaran los recursos del Ramo 25.

Van a tener que hacer una reflexión ustedes, todos, la tenemos que hacer. Recuerden que estamos escribiendo una página más en la historia de esta Cámara, en la historia de México y no se vale que echemos a pelear ---como lo quiere Vicente Fox--- a mexicanos contra mexicanos. Si bien es cierto que de por sí no nos quieren en el interior de la República a quienes vivimos en el Distrito Federal, a los ``chilangos'' como nos llaman despectivamente. Anteriormente sí era privilegiado el Distrito Federal, cada sexenio era borrón y cuenta nueva de la deuda que tenía el Distrito Federal. Las obras más grandes que se hicieron en el Distrito Federal fue patrocinado con presupuesto federal. A partir de 1997 nos estamos ``rascando con nuestras propias uñas''. ¡No se vale que nos echen a pelear a mexicanos contra mexicanos!

Compañeras y compañeros: ¡Acabamos de cometer un error al votar una reforma que va a costar, va a costar mucho y a quienes les va a costar más, en votos, van a ser a ustedes dos! Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo tercero transitorio.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo tercero transitorio.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia consulte la Secretaría si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal, en su primera intervención, que a la letra dice: ``El artículo tercero propuesto en el dictamen también se suprime en tanto la materia de su contenido se encuentra regulada plenamente en disposiciones específicas en la Ley Federal del Trabajo y en los contratos colectivos respectivos''.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal al artículo tercero transitorio.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Desechado.

Consulte la Secretaría si es de admitirse la modificación que ha puesto a consideración de la Asamblea el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, que a la letra dice: ``tercero. La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de la educación del Distrito Federal''.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, al artículo tercero transitorio.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se acepta la modificación.

Esta Presidencia ha recibido la solicitud por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para que la propuesta a consideración de la Asamblea por el diputado Pedro Vázquez González tenga votación no económica sino nominal, viene acompañada de 5 firmas que lo apoyan, por lo cual es de obsequiarse la solicitud.

Abra la Secretaría hasta por 5 minutos el tablero de votación a fin de votar la propuesta, hasta por 3 minutos, a fin de votar la propuesta del diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González (desde su curul): Presidente: Le solicito la lectura de la redacción que se propone.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: La redacción que propone el diputado Pedro Vázquez González a la letra dice: ``Artículo tercero transitorio. La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno los derechos, salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación del Distrito Federal''.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de la propuesta presentada por el diputado Pedro Vázquez González de modificación al artículo tercero transitorio.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 11 votos en pro, 444 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Desechada.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo tercero transitorio, con la modificación hecha por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría y aceptada por el pleno.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka (desde su curul): Señor Presidente, le pido se lea la modificación.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí. A la letra dice: ``tercero transitorio. La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de la educación del Distrito Federal''.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo tercero transitorio, incluida la propuesta ya aprobada presentada por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 357 votos en pro, 98 en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo tercero transitorio reservado, con la modificación hecha por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría y aceptada por la Asamblea, por 357 votos.

Se ha registrado para hacer una adición de un transitorio, el diputado Oscar González Yáñez, quien tiene el uso de la palabra.

El diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Discutir el tema de la educación no lo tenemos que ver desde un punto de vista de una entidad, la obligación de los diputados que estamos aquí presentes es velar y salvaguardar por la calidad de la educación de todos los habitantes de nuestro país.

Por eso, quiero llamar la atención y principalmente a los compañeros diputados que son muy cercanos a ser muy aprehensivos con el cumplimiento de la ley o no, de que el gran reto de este Congreso es que lleguemos al 8 por ciento del producto interno bruto en educación, cosa que no hemos conseguido.

Aproximadamente en este momento estamos gastando poco menos de 10 mil pesos por cada educando en nuestro país. Si nosotros lográramos llegar al 8 por ciento del producto interno bruto, estaríamos llegando a más de 20 mil pesos por educando en nuestro país. Esa es nuestra obligación.

Nuestra obligación no es ver quién tiene más, quién tiene menos, sino que todos tengan lo suficiente y lo necesario. Por eso aquellos compañeros diputados que piensan que vienen aquí con actitud a representar a su estado, nos parece un error.

Se representa al estado en el Senado de la República, que es el que salvaguarda el pacto federal. Aquí representamos los intereses de todos y cada uno de los mexicanos.

Por ello hago este llamado, y hago este llamado de atención a este punto, porque nadie se debe de sentir contento por lo que está pasando el día de hoy, digo, a menos que los que traen intenciones políticas; que a eso yo ya no me quiero referir.

La conciencia de cada uno de los compañeros que aprobaron esta ley estará en ello y tendrán que explicarlo y decírselo a sus electores y a la propia ley, que la ley dice: 8 por ciento. La ley no dice ``todos iguales'', la ley dice ``8 por ciento del producto interno bruto''. Sí quiero llamar la atención a esto, porque me parece que es un asunto de extrema relevancia.

Y nos permitimos proponer, con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento, proponemos que la disminución de los recursos federales al Distrito Federal para la educación, se haga de manera gradual, para que no se perjudique de manera abrupta a ningún educando de nuestro país.

Nuestra propuesta es que dicha reducción presupuestal se aplique en un periodo de 10 años, en cantidades proporcionales al monto que corresponde a esa reducción.

Asimismo, proponemos que los recursos federales que se transfieren al Distrito Federal por concepto del Ramo 25, sean distribuidos a todas las entidades federativas, con apego a los criterios de distribución vigentes, no a un criterio de distribución extraño y que tiene matiz político y que ojo, vuelvo a lo mismo, nosotros no tenemos que ver este tipo de reformas con matiz político, sino buscando el bienestar y aumentando el nivel de vida de todos los mexicanos.

Y que se destinen de manera exclusiva a fortalecer la educación. Porque también de la manera que se está haciendo, corremos el riesgo de que se mande a algunas entidades federativas y no se aplique en educación. Este Congreso tiene que estar muy atento, porque yo escuché aquí a muchos compañeros hablar de la educación y la inequidad en la educación, pero no escuché que pusieran mínimos candados para que ese dinero se asigne realmente a educación; cosa que no se hizo aquí. Por eso, proponemos esta modificación, este apartado cuatro del transitorio.

Por estas consideraciones, proponemos que quedara un cuarto apartado de la siguiente manera:

``El Gobierno Federal descontará de las participaciones en las contribuciones que corresponden al Distrito Federal, en un lapso de 10 años contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, conforme al monto que para tales efectos correspondan.''

Hacemos este llamado principalmente a aquellos compañeros que son apegados a la ley y a aquellos que les gusta hablar mucho de equidad y demás.

Equidad significa trabajo justo y proporcional. Muchas gracias.

Señor Presidente, con fundamento en el artículo 148 y anexo la firma aquí, para que se haga votación nominal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: A solicitud del señor diputado, que viene acompañada por las suficientes firmas para apoyar su petición, abra la Secretaría el sistema electrónico hasta por 3 minutos, a fin de votar la propuesta del mismo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 3 minutos, para proceder a la votación de la propuesta de un artículo transitorio, presentado por el diputado Oscar González Yáñez.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz el diputado Francisco Suárez Dávila, que avisó tener un problema con su sistema, activen el sonido por favor en su curul.

El diputado Francisco Suárez y Dávila (desde su curul): En contra.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En contra, el diputado Francisco Suárez Dávila.

Diputado Presidente, se emitieron 13 votos en pro, 433 en contra y 18 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se considera desechado.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 20 de Abril de 2004, a la comisiones unidas Juventud y Deporte y de Salud de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Diputada Maki Ester Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte y Salud con fundamento en su atribución que le otorgan los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente.

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe.

I.- En el Capitulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa.

II.- En el Capitulo correspondiente a `` CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capitulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión mencionada expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. El 20 de abril del 2004 la Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En la misma fecha, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa objeto del presente dictamen pretenden que las adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el SIDA sean parte de la educación para la salud.

Por lo que respecta a la reforma a Ley del Instituto Mexicano de la juventud, pretende que el Instituto tenga por atribución la elaboración de programas y cursos de orientación sobre adicciones, educación sexual y salud reproductiva.

III. CONSIDERACIONES

A. Sabemos que actualmente los jóvenes constituyen el grupo de edad mas sano en términos biomédicos. Presentan proporcionalmente menos enfermedades y muertes, no obstante, consolidan hábitos de vida vinculados con prácticas sociales que los hacen vulnerables de presentar padecimientos crónico degenerativos y enfermedades emergentes.

B. De acuerdo al Programa Nacional de la Juventud 2002-2006 el abuso de sustancias adictivas, el ejercicio de la sexualidad, los hábitos alimenticios, la morbi-mortalidad por accidentes y violencia impactan negativamente en la salud de los jóvenes.

Y el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad puede derivar en enfermedades de transmisión sexual.

C. El uso, abuso y dependencia al tabaco; el abuso y la dependencia a las bebidas alcohólicas y el uso, abuso y dependencia a otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además, importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia, dan cuenta de la magnitud y de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas en suma las adicciones.

El uso y abuso de sustancias psicoactivas, representan una preocupación creciente para el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con una variedad de recursos humanos y técnicos, así como con la coordinación de las instituciones y programas disponibles en el país, de tal modo que permita implantar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento, normatividad y legislación, así como de sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones beneficien a la población. En síntesis una integral educación para la salud, así mismo, para asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita finalmente, reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociadas, se requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensbles que regulen la prestación de los mismos.

En el caso de las bebidas alcohólicas, la población juvenil inicia su consumo a edades cada vez más tempranas, y su consumo excesivo repercute en los índices de morbi-mortalidad y en el costo social.

En relación al tabaquismo, es innegable la asociación directa e indirecta del consumo del tabaco y sus productos, con graves padecimientos de alta mortalidad, así como su impacto familiar, laboral, social y económico

Entre los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas y alcoholismo se pueden citar: accidentes y conducta violenta, cirrosis hepática, conducta sexual riesgosa, síndrome alcohólico-fetal, trastornos mentales y de la conducta.

En el caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades vasculares cerebrales y problemas perinatales, entre otros.

El uso y abuso de otras sustancias psicoactivas conlleva a la aparición de problemas psicosociales y psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por causa externa, alteraciones en la gestación (retraso en el crecimiento intrauterino, abortos, parto pretérmino y muerte fetal, entre otros).Todo esto afecta al sector juvenil de nuestro país.

Así mismo hacemos mención que tenemos en cuenta la existencia de la norma norma oficial mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Sin embargo consideramos que ningún esfuerzo es exagerado para terminar con este problema.

D. Es una obligación social proteger este grupo, a la juventud, otorgándole los servicios de salud mas rentables como son las acciones que incurren en la educación para la salud.

Es necesario potenciar la actuación coordinada de las instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno y promover la participación de las instancias privadas en la promoción y educación para la salud. Esto para lograr mejores resultados en la salud y en la reducción de la desigualdad en el mediano y largo plazo.

Observamos que actualmente en los jóvenes existe un sector activo y estratégico del desarrollo nacional.

E. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan a un grupo de padecimientos infecciosos que se transmiten predominantemente por contacto sexual. Algunos de éstos son considerados como de notificación obligatoria en la mayoría de los países, y continúan teniendo una frecuencia inaceptablemente alta, fundamentalmente entre gente joven en edad reproductiva y con vida sexual activa. Las ETS, y sus complicaciones, no están distribuidas uniformemente entre la población, pues sólo algunos grupos específicos son los que se encuentran en riesgo de adquirirlas o transmitirlas; a ellos se les debe reconocer con el fin de incluirlos en los programas de vigilancia y control. Hay también algunos subgrupos de individuos que sufren particularmente las complicaciones; por ejemplo, las mujeres que inician su actividad sexual a edad temprana y que tienen varias parejas en lapsos cortos.

El problema de las ETS no se conoce debidamente en México; las pocas clínicas especialmente instaladas con ese propósito atienden a un número muy limitado de hombres y trabajadoras sexuales, de tal manera que la información que se desprende de su actividad no es representativa de lo que ocurre en la población. Sin embargo, se ha estimado que la frecuencia de ETS en la población general fluctúa entre 0.1 y 0.5%; en cambio, para la población considerada como de alto riesgo, se calcula una frecuencia que va de 10 a 20%. La población más afectada se encuentra entre los 18 y 24 años de edad.

F. El SIDA también se debe incluir como objeto de la educación sexual, sabemos que es una enfermedad causada por un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la padece.

Tan solo en el 2002 se notificaron mas de 16,000 casos, subiendo un gran porcentaje año con año, El SIDA constituye la cuarta causa de muerte de los hombres entre 25 y 34 años de edad, es por ello que se debe realizar las acciones necesarias para combatir este problema.

Así mismo tenemos en cuenta los distintos tipos de vías de transmisión del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida como los son los tres modos fundamentales de transmisión del VIH: Transmisión sexual, transmisión parenteral por el uso compartido de agujas o jeringuillas, instrumentos contaminados, transfusión sanguínea y transmisión vertical o de la madre al feto.

G. La educación para la salud sexual y reproductiva es de suma importancia, los adolescentes de 15 a 19 años de edad representan casi la cuarta parte de la población nacional, y actualmente se registran 43,000 embarazos anuales en mujeres de esa edad.

Uno de los resultados de las uniones tempranas son los embarazos en mujeres jóvenes, muchos de los cuales se caracterizan por la presencia de toxemia, desproporción cefalopélvica y otros cuadros que aumentan el riesgo reproductivo. Por otra parte, el primer producto de una madre adolescente corre más riesgos de tener bajo peso al nacer y de ser prematuro, que los primeros hijos de madres de más de 20 años de edad.

La falta de una educación sólida con respecto a la vida sexual y reproductiva, desde los primeros años de la escuela o desde otros ámbitos en la comunidad, es una de las causas que influyen en el inicio muy temprano, y de manera desinformada, de la vida sexual, con el frecuente resultado de un embarazo no planeado ni deseado en ese momento.

H. Existen Programas y Proyectos para la educación Gubernamentales, como lo son:

Escuelas Promotoras de Salud..

Estrategia de Capacitación para Educadores en Salud

La Escuela. Eje de la Salud Comunitaria.

Modelo Avanzado de Atención Primaria a la Salud.

Masculinidad y Salud Reproductiva.

En las universidades encontramos algunos como los son:

Diagnóstico de los Patrones de Automedicación en el Rincón Zapoteca.

Estrategia Cogestionaria para Revitalizar el Ambiente Natural, Económico y Cultural en el Rincón Zapoteca.

Género y Salud Reproductiva. Una Propuesta Metodológica.

Producción de Discos Compactos. Libro de Ciencias Naturales.

Programa de Capacitación por Videoconferencia Interactiva para Educadores para la Salud en el Empleo de los Medios Tecnológicos para la Educación Presencial y a Distancia.

Programa Universidad en Línea. Educación para la Salud.

I. Por todo lo anterior se debe actuar de una forma permanente y eficaz. Sabemos que la prevención de ciertos aspectos como son enfermedades entre otros, se encuentra ya regulada en el artículo 134 fracción XIII de la Ley General de Salud, pero es muy diferente la prevención que la educación para la salud, aunque van de la mano son distintas formas de atacar dichos problemas.

Es por ello, que consideramos que con esta reforma se concretaría de una manera sólida y eficaz el combate y ventaja a estos problemas que día con día crecen y se incrustan mas en el sector juvenil ya mencionado y se vuelve un problema de salud pública ya que no solo afecta a este sector sino a toda la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte y Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:.

ARTÍCULO 112. La educación para la salud tienen por objeto:

I a II..., y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, adicciones, educación sexual, salud reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual especialmente el SIDA, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de la fármacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección -

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a VIII.

IX. Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual, y salud reproductiva, así como de capacitación y desarrollo, destinados a los jóvenes, y

X...

TRANSITORIO

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2004.--- Por la Comisión de Salud. Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).

Por la Comisión de Juventud y Deportes. Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Lanero Gutiérrez, Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), J. Erandi Bermúdez Méndez, Rodolfo Esquivel Landa, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, presentada por el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de marzo de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que en sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de marzo de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura''.

TERCERO. Mediante oficio CE/0509/04 de fecha 30 de marzo de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. El legislador propone lo siguiente:

``... ...

[...] al referirnos a las [Micro, Pequeñas y Medianas Empresas] Mipyme culturales tendremos en cuenta las empresas de la radio, la televisión, el cine, la industria de la música, la publicidad, el libro, los periódicos, el teatro, el turismo cultural, la opera, etcétera; pero también debe considerarse al conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan nuestra sociedad o un grupo social.

...

En este orden de ideas, nuestra iniciativa pretende dar pauta para establecer un mecanismo jurídico que permita que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente (Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y que pase a ser beneficiario del mismo, a través de la aplicación de mecanismos de financiamiento públicos, de los efectos positivos del libre mercado; y, al mismo tiempo, facilite el desarrollo cultural del país, de los estados y de los municipios. Es decir, el interés de esta iniciativa es el de incluir una serie de fondos de financiamiento público (de los fondos de la Secretaría de Economía dirigidos a impulsar las Mipyme) al alcance y canalizables a las iniciativas privadas de producción de bienes y servicios culturales que carezcan de los recursos económicos necesarios para ver a la luz del día sus esfuerzos.

...

...

Para concluir, es necesario recordar que las Mipyme culturales debemos visualizarlas como instrumentos y patrimonio histórico vivo, recurso que proporciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios para coordinar los deseos, las aspiraciones y las preocupaciones ciudadanas, y son dispositivos que pueden mostrar la gran diversidad, pluralidad y riqueza de las manifestaciones culturales en el sentido más amplio: lenguajes, músicas, costumbres, vestidos, cocinas, etcétera, que existen en el país.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.-......

I......

II......

III.....

......

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

QUINTO. El 8 de junio de 2004, la Comisión de Cultura emitió la opinión a la iniciativa en comento, anexo al presente, manifestándose a favor de su aprobación, por lo que esta Unidad Legislativa hace suyos los considerandos vertidos por esa Comisión.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el mundo se han convertido en un nicho de oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenido de los países a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

TERCERO. Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 42% del Producto Interno Bruto y el 64% del empleo del país.

CUARTO. Que el Ejecutivo Federal ha impulsado una serie de acciones para aumentar la competitividad y productividad de las empresa del país, para ello creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía y elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001--2006, con la finalidad de fomentar y promover la calidad, competitividad, capacitación, desarrollo e innovación tecnológica y el desarrollo empresarial de la planta productiva, en especial de las MIPYMES, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y organismos del sector público, privado, social y educativo competentes.

QUINTO. Que este Honorable Congreso de la Unión aprobó por consenso de todos los partidos políticos, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de fomentar la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SEXTO. Que las MIPYMES denominadas culturales, abarcan un gran conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación, tales como: la editorial, fonográfica, artesanal, televisión, cine, radio, video, prensa, revistas, nuevas tecnologías, publicidad, entre otros bienes y servicios culturales, que favorecen la difusión masiva de la cultura.

SÉPTIMO. Que las MIPYMES culturales tienen una influencia significativa en la economía, mediante la creación de empleos, mayor inversión productiva, incremento del comercio exterior, así como el aumento de las contribuciones y derechos, entre otros beneficios indirectos. Así, este conjunto de actividades pueden participar e impulsar el Producto Interno Bruto nacional de manera significativa, como ha sucedido en diversos países de América y Europa.

OCTAVO. Que las MIPYMES culturales cumplen satisfactoriamente con su responsabilidad social, por un lado, aprovechan sus aptitudes para contribuir al desarrollo de la economía del país, generando riqueza y empleos, y por el otro, promueven la trasmisión de ideas y valores en la sociedad, mediante la producción de bienes y servicios culturales.

NOVENO. Que el Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de promover las diferentes expresiones y propiciar la elevación del nivel cultural de los mexicanos, así como la defensa, el rescate, la conservación y la difusión del patrimonio cultural y el estímulo a los procesos culturales.

DÉCIMO. Que el Poder Legislativo junto con el Ejecutivo deben alentar y apoyar las manifestaciones culturales, así como fomentar la igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales, para que las personas no solamente gocen de las distintas expresiones de la cultura, sino que también tengan una oportunidad para participar en su creación, a través de las MIPYMES culturales.

DÉCIMO PRIMERO. Que las MIPYMES culturales deben aprovechar y gozar los Programas y Fondos con los que cuenta la Secretaría de Economía, para llevar a cabo sus actividades culturales con una visión empresarial y con suficiencia económica, enriqueciendo la cultura de nuestro país, al tiempo, que se estarían apuntalando y complementando los Programas de Desarrollo Empresarial y el Nacional de Cultura.

DÉCIMO SEGUNDO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, junto con los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Cultura, reconocen y concluyen, que esta Iniciativa viene a fomentar y promover la cultura en un ambiente empresarial, donde el negocio de las expresiones culturales tiene cada día un espacio relevante en el quehacer cotidiano de la sociedad, dado que el arte y la cultura, forman parte fundamental del desarrollo integral de cada persona.

RESUELVE

PRIMERO. Que con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Iniciativa que presentó el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. La Comisión de Economía, con la opinión de la Comisión de Cultura, presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

I. a III. ...

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

IV. a XVII. ...

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de junio del año 2004.--- Comisión de Economía: Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jesús Antonio Nader Nasrallah, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Jesús María Ramón Valdez, Eduardo Olmos Castro, Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Oscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala, Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo, Juan José García Ochoa (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Cultura correspondiente a la LIX legislatura le fue turnada para su opinión, la ``INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 3° DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA'', presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Cultura de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el día 30 marzo de 2004 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo de la fracción 111 del artículo 30 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que fue turnada a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura.

2. En reunión de la Comisión de Cultura, celebrada el 13 de abril de 2004,- se dio trámite de recibo correspondiente a la iniciativa referida en el numeral 1 de este apartado.

3. En, sesión celebrada el 20 de abril de 2004, los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se reunieron con diversos representantes de la comunidad cultural para escuchar sus opiniones sobre la iniciativa en comento.

4. En reunión de la Comisión de Cultura celebrada el día 8 de junio de 2004, los integrantes realizaron el estudio y debate de la iniciativa de ley correspondiente al numeral 1 de este apartado, para emitir la opinión correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la cultura es un modo de vida, costumbres, conocimientos, tradiciones, manifestaciones y expresiones artísticas de los pueblos, sociedades y naciones. Que la cultura otorga identidad personal, colectiva y nacional a los pueblos, y dota de pertenencia a las personas en una determinada sociedad.

SEGUNDO. Que la cultura fomenta y estimula en las personas los valores de la tolerancia, la libertad, la pluralidad, la diversidad, los cuales son pilares en la vida democrática de nuestro país.

TERCERO. Que los bienes y servicios culturales, por su naturaleza, son bienes públicos que generan efectos externos positivos y que no se agotan en la utilidad que pueden obtener de ellos las personas. Es decir, los bienes culturales son bienes sociales irreductibles cuyos beneficios trascienden a los individuos concretos y benefician a la sociedad en su conjunto.

CUARTO. Que la cultura no se circunscribe al plano espirítual de la degustación de las obras o bienes culturales, sino también participa activamente en el desarrollo económico del país. Según cifras presentadas en investigaciones recientes revelan que la participación económica del sector cultura¡ alcanza entre un 6 y 7 por ciento del producto interno bruto, lo cual lo ubica por encima de sectores que tradicionalmente se consideran relevantes para el rumbo y crecimiento de¡ país como el sector automotriz.

QUINTO. Que en consecuencia y dada la relevancia de la cultura en términos de edificación personal y social, así como en términos económicos nacionales, se enfatiza la necesidad y justificación de alentar a través de la política pública gubernamental y del orden jurídico, el desarrollo, fomento y promoción de las actividades culturales. Es decir, el Estado está obligado a impulsar la producción y el desarrollo cultural como un medio para el fortalecimiento y engrandecimiento de nuestro país.

SEXTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de¡ fomento a la creación de este tipo de empresas y brindar apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SÉPTIMO. Que el Estado debe brindar las facilidades y mecanismos de financiamiento a los productores de bienes culturales y prestadores de servicios, culturales, entre muchos otros participantes de la cultura, para que éstos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y apoyo por parte de las instancias gubernamentales en su actividad económica.

OCTAVO. Que la reforma a la fracción 111 del artículo 3 a dicha ley, propone incorporar a los productores de bienes culturales, así como a los prestadores de servicios culturales como sujetos potenciales de los beneficios que esta ley provee. Lo cual no es propiamente una solución integral, sino tan sólo un esfuerzo en el sentido de poner en igualdad de circunstancias a las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector cultura¡, respecto a otros sectores, y así hacerlas susceptibles de asesoría, de crédito, de capacitación, de información de mercados, entre otros aspectos, que les permitan potenciar y explotar sus capacidades.

NOVENO. Que los objetivos de la reforma son proveer de ese piso mínimo necesario para el florecimiento del sector cultural, incrementar la participación de las industrias culturales en los mercados, y que generen mayor valor agregado nacional. Lo anterior- como lo tiene previsto la ley en cuestión-, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa del sector cultural.

DÉCIMO. Que el marco jurídico debe reflejar la aspiración que como sociedad tenemos, y en consecuencia incorporar en las normas los principios que constituyan el cauce de la cultura como objeto de¡ derecho y, en particular, de las oportunidades fundamentales para el fortalecimiento y florecimiento de la cultura.

DÉCIMO PRIMERO. Que a juicio de los integrantes de la Comisión de Cultura la incorporación de productores de bienes culturales, como de los prestadores de servicios culturales en la propia ley, con el fin de darles acceso a mecanismos de financiamiento, es esencial para fortalecer los principios y valores superiores que hacen posible un desarrollo cultural democrático.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en este tenor, la reforma que nos ocupa se inscribe en una de las vertientes que el orden jurídico mexicano deberá ahondar con el objeto de beneficiar a todos los participantes de¡ sector cultural.

DÉCIMO TERCERO. Que esta reforma es encomiable en el sentido que coadyuva a insertar en la democracia y fijar operativamente en el Estado de Derecho, en forma de reglas, principios y valores jurídicos, las aspiraciones de la sociedad en relación con la cultura, convirtiendo así al Estado democrático y de Derecho en un Estado de Cultura, en tanto hace del reconocimiento y protección una parte de la actividad cultural, y favorece el progreso de la cultura como un fin indeclinable del Estado.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

OPINIóN

PRIMERO. Que la Comisión de Cultura se manifiesta a favor de que la iniciativa presentada por el Diputado José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sea aprobada en sus términos, en virtud de las razones expuestas en los Considerandos:

Artículo Unico. Se reforma el último párrafo de la fracción 111 de¡ artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.-

I. a III

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.

SEGUNDO. Por medio de oficio, túrnese la presente opinión a la Comisión de Economía para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de junio de 2004.--- Diputados: Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica), José Antonio Cabello Gil (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Patricia Flores Fuentes (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Jesús María Ramón Valdez, Laura Reyes Retana Ramos, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán, Bernardo Vega Carlos, Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica).»

Es de primera lectura

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CONDECORACIONES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración ``Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro'', que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.--- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración ``Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro'', que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de septiembre del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las Minutas Proyecto de Decreto que conceden permiso a los ciudadanos GENERAL BRIGADIER D.E.M. FELIPE LARIOS CORTÉS, GENERAL DE GRUPO PILOTO AVIADOR D.E.M.A. PAULINO LÓPEZ BERNAL, ANTONINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E INGENIERO SERGIO ALFONSO VERDUZCO ROSAN, para aceptar y usar las Condecoraciones que en diferentes grados les confieren: el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Segundo Párrafo del Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier D.E.M. Felipe Larios Cortés, para aceptar y usar la Condecoración ``Legión de Mérito'', que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano General de Grupo Piloto Aviador D.E.M.A. Paulino López Bernal, para aceptar y usar la Medalla ``Mérito Santos-Dumont'', que le confiere el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil.

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Antonino Fernández Rodríguez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Francés, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 24 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 6 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos JACOBO HAMUI CARDENAS, ALEJANDRA MARIA NAHAS ESPINOSA, JAIME AYALA ORONA y MONICA SAAVEDRA DIAZ, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Jacobo Hamui Cárdenas, para prestar servicios como Especialista político en la Sección Política, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Alejandra María Nahas Espinosa, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Jaime Ayala Orona, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Saavedra Díaz, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 6 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las Ciudadanas GRACIELA BALCÁZAR RIVERA Y CECILIA ARACELI NAVARRETE LABORDE, puedan prestar servicios como Asistente Administrativo y Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 14 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

C O N S I D E R A N D O

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus Actas de Nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II), del Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Segundo Párrafo, del Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Graciela Balcázar Rivera, para prestar servicios como Asistente Administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la Ciudadana Cecilia Araceli Navarrete Laborde, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 1º de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isai Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en el Consulado General en Tijuana, Baja California.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus Actas de Nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en el Consulado General en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, para prestar servicios como Asistente de Desarrollo/Secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana María Cristina Prado Castañeda, para prestar servicios como Especialista en Asuntos Públicos en la Sección USAID, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Robles Gil Torres, para prestar servicios como Asistente Administrativo en la Sección de Administración, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mirna Teresita Garduño Villalobos, para prestar servicios como Asistente en la Agencia de USAID, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Arely Maria de Lourdes Viveros Aldana, para prestar servicios como Visa Clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Martín Benites Proaño, para prestar servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Magdalena Padilla Aguilar, para prestar servicios como Visa Clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Adriana Lizabeth Romo González, para prestar servicios como Visa Clerk en el Area de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Isai Granados Santiago, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Rogelia Guadalupe González Camacho, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Elsie Woller Gutiérrez, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Julio Alejandro Mendoza Llamas, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Villanueva Garduño, para prestar servicios como Supervisor del Centro de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Erico David Cerezo Andrade, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Helam Ramón Sapién Valdez, para prestar servicios como Chofer, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina Montiel Luna, para prestar servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Félix Guillermo Muñoz Segura, para prestar servicios como Técnico en Telecomunicaciones, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficios de fecha 1 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Erika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Heyner Antonio Bolaños Méndez, para prestar servicios como Recepcionista y Asistente Contable, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Erika Villar Astorga, para prestar servicios como Asistente de Política y Economía, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Germán Herrera Gavito, para prestar servicios como Chofer Mensajero, en la Embajada de la República de Bolivia, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Dávila Macuil, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Fortoul Audiffred, para prestar servicios como Asistente Económica, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Gina Muñoz Islas, para prestar servicios como Asistente Comercial, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Martínez Cortés, para prestar servicios como Asistente Técnica, en la Embajada de Noruega, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos FLORINDA YOLANDA DE JESÚS ZAMORA, ALFREDO LUGO DÁVILA, LUISA JOSEFA ANDRADE OSORIO, EDGAR DOMÍNGUEZ PÉREZ, MARIA DEL PILAR UNDA JIMÉNEZ, MARÍA TERESA BEORLEGUI ESTÉVEZ, SIMÓN BAIZABAL LAGUNES Y JULIO XILO GARCÍA, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Dinamarca y de lapón, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 21 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Dinamarca y de Japón, en México serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Segundo Párrafo del Artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Florinda Yolanda de Jesús Zamora, para prestar servicios como Cocinera, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Alfredo Lugo Dávila, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada dé Dinamarca, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Luisa Josefa Andrade Osorio, para prestar servicios como Empleada Doméstica, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Domínguez Pérez, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Unda Jiménez, para prestar servicios como Administradora, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Beorlegui Estévez para prestar servicios como Asesora Administrativa y Consular, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Simón Baizabal Lagunas, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Julio Xilo García, para prestar servicios como Empleado del Departamento Administrativo, en la Embajada de Japón, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 14 de septiembre de 2004, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Luis Guillermo López Moreno, para que pueda prestar sus servicios como Ayudante General (Tradeshelper) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 23 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal, serán de carácter administrativo, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Guillermo López Moreno, para que pueda prestar sus servicios como Ayudante General (Tradeshelper) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 24 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

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CONSUL HONORARIO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 1 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República Federal Democrática de Etiopía, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la Fracción IV, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 15 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Minutas

Proyecto de decreto que reforma los artículos 6°, 10, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66; adiciona los artículos 18 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis, 19 Bis-1, 25 Bis y 25 Bis 1 y deroga el artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, a efecto de que realice una visita oficial a Canadá. (Turno a Comisión)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO FINAL DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión como señala el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual deberá incluir los asuntos no abordados en ésta y en el entendido que para la lista de asistencia será tomada como válida la última votación.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 16:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 14 de octubre a las 10:00 horas y se les informa que el sistema de asistencia electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 173 horas 26 minutos

Con 2 recesos: 47 horas 42 minutos y 117 horas 46 minutas cada uno

Quórum a la apertura de sesión del día 5 de octubre: 416 diputados

Asistencia al cierre de registro del día 5 de octubre: 436 diputados

Verificación de quórum el día 7 de octubre: 424

Certificación de quórum el día 12 de octubre: 428

Asistencia al final de la sesión el día 12 de octubre: 464 diputados

Diputado que se reincorpora: 1

Oradores en tribuna: 57

PRI-9; PAN-15; PRD-20; PVEM-4; PT-5; PC-4.

Se recibió:

6 comunicaciones de los Congresos de Colima, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca;

2 comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

1 comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

1 oficio de la Cámara de Senadores por el que remite solicitud de excitativa del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga;

1 oficio del gobernador del Banco de México;

3 iniciativas del Congreso del estado de Jalisco;

1 iniciativa del Congreso del estado de Querétaro;

1 minuta de ley;

4 iniciativas del PRI;

7 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

3 iniciativas del PVEM

1 iniciativa del PC

Dictamen de primera lectura:

1 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;

1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 3 ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 4 ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 2 ciudadanas para prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 17 ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 7 ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 8 ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Japón, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en México, con circunscripción consular en toda la República.

Dictamen aprobado:

1 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Bueno, Jesús (PRI) Ley Orgánica del Congreso: 117

Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan (PAN) Artículo 122 constitucional: 166

Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD) Artículo 122 constitucional: 165

Arce Islas, René (PRD) Artículo 122 constitucional: 144, 175

Aréchiga Santamaría, José Guillermo (PRI) Artículo 122 constitucional: 156

Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco (PRI) Artículo 122 constitucional: 140, 149

Barrio Terrazas, Francisco Javier (PAN) Artículo 122 constitucional: 165 desde curul

Boltvinik Kalinka, Julio (PRD) Artículoo 122 constitucional: 171

Brugada Molina, Clara Marina (PRD). . . . . . . . .

Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD) Artículo 122 constitucional: 158

Clouthier Carrillo, Tatiana (PAN) Artículo 122 constitucional: 158

Ensástiga Santiago, Gilberto (PRD) Artículo 122 constitucional: 162, 164 desde curul

Escalante Arceo, Enrique Ariel (PRI) Artículos 69 y 78 constitucionales: 53

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Artículo 122 constitucional: 137

Espinosa Pérez, Luis Eduardo (PRD) Artículo 122 constitucional: 130 desde curul, 167

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Artículo 122 constitucional: 152, 160

Fierros Tanos, Margarito (PRD) Ley Agraria: 54

Flores Mejía, Rogelio Alejandro (PAN) Artículo 105 constitucional: 105

García Laguna, Eliana (PRD) Articulo 122 constitucional: 168

García Solís, Iván (PRD) Artículo 122 constitucional: 133, 160, 176

Garduño Morales, Patricia (PAN) Ley de Coordinación Fiscal: 64

Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Artículo 122 constitucional: 130 desde su curul, 138, 177 desde curul

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Artículo 122 constitucional: 134, 145, 169

González Yáñez, Oscar (PT) Artículo 122 constitucional: 180

Guerra Castillo, Marcela (PRI) Artículo 122 constitucional: 170, 172 desde curul

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Artículo 122 constitucional: 130 desde curul, 177 desde curul, 178 desde curul

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Verificación de quórum: 114 desde curul

Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio (PAN) Artículo 122 constitucional: 150 desde curul

Huízar Carranza, Guillermo (PRD) Artículo 122 constitucional: 155

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 78

Landero Gutiérrez, José Francisco Javier (PAN) Artículo 122 constitucional: 146

Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Artículo 122 constitucional: 151

Lomelí Rosas, J. Jesús (PRI) Artículo 122 constitucional: 141

Maldonado Venegas, Luis (PC) Ley Federal de Protección al Consumidor: 60

Martínez Della Rocca, Salvador Pablo (PRD) Artículo 122 constitucional: 147, 150, 154, 161

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Ley del Servicio de Administración Tributaria: 56

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 98

Nahle García, Arturo (PRD) Artículo 122 constitucional: 172

Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto (PRD) Artículo 122 constitucional: 143, 163

Osorio Salcido, José Javier (PAN) Artículo 108 constitucional: 110

Osuna Millán, José Guadalupe (PAN) Artículo 122 constitucional: 153, 154 desde curul

Padilla Peña, Joel (PT) Artículo 122 constitucional: 136

Rivera Cisneros, Martha Leticia (PAN) Artículo 20 constitucional: 95

Sánchez Pérez, Rafael (PAN) Artículo 122 constitucional: 162

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Artículo 122 constitucional: 177

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN).

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Artículo 122 constitucional: 150 desde curul

Torres Zavala, Rubén Alfredo (PAN) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 84

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Artículo 122 constitucional: 148, 155 desde curul

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Artículo 122 constitucional: 174

Vázquez González, Pedro (PT) Código Fiscal: 115

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Artículo 122 constitucional: 175

Yu Hernández, Nora Elena (PRI) Artículo 122 constitucional: 167, 178 desde curul Código Penal-Código Federal de Procedimientos Penales-Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: 67 Ley de Coordinación Fiscal: 61 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL 47 Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier PERMISO MESA DIRECTIVA 98 Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 181 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 27 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 223 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 127 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 15 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 6 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 78 Asistencias por cédula: 10 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 8 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc PERMISO MESA DIRECTIVA 15 Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 8 Asistencias por cédula: 4 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 4 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Figueroa Smutny, José Rubén García Corpus, Teofilo Manuel García Ortiz José López Aguilar, Cruz Martínez De La Cruz Jesús Humberto Muro Urista, Consuelo Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Reyes Retana Ramos Laura Vega Carlos, Bernardo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Faltas por grupo: 10 PARTIDO ACCION NACIONAL Álvarez Monje, Fernando Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes González Garza José Julio Loera Carrillo Bernardo Palmero Andrade, Diego Vargas Bárcena Marisol Faltas por grupo: 6 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA González Bautista Valentín Faltas por grupo: 1 De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo particular el artículo 122 BASE SEXTA reservado, en sus términos) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo particular el artículo primero transitorio reservado, en sus términos) partido revolucionario institucional Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo particular el artículo segundo transitorio reservado, con la modificación aceptada) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo particular el artículo tercero transitorio reservado, si se admite la propuesta del diputado Pedro Vázquez González) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo particular el artículo tercero transitorio reservado, con la modificación aceptada) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo particular la adición de un artículo transitorio) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel

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Política Monetaria Informe sobre el primer semestre de 2004

SEPTIEMBRE, 2004

Junta de Gobierno

Gobernador

Guillermo Ortiz Martínez

Subgobernadores

Everardo Elizondo Almaguer Guillermo Güémez García Jesús Marcos Yacamán José Julián Sidaoui Dib.

El artículo 51 de la Ley del Banco de México contiene disposiciones para conciliar la autonomía del Instituto Central con la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha considerado más apropiada para dicho fin es la presentación por el Banco Central de informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala en su fracción II, que en septiembre de cada año este Instituto Central enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.

En cumplimiento de lo anterior y por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Instituto Central tomado conforme a lo previsto en la fracción IX del artículo 46 de la Ley que lo rige, este Banco de México envía al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión el presente informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.

En apego al ordenamiento legal, este informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante el semestre. Cabe mencionar que dichas acciones fueron oportunamente reseñadas en los Informes sobre la Inflación del primero y segundo trimestres del presente año.

I. Introducción

El Banco de México tiene, por mandato constitucional, la encomienda prioritaria de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Lo anterior implica alcanzar y mantener una inflación baja y estable. Esta constituye la mejor contribución que un banco central puede hacer para aumentar el bienestar de la población.

Durante los últimos años el diseño y la conducción de la política monetaria en México han evolucionado hacia el esquema de objetivos de inflación. Entre los elementos más importantes de dicho esquema destacan el anuncio de una meta de inflación explícita, la existencia de una autoridad monetaria autónoma y la aplicación de la política monetaria en un marco de transparencia, el cual se sustenta en una estrategia de comunicación respecto de los objetivos, planes y decisiones de la autoridad monetaria.1*

En el Informe sobre la Inflación del segundo trimestre de 2002 la Junta de Gobierno del Banco de México anunció que la política monetaria se conduciría con el fin de alcanzar en diciembre de 2003 una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3 por ciento, y de mantenerla permanentemente alrededor de ese nivel, considerando un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual.

En el Informe sobre la Inflación Octubre--Diciembre de 2003 y Programa Monetario para 2004 se anticipaba que en este año cobraría vigor la recuperación de la economía mexicana, mostrando tasas de crecimiento mayores a las observadas en los tres años anteriores. Por el lado de la demanda agregada, se estimaba que las exportaciones continuarían reflejando el mayor crecimiento en Estados Unidos y en el resto del mundo, especialmente al fortalecerse la expansión de las manufacturas estadounidenses. A su vez, el consumo privado preservaría su relativo dinamismo, apuntalado por una mayor disponibilidad de crédito. Por su lado, la inversión del sector privado comenzaría a recuperarse al consolidarse la demanda externa, dada la mejor posición financiera de las empresas. Asimismo, en un ambiente de holgura como el percibido tanto en el mercado laboral como en la capacidad instalada, no se esperaba que la oferta agregada tuviera problemas para satisfacer la mayor demanda agregada, al menos en el corto plazo.

En materia inflacionaria, uno de los principales retos se deriva del alza persistente que han venido registrando las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. Estos incrementos de precios están asociados tanto a la recuperación cíclica de la economía mundial, como a la incertidumbre geopolítica y a la desconfianza que ésta genera sobre las condiciones futuras de abasto de diversos energéticos. Las materias primas afectadas se pueden agrupar en tres grandes rubros:

(a) alimentos, principalmente productos pecuarios y algunos granos;

(b) productos metálicos (acero, cobre, varilla, aluminio, etc.); y,

(c) energéticos, particularmente gas, y petróleo crudo y sus derivados.

Por su naturaleza, el alza en los precios de las materias primas ha impactado los costos de producción de diversos bienes y servicios, lo cual ha repercutido de manera directa sobre los precios al productor. Asimismo, estas presiones ya se han traspasado a distintos genéricos incluidos en el INPC.

Por su parte, a pesar de que los diferentes rubros de la demanda agregada se han venido recuperando, aún no se perciben presiones de importancia sobre la inflación provenientes de esta vía. Ello se debe, entre otros factores, al prolongado periodo en el cual la economía creció por debajo de su potencial. No obstante, de mantenerse el ritmo con el que se viene recuperando el gasto, no puede descartarse que en el futuro previsible comience a generar presiones sobre los precios.

En este contexto, es importante mencionar que el mismo hecho de que la economía atraviese por la fase de recuperación de su ciclo económico, facilita que las perturbaciones de oferta provenientes del exterior se traspasen a los precios al consumidor y contaminen las expectativas de inflación.

En virtud de las consideraciones anteriores, el balance de riesgos sobre la inflación se ha tornado más desfavorable, lo que se ha traducido en que las expectativas de inflación se hayan incrementado. En consecuencia, la Junta de Gobierno del Banco de México ha tomado acciones a fin de restringir las condiciones monetarias.

II. Entorno Económico en el Primer Semestre

La experiencia ha mostrado que las acciones de política monetaria que lleva a cabo un banco central inciden con cierto rezago sobre la economía y, en especial, sobre el nivel de precios. Por consiguiente, para alcanzar las metas de inflación la autoridad monetaria debe tomar sus decisiones con base en una evaluación cuidadosa de la coyuntura económica y de la perspectiva de las presiones inflacionarias.

Dentro de los esquemas de objetivos de inflación suele aconsejarse que cuando las presiones de inflación provienen por el lado de la demanda, la autoridad monetaria restrinja la postura de política monetaria. Ello obedece a que las presiones inflacionarias que enfrentaría la economía en este caso serían generalizadas, y de no ser contenidas con oportunidad, podrían propiciar un repunte en la inflación.

Por otra parte, cuando las presiones inflacionarias tienen su origen por el lado de la oferta, éstas suelen reflejar cambios en precios relativos, los cuales afectan la inflación temporalmente. Así, la recomendación es que la autoridad monetaria permita el aumento transitorio en la inflación antes descrito y que, solamente en el caso de que las perturbaciones de oferta contaminen las expectativas de inflación, restrinja la postura de política monetaria. Ello para evitar incrementos subsecuentes de precios (efectos de segundo orden).

De esta discusión resalta la importancia que tiene la identificación correcta del origen de las presiones de inflación y sus posibles efectos sobre las expectativas del público, para la toma de decisiones de política monetaria. A fin de lograr lo anterior, el Banco de México lleva a cabo un análisis sistemático de la coyuntura económica y de sus perspectivas, empleando una amplia gama de variables y utilizando diferentes modelos económicos y estadísticos. Este análisis contribuye a identificar los factores que están incidiendo en la evolución esperada de la inflación y permite evaluar su impacto sobre las expectativas de inflación de los agentes económicos.

A continuación se examina, en primer lugar, la evolución del entorno internacional. Ello es relevante ya que, a través de sus efectos sobre las cuentas externas del país, incide en la determinación del tipo de cambio, la producción, la demanda agregada y los precios. Posteriormente, se describe la evolución de la demanda y de la oferta agregadas. El análisis de dichas variables permite identificar, entre otros, la existencia de presiones inflacionarias que se deriven de posibles excesos de demanda agregada. Estos últimos también se manifiestan en el resultado de la cuenta corriente, cuyo análisis viene acompañado del correspondiente a la cuenta de capital. Enseguida se revisa la trayectoria de los salarios y de la productividad. Estos son factores causales directos de los costos unitarios de la mano de obra, los cuales tienen una influencia significativa sobre el proceso inflacionario. Finalmente, se reporta la evolución de la inflación medida a través de los distintos índices de precios.

Durante el primer trimestre de 2004, la combinación de políticas macroeconómicas expansivas, condiciones financieras favorables y una mejoría de la confianza estimuló la demanda global. El crecimiento económico mundial, impulsado en particular por la expansión de los Estados Unidos y de las economías asiáticas, resultó en un fortalecimiento del comercio internacional y en un incremento en los precios de los bienes primarios. Esta mejoría en la situación económica mundial continuó pese al incremento considerable en los precios del petróleo. En este entorno, la economía mexicana se desenvolvió en un panorama externo favorable. Por un lado, el repunte de la producción industrial en los Estados Unidos, aunque tardío, ha permitido la reactivación de las exportaciones mexicanas. Por otro, el aumento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo y la disminución en los márgenes soberanos, constituyeron factores positivos para el desempeño de la economía nacional.

La recuperación económica mundial continuó consolidándose durante el segundo trimestre de 2004, si bien tanto Estados Unidos como Japón registraron una desaceleración respecto al elevado ritmo de expansión registrado en trimestres anteriores. En Estados Unidos, la fortaleza de la actividad económica fue menor que la anticipada. La inesperada elevación de los precios del petróleo parece haber incidido en tal evolución. Por su parte, las economías asiáticas, y en especial China, continuaron representando un factor importante de impulso a la expansión económica mundial. El incremento de los precios del petróleo y de otras materias primas dio lugar a un repunte de la inflación en las principales economías del mundo. Este comportamiento de la actividad y los precios se reflejó en un alza de las tasas de interés de largo plazo.

El entorno externo ha incidido significativamente en el desempeño de la economía mexicana. La fase de recuperación cíclica por la que atraviesa la economía mundial, y en particular la estadounidense, suele tener dos efectos opuestos: uno positivo sobre la demanda externa, y otro negativo, asociado al endurecimiento de las condiciones de financiamiento en las economías emergentes.

Así, por un lado la economía nacional se vio favorecida por un incremento importante de sus exportaciones, petroleras y no petroleras, con el consecuente efecto positivo en la producción industrial y manufacturera y en la generación de empleos. Por otro, en lo que se refiere al entorno financiero internacional, ello se tradujo en alzas en las tasas de interés nacionales a lo largo de toda la curva de rendimientos y en presiones sobre el tipo de cambio, restringiéndose así las condiciones de financiamiento para los diferentes rubros de gasto.

El impacto neto de los efectos anteriores fue favorable para la expansión de la demanda agregada. Ello se debe, en parte, a que los efectos sobre los réditos y la paridad del nuevo entorno financiero se vieron atenuados por los cuantiosos flujos de ingresos petroleros y de remesas familiares, los cuales proveyeron a la economía de una amplia fuente de recursos.

Durante el primer semestre de 2004 la evolución de la oferta y la demanda agregadas en México se caracterizó por los siguientes aspectos: a) una expansión importante a tasa anual de esos dos rubros (5.4 por ciento), que contrastó con la falta de fortaleza que habían mostrado el año precedente; b) el aumento de la oferta agregada en el semestre se originó por incrementos significativos anuales, tanto del PIB (3.8 por ciento), como de las importaciones de bienes y servicios (9.8 por ciento); c) los dos componentes que integran la demanda agregada -la demanda interna y la externa- presentaron en el periodo crecimientos anuales importantes; y d) en la demanda interna, tanto el gasto de consumo total como el de inversión se acrecentaron a tasa anual.

Un hecho sobresaliente del comportamiento de la demanda agregada en la primera mitad de 2004 es la reactivación que presentó el gasto en formación bruta de capital, con un crecimiento anual de 5.1 por ciento, mismo que superó al aumento anual que observó el consumo total (de 3.7 por ciento). Esa mejoría de la inversión ocurrió luego de tres años consecutivos en que había tenido caídas. De hecho, el gasto de inversión se fue fortaleciendo a lo largo del semestre, dado que su crecimiento anual en el segundo trimestre, de 5.8 por ciento, fue mayor al del primero de 4.5 por ciento. La expansión de la inversión en la primera mitad del año se originó por aumentos tanto de la inversión privada (de 5.4 por ciento), como de la efectuada por el sector público (de 4.1 por ciento).

El componente más importante de la demanda agregada, en cuanto a su magnitud, es el gasto de consumo. El crecimiento anual que presentó dicho renglón en el primer semestre del año, fue resultado principalmente del aumento del consumo privado, de 4.6 por ciento, ya que el consumo del sector público se contrajo 2.8 por ciento.

El renglón de la demanda agregada que mostró un mayor dinamismo en el primer semestre de 2004 fue el de las exportaciones de bienes y servicios. Ese rubro creció 12.4 por ciento a tasa anual, lo que es atribuible al fortalecimiento que presentó la demanda externa, tanto la proveniente de los Estados Unidos como de otros mercados.

Los principales aspectos que caracterizaron al comportamiento del sector externo durante la primera mitad del año, fueron los siguientes: i) incrementos significativos a tasa anual de las exportaciones e importaciones de mercancías; ii) las exportaciones de México a los Estados Unidos repuntaron de manera importante (aunque a un ritmo menor que las importaciones totales de ese país); iii) una elevada entrada de recursos por concepto de remesas familiares; iv) tanto la balanza comercial como la cuenta corriente mostraron déficit reducidos; y, v) un superávit moderado de la cuenta de capital, que estuvo acompañado por una acumulación reducida de reservas internacionales.

La recuperación cíclica de la actividad económica que se registró hacia finales del 2003 y durante el primer semestre de 2004, propició que continuara fortaleciéndose la demanda de trabajo. Al respecto, los aspectos más destacables del comportamiento del empleo en el primer semestre de 2004 fueron los siguientes: a) un aumento en el número de trabajadores en el sector formal de la economía lo que, acorde con las cifras del IMSS, fue mayor en el caso de los trabajadores permanentes que en el de los eventuales; b) la mejoría del empleo formal comprendió a varios sectores, incluyendo al manufacturero y, c) una ligera reducción de la tasa de desempleo en las áreas urbanas durante el segundo trimestre del año.

Al cierre de junio de 2004 el número de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) se ubicó en 12,414,814 personas, cifra superior en 224,022 trabajadores a la del cierre de 2003. Esta última variación es la más alta registrada para el primer semestre en los últimos cuatro años. Otro aspecto importante es que, al ajustarse las cifras por efectos estacionales, el número de trabajadores asegurados al cierre de junio alcanzó nueve meses consecutivos con aumentos. De esa manera, con datos desestacionalizados de octubre de 2003 a junio de 2004 se crearon 241,826 nuevos empleos formales. De este total, 164,517 correspondieron a empleos permanentes y 77,309 a empleos eventuales urbanos. No obstante, el número de trabajadores asegurados en el IMSS aún es inferior al registrado al cierre del 2000.

En el primer semestre de 2004, los salarios contractuales negociados por los empleados y obreros de empresas de jurisdicción federal registraron un incremento promedio, ponderado por el número de trabajadores, de 4.5 por ciento. Por su parte, la productividad media tanto en las industrias maquiladora y manufacturera, como en el sector comercio al menudeo, presentó ganancias importantes que más que compensaron el crecimiento de las remuneraciones medias reales. Por tanto, el costo unitario de la mano de obra en las industrias referidas presentó variaciones anuales negativas.

Al cierre del primer semestre de 2004 la inflación general anual fue de 4.37 por ciento, un aumento de 0.39 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2003. Este incremento se asocia, en su mayor parte, al alza persistente de las cotizaciones internacionales de diversas materias primas, que afectaron principalmente al componente no subyacente del INPC. En junio la inflación subyacente anual fue 3.64 por ciento, nivel cercano al registrado en diciembre de 2003 (3.66 por ciento). Por otra parte, la inflación anual no subyacente fue 5.99 por ciento, lo que implicó un incremento de 1.33 puntos porcentuales en el semestre (Gráfica 1).

A este respecto, es importante señalar que durante el primer semestre del año, el proceso de reducción de la inflación enfrentó retos importantes, los cuales consistieron en diversos choques de oferta experimentados en diferentes bienes y servicios. En particular destacaron:

(a) Diversos bienes y servicios administrados y concertados por el sector público mostraron fuertes ajustes de precios. En cuanto a los primeros, debe resaltarse el alza de algunos energéticos cuyos precios están parcialmente afectados por sus referencias internacionales (gasolinas en las fronteras y gas doméstico). Por lo que se refiere al segundo grupo, destaca el alza en las tarifas del transporte público urbano (particularmente el colectivo y el taxi en el D.F. y en el Estado de México), así como la actualización de las contribuciones de agua y de predial en algunos municipios de la República.

(b) Por otro lado, se presentaron incrementos de precios en los productos pecuarios ante la prohibición que se impuso a la importación de carne de bovino y pollo. Ello en respuesta a los brotes de diversas epidemias en los Estados Unidos. No obstante, estas presiones han comenzado a revertirse gradualmente ante las menores restricciones a la importación de productos cárnicos.

Adicionalmente, a lo largo del semestre la inflación se vio afectada por el alza persistente que han venido registrando las cotizaciones internacionales de diversas materias primas, lo cual se ha convertido en una presión inflacionaria a nivel mundial. Estos incrementos de precios están asociados tanto a la recuperación cíclica de la economía mundial, como a la incertidumbre geopolítica y a la desconfianza que ésta genera sobre las condiciones futuras de abasto de diversos energéticos. Las materias primas más afectadas se pueden agrupar en tres grandes rubros: (i) alimentos (entre otros, algunos granos y productos pecuarios); (ii) productos metálicos (acero, cobre, varilla, aluminio, etc.); y, (iii) energéticos, particularmente gas, y petróleo crudo y sus derivados (Gráfica 2).

Por su naturaleza, el alza en los precios de las materias primas ha impactado los costos de producción de diversos bienes y servicios, lo cual ha repercutido de manera directa sobre los precios al productor.

El alza de los precios internacionales de algunas materias primas comenzó a presentarse en 2003 y se intensificó para algunos productos durante el primer semestre de 2004. Las principales presiones inflacionarias que se han generado en consecuencia son las siguientes:

(a) Los mayores precios de distintas materias primas alimenticias han incidido tanto en la inflación subyacente, como en la no subyacente. En el primer caso, los efectos de estas presiones propiciaron que la variación anual de los precios del grupo de alimentos del subíndice de las mercancías aumentara de 4.70 a 5.83 por ciento entre diciembre del año previo y junio de 2004. Ello explica, en buena medida, los incrementos registrados en el subíndice total de mercancías, el cual pasó de 2.62 a 3.26 por ciento en dicho periodo.

Por lo que toca al grupo de pecuarios del subíndice de precios no subyacente, éste pasó de 8.34 por ciento al cierre de 2003 a 10.55 en junio del presente año. Es importante resaltar que la inflación general en México se ve mayormente afectada respecto de otras economías por los incrementos en los precios de los alimentos (procesados y no procesados), dada la elevada ponderación que éstos tienen en el INPC.

(b) El aumento de los precios internacionales de diversos productos metálicos que se utilizan en la construcción residencial afectó al subíndice de la vivienda, especialmente de febrero a junio del presente año, periodo en el cual su variación anual pasó de 3.85 a 4.13 por ciento, respectivamente.

(c) El aumento en los precios de los energéticos a nivel internacional incidió en los tres genéricos que integran al subíndice de precios administrados (gas doméstico, electricidad y gasolinas), el cual registró una variación anual de 8.35 por ciento en junio, cifra superior en 2.24 puntos porcentuales respecto a su nivel registrado en diciembre de 2003 (6.11 por ciento).

Las presiones sobre los precios descritas fueron contrarrestadas parcialmente por la disminución de las cotizaciones de las frutas y verduras durante el semestre, las cuales registraron 6 meses consecutivos con variaciones mensuales negativas. En el lapso referido, la variación anual de dicho rubro pasó de -2.36 a -7.60 por ciento. Por otro lado, la variación anual de los servicios subyacentes distintos a la vivienda disminuyó de 5.72 a 3.98 por ciento entre diciembre de 2003 y junio de 2004 (Gráfica 3).

Para evaluar las perspectivas de la inflación en los siguientes meses es importante considerar, primeramente, el comportamiento que podrían presentar los precios de las materias primas. En este sentido, uno de los principales factores que explica el alza en los precios de dichos bienes ha sido el incremento en su demanda proveniente del vigor con el que crece la economía mundial, en particular la china. Por tanto, en la medida en que esta última registre un crecimiento más acorde a su potencial de largo plazo, es previsible que los precios internacionales se estabilicen. A su vez, este efecto podría verse reforzado por incrementos en la oferta de materias primas como respuesta a los altos precios.

En este sentido, conviene enfatizar que el alza en las cotizaciones internacionales de las materias primas posiblemente esté reflejando un cambio en precios relativos a nivel global. Así, en la medida en que dicho proceso vaya llegando a un término, se puede anticipar que la inflación de esos precios se irá desacelerando e, inclusive, en algunos casos pudiera comenzar a revertirse.

Cabe destacar que a pesar de que los diferentes rubros de la demanda agregada se han venido recuperando, aún no se perciben presiones de consideración sobre la inflación provenientes de esta vía. Ello se debe, entre otros factores, al prolongado periodo en el cual la economía creció por debajo de su potencial. No obstante, de mantenerse el ritmo con el que se viene recuperando el gasto, no puede descartarse que en el futuro previsible ello comience a generar presiones sobre los precios. Es importante mencionar que el mismo hecho de que la economía atraviese por la fase de recuperación de su ciclo económico facilita que las perturbaciones de oferta provenientes del exterior se traspasen a los precios al consumidor y contaminen las expectativas de inflación.

III. La Política Monetaria durante el Primer Semestre de 2004

III.1. Acciones de Política Monetaria

Como ya se señaló, durante los primeros meses del 2004 se experimentaron diversas presiones de oferta que impactaron los precios de algunos genéricos incluidos en el subíndice no subyacente. No obstante que a principios de año el Banco de México había previsto que en algunos meses de 2004 se podrían presentar perturbaciones de oferta susceptibles de ubicar temporalmente a la inflación anual por arriba de 4 por ciento, la magnitud y duración de los choques observados fueron mayores a las previstas. Lo anterior propició un incremento en los primeros meses del año en las expectativas de inflación para horizontes de corto plazo, como por ejemplo la inflación anual esperada para el cierre de 2004.

Si bien los indicadores de las expectativas de inflación no anticipaban durante el primer trimestre del año que los choques de oferta observados tuvieran un efecto significativo sobre la inflación en el mediano y largo plazos, se estimó que el deterioro de las expectativas para 2004 podría complicar la convergencia de la inflación hacia su meta de 3 por ciento. Ello en la medida en que llegara a afectarse la determinación de otros precios en la economía (efectos de segundo orden), especialmente las negociaciones salariales.

En el contexto anterior, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió restringir la postura de política monetaria incrementando el ``corto'' en dos ocasiones durante el primer trimestre del 2004: el 20 de febrero lo aumentó de 25 a 29 millones de pesos diarios y el 12 de marzo lo hizo de 29 a 33 millones de pesos. En consecuencia, las tasas de interés de corto plazo presentaron incrementos importantes. En particular, la tasa de interés de fondeo bancario cerró el primer trimestre en niveles alrededor de 140 puntos base por arriba del mínimo registrado a principios del año. Los efectos de estas acciones sobre la postura monetaria propiciaron un ``aplanamiento'' de la curva promedio de rendimientos de enero a marzo (Gráfica 4).

Por su parte, durante los últimos meses la política monetaria ha enfrentado retos importantes, entre los cuales conviene destacar:

(a) acotar los efectos sobre las expectativas de inflación derivados del alza en los precios internacionales de las materias primas;

(b) estar vigilante para, en su caso, contener las presiones cíclicas sobre la inflación que puedan surgir del vigor que sostiene la demanda agregada; y,

(c) propiciar que el tránsito de la economía hacia un entorno de mayores tasas de interés externas sea ordenado.

La información económica que se dio a conocer a principios de abril de 2004 en los Estados Unidos y que confirmaba que se consolidaba la recuperación de esa economía, comenzó a generar expectativas de que la Reserva Federal iniciaría un ciclo de acciones encaminadas a reducir las condiciones existentes de holgura monetaria con mayor intensidad y rapidez que lo anticipado hasta entonces. Ello modificó de manera considerable el entorno financiero, conduciendo a una elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos y a nivel global.

Este nuevo entorno tuvo efectos considerables sobre la actitud de los inversionistas en los mercados internacionales, ya que condujo a una mayor aversión al riesgo y, consecuentemente, a una recomposición de carteras. Como resultado, las economías emergentes enfrentaron incrementos en los niveles y volatilidad de sus diferenciales de tasas de interés y, por tanto, un deterioro en sus condiciones de acceso a financiamiento.

En este contexto, un reto fundamental para la conducción de la política monetaria es propiciar que el tránsito de la economía a un entorno de mayores tasas de interés sea ordenado. Esto cobra relevancia al considerar que el alza en los réditos, particularmente para plazos mayores, puede obedecer a diferentes motivos: incrementos en la productividad marginal del capital, que se reflejan en mayores tasas reales de interés (y que son propios de la fase del ciclo por la que atraviesan las economías mundial y nacional), en las expectativas de inflación de largo plazo y/ó en las diferentes primas de riesgo. A este respecto, el análisis de los movimientos recientes en la curva de rendimientos se complica por el hecho de que en episodios anteriores de alzas en las tasas de interés internacionales, los instrumentos financieros no tenían la duración promedio actual. Así, es posible que el incremento en las tasas de interés de los valores de mayor plazo refleje, en parte, un alza en primas de riesgo y liquidez.

Por supuesto, en la medida en que la política monetaria sea exitosa en conducir a la inflación hacia su objetivo, los posibles aumentos en las expectativas de inflación de largo plazo y/ó en las primas de riesgo quedarán mayormente acotados. En ese caso, el ajuste de las tasas de interés para plazos mayores reflejará principalmente los incrementos previsibles en las tasas reales de interés propios de cualquier recuperación económica.

En este entorno, y en virtud de las diferentes presiones que se han cernido sobre la inflación, el Banco de México ha venido restringiendo la postura monetaria. En particular, en el Comunicado de Prensa del 23 de abril el Instituto Central expresó que ante el incremento que se había presentado en las expectativas de inflación y el alza en las tasas de interés externas, no era deseable que se relajaran las condiciones monetarias internas. Sin embargo, posterior a su publicación, se observó una marcada reducción en la tasa de fondeo, por lo que el 27 de abril la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar el ``corto'' de 33 a 37 millones de pesos diarios. Como resultado de ello, se revirtió la reducción en dicha tasa (Gráfica 4).

Posteriormente, las tasas de interés de fondeo volvieron a ajustarse en dos ocasiones: primeramente, en respuesta a la primera acción tomada por la Reserva Federal para elevar las tasas de interés de corto plazo en ese país y como consecuencia de la acción tomada por el Banco de México para restringir la postura monetaria el 23 de julio. Como resultado de estos ajustes, se propició un nuevo ``aplanamiento'' de la curva de rendimientos en nuestro país, reflejando el sesgo restrictivo que actualmente caracteriza a la política monetaria.

III.2. Agregados Monetarios y Crediticios

Durante el primer semestre del 2004, la base monetaria creció en promedio a una tasa anual de 13.1 por ciento, crecimiento inferior en 5.3 y 1.5 puntos porcentuales al observado en el primer y segundo semestre de 2003, respectivamente.2 Esto apunta a un menor dinamismo en el proceso de remonetización que se originó tras la importante tendencia a la baja que mostraron las tasas de interés en los últimos años.

La base monetaria disminuyó durante el primer semestre de 2004 en 24.8 miles de millones de pesos. En dicho lapso, los activos internacionales aumentaron 1.5 miles de millones de dólares, con lo que su saldo al 30 de junio fue de 60.5 miles de millones de dólares. Como resultado de lo anterior, el crédito interno neto del Banco de México se redujo 40.3 miles de millones de pesos de enero a junio de 2004.

Al igual que en periodos anteriores, la principal fuente de acumulación de reservas internacionales durante la primera mitad del año fueron las ventas de divisas de PEMEX (5,753 millones de dólares). Cabe señalar que a lo largo del 2004, esta paraestatal ha recurrido a la colocación de deuda en el mercado interno para financiar PIDIREGAS.3 Ello le ha permitido diversificar sus fuentes de financiamiento, disminuyendo en el margen las colocaciones que tradicionalmente se realizaban en el exterior. En cuanto a los usos de reservas internacionales durante el primer semestre del año, destaca la venta de dólares a través del mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales (3,830 millones de dólares) y la adquisición de 567 millones de dólares por parte del Gobierno Federal para hacer frente al servicio de su deuda externa. Es oportuno resaltar que el mencionado mecanismo ha permitido atenuar el ritmo de acumulación de las reservas internacionales.

En los últimos meses el ahorro en los mercados financieros internos se ha caracterizado por un mayor dinamismo, lo que ha respondido tanto a elementos coyunturales como estructurales. Respecto a los primeros, destaca la recuperación cíclica de la actividad económica. En cuanto a los estructurales, cabe señalar las diversas reformas en materia financiera adoptadas en los últimos años y el avance hacia una inflación baja y estable, con su consecuente impulso a la profundización financiera. Así, durante los primeros seis meses del año los agregados monetarios, tanto estrechos como amplios, han mantenido un crecimiento mayor al siete por ciento real anual

El crédito bancario a los hogares ha mantenido su vigor, si bien parte de una base reducida. Así, al tiempo que el crédito directo al consumo ha registrado diez meses consecutivos con variaciones reales anuales superiores al 35 por ciento, el destinado a la vivienda ha repuntado en los últimos meses (variación real anual de 9.1 por ciento en junio).4 Por otro lado, aún no se aprecia un incremento importante en el financiamiento total a empresas.

IV. Balance de Riesgos y Conclusiones

Durante el primer semestre de 2004 la evolución de la economía mexicana se vio fuertemente influida por la recuperación económica mundial. El PIB estadounidense mostró un crecimiento significativo, aunque con un dinamismo menor en la segunda mitad de este periodo. Asimismo, las economías asiáticas, especialmente China, continuaron representando un factor importante de impulso a la expansión económica mundial. Por otra parte, el incremento de los precios del petróleo y otras materias primas, aunado a otros factores, dio lugar a un repunte de la inflación en las principales economías del mundo.

Si bien a principios del año el Banco de México había advertido que en algunos meses de 2004 se podrían presentar perturbaciones de oferta que ubicaran temporalmente a la inflación anual por arriba de 4 por ciento, el número, magnitud y duración de los choques observados han sido mayores a los previstos. Por tanto, la convergencia de la inflación general hacia su objetivo puntual se perfila más lenta y gradual.

El escenario que el Banco de México anticipa para la segunda mitad del 2004 se sustenta en la expectativa de que se mantendrá la recuperación de la economía de los Estados Unidos en el segundo semestre de 2004 y en 2005. Por otro lado, el entorno internacional de mayor astringencia monetaria ha conducido a un alza generalizada de las tasas de interés nacionales. No obstante, los efectos de este entorno sobre el gasto se han visto atenuados por los amplios recursos provenientes de los ingresos petroleros y las remesas familiares.

Con base en el entorno antes descrito y en la información más reciente sobre la evolución de la economía mexicana, el ejercicio de pronóstico arroja una estimación para el crecimiento real del PIB en 2004 que se sitúa en un intervalo de 3.75 a 4.25 por ciento.

Si bien durante 2004 ha habido una diversidad de perturbaciones que han impactado la inflación, se espera que en los siguientes meses sean principalmente tres los factores que pudieran afectarla, dos de los cuales se originan del entorno externo que prevalece actualmente.

En primer lugar, uno de los principales retos que enfrenta actualmente el combate a la inflación se asocia al alza de las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. Este proceso se deriva, en parte, de un posible cambio de precios relativos favorable a dichos bienes a nivel mundial. No obstante, como se comentó anteriormente, existen diferentes razones que permiten suponer que, eventualmente, estas presiones comenzarán a ceder.

En segundo lugar, persisten expectativas cambiantes en cuanto a la magnitud e intensidad del ciclo de acciones por parte de la Reserva Federal. En particular, de volverse más adverso el entorno inflacionario en los Estados Unidos, se podría incrementar la volatilidad en los mercados financieros internacionales y, por tanto, en los nuestros. En este contexto, un reto fundamental para la conducción de la política monetaria es propiciar que el tránsito de la economía a un entorno de mayores tasas de interés resulte ordenado. No obstante, debe mencionarse que en los últimos meses se han moderado los incrementos en las expectativas de inflación en ese país.

Finalmente, a pesar de que aún no se perciben presiones inflacionarias de consideración propias de la fase del ciclo por la que atraviesa la economía mexicana, dichas presiones no pueden descartarse en caso de sostenerse el vigor de la demanda agregada. A este respecto, el mismo hecho que el gasto presenta vigor eleva la probabilidad que las perturbaciones de oferta a la inflación puedan conducir a efectos de segundo orden sobre ésta.

Como se puede apreciar, el entorno inflacionario se ha tornado más adverso, lo cual se ha reflejado en el hecho de que las expectativas de inflación se han incrementado. Por tanto, la Junta de Gobierno del Banco de México ha tomado diversas medidas para incorporar un sesgo restrictivo en la política monetaria. En particular, el Instituto Central ha venido reiterando la necesidad de que las condiciones monetarias internas se vayan restringiendo.

Es importante destacar que el escenario macroeconómico previsto está sujeto a dos tipos de factores de incertidumbre los cuales, por su naturaleza, operan en sentido opuesto: por un lado, aquéllos que pueden afectar el crecimiento y, por otro, aquéllos que pudiesen impactar la inflación.

En cuanto al primero, un factor de riesgo sobre la economía nacional sería que el crecimiento de la economía de nuestro principal socio comercial se debilitara significativamente, lo cual afectaría la demanda por nuestras exportaciones. Para evaluar las posibles repercusiones de dicho escenario, cabe señalar que una parte muy importante de la reciente expansión económica nacional tiene su origen en factores externos. Esto refleja el hecho de que, en la actualidad, la reactivación de las fuentes internas de crecimiento es insuficiente. Así, de materializarse este factor de riesgo, las estimaciones de crecimiento y de generación de empleos se verían afectadas.

Esta reflexión es propicia para insistir en que la expansión económica y la creación de empleos contempladas en el escenario macroeconómico distan de ser las necesarias para combatir con eficacia la pobreza y otros rezagos sociales. En este sentido, para materializar el potencial de crecimiento de la economía es necesario elevar su capacidad de competir. Para ello se requiere hacer más flexible a la economía a fin de que pueda adaptarse a las condiciones de un entorno en constante transformación, que apareja una creciente competencia en el comercio internacional. Por eso, el Banco de México reitera la necesidad de alcanzar los acuerdos para la instrumentación del cambio estructural y el fortalecimiento institucional que nuestro país requiere. En la medida en que el cambio estructural se postergue, el país estará generando futuras vulnerabilidades, perdiendo terreno en el comercio y la captación de inversión internacional ante otras naciones emergentes y, sobre todo, desperdiciando una etapa de crecimiento mundial que podría traducirse en mayor bienestar y empleos para los mexicanos.

Por otra parte, también podrían materializarse diversos riesgos que pudiesen impactar la inflación. Posiblemente, los más importantes serían que se recrudecieran las presiones inflacionarias en los Estados Unidos, propiciando que la Reserva Federal retirara el estímulo monetario con mayor rapidez e intensidad que lo previsto actualmente, o bien que persistiera la presión sobre las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. En particular, el primer factor implicaría condiciones más inciertas en los mercados financieros internacionales, que pudieran traducirse en una mayor volatilidad en los mercados financieros internos.

En este contexto, y ante los riesgos descritos, el Banco de México se mantendrá atento a fin de tomar las medidas necesarias para coadyuvar al proceso de convergencia de la inflación hacia su objetivo puntual de 3 por ciento. Así, con el mantenimiento de la estabilidad de precios, el Instituto Central contribuye, de acuerdo a su mandato constitucional, a crear un entorno propicio para el desempeño adecuado de la actividad económica. Sin embargo, para traducirse en un crecimiento sostenido en el tiempo, dicho ambiente favorable debe ser complementado con otras medidas de política económica y de reforma estructural, que requieren de la voluntad y la responsabilidad de todos los actores sociales.

Notas:

1. En adición a los informes a los que se refiere el artículo 51 de la Ley del Banco de México, a partir de abril de 2000 este Instituto Central publica Informes Trimestrales sobre la Inflación en los meses de enero, abril, julio y octubre. Estos informes contienen la descripción detallada de la evolución de la inflación y de los principales factores que la afectaron, además de la evaluación del entorno económico y su comportamiento que sirve de fundamento para las acciones de política monetaria aplicadas con el objeto de cumplir el mandato constitucional asignado.

2. Variaciones calculadas con base en el promedio de saldos diarios.

3. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

4. Se refiere al crédito directo de la banca comercial..

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Informe sobre la Inflación Enero -- Marzo 2004

ABRIL, 2004

Junta de Gobierno

Gobernador

Guillermo Ortiz Martínez

Subgobernadores

Everardo Elizondo Almaguer Guillermo Güémez García Jesús Marcos Yacamán José Julián Sidaoui Dib.

ADVERTENCIA

A menos que se especifique lo contrario, este documento está elaborado con información disponible al 26 de abril de 2004. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones.

INDICE

I. Introducción

II. Informe sobre la Inflación Enero-Marzo 2004

II.1. Evolución Reciente de la Inflación

II.2. Evolución de los Distintos Indicadores de Inflación

II.2.1. Inflación Anual

II.2.2. Inflación Mensual

II.2.3. Índice Nacional de Precios Productor

II.3. Principales Determinantes de la Inflación

II.3.1. Entorno Externo

II.3.2. Precio del Petróleo

II.3.3. Evolución de la Economía de los Estados Unidos

II.3.4. Evolución de la Economía en el Resto del Mundo

II.3.5. Remuneraciones, Salarios y Empleo

II.3.6. Oferta y Demanda Agregadas

II.3.7. Balanza de Pagos y Flujos de Capital

II.4. La Política Monetaria durante el Primer Trimestre de 2004

II.4.1. Acciones de Política Monetaria

II.5. Agregados Monetarios y Crediticios

II.5.1. Base Monetaria, Crédito Interno Neto y Activos Internacionales

II.5.2. Agregados Monetarios y Financiamiento

III. Perspectivas del Sector Privado para 2004

III.1. Pronósticos sobre la Actividad Económica y sobre otras Variables que Influyen en la Inflación

III.2. Expectativas sobre la Inflación

IV. Balance de Riesgos y Conclusiones

I. Introducción

Durante el primer trimestre del año se fortaleció la recuperación cíclica de la economía global. Ello se ha observado con mayor claridad en los Estados Unidos, cuya economía se expande vigorosamente y presenta expectativas favorables tanto para el 2004 como para 2005. El crecimiento en dicho país ha sido más balanceado, tanto en los componentes del gasto como en la estructura sectorial de la producción. Así, por ejemplo, la inversión no residencial se ha convertido en un fuerte estímulo al gasto, mientras que el consumo ha conservado su vigor. Por el lado de la producción, destaca el fortalecimiento de las manufacturas, al haberse extendido a un mayor número de ramas. Finalmente, la información más reciente muestra un repunte en la generación de empleo, reduciendo los temores sobre la solidez de la recuperación económica.

El entorno descrito ha sido propicio para la reactivación, también cíclica, de la economía de México. Al respecto, cabe mencionar el ascenso en el ritmo de la actividad industrial y manufacturera. Ello se debe, en gran medida, a la mayor demanda externa, como lo demuestra la recuperación de las exportaciones no petroleras. Por el lado del gasto interno se ha mantenido el vigor del consumo, y la inversión ha comenzado a mostrar una mejoría, después de tres años de variaciones anuales negativas. El empleo se ha venido recuperando en el sector formal desde septiembre del año anterior (con datos desestacionalizados). Adicionalmente, la composición de los empleos creados tiende a mejorar, como lo muestra el incremento gradual del número de asegurados permanentes en el IMSS.

Por su parte, el principal reto que recientemente ha enfrentado el proceso de reducción de la inflación ha provenido de diversos choques de oferta experimentados por diferentes bienes y servicios pertenecientes al subíndice de precios no subyacente durante los primeros meses del año:

(a) Por lo que toca a los productos pecuarios, destacan las tasas de inflación anual crecientes en las carnes y el huevo, las cuales reflejan tanto la tendencia al alza en sus cotizaciones internacionales, como la prohibición que se impuso a la importación de carne de bovino y pollo, ante los brotes de diversas epidemias en los Estados Unidos.

(b) Por otro lado, diversos bienes y servicios administrados y concertados por el sector público también mostraron fuertes ajustes de precios. En cuanto a los primeros, deben resaltarse los aumentos en los precios de las gasolinas en las ciudades fronterizas del país, en respuesta a los incrementos en sus referencias internacionales, mientras que en el primer trimestre el precio del gas doméstico se incrementó a una tasa superior a la meta establecida para la inflación (reflejando, en parte, el alza en su cotización internacional). Por lo que se refiere al segundo grupo, destaca el alza en las tarifas del transporte urbano (particularmente en el D.F. y en el Estado de México), así como la actualización de las contribuciones de agua y de predial en algunos municipios de la República.

Si bien a principios de año el Banco de México había advertido que en algunos meses de 2004 se podrían presentar perturbaciones de oferta que ubicaran temporalmente a la inflación anual por arriba de 4 por ciento, el número, magnitud y duración de los choques observados han sido mayores a los previstos.

Al respecto, conviene señalar que los diversos indicadores de expectativas de inflación no anticipan que dichos choques tendrán un efecto de consideración sobre la inflación en el mediano y largo plazos. No obstante, el deterioro observado en las expectativas para 2004 podría complicar la convergencia de la inflación hacia su meta de 3 por ciento, en la medida en que llegara a afectarse la determinación de otros precios en la economía (efectos de segundo orden). Esto último es particularmente relevante para las negociaciones salariales: en el primer trimestre del año, en cuyo periodo se lleva a cabo una parte importante de las revisiones salariales, se observaron incrementos en los salarios contractuales mayores a los registrados en el último trimestre de 2003.

En el contexto anterior, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió restringir la postura de política monetaria, incrementando el ``corto'' en dos ocasiones durante el periodo. Con ello, se buscó inducir condiciones monetarias congruentes con el restablecimiento de la trayectoria de inflación hacia la meta de 3 por ciento.

La trayectoria de la inflación en los siguientes meses dependerá considerablemente de la incidencia que tengan las perturbaciones anteriormente referidas sobre la inflación general. A su vez, aquélla dependerá de las características de los diferentes bienes y servicios cuyos precios se vieron afectados:

(a) Por una parte, el alza reciente en los precios de los productos pecuarios podría revertirse en la medida en que su oferta se regularice, contribuyendo a deshacer el impacto inflacionario inicial. Se prevé su ocurrencia considerando que ya se ha liberado la importación de diversos productos cárnicos de los Estados Unidos (tanto carne de bovino sin hueso, como pollo y pastas de pavo para la elaboración de embutidos), al tiempo que está en proceso de expansión la parvada avícola productora de huevo.

(b) Por otra parte, con excepción de aquellos bienes cuyos precios están referenciados internacionalmente, en general los incrementos en los precios administrados y concertados tienden a ser de carácter permanente; ello significa que sus impactos en términos de inflación anual se mantienen durante doce meses. Al respecto, cabe señalar que para el resto del año no se vislumbran ajustes adicionales de consideración en los precios de los bienes y servicios administrados y concertados por el sector público.

Ante la magnitud de los choques de oferta registrados en el periodo al que se refiere este Informe, es previsible que la convergencia de la inflación general hacia su objetivo puntual sea más lenta y gradual. No obstante, esto dependerá en gran medida de la velocidad con la que se reviertan las perturbaciones en los precios pecuarios y de que no se presenten incrementos adicionales en los precios administrados y concertados superiores a la meta de inflación.

Con todo, es importante destacar que la inflación subyacente, que constituye una mejor guía de las presiones inflacionarias de mediano plazo que enfrenta la economía, registró una variación anual de 3.52 por ciento en marzo con una ligera tendencia descendente a lo largo del trimestre. Sin embargo, debe mencionarse que dicha inflación se ha mantenido relativamente estable por un periodo prolongado de tiempo, lo que contrasta con las condiciones de lasitud que han prevalecido en los mercados de bienes y laboral. Claramente, en la medida en que la recuperación económica cobre vigor, ello podría complicar la convergencia de la inflación subyacente con la meta establecida para la inflación general. Por ello, el Banco de México estará vigilante para detectar oportunamente las posibles presiones inflacionarias derivadas del mayor dinamismo del gasto agregado y, en su caso, actuar en consecuencia.

En cuanto al crecimiento económico para el año, se anticipa que la recuperación iniciada a finales de 2003 cobre vigor, por lo que se estima que el crecimiento del PIB se situará en la parte superior del intervalo de 3 a 3.5 por ciento reportado en el Informe precedente. Así, el crecimiento económico sería claramente mayor al de 2003, si bien todavía por debajo del potencial.

II. Informe sobre la Inflación Enero-Marzo 2004

II.1. Evolución Reciente de la Inflación

Al cierre del primer trimestre de 2004 la inflación general anual alcanzó una tasa de 4.23 por ciento. Dicha tasa resultó mayor que la observada al término del trimestre anterior (3.98 por ciento), pero inferior que la registrada en el mismo periodo de 2003 (5.64 por ciento). En el transcurso del trimestre la variación anual de los precios se elevó en enero y febrero (4.20 y 4.53 por ciento, respectivamente), para posteriormente disminuir en marzo.

Recientemente, el principal obstáculo al proceso desinflacionario ha consistido en los diversos choques de oferta ocurridos en el subíndice no subyacente durante los primeros meses del año. Así, mientras que la inflación anual no subyacente mostró durante el primer trimestre un incremento de 1.12 puntos porcentuales, la subyacente se redujo 0.14 puntos.

Destacan los siguientes puntos:

(a) La inflación no subyacente anual tuvo una trayectoria muy volátil a lo largo del trimestre, con aumentos significativos en enero y febrero y una baja en marzo. Tales movimientos estuvieron determinados por altibajos en las cotizaciones anuales de las frutas y verduras, así como por tasas anuales de inflación crecientes de los productos pecuarios y de los bienes y servicios administrados y concertados.1*

(b) El comportamiento de los precios de las frutas y verduras fue consecuencia de que no se materializó la estacionalidad histórica de los últimos años, acorde a la cual ocurre una fuerte baja de los precios en febrero. En esta ocasión, se observaron inflaciones mensuales ligeramente negativas en enero y febrero, acompañadas de una mayor caída en marzo.

(c) Los precios de los productos pecuarios se vieron presionados al alza tanto por el incremento en sus cotizaciones internacionales, como por las prohibiciones de las autoridades mexicanas a la importación de carne de bovino y de ave de los Estados Unidos, que entraron en vigor, respectivamente, en la última semana de diciembre de 2003 y la última semana de febrero del año en curso. Estas prohibiciones se acordaron ante los brotes de diversas epidemias en dicho país. No obstante, las citadas medidas fueron relajadas parcialmente el 3 de marzo para la carne de bovino y el día 8 del mismo mes para la carne de ave.

(d) En lo referente a los bienes y servicios administrados y concertados, se observaron los siguientes incrementos de precios: ajustes a las tarifas del transporte urbano (particularmente en el D.F. y en el Estado de México); actualizaciones de las contribuciones de agua y predial en algunos municipios de la República y aumentos en las gasolinas en las ciudades fronterizas del país. Asimismo, el precio del gas doméstico se ha venido deslizando a una tasa superior a la meta de inflación.

(e) La inflación subyacente anual se redujo debido a las menores variaciones de los precios de los servicios. En esto último destaca el menor crecimiento de los precios en los grupos de diversión y viajes, servicios de alimentación, y salud y cuidado personal.

(f) La tasa de crecimiento anual del subíndice de precios de la vivienda disminuyó a un ritmo menor que el resto de los servicios subyacentes. Ello en virtud de que la moderación que se registró en las rentas, consecuencia de una mayor oferta de casas-habitación, fue atenuada por un incremento en el costo de la construcción residencial (productos metálicos, alambre, varilla, cemento y concreto premezclado).

(g) Durante enero y febrero, la inflación subyacente anual de las mercancías mantuvo la ligera tendencia alcista que inició desde el último trimestre de 2002. Con todo, parece que dicha tendencia pudiera comenzar a moderarse, toda vez que el ritmo de aumento de los precios de los alimentos y de otras mercancías descendió en marzo con respecto a febrero.

(h) El crecimiento a tasa anual del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) de mercancías y servicios finales excluyendo al petróleo resultó mayor que al cierre del trimestre anterior. Ello refleja los aumentos de precios registrados en los siguientes sectores: agropecuario, silvicultura y pesca, minería, industria manufacturera (en el ramo de industrias metálicas básicas) y construcción.

II.2. Evolución de los Distintos Indicadores de Inflación

II.2.1. Inflación Anual

En marzo de 2004, la inflación anual del INPC fue de 4.23 por ciento. Este resultado implicó un aumento de 0.25 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2003. Por su parte, en el primer trimestre del año la inflación subyacente anual se redujo 0.14 puntos porcentuales, con lo que se ubicó en 3.52 por ciento.

Así, el incremento de la inflación general anual fue consecuencia del aumento de 1.12 puntos que registró en el periodo el componente no subyacente del INPC (Gráfica 1). Al respecto, cabe señalar que la diferencia entre la inflación general anual y la subyacente se amplió de 0.32 puntos porcentuales en diciembre de 2003, a 0.71 puntos en marzo de 2004 (Cuadro 1).

El Cuadro 2 muestra el impacto que tuvieron sobre la inflación general del primer trimestre de 2004 algunos genéricos pertenecientes a los diversos subíndices que integran la inflación no subyacente. Como puede apreciarse, las variaciones de los precios de los productos pecuarios y de los bienes y servicios administrados y concertados explican aproximadamente el 55 por ciento de la inflación acumulada en el trimestre, cuando éstos tienen una ponderación en el INPC de tan sólo 22 por ciento.

En cuanto a las presiones inflacionarias generadas como consecuencia de los aumentos de los precios de los productos pecuarios, se anticipa que éstas puedan revertirse en los siguientes meses. Ello se debe a los siguientes factores: i) la liberalización de la importación de diversos productos cárnicos de los Estados Unidos (tanto carne de bovino sin hueso, como pollo y pastas de pavo para la elaboración de embutidos); y, ii) el proceso de expansión de la parvada avícola productora de huevo. Esto se reforzaría en la medida en que comenzara a ceder la inflación de algunas de las materias primas agropecuarias que han venido registrando alzas de precios en los mercados internacionales.

Por su parte, los aumentos observados en los precios de bienes y servicios concertados suelen tener un efecto permanente sobre el nivel del INPC (por ejemplo, alzas al transporte urbano), lo que implica que su impacto sobre la inflación anual se mantiene durante doce meses (Gráfica 2).

Si bien las perturbaciones antes descritas se concentraron en el subíndice de precios no subyacente, ya se han transmitido parcialmente a algunos genéricos incluidos en el subíndice subyacente, particularmente en el grupo de alimentos procesados, bebidas y tabaco de las mercancías. Adicionalmente, el alza en los precios internacionales de otras materias primas también ha incidido en los precios de ciertos servicios. El caso más claro es el de los servicios asociados a la vivienda, ya que los costos de construcción residencial se han visto afectados por el incremento en los precios internacionales del acero y de los productos derivados de éste.

No obstante, en el periodo de referencia la inflación subyacente anual mostró una ligera reducción, al caer la de los servicios más que lo que aumentó la de las mercancías. Este último subíndice cerró el trimestre con una inflación anual de 2.78 por ciento; asimismo, su inflación acumulada en los primeros tres meses del año resultó de 1.25 por ciento, derivada de incrementos acumulados de 2.33 por ciento en los precios de los alimentos y de 0.51 por ciento en los del resto de las mercancías. En el trimestre que se analiza, el aumento acumulado que experimentaron los precios de los alimentos explica aproximadamente el 76 por ciento del incremento mostrado por los precios de las mercancías. Asimismo, al igual que en el trimestre anterior, unos cuantos genéricos fueron los que originaron la elevada inflación acumulada de los alimentos procesados, bebidas y tabaco, ya que en dicho periodo el incremento de los precios de tan sólo seis de ellos explica el 58 por ciento del aumento de la inflación acumulada del grupo (cerveza, cigarrillos, pan dulce, leche, tortilla de maíz y aceites y grasas vegetales) (Gráfica 3). En particular, cabe mencionar el impacto alcista de la modificación del IEPS sobre el precio de los cigarrillos.2

La tasa de crecimiento anual del subíndice subyacente de los servicios presentó en el periodo una disminución de 0.49 puntos porcentuales con relación a su nivel de diciembre de 2003. Este resultado se explica por el desempeño favorable de la mayor parte de los genéricos que integran al referido subíndice. Por su parte, en el grupo de la vivienda las cotizaciones mostraron tan sólo una ligera reducción. En efecto, la tasa de crecimiento anual de las cotizaciones de los servicios excluyendo vivienda disminuyó en el periodo 0.93 puntos porcentuales. En particular, destacan las bajas de los siguientes conceptos: diversión y viajes, servicios de alimentación, y salud y cuidado personal (Gráfica 3). Por lo que se refiere a la inflación a tasa anual de la vivienda, ésta se redujo en el trimestre 0.12 puntos porcentuales. Este comportamiento fue el resultado de combinar la moderación en las rentas, como consecuencia de una mayor oferta de casas-habitación (con un acceso creciente al financiamiento inmobiliario), con el aumento en el costo de la construcción residencial, indicador que se emplea para estimar el costo que enfrenta un segmento de los propietarios de vivienda.3 Al respecto, el Índice del Costo de la Construcción Residencial (ICC) aumentó 8.71 por ciento acumulado en el trimestre que se analiza, como consecuencia de alzas en los precios de los productos de alambre (63.26 por ciento), de los productos metálicos (18.23 por ciento) y del cemento (6.03 por ciento).

II.2.2. Inflación Mensual

En enero y febrero la inflación mensual observada resultó mayor a los pronósticos respectivos de los especialistas del sector privado al final del trimestre previo. La previsión para marzo de dichos analistas resultó prácticamente igual al dato observado.

La inflación general mensual mostró un aumento en enero y febrero del presente año, con relación a los niveles que alcanzó en los mismos meses de 2003. Dicho comportamiento es atribuible a las presiones alcistas que se generaron en la inflación no subyacente. En marzo, la variación de dicho subíndice disminuyó, con lo cual la inflación general mensual mostró una reducción significativa. Por su parte, en el trimestre la variación mensual promedio del subíndice de precios subyacente resultó de 0.43 por ciento, comparada con una de 0.47 por ciento en el mismo lapso de 2003. Cabe señalar que este resultado se derivó de un aumento de la inflación subyacente de las mercancías y una disminución en la de los servicios.

II.2.3. Índice Nacional de Precios Productor

Al cierre del trimestre, el INPP de mercancías y servicios finales sin petróleo registró una variación anual de 5.10 por ciento, cifra superior al 4.52 por ciento alcanzado en diciembre de 2003. Esto se debe principalmente al aumento de las cotizaciones de los siguientes rubros: construcción (varilla, alambrón, tubería y cemento); transporte y comunicaciones (taxis, peajes y correos), y productos agropecuarios y pesqueros (frutas, hortalizas, aves, huevo, mariscos y pescados). Por el lado de los bienes de uso intermedio, éstos registraron en marzo una variación de 5.90 por ciento, tasa mayor a la obtenida en diciembre de 2003 (5.32 por ciento). Al respecto, sobresalen los aumentos que experimentaron los siguientes subíndices: industrias metálicas básicas (tanto industrias de metales ferrosos como las de no ferrosos), productos metálicos, maquinaria y equipo (motores eléctricos, alternadores, radiadores, tornillos y clavos) y productos agropecuarios y pesqueros (ganado bovino, huevo, aves, café y miel de abeja).

Los aumentos comentados fueron consecuencia de los siguientes factores: i) alzas de los precios de diversas materias primas en los mercados internacionales; ii) disminución de la oferta de productos cárnicos por el cerco sanitario impuesto a la importación proveniente de los Estados Unidos de dichos perecederos; y, iii) comportamiento del tipo de cambio.

II.3. Principales Determinantes de la Inflación

II.3.1. Entorno Externo

Durante el primer trimestre de 2004, la combinación de políticas macroeconómicas expansivas, condiciones financieras favorables y una mejoría de la confianza estimuló la demanda global. El crecimiento económico mundial, impulsado en particular por la expansión de los Estados Unidos y de las economías asiáticas, resultó en un fortalecimiento del comercio internacional y en un incremento en los precios de los bienes primarios. Esta mejoría en la situación económica mundial continuó pese al incremento adicional en los precios del petróleo. En este entorno, la economía mexicana se desenvolvió en un panorama externo favorable. Por un lado, el repunte de la producción industrial en los Estados Unidos, aunque tardío, ha permitido la reactivación de las exportaciones mexicanas. Por otro lado, el aumento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo y la disminución en los márgenes soberanos (que se mantuvieron por debajo de los 200 puntos base en la mayor parte del trimestre), constituyeron factores positivos para el desempeño de la economía nacional.

II.3.2. Precio del Petróleo

Después de haber registrado niveles elevados durante el periodo octubre-diciembre de 2003, el precio del petróleo mostró incrementos adicionales durante el primer trimestre de 2004. El crudo del tipo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó un precio promedio de 35.29 dólares por barril, esto es, 4.10 dólares más que el observado durante el periodo octubre-diciembre de 2003. La cotización llegó inclusive a superar los precios alcanzados en los días previos al conflicto en Irak. El aumento en el precio del petróleo se explica, principalmente, por el fuerte crecimiento de la demanda de crudo en algunos países, los bajos inventarios de gasolina en los Estados Unidos, la incertidumbre geopolítica y por el esperado recorte en las cuotas de producción de la OPEP a partir de abril. Por su parte, el precio promedio de la mezcla mexicana se ubicó en 26.95 dólares por barril durante el primer trimestre del año, lo que representó un aumento de 1.89 dólares respecto a la cotización promedio registrada en el trimestre previo.4

II.3.3. Evolución de la Economía de los Estados Unidos

La información más reciente sugiere que la economía de los Estados Unidos continuó creciendo a una tasa mayor que la potencial durante el primer trimestre de 2004. El mantenimiento de una política monetaria laxa, las devoluciones de impuestos previstas en el paquete de estímulo fiscal aprobado en 2003 y el fortalecimiento de las utilidades corporativas favorecieron la expansión de la demanda.

El PIB estadounidense se expandió durante el periodo octubre-diciembre de 2003 a una tasa trimestral anualizada de 4.1 por ciento. Tal como se anticipó, el consumo presentó un incremento menor al registrado en el trimestre julio-septiembre de 2003. No obstante, mantuvo un crecimiento elevado que, combinado con la expansión de la inversión fija, dio lugar a un importante incremento de la demanda interna. Cabe resaltar el aumento (de dos dígitos por segundo trimestre consecutivo) de la inversión en equipo y software. Por su parte, los inventarios contribuyeron favorablemente al incremento del PIB, tras haber incidido negativamente durante los cuatro trimestres anteriores.

En el primer trimestre de 2004, el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) mantuvo sin variación el objetivo para la tasa de fondos federales en 1 por ciento, nivel históricamente bajo establecido desde junio de 2003. Por su parte, las tasas de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que promediaron 4.27 por ciento en el último trimestre del año pasado, descendieron a niveles de alrededor de 3.83 por ciento al cierre de marzo. Cabe aclarar que, en abril, las tasas repuntaron nuevamente al darse a conocer un vigoroso crecimiento del empleo para marzo, así como un aumento de la inflación.5

Durante el período de referencia, el dólar interrumpió la tendencia a la depreciación iniciada desde febrero de 2002. El vigor de la actividad económica en los Estados Unidos y la anticipación de una posible baja en las tasas de interés en Europa, entre otros factores, contribuyeron a que a partir de marzo el dólar se fortaleciera frente a las principales monedas. Al cierre del primer trimestre, el tipo de cambio efectivo nominal del dólar frente a las principales monedas había registrado una ligera apreciación respecto a su valor de fines de 2003. 6

En lo referente a la demanda agregada, la información disponible apunta a un crecimiento vigoroso del gasto en consumo durante el periodo enero-marzo. Ello debido en buena medida a las devoluciones impositivas llevadas a cabo en el periodo. Por su parte, el desempeño de los nuevos pedidos de bienes de capital (que excluyen defensa y aviación) sugiere que la inversión en equipo y software se expandió durante el trimestre a un ritmo similar al registrado en el periodo octubre-diciembre de 2003. A su vez, la continuación del proceso de reposición de inventarios hace esperar una contribución positiva de los mismos al crecimiento del producto durante el primer trimestre de 2004. En el sector externo, el déficit en la balanza comercial resultó en el periodo enero-febrero similar al promedio registrado en el periodo octubre-diciembre de 2003. Ello es congruente con las expectativas de los analistas, que anticipan una moderación en el ritmo de deterioro de las exportaciones netas en el trimestre. En este contexto, los analistas privados estiman que el crecimiento del PIB para enero-marzo de 2004 haya sido de alrededor de 4.5 por ciento (tasa trimestral anualizada) (Cuadro 4).

A pesar de que con datos mensuales la producción industrial cayó ligeramente en marzo, interrumpiendo la fase de expansión iniciada en el segundo semestre de 2003, las cifras del periodo enero-marzo de 2004 superaron las expectativas de los analistas. El sector industrial creció 6.6 por ciento a tasa trimestral anualizada (la expectativa según Consensus Forecasts en abril, antes de publicarse la información de marzo, era de un aumento de 6.4 por ciento), la expansión más sólida desde el segundo trimestre de 2000. Cabe resaltar que la producción manufacturera estadounidense, de gran importancia para México por su impacto en la demanda de las exportaciones del país, también registró un fuerte repunte. En este contexto, la capacidad utilizada en el sector industrial alcanzó durante el primer trimestre del año su nivel más elevado (76.5 por ciento en promedio) desde el tercer trimestre de 2001. Adicionalmente, el índice de gerentes de compras del sector manufacturero (ISM por sus siglas en inglés) continuó ubicándose por encima de 60 puntos, lo cual apunta a una expansión firme de la producción industrial en los próximos meses.7

El mercado laboral ha dado señales de mejoría. En los tres primeros meses del año, el número de empleos en el sector no agrícola se incrementó en 513 mil unidades. La cifra de marzo fue particularmente positiva. En ese mes se generaron en el sector no agrícola 308 mil empleos, la cifra más alta desde mayo de 2000. El crecimiento del empleo fue generalizado entre los distintos sectores y, por primera vez desde agosto de 2000, no se registró una contracción de la nómina manufacturera (Gráfica 5). De julio de ese año a marzo de 2004, se han perdido 3.02 millones de empleos en dicho sector. La rama de bienes no durables, especialmente la de textiles, ha sido la más afectada. Cabe aclarar que el crecimiento del empleo en marzo podría estar sesgado al alza en alguna medida por el fin de un conflicto laboral en el sector de ventas al menudeo en el estado de California y por eventos positivos en la industria de la construcción a raíz del mejor clima. La tasa de desempleo finalizó el periodo en 5.7 por ciento, mismo nivel que el registrado en diciembre de 2003.

La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, registró tasas anuales inferiores a 2 por ciento en los tres primeros meses de 2004 (1.98, 1.69 y 1.74 por ciento en enero, febrero y marzo). Ello se explica parcialmente por la importante expansión de la productividad y por la todavía débil utilización de recursos. La inflación subyacente, por su parte, alcanzó un nivel mínimo en diciembre de 2003 (1.09 por ciento), y ha registrado aumentos en los tres primeros meses de este año (1.14, 1.25 y 1.56 por ciento en enero, febrero y marzo). En este contexto, las expectativas de inflación para 2004 han aumentado, aunque se ubican todavía por debajo de 2 por ciento.

En resumen, las perspectivas de crecimiento económico para 2004 en los Estados Unidos son favorables. Los analistas anticipan una expansión anual de la actividad de 4.6 por ciento, cifra que representaría la mayor tasa desde 1984. A su vez, esperan que la expansión de la economía sea más elevada durante el primer semestre del año.

En general, los analistas proyectan para el mediano plazo un crecimiento equilibrado de la economía estadounidense, acompañado de bajas tasas de inflación, si bien persisten los riesgos derivados de los elevados déficit externo y fiscal. Es importante destacar que las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) anticipan una reducción en el déficit fiscal de 4.2 por ciento del PIB en el año fiscal 2004, a 2.1 por ciento en el año fiscal 2006. Este panorama, de materializarse, contribuiría de manera importante a aliviar los riesgos asociados a los referidos déficit, lo cual favorecería una expansión sostenida de la economía estadounidense.

II.3.4. Evolución de la Economía en el Resto del Mundo

En el cuarto trimestre de 2003 el PIB de la zona del euro se expandió por segundo periodo consecutivo (1.2 por ciento a tasa trimestral anualizada), si bien a un ritmo menor que en el tercero (1.6 por ciento) y por debajo de su potencial. El crecimiento de la economía de la región fue impulsado por el repunte de la inversión y la acumulación de inventarios. El consumo privado continuó estancado durante el periodo de referencia, reflejando la persistencia de bajos niveles de confianza entre los consumidores y el mantenimiento de condiciones desfavorables en el mercado laboral. Por su parte, las exportaciones netas afectaron negativamente a la actividad económica, como reflejo del fortalecimiento del euro a lo largo del año. Durante el primer trimestre de 2004, los indicadores disponibles sugieren que la economía continuó su proceso de recuperación, pero aún de forma muy pausada, ya que no existen indicios de un fortalecimiento significativo del consumo. Asimismo, está todavía por verse en qué medida afecta a la actividad económica la incertidumbre resultante de los recientes atentados terroristas. La Comisión Europea mantiene su estimación de un crecimiento entre 1.2 y 2.8 por ciento (tasa trimestral anualizada) para el primero y segundo trimestres de 2004. Ante la debilidad de la actividad económica y la ausencia de presiones inflacionarias, han aumentado las expectativas de que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés.

La economía del Reino Unido se expandió 3.7 por ciento en el último trimestre de 2003 (tasa trimestral anualizada), impulsada por el crecimiento del consumo y por una fuerte recuperación de la inversión. Para el periodo enero-marzo, los indicadores oportunos apuntan a una consolidación del crecimiento. En particular, el desempeño de las compensaciones laborales sugiere que el consumo mantuvo el ritmo observado en el trimestre anterior.

Durante el cuarto trimestre de 2003 la economía japonesa se expandió 6.4 por ciento (tasa trimestral anualizada). La fortaleza de la actividad respondió al dinamismo tanto de la inversión privada como de las exportaciones, particularmente de aquéllas dirigidas al resto de Asia. Los indicadores recientes sugieren que la recuperación continuó en el primer trimestre de 2004, especialmente en los sectores ligados a la exportación. Además, el fortalecimiento de la confianza de los consumidores sugiere una eventual mejora del consumo. La inversión, por su parte, continuó registrando una elevada expansión ante el incremento de las ganancias de las empresas y las mejores perspectivas para la demanda, tanto interna como externa. En este contexto, las previsiones para la expansión de la actividad económica han sido revisadas al alza. Los analistas esperan que el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2004 haya sido de 1.2 por ciento (tasa trimestral anualizada) y que será de 3.0 por ciento para el año en su conjunto.

La mejoría en las condiciones de financiamiento externo para los países en desarrollo continuó en el último trimestre de 2003, periodo en el cual se observó un incremento en las colocaciones de deuda de estos países (principalmente bonos). De esta forma, las entradas netas de capitales privados a las economías emergentes aumentaron a alrededor de 131 mil millones de dólares en 2003, su mayor nivel desde 1997. No obstante, nuevamente se observó un descenso en los flujos de inversión extranjera directa. Las favorables condiciones financieras globales motivaron que los países emergentes prosiguieran con sus emisiones de deuda a principios de 2004, cubriendo gran parte de las colocaciones de bonos programadas para este año. Durante el trimestre, el riesgo país (medido por el índice compuesto EMBI+) descendió 25 puntos base respecto al promedio en el trimestre anterior. No obstante, la expectativa de incrementos en las tasas de interés en los países industrializados (particularmente en Estados Unidos) generó mayor volatilidad en los mercados de bonos, lo que propició que el índice EMBI+ detuviera a partir de enero su prolongada tendencia a la baja y que se haya mantenido relativamente estable desde finales de ese mes. Si bien los márgenes se mantienen aún en niveles cercanos a los mínimos históricos, su posible repunte representa un factor de riesgo, especialmente para aquellos países con elevados niveles de endeudamiento.

Los países de Asia emergente y en desarrollo hicieron una contribución significativa a la expansión de la economía mundial durante 2003. El PIB de dicho grupo registró un crecimiento de 7.8 por ciento. El dinamismo aludido parece haberse mantenido al inicio de 2004. En particular, el PIB de China, después de crecer 9.1 por ciento en 2003 debido a un extraordinario aumento de la inversión, aceleró su ritmo de expansión en el primer trimestre de 2004, periodo en el cual el PIB alcanzó un crecimiento de 9.7 por ciento a tasa anual. Los analistas encuestados por Consensus Forecasts esperan un crecimiento de la economía china de 8.3 por ciento para 2004. A su vez, varias de las economías asiáticas de reciente industrialización también muestran señales de una aceleración en su ritmo de crecimiento a principios de 2004.

La situación económica en América Latina continúa recuperándose, gracias a un ambiente externo más favorable y a los esfuerzos de estabilización llevados a cabo en algunos países de la región. Para la zona latinoamericana en su conjunto, se pronostica un crecimiento ligeramente superior a 4 por ciento en 2004 (1.5 por ciento en 2003). La economía de Argentina creció 8.7 por ciento en 2003, mientras que en el 2002 había registrado una contracción de 10.9 por ciento. La inflación ha descendido sustancialmente y en marzo se ubicó en 2.3 por ciento a tasa anual. En Brasil, se han llevado a cabo importantes esfuerzos de estabilización y reforma. Aunque en 2003 la economía registró una caída de 0.2 por ciento, en los últimos meses del año hubo señales de un repunte que se han fortalecido en los primeros meses de 2004. La inflación se encuentra en niveles de un dígito y el Banco Central ha bajado gradualmente la tasa de referencia a medida que las presiones inflacionarias han cedido. Los analistas proyectan que en 2004 las economías de Argentina y Brasil alcanzarán tasas de crecimiento de 6.7 y 3.4 por ciento, respectivamente.

II.3.5. Remuneraciones, Salarios y Empleo

En el primer trimestre del año, se observaron incrementos en los salarios contractuales mayores a los registrados en el último trimestre de 2003. Esto es de especial importancia si se considera que en el primer trimestre del año un número importante de trabajadores revisan sus salarios contractuales.

II.3.5.1. Remuneraciones

En enero de 2004, el incremento de las remuneraciones medias reales resultó positivo en la industria manufacturera, tanto en la maquiladora como en la no maquiladora, con variaciones de 2.3 y 1.0 por ciento, respectivamente. En contraste, el sector comercio registró una caída en ese mes de 0.4 por ciento (Cuadro 6).

Por su parte, durante el primer mes de 2004 la productividad laboral mostró variaciones anuales positivas en todas las actividades analizadas. Asimismo, en enero el costo unitario de la mano de obra disminuyó en la industria manufacturera y el sector comercio, mientras que en la actividad maquiladora tuvo un ligero incremento (Cuadro 7).

En el caso particular de la producción de la industria manufacturera no maquiladora, en el bimestre diciembre 2003- enero 2004 ésta registró una variación anual positiva. No obstante, en ese periodo dicho repunte aún no se había visto acompañado de un incremento en el empleo. Con ello, se originó una importante recuperación de la productividad y una caída en el costo unitario de la mano de obra. Es probable que al irse consolidando la recuperación, la creación de empleos en el referido sector se reactive y, por ende, se modere tanto el crecimiento de la productividad, como la caída del costo laboral por unidad de producto (Gráfica 7).

II.3.5.2. Salarios Contractuales

Los salarios contractuales, negociados por los trabajadores de empresas de jurisdicción federal, registraron en el primer trimestre de 2004 un incremento promedio de 4.5 por ciento, ponderado por el número de asalariados beneficiados. Dicha variación superó al aumento correspondiente (4.2 por ciento) durante el cuarto trimestre del 2003. Cabe señalar que, desde las circunstancias excepcionales de principios de 1996, no se presentaba una situación en la cual los incrementos salariales de un primer trimestre resultaran mayores a los aumentos registrados durante el último del año previo. Por otro lado, en el periodo los salarios contractuales en empresas privadas tuvieron alzas nominales significativamente mayores a las otorgadas en las empresas públicas (el diferencial se ubicó en 0.7 puntos porcentuales) (Cuadro 8).

El repunte en el salario contractual durante el trimestre pudo haber estado influido por los aumentos en la inflación esperada para el año. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que mientras que varias de las perturbaciones de oferta que incidieron en los precios durante el primer trimestre del año obedecieron a situaciones de carácter temporal, los aumentos que se otorgan a los salarios contractuales son permanentes. Como es evidente, esto podría encarecer el costo laboral de las empresas y, en consecuencia, dificultar el combate a la inflación, la generación de empleos y los esfuerzos por mejorar la competitividad de la economía nacional (Gráfica 8). Adicionalmente, se considera que las negociaciones salariales no están reflejando las condiciones de holgura que todavía prevalecen en el mercado laboral, lo cual es un obstáculo para la creación de empleos.

II.3.5.3. Empleo

La mejoría que registró la actividad económica hacia finales del 2003 y en el primer trimestre de 2004, tuvo como contrapartida un aumento en el empleo en el sector formal. Sin embargo, la recuperación de la producción no resultó suficientemente vigorosa como para evitar que algunos otros indicadores del mercado laboral presentaran un deterioro en el periodo, en particular, el correspondiente a la tasa de desempleo.

Así, al cierre de marzo de 2004 el número de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) se ubicó en 12,319,815 personas, superior en 129,023 trabajadores a la cifra del cierre de diciembre de 2003. Por su parte, al comparar el número de trabajadores de marzo con la cifra de ese mismo mes de 2003, resulta un incremento anual de 112,516 personas. Debe mencionarse que, al ajustar las cifras por efectos estacionales, se desprende que el repunte del empleo formal ha sido significativo: para marzo ya se habían alcanzado siete meses consecutivos con aumento de los trabajadores asegurados. Así, se logró un avance de 190,102 empleos (septiembre de 2003 a marzo de 2004), derivado de 106,787 empleos permanentes y de 83,315 eventuales urbanos.

En los primeros tres meses del año la generación de empleos en el sector formal se extendió a un mayor número de actividades. De esta forma, con datos desestacionalizados, hubo avances de la ocupación en los servicios, en la industria de la construcción y en el sector manufacturero. Esta última abarcó principalmente a las divisiones de productos metálicos, maquinaria y equipo, química y plásticos y de alimentos, bebidas y tabaco. Por su parte, continuó la debilidad del empleo formal en la división de textiles y prendas de vestir.

En contraste con lo anterior, la tasa de desempleo abierto en las áreas urbanas arrojó un aumento tanto en sus datos originales, como en los desestacionalizados. Ello posiblemente reflejó que el repunte de la demanda de trabajo en el sector formal, en conjunto con la generación de empleos en actividades informales, no absorbieran la oferta adicional de trabajo que se presentó en el primer trimestre del año. Así, en este periodo la tasa de desempleo abierto resultó en promedio de 3.86 por ciento, mientras que en el trimestre previo había sido de 3.46 por ciento. Con cifras desestacionalizadas, esta tasa promedio se incrementó ligeramente en el lapso referido, al pasar de 3.63 a 3.77 por ciento. Cabe recordar que desde principios de 2003 la tasa de desempleo, medida con datos desestacionalizados, ha seguido una cierta tendencia al alza. Por su parte, otro indicador del empleo es la tasa de ocupación de menos de 35 horas semanales y desocupación. En el primer trimestre de 2004, esta tasa también presentó un incremento al ubicarse en promedio en 22.13 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en el trimestre previo había sido de 20.77 por ciento.

II.3.6. Oferta y Demanda Agregadas

Durante el primer trimestre de 2004 la actividad económica mostró un avance, con lo que continuó la mejoría iniciada en el cuarto trimestre del año pasado. Tal evolución fue notoria en los indicadores tanto de demanda interna y externa, como en los de producción. Un aspecto sobresaliente en el comportamiento de la demanda agregada es que su expansión fue más balanceada que en el cuarto trimestre del año pasado, dado que la inversión ya presentó cierta mejoría. Lo anterior propició una recuperación de la demanda de trabajo en el sector formal de la economía. En particular, se estima que en el primer trimestre del año la demanda interna haya crecido a una tasa muy cercana a la registrada por el PIB. A su vez, ello implicó que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos haya resultado moderado. En síntesis, en la información del primer trimestre de 2004 sobresalen los siguientes aspectos:

(a) La evolución de la demanda interna se caracterizó por la continuidad de la expansión del gasto de consumo privado y por una incipiente reactivación de la inversión. El dinamismo del gasto de consumo resultó notorio en los distintos indicadores de ventas. Así, en el primer bimestre del año las ventas al menudeo aumentaron 3.6 por ciento a tasa anual, alcanzando catorce meses consecutivos con tasa positiva. Por su parte, las ventas de la ANTAD registraron en el primer trimestre del año un crecimiento anual de 8.6 por ciento, que superó al observado en el cuarto trimestre de 2003 (7 por ciento). En el primer trimestre de 2004, también las ventas internas de vehículos presentaron una mejoría a tasa anual al incrementarse 9.4 por ciento, como reflejo, sobre todo, de una mayor adquisición de unidades importadas.

(b) En contraste con la debilidad que observó la inversión en el periodo 2001-2003, dicho renglón mostró un avance en el primer trimestre del año. Ello como resultado de incrementos en su componente de maquinaria y equipo, ya que, de hecho, el renglón de construcción había presentado una expansión a lo largo de 2003. Por su parte, en enero la inversión registró un incremento anual de 1.7 por ciento, que con datos desestacionalizados implicó tres meses seguidos con variación mensual positiva. La inversión en construcción mantuvo una expansión anual significativa de 4.1 por ciento en el primer bimestre del año, que al igual que en 2003, respondió en parte a la construcción en vivienda y en obra pública en infraestructura. Por su parte, en el primer trimestre del año las importaciones de bienes de capital aumentaron en 5.9 por ciento a tasa anual.

(c) La demanda externa continuó mejorando en el primer trimestre de 2004. Tal desempeño resulta notorio tanto en el crecimiento anual que registraron las exportaciones no petroleras, como en el aumento que reportan las cifras de Estados Unidos relativas a sus importaciones de productos mexicanos.

(d) Por el lado de la producción, en el primer bimestre del año el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento anual de 2.7 por ciento. Éste se derivó de aumentos de todos sus componentes, sobresaliendo los sectores agropecuario y de servicios, mientras que el industrial observó un ligero aumento a tasa anual. Se estima que en marzo el crecimiento anual del IGAE haya superado al registrado en enero y febrero.

(e) La producción industrial y la manufacturera registraron en febrero tasas de crecimiento anuales respectivas de 2.2 y 1.2 por ciento. La actividad manufacturera fue afectada en ese mes por un fuerte descenso anual de la producción de la industria automotriz. A pesar de ello, para el cierre de febrero tanto la producción industrial como la manufacturera habían alcanzado en los últimos cinco meses, con datos desestacionalizados, incrementos acumulados de 2 y 1.9 por ciento, respectivamente. No obstante, la reactivación manufacturera en los últimos meses ha resultado menos vigorosa que la registrada por tal actividad en los Estados Unidos (Gráfica 10).

(f) Durante el primer trimestre del año los distintos indicadores sobre confianza y clima de los negocios mostraron un avance significativo, en comparación con sus niveles del trimestre precedente. Así, el Índice de Confianza de los Analistas del Sector Privado superó, en promedio, en 18.4 por ciento al nivel registrado el trimestre precedente y, en el caso del Índice de Confianza de las Empresas Manufactureras, su avance fue de 5.9 por ciento. Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor, que se había debilitado en la segunda mitad del año pasado, ya presentó en el bimestre febrero-marzo un repunte a tasa anual.

(g) Los indicadores adelantados para la economía mexicana elaborados por el Banco de México y por The Conference Board continuaron acrecentándose en los primeros dos meses de 2004. Sus variaciones a tasa anual permiten anticipar que la recuperación de la actividad económica se mantendrá durante los próximos meses del año.

El amplio especto de indicadores con evolución reciente positiva sugiere que, en el primer trimestre de 2004, el producto y la demanda agregada habrán alcanzado crecimientos a tasa anual superiores a los registrados en el trimestre previo. En lo que corresponde a la demanda interna, la expansión del gasto en consumo privado continuó impulsada por los siguientes factores: menores tasas de interés; una mayor disponibilidad de crédito de la banca comercial y de las cadenas comerciales; la continuación de incrementos reales en los indicadores de remuneraciones medias reales en los sectores de transformación y maquila y, en el bimestre febrero-marzo, por el avance a tasa anual que ya mostró el Índice de Confianza del Consumidor. Un apoyo adicional al gasto de consumo provino del importante volumen de remesas recibidas del exterior, el cual, como es sabido, las familias receptoras lo destinan primordialmente al gasto corriente en consumo.

El fortalecimiento que experimentaron en el primer trimestre del año las ventas internas en diversos sectores, la mejoría de la demanda externa y el avance que presentaron los indicadores de confianza y de clima de negocios alentaron una reactivación, aunque incipiente, del gasto en inversión. Sin embargo, el principal factor que parece estar retrasando una recuperación más robusta de la inversión privada es la falta de avances en la instrumentación de medidas de cambio estructural. En las diversas encuestas que periódicamente recaba el Banco de México entre el sector manufacturero, las empresas con inversión extranjera directa y los analistas económicos, se ha señalado repetidamente dicho factor como el principal obstáculo que impide alcanzar mayores niveles de inversión en el país y que limita la actividad económica.

Durante el primer trimestre de 2004 se acrecentó el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios. Ello es atribuible a la mejoría de la demanda externa, tanto la proveniente de los Estados Unidos, como de otros mercados. Así, una vez que se hayan publicado las cifras de oferta y demanda agregadas, se apreciará que en el primer trimestre de 2004 las exportaciones de bienes y servicios presentaron un incremento significativo a tasa anual, lo que representaría el segundo trimestre consecutivo con variación positiva.

Con base en las consideraciones anteriores, se estima que en el primer trimestre de 2004 el crecimiento anual del PIB haya resultado de alrededor de 3 por ciento. Asimismo, como ya se apuntó, se calcula que para el año en su conjunto el producto crezca entre 3 y 3.5 por ciento, siendo probable que se sitúe en la parte superior de dicho intervalo.8

II.3.7. Balanza de Pagos y Flujos de Capital

La evolución del sector externo de la economía mexicana durante el primer trimestre de 2004, y en particular la del comercio exterior, estuvieron influidas por la mejoría de la demanda externa. Esta última favoreció la expansión de las exportaciones manufactureras y, con ello, de las importaciones de los bienes intermedios que se utilizan en su producción. Adicionalmente, las importaciones también aumentaron en respuesta a la reactivación de la producción para el mercado interno. Lo anterior implicó que, en el primer trimestre, el déficit de la balanza comercial se haya incrementado ligeramente con respecto a su nivel en igual periodo de 2003, en tanto que el déficit de la cuenta corriente se redujo ligeramente. Esto último se debe al crecimiento de los ingresos por remesas familiares y a un descenso en el pago neto de intereses al exterior. Por otra parte, con relación a los saldos del trimestre inmediato anterior, ambos déficit resultaron inferiores por la influencia de factores estacionales.

En el primer trimestre del año en curso, las exportaciones de mercancías crecieron 10.6 por ciento a tasa anual, como resultado de incrementos de 3.2 por ciento de las exportaciones petroleras y de 11.7 por ciento de las no petroleras. Por su parte, las importaciones aumentaron en el periodo 11.5 por ciento con relación a su nivel en igual lapso de 2003. Esto último debido a incrementos anuales de 13.6, 5.9 y 4.6 por ciento de las adquisiciones de bienes intermedios, de capital y de consumo, respectivamente.

El déficit de la balanza comercial en el primer trimestre de 2004 fue de 427 millones de dólares, nivel superior al de 75 millones registrado en el trimestre comparable del año previo. El déficit en el primer trimestre del año se ubicó por razones estacionales muy por debajo del de 2,648 millones observado en el trimestre inmediato anterior.

Con cifras desestacionalizadas, las exportaciones de mercancías tuvieron en los primeros meses de 2004 una evolución favorable, luego de que habían comenzado a repuntar en los últimos meses del año pasado. Este comportamiento reflejó en buena medida el desempeño positivo que mostraron las exportaciones no petroleras y, en particular, las de bienes manufacturados. Por otro lado, con datos desestacionalizados, las importaciones de mercancías también registraron un aumento en el primer trimestre del año, principalmente, debido a mayores adquisiciones de bienes intermedios. Por su parte, las de bienes de capital no han presentado un claro repunte y las de los bienes de consumo tampoco observaron en el periodo una significativa tendencia al alza (Gráfica 12).

Las exportaciones de México al mercado de los Estados Unidos presentaron un incremento durante los últimos meses. Sin embargo, este aumento fue inferior a la expansión que mostraron las exportaciones de sus otros socios comerciales a ese país. Cabe señalar, al respecto, que en el primer bimestre de 2004 la participación de los productos mexicanos dentro de las importaciones de mercancías de los Estados Unidos fue de 10.94 por ciento, nivel inferior que el de 11.4 por ciento en igual periodo de 2003. Esto se derivó de que, en el primer bimestre del año, dichas exportaciones mexicanas aumentaron 4.58 por ciento a tasa anual, mientras que las adquisiciones totales de ese país en el exterior crecieron 8.96 por ciento. Ese resultado fue determinado en parte por la reducción en las exportaciones mexicanas de petróleo a ese país. No obstante, al excluir estas últimas, el escenario para las ventas en ese mercado de productos mexicanos mejora solo un poco, ya que en el bimestre las exportaciones sin petróleo de México a los Estados Unidos crecieron 5.76 por ciento, cifra menor al incremento de 8.44 por ciento que observó el total de esas adquisiciones por parte de dicho país. Así, no parece haberse atenuado el deterioro del desempeño relativo de las exportaciones de México a ese mercado. Debe advertirse que es probable que las cifras anteriores estén reflejando una pérdida de competitividad de la economía mexicana.

En este sentido, resulta significativo que algunos de los cambios estructurales que no se han logrado en México ya se han alcanzado en varias de las naciones emergentes con las que el país compite en los mercados del exterior. De esta manera, la postergación de medidas y reformas estructurales podría estar erosionando la posición competitiva de México en el exterior, hacer que el país desaproveche el acceso preferencial que ha logrado gracias a los tratados comerciales que ha suscrito y debilitar la actividad exportadora.

Según cifras preliminares, el ingreso de recursos al país por concepto de remesas familiares registró en el primer trimestre del año un crecimiento anual de 19.5 por ciento, al situarse en ese periodo en 3,276 millones de dólares; esta cifra fue producto de 10.2 millones de transacciones con un valor promedio de 321 dólares. El monto referido resultó equivalente a casi tres cuartas partes de las exportaciones de petróleo crudo en el trimestre.

Los resultados de la balanza comercial y del renglón de remesas familiares ya mencionados, aunados a la información parcial disponible de otros rubros, permiten estimar que el déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre del presente año se haya situado en alrededor de 1.7 miles de millones de dólares. Dicho saldo es ligeramente inferior al déficit reportado para igual periodo de 2003 aunque, debido a la presencia de factores estacionales, resulta significativamente más bajo que el observado en el trimestre inmediato anterior.

En el primer trimestre del presente año la cuenta de capital de la balanza de pagos (incluyendo el rubro de errores y omisiones) experimentó una entrada neta de recursos por alrededor de 3.3 miles de millones de dólares. Los flujos de ingreso se originaron, principalmente, de un monto elevado de IED que incluyó la operación de compra de acciones de BBVA-Bancomer por parte de BBVA. Cabe advertir que el valor de adquisición de tales acciones (aproximadamente 4 mil millones de dólares) no ingresó en su totalidad al país, ya que la transacción implicó un flujo negativo de inversión de cartera, como reflejo de que una parte importante de las acciones correspondientes se encontraba en poder de extranjeros (aproximadamente 2,100 millones).

En resumen, los principales resultados de la balanza de pagos en el primer trimestre de 2004 son los siguientes: un reducido déficit de la cuenta corriente de aproximadamente 1.7 miles de millones de dólares; un superávit de la cuenta de capital de 3.3 miles de millones de dólares (incluyendo el renglón de errores y omisiones) y un incremento de las reservas internacionales de 1,614 millones de dólares.

II.4. La Política Monetaria durante el Primer Trimestre de 2004

II.4.1. Acciones de Política Monetaria

El Banco de México sigue un esquema de objetivos de inflación en el diseño de su política monetaria. Como se ha mencionado en otros informes, uno de los elementos más importantes de este esquema es el uso de un enfoque sistemático para analizar la coyuntura económica e identificar el origen y las características de las presiones de inflación. Esta identificación es importante puesto que cuando aquéllas provienen de la demanda, son generalizadas, por lo que suele aconsejarse que la autoridad restrinja su postura de política monetaria. Por otra parte, cuando las presiones provienen por el lado de la oferta, la recomendación es acomodarlas, permitiendo que el nivel de precios aumente una sola vez, con un efecto temporal sobre la inflación. Para ello es necesario que la autoridad monetaria vigile que el aumento de precios ocasionado por las perturbaciones de oferta (efectos de primer orden) no contamine las expectativas de inflación y, por tanto, el proceso de determinación de precios en la economía (efectos de segundo orden).

En este contexto, si bien es cierto que la holgura que aún prevalece en los mercados de bienes y laboral apunta a que actualmente el incremento de la demanda agregada no está generando presiones de importancia sobre los precios, también lo es que la inflación subyacente no se ha reducido a la velocidad que sería previsible en virtud del mencionado entorno. Por ello, el Banco de México estará vigilante para detectar oportunamente las presiones que pudieran generarse sobre la inflación ante la recuperación de la economía, y en su caso, actuaría en consecuencia.

Por su parte, con respecto a las presiones de inflación por el lado de la oferta, durante el primer trimestre de 2004 se experimentaron incrementos importantes en algunos precios, principalmente pertenecientes al subíndice de precios no subyacente (ver sección II.2). Una forma de evaluar la naturaleza de dichas presiones es mediante el análisis de la distribución de las variaciones en los precios relativos.9, 10 En la Gráfica 13a se muestra la distribución de las variaciones trimestrales en el precio relativo de los 315 genéricos del INPC. Así, se ordenan los distintos genéricos según las variaciones porcentuales que registraron en sus precios relativos, ponderando por su peso en el INPC. En particular, este análisis permite apreciar si el alza en el INPC se debe a un incremento generalizado en los distintos genéricos (en cuyo caso las observaciones se concentran en un intervalo relativamente más estrecho), o bien, si ésta se debe a las variaciones de unos cuantos productos (en cuyo caso se aprecian observaciones situadas relativamente a mayor distancia del promedio, propiciando que el intervalo donde se ubica el total de las observaciones sea comparativamente más amplio). Por otra parte, el mismo ejercicio se realiza por separado para los 232 genéricos del subíndice de precios subyacentes (Gráfica 13b), y para los 83 genéricos del subíndice de precios no subyacentes (Gráfica 13c).

En dichos cálculos se puede apreciar que los cambios de precios relativos del subíndice subyacente se distribuyeron en un intervalo más estrecho que los cambios observados en los precios del subíndice no subyacente. Asimismo, también se puede apreciar que fueron las perturbaciones en los precios relativos de algunos productos incluidos en el subíndice no subyacente las que se vieron reflejadas en los extremos de la distribución aludida de la inflación general (comparar Gráfica 13a y Gráfica 13b). Así, tanto la desviación estándar como el sesgo de la distribución de las variaciones de los precios relativos de los genéricos incluidos en el INPC están explicados, fundamentalmente, por los correspondientes a la distribución respectiva del componente no subyacente.

Si bien a principios de año se había previsto que en algunos meses de 2004 se podrían presentar perturbaciones de oferta susceptibles de ubicar temporalmente a la inflación anual por arriba de 4 por ciento, la magnitud y duración de los choques observados han sido mayores a las previstas. Lo anterior propició un incremento importante en las expectativas de inflación para horizontes de corto plazo, como por ejemplo la inflación anual esperada para el cierre de 2004 (Gráfica 14).

Los aumentos observados en algunos precios relativos durante el primer trimestre del año deberían tener solamente un efecto temporal sobre la inflación. En este sentido, cabe destacar que, ante dichas perturbaciones, las expectativas de inflación para el mediano (siguientes doce meses y cierre de 2005) y el largo plazos (promedio 2005-2008) presentaron incrementos moderados (Gráfica 14).

Si bien los indicadores de las expectativas de inflación no anticipan que los choques de oferta observados tengan un efecto significativo sobre la inflación en el mediano y largo plazos, el deterioro de las expectativas para 2004 podría complicar la convergencia de la inflación hacia su meta de 3 por ciento. Ello en la medida en que llegara a afectarse la determinación de otros precios en la economía (efectos de segundo orden), especialmente las negociaciones salariales. Al respecto, es importante mencionar que en el primer trimestre del año se observaron incrementos en los salarios contractuales mayores a los convenidos en el último trimestre de 2003 (ver Sección II.3.5.2). A su vez, ello es particularmente relevante si se toma en cuenta que en los primeros meses del año se lleva a cabo una parte importante de las revisiones salariales.

En el contexto anterior, y para evitar que las perturbaciones de oferta contaminaran el proceso de determinación de precios de la economía, en el periodo de análisis la Junta de Gobierno del Banco de México decidió restringir la postura de política monetaria incrementando el ``corto'' en dos ocasiones: el 20 de febrero lo aumentó de 25 a 29 millones de pesos diarios y el 12 de marzo lo hizo de 29 a 33 millones de pesos. El objetivo de estas acciones fue inducir condiciones monetarias más congruentes con el restablecimiento de la trayectoria de inflación hacia la meta de 3 por ciento. En consecuencia, las tasas de interés de corto plazo presentaron incrementos importantes (Gráfica 15). No obstante, en el caso de las tasas de interés para plazos mayores, los incrementos no fueron tan pronunciados. Este aplanamiento en la curva de rendimientos también refleja, entre otros factores, el efecto que sobre las tasas de interés ha tenido el incremento de las expectativas de inflación de corto plazo, mientras que las de horizontes mayores se encuentran mejor ancladas.

Con respecto al tipo de cambio, en términos generales, su comportamiento fue relativamente estable durante el trimestre. Cabe destacar que durante algunas semanas se experimentaron episodios en los que aumentó la volatilidad de la paridad, pero aquélla fue, en general, menor a la de la cotización dólar/euro (Gráfica 16). Finalmente, es importante destacar que si bien el tipo de cambio ha registrado una depreciación gradual desde 2002, su traspaso hacia la inflación ha sido moderado.

II.5. Agregados Monetarios y Crediticios

II.5.1. Base Monetaria, Crédito Interno Neto y Activos Internacionales

Durante el primer trimestre del 2004, la base monetaria creció en promedio a una tasa anual de 13.2 por ciento, incremento menor al observado en el trimestre previo (14.5 por ciento de variación anual en octubre -- diciembre 2003).11 Cabe señalar que si bien su velocidad de circulación continúa disminuyendo, lo hace a un ritmo cada vez menor. Como se ha detallado en informes previos, este proceso es consecuencia, principalmente, de la baja sustancial en las tasas de interés en los últimos años (Gráfica 17).

De acuerdo a su comportamiento estacional, durante los tres primeros meses del año la base monetaria tuvo una disminución de 36.2 miles de millones de pesos. Por su parte, los activos internacionales se incrementaron en 2.6 miles de millones de dólares, alcanzando un saldo de 61.7 miles de millones al 31 de marzo. Como resultado de lo anterior, el crédito interno neto del Banco de México disminuyó 64.9 miles de millones de pesos en el primer trimestre del año.

Las principales fuentes de divisas de la reserva internacional durante el primer trimestre fueron PEMEX (3,268 millones de dólares) y el Gobierno Federal (879 millones de dólares). En cuanto a sus usos, destaca la venta de dólares a través del mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales (1,938 millones de dólares). Al respecto, cabe señalar que el 12 de marzo la Comisión de Cambios anunció adecuaciones a dicho mecanismo.12 Si bien el procedimiento de subastas diarias ha cumplido con éxito su objetivo, el monto de venta de dólares entre un periodo trimestral y otro presentaba variaciones importantes, lo que en ocasiones generaba cierta incertidumbre entre los participantes en el mercado de cambios.13 Por tal motivo, la Comisión de Cambios consideró conveniente adecuar el mecanismo a fin de que los montos diarios a vender sean más estables a lo largo del año, modificando la distribución de las ventas en el tiempo, pero no el monto total de dólares a subastar.14 Así, el monto a vender seguirá siendo el 50 por ciento del flujo de acumulación de reservas netas del periodo trimestral previo, una vez descontadas las ventas realizadas en dicho lapso. Sin embargo, dicho monto será vendido por partes iguales durante los cuatro trimestres subsecuentes.15

II.5.2. Agregados Monetarios y Financiamiento

En cuanto a los instrumentos de captación líquida en moneda nacional se aprecian dos fenómenos. Por un lado, una tasa de crecimiento elevada, que muestra que el proceso de remonetización se ha presentado tanto en la base monetaria como en otros instrumentos líquidos (Gráfica 18).16 Por otro lado, destaca el incremento en el número de contratos en este tipo de instrumentos, el cual pasó de 31.7 millones en diciembre de 2002 a 36.4 millones al cierre de 2003. A pesar de lo anterior, al parecer la población mantiene un bajo uso de medios de pago distintos al efectivo, ya que las tarjetas de débito se utilizan, principalmente, para el retiro de efectivo en cajeros automáticos. Así, del total del monto de operaciones que se hacen con tarjetas bancarias (tarjetas de crédito y débito), el 88 por ciento corresponden a los referidos retiros.

Por lo que respecta a los agregados monetarios amplios, éstos se han expandido con mayor vigor desde el segundo trimestre del 2003. Este repunte se ha presentado principalmente en el ahorro financiero voluntario de los hogares, el cual tiene ciclos de mayor amplitud que M2 y guarda una estrecha relación con la actividad productiva (Gráfica 19).17

Durante el primer bimestre del año continuó el dinamismo del crédito otorgado a los hogares, que se presentó en 2003. A esto han contribuido las reducciones en las tasas de interés y la aparición de una gama de productos especializados, muchos de ellos con esquemas de tasas fijas, que se han podido desarrollar gracias al menor riesgo inflacionario percibido por los demandantes y oferentes de crédito (Cuadro 11). El crédito directo vigente de la banca comercial al consumo y a la vivienda tuvo variaciones reales anuales en febrero de 2004 de 45.9 y 9 por ciento, respectivamente. Este comportamiento contrasta con la debilidad del crédito directo bancario a las empresas, el cual tuvo una variación real anual de -4.4 por ciento en febrero. Así, a pesar de que la actividad económica comenzó a repuntar desde el cuarto trimestre del 2003, ello aún no se ve reflejado en un mayor crédito bancario a empresas (Gráfica 20a).

Una fuente de recursos para las empresas que volvió a tomar vigor durante el primer trimestre del año, fue la colocación neta de títulos de deuda en el mercado interno, la cual aumentó 15 mil millones de pesos en dicho periodo. A su vez, las empresas y organismos públicos, así como los estados y municipios, también han estado muy activos en el mercado de deuda interna, emitiendo valores por 33 mil millones de pesos durante el primer trimestre (Gráfica 20b). Gran parte de la nuevas emisiones se han realizado a través de certificados bursátiles, que se caracterizan por su flexibilidad y bajos costos de emisión (ver Recuadro 1).

III. Perspectivas del Sector Privado para 2004 18

III.1. Pronósticos sobre la Actividad Económica y sobre otras Variables que Influyen en la Inflación

En los pronósticos de los analistas económicos del sector privado elaborados durante el primer trimestre de 2004 sobresalieron los siguientes aspectos: i) el crecimiento esperado del PIB para el presente año se mantuvo prácticamente sin cambio al resultar de 3.23 por ciento en marzo, predicción semejante a la de 3.22 por ciento de la encuesta de diciembre pasado (Cuadro 12); ii) el incremento estimado para 2004 para el consumo privado no sufrió modificación, al ubicarse tanto en marzo de este año como en diciembre pasado en 3.4 por ciento, mientras que el correspondiente a la inversión privada se revisó a la baja de 5 a 4 por ciento; iii) para 2005 se anticipa que se acrecentará el ritmo de crecimiento económico a 3.7 por ciento; iv) en 2004 se prevé que se generarán 314 mil empleos formales y que en 2005 la cifra correspondiente resultará de 427 mil puestos de trabajo; v) la estimación relativa al crecimiento del PIB de los Estados Unidos en 2004 se revisó al alza; vi) se mantuvo la expectativa de que las tasas de interés en el país permanecerán bajas durante los próximos meses; vii) el nivel esperado para el tipo de cambio del peso mexicano al cierre de 2004 no sufrió modificación; y viii) saldos deficitarios en 2004 y 2005 de las balanzas comercial y de la cuenta corriente menores a los previstos en diciembre de 2003.

Otros aspectos que sobresalen en las previsiones de los analistas económicos del sector privado son los siguientes: a) un aumento significativo en el primer trimestre del año del Índice de Confianza y de Clima de Negocios de los Analistas Económicos del Sector Privado que elabora el Banco de México, y b) los especialistas continuaron insistiendo en que, para inducir mayores niveles de inversión en el país, se requiere avanzar en materia de cambio estructural.

III.2. Expectativas sobre la Inflación

La expectativa sobre la inflación general en 2004 se revisó al alza durante el primer trimestre. Así, en ese lapso, el pronóstico para el cierre del año resultó de 4.23 por ciento, tasa superior a la prevista en diciembre pasado (3.86 por ciento). El pronóstico sobre la inflación subyacente para finales de año quedó ubicado en 3.55 por ciento en la encuesta de marzo. Por otra parte, las expectativas para los próximos doce meses, 2005, 2006 y el promedio 2005-2008 fueron de 3.82, 3.76, 3.67 y 3.64 por ciento, respectivamente. Es importante destacar que las expectativas para horizontes más largos, si bien aún se ubican en niveles elevados, no se han incrementado significativamente respecto de sus niveles de principios de año. Esto apunta a que los analistas no anticipan en el mediano plazo un deterioro en la inflación general y, por tanto, a que los recientes choques de oferta en los precios no subyacentes tendrían únicamente un efecto transitorio sobre la inflación anual.

IV. Balance de Riesgos y Conclusiones

La continuidad de la mejoría observada en el entorno externo de la economía mexicana se ha traducido en un incremento en las exportaciones no petroleras. Por su parte, el consumo ha mantenido su vigor, al tiempo que la inversión ha comenzado a mostrar una ligera recuperación. En consecuencia, la generación de empleos se ha venido fortaleciendo. Destaca, asimismo, una mejoría en la composición del empleo, al incrementarse gradualmente el número de asegurados permanentes en el IMSS.

El escenario base que el Banco de México anticipa para el resto de 2004 se finca en los siguientes supuestos:

(a) Se mantiene la previsión de un crecimiento anual promedio del PIB de los Estados Unidos de 4.6 por ciento en 2004. Por lo que toca a su producción industrial, se anticipa una expansión de 4.9 por ciento (Fuente: Blue Chip).

(b) Se prevé que México mantenga acceso al financiamiento externo en condiciones favorables; y,

(c) Se anticipa un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo para 2004 de 23 dólares por barril.

Con base en los supuestos anteriores y en la información disponible más reciente sobre la evolución de la economía mexicana, el ejercicio de pronóstico arroja el siguiente escenario:

Crecimiento Económico: Se mantiene una estimación del crecimiento real del PIB para 2004 de entre 3.0 y 3.5 por ciento, si bien es probable que éste se encuentre en la parte superior de dicho intervalo.

Empleo: Se estima, para el año en su conjunto, una generación de empleos en el sector formal cercana a las 400 mil plazas.

Cuenta Corriente: Se prevé un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos inferior a 2 por ciento del PIB.

Inflación: El principal reto que enfrenta actualmente el combate a la inflación radica en la magnitud y persistencia de los ajustes en precios relativos que se han venido registrando en el componente no subyacente del INPC.

A principios de año, el Banco de México advirtió que durante 2004 se podrían presentar perturbaciones de oferta cuyo resultado sería ubicar por algunos meses a la inflación anual por arriba de 4 por ciento. De hecho, la magnitud y duración de los choques han sido mayores que lo previsto, por lo que la convergencia de la inflación general hacia su objetivo se perfila más lenta y gradual.

En particular, para tratar de determinar con mayor precisión el impacto de dichas perturbaciones sobre las perspectivas de inflación en los siguientes meses, es necesario analizar las características de los diferentes bienes y servicios cuyos precios se vieron afectados. A este respecto, el alza en los precios de los productos pecuarios tendería a revertirse en la medida en que su oferta se regularice, lo cual implicaría que, en el futuro, se podrían presentar incluso disminuciones en esos precios, lo que contribuiría a una reducción de la inflación. Por otro lado, en general, los incrementos en los precios administrados y concertados que no tienen referencias internacionales tienden a ser de carácter permanente, lo cual implica que su impacto en la inflación anual se mantiene durante doce meses.

Por tanto, con base en las consideraciones anteriores:

(a) Se anticipa que, en el margen, en los siguientes meses la inflación anual subyacente contribuya a la reducción de la inflación general.

(b) Es previsible que la inflación subyacente de mercancías empiece a moderar la tendencia alcista que ha registrado desde el último trimestre de 2002. No obstante, para ello es necesario que se generalice una menor inflación en los precios internacionales de las materias primas agropecuarias.

(c) Se estima que la tendencia de la inflación subyacente de servicios distintos a la vivienda continuará contribuyendo al proceso de reducción permanente de la inflación. Es importante mencionar que éste es posiblemente el subíndice que mejor captura las condiciones inflacionarias internas. Por supuesto, este proceso se consolidaría en la medida en que se moderen las negociaciones salariales que, como se ha señalado, no parecen corresponder a las condiciones de holgura que prevalecen en el mercado laboral.

(d) Al evaluar las perspectivas del subíndice de la vivienda, conviene separar dos efectos que están operando simultáneamente. Por un lado, recientemente se han presentado ciertas presiones al alza ante los incrementos observados en los costos de la construcción residencial, propiciadas por mayores precios de los productos metálicos, alambre, varilla, cemento y concreto premezclado. Por otro, es previsible que este subíndice continúe mostrando la tendencia de los últimos años de moderación de las rentas, en respuesta a la mayor oferta de casas-habitación (con un acceso creciente al financiamiento). Esta última tendencia ejemplifica fielmente cómo los cambios estructurales de la economía pueden tener efectos muy benéficos sobre la inflación. En este caso, el efecto positivo del cambio estructural se deriva de la combinación de las diferentes reformas financieras implementadas, las cuales han dado mayor certidumbre y competitividad al sector, aunadas a la percepción que la economía opera en un equilibrio inflacionario bajo y estable.

(e) Por lo que toca a la inflación no subyacente, la volatilidad de la inflación de los diferentes subíndices que la componen, así como lo imprevisible de las perturbaciones que la afectan, hacen muy difícil una evaluación de sus perspectivas en los siguientes meses. Sin embargo, deben resaltarse, entre otros, dos factores que podrían contraponerse. Por un lado, han comenzado a revertirse los efectos de los choques a los precios de los productos pecuarios. Esto se debe a que, como ya se mencionó, se ha liberado la importación de diversos productos cárnicos de los Estados Unidos. Por otro lado, en virtud de la recuperación económica mundial podrían prolongarse las presiones sobre las cotizaciones internacionales de los energéticos y, por tanto, sobre los precios internos de aquéllos bienes que utilizan dichas cotizaciones como referencia. Con todo, se anticipa que la inflación no subyacente anual vaya cediendo gradualmente en los siguientes meses.

Cuando la inflación está sujeta al tipo de perturbaciones como las registradas en los primeros meses del año, se torna necesario hacer una evaluación más detallada de sus principales componentes. En este sentido, la inflación subyacente se ha mantenido relativamente estable por un periodo prolongado. Este comportamiento se deriva del contrapeso entre dos tendencias antagónicas: por un lado, recientemente el componente de alimentos de la inflación subyacente de mercancías ha registrado presiones que reflejan la inflación internacional de diversas materias primas alimenticias; por otro, la inflación subyacente de servicios continúa mostrando una tendencia de reducción. El efecto combinado de estas tendencias ha sido la mencionada estabilidad de la inflación subyacente total.

En este contexto, conviene resaltar dos puntos. Primero, en el caso en que la inflación en los precios internacionales de las materias primas comenzara a ceder de manera generalizada, sería probable que la tendencia de reducción de la inflación subyacente de servicios empezara a dominar el comportamiento de la subyacente total. Segundo, al estarse comportando de manera relativamente estable, la variabilidad mensual de la inflación subyacente total está reflejando en gran medida la estacionalidad de la misma.

Por otra parte, como se ha mencionado reiteradamente a lo largo de este Informe, varios componentes del subíndice de precios no subyacente han registrado fuertes ajustes, que se reflejan tanto en un alza en dicha inflación, como en una elevada volatilidad de la misma.

En consecuencia, al evaluar el efecto conjunto de ambos subíndices de precios sobre el INPC, que no es sino un promedio ponderado de los dos, se deduce que el nivel y la variabilidad de la inflación general están reflejando, en el margen, los choques de oferta a su componente no subyacente.

En este contexto, cuando la economía está sujeta a perturbaciones de oferta, como las registradas en 2002 cuando las tarifas eléctricas tuvieron un marcado incremento, el uso de la inflación subyacente cobra mayor relevancia como guía de las presiones inflacionarias de mediano plazo. El propósito de contar con una medición de inflación subyacente es tener un indicador que excluya las variaciones extremas de precios relativos, las cuales deberían traducirse únicamente en perturbaciones temporales en la tasa de inflación, esto es, no deberían alterar la tendencia de mediano plazo de esta última. Así, la inflación subyacente es de utilidad para analizar la tendencia más representativa de la inflación general en relación a su objetivo.

Adicionalmente, es importante recordar que si bien la inflación subyacente no constituye en sí misma un objetivo de política monetaria, es una valiosa herramienta de análisis y de comunicación con el público ya que, como se mencionó, constituye una mejor referencia sobre las presiones inflacionarias de mediano plazo al no incluir aquellos elementos del índice general que por su alta volatilidad no son representativos de los cambios duraderos en la tendencia de la inflación general.

En este sentido, destaca que la inflación subyacente fue 3.52 por ciento al cierre del trimestre y que mostró una ligera tendencia a la baja en dicho lapso. No obstante, debe reiterarse que la convergencia de la inflación subyacente hacia la meta de 3 por ciento establecida para la inflación general está procediendo de forma relativamente lenta.

Antes de proceder a evaluar algunos de los riesgos más importantes a los que se considera está sujeto el escenario macroeconómico descrito, conviene hacer algunos comentarios sobre el mismo. Al respecto, es importante resaltar que dicho escenario refleja en gran medida el que la economía de nuestro principal socio comercial se está introduciendo con mayor vigor a la fase de recuperación de su ciclo económico, lo que resulta en una mayor demanda por nuestras exportaciones.

No obstante, el escenario no avizora la reactivación de las fuentes internas de crecimiento que pudieran traducirse en una recuperación vigorosa de la inversión. De hecho, las estimaciones de crecimiento y de generación de empleos distan de ser las necesarias para combatir con eficacia la pobreza y otros rezagos sociales.

Por supuesto, para materializar el potencial de crecimiento de la economía, es necesario elevar su capacidad de competir. A su vez, como se ha reiterado en varias ocasiones, para ello es indispensable avanzar en el cambio estructural de la economía.

Con todo, el escenario macroeconómico previsto está sujeto a diversos factores de incertidumbre. En lo que toca a los de origen externo, siguen estando presentes aquéllos que se han discutido en Informes previos y que se desprenden de la posibilidad de que se presente una corrección desordenada de los déficit fiscal y de cuenta corriente de los Estados Unidos. No obstante, en virtud de la evolución reciente de dicha economía, es poco probable que en el corto plazo se materialice un escenario de esta naturaleza.

Por el contrario, ante la consolidación de la recuperación de la economía global y, en particular, la estadounidense, es previsible que las condiciones monetarias externas comiencen a reflejar mayor astringencia a través de incrementos en las tasas de interés internacionales. Esto podría ocasionar una fuerte contracción en la demanda por instrumentos de deuda de mercados emergentes, lo cual encarecería su acceso al financiamiento, tanto externo como interno. Al respecto, cabe recordar que en los últimos años los diferenciales de rendimiento sobre dicha deuda han mostrado una reducción significativa.

En cuanto a los riesgos que podrían surgir en el ámbito interno destacan los asociados a la convergencia de la inflación con su meta puntual.

(a) El proceso desinflacionario se podría ver obstaculizado por la presencia de nuevas perturbaciones de oferta, o bien, por una mayor contaminación de los choques registrados en los primeros meses del año sobre la determinación de los precios en la economía. Esto último también podría suceder de no atenuarse de forma generalizada el alza en las cotizaciones internacionales de diversas materias primas.

(b) En cuanto a los riesgos de mediano y largo plazos, destaca la continua vulnerabilidad del panorama inflacionario ante las posibles revisiones de los precios y tarifas de los bienes y servicios administrados y concertados. En la medida en que éstos se aparten de sus costos de oportunidad y de las condiciones de mercado prevalecientes, se mantendrá un riesgo latente para la consolidación del proceso desinflacionario.

En este sentido, por lo que se refiere a los choques de oferta que afectaron el proceso desinflacionario durante el primer trimestre del año, el Instituto Central vigilará estrechamente la evolución de las presiones inflacionarias que de ellos pudieran surgir y, en su caso, actuará de manera oportuna para propiciar que la inflación converja hacia su objetivo. A su vez, el Banco de México se mantendrá atento para detectar oportunamente las presiones inflacionarias potenciales que pudieran derivarse del mayor vigor de la demanda agregada y, en su caso, también actuaría en consecuencia.

El diagnóstico sobre los principales retos que enfrenta el proceso de reducción permanente de la inflación, en particular por lo que toca a la determinación de los precios y tarifas de los bienes y servicios administrados y concertados, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el cambio estructural que requiere el país. A manera de ejemplo, si avanzaran las reformas energéticas y fiscal, se propiciaría que los precios de la mayoría de estos bienes y servicios reflejaran sus costos de oportunidad y que, en general, su determinación no estuviera sujeta a otro tipo de consideraciones, como la necesidad de recaudar.

Además, dichas reformas, al elevar la rentabilidad de los proyectos, contribuirían a incrementar significativamente la inversión en sectores estratégicos, lo que permitiría estimular la productividad de los factores de la producción, elevando el potencial de crecimiento de la economía y fortaleciendo el esfuerzo de combate a la inflación. Todo ello se traduciría en un mayor margen de maniobra para fortalecer el combate a los rezagos sociales y en mayores y mejores oportunidades de empleos.

En suma, crear consensos para avanzar en las reformas pendientes contribuiría a capitalizar plenamente las reformas realizadas anteriormente, elevaría de manera significativa la competitividad de las empresas y la rentabilidad de los proyectos productivos y coadyuvaría a traducir la actual coyuntura internacional de crecimiento en mayores beneficios para los mexicanos.

Por tanto, como en otras ocasiones, el Banco de México reitera la conveniencia de alcanzar los acuerdos para la instrumentación del cambio estructural y el fortalecimiento institucional que requiere el país.

Notas:

1 Los productos pecuarios que integran el subíndice denominado Resto de Agropecuarios son: huevo, carne de res, pollo, pescado, cerdo y otras carnes.

2 Los incrementos en la tasa del IEPS sobre el precio de los cigarrillos para los años 2002 a 2005 fueron aprobados en el paquete fiscal de 2002. En particular, en 2004 la tasa de IEPS aumentó de 107 a 110 por ciento en el caso de los cigarros con filtro, y de 80 a 100 por ciento en lo que respecta a los sin filtro. El incremento en el precio ponderado de los dos tipos de cigarros durante el primer trimestre del año fue 6.81 por ciento. Ello explicó 2.64 por ciento de la variación observada en la inflación general acumulada durante este periodo, mientras que su peso en el INPC es de tan sólo 0.60 por ciento.

3 El genérico vivienda propia del INPC se construye considerando tres estratos de ingreso mensual de las familias: hasta tres salarios mínimos, de tres a seis y de más de seis. Para el primer estrato se utiliza al Índice del Costo de la Construcción Residencial como referencia del costo de vivienda.

4 Al 21 de abril el WTI se cotizaba en 36.68 dólares por barril, por encima de su promedio durante el primer trimestre del año. La mezcla mexicana de petróleo registró en esa misma fecha un precio de 28.22 dólares por barril.

5 Al 21 de abril el rendimiento del bono a 10 años era de 4.39 por ciento.

6 En el último trimestre el tipo de cambio efectivo nominal del dólar frente a las principales monedas (euro, yen, libra esterlina, franco suizo, dólar canadiense, dólar australiano y la corona sueca) se apreció 0.5 por ciento. No obstante, del último día de marzo al 22 de abril el dólar presentó una apreciación más pronunciada (4.1 por ciento).

7 Cabe destacar que cuando el índice ISM se encuentra por encima de 50 puntos de forma sostenida, ello apunta a una expansión del sector manufacturero.

8 Cabe señalar con relación a la evolución del PIB y de la oferta y demanda agregadas, que la última información oficial disponible se refiere al cuarto trimestre de 2003. En dicho periodo sobresalieron los crecimientos anuales de las exportaciones y del consumo total, particularmente del consumo privado. En el caso de la formación bruta de capital se reportó un crecimiento muy modesto, que reflejó un descenso anual de la inversión privada, así como un fuerte incremento de la efectuada por el sector público.

9 Los precios relativos se definen como el índice de precios de cada genérico (desestacionalizado) dividido entre el INPC (desestacionalizado).

10 Para ser más precisos, se hace una aproximación de la función de densidad de dichas variaciones.

11 Variaciones calculadas sobre el promedio de saldos diarios.

12 Ver comunicado de prensa del 12 de marzo de 2004 de la Comisión de Cambios. Dicha Comisión, a cuyo cargo está la determinación de la política cambiaria del país, se encuentra formada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.

13 Del 2 de mayo al 31 de julio de 2003 el monto diario de dólares a vender fue de 32 millones, descendiendo a 14 millones para el periodo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2003, mientras que del 3 de noviembre de 2003 al 30 de enero de 2004 fue de 6 millones. Por último entre el 2 de febrero y el 30 de abril de 2004 el monto diario de dólares a vender es de 45 millones.

14 Ver también Circular Telefax 18/2003 Bis, disponible en la página de Internet del Banco de México.

15 El Banco de México anunció que durante el periodo del 3 de mayo al 30 de julio de 2004 subastará diariamente 22 millones de dólares (ver comunicado de prensa del Banco de México del 20 de abril del 2004). Esta cantidad ya refleja las recientes adecuaciones al mecanismo de venta de dólares referidas en el presente Informe.

16 Cuentas de cheques en moneda nacional y depósitos en cuenta corriente.

17 Incluye billetes y monedas en poder del público, captación, valores públicos y privados en poder de particulares (M2 hogares), menos los recursos del SAR.

18 A menos que se especifique lo contrario, los pronósticos reportados en esta sección se obtienen de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que recaba mensualmente el Banco de México.

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Informe sobre la Inflación Abril -- Junio 2004

JULIO, 2004.

Junta de Gobierno

Gobernador

Guillermo Ortiz Martínez

Subgobernadores

Everardo Elizondo Almaguer Guillermo Güémez García Jesús Marcos Yacamán José Julián Sidaoui Dib.

ADVERTENCIA

A menos que se especifique lo contrario, este documento está elaborado con información disponible al 26 de julio de 2004. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones..

INDICE

I. Introducción

II. Informe sobre la Inflación Abril - Junio 2004

II.1. Evolución Reciente de la Inflación

II.2. Evolución de los Distintos Indicadores de Inflación

II.2.1. Inflación Anual

II.2.2. Inflación Mensual

II.2.3. Índice Nacional de Precios Productor

II.3. Principales Determinantes de la Inflación

II.3.1. Entorno Externo

II.3.2. Precio del Petróleo

II.3.3. Evolución de la Economía de los Estados Unidos

II.3.4. Evolución de la Economía del Resto del Mundo

II.3.5. Salarios, Productividad y Empleo

II.3.6. Oferta y Demanda Agregadas

II.3.7. Balanza de Pagos y Flujos de Capital

II.4. La Política Monetaria durante el Segundo Trimestre de 2004

II.4.1. Acciones de Política Monetaria

II.5. Agregados Monetarios y Crediticios

II.5.1. Base Monetaria, Crédito Interno Neto y Activos Internacionales

II.5.2. Agregados Monetarios y Financiamiento

III. Perspectivas del Sector Privado para 2004

III.1. Pronósticos sobre la Actividad Económica y sobre otras Variables que Influyen en la Inflación

III.2. Expectativas sobre la Inflación

IV. Balance de Riesgos y Conclusiones

Introducción

La recuperación económica mundial continuó durante el segundo trimestre del año. En los Estados Unidos se ha fortalecido la producción industrial, generalizándose a un mayor número de ramas. Así, ésta se expande a una tasa superior a la del producto y se mantienen perspectivas favorables para su crecimiento, tanto en el segundo semestre de 2004, como en 2005.1* Por su parte, el vigor con el que se ha presentado la recuperación del gasto, aunado al alza persistente de las cotizaciones internacionales de diversas materias primas, entre ellas las energéticas, han propiciado incrementos en las expectativas de inflación.

La combinación de estos elementos ha conducido a un entorno global de mayores tasas de interés, y a que la Reserva Federal comience a revertir la holgura existente durante los últimos años en las condiciones monetarias.

La perspectiva del ciclo de acciones encaminadas a restringir la política monetaria por parte de la Reserva Federal ha tenido efectos profundos sobre el posicionamiento de los inversionistas internacionales y, por tanto, sobre los precios de los activos y los diferenciales de tasas de interés. Este proceso de recomposición de carteras se ha circunscrito en un contexto de menor apetito por riesgo, lo que se ha reflejado en una reducción en los precios de los activos con esas características.

En particular, las economías emergentes han enfrentado incrementos en los niveles y la volatilidad de sus diferenciales de tasas de interés y, por tanto, un deterioro en sus condiciones de acceso a financiamiento.

Debe resaltarse que la magnitud de este ajuste se explica, en parte, por la reversión de la considerable compresión que se registró en los diferenciales de crédito a raíz de la holgura monetaria que prevaleció en los mercados internacionales. Esto es, en el pasado reciente el entorno de amplia liquidez condujo a un mayor apetito por riesgo y creó los incentivos para la adquisición de activos de mayor riesgo financiada a muy bajo costo en el corto plazo.

Consecuentemente, el cambio hacia un entorno global con condiciones monetarias más astringentes, esto es, de mayores tasas de interés, ha propiciado que se reviertan esas posiciones, lo que ha conducido a un proceso de desapalancamiento en los mercados financieros internacionales. Hasta ahora, este proceso se ha llevado a cabo en forma relativamente ordenada.

Dado que la economía de México se encuentra fuertemente integrada a los flujos comerciales y financieros internacionales, es claro que no puede sustraerse del nuevo entorno financiero global. Ello ha implicado que las tasas de interés en moneda nacional se hayan ajustado al alza de forma importante, al tiempo que se han registrado ciertas presiones sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, las presiones sobre las tasas y la paridad han sido atenuadas por factores que operan en sentido opuesto, tales como los flujos considerables de ingresos petroleros y de remesas familiares, que han provisto a la economía de importantes fuentes de recursos. En este contexto, la actividad económica en México ha continuado fortaleciéndose, a lo que ha contribuido el dinamismo del consumo y el repunte que recientemente ha comenzado a registrar la inversión. A su vez, el crecimiento de las exportaciones no petroleras ha llevado a que cobren vigor la producción industrial y manufacturera.

El dinamismo de la actividad económica se ha reflejado en una mayor creación de empleos. Así, al considerar datos ajustados por efectos estacionales, desde octubre del año anterior el número de asegurados totales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado variaciones mensuales positivas.

En materia de inflación, uno de los principales retos se deriva del alza persistente que han venido registrando las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. Estos incrementos de precios están asociados tanto a la recuperación cíclica de la economía mundial, como a la incertidumbre geopolítica y a la desconfianza que ésta genera sobre las condiciones futuras de abasto de diversos energéticos. Las materias primas afectadas se pueden agrupar en tres grandes rubros:

(a) alimentos, principalmente algunos granos y productos pecuarios;

(b) productos metálicos (acero, cobre, varilla, aluminio, etc.); y,

(c) energéticos, particularmente gas, y petróleo crudo y sus derivados.

Por su naturaleza, el alza en los precios de las materias primas ha impactado los costos de producción de diversos bienes y servicios, lo cual ha repercutido de manera directa sobre los precios al productor. Asimismo, los efectos de estas perturbaciones de oferta se han venido traspasando a distintos genéricos incluidos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en especial en el grupo de alimentos del subíndice de precios subyacente de las mercancías y en el de administrados del subíndice de precios no subyacente.

Por su parte, a pesar de que los diferentes rubros de la demanda agregada se han venido recuperando, aún no se perciben presiones de consideración sobre la inflación provenientes de esta vía. Ello se debe, entre otros factores, al prolongado periodo en el cual la economía creció por debajo de su potencial. No obstante, de mantenerse el ritmo con el que se viene recuperando el gasto, no puede descartarse que en el futuro previsible ello comience a generar presiones sobre los precios.

En este contexto, es importante mencionar que el mismo hecho de que la economía atraviese por la fase de recuperación de su ciclo económico, facilita que las perturbaciones de oferta provenientes del exterior se traspasen a los precios al consumidor y contaminen las expectativas de inflación.

En virtud de las consideraciones anteriores, se ha vuelto más desfavorable el entorno de la inflación. A su vez, esto ha conducido a que sus expectativas para los siguientes doce meses se hayan incrementado en las últimas semanas, y a que aquéllas correspondientes al mediano y largo plazos se mantengan por arriba del objetivo. En consecuencia, la Junta de Gobierno del Banco de México ha tomado acciones a fin de restringir la postura monetaria.

En los siguientes meses, la conducción de la política monetaria continuará enfrentando retos importantes:

(a) contener los efectos de los incrementos en los precios internacionales de las materias primas sobre las expectativas de inflación;

(b) acotar las presiones sobre la inflación que puedan surgir de la evolución de la demanda agregada, ya que es previsible que la holgura aún prevaleciente en los mercados de bienes y laboral vaya reduciéndose; y,

(c) propiciar que el tránsito de la economía hacia un entorno global de mayores tasas de interés resulte ordenado.

Como se puede apreciar, los retos anteriores se asocian a un entorno en donde se ha dificultado el combate a la inflación, propiciando el sesgo restrictivo que actualmente caracteriza a la política monetaria..

II. Informe sobre la Inflación Abril- Junio 2004

II.1. Evolución Reciente de la Inflación

Al cierre del segundo trimestre de 2004 la inflación general anual se ubicó en 4.37 por ciento, lo que implicó un incremento de 0.14 puntos porcentuales con relación a marzo. Este aumento se atribuye, en parte, a que ha continuado el alza en las cotizaciones internacionales de diversas materias primas que comenzó en 2003 y se intensificó en este año. Cabe señalar que estas perturbaciones son adicionales a las que impactaron a principios del año a los productos pecuarios y que surgieron a raíz de las restricciones a la importación de diversos productos cárnicos.

Los incrementos en los precios de diversas materias primas se han convertido en una presión inflacionaria a nivel mundial, particularmente en los casos de diferentes alimentos, productos metálicos y energéticos. Este fenómeno está asociado a la recuperación cíclica de la economía mundial y, de forma particular, al vigoroso crecimiento de China, así como a la incertidumbre geopolítica y a la desconfianza que ésta genera sobre las condiciones futuras de abasto de diversos energéticos.

Por su naturaleza, el comportamiento de los precios internacionales de las materias primas ha impactado los costos de producción de diversos bienes y servicios, lo cual ha incidido de manera directa sobre los precios al productor. Asimismo, estos efectos se han venido traspasando a distintos genéricos incluidos en el INPC. Al respecto, destaca lo siguiente:

(a) El incremento en los precios de las materias primas alimenticias ha afectado principalmente a los productos pecuarios incluidos en el componente no subyacente del INPC y a diversos alimentos procesados que forman parte del subíndice subyacente de las mercancías.

(b) El alza registrada en los precios de los productos metálicos ha afectado los costos de la construcción de viviendas, incidiendo en el subíndice subyacente de los servicios.

(c) La elevación que han presentado a nivel internacional los precios de los combustibles ha conducido a incrementos significativos en los precios de los bienes y servicios administrados (gas para uso doméstico, gasolinas en las fronteras y electricidad).2

Cabe señalar que el efecto al alza sobre la inflación general por los factores antes descritos fue atenuado por una reducción importante en las cotizaciones de las frutas y verduras.

Por su parte, la tendencia decreciente que ha mostrado la variación anual del subíndice de precios subyacente de los servicios distintos a la vivienda, sugiere que aún no se han manifestado presiones de consideración sobre la inflación provenientes del gasto.

No obstante, debe anotarse que el dinamismo observado por la demanda agregada puede facilitar que las perturbaciones de oferta provenientes del exterior contaminen el proceso de generación de expectativas de inflación.

II.2. Evolución de los Distintos Indicadores de Inflación

II.2.1. Inflación Anual

Al cierre del segundo trimestre de 2004, la inflación general anual se ubicó en 4.37 por ciento, mientras que al final del trimestre previo fue 4.23 por ciento. Este incremento se asocia, principalmente, con el alza persistente de las cotizaciones internacionales de diversas materias primas, que afectó la evolución de los componentes subyacente y no subyacente del INPC. Así, en junio la inflación subyacente anual fue 3.64 por ciento, 0.12 puntos porcentuales mayor a la registrada a finales del trimestre previo. Por otra parte, la inflación anual no subyacente fue 5.99 por ciento, lo que implicó un incremento de 0.21 puntos porcentuales respecto a marzo (Gráfica 1).

El alza de los precios internacionales de algunas materias primas comenzó a presentarse en 2003 y se intensificó para algunos productos durante el primer semestre de 2004 (Gráfica 2). Las principales presiones inflacionarias que se han generado en consecuencia son las siguientes:

(a) Los mayores precios de diversas materias primas alimenticias han incidido tanto en la inflación subyacente, como en la no subyacente.

En el primer caso, los efectos de estas presiones se intensificaron en el trimestre, propiciando que la variación anual de los precios del grupo de alimentos del subíndice de las mercancías aumentara de 5.12 a 5.83 por ciento entre marzo y junio. Ello explica, en buena medida, los incrementos registrados en el subíndice total de mercancías, el cual pasó de 2.78 a 3.26 por ciento en dicho periodo (Cuadro 1).

Por lo que toca al grupo de pecuarios del subíndice de precios no subyacente, el impacto fue atenuado por el proceso gradual de reversión de las perturbaciones que lo afectaron a inicios del año. Esto se dio por los efectos de las menores restricciones a la importación de productos cárnicos y por la expansión de la parvada avícola productora de huevo. En consecuencia, la variación anual del precio de los productos pecuarios se redujo con respecto a la registrada en marzo, pasando de 12.50 a 10.55 por ciento.

Finalmente, es importante resaltar que la inflación general en México se ve mayormente afectada respecto de otras economías por los incrementos en los precios de los alimentos (procesados y no procesados), dada la elevada ponderación que éstos tienen en el INPC (Recuadro 1).

(b) El aumento de los precios internacionales de diversos productos metálicos que se utilizan en la construcción residencial explica el alza en la variación anual del subíndice de la vivienda, que resultó de 0.13 puntos porcentuales entre marzo y junio (Gráfica 3).3

(c) El aumento en los precios de los energéticos a nivel internacional incidió en los tres genéricos que integran al subíndice de precios administrados (gas doméstico, electricidad y gasolinas), el cual registró una variación anual de 8.35 por ciento al cierre del trimestre.4 Lo anterior implicó un incremento de 3.19 puntos porcentuales con respecto a su nivel del trimestre previo. Este fue el factor que contribuyó en mayor medida al aumento de 0.21 puntos porcentuales que registró en el período la inflación no subyacente anual.

Las presiones sobre los precios descritas fueron contrarrestadas parcialmente por la disminución que durante el trimestre registraron las cotizaciones de las frutas y verduras (Gráfica 4). En el lapso analizado, la contribución a la inflación anual de dicho rubro pasó de -0.07 a -0.25 puntos porcentuales (Cuadro 1).5

La trayectoria descendente que ha presentado la variación anual de los servicios subyacentes distintos a la vivienda sugiere la ausencia de presiones de consideración provenientes del gasto. La tasa de variación anual de ese indicador disminuyó de 4.79 a 3.98 por ciento entre marzo y junio de 2004. Esta reducción más que compensó las presiones observadas en el subíndice de la vivienda. Así, la inflación subyacente total de los servicios pasó de 4.35 a 4.07 por ciento en los meses referidos (Cuadro 1).

Para evaluar las perspectivas de la inflación en los siguientes meses es importante considerar, primeramente, el comportamiento que podrían presentar los precios de las materias primas. En este sentido, uno de los principales factores que explica el alza en los precios de dichos bienes ha sido el incremento en su demanda proveniente del vigor con el que crece la economía mundial, en particular la china. Por tanto, en la medida en que esta última registre un crecimiento más acorde a su potencial de largo plazo, es previsible que los precios internacionales se estabilicen (Recuadro 2). A su vez, este efecto podría verse reforzado por incrementos en la oferta de materias primas como respuesta a los altos precios.

En este sentido, conviene enfatizar que el alza en las cotizaciones internacionales de las materias primas posiblemente esté reflejando un cambio en precios relativos a nivel global. Así, en la medida en que dicho proceso vaya llegando a un término, se puede anticipar que la inflación de esos precios se irá desacelerando e, inclusive, en algunos casos pudiera comenzar a revertirse. Este escenario es consistente con la trayectoria que actualmente presentan los precios de los futuros de algunos de estos productos (Gráfica 5).

Por su parte, el Banco de México se mantendrá atento para identificar y, en su caso, contener las presiones que pudieran cernirse sobre la inflación originadas del vigor que mantiene la demanda agregada.

II.2.2. Inflación Mensual

En abril, mayo y junio de 2004 la inflación general mensual resultó, respectivamente, de 0.15, -0.25 y 0.16 por ciento.6 En dichos meses la inflación registrada fue menor a la esperada por los especialistas del sector privado al cierre del primer trimestre del año (Cuadro 2). Por otra parte, al comparar dichos resultados con los correspondientes a los mismos meses del año pasado y así eliminar posibles efectos de naturaleza estacional, se tiene que la inflación resultó inferior en abril (por los menores precios agropecuarios y la mayor baja en las tarifas eléctricas), mientras que ocurrió lo contrario en mayo y junio.

Esto último es atribuible principalmente a los siguientes factores: i) el incremento en la tarifa eléctrica de alto consumo asociado al alza en los precios de los combustibles y del acero, que propició que la deflación registrada en mayo y el aumento de junio tuvieran una mayor incidencia con relación a la registrada el año pasado; y, ii) a lo largo de todo el trimestre se presentaron variaciones mensuales significativamente mayores a las del año pasado en los precios del gas doméstico, de las gasolinas en las fronteras del país y de los alimentos del subíndice subyacente de las mercancías.

Por supuesto, al igual que en el caso de la inflación anual, hay que agregar que la reducción en los precios de las frutas y verduras acotó el impacto de la inflación no subyacente en la inflación general mensual en los tres meses del trimestre.

II.2.3. Índice Nacional de Precios Productor

Al cierre del segundo trimestre de 2004, la tasa de crecimiento anual del INPP de mercancías y servicios finales sin petróleo se ubicó en 6.93 por ciento. Ello contrastó con la tasa de 5.10 por ciento que había alcanzado este indicador al finalizar el trimestre previo. Al interior del mencionado índice el concepto que registró la mayor variación anual fue el de las exportaciones, ya que de marzo a junio de 2004 pasó de 4.11 a 10.28 por ciento. Asimismo, en igual periodo la variación anual del subíndice de formación de capital aumentó de 9.52 a 14.21 por ciento. En ambos casos el incremento estuvo influido de manera importante por la depreciación de la paridad cambiaria. Por lo que toca al componente de consumo privado, la variación anual de éste se ubicó en 5.09 por ciento en junio, mientras que en marzo fue 4.50 por ciento.

Al analizarse la evolución que tuvieron en el período los conceptos del INPP de mercancías y servicios finales destaca, como ya se mencionó, el efecto que han tenido los aumentos en las cotizaciones internacionales de diversas materias primas agropecuarias, metálicas y energéticas.

II.3. Principales Determinantes de la Inflación

II.3.1. Entorno Externo

La recuperación económica mundial continuó consolidándose durante el segundo trimestre de 2004. La información disponible sugiere que el crecimiento del PIB estadounidense mantuvo un ritmo superior al potencial, si bien la fortaleza de la actividad económica fue ligeramente menor que la anticipada al inicio del trimestre. Por su parte, las economías asiáticas, especialmente China, continuaron representando un factor importante de impulso a la expansión económica mundial. En la zona del euro se observaron también señales positivas del comportamiento de la actividad económica. Por otra parte, el incremento de los precios del petróleo y otras materias primas, aunado a otros factores, dio lugar a un repunte de la inflación mundial. En este contexto, el Banco de la Reserva Federal comenzó a revertir el relajamiento de las condiciones monetarias iniciado en el año 2000.

II.3.2. Precio del Petróleo

El precio promedio del barril de petróleo tipo West Texas Intermediate (WTI) durante el segundo trimestre de 2004 fue de 38.43 dólares, es decir, 3.19 dólares más que el del período enero-marzo. El precio del crudo fue impulsado fundamentalmente por el aumento de la demanda del energético, las tensiones políticas en el Medio Oriente, y la incertidumbre en torno a la disposición y capacidad de la OPEP para aumentar la producción. Después de alcanzar niveles superiores a los 40 dólares a finales de mayo y principios de junio, las cotizaciones del crudo empezaron a disminuir tras el anuncio de aumentos en la producción de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. A esto se agregó la decisión de la OPEP de incrementar sus cuotas de producción.7 El precio promedio de la mezcla mexicana en el periodo analizado fue de 30.07 dólares por barril, esto es, 3.13 dólares mayor al observado durante el primer trimestre del año.8

II.3.3. Evolución de la Economía de los Estados Unidos

El PIB de los Estados Unidos registró un crecimiento de 3.9 por ciento a tasa trimestral anualizada durante el primer trimestre de 2004 (4.8 por ciento a tasa anual). Con la excepción de las exportaciones netas, cuya contribución a la expansión de la economía fue negativa, todos los componentes de la demanda agregada impulsaron el crecimiento del PIB. Asimismo, continuó la recomposición de la demanda que ha acompañado a la recuperación cíclica. En particular, el crecimiento de la inversión privada no residencial se mantuvo por encima del registrado por el consumo privado y la inversión residencial.

Los sectores que habían mostrado mayor rezago al inicio de la recuperación cíclica en los Estados Unidos --el mercado laboral y la producción industrial-- han venido dando signos de fortaleza durante 2004.

Si bien la actividad industrial inició su actual fase de crecimiento desde mediados de 2003, su ritmo de expansión había sido considerablemente menor que el del PIB. Esta situación se revirtió desde finales del año pasado. Durante el primero y el segundo trimestres de este año, la producción industrial creció a tasas trimestrales anualizadas de 6.6 y 6.0 por ciento respectivamente (2.9 y 5.5 por ciento a tasa anual, respectivamente), muy por encima de las registradas por el PIB, si bien en junio se observó un debilitamiento no anticipado (Gráfica 6). En este contexto, tanto la producción industrial como la manufacturera se ubicaron al final del trimestre casi a la par del nivel máximo alcanzado durante el ciclo anterior (segundo trimestre de 2000).

Otra de las variables que había tardado en mostrar señales de recuperación es el empleo. La creación mensual de puestos de trabajo comenzó a mostrar en marzo y abril un comportamiento congruente con la fuerte expansión económica en curso. Las cifras para dichos meses registraron un elevado incremento, de 353 y 324 mil empleos, respectivamente. En mayo hubo una generación adicional de 235 mil nuevas plazas. Sin embargo, en junio el aumento (112 mil empleos) fue considerablemente menor al ritmo de los tres meses previos. También es de destacarse que a pesar de la recuperación del empleo, la nómina no agrícola se ubicaba en junio por debajo de los máximos alcanzados en el ciclo anterior.

La inflación ha aumentado más rápidamente de lo previsto hace apenas unos meses, tanto por las autoridades como por los analistas privados, si bien aún se encuentra en niveles moderados. El crecimiento anual del índice de precios al consumidor durante cada uno de los meses del segundo trimestre de 2004 fue de 2.29, 3.00 y 3.22 por ciento, respectivamente. El fuerte incremento en los precios de las materias primas y en particular de los energéticos es uno de los principales determinantes del repunte inflacionario (Recuadro 3). Lo anterior se infiere al considerar que la inflación subyacente anual para los mismos meses aún se encuentra por debajo de 2 por ciento (1.77, 1.76 y 1.81 por ciento, respectivamente).

El vigor de la economía de los Estados Unidos (especialmente por el dinamismo del empleo en abril y mayo), aunado al ritmo más rápido de crecimiento de los precios y al aumento de las expectativas de inflación, se reflejaron en alzas en las tasas de interés. El incremento fue más marcado para las tasas de mayor plazo, las cuales comenzaron a descontar la inminente reversión del estímulo monetario. El alza máxima para el bono a 10 años durante el trimestre fue de 104 puntos base con respecto al cierre de marzo.9

Durante el periodo abril-junio, los índices Dow Jones y NASDAQ recuperaron las pérdidas registradas durante el trimestre previo y se ubicaron en niveles similares a los que tenían a finales de 2003. Aunque con altibajos, el dólar recuperó terreno frente a la mayoría de las divisas durante el periodo abril-junio. Así, el dólar estadounidense se apreció en 4.4 por ciento frente al yen, 1.3 por ciento contra la libra esterlina, 1.8 por ciento respecto al dólar canadiense, y 1.0 por ciento contra el euro. El tipo de cambio efectivo amplio del dólar se apreció 2.17 por ciento en ese lapso.10

El incremento de los precios del petróleo, entre otros factores, parece haber incidido en la actividad económica en los Estados Unidos en el segundo trimestre del año. El crecimiento del consumo privado, especialmente de bienes durables, se desaceleró en abril y mayo. Adicionalmente, el dato de ventas al menudeo sugiere que en junio continuó dicho patrón. Por su parte, la información a mayo sobre los pedidos de bienes de capital apunta a un crecimiento menos vigoroso que el anticipado para la inversión en equipo. Además, el déficit promedio de la balanza de bienes y servicios para el bimestre abril-mayo se situó por encima de la cifra correspondiente para el primer trimestre. En este contexto, las proyecciones de los analistas para el crecimiento del PIB se revisaron a la baja, ubicándose en 4.1 por ciento a tasa trimestral anualizada (5.1 por ciento a tasa anual) para el segundo trimestre de 2004 y en 4.5 por ciento para todo el año. Cabe destacar que, en general, los analistas consideran que la desaceleración de la economía a finales del segundo trimestre obedeció a factores atípicos y, por tanto, fue de naturaleza temporal. Debe señalarse también que, contra lo observado en los pronósticos del PIB, las proyecciones para el crecimiento de la producción industrial en 2004 y en 2005 se han ajustado al alza a lo largo de este año (Cuadro 3).

La percepción de los mercados financieros sobre el comportamiento futuro de las tasas de interés ha variado rápidamente con la disponibilidad de nueva información. Así, la publicación de algunos indicadores en junio que sugerían una menor fortaleza de la actividad económica a la anticipada al inicio del segundo trimestre, generó en los mercados la expectativa de que el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal sería más pausado de lo esperado anteriormente. Más recientemente, algunas de las declaraciones del señor Alan Greenspan durante la presentación al Congreso estadounidense del. informe semestral de política monetaria fueron interpretadas como un indicio en la dirección contraria. Naturalmente, esto se ha reflejado en la trayectoria de la curva de futuros para la tasa de fondos federales (Gráfica 7). No obstante, en general, se espera que el ciclo de acciones restrictivas por parte de la Reserva Federal será menos intenso que lo anticipado a mediados de junio.

II.3.4. Evolución de la Economía del Resto del Mundo

En la zona del euro el incremento del PIB de 2.4 por ciento a tasa trimestral anualizada en el primer trimestre (1.8 por ciento a tasa anual), excedió las expectativas de los analistas privados y de la Comisión Europea. El sector externo y el consumo privado constituyeron las principales fuentes de crecimiento. Destaca, además, el hecho de que la expansión del PIB fue dispar entre los diferentes países de la región. Los indicadores oportunos sugieren que durante el segundo trimestre de 2004 el PIB regional mantuvo un ritmo de expansión similar al del primero.11 Cabe hacer notar, por otra parte, que el mercado laboral no ha mostrado signos de recuperación (en mayo la tasa de desempleo armonizada se mantuvo en 9.0 por ciento), lo que podría afectar el consumo privado. Otro riesgo para la actividad económica se origina en los elevados precios del petróleo. Además, éstos han comenzado a reflejarse, a partir de mayo, en una inflación anual por encima de 2 por ciento. En julio, los pronósticos de consenso ubicaban el crecimiento del PIB de la zona del euro para 2004 en 1.7 por ciento.

Durante el primer trimestre de 2004, Japón registró el crecimiento económico más elevado entre los países industrializados (6.1 por ciento a tasa trimestral anualizada y 5.6 por ciento a tasa anual), gracias a la acelerada expansión de las exportaciones, a la continua fortaleza de la inversión y a la reactivación del consumo privado. El consenso de los analistas estima una expansión del PIB de 4.2 por ciento para 2004.

Las economías emergentes de Asia tuvieron otro trimestre de crecimiento elevado a principios de 2004. Esto gracias al estímulo que recibieron sus exportaciones tanto de la continua fortaleza de la economía china, como de la recuperación económica en las economías avanzadas.12 El elevado crecimiento chino ha sido también determinante en el repunte de los precios internacionales de diversas materias primas, que recientemente se ha reflejado en la inflación mundial (ver Recuadro 2). No obstante, los analistas proyectan una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la región para el segundo semestre de 2004 y el 2005.

En el curso del año pasado y del primer trimestre del actual, se registraron emisiones sustanciales de bonos de los países emergentes. Sin embargo, desde el primer trimestre de 2004 se empezó a observar una incipiente alza en los márgenes de deuda soberana, tendencia que se acentuó en abril y mayo pasados. En particular, la perspectiva de que la Reserva Federal restringiría la política monetaria tuvo el efecto inicial de reducir el apetito de los inversionistas por activos considerados de mayor riesgo, propiciando un deterioro de las condiciones de acceso a financiamiento externo para las economías emergentes.

Aunque en fechas recientes los inversionistas han aumentando ligeramente su exposición en bonos de países emergentes, persisten condiciones de financiamiento externo más restrictivas que las observadas a finales del primer trimestre. Por otra parte, es evidente que la percepción sobre la magnitud y velocidad con la cual la Reserva Federal retirará el estimulo monetario puede tener repercusiones importantes en los mercados financieros internacionales en los próximos meses. En este entorno, durante el periodo abril-junio, el índice compuesto EMBI+ aumentó en 61 puntos base.13

En general, las economías de América Latina se han beneficiado de la recuperación global y de la fuerte demanda de productos primarios. Se espera que el crecimiento del PIB de la región se acelere de 1.5 por ciento en 2003 a 4.6 por ciento este año. Cabe destacar que los analistas proyectan tasas elevadas de crecimiento para Argentina y Chile (7.5 y 5.0 por ciento, respectivamente) y una recuperación importante en el caso de Brasil (de -0.2 por ciento en 2003 a 3.4 por ciento en 2004). Al mismo tiempo, se ha observado un incremento en las expectativas de inflación en estas economías.

II.3.5. Salarios, Productividad y Empleo

Durante el segundo trimestre de 2004, los salarios contractuales nominales registraron variaciones de una magnitud similar a la observada en el trimestre previo. Por su parte, la productividad media tanto en las industrias maquiladora y manufacturera, como en el sector comercio al menudeo, presentó ganancias importantes que más que compensaron el crecimiento de las remuneraciones medias reales. Por tanto, el costo unitario de la mano de obra en las industrias referidas presentó variaciones negativas.

II.3.5.1. Salarios Contractuales

En el segundo trimestre de 2004, los salarios contractuales negociados por los empleados y obreros de empresas de jurisdicción federal registraron un incremento promedio, ponderado por el número de trabajadores, de 4.5 por ciento. Este incremento es igual al observado en el trimestre previo. En este resultado destaca el aumento de junio, que se ubicó en 5.1 por ciento. Conviene destacar que, por lo general, en junio se observan alzas salariales que superan a las registradas en los primeros cinco meses del año (Gráfica 9), lo que es atribuible a que la mayoría de los trabajadores del sector privado que realizan su revisión salarial en ese mes laboran en empresas que han tendido a otorgar, en promedio, mayores aumentos salariales en los últimos años. No obstante, es importante destacar que las cifras anteriores no parecen reflejar las condiciones de holgura que aún prevalecen en el mercado laboral.

En el periodo abril-junio de 2004, los salarios contractuales en empresas privadas mostraron alzas significativamente mayores que las observadas en igual lapso en las empresas públicas. El diferencial promedio correspondiente se ubicó en 0.7 puntos porcentuales. Por otra parte, al separar las negociaciones salariales contractuales por actividad económica, destaca que los trabajadores de las empresas manufactureras obtuvieron aumentos mayores a los conseguidos en otros sectores económicos (Cuadro 5).

II.3.5.2. Remuneraciones y Productividad

Durante el periodo enero-abril de 2004, la productividad laboral media en la industria maquiladora, manufacturera no maquiladora y en el sector comercio al menudeo mantuvo una tendencia creciente, alcanzando un aumento promedio superior al registrado por las remuneraciones medias reales. Ello causó que el costo unitario de la mano de obra (CUMO) registrara variaciones negativas en las actividades señaladas.

En el caso de la industria manufacturera no maquiladora, la productividad laboral media mostró un crecimiento promedio a tasa anual de 6.5 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2004, con lo que se prolongó la tendencia creciente mostrada por este indicador desde el segundo semestre de 2003. Por su parte, aún cuando las remuneraciones medias reales tuvieron variaciones anuales positivas en el cuatrimestre (1.2 por ciento), éstas resultaron compensadas por aumentos en la productividad laboral. En consecuencia, en el periodo enero-abril el costo unitario de la mano de obra mantuvo una trayectoria descendente (disminuyó 4.8 por ciento en promedio). De continuar la fortaleza de la producción en el sector manufacturero, podría esperarse una mayor expansión del empleo, lo cual probablemente se reflejaría en una desaceleración de la productividad media (Gráfica 10).

Por otro lado, la productividad media en la industria maquiladora ha tenido tasas de crecimiento positivas en el transcurso del año, promediando en el lapso enero-abril de 2004 3.6 por ciento (Cuadro 6). Paralelamente, las remuneraciones medias en dicha industria continuaron mostrando incrementos reales (2.1 por ciento). Por tanto, considerando el dato de la productividad se obtiene una reducción promedio del costo unitario de la mano de obra de 1.4 por ciento (Gráfica 11).

En lo que toca a la productividad media en el sector comercio al menudeo, ésta se mantuvo en la trayectoria ascendente que se inició a principios de 2003, alcanzando un aumento de 9.4 por ciento en el primer cuatrimestre de 2004. Dicho comportamiento se debe, en parte, a una tendencia creciente de las ventas reales impulsada por la fortaleza que ha mantenido el consumo, que a su vez se ha beneficiado de una mayor disponibilidad de crédito. Las ganancias en la productividad media en el comercio al menudeo son atribuibles principalmente a cambios en las estructura del sector. Esto último, toda vez que durante el primer cuatrimestre del año la actividad comercial de las tiendas de autoservicio, supermercados y departamentales acentuó el desplazamiento de las tiendas de abarrotes y especializadas. Así, se ha observado una caída del empleo en éstas últimas. Por su parte, las remuneraciones por persona promediaron en el periodo un crecimiento a tasa anual de 1.3 por ciento en términos reales, cifra inferior en tres puntos porcentuales a lo observado durante el mismo lapso de 2003. Por último, el costo unitario de la mano de obra continuó a la baja, ya que en el cuatrimestre referido disminuyó en promedio 7.4 por ciento (Gráfica 12).

II.3.5.1. Empleo

La recuperación cíclica de la actividad económica propició que continuara fortaleciéndose la demanda de trabajo. Al respecto, los aspectos más destacables del comportamiento del empleo en el segundo trimestre de 2004 fueron los siguientes: a) un aumento en el número de trabajadores en el sector formal de la economía lo que, acorde a las cifras del IMSS, fue mayor en el caso de los trabajadores permanentes que en el de los eventuales; b) una mejoría del empleo formal que comprendió a varios sectores, incluyendo al manufacturero, y también abarcó a la mayoría de las entidades federativas del país; y, c) una ligera reducción de la tasa de desempleo en las áreas urbanas.

Al cierre de junio de 2004 el número de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) se ubicó en 12,414,814 personas, cifra superior en 94,999 trabajadores a la correspondiente a marzo del mismo año y en 224,022 trabajadores a la del cierre de 2003. Esta última variación es la más alta registrada para el primer semestre en los últimos cuatro años. Otro aspecto importante es que, al ajustarse las cifras por efectos estacionales, el número de trabajadores asegurados al cierre de junio alcanzó nueve meses consecutivos con aumento. De esa manera, con datos desestacionalizados de octubre de 2003 a junio de 2004 se crearon 241,826 nuevos empleos formales. De este total, 164,517 correspondieron a empleos permanentes y 77,309 a empleos eventuales urbanos. No obstante, el número de trabajadores asegurados en el IMSS aún es inferior al registrado en el 2000 (Gráfica 13b).

En el primer semestre del presente año la generación de empleos en el sector formal abarcó a la mayoría de las actividades, destacando los aumentos de la ocupación en los servicios, en la industria de la construcción y en el sector manufacturero. En particular, en esta última actividad el incremento correspondiente fue de 96 mil trabajadores (del cierre de diciembre de 2003 al cierre de junio de 2004) y resultó mayor en las siguientes cuatro divisiones de actividad: productos metálicos, maquinaria y equipo (54 mil trabajadores); textiles y prendas de vestir (13 mil personas); química y plásticos (15 mil trabajadores); y, otras industrias manufactureras (9 mil personas). A pesar de ese avance, a junio el empleo formal en la actividad manufacturera todavía presentaba un descenso de 762 mil trabajadores con relación a su nivel máximo previo, registrado en noviembre de 2000. 14

En el primer semestre de 2004 el número de trabajadores asegurados en el IMSS aumentó en 26 entidades del país en 234 mil trabajadores. En contraste, el empleo se redujo en casi 10 mil trabajadores en los restantes seis estados de la República. Cabe señalar que en el periodo transcurrido del presente año las oportunidades de empleo formal han mostrado mayor fortaleza en las entidades del norte y centro del país. En las primeras, ello es atribuible al repunte que ha registrado el nivel de actividad del sector exportador (Gráfica 14).

Un sector de la economía en el cual el empleo presentó un avance significativo en el segundo trimestre del año fue la industria maquiladora, lo que respondió a la recuperación de sus exportaciones. De hecho, con datos desestacionalizados, la mejoría de la ocupación en dicha actividad se inició desde agosto de 2003, y al cierre de abril del presente año ya se había incrementado el empleo en 47,751 trabajadores, un aumento de 4.6 por ciento.

La recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre evitó que siguiera aumentando la tasa de desempleo abierto en las áreas urbanas. Dicho indicador se redujo en los datos originales con relación a su nivel promedio del primer trimestre del año, pero se mantuvo prácticamente sin cambio al considerar cifras desestacionalizadas. De esa manera, en el segundo trimestre la tasa correspondiente fue en promedio de 3.61 por ciento, mientras que en el trimestre previo había sido de 3.86 por ciento. Con cifras desestacionalizadas, esta tasa promedio en el trimestre abril-junio fue de 3.76 por ciento, luego de que había resultado de 3.75 por ciento en el primero. Lo anterior es reflejo de que en el segundo trimestre el repunte de la demanda de trabajo en el sector formal, aunado a una mayor generación de empleos en actividades informales, permitieron absorber la oferta adicional de trabajo que se presentó en el periodo.

II.3.6. Oferta y Demanda Agregadas

Durante el segundo trimestre de 2004 continuó fortaleciéndose la actividad económica en el país. Ello fue notorio en la mejoría que mostraron tanto los indicadores de la demanda agregada, como los de producción. En el trimestre reportado, el consumo continuó su dinamismo, mientras que la inversión presentó una recuperación moderada. En lo referente a la demanda externa, sobresale que el repunte de las exportaciones resultó mayor que el observado en el primer trimestre.

Al respecto, cabe destacar que el entorno externo ha incidido significativamente en el desempeño de la economía mexicana. La fase de recuperación cíclica por la que atraviesa la economía mundial, y en particular la estadounidense, suele tener dos efectos opuestos: uno positivo sobre la demanda externa, y otro negativo, asociado al endurecimiento de las condiciones de financiamiento en las economías emergentes.

Así, por un lado, la economía nacional se ha visto favorecida por un incremento importante de sus exportaciones petroleras y no petroleras, con el consecuente efecto positivo en la producción industrial y manufacturera y en la generación de empleos. Por otro, en lo que se refiere al entorno financiero internacional, ello se ha traducido en alzas en las tasas de interés nacionales a lo largo de toda la curva de rendimientos y en presiones sobre el tipo de cambio, restringiéndose así las condiciones de financiamiento para los diferentes rubros de gasto.

El impacto neto de los efectos anteriores ha sido favorable para la expansión de la demanda agregada. Ello se debe, en parte, a que los efectos sobre los réditos y la paridad del nuevo entorno financiero se han visto atenuados por los cuantiosos flujos de ingresos petroleros y de remesas familiares, los cuales han proveído a la economía de una amplia fuente de recursos (Recuadro 4).

Por su parte, es importante señalar que ante la holgura que aún prevalece en los mercados de bienes y laboral, la expansión del gasto no ha generado presiones inflacionarias de consideración.

En síntesis, en la actividad económica del segundo trimestre de 2004 sobresalen los siguientes aspectos:

(a) La expansión del consumo fue notoria, al respecto destacan: i) las ventas al menudeo aumentaron en el bimestre abril-mayo 3.4 por ciento a tasa anual, alcanzando diecisiete meses consecutivos con tasa positiva; ii) las ventas de las tiendas de la ANTAD registraron un crecimiento anual de 8.8 por ciento, tasa muy cercana a la observada en el primer trimestre (8.6 por ciento); y, iii) las ventas internas al menudeo de vehículos presentaron una mejoría, al incrementarse 11.6 por ciento a tasa anual. Ello fue reflejo, en buena medida, de una mayor adquisición de unidades importadas.

(b) La moderada expansión del gasto de inversión continuó en el segundo trimestre de 2004, luego de que su crecimiento anual resultó de 4.5 por ciento en el primer trimestre. Este avance respondió tanto a incrementos de su componente de construcción, como del de maquinaria y equipo, si bien la mejoría de este último ha tenido altibajos. En abril, la inversión registró un aumento anual de 5.2 por ciento, lo que con datos desestacionalizados implicó seis meses seguidos con variación mensual positiva. En cuanto al gasto en construcción, éste siguió creciendo en el bimestre abril-mayo, al acrecentarse 4.8 por ciento (6.3 y 3.2 por ciento en abril y mayo, respectivamente). Al igual que en el trimestre previo y en 2003, ese comportamiento respondió en buena medida a una mayor construcción de vivienda y de obra pública en infraestructura. Por su parte, en el segundo trimestre las importaciones de bienes de capital presentaron un crecimiento anual de 8.1 por ciento, tasa superior a la de 6 por ciento en el primer trimestre.

(c) La demanda externa mostró un dinamismo significativo en el segundo trimestre de 2004, incluso superior al registrado en el primer trimestre del año. Esta evolución positiva fue notoria tanto en el crecimiento que presentaron las exportaciones no petroleras, como en las cifras de Estados Unidos relativas a sus importaciones de productos mexicanos.

(d) Por el lado de la producción, en el bimestre abril-mayo de 2004 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) presentó un crecimiento a tasa anual de 3.5 por ciento. Éste se derivó de aumentos de todos sus componentes. Se estima que en junio el crecimiento anual del IGAE haya sido significativo.

(e) La producción industrial y la manufacturera registraron en el bimestre abril-mayo tasas respectivas de crecimiento anual de 3.0 y 2.9 por ciento, a pesar de que la segunda fue afectada en dicho bimestre por un descenso anual de la producción de vehículos de la industria automotriz.15 Al cierre de mayo, la producción industrial y la manufacturera habían alcanzado, con datos desestacionalizados, incrementos acumulados de 4.27 y 4.88 por ciento con relación a septiembre del año pasado. Cabe señalar que la producción manufacturera ha mostrado un menor dinamismo que el observado por las exportaciones de ese sector, lo que podría sugerir que el repunte de la producción manufacturera dirigida al mercado interno ha sido modesto (Gráfica 15).

(f) Durante el segundo trimestre del año los indicadores sobre confianza y clima de los negocios mostraron nuevos avances. Así, el Índice de Confianza de los Analistas del Sector Privado superó en 22.7 por ciento a su nivel del segundo trimestre de 2003, mientras que en el caso del Índice de Confianza de las Empresas Manufactureras, el incremento anual fue de 10.1 por ciento. Asimismo, en el segundo trimestre de 2004, el Índice de Confianza del Consumidor alcanzó un aumento anual de 0.3 por ciento. Cabe señalar que el nivel promedio de estos tres índices en el segundo trimestre también fue superior al observado en el primero.

(g) En los meses de abril y mayo de 2004 el nivel promedio de los indicadores adelantados para la economía mexicana elaborados por el Banco de México y por The Conference Board superó al registrado en el primer trimestre del año. Asimismo, sus variaciones a tasa anual permiten anticipar que la recuperación de la actividad económica en México se mantendrá durante los próximos meses del año.

La evolución anterior de la amplia gama de indicadores sugiere que durante el segundo trimestre del año el PIB habría alcanzado un crecimiento anual mayor al del primero. Con datos desestacionalizados, ello implicaría un aumento trimestral significativo. Al interior de la demanda interna, la expansión que experimentó el gasto en consumo privado fue impulsada por los siguientes factores: una mayor disponibilidad de crédito por parte de la banca comercial y de las cadenas comerciales; la continuación de incrementos de las remuneraciones medias reales en diversos sectores de la economía; la mejoría que presentó el empleo, tanto en el sector formal, como en el informal, así como el incremento en el Índice de Confianza del Consumidor. Debe mencionarse también que el monto de remesas familiares recibidas del exterior mostró en el trimestre un importante aumento a tasa anual. Los recursos por este concepto son destinados por las familias receptoras primordialmente al gasto en consumo.

El mayor ritmo anual que mostró la producción en el segundo trimestre del año, el fortalecimiento que experimentaron las ventas internas en diversos sectores, el importante repunte que presentó la demanda externa y el avance de los distintos indicadores de confianza y de clima de negocios, incentivaron la expansión del gasto en inversión. Asimismo, el sector privado continuó beneficiándose de la mejor posición financiera que ha alcanzado en los últimos años. Ello considerando que ha ampliado el porcentaje de su deuda denominada en moneda nacional y extendido el plazo de sus obligaciones. Esta mejoría en los balances financieros del sector privado ha fortalecido su capacidad para invertir. Lo anterior contribuyó a la recuperación de dicho rubro en el trimestre de referencia.

No obstante, debe reconocerse que un factor que está desalentando una recuperación más robusta de la inversión privada es la falta de avances en la instrumentación de medidas de cambio estructural. En las diversas encuestas que periódicamente recaba el Banco de México entre el sector manufacturero, las empresas con inversión extranjera directa y los analistas económicos, se ha señalado repetidamente que dicho factor representa el principal obstáculo que impide alcanzar mayores niveles de inversión en el país (ver Recuadro 5). De instrumentarse dichas reformas se conseguirían avances de la productividad y en la competitividad de los distintos sectores de actividad económica y se aprovecharía más adecuadamente el entorno internacional favorable.

Durante el segundo trimestre de 2004 se acrecentó de manera significativa el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios. Ello es atribuible al fortalecimiento de la demanda externa, tanto de los Estados Unidos, como de otros mercados. Así, para el segundo trimestre de 2004 las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron tres trimestres consecutivos con variación anual positiva.

Con base en las consideraciones anteriores, se estima que en el segundo trimestre de 2004 el crecimiento anual del PIB haya resultado cercano a 4 por ciento.16

II.3.7. Balanza de Pagos y Flujos de Capital

Durante el segundo trimestre de 2004 la evolución del sector externo de la economía mexicana se vio influida tanto por factores externos como internos. Entre los primeros destacó, por un lado, la expansión de la actividad económica mundial, principalmente la de los Estados Unidos. Ello propició un mayor crecimiento de las exportaciones manufactureras las cuales, por su contenido importado, también incentivaron las compras de insumos del exterior; por otro, la gran incertidumbre que prevaleció en el mercado petrolero internacional, aunada al incremento de la demanda por ese energético en respuesta a la mayor actividad económica mundial, condujeron a un elevado precio internacional del crudo y a que se acrecentara el valor de las exportaciones petroleras nacionales. En el escenario interno, el fortalecimiento de la actividad económica nacional se reflejó en un aumento de las importaciones de mercancías. Estas condiciones implicaron que en el segundo trimestre del año los déficit de balanza comercial y de cuenta corriente se redujeran significativamente con respecto a los registrados en el segundo trimestre de 2003.

En el segundo trimestre las exportaciones de mercancías crecieron 17.5 por ciento con relación a su nivel de igual periodo del año pasado. Ello reflejó aumentos de 15.6 por ciento de las exportaciones no petroleras y de 33.5 por ciento de las petroleras. En el lapso analizado las importaciones se expandieron a una tasa anual de 15.8 por ciento, que se originó de incrementos en sus tres componentes. Así, las importaciones de bienes intermedios crecieron 16.1 por ciento, las de bienes de consumo 21.8 por ciento y las de bienes de capital 8.1 por ciento.

Las series desestacionalizadas de comercio exterior muestran que en el segundo trimestre del año tuvo lugar un importante repunte de las exportaciones e importaciones de mercancías. En cuanto a las primeras, ese desempeño reflejó la continuación del avance que habían iniciado desde la segunda mitad del año pasado, sobresaliendo la evolución de las exportaciones no petroleras y, en particular, la de bienes manufacturados. Por el lado de las importaciones, las de bienes intermedios y de consumo siguieron acrecentándose de manera significativa, en tanto que el incremento de las de bienes de capital fue más moderado.

En el bimestre abril-mayo de 2004 las exportaciones de productos mexicanos a los Estados Unidos registraron un dinamismo importante, expandiéndose a una tasa anual de 12.9 por ciento. No obstante, ese aumento resultó más reducido que el de 17.98 por ciento de las exportaciones del conjunto de los otros socios comerciales de ese país. Consecuentemente, la participación de las ventas de productos mexicanos dentro de las importaciones de Estados Unidos descendió de 11.00 por ciento en el bimestre abril-mayo de 2003, a 10.83 por ciento en igual periodo del año en curso. Dicho resultado se vio influido por el menor ritmo de las exportaciones del sector automotriz.

El debilitamiento de la posición competitiva de México en ese mercado y, en general, en los mercados internacionales, está siendo influida por la postergación de la adopción de las medidas de cambio estructural todavía pendientes (ver Recuadro 5). Como se ha señalado, este hecho ha desincentivado la inversión y la modernización de los procesos productivos, afectando consecuentemente la productividad. Además, esa inmovilidad ha propiciado que no se aproveche en su totalidad el acceso preferencial que, en virtud de los acuerdos comerciales internacionales que se han suscrito, tiene el país en diversos mercados.

El déficit de la balanza comercial sumó en el segundo trimestre 950 millones de dólares. Como ya se mencionó, ese saldo deficitario reflejó tanto el elevado precio internacional del petróleo, como un importante incremento de la demanda externa por productos no petroleros que, conjuntamente, más que compensaron el aumento en las importaciones. El déficit referido resultó inferior al de 1,407 millones observado en el segundo trimestre de 2003. No obstante, cabe señalar que en el segundo trimestre el déficit comercial sin exportaciones petroleras alcanzó 6,644 millones de dólares, cifra que se compara con la de 5,673 millones registrada en el mismo lapso de 2003.

El ingreso de recursos al país por concepto de remesas familiares continuó aumentando en el segundo trimestre del año. En ese periodo, esos recursos sumaron 4,506 millones de dólares, cifra que implicó un incremento de 29.1 por ciento con relación al dato del periodo comparable de 2003. Con lo anterior, en los primeros seis meses del año el flujo referido alcanzó 7,878. millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 25.9 por ciento. A su vez, lo anterior fue resultado de 24.3 millones de transacciones con un valor promedio de 324 dólares. El monto referido de remesas es equivalente a más de cuatro quintas partes de los ingresos por las exportaciones de petróleo crudo efectuadas en ese periodo.

Los resultados anteriores, aunados a la información parcial disponible de otros rubros, permiten estimar que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos del segundo trimestre de 2004 se haya ubicado en alrededor de 0.5 miles de millones de dólares. Como se ha dicho, ello reflejó tanto el aumento de las exportaciones petroleras, como el dinamismo de las remesas familiares y la presencia de factores estacionales. Cabe señalar que dicho saldo deficitario fue menor que los observados en igual trimestre de 2003 y en el primer trimestre de 2004. Con lo anterior, el déficit de la cuenta corriente en el primer semestre del presente año sumaría aproximadamente 2.3 miles de millones de dólares.

En el segundo trimestre de 2004, la cuenta de capital de la balanza de pagos (incluyendo errores y omisiones) registró un modesto superávit de 0.6 miles de millones de dólares. Destaca en el periodo un moderado flujo positivo de inversión extranjera, que fue resultado de la combinación de una entrada de recursos por inversión extranjera directa y una salida de inversión de cartera (mercado accionario y de dinero). Por otro lado, en el trimestre objeto de este Informe, el Gobierno Federal efectuó un intercambio de bonos globales en los mercados internacionales. Tal operación implicó la cancelación de pasivos por aproximadamente 3,050 millones de dólares a valor nominal, a cambio de nuevos bonos por 2,870 millones. Con ello se logró, además de una disminución en el saldo total de la deuda externa, mejorar el perfil de vencimientos, generar ahorros en el pago de intereses e incrementar la proporción dentro del total de los Bonos del Gobierno Federal que cuentan con la Cláusula de Acción Colectiva (CAC). Lo anterior responde a la estrategia del Gobierno Federal de reducir el costo de la deuda y mejorar su perfil de vencimientos.

En resumen, la balanza de pagos en el segundo trimestre de 2004 se caracterizó por los siguientes resultados: un reducido déficit en la cuenta corriente de aproximadamente 0.5 miles de millones de dólares; un modesto superávit de 0.6 miles de millones en la cuenta de capital (incluyendo errores y omisiones); y una acumulación pequeña de reservas internacionales por 79 millones de dólares.

II.4. La Política Monetaria durante el Segundo Trimestre de 2004

II.4.1. Acciones de Política Monetaria

El esquema de política monetaria seguido por el Banco de México es uno de objetivos de inflación. Como se ha discutido en ocasiones anteriores, un elemento esencial de este esquema es la identificación del origen de las presiones sobre la inflación. La importancia de lo anterior obedece a que la respuesta de política monetaria depende de la naturaleza de dichas presiones: si provienen del lado de la oferta, se recomienda acomodar el efecto de una sola vez sobre el nivel de precios, vigilando que no se generen efectos de segundo orden; si, por el contrario, tienen su origen en la demanda, se aconseja reaccionar oportunamente para evitar un aumento generalizado de los precios.

Como se indicó en el Informe sobre la Inflación anterior, durante los primeros meses del año se experimentaron diversas presiones de oferta sobre la inflación que impactaron los precios de algunos genéricos incluidos en el subíndice no subyacente. A su vez, ello propició un incremento en las expectativas de inflación, principalmente de las correspondientes al cierre de 2004 (Gráfica 18). Por tanto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió restringir la política monetaria, incrementando el ``corto'' en dos ocasiones: el 20 de febrero lo aumentó de 25 a 29 millones de pesos diarios y el 12 de marzo lo hizo de 29 a 33 millones de pesos.

Los efectos de estas acciones sobre la postura monetaria se pueden apreciar en el ``aplanamiento'' que registró la curva promedio de rendimientos de enero a marzo y que se muestra en la Gráfica 19a. En particular, la tasa de interés de fondeo bancario se incrementó de manera considerable, cerrando el primer trimestre en niveles alrededor de 140 puntos base por arriba del mínimo registrado a principios del año.

Por su parte, durante los últimos meses la política monetaria ha enfrentado retos importantes, entre los cuales conviene destacar:

(a) acotar los efectos sobre las expectativas de inflación derivados del alza en los precios internacionales de las materias primas;

(b) estar vigilante para, en su caso, contener las presiones cíclicas sobre la inflación que puedan surgir del vigor que sostiene la demanda agregada; y,

(c) propiciar que el tránsito de la economía hacia un entorno de mayores tasas de interés externas sea ordenado.

En virtud del ajuste en las tasas de interés nacionales que ha propiciado el entorno externo, es conveniente elaborar en éste. Como se ha mencionado, la información económica que se dio a conocer a principios de abril en los Estados Unidos y que confirmaba que se consolidaba la recuperación de esa economía, comenzó a generar expectativas de que la Reserva Federal iniciaría un ciclo de acciones encaminadas a reducir las condiciones existentes de holgura monetaria con mayor intensidad y rapidez que lo anticipado hasta entonces. Este cambio de perspectivas sobre la política de la Reserva Federal modificó de manera considerable el entorno financiero, conduciendo a una elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos y a nivel global.

Este nuevo entorno ha tenido efectos considerables sobre la actitud de los inversionistas en los mercados internacionales, ya que ha conducido a una mayor aversión al riesgo y, consecuentemente, a una recomposición de carteras. Como resultado, las economías emergentes han enfrentado incrementos en los niveles y volatilidad de sus diferenciales de tasas de interés y, por tanto, un deterioro en sus condiciones de acceso a financiamiento.

En los siguientes meses, las condiciones en los mercados financieros internacionales dependerán en gran medida de las perspectivas en torno a la velocidad e intensidad del ciclo de acciones por parte de la Reserva Federal. En este contexto, conviene resaltar lo rápido que pueden cambiar las expectativas a ese respecto. Por ejemplo, la publicación en los Estados Unidos de diferentes indicadores económicos correspondientes a junio y que sugerían una posible moderación del crecimiento de la demanda agregada, dio lugar a que las tasas de interés en ese país se redujeran hacia finales del segundo trimestre y de manera más marcada a principios de julio. Posteriormente, a raíz del Comunicado de Prensa del 20 de julio de la Reserva Federal, en donde se hizo un señalamiento ha efecto de que el estímulo monetario se ha tornado cada vez más innecesario, las tasas de interés mostraron un moderado repunte.

En general, puede decirse que actualmente los mercados anticipan que el ritmo con el que la Reserva Federal continuará retirando el estímulo monetario será más pausado que lo previsto a mediados de junio, lo que se puede apreciar de la curva de futuros para la tasa de fondos federales durante las últimas semanas (ver Gráfica 7).

Claramente, al estar la economía de México integrada a los mercados de bienes y de capitales mundiales, no puede sustraerse de las nuevas condiciones monetarias externas, las cuales se transfieren a nuestra economía a través de las diferentes cuentas de la balanza de pagos. Ello ya ha venido sucediendo y durante el segundo trimestre del año se reflejó en incrementos en las tasas de interés a lo largo de toda la curva de rendimientos y en ciertas presiones a que el tipo de cambio se depreciara (Gráfica 19a y Gráfica 20).

En este contexto, un reto fundamental para la conducción de la política monetaria es propiciar que el tránsito de la economía a un entorno de mayores tasas de interés sea ordenado. Esto cobra relevancia al considerar que el alza en los réditos, particularmente para plazos mayores, puede obedecer a diferentes motivos: incrementos en la productividad marginal del capital, que se reflejan en mayores tasas reales de interés (y que son propios de la fase del ciclo por la que atraviesan las economías mundial y nacional), en las expectativas de inflación de largo plazo y/ó en las diferentes primas de riesgo. A este respecto, el análisis de los movimientos recientes en la curva de rendimientos se complica por el hecho de que, en episodios anteriores de alzas en las tasas de interés internacionales, los instrumentos financieros no tenían la duración promedio actual. Así, es posible que el incremento en las tasas de interés de los valores de mayor plazo refleje, en parte, un alza en primas de riesgo y liquidez.

Por supuesto, en la medida en que la política monetaria sea exitosa en conducir a la inflación hacia su objetivo, los posibles aumentos en las expectativas de inflación de largo plazo y/ó en las primas de riesgo quedarán mayormente acotados. En ese caso, el ajuste de las tasas de interés nacionales para plazos mayores ante las nuevas condiciones monetarias externas será más ordenado y de menor magnitud, al tiempo que reflejará principalmente los incrementos previsibles en las tasas reales de interés propios de cualquier recuperación económica.

En este entorno, y en virtud de las diferentes presiones que se han cernido sobre la inflación, el Banco de México ha venido restringiendo la postura monetaria. En particular, en el Comunicado de Prensa del 23 de abril el Instituto Central expresó que ante el incremento que se había presentado en las expectativas de inflación y el alza en las tasas de interés externas, no era deseable que se relajaran las condiciones monetarias internas. Sin embargo, posterior a su publicación, se observó una marcada reducción en la tasa de fondeo, por lo que el 27 de abril la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar el ``corto'' de 33 a 37 millones de pesos diarios. Como resultado de ello, se revirtió la reducción en dicha tasa (Gráfica 19b).17

Posteriormente, las tasas de interés de fondeo volvieron a ajustarse en dos ocasiones: primeramente, en respuesta a la primera acción tomada por la Reserva Federal para elevar las tasas de interés de corto plazo en ese país y, la semana previa a la publicación de este Informe, como consecuencia de la acción tomada por el Banco de México para restringir la postura monetaria. Como resultado de estos ajustes, se ha propiciado un nuevo ``aplanamiento'' de la curva de rendimientos en nuestro país, reflejando el sesgo restrictivo que actualmente caracteriza a la política monetaria. Ello se puede apreciar en la Gráfica 21.

En este contexto, en los siguientes meses el Banco de México se mantendrá atento a fin de tomar las medidas necesarias para coadyuvar al proceso de convergencia de la inflación hacia su meta.

II.5. Agregados Monetarios y Crediticios

II.5.1. Base Monetaria, Crédito Interno Neto y Activos Internacionales

Durante el segundo trimestre del 2004, la base monetaria creció en promedio a una tasa anual de 13 por ciento, crecimiento inferior en 0.2 y 6.3 puntos porcentuales al observado en el trimestre previo y en el segundo trimestre de 2003, respectivamente.18 Esto apunta, como se ha señalado en informes previos, a un menor dinamismo en el proceso de remonetización que se originó tras la importante tendencia a la baja que mostraron las tasas de interés en los últimos años (Gráfica 22a).

El incremento de la base monetaria durante abril-junio fue de 11.4 miles de millones de pesos. En dicho lapso, los activos internacionales se contrajeron 1.2 miles de millones de dólares, con lo que su saldo al 30 de junio fue de 60.5 miles de millones de dólares. Como resultado de lo anterior, el crédito interno neto del Banco de México aumentó 24.6 miles de millones de pesos en el segundo trimestre del año.

Al igual que en periodos anteriores, la principal fuente de acumulación de reservas internacionales durante el segundo. trimestre fueron las ventas de divisas de PEMEX (2,484 millones de dólares). Cabe señalar que a lo largo del 2004, esta paraestatal ha recurrido a la colocación de deuda en el mercado interno para financiar PIDIREGAS.19 Ello le ha permitido diversificar sus fuentes de financiamiento, disminuyendo en el margen las colocaciones que tradicionalmente se realizaban en el exterior. En cuanto a los usos de reservas internacionales durante el segundo trimestre, destaca la venta de dólares a través del mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales (1,892 millones de dólares) y la adquisición de 1,446 millones de dólares por parte del Gobierno Federal para hacer frente al servicio de su deuda externa. Es oportuno resaltar que el mencionado mecanismo ha permitido atenuar el ritmo de acumulación de las reservas internacionales (Gráfica 22b).

II.5.2. Agregados Monetarios y Financiamiento

En los últimos meses el ahorro en los mercados financieros internos se ha caracterizado por un mayor dinamismo, lo que ha respondido tanto a elementos coyunturales como estructurales. Respecto a los primeros, destaca la recuperación cíclica de la actividad económica (Gráfica 23a). En cuanto a los estructurales, cabe señalar las diversas reformas en materia financiera adoptadas en los últimos años y el avance hacia una inflación baja y estable, con su consecuente impulso a la profundización financiera. Así, durante los primeros cinco meses del año los agregados monetarios, tanto estrechos como amplios, han mantenido un crecimiento vigoroso (mayor al 7 por ciento real anual) (Gráfica 23b).

El crédito bancario a los hogares ha mantenido su vigor, si bien parte de una base reducida. Así, mientras que el crédito directo al consumo ha registrado nueve meses consecutivos con variaciones reales anuales superiores al 35 por ciento, el destinado a la vivienda ha repuntado en los últimos meses (variación real anual de 6.2 por ciento en mayo).20 Al respecto, el crédito de la banca comercial a los intermediarios financieros no bancarios, agrupado por el tipo de financiamiento que éstos otorgan, representa el 14.2 y 26.8 por ciento del saldo del crédito canalizado por la banca al consumo y a la vivienda, respectivamente.21 Así, al considerar tanto el crédito directo de la banca comercial a la vivienda, como el que ésta otorga a las Sofoles inmobiliarias, la recuperación del crédito al sector de los hogares es aún mayor (Gráfica 24b).22

Por otro lado, aún no se aprecia un incremento importante en el financiamiento total a empresas. Al respecto, destaca que la contracción presentada en el financiamiento bancario en los últimos años ha sido compensada, parcialmente, por la colocación de valores (Gráfica 25a). No obstante, ante el incremento en las tasas de interés en los últimos meses, el ritmo de emisión de instrumentos de deuda interna ha disminuido significativamente. Así, en el segundo trimestre del año sólo se realizaron cinco colocaciones privadas de certificados bursátiles de mediano plazo, por un total de 2 mil millones de pesos, cuando en el primero se llevaron a cabo 15 emisiones por 12.6 miles de millones de pesos.

III. Prespectivas del Sector Privado para 200423

III.1. Pronósticos sobre la Actividad Económica y sobre otras Variables que Influyen en la Inflación

En general, durante el segundo trimestre de 2004 la evolución de las expectativas de los analistas del sector privado se caracterizó por los siguientes aspectos: a) una disminución de la inflación esperada para el presente año; b) una importante revisión al alza del pronóstico de crecimiento económico en el año, con su consecuente impacto favorable en el empleo formal; y c) una mejoría de los indicadores de confianza y de clima de negocios.

En lo particular, en los pronósticos de los especialistas sobresale: i) el crecimiento esperado del PIB para el presente año resultó de 3.93 por ciento en junio, cifra superior a la de 3.23 por ciento recabada en la encuesta de marzo (Cuadro 9); ii) el crecimiento previsto en 2004 para el consumo privado se ubicó en junio en 4.01 por ciento, mientras que en marzo pasado había resultado de 3.42 por ciento. Asimismo, en el trimestre se elevó el crecimiento estimado de la inversión privada, de 3.96 a 5.40 por ciento; iii) se calcula que en 2004 se generarán 376 mil empleos formales y la cifra correspondiente para 2005 es de 444 mil puestos de trabajo; iv) las expectativas acerca de las tasas de interés que prevalecerán en el país durante los próximos meses se revisaron de manera moderada al alza; v) el nivel esperado para el tipo de cambio del peso mexicano al cierre de 2004 también se ajustó ligeramente al alza; y, vi) se estiman saldos deficitarios en 2004 y 2005 de las balanzas comercial y de la cuenta corriente significativamente menores a los anticipados en marzo de este año.

En las previsiones de los analistas económicos del sector privado también sobresale una mejoría en el trimestre del nivel promedio del Índice de Confianza y de Clima de Negocios de los Analistas Económicos del Sector Privado que elabora el Banco de México. También destaca que los especialistas continúan subrayando la necesidad de avanzar en materia de cambio estructural para inducir mayores niveles de inversión en el país.

III.2. Expectativas sobre la Inflación

Durante el segundo trimestre del año los especialistas del sector privado revisaron a la baja sus expectativas sobre la inflación general en 2004. Así, el pronóstico para el año resultó de 4.08 por ciento en la encuesta de junio, tasa inferior a la prevista en marzo pasado (4.23 por ciento). En lo referente a la previsión para la inflación subyacente al cierre de año, ésta se ubicó en 3.65 por ciento en la encuesta de junio. Por otra parte, las expectativas de inflación para los próximos doce meses, 2005, 2006 y el promedio en el periodo 2005-2008 fueron de 4.02, 3.78, 3.75 y 3.69 por ciento, respectivamente. Cabe destacar que las expectativas para horizontes más largos todavía se ubican en niveles elevados con relación a la meta establecida de 3 por ciento por el Banco de México.

IV. Balance de Riesgos y Conclusiones

El escenario que el Banco de México anticipa para el resto de 2004 se sustenta en los siguientes supuestos:

(a) Se mantiene la recuperación de la economía de los Estados Unidos en el segundo semestre de 2004 y en 2005, pese a que la última información disponible ha conducido a que diversos analistas revisen ligeramente a la baja su pronóstico de crecimiento. Actualmente, el promedio de dichos pronósticos para 2004 se sitúa en 4.5 por ciento (cifra aún superior a las estimaciones de crecimiento de su PIB potencial). En cuanto a la producción industrial, se prevé una mayor expansión en 2004, la cual pasó de una estimación de 4.9 por ciento a finales del primer trimestre, a 5.3 por ciento actualmente.

(b) El entorno internacional de mayor astringencia monetaria ha conducido a un alza generalizada de las tasas de interés nacionales. No obstante, como ya se comentó, los efectos de este entorno sobre el gasto se han visto atenuados por los amplios recursos provenientes de los ingresos petroleros y las remesas familiares.

(c) Se anticipa un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo para 2004 de entre 28 y 29 dólares por barril.

Con base en estos elementos y en la información más reciente sobre la evolución de la economía mexicana, el ejercicio de pronóstico arroja el siguiente escenario:

Crecimiento Económico: Se incrementa la estimación del crecimiento real del PIB en 2004, para situarse en un intervalo de 3.75 a 4.25 por ciento.

Empleo: Para el presente año se estima una generación de empleos en el sector formal cercana a las 450 mil plazas.

Cuenta Corriente: Se prevé que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se ubique ligeramente por arriba de 1 por ciento del PIB. Esta cifra se ve influida tanto por el entorno de elevados precios internacionales del crudo, como por la magnitud de los flujos de remesas familiares que se han venido registrando.

Inflación: Si bien durante 2004 ha habido una diversidad de perturbaciones que han impactado la inflación, se espera que en los siguientes meses sean principalmente tres los factores que pudieran afectarla, dos de los cuales se originan del entorno externo que prevalece actualmente.

En primer lugar, uno de los principales retos que enfrenta actualmente el combate a la inflación se asocia al alza de las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. Este proceso se deriva, en parte, de un posible cambio de precios relativos favorable a dichos bienes a nivel mundial. No obstante, como se comentó en secciones anteriores, existen diferentes razones que permiten suponer que, eventualmente, estas presiones comenzarán a ceder.

En segundo lugar, persisten expectativas cambiantes en cuanto a la magnitud e intensidad del ciclo de acciones por parte de la Reserva Federal. En particular, de volverse más adverso el entorno inflacionario en los Estados Unidos, se podría incrementar la volatilidad en los mercados financieros internacionales y, por tanto, en los nuestros. En este contexto, un reto fundamental para la conducción de la política monetaria es propiciar que el tránsito de la economía a un entorno de mayores tasas de interés resulte ordenado.

Finalmente, a pesar de que aún no se perciben presiones inflacionarias de consideración propias de la fase del ciclo por la que atraviesa la economía mexicana, dichas presiones no pueden descartarse en caso de sostenerse el vigor de la demanda agregada.

Con base en las consideraciones anteriores, el escenario inercial que se anticipa para los distintos subíndices que componen al INPC es el siguiente:

(a) Se espera que en los siguientes meses la inflación subyacente total presente cierta tendencia lateral, para posteriormente retomar de forma gradual su tendencia a la baja. La persistencia que ha mostrado y se espera continúe registrando en los siguientes meses dicha inflación es resultado de dos tendencias contrapuestas, en las cuales se abunda en los siguientes dos incisos.

(b) En primer lugar, la inflación subyacente de las mercancías ha mostrado una tendencia creciente, determinada en gran medida por la evolución de los precios de los alimentos. Ello, como se ha mencionado, se debe fundamentalmente al alza en las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. Si bien los mercados a futuro anticipan que eventualmente esta influencia comenzará a ceder, es previsible que los precios de los alimentos continúen incrementándose por algún tiempo. Adicionalmente, las presiones sobre los precios de las mercancías (tanto alimentos como otras mercancías) podrían verse intensificadas de incrementarse el traspaso de la depreciación cambiaria a raíz de la fase del ciclo por la que atraviesa la economía.

(c) La evolución de la inflación anual subyacente de los servicios distintos de la vivienda muestra que la economía sigue mostrando una tendencia de largo plazo hacia la reducción de la inflación. No obstante, es importante reiterar la necesidad de que los incrementos salariales en términos reales reflejen los incrementos esperados en la productividad.

(d) Por lo que toca a las perspectivas del subíndice de la vivienda destacan dos tendencias que se contraponen y se equilibran: por un lado, las presiones derivadas del alza en el precio internacional de algunos insumos de la construcción residencial, tales como los productos metálicos; y, por otro, la moderación de las rentas, en respuesta a la mayor oferta de casas-habitación con un acceso creciente al financiamiento. Como resultado de estos factores, se anticipa que este subíndice de precios muestre cierta resistencia a la baja en los siguientes meses.

(e) En lo que se refiere a la inflación no subyacente, la volatilidad de las variaciones de los diferentes subíndices que la componen, así como lo imprevisible de las perturbaciones que la afectan, dificultan una evaluación precisa de sus perspectivas. Sin embargo, deben resaltarse, entre otros, los siguientes factores: i) en los siguientes meses continuarán revirtiéndose, si bien lentamente, los efectos de los choques a los precios de los productos pecuarios provenientes de las restricciones que se impusieron a la importación de productos cárnicos a principios del año; ii) los mercados a futuros sugieren una ligera reversión del alza observada en los precios de los energéticos; y, iii) las frutas y verduras han acumulado seis meses con variaciones mensuales negativas; este inusual fenómeno podría revertirse en el futuro próximo. Con todo, en ausencia de choques de oferta adicionales se anticipa que la inflación no subyacente anual se reduzca hacia principios del próximo año.

Como se puede apreciar, el entorno inflacionario se ha tornado más adverso, lo cual se ha reflejado en el hecho de que las expectativas de la inflación para los siguientes doce meses se han incrementado en las últimas semanas, mientras que las correspondientes al mediano y largo plazos se mantienen por arriba de la meta.

Por tanto, la Junta de Gobierno del Banco de México ha tomado diversas medidas para incorporar un sesgo restrictivo en la política monetaria. En particular, el Instituto Central ha venido reiterando la necesidad de que las condiciones monetarias internas se vayan restringiendo.

En este contexto, el Banco de México enfrenta retos importantes. Por un lado, debe vigilar que los choques de oferta originados en el exterior, esto es, el alza en los precios de las materias primas y un entorno financiero externo menos favorable, no contaminen las expectativas de inflación. Por otro, debe estar atento para acotar oportunamente las presiones cíclicas, provenientes de la recuperación de la demanda agregada, que pudieren cernirse sobre la inflación.

Es importante destacar que el escenario macroeconómico previsto está sujeto a dos tipos de factores de incertidumbre los cuales, por su naturaleza, operan en sentido opuesto: por un lado, aquéllos que pueden afectar el crecimiento y, por otro, aquéllos que pudiesen impactar la inflación.

En cuanto al primero, la información más reciente apunta a que la expansión de la demanda agregada en los Estados Unidos se ha desacelerado ligeramente. En este sentido, un factor de riesgo sobre la economía nacional sería que el crecimiento de la economía de nuestro principal socio comercial se debilitara significativamente, lo cual afectaría la demanda por nuestras exportaciones.

Para evaluar las posibles repercusiones de dicho escenario, cabe señalar que una parte muy importante de la reciente expansión económica nacional tiene su origen en factores externos (ver Recuadro 4). Esto refleja el hecho de que, en la actualidad, la reactivación de las fuentes internas de crecimiento es insuficiente. Así, de materializarse este factor de riesgo, las estimaciones de crecimiento y de generación de empleos se verían afectadas.

Esta reflexión es propicia para insistir en que la expansión económica y la creación de empleos contempladas en el escenario macroeconómico distan de ser las necesarias para combatir con eficacia la pobreza y otros rezagos sociales. En este sentido, para materializar el potencial de crecimiento de la economía es necesario elevar su capacidad de competir. Para ello se requiere hacer más flexible a la economía a fin de que pueda adaptarse a las condiciones de un entorno en constante transformación, que apareja una creciente competencia en el comercio internacional. Por eso, el Banco de México reitera la necesidad de alcanzar los acuerdos para la instrumentación del cambio estructural y el fortalecimiento institucional que nuestro país requiere. En la medida en que el cambio estructural se postergue, el país estará generando futuras vulnerabilidades, perdiendo terreno en el comercio y la captación de inversión internacional ante otras naciones emergentes y, sobre todo, desperdiciando una etapa de crecimiento mundial que podría traducirse en mayor bienestar y empleos para los mexicanos.

Por otra parte, también podrían materializarse diversos riesgos que pudiesen impactar la inflación. Posiblemente, el más importante sería que se recrudecieran las presiones inflacionarias en los Estados Unidos, propiciando que la Reserva Federal retirara el estímulo monetario con mayor rapidez e intensidad que lo previsto actualmente. Ello implicaría condiciones más inciertas en los mercados financieros internacionales, que pudieran traducirse en una mayor volatilidad en los mercados financieros internos.

En este contexto, y ante los riesgos descritos, el Banco de México se mantendrá atento a fin de tomar las medidas necesarias para coadyuvar al proceso de convergencia de la inflación hacia su objetivo puntual de 3 por ciento. Así, con el mantenimiento de la estabilidad de precios, el Instituto Central contribuye, de acuerdo a su mandato constitucional, a crear un entorno propicio para el desempeño adecuado de la actividad económica. Sin embargo, para traducirse en un crecimiento sostenido en el tiempo, dicho ambiente favorable debe ser complementado con otras medidas de política económica y de reforma estructural, que requieren de la voluntad y la responsabilidad de todos los actores sociales.

Notas:

1 Este panorama favorable para la economía de los Estados Unidos prevalece a pesar de que en junio se publicaron diversos datos que sugerían una desaceleración de la actividad productiva; en este sentido, la mayoría de los analistas consideran en que ello se debió a factores atípicos

2 Los precios de las gasolinas en las ciudades fronterizas se ajustan semanalmente de acuerdo a los niveles observados en la población vecina más cercana del otro lado de la frontera. En el interior de la República, dichos precios se mueven de acuerdo a un desliz predeterminado al inicio del año

3 El genérico vivienda propia del INPC se construye considerando tres estratos de ingreso mensual de las familias: hasta tres salarios mínimos, de tres a seis y de más de seis. En el cálculo del primer estrato se utiliza al Índice del Costo de la Construcción Residencial como referencia del costo de vivienda. En el segundo y el tercero el comportamiento de los valores de la vivienda proviene de una muestra de rentas.

4 En adición al efecto de los energéticos, en el caso de la electricidad la elevación de los precios del acero repercutió en una mayor cotización de las tarifas de alto consumo. Esto se debe a que para determinar la tarifa en dicho tramo, la CFE utiliza el INPP de la industria metálica básica de manera ponderada junto con los siguientes índices: INPP de maquinaria y equipo, INPP de otras industrias manufactureras y un índice del costo de los combustibles que calcula la propia CFE.

5 En particular, destacaron los precios del jitomate y del tomate verde por su elevada ponderación en el INPC y por su importante reducción.

6 La variación negativa que registró la inflación en mayo es estacional y se debe fundamentalmente a la disminución de los precios de la electricidad en algunas ciudades del norte del país a consecuencia de la entrada en vigor de las tarifas de temporada cálida..

7 Dos millones de barriles diarios en julio y medio millón adicional en agosto.

8 Al 23 de julio, el WTI y la mezcla mexicana de petróleo registraban cotizaciones de 41.71 y 32.02 dólares por barril, respectivamente.

9 Al 23 de julio, el rendimiento del bono a 10 años era de 4.44 por ciento, que se compara con cifras de 4.58 por ciento para el 30 de junio y 3.83 por ciento a finales de marzo.

10 Se refiere al tipo de cambio del dólar frente a 26 monedas ponderadas por su importancia en el comercio con los Estados Unidos. De finales de junio al 23 de julio, el tipo de cambio efectivo amplio del dólar mostró una depreciación de 0.23 por ciento.

11 De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Europea, en el período abril-junio el PIB habría crecido dentro de un intervalo de 1.2 por ciento a 2.8 por ciento a tasa trimestral anualizada.

12 La economía china creció a tasa anual de 9.6 por ciento en el segundo trimestre de 2004, variación similar a la observada en el primer trimestre

13 De finales de junio al 23 de julio, el EMBI+ cayó en 21 puntos base.

14 Cabe señalar que el empleo manufacturero afiliado al IMSS es inferior a las cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que levanta el INEGI. Ello sugiere que se ha acrecentado el empleo manufacturero en la economía informal..

15 En mayo la producción industrial creció 2.1 por ciento a tasa anual. Dicha producción se vio influida a la baja por factores atípicos, tales como el contar con un menor número de días laborables que en mayo de 2003 y por festividades que el año pasado habían caído en fin de semana. Asimismo una mayor precipitación pluvial redujo en mayo la demanda de electricidad para riego..

16 Con relación a la evolución del PIB y de la oferta y demanda agregadas, cabe señalar que la última información oficial disponible se refiere al primer trimestre de 2004. En dicho periodo sobresalió el crecimiento anual de las exportaciones de bienes y servicios (de 10.4 por ciento) y del consumo total (3.2 por ciento). Este último mantuvo su expansión, apoyado particularmente en el dinamismo del consumo privado (3.7 por ciento). En el caso de la formación bruta de capital se observó una mayor consolidación de su crecimiento (a 4.5 por ciento), que reflejó incrementos anuales de la inversión privada (4 por ciento) y pública (7.1 por ciento)..

17 Asimismo, debe resaltarse el hecho de que, a partir de dicha fecha, la volatilidad de la tasa de fondeo se ha reducido significativamente..

18 Variaciones calculadas con base en el promedio de saldos diarios

19 Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

20 Se refiere al crédito bancario directo.

21 Cabe señalar, que el financiamiento bancario otorgado a intermediarios financieros distintos de las Sofoles orientadas al consumo y vivienda es muy pequeño..

22 A mayo de 2004 la cartera vigente de las Sofoles Inmobiliarias registró una variación real anual de 28.4 por ciento y representaba el 62.3 por ciento de la cartera vigente total a la vivienda (excluyendo la cartera afecta a programas de reestructura).

23 A menos que se especifique lo contrario, los pronósticos reportados en esta sección se obtienen de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que recaba mensualmente el Banco de México.