DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 14 de octubre de 2004	Sesión No. 14

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Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 377 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:12 horas): Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría también a ordenar el cierre del tablero electrónico de votación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política con proyecto de:

- Acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República para que se abstenga de realizar declaraciones que invadan la competencia del Poder Judicial. (Votación)

Minutas

Proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66; adiciona los artículos 18 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis, 19 Bis 1, 25 Bis y 25 Bis 1; y deroga el artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004 a efecto de que realice una visita oficial a Canadá. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa para reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa por la que se expide la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Cinco, por los cuales se solicita que se incrementen las partidas de diversos rubros en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. (Turno a Comisión)

Con el que remite comunicación del Congreso del estado de Tlaxcala por el que solicita al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. (Turno a Comisión)

Con el que remite comunicación del órgano de fiscalización superior del estado de Guanajuato, por el cual solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se consideren recursos para la ejecución satisfactoria del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones fiscales, con objeto de impulsar la industria cinematográfica nacional, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 200 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

De decreto de interpretación auténtica, por el que la Cámara de Diputados aclara el primer párrafo del inciso J) de la fracción I del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de combate a la corrupción, a cargo del diputado Francisco Barrio Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad comparativa, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 U de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, relativas a los jornaleros agrícolas, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 106 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 77 del Código de Comercio, en materia de delitos mercantiles, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativas a la publicidad y comercialización de los llamados ``productos milagro'', a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 45 y 46 del Capítulo VIII, ``De las Reglas de Operación para Programas'', del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo de la diputada Laura E. Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia del impuesto a los tabacos labrados, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de marbetes y precintos para bebidas alcohólicas y cigarros, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma los artículos 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3°, 27 y 30 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración ``Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro'', que le confiere el Congreso Nacional de la República de Ecuador.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Felipe Larios Cortés, General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, Antonino Fernández Rodríguez e ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan para aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren el Gobierno de Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona y Mónica Saavedra Díaz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Graciela Balcázar Rivera y Cecilia Araceli Navarrete Laborde para prestar servicios en los Consulados Generales de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Guadalupe García Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benítez Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isaí Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Érika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Édgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estévez, Simón Baizábal Lagunes y Julio Xilo García para prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Guillermo López Moreno para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar que comparezca el secretario de Educación Pública, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informe sobre los resultados obtenidos por nuestra representación nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Semarnat en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que comparezca ante la Comisión de Salud para que exponga las acciones que está llevando a cabo la dependencia para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas.

De las Comisiones de Desarrollo Social, y de Salud, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud que se realice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del río Santiago que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados.

De las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo en relación con diversas proposiciones relacionadas con el tema de las tarifas para uso doméstico de energía eléctrica.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que, en el marco del absoluto respeto a la soberanía de los poderes del estado de Guerrero, se exhorte al Congreso del estado a buscar una solución a la solicitud de los ciudadanos del municipio de Tetipac, Guerrero.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar al procurador general de Justicia del estado de Puebla información sobre el avance que guarda la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Griselda Tirado Evangelio.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar información al procurador general de la República sobre el estado actual que guardan las investigaciones del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y reabra dicha investigación.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que elabore la norma oficial mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se disponga el otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a producir cine, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general del IMSS que investigue por qué se omitió atención médica al señor Jesús Salvador García Álvarez, trabajador de la empresa Hulera Euzkadi, SA de CV, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se audite el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo comprendido de 1967 a la fecha, a cargo del diputado Roberto Vega Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los centros integralmente planeados, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a retomar como función básica de la institución otorgar créditos para impulsar la inversión en ese sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se destinen y etiqueten 2 mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el fondo de apoyo a la cadena agroalimentaria frijol, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya una partida especial para el embovedado y saneamiento del arroyo El Orito, situado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el Canal cuente con un noticiario especializado, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos con objeto de celebrar convenios internacionales que permitan establecer medidas y mecanismos bilaterales para reducir las comisiones y proveer reglas a efecto de fijar un tipo de cambio más justo en las transferencias de remesas, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al apoyo solidario de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL, respecto al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a evitar la destrucción de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla, actualizar el programa de manejo e impulsar un paquete de inversiones destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en ese sitio, a cargo el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a llevar a cabo acciones que resuelvan la problemática ambiental de Valle de Bravo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva, al Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana a efecto de que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, la institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y el desarrollo de los hijos de las y los trabajadores de la Universidad, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Senado de la República que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la firma del acuerdo de entendimiento sobre los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento (OVM/AFP), signado por el director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a suscribir, mediante la Secretaría de Salud de dicha entidad, un convenio para que el Hospital Naval del municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de incluir el artículo 29 en el Capítulo III del Título Tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, relativo a la materia de comunicación social, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios conducentes a mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, que se cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-155SCFI-2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, se proporcione energía eléctrica a un precio acorde con las altas temperaturas, considerando que la geotermoeléctrica de Cerro Prieto está en su territorio, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre una comisión especial que verifique las condiciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos a fin de reconstruir el tramo carretero Polvorín-Alpuyeca, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a agilizar las acciones y diligencias conducentes a esclarecer los asesinatos contra periodistas en dicha entidad, a cargo de la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal en relación con el caso ``muertas de Juárez'', a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje y entregar un reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Atenas 2004, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a transferir la carretera escénica Tijuana-Ensenada al gobierno del estado de Baja California, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, acerca de las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y de la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a determinar que el megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y, en su caso, reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia en el programa Oportunidades, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 consideren en el programa anual carretero del país apoyar con 250 millones de pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con los familiares de los connacionales muertos en el incendio ocurrido en Columbus, Ohio, Estados Unidos de América; y se exhorta al Ejecutivo federal a dar seguimiento, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las investigaciones respectivas, a cargo de la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los Presidentes del Instituto Nacional de las Mujeres y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a formular y promover políticas públicas que redunden en medidas positivas y compensatorias a efecto de preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio al consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento en el gasóleo doméstico, gas LP y gas natural durante el periodo 1 de noviembre de 2004-31 de marzo de 2005, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, a efecto de conocer el aprovechamiento real del agua en el uso agrícola, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al procurador general de la República que investigue la violación del recinto legislativo del estado de Baja California por miembros de la Agencia Federal de Investigación, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora a elaborar una ley de coordinación fiscal estatal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a enviar una nota diplomática de condena al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres migrantes mexicanas acaecida en el río Bravo el pasado 23 de septiembre, suscrito por las diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a tomar las acciones conducentes a implantar el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política que instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y Niños de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a invitar a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades del estado de Oaxaca que sean investigados los servidores públicos que intervinieron en la violación de los derechos humanos y garantías individuales de la joven María, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se adicionen diversas disposiciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, acuerde e implante un programa de desconcentración administrativa del Instituto, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso del homicidio del licenciado Mario Sánchez Paniagua, ocurrido en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre maíz y biodiversidad, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a la Cámara de Diputados, y --en su caso-- sancionar, sobre el daño ocasionado en la reserva ecológica de Cuxtal, situada en el municipio de Mérida, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para formular un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a investigar sobre las concesiones otorgadas a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre los objetivos, las estructuras operativas y las obligaciones económicas de los organismos internacionales en que México participa, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas y del Gobierno Federal a efecto de que durante el actual proceso electoral no se politicen acciones y programas públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la ley y las resoluciones judiciales, así como a evitar vulnerar derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instaurar, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y con los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar el 16 de junio como Día Nacional del Federalismo, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen 150 millones de pesos a la conservación y el desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH, a la SEP y al INBA a suspender la construcción del centro comercial Wal Mart en el municipio de Teotihuacán, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las carreteras concesionadas, a cargo del diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa a expedir las disposiciones jurídicas correspondientes a cada energético agropecuario, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que las secretarías del Ejecutivo federal competentes realicen las gestiones necesarias para determinar los niveles de contaminación y sus efectos en la comunidad El Hospital, situada en el municipio de Cuautla, Morelos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo Nacional por el Agua y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realice las acciones necesarias a fin de que lo suscriban los representantes de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general, a cargo del diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ajustarse en su resolución con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California a los principios de legalidad, equidad y justicia, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento al estado que guarda la empresa Agroindustrias del Balsas, SA de CV (Fertinal), a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente a esta soberanía el documento con acuse de recibo de la protesta formulada al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres mexicanas ocurrida en la frontera norte el 23 de septiembre pasado, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los municipios del país a incorporarse en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los Poderes Ejecutivos y a las Legislaturas locales a modificar los ordenamientos jurídicos para regular el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo por violación y la prestación de los servicios de salud en esos casos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se consideren los recursos necesarios que el Ejecutivo federal destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que exponga ante la Comisión del Distrito Federal de esta H. Cámara el estado que guardan las denuncias presentadas contra ex funcionarios del gobierno local, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal de 7 mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2005, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que implante un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Sagarpa para que informe a esta Cámara respecto al estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación del Programa Especial Concurrente, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales integre una subcomisión que atienda la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplazar, mediante la Secretaría de Gobernación, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, suscrito por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al director general del ISSSTE la construcción de una clínica en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar el estado físico de la autopista de El Sol, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico, a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte que se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, a cargo de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos costeros del país a cumplir el Programa Nacional de Turismo 2000-2006, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se destine al menos 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al diseño, la instrumentación y la operación de un programa específico que atienda a desplazados internos indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones de Economía, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre el proceso electoral en el estado de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre los recientes desastres naturales en las costas de Haití, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido también publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cinco de octubre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos dieciséis diputadas y diputados, a las once horas con cuatro minutos del martes cinco de octubre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Juan de Dios Castro Lozano por la que informa que se reincorpora a sus funciones legislativas. De enterado y se le tiene por reincorporado.

Comunicaciones de los Congresos de los estados de:

Colima, con acuerdo por el que solicita se destine por lo menos el uno por ciento del producto interno bruto al desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Chihuahua, con acuerdo por el que solicita se promueva la creación de una fonoteca nacional que contenga las piezas de carácter histórico conservadas por el chihuahuense Luis Arturo Medrano. De enterado y remítase a las comisiones de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

Oaxaca, con acuerdo por el que exhorta al Presidente de la República, a interponer ante el gobierno de los Estados Unidos de América, una formal protesta por el uso de balas de goma que la Patrulla Fronteriza tiene proyectado utilizar contra migrantes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

Oaxaca, con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, no sea recortada la partida de esa entidad federativa dentro del Programa de Apoyos a Estados y Municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dos comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con acuerdos por los que:

Solicita se modifique el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se mantenga la proporción en las participaciones que el Distrito Federal recibe para el sostenimiento de la educación básica pública. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

Solicita la creación de una comisión plural encargada del cumplimiento de los requerimientos de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, relativos a la preservación de Xochimilco. De enterado y remítase a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la que informa de la elección del magistrado Eloy Fuentes Cerda como Presidente de dicho tribunal para el periodo comprendido del veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro al dos mil seis. De enterado.

Comunicación del Congreso del estado de Jalisco con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se considere un incremento en el ramo educativo para esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Congreso del estado de Jalisco remite las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma el artículo sesenta y tres de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Que reforma el artículo cincuenta y nueve de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Que adiciona el artículo treinta y tres bis y reforma los artículos cincuenta y ocho, ochenta y cuatro, ochenta y seis y ochenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

El Congreso del estado de Querétaro remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que remite solicitud de excitativa del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa que reforma el artículo doscientos veintidós y adiciona la fracción duodécima del artículo cuarenta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las once horas con doce minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El gobernador del Banco de México remite informes sobre la Política Monetaria aplicada durante el primer semestre de dos mil cuatro y la inflación del primero y segundo trimestres del mismo año. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo sesenta y nueve del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Enrique Ariel Escalante Arceo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y nueve y adiciona el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Margarito Fierros Tanos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el párrafo segundo del artículo treinta y nueve de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo trece de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, que reforma el artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Economía.

Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo nueve -- A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente, en virtud de que diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interrumpen la sesión, invadiendo la tribuna con una manta, a las once horas con cincuenta y dos minutos declara un

RECESO

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

A las once horas con treinta y cuatro minutos del jueves siete de octubre de dos mil cuatro se reanuda la sesión.

El Presidente hace comentarios sobre los hechos sucedidos el martes cinco de octubre durante la sesión, reitera su voluntad de diálogo y ratifica su compromiso de proveer las condiciones para el desarrollo de las sesiones.

Continúan la presentación de iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Patricia Garduño Morales, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de información financiera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jesús Aguilar Bueno, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; reforma el artículo ciento noventa y cuatro y adiciona el artículo doscientos sesenta y ocho bis del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un nuevo Capítulo Décimo Primero, recorriendo los subsecuentes, conteniendo un artículo treinta y dos bis, al Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que crea la Ley Reglamentaria de los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de la psensa. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Gobernación.

Martha Leticia Rivera Cisneros, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Se turna a la Comisión de Economía.

Rogelio Alejandro Flores Mejía, a nombre propio y del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, que reforma el párrafo segundo de la fracción primera del artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, que reforma el párrafo primero del artículo ciento ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita verificación de quórum y el Presidente instruye a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo diecinueve y adiciona el artículo treinta y tres del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ángel Juan Alonso Díaz - Caneja, del Partido Acción Nacional, a nombre de integrantes de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México, que adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al Apartado C del artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

Hablan desde su curul los diputados: Luis Eduardo Espinosa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar una moción suspensiva y el Presidente hace aclaraciones de procedimiento y no considera procedente la solicitud; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la dispensa de la segunda lectura del dictamen de referencia.

La Secretaría informa del registro de cuatrocientos veinticuatro diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum.

Para hablar en contra de la solicitud del diputado Gutiérrez de la Garza, se concede la palabra al diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente hace comentarios y en virtud de existir desorden en el salón, a las trece horas con diecisiete minutos declara un

RECESO

A las once horas con tres minutos del martes doce de octubre de dos mil cuatro, con el registro de cuatrocientos veintiocho diputadas y diputados, se reanuda la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al Apartado C del artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A discusión en lo general, se concede el uso de la palabra al diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer una moción suspensiva que la Asamblea desecha en votación económica.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional; y J. Jesús Lomelí Rosas, del Partido Revolucionario Institucional.

Hablan los diputados: José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en contra; José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, en pro; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones, la primera para hablar en contra y acepta interpelación del diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional, la segunda para responder alusiones personales y acepta interpelaciones de los diputados Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, y la tercera para contestar alusiones personales y acepta interpelaciones de los diputados José Guadalupe Osuna Millán y Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional; Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en pro; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, en contra; José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, en pro; Guillermo Huizar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; y Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional, en pro.

Responden alusiones personales o rectifican hechos los diputados: Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Iván García Solís y Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática; Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, y acepta interpelación del diputado Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional; y José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general en votación económica.

Desde su curul el diputado Gilberto Ensátiga Santiago solicita una moción de procedimiento que la Presidencia no considera procedente.

El Presidente informa que se reservan para su discusión en lo particular los artículos ciento veintidós, Base Sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; primero, segundo y tercero transitorios del proyecto de decreto; y la adición de un artículo transitorio al proyecto de decreto.

Se recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y nueve votos en pro, ciento dos en contra y ocho abstenciones.

Desde su curul el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento; el Presidente hace aclaraciones y no considera procedente la solicitud.

Hablan en contra del artículo ciento veintidós, Base Sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reservado, los diputados: René Arce Islas

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

y Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo reservado de referencia e instruye a la Secretaría a recoger la votación nominal respectiva.

Desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones sobre el sentido de la votación y el Presidente atiende lo solicitado.

Se aprueba la Base Sexta del Apartado C del artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos del dictamen por trescientos sesenta y cuatro votos en pro, cien en contra y ocho abstenciones.

Hablan sobre el artículo primero transitorio reservado los diputados: Luis Eduardo Espinoza Pérez

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

y Eliana García Laguna, ambos del Partido de la Revolución Democrática y en contra; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, quien propone modificaciones así como la supresión de los artículos segundo y tercero transitorios reservados.

La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo primero transitorio reservado en votación económica y de la misma forma desecha las modificaciones propuestas por el diputado González Schmal.

Por trescientos cincuenta y seis votos en pro, ciento dos en contra y ocho abstenciones se aprueba en los términos del dictamen el artículo primero transitorio del proyecto de decreto.

Hablan sobre el artículo segundo transitorio reservado los diputados: Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, y propone modificaciones; Clara Marina Brugada Molina y Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, ambos en contra.

Antes de la intervención del diputado Nahle García, desde su curul la diputada Guerra Castillo hace aclaraciones sobre su propuesta y la Presidencia toma nota.

En sendas votaciones económicas la Asamblea considera suficientemente discutido el artículo segundo transitorio reservado, desecha la supresión propuesta por el diputado González Schmal y admite las modificaciones propuestas por la diputada Guerra Castillo, previa lectura por parte de la Secretaría.

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, habla en pro de las modificaciones admitidas.

Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, mismo que se aprueba cpn las modificaciones admitidas por trescientos treinta y nueve votos en pro, ciento dieciocho en contra y catorce abstenciones.

Se concede la palabra para referirse al artículo tercero transitorio reservado a los diputados: José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, y propone modificaciones; y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, quien propone modificaciones que, con el apoyo de otros diputados de su grupo parlamentario, solicita sean votadas nominalmente.

Rectifican hechos los diputados Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática; y Emilio Serrano Jiménez, del mismo Partido, y durante su intervención hacen comentarios de procedimiento desde su curul los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace las aclaraciones que corresponden.

En sendas votaciones económicas la Asamblea considera suficientemente discutido el artículo tercero transitorio reservado, desecha la supresión propuesta por el diputado González Schmal y admite las modificaciones propuestas por el diputado Aréchiga Santamaría.

Por once votos en pro, cuatrocientos cuarenta y cuatro en contra y diez abstenciones se desechan las modificaciones propuestas por el diputado Vázquez González.

La Secretaría recoge la votación del artículo tercero transitorio del proyecto de decreto, mismo que se aprueba con las modificaciones admitidas por trescientos cincuenta y siete votos en pro, noventa y ocho en contra y trece abstenciones.

Para proponer la adición de un artículo transitorio al proyecto de decreto sube a la tribuna el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, quien con el apoyo de otros diputados solicita que la votación respectiva sea nominal. Por trece votos en pro, cuatrocientos treinta y tres en contra y dieciocho abstenciones se desecha la adición propuesta.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al Apartado C del artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo ciento doce de la Ley General de Salud y la fracción novena del artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción tercera del artículo tercero de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es de primera lectura.

Diez dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios:

Al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

Al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

A tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa.

A cuatro ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A dos ciudadanas para prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A diecisiete ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California.

A siete ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México.

A ocho ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Japón, en México.

Al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en México, con circunscripción consular en toda la República.

Son de primera lectura.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos del martes doce de octubre de dos mil cuatro, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves catorce de octubre de dos mil cuatro a las diez horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

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dictamenes negativos

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

CC Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Comisión de Salud

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Guerrero a establecer una campaña de prevención del programa VIH/ SIDA, iniciada el 12 de agosto de 2003 y suspendida una semana después, en virtud de que la campaña de prevención fue realizada en tiempo y forma, razón por lo que no ha lugar el punto de acuerdo.

Fecha de publicación 23 de febrero

Comisión de Economía

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo, que los acuerdos y reglas que se adopten en la OMC, en relación al Capítulo Agropecuario, sean vistos y sancionados por el Senado de la República, en virtud de que en la Reunión Ministerial de la OMC, el ejecutivo Federal mexicano ya se ha pronunciado por la eliminación de los subsidios a la exportación de los productos agrícolas, por lo tanto, es de considerarse atendida esta petición.

Fecha de publicación 19 de abril

Comisión de Energía

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2001, la inversión para realizar los trabajos de reconfiguración de las refinerías en Minatitlán, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, en virtud de que las causas que lo originaron han quedado resueltas, carece de materia y es extemporáneo, es improcedente.

Fecha de publicación 19 de abril

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal para detener el proceso de extradición del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, de origen español, por considerarse que el asunto expuesto ha quedado sin materia, esta Comisión lo declara concluido.

Fecha de publicación 19 de abril

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Senadores proceda al estudio y análisis de la iniciativa de Decreto enviada por el ejecutivo Federal que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de Terrorismo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se declara sin materia, en virtud de que dichas iniciativas fueron dictaminadas por el Senado de la República, el 9 de diciembre de 2003, y remitidas a esta Cámara, el día 11 del mismo, fecha en la cual fueron turnadas a esta Comisión las cuales se encuentran actualmente en estudio.

Fecha de publicación 19 de abril

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que considere al emitir su fallo sobre la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y de lesa humanidad, se declara sin materia, por considerarse que ha dejado de tener los elementos que lo justificaron.

Fecha de publicación 19 de abril

Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Secretarios de Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales para que formulen los estudios necesarios en el cauce del río Lerma-Juanacatlán, es improcedente en virtud de que las Secretarías, instituciones y dependencias ya han realizado los estudios necesarios y de igual manera establecieron políticas preventivas dirigidas a todos los sectores de la población con especial énfasis en el caso de la cuenca del río Lerma-Chapala, ya que actualmente existen diversos programas de abastecimiento y saneamiento y en especifico el Plan Maestro de dicha Cuenca.

Fecha de publicación 19 de abril

Comisión de Gobernación

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas y a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en virtud de que en fecha 3 de noviembre de 2003 se expidió y el 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ha quedado sin materia.

Fecha de publicación 20 de septiembre

Comisión de Juventud y Deporte

La proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a derogar el decreto que crea el cuerpo colegiado que se denominará Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, no es de aprobarse, la proposición hecha por el diputado promovente.

Fecha de publicación 20 de septiembre

Comisión de Marina

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina a que realice los trámites correspondientes, con el propósito de que el Hospital Naval ubicado en el municipio de Centla, forme parte del patrimonio del gobierno del estado de Tabasco y pueda prestar sus servicios de salud a la población abierta, no es procedente exhortar a la Secretaría de Marina, toda vez que ello implicaría una importante disminución en la infraestructura sanitaria naval y consecuentemente un perjuicio en la atención médica que se brinda al personal naval y a sus derechohabientes.

Fecha de publicación 1 de octubre

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2004.--- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados»

«Dictamen negativo de la Comision de Salud, del punto de acuerdo en relacion con la proposicion para restablecer la campaña de prevencion del programa VIH/sida, iniciada el 12 de agosto de 2003 y suspendida una semana despues.

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 11 de septiembre de 2003. le fue turnada a ésta Comisión de Salud para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Guerrero, a ejecutar íntegramente la campaña especifica de prevención del VIH/SIDA, presentada por el Diputado Inti Muñoz Santiani, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el articulo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los miembros de la Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX legislatura, el 11 de septiembre de 2003; el Diputado Inti Muñoz Santiani, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero, para restablecer la campaña de prevención del programa VIH/ SIDA, iniciada el 12 de agosto de 2003 y suspendida una semana después.

En la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legislatura.

En su intervención, el diputado, hace del cocimiento de la Asamblea que debido a los altos índices de casos de VIH/SIDA, detectados en el estado de Guerrero; la Secretaría de Salud de este estado lanzó una campaña para la prevención de dicha enfermedad, la cual inició el 12 de agosto y terminaría el 12 de septiembre del presente año. Sin embargo, la campaña fue suspendida una semana después de dar inicio.

En su participación, el diputado manifestó su preocupación respecto a que la suspensión de la campaña esté relacionada con cuestiones de índole religiosa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ésta Comisión dictaminadora, se dio a la tarea de investigar los hechos a los que hace mención el Diputado Inti Muñoz Santiani, llegando a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es una obligación del Estado proteger el derecho a la salud de todos los mexicanos.

Para salvaguardar este derecho es facultad de la Federación y de las entidades federativas elaborar programas tendientes a la protección de la salud y a la prevención de las enfermedades.

Sabemos que una de las formas de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana es la sexual, por lo que la información en esta materia es fundamental para proteger la salud de los individuos.

La prevención es la única forma de disminuir la incidencia en casos de VIH; razón por la cual la difusión de todas las formas de prevención es primordial.

De acuerdo con las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud los Estados deben establecer políticas preventivas dirigidas a todos los sectores de la población con especial énfasis en aquellos que se encuentran más expuestos a este tipo de infección.

Acorde a la postura de la Organización Mundial de la Salud respecto a éste tema, se debe dar prioridad a la promoción de la información de los métodos de prevención del virus en todos los medios de comunicación.

Es fundamental promover el uso correcto del condón, como método profiláctico, para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

Cada año se incrementa el número de casos de SIDA en el país. Las cifras de CONASIDA expresan que desde 1983 hasta 2002 se han reportado 68 145 casos de personas infectadas con VIH a nivel Nacional.

Según CONASIDA en el estado de Guerrero, se detectaron 1083 casos de personas infectadas con el VIH de 1995 hasta 2002.

En el mismo estado, sólo durante 2002 se reportaron 124 casos de personas con VIH.

Existe un compromiso de nuestro país para unirse en la lucha contra el SIDA, firmado en la Asamblea de las Naciones Unidas en 2000 y que nos obliga a una política global para detener ésta enfermedad.

El SIDA ocupó el lugar número 16 como causa de muerte en el país durante el año 2002, cuando en el 2001 fue ocupó el lugar 17, lo que indica que el número de contagios va en aumento.

Según las estadísticas, el rango de edad con el mayor número de fallecimientos es el de 25 a 44 años y afecta a los hombres en una proporción de seis a uno.

El SIDA, tiene un alto costo en su tratamiento debido al elevado precio de los medicamentos, y que se ve incrementado por lo prolongado del mismo,

El promedio de edad de las defunciones por SIDA en México es de 33 años, lo que implica pérdidas de vidas en su etapa económicamente activa,

La campaña en el estado de Guerrero cumple con las pautas fijadas por el plan nacional de acción 2000 -- 2006 para el control del VIH/ SIDA del Gobierno Federal.

El Gobierno mexicano ha destinado aproximadamente 816 millones de pesos para combatir la enfermedad, y que la mayor parte de esos recursos emplean en atención médica y el resto a la prevención por transmisión sanguínea y sexual.

Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud en Guerrero para difundir medidas preventivas contra el VIH/ SIDA, como el uso correcto del condón, a través de spots de radio y la publicación de información son de suma importancia para el combate de esta enfermedad.

Para poder emitir un dictamen veraz, esta comisión de Salud solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, mediante oficio no. CS/225/03, información referente a la citada campaña.

Con fecha 18 de Diciembre se recibió la respuesta a nuestra petición, en la cual, la Dra. Verónica Muñoz Parra, encargada del programa para la prevención del VIH/ Sida de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, manifiesta que la campaña se ha efectuado como se tenía previsto.

En su oficio, manifiesta, que la mencionada campaña, constaba de 3 etapas, la primera a llevarse a cabo entre los meses de julio y agosto del año 2003, integrada por la difusión de las medidas preventivas en radio y prensa escrita. La segunda etapa se llevó a cabo durante el mes de septiembre y consistió en la realización de talleres con personal de salud y de organizaciones civiles, en los que también se distribuyó material didáctico y preservativos. La tercera fase se realizaba en el mes de diciembre, encaminada a la creación de una página de Internet estatal, para dar a conocer la información actualizada sobre el VIH/ Sida; así como la implementación de una línea telefónica de información y asesoría.

Es de acuerdo a esta información que consideramos que la campaña, objeto de este dictamen se ha desarrollado conforme a lo establecido y en armonía con las políticas de prevención que requiere la enfermedad.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura emiten el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO. Se rechaza el punto de acuerdo por el que se propone restablecer la campaña de prevención del VIH/ Sida en el Estado de Guerrero, debido a que la misma fue realizada en tiempo y forma. Ésta Comisión de Salud, considera que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero ha cumplido con los programas de prevención del VIH/ Sida, razón por la que no ha lugar, el objeto del punto de acuerdo.

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo acordaron y lo firmaron los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Salud: Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado V., Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

«Dictamen negativo de la Comision de Economia, sobre la proposicion con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo que los acuerdos y las reglas que se adopten en la OMC en relacion con el Capitulo Agropecuario sean vistos y sancionados por el Senado de la Republica

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, QUE LOS ACUERDOS Y REGLAS QUE SE ADOPTEN EN LA OMC, EN RELACIÓN AL CAPÍTULO AGROPECUARIO, SEAN VISTOS Y SANCIONADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, presentada por el C. Diputado Luis Antonio Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de septiembre de 2003. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 4 de septiembre de 2003, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Luis Antonio Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/0069/03 de fecha 27 de octubre de 2003, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El legislador solicita lo siguiente:

``[...] exhortar al Poder Ejecutivo a que en la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la delegación mexicana defienda:1. La eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas, que realizan los países desarrollados, por la enorme distorsión que ocasionan en los precios internacionales de los productos agropecuarios, y que están deteriorando en forma alarmante al campo mexicano.

2. La reducción significativa de otros tipos de subsidios distorsionantes del comercio.

3. La decisión soberana del gobierno mexicano de apoyar el sector rural y el campo para el incremento de la productividad y la superación de la pobreza

4. Que no se acepte la negociación en materia agropecuaria mientras no se acuerden fórmulas para eliminar las asimetrías que dejan fuera de la competencia a los países en vías de desarrollo.

5. Que el sector campesino participe y sea consultado paso a paso, desde este momento hasta la conclusión del proceso de negociación.

6. Que el gobierno asegure todas las condiciones necesarias para que sea posible esa participación.

...

[...] se solicite al titular del Poder Ejecutivo federal que los acuerdos y reglas que se adopten en la OMC, dado su carácter obligatorio, sean vistos y sancionados por el Senado de la República, de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Constitución.''

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que en noviembre de 2001, en Doha, todos los Ministros miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se comprometieron a llevar a cabo una amplia ronda de negociaciones tendientes a consolidar y profundizar la liberalización comercial en todo el mundo, poniendo especial énfasis en impulsar el desarrollo de las regiones más pobres del mundo.

TERCERO. Que la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC se llevó a cabo en Cancún del 10 al 14 de septiembre pasado, y debido a la falta de consensos, principalmente en las negociaciones sobre los ``temas de Singapur'' (inversión, competencia, transparencia en compras de gobierno y facilitación del comercio), se decidió suspender los trabajos de la Conferencia y continuarlos en Ginebra, sede de la OMC.

CUARTO. Que el Secretario de Economía, licenciado Femando Canales Clariond, como jefe de la delegación de México en la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, se pronunció por la eliminación de subsidios a la exportación de los productos agrícolas, así como por una reducción sustancial de la ayuda interna que distorsiona la producción y el comercio, con reducciones más ambiciosas para los países desarrollados. De esta manera, nuestro país condicionó la reducción de aranceles por compromisos en la reducción de subsidios a la exportación y apoyos internos en la producción de productos agrícolas.

QUINTO. Que la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como facultades exclusivas del Senado de la República, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales, que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Asimismo, el Presidente de la República es el encargado de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, de conformidad con la fracción X del artículo 89 Constitucional.

SEXTO. Que el 13 de julio de 1994, el Senado de la República ratificó el Acta final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, en consecuencia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de ese mismo año, el Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

SEPTIMO. Que al firmar el Acta final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales México, así como todos los otros países firmantes, se comprometieron: a) someter, según corresponda, el Acuerdo sobre la OMC a la consideración de sus respectivas autoridades competentes con el fin de recabar de ellas la aprobación de dicho Acuerdo de conformidad con los procedimientos que correspondan; y b) adoptar las Declaraciones y Decisiones Ministeriales.

OCTAVO. Que no es procedente que el Titular del Poder Ejecutivo Federal someta al Senado de la República, los acuerdos y reglas que se adopten en la OMC, lo anterior, ya que éste aprobó el Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, misma que dio origen a la OMC, por lo que todos aquellos acuerdos y reglas aprobados en la misma, tienen como origen un acto aprobado previamente por la Cámara Alta.

NOVENO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía, reconocen y concluyen que la apertura y la liberalización del comercio internacional tiene efectos tanto positivos como negativos en la economía nacional, por tal motivo, se buscarán las acciones legales para mitigar el efecto perverso de la globalización que vulnera algunos sectores productivos del país, y especialmente el agropecuario.

RESUELVE

PRIMERO. Con base en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se estima no procedente la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Luis Antonio Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior, toda vez que en la Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, el Ejecutivo Federal Mexicano ya se ha pronunciado por la eliminación de los subsidios a la exportación de los productos agrícolas, por lo tanto, es de considerarse atendida esta petición.

En cuanto, a que el Senado de la República sancione los acuerdos y reglas que se adopten en la organización Mundial de Comercio, no es viable jurídicamente, dado que ésa Cámara aprobó el Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, en cuyo texto expresamente se faculta al Ejecutivo Federal, para llevar a cabo acuerdos con esa Organización.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de noviembre de 2003.--- Comisión de Economía: Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, Ramón Galindo Noriega, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Jesús María Ramón Valdez, Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Oscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, Alejandro Saldaña Villaseñor, José Manuel Abdala de la Fuente, Gustavo Moreno Ramos, David Ferreyra Martínez, Yadira Serrano Crespo, Juan José García Ochoa, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Víctor Suárez Carrera.»

«Dictamen negativo de la Comision de Energia, sobre la proposicion con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de la Federacion de 2001 la inversion necesaria y suficiente para realizar los trabajos de reconfiguracion de las refinerias de Minatitlan, Veracruz, Lazaro Cardenas, y de Salina Cruz, Oaxaca, Ing. Antonio Dovali Jaime.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Energía le fue turnado para su dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de la Federación de 2001, la inversión necesaria y suficiente para realizar los trabajos de reconfiguración de las refinerías de Minatitlán, Veracruz, Lázaro Cárdenas y de Salinas Cruz, Oaxaca, Ing. Antonio Dovalí Jaime, que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara, el Diputado Roque J. Gracia Sánchez a nombre de diputados del sector obrero de los Estados de Veracruz y Oaxaca de la LVIII Legislatura.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 39 y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Energía llevó a cabo el estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 26 de octubre del 2000, los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dieron cuenta al Pleno este Punto de Acuerdo.

2. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Energía para la elaboración del dictamen correspondiente''.

3. En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo, se argumenta lo siguiente:

-- Que en el año de 1998, esta H. Cámara de Diputados aprobó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1999, los recursos para los trabajos de reconfiguración de ambas refinerías

-- Que, en 1999, fue necesario diferir la ejecución de estos trabajos lo cual fue informado con oportunidad a esta H. Soberanía.

-- Que la Refinería Lázaro Cárdenas, cuenta 26 plantas de refinación en donde se procesan 200,000 barriles diarios de petróleo crudo y 30,000 barriles diarios de líquidos mezcla de butano. Por su parte, la refinería Ing. Dovalí Jaime, cuenta con 18 plantas cuya capacidad de procesamiento es de 330,000 barriles diarios de petróleo crudo.

-- Que por su localización estratégica, estas refinerías abastecen de productos derivados del petróleo a 16 entidades federativas del país.

-- Que los proyectos de reconfiguración pospuestos permitirán procesar de manera más eficiente la mezcla de petróleo crudo que contiene mayor porcentaje de petróleo crudo, y no sólo petróleo ligero como actualmente se realiza, lo cual afecta dramáticamente a las plantas actuales.

-- Que también con la configuración de esas plantas se aumentará la producción de gasolinas, turbosina, diesel, combustóleo y asfalto, insumos que son esenciales en el proceso productivo.

-- Que importamos alrededor de 450,000 barriles diarios de gasolina, y en los próximos 10 años se espera un crecimiento importante en la demanda de petrolíferos, por lo que resulta imprescindible contar con plantas modernas y eficientes para satisfacer cabalmente estos requerimientos.

4. En virtud de tales antecedentes, el asunto en comento establece el siguiente punto de acuerdo:

``ÚNICO, Que se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año de 2001, la inversión necesaria y suficiente para realizar los trabajos de reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas del municipio de Minatitlán, Veracruz, y la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca.''

Consideraciones

En el Programa de Reconfiguración del Sistema Nacional de Refinerías 2002-2006 de Petróleos Mexicanos, se incluyen los trabajos correspondientes para las Refinerías Lázaro Cárdenas e Ing. Antonio Dovalí Jaime.

Con base en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública referentes a PEMEX, se advierte que para los trabajos de reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998 se aprobó en el rubro de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), un costo total de 16,307.6 millones de pesos.

Por razones de distinta índole, los trabajos de reconfiguración de dicha refinería se fueron posponiendo hasta el pasado 12 de mayo, fecha en la que oficialmente se anunció el inicio de las obras. De tal manera, que para este año de 2003, la inversión estimada para avanzar en la ejecución de este proyecto será de alrededor de 330.6 millones de pesos. Asimismo, en el Proyecto de Presupuesto de Petróleos Mexicanos para 2004 se incluye una erogación de 150.3 millones de pesos para dicha obra, así como una presupuestación de los recursos a ejercer para el total de las obras durante el periodo 2005-2008, cuyo monto asciende a 17,499.8 millones de pesos, a precios de 2004.

Por su parte, en la misma información económica mencionada en los párrafos precedentes se establece que para los trabajos de reconfiguración de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, se aprobó para el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2001 un costo de inversión de 15,507.70 millones de pesos, cuya licitación vía PIDIREGAS, está pendiente de realizar. El costo de las obras a precios actualizados de 2004 asciende a 16,641.1 millones de pesos, y se han erogado alrededor de 126 millones de pesos para la elaboración del Proyecto, previéndose la realización de las obras en el periodo 2006-2008

Por último, es pertinente señalar, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como facultad exclusiva, le corresponde la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación; de lo anterior, se entiende que la vigencia del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación es anual respecto al ejercicio fiscal. En este orden de ideas, resulta extemporáneo el objeto de estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo que se analiza, ya que éste se refiere al Proyecto de Presupuesto de la Federación de 2001, el cual carece de vigencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Energía formula los siguientes:

Resolutivos

PRIMERO.- Es improcedente el punto de acuerdo, ya que las causas que lo originaron han quedado resueltas, carece de materia y es extemporáneo.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

TERCERO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Francisco X. Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco J. Carrillo Soberón (rúbrica), Oscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José A. de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, Alfredo del Mazo González, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor M. Alcérreca Sánchez (rúbrica), Oscar González Yáñez, Julio H. Lujambio Moreno (rúbrica).»

«Dictamen negativo de la Comision de Justicia y Derechos Humanos, a la proposicion con punto de acuerdo por el que se propone exhortar al Poder Ejecutivo federal para detener el proceso de extradicion del ciudadano Lorenzo Llona Olalde.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y análisis la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal para detener el proceso de extradición del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre los gobiernos de México y España.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de septiembre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por el Diputado Francisco Saucedo Pérez, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia por la Democracia.

De la proposición presentada se desprenden los siguientes elementos:

1 Lorenzo Llona Olalde, de origen vasco y nacionalizado mexicano, con domicilio en Zacatecas, México, fue detenido el 26 de abril de 2003, en esa ciudad, acusado de haber participado en una acción armada atribuida a la organización española ETA, en la que tres personas perdieron la vida en la ciudad de Tolosa, España.

Lorenzo Llona Olalde llegó a México en busca de refugio el 19 de diciembre de 1980. En 1982 se casó con una mexicana con la cual procreó tres hijos mexicanos y en 1993 obtuvo la nacionalidad mexicana.

En la fecha en que ocurrieron los hechos por los cuales es acusado Llona Olalde, se encontraba en México, pues el día de los atentados, 24 de junio de 1981, a éste le fueron expedidos los recibos para la obtención del formato FM3. Llona Olalde realizó el pago personalmente el 25 de junio de 1981, después de recibir la notificación correspondiente el 29 de mayo de 1981. Migración le hizo esta notificación en la ciudad de Querétaro, México.

CONSIDERANDO

De acuerdo al comunicado de prensa número 203 emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el 17 de septiembre de 2003, y localizable en su página de internet.............. http://www.sre.gob.mx/comunicados, esa Secretaría negó al Gobierno Español la entrega de Lorenzo Llona Olalde. Justificando su decisión ``como resultado de un profundo y detallado análisis, tanto de los documentos presentados por las autoridades españolas, como de elementos supervenientes de que dispuso la Cancillería en fecha muy reciente''.

RESOLUTIVO

Único. Por considerarse que el asunto expuesto ha quedado sin materia, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo declara concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.--- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), secretario; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), secretario; Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

«Dictamen negativo de la Comision de Justicia y Derechos Humanos, sobre la proposicion con punto de acuerdo para que se exhorte a la Camara de Senadores a fin de que proceda a entrar al estudio y analisis de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo federal, que reforman y adicionan diversos articulos del Codigo Penal Federal, del Codigo Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de terrorismo, y de la Ley para la Proteccion de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, en materia de explotacion sexual infantil.

RESOLUCIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA CÁMARA DE SENADORES PARA QUE PROCEDA A ENTRAR AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO ENVIADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE TERRORISMO Y DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS, DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Con fecha siete de octubre de dos mil tres el Diputado Horacio Martínez Meza, integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la H. Cámara de Diputados, una Proposición con Punto de Acuerdo, para que se exhorte a la Cámara de Senadores para que proceda a entrar al estudio y análisis de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo Federal, que reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de terrorismo, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, en materia de explotación sexual infantil.

SEGUNDO. En sesión celebrada con fecha siete de octubre de dos mil tres, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos'', lo cual se hizo del conocimiento de la Presidencia de esta Comisión mediante oficio número D.G.P.L.59-II-1-46.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que en efecto, el 15 de noviembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la ``Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional'', la cual entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, así como dos de sus tres protocolos complementarios: el primero para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el segundo, contra el trafico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y finalmente un tercero, el cual versa contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, que no ha sido ratificado por la Cámara de Senadores.

SEGUNDO. Que México, fue un asiduo promotor de estos instrumentos jurídicos, de manera que el día 13 de diciembre de 2000 fue de los países firmantes en Palermo, Italia, aprobándolos el Senado de la República el 22 de octubre de 2002; y que el correspondiente Decreto de aprobación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2003 y que además, el Gobierno Federal los ratificó el 4 de marzo de 2003, siendo también publicada la ratificación en el mismo medio el 11 de abril de dos mil tres.

TERCERO. Que las modificaciones legislativas que permitirán armonizar, en tal caso, el marco legal existente con las disposiciones de la Convención referida, ya han sido remitidas a la Cámara de Senadores por parte del Ejecutivo Federal para su revisión y eventual aprobación, según señala la proposición con punto de acuerdo que hoy nos ocupa.

CUARTO. Que del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo se desprende que, efectivamente, nuestro país dio un paso importante para dotarse de un instrumento jurídico que le permitiera enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado y que resulta, por ende, necesario actualizar y modernizar nuestros ordenamientos jurídicos, para aprovechar la experiencia desarrollada en los últimos años tanto en el nivel nacional como en el internacional. Por lo que con base en todo lo anterior, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emite el siguiente:

R E S O L U T I V O

UNICO. Se declara sin materia la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Horacio Martínez Meza, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores para que proceda a entrar al estudio y análisis de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo Federal que reforman y adicionan diversos artículos del Código Pena] Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en Materia de Terrorismo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil, en virtud de que dichas iniciativas fueron dictaminadas por el Senado de la República, el 9 de diciembre de 2003, y remitidas a esta Cámara, el día 11 del mismo mes y año, fecha en la cual fueron turnadas a esta Comisión, las cuales se encuentran actualmente en estudio. Así lo resolvieron y firman los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.--- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), secretario; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), secretario; Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

«Dictamen negativo de la Comision de Justicia y Derechos Humanos, acerca de la proposicion con punto de acuerdo por el que se solicita que se exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion a considerar los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y la jurisprudencia respectiva al emitir su fallo sobre la imprescriptibilidad del delito de privacion ilegal de la libertad y de lesa humanidad.

RESOLUCIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA SE EXHORTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA QUE CONSIDERE LOS INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA JURISPRUDENCIA RESPECTIVA AL EMITIR SU FALLO SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y DE LESA HUMANIDAD

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil tres, la Diputada Federal Eliana García Laguna, a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia por la Democracia, presentó al Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que considere los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y la jurisprudencia respectiva al emitir su fallo sobre la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y otros de lesa humanidad, al decidir, la Primera Sala de aquella, sobre el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial en contra de lo resuelto por el Juez Cuarto de Distrito de Monterrey, Guillermo Vázquez Martínez, en el sentido de que el delito de privación ilegal de la libertad ya prescribió en el caso de Jesús Piedra Ibarra, escogido por dicha Fiscalía de 550 expedientes de personas desaparecidas en las décadas de los setenta y ochenta, ante la solicitud de aprehensión en contra de los exdirectores de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro.

SEGUNDO. En sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil tres, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión dictó el siguiente trámite: `` Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos'', lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el oficio numero D.G.P.L. 59-II-4-115.

C O N S I D E R A N D O

UNICO.- Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el día 5 de noviembre del año 2003, por unanimidad de cuatro votos, instruir al Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, determinar si hay elementos suficientes para que el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, gire orden de aprehensión en contra de los acusados por el secuestro de Jesús Piedra Ibarra, quien fue detenido el 18 de abril de 1975. Ante ello, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos considera que la exhortación planteada, para dirigirla al máximo tribunal de justicia en nuestro país ha quedado sin materia; por lo que resulta procedente emitir el siguiente:

R E S O L U T I V O

UNICO.- Se declara sin materia la Proposición con Punto de Acuerdo del presente asunto, por considerarse que ha dejado de tener los elementos que lo justificaron.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.--- Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera, Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Gilberto Ensástiga Santiago, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José Rangel Espinosa, Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco, Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

«Dictamen negativo de las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la proposicion con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a traves de las Secretarias de Salud, de Desarrollo Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se formulen los estudios necesarios que permitan determinar las causas de la contaminacion en los municipios de El Salto y Juanacatlan, del estado de Jalisco

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para ``Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se formulen los estudios necesarios que permitan determinar las causas de la contaminación existente en los Municipios de el Salto y Juanacatlán, del Estado de Jalisco'', a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Salud, de Desarrollo Metropolitano y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

A N T E C E D E N T E S

1.- Con fecha 13 de noviembre de 2003, el Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta con Punto de Acuerdo para ``Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se formulen los estudios necesarios que permitan determinar las causas de la contaminación existente en los Municipios de el Salto y Juanacatlán, del Estado de Jalisco'', a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción ``f'', de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a Comisiones Unidas de Salud, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Con Fecha 04 de Marzo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite a estas Comisiones Unidas de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oficio de la Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo Social mediante el cual informan que se aprobó en sesión plenaria de la citada Comisión la declinación de turno por considerar que los problemas que se presentan en dichos municipios son, de salud y de contaminación ambiental.

4.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, Comisiones Unidas se abocaron al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

Con fundamento en el artículo 4 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 fracción octava de la Ley General de Salud, articulo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico establece que:

Es una obligación del Estado proteger el derecho a la salud de todos los mexicanos. De igual manera todas las personas deben de vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Para salvaguardar este derecho, el Estado establece, como obligación en materia de salubridad general la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la Salud del Hombre.

La cuenca Lerma-Chapala se encuentra en el centro del país, por lo cual ha sido el eje del crecimiento socioeconómico de la región, lo que ha generado escasez de agua, contaminación de aguas superficiales, sobre-explotación y contaminación de algunos acuíferos, deforestación y erosión de suelos en las partes altas de la cuenca, así como la disminución de niveles del lago de Chapala.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene como propósito fundamental re-establecer el equilibrio sustentable hidroambiental y la recuperación y preservación de los recursos naturales de la cuenca Lerma-Chapala, a través del impulso del marco normativo y la participación social, que consense y corresponsabilice el quehacer público y social.

La SEMARNAT, con la participación de los municipios involucrados, elaboran un programa de restauración en el que habrán de definirse las acciones tendientes a la recuperación de los elementos naturales que está acorde con el Programa Maestro Rector de la región Lerma- Santiago- Pacífico, el Plan Hidrológico Regional y los Programas de Ordenamiento Ecológico Estatal o Regional.

Se ha establecido como zona de restauración ecológica y de reserva de aguas a la región Lerma Chapala, teniendo como objeto la restauración del equilibrio ecológico y la protección, conservación y el uso sustentable de las aguas superficiales y subterráneas de la región Lerma- Santiago, dentro de la cual, queda comprendido el Lago de Chapala.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente incorpora, en su artículo Tercero Fracción II, el concepto de Áreas Naturales Protegidas, definiéndolas como las zonas del territorio nacional y aquellas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativos alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y reservadas. Así mismo en su artículo 2 fracción II nos plasma que se consideran de utilidad publica, el establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica.

Que esta misma Ley, en su titulo relativo a la biodiversidad, prevé un capitulo referente a las zonas de restauración ecológica que en su artículo 78 establece que en aquellas áreas que presentan procesos de degradación o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica con objeto de que se efectúen en ellas las acciones necesarias par la recuperación de las condiciones que permitan la continuidad de los procesos naturales. Así mismo, en el artículo 78- bis se establece que en aquellos casos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría promueve ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Finalmente esta Ley establece en el artículo 89 Fracción IV que los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos, serán considerados, entre otras cosas, en el establecimiento de zonas reglamentarias de zonas de veda o de reserva.

El artículo 79 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la coordinación y ejecución y de reserva de aguas, tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y la continuidad de los procesos naturales en la zona de restauración ecológica y de reserva de aguas así como la vigilancia para evitar los impactos ambientales en dicha región.

De este tema se han derivado diferentes convenios y acuerdos, para el uso eficiente del agua y manejo integral de cuencas entre los que destacamos los siguientes:

Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, los ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro y diversas Sec de Estado y entidades paraestatales para llevar a cabo un Programa de Ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma- Chapala, presentadas el 13 de abril de 1989.

Acuerdo por el que se constituye el consejo consultivo de Evaluación y Seguimiento a los compromisos contraídos en el Acuerdo de Coordinación mencionado en el punto que antecede para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la Cuenca Lerma- Chapala el 1 de septiembre de 1989.

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Querétaro y diversas Secretarías de Estado para llevar a cabo un programa de Coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma- Chapala en Agosto de 1991.

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de diversas Secretarías de Estado y entidades paraestatales así como los ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial que permitirá reglamentar el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas subterráneas de la Cuenca Lerma- Chapala, uso eficiente de agua y de manejo de cuencas el 28 de enero de 1993.

Programa de trabajo Chapala 2000 implementado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) hoy SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Jalisco, cordialmente a los programas nacionales de reforestación desarrollo forestal, manejo de la vida silvestre, desarrollo de Plantaciones Forestales, y uso eficiente del agua.

Plan Maestro de la Cuenca Lerma- Chapala presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para establecer, una estrategia integral de recuperación, conservación y desarrollo sustentable para el Lago de Chapala. Este plan tiene por objeto la restauración para el año 2005 y en su totalidad de la cuenca para el año 2010.

Documento de diagnóstico ``Un Lago de Crisis'' coordinado por el Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unido Mexicanos, y derivado del análisis y estudio hecho a la proposición con punto de acuerdo por el Diputado proponente, los integrantes de Comisiones Unidas de salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados, emiten el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Por lo anteriormente expuesto los integrantes de Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos.

Comisiones Unidas que dictaminan, consideran no procedente y difieren con este punto de acuerdo en virtud de que las Secretarias, Instituciones y Dependencias ya han realizado los estudios necesarios y de igual manera establecieron políticas preventivas dirigidas a todos los sectores de la población con especial énfasis en el caso de la cuenca del río Lerma- Chapala, ya que actualmente existen diversos programas de abastecimiento y saneamiento y en especifico el Plan Maestro de dicha cuenca, para su restauración.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de marzo de 2004.--- Comisión de Salud: Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), secretarios; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez Díaz, Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez, Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Carlos Silva Valdez (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Fernández Avila.»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, en sentido negativo, acerca de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas y a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Daniel Ordóñez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para exhortar al Poder Ejecutivo, que por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las Asociaciones Religiosas, Instituciones Académicas y a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 párrafo primero y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y j) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, enunciando a continuación los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada en fecha 30 de septiembre de 2003, el Diputado Daniel Ordóñez Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo, que por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las Asociaciones Religiosas, Instituciones Académicas y á la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

II. En fecha 30 de septiembre del 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Gobernación.

III. En Sesión Plenaria de la Comisión de Gobernación celebrada el día de julio de 2004, se aprobó el presente dictamen, atendiendo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En fecha 15 de julio de 1992 se expidió la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria de los artículos 24, 27 fracción II y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En fecha 3 de noviembre de 2003 se expidió el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de noviembre de 2003.

3. La esencia de la propuesta es deliberar y participar en la emisión del ordenamiento jurídico en comento, sin embargo el tiempo que medió entre la propuesta del Diputado Ordóñez y la expedición del Reglamento fue de un mes con tres días.

4. En virtud de lo anterior y de que el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se encuentra debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, la propuesta queda sin materia.

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Gobernación se permite someter a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.--- En virtud de que en fecha 3 de noviembre de 2003 se expidió y el 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no es procedente el exhorto al Poder Ejecutivo Federal a que se refiere la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, toda vez que ha quedado sin materia.

SEGUNDO.--- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a los veintiún días del mes de julio de dos mil cuatro.--- Comisión de Gobernación Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), Yolanda Valladares Valle, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Hugo Rodríguez Díaz, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, José Eduviges Nava Altamirano, María Sara Rocha Medina.»

«Dictamen negativo de la Comisión de Juventud y Deporte, en sentido negativo, acerca de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a derogar el Decreto que crea un cuerpo colegiado que se denominará Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 1945

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte le fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de punto de acuerdo, presentado por el Diputado Jorge Triana Tena integrante del Partido Acción Nacional para exhortar al Jefe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, a derogar el ``Decreto que crea un cuerpo colegiado que se denominará Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal'', publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 1945.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 87 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada el día 29 de abril del presente año se turnó el presente proyecto de punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

Segundo.- Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio del proyecto presentado, suscribiéndolo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Que el Decreto en estudio establece básicamente dos cuestiones, una primera mediante la cual se crea un cuerpo colegiado denominado ``Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal '', en cargado del impulso y fomento de las actividades deportivas y la difusión de espectáculos que proporcionen esparcimientos sanos.

Una segunda que prohibe la realización de juegos de fútbol soccer en el Distrito Federal, si en los equipos participantes no actúan como mínimo siete jugadores mexicanos por nacimiento, exceptuando partidos internacionales o interclubes con conjuntos extranjeros.

II.- Que en la actualidad la primera cuestión y objeto central de dicho Decreto han sido retomados por el marco jurídico vigente, así como por las actuales instituciones deportivas del Distrito Federal, encabezadas por su Instituto del Deporte.

Asimismo la segunda cuestión y sus motivaciones que dieron origen a la prohibición del número de extranjeros por equipo jugando en el Distrito Federal siguen vigentes, encontrándose plasmadas en los reglamentos de la actual Federación Mexicana de Fútbol.

III.- Que el undécimo numeral es claro al establecer que los organismos que controlen y exploten los equipos que actúan como espectáculo público de paga, ajustaran sus reglamentaciones a lo dispuesto a dicho decreto, lo cual es un hecho en la actualidad, y

IV.- Que uno de los fundamentos que dieron origen a la creación de esta Comisión de Juventud y Deporte fue el de promover los ordenamientos jurídicos necesarios para estimular a nuestros deportistas nacionales, no obstante sin dejar de reconocer que el papel de los deportistas extranjeros en nuestro país ha sido y sigue formando parte importante del desarrollo de nuestras diversas disciplinas deportivas practicadas en nuestro país.

Como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, Resolvemos:

UNICO.- No es de aprobarse la proposición hecha por el Diputado Promovente.

Archívese el Expediente

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de junio de 2004.--- Comisión de Juventud y Deporte: Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica), secretarios; Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro, Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica; con reserva, se viola proceso legislativo), Maximiliano Alexander Rábago, Baruch Alberto Barrera Zurita, J. Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdez Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica).»

«Dictamen negativo de la Comisión de Marina, en sentido negativo, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina a realizar los trámites correspondientes con el propósito de que el Hospital Naval del municipio de Centla pase a formar parte del patrimonio del gobierno del estado de Tabasco y así pueda prestar servicios de salud a la población abierta.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Dip. Francisco Herrera León perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido la Revolucionario Institucional para exhortar a la Secretaría de Marina a que realice los trámites correspondientes, con el propósito de que el Hospital Naval ubicado en el Municipio de Centla, pase a formar parte del Patrimonio del Gobierno del Estado de Tabasco y así pueda prestar servicios de Salud a la población abierta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Marina previo estudio y análisis de la proposición con Punto de Acuerdo en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES.

I.- En sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Dip. Francisco Herrera León perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Marina a que realice los trámites correspondientes, con el propósito de que el Hospital Naval ubicado en el Municipio de Centla, pase a formar parte del Patrimonio del Gobierno del Estado de Tabasco y así pueda prestar servicios de Salud a la población abierta.

II.- Mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-2-604 de fecha 29 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turno a la Comisión de Marina la proposición con Punto de Acuerdo de referencia para su estudio y dictamen.

CONSIDERACIONES.

1. En términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 apartado b fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica de la Armada de México y 17 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, es obligación de esta Dependencia del Ejecutivo Federal prestar los servicios médicos de calidad a su personal y derechohabientes.

3. En la Secretaría de Marina-Armada de México, el servicio médico naval esta integrado por cuatro escalones de atención médica, a saber, el primer escalón se constituye por las secciones sanitarias de los buques y unidades operativas, el segundo escalón se integra por los sanatorios navales, el tercer escalón lo son los hospitales regionales y el cuatro escalón es el Centro Médico Naval.

4. La ubicación y escalonamiento de los establecimientos de servicio médico naval obedece a cuestiones estratégicas, siendo estas las siguientes:

a) Racionalizar los recursos y facilitar su interacción;

b) Buscar que los pacientes sean atendidos en el lugar más cercano a su adscripción;

c) Que los establecimientos médicos navales cuando no cuenten con los medios necesarios para atender a un paciente, este sea canalizado al escalón inmediato superior.

5. El Hospital Naval de Frontera por su ubicación y el servicio médico que presta tiene un gran valor estratégico, táctico y operacional, funciona como hospital regional, tiene una capacidad de 21 camas censables, 4 médicos generales, 3 médicos odontólogos, 6 médicos especialistas, 6 enfermeros titulados y 14 auxiliares de enfermería.

6. La población que regularmente es atendida en el Hospital Naval de Frontera es de aproximadamente 1460 militares en servicio activo, 3441 derechohabientes, 49 militares en situación de retiro, 101 derechohabientes de retirados y 24 pensionados, lo que da un gran total de 5075 personas. Resulta de suma importancia hacer notar que entre las Secretarías de Marina, de Defensa Nacional y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas existe un convenio de colaboración por el cual al personal de cualesquiera de los institutos armados o sus derechohabientes deberá brindársele atención médica en los establecimientos de sanidad de la Armada de México o del Ejército Mexicano cuando así lo requieran; por lo anterior el Hospital Naval de Centla, también brinda atención médica al personal del Ejército y sus derechohabientes que lo solicita.

7. El Hospital Naval de Frontera funge también como hospital de concentración que da atención médica al personal naval y sus derechohabientes que son canalizados por los escalones de sanidad naval de la Tercera y Quinta Regiones Navales que comprenden Ciudad del Carmen, Lerma, Campeche, Yucalpeten, Isla Mujeres, Isla Cozumel y Chetumal, y cuya población es de aproximadamente 3 903 militares en activo, 13 498 derechohabientes, 559 militares en situación de retiro, 1 378 derechohabientes de militares en situación de retiro y 121 pensionistas; lo que da un gran total de 24 525 personas potenciales de requerir servicio médico. Además de lo anterior, en dicho nosocomio se da atención médica al personal perteneciente a los buques que operan en el área de las plataformas, lo cual representa entre 500 y 600 elementos potenciales de requerir atención médica.

8. Eventualmente, ante casos de emergencia en la región, incluyendo el área de plataformas, se incrementa el número de efectivos de la Armada de México en esa zona, lo que implica el aumento en la población demandante de servicios médicos, y siendo el Hospital Naval de Frontera el de mayor capacidad, es el que cubre esas necesidades de atención médica.

9. El prescindir del Hospital Naval de Frontera traería las siguientes consecuencias a la Secretaría de Marina:

a) Los pacientes de los escalones de sanidad en Tabasco, Campeche y Yucatán que requieran atención en un escalón superior, tendrían que ser trasladados hasta el Puerto de Veracruz o la Ciudad de México.

b) Se incrementaría significativamente los costos de la atención médica.

c) Se incrementaría significativamente costo de viáticos y de transporte de los pacientes y sus familiares que tendrían que ser canalizados a un escalón de sanidad superior.

d) Todo lo anterior traería como consecuencia un impacto negativo en el presupuesto asignado a la Secretaría de Marina.

10. De acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, el Poder Ejecutivo de aquella Entidad Federativa invierte aproximadamente $ 10 287.4 millones de pesos en los rubros de educación y salud, esto es, invierte 2 de cada 3 pesos de que dispone, en los renglones fundamentales para el desarrollo, es decir, la salud y la educación.

11. El citado informe indica que para el ejercicio del 2004 fueron autorizados $ 2 761.6 millones para el apartado de salud; recursos que están destinados principalmente para la modernización de la red hospitalaria pública, la cual es la más amplia del país.

12. En el Segundo Informe de actividades del Secretario de Salud del Estado de Tabasco atiende al 69 % de la población, lo cual representa alrededor de 1 millón 394 mil habitantes, para lo cual se cuenta con una amplia infraestructura médica ubicada a todo lo largo y ancho del Estado. En todo el Sector, se cuenta con 603 unidades médicas, de las cuales 505 corresponden a la Secretaría Estatal del ramo, siendo estas 405 Centros de Salud, 13 hospitales de especialidades básicas, 2 hospitales de especialidades pediátricas y de salud mental y 3 unidades de apoyo; asimismo se mantienen en operación 82 unidades médicas móviles terrestres y acuáticas que prestan sus servicios en las comunidades más aisladas y dispersas.

13. Para el año 2003, el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco fue del orden de 2 mil 280 millones, 077 mil, 280 pesos, con 28 centavos, y adicionalmente se recibieron beneficios de parte del Gobierno Federal la cantidad de $ 96 millones 194 mil, 859 pesos con 93 centavos, a través de programas especiales como el Programa ``Oportunidades'' y Seguro Popular, así como del Programa de Médicos Residentes y Pasantes en Servicio Social, habiéndose atendido al 69 % de la población tabasqueña, esto es, alrededor de 1 millón 394 mil habitantes.

14. Los integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados estimamos que no es factible atender favorablemente la proposición del Dip. Francisco Herrera León, en virtud de que la Secretaría de Marina utiliza el inmueble que ocupa el Hospital Naval de Frontera para el fin que le ha sido destinado, además de que existe una importante necesidad de atender la demanda de servicios de salud del personal naval en activo y en situación de retiro, así como a sus derechohabientes que se encuentran en la Tercera y Quinta Regiones Navales que comprenden Ciudad del Carmen, Lerma, Campeche, Yucalpeten, Isla Mujeres, Isla Cozumel y Chetumal.

15. De aprobarse favorablemente la proposición materia del presente dictamen, ello implicaría una importante disminución en la infraestructura sanitaria naval y consecuentemente un perjuicio en la atención médica que se brinda al personal naval y a sus derechohabientes; asimismo conllevaría a la necesidad de tener que trasladar no sólo a la población que es atendida en el Hospital Naval de Frontera, sino también de aquellos que son canalizados de otros escalones de sanidad a dicho nosocomio, hacia el Estado de Veracruz y la Ciudad de México.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Marina dictaminamos lo siguiente:

UNICO.- Tomando como base las argumentaciones expuestas en el apartado de consideraciones, no es procedente exhortar a la Secretaría de Marina para que el Hospital Naval ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco, pase a formar parte del Patrimonio del Gobierno del Estado de Tabasco, toda vez que ello implicaría una importante disminución en la infraestructura sanitaria naval y consecuentemente un perjuicio en la atención médica que se brinda al personal naval y a sus derechohabientes.

Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Rogelio Flores Mejía, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez, Félix A. González Canto, Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Jesús Ángel Díaz Ortega (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rafael Moreno Cárdenas (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Sergio Posadas Lara (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.»Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

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PARLAMENTO LATINOAMERICANO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sustitución del diputado Pablo Gómez Álvarez por la diputada Clara Marina Brugada Molina, en la Delegación Permanente de diputados ante el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Lo anterior, para efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2004.--- Dip. José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Alta de la diputada María Ávila Serna en la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia y Familias.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

Continúe la Secretaría con las minutas que envía la Cámara de Senadores, en virtud de que todavía no obra en poder de esta Presidencia la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

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Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66; se adicionan los artículos 18 Bis, 18 Bis 1, 19 Bis, 19 Bis 1, 25 Bis y 25 Bis 1; y se deroga el artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Atentamente.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.---Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 Y 66, SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 18 BIS, 18 BIS1, 19 BIS, 19 BIS1, 25 BIS Y 25 BIS1 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y las Comisiones Consultivas Regionales.

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con éste por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley les impone.

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I.- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del año, el presupuesto de ingresos y egresos y los planes de labores y de financiamientos del Instituto para el siguiente año.

Aprobar el plan financiero a cinco años y sus actualizaciones.

II.- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros dictaminados por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración, que resulten de la operación en el último ejercicio y el informe de actividades de la institución;

III.- ...

IV Aprobar las Reglas de Operación de los Órganos del Instituto, así como el Estatuto Orgánico del mismo y ordenar al Director General su expedición;

V.- DEROGADA.

VI.- DEROGADA.

VII.- DEROGADA.

VIII.- Aprobar las políticas de crédito;

IX.- Aprobar el código de ética del Instituto y ordenar al Director General su expedición;

X.- Aprobar normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y ordenar al Director General su expedición;

XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y Acceso ala Información y de la Comisión de Inconformidades;

XII.- Conocer los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto;

XIII.- Ratificar los nombramientos y remociones de los integrantes del Comité de Auditoría, y

XIV.- Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del mismo.

Artículo 16.- El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I.- Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones de los fondos y los financiamientos del Instituto, conforme a lo dispuesto por el artículo 66, fracción I;

II.- y III.- ...

IV.- Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la Asamblea General, de los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y de financiamientos, el plan financiero a cinco años y sus actualizaciones, así como los estados financieros, dictaminados por el Auditor Externo aprobados por el Comité de Auditoría y el informe de actividades formulados por la Dirección General;

V.- Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, las Reglas de Operación de los órganos del Instituto y el Estatuto Orgánico del mismo;

VI.- A propuesta del Director General aprobar los nombramientos del personal directivo y los delegados de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto. Asimismo, aprobar las bases para el establecimiento, organización y funcionamiento de un sistema permanente de profesionalización y desarrollo de los trabajadores del Instituto;

VII.- y VIII.- ..

IX.- Proponer para su aprobación a la Asamblea General las políticas de crédito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno;

A propuesta del Director General, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

X.- y XI.- ..

XII.- Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la presente Ley y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Con fines de coordinación, en la elaboración de las resoluciones que se adopten conforme a esta fracción, el Consejo escuchará previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas, correspondan a la citada Comisión o a otras autoridades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones legales;

XIII.- Previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, designar y remover a los miembros del Comité de Auditoría y someterlos a la ratificación de la Asamblea General;

XIV.- Conocer y aprobar los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para la determinación de las medidas procedentes;

XV.- Evaluar la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes remitidos por el Comité de Auditoría;

XVI.- Conocer la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes presentados por cualquiera de las diferentes áreas de la Administración;

XVII.- A propuesta del Comité de Auditoría, designar o remover al Auditor Externo;

XVIII.-Designar o remover al Auditor Interno a propuesta del Comité de Auditoría; éste lo escogerá de una terna propuesta por el Director General;

XIX.- Aprobar la normatividad que derive de la presente Ley, salvo aquella que se encuentre reservada expresamente para aprobación de la Asamblea General;

XX.- Interpretar para efectos administrativos la presente Ley;

XXI.- Establecer los comités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y

XXII- Las demás que le señale la Asamblea General o se desprendan de la presente Ley.

Artículo 17.- La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros nombrados de la siguiente forma:

Tres a propuesta de los representantes del Gobierno Federal, tres a propuesta de los representantes de los trabajadores y tres a propuesta de los representantes patronales ante la Asamblea General.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de esta Comisión, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia financiera, legal o administrativa.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

La Comisión de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes y será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7°.

Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos por la Asamblea General, a petición de quien les hubiere propuesto. La solicitud de remoción, se hará por conducto del Director General.

Los miembros de la Comisión de Vigilancia cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General determine lo conducente.

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto;

II.- Proponer para la aprobación de la Asamblea General el Código de Ética del Instituto;

III.- Vigilar que los integrantes de los Órganos del Instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con apego al Código de Ética del Instituto;

IV.- Informar, una vez al año, a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los órganos del Instituto;

V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

VII.- En los casos que a su juicio lo amerite, convocar a Asamblea General;

VIII.- Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe periódico que le remita el Comité de Auditoría;

IX.- Emitir dictamen sobre el informe que le remita el Comité de Auditoría en relación a la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para su presentación al Consejo de Administración o a la Asamblea General;

X.- Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe que le presente mensualmente cualquiera de las diferentes áreas de la Administración, y

XI.- Dictaminar la propuesta para el nombramiento y remoción de los miembros del Comité de Auditoría.

La Comisión de Vigilancia podrá solicitar la opinión de terceros para el adecuado desempeño de sus funciones

Artículo 19.- El Auditor Externo será designado por el Consejo de Administración de entre tres candidatos propuestos por el Comité de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de cinco años y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con Título y Cedula Profesional de Contador Público o Licenciado en Contaduría.

3. Estar debidamente certificado.

4. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras.

5. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal.

6. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado, y

7. Ser socio de una firma de contadores públicos de reconocido prestigio. Esta firma no podrá ser la misma que aquélla a la que hubiera pertenecido el Auditor, en el período inmediato anterior.

8. No desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público.

El Comité de Auditoría propondrá al Consejo de Administración una firma de reconocido prestigio para que se autorice la contratación del Auditor Externo. Para este efecto podrá solicitar a un Colegio o Instituto de Contadores Públicos ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas.

Artículo 21.- El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado por la Asamblea General, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los diarios de mayor circulación.

Artículo 23.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- ...

El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, se ejercerán por el Director General y el demás personal que expresamente se indique en el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de facultades como organismo fiscal autónomo;

II.- a VI.- ..

VII Presentar al Consejo de Administración, para su consideración y en su caso aprobación, los programas de créditos a que se refiere la fracción II del artículo 42, a ser otorgados por el Instituto.

VIII.- ..

IX.- Después de ser aprobado por la Asamblea General, enviar al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que guarda el Instituto; y

X.- Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 25.- La Comisión de Inconformidades se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, designados por la Asamblea General y durarán en su cargo seis años. Por cada miembro propietario se designará un suplente.

La Comisión será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7.

Los miembros de la Comisión , no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

La Comisión conocerá de las reclamaciones que reciba por parte de patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios, cuando a juicio de estos hubiesen recibido un tratamiento incorrecto, injusto o negligente y se asegurará de su debida atención, en los términos de la normatividad correspondiente.

La Comisión conocerá, substanciará y resolverá los recursos que promuevan ante el Instituto, los patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios; en los términos de la normatividad correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre el particular, establezca la Comisión de Vigilancia.

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten sobre el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren otorgando a los trabajadores, en materia de habitación, para decidir si son inferiores, iguales o superiores al porcentaje consignado en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aportaciones que deban enterar al Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una vez tramitadas las controversias en los términos de la normatividad respectiva, la Comisión presentará un dictamen sobre las mismas a la Comisión de Vigilancia, que resolverá lo que a su juicio proceda.

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Artículo 39.- ...

...

...

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el artículo 66 de la presente Ley, para determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta misma Ley, así como aquellas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto.

...

Artículo 58.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los depósitos a que esta ley se refiere, sin tener derecho a ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona.

Artículo 66.- Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes facultades:

I.- ...

II.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprobará los sistemas de organización de la contabilidad y de auditoria interna del Instituto en el ámbito de su competencia, dictándole las normas de registro contable de sus operaciones, fijándole las reglas para la estimación de sus activos, y en su caso, de sus obligaciones y responsabilidades, y expidiéndole las normas de carácter prudencial a que se sujetarán sus operaciones, atendiendo a esta Ley y a la naturaleza de los fines del Instituto.

III.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar, para que se corrijan, y en su caso, impondrá las sanciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones.

IV.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá todas las demás facultades aplicables que le son conferidas, conforme a lo dispuesto en su propia Ley y sus Reglamentos respectivos.

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos, 18 bis, 18 bis1, 19 bis, 19 bis1, 25 bis y 25 bis1 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Articulo 18 Bis.- El Comité de Auditoría se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, designados por el Consejo de Administración, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, y sujetos a la ratificación de la Asamblea general.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio;

2. Contar con Título y Cédula Profesional.

3. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras;

4. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

5. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

El Comité de Auditoría será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7.

Los miembros del Comité durarán en su cargo seis años y serán removidos, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, por el Consejo de Administración, a petición de la representación que los hubiere propuesto; dicha remoción deberá ser ratificada por la Asamblea General.

Los miembros del Comité de Auditoría cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones, y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General determine lo conducente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría se auxiliará del Auditor Interno y sesionará por lo menos una vez al mes.

Artículo 18 Bis 1.- El Comité de Auditoría deberá desempeñar las actividades siguientes:

I.- Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de la normatividad que de la misma emane;

II.- Aprobar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore el Auditor Externo, para enviarlos al Consejo de Administración. En caso de considerarlo conveniente, solicitar al propio Consejo que se convoque a Asamblea General;

III.- Proponer para aprobación del Consejo de Administración los lineamientos generales en materia de control interno que el Instituto requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus actualizaciones;

IV.- Aprobar los manuales de operación del Instituto, en la parte relativa a las políticas y procedimientos que en materia de control interno se requieran para el correcto funcionamiento del Instituto, acordes con la normatividad que sobre el particular haya sido aprobada por el Consejo de Administración;

V.- Verificar, cuando menos una vez al año, que el programa de auditoría se desempeñe de conformidad con estándares de calidad adecuados en materia contable y de controles internos;

VI.- Evaluar e informar al Consejo de Administración, cuando menos dos veces al año, y una vez al año a la Asamblea General, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto;

VII.- Verificar la existencia y funcionamiento de un sistema integral de información de la situación patrimonial de los funcionarios del Instituto, aprobado por el Consejo de Administración a propuesta del Director General;

VIII.- En general, conocer y evaluar las operaciones relevantes del Instituto y la información financiera producida por la administración;

IX.- Enviar a la Comisión de Vigilancia un informe periódico sobre la situación financiera del Instituto, y

X.- Las demás que se señalen en la normatividad que al efecto emita el Consejo de Administración.

Artículo 19 Bis.- El Auditor Externo tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo estime conveniente los avalúos de los bienes, materia de operación del Instituto;

II.- Emitir anualmente un dictamen al Comité de Auditoría sobre la situación financiera que guarda el Instituto, para su presentación a la Asamblea General por medio del Consejo de Administración;

Para rendir fundadamente dicho dictamen, deberá llevar a cabo el examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios;

III.- Hacer del conocimiento del Consejo de Administración, por conducto del Comité de Auditoría, información sobre la situación financiera que guarda el Instituto, y

IV.- Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.

Artículo 19 Bis 1.- El Auditor Externo será responsable para con el Instituto por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley le impone y será solidariamente responsable con el que le haya precedido por las irregularidades en que éste hubiere incurrido si, conociéndolas, no las denunciare por escrito a la Asamblea General.

El Auditor Externo que en cualquier asunto relacionado con el Instituto tuviere un conflicto de intereses, deberá abstenerse de toda intervención.

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

El Comité será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7°.

Los miembros del Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información:

I.- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información de conformidad con la normatividad vigente del Instituto y apegada a los principios y políticas generales de la materia;

II.- Transparentar la gestión mediante la difusión de la información que genera el Instituto;

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto;

IV.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V.- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos,

VI.- Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

VII.- Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la información o por la inexistencia de los documentos solicitados.

VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Las anteriores funciones se reglamentarán en la normatividad que en esta materia expida la Asamblea General.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá implementar lo previsto en el presente decreto a más tardar el 31 de julio de 2005.

TERCERO.- En todas las disposiciones donde se haga mención a la Comisión de Inconformidades y de Valuación, se entenderá como Comisión de Inconformidades.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, a efecto de que realice una visita oficial a Canadá.

Atentamente.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, a efecto de que realice una Visita Oficial a Canadá.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.-- México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION - LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se dio cuenta con comunicación del senador Adalberto Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, por la que solicita a la Cámara de Diputados, realice el dictamen en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada el 6 de noviembre de 2003.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Sen. Diego Fernández de Cevallos, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores.--- Presente.

El que suscribe Adalberto Arturo Madero Quiroga, senador de la República por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, le solicita que en uso de la facultad que le confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c), 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la H. Cámara de Diputados que realice, a la brevedad, el dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman por adición, mediante la incorporación de una fracción IX, el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se agrega un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el senador Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, el 16 de octubre de 2003, en base a las siguientes

Consideraciones

Primera.- Nuestro país posee un vasto territorio con múltiples contrastes de tipo natural y humano, en el que se incluyen importantes regiones económicas, zonas turísticas, puertos fronterizos y reservas ecológicas. Por la importancia que guardan estos puntos geográficos, la mayor parte de los mexicanos deben movilizarse constantemente hacia diferentes lugares de este gran espacio, ya sea por razones laborales, mercantiles, académicas, turísticas, entre otras.

El acceso rápido y eficiente se hace posible en la mayoría de las casos, debido a que la República Mexicana cuenta con modernas vías de comunicación que permiten ahorrar tiempo y recursos en el desplazamiento que se realiza en buena parte de las rutas y los caminos federales. Como se recordará, la construcción de caminos y carreteras en la época contemporánea se ha financiado principalmente con recursos públicos, por lo que las empresas privadas que obtienen utilidades producto del uso de estas vías de comunicación, tienen el compromiso de resarcir y transferir parte de esos ingresos a la comunidad.

Por lo que la ley de la materia ha establecido diferentes modalidades para que los propietarios de medios de transporte contribuyan a que la población de bajos ingresos pueda desplazarse en los medios de transporte de su propiedad, pagando tarifas preferenciales o haciendo descuentas en determinadas épocas a determinados sectores sociales, como menores de edad, estudiantes, profesores, por señalar algunos.

Por lo tanto, el propósito de que los mexicanos puedan transitar de manera libre y sin menoscabo de su situación económica por cada uno de los rincones del país, lo que está sustentado constitucionalmente, encuentra su principal referencia y materialización en la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De ahí que si se pretende ampliar la esfera social de beneficiarios que por razones de su condición física o material están limitados para acceder a los medios de transporte ordinarios, se deban hacer modificaciones a dichos ordenamientos legales.

Ese es el caso que hoy nos ocupa, esto es, de que los adultos mayores y las personas con discapacidad se les aplique un tarifa especial con descuento, permitiéndose en consecuencia a los permisionarios, sin violentar la ley, y sin dañar las finanzas y fuerza de trabajo de sus empresas de autotransporte para pasajeros, dar acceso a estos grupos vulnerables para que puedan viajar por las carreteras nacionales hacia los destinos de su preferencia.

Segunda.- Según cálculos del Consejo Nacional de Población, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 a 17 millones entre 2000 y 2030, y alcanzará 32.5 millones al llegar al año 2050. Una proporción cada vez mayor de la población de México estará compuesta por adultos mayores: si hoy en día uno de cada veinte habitantes tiene 65 años de edad o más, en el 2030 representarán uno de cada ocho, y en el 2050 uno de cada cuatro. El envejecimiento poblacional se convertirá en un desafío que de manera conjunta tendrán que enfrentar sociedad y gobierno. Será necesario multiplicar los esfuerzos sociales e institucionales con el fin de prever sus consecuencias, tener en claro los costos y beneficios que acompañan a este proceso, diseñar ambiciosas propuestas legislativas, y poner en marcha programas institucionales eficientes. Ni duda cabe que esta importante cuestión merece y debe debatirse con profundidad y amplitud. De las decisiones que tomemos desde hoy dependerá afrontarla con éxito en el futuro.

Las personas adultas mayores merecen un trato preferente, entendiéndose por ``preferente'': Primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el merecimiento.

En ese contexto deben ser reformados por adición, mediante la incorporación de una fracción IX, el artículo 58, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y agregar un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que dichas personas disfruten de una tarifa preferencial, haciendo en consecuencia congruentes entre sí, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Constituye un acto de justicia social, ya que en el caso de las personas adultas mayores, éstas han entregado gran parte de su vida en beneficio de la patria.

Contribuyeron con su trabajo para la construcción de las carreteras que son utilizadas con fines de lucro por las empresas de autotransporte federal.

En la gran mayoría de los casos quienes cuentan con más de sesenta años de edad no tienen los recursos económicos indispensables para efectuar viajes con fines de recreación, por lo que el derecho en mención no puede ser ejercitado. Además, quienes explotan las carreteras nacionales con fines de lucro no contemplan tarifas especiales para los adultos mayores, por lo tanto, lo justo es que los autotransportistas permisionarios otorguen tarifas preferenciales, a fin de que el derecho a viajar para los mayores de sesenta años pueda cumplirse cabalmente.

Tercera.- En la inteligencia de que los mismos argumentos para que se ley otorgue un trato preferencial a los adultos mayores sean los mismos que se ley aplique a las personas que sufren alguna discapacidad, éstas últimas también tienen derecho a conocer los paisajes de nuestra República, con la notable diferencia de que se ven impedidos para desplazarse libremente en muchos de los casos, lo que los hace vulnerables frente a las personas que no padecen de discapacidad, por lo que, en consecuencia, deben ser beneficiados con una tarifa especial, misma que en ningún caso podrá ser superior al sesenta por ciento de la tarifa ordinaria.

La integración de las personas con discapacidad es un asunto que ha adquirido gran relevancia en los últimos años. Nuestro país, al igual que como ya lo han hecho los países desarrollados, ha dado pasos importantes para crear un marco jurídico que genere las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para que estas personas accedan a un vida digna y productiva. De acuerdo con el INEGI, el 2.3 por ciento de la población mexicana, equivalente a 2 millones 300 mil habitantes, sufre de alguna discapacidad severa. El 44.9 por ciento de las discapacidades son motrices, 28.6 por ciento visuales, 16.5 por ciento auditivas, 14.6 por ciento mentales y 4.5 por ciento de lenguaje. Los resultados estadísticos señalan que dos de cada 100 mexicanos tienen alguna discapacidad, y son los adultos mayores los que registran las proporciones más altas de discapacidad, con 13.9 por ciento.

Por lo tanto, es necesario aprobar la reforma que se propone, a fin de darle el trato equitativo, tanto a las personas con discapacidad, como a las de la tercera edad, en los términos que propone esta iniciativa. Se considera que una tarifa que no exceda el sesenta por ciento de la tarifa ordinaria es justa y equitativa a favor de estas personas. En la inteligencia de que seguirá siendo atribución exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el fijar dichas tarifas, es decir, no se le resta la atribución de referencia, únicamente se señala el derecho que tienen las personas adultas mayores y quienes sufren alguna discapacidad, de disfrutar de los beneficios de una tarifa preferencial.

En este sentido, el 16 de octubre de 2003, el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga presentó a la H. Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, por adición, mediante la incorporación de una fracción IX, el artículo 58 de la Ley de vías Generales de Comunicación, y se agrega un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Dicha iniciativa, a través de la adición de la fracción IX, referida en el párrafo anterior, propone que se haga un 40% de descuento, sobre la tarifa ordinaria, a los usuarios del transporte público federal que comprueben que son mayores de sesenta años de edad, o que posean la identificación pertinente que los certifique como personas con discapacidad.

La propuesta fue aprobada por el Senado de la República y turnada a la H. Cámara de Diputados el 6 de noviembre del mismo año; minuta que fue remitida a la Comisión de Transportes y que permanece en dicha Comisión sin haber sido dictaminada a la fecha.

Por lo antes expuesto, solicito a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, se sirva a someter a la consideración del pleno la siguiente:

Solicitud

Único.- Se solicita a la H. Cámara de Diputados que a la brevedad realice el dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman por adición, mediante la incorporación de una fracción IX, el artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se agrega un párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, el 16 de octubre de 2003 ante el Senado de la República, y la cual permanece en carácter de minuta sin dictaminar desde el 6 de noviembre del mismo año.

México, DF, a 29 de Septiembre de 2004.--- Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Transportes.

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.

«Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Erika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, Senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafos tercero y cuarto; 71, fracción II; 72 y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, inciso a); 67, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56, 57 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras aportan alrededor del cinco por ciento al Producto Interno Bruto (PIB),1 y cuentan con casi el veinte por ciento del total del personal ocupado remunerado; esta improductividad muy probablemente se debe a los rezagos que han vivido las y los mexicanos que habitan en las zonas rurales y que no cuentan con el capital humano o las capacidades mínimas para aprovechar la igualdad de oportunidades.

Se estima que en México existen más de 20 millones de personas que no cuentan con el ingreso suficiente para cubrir las necesidades de alimentación, que equivale a dieciséis y veintiún pesos para las áreas urbanas y rurales, respectivamente.2

Es así como, en afán de beneficiar al sector en comento, a través del tiempo se han establecido tratos preferenciales tales como: la condonación de adeudos derivados por impuestos federales; la exención del pago de derechos por descarga de aguas negras para aquellos cuyas descargas provengan de riego agrícola. Ello si bien ha provocado un aumento en la rentabilidad, ha generado una menor eficiencia en el agregado.

Además de lo anterior en México se han diseñado e instrumentado políticas desarrollistas para fomentar a los sectores que se consideran en desventaja. En su momento las autoridades responsables de fomentar el crecimiento económico del país, con el objeto de promover al sector agrícola, impulsaron la utilización de fertilizantes3 y otros productos químicos sin considerar adecuadamente los daños a la salud humana y al ambiente.

En este aspecto, para el año 2001, y en lo que se refiere al bien fertilizantes, el valor agregado bruto, que no es más que la valoración de la producción, fue de más de ochocientos cincuenta millones de pesos.4

Los productos químicos para uso agropecuario causan efectos en la salud humana tales como: fatiga, dolores de cabeza, síntomas similares a la gripa, salpullido, dolor de las articulaciones, palpitaciones, irritabilidad y agresión, desordenes estomacales, nausea, diarrea, vómito, insomnio, sudoración, alergias y asma, disminución de la agudeza visual y auditiva, pérdida de la memoria y concentración, entre otros. Los niños y las personas adultas mayores son más susceptibles. Por ejemplo se ha documentado que la exposición a productos químicos para uso agropecuario a edad temprana pueden causar leucemia. A las personas adultas mayores les afecta el sistema inmunológico y también los órganos vitales que se van atrofiando con la edad como por ejemplo: el hígado y el riñón.5

En estos momentos hablaré sobre dos casos recientes que fueron divulgados por importantes medios de comunicación y que ocurrieron en nuestro país en el mes de agosto del año en curso: uno en Sinaloa y otro en Chiapas.

En Mazatlán, Sinaloa, un estero de treinta y nueve hectáreas fue contaminado porque se le vertieron agroquímicos provenientes de un campo agrícola, lo que ocasionó la muerte de peces y pelícanos. Los habitantes de la zona manifestaron que ya han realizado las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua pero aún no han obtenido respuesta. Los servidores públicos que ocupan puestos de alto nivel en la Profepa se preocupan más por proteger a la industria, ya que de ahí provienen.

Se estima que en el estero contaminado la producción de peces ha disminuido en un cincuenta por ciento por el ecocidio que se ha presentado en los últimos meses.6 Esto es de suma preocupación ya que además de las familias que viven de la venta de peces y que por la misma contaminación han reducido su ingreso familiar, el ambiente ha sido afectado negativamente sin que las autoridades correspondientes hagan algo, según información disponible hasta el momento.

Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal informó que se incrementó la utilización de paguicidas prohibidos en Chiapas, mismos que son introducidos por la frontera sur, y que los efectos al medio ambiente y en el ser humano podrían ser catastróficos.

Al respecto, el jefe de Producción y Productividad de la Comisión Nacional Forestal expresó que: ``en Chiapas el problema es muy grave; los productores de hortalizas, café y maíz en la región de los Altos han aumentado el consumo de estos pesticidas... se ha hecho uso indiscriminado, donde si ya no usan pesticidas ya no producen los productores; se ha vuelto una adicción, eso es muy grave, además se han presentado problemas de salud como leucemia con los campesinos... Los campesinos que utilizan estos productos no tienen para comprar el equipo que los pueda proteger y se da el contacto directo con los pesticidas, que atacan el sistema nervioso, respiratorio y digestivo''.7

Debemos realizar las acciones pertinentes para que converjan los criterios de rentabilidad y eficiencia para que la sociedad en su conjunto perciba las ganancias del intercambio económico, a través de una mejor salud y mayores ingresos con una justa distribución del mismo, y al mismo tiempo proteja y en su caso, mejore el medio ambiente.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República propone una iniciativa con proyecto de Decreto con la cual se fomente el uso de los productos orgánicos para uso agropecuario que sean ambientalmente inocuos y se desincentiven aquellos cuya utilización dañe a la salud humana y al medio ambiente. Ello a través del establecimiento en la Ley del Impuesto al Valor Agregado de la tasa cero para dichos productos orgánicos.

Los productos orgánicos para uso agropecuario son aquellos que provienen de fuentes naturales como plantas o minerales, aunque también pueden ser elaborados por el hombre.

Entre los beneficios de la utilización de productos orgánicos para uso agropecuario podemos mencionar los siguientes:

Alimentos sanos para los individuos.

Reducción de enfermedades en los seres humanos, como el cáncer.

Se combate la erosión en los suelos y el exceso de nutrientes en el mismo.

Se reduce la contaminación en aguas subterráneas (y superficiales).

Se protege a la biodiversidad, evitando la pérdida de especies.

Se alinean incentivos para generar un crecimiento sostenido y sustentable.

En el proyecto de Decreto se propone la redacción ``orgánicos ambientalmente inocuos'' toda vez que el hecho de que sean orgánicos no significa o implica que no sean tóxicos. De hecho algunos plaguicidas orgánicos han demostrados ser más tóxicos que los químicos, y aunque no puedan ser dañinos para el ser humano lo podrían ser para la flora y fauna.

Tomando en consideración que en México los costos por degradación del medio ambiente son alrededor del nueve por ciento del PIB, y que los gastos en protección ambiental son aproximadamente el punto seis por ciento del producto en cita, se plantea proteger a la salud humana al mismo tiempo que se impulsen prácticas agrícolas amigables al ambiente. En otras palabras diseñar e instrumentar políticas que faciliten el tránsito hacia un crecimiento económico sostenido y sustentable.

Por todo lo anterior, las senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura, en cumplimiento con las garantías consagradas en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente sometemos a la consideración de Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de:

DECRETO que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el inciso f) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A.- ...

I.- ...a) al e).- ...

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre y cuando todos los anteriores sean productos orgánicos ambientalmente inocuos y que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

g) al i).- ...

...

II al IV.- ...

...

TRANSITORIOS.

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

Artículo Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá que fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas son ambientalmente inocuos, de conformidad con los conocimientos científicos y técnicos disponibles.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de octubre de 2004.--- Senadoras: Erika Larregui Nagel (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Notas:

1 Se debe tomar en consideración que no se incluye la subdivisión Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco de la División de la Industria Manufacturera.

2 Presidencia de la República. ``Tercer Informe de Gobierno''.

3 Para los efectos de esta exposición de motivos se considerará que los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas son productos químicos para usos agropecuarios.

4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ``Sistema de cuentas nacionales de México''. 2001.

5 Toxins Awareness Group NZ. ``Pesticides and health''. 2001.

6 El Universal. ``Provocan agroquímicos muertes de peces y aves en Mazatlán''. 30 de agosto de 2004.

7 El Heraldo de Chiapas. ``Usan en Chiapas plaguicidas prohibidos''. 30 de agosto de 2004.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Erika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, Senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafos tercero y cuarto; 71, fracción II; 72 y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, inciso a); 67, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56, 57 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde sus inicios y muy probablemente inspirados por Leonardo Da Vinci, cuando los alemanes Daimler y Benz idearon maquinas que volatilizaban gasolina para desplazarse, este producto petrolífero ha tenido grandes impactos en los habitantes del planeta.

Por un lado, los motores que se han inventado a través de la historia han sido menos ruidosos, de menor tamaño, más potentes y eficientes, lo que ha permitido reducir costos de viaje, de lubricantes y por supuesto de consumo de gasolina.

Por el otro, los motores, al quemar la gasolina ineficientemente para poder funcionar y/o alcanzar propulsión, liberan contaminantes cuyo receptor es el medio ambiente, afectando la salud de los humanos y a los ecosistemas.

Por tal motivo, se han diseñado mejoras en: los motores, en la calidad de los combustibles y también soluciones de final de tubo como la introducción de convertidores catalíticos de dos y tres vías, cuya función es evitar que los gases contaminantes y las partículas producto de la combustión ineficiente lleguen al espacio aéreo. Sin embargo, no todos los vehículos poseen dicho catalizador.

En nuestro país, tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México, ZMVM, existen más de 3 millones de vehículos, de los cuales, alrededor del 30 por ciento corresponde a modelos anteriores a 1989. Se estima que las fuentes móviles generan el ochenta y dos por ciento de las emisiones totales en la ZMVM: ochenta y un por ciento del monóxido de carbono, y de los óxidos de nitrógeno; el cuarenta y seis por ciento de los compuestos orgánicos volátiles, y el treinta por ciento del bióxido de azufre, entre otros contaminantes. Del total de la emisión de Bióxido de Azufre, aproximadamente el treinta por ciento provienen de fuentes móviles, y los que más contribuyen son los autos particulares. Con respecto al Monóxido de Carbono, los automóviles particulares aportan el 40 por ciento de las emisiones, seguido de vehículos de menos de 3 toneladas y los taxis con el 21 y 11 por ciento, respectivamente; los microbuses aportan el 9 por ciento.1

También se han implementado programas para mejorar la calidad de las gasolinas, y esta política ha estado a cargo en nuestro país de la Paraestatal Petróleos Mexicanos. Pemex, empresa orgullosamente de los mexicanos, vende diariamente más de seis cientos mil barriles diarios de gasolina. El quince de abril de 2004 puso a disposición del público la gasolina Pemex Premium de bajo azufre con el propósito de ``... coadyuvar a abatir las emisiones contaminantes a la atmósfera en cumplimiento con las más estrictas normas de ambientales a nivel internacional y nacional...'';2 sin embargo cabe señalar que la reducción del azufre en la gasolina Pemex Premium fue moderada y que se le disminuyeron de 93 a 92 octanos su capacidad antidetonante y una mejor oxigenación, tomando en consideración que su consumo es de aproximadamente cien mil barriles diarios. Para el caso de la gasolina Pemex Magna, esta contiene 87 octanos y es la de mayor consumo: alrededor de quinientos mil barriles diarios. Ello nos da un indicio de que aún existe una alta probabilidad de que los individuos contraigan enfermedades causadas por el azufre.

Sobre este aspecto, entre las enfermedades relacionadas con el Bióxido de Azufre podemos mencionar aquellas que afectan los sistemas cardio-respiratorio y neurológico. Según el informe Situación del Medio Ambiente en México, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Bióxido de Azufre ``... es un gas incoloro que en altas concentraciones puede ser detectado por su sabor y por su olor cáustico e irritante. Se disuelve con facilidad en el agua para formar ácido sulfuroso, el cual se oxida lentamente y forma ácido sulfúrico con el oxígeno en el aire. El Bióxido de Azufre también puede formar trióxido de azufre., vapor muy reactivo que se combina rápidamente con vapor de agua para formar un aerosol ultra fino de ácido sulfúrico, de gran importancia desde el punto de vista de la salud. En altas concentraciones en individuos normales y más bajas en individuos asmáticos, puede producir broncoconstricción...''.

Lo anterior es de suma importancia toda vez que la contaminación, además de disminuir la productividad laboral, también reduce el rendimiento escolar de los niños y jóvenes. También afecta negativamente a las personas adultas mayores cuyas enfermedades requieren la asignación de mayores recursos para que éstos recuperen su estado de salud, sin dejar de lado los problemas que puede causar en el medio ambiente.

Por ello, en nuestro país se han instrumentado políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y la protección al ambiente.

En 1992 el Titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituyó un Fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) para transferir recursos a políticas públicas destinadas a la prevención y control y control de la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Dicho Fideicomiso comenzó sus operaciones con una aportación inicial de un millón de pesos. Para el año de 1994 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto, aprobó un aprovechamiento de un centavo a cada litro de gasolina que se expendiera en la ZMVM.

De la misma forma, a partir de mayo de 1996 y hasta finales de diciembre de 1997 se estableció un segundo aprovechamiento a las gasolinas Nova y Magna: cuatro y dos centavos, respectivamente. Cabe señalar que la gasolina Premium, que inició su comercialización en la ZMVM en octubre de 1996, no fue sujeta al aprovechamiento.

Los recursos del Fideicomiso en cita se han utilizado para llevar a cabo proyectos de recuperación de vapores, entre los cuales podríamos señalar, el diseño de una estrategia integral de gestión de calidad del aire en el Valle de México, cuyo ejecutor es el Instituto Nacional de Ecología, INE, entre otros.

El aprovechamiento en comento dejó de aplicarse a partir de 1998, debido a que se venció la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, se tiene conocimiento que el anterior Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reactivar dicho aprovechamiento, pero hasta hoy no se ha reactivado.

No podemos ni debemos esperar a que por cuestiones políticas, por rencillas internas del gabinete del Gobierno Federal ya sean éstas ideológicas o emocionales, se vea afectada la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, comprometido con la protección de la salud de los mexicanos, y el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, propone una iniciativa con proyecto de Decreto que establece en la Ley Federal de Derechos contribuciones cuyo objeto es constituir derechos por usar o aprovechar un bien que es del dominio público de la Nación: el espacio aéreo.

Las contribuciones consisten en dos derechos ya que en nuestro país, como se mencionó con anterioridad, existen dos gasolinas automotrices: Pemex Magna y Pemex Nova. Para la primera el derecho será de tres centavos, y para la otra de dos centavos, respectivamente; en ambos casos será por cada litro de gasolina automotriz que se enajene al consumidor final, quien es el que realmente consume las gasolinas y emite Bióxido de Azufre al espacio aéreo. Los diferenciales en los derechos se deben a que las gasolinas contienen diferentes partes de millón de azufre. Cabe señalar que en el proyecto de Decreto se asimila a enajenación el autoconsumo, toda vez que existen personas físicas o morales que cuentan con sus propias estaciones de servicio de gasolinas para suministrar a los vehículos que son de su propiedad o a los que están a su servicio.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos antes mencionados se destinarán a un Fondo para el mejoramiento de las gasolinas automotrices, principalmente para la disminución progresiva del contenido de azufre en las mismas, toda vez que Pemex requiere de más de dos mil millones de dólares para hacerle frente a esta problemática.

Finalmente, nuestra iniciativa con proyecto de Decreto contiene la derogación de la denominación ``Sección Primera Espectro Radioeléctrico'' del Capítulo XI del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos que comprende del artículo 244-A al 253-B, ya que en la actualidad existen en el capítulo en comento dos secciones primera con la misma denominación, con objeto de proporcionar seguridad y certidumbre jurídica a los sujetos obligados, así como evitar confusiones y más aún en el caso de existir reenvíos legislativos.

Por todo lo anterior, las Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura, en cumplimiento con la garantía consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de:

DECRETO que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA una Sección Segunda, De la Emisión de Bióxido de Azufre al Espacio Aéreo por el Consumo de Gasolinas para Combustión Automotriz, al Capitulo XI del Título Segundo comprendiendo los artículos 253-C, 253-D, 253-E, 253-F, 253G y 253-H; se DEROGA la denominación Sección Primera Espectro Radioeléctrico del Capítulo XI del Título Segundo que comprende los artículos 244-A, 244-B, 244-C, 244-D, 245, 245-A, 245-B, 245-C, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 253-A y 253-B de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XI Espacio Aéreo

Sección Primera Espectro Radioeléctrico

Artículo 239 al Artículo 243.- ...

Artículo 244.-

El derecho por el uso del espectro radioeléctrico, por el servicio de televisión restringida de servicio fijo de distribución terrenal punto a multipunto, de señales codificadas de audio y video por microondas, por cada megahertz concesionado, se pagará de conformidad con la tabla siguiente:

Área Básica de Servicio Cuota por Mhz denominada concesionado

$

1. Culiacán $1,600.00

2. Hermosillo $1,352.00

3. Juárez $2,328.00

4. Torreón $1,192.00

5. Monterrey $7,545.00

6. Saltillo $798.00

7. Mérida $1,067.00

8. Tuxtla Gutiérrez $1,136.00

9. Villahermosa $1,516.00

10. Guadalajara $7,296.00

11. León $2,827.00

12. San Luis Potosí $1,280.00

13. Querétaro $2,762.00

14. Puebla $3,127.00

15. Veracruz $1,094.00

16. Oaxaca de Juárez $1,331.00

17. Ciudad de México $39,944.00

18. Toluca $2,258.00

19.Pachuca de Soto $1,111.00

El área básica de servicio comprende a la zona geográfica especificada en los títulos de concesión correspondientes.

Para las concesiones que tengan un área de cobertura diferente a la señalada en la tabla anterior, se pagarán cuotas de acuerdo con la tabla siguiente:

Entidad Federativa Cuota por cada megahertz

concesionado

o permisionado

Aguascalientes $1,554.51

Baja California $6,668.10

Baja California Sur $898.77

Campeche $857.34

Coahuila $3,202.23

Colima $825.61

Chiapas $2,183.94

Chihuahua $6,313.10

Distrito Federal $23,285.47

Durango $1,785.88

Guanajuato $5,123.25

Guerrero $1,711.62

Hidalgo $1,361.84

Jalisco $10,163.61

Estado de México $19,861.46

Michoacán $3,525.72

Morelos $1,826.17

Nayarit $1,008.15

Nuevo León $9,430.25

Oaxaca $1,619.89

Puebla $4,595.90

Querétaro $1,467.36

Quintana Roo $1,861.80

Sinaloa $4,723.84

San Luis Potosí $2,194.92

Sonora $5,328.62

Tabasco $1,577.88

Tamaulipas $4,598.47

Tlaxcala $871.48

Veracruz $9,112.09

Yucatán $1,298.57

Zacatecas $1,099.81

En los casos en que el área de cobertura no abarque la totalidad del territorio de una entidad federativa, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de conformidad con la tabla anterior corresponda a la entidad federativa en la que se ubique la concesión, por la proporción que represente la población total del área en la que se ubique la concesión entre la población total de la entidad federativa. Para estos cálculos se deberán utilizar la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente de población provenientes de los conteos de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o en su defecto provenientes del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto.

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión o permiso cubra más de una entidad federativa, se deberá realizar para cada entidad federativa, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas procedentes que correspondan.

En el caso de que para una misma región se puedan calcular el monto del derecho a pagar con cualquiera de las dos tablas que se incluyen en este artículo y de cada tabla se obtenga un monto a pagar diferente, el monto del derecho a pagar será el que resulte menor.

La cuota del derecho a pagar a que se refiere este artículo, será por cada megahertz concesionado, permisionado o asignado, según la tabla que corresponda.

Artículo 244-A.-

El derecho por el uso del espectro radioeléctrico, por los sistemas y redes públicas de comunicación, multicanales o monocanales entre estaciones móviles, portátiles o fijas, a través de una o más estaciones base, con o sin repetidor, se pagará anualmente conforme a las siguientes cuotas:

I. Para el servicio de radiotelefonía celular, por cada frecuencia asignada, concesionada o permisionada y por cada región $3,464.38

II. Para el servicio de radiotelefonía móvil convencional, por cada frecuencia asignada, concesionada o permisionada y por sistema $3,626.80.

III. Por los servicios de radiolocalización móvil de personas, radiolocalización de vehículos, radiolocalización móvil marítima y radiodeterminación, se pagarán derechos por frecuencia asignada, concesionada o permisionada, y por sistema $3,464.38

Para los casos considerados en esta fracción se entenderá por sistema al área de cobertura del servicio concesionado, salvo para los casos de concesiones con cobertura nacional o regional en donde el sistema corresponde a cada entidad federativa involucrada dentro del área de concesión del servicio.

IV. En servicio móvil especializado de flotillas y de portadora común, se pagará el derecho por frecuencia asignada, concesionada o permisionada, y por sistema $375.12

Para fines de aplicación del derecho establecido en esta fracción se entenderá por sistema al área de cobertura servida por cada repetidor, sitio o base. Asimismo, en los sistemas en los que se reutilicen las frecuencias asignadas se aplicará en forma adicional, el derecho por cada frecuencia reutilizada y por sistema.

V. Por el servicio de radiocomunicación móvil aeronáutica, por cada frecuencia asignada, concesionada o permisionada, y por estación base $424.32

Artículo 244-B al Artículo 253-B.- ...

Sección Segunda De la Emisión de Bióxido de Azufre al Espacio Aéreo por el Consumo de Gasolinas para Combustión Automotriz

Artículo 253-C.-

Están obligadas a pagar el derecho que esta sección establece, las personas físicas y las personas morales que usen o aprovechen el espacio aéreo como cuerpo receptor de emisiones de bióxido de azufre derivado de sus actividades de consumo de gasolinas para combustión automotriz.

Artículo 253-D.-

El derecho se pagará por cada litro de gasolina para combustión automotriz que se enajene en territorio nacional, conforme a las siguientes cuotas:

I. Gasolina Magna Sin $.03

II. Gasolina Premium $.02

Para los efectos de esta Sección, se asimila a enajenación el autoconsumo cuando las personas físicas o las morales consuman gasolinas para combustión automotriz en vehículos de su propiedad o en los que estén a su servicio.

Artículo 253-E.-

Las personas físicas y las morales obligadas a retener la contribución que establece esta sección no trasladarán por separado ni en forma expresa el derecho a las personas físicas y las personas morales que adquieran las gasolinas para combustión automotriz.

No se considerará violatorio de tarifas o precios, incluyendo los oficiales, el traslado del derecho a quien adquiera las gasolinas para combustión automotriz.

Las personas físicas y las morales deberán informar mensualmente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, así como Petróleos Mexicanos, los registros con los cuales distingan los volúmenes de gasolinas utilizadas para combustión automotriz respecto de otros usos.

Artículo 253-F.-

El derecho se calculará mensualmente y se pagará mediante declaración que se presentará dentro de los 17 días del mes siguiente al que corresponda el pago y en las oficinas que al afecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general expedirá los requisitos para el otorgamiento de los documentos, así como de las características que deberán contener dichos documentos tales como vigencia, causales de cancelación, datos de identificación, manifestación de que de las gasolinas para combustión automotriz que se adquieran serán para reventa, entre otras, para exentar del pago del derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo como cuerpo receptor de emisiones de Bióxido de Azufre derivado de las actividades de consumo de gasolinas para combustión automotriz a quienes comprueben que adquieran dichas gasolinas para reventa.

En ningún caso la multa será inferior al doble del derecho omitido para quienes hayan adquirido las gasolinas para combustión automotriz amparándose con los documentos que se mencionan en el párrafo anterior y no la utilicen para su reventa, sin perjuicio de los demás accesorios que establecen las legislaciones jurídicas aplicables.

Artículo 253-G.-

Los ingresos que se obtengan por la recaudación que resulte del derecho que establece esta sección, se destinarán a un Fondo para el mejoramiento de la calidad de las gasolinas para combustión automotriz, especialmente para la reducción del contenido de azufre en las mismas.

Artículo 253-H.-

La Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, así como Petróleos Mexicanos, deberán informar anualmente al Congreso de la Unión, dentro de los diez primeros días del mes de julio, del año que corresponda, sobre los avances en materia de reducción de azufre en las gasolinas para combustión automotriz, así como de la recaudación, destino y aplicación de los recursos que se obtengan por el derecho que dispone esta sección.

En ningún caso se considerará como información reservada a aquella relacionada con el Fondo al que se refiere el artículo anterior, así como la de los avances que menciona este artículo, entre otras. La información se publicará en la página de Internet de la dependencia u organismo respectivo, una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

Artículo Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, las reglas de carácter general con los cuales se procederá a entregar los recursos para el mejoramiento de la calidad de las gasolinas para combustión automotriz, así como también sobre los documentos a que se refiere el artículo 253-F de la Ley Federal de Derechos, entre otras.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de octubre de 2004.--- Senadoras: Erika Larregui Nagel (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Notas:

1 La información de este párrafo, entre otros, fue tomada de: Gobierno del Distrito Federal. ``Elementos para la Propuesta de Actualización del Programa ``Hoy No Circula'' en la Zona Metropolitana del Valle de México''. Secretaría de Medio Ambiente, 2004.2 Petróleos Mexicanos. ``Pemex ajusta el diferencia de precios en sus gasolinas''. Boletín de Prensa, 3 de julio de 2004.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Erika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, Senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafos tercero y cuarto; 71, fracción II; 72 y 73 fracción X y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, inciso a); 67, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56, 57 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Hace varias décadas surgió entre diversas naciones la inquietud de conservar y mejorar el ambiente; así como utilizar racionalmente los recursos naturales, toda vez que se preveía que si se continuaban los patrones de consumo, en un futuro la humanidad sufriría en mayor medida el problema de la escasez de bienes y servicios, de la pérdida del estado de salud, de la contaminación de ríos y suelos, etcétera.

Esta inquietud se tradujo en una serie de eventos internacionales, entre los que destacan: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Estocolmo, 1972); la Estrategia Mundial para la Conservación; el establecimiento de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente; y Desarrollo, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), entre otras. Éstas tuvieron como objetivo procurar establecer los lineamientos que deberían regir para alcanzar un desarrollo sustentable, procurando una distribución equitativa del ingreso, un mayor nivel de bienestar a través de los bienes de primera necesidad.

Un bien necesario para el desarrollo de las actividades humanas es la energía eléctrica. Sin ésta no se podrían llevar a cabo tareas domésticas; tampoco disfrutaríamos de servicios básicos y de entretenimiento; no podríamos gozar de los bienes que producen las empresas ya que la energía es un insumo para las mismas; los gobiernos no podrían satisfacer las necesidades colectivas a través de los servicios públicos, etcétera.

Sin embargo en la búsqueda de satisfacer las necesidades, las decisiones humanas afectan de manera negativa (o positivamente), el bienestar de otras personas, del ambiente, o en su caso de otras empresas. Tal es la situación de la contaminación ambiental creada por la producción de electricidad, que no sólo afecta al país sino a todo el mundo.

En este sentido, los recursos naturales que más se emplean para generar energía eléctrica son los no renovables, particularmente los denominados combustibles fósiles como el carbón, los derivados del petróleo (hidrocarburos). En términos mundiales, se estima que la generación de electricidad es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.

Según información disponible, en México la generación de energía eléctrica la realizan esencialmente centrales termoeléctricas que en su proceso utilizan hidrocarburos. El cincuenta y ocho por ciento de la energía es generada por termoeléctricas mientras que menos del diez por ciento se genera por medios renovables.

Lo anterior es de suma preocupación debido a que la utilización de hidrocarburos para generar electricidad produce mayor contaminación. Por ejemplo, se calcula que en México las emisiones de bióxido de carbono asociadas al consumo de energía en fuentes fijas y de área por generación de electricidad para 1998 fueron de 101 mil millones de toneladas.

Estas emisiones se asocian a padecimientos en las vías respiratorias como: asma, bronquitis, tos aguda. Los sectores de la población más vulnerables a estas emisiones son los niños y las personas adultas mayores.

El Grupo Parlamentario al que pertenezco, atendiendo los intereses de la Nación, ha propuesto diversas acciones legislativas para que la entidad encargada de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, que es la Comisión Federal de Electricidad, utilice medios renovables para la generación de la electricidad como: biomásicos, cogeneradores, eólicos, geotérmicos, hidráulicos, maremotrices, solares (termosolar y fotosolar); principalmente en las zonas rurales donde por cuestiones de costo --beneficio no es factible electrificar las zonas rurales con los tecnologías tradicionales. No debemos olvidar que, si bien es cierto que en nuestro país existe una cobertura eléctrica de más del noventa y cinco por ciento, aún falta por electrificar más de 70 mil localidades con poblaciones menores a 100 habitantes.

A nivel mundial se han establecido ingeniosos mecanismos para introducir el uso de la energía renovable en la generación de electricidad; uno de ellos es el precio verde.

El precio verde consiste en incrementar los niveles de inversión en tecnologías de energía renovable en el sector eléctrico, a través de servicios adicionales que se ofrecen a los usuarios que deseen que la empresa encargada de generar electricidad aumente su dependencia en energías renovables por medio de un pago adicional al que aparece en la facturación eléctrica, mismo que será la diferencia entre los costos de generación convencional y los de generación con recursos renovables. Esto permitirá incrementar los niveles de utilización de la energía renovable con lo que se esperan menores costos sociales. En otras palabras, los recursos obtenidos se destinan para cubrir los costos adicionales de la energía renovable utilizada.

Con este tipo de medidas podemos transitar hacia un país sustentable y cumplir con los compromisos, y tratados internacionales firmados y ratificados por México, no sin antes realizar una revisión minuciosa de las políticas energéticas para llevar a cabo las adecuaciones a las mismas que nos lleven al consumo racional de los energéticos para que éstos también puedan aprovecharse en el futuro (ya que una unidad consumida en el presente es una menos en el futuro) por lo que los precios deben reflejar el verdadero valor que tiene para el país el consumo de energía, equilibrando la satisfacción de necesidades en el mediano y largo plazo de conformidad con los subsistemas económico, social, político y ambiental.

Es por ello que las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, comprometidas con el desarrollo sustentable del país, propone una Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se establece en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad debe promover la utilización de energías renovables en la generación de energía eléctrica empleando programas que ofrezcan a los usuarios la opción de aportar con una suma monetaria para financiar el empleo de dichas energías.

De la misma forma, se estima conveniente que el pago que se realice por concepto de precio verde sea una deducción autorizada para efectos del Impuesto Sobre la Renta. Este gasto fiscal se vería compensado con ahorros de recursos provenientes del sector salud, considerando que se utilizarán energías renovables para la generación eléctrica, las emisiones contaminantes por combustión de combustibles fósiles se reducirán, y en consecuencia también lo harán las enfermedades particularmente las respiratorias, y no se tendrá que destinar la misma magnitud de recursos públicos para que los individuos recuperen su estado de salud a través de los centros médicos que opera el Gobierno Federal, entre otros.

No podemos ni debemos olvidar que los costos por agotamiento y degradación son aproximadamente el diez por ciento del producto interno bruto; esto es, se requerirían recursos de alrededor del ochenta por ciento de los ingresos tributarios para restaurar el deterioro al ambiente ocasionado por las actividades humanas.

Por todo lo anterior, las Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura, en cumplimiento con las garantías consagradas en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente sometemos al Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de:

DECRETO mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA la fracción VIII; y se ADICIONA un último párrafo y una nueva fracción IX, la fracción IX se recorre y pasa a ser X; del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 9.- ...

I al VII.- ...

VIII.- Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

IX.- Promover la utilización de fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica, principalmente a través de programas que ofrezcan a los usuarios del servicio eléctrico servicios adicionales con los cuales se incremente el empleo de éstas. Dichos servicios serán ofrecidos primordialmente a los usuarios con altos niveles de consumo, y

X.- Los demás que fijen esta ley y sus reglamentos.

Los recursos que se obtengan de los programas a los que se refiere la fracción IX de este artículo, deberán destinarse a un fondo constituido especialmente para la generación de energía eléctrica a través de energías renovables.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONAN una fracción XII al artículo 29; y una fracción VII al artículo 123; todas ellas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 29.- ...

I al XI.- ...

XII.- Las aportaciones efectuadas para incrementar el empleo de energías renovables en la generación de energía eléctrica, de conformidad con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

Artículo 123.- ...

I al VI.- ...

VII.- Las aportaciones efectuadas para incrementar el empleo de energías renovables en la generación de energía eléctrica, de conformidad con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- La información relativa al fondo al que hace referencia el último párrafo adicionado mediante este Decreto en ningún caso se considerará como reservada. La Comisión Federal de Electricidad deberá enviar al Congreso de la Unión, dentro de los diez primeros días del mes de julio, del año que corresponda, toda la información relativa al fondo, especialmente la relacionada con la administración y aplicación de recursos, y de los avances en la generación de energía eléctrica por medio de energías renovables.

Artículo Tercero.- Los programas deberán estar respaldados por estudios que consideren los costos y beneficios ambientales, económicos y sociales. Dichos estudios formarán parte de la información que la Comisión Federal de Electricidad debe enviar al Congreso de la Unión de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de octubre de 2004.--- Senadoras: Erika Larregui Nagel (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía (rubrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

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Ley del Impuesto a las Pilas y BateriasEl Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Erika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, Senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafos tercero y cuarto; 71, fracción II; 72 y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, inciso a); 67, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56, 57 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia, los seres humanos han ideado nuevas formas de coexistencia humana para que ésta persista en un entorno en el cual se desarrollen las capacidades mínimas con las cuales se aproveche la igualdad de oportunidades para lograr el desarrollo integral de los individuos. Ello considerando en mayor o menor medida, dependiendo de las características particulares económicas, políticas y sociales del espacio en que cohabitan las personas, el aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente.

En el proceso de civilización, se han puesto a disposición de la sociedad bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades colectivas con el propósito de generar bienestar entre los individuos.

Sin embargo en el proceso de satisfacción de necesidades, las actividades realizadas ya sea por aquellos que requieren o ponen a disposición los bienes y servicios en dicho proceso de satisfacción ocasionan deterioros en la salud humana, en el ambiente, o en otras actividades económicas.

Es por ello que la raza humana, como se mencionó con anterioridad, ha ideado las reglas del juego con las cuales intenta limitar las libertades para conseguir el desarrollo adecuado de la civilización.

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, entre otros, los derechos de: protección a la salud, así como a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Con ello se limitan conductas que atacan los derechos de terceros o cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Las actividades humanas, en aras del crecimiento y desarrollo económico, generan contaminación y reducen la disponibilidad de los recursos naturales a través del tiempo, afectando la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Por lo cual es necesario establecer mecanismos que modifiquen el comportamiento del individuo y de las entidades que éstos operan a través de la internalización de los efectos no positivos ocasionados por sus decisiones de producción y consumo que inciden en el bienestar de los demás.

En particular y uno de los motivos de la presente iniciativa, nos referimos a la contaminación generada por la mala disposición de pilas y baterías que ya concluyeron su vida útil, pues provoca impactos negativos, en especial, en la salud humana, y en los suelos y en los mantos acuíferos subterráneos o superficiales.

En los suelos ésta provoca la pérdida de fertilidad y de la capacidad biodegradadora, además de afectar otras funciones que inciden en la supervivencia de la flora y fauna. Mientras que en los cuerpos de agua limitar su limpieza anula la posibilidad de aprovecharlos, además de que provoca la intoxicación de diferentes especies acuáticas.1

Para el caso de la salud humana, además de los olores desagradables, existe la probabilidad de que los seres humanos consuman cultivos que han sido contaminados por estos residuos, provocando el envenenamiento. No debemos olvidar que en nuestro país existen muchas familias que viven del auto consumo y que principalmente se encuentran en pobreza alimentaria.

También las pilas y baterías que han concluido su vida útil liberan químicos cancerígenos que atacan órganos vitales como es el caso del cadmio que provoca cáncer de pulmón.

Las pilas y baterías se utilizan en radios, grabadoras, calculadoras, equipos de comunicación, cámaras fotográficas, juguetes, lámparas, computadoras, celulares, entre otros.

Según información disponible, en México el mayor consumo de pilas es el de tipo alcalino dependiendo de su tamaño, y estás se emplean para: walkman, radiograbadoras, cámaras fotográficas, juguetes, entre otros aparatos.2

Según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología, el promedio de consumo de pila por habitante en México para la década de los noventas fue de 5 por año. Además refiere que ``en los últimos 43 años, en el territorio nacional, se han liberado al ambiente aproximadamente 635 mil toneladas de pilas, cuyos contenidos incluyen elementos inocuos al ambiente y a la salud (en cantidades proporcionalmente adecuadas), como carbón (C) o zinc (Zn), pero también, incluyen elementos que pueden representar un riesgo debido a los grandes volúmenes emitidos, como es el caso de 145 mil 918 toneladas de dióxido de manganeso (MnO) para el correspondiente periodo y otros tóxicos más: 1,232 toneladas de mercurio (Hg); 22,063 toneladas de níquel (Ni); 20,169 toneladas de cadmio (Cd) y 77 toneladas de compuestos de litio (Li). Dichas sustancias tóxicas, representan casi el 30% del volumen total de residuos antes mencionados, o sea aproximadamente 189,382 toneladas de materiales tóxicos''.3

Con el objeto de garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar así como la protección de la salud de los mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República propone una Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se expide la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías.

La norma está dirigida a aquellos que sean fabricantes, productores o importadores de pilas y baterías, es decir a las personas físicas y morales que realicen actos o actividades de primera enajenación en territorio nacional, o en su caso, de importación. Esto con el propósito de modificar conductas para que se instrumenten medidas de gestión integral de residuos que generan las pilas y baterías después de su vida útil en vez de pagar el impuesto en cita, toda vez que quedarán exentos del pago del impuesto aquellos que: (i) presenten y ejecuten con éxito de conformidad con lo proyectado, un programa de acciones para implementar la gestión señalada más arriba, así como el informe semestral sobre los avances del mismo, y (ii) reporten de forma trimestral los volúmenes físicos producidos, fabricados o importados de pilas y baterías.

El impuesto sobre las pilas y baterías consiste en una cuota de diez centavos por cada unidad enajenada o en su caso importada. Es conveniente señalar que por disposición de vigencia temporal, la cuota para los primeros 3 años, a partir de 2005, será de dieciséis, catorce y doce centavos, respectivamente. En otras palabras, el impuesto se disminuirá a través del tiempo toda vez que el instrumento que se propone no persigue fines recaudatorios sino incentivar el cambio de conductas que favorezcan al ambiente.

En caso de existir recaudación por concepto del impuesto en comento, toda vez que la presente iniciativa busca objetivos extra fiscales, los ingresos se destinarán para la creación de un fondo con el cual se proporcionarán recursos a los municipios para que se realicen acciones concretas en materia de gestión integral de los residuos constituidos por las pilas y baterías.

Esta iniciativa complementa a otra que el Grupo Parlamentario al que pertenezco presentará, con la cual se otorga competencia a los municipios para la gestión integral de los residuos de pilas y baterías generados en el ámbito doméstico y por establecimientos mercantiles.

Es importante mencionar que ésta iniciativa no tendrá un impacto presupuestal significativo para las finanzas públicas toda vez que no involucra la prestación de servicios por parte del gobierno federal.

Por todo lo anterior, las Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura, en cumplimiento con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de:

DECRETO mediante el cual se expide la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías

Artículo 1.-

1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer un impuesto para garantizar los derechos de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Artículo 2.-

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Enajenación: Además de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, a los faltantes de inventarios de Pilas y Baterías, y a aquellas que están incluidas en los aparatos.

II. Ley: A la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías.

III. Pilas: A los Dispositivos Electroquímicos que Acumulan y Proveen Energía Eléctrica para Diversos Usos, entre las cuales se encuentran, entre otras, las Pilas y Baterías de Zinc - Óxido de Manganeso o Alcalinas; de Óxido de Plata; de Zinc - Carbón, también conocidas como de Leclanché o Salinas; de Óxido de Mercurio; de Ion - Litio; de Litio; de Níquel - Cadmio; de Níquel - Metal Hidruro; de Plomo - Ácido; de Zinc - Aire.

IV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías.

V.- Secretaría: A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 3.-

1. Por el deterioro en el ambiente y en la salud humana que representa el manejo y disposición de pilas y baterías después de su vida útil, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades de primera enajenación en territorio nacional o, en su caso, de importación de las pilas y baterías a las que hace referencia el artículo 2 de esta Ley.

2. El impuesto que establece esta Ley se aplicará sin perjuicio de las multas y sanciones previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 4.-

1. El impuesto se calculará aplicando una cuota de diez centavos por cada unidad que por primera vez sea enajenada o, en su caso, importada.

Artículo 5.-

1. No pagarán el impuesto que establece esta Ley, además de las personas físicas y las morales diferentes de los fabricantes, productores o importadores de pilas y baterías, aquellas que realicen los actos o actividades de primera enajenación en territorio nacional o, en su caso, de importación de las pilas y baterías, siempre y cuando presenten a la Secretaría:

I. Un programa de acciones y cumplan con el mismo, para llevar a cabo una gestión integral de residuos que generan las pilas y baterías a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley, de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Las personas a que hace referencia el primer párrafo de este artículo también deberán presentar a la Secretaría, dentro de los diez primeros días de los meses de julio y enero, del año que corresponda, un informe semestral de los avances del programa; en el caso de que dichas personas no presenten el informe en el plazo establecido, o no cumplan con los avances programados, estarán obligados al pago del impuesto que le hubiere correspondido pagar así como de sus accesorios.

II. Informes trimestrales, dentro de los diez primeros días de los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, sobre los volúmenes físicos fabricados, producidos o importados de pilas y baterías. En el caso de que no se presenten dichos informes en el plazo establecido, se pagará el impuesto correspondiente así como de sus accesorios.

Artículo 6.-

1. Los contribuyentes no trasladarán en forma expresa ni por separado el impuesto a las personas que adquieran las pilas y baterías.

2. El impuesto al que hace referencia esta Ley no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

3. En el caso de incumplimiento en el pago del impuesto que dispone esta Ley, serán aplicables las legislaciones tributarias además de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7.-

1. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, y los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.

2. Los pagos mensuales se realizarán mediante declaración en los términos que al efecto se establezcan en esta Ley y su Reglamento, y tendrán el carácter de definitivos.

3. Podrán disminuir en las siguientes declaraciones de pago, los montos por concepto de devoluciones, descuentos o bonificaciones de los ingresos percibidos por los actos o actividades por las que se deba pagar el impuesto. El Reglamento de la presente Ley deberá establecer el procedimiento por medio del cual se disminuyan los conceptos mencionados en este párrafo.

Artículo 8.-

1. En el caso de que existan ingresos provenientes de recaudación por concepto del impuesto que establece esta Ley se destinarán para la creación de un Fondo mediante el cual se fortalecerán las actividades que llevan a cabo los Municipios en materia de gestión integral de residuos generados por las pilas y baterías.

2. La Secretaría, escuchando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá en el Reglamento de la presente Ley los criterios mediante los cuales se otorgaran los recursos a los Municipios para llevar a cabo la ejecución de las acciones a las que se refiere el párrafo anterior.

3. El Ejecutivo Federal publicará en el Diario Oficial de la Federación los convenios que se suscriban con los Municipios.

Artículo 9.-

1. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, podrá fiscalizar en todo momento la aplicación y destino de los recursos que sean entregados a los Municipios, rindiendo los informes de conformidad con la ley respectiva y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

2. En ningún caso se podrá clasificar como reservada la información referente al Fondo al que se refiere el artículo 8 de esta Ley, cuando la entidad de fiscalización superior de la Federación requiera dicha información.

Artículo 10.-

1. Los funcionarios y servidores públicos, que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de la presente Ley, se les impondrán las siguientes medidas disciplinarias, independientente de las responsabilidades administrativas, civiles, penales u oficiales que establecen las disposiciones jurídicas aplicables:

I. Amonestación Privada.

II. Amonestación Pública.

III. Suspensión Temporal.

2. La Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, publicará en el Diario Oficial de la Federación el nombre, razón o denominación social, así como de los actos de aquellos que contravengan las disposiciones de esta Ley.

Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías, durante los ejercicios fiscales de 2005, 2006, 2007 y 2008 en lugar de aplicar la cuota prevista en el artículo 4, se estará a lo siguiente:

AÑO CUOTA POR UNIDAD

$

2005 .16

2006 .14

2007 .12

2008 .1

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías

ARTÍCULO TERCERO.- En relación con lo establecido con los artículos primero y segundo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2005.

II.- El Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la misma.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de octubre de 2004.--- Senadoras: Erika Larregui Ángel (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Notas

1 Cortinas, Cristina & Cintia Mosler. ``Gestión de residuos peligrosos''. Programa Universitario de Medio Ambiente. Universidad Nacional Autónoma de México.

2 Revista del Consumidor. ``Conozca quién es quién en pilas eléctricas''. Procuraduría Federal del Consumidor. Número 226, México. pp. 24-34.

3 Instituto Nacional de Ecología. ``Contaminación por pilas y baterías en México. Primera Versión''. Febrero de 2004.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PROGRAMA TRES POR UNO
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Desarrollo Social, con el siguiente Punto de Acuerdo:

``ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, se asignen recursos suficientes al Programa Tres por Uno a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y se observen los principios y preceptos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social''.

Atentamente.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE CHIAPAS
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

``UNICO.- La LIX Legislatura del Senado de la República exhorta a los integrantes de la H. Cámara de Diputados a disponer recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, a fin de que se amplíen los programas de construcción de infraestructura caminera y de salud en el Estado de Chiapas''.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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GASTO SOCIAL
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con el siguiente Punto de Acuerdo:

``UNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005, y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Capítulo de Financiamiento para el Desarrollo, de la Ley General de Desarrollo Social, se considere un incremento al gasto social en la misma proporción que el incremento de 3.8 por ciento en el Producto interno Bruto, previsto para el año 2005, en los criterios generales de política económica, formulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público''.

Atentamente.

México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el siguiente Punto de Acuerdo:

``UNICO.- Se exhorta respetuosamente ala Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, se destinen mayores recursos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en especial recursos suficientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que se puedan cumplir en tiempo y forma con los objetivos proyectados para dicho ejercicio''.

Atentamente.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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MUJERES Y NIÑAS
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el siguiente Punto de Acuerdo:``PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados, para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, los recursos asignados a programas que beneficien directamente a mujeres y niñas se aumenten conforme al índice inflacionario, en relación con los recursos que al efecto se asignaron en el ejercicio de 2004.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente ala Honorable Cámara de Diputados, para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, establezca los recursos necesarios destinados para: a) apoyar la capacitación e inserción laboral de las mujeres y becas para las niñas en el marco del Programa Oportunidades; b) se fortalezcan los programas de salud reproductiva, de control de cáncer cérvico uterino y de mama y, el programa Nacional de Violencia de Género; c) se fortalezcan los recursos para la investigación de los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua''.

Atentamente.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicarles que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Tlaxcala acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

La Presidencia dispuso que dicha documentación se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.

CC. Senadores Secretarios del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito remitir a ustedes el punto de acuerdo, aprobado por esta soberanía, para solicitar al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan ciertos criterios de elegibilidad. Adjunto al presente el punto de acuerdo de mérito.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de X., a 1 de octubre de 2004.--- Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tlaxcala.

Punto de Acuerdo

Primero. Solicítese al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan ciertos criterios de elegibilidad --como haber cumplido oportunamente sus obligaciones fiscales y administrativas hasta antes de registrar problemas financieros o de mercado--, para impedir que continúen cerrando y se pierdan más empleos; a efecto de fortalecer y reencauzar la política fiscal hacia el sector productivo nacional; considerando que otros sectores económicos y sociales han sido rescatados y apoyados.

Segundo. Solicítese al Ejecutivo federal y al estatal la instrumentación urgente de políticas públicas y acciones adicionales tendentes a combatir el contrabando, ya que a la fecha el volumen de éste no disminuye, erosionando la planta productiva nacional.

Tercero. Solicítese al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión que pidan formalmente a la OMC y a la OIT que combatan las prácticas de comercio desleales de China y vigilen el cumplimiento de sus compromisos internacionales, para que esta nación compita lealmente en el mercado mundial.

Cuarto. Envíese copia del presente punto de acuerdo a todas las Legislaturas locales del país a efecto de solicitarles su apoyo para que se adhieran a esta propuesta, en beneficio de la industria nacional en su conjunto y en especial de la cadena libras-textil-confección.

Quinto. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que envíe este punto de acuerdo a los ciudadanos diputados federales y senadores por el estado de Tlaxcala, con el propósito de que apoyen en la tribuna de las Cámaras correspondientes esta solicitud.

Sexto. Instrúyase al ciudadano secretario parlamentario de este Congreso del estado para que envíe las peticiones oficiales a las instancias correspondientes relacionadas con el presente punto de acuerdo.

SÉPTIMO. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del estado.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Froylán Mendieta Cuapio (rúbrica), Presidente; Dip. Floria María Hernández Hernández (rúbrica), Secretaria; Dip. Víctor López Hernández (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del órgano de fiscalización superior del estado de Guanajuato, oficio suscrito por el auditor general, por el que solicita se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 recursos económicos para la ejecución satisfactoria del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.

La Presidencia dispuso que se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Organo de Fizcalización Superior.--- Poder Legislativo de Guanajuato.

Senador licenciado Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Xicoténcatl No. 9, Centro Histórico.--- 06010, México, DF.

Una de las principales atribuciones del honorable Congreso del estado de Guanajuato es la fiscalización de los recursos públicos, tarea fundamental para que la población tenga confianza en sus autoridades, esta responsabilidad se cumple por medio del órgano de fiscalización superior.

El fin último de los órganos de fiscalización superiores es convertirse en promotores del buen gobierno y fomentar la cultura de rendición de cuentas en beneficio de la sociedad a la que sirven. A esto se debe la trascendencia que reviste a las labores de fiscalización superior para el establecimiento de un entorno justo y favorable que favorezca el desarrollo social.

Con este antecedente, y de manera por demás respetuosa, me permito exponerle la necesidad de contar, dentro del marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo Ejercicio Fiscal de 2005, con los recursos económicos que permitan la ejecución satisfactoria del Programa para Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis), que se distribuiría entre las 32 entidades federativas, entre ellas, por supuesto, el estado de Guanajuato.

Consciente de la gran responsabilidad que desempeñan los legisladores del H. Congreso de la Unión y de la importancia que le otorgan a los órganos de fiscalización superior del país, seguro estoy de que mi exposición cobrará sentido.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Guanajuato, Gto., septiembre 29 de 2004.--- CP Mauricio Romo Flores (rúbrica), Auditor General.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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FEDERACION RUSA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-793 signado el 2 del actual, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, original del similar número DEP-2130/04 suscrito el 14 del mes en curso por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se condena el atentado contra la infancia que se llevó a cabo en Beslan, Rusia, por parte del grupo separatista checheno, así como se expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno rusos; se solicita al Ejecutivo federal que exprese por medio de nuestras representaciones internacionales su enérgica condena y la exigencia de la liberación inmediata, se pronuncie por una salida pacífica que preserve la integridad de los rehenes; y se atienda la petición del Consejo de Seguridad de la ONU en el sentido de apoyar a la Federación Rusa en el caso de la toma de rehenes y de los otros ataques terroristas que se han registrado recientemente en ese país.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica.), Subsecretario de Enlace Legislativo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacer llegar la respuesta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 2 de septiembre del año en curso, por el que se condena el secuestro de niños en de Federación de Rusia, en referencia a los acontecimientos ocurridos en los primeros días de este mes en Beslan, y se solicita al Ejecutivo expresar su condena a ese hecho, exigir la liberación inmediata de los rehenes, pronunciarse por una salida pacífica que preserve la dignidad de las víctimas de estos actos y atender la petición del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar a ese país en el caso de toma de rehenes y de otros ataques terroristas.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 14 de septiembre de 2004.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 2 de septiembre del año en curso, por el que se condena el secuestro de niños en la Federación de Rusia, en referencia a los acontecimientos ocurridos en los primeros días de este mes en Beslan, y se solicita al Ejecutivo expresar su condena a ese hecho, exigir la liberación inmediata de los rehenes, pronunciarse por una salida pacífica que preserve la dignidad de las víctimas de estos actos y atender la petición del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar a ese país en el caso de toma de rehenes y de otros ataque terroristas.

Al respecto, le informo que:

El pasado 1° de septiembre, México condenó la ola de atentados ocurridos en Rusia y expresó su preocupación por la toma de rehenes en una escuela de la ciudad de Beslan, a través del comunicado de prensa No. 186 emitido por esta Secretaría, que a la letra señala:

``El gobierno de México condena enérgicamente la ola de atentados ocurridos en Rusia en los últimos días y se une a la pena que embarga al pueblo ruso por estos violentos acontecimientos, en especial a las familias de las víctimas.

De igual forma, México expresa su preocupación por la delicada situación que prevalece por la toma de rehenes en una escuela de la ciudad de Beslan, al sur de Rusia, y transmite sus sinceros deseos por que se encuentre la mejor solución en tan difícil circunstancia.

El pueblo y el gobierno de México se unen al rechazo internacional a estos reprobables actos terroristas y refrendan su compromiso de continuar trabajando arduamente en el ámbito internacional para hacer frente a este mal, que atenta contra la integridad del ser humano.''

El comunicado puede ser consultado en la siguiente página de internet: http://www.sre.gob.mx/comunicados/comunicados.htm

Atentamente

Tlatelolco, DF, a 14 de septiembre de 2004.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase copia a la Comisión de Relaciones Exteriores y al promovente para su conocimiento.

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ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-154 suscrito el día 19 de noviembre de 2003, mediante el cual se sirven comunicar el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a todas las dependencias involucradas, a dar total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia de la nota número 034, signada el 21 del mes en curso, por el C. CP José Trinidad Muñoz Pérez, encargado de la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el informe 2003 y avances 2004 de los numerales de dicho acuerdo, a los que esa dependencia da seguimiento.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, 23 de septiembre de 2004.---Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Atenta NotaPara: Lic. M. Humberto Aguilar Coronado

Subsecretario de Enlace Legislativo

De la Secretaría de Gobernación

De: CP. José Trinidad Muñoz Pérez

Encargado de la Dirección General

Asunto: Acuerdo Nacional para el Campo

Me refiero a su oficio turnado al secretario del ramo, donde hace del conocimiento del punto de acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se dé total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Derivado de lo anterior, anexo al presente, informe 2003 y avances 2004 de los numerales del Acuerdo Nacional para el Campo, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, da seguimiento a través de la Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Septiembre 21, 2004.--- CP. José Trinidad Muñoz Pérez (rúbrica).»

«CMDRS.--- Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.--- Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad.

Seguimiento a la atención del Acuerdo Nacional para el Campo.--- Agosto, 2004.

Numerales del Acuerdo Nacional para el Campo asignados a la Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad.

Agua: 106, 193, 204, 210, 211, 213, 214, 215, 225

Participación Social: 187

Educación y Capacitación Ambiental: 188, 200

Política Ambiental: 186, 191

Información sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales: 190

Capital Natural: Fortalecer los Programas de Recuperación de Suelo, Bosque y Agua: 192

Servicios ambientales y Certificación: 198, 199

Protección a la Biodiversidad y Bioseguridad

Elaboración de propuesta de recomendaciones a CIBIOGEM para la protección a centros de origen y diversidad de maíz, a partir del Seminario de expertos. Esta en revisión.

Emisión de 50 mil folletos para la protección de los maíces criollos, las organizaciones sociales participan en la distribución.

El INE continuará los muestreos de posible introgresión genética en maíz, en la temporada de cosecha, aproximadamente en septiembre.

México ha entregado sus comentarios al informe trilateral de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte relacionado con la evaluación de la introgresión genética de maíz en México, con miras a su próxima publicación.

El Subcomité Especializado de Medio Ambiente (SEMA) de la CIBIOGEM, presidido por el INE, desarrolló el Protocolo de Evaluación de Riegos para la liberación de OGM's de uso agrícola y está en la etapa final de la elaboración del manual correspondiente.

Adicionalmente, INE está elaborando el programa de cómputo para realizar el análisis de riesgo para liberar OGM's al Ambiente (AROMA).

CONABIO tiene en proceso de desarrollo el SIOVM, Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados, el cual apoyará todo tipo de consultas para los análisis de riesgo.

En el marco del proyecto apoyo Fortalecimiento de capacidades apoyado por GEF, se desarrolló un Directorio de Expertos en Bioseguridad, para dar respuestas a consultas en línea. http://expertos.conabío.gob.mx/.

Respecto a la iniciativa de Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, se han realizado diferentes foros en la Cámara de Diputados con el propósito de discusión de la Ley, a fin de proceder a la elaboración del dictamen correspondiente.

Se están realizando reuniones en institutos de investigación relacionados con la biotecnología, bajo la coordinación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con las tres Comisiones encargadas de realizar el dictamen:

Instituto de Biotecnología de la UNAM, en junio,

CINVESTAV en Irapuato, 23 al 24 de junio,

INIFAP en Morelos, 5 y 6 de agosto.

Estas reuniones permiten dar cumplimiento a una de las recomendaciones hechas a esta Comisión por el Grupo Técnico de Evaluación y Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

Agua: impedir su contaminación y proteger las fuentes primarias de abastecimiento.

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS).

En 2004 con una inversión de 260.4 millones de pesos (mdp), la CNA y los Gobiernos Estatales han comprometido 394.7 mdp a la fecha, mediante la suscripción de 24 anexos de ejecución y técnicos.

Con los recursos convenidos se construirán 201 obras de agua potable en beneficio de 81,681 habitantes de 259 localidades y 31 de alcantarillado en beneficio de 28,480 habitantes de 60 localidades.

Instalación de 1,522 sanitarios rurales, para suministrar servicios básicos de saneamiento a 7,720 habitantes de 33 comunidades.

30 de junio se han contratado obras y acciones por 174.6 mdp y se han ejercido 23.1 mdp en los estados de Baja California, Colima, Guerrero y Tamaulipas.

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER).

CNA continua la aplicación de este programa, con la finalidad de fortalecer a los organismos operadores de agua, en las acciones de agua potable y saneamiento.

A junio de 2004, se otorgó la devolución de 16.63 millones de pesos a los organismos operadores de agua potable del estado de Baja California.

Se evalúa el grado de cumplimiento de la NOM-001 por parte de municipios e industrias.

Agua: promover la racionalización del agua en la agricultura y fortaler los programas hidroagrícolas.

En el 2004, para la operación y desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, se autorizaron 3,651.2 mdp, cantidad inferior a lo ejercido en 2003. De esta inversión, el 85 % es aportación federal y el 15% de los gobiernos estatales:

Mediante el Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos y Unidades de Riego y Areas de Temporal, se beneficiarán 156,280 hectáreas para mejorar las condiciones y eficiencia de los distritos y unidades de riego y áreas de temporal con una inversión de 908.7 mdp.

Mediante el Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos Riego, al mes de junio se tiene un avance de 4,050 hectáreas debido a que en algunos distritos de riego no se han iniciado los procesos de licitación, en virtud de que las asociaciones civiles de usuarios no han firmado todavía los convenios de concertación.

Mediante el Programa de Desarrollo Parcelario se realizarán obras de apoyo parcelario e interparcelario con objeto de mejorar el servicio de riego, para lo cual se aplicará un monto de 10.2 mdp, en el periodo 2001-2004 se adquirieron 286 máquinas y equipo de conservación y nivelación de tierras con una inversión orientada bajo el esquema de la Alianza para el Campo.

Para la conservación y operación de los 86 distritos de riego que abarcan 3.4 millones de hectáreas, en 2004 se tiene programado beneficiar 1'028,302 hectáreas, al mes de agosto se han beneficiado a 769,834 hectáreas.

Para conservar y rehabilitar obras de infraestructura en Cuencas prioritarias, por la escasez de agua se ha programado:

Cuenca del Río Bravo, 11,502 ha, con una inversión de 179.6 mdp.

Cuenca Lerma-Chapala, 2900 ha, con una inversión de 76.4 mdp, al primer semestre del año se tiene un avance de 1,013 hectáreas.

Programa de Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal Tecnificado, se tiene programado la rehabilitación de 21 distritos de temporal tecnificado en beneficio de 67,200 hectáreas, con un avance al mes de agosto de 12,900 hectáreas.

Recursos de Usuarios para la conservación de la infraestructura en los distritos de temporal tecnificado beneficiando a 114 mil hectáreas, al mes de agosto se tiene un avance de 59,250 hectáreas.

Proceso de transferencia de los Distritos de Riego a los Usuarios Organizados, con las aportaciones permitiran beneficiar 1‘963,713 hectáreas, al mes de agosto se tiene un avance de 1,800 hectáreas.

Se rehabilitarán 807 pozos, para propiciar el ahorro de agua y energía eléctrica, con una inversión de 120.5 mdp.

En el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2004 se acumula un total de 3,528 pozos rehabilitados para el uso eficiente del agua y la energía eléctrica.

Se tiene programada la rehabilitación y conservación de 24 presas, con una inversión de 70.7 mdp.

Para conservar y rehabilitar obras de infraestructura en Cuencas prioritarias, por la escasez de agua se ha programado:

Cuenca del Río Bravo, 11,502 ha, con una inversión de 179.6 mdp.

Cuenca Lerma-Chapala, 2900 ha, con una inversión de 76.4 mdp.

Para rehabilitar y modernizar la infraestructura en distritos de riego prioritarios se realizarán obras diversas en:

Distrito de Riego 025 ``Bajo Río Bravo'', en Tamaulipas, 175 mdp.

Distrito de Riego 026 ``Bajo Río San Juan'', en Tamaulipas, 125 mdp.

En el Programa de Infraestructura Hidroagrícola en Zonas Marginadas, se autorizaron 65.4 mdp para la construcción de pequeñas obras hidroagrícolas.

Mediante el Programa de Desarrollo Parcelario se realizarán obras de apoyo parcelario e ínterparcelario con objeto de mejorar el servicio de riego, para lo cual se aplicará un monto de 10.2 mdp.

Los programas hidroagrícolas, se encuentran en fase de celebración de convenios y anexos técnicos con Gobiernos Estatales y usuarios de los distritos, por lo que su avance físico se verá reflejado en los próximos meses.

Agua: protección contra inundaciones y Ley de Aguas Nacionales.

Protección contra inundaciones

Para 2004, se aplicará un total de 48.8 mdp en acciones de protección a centros de población e infraestructura productiva, sin considerar las que eventualmente se deriven del Fonden.

Durante el periodo de 2001 a 2004 se han efectuado obras en todo el territorio nacional a fín de reducir los riesgos de inundaciones en áreas productivas, con lo que se han protegido 26,058 hectáreas.

Ley de Aguas Nacionales

El acuerdo quedó debidamente atendido con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de abril de 2004, del ``Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales''.

Participación social en la gestión ambiental

Semarnat y sus entidades sectorizadas favorecen la participación de los actores sociales en órganos de consulta y participación social como son:

- Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (1 nacional, 4 regionales).

- Comité Consultivo Nacional No Gubernamental del Acuerdo de Cooperación (ACAAN).

- Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (1 nacional, 32 estatales).

- Consejo Consultivo del Agua (Nacional).

- Consejos de Cuenca (además de comisiones y comités de Cuenca y Cotas).

- Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas.

- Consejos Asesores de Areas Naturales Protegidas.

- Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias.

- Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental.

Actualmente, diversas organizaciones sociales participan en la elaboración de las reglas de operación del Programa de Pago de Servicios ambientales para captura de carbono, biodiversidad y sistemas agrícolas y agroforestales.

Educación y capacitación ambiental: ampliar programas para crear una conciencia ecológica

Programa de Cultura Forestal de Conafor: A la fecha se han realizado eventos nacionales como la 6a. Semana Nacional de Promoción de la Cultura Forestal, el 7° Concurso de Cartel del Arbol y del Bosque; el Premio al Mérito Forestal, el 1° Concurso de Fotografía Forestal, 2a. Expo Forestal, México, Siglo XXI. Además, se llevan a cabo programas de educación ambiental, elaboración de materiales y juegos, exposiciones itinerantes.

Programa de Desarrollo Regional Sustentable (Proders): en el 2004, se han radicado a 55 regiones prioritarias para la Conservación, recursos para impartir 495 cursos de capacitación.

CECADESU ha dictaminado ya el apoyo a 673 proyectos de capacitación, educación ambiental y comunicación educativa a nivel nacional, presentados por diferentes instancias públicas, privadas y sociales.

Programa de Cultura del Agua: En el 2004, se ha programado realizar 300 espacios de cultura de agua; 2,250 pláticas escolares; 2,045 pláticas comunitarias y 1,471 pinta de bardas.

Política ambiental: descentralización y coordinación con otras políticas sectoriales.

Política Ambiental Descentralizada: Mediante un Acuerdo Marco para la Descentralización de la Gestión Ambiental, la Semarnat y 27 entidades federativas han avanzado estableciendo la demanda de descentralización y en la elaboración de 23 programas estatales de descentralización ambiental. Este proceso es apoyado con el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los gobiernos estatales.

Coordinación con otras Políticas Sectoriales: Uno de los pilares de la actual política ambiental es la transversalidad del desarrollo sustentable, por lo que se ha establecido una Agenda de Transversalidad que involucra compromisos de 16 dependencias federales para avanzar en la incorporación de la variable ambiental en sus acciones.

Política ambiental: fomento de políticas diferenciadas.

La Semarnat a través del Ordenamiento Ecológico (nacional, estatales o regionales) establece las bases para la diferenciación de políticas según ecosistemas y regiones, pero también considerando el grado de conservación.

Los programas regionales (Frontera Norte, estratégico Sur Sureste, Mar de Cortés y Corredor Biológico Mesoamericano) son instrumentos de política diferenciados regionalmente y que consideran los ecosistemas existentes.

Para el caso de bosque natural y de plantaciones forestales comerciales, ya existen políticas diferenciadas, expresadas en programas como Prodefor y Programa de Pago de Servicios Ambientales (PPSA) para vegetación forestal natural y el Prodeplan para especies maderables y no maderables.

Actualmente, se realiza una evaluación del impacto de los instrumentos de política ambiental sobre la cobertura vegetal por ecosistema en el país, lo que permitirá una mejor diferenciación y alineación de las acciones del sector.

Información sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

Como parte de las acciones en este rubro durante 2004:

La CNA publicó el documento Estadístícas del Agua en México 2004, el cual también está disponible en su página electrónica www.cna.gob.mx

Está en proceso de elaboración el Informe GEO México 2004 elaborado por el PNUMA con la colaboración de la Semarnat, mediante el cual se examinan la evolución de los graves daños causados al medio ambiente en México en los últimos 30 años y sus perspectivas para los próximos 30.

Capital natural: fortalecer los programas de recuperación de suelo, bosque y agua.

Prodefor: En 2004, con una inversión de 309.9 mdp se considera la incorporación al manejo forestal de una superficie de 1 millón 700 mil ha. Al mes de agosto de 2004 se tiene un avance de 980,000 ha. incorporadas al manejo técnico.

Prodeplan: Para 2004 se programó el establecimiento de 58 mil ha. apoyadas con una inversión de 309.9 mdp. Actualmente, se encuentra en la etapa de evaluación de los proyectos en los estados.

Procymaf: A partir de 2004, se inició la segunda etapa del Procimaf con la denominación de ``Programa de Desarrollo Forestal Comunitario'', en Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, con una inversión de 64.4 mdp. Al mes de agosto de 2004 se han apoyado a 16 empresas comunitarias.

Las reglas de operación del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, se publicaron en el DOF el 7 de mayo de 2004, la convocatoria para la presentación de solicitudes al programa, se publicó el 13 de mayo de 2004.

Reforestación: En 2004, el presupuesto federal asignado es de 361 mdp para la reforestación de 170 mil ha, así como a apoyar el mantenimiento de reforestaciones anteriores. Al mes de agosto de 2004 se tiene un avance de reforestación en 95,000 has.

Conservación de Suelos Forestales: En 2004 se realizarán acciones en este rubro en 530 mil ha. Al mes de agosto de 2004 se tiene un avance en acciones de protección, conservación y restauración de suelos forestales en 97,635 has.

Programa de Desarrollo Regional Sustentable (Proders): En las 55 Regiones Prioritarias para la Conservación, se ha iniciado el proceso de adjudicación de recursos a las comunidades beneficiadas para la ejecución de 1,208 proyectos comunitarios, y desarrollo de 288 estudios técnicos.

Programa de Empleo Temporal: en el 2004 se cuenta con 100 mdp para apoyar acciones de prevención de incendios forestales, mejoramiento de sistemas de producción de traspatio, recuperación de fuentes de agua, establecimiento de viveros, establecimiento de huertos orgánicos, restauración ecológica de predios recuperados por asentamientos irregulares, vida silvestre y otros.

Servicios ambientales y certificación.

Servicios ambientales

Para 2004, la superficie forestal con reconocimiento y pago de servicios ambientales forestalhidrológico, será de 160 mil hectáreas, con una inversión de 300 millones de pesos.

Con la participación de las organizaciones de productores, la Conafor está elaborando las Reglas de Operación para el pago de Servicios Ambientales, para Captura de Carbono, Protección a la Biodiversidad y establecimiento de Sistemas Agroforestales.

Implementar mecanismos de certificación de calidad

En 2004 dentro del Prodefor se tiene programado apoyar la certificación de 169,950 ha.

El programa de PSA para captura de carbono y protección a la biodiversidad considera el desarrollo de un esquema de certificación de los servicios ambientales.»

«Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.--- Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad.--- Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.--- Abril 13 de 2004.

Numerales del acuerdo nacional para el campo asignados a la Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad.

Protección a la biodiversidad y Bioseguridad: 73, 194, 196, 197, 226.

Agua: 106, 193, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 225.

Participación social:187.

Educación y Capacitación Ambiental:188, 200.

Política ambiental: 186, 191.

Información sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales: 190.

Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación: 192.

Servicios ambientales y Certificación: 198, 199.

Protección de la biodiversidad y bioseguridad.

73/196. Se implementarán acciones de protección a la agrobiodiversidad, tales como el monitoreo de la erosión y contaminación genética.

194. Coordinación de acciones en la comisión específica del CMDRS y elaboración de normas dirigidas a la protección a la biodiversidad, de manera particular los centros de origen y diversificación genética del país, evitando con ello la destrucción, degradación o conservación de hábitat y ecosistemas, a través de áreas protegidas en las que se mantengan las funciones y procesos ecosistémicos indispensables, con la participación de los habitantes rurales en la gestión y operación de los programas; la meta en este sentido es lograr el equilibrio óptimo entre la conservación de la biodiversidad y el avance de la vida humana. Adicionalmente, se tomarán las medidas necesarias a efecto de garantizar que la propiedad intelectual de los recursos genéticos del país sea en beneficio de la Nación y de las comunidades que custodian dichos recursos.

197. Fomentar la investigación y los estudios de análisis de riesgo, bajo estricto rigor científico, en la liberación de los organismos genéticamente modificados para su uso en agricultura y establecer mecanismos que salvaguarden la variabilidad genética y la conservación tanto in situ como ex situ.

226. ....el ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), y en consulta, por las organizaciones sociales y de productores, contribuirá al desarrollo de un marco jurídico que permita diseñar e instrumentar una política nacional en materia de experimentación, producción y comercialización de productos biotecnológicos y organismos genéticamente modificados. Las partes exhortan al Poder Legislativo a que consulte con las organizaciones sociales de producción agropecuaria el contenido de la iniciativa de Ley de Bioseguridad que actualmente se encuentra en dictamen.

Avances

Protección a la agrobiodiversidad: con la participación de expertos nacionales e internacionales se efectuó el seminario sobre ``Identificación y Producción de Centros de Origen y Diversificación de Maíz'' con el objetivo de establecer la metodología para identificar y determinar las regiones del país con mayor diversidad genética del cultivo y sus parientes silvestres y proponer medidas para proteger los centros de origen y diversificación de este cultivo y así contribuir a minimizar los riesgos a la biodiversidad.

En cumplimento de los objetivos y metas del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), la Sagarpa a través del Programa de Recursos Fitogenéticos apoyó con 11.2 mdp la integración y funcionamiento de 10 redes: frijol, aguacate, frutales, anonáceas, agaves, maíz, nopal, hortalizas, ornamentales y bancos de Germoplasma. Se apoyaron 80 proyectos específicos que se enmarcan en las 4 líneas estratégicas: Conservación y mejoramiento in situ, conservación ex situ. Utilización de los recursos fitogenéticos y fortalecimiento institucional y creación de capacidad. Adicionalmente, se conservaron en los Bancos de Germoplasma del INIFAP 200 especies y 70 mil accesiones destacando: maíz, frijol, calabaza, arroz, sorgo, soya, algodón y especies forrajeras.

Monitoreo de la erosión y contaminación genética: Se concluyó el estudio de evaluación de la introgresión genética en maíz en los estados de Puebla y Oaxaca, confirmándose la presencia de secuencias transgénicas en las muestras de 2002. Se han recolectado muestras en los estados de Jalisco y Michoacán y están en proceso de evaluación. El Instituto Nacional de Ecología (INE) está corroborando con un laboratorio internacional certificado, Genetics AD, los resultados de evaluaciones realizadas en el país.

Asimismo, el INE a través del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) está fortaleciendo su capacidad para realizar un monitoreo sistemático con la instalación de un laboratorio especializado en evaluación de introgresión genética.

Como parte del proyecto demostrativo de Bioseguridad de México financiado por el GEFUNDP Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para la Implementación del Protocolo de Cartagena, se han realizado 4 cursos de capacitación técnica dirigidos al personal técnico de las Delegaciones Estatales de la Sagarpa, la Semarnat y de la Profepa, en los procedimientos regulatorios de certificación, evaluación, manejo y control de riesgos asociados con la liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En estos cuatro cursos participaron poco más de 300 capacitandos.

Elaboración de normas: Sagarpa y Semarnat trabajan conjuntamente en la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOMFITO0561995 y en un proyecto de NOM Sagarpa-Semarnat relacionada con la experimentación y liberación de organismos genéticamente modificados. En ambas la NOM's se establecen criterios para la protección de la biodiversidad, especialmente en centros de origen. El desarrollo de esta normatividad respeta lo acordado por la comunidad internacional en el Protocolo de Cartagena.

El Subcomité Especializado de Medio Ambiente de la CIBIOGEM, que está presidido por el INE, desarrolló el Protocolo de Evaluación de Riegos para la liberación de organismos genéticamente modificados de uso agrícola y está en la etapa final de la elaboración del manual correspondiente.

En 2004, se realizarán talleres de validación del protocolo dirigidos a usuarios, organizaciones sociales y académicas.

Con esto se fortalece la capacidad para los estudios de análisis de riesgo que ya se realizan en nuestro país, en los proyectos experimentales de OGM's. En este subcomité participan, entre otros: Semarnat, Secretaría de Salud, Sagarpa, Inifap, Cinvestav, U.A. Chapingo, Instituto de Ecología, UNAM; Profepa y Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas.

Propiedad intelectual: En 2003, la Semarnat a través de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, llevó a cabo cuatro reuniones regionales de información sobre el artículo 8j del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), con las cuales se inició un proceso de facilitación de la participación plena y efectiva de comunidades y pueblos indígenas en la aplicación de lo dispuesto en este artículo. En estas reuniones participaron un total de 160 indígenas y se realizaron por regiones a fin de que respondieran a la especificidad cultural y biológica de los lugares, acorde con el artículo 8j y disposiciones conexas que adoptan un enfoque por ecosistemas.

El artículo 8 de esta Convención, jurídicamente vinculante, establece que cada país, con arreglo a la legislación nacional: respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes poseen estos conocimientos, fomentando que los beneficios derivados de estos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

Con lo anterior se mejoran las condiciones para el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas al socializar la información que puede llegar a afectarlas, tanto positiva como negativamente, y se fortalece su capacidad para la implementación de sus decisiones de uso sobre conocimiento tradicional y la utilización sostenible de la biodiversidad.

A nivel internacional, la CDB, en la 7a. Conferencia de las Partes de la CDB (efectuada en febrero de 2004, en Kuala Lumpur) se acordó el establecimiento de un Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos, que considere la protección de los derechos de las comunidades que resguardan estos recursos y su conocimiento tradicional asociado. México como país parte de esta Convención y como presidente del Grupo de Países Megadiversos Afines, participará en la implementación de este acuerdo.

Adicionalmente, la Semarnat analizó e hizo una serie de propuestas y recomendaciones a la iniciativa de Ley de Acceso de Recursos Genéticos que está en proceso de aprobación en la Cámara de Senadores.

Ley Sobre Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Fue aprobada por la Cámara de Senadores y se hizo una consulta con organizaciones rurales; sin embargo aún está pendiente de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

Agua:

106. En los programas de capitalización a este tipo de productores (con menor desarrollo relativo y con potencial productivo) se privilegiarán las inversiones dirigidas a la eficientización del uso del agua.

Avances

Los programas de Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego y de Desarrollo Parcelario, así como los de Uso Eficiente de Agua y la Energía Eléctrica y el de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, tienen entre sus principales objetivos, que las inversiones generen la eficientización en el uso de agua de riego y el incremento en la producción y la productividad.

Este acuerdo quedó debidamente atendido con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 1o. de septiembre de 2003 las modificaciones a las reglas de operación de los programas hidroagrícolas, que fueron consensadas con las organizaciones campesinas en la reunión del 23 de mayo del 2003, en donde se considera que los productores que presenten los proyectos para un uso más eficiente del agua, tendrán prioridad en las inversiones que se destinen a estos programas.

Con objeto de beneficiar a los productores con menores ingresos en los Distritos de Riego, la CNA los apoya con el Programa de Rehabilitación y Modernización, con inversiones bajo la modalidad de ejercicio directo (100% del costo de las acciones), principalmente en los Estados de Hidalgo y Oaxaca, previamente al proceso de transferencia de los distritos a los usuarios (relacionado con el numeral 122).

193. Ampliación del Programa Nacional Hidráulico con una reglamentación estricta que impida la contaminación de este recurso y fomente la protección de las fuentes primarias de abastecimiento de agua y tratamiento ecológico de aguas residuales en comunidades rurales, principalmente las ubicadas en las partes altas de las cuencas amenazadas.

Avances

En lo que respecta a la reglamentación, se encuentra en proceso de revisión la NOMECOL0011996 que establece los límites máximos permisibles en contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Se cuenta ya con una propuesta que analiza los diferentes parámetros de calidad del agua contenidos en esta NOM y se ha integrado el grupo de trabajo conformado por representantes de los diferentes sectores, el cual iniciará a sesionar en el mes de mayo.

Como medida adicional, la Comisión Nacional del Agua promueve con los municipios el establecimiento de plantas de tratamiento, para lo cual ha condonado adeudos y establecido el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) que tiene como objetivo coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios, mediante la devolución a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Los municipios mediante un Programa de Acciones se comprometan a invertir junto con los recursos federales devueltos, al menos otra cantidad igual. En 2003, el importe de devolución de derechos a nivel nacional alcanzó un monto de 1,429.55 mdp, que incluye devolución de importes pagados en 2002 que fueron certificados en 2003.

Mediante los decretos de condonación para aguas residuales se han firmado 212 convenios de formalización de adhesión con Programa de Acciones de Saneamiento (PAS). para el periodo 2003-2007. De los PAS registrados se tiene estimada una inversión de 12,700 mdp para 2003-2007, por parte de los prestadores de servicios, con lo que se reforzará el cumplimiento de la normatividad vigente de calidad de agua.

204. Fortalecer el programa de agua limpia en las comunidades que cuentan con sistemas de abastecimiento de agua y las que se abastecen a través de aguas naturales, dando especial atención a las poblaciones marginadas y grupos indígenas que se ubican en zonas con problemas de morbilidad y mortalidad relacionados con el consumo de agua contaminada, con la finalidad de contribuir al cuidado de la salud, elevar la calidad de vida de la población y el desarrollo de las comunidades.

Avances

A través del Programa de Agua Limpia se desarrollan acciones que permitan asegurar que las aguas para uso y consumo humano que se suministran a la población, a través de los sistemas de abastecimiento, tengan las características físicas, químicas y bacteriológicas requeridas. Este programa incluye acciones de protección física y sanitaria a las fuentes primarias de abastecimiento de agua. Asimismo, busca generar hábitos adecuados de higiene y de uso eficiente y preservación del agua, dando atención prioritaria a las poblaciones y grupos sociales en zonas de morbilidad y mortalidad relacionados con el consumo de agua.

Durante el año 2003 se instalaron y repusieron 1,196 equipos de desinfección, los cuales permitieron incrementar en 1.9% el volumen de agua desinfectada y en 0.8% la cobertura de cloración en beneficio de 0.5 millones de habitantes de 945 localidades.

En 2003, el 95.4% del agua suministrada a la población está desinfectada, es decir posee las características adecuadas para consumo humano. El nivel de cloración resulta ligeramente superior al 94.6 y 94.4% observado en 2002 y 2000 respectivamente.

Con las acciones realizadas en 2003 se incrementó en 8.167 m3/seg el caudal de agua clorada, con lo cual se alcanzan 305 m3/seg de agua desinfectada, sosteniendo un porcentaje de cloración del 95.4 % del caudal suministrado, en beneficio de 84.4 millones de habitantes asentados en 21,717 localidades del país que cuentan con infraestructura de cloración; lo anterior coadyuvó en la disminución de 1 millón cien mil casos de enfermedades infecciosas intestinales.

Para 2004, la meta es incorporar 3 m3/seg al volumen de agua desinfectada; para ello se cuenta con una inversión federal de 62 mdp. Dentro de este programa, también se tiene programado la apertura de 300 adicionales espacios de cultura del agua; la realización de 2,250 pláticas escolares y 2,045 pláticas comunitarias, así como pinta de 1,471 bardas con mensajes sobre el cuidado del agua.

Cobertura de agua potable y saneamiento: Mediante el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (también conocido como el PROSSAPYS), se apoyan acciones destinadas no sólo a incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento y mejorar su calidad, sino sobre todo con el fortalecimiento de las capacidades locales y la participación de usuarios y prestadores de servicios para lograr un consumo más eficiente.

Este programa se ejecuta mediante acuerdos de coordinación, en los cuales la Federación aporta el 50 por ciento del costo de las obras y los gobiernos estatales y municipales, el porcentaje restante. Los avances alcanzados en 2003 son:

Ampliación de la cobertura de servicios: durante 2003, se construyeron 432 sistemas de agua potable y 139 de alcantarillado que incluye los construidos mediante el programa especial de la Cuenca Lerma Chapala, y suman en conjunto 22.3% más a lo realizado en 2002. Lo anterior permitió beneficiar a 325,811 habitantes de 743 localidades.

Mejoramiento de servicios: para mejorar los servicios se rehabilitaron 23 sistemas de agua potable y dos de alcantarillado; con dichas acciones se mejoró la calidad de los servicios a 16,615 usuarios de 45 localidades.

Se instalaron 8,136 sanitarios rurales en beneficio de 42,030 habitantes de pequeñas localidades, cuyas condiciones demográficas, geográficas y topográficas imposibilitan la introducción del servicio formal de alcantarillado.

Se realizaron 682 estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado para apoyar la construcción de infraestructura en los próximos años.

Un comparativo de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado de 2003, respecto a años anterior se señala en el siguiente cuadro:

210. La construcción de obras hidráulicas y nuevos sistemas de riego, tomando como punto de partida los planes hidráulicos, particularmente los que muestran mayor rezago.

211. Promover la racionalización del uso de agua agrícola redimensionando, reordenando y reconvirtiendo productivamente los distritos de riego sobre-concesionados y sobreexplotados a través de la modernización del riego, la mejora de la eficiencia de operación y parcelaria, así como del programa de adquisición de derechos de agua, propiciando certidumbre sobre la disponibilidad real del recurso. En este sentido la inversión pública en infraestructura hidráulica se focalizará para dejar distritos de riego en óptimo de operación.

212. El impulso a la tecnificación del riego para aumentar la eficiencia en el uso del agua, mediante diversas tecnologías que correspondan a las variadas características de los productores, regiones y climas, a través del establecimiento de un programa que destine recursos presupuestales crecientes a la creación y rehabilitación de obras de infraestructura de captación, conducción y equipamiento de agua de riego, que permita aprovechar al máximo la utilización de este recurso

213. Fortalecer el programa de apoyos para la rehabilitación y modernización de la infraestructura de los distritos de riego a fin de reducir los volúmenes empleados en el riego e incrementar la productividad agrícola y preservar la calidad de los suelos y/o recuperar los que estén afectados por salinidad y/o falta de drenaje.

214. El fortalecimiento de los apoyos en los programas para el desarrollo parcelario, uso eficiente de la energía eléctrica, desarrollo de infraestructura de temporal, conservación y rehabilitación de áreas de temporal.

Avances

Para la operación y desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, se destinaron 3,717.2 millones de pesos, cantidad superior en 39 por ciento real respecto a lo ejercido en 2002. De esta inversión, el 67.7 por ciento fueron aportaciones de la Federación, 31.8 por ciento de los usuarios y 0.5 por ciento de los gobiernos estatales y municipales.

Durante 2003 se continuó la ejecución de 48 proyectos de ampliación de distritos y unidades de riego, así como de desarrollo de infraestructura de temporal; asimismo, se rea-lizaron trabajos de operación y conservación de la infraestructura en 86 distritos de riego y 21 distritos de temporal; en las unidades de riego en operación, se llevaron a cabo acciones con los programas de Uso Eficiente del agua y la Energía Eléctrica, y de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola para la atención de 350 unidades con agua superficial y 388 pozos agrícolas; por otra parte, se ejecutaron trabajos de rehabilitación, conservación y operación de presas. Entre las acciones realizadas destacan las siguientes:

Se incorporaron 10,900 hectáreas a la agricultura de riego, lo que representa un incremento de 40.3% con relación a las 7,771 hectáreas registradas en 2002.

Se rehabilitaron y modernizaron 183,209 hectáreas en los distritos y unidades de riego.

- Destacan las obras realizadas en los distritos de riego ubicados en la Cuenca del Río Bravo; incluyendo recursos federales a través de CNA, así como recursos del Banco de Desarrollo para América del Norte se rehabilitaron 32,610 hectáreas.

- Se iniciaron las acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación en los distritos de riego ubicados en Cuenca Lerma Chapala, registrando al cierre del año un avance de 6,550 hectáreas.

- Con el Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica se rehabilitaron 388 pozos, 60% menos que en 2002.

- Se llevó a cabo la rehabilitación y conservación de 54 presas, resultado superior en 42.1% al obtenido en 2002.

Se incorporaron 14,600 hectáreas nuevas al temporal tecnificado, lo que representa el mayor número de hectáreas beneficiadas desde 1998.

Se incrementó en 21.8% la superficie de temporal rehabilitada al pasar de 52.4 miles de hectáreas en 2002 a 63.8 miles de hectáreas en 2003.

Los usuarios, con sus propios recursos, realizaron en 2003 trabajos de conservación en los distritos de riego en una superficie de 1'680 mil hectáreas y de conservación de áreas de temporal en 100,300 hectáreas.

Se transfirieron 26,900 hectáreas de riego a los usuarios, las que sumadas a las entregadas previamente, significa que se alcanzó el 98.6% de la superficie total de los 86 distritos de riego del país.

En el siguiente cuadro se aprecian las metas e inversiones para el desarrollo y operación hidroagrícola en el periodo 2000-2003:

Para el año 2004, las metas e inversión autorizada a la fecha, se reflejan en el cuadro siguiente:

Por su parte, la Sagarpa instrumentó en 2003 el Programa para la Adquisición de Derechos de Uso de Agua, el cual arrancó en los distritos del Valle de Santo Domingo, B.C.S y 037 Altar Pitiquito en Sonora, para la desincorporación de 91,300 millares de m3, erogándose un monto de 230 mdp. Este programa en 2004 aplicará 452.2 mdp con lo que pretende desincorporar 190 mil millares de m3 en distritos de riego con problemas de sobreexplotación.

Sagarpa, a través del Programa de Fomento Agrícola de la Alianza Contigo, busca la eficiencia en la operación y manejo de suelo y agua, que permita realizar un adecuado aprovechamiento de estos recursos. En 2003 se tecnificaron 93.5 miles de ha, lo que representó un ahorro de cerca de 335 millones de metros cúbicos de agua. Para el 2004 se tiene un programa para apoyar la tecnificación del riego en 100 mil ha más.

215. Incrementar las acciones para la construcción de presas para control de avenidas, bordos, rectificaciones, encauzamientos, construcción y reparación de obras de cauce y mantenimiento, conservación y rehabilitación de obras de protección, todo ello con la finalidad de disminuir los riesgos para los centros de población rural.

A la construcción de obras de protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas se destinaron 815.3 millones de pesos, cantidad 68% superior en términos reales a 2002. El 79% de la inversión fue aportada por la Federación en razón de que la mayoría de las obras se realizan en cauces y zonas de propiedad federal.

Con el Programa de Protección a Areas Productivas, en el trienio 2001-2003 se han realizado acciones constructivas en 22 entidades del país, lo que permitió proteger contra inundaciones a 19, 808 hectáreas productivas. Específicamente en 2003 se beneficiaron 8, 834 hectáreas en 21 estados, destacan los trabajos realizados en los estados de Chiapas, México, Oaxaca; Tamaulipas, Veracruz, así como en la Región Lagunera.

Con el Programa de Protección a Centros de Población, durante 2003 se realizaron diversos trabajos de operación, mantenimiento y rehabilitación del Sistema Hidrológico del Valle de México y los ríos de la Compañía, Ameca, San Francisco y San Rafael, acciones que permitieron beneficiar a una población de 616 mil personas de 27 municipios de la ZMVM.

Para 2004, se aplicará un total de 48.8 mdp en este tipo de acciones sin considerar las que eventualmente se deriven del FONDEN.

221. Establecer consejos de cuenca en regiones con características hidrológicas comunes para facilitar la acción interestatal e interinstitucional en materia de infraestructura básica e hidroagrícola; caminos rurales; electrificación; reforestación; conservación de suelos, flora y fauna; rehabilitación de cuencas; medio ambiente; desarrollo social; sanidad agropecuaria y la actualización de la Carta de Riesgo para establecer los programas de prevención de desastres

Avances

Están ya instalados 26 Consejos de Cuenca que cubren toda la superficie del país; su fundamento jurídico y atribuciones derivan de la Ley de Aguas Nacionales. En ellos participan el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, los Gobiernos de las entidades federativas que están dentro de cada cuenca y representantes de los usuarios de agua en los siguientes rubros: agrícola, urbano, industrial, acuacultura, pecuario. En el Anexo 1, se aprecia la ubicación geográfica de cada uno de los 26 Consejos.

Como órganos auxiliares de estos consejos se han constituido 6 Comisiones de Cuenca, 7 Comités y 57 Comités Técnicos Operativos de Aguas Subterránea (COTAS).

En 2003 se fortaleció la organización y el funcionamiento de estos organismos: 8 Consejos de cuenca alcanzaron la autonomía de gestión técnica y administrativa; 19 COTAS funcionan con sistema administrativo propio y de éstos, ocho COTAS se transformaron en asociación civil, dándoles personalidad jurídica.

Se destaca la firma del Acuerdo de Coordinación para la Recuperación y Sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala 2004-2012, entre los 5 Gobiernos Estatales de la Cuenca y el Gobierno Federal representado por la SEMARNAT, CONAFOR, CNA y SAGARPA, que tiene como finalidad instrumentar una serie de acciones enmarcadas en 4 grandes ejes: Fortalecimiento del Marco Jurídico, Modernización de la Información, Saneamiento y Rehabilitación Ecológica, cuya evaluación y seguimiento será realizada por el Consejo de Cuenca correspondiente.

Con este acuerdo de coordinación se inaugura un modelo de gestión más integral que considera las acciones de ordenamiento, distribución y reglamentación del agua; reconversión productiva, eficientización del riego, saneamiento integral, gestión de residuos sólidos, modernización de la red de medición del agua, reforestación focalizada, conservación ribereña y lacustre, manejo de suelos y otras líneas de acción para la rehabilitación y desarrollo sustentable en esta Cuenca, que es una de las más deterioradas del país.

225. Modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales para compatibilizar los Consejos de Cuenca con los Consejos Estatales, Regionales, Distritales y Municipales previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y establecer el mandato para el pago de servicios ambientales forestales y de conservación de cuencas

Avances

Dado que el Ejecutivo Federal vetó la propuesta de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, se ha consensado una nueva propuesta de modificaciones donde se fortalece el enfoque de sustentabilidad que debe tener el manejo del agua. Se está en espera de su aprobación por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Participación social

187. Planeación participativa de las políticas y programas para promover práctica; sostenibles y recuperación de los recursos naturales.

Avances

Participación social en la gestión ambiental: El sector ambiental favorece la participación de la ciudadanía en órganos de consulta y participación social como son:

Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable ( 1 nacional y 4 regionales)

Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF)

26 Consejos de Cuenca (y órganos auxiliares: 6 Comisiones, 7 Comités y 57 COTAS)

Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas y Consejos Asesores de ANP

Comité Técnico Consultivo Nacional para al Recuperación de Especies Prioritarias y Subcomités de Vida Silvestre.

Consejo Consultivo del Agua (nacional y 29 estatales)

Comité Consultivo Nacional no gubernamental del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN)

Existen otros mecanismos de participación social como son los Comités Operativos Estatales de programas y la Consulta Pública, en este caso de proyectos estratégicos.

En 2003, el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable sesionó en 51 ocasiones (26 reuniones plenarias y 25 de grupo operativo), emitiendo 281 recomendaciones, de las cuales 9 se tradujeron en política pública y 30 en programas, proyectos y acciones.

En 2003 quedó constituido el Consejo Ciudadano del Agua en Morelos, con lo cual se llega a un total de 29 consejos instalados en todo el país.

Educación y capacitación ambiental

188. Promoción de una conciencia nacional sobre la situación real del medio ambiente, así como el cumplimiento cabal y aplicación de las medidas urgentes y necesarias, para revertir las graves tendencias actuales de deterioro ambiental, no sólo en el medio rural sino en todo el país, para un desarrollo sustentable del medio ambiente y de la población en general.

200. Ampliar los programas de educación, capacitación y divulgación que coadyuven a crear una conciencia ecológica para la conservación y restauración de la biodiversidad de una manera integral.

Avances

Promoción de una conciencia nacional:

El área de cultura forestal lleva a cabo acciones de educación ambiental, así como sociodramas y exposiciones itinerantes. En 2003, además coordinó eventos especiales dirigidos a elevar la conciencia de buen manejo y conservación en el ámbito forestal como: 5° Semana Nacional de Cultura Forestal, 6° Concurso de Cartel del Arbol y del Bosque; el Premio al Mérito Forestal y el Premio de Literatura Forestal.

Las acciones de cultura forestal realizadas en 2003 fueron 529 superando la meta establecida de 350 acciones.

Las acciones de capacitación en materia forestal abarcaron un total de 16 mil personas y se llevaron a cabo 4 foros con instituciones académicas para consensar y establecer el Programa Nacional de Educación, Capacitación, Cultura Forestal, Investigación y Desarrollo.

Para 2004, se plantea como meta la realización de 1000 acciones de cultura forestal.

En lo que concierne a una cultura ambiental sobre el Agua, en 2003 se realizan campañas de carácter nacional en los principales medios de comunicación y en ese mismo año se alcanza un total de 278 espacios municipales de cultura del agua constituidos y en operación.

Como parte del Movimiento Ciudadano por el Agua, se llevaron a cabo acciones en coordinación con el Consejo Consultivo del Agua, a fin de dar continuidad a la campaña nacional del agua ``Ciérrale'', difundida en agosto de 2002.

2003, fue considerado, a nivel mundial el Año del Agua Dulce, por lo que la CNA desarrolló una serie de acciones especiales para su celebración y difusión de mensajes hacia la sociedad.

Los Consejos Ciudadanos del Agua Estatales aplicaron estrategias para apoyar la difusión de los trabajos realizados en el marco del Año Internacional del Agua Dulce, con la emisión por parte de la Lotería Nacional de un billete alusivo a la celebración.

Areas Naturales Protegidas: A través del Programa de Desa-rrollo Regional Sustentable (Proders), en 2003 se realizaron 97 eventos de capacitación comunitaria beneficiando a 3,116 productores ubicados en ANP y regiones prioritarias de conservación.

La Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) lleva a cabo acciones enfocadas a sensibilizar a la población sobre la importancia estratégica de la conservación de la biodiversidad a través de las ANP. Los medios más utilizados son la emisión de series de tarjetas postales, calendarios, carteles, exposiciones itinerantes y publicaciones. La realización de la Semana de la Conservación cada año, permite convocar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y la sociedad para llevar a cabo acciones de educación ambiental en la materia.

Cabe destacar que la Conanp desarrolla versiones didácticas de los planes de manejo de las ANP que cuentan con ellos, con la finalidad de facilitar su conocimiento.

El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Semarnat en 2003 apoyó la realización de 694 proyectos de capacitación y educación que incluyen talleres, cursos, publicaciones, carteles, diplomados, producción de materiales y otros.

Para 2004, Cecadesu ha dictaminado ya 673 proyectos de capacitación, educación ambiental y comunicación educativa para ser apoyados a nivel nacional.

Política ambiental

186. Política ambiental coherente, sólida y descentralizada, cimentada en un marco jurídico funcional en sintonía y coordinada con las políticas sectoriales, observando que los subsidios no provoquen cambios nocivos de uso del suelo o uso de tecnologías depredadoras de los recursos, y que por otra parte fomentan una participación efectiva de los poseedores de los recursos naturales en el proceso de gestión ambiental. VINCULADO CON EL 187

Avances

Política ambiental descentralizada: Mediante un Acuerdo Marco para la Descentralización de la Gestión Ambiental, Semarnat y 27 entidades federativas han avanzado estableciendo la demanda de descentralización y en la elaboración de 23 programas estatales de descentralización ambiental. Este proceso es apoyado con el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los gobiernos estatales en las áreas que constituyen su demanda de descentralización. En el Anexo 2 se puede ver los estados participantes y los procesos de gestión ambiental sobre los cuales están trabajando con miras a su descentralización.

Marco jurídico funcional: En este sentido se cuenta con avances en el desarrollo de un marco jurídico que sustente adecuadamente la política ambiental, destaca en 2003 la promulgación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y la emisión del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico.

Para 2004 deberán publicarse los reglamentos de las Leyes de Desarrollo Forestal Sustentable y la de Vida Silvestre. Además se desarrollarán proyectos de reforma a la LGEEPA y el reglamento de la Ley General de Residuos Peligrosos.

Se espera la aprobación en este año de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

Coordinación con otras políticas sectoriales: Uno de los pilares de la política ambiental es la transversalidad, por lo cual a través del Programa de Desarrollo Sustentable (PDS) se han establecido acuerdos con 16 dependencias federales, incluida la Semarnat, para impulsar en su ámbito de acción correspondiente acciones que permitan avanzar en la sustentabilidad. Este programa permitió que en 2003 las dependencias participantes alcanzaran sus metas establecidas en 109 puntos.

191. Fomentar dentro del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales el diseño de políticas diferenciadas por región, especie, tecnología, superficie, bosque natural o plantaciones comerciales, como un mecanismo adicional para promover el uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos socialmente aceptables, que contribuyan a la generación de empleos. Como acciones inmediatas se promoverá la implantación de este sistema de coordinación a nivel de las entidades federativas y municipios.

Avances

En el nivel institucional, el Ordenamiento Ecológico (nacional, estatales o regionales) es la base para la diferenciación de políticas. Los programas regionales (Frontera Norte, estratégico SurSureste, Mar de Cortés y Corredor Biológico Mesoamericano) son instrumentos de política diferenciados regionalmente, y que consideran los ecosistemas existentes. Para el caso de bosque natural y de plantaciones forestales comerciales, ya existen políticas diferenciadas, expresadas en programas como el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), Procymaf y programa de Pago de Servicios Ambientales para vegetación forestal natural y el Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan) enfocado al establecimiento de plantaciones de especies maderables y no maderables.

A través del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación se podrá profundizar la diferenciación de políticas para diferentes condiciones, incorporando la participación de los integrantes.

Sobre este Sistema ya se entregó a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) la propuesta de Lineamientos Generales de Operación y se espera la sanción correspondiente para proceder a su establecimiento.

Sobre los resultados operativos de los programas de apoyo diferenciados para bosque natural y plantaciones forestales, se tiene que:

Prodefor: En 2003 se aprobaron 4,500 proyectos para la incorporación de 2 millones 230 mil hectáreas al manejo forestal sustentable, de las cuales 165,000 ha se enfocaron a certificación por sustentabilidad. En 2004, con una inversión por aplicar de 335.5 millones de pesos se considera la incorporación al manejo forestal de una superficie de 1 millón 700 mil hectáreas.

Procymaf: El Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México Procymaf concluyó su ejecución como Proyecto piloto en diciembre de 2003 logrando importantes contribuciones al mejoramiento del manejo y conservación de bosques nativos, al fortalecimiento del capital social y a consolidar procesos de desarrollo forestal en ejidos y comunidades con base en el uso sustentable y diversificado de los recursos forestales. La inversión aplicada en 2003 fue de 29.8 mdp.

Con el fin de dar continuidad y ampliar los beneficios del Procymaf a otras regiones forestales del país, a partir de 2004, la Conafor inicia una segunda etapa, ahora con la denominación de ``Programa de Desarrollo Forestal Comunitario'' Procymaf II. Su ejecución está prevista para un periodo de cuatro años en regiones forestales prioritarias de los estados de Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo.

Con la implementación del Procymaf II se fortalecerán y consolidarán los procesos de desarrollo forestal iniciados en la primera fase del proyecto. Simultáneamente, se iniciarán operaciones en otras entidades federativas, reconociendo, apoyando y consolidando iniciativas productivas en ejidos y comunidades forestales. En 2004, el Procymaf II realizará acciones con una inversión de 32 mdp.

Prodeplan: En las dos licitaciones efectuadas en 2003 se otorgaron apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 69 mil hectáreas, mientras que la meta en 2004 es de 58 mil hectáreas apoyadas con una inversión de 316.2 millones de pesos.

Información

190. Formulación de un diagnóstico e inventario nacional de recursos naturales y la interrelación que guarda con la población y sus condiciones socioeconómicas que permita conocer el estado que guarda la nación con respecto a los principales indicadores del medio ambiente y desarrollo rural, tomando como unidad territorial la cuenca y núcleos agrarios y unidades ecográficas relevantes para sustentar la toma de decisiones y la orientación de la política ambiental del país.

Avances

El sector ambiental realiza periódicamente diagnósticos e inventarios sobre el estado de los recursos naturales y su situación, como una herramienta indispensable en la toma de decisiones y el diseño de políticas y programas.

En el tema de suelos, este año se actualizó, en escala 1:250,000 la Evaluación de la Degradación de tierras inducida por el hombre y se desarrolló la Carta de Erosión Hídrica y Eólica.

En materia de agua, la CNA elaboró y publicó ``Las Estadísticas del Agua en México, 2003'', disponible en www.cna.gob.mx

Se publicó el Informe de la Situación General del Medio Ambiente en México, 2002''. En este informe se hace un reporte detallado del estado actual del ambiente y de los recursos naturales del país, así como de las acciones efectuadas para su mejoramiento, conservación y manejo. Además se analizan los principales cambios y tendencias que los recursos naturales han seguido en los años recientes. Los grandes temas ambientales tratados en el informe son: población, vegetación y uso del suelo, agua, aire, biodiversidad, aprovechamiento de la vida silvestre e instrumentos de planeación ecológica.

Este informe se basa en el acervo de información contenido en la obra complementaria ``Compendio de Estadísticas Ambientales, 2002''. Ambas publicaciones están disponibles en la página www.semarnat.gob.mx

Sistema nacional de lucha contra la desertificación

192. Atención especial y fortalecimiento de los programas de recuperación y conservación de suelos, bosque y agua, que eviten o reviertan su contaminación o erosión, para ello se coordinarán las acciones a través del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. También este Sistema coordinará acciones que impulsen proyectos de ecoturismo y turismo de naturaleza, basados en el aprovechamiento del paisaje y la mano de obra de las comunidades campesinas y rurales.

Avances

Reforestación. En 2003, se reforestaron 187 mil hectáreas aplicando una inversión de 516.2 mdp que suma los recursos federales, estatales y municipales, participando 1,525 municipios en 18,699 predios. En 2004, el presupuesto federal asignado es de 482.1 millones de pesos que se aplicarán para la reforestación de 170 mil hectáreas, así como a apoyar el mantenimiento de reforestaciones anteriores.

Conservación de suelos. En 2003, la superficie atendida mediante accipnes de prevención y de restauración y conservación de suelos en áreas forestales fue de 607 mil hectáreas. En 2004 se realizarán acciones en este rubro en 530 mil hectáreas.

Mediante el Programa de Fomento Agrícola de la Alianza para el Campo, en 2003 se realizaron acciones de mejoramiento, conservación y rehabilitación de suelo en 348.9 miles de ha en beneficio de más de 26 mil productores.

Para 2004, se plantea una meta de 350 miles de ha más a atender con acciones de rehabilitación, conservación y mejoramiento de suelos.

Servicios ambientales y certificación

198. Implementar el reconocimiento y pago de los servicios ambientales y de protección ante el cambio climático, de la aportación de las comunidades campesinas en la conservación de áreas naturales protegidas y el mantenimiento y mejora de superficies agroforestales, incluyendo en forma específica la producción de café de sombra.

199. Implementación de mecanismos de certificación, etiquetado y reconocimiento de la calidad para productos provenientes de procesos de producción sustentables para que el mercado reconozca su valor y retribuya al campesino su esfuerzo. En este sentido se formularán y emitirán normas oficiales para la regulación de los servicios ambientales y esquemas de certificación para garantizar también al consumidor que está pagando efectivamente por un servicio ambiental

Avances

Reconocimiento y pago de servicios ambientales. A partir de 2003 se inicia el Programa de Pago de Servicios Ambientales en áreas forestales incorporándose 127 mil hectáreas a este esquema con un compromiso de pago por 5 años. Se constituyó el Fondo Forestal Mexicano. Para 2004, la superficie forestal con reconocimiento y pago de servicios ambientales será de 160 mil hectáreas.

En 2003, Semarnat llevó a cabo dos seminarios sobre servicios ambientales; el primero de ellos enfocado a los servicios ambientales como oportunidad de negocios y el segundo consistente en intercambio de experiencias nacionales y de otros países. En estos seminarios participaron 85 participantes de diversas instituciones públicas, académicas, ONG's y de productores rurales.

Certificación: Además de la certificación forestal que se apoya mediante el Prodefor, en el Programa de Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales en México (Procymaf) se apoya la certificación de buen manejo forestal, que se suma a otras acciones que se desarrollan en la silvicultura comunitaria tales como ordenamientos ecológicos, planes de manejo, establecimiento de unidades de vida silvestre y capacitación. La meta programada de certificación para 2003 de 23,675 ha, fue alcanzada.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase copia a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al promovente para su conocimiento.

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LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte de los diputados Lorenzo Miguel Lucero Palma, Marcela Guerra Castillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Javier Orozco Gómez, Marcela González Salas y Petricioli y Francisco Arroyo Vieyra, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Los que suscribimos, diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la atribución que nos confiere la fracción II del artículo 71 y las fracciones X y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 45, fracción V de la vigente Ley Federal de Cinematografía, establece como hipótesis de sanción administrativa, el retiro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autorización a que se refiere la fracción I del artículo 42 de la mencionada ley.

En los términos en que se encuentra redactado el citado artículo 45, el retiro de películas es la única sanción que la autoridad administrativa puede imponer en el caso de que éstas carezcan de clasificación y autorización previa de la autoridad competente, encontrándose impedida jurídicamente para aplicar a los infractores, alguna o algunas de las demás sanciones que se contemplan en el mismo precepto, tales como la amonestación con apercibimiento y las sanciones pecuniarias.

Esta es una primera limitante a la que se enfrenta la autoridad administrativa encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Cinematografía, en materia de clasificaciones y autorizaciones para exhibición, distribución y comercialización de películas, toda vez que, previo a la imposición de la referida sanción de retiro, debe agotar el procedimiento administrativo correspondiente en contra del presunto infractor, y la resolución que imponga la sanción de retiro, debe encontrarse firme para todos los efectos legales, es decir, haberse agotado todos los medios e instancias de impugnación con que cuenta el particular para combatir las determinaciones de la autoridad administrativa.

En el caso que nos ocupa, los afectados por una resolución administrativa que imponga como sanción el retiro de películas, pueden acudir al recurso de revisión que se tramita ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución impugnada; al juicio de nulidad en contra de la resolución recaída al recurso de revisión, que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, finalmente, al juicio de amparo directo contra la resolución pronunciada en el juicio de nulidad, cuya tramitación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación.

La duración de todos y cada uno de los procedimientos antes referidos es indeterminada; sin embargo, debido a las cargas de trabajo en los tribunales administrativos y judiciales, la ejecución de una sanción administrativa puede materializarse una vez trascurridos entre tres y cinco años posteriores a la fecha de inicio del procedimiento administrativo por violaciones a la Ley Federal de Cinematografía. Lo anterior, en el supuesto de que las instancias correspondientes no revoquen la resolución emitida por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, por considerar que ésta no cumple con los requisitos de debida fundamentación y motivación.

En este sentido, es de precisarse que la Ley Federal de Cinematografía no contiene precepto alguno en el que se detalle el procedimiento que la autoridad debe llevar a cabo para efectuar el retiro de las películas, respetando las garantías de audiencia y legalidad con que cuentan los particulares, situación que permite suponer que las impugnaciones de los afectados con dicha medida sancionadora, resultarían procedentes, atendiendo a los criterios que reiteradamente han sostenido los tribunales administrativos y judiciales, en el sentido de que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por motivación legal, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, de conformidad con la jurisprudencia que lleva por rubro ``fundamentación y motivación'', sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 769, Tesis VI.2º J/43, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época.

Al respecto, conviene mencionar que existen otros ordenamientos de carácter administrativo que prevén medidas de sanción similares al retiro contemplado en la Ley Federal de Cinematografía, pero que además, precisan una serie de elementos que dan certeza jurídica a los particulares que puedan resultar afectados por la imposición de tales sanciones, tales como la Ley de General de Salud, la Ley de Pesca, la Ley Forestal, la Ley Federal de Caza, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales.

La base constitucional para la imposición de sanciones de tal naturaleza se encuentra en el artículo 73, fracción XXI, de la Ley Suprema, que establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.

En este sentido, si bien es cierto que el Congreso cuenta con la facultad antes descrita, también lo es que tratándose de una medida sancionadora como el retiro de películas, ésta no sólo debe encontrarse enunciada en la Ley Federal de Cinematografía, sino que también debe describirse en el texto legal el procedimiento que la autoridad llevará a cabo para tales efectos, respetando irrestrictamente las garantías de audiencia y legalidad de los afectados.

Con independencia de lo anterior, la sanción de retiro prevista en la Ley Federal de Cinematografía, carece en sí misma de eficacia para los efectos de evitar o frenar la comisión de la conducta infractora consistente en exhibir o comercializar películas que no se encuentren previamente clasificadas y autorizadas por la autoridad competente, en virtud de que el tiempo para que la resolución se considere firme, se extiende considerablemente debido a las distintas instancias procesales con que cuenta el afectado, y a las que se ha hecho referencia con anterioridad.

En este orden de ideas, se estima conveniente introducir en el texto de la Ley Federal de Cinematografía la figura de las medidas de aseguramiento, que tienen un fin exclusivamente preventivo o tutelar, consistente en impedir la realización de actos, presumiblemente violatorios de lo dispuesto en el artículo 24 del ordenamiento legal en cita, es decir, de la obligación de someter las películas a la autorización y clasificación correspondiente, previamente a su exhibición, distribución y comercialización. Si bien es cierto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla las llamadas ``medidas de seguridad'', también lo es que --en estricto acatamiento del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 Constitucional-- sólo pueden aplicarse medidas previamente establecidas en la Ley correspondiente, y como consecuencia de los presupuestos contemplados en la misma.

Por tal motivo, se estima que no basta con la regulación que, sobre las medidas de seguridad, existe en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues ésta es de carácter genérico y únicamente sirve como pauta para que los distintos ordenamientos de carácter administrativo contemplen medidas específicas, acordes a la naturaleza de los actos que regulan; en tal virtud, es necesario incluir en la Ley Federal de Cinematografía las medidas de aseguramiento consistentes en la prohibición de comercialización y exhibición, así como en la retención provisional de películas --dadas sus características particulares--, como medidas que permitirían alcanzar el objetivo primordial de impedir, de manera casi inmediata, la exhibición o comercialización de películas carentes de clasificación y autorización, sin tener que agotar todas y cada una de las instancias legales, antes de obtener una sentencia definitiva que confirmara la sanción administrativa de retiro, pues para ese momento, la sanción --en sí misma-- resultaría completamente ineficaz, o bien, de imposible ejecución, en el supuesto de que las películas que hubieran motivado el inicio del procedimiento administrativo, ya se hubiesen comercializado en su totalidad, o su exhibición ya no resultase atractiva al público.

A efecto de que las medidas de aseguramiento cumplan con los requisitos de debida fundamentación y motivación legales, es menester establecer el procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo, así como los actos de autoridad que motiven y en que se apoye la imposición de tales medidas. Al respecto, el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo.

No obstante que esta disposición es de aplicación supletoria a la Ley Federal de Cinematografía, en los términos del artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el propósito de otorgar mayor certeza jurídica a los particulares que sean objeto de una visita de verificación, cuyo resultado pudiera motivar la imposición de medidas de aseguramiento y, eventualmente, de la aplicación del retiro de películas, como sanción definitiva, se propone incluir un capítulo que se refiera a las visitas de verificación, especificando que éstas deberán cumplir con las formalidades que se establecen en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero haciendo precisiones específicas en relación con las visitas en las que se detecten posibles violaciones al artículo 24 de la Ley Federal de Cinematografía.

De este modo, se prevé que el visitado podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas, o bien, hacer uso de tal derecho, mediante escrito dirigido a la autoridad ordenadora de la visita, dentro del término de diez días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta.

Para respetar plenamente la garantía de audiencia que asiste al visitado, se prevé que si transcurrido el término de diez días, éste no acredita que las películas detectadas en la visita cuentan con la clasificación y autorización correspondiente, la autoridad deberá dictar las medidas de aseguramiento que a su juicio correspondan, las cuales pueden consistir en la prohibición de exhibición y comercialización, o bien, en la retención provisional de las películas.

Siguiendo esta lógica, se incluye un capítulo denominado ``De las medidas de aseguramiento'', en el que se confiere a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la facultad de dictar medidas de aseguramiento de carácter preventivo; se describe cuáles son cada una de estas medidas y cómo se llevan a cabo. Además, se enfatiza que las medidas de aseguramiento se aplicarán sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan, lo cual resulta apegado a derecho, en virtud de que se trata de figuras de naturaleza jurídica distinta, cuyos objetivos son diversos, pues en el primer caso, son de carácter preventivo de una posible conducta infractora, en tanto que en el segundo supuesto, se aplican como corrección, una vez acreditada fehacientemente la infracción cometida.

Dentro del capítulo de sanciones, se propone modificar el texto del actual artículo 45, toda vez que se estima que su redacción impone limitantes a las autoridades administrativas, ya que en el caso de las películas que se exhiban o comercialicen sin contar con previa autorización y clasificación, la única sanción que puede aplicarse es el retiro, con los inconvenientes que éste presenta, y a los que se ha hecho referencia anteriormente; por ello, se agrega la posibilidad de que la autoridad administrativa --además del retiro-- pueda imponer otras sanciones, tales como la amonestación con apercibimiento y la sanción pecuniaria, para lo cual se modifica el encabezado de dicho precepto, agregando la referencia al artículo 24 de la Ley Federal de Cinematografía.

Como una precisión de técnica legislativa, se modifica también la fracción V del vigente artículo 45, que será recorrido al número progresivo que le corresponda, toda vez que su texto vigente señala ``Retiro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autorización a que se refiere la fracción I del Artículo 42 de esta Ley.'' El artículo 42 en comento hace referencia a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; sin embargo, una sanción administrativa debe ser consecuencia inmediata de la vulneración a obligaciones a cargo de los particulares, por lo que no puede aceptarse que la sanción de retiro se encuentre sustentada en una atribución de la autoridad, pues tal atribución no puede ser transgredida por los gobernados.

Es por ello que la modificación propuesta sustituye la referencia al artículo 42, fracción I, por el artículo 24 de la Ley Federal de Cinematografía, pues en este último se señala la obligación de que ``Previamente a la exhibición, distribución y comercialización de las películas, éstas deberán someterse a la autorización y clasificación correspondiente, ante la autoridad competente, de conformidad a lo que establezca el Reglamento'', de modo que, en realidad, la posible infracción en que incurra el particular, consistirá en violentar el contenido del artículo 24, que impone a su cargo tales obligaciones.

A más de lo anterior, el retiro de películas --como sanción administrativa-- tampoco se encuentra contemplado expresamente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se deben precisar sus características particulares y la forma en que habrá de realizarse, para lo cual se detalla en la propuesta que nos ocupa, que el retiro se lleve a cabo -- en lo que resulte aplicable -- de conformidad con el procedimiento establecido para la retención provisional.

Finalmente, la iniciativa propone que el destino de las películas retiradas como resultado de resoluciones firmes de la autoridad administrativa, sean clasificadas por la autoridad competente, quien podrá realizar donaciones de éstas a los representantes de las instituciones de educación pública del país, previa solicitud de los mismos, y quienes sólo podrán emplear las películas con fines educativos. Se estima que éste sería el destino idóneo de las películas retiradas, toda vez que su venta o remate, por preferente que fuera, implicaría competencia desleal hacia los exhibidores, distribuidores y comercializadores que sujetan sus actividades a las obligaciones que les impone la Ley de la materia.

Por las consideraciones mencionadas y con fundamento en lo que dispone el Artículo 71, fracción II, y el artículo 73, fracciones X y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía.

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía

Artículo Único. Se adiciona un nuevo Capítulo X, titulado De las visitas de verificación y los artículos 43, 44 y 45 del mismo Capítulo, y se recorre el actual Capítulo X, De las sanciones, a un nuevo Capítulo XII y sus respectivos artículos, pasando a ser los artículos 52, 53, 54, 57 y 58; se adiciona el Capítulo XI, De las medidas de aseguramiento y los artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del mismo Capítulo; se reforma el artículo 54 y se adicionan los artículos 55 y 56, todos de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

Capítulo X De las Visitas de Verificación

Artículo 43. Las visitas de verificación que las autoridades competentes realicen, a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos de carácter general que resulten aplicables, se realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 44. En las visitas tendientes a comprobar el cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 24 de la presente Ley, el visitado podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta de verificación, o bien, hacer uso de tal derecho mediante escrito dirigido a la autoridad que hubiese ordenado la visita, dentro del término de diez días hábiles, siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta.

Artículo 45. Si transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, el visitado no acredita fehacientemente que cuenta con la autorización y clasificación expedidas por la autoridad competente, para exhibir, distribuir y/o comercializar las películas materia de verificación durante el desarrollo de la visita, la autoridad dictará las medidas de aseguramiento que, a su juicio, correspondan.

Capítulo XI De las Medidas de Aseguramiento

Artículo 46. La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, podrá dictar medidas de aseguramiento de carácter preventivo, con el propósito de impedir la realización de conductas que, presumiblemente, contravengan lo dispuesto por el artículo 24 de la presente ley.

Artículo 47. Las medidas de aseguramiento consistirán en:

I. Prohibir la exhibición, distribución o comercialización de las películas que no cuenten con la autorización y clasificación expedida por la autoridad competente.

II. Ordenar la retención provisional de las películas que se ubiquen en el supuesto descrito en la fracción anterior.

La autoridad deberá notificar personalmente al interesado la medida de aseguramiento dictada, a través de mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, en el que se precise que el aseguramiento subsistirá hasta en tanto el interesado acredite haber cumplido con la obligación consignada en el artículo 24 de la presente Ley, en cuyo caso, dentro de los diez días hábiles siguientes, la autoridad administrativa procederá a realizar las acciones necesarias para que las películas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la medida de aseguramiento.

Una vez dictada la medida de aseguramiento, la autoridad administrativa deberá dar inicio al procedimiento administrativo tendiente a la imposición de las sanciones que correspondan, por violaciones a la presente ley.

Artículo 48. Tratándose de películas incorporadas en formato de videograma, disco compacto o láser, así como cualquier otro sistema de duplicación para su venta o alquiler, la prohibición a que se refiere la fracción I del artículo anterior, comprenderá también la colocación de sellos sobre los ejemplares de dichas películas, que impidan al público el acceso a las mismas, y que contendrán la leyenda: ``Se prohíbe la comercialización de estas películas, en virtud de que transgreden lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Federal de Cinematografía, toda vez que carecen de autorización y clasificación de la autoridad competente''.

Artículo 49. Para llevar a cabo la retención provisional a que se refiere la fracción II del artículo 47, el mandamiento de autoridad que la ordene deberá precisar el nombre de la persona o personas que la realizarán, quienes deberán identificarse plenamente ante el interesado; asimismo se indicará que las películas retenidas serán trasladas a las oficinas que ocupa la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, donde permanecerán bajo el resguardo de su Director General, quien será responsable de su conservación, así como de rendir mensualmente a su superior jerárquico, un informe sobre el estado que guarden los materiales cinematográficos retenidos.

Artículo 50. Al practicarse las medidas de aseguramiento deberá levantarse el acta circunstanciada correspondiente, en la que se hagan constar todos los pormenores de la diligencia.

Si se trata de retención provisional, en el acta se deberán señalar los títulos y número exacto de las películas objeto de la medida de aseguramiento; cuando éstos no coincidieren con los datos asentados en el acta de visita de verificación, se hará contar expresamente tal circunstancia.

Artículo 51. Las medidas de aseguramiento se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que correspondan, en los términos del artículo 54 esta Ley; por lo tanto, en ningún caso, el procedimiento administrativo podrá sobreseerse en virtud de que el interesado obtenga las autorizaciones y clasificaciones correspondientes durante su tramitación, por lo que la autoridad deberá dictar la resolución definitiva que en derecho corresponda, imponiendo las sanciones que resulten procedentes.

Capítulo XII De las Sanciones

Artículo 52. ...

Artículo 53. ...

Artículo 54. La Secretaría de Gobernación impondrá a los infractores de los artículos 8º, 17, 19, segundo párrafo, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente Ley, atendiendo a los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de ésta y la reincidencia, una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Clausura temporal o definitiva de los espacios o locales;

III. Multa de quinientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción;

IV. Multa de cinco mil a quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción, a quienes infrinjan los Artículos 8º, 17, 19, segundo párrafo, 22 y 23 de esta Ley;

V. Retiro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autorización a que se refiere el artículo 24 de esta Ley.

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa hasta por el doble del monto superior correspondiente.

Artículo 55. Para ejecutar una resolución firme que imponga como sanción el retiro de películas, cuando la medida de aseguramiento dictada previamente fuese la prevista en la fracción I del artículo 47 de esta Ley, la autoridad competente deberá observar, en lo que resulte aplicable, el procedimiento establecido para la retención provisional.

Artículo 56. Las películas retiradas con motivo de la sanción impuesta, serán clasificadas por la autoridad competente y permanecerán en las oficinas que ocupa la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

Los representantes de instituciones de educación pública del país, que acrediten fehacientemente tal carácter ante la Dirección General antes mencionada, podrán solicitar la donación de ejemplares de películas, para ser empleados únicamente con fines educativos.

Artículo 57. ...

Artículo 58. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Francisco Arroyo Vieyra (PRI), Lorenzo Miguel Lucero Palma (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Manuel Gómez Morín Martínez del Río (PAN), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD), Javier Orozco Gómez (PVEM), Marcela González Salas y Petricioli (PRD) (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO ACTIVO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De los propios diputados, esta Presidencia recibió iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales, con objeto de impulsar la industria cinematográfica nacional.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales, con objeto de impulsar la industria cinematográfica nacional, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Los que suscribimos, diputados federales a la LIX Legislatura del Congreso General, con fundamento en los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo de la presente iniciativa de reformas está encaminado exclusivamente a fomentar la producción de películas cinematográficas mexicanas, a través de incentivar el desarrollo de las empresas nacionales dedicadas primordialmente a la producción cinematográfica en México, a través de diversos estímulos fiscales que les permitan contar con mayor capital de trabajo para el desarrollo de sus actividades, que les faciliten la captación de recursos y mejores condiciones de obtención de financiamientos, así como impulsar la cultura, generar empleos en el sector, incrementar la rentabilidad y aumentar la inversión extranjera en este tipo de industria.

Para ello se pretende reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Activo, con las modalidades que a cada una corresponda.

a) Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Una de las propuestas que se han analizado, consiste en buscar la forma de no encarecer las producciones cinematográficas realizadas por empresas mexicanas, con el costo de este impuesto, buscando además el beneficio para la industria, de recuperar al 100% el impuesto que les sea trasladado por los diversos proveedores de bienes o servicios.

En este orden de ideas, se propone reformar la ley respectiva para permitir la aplicación de la tasa del 0% a todas las actividades que realicen las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano. Se propone que esta medida entre en vigor a partir del 1° de enero de 2005.

Dicha reforma implicará que al estar todas las actividades que realicen las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano gravadas a la tasa del 0%, les permitirá recuperar la totalidad del impuesto que les sea trasladado, a través de su acreditamiento y posterior solicitud de devolución ante las autoridades fiscales.

En virtud de lo anterior, el producto final que ofrezcan las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, será por consecuencia más accesible.

b) Ley del Impuesto sobre la Renta:

Actualmente, las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano llevan a cabo para la realización de sus actividades compras muy importantes de inventarios y bienes de activo fijo, mismas que les representan costos muy elevados y que evidentemente se encuentran directamente relacionadas con la producción cinematográfica.

Lo anterior genera que dichas empresas tengan que invertir una gran cantidad de recursos en activos fijos que por su naturaleza, únicamente se llegan a utilizar en una producción o, en el mejor de los casos, en no más de dos producciones.

Como resultado de lo anterior, no resulta lógico desde el punto de vista económico para este tipo de industria, el que a los activos fijos adquiridos se les otorgue el tratamiento de inversiones deducibles en el tiempo conforme a las tasas máximas que para cada tipo de bien contempla la ley, ya que su vida útil es muy limitada. En otras palabra, no se justifica el diferimiento en la deducción de este tipo de erogaciones.

Por lo anterior, se propone reformar la ley para permitir a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano la deducción en un sólo ejercicio fiscal, del total del valor de las inversiones que realicen en el mismo en estos bienes, independientemente de que conforme a la ley califiquen como inventarios o activo fijo, siempre y cuando los mismos sean utilizados en una producción cinematográfica mexicana y la utilización de los mismos para estos fines no se extienda por más de tres ejercicios.

Se analizó la posibilidad de establecer algún mecanismo que logre el propósito de que, parte de la recaudación que se perciba a través de empresas mexicanas dedicadas a la producción cinematográfica a través de las retenciones que efectúan a terceros, sea destinada al apoyo de este tipo de producciones.

Por lo anterior, se propone reformar la ley para que en los casos en que las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano paguen regalías a residentes en el extranjero, para explotar en México producciones cinematográficas mexicanas, informen de esta situación al SAT, de tal forma que se destine el 30% del impuesto retenido al extranjero a un fondo encaminado a otorgar estímulos al sector.

El distribuidor o productor de cine mexicano tendrá que informar a las autoridades fiscales, el nombre de las personas a las que les hubiere efectuado retenciones por concepto de regalías en el año de calendario inmediato anterior, así como el importe pagado que corresponde exclusivamente a la explotación de producciones mexicanas.

Por otro lado, se propone que para canalizar al fondo los recursos destinados al apoyo y producción de cine mexicano, el mismo deberá estar regulado conforme a las reglas y lineamientos que deberán emitir las autoridades fiscales para tales efectos, las cuales estarán encaminadas a lograr que los recursos de dicho fondo sean efectivamente destinados a los fines del mismo.

También se analizó que las empresas dedicadas a la producción de películas cinematográficas en México comúnmente incurren en gastos que no pueden amparar con documentación que reúna los requisitos que establecen las disposiciones fiscales para fines de su deducción, lo cual les genera un costo importante.

Con el propósito de eliminar esta problemática y simplificar la mecánica para la determinación del impuesto sobre la renta, se propone que las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano podrán optar por deducir el 40% de los ingresos que obtengan en el ejercicio, en substitución de las deducciones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, se propone otorgar un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción del cine mexicano por las aportaciones que se realicen a fondos de capacitación de técnicos o profesionistas en actividades relacionadas con la industria cinematográfica.

Dicho estímulo consistirá en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo.

Ahora bien, se propone la incorporación de un nuevo artículo que otorgue un estímulo fiscal a aquéllas personas que realicen aportaciones especiales de capital a las producciones cinematográficas en México, a través de aportaciones de recursos a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano.

La aportación especial que los terceros efectúen a las producciones cinematográficas en México no incrementarían el patrimonio de la producción, por lo que no se considerarán como un ingreso para las empresas productoras, sino que se trataría como una ayuda financiera efectuada específicamente al proyecto cinematográfico, la cual en un futuro podría ser recuperada o no. No obstante, se propone que en tanto se define si se recupera o no dicha aportación, será deducible desde el momento mismo en que se efectúe.

Toda vez que los terceros realizarán aportaciones para el desarrollo del proyecto cinematográfico, reservándose el derecho a recuperarlas en un momento dado y participar en los resultados del mismo, al momento de la recuperación deberán reconocerse como un ingreso acumulable.

Por otra parte, con el fin de equiparar los momentos de reconocimiento de los ingresos y gastos de estas empresas para fines fiscales, se propone que no se consideren ingresos los anticipos que reciban las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, por los derechos para la distribución de las películas, sino que dichos anticipos se graven hasta que se inicie la exhibición de los proyectos cinematográficos.

c) Ley del Impuesto al Activo:

Como se mencionó anteriormente, las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano llevan a cabo para la prestación de sus servicios inversiones en activos con un costo muy elevado, las cuales se encuentran directamente relacionadas con la producción cinematográfica, que por su naturaleza no se llegan a utilizar en más de dos producciones.

Por lo anterior y en congruencia con la reforma que al respecto se propone realizar a la Ley del Impuesto sobre la Renta, de tal forma que esta última no se vea afectada al tratarse de impuestos complementarios, se propone que las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, no incluyan en la base del impuesto los activos utilizados en las producciones cinematográficas cuya vida útil sea por un periodo limitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Congreso General por conducto de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales, con el objeto de impulsar la industria cinematográfica nacional

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción V del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A. ...

I. a IV. ...

V. La enajenación de bienes, la prestación de servicios, así como el uso o goce temporal de bienes, que realicen en territorio nacional, las empresas mexicanas dedicadas a la producción de películas cinematográficas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan el artículo 17 con un tercer párrafo pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto párrafos; se adiciona el artículo 29, fracción II con un tercer párrafo, y una nueva fracción XII; se adiciona una fracción XVIII al artículo 86; y se adicionan dos nuevos artículos 225 y 226, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

...

Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los anticipos que obtengan las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano por las actividades que realicen. Únicamente se gravarán dichos anticipos hasta que se inicie la exhibición de los proyectos cinematográficos.

Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta.

No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Sin embargo, estos ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 29. ...

I. ...

II. ...

...

Las inversiones en bienes de activo fijo que utilicen las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, y que se encuentren directamente relacionadas con la producción cinematográfica, se podrán deducir en un solo ejercicio en los términos de esta fracción, siempre y cuando las mismas se utilicen en no más de tres ejercicios fiscales.

III. a XI. ...

XII. Los contribuyentes dedicados a la producción de cine mexicano podrán optar por deducir el 40% de los ingresos que obtengan, en substitución de las deducciones a que se refiere esta ley.

Artículo 86. ...

...

I. a XVII. ...

XVIII. Las personas dedicadas a la producción de cine mexicano, deberán presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales, la información correspondiente de las personas residentes en el extranjero a las que les hubiere efectuado retenciones por concepto de regalías en el año de calendario inmediato anterior, así como el monto de las mismas, cuando dichas regalías fueron pagadas para explotar en México una producción cinematográfica mexicana propiedad del residente en el extranjero.

Artículo 225. Se otorga un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, por las aportaciones que se realicen a fondos de capacitación de técnicos o profesionistas en actividades relacionadas con la industria cinematográfica, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo.

El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio, así como los requisitos que se deberán cumplir, serán los que contemple la Ley de Ingresos de la Federación en esta materia, y para su aplicación se estará a las reglas que expida la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma.

Artículo 226. Con el propósito de fomentar la producción de cine mexicano, los contribuyentes a que se refiere el Título II de esta ley, que efectúen aportaciones a producciones cinematográficas en México, podrán deducir el monto total de dichas aportaciones, siempre y cuando se reserven el derecho a recuperarlas en un momento dado y participar en los resultados del mismo; sin embargo, en caso de que el proyecto cinematográfico recupere la inversión realizada, se considerarán dichas aportaciones como ingresos acumulables al momento del retorno de las mismas.

Asimismo, se otorga el estímulo para las empresas productoras de cine mexicano, de no considerar como ingreso acumulable el monto de dichas aportaciones.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

...

I. a IV. ...

Las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano no considerarán para la determinación de la base del impuesto al activo, los activos cuya vida útil sea por un periodo no mayor a tres ejercicios.

TRANSITORIO

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Francisco Arroyo Vieyra (PRI), Lorenzo Miguel Lucero Palma (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Manuel Gómez Morín Martínez del Río (PAN), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD), Javier Orozco Gómez (PVEM), Marcela González Salas (PRD), (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De los propios diputados, esta Presidencia recibió iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 200 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 200 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscribimos, diputados federales a la LIX Legislatura del Congreso General, con fundamento en los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 200 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La cinematografía nacional mexicana, en su auténtico concepto de Industria que implica la transformación material, la realización de procesos, la utilización de maquinaria y equipo, se conforma esencialmente por los laboratorios fílmicos, los que revelan y copian las cintas cinema- tográficas para con dicho proceso permitir su distribución y exhibición. Todos los trabajos de producción a partir de una obra intelectual que se conforma con el guión no podrían alcanzar al público al que se dirige la obra cinematográfica si no se llevaran a cabo los procesos de revelado y copiado. Sin los procesos antes dichos la cinematografía no podría válidamente ser reputada como industria.

2. Ante los cambios que se han operado en los sistemas de exhibición pública de películas cinematográficas, los cuales implican una distribución a partir de estrenos simultáneos en diversas salas, en general con la utilización de centenares de copias, los laboratorios mexicanos, con oportunidad, actualizaron su equipamiento con grandes inversiones, con capacitación tecnológica de su personal e incrementando el número de trabajadores, lo que ha dado como resultado que esos laboratorios cuente con capacidad técnica para no sólo surtir al mercado nacional cubriendo sus necesidades en número de unidades, calidad y con tecnología que compite con la producción de cualquier parte del mundo, sino que, además, está en capacidad de producir copias de películas cinematográficas para otros mercados.

3. La actual Ley Federal de Cinematografía establece en su artículo 22 lo siguiente: ``Los servicios técnicos de copiado o reproducción de matrices de obras cinematográficas que se destinen para explotación comercial en el mercado mexicano, deberán procesarse en laboratorios instalados en la República Mexicana con excepción de las películas extranjeras que no exceda de seis copias para su comercialización, salvo las disposiciones contenidas en convenios o tratados internacionales''.

Teniendo plena vigencia los tratados de libre comercio celebrados con Estados Unidos y Canadá, así como con la Unión Europea, se debe estimar por lo que hace a copias producidas en los países signatarios de dichos tratados, la importación de copias carece de toda restricción y el artículo 22 de la Ley Federal de Cinematografía resulta inaplicable.

4. De conformidad con el comportamiento actual del mercado mexicano de exhibición de películas, se tiene contemplado que en el presente año 2004 se utilizarán en México un número superior a 40,000 copias. Actualmente se importan más del sesenta por ciento (60%) de las copias que se exhiben en las salas cinematográficas de la República Mexicana y se observa una tendencia a que dicho porcentaje de copias importadas se vea incrementado.

5. El comportamiento de las importaciones de copias de películas cinematográficas, además, arroja la siguiente información:

i) Las importaciones de copias se realizan en prácticamente en su totalidad, por las empresas distribuidoras de películas extranjeras, casi todas ellas siendo subsidiarias, concesionarias o titulares de derechos de franquicia de las compañías productoras o titulares de los derechos de explotación comercial de las obras cinematográficas. Los exportadores de las copias son las casas matrices, empresas afiliadas o los franquiciantes, de los distribuidores de películas o bien los laboratorios extranjeros que actúan por cuenta de aquéllas

ii) Las importaciones de copias de películas cinematográficas, en la mayoría de los casos, se realizan a valores del doble del costo de copias elaboradas en el país, realizándose una concentración de utilidades en el extranjero, así como una importante transferencia de divisas. En nuestro país, el costo de cada copia de una película cinematográfica de largo metraje de duración normal, es en de US $900.00, teniendo las importadas un costo promedio de US $2,000.00

iii) El pago de regalías por parte de las empresas distribuidoras a los extranjeros titulares de los derechos de explotación de las películas cinematográficas se encuentra sujeto a la retención y pago de Impuesto sobre la Renta, de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, que señala en su parte conducente: ``Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar...''

b) Por su parte, el artículo 200 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala en su parte conducente: ``Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país... El impuesto se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa que en cada caso se menciona: II. Regalías distintas de las comprendidas en la fracción I, así como por asistencia técnica... 25%... Para los efectos de este artículo, se entenderá que también se concede el uso o goce temporal cuando se enajenen los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación. En este caso, las tasas a que se refiere este artículo se aplicarán sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, en función del bien o derecho de que se trate... Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en este artículo están obligadas a efectuar la retención que corresponda...''

6. La importación de copias de películas cinematográficas, lejos de representar algún beneficio al país o suplir alguna deficiencia en la industria cinematográfica nacional, implica la transferencia innecesaria de divisas al exterior, cuando sería más que razonable que el material que se utiliza en su explotación en el mercado interno se elaborara dentro del propio territorio. Además, se ha demostrado en innumerables ocasiones que cuando la elaboración de copias se realiza en México, se evitan errores, retraso en los estrenos y la facilidad de complementar o ampliar la exhibición con la elaboración inmediata de copia adicionales. Por otra parte, se tiene la experiencia de que en un buen número de ocasiones cuando se producen en México las copias de alguna película cinematográfica para su explotación en el país, los productores o distribuidores encomiendan a los laboratorios mexicanos participantes, que produzcan copias para otros mercados, en especial para los mercados latinoamericanos y con ello se logran ingresos adicionales en divisas para nuestro país con motivo de la exportación de copias.

Objetivos de la propuesta de reformas:

a) El primer objetivo que se persigue con la reforma es incrementar sustancialmente la producción de copias de películas cinematográficas en el territorio nacional y a través de los laboratorios establecidos en nuestro país. Con ello se busca sostener y ampliar las fuentes de trabajo en este ramo de la industria cinematográfica y hacer más eficiente la distribución al contar con una fuente de elaboración dentro del propio mercado.

b) El segundo objetivo consiste en minimizar la práctica de importaciones de copias de películas cinematográficas que implica la transferencia de divisas y concentración de utilidades en el extranjero.

c) El tercer objetivo es incrementar, como país que provee a su propio mercado de exhibición cinematográfica, la posibilidad de abastecer otros mercados convirtiendo a la actividad de los laboratorios en una fuente adicional de divisas.

Contenido de la iniciativa:

La propuesta consiste en incluir dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en particular en el artículo 200 de la misma, la posibilidad para los contribuyentes radicados en el extranjero que sean los receptores del pago de regalías, que en el caso de que las regalías provengan de ingresos generados por la explotación comercial de películas cinematográficas cuyos derechos les correspondan y hayan sido transferidos o concesionados a las empresas distribuidoras y cuyas copias para tal explotación comercial se hubieren producido en México, de recibir regalías sin retención alguna hasta por un importe igual al costo que hubieren tenido las copias producidas en el país.

Se estima que con esta reforma se obtendrían los siguientes resultados:

i) Se incentiva la producción en el país de copias de películas cinematográficas, aprovechando la capacidad instalada por los laboratorios nacionales, con la posibilidad que de esta actividad se vean incrementadas las plazas en dichas fuentes de trabajo

ii) A pesar de la remisión, no sujeta a retención de regalías hasta por el valor de las copias elaboradas en el país, amén de evitarse la salida de divisas sin beneficio fiscal alguno, se logra una recaudación por parte del fisco que actualmente no se tiene y que además de compensar la remisión de regalías no sujetas a retención, generará ingresos adicionales a los laboratorios mexicanos, a los distribuidores de película para copiado, productos químicos, productos de empaque, etc. que repercutirán en sus utilidades, productividad, y en la remuneración de sus trabajadores, con lo que se causarán impuestos adicionales a percibirse por el fisco.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del honorable Congreso General, por conducto de la Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 200 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona un nuevo párrafo noveno al artículo 200 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 200.

Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

El impuesto se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa que en cada caso se menciona:

I. Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril 5%

II. Regalías distintas de las comprendidas en la fracción I, así como por asistencia técnica 25%

Tratándose de regalías por el uso o goce temporal de patentes o de certificados de invención o de mejora, marcas de fábrica y nombres comerciales, así como por publicidad, la tasa aplicable al ingreso que obtenga el contribuyente por dichos conceptos será la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley.

Cuando los contratos involucren una patente o certificado de invención o de mejora y otros conceptos relacionados a que se refiere la fracción II de este precepto, el impuesto se calculará aplicando la tasa correspondiente a la parte del pago que se haga por cada uno de los conceptos. En el caso de que no se pueda distinguir la parte proporcional de cada pago que corresponda a cada concepto, el impuesto se calculará aplicando la tasa establecida en la fracción II de este artículo.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que también se concede el uso o goce temporal cuando se enajenen los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación. En este caso, las tasas a que se refiere este artículo se aplicarán sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, en función del bien o derecho de que se trate.

Para los efectos de este artículo, implica el uso o concesión de uso de un derecho de autor, de una obra artística, científica o literaria, entre otros conceptos, la retransmisión de imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien el derecho de permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares y que el contenido que se retransmite se encuentre protegido por el derecho de autor.

Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en este artículo están obligadas a efectuar la retención que corresponda.

Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando los pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro de los quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero.

Tratándose de contribuyentes que perciban regalías en virtud de contratos a través de los cuales se otorguen derechos de explotación de películas cinematográficas a cambio de regalías o una participación en los ingresos que deriven de la explotación de tales derechos en el país, si las copias de las películas cinematográficas necesarias para tal explotación se hubieren fabricado o producido dentro del territorio nacional, dichos contribuyentes tendrán derecho a percibir, sin la retención prevista en este artículo, regalías hasta por el mismo importe del costo de las copias producidas en el país. Por las regalías que se perciban en exceso del costo de las copias necesarias para la explotación comercial de las películas, se aplicará la retención por el importe señalado en la fracción II.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Francisco Arroyo Vieyra, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Marcela Guerra Castillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Javier Orozco Gómez, Marcela González Salas (rúbricas).

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día, nos ha pedido el promovente que le cambiemos su posición en el orden del día, de tal suerte de contar con los elementos necesarios para su presentación.

Y el diputado Francisco Barrio Terrazas, también nos informa sobre su petición de posponer la presentación de su iniciativa.

Así que tiene la palabra don Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas...

No está el diputado, pasa al final del capítulo.

Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación...

No está el diputado Kahwagi Macari, pasa al final del capítulo.

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LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad comparativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad comparativa, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.

Recientemente, presenté a la consideración de esta Soberanía una propuesta para reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en lo concerniente a publicidad engañosa.

En virtud de que la misma disposición legal contiene lo referente a la publicidad comparativa, el día de hoy hago uso de esta tribuna para someter a la consideración de ustedes reformas a nombre de mi partido, Convergencia, que consideramos indispensable realizar al texto normativo enunciado, con el propósito de que el país cuente con un marco regulatorio más amplio, claro y preciso que le permita proteger a los consumidores frente a este tipo de prácticas publicitarias.

Si bien la utilización de la publicidad comparativa en México de bienes, productos y servicios, ha sido poco frecuente, su manejo por parte de los publicistas en el futuro inmediato será más recurrente dada la apertura comercial con el resto del mundo.

Hace 10 años, aproximadamente, la sociedad mexicana fue impactada con los primeros anuncios publicitarios en los que se comparaban dos productos, tal fue el caso de las embotelladoras Coca Cola y Pepsicola; de las pastas dentales Colgate y Crest y de las productoras de jugo, del Valle y Jumex.

El objetivo de los publicistas en aquel entonces fue confrontar a los productos señalados destacando que uno de ellos era preferido mayoritariamente por el gusto de los consumidores aunque las ventas del mismo en el mercado interno no lo reportaran así, ello con el afán de arrebatarle algunos compradores potenciales al competidor más fuerte.

Los empresarios que consideraron vulnerados sus derechos con el uso de la publicidad comparativa sometieron a la jurisdicción de la Profeco sus respectivas quejas, con lo cual la autoridad administrativa dio inicio al estudio de los primeros conflictos en materia de publicidad comparativa que se presentaron en nuestro país.

Las determinaciones emitidas por la Procuraduría Federal del Consumidor en aquel entonces, mas que proteger los derechos de los consumidores, procuraron no afectar a ninguno de los grandes corporativos industriales en disputa por las consecuencias económicas nacionales e internacionales que podrían haberse ocasionado si se favorecía a uno u otro producto.

La realidad es que la experiencia no solo de la Procuraduría Federal del Consumidor, sino de México en ese tipo de controversias ha sido mínima, al extremo de que la Ley es muy escueta respecto al tema.

El artículo 32 de la Ley invocada tan solo refiere que: ``la información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior'' y el párrafo precedente se refiere a lo que la autoridad considera como publicidad engañosa.

En virtud de que la ley de la materia emana de un mandato constitucional contenido en el artículo 28 que tiene como objetivo procurar la protección de los consumidores, y no velar por la protección económica de las empresas que recurren a este tipo de publicidad, mi partido, Convergencia, tomando en consideración fundamentalmente las experiencias que en la materia tienen los países de Norteamérica y los que conforman la Comunidad Económica Europea, considera necesario llamar la atención de los legisladores respecto al tema a fin de analizar, discutir y en su momento aprobar las reformas que presentamos.

En primer término consideramos que la Ley debe precisar qué se entiende por publicidad comparativa; considerar que dicha publicidad solo será permitida en nuestro país, cuando ésta incluya criterios de comparación objetivos de las características de los bienes, productos o servicios y que solo habrán de autorizarse las comparaciones que se orienten a satisfacer las mismas necesidades o que tengan la misma finalidad; y que en caso de que se reproduzcan o se haga referencia a resultados de pruebas comparativas llevadas a cabo por terceros, estas contengan leyendas alusivas a los derechos de autor de quienes realizaron tales pruebas comparativas.

Al propio tiempo, que en caso de que la publicidad comparativa se incluya la utilización de la marca, del nombre comercial y cualquier otro signo distintivo de un tercero no se haga de manera denostativa, sino resaltando las diferencias de forma objetiva.

Creemos que estos criterios llevados al marco de la ley, permitirán una competencia legítima en el ámbito de la publicidad comparativa, otorgará a los proveedores claridad respecto a las reglas para la utilización de este tipo de publicidad y permitirá a la autoridad contar con los instrumentos jurídicos necesarios para proteger los derechos de los consumidores tal cual es el espíritu de la Ley.

Plasmando estos criterios en la legislación, se dará certidumbre también a los industriales y comerciantes que deseen recurrir a este tipo de publicidad.

Los motivos expuestos contribuirán a regular el mercado interior, obtendremos que los consumidores se beneficien al máximo con estas disposiciones a fin de que cuenten con mayor información para decidir sobre sus opciones de compra y se generará una mayor competencia entre los proveedores evitando distorsiones y mejorando la calidad de los productos y servicios.

Asimismo consideramos que se debe establecer en el texto de la Ley la legitimidad activa que pueden tener los consumidores en lo particular, sus organizaciones y los propios proveedores para promover ante la Profeco acciones encaminadas a propiciar su intervención ya sea de oficio o a petición de parte cuando consideren que la publicidad comparativa contraviene las disposiciones que hoy presentamos a la distinguida consideración de ustedes.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar en los términos que a continuación se señalan:

Artículo 32.- La información o publicidad que compare bienes, productos o servicios será permitida en el territorio nacional, siempre y cuando no se lesionen los intereses de los consumidores.

Por publicidad comparativa se entenderá toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un proveedor o a los bienes, productos o servicios ofrecidos por éste.

Toda publicidad comparativa deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Primera.- Que no sea engañosa en los términos definidos en el presente artículo.

Segunda.- Que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad.

Tercera.- Que compare objetivamente una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio.

Cuarta.- Que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.

Quinta.- Que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales u otros elementos que distingan a un competidor, ni se pretenda sacar indebidamente ventaja de la reputación del competidor.

Sexta.- Que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.

Los consumidores y proveedores que consideren vulnerados sus derechos con la publicidad comparativa que se difunda a través de cualquier medio podrán presentar una queja ante la Procuraduría para que ésta inicie el procedimiento a que se refiere el artículo 35 de la Ley.

La Procuraduría podrá intervenir de manera oficiosa cuando considere que la publicidad comparativa afecte los derechos de los consumidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a catorce de octubre de 2004.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Aduanera...

Me informan que pasa al final del capítulo.

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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta de un comunicado de la Junta de Coordinación Política que obra en poder de esta Presidencia, para la consideración de la Asamblea. El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto de la presente, suscrita por los siguientes diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ondorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, misma que fue analizada en sesión de trabajo de este órgano de gobierno celebrada el 13 de octubre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que se abstenga de realizar declaraciones que invadan la competencia del Poder Judicial, y que explique con base en qué procedimientos determina la ilegalidad de una resolución judicial emanada por autoridad de una entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yañez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

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ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las normas jurídicas propias de cada Estado no se encuentran aisladas, antes bien se encuentran ordenadas y sistematizadas en un ordenamiento jurídico. Dicho lo anterior, podemos mencionar que los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo o de diverso rango. Bajo el primer supuesto encontramos entre ellos una relación de coordinación, en el segundo puesto existe un nexo de supra o subordinación. El maestro Eduardo García Maines nos dice que la existencia de relaciones de este último tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela al propio tiempo el fundamento de su validez.

La importancia de clasificar las normas de acuerdo a su jerarquía radica en que, atendiendo a esta clasificación podemos determinar cuál debe ser la norma predominante, cuál norma es la que regula la creación de las demás y si una norma puede invalidar a otra.

Nuestro artículo 133 constitucional contiene diversas disposiciones de gran trascendencia, como la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas y el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Debemos señalar que si bien es cierto que el mencionado numeral establece la supremacía constitucional al establecer que las leyes del Congreso de la Unión deben de emanar de ella y los tratados deben estar de acuerdo con la misma, no distingue la jerarquía que existe entre los tratados y las leyes.

Por su parte, la Ley Sobre la Celebración de Tratados no establece cuál es la jerarquía que tienen los tratados en la legislación nacional. La casi nula legislación sobre la jerarquía de las normas resulta insuficiente con relación a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, además de generar diversos conflictos, pues no existe en nuestro país un criterio explícito y unívoco que nos responda cómo se resuelve la eventual incompatibilidad o inconsistencia que pudiera presentarse entre los compromisos asumidos por el Gobierno en el contexto de un tratado internacional, frente a la legislación nacional.

Debido a lo anterior, cuando han existido contradicciones entre los ordenamientos jurídicos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que dictar diversas tesis para determinar la jerarquía, mismas que han sido contradictorias por lo que aún no se ha dictado jurisprudencia.

La primera tesis de 1981 determinó la igualdad de jerarquía entre los tratados y las leyes, al determinar que el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial no tiene un rango superior a la Ley de Invenciones y Marcas, sino que la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma, ya que el artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unión que emana de ella y los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren con el Presidente de la República y con la aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional y si bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de la Constitución Federal.

En 1992 el pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó lo anterior al resolver por unanimidad la tesis C 92 y que a la letra dice:

``Leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa''.

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella como los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan ambos el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas del orden jurídico mexicano.

Ahora bien. Teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa, por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria no pueden ser consideradas como inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

El problema que genera la igualdad de jerarquía establecida en estas dos tesis se debe al desfase o duplicidad de situaciones, ya que si un tratado o una ley tenía el mismo rango, habría que aplicar entonces el viejo adagio de ex posteriori derogat ex priori la cual genera un serio conflicto normativo, ya que si una ley posterior deroga un tratado anterior, se contradice el principio fundamental de que los tratados deben de ser respetados, trayendo como consecuencia la correspondiente responsabilidad internacional y si un tratado posterior deroga una ley anterior, se contravenía el artículo 72 F de la Constitución, el cual exige que las leyes sean derogadas según el mismo trámite que establece la ley para su formación.

Celebramos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de otorgarles mayor jerarquía a los tratados sobre las leyes; sin embargo no se debe soslayar que es una tesis no obligatoria, lo que le dio rango supralegal a los tratados internacionales, por lo que se hace necesario que recaigan otras cuatro sentencias en el mismo sentido y sin ninguna en contra para que pueda ser considerada como obligatoria para los demás tribunales, lo que dificulta la aplicabilidad de los tratados.

Debido que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y en consecuencia comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional, que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que un estado es parte, acarrea responsabilidad internacional y que actualmente existe una tendencia mundial de dar preeminencia al derecho internacional sobre el derecho interno tal como lo han establecido las constituciones de Francia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos etcétera, misma que fortalece la operatividad y aplicabilidad de los derechos contenidos de los mismos, me parece imprescindible proponer una reforma al artículo 133 constitucional, a fin de que se establezca que en su caso, de conflicto entre los tratados internacionales y las leyes federales, tendrán primacía los primeros. Esta reforma nos permitirá tener certeza de la jerarquía que tienen los tratados en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, será la Ley Suprema en toda la nación.

En caso de controversia entre los tratados y las leyes que emanen de la Constitución, prevalecen los primeros. Los jueces de cada Estado se reglaran a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las normas jurídicas propias de cada Estado, no se encuentran aisladas, antes bien, se encuentran ordenadas y sistematizadas en un ordenamiento jurídico.

Dicho lo anterior, podemos mencionar que los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo o de diverso rango. Bajo el primer supuesto encontramos entre ellos una relación de coordinación, en el segundo supuesto, existe un nexo de supra o subordinación. El Maestro Eduardo García Maynes nos dice que la existencia de relaciones de este último tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela, al propio tiempo, el fundamento de su validez.

La importancia de clasificar las normas de acuerdo a su jerarquía, radica en que atendiendo a esta clasificación podemos determinar cuál debe de ser la norma predominante, cuál norma es la que regula la creación de las demás, y sí una norma puede invalidar a otra.

Nuestro artículo 133 Constitucional, contiene diversas disposiciones de gran trascendencia, como la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas, y el control difuso de la constitucionalidad de las leyes.

Debemos señalar que si bien es cierto que el mencionado numeral establece la Supremacía Constitucional, al establecer que las leyes del Congreso de la Unión deben de emanar de ella, y los tratados deben estar de acuerdo con la misma, no distingue la jerarquía que existe entre los tratados y las leyes, por su parte, la Ley sobre la Celebración de Tratados, no establece cual jerarquía que tienen los tratados en la legislación nacional.

La escasa y casi nula legislación sobre la jerarquía de las normas resulta insuficiente con relación a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, además de generar diversos conflictos pues no existe en nuestro país un criterio explícito y unívoco que nos responda ¿Cómo se resuelve la eventual incompatibilidad o inconsistencia que pudiera presentarse entre los compromisos asumidos por el gobierno en el contexto de un tratado internacional frente a la legislación nacional?

Debido a lo anterior cuando han existido contradicciones entre los ordenamiento jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que dictar diversas tesis para determinar la jerarquía, mismas que han sido contradictorias, por lo que aún no se ha dictado jurisprudencia.

La primera tesis de 1981 determinó la igualdad de jerarquía entre los tratados y las leyes, al determinar:

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad industrial, no tiene un rango superior a la Ley de Invenciones y Marcas, sino que la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma, ya que el artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados que estén de acuerdo con las misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República y con aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional, y si bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de la Constitución Federal.

En 1992, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ratificó lo anterior al resolver por unanimidad, la tesis P.C/92 y que a la letra dice:

Leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas del orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía el tratado internacional, no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria no puede ser considerada como inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

El problema que genera la igualdad de jerarquía, establecida en estas dos tesis, se debe al desfase o duplicidad de situaciones, ya que si un tratado o una ley tenía el mismo rango, había que aplicar entonces el viejo adagio de ``lex posteriori derogat lex priori'', lo cual genera un serio conflicto normativo, ya que si una ley posterior deroga un tratado anterior se contradice el principio fundamental de que los tratados deben de ser respetados, trayendo como consecuencia la correspondiente responsabilidad internacional, y si un tratado posterior deroga una ley anterior se contravenía el artículo 72-F de la Constitución, el cual exige que las leyes sean derogadas según el mismo trámite que establece la ley para su formación.

Ahora bien, la última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo en revisión, el 11 de mayo de 1999, se alejo de sus anteriores criterios al establecer:

Tratado internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto a la Constitución federal. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de las normas de nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión ``...serán la Ley Suprema de toda la Unión...'' parece indicar que no solo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada con el hecho de que las leyes deben de emanar de la Constitución y ser aprobadas por el órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente índica que solo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana y con la asistencia de leyes constitucionales, y la de que será la ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia, considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional, por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y , de la misma manera el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y por medio de su ratificación obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados en la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado Mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos éste sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local y en una misma jerarquía en virtud de los dispuesto en el artículo 124 de la Ley fundamental, el cual ordena que ``Las facultades que no están expresamente concedida por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados''. No se pierda de vista que en su anterior conformación este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ``Leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa''; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar el criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Celebramos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otorgarles mayor jerarquía a los tratados sobre las leyes, sin embargo, no se debe soslayar que es una tesis (no obligatoria) la que le dio rango supralegal a los tratados internacionales, por lo que se hace necesario que recaigan otras cuatro sentencias en el mismo sentido y sin ninguna en contra, para que pueda ser considerada como obligatoria para los demás tribunales, lo que dificulta la aplicabilidad de los tratados.

Considero que la recepción del Derecho Internacional por los ordenamientos internos, parte de reconocer que el Estado no puede desconocer internamente las normas que ha generado exteriormente, además de que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado por el Estado Mexicano, establece que: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Debido a que, los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y en consecuencia comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional, que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que un Estado es parte acarrea responsabilidad internacional, y que actualmente, existe una tendencia mundial de dar preeminencia al derecho internacional sobre el derecho interno, tal como lo han establecido las Constituciones de Francia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc., misma que fortalece la operatividad y aplicabilidad de los derechos contenidos en los mismos, me parece imprescindible proponer una reforma al artículo 133 Constitucional, a fin de que se establezca que en caso de conflicto entre los tratados internacionales y las leyes federales tendrán primacía los primeros, esta reforma nos permitiría tener certeza de la jerarquía que tienen los tratados en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. En caso de controversia entre los tratados y las leyes que emanen de la Constitución prevalecen los primeros. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY ADUANERA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 106 Bis a la Ley Aduanera.

El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con la intención de optimizar el tiempo destinado a la presentación de esta iniciativa, referiré a ustedes los elementos de mayor importancia en el entendido que el texto íntegro de la misma ha sido entregado de manera simultánea para quedar publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El suscrito, apegado a los fundamentos legales vigentes en nuestro país, presenta el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como finalidad modificar la Ley Aduanera, propiciando la creación del sistema regional fronterizo de importación temporal de vehículos para turistas, visitantes locales y mexicanos residentes en el extranjero, que busca de manera primordial, facilitar los trámites que deben cumplir las personas autorizadas por este nuevo sistema, para que sus automóviles puedan circular exclusivamente por las entidades federativas que comparten frontera con los Estados Unidos de América y que deciden de manera voluntaria adherirse al mismo.

Iniciaré exponiendo las razones que motivan y fundamentan esta iniciativa:

En los últimos años hemos observado en nuestro país un cambio en la tendencia de los viajes cortos de simple cruce de frontera a los viajes más largos al interior de la República.

Todavía recordamos los habitantes de los estados del norte, las interminables caravanas de turistas norteamericanos que venían a conocer los atractivos de nuestro país, dejando una gran derrama económica, una muy buena captación de divisas y la consecuente creación de empleos para producir los bienes y servicios necesarios para la adecuada atención a nuestros visitantes.

En la actual legislación, la importación temporal de vehículos turísticos está regulada por el artículo 106 de la Ley Aduanera y el artículo 139 del Reglamento de la misma ley, así como las reglas de carácter general para el comercio exterior. En estas normas se detallan los requisitos y procedimientos aduanales.

Esta iniciativa de modificación a la Ley Aduanera, tiene el objetivo específico de modificar este ordenamiento para recuperar el ritmo de crecimiento anterior, incrementando el turismo proveniente de los Estados Unidos de América por vía terrestre, para que los trámites correspondientes sean más ágiles y evitar de esta forma los factores que inhiben la entrada de turistas hacia el país.

En suma, pretende encontrar una solución para incrementar el intercambio de personas y mercaderías, así como acrecentar los vínculos que tiendan a una mayor y más rápida integración de las economías, con el convencimiento pleno de la necesidad de facilitar en mayor grado el movimiento de vehículos a través de sus fronteras.

Compañeras y compañeros diputados, es por todo lo anterior expuesto que consideramos que la necesidad es clara con respecto a la modificación de la Ley Aduanera, por lo que los diputados que suscribimos esta propuesta, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se adiciona el artículo 106 Bis a la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 106 Bis

A) Se crea el Sistema Regional Fronterizo de Importación Temporal de Vehículos para Turistas, Visitantes Locales y Mexicanos Residentes en el Extranjero denominado SIRFIT, que tiene por objeto facilitar los trámites que deben cumplir las personas autorizadas por este nuevo sistema, para importar temporalmente sus vehículos de procedencia extranjera al país, para que circulen exclusivamente en las entidades federativas que comparten frontera con los Estados Unidos Mexicanos y que decidan la manera voluntaria adherirse a este sistema.

B) Las entidades federativas que se adhieran al SIRFIT, deberán realizar las acciones siguientes:

1. Instalar con sus propios recursos en las aduanas de entrada y salida del estado, así como las carreteras que los conecten con otros estados de la República, los módulos necesarios para facilitar los trámites relativos a la importación temporal y para realizar la cancelación de los permisos y el desprendimiento de los hologramas respectivos al retornar los vehículos al extranjero.

2. El personal de atención deberá ser seleccionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria y deberá cumplir con los requisitos y perfiles definidos por el propio organismo.

3. Desarrollar un programa avanzado de cómputo que cumpla con las medidas de seguridad y control que establezca la Secretaría, a través del Servicio de Administración Tributaria, mismo que deberá incluir el control de incidencias y adeudos de vehículos no retornados, así como la conectividad en línea con los sistemas informativos de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas.

4. Impedir la salida del territorio del estado a los vehículos importados al amparo del sistema SIRFIT, que ostenten el holograma exclusivo del mismo y embargar a aquellos vehículos que no lleven y/o carezcan de documentación que acredite su legal estancia en el país o que permanezcan fuera del plazo autorizado.

5. Comprometerse a enterar a la Secretaría un monto igual por el valor de los vehículos que no hayan sido retornados en tiempo, conforme a la tabla de valores que fija la propia Secretaría. El estado pagará la cantidad antes mencionada, si el vehículo es encontrado fuera de su territorio por las autoridades fiscales.

6. Difundir los beneficios que se otorguen a los turistas extranjeros y mexicanos residentes en el extranjero, que importen temporalmente sus vehículos, así como los requisitos y procedimientos para la importación temporal de los mismos, advirtiendo de las sanciones, a que se harán acreedores en caso de violación a las disposiciones aplicables.

7. Establecer lugar de almacenamiento para el depósito de los vehículos que se embargan por vencimiento de los plazos de importación temporal o por encontrarse de manera ilegal en el país.

8. Celebrar convenio de intercambio de información en línea con los Estados Unidos de América y Canadá, que sirva para conocer la identidad de los vehículos, así como para ingresar al sistema de ambos países la operación de importación temporal del vehículo.

9. No exigir a las personas autorizadas para importar su vehículo de manera temporal por el territorio del estado para permanecer y circular exclusivamente por el territorio del mismo, el pago de cantidad alguna en moneda nacional o extranjera, ni fianza ni depósito en efectivo para garantizar el retorno del vehículo ni por la expedición del permiso de importación de forma paralela a la anterior.

La Secretaría y el estado seguirán exigiendo los demás requisitos que determina la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables para la importación temporal de vehículos.

10. Independientemente de lo establecido en este sistema, las personas autorizadas para importar vehículos de manera temporal para internarse a cualquier sitio del territorio nacional, podrán realizar los trámites correspondientes en cualquier aduana ubicada en la franja fronteriza con Estados Unidos de América, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables.

11. La entidad federativa deberá aceptar que la Secretaría podrá ejercer sus facultades de fiscalización y supervisión de los resultados practicando las visitas correspondientes en los lugares de control y para tal efecto, se considerará que los vehículos que bajo este sistema ingresen al país, constituirán garantía prendaria a favor del fisco por el monto del gravamen que las reglas de carácter general se determinen, los mismos que se harán efectivos si al vencimiento del plazo otorgado el vehículo continúa en el territorio nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 106 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, y diputados federales del grupo parlamentario del PAN, pertenecientes a la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que tiene como propósito principal modificar la Ley Aduanera, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En la situación del turismo mundial, se han observado importantes cambios en las preferencias de la gente por visitar determinadas regiones; una de las principales razones que influyen en este fenómeno, es la adecuada previsión y planeación del diseño de las políticas públicas de los países, así como una operación eficiente y expedita en las actividades de internamiento que diariamente se desarrollan en los distintos puntos de entrada y de salida.

En el caso de México, y según el barómetro turístico de la Organización Mundial del Turismo, quedó definido que después de encontrarnos en el lugar No. 13, en cuanto a captación de divisas y el octavo lugar en términos de llegadas de extranjeros, logramos posicionarnos en el 2003 en la lista de los primeros 10 lugares de los países que más divisas por turismo reciben, con un poco más de 9 mil 300 millones de dólares recaudados por este concepto en el año de referencia.

Sin embargo, en los últimos años hemos registrado un cambio en la tendencia de los viajes cortos de simple cruce de fronteras a los viajes más largos al interior, por lo que consideramos los que suscribimos esta propuesta, que no obstante el mejoramiento en las cifras nacionales señaladas, es necesario hacer llegar el avance en este importante sector, hacia otros segmentos de la actividad, como lo es el turismo fronterizo y carretero. Una forma de lograrlo es lograr la diversificación del uso y aprovechamiento de nuestra amplia oferta turística, brindando mayores facilidades de ingreso a los vehículos de los turistas potenciales, para que puedan llegar fácilmente a las zonas en que se encuentren los atractivos de su interés.

Hablando de estos recursos podemos señalar un gran número de ellos, tenemos sin lugar a dudas como principales atractivos, el sol en casi todo el año, las playas, los bosques, las selvas, los desiertos, y de manera destacada una de las más importantes riquezas culturales del mundo, que nos coloca en una posición envidiable para nuestros competidores más cercanos.

Otro atractivo que se adiciona a los anteriores, es nuestra amplia frontera Norte, que abarca una extensión de aproximadamente 3,153 kilómetros; y que cuenta con 47 puentes y cruces, mismos que nos conectan con los Estados Unidos de América, país catalogado como uno de los mercados más grandes del mundo, y que observa con innegable interés --gracias a esa cercanía--, el potencial del turismo fronterizo mexicano, sobre todo en los rubros cinegético, deportivo, de aventura, y de salud, entre otros.

De forma simultánea, se abona de manera importante a estos antecedentes, el reciente mejoramiento de las relaciones económicas y sociopolíticas entre los alguna vez llamados ``vecinos distantes'', situación que nos ubica en una etapa de mayor colaboración binacional, y que brinda mayores perspectivas para todos los habitantes de este lado de la frontera, y de manera especial para los pobladores de las entidades federativas colindantes de la parte norte de nuestro país.

Antecedentes nacionales del Poder Ejecutivo federal

Uno de los esfuerzos más destacados del Poder Ejecutivo Federal es El Proyecto Nacional de Facilitación Turística, en este documento se cristalizó el planteamiento con respecto al turismo carretero de simplificar y facilitar el régimen operativo y normativo aplicable a la importación temporal de vehículos, en especial los trámites y requisitos para garantizar la devolución de los vehículos (fianzas, depósitos y tarjetas de crédito), para lograr una internación más ágil y simplificada en beneficio del turismo fronterizo.

Otro programa que fue implementado para disminuir las dificultades existentes en esta materia, fue el denominado ``México Norte'', mismo que se enfoca a reforzar el sector turístico establecido en esta región del país, y dentro de sus acciones también se contemplan medidas para agilizar la importación temporal de vehículos en el marco del turismo receptivo. Busca posicionar a los estados de la frontera norte de México como un destino turístico atractivo, seguro, con servicios de calidad y con clara identidad nacional, coadyuvando a la creación de empleos, a la captación de divisas y al fomento del desarrollo económico y social de la región.

Mención aparte merece el acuerdo que existe entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Sonora, para que se otorguen facilidades a los turistas extranjeros y mexicanos residentes en el extranjero, que busquen importar temporalmente sus vehículos y circular exclusivamente por el Estado. Este instrumento ha tenido resultados altamente satisfactorios y benéficos para el Estado en lo relativo a la recuperación del turismo carretero, toda vez que se aumentaron considerablemente la afluencia de visitantes a la entidad. Es éste pues, uno de los antecedentes más importantes que impulsan esta propuesta, toda vez que queda comprobado que en condiciones similares podría funcionar en el resto de los estados fronterizos, sin estar sujetos a los vaivenes de un convenio que puede prorrogarse o detenerse en cualquier momento.

Finalmente, se han tenido noticias en mes de Julio del 2004, del más reciente intento del Gobierno Federal para desarrollar el turismo receptivo del norte del país. Del análisis del documento respectivo, se desprenden 20 aspectos cruciales para impulsar la actividad turística en México. Con respecto al Turismo Carretero el creador del Proyecto considera necesario, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con Banjército, instalen más módulos en consulados para obtener los permisos, y de esta forma, puedan ingresar los automóviles de los turistas, otra manera sería logrando el registro el automóvil desde Internet para evitar filas en los cruces, y además sugiere se mejoren los sistemas electrónicos para agilizar la salida, así como la creación de un nuevo régimen para las embarcaciones turísticas, de modo que puedan internarse de manera simplificada, mediante hologramas para permanecer en el país hasta por 10 años.

Si bien es cierto, éstos esfuerzos han sido elementos de avance, no se pueden considerar como herramientas suficientes y eficaces para solucionar el problema de fondo.

Contexto internacional

En este orden de ideas, y para revisar lo que está ocurriendo en el mundo, observamos algunos indicadores que nos orientan con mayor precisión sobre la realidad existente, y encontramos que Europa mantiene el primer lugar en Turismo receptivo, y que la región de Asia Pacífico esta logrando sustituir al continente americano en la Segunda Posición, toda vez que está viendo decrecer sus visitantes extranjeros en un 2.1 por ciento, mientras que América del Sur logra una recuperación del 13.5 por ciento. Por otro lado, las llegadas turísticas a los destinos de África y Oriente Medio crecen ligeramente por encima de la media mundial, aunque las cifras de las que parten, permanecen muy bajas.

Convenios

Por otro lado, nos encontramos que a nivel internacional ha sido fuerte el impulso que se le ha otorgado al sector turístico y a las relaciones comerciales internacionales, y que la regulación de la importación de vehículos está basada principalmente en los convenios de celebración entre Estados.

Cabe destacar que los primeros Convenios fueron los celebrados por la Organización de la Naciones Unidas en 1954 y 1959, el primero relativo a las formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera y el segundo, a la importación temporal de vehículos comerciales de carretera.

Este último marcó la pauta para agilizar y uniformar el trámite, toda vez implementa un Título de Importación Temporal para los Estados contratantes, denominado ``cuaderno de aduana'', en donde se especifican los estándares de la información que los interesados deben reunir para importar vehículos.

Este convenio sirvió de base para la realización en América Latina, del ``Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos en Carretera'', celebrado por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para la aprobación de las ``Normas para la circulación de vehículos de turistas, particulares y de alquiler, en los Estados parte del Mercosur'', así como para la celebración de los ``Acuerdos de Argentina y Bolivia para la Admisión Temporal de Vehículos''.

En el caso del Mercosur, es conveniente revisar las líneas de fuerza que influyen actualmente en el territorio aduanero de los estados parte de este importante segmento, donde observamos que para la circulación de los vehículos en las regiones fronterizas se prevén mayores facilidades. En este sentido, destaca que los vehículos de propiedad de las personas físicas residentes o de personas jurídicas con sede social en esa región, cuando sean utilizados en viajes de turismo, podrán circular libremente en cualquiera de los Estados, contando, desde luego, con la documentación indispensable, como lo es el documento de identidad válido para circular en esta zona, la licencia de conducir, el documento que lo califica como turista emitido por la autoridad migratoria, la autorización para conducir el vehículo en los casos exigidos, el título u otro documento oficial que acredite la propiedad del vehículo, así como el comprobante de seguro vigente.

Como consecuencia natural de que los requisitos sean menores, en muchos casos presentando sólo un formato para el paso de la aduana, y que las normas jurídicas sean claras, ha facilitado el tránsito turístico en estos países, traduciéndose en una derrama económica importante, tanto para el gobierno como para los particulares.

Evolución del turismo carretero en México 1980-2002

Otro elemento evaluatorio importante, que resultó de las diversas investigaciones realizadas para la integración de esta propuesta, es el estudio de la Evolución del Turismo Carretero en México 1980-2002 que elaboró la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León, A. C. En este documento se sintetiza de forma clara y objetiva, que existe una disminución en la afluencia de los visitantes que ingresan por vía terrestre en nuestro país, y desde luego encuentra sustento la propuesta de encontrar cursos alternativos de acción, que contribuyan a encontrar soluciones más viables. En ese mismo sentido se puntualiza, que existe una enorme diferencia entre el segmento de visitantes por vía aérea y aquellos que se internan por vía terrestre. En el primer caso se analizan los resultados del incremento acumulado en este periodo que es de 197%, mientras que en el segundo caso es de 52%, cifra muy significativa e importante como elemento de juicio en esta revisión.

Mencionan en este estudio otro dato importante, que se refiere a que en 1982 el segmento carretero representaba el 42 por ciento del total del turismo receptivo y ha venido cayendo hasta representar tan solo el 26 % en el año 2002. Señalan que pareciera que es imposible superar la cifra de tres millones de turistas al año por la vía terrestre, pero no lo sería tanto, si se lograra atraer con mayores facilidades de internación a nuestros vecinos del Norte, y a nuestros connacionales.

De manera paralela, y para ilustrar con mayores elementos nuestras aseveraciones, vale la pena revisar también los datos financieros. En este sentido, encontramos que el gasto promedio por cada turista carretero en 2002 fue de 313 dólares, esta cifra nos hace reflexionar, en que si se lograra atraer a 1 millón de turistas adicionales, se generaría una derrama de cerca de los 300 millones de dólares, 13 mil empleos directos y más de 25 mil indirectos. Estos turistas pagarían unos 45 millones de dólares en Impuesto al Valor Agregado. Estos incrementos contribuirían de forma decisiva a mejorar nuestra Balanza Comercial, y desde luego, los niveles de vida de las regiones donde se realizaría esta derrama económica.

Otro aspecto importante, que hay que tomar en cuenta, es que viajar por vía aérea cuesta un poco más que viajar por carretera, donde según los analistas la diferencia, es un 40 por ciento menor. Este tipo de viajes por la vía terrestre, implica gastos adicionales como el hospedaje y las comidas, en estas condiciones, si sumamos los costos de los permisos y fianzas para internar los vehículos al país, muchas veces, les resulta preferible a los turistas americanos optar por viajar a Europa, o algún otro destino que le facilite más el ingreso, y que le brinde mejores precios.

Destaca también como antecedente para reforzar esta propuesta, la información brindada por la AAA (American Automobile Association), que agrupa entre sus integrantes, a más de 40 millones de automovilistas de los Estados Unidos, y que señala que en el segmento de viajes de esparcimiento, en los Estados Unidos se realizan más de 1,000 millones de viajes-personas al año, recorriendo una distancia mayor a 16 kilómetros, lo que demuestra que el potencial de turismo carretero de ese país es enorme.

En 2000, 60 millones de residentes de los Estados Unidos viajaron al extranjero, y de éstos 30% (19 millones) visitaron México, lo cual habla del posicionamiento que tiene nuestro país en este sentido. Cabe destacar que el número de turistas que viajaron de Estados Unidos a Canadá fue de 15 millones.

El turismo de los connacionales

Mención aparte merece el turismo de nuestros ``paisanos'' quienes se enfrentan a un verdadero calvario para regresar de manera temporal en diferentes épocas del año a su tierra, no sólo por el abuso de las múltiples corporaciones aduaneras y policíacas que existen en las zonas de ingreso y a lo largo de las carreteras, sino por la lentitud y la infinidad de requisitos que se les solicita para el internamiento de sus vehículos, aunado a las malas condiciones de los caminos y la escasa señalización que existe.

``México puede ser un buen destino para el turismo de aventura --revelan diversos paisanos entrevistados en la Legislatura LVIII dentro del Programa Diputado Amigo--, pero la mayor aventura consiste en hacer un recorrido por las aduanas y carreteras del país... no sabe uno a que se va a enfrentar o si se va a llegar al destino programado, todo puede suceder con las autoridades aduanales, Banjército, los retenes, y en los miles y miles de kilómetros de carreteras del país...''

Viabilidad de la propuesta

Sería muy lamentable, que conociendo todos estos antecedentes, no se tomen las medidas necesarias para mejorar nuestro marco jurídico con respecto a lo que está sucediendo con el turismo fronterizo y carretero, ya que estamos padeciendo los mismos síntomas que se venían presentando con relación a la caída de los índices del turismo nacional, sólo que ahora, unas de nuestras principales víctimas son nuestros paisanos, y a futuro las nuevas generaciones de mexicanos --sobre todo de la frontera-- que no se verán beneficiados con la integración de las economías y la mayor captación de divisas.

Otro aspecto interesante a considerar es lo que sucede con los llamados ``Autos Chocolate''. Se le llama así, a los autos internados de manera provisional por un determinado número de tiempo, que de manera ilegal suelen quedarse por un lapso mayor del autorizado, y en algunos casos de manera definitiva.

Algunos datos importantes que refiere esta problemática, nos llevan a revisar el hecho de que en los Estados Unidos se desechan un promedio de casi 12 millones de vehículos anualmente. Por otro lado existen alrededor de dos millones de vehículos circulando ilegalmente en nuestro país y se importan casi 850 mil al año, entre legales e ilegales.

También es cierto, y conocido por todos, que la industria automotriz nacional ve esta situación como una competencia potencial que representa el mercado de vehículos usados de Estados Unidos.

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta, se refiere a los beneficios que podrían obtenerse al evitar la ineficacia de la revisión de los autos en las Aduanas, la corrupción, y por ende la disminución de los autos ilegales que circulan por el país, por lo que pasaremos a presentar de manera esquemática lo que sería el

Detalle de las modificaciones

En la actual legislación, la importación temporal de vehículos turísticos está regulada por el artículo 106 de la Ley Aduanera, el artículo 139 del Reglamento de la misma Ley, así como las Reglas de Carácter General para el Comercio Exterior. En estas normas se detallan los requisitos y procedimientos aduanales.

Actualmente, el procedimiento inicia con la presentación de la solicitud de importación temporal ante los módulos autorizados del Banjército, ubicados en las aduanas fronterizas y marítimas, en algunos consulados de México en los Estados Unidos de América, o por vía electrónica en la página web de Banjército, presentando la información correspondiente.

Puede ser iniciado por cualquier mexicano con residencia en el extranjero o extranjero con calidad migratoria de turista, visitante local, inmigrante rentista o de no inmigrante (excepto refugiados o asilados políticos) que quiera realizar la importación temporal de un vehículo de hasta 3.5 toneladas de una embarcación, casa rodante o motocicleta junto con el vehículo que las remolque.

El interesado deberá presentar la solicitud de importación temporal del vehículo ante la aduana de entrada, anexando un escrito en el cual declare, bajo protesta de decir verdad, su compromiso de retornar el vehículo dentro del plazo autorizado y de no realizar actos u omisiones que constituyan infracciones o delitos, por el indebido uso o destino del mismo.

También deberá presentar la siguiente documentación:

Para el caso de los extranjeros:

Identificación oficial y la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria. Tratándose de turistas, además de la documentación anterior, deberá presentar la forma migratoria FMT que se le entregará en las oficinas de migración ubicadas en la frontera.

Para el caso de mexicanos:

Original y copia del comprobante de su residencia legal en el extranjero, o visa con vigencia mínima de una año, que le autorice a trabajar en otro país.

Original y copia del comprobante de propiedad del vehículo

- Si el auto es arrendado o lo está pagando, debe presentar el contrato de arrendamiento o la autorización escrita de la compañía financiera.

- Si el auto es de la empresa en la que trabaja, presentar el título de propiedad del vehículo, y el comprobante de que trabaja en esa empresa.

En su caso, el comprobante de retorno de los vehículos importados anteriormente.

Declaración, bajo protesta de decir verdad, en la cual manifieste que retornará el vehículo al extranjero en el plazo autorizado y que se abstendrá de cometer actos o de incurrir en omisiones que configuren infracciones o delitos por indebida utilización o destino del vehículo.

Deberá garantizar mediante un depósito en efectivo, por la cantidad que corresponda de acuerdo al año-modelo del vehículo, el pago de los créditos fiscales que pudieran ocasionarse por no regresar el vehículo en el plazo previsto o por haber cometido las infracciones señaladas en las leyes aplicables.

Pagar al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, una cantidad equivalente en moneda nacional a 22 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica más IVA, por concepto del trámite para la importación temporal del vehículo.

El Banjército prepara cierta documentación, como lo es el permiso de importación temporal de vehículos, - uno para el importador y otro para el Banjército, un holograma que deberá adherirse al parabrisas del vehículo importado temporalmente, un tarjetón de internación en el que se registran la fecha de ingreso y el plazo para el retorno, un comprobante para el importador del pago por concepto de Comisión de Servicios, tres tantos del recibo en que conste el depósito de la garantía (cuando ésta se cubre), para el importador, Banjército y la Administración General de Aduanas.

El importador del vehículo deberá firmar algunos documentos, como el permiso de importación temporal del vehículo, la declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que el interesado se compromete a retornar el vehículo importado temporalmente, impresa en el permiso de importación temporal del vehículo, en su caso, el recibo en el que conste el pago del depósito en efectivo.

Si toda esta larga lista de requisitos fuera realmente efectiva y suficiente para evitar la internación ilegal de vehículos, y no se lesionara el turismo fronterizo y carretero, no sería necesario presentar esta propuesta, así es que proponemos adicionar la Ley Aduanera con el artículo 106 Bis, que impulse la creación de manera voluntaria del Sistema Regional Fronterizo de Importación Temporal de Vehículos para Turistas, Visitantes y Mexicanos Residentes en el Extranjeros denomina (Sirfit), para que las entidades federativas que deseen incrementar el ingreso de visitantes de turismo de esta naturaleza, se adhieran a él, considerando algunos compromisos de carácter administrativo que si bien es cierto, implica varias actividades de Diseño de Políticas Públicas, Supervisión y Control, contribuirán de manera importante a incrementar su captación de divisas por turismo, así como la reactivación de su economía.

Justificación

Para reforzar todos estos antecedentes, haremos ahora referencia a las conclusiones expresadas en un detallado estudio realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta H. Cámara de Diputados, que detallan, que debido a que las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, tienen una vigencia anual y que son reformadas constantemente, no existe certeza para la realización de los trámites de esta naturaleza, ya que pueden cambiar los requisitos y con ello generar confusión para quien no esté al tanto de dichos cambios, por lo que se hace indispensable la expedición de un marco jurídico completo que contenga en un solo apartado todos los requisitos y obligaciones que se tienen al importar temporalmente un vehículo.

Esta Iniciativa de modificación a la Ley aduanera, tiene el objetivo específico de modificar este ordenamiento, para recuperar el ritmo de crecimiento, incrementando el Turismo proveniente de los Estados Unidos de América por vía terrestre, para que los trámites correspondientes sean más ágiles, con la finalidad de evitar los factores que inhiben la entrada de turistas hacia el país.

En suma, pretende encontrar una solución para incrementar el intercambio de personas y mercaderías, así como de acrecentar los vínculos que tiendan a una mayor y más rápida integración de las economías, con el convencimiento pleno, de la necesidad de facilitar en el mayor grado el movimiento de vehículos a través de sus fronteras.

Compañeras diputadas y diputados:

Por todo lo expuesto, consideramos que la necesidad es clara respecto a la modificación de la Ley Aduanera, por lo que los diputados que suscribimos esta propuesta sometemos a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 106 Bis a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 106 Bis...

a) Se crea el Sistema Regional Fronterizo de Importación Temporal de Vehículos para Turistas, Visitantes Locales y Mexicanos Residentes en el Extranjero, denominado ``Sirfit'', que tiene por objeto facilitar los trámites que deben cumplir las personas autorizadas por este nuevo sistema, para importar temporalmente sus vehículos de procedencia extranjera al país, para que circulen exclusivamente en las Entidades Federativas que comparten frontera con los Estados Unidos de México, y que decidan de manera voluntaria adherirse a este Sistema.

b) Las entidades federativas que se adhieran al Sirfit deberán realizar las acciones siguientes:

I. Instalar con sus propios recursos, en las Aduanas de Entrada y Salida del Estado, así como en las carreteras que lo conectan con otros Estados de la República, los módulos necesarios para facilitar los trámites relativos a la importación temporal, y para realizar la cancelación de los permisos y el desprendimiento de los hologramas respectivos al retornar los vehículos al extranjero.

II. El personal de atención, deberá ser seleccionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, y deberá cumplir con los requisitos y perfiles definidos por el Propio organismo.

III. Desarrollar un programa avanzado de cómputo, que cumpla con las medidas de seguridad y de control que Establezca la Secretaría, a través del Servicio de Administración Tributaria, mismo que deberá incluir el control de incidencias y adeudos de vehículos no retornados, así como la conectividad en línea con los Sistemas Informáticos de la Administración Central del Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas.

IV. Impedir la salida del territorio del estado a los vehículos importados al amparo del Sirfit, que ostenten el holograma exclusivo del mismo, y embargar aquellos vehículos que no lo lleven o carezcan de documentación que acredite su legal estancia en el país, o que permanezcan fuera del plazo autorizado.

V. Comprometerse a enterar a la Secretaría, un monto igual por el valor de los vehículos que no hayan sido retornados en tiempo, conforme a la tabla de valores que fije la propia Secretaría. El Estado pagará la cantidad antes mencionada si el vehículo es encontrado fuera de su territorio por las autoridades fiscales.

VI. Difundir los beneficios que se otorguen a los Turistas Extranjeros y mexicanos residentes en el extranjero que importen temporalmente sus vehículos, así como los requisitos y procedimientos para la importación temporal de los mismos, advirtiendo de las sanciones a que se harán acreedores, en caso de violación a las disposiciones aplicables.

VII. Establecer lugares de almacenamiento para el depósito de los vehículos que se embarguen por vencimiento de los plazos de importación temporal o por encontrarse de manera ilegal en el país.

VIII. Celebrar convenios de intercambio de información en línea con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que sirvan para conocer la identidad de los vehículos, así como para ingresar al sistema de ambos países la operación la operación de importación temporal del vehículo.

IX. No exigir a las personas autorizadas para importar su vehículo de manera temporal por el territorio del Estado, para permanecer y circular exclusivamente por el territorio del mismo, el pago de cantidad alguna, en moneda nacional o extranjera, ni fianza, ni depósito en efectivo para garantizar el retorno del vehículo; ni por la expedición del permiso de importación. De forma paralela a lo anterior, la Secretaría y el Estado seguirán exigiendo los demás requisitos que determine la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables para la importación temporal de vehículos.

X. Independientemente de lo establecido en este Sistema, las personas autorizadas para importar vehículos de manera temporal para internarse a cualquier sitio del territorio nacional, podrán realizar los trámites correspondientes en cualquier aduana ubicada en la franja fronteriza con los Estados Unidos de América, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables.

XI. La entidad federativa deberá aceptar que la Secretaría podrá ejercer sus facultades de fiscalización y supervisión de los resultados, practicando las visitas correspondientes en los lugares de control. Para tal efecto, se considerará que los vehículos que bajo este sistema ingresen al país, constituirán garantía prendaria en favor del fisco, por el monto de gravámenes que las reglas de carácter general se determinen, los mismos que se harán efectivos si al vencimiento del plazo otorgado, el vehículo continúa en el territorio nacional.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para realizar las adecuaciones al Reglamento De la Ley Aduanera, así como de las Reglas de Carácter General para el Comercio Exterior, el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría correspondiente contará con 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. La adhesión de las entidades federativas al Sistema Regional Fronterizo de Importación Temporal de Vehículos para Turistas, Visitantes y Mexicanos Residentes en el extranjero --Sirfit-- podrá ser prorrogada, a petición de la entidad federativa de que se trate, si cumple los requisitos especificados en los reglamentos respectivos.

Artículo Cuarto. Se establece un plazo de 180 días hábiles para que los gobiernos de las entidades federativas liquiden el importe que resulte del total del valor de los vehículos que no hayan sido retornados en tiempo, conforme a la tabla de valores que fije la Secretaría anualmente en las reglas de carácter general o, en su caso, comprobará con datos precisos el retorno de los mismos.

Artículo Quinto. El presente decreto deroga todas las disposiciones jurídicas que se opongan al mismo.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia ha recibido dos iniciativas de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, una de ellas que reforma el artículo 194 U de la Ley Federal de Derechos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 194-U de la Ley Federal de Derechos, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La protección y preservación del ambiente y particularmente de la vida silvestre, la cual comprende la flora y fauna silvestres, han sido una preocupación no sólo en nuestro país sino a nivel mundial. No obstante, existen prácticas que afectan directamente la continuidad de la vida silvestre. Una de estas actividades es la explotación y el aprovechamiento de especies, sus productos y subproductos, tanto para su consumo como para su comercio internacional. Este último ha tenido un incremento significativo en las últimas dos décadas, poniendo en amenaza a especies como el elefante africano (Loxodonta africano), sumamente apreciado por uno de sus productos: el marfil. Otro ejemplo que podemos citar es el caso de la tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), considerada por la lista roja de la International Union for Conservation of Nature (UICN) como en peligro de extinción, por la explotación irracional y ancestral de su concha, la cual aún es comerciada ilegalmente por países como Cuba y Japón.

Por esas razones, el comercio de la vida silvestre ha tenido que someterse a ciertos controles. Es decir, la importación y exportación de los mismos están sujetas a un sistema de autorizaciones, cuotas y certificados que permiten acreditar, a nivel mundial, que determinados especímenes en peligro de extinción o amenazados no han sido extraídos irracionalmente del medio natural y, por tanto, cuentan con una legal procedencia en el país del cual son originarios.

Con ese objeto, se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES),1 de la que México es parte y la cual regula y restringe el comercio internacional de flora y fauna silvestres a través de un sistema de listas y cuotas de taxativas contenidas en tres apéndices.2

Así, a nivel internacional existe la obligación de que los especímenes que entren en el país o salgan de él cuenten con documentos que acrediten su legal procedencia. A nivel nacional estas obligaciones, al ser consideradas como ley, fueron incorporadas en la legislación ambiental, con la facultad de verificarla, por ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dentro de sus atribuciones cobra derechos por los registros de verificación del cumplimiento de restricciones no arancelarias a la importación y exportación de especimenes de flora y fauna silvestre cuyo objeto es el comercio, la industria y los distintos de éstos.

Estas medidas de control internacional y nacional intentan frenar en lo posible el tráfico ilegal de las especies que se encuentran amenazadas o cuyas poblaciones podrían ver una merma considerable de no regularizarse su explotación.

Al respecto, el artículo 194-U de la Ley Federal de Derechos hace referencia únicamente al pago de derechos a la flora y fauna silvestre; que en términos generales son las especies vegetales y animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre. De la anterior definición podemos deducir que se refieren únicamente a especimenes vivos, siendo que en el comercio internacional también se comercializan las partes y derivados de la vida silvestre, los cuales también son regulados por la CITES, son el volumen de mayor comercio y por ende requieren de verificación por parte de las autoridades ambientales.

Es de resaltar que la Ley General de Vida Silvestre define a las partes y derivados y señala que para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se consideran productos las partes no transformadas y subproductos aquellos que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

Por tal razón, y ante la necesidad de adecuar nuestra legislación a los compromisos internacionales como es la CITES, es necesario reformar las fracciones I y II del artículo 194-U de la Ley Federal de Derechos, agregando a la redacción la caracterización de productos y subproductos de flora y fauna silvestre. El actual texto, en sus fracciones I y II únicamente menciona que se deberán efectuar pagos a la Profepa por el otorgamiento de actas, constancias, registros de verificación o certificación a la importación o exportación de flora y fauna silvestres, sin especificar si también deben considerarse los productos y subproductos de los ejemplares que cuentan con alguna protección, ya sea a nivel nacional o internacional.

De igual forma, en la fracción II se estipula un cobro por el registro de verificación del cumplimiento de restricciones no arancelarias a la importación o exportación de flora y fauna silvestre. Si revisamos el texto actual de dichas fracciones, vemos que sí se contempla un cobro por los productos y subproductos forestales, por lo cual es de considerarse que se anexe una especificación similar para las especies de flora y fauna silvestres.

A fin de estar en armonía con la normatividad en esta materia, y con el objetivo de combatir el tráfico ilegal que se presenta en la actualidad, tráfico que no sólo abarca a los especímenes vivos, sino también sus productos y subproductos, se debe reforzar lo establecido en la Ley Federal de Derechos sobre cobro de registros de verificación o certificación.

Omitir la anexión de esta consideración crea un vacío en la aplicación de las leyes, haciéndola interpretativa y pudiendo generar diversas distorsiones, que al final se traducen en un daño directo a la biodiversidad de nuestro territorio y del mundo en general. Es con base en lo antes considerado que la diputada adscrita somete a su consideración la siguiente iniciativa de

Decreto por el cual se reforma el artículo 194-U de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 194-U. Por el otorgamiento de actas, constancias, registros de verificación o certificación que efectúe la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas:

Por el registro de verificación del cumplimiento de restricciones no arancelarias a la importación o exportación de flora y fauna silvestre, sus productos y subproductos; recursos acuáticos, pesqueros y marinos; productos y subproductos forestales; materiales o residuos peligrosos, cuyo objetivo final es el comercio o la industrialización de los mismos $359.68

Por el registro de verificación del cumplimiento de restricciones no arancelarias a la importación o exportación de flora y fauna silvestre, sus productos y subproductos; recursos acuáticos, pesqueros y marinos; productos y subproductos forestales; materiales o residuos peligrosos, cuyo objetivo final es distinto del comercio o la industrialización $96.44

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La CITES fue firmada en 1973 y entró en vigor dos años más tarde.

2 Apéndice I: se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. Apéndice II: se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Apéndice III: se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras partes en la CITES para controlar su comercio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE INGRESOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y otra más que adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 14 de octubre de 2004

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista De México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

Lograr un desarrollo sustentable, a través de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales es una de las prioridades planteadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, en la Plataforma Electoral de Alianza por el Cambio, se planteó la necesidad de lograr, a través de un marco institucional para el desarrollo sustentable, la adecuación de la estructura y actividades gubernamentales con un enfoque ecologista.

Sin embargo, debemos reconocer que la situación ambiental de nuestro país es muy delicada. Hemos llevado nuestro medio natural a un nivel, que pone en peligro la capacidad para mantener la vida en condiciones óptimas.

Por el deterioro de los ecosistemas mexicanos, se ha incluido a nuestro país dentro del conjunto de 15 áreas denominadas ``bajo amenaza crítica''. En estas áreas se desarrollan graves procesos de deterioro que afectan de manera directa a los ecosistemas y a las especies que las conforman.

México ha sufrido una de las tasas de deforestación más altas del mundo, estimándose entre 300 mil y un millón de hectáreas anuales. Esto quiere decir que se han perdido más del 95 por ciento de los bosques tropicales húmedos, más de la mitad de los bosques templados y un porcentaje difícil de cuantificar de las zonas áridas, pero que sin duda rebasa la mitad de su acervo original.

De las especies de flora y fauna existentes en México, se calcula que 336 se encuentran en peligro de extinción y de éstas 170 son endémicas.

Los ecosistemas acuáticos posiblemente sean los más afectados. Ríos, lagos, lagunas y mares reciben una gran cantidad de contaminantes de las grandes ciudades, de parques industriales, así como de la actividad ganadera y agrícola.

Adicionalmente, existe una tendencia a extraer peces y elementos de la fauna marina a tasas superiores a las que las poblaciones naturales pueden reproducirse. Esto ha hecho vulnerables y ha puesto en peligro a varias especies marinas.

A pesar de esta realidad, dentro de la planificación anual del gasto federal, no se contempla como prioritaria la atención a las demandas de conservación de la riqueza biológica nacional. Un ejemplo de ello, es el gasto que ejerce la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La Profepa tiene como prioridad procurar justicia ambiental, mediante la vigilancia y evaluación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.

La Conservación de los bosques y el agua como asuntos de seguridad nacional prioritarios para el país, es capital natural para el desarrollo sustentable y uno de los principales objetivos en la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, para coadyuvar en contener y revertir la degradación de los ecosistemas.

Para cumplir con su encomienda la Profepa cuenta con sólo 422 inspectores de recursos naturales 155 de inspección industrial, 253 dictaminadores y 210 abogados, para vigilar 142 millones de hectáreas de superficie forestal; 132 Áreas Naturales Protegidas, dar cumplimiento a la normatividad ambiental en 3,328 UMAS; vigilar 11 mil kilómetros de litorales donde existen 30 mil ocupaciones de Zona Federal Marítimo Terrestre; inspeccionar 34 mil industrias de jurisdicción federal, entre otras acciones.

No obstante, los logros obtenidos en los dos últimos años son sobresalientes: recuperación de 4 de las 10 zonas forestales con problemas de ingobernabilidad; 50% de inspecciones a industrias de alto riesgo; inspección permanente en 13 de 44 áreas naturales protegidas; sellamiento de 3 de 5 rutas regionales de tráfico de ilícitos de madera y especies de vida silvestre.

Las expectativas en la sociedad y la necesidad de cumplir con la función implican una mayor cobertura en el cuidado de nuestro patrimonio natural y el personal con que se cuenta es insuficiente aunado a las carencias materiales que se tienen ya que el presupuesto para operación es cada vez menor.

Lo anterior hace necesario solicitar que se atienda el espíritu legislativo al otorgar el destino específico a los ingresos por el cobro de las multas señalados en los artículos 175 bis y 130 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre respectivamente. Los cuales contemplaban la posibilidad de que los ingresos se destinen a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia.

Sin embargo, el tercer párrafo el artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación determinó derogar la disposición no fiscal que estableciera destino específico a los ingresos, lo cual ha impedido cumplir con la intención del legislador en materia ambiental y con la necesidad de vigilar la manera más adecuada nuestros recursos naturales y prevenir la contaminación.

Por las razones antes expuestas y tomando en cuenta que la degradación ambiental de nuestro país, se debe en gran medida, a los delitos ambientales que se cometen todos los días, la que suscribe, somete a su consideración la siguiente reforma a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, sometiendo a esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto Mediante el cual se adiciona el párrafo tercero del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005.

Artículo Único.- Se adiciona el párrafo tercero del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

...

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias o entidades por concepto de derechos, productos o aprovechamientos tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente ley y en las demás leyes fiscales y ambientales.

...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL - LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 76 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su venia, Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El suscrito diputado Hugo Rodríguez Díaz, en uso de las facultades conferidas por la Constitución federal y el Reglamento interno de este Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto, a fin de que se reforme el artículo 107 en su fracción II, así como el artículo 76 de la Ley de Amparo acorde a la siguiente

Exposición de Motivos

Don Mariano Otero fue un jurista que se adelantó a su época y su trabajo legislativo lo demuestra; por ello la llamada ``fórmula Otero'', articulada por don Mariano Otero, ha sido una de las bases del juicio de amparo que desde que fue propuesta y aprobada por el Congreso Constituyente de 1856 y que dio origen a la Constitución de 1857 no ha tenido modificación alguna, pues el Constituyente de Querétaro la conservó intacta, conservando el mismo alcance limitado de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo.

Esta ``fórmula Otero'' se basa en el principio de que el juicio de amparo sólo se lleva a cabo por interés propio, esto es sólo y únicamente por la parte agraviada, de tal forma que existe algún acto de autoridad que agravia a cualquier persona y ésta no se presente ante un juez de amparo en el término que la ley otorga al particular.

Se considera que existe la aprobación tácita que parte de la idea de quien pudiera ser afectado negativamente por ese acto de autoridad al no acudir ante el juez de amparo está dando la aprobación implícita, virtual o sobreentendida de ese acto, por lo que las sentencias de amparo sólo se ocupan de los individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare.

Sin embargo, la realidad en la práctica jurídica nos indica que no todos los que son afectados por algún acto de autoridad acuden ante el juez de amparo debido principalmente al desconocimiento, tanto de cuáles son sus garantías constitucionales a la ignorancia de la existencia de ese acto de autoridad que le afecta, hasta después de que pasa el término para presentarse el procedimiento de control constitucional o de que los costos de ese juicio de amparo le resultaran aún mayores que los daños que el acto de autoridad provoca y por ello decide, por omisión o resolución propia, acatar un acto de autoridad que viola las garantías constitucionales.

Ahora bien, es evidente que las circunstancias jurídicas, políticas, sociales y económicas que se dieron en la época en que surgió la ``fórmula Otero'' en 1856, son diferentes a esas mismas circunstancias en 2004. Esto es, 148 años después.

La Constitución de 1856, puesta en vigencia en 1857, ya fue reformada por la Constitución de 1917 y ésta ha sido reformada las veces que las circunstancias lo han exigido.

Anteriormente era práctica imposible que un jurista aceptara que la Suprema Corte declarara la invalidez de una norma emitida por el Congreso de la Unión, y hoy en materia electoral, el párrafo segundo, inciso f) del artículo 105 de nuestra Carta Magna ya da la opción de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos. Lo que nos muestra que, hasta donde han llegado los adelantos en materia de derecho electoral, ya están plasmados en nuestra máxima ley.

En estas condiciones se propone una adición a la ``fórmula Otero'', contenida en el párrafo primero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, de tal forma que esta adición se incluya como segundo párrafo y el actual segundo párrafo y posteriores se incluyan en el párrafo siguiente, señalando básicamente que:

``La sentencia de amparo tendría efectos generales con los limitantes y condiciones que ahí se establecen y ratificando que estos efectos generales no tendrían efectos de una declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare.''

En esta adición tendría como límites que debe ser emitida por un tribunal colegiado o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con las condiciones que en el caso de los tribunales colegiados la votación debería ser unánime, mientras que por lo que respecta a las ejecutorias del pleno de la Suprema Corte deberían ser aprobadas por un mínimo de ocho votos a favor y, en ambos casos, tribunales colegiados y pleno de la Corte, para ser consideradas como sentencias de efectos generales, se deberán sustentar en por lo mínimo cinco sentencias ejecutorias, interrumpidas por otra en contrario o aprobada en una menor cantidad votos.

De tal forma, que si se tienen hasta cuatro ejecutorias aprobadas por unanimidad en el caso de tribunales colegiados o un mínimo de ocho votos a favor, en caso del pleno de la Corte y cronológicamente surge otra ejecutoria en el mismo sentido, pero aprobada sólo por mayoría en tribunales colegiados o por una mayoría de entre seis y siete votos a favor en el caso de la Corte, el criterio de esa ejecutoria dejaría de tener validez para efectos generales y sería necesario comenzar de nuevo con ejecutorias para tal fin.

Solicito al Presidente de la Mesa Directiva instruya a quien corresponda, incluya el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias por su atención.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición de un segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reforma del artículo 76 de la Ley de Amparo, a fin que en casos especialmente determinados la sentencia que conceda el amparo tenga efectos generales, acorde a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- Don Mariano Otero fue un jurista que se adelantó a su época y su trabajo legislativo lo demuestra. Por ello, la llamada ``fórmula Otero'', articulada por Don Mariano Otero, ha sido una de las bases del juicio de amparo que desde que fue propuesta y aprobada por el Congreso Constituyente de 1856 y que dio origen a la Constitución de 1857, no ha tenido modificación alguna, pues el Constituyente de Querétaro la conservó intacta, conservando el mismo alcance limitado de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo.

Segundo.- Así, esta ``fórmula Otero'' se basa en el principio de que el Juicio de Amparo solo se lleva a cabo por interés propio, esto es, solo y únicamente por la parte agraviada, de tal forma que si existe algún acto de autoridad que agravie a cualquier persona y ésta no se presenta ante un Juez de Amparo, se considera que existe la ``aprobación tácita'' que parte de la idea de que quien pudiera ser afectado negativamente por ese acto de autoridad, al no acudir ante la autoridad de control constitucional, está dando la aprobación implícita, virtual o sobreentendida de ese acto, por lo que las sentencias de amparo solo se ocupan de los individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Tercero.- Sin embargo, la realidad en la practica jurídica nos indica que no todos los que son afectados por algún acto de autoridad acuden ante el Juez de Amparo debido principalmente al desconocimiento tanto de cuáles son sus garantías constitucionales, a la ignorancia de la existencia de ese acto de autoridad que le afecta hasta después que pasa el término para presentar el procedimiento de control constitucional, o de que los costos de ese Juicio de Amparo le resultarán aún mayores que los daños que el acto de autoridad le provoca y por ello, decide, por omisión o resolución propia, acatar un acto de autoridad que viola sus garantías constitucionales.

Cuarto.- Ahora bien, es evidente que las circunstancias jurídicas, políticas, sociales y económicas que se dieron en la época en que surgió la ``fórmula Otero'' en 1856 son diferentes a esas mismas circunstancias en el 2004, esto es, 148 años después. La Constitución de 1856 puesta en vigencia en 1857, ya fue reformada por la Constitución de 1917 y ésta, ha sido reformada las veces que las circunstancias mencionadas lo han exigido. Anteriormente era prácticamente imposible que un jurista aceptara que la Suprema Corte declarara la invalidez de una norma emitida por el Congreso de la Unión y hoy, en materia electoral, el párrafo II, inciso f) del artículo 105 de nuestra Carta Magna, ya da la opción a que ``las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos'', lo que nos muestra hasta dónde han llegado los adelantos en materia de derecho electoral que ya están plasmados en nuestra Máxima Ley.

Quinto.- Por ello se propone una adición a la ``fórmula Otero'' contenida en el párrafo primero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, de tal forma que esa adición se incluya como segundo párrafo y el actual segundo párrafo y posteriores, se incluyan en el párrafo siguiente, señalando básicamente que la sentencia de amparo tendría efectos generales con las limitantes y condicionantes que ahí se establecen y ratificando que esos efectos generales no tendrían efectos de una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Sexto.- Esta adición tendría como limitantes que debería ser emitida por un Tribunal Colegiado o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con las condicionantes que en el caso de los Tribunales Colegiados, la votación debería ser unánime mientras que por lo que respecta a las ejecutorias del Pleno de la Suprema Corte, deberían ser aprobadas con un mínimo de ocho votos a favor, y en ambos casos, esto es, tanto en las ejecutorias de los Tribunales Colegiados como las del Pleno de la Suprema Corte, para ser consideradas como sentencias de efectos generales, se deberán sustentar en por lo mínimo cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario o aprobada con una menor cantidad de votos, de tal forma que si se tienen hasta cuatro ejecutorias aprobadas por unanimidad en el caso de Tribunales Colegiados o un mínimo de ocho votos a favor en caso del Pleno de la Corte y cronológicamente surge otra ejecutoria en el mismo sentido, pero aprobada solo por mayoría en Tribunales Colegiados o por una mayoría de entre 6 y 7 votos a favor en el caso de la Corte, el criterio de esa ejecutoria dejaría de tener validez para efectos generales y sería necesario comenzar de nuevo con ejecutorias para tal fin.

En ese sentido, el suscrito Diputado Federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea en su carácter de Constituyente Permanente la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que presenta el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, que propone la adición de un segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reforma del artículo 76 de la Ley de Amparo.

Artículo Primero.- Se adicionan un segundo párrafo a la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el actual segundo párrafo y posteriores, se incluyan como el párrafo siguiente, para quedar como sigue:

Artículo 107.- ...

I y II.- ...

III.- ...

La sentencia de amparo tendrá efectos generales solo y únicamente cuando sea emitida o ratificada por un Tribunal Colegiado o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el primer caso, por unanimidad de votos y en el segundo con una mayoría de cuando menos ocho votos, y en ambos, cuando se sustenten por lo mínimo en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario o aprobada con menor cantidad de votos a favor. Los efectos generales no tendrán efectos de una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisas sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otras sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.

III.- a la XVIII.- ...

Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 76 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 76.- ...

La sentencia de amparo tendrá efectos generales solo y únicamente cuando sea emitida o ratificada por un Tribunal Colegiado o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el primer caso, por unanimidad de votos y en el segundo con una mayoría de cuando menos ocho votos, y en ambos, cuando se sustenten por lo mínimo en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario o aprobada con menor cantidad de votos a favor. Los efectos generales no tendrán efectos de una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

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ley aduaneraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En cuanto al promovente Jorge Luis Hinojosa Moreno, que presentó iniciativa para adicionar el artículo 106 Bis de la Ley Aduanera, esta Presidencia obsequia su petición de ampliar el turno no sólo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sino también ésta unida con la Comisión de Economía.

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LEY DE AMPARO - LEY ADUANERA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Aduanera.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Hilaria Domínguez Arvizu, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el tercer párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, adiciona la fracción III al artículo 2º, la fracción XI al artículo 176, la fracción XII al artículo 177 y la fracción XI al artículo 178 de la Ley Aduanera, con base en las siguientes.

Consideraciones

En México las prácticas de los contrabandistas se han desplazado en gran medida hacia la maniobra del contrabando técnico, también llamado contrabando documentado, que es aquel que se pasa por las aduanas utilizando información falsa, como la facturización que asegura que la mercancía tiene un valor considerable menor al real y que reporta que dichas mercancías tienen su origen o asiento en territorios con los que México sostiene intercambios comerciales.

Es relevante hacer hincapié en tres aspectos fundamentales en los que impacta el contrabando, específicamente de lo que ahora se denomina como contrabando técnico y su relación con la Ley de Amparo, así como los aspectos que dichas formas de contrabando están teniendo en el país y los riesgos, de no actuar en forma sistemática, lógica y congruente a los tiempos que hoy demanda la población mexicana.

El daño a la economía de la nación por la vía de la impunidad y la sistemática violación a la ley bajo la máscara de procedimientos legaloides ha estado propiciando la configuración de fortunas para unos pocos y el crecimiento de los cinturones de miseria e inseguridad, marginación, hambre y abandono en el campo para las mayorías.

En términos de las capacidades productivas de los mexicanos, existen sectores que están siendo vulnerados sistemáticamente en cuanto a su capacidad de competencia por alcanzar un mercado que ha sido materialmente secuestrado por el contrabando disfrazado de importaciones, enmascarado en los amparos que indiscriminadamente se están dando, sin respetar las cuotas establecidas ni arancelarias, en medio de una gran corrupción en que los tres grandes imperios están sentando sus reales.

Uno. El primer imperio de la impunidad lo tienen los comerciantes y supuestos importadores coreanos que subvalúan el precio de sus productos que importan o disfrazan el origen para burlar los pagos arancelarios o simplemente compran a los vistas aduanales comprando sus conciencias y pasan impunemente productos relacionados con la industria de la confección, juguetes, software y juegos electrónicos, así como lo relacionado a la información y a las telecomunicaciones.

Se estima que el 58 por ciento de las ventas de productos relacionados con la industria de la confección provienen del contrabando. La propia Concamin estima que el 40 por ciento de los juguetes y los software que se venden en México son de contrabando, y la industria discográfica asegura que el 67 por ciento de los discos que compra el público mexicano son piratas.

El segundo imperio de la impunidad es el relacionado con la importación ilegal de metales, principalmente de acero, en el que se incluyen partes automotrices, motocicletas, que se importan como chatarra, material de reúso o refacciones, cuando en realidad se trata de piezas nuevas que posteriormente son ensambladas en México.

La industria del acero ha perdido de 1990 al 2003 más del 40 por ciento de su mercado debido a importaciones ilegales. El 25 por ciento de láminas galvanizadas que se comercializaban en el país y que hoy se venden en gran medida, son ilegales, a más precio y a baja calidad.

El tercer imperio de la impunidad está integrado por una red de empresas transnacionales que valiéndose del amparo y de la compra de conciencias están importando miles y miles de toneladas de productos agropecuarios, muchos de ellos con grandes riesgos de salud para la población mexicana.

Los casos de la soya, azúcar, el frijol, el trigo, el sorgo, el maíz, la manzana, las aves y los porcinos y bovinos, son ya de proporciones escandalosas y los propios medios de comunicación han dado cuenta de ello, de los grandes decomisos, enormes, que se han tenido; sin embargo no reflejan el volumen real de contrabando que día con día está entrando al país.

Están entrando anualmente más de 750 mil toneladas de frijol que corresponde el 98 por ciento del consumo nacional, que genera daños severos y restricciones a la producción, provocando que miles y miles de toneladas de los granos que cultivamos los campesinos mexicanos se quede ahí en nuestras parcelas o en nuestros corrales, por falta de comercialización que quebranta, ofende y agrava nuestra condición humana.

Según la propia Administración General de Aduanas, el 37 por ciento de las importaciones de azúcar se hace bajo el amparo técnico, el 31 por ciento de manzana y el 6 por ciento de aves.

Estimaciones hechas por los organismos empresariales hablan de casi el doble de importaciones al sumarle aquellas que simplemente no dejan rastro, pues cuentan con un sistema de complicidades que eluden los dispositivos de seguridad y de vigilancia.

En cuanto al aspecto de las entidades productivas, el daño se está generalizando tanto en la industria como en el campo; las comunidades y pueblos tradicionalmente que habían tenido su identidad productiva orientada a ciertas ramas de la producción, como es el caso del calzado y los artículos de piel, de la confección de prendas de vestir, la lana y textiles, han sido desplazados por las oleadas de productos que entran al país de contrabando técnico.

El efecto más evidentes el incremento del desempleo; el cierre de unidades productivas familiares; micro y pequeñas empresas; la vida económica en las microrregiones que se acrecienta con la aparición de comercio informal, mucho comercio informal.

Lo que es una ironía es la venta de productos importados por la vía del contrabando.

En el caso del campo el efecto es más serio, pues la pérdida de mercados a la disminución del precio de sus productos ante las importaciones de dudosas calidad, productos transgénicos que no encuentran mercado en los países de-sarrollados y que ni siquiera los utilizan para alimentar al ganado, pero llegan al mercado nacional mexicano disfrazados, sin ningún requisito sanitario, entran a los circuitos de comercialización y los consumen los humanos, los mexicanos.

En el caso extremo, pues, hacer autosuficiente a los productores nacionales, pues sólo cubren, en el caso del arroz, el 10 por ciento de su producción nacional.

El 40 por ciento de las capacidades productivas de la rama porcícola se han perdido debido fundamentalmente a la indiscriminada e ilegal importación que está entrando al país.

La rama avícola registra un ingreso estimado de 500 mil toneladas de carne proveniente de Estados Unidos.

Debemos decir que el sistema recaudatorio mexicano está siendo ampliamente superado y sistemáticamente vulnerado, por los evasores que amparados en las inconsistencias de nuestro sistema jurídico, al tiempo que en las complicidades de una red de corrupción que no ha podido ser desarticulada, han causado cuantiosos daños a la economía nacional.

Ejemplo, la Administración General de Aduanas manifiesta que para el año 2003 se determinó un importe superior a los 148 millones por omisión de cuotas compensatorias derivadas del incumplimiento en los requisitos de efectividad de una empresa importadora de manzanas.

En el sector porcícola se logró la determinación de un monto superior a los 79 millones de pesos por omisión de la salvaguarda agropecuaria en relación con el sobreseimiento del juicio de amparo.

Tan sólo el azúcar, se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 69 millones 144 mil 414 pesos, representando tan sólo el 8.1 por ciento del total de toneladas importadas del 2002 al 2004.

Y de acuerdo a las estimaciones del sector empresarial el monto aproximado de la evasión para el 2004 será de 27 mil millones de dólares; tan sólo por concepto de impuestos al valor agregado y el impuesto a la exportación México dejó de percibir 80 mil millones de dólares, cifra casi equivalente a las tan publicitadas remesas de nuestros ``extranjeros''.

Se estima que de la suma de los mecanismos de contrabando que se han articulado...

En virtud de que se me ha agotado el tiempo, compañeras y compañeros diputados, dejo en el seno de esta Mesa Directiva de esta soberanía las propuestas de proyecto al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo y las aduanas. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Hilaria Domínguez Arvizu, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, y adiciona la fracción XIII al artículo 2, la fracción XII al artículo 176, la fracción XII al artículo 177 y la fracción XI al artículo 178 de la Ley Aduanera, con base en las siguientes

Consideraciones

En México, las practicas de los contrabandistas se han desplazado, en gran medida, hacia la maniobra del contrabando técnico --también llamado contrabando documentado-, que es aquel que sí pasa por las aduanas utilizando información falsa, como la subfacturación que asegura que la mercancía tiene un valor considerablemente menor al real, y que reporta que dicha mercancía tiene su origen o asiento en territorios con los que México sostiene intercambios comerciales.

Es relevante hacer hincapié en tres aspectos fundamentales en los que impacta el contrabando, específicamente de lo que ahora se denomina como contrabando técnico y su relación con la ley de amparo, así como los efectos que dichas formas de contrabando están teniendo en el país y los riesgos de no actuar en forma sistemática, lógica y congruente a los tiempos que hoy demanda la población mexicana.

El daño a la economía de la nación que por la vía de la impunidad y la sistemática violación a la ley bajo la máscara de procedimientos legaloides, ha estado propiciando la configuración de fortunas para unos pocos y el acrecentamiento de los cinturones de miseria, inseguridad, marginación, hambre y abandono del campo y la industria de las mayorías.

En términos de las capacidades productivas de los mexicanos, existen sectores que están siendo vulnerados sistemáticamente en cuanto a su capacidad de competencia por alcanzar un mercado que ha sido materialmente secuestrado por el contrabando disfrazado de importaciones, enmascarado en los amparos que indiscriminadamente se están dando sin respetar las cuotas establecidas ni arancelarias, en medio de una gran corrupción en la que tres grandes imperios están sentando sus reales.

El primer imperio de la impunidad lo tienen los comerciantes y supuestos importadores coreanos que, o subvalúan el precio de los productos que importan o disfrazan el origen para burlar los pagos arancelarios, o simplemente compran las voluntades de los vistas aduanales y pasan impunemente productos relacionados con la industria de la confección, juguetes, software y juegos electrónicos, así como todo lo relacionado con la informática y telecomunicaciones.

Se estima que el 58 % de las ventas de productos relacionados con la industria de la confección provienen del contrabando.

La propia Concamin estima que el 40% de los juguetes y software que se venden en México son de contrabando, y la industria discográfica asegura que el 67% de los discos que compra el público mexicano son pirata.

El segundo imperio de la impunidad es el relacionado con la importación ilegal de metales, principalmente del acero y en el que se incluyen partes automotrices, motocicletas que se importan como chatarra, material de rehúso o refacciones cuando en realidad se trata de piezas nuevas que posteriormente se ensamblan en México.

La industria del acero ha perdido del 1990 al 2003 más del 40% de su mercado debido a las importaciones ilegales.

El 25% de la lámina galvanizada que se comercializa en el país proviene del contrabando técnico o ilegal.

El tercer imperio de la impunidad está integrado por una red de empresas trasnacionales que valiéndose del amparo y de la compra de conciencias, están importando miles y miles de toneladas de productos agropecuarios, muchos de ellos con graves riesgos de salud para la población mexicana.

Los casos del azúcar, fríjol, soya, trigo, sorgo, maíz, manzana, aves, porcinos y bovinos son ya de proporciones escandalosas, y los propios medios de comunicación han dado cuenta de decomisos enormes que, sin embargo, no reflejan el volumen real de contrabando que día con día se está dando en el país.

Están entrando anualmente más de 750 mil toneladas de fríjol, que corresponden al 98% del consumo nacional, generando severos daños y restricciones a la producción nacional, provocando que miles de toneladas de este grano cultivados en México se queden sin encontrar posición en el mercado nacional.

Según la propia administración general de aduanas, el 37% de las importaciones de azúcar se hace bajo amparo, el 31% de manzana, el 6% de aves, entre otros.

Estimaciones hechas por los organismos empresariales hablan de casi el doble de importaciones al sumarle aquéllas que simplemente no dejan rastro, pues cuentan con un sistema de complicidades que eluden los dispositivos de seguridad y vigilancia.

En cuanto al aspecto de las identidades productivas, el daño se está generalizando tanto en la industria como en el campo, las comunidades y pueblos que tradicionalmente han tenido una identidad productiva orientada a cierta rama de la producción, como es la del calzado y artículos de piel, la confección de prendas de vestir, la de la lana y textiles, están viéndose desplazados por una oleada de productos que entran al país en forma clandestina y están asfixiando esas identidades.

El efecto más evidente es el incremento del desempleo, el cierre de unidades de producción familiar, micro y pequeñas empresas, la asfixia económica en las micro regiones que se acrecientan con la aparición de comercio informal, generalmente sustentado; lo que es una ironía, en la venta de productos importados por la vía del contrabando técnico.

En el caso del campo el efecto es más serio, pues la pérdida de mercado, la disminución del precio de sus productos ante las importaciones de dudosa calidad, productos transgénicos que no encuentran mercado en los países desarrollados y que ni siquiera los utilizan para alimentar el ganado, pero que llegan al mercado de consumo humano en nuestro país sin mayor requisito que entrar a los circuitos de comercialización.

El caso del arroz es extremo, pues de ser autosuficientes, ahora los productores nacionales sólo cubren el 10% de la demanda nacional.

El 40% de las capacidades productivas en la rama porcícola se ha perdido debido, fundamentalmente, a la indiscriminada e ilegal importación de productos porcícolas que evaden cuotas y estándares sanitarios y de calidad; bajo la figura impune del amparo.

La rama avícola registra un ingreso estimado de 500 mil toneladas de carne proveniente de Estados Unidos y es probable que más de la mitad esté evadiendo los sistemas regulatorios.

Debemos decir que el sistema recaudatorio mexicano está siendo ampliamente superado y sistemáticamente vulnerado por los evasores que amparados en las inconsistencias de nuestro sistema jurídico, al mismo tiempo que en las complicidades de una red de corrupción que no ha podido ser desarticuladas ha causado cuantiosos daños a la economía nacional, por ejemplo:

La administración general de aduanas manifiesta que para el año 2003, se determinó un importe total superior a los 148 millones de pesos por omisión de cuota compensatoria, derivados del incumplimiento en el requisito de efectividad de una empresa importadora de manzana.

En el sector porcícola se logró la determinación de un monto superior a los 79 millones de pesos por omisión de salvaguarda agropecuaria, en relación con el sobreseimiento del juicio de amparo.

Tan sólo en azúcar, se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 69 millones 144 mil 414 pesos representando tan sólo el 8.1% del total de toneladas importadas de 2002 a abril de 2004.

Y de acuerdo con estimaciones del sector empresarial, el monto aproximado de la evasión para 2004 será de cerca de los 27 mil millones de dólares.

Tan sólo por concepto de impuesto al valor agregado y el impuesto a la importación; México dejó de percibir cerca de 8 mil millones de dólares, cifra casi equivalente a las tan publicitadas remesas que envían los mexicanos en el extranjero.

Todos hemos visto los espectaculares operativos que para combatir la piratería y el contrabando se llevan a cabo en Tepito y otros mercados que se han convertido en el paraíso del contrabando en todo el país. Sin embargo el impacto de dichos operativos ha sido más mediático que de resultados concretos, el contrabando en nuestro país sigue creciendo sin control.

Se estima que de la suma de los mecanismos de contrabando que se han articulado en el país, obtienen ganancias cercanas a los 33 mil millones de dólares anuales, cifra tres veces superior a la captación de divisas por venta de petróleo. Éste es el tamaño de la sangría a la que se está sometiendo a la economía nacional ante la ineficiencia de nuestro sistema tributario, las lagunas en el marco legal y las redes de corrupción que se han extendido a lo largo y ancho del país.

Es urgente que modifiquemos el marco jurídico a la brevedad para que los tres poderes de la Unión intervengan en el resguardo y preservación de la planta productiva de la Nación, en fortalecer nuestro sistema tributario, ya que al mismo tiempo que el Ejecutivo Federal insiste en propuestas de reforma fiscal que genere 150 mil millones de pesos anualmente, basándose en los contribuyentes cautivos, la evasión alcanza cifras de al menos el doble de ese monto, sin que sea una verdadera prioridad combatirla en las reformas que hemos conocido.

El amparo debe dejar de ser un sinónimo de impunidad. Sus promotores deben estar sujetos a una permanente revisión, mediante la instrumentación de mejores mecanismos de supervisión.

Resulta impostergable para el desarrollo económico y social de México y el bienestar de su población, combatir el contrabando técnico y en todas sus modalidades, mediante modificaciones a la Ley de Amparo y a la Ley Aduanera, toda vez que la introducción de las mercancías se realiza a través de las distintas aduanas del país, interponiéndose juicios de amparo indirecto en materia administrativa, cuya suspensión provisional es otorgada por un juez de distrito.

Resulta urgente detener este brutal desmantelamiento de nuestro aparato productivo, tanto en las diferentes ramas de la industria como en el campo.

Por los motivos expuestos, me permito someter a esta honorable soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, y adiciona la fracción XIII al artículo 2, la fracción XII al artículo 176, la fracción XII al artículo 177 y la fracción XI al artículo 178 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Primero. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

Se considera que existe perjuicio al interés social cuando se trata de la internación en territorio nacional de productos de confección, textiles, aceros, agropecuarios y de origen animal, de procedencia extranjera, cuyo internamiento sea lesivo a las finanzas públicas y a los intereses de la producción nacional, al evitar mediante el empleo de información falsa el pago de impuestos con base en su costo real de producción y país de origen.

Segundo. Se adiciona la fracción XIII al artículo 2, la fracción XII al artículo 176, la fracción XII al artículo 177 y la fracción XI al artículo 178 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se considera:

XIII. Perjuicio al interés social, las mercancías cuyo internamiento al país lesione las finanzas públicas y los intereses de la producción nacional agropecuaria

Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:

XII. Exista perjuicio al interés social.

Artículo 177. Se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley, cuando:

XII. Se introduzca mercancía amparada en pedimentos de importación elaborados por agentes aduanales de manera legal, pero con información falsa que evite el pago de impuestos y lesione los intereses de la producción nacional agropecuaria. Dicha información podrá referirse al precio del producto, origen de la mercancía, tipo del producto, cantidad del bien importado o el uso que se le va a dar a la materia prima en el país.

Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley:

XI. Multa del 130% al 150% del valor comercial de las mercancías declaradas que sean introducidas mediante pedimentos de importación con información falsa respecto a su precio, origen, tipo, cantidad o uso que se le dará a la materia prima en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2004.--- Dip. María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias por su comprensión, diputada.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El diputado Bernardino Ramos Iturbide: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 2º y que adiciona cuatro párrafos a la fracción I del artículo 9º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El de la voz y los suscritos integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Concordia y Pacificación hemos constatado las difíciles condiciones materiales en las que sobreviven nuestros hermanos indígenas mediante los recientes recorridos por las zonas donde se asientan los desplazados internos en el estado de Chiapas. Las causas todos las sabemos, son claras; sin embargo vale la pena referirnos a ellas, en particular a las consideraciones expresadas en su momento por el representante del Secretario General de la ONU sobre las personas internamente desplazadas.

En su informe del año 2002 manifestó que los desplazamientos en gran escala y a largo plazo en el estado de Chiapas son atribuibles al enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacio- nal, a las operaciones de contrainsurgencia del Ejército en 1995, a la matanza perpetrada en Acteal por grupos paramilitares en 1997.

En el más reciente diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, de diciembre de 2003, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, se define a los desplazados internos como personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de su lugar de residencia habitual o a abandonar sus hogares, particularmente como resultado de los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierra incluyendo invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojo forzado por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que emigran dentro del territorio mexicano.

En agosto de 2002 el representante del Secretario General de las Naciones Unidas realizó una visita oficial para asentar las bases de una mejoría en la respuesta a la situación que guardan los desplazados. En concreto dicho documento urgió al Gobierno Federal para hacer extensiva a esta población los servicios y programas y acciones, así como a facultar a alguna dependencia la atención de estos grupos indígenas desplazados.

Los elementos vertidos denotan una preocupación en distintos ámbitos. Por lo anterior, urge que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para enfrentar de manera institucional un problema poco meditado y atendido por las instancias gubernamentales.

Al respecto, la propia titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha reconocido la ausencia de un mandato expreso para atender a los grupos desplazados y que los recursos aplicados en ese rubro son a todas luces exiguos; 20 millones de pesos durante los años 2002 y 2003.

Frente a esta realidad, el Legislativo tiene la encomienda de sentar las bases jurídicas que aseguren las garantías individuales de los desplazados, que las políticas de desarrollo social los alcancen junto con la instrumentación de las acciones correspondientes para reintegrarlos a sus comunidades de origen.

Por tales motivos, los propósitos de la presente iniciativa son los siguientes:

Primero. Mandatar a la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas, para el diseño, la instrumentación y la operación de programas especiales que atiendan a los desplazados internos.

Segundo. Asegurar que en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión, se asegure un porcentaje para ese fin.

Tercero. Asegurar que a los programas que opera la Comisión, se le destinen porcentajes suficientes que promuevan un incremento importante en su cobertura, reduciendo para ello el impacto de su gasto corriente.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente decreto.

Artículo único.- Se adicionan la fracción XI bis al artículo 2º y cuatro párrafos a la fracción I, del artículo 9º, ambos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Fracción XI bis. Diseñar, instrumentar y operar programas y acciones especiales para atender a la población indígena que se ha visto desplazada dentro del territorio nacional, a raíz de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, por conflictos religiosos, por disputas territoriales o desalojos forzados.

Artículo 9º. Se adicionan los siguientes párrafos:

El anteproyecto de presupuesto anual de la Comisión se ceñirá a los siguientes lineamientos:

a) El gasto corriente programado no será mayor al 15 por ciento del monto total anual propuesto en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

b) Destinar al menos el 85 por ciento del presupuesto total anual de la Comisión, a solventar el gasto de los programas y acciones para atender a los pueblos y comunidades indígenas.

c) Destinar al menos el 5 por ciento del presupuesto anual total de la comisión, para operar los programas especiales orientados a la atención de los grupos y comunidades indígenas considerados desplazados internos.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor Presidente, solicito a usted que se inscriba el texto completo de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Firmamos los diputados: Jaime Moreno Garavilla, Jesús González Schmal, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro Vázquez González, Javier Manzano Salazar, Marbella Casanova Calam, Emilio Zebadúa González y el de la voz. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD.

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI Bis al artículo 2º y que adiciona cuatro párrafos a la fracción 1ª artículo 9º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El de la voz, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Concordia y Pacificación, ha constatado las difíciles condiciones materiales en las que sobreviven nuestros hermanos indígenas, mediante los recientes recorridos por las zonas donde se asientan los desplazados internos en el estado de Chiapas,

Las causas, todos las sabemos. Son claras.

Sin embargo, vale la pena referirnos a ellas; en particular a las consideraciones expresadas en su momento por el Representante del Secretario General de la ONU sobre las personas internamente desplazadas.

En su informe (año 2002) manifestó que los desplazamientos en gran escala y a largo plazo en el estado de Chiapas son atribuibles al enfrentamiento armado entre el Ejército mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; a las operaciones de contrainsurgencia del ejército en 1995, y a la matanza perpetrada en Acteal por grupos paramilitares en 1997.

Reconoció también que la mayor parte de los desplazamientos habrían ocurrido durante la segunda mitad de los noventa, después se habría presentado un desplazamiento permanente a pequeña escala debido, sobre todo, al hostigamiento e intimidación por los grupos denominados como paramilitares.

Como observamos, el reconocimiento de los grupos de desplazados indígenas mexicanos trasciende ya nuestras fronteras alcanzado una dimensión internacional.

En el más reciente diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (diciembre 2003) elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, se define a los desplazados internos como personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de su lugar de residencia habitual o abandonar sus hogares, particularmente como resultado de los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierras incluyendo invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que migran dentro del territorio mexicano.

En el caso concreto mexicano, del mismo diagnóstico se desprende

Que no existen estadísticas reales de cual es número real de desplazados.

Las cifras de las diversas fuentes son variables van desde tres mil y hasta 21 mil, o hasta 60 mil.

El documento citado, precisa que las entidades federativas más golpeadas por ésta problemática social son Chiapas y Guerrero.

En particular, al hablar de población indígena mexicana desplazada tenemos que:

La cifra más aceptada se sitúa en alrededor de 13 mil personas;

Que ninguna dependencia o entidad pública tiene un mandato explícito para dar seguimiento a esa población.

Las condiciones de existencia son sumamente difíciles.

Sólo unas centenas de familias han retornado o se han reasentado en su lugar de origen.

Las acciones gubernamentales han sido tardías e insuficientes.

En agosto del 2002 el representante del Secretario General de las Naciones Unidas, realizó una visita oficial para sentar las bases de una mejoría en la respuesta a la situación que guardan los desplazados.

Para ello, se reunió con Gobierno Federal, organismos de la sociedad civil, otros organismos internacionales con representación en México; asimismo, visitó campos de desplazados en Chiapas. Como consecuencia de ello, el Gobierno Federal se comprometió a evaluar en forma detallada la situación de los desplazados internos mediante un proceso de consultas y a tomar medidas efectivas para atenderlos.

En concreto, dicho documento urgió al Gobierno Federal para hacer extensivas a esta población los servicios de programas y acciones, así como a facultar a alguna dependencia la atención de estos grupos indígenas desplazados.

Por su parte, la titular de la CDI reconoce diversos tipos de desplazados internos; se habla de migrantes, como aquellos individuos que abandonan sus comunidades por la falta de oportunidades en sus regiones de origen; tal es el caso de los jornaleros agrícolas que se trasladan a las entidades federales del norte; se habla de los desplazados por la construcción de las grandes obras de infraestructura; por conflictos religiosos; por desastres naturales o por desalojos en zonas de reserva ecológica.

Los elementos vertidos denotan una preocupación en distintos ámbitos. Por lo anterior, urge que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para enfrentar de manera institucional un problema poco meditado y atendido por las instancias gubernamentales.

Destacamos que el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001--2006 no se refiere expresamente este problema; en el mejor de las casos alude a la violencia armada y el caciquismo como causas de la migración de indígenas; esto es, a una sola de las variantes que la CDI reconoce.

Al respecto, la propia titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha reconocido la ausencia de un mandato expreso para atender a los grupos de desplazados. Pese a ello, los recursos aplicados en este rubro son a todas luces exiguos, veinte millones de pesos durante los años 2002 y 2003.

En números, calculamos que durante esos dos años, se gastó por cada desplazado una cantidad de 1,538.46 pesos; es decir, 2.11 pesos diarios, en el mejor de los casos.

Frente a esta realidad, el legislativo tiene la encomienda de sentar las bases jurídicas que aseguren las garantías individuales de los desplazados, que las políticas de desarrollo social los alcancen junto con la instrumentación de las acciones correspondientes para reintegrarlos en sus comunidades de origen.

Por tales motivos, el propósito de la presente iniciativa son los siguientes:

Primero, mandatar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el diseño, la instrumentación y la operación de programas especiales que atiendan a los desplazados internos. Dada su naturaleza, estamos seguros que tal tarea debe corresponderle.

Segundo, asegurar que en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la comisión se asegure un porcentaje para ese fin.

Tercero, Asegurar que a los programas que opera la Comisión se les destinen porcentajes suficientes que promuevan un incremento importante en su cobertura, reduciendo para ello el impacto de su gasto corriente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se adicionan la fracción XI Bis al artículo 2º y cuatro párrafos a la fracción I del artículo 9º, ambos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

(...)

Artículo 2.-

I a XI.

XI Bis. Diseñar, instrumentar y operar programas y acciones especiales para atender a la población indígena que se ha visto desplazada dentro del territorio nacional a raíz de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, por conflictos religiosos, por disputas territoriales o desalojos forzados.

(...)

Artículo 9

La Junta de Gobierno, además de las atribuciones...

I. (...)

El anteproyecto de presupuesto anual de la Comisión se ceñirá a los siguientes lineamientos:

a) El gasto corriente programado no será mayor al quince por ciento del monto total anual propuesto en el anteproyecto de presupuesto de egresos.

b) Destinar al menos el 85 por ciento del presupuesto total anual de la Comisión a solventar el gasto de los programas y acciones para atender a los pueblos y comunidades indígenas.

c) Destinar al menos el cinco por ciento del presupuesto anual total de la comisión para operar los programas especiales orientados a la atención de los grupos y comunidades indígenas considerados desplazados internos.Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Bernardino Ramos Iturbide, PRD; Jesús González Schmal, Convergencia; Jaime Moreno Garavilla, Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, PT; Pedro Vázquez González, PT; Javier Manzano Salazar, PRD; Marbella Casanova Calam, PRD; Emilio Zebadúa González, PRD (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y del Seguro Social, relativas a los jornaleros agrícolas.

La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, compañero Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La suscrita pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social relativos a jornaleros agrícolas.

Uno de los problemas acuciantes y perentorios dentro de la agenda nacional, es desde luego el deterioro productivo y social que ha resentido el campo mexicano desde hace más de dos décadas, como consecuencia de las políticas neoliberales, implacablemente aplicadas y que han redundado en una caída drástica en los niveles de bienestar social, tanto de campesinos como comuneros, como también de los trabajadores jornaleros.

En medio de la miseria que se ha extendido y enraizado en los confines de nuestro territorio, donde antes se llegaron a sentar las bases de un incipiente desarrollo económico y social, ahora se puede apreciar una pobreza recrudecida.

Los trabajadores agrícolas superan en pobreza y rezago social a cualquier sector de nuestra población, no es casualidad que los jornaleros procedan de los municipios de más altos índices de marginalidad. Estamos pasando de una economía agrícola, de comuneros y de ejidatarios, a una de jornaleros desposeídos en condiciones paupérrimas, en nombre de una exigencia de competitividad internacional, mal entendida, que ha servido de pretexto para el irresponsable abandono del campo, por parte del Estado mexicano, mientras nuestros socios comerciales, por mencionar a Estados Unidos y la Unión Europea, destinan sumas exhorbitantes de subsidio y protegen con aranceles y otras medidas sus mercados internos.

Estadísticas que tienen un carácter de aproximadamente y que se refieren a que existen en el país alrededor de 5 millones de jornaleros agrícolas que prófugos del desempleo y la desesperación y la desolación de sus lugares de origen, se desplazan a través de diversas corrientes o flujos, hacia zonas de atracción productiva agrícola, para ofrecer su servicio normalmente acompañados de sus familias, de sus menores y de sus hijas.

Fundamentalmente los jornaleros laboran en 28 zonas agrícolas, ubicadas en 19 entidades federativas y concentradas en 30 cultivos estacionales. La mayor parte de ellos en ramas frutícolas, de hortalizas y de flores, para generar una dinámica institucional con especial atención a los trabajadores jornaleros, en el conjunto de las políticas públicas se propone:

La creación de un órgano técnico, independiente y de carácter estrictamente temporal, que durante tres meses de cada año evalúe las acciones gubernamentales y legislativas, adoptadas en materia de jornaleros agrícolas y elabore un diagnóstico de la situación en que se hallan.

El informe que rindan tendrá el valor de orientación y pauta, para hacer ajustes en las medidas adoptadas.

El consejo se compondrá de 5 miembros designados por las cámaras y las dependencias sectoriales involucradas, para proponer miembros del Consejo de Evaluación de Políticas en Materia de Jornaleros Agrícolas.

Su naturaleza será la de un órgano administrativo de carácter temporal, autónomo y adscrito a la Secretaría del Trabajo, contará con la colaboración de dependencias y entidades del Gobierno federal.

Sesionará de febrero a abril, concluyendo con la rendición de su informe en las cámaras de Diputados y Senadores, frente a los secretarios involucrados.

Su impacto presupuestal será mínimo, puesto que en lugar de un aparato burocrático, se tratará solamente de un conjunto de expertos o especialistas, que desde una posición de independencia durará tres meses cada año.

Analizar la problemática de los jornaleros agrícolas y aportar medidas de solución en el Congreso de la Unión, crea este órgano en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 89 constitucional, fracción II.

Las reformas que se proponen, si bien versan sobre el marco regulatorio del trabajo de jornaleros, constituyen un acento legislativo en el problema y pueden ser el primero de sus pasos para resolver el inaplazable problema de jornaleros.

En las reformas se tienden a mejorar diversos aspectos de técnica legislativa en la redacción del capítulo de los trabajadores del campo. Se agregará derechos laborales que no están originalmente contemplados y se puntualizará el contenido de otros de vaga definición. Asimismo, en aras de una delimitación correcta del ámbito de aplicación de las reformas, se ha procedido a definir la figura de jornalero como una especie de trabajador del campo y beneficiario de una partícula o tutela en razón de su acrecentada vulnerabilidad. Por tanto y atendiendo a los fines que persigue la Ley Federal del Trabajo, es de justicia social transformar las condiciones en las que trabajan los jornaleros del campo y terminar con la desigualdad y la incertidumbre en que se vive.

En ese tenor se considera de importancia la adición que se propone al artículo 5º, fracción VII de la ley, haciendo extensivo a los trabajadores del campo el periodo máximo de una semana para que sea cubierto su salario, ya que en la forma en que se encuentra actualmente en la ley, pareciera que el beneficio es privativo de los trabajadores de la industria conocidos como obreros.

Se redefine en esta iniciativa, en el artículo 279 el concepto de trabajador del campo y se amplía a cualquier trabajador que desplieguen actividades tanto en la productividad agrícola como en la agroindustrial pesquera o forestal.

En razón de la comunidad de circunstancias económicas y sociales que antecede al empleo de los jornaleros o trabajadores estacionales, la experiencia del trabajo en el campo revela que los trabajadores campesinos frecuentemente desa- rrollan varias actividades relacionadas entre sí, por esta razón se propone la modificación del artículo 279 para que se defina con la mayor amplitud y precisión.

Posiblemente las variantes de trabajo en el campo, la modificación del primer párrafo se basa en el hecho de que sea cual sea la denominación que se les dé, siempre y cuando se encuadre dentro de estas actividades, sean considerados como trabajadores del campo sujetos a la reglamentación respectiva. La adición que se propone al artículo 279 Bis se encuentra basada en el hecho de que no existe hasta el momento una definición puntual del trabajador jornalero y de que en innumerables ocasiones ocurre con trabajadores que por el hecho de ser temporaleros no son debidamente finiquitados al momento de la terminación del trabajo y por ello se plasma en el texto de la ley de los derechos que tienen.

En el campo nos hemos enfrentado a muchos problemas, sin embargo el principal es que los trabajadores llegan a la vejez sin recursos para su sobrevivencia y toda una vida de trabajo a cuestas, sin que cuenten con un documento que pruebe la antigüedad en el servicio, sin ninguna manera de acreditar que prestó sus servicios para determinada actividad o para determinada persona en un cierto número de años, es por lo que adicionamos dos párrafos al artículo 280 con el que tenga seguridad el trabajador y una forma de conocer las prestaciones a las que tiene derecho, incluyendo la obligación para el patrón que lleva un registro y otorgar una copia al mismo trabajador, de manera que el documento crea certeza y coadyuve a precisar los derechos laborales de los jornaleros y a preconstituir pruebas para hacerlos efectivos en el momento que sea necesario.

La reforma que se propone al artículo 281 es que en el texto actual de la ley sólo se contemplan los contratos de arrendamiento y muchas veces no hemos encontrado con el que contrata se realiza, no es de la naturaleza del propietario o del contratante.

La responsabilidad debe ser solidaria, es por ello que incluyo los contratos de aprovechamiento y similar y que hayan realizado en forma escrita o verbal. Asimismo las reformas que se realizan al artículo 282 es únicamente con el objeto de que las condiciones de trabajo consten por escrito y de conformidad.

Para ser sujetas, en virtud de que se me terminó el tiempo, para ser sujetas del régimen de seguridad social, es imprescindible que sean incorporados los trabajadores agrícolas a la seguridad social y que cotice en los términos de la Ley del Seguro, para la cesantía a la mitad, abarcando en el periodo de 28 a 29 años.

Dejo la iniciativa en la Mesa Directiva y solicito se mande a las comisiones correspondientes. Muchas gracias, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, relativas a los jornaleros agrícolas, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI.

La suscrita diputada Federal, María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos: 5, fracción VII; 279; 281; 282; 283, fracciones II, IV, V, VI y VII; y, se adicionan los artículos; 279 bis; 282 bis; 283 bis y 283 ter; las fracciones VIII y IX del artículo 283; y dos párrafos al artículo 280; se deroga el inciso f, de la fracción VII del artículo 283; todos de la Ley Federal del Trabajo; así como la adición de párrafos a los artículos 154 y 204 de la Ley del Seguro Social con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los problemas más acuciantes y perentorios dentro de la agenda nacional es, desde luego el deterioro productivo y social que ha resentido el campo mexicano desde hace más de dos décadas, como consecuencia de las políticas neoliberales implacablemente aplicadas y que han redundado en una caída drástica en los niveles de bienestar, tanto de campesinos y comuneros, como de los trabajadores jornaleros.

En medio de la miseria que se ha extendido y enraizado en los confines de nuestro territorio, donde antes se llegaron a sentar las bases de un incipiente desarrollo económico y social, ahora se puede apreciar una pobreza recrudecida. Los trabajadores agrícolas superan en pobreza y rezago social a cualquier sector de nuestra población. No es casualidad que los jornaleros procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad.

Estamos pasando de una economía agrícola de comuneros y ejidatarios a una de jornaleros desposeídos en condiciones paupérrimas, en nombre de una exigencia de competitividad internacional mal entendida que ha servido de pretexto para el irresponsable abandono del campo por parte del Estado mexicano, mientras nuestros socios comerciales, por mencionar a Estados Unidos y la Unión Europea destinan sumas exorbitantes de subsidios y protegen con aranceles y otras medidas sus mercados internos.

Estadísticas que tienen un carácter de aproximadas, refieren que existen en el país alrededor de cinco millones de jornaleros agrícolas que, prófugos del desempleo y la desolación de sus lugares de origen, se desplazan a través de diversas corrientes o flujos hacia zonas de atracción productiva agrícola para ofrecer sus servicios, normalmente acompañados de sus familias.

Los jornaleros padecen de una penuria superior a la de los campesinos, puesto que la mayor parte de ellos (se estima que alrededor de tres de cada cuatro) carecen de tierras propias que explotar, y lamentablemente la tendencia es la de su constante aumento por la falta de empleo en el campo, la improductividad en sus lugares de origen y la crónica incapacidad el país para crecer y absorber a los trabajadores rurales en los sectores industriales o de servicios.

El fenómeno del jornalero agrícola es de extrema complejidad, y aun cuando existan causas económicas inequívocas que lo originan, las manifestaciones de la problemática están diversificadas en términos de la unidad para la que trabajan los jornaleros y de las condiciones en las que prestan sus servicios.

En diversas investigaciones se ha detectado que los trabajadores estacionales prestan sus servicios en una cantidad importante en pequeñas unidades de producción de no más de cinco personas y son empleados por gente tan pobre como ellos, casi siempre ejidatarios que carecen de la capacidad para explotar sus tierras. El número de jornaleros bajo esta modalidad asciende más o menos a 1.3 millones.

Otra variante es la de las pequeñas empresas agrícolas con explotaciones inferiores en extensión a veinte hectáreas, para las que trabajan alrededor de seiscientos mil jornaleros. Las explotaciones entre veinte y cincuenta hectáreas de extensión corresponden a medianas empresas agrícolas en las que laboran aproximadamente un millón de jornaleros. Por último, destacan las grandes empresas agropecuarias, en extensiones superiores a cincuenta hectáreas y que absorben más o menos 1.8 millones de peones. Conjuntamente las empresas pequeñas, medianas y grandes emplean más de las tres cuartas partes de los jornaleros, con 3.4 millones.

Fundamentalmente, los jornaleros laboran en veintiocho zonas agrícolas ubicadas en diecinueve entidades Federativas y concentrados en treinta cultivos estacionales, la mayor parte de ellos en ramas frutícolas, de horticultura y de flores.

No pasa inadvertido en esta iniciativa, el hecho de que la problemática de los trabajadores agrícolas es manifestación y, reflejo a la vez, de causas y factores estructurales que proceden de las políticas públicas sistemáticamente aplicadas desde el gobierno y de un modelo de desarrollo que ha acrecentado la desigualdad y el rezago social y económico de la gran mayoría de la población. En ese orden de ideas el trabajo agrícola subordinado sólo puede ser abordado desde diversos frentes que comprenden políticas económicas y sociales intersectoriales y de diferentes niveles de gobierno.

Actualmente existe una sobreoferta de trabajadores agrícolas frente a una demanda inestable y precaria, proveniente en su mayoría de agricultores que se dedican a cultivos de uso intensivo de mano de obra. Ante ese desequilibrio en el que 10 trabajadores jornaleros se disputan 3 plazas de trabajo, lo natural es la severa presión hacia la baja sobre los salarios y el dramático flujo de una tercera parte de ellos que migra al norte para subsistir. Los trabajadores agrícolas se ven en la penosa necesidad de tolerar condiciones infrahumanas contrarias a las normas laborales y que evocan los tiempos prerrevolucionarios del porfiriato.

Las medidas a adoptar para acometer esta problemática se ramifican en dos estrategias claramente diferenciadas:

Una regulatoria, que es la que contiene en lo esencial esta iniciativa, y que apunta al reforzamiento de un marco legal ya existente en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo VIII, del título sexto ``DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO'', que a la fecha ha adolecido de una aplicación precaria y de una vigilancia nula por parte de las autoridades laborales. Las garantías previstas en ese capítulo, además de insuficientes son prácticamente letra muerta; así lo evidencian diversas investigaciones en las que se ha advertido que hasta a un 97% de los jornaleros no se les remunera su día de descanso semanal, a 51% las horas extras, 95% no recibe pago de días festivos, 96% no recibe reparto de utilidades, 89% no recibe aguinaldo y 97% carece de vacaciones. Como Se puede advertir, para estos jornaleros no se ha promulgado aún el artículo 123 constitucional. Lo anterior hace imprescindible la implementación de mecanismos de información periódica a las autoridades por parte de los patrones, y colaboración institucional entre ellas para dar seguimiento al cumplimiento de las normas laborales, que es una grave deficiencia del sistema actual.

El otro gran frente para atajar el problema es una rectificación sustancial de las políticas estructurales de fomento al campo y de promoción del desarrollo. Las medidas regulatorias tienen un mero efecto paliativo si no van acompañadas estrategias que extirpen de raíz la miseria, la injusticia social y la carencia de expectativas para alrededor de veinte millones de mexicanos vinculados a la vida agrícola, que desgraciadamente han sido la reserva de los mexicanos en condiciones de extrema miseria. Las medidas de corrección estructural naturalmente desbordan el ámbito de la Ley Federal del Trabajo, pero son una complementación necesaria del reforzamiento del marco regulatorio.

Mientras no se supriman los factores que propician la desocupación y la pobreza de los habitantes del campo, estará asegurada la proliferación de una categoría de parias sociales carentes de medios de subsistencia y condenados a una perenne explotación sin esperanza de alivio; sin embargo eso implicaría un cambio radical de las políticas de fomento. Los actuales que operan para apoyar a los trabajadores agrícolas son raquíticos en su apoyo por trabajador y su cobertura fluctúa en 700 mil de los casi 5 millones existentes. No se puede esperar un cambio significativo de cara a ese escenario.

Para generar un dinámica institucional con especial atención a los trabajadores jornaleros en el conjunto de las políticas públicas se propone la creación de un órgano técnico, independiente y de carácter estrictamente temporal que durante 3 meses de cada año evalúe las acciones gubernamentales y legislativas adoptadas en materia de jornaleros agrícolas y elabore un diagnóstico de la situación en la que se hallan. El informe que rindan tendrá el valor de orientación y pauta para hacer ajustes en las medidas a adoptar. El consejo se compondrá de 5 miembros designados por las cámaras y las dependencias sectorialmente involucradas podrán proponer miembros del Consejo de Evaluación de Políticas en materia de Jornaleros Agrícolas; su naturaleza será la de un órgano administrativo de carácter temporal, autónomo y adscrito a la Secretaría del Trabajo; contará con la colaboración de dependencias y entidades del gobierno federal. Sesionará de febrero a abril, concluyendo con la rendición de su informe ante las Cámaras de Diputados y Senadores y frente a los secretarios involucrados. Su impacto presupuestal será mínimo puesto que en lugar de un aparato burocrático, se tratará solamente de un conjunto de expertos o especialistas que, desde una posición de independencia, durante 3 meses cada año, analizan la problemática de los jornaleros agrícolas y aportan medidas de solución. El Congreso de la Unión crea este órgano en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 89 constitucional fracción II.

Las reformas que se proponen versan, si bien versan sobre el marco regulatorio del trabajo jornalero, constituyen un acento legislativo en el problema y pueden ser el primero de futuros pasos para resolver el inaplazable problema. En las reformas se tiende a mejorar diversos aspectos de técnica legislativa en la redacción del capítulo ``de los trabajadores del campo''. Se agregan derechos laborales que no están originalmente contemplados y se puntualiza el contenido de otros de vaga definición. Asimismo, en aras de una delimitación correcta del ámbito de aplicación de las reformas, se ha procedido a definir la figura del jornalero, como una especie del trabajador del campo y beneficiario de una particular tutela en razón de su acrecentada vulnerabilidad.

No debemos olvidar que los fines que persigue la Ley Federal del Trabajo son el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, dicha justicia no ha sido lograda en estos trabajadores; muchos de ellos ni siquiera tienen la certeza de la persona de su empleador, los jornaleros agrícolas nacen, crecen y se reproducen en la economía campesina, las de los pueblos pobres, esencialmente indígenas y de campesinos minifundistas, que cultivan parcelas de las que se obtienen bajísimos rendimientos, con nula o escasa asesoría técnica, sin apoyo crediticio, cercados por un mercado local que controla su escasa producción.

El Estado tiene la obligación de velar por la salvaguarda de los campesinos, creando nuevos esquemas que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida, este sector productivo debe obtener beneficios de orden social, mejorando principalmente sus condiciones de empleo.

Todos ellos están sometidos a la explotación y a la inseguridad en cuanto al traslado a los puntos de trabajo, a la precariedad de sus viviendas y a múltiples anomalías y abusos en sus relaciones laborales.

Por tanto, y atendiendo a los fines que persigue la Ley Federal del Trabajo, es de justicia social transformar las condiciones en que trabajan los jornaleros del campo y terminar con la desigualdad y la incertidumbre en la que viven.

Uno de los efectos más dramáticos del fenómeno del jornalerismo, es que la legislación que debiera protegerlos, desde un principio resultó insuficiente, y en la actualidad es obsoleta y carente de eficacia. La larga inamovilidad impuesta a la legislación laboral, resultado altamente perjudicial para los trabajadores de campo, y ahora la gran migración de los mismos, nos obliga a analizar la ley y realizar cambios en la misma, con el fin de conseguir el tan ansiado equilibrio y la justicia social.

Es preciso entonces, revisar y actualizar nuestra Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere al Capítulo VIII relativo a los trabajadores del campo.

En ese tenor se considera importante la adición que se propone al artículo 5º Fracción VII de la Ley, haciendo extensivo a los trabajadores de campo el periodo máximo de una semana para que se sea cubierto su salario, ya que en la forma en que se encuentra actualmente en la ley, pareciera que ese beneficio es privativo de los trabajadores de la industria conocidos como obreros.

Se redefine en esta iniciativa en el artículo 279 el concepto de trabajador del campo y se amplía a cualesquiera trabajadores que desplieguen actividades tanto en la producción agrícola como en la agroindustrial, pecuaria o forestal, en razón de la comunidad de circunstancias económicas y sociales que antecede al empleo de los jornaleros o trabajadores estacionales. La experiencia del trabajo en el campo revela que los trabajadores campesinos, frecuentemente desarrollan varias actividades relacionadas entre si, por esta razón se propone la modificación del artículo 279, para que se definan con la mayor amplitud y precisión posibles las variantes de trabajo en el campo. La modificación del primer párrafo se basa en el hecho de que sea cual sea la denominación que se les dé, siempre y cuando se encuadren dentro de esas actividades, sean considerados como trabajadores de campo, sujetos a la reglamentación respectiva.

La adición que se propone del artículo 279 bis se encuentra basada en el hecho de que no existe hasta el momento una definición puntual del trabajador jornalero y de que en innumerables ocasiones ocurre con trabajadores que por el hecho de ser temporales no son debidamente finiquitados al momento de la terminación del trabajo y por ello se plasma en el texto de la ley los derechos que tienen. Por otro lado se incurre frecuentemente en la práctica de no pagarles los días de descanso semanal que no laboran o los días festivos, o bien, no darles los días de descanso obligatorio. Como un recurso sistemático se ha definido el concepto de estación y se ha dejado la posibilidad de que queden subsistentes ciertos derechos laborales de los jornaleros que no tienen porque extinguirse con el transcurso de dicha estación, como la antigüedad o la jubilación.

En el campo nos hemos enfrentado a muchos problemas, sin embargo el principal es que los trabajadores llegan a la vejez sin recursos para su sobrevivencia y toda una vida de trabajo a cuestas, sin que cuenten con un documento que pruebe la antigüedad en el servicio, sin ninguna manera de acreditar que prestó sus servicios para determinada persona un cierto número de años, es por lo que adicionamos dos párrafos al artículo 280, con el fin de que tenga seguridad el trabajador y una forma de conocer las prestaciones a las que tiene derecho, incluyendo la obligación para el patrón de llevar un registro y otorgar una copia del mismo al trabajador, de manera que el documento crea certeza y coadyuva a precisar los derechos laborales de los jornaleros y a preconstituir pruebas para hacerlos efectivos en el momento en que sea necesario.

Se ha considerado pertinente para robustecer la efectividad de las normas sobre jornaleros, involucrar a los funcionarios de diversas dependencias que operan programas de apoyo y que por su cercanía y contacto con los beneficiarios pueden detectar prácticas ilegales por parte de los patronos, de manera que su denuncia de las irregularidades a las autoridades competentes en materia laboral puede ser provechosa para su erradicación. En ese mismo tenor, a fin de fortalecer el control se impone al patrón la obligación de informar por escrito a la autoridad laboral al término de cada estación la relación de los trabajadores que prestaron sus servicios.

La reforma que se propone al artículo 281, es que en el texto actual de la ley sólo se contemplan los contratos de arrendamiento, y muchas veces nos hemos encontrado con que el contrato que se realizo no es de esa naturaleza y por tanto el propietario del predio niega su responsabilidad solidaria, es por ello que se incluyen los contratos de aprovechamiento o similar y que se hayan realizado de forma escrita o verbal.

Asimismo, la reforma que se realiza al artículo 282 es únicamente con el objetivo de que las condiciones de trabajo consten por escrito y de conformidad con todos los artículos de la ley que le concedan prestaciones al trabajador de acuerdo con su puesto y su desempeño.

La adición del artículo 282 bis que se propone es en razón de que desde muy temprana hora, diariamente, los trabajadores del campo son traslados desde su zona de habitación hasta los campos de trabajo, lo cual debe incluirse dentro de la jornada de trabajo.

Finalmente en los artículos 283 y 283 bis se precisan algunas de los patrones para con los jornaleros y se incluye y corresponsabiliza a los ``enganchadores'' bajo la denominación de ``intermediarios'', en la garantía de las condiciones en las que prestan sus servicios los jornaleros, bajo la habilitación de las sanciones previstas en la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 997, mismas a las que se sujetan a los servidores públicos federales que operan programas de apoyo a jornaleros y que se abstengan de dar parte a las autoridades laborales de las violaciones en perjuicio de los trabajadores, de las que tengan conocimiento.

En lo tocante a la seguridad social, cabe la precisión de que solamente cotizan frente al seguro social una pequeña fracción que no excede la sexta parte de los trabajadores jornaleros, y que por otra parte el régimen de las 1250 semanas para acceder al seguro por cesantía lo cubren los jornaleros después de trabajar 50 años, con la agravante de que el trabajo del campo es de tal severidad que un jornalero de 45 años de edad ya resiente irreversiblemente el efecto de una actividad desgastante que con seguridad comenzó a los 15 años.

Las jornaleras a su vez junto con los niños, son en esta cadena de historias de pobreza e injusticia social, el eslabón más débil. Es apremiante que en un enfoque de igualdad de género las condiciones de las jornaleras sean objeto de particular atención y se acometa el problema de la falta de guarderías y de escuelas para los hijos de jornaleros, que a ese paso, sin educación, salud y nutrición, se puede avizorar que son los futuros jornaleros.

Para ser sujetos del régimen de seguridad social es imprescindible que sean incorporados los trabajadores agrícolas a la seguridad social y que coticen en los términos de la Ley del Seguro, bajo otra modalidad que abrevie las semanas de cotización necesarias para el seguro de cesantía, a la mitad, dado que los jornaleros trabajan durante una estación o ciclo productivo por año, sufriendo un desgaste equivalente o superior al que en todo el año padece un trabajador normal.; por lo anterior se propone reducir las semanas de cotización para la cesantía a la mitad, abarcando un periodo de 28 o 29 años para alcanzar los beneficios de la jubilación, a razón de una estación por año.

A las exigencias que anteceden obedecen las reformas de los artículos 154 y 204 de la Ley del Seguro Social

Decreto

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos: 5, fracción VII; 279; 281; 282; 283, fracciones II, IV, V, VI y VII; y, se adicionan los artículos; 279 bis; 282 bis; 283 bis y 283 tris; las fracciones VIII y IX del artículo 283; y dos párrafos al artículo 280; se deroga el inciso f, de la fracción VII del artículo 283; todos de la Ley Federal del Trabajo, así como los artículos 154 y 204 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 5.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

De la fracción I a la VI.- ...

VII.- Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y trabajadores del campo.

De la fracción VIII a la XIII.- ...

Artículo 279.- Para los efectos de esta Ley y de los beneficios sociales que derivan de este capítulo, se reputa trabajador del campo a todo aquél que desarrolle actividades de manera permanente o temporal, exclusiva o mixta, vinculadas a la producción agrícola, agroindustrial, pecuaria o forestal, al servicio de un patrón.

agroindustriales también se regirán por las disposiciones de esta Ley.

Artículo 279 bis.- El jornalero agrícola es el trabajador del campo que realiza un trabajo de carácter estacional e intermitente asociado a los ciclos productivos del campo.

El jornalero tendrá derecho a todas las prestaciones derivadas de su relación de trabajo, durante un lapso nunca inferior al de duración de la estación, y de manera indefinida cuando lo requiera la naturaleza de la prestación, sin limitarlas a los días que haya laborado. Los jornaleros no dejarán de percibir su jornal los días de descanso semanal u obligatorio.

Se entenderá por estación el período de tiempo comprendido en un ciclo de producción o explotación agrícola, pecuario, silvícola o agroindustrial.

Artículo 280.- ...

El patrón llevará un registro de los trabajadores estacionales por cada ciclo, con el cómputo actualizado de la antigüedad de cada trabajador jornalero, a quién el patrón le entregará una constancia a la conclusión de la estación, con su antigüedad acumulada.

La omisión de dicho registro y entrega de la constancia establecerá una presunción a favor del trabajador estacional.

Al término de cada estación, el patrón deberá tener cubiertos al trabajador todos los pagos por concepto de: vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, aguinaldo, y toda prestación restante a que se haga acreedor el trabajador estacional y remitir a las autoridades laborales una relación de todos los trabajadores que hayan prestado sus servicios durante el ciclo productivo.

La participación de utilidades se hará efectiva antes del inicio del siguiente ciclo productivo.

Los funcionarios que operen programas federales de apoyo a jornaleros tendrán la obligación de dar parte a la autoridad laboral de cualquier violación de sus derechos laborales de la que tengan conocimiento; obligación cuyo incumplimiento se sujetará a las sanciones del artículo 997 de esta Ley

Artículo 281.- El propietario del predio donde se desarrollen las actividades del trabajador estacional, será solidariamente responsable frente a él, respecto de todas las obligaciones asociadas a la relación de trabajo estacional, junto con el patrón que sea su arrendatario o que explote el predio bajo otra figura contractual escrita o verbal, si carece de los medios para solventar sus obligaciones.

...

Artículo 282 bis.- El tiempo diario requerido por los trabajadores jornaleros para su transportación al lugar de trabajo desde la zona donde habitan, se computará como parte de su jornada laboral

Artículo 283.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes

I.- ...

II.- Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, en proporción al número de familiares o dependientes económicos, y un terreno contiguo para la cría de animales de corral;

III.- ...

IV.- Mantener en el lugar de trabajo y en las zonas habitadas por los trabajadores, acceso a primeros auxilios, personal habilitado para prestarlos, medicamentos y material de curación para los trabajadores, para sus familiares y dependientes económicos.

V.- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, atención médica inmediata, además del eventual traslado al lugar más próximo para un servicio más especializado, siempre a expensas del patrón. También tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II.

VI.- Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región, así como cubrir al trabajador incapacitado la totalidad de su salario hasta por noventa días.

VII.- Permitir a los trabajadores dentro del predio:

a) Tomar de los depósitos acuíferos el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral. En defecto de esa disponibilidad el patrón les proveerá el agua potable necesaria.

b) ...

c)

d) ...

e) ...

f) Se deroga;

VIII.- Facilitar a los trabajadores elementos materiales y humanos para asegurar el acceso de los trabajadores estacionales, sus familiares y dependientes económicos al servicio educativo de alfabetización y educación obligatoria.

IX.- Proporcionar gratuitamente o financiar a los trabajadores el traslado bajo condiciones de comodidad y seguridad, de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa.

El importe del traslado de los trabajadores desde sus regiones de origen hasta el lugar del trabajo será reembolsado por los patrones.

Artículo 283 bis.- Los intermediarios que intervengan que intervengan en la contratación o traslado de los trabajadores jornaleros, deberán:

I.- Vigilar la celebración por escrito del contrato de trabajo y la entrega de una copia al trabajador junto con la constancia de registro a que hace referencia el artículo 280.

II.- Verificar que el traslado de los trabajadores de sus zonas habitacionales a los centros de trabajo, se efectúe en condiciones de seguridad, comodidad y gratuidad para el trabajador. Si no fuere así, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente.

La infracción a estas obligaciones sujetará al intermediario a la sanción prevista en el artículo 997.

ARTÍCULO 283 Ter.- Se integrará un Consejo para evaluar las políticas de apoyo a los jornaleros agrícolas, provisto de absoluta independencia y adscrito a la Secretaría del Trabajo. Operará tres meses cada año del mes de febrero al mes de abril. Tendrá por objeto evaluar con imparcialidad y desde una perspectiva intersectorial, las medidas legislativas y administrativas adoptadas para resolver la problemática de los jornaleros agrícolas y sugerir las adecuaciones pertinentes.

El Consejo se conformará por cinco expertos designados anualmente por el Pleno de la Cámara de Diputados, designados a propuesta de las comisiones del Trabajo, Desarrollo Rural, de Agricultura, Salud y Desarrollo Social. El Consejo rendirá un informe al concluir su gestión trimestral ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ante los secretarios del ramo involucrados. Los integrantes del Consejo en el desahogo de su investigación no estarán sujetos a indicación o instrucción alguna de autoridades administrativas, las cuales estarán obligadas a facilitar información y colaborar con los consejeros el tiempo de su encargo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 154 y 204 de la Ley del Seguro Social para quedar como siguen:

Artículo 154.- ...

...

...

En el caso de los trabajadores jornaleros o estacionales previstos en el artículo 279 y 279 bis de la Ley Federal de Trabajo sus semanas requeridas para acceder al seguro por cesantía será de 750 semanas, contabilizándose únicamente las semanas transcurridas por la estación o ciclo productivo efectivas.

...

Artículo 204.-...

En el caso de los trabajadores jornaleros previstos en los artículos 279 y 279 bis de la Ley Federal del Trabajo, el instituto seleccionará las regiones de atracción predominantes en el país y en razón del apremio y demanda para la prestación del servicio colocará guarderías adaptadas a las necesidades de los trabajadores del campo.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Artículo primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al presente Decreto.

Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias por su comprensión, diputada Sara Rocha Medina.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 14 DEL 14 de OCTUBRE de 2004

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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Desde principios del siglo XX, México ha tenido dentro de sus ideales más altos, el crear un sistema educativo que cubra toda la población y que le brinde los conocimientos y las herramientas intelectuales necesarias para impulsar el desarrollo y la justicia social.

En este contexto la educación media superior se reviste de importancia respecto del sistema educativo de cualquier país, su principal objetivo es preparar a las jóvenes generaciones para que se desempeñen satisfactoriamente en diversos ámbitos, que les permita acceder a los estudios superiores, lo que les garantizará a su vez, una vida adulta productiva y de calidad.

Por ello, es urgente redoblar esfuerzos en materia educativa para combatir la deserción escolar que se agrava a partir de la educación media. Esta situación, aunada al desempleo y subempleo juvenil, ponen de manifiesto la complejidad y dificultad de los procesos que las generaciones jóvenes enfrentan en la actualidad.

Por estas razones, el Partido Verde Ecologista de México se ha dado a la tarea de presentar una propuesta en torno a la educación media superior, que permita a los jóvenes llevar a término este nivel educativo, y en consecuencia, estar en posibilidad de mejorar su nivel de vida.

Sabemos que en términos monetarios los recursos destinados a la educación son insuficientes e ineficaces, basta ver el actual 5.6 por ciento del producto interno bruto destinado a este rubro, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha recomendado destinar el 8 por ciento del producto interno bruto a este ramo.

Debemos evitar que el apoyo gubernamental sea diferido y en gran medida inequitativo, asimismo el que nuestra política educativa carezca de una visión de Estado y que el gasto asignado a educación sea justamente eso, un gasto y no una inversión cuyo alcance sería de largo plazo y de efectos duraderos.

Se estima para el año 2005 un presupuesto de 27 mil 912 millones de pesos para educación media superior, cantidad 3.8 por ciento menor a la ejercida en el 2004, por lo que lograr una equidad entre los distintos niveles de instrucción, específicamente en cuanto a la distribución del presupuesto destinado al ramo de educación, es el primer paso para consolidar un sistema educativo eficiente y adecuado a las circunstancias mundiales actuales.

La educación media superior, se ha constituido como el punto de inflexión de los destinos educativos del estudiante en México. Es en esta etapa académica en la que el joven tiene la alternativa de concluir su vida educativa a nivel profesional o desertar de manera definitiva para incorporarse a la fuerza laboral.

Para los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la educación ha sido un tema medular en la construcción de nuestra agenda legislativa, asumimos plenamente la responsabilidad adquirida de proveer a todos los mexicanos de las condiciones y los ordenamientos legales necesarios que le permitan el acceso a una educación pública de calidad en todos los niveles.

Con ello, se podrá obtener una mejor calidad de vida, al tener plena conciencia que la carencia de una educación de calidad, no sólo se cancela el futuro de los pueblos, sino que también destruye su memoria y se divide sin conciencia del presente. La educación en México debe disponer de una orientación puntual, definida y sustentada en un proyecto de largo plazo que nos permita promover la educación pública, laica y gratuita, tal como lo marca la Constitución y lo demanda la sociedad.

Por ello proponemos en la presente reforma, para el caso de la educación media superior, que las autoridades educativas para el ejercicio pleno del derecho de la educación de cada individuo, establezca un programa que garantice apoyos financieros a cualquier alumno que lo necesite para la continuidad en su programa de estudios. Con esto, se pretende brindar a los estudiantes una tranquilidad económica durante el desarrollo de sus estudios y evitar la deserción educativa de los jóvenes por falta de recursos económicos.

Siendo congruentes con nuestra ideología de traducir las intenciones en hechos, la presente iniciativa, incentiva la construcción de un sistema educativo basado en la equidad, al propiciar que estudiantes de situación económica desfavorable y deseosos de superación, puedan continuar con su proyecto educativo. Los apoyos económicos que se proponen, contribuirán no sólo a subsanar esta deficiencia, sino que a largo plazo servirá como aliciente a los estudiantes para continuar con su formación académica.

Con la finalidad de que esta medida no encuentre grandes obstáculos en su implementación, se considera que los recursos provengan del mismo 8 por ciento del producto interno bruto establecido en la Ley General de Educación. La Secretaría de Educación Pública establecerá los demás lineamientos bajo los cuales se otorgue a los jóvenes dichas becas, a fin de que estos beneficios verdaderamente lleguen a los que más lo necesitan. Debemos proveer los instrumentos necesarios para que en un corto plazo nuestro país tenga las condiciones necesarias para que se excluya a la media superior dentro de la educación básica que imparte el Estado.

Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 32 y la fracción VIII del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación.

Por respeto al tiempo de mis compañeros diputados, omitiré la lectura del artículo, pero solicito a la Mesa Directiva, sea publicado de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la evolución de la humanidad se ha reconocido a la Educación, como el proceso social de mayor importancia para impulsar el desarrollo humano integral, y promover el progreso individual y de la sociedad en su conjunto.

Desde principios del siglo XX, México ha tenido dentro de sus ideales más altos el crear un sistema educativo que cubra a toda la población y que le brinde los conocimientos y las herramientas intelectuales necesarias para impulsar el desarrollo y la justicia social.

Un siglo después se ha cumplido con un gran esfuerzo, la meta de llevar la educación primaria a casi todos los rincones del país y de elevar el promedio nacional de educación hasta 7.8 años de escolaridad, lo cual podría ser motivo de orgullo, pero hoy en día, para una sociedad que vive insertada en un mundo globalizado y de información, donde la educación es un elemento central y estratégico para impulsar la economía y el desarrollo, se debe retomar el compromiso por la educación y darle un impulso mucho mayor para que México alcance los niveles mas altos de competitividad internacional.

La educación media superior se reviste de importancia respecto del sistema educativo de cualquier país. Su principal objetivo es preparar a las jóvenes generaciones para que se desempeñen satisfactoriamente en los diversos ámbitos. Ello les permitirá acceder a los estudios superiores, lo que les garantizará a su vez una vida adulta productiva y de calidad.

Nuestro país requiere recursos humanos competitivos y capacitados en la innovación tecnológica; demanda que solamente se puede satisfacer mediante el aprovechamiento de la educación media superior.

A nivel internacional, los jefes de Estado y de gobierno que participaron en la Cumbre del Milenio, México incluido, se comprometieron a adoptar en nombre de ``nosotros, los pueblos'' una serie de compromisos cuya única finalidad es mejorar la situación de vida de millones y millones de seres humanos alrededor del orbe, siendo la educación una prioridad en los objetivos de desarrollo a lograrse para 2015.

México debe robustecer su noción de Estado para finalmente garantizar los más básicos elementos de subsistencia como son el derecho a la vivienda, salud y educación, lo que hoy se constituye como uno de los principales obstáculos para transformarse en un gobierno eficaz y cercano a las necesidades más imperantes de su población. El Partido Verde Ecologista de México desea coadyuvar con el Estado mexicano en el fortalecimiento de su capacidad para brindar estos elementales derechos constitucionales.

Los partidos políticos tienen el deber moral e histórico de lograr que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, una instrucción de calidad y a emerger de la lacerante pobreza que los aqueja, en particular a los jóvenes quienes inician el camino de la vida productiva. Este grupo de la población es precisamente el centro de la presente propuesta.

En este contexto, México tiene el desafío de construir las condiciones necesarias que le permitan adecuarse a las nuevas realidades y parámetros internacionales. Es urgente redoblar los esfuerzos en materia educativa, para combatir la deserción escolar que se agrava a partir de la educación media. Para el año 2001 la población económicamente activa entre los 15 y 19 años de edad fue de 4 millones 200 mil individuos. Esto se traduce en un gran porcentaje de jóvenes comprendidos en este rango de edad que dedican su tiempo a actividades distintas a las académicas.

Esta situación, aunada al desempleo y subempleo juvenil, pone de manifiesto la complejidad y dificultad de los procesos que las generaciones jóvenes enfrentan en la actualidad.

De poco sirve crear una conciencia con respecto a la importancia de los objetivos que cumple este ciclo de estudios, si no se le presta atención a las necesidades y obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes. En efecto, requerimos una clara visión del estudiante, de sus necesidades y de las relaciones convenientes con la sociedad y la cultura en la que están inmersos.

La primera necesidad de este sector, es sin duda el tener cubiertos los medios económicos necesarios para poder acceder a un plantel educativo de nivel medio superior sin tener que renunciar forzosamente a continuar con sus estudios y por ende dedicarse a alguna otra actividad que le permita allegarse recursos económicos que su familia le demanda.

Es relevante destacar que la población en edades en las que típicamente se cursa la enseñanza media superior y superior, es decir, el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años, habrá alcanzado su máximo histórico en el año 2010, lo que equivale a un crecimiento medio anual de más de 100 mil jóvenes durante los próximos 10 años. Lo anterior significa que la demanda de servicios educativos estará dirigida a los niveles de educación superior y media superior.

Por esas razones, el Partido Verde Ecologista de México se ha dado a la tarea de presentar una propuesta en torno a la educación media superior que permita a los jóvenes llevar a término este nivel educativo y en consecuencia estar en posibilidades de mejorar su nivel de vida.

El principal motivo de nuestra preocupación es dotar a los jóvenes de aptitudes y habilidades necesarias para transitar en la vida con mayor fortaleza de espíritu y minimizando así situaciones de riesgo a las que, hoy más que nunca, se ven expuestos como: adicciones, enfermedades de transmisión sexual, violencia intrafamiliar, delincuencia y desempleo, entre otras.

En la realidad escolar actual, vemos que del total de los jóvenes mexicanos, más de la mitad ha desertado. Esta deserción se verifica fundamentalmente entre los 12 y 19 años de edad, siendo tres los motivos más acuciantes la falta de interés por continuar los estudios, la falta de recursos económicos, y la ineludible obligación de contribuir económicamente al gasto familiar. No podemos permitir que éstas dos últimas causas sean las que principalmente entorpezcan el crecimiento personal y profesional de un joven.

En términos monetarios los recursos destinados a la educación, han sido insuficientes e ineficaces, como es el caso del actual 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este rubro. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha recomendado destinar el 8 por ciento del PIB a este ramo.

Debemos evitar que el apoyo gubernamental sea diferido y en gran medida inicuo entre los distintos niveles educativos. Es importante que haya más recursos, pero también que los mismos se destinen a las áreas, sectores y prioridades que aporten un mayor desarrollo a las nuevas generaciones. De igual forma debemos evitar que la política educativa carezca de una visión de estado y sea vista sólo como un programa sexenal, que cambie según la administración en turno, a lo largo de las distintas administraciones el gasto asignado a educación ha sido justamente eso, un gasto y no una inversión cuyos alcances serian de largo plazo y de efectos duraderos.

Se estima que para 2005 la educación media superior obtendrá del gasto federal en educación tan sólo un 9 por ciento, mientras que la educación básica y superior percibirán el 64.7 por ciento y 19 por ciento respectivamente.

Asimismo, se estima un presupuesto de 27,912 millones de pesos para la educación media superior, cantidad 3.8 por ciento menor a la ejercida en 2004.

Lograr una equidad entre los distintos niveles de instrucción, específicamente en cuanto a la distribución del presupuesto destinado al ramo de educación, es el primer paso para la consolidación de un sistema educativo eficiente y adecuado a las circunstancias mundiales actuales.

La educación media superior se ha constituido como el punto de inflexión de los destinos educativos del estudiante en México, es en esta etapa académica en la que el joven tiene la alternativa de concluir su vida educativa a nivel profesional o desertar de manera definitiva para incorporarse a la fuerza laboral.

Infortunadamente, en nuestro país prevalecen las iniquidades, y el tema de la educación no ha sido la excepción. Durante diversas administraciones uno de los grandes retos, ha constituido el disminuir y erradicar las desigualdades económicas; sin embargo nuestra nación es una con profundas divergencias en el ingreso de las familias, lo que redunda de manera significativa en un sistema escolar inicuo, toda vez que las oportunidades de acceso, permanencia y extensión de la escolaridad se distribuyen de forma muy desigual.

El actual gobierno estableció como reto en la educación media superior incrementar más del 42 por ciento la tasa de cobertura educativa, lo que significaría pasar de 2 millones 800 mil jóvenes en el año 2000 a 4 millones de estudiantes para el año 2006. Para alcanzar esta meta se debería elevar la calidad educativa por lo que serían revisados los propósitos, objetivos y sistemas de indicadores de este nivel escolar.

En los resultados generados por las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares se puede observar la exclusión educativa que impacta negativamente a los estratos más pobres. A la barrera tradicional de los primeros grados escolares, se suma ahora la de la educación media básica y media superior, lo que genera severas consecuencias sociales y laborales para los mexicanos que menos tienen.

Para los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la educación ha sido un tema medular en la construcción de nuestra agenda legislativa. Se han apoyado los programas del gobierno federal para convertir a la enseñanza de calidad en la columna vertebral en la que se apoyará el desarrollo de nuestra nación. Debemos evitar en todo lo posible resultados tan vergonzosos y decepcionantes como los obtenidos por nuestro país en la última evaluación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre modelos y aprovechamiento educativo mundial. Estos pusieron de manifiesto la deplorable situación que caracteriza la calidad educativa existente en México.

Nuestro grupo parlamentario asume plenamente la responsabilidad adquirida de proveer a todos los mexicanos las condiciones y los ordenamientos legales necesarios que les permitan el acceso a una educación pública de calidad en todos los niveles. Con ello se podrá obtener una mejor calidad de vida, al tener plena conciencia que con la carencia de una educación de calidad, no sólo se cancela el futuro de los pueblos, sino que también se destruye su memoria y se vive sin conciencia del presente.

Nos hemos comprometido a impulsar el desarrollo de los mexicanos jóvenes, la educación en México debe disponer de una orientación puntual, definida y sustentada en un proyecto de largo plazo que nos permita promover la educación pública, laica y gratuita, tal y como lo marca la Constitución y lo demanda la sociedad, por ello proponemos en la presente reforma, para el caso de la educación media superior, que las autoridades educativas, para el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, establezca un programa que garantice apoyos financieros a cualquier alumno que los necesite para la continuidad en su programa de estudios. Con esto se pretende brindar a los estudiantes una tranquilidad económica durante el desarrollo de sus estudios y evitar la deserción educativa de los jóvenes por falta de recursos económicos.

Una realidad que no podemos negar, es que la falta de una seguridad económica incide negativamente en el aprovechamiento de los estudiantes mexicanos. Infortunadamente, la carencia de recursos en dichos hogares distrae de forma significativa la atención de las actividades académicas, dando como resultado deficiencia en sus evaluaciones y desmotivación para continuar en las actividades educativas.

Los jóvenes que cursan ese nivel educativo y que pertenecen a familias de escasos recursos económicos se convierten en estudiantes vulnerables de abandonar sus estudios, e ingresar a un mercado laboral carente de seguridad. La imperante necesidad de contribuir al gasto familiar, les obliga a abandonar su vida educativa para no retomarla jamás.

Siendo congruentes con la ideología del Partido Verde Ecologista de México de traducir las intenciones en hechos, esta propuesta se concreta en una reforma al artículo 32 y la fracción VIII del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación.

Los apoyos económicos propuestos contribuirán no sólo a subsanar esta deficiencia, sino que a largo plazo, servirán como aliciente a los estudiantes para continuar con su formación académica.

Por ello es urgente que se impulse este rubro y así asegurar, no sólo el incremento en el grado de estudios que alcanzan los mexicanos, sino una mayor y mejor preparación para aquellos que tienen la oportunidad de ingresar a la educación superior.

La presente iniciativa fomenta la construcción de un sistema educativo basado en la equidad al propiciar que estudiantes en situación económica desfavorable y deseosos de superación puedan continuar su proyecto educativo.

Con la finalidad de que esta medida no encuentre grandes obstáculos en su implementación, se considera que los recursos provengan del mismo 8 por ciento del PIB establecido en la Ley General de Educación, fijado gracias al consenso de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión a finales de 2002.

Buscamos que la presente proposición tenga un resultado mucho más amplio, por lo cual se establecen como criterios mínimos no sólo la situación socioeconómica de los estudiantes, sino su desempeño escolar en aras de alcanzar una excelencia académica. Por lo que se propone que todo aquel aspirante a ser beneficiario de la beca, cuente por lo menos con una calificación mínima de 8.0 (en una escala de 0 a 10) de promedio general, entendiéndose esto que al ingresar a la educación media superior deberá haber obtenido dicha calificación como promedio general del último grado de la educación media básica (tercer año de secundaria), y para conservar la beca deberá mantener el mencionado promedio general durante la duración ordinaria de la educación media superior.

Consideramos que si se toma al desempeño académico como criterio de otorgamiento de becas, no se desvirtúa el espíritu de nuestra propuesta, que además de minimizar el abandono de estudios para contribuir con el gasto familiar, busca premiar a los jóvenes por su esfuerzo académico dada su precaria condición socioeconómica.

La Secretaría de Educación Pública establecerá los demás lineamientos bajo los cuales se otorgará a los jóvenes dichas becas, a fin de que éstas beneficien verdaderamente a aquellos que en realidad las necesitan.

Esas subvenciones representarán una gratificación de la sociedad para quienes contribuyan a su desarrollo, el cual terminará repercutiendo en provecho de todos.

Debemos proveer los instrumentos necesarios para que en un corto plazo, nuestro país tenga las condiciones necesarias para que se incluya a la media superior, dentro de la educación básica que imparta el Estado. Nuestra iniciativa constituye solo un paso más en el fortalecimiento de la instrucción del mexicano, situación que ha estado presente desde el origen mismo del artículo tercero constitucional. Debemos recordar que toda reforma que ha experimentado este precepto, ha sido motivada por la conformación de una población educada, que coadyuve en el crecimiento de nuestro país.

Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforman el artículo 32 y la fracción VIII del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforman el artículo 32 y la fracción VIII del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 32.

Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Para el caso de la educación media superior, las autoridades educativas deberán, para el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, establecer un programa que garantice apoyos financieros a cualquier alumno que los necesite para la continuidad en su programa de estudios.

Dichas medidas y programas estarán dirigidos, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.

Artículo 33.

Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos. En el nivel medio superior, las autoridades educativas establecerán un programa de becas a los estudiantes de la educación media superior pública que no sean beneficiarios de ningún otro sistema de becas, las cuales fijarán como requisitos mínimos para su obtención la situación socioeconómica del estudiante y su desempeño académico; para este último requisito se establecerá un promedio general mínimo de 8.0 en una escala de 0 a 10, sin menoscabo de los demás criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.

IX. a XIII. ...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, el presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública contemplará los recursos necesarios para la aplicación de esta norma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señor diputado Kahwagi.

De acuerdo a su solicitud, favor de insertarse en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro que ha presentado el diputado Kahwagi Macari y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto de interpretación auténtica, por el que la Cámara de Diputados, aclara el primer párrafo del inciso j de la fracción I del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004.

El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Subo a esta tribuna para tratar un grave problema que requiere de nuestra urgente atención. Me estoy refiriendo a la constitución y distribución de los ingresos excedentes para el ejercicio de 2004, que esta Cámara determinó a un específico fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que el titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha violado reiteradamente, tal como se aprecia en los informes trimestrales y en su resumen semestral de esta primera parte del año.

Este problema, en primer lugar, no sólo atenta institucionalmente contra el Poder Legislativo en general, y al de esta Cámara en particular, sino que a la vez desvirtúa la definición de la política económica y social que esta soberanía incorporó en el presupuesto con carácter obligatorio.

En segundo, trastoca tanto las potestades constitucionalmente establecidas a favor de este cuerpo colegiado, como la distribución de recursos relativa a los ingresos de excedentes, ordenada en beneficio de las entidades federativas a las que se fijó les correspondería el 50 por ciento para programas y obras de infraestructura, asunto que de una buena vez propongo sea resuelto para este ejercicio del 2004, mediante una acción novedosa de la que no se tiene antecedente que esta soberanía haya ejercido a la fecha en este tipo de instrumentos.

Hago alusión a la denominada en la doctrina del derecho ``interpretación auténtica'', a través de la cual esta Cámara, que dispuso el contenido final del presupuesto, reitere y aclare, haciendo expreso lo siguiente:

¿Cuál es el alcance que debemos darle a los preceptos en ella establecidos?, ¿cuál es el espíritu de la norma que subyace al texto en el que se expresó?, en fin, ¿cuál es el sentido que tiene y que debe dársele en toda interpretación?, en concreto al primer párrafo del inciso J de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se reitera que con este acto, la Cámara deberá impedir, por un lado, que interpretaciones malintencionadas del Ejecutivo, cuando no accidentalmente omisivas, violenten el contenido y alcance de tal precepto y por otro, consecuentemente, que se distorsione la política económica, social y distributiva establecida y ejecutable a través del presupuesto, competencia exclusiva de esta soberanía en representación de la voluntad popular.

Con esta acción lograremos en principio que el Ejecutivo respete la distribución de competencias y potestades que le constituyen, estableciendo para los poderes constituidos y en especial para esta Cámara en materia de presupuesto, que reconozca y cumpla el sentido obligatorio de este presupuesto.

En resumen, que compense las supuestas disminuciones recaudatorias de los ingresos tributarios con reducciones en el gasto, como se dispuso en el presupuesto, particularmente en el artículo 25 y no que los disminuya de los excedentes participables a los estados, principalmente proveniente por los ingresos del petróleo.

Que no rebase el monto de erogaciones autorizadas en el gasto no programable tratándose de los adeudos fiscales de años anteriores, los conocidos como ADEFA, ya que es sólo el pasivo pendiente de un gasto o inversión que debe estar dentro del presupuesto del año anterior.

Que no reste o disminuya partidas no comprendidas como erogaciones por mayor costo de combustible en la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en todo caso que estas paraestatales hagan los ajustes correspondientes.

Tenemos que cuidar, en este caso en particular, que no impida infundadamente la política de descentralización de recursos a favor de las partes de la Federación, planteamiento que, por otro lado, de manera general, representa un clamor popular incluso reclamado por los gobernadores en su conjunto, no siendo ajeno tampoco a las conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria que con insistencia el Ejecutivo ha marcado en su propuesta de reforma fiscal para el próximo año.

Para ser más claros en esto, el reporte del primer trimestre reflejó la cantidad de 1 mil 723 millones a favor de las entidades federativas, eso es lo que se presentó como reporte en esta Cámara; el secretario de Hacienda señaló que solamente había 290 millones de pesos repartibles para los estados, no coincidiendo las cifras y posteriormente por presiones de esta Cámara y de los gobernadores, se les otorgó por el primer trimestre un anticipo de 5 mil millones de pesos. Esto no es un asunto de regateo de dinero.

En conclusión, que cada uno de los poderes de la Unión asuma las competencias que le correspondan; que no olvide el Ejecutivo que cuando pretenda variar alguna partida o monto de gasto que desvirtúe el presupuesto o que atente contra algún renglón importante de éste, recurra a esta Cámara de Diputados para aprobar tal modificación, por cierto, facultad que ya tenemos.

Les propongo, compañeros diputados, que defendamos las potestades otorgadas a nuestro favor en la Constitución, que impidamos que el Ejecutivo se adjudique atribuciones que desnaturalizan el mandato del presupuesto; que evitemos que por mal ejercicio del gasto se prive ilegalmente a las entidades federativas de contar con más recursos para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

Señor Presidente de esta Cámara, solicitamos con más de 200 firmas de diputados de diferentes fracciones, de todas las fracciones parlamentarias, se turne esta iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se pida opinión a la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias.

«Iniciativa de decreto de interpretación auténtica, por el que la Cámara de Diputados aclara el primer párrafo del inciso j de la fracción I del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI

Juan Carlos Pérez Góngora, en mi calidad de diputado federal y en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea, iniciativa de decreto de interpretación auténtica por el que se aclara el primer párrafo del inciso j, de la fracción I del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2004, relativa a la constitución y distribución de ingresos excedentes en ese ejercicio fiscal.

Consideraciones

La aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación según lo dispone el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la que en ejercicio de la atribución conferida, emitió para el ejercicio fiscal de 2004 el Presupuesto relativo, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 31 de diciembre de 2003.

Dicho Presupuesto que está vigente durante todo el ejercicio 2004, como tradicionalmente se presenta año con año, se compone de diversas disposiciones (71 artículos y veinticuatro transitorios), de múltiples anexos y tomos, que precisan y describen numéricamente su contenido, como expresamente se dispone en la fracción XX de su artículo 2; en él se estableció el gasto total a ejercerse durante el año de 2004, así como su distribución entre los diversos entes públicos, señalando las específicas materias, partidas y los montos en los que se autoriza el empleo de los recursos del Estado.

La aprobación del presupuesto, principal herramienta de política económica en la conducción del Estado, representa un elemento de democratización del uso de los recursos públicos; es de trascendental importancia jurídico-política y refleja el enorme y delicado poder que ejerce el parlamento al examinarlo y aprobarlo y, aun hoy en día, está intrínsicamente ligado, como en sus orígenes, al consentimiento de las contribuciones y al destino del gasto público por voluntad del pueblo, aspecto éste último al que ahora nos enfocaremos.

El presupuesto en su fase de aprobación es un ejercicio de la soberanía de la nación, que está profundamente relacionada con el conjunto de decisiones fundamentales que se adoptan y operan por mediación del presupuesto. En tal virtud, a través del gasto público se gobierna toda la actividad del Estado, y consecuentemente, el órgano que tiene la potestad de orientar el gasto y determinar los fines a cuya realización tienda ese gasto, es el poder preponderante en un sistema político dado.

Es evidente entonces, que en el proceso presupuestal que va de su elaboración y aprobación, hasta su ejecución y control, están en juego delicados y frágiles equilibrios políticos y constitucionales entre el Congreso y los demás Poderes, principalmente el Ejecutivo, llegando incluso a perfilarse en esta interacción la estructura básica de un sistema político y de gobierno.

Por lo anterior, no es de extrañarse la significada y trascendental importancia jurídica del presupuesto y sin entrar en la polémica suscitada desde la época de Paul Laband, de si el presupuesto tiene naturaleza de ley o no, es indiscutible que el acto de soberanía y de definición de política económica que contiene y se atribuye constitucionalmente de manera exclusiva a la Cámara de Diputados, siendo un acto de aplicación directa del mandato constitucional y la concreción más importante del marco regulatorio de las leyes ordinarias sobre la materia, es un típico mandato jurídico y, por ende obligatorio para todos los entes públicos, cuyo incumplimiento entraña una muy grave responsabilidad de índole política, administrativa y también, en algunos casos, judicial; así, el desvío o distorsión en el uso del dinero público va mas allá de una simple violación de normas jurídicas, pues, atenta contra el mandato soberano de destinar y aplicar un determinado recurso a la satisfacción de una necesidad u objetivo prefijados y, en esa virtud elegidos como prioritarios, por el órgano encargado de aprobar el presupuesto, esto es, por la Cámara de Diputados.

Al margen del trasfondo referido, y quizá en razón de éste, en el ámbito estrictamente jurídico, el Presupuesto de Egresos y las disposiciones y anexos y tomos en que se contiene no son simples invitaciones, sugerencias o indicaciones carentes de obligatoriedad y coercitividad, sino que constituyen órdenes que implican; un poder-deber, esto es, un verdadero mandato impero-atributivo al conceder al destinatario del recurso o al que aplica el gasto; primero, la titularidad del derecho a ejercerlo, en oposición a cualquier otro órgano de autoridad que no esté legitimado en él para su utilización; y segundo, que tales recursos pueden disponerse en el objeto, de la manera y hasta por el monto asignado, aspecto éste último, que a la vez es la contrapartida del deber, puesto que, la autoridad legitimada tiene la obligación de ejercer la totalidad del recurso dispuesto y de emplearlo precisamente para el fin encomendado y no para otro, en los términos establecidos, luego entonces, destinado expresamente el dinero para una necesidad concreta o para un servicio específico, su desvío o utilización en otra, para ser legal, presupondría la autorización del órgano emisor del Presupuesto, o sea de la Cámara de Diputados, de lo contrario, el uso para un fin distinto al ordenado presupuestalmente, por noble y urgente que fuera su atención, es una violación jurídica y atentado contra la soberanía del Estado.

La exclusiva atribución constitucional, por todo lo que representa el presupuesto como el principal instrumento de la política económica y como concreción del mandato soberano de utilización de los recursos públicos, da la potestad a la Cámara de Diputados de reformarlo o aclararlo, a pesar de que a la fecha, ésta se haya abstenido de ejercerla, situación que no trastoca su existencia, ni su integridad. La facultad para reformarlo se funda en un principio general de derecho, que se deduce de la Constitución en su conjunto, y directamente de la fracción IV del artículo 74 de este ordenamiento, dado que, si la Cámara es la titular de la potestad de aprobación del Presupuesto en su totalidad, mas lo es para pronunciarse y rectificar o corregir alguna o algunas de sus partes específicas, cuando en ejercicio de la soberanía que detenta y como medida de política económica considere que dicho cambio es necesario para un mejor empleo del dinero público, pues, esta permanente y perenne atribución no pierde efectos por su no ejercicio, ni mucho menos, porque a la autoridad aplicadora, que es la que constantemente actúa, el Poder Legislativo o la Cámara le haya concedido el derecho, en el marco de las leyes regulatorias o en el propio Presupuesto, con los límites establecidos en ellos, en ciertos supuestos, de su adaptación a las variantes observadas en el año, cuanto y más el órgano dispositivo que determinó el objeto, los fines y los montos a los que deben aplicarse los recursos públicos destinados.

En la fracción IV del artículo 74 constitucional que establece la facultad de aprobar integralmente el presupuesto se contiene también la facultad de modificarlo o reformarlo, así la aprobación del presupuesto en su totalidad entraña, por la naturaleza de las cosas, y por reforma expresa y reciente de este artículo, la facultad de modificar o reformar las partes de éste.

Al margen de lo anterior y si la Cámara de Diputados tiene facultades para reformar el Presupuesto que aprobó, en ejercicio de una potestad distinta, como todo ente publico, facultado para aprobar y emitir disposiciones, en este caso las presupuestarias, también cuenta con la atribución, de aclarar o desentrañar el sentido de una disposición, concretando, incluso expresamente, el contenido y alcance inequívoco que debe imputarse a un precepto por él creado, a efecto de evitar interpretaciones distorsionadas que no se justifiquen, ni por la interpretación gramatical y lógica del texto, ni mucho menos, por la sistemática del ordenamiento, bien por no ser armónica con las otras disposiciones en lo individual o con éstas en su conjunto, ni tampoco, por el método evolutivo, en el entendido de que una norma que no existía y se inserta en un sistema debe necesariamente tener un efecto jurídico que no debe desconocerse, como es el caso del incisos j de la fracción I del artículo 23, de reciente incursión en el ordenamiento presupuestario.

El ejercicio de esta facultad se concreta en la denominada por la doctrina ``interpretación auténtica'', mediante la cual el propio órgano, que emitió la norma general, en este caso la Cámara de Diputados que aprobó el Presupuesto, aclara y desentraña el contenido y alcance de algún precepto, haciendo expreso el sentido que debe dársele al texto de la norma, sin agregar nada nuevo, sólo aclarando su exacto contenido, la ratio del Presupuesto , no dejando lugar a duda alguna, entre el espíritu de la norma y el texto en el que se concreta, evitando así, distorsiones en la interpretación de su contenido, bien, por la imputación de un sentido distinto al que realmente tiene, o bien, porque dolosamente o de mala fe se pretenda desvirtuar su alcance y consecuentemente arrogarse facultades de las que se carece, disponiendo ilegal e ilícitamente de los recursos establecidos en el Presupuesto.

Es por ello, que para evitar distorsiones interpretativas, como se evidencia con los informes trimestrales del ejecutivo, que le son atribuidas al Gobierno y muy particularmente al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, nos vemos en la necesidad de interpretar, mediante este decreto, el primer párrafo del inciso j de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2004; interpretación que no agrega ningún elemento nuevo al contenido de la disposición, sino sólo aclara, o mas bien, hace explícito, lo que implícitamente está establecido en la disposición y a lo que fácilmente se arriba por medio de una interpretación sistemática o integral de todo el ordenamiento, así, por la espacial relevancia que representa para esta Cámara la distribución de los recursos excedentes entre las Entidades Federativas, y en consecuencia, por ser esta interpretación congruente con el espíritu de la norma y el texto de la disposición aludida, y del Presupuesto en general, se considera necesario interpretar mediante este decreto; por un lado que debe entenderse por el término ``suma'' utilizado en el primer párrafo del inciso j, de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación; y, por otro, que los conceptos y montos relativos a los gastos no programables, que en su caso, son los únicos susceptibles de ser descontados de los ingresos excedentes, como expresamente se determina en tal precepto.

Con el presente decreto esta Cámara de Diputados interpreta que el término ``suma'' utilizado en el primer párrafo del inciso j, de la fracción I, del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en razón de que es diferente del término ``resultado'' o bien del de ``resta'', expresa la intención del creador de la norma, de sólo incrementar y no reducir los productos o montos considerados e incluidos. Situación que se confirma con la palabra ``excedentes'' que califica y condiciona al de ``suma'', ya que únicamente se puede sumar lo que hay de más, que con la utilización del término excedente, que se estableció en el párrafo referido, se quiso ser enfático en la adición de elementos y no en la reducción o ponderación de resultados producto de confrontar los excedentes con las disminuciones de los montos de recaudación programada.

Más aún, en ningún momento la disposición aludida hace referencia al término ``neto'', concepto de uso común en operaciones matemáticas de adiciones y sustracciones.

Conclusión que se fortalece con lo dispuesto por el artículo 25 del propio Presupuesto, al disponer que en caso de disminución de los ingresos de los señalados en el artículo 1 de la Ley del Ingresos del ejercicio, que son los mismos a los contemplados en el párrafo que nos ocupa del artículo 23, deben aplicarse las reglas de disciplina presupuestaria allí establecidas, que en términos generales ordenan que para el caso, las disminuciones deben compensarse con la reducción de montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a las reglas en él establecidas. De lo que se infiere, sin lugar a dudas, que la reducción de la recaudación en los rubros especificados debe reflejarse en el gasto, y no pueden tener un contenido negativo, como lo manda el artículo 25, y por ende, no pueden representar dichos conceptos una reducción, no siendo susceptibles entonces, de disminuir los ingresos excedentes afectando a las entidades federativas.

Por cuanto hace a la interpretación del otro párrafo, es de advertirse que éste se refiere al señalamiento de que sólo pueden descontarse de los excedentes de ingresos el incremento, que ``en su caso'' se registre en el gasto no programable; y la razón de ser de ésta consideración radica en el hecho de que los ingresos excedentes pueden ser de naturaleza ``participable'' a Entidades Federativas y ``no participables''.

Esto es, si el ingreso excedente es ``participable'' la Ley de Coordinación Fiscal establece que un 20% de esa recaudación deberá ser trasferido a los Estados, por lo que el rubro de ``participaciones'' habrá de incrementarse, mismo concepto que forma parte del ``gasto no programable'', por lo que debe ser disminuido de los ingresos excedentes a repartir. Por otra parte, si el ingreso excedente es de naturaleza ``no participable'' la totalidad del ingreso de excedente deberá ser repartido, de ahí la referencia al término ``en su caso'', el cual aplica exclusivamente al supuesto en que el ingreso excedente sea ``participable''.

Con dichas interpretaciones se hace más explícito el sentido de tales preceptos, puesto que, se reitera sobre el sentido de la palabra ``suma'', cuyo significado se desentraña mediante el método gramatical y lógico de las palabras utilizadas por el texto, en los términos antes indicados, y mediante el sistemático o integral al confrontar el texto, el sentido y el alcance del artículo 25, con el texto del 23, sobre cuyo contenido incide; y, en el otro, se precisa de manera expresa, las circunstancias bajo las cuales aplica la deducción del gasto no programable.

Se insiste que este decreto no se debe a la falta de claridad de la disposición adicionada, sino a hacer expreso en el texto del propio inciso, el espíritu del precepto que motivó al legislador a su inclusión, y que no fue otro, que los excedentes se distribuyeran en los porcentajes y supuestos señalados, incluyendo su distribución del 50 % entre las Entidades Federativas. Por lo anterior, se quiere destacar que no es congruente con el espíritu de la norma, ni con su texto, cualquier interpretación que entienda o incluya en ``la suma de excedentes'' elementos negativos o reductivos del total, que descuente conceptos que no son incluidos en el presupuesto como mayores participaciones que forman parte del gasto no programable, como ``el mayor costo de combustibles'' y de las Adefas y más aún, que a consecuencia de la interpretación equívoca, se desvíe el destino de recursos que expresamente el presupuesto orientó a un fin concreto, como lo es el Fondo de Estabilización de Fondos Petroleros, el balance económico del sector público, o los programas y obras de infraestructura de las entidades federativas, como expresamente se establece en el artículo 23 del Presupuesto.

Es claro e indiscutible, a pesar de la claridad del sentido del texto de la disposición que nos ocupa, y al margen de la veracidad y corrección de los datos aportados por el titular del Poder Ejecutivo y en particular el Secretario de Hacienda y Crédito Público, según se desprende de sus informes trimestrales, que éstos han distorsionado el contenido del artículo 23, en la parte que se plantea, el artículo 25 y el contenido general del Presupuesto, dado que, su interpretación, al margen de su texto, del sentido lógico de las palabras, del contenido y texto de otras disposiciones y del Presupuesto en su integralidad, violenta el espíritu, y el texto del Presupuesto al no haber aplicado los recursos a los gastos autorizados y menos en los montos que se ordena, vulneración referida no sólo a la reducción injustificada de los montos en los rubros establecidos, sino al empleo de recursos en gastos no autorizados, al incumplimiento de compensación de la falta de ingresos con la reducción en los gastos en los rubros y partidas establecidos, y en falta de cumplimiento de lo ordenado en cuanto a que los recursos asignados expresamente a una finalidad por el monto establecido no deben distraerse a otro objeto diferente.

De acuerdo a los informes trimestrales proporcionados a esta Cámara por el Ejecutivo se observa que:

a) Con la reducción de los ingresos excedentes por la baja en la recaudación de impuestos y de otros conceptos, no sólo se altera y reduce ilegalmente el monto destinado, entre otros a los programas y obras de infraestructura de las entidades federativas, como lo ordena el artículo 23 del Presupuesto, sino también se viola el artículo 25, ya que el hecho de la baja en la recaudación obliga a la compensación vía reducción del gasto y no a la distracción de recursos de un fin a otro, por lo que, en este caso el incumplimiento es triple; primero, aminora el monto destinado al fin del inciso j, de la fracción I del artículo 23; segundo, no reduce el gasto, como lo ordena el artículo 25; y tercero, utiliza recursos destinados expresamente al objeto concreto de su distribución para programas y obras de las entidades federativas;

b) Tratándose de los gastos no programables no se cumple con los montos establecidos para ellos, toda vez que, los determinados en el Presupuesto anual han sido rebasados en un 80% aproximadamente, en tan sólo seis meses, lo que se traduce en dos incumplimientos, primero, en no sujetarse al monto de gasto preestablecido en dicha partida, a la par de no justificar su incremento, pues, si éste corresponde a erogaciones del ejercicio anterior debieron estar contempladas en tal presupuesto, a menos que se trate de un sobregiro de éste, o bien que de inicio no se haya programado ese gasto en el actual presupuesto a pesar de que la erogación era programable, lo que en cualquiera de los dos caos es ilegal. En el segundo, peor aun, en la distracción de recursos previamente determinados en el Presupuesto a un fin concreto, que en el caso, entre otros, se refiere a la distribución de recursos en los programas y obras de infraestructura de las entidades federativas.

c) Finalmente, la violación por el Ejecutivo al Presupuesto se hace patente en la inclusión de gastos no establecidos en el presupuesto, cual es el caso del ``mayor costo de los combustibles'', no considerado en aquél, creándose partidas no establecidas y por tanto haciéndose erogaciones no autorizados y, más aun, utilizando recursos de partidas expresamente destinadas a otros objetivos.

Esta Cámara mediante una interpretación del primer párrafo del inciso j, de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2004, expide el siguiente

Decreto de interpretación auténtica por el que la Cámara de Diputados aclara el primer el primer párrafo del inciso j de la fracción I del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

En base a todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos esta Cámara en ``interpretación auténtica'' concluye:

Primero.- Que el término ``suma'' en adición de la palabra ``excedentes'', que se utiliza en el primer párrafo de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación debe entenderse como adición de elementos que incrementen, no que reduzcan el monto a repartirse;

Segundo.- Antes de pretender cualquier descuento, en caso de que la recaudación fuera inferior a la programada, tratándose de las fracciones I; II; III; numerales 3 a 6; IV; V , numeral 2 inciso E; del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio 2004, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 25 del propio Presupuesto;

Tercero.- Los rubros del ``gasto no programable'' susceptibles de ser descontados de los excedentes de ingresos a que se refiere el primer párrafo del inciso j de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de 2004, son únicamente los que se consideren como mayores ``participaciones'' a Estados provenientes de ingresos excedentes participables.

Cuarto.- No puede descontarse del monto a repartirse ningún otro concepto distinto de los expresamente señalados en el presupuesto y expresamente en el primer párrafo del inciso j de la fracción I del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación

Por lo anterior, se ordena:

Primero.- Notifíquese el presente decreto al titular del Ejecutivo federal; y

Segundo.- Publíquese este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 7 de octubre de 2004.--- Diputados: Juan Carlos Pérez Góngora, Consuelo Muro Urista, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, José Rangel Espinosa, Víctor Ernesto González Huerta, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Jesús Porfirio González Schmal, Oscar González Yáñez, Pedro Vázquez González, Margarita Martínez López, Carlos Martín Jiménez Macías, Adrián Villagómez García, Iván García Solís, Tomás Antonio Trueba Gracian, Francisco Javier Guízar Macías, Enrique Guerrero Santana, Francisco Javier Bravo Carvajal, Evelia Sandoval Urbán, María del Carmen Izaguirre Francos, Roberto Javier Vega y Galina, Gerardo Montenegro Ibarra, Alfonso Juventino Nava Díaz, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Sara Rocha Medina, José Mario Wong Pérez, Carlos Flores Rico, Laura Reyes Retana, Florencio Collazo Gómez, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alfredo Villegas Arreola, José Luis García Mercado, Jorge Baldemar Utrilla Robles, María Cristina Díaz Salazar, Rosalina Mazari Espín, Pedro Avila Nevárez, José Luis Briones Briceño, Jesús Zúñiga Romero, Pablo Anaya Rivera, Manuel Velasco Coello, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Sami David David, Emilio Chuayffet Chemor, José Porfirio Alarcón Hernández, Enrique Ariel Escalante Arceo, Jesús Morales Flores, Lorenzo Miguel Lucero Palma, José Alberto Aguilar Iñárritu, Francisco José Rojas Gutiérrez, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Jesús María Ramón Valdez, Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Fernando Ulises Adame de León, Alfonso González Ruiz, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Sofía Castro Ríos, Jacobo Sánchez López, Enrique Burgos García, Ady García López, Alfredo Villegas Arreola, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, José López Medina, Gonzalo Moreno Arévalo, Julián Nazar Morales, Pablo Pavón Vinales, Martín Remigio Vidaña Pérez, Juan Manuel Vega Rayet, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, César Amín González Orantes, Raúl Pompa Victoria, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Salvador Sánchez Vázquez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Marcela Guerra Castillo, Laura Elena Martínez Rivera, Lilia Isabel Aragón del Rivero, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Armando Leyson Castro, Alfredo Gómez Sánchez, Federico Barbosa Gutiérrez, José Luis Flores Hernández, Cruz López Aguilar, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Marco Antonio Torres Hernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, Abel Echeverría Pineda, Jorge Uscanga Escobar, Wintilo Vega Murillo, José Manuel Carrillo Rubio, Hugo Rodríguez Díaz, Rebeca Godínez y Bravo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Belizario Iram Herrera Solís, Juan Carlos Pérez Góngora, Francisco Alberto Jiménez Merino, Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, Francisco Luis Monárrez Rincón, Francisco Suárez y Dávila, Juan Fernando Perdomo Bueno, Francisco Xavier Alvarado Villazón, J. Jesús Lomelí Rosas, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Gonzalo Moreno Arévalo, Homero Díaz Rodríguez, Quintín Vázquez García, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Francisco Javier Carrillo Soberón, Alfonso Ramírez Cuellar, Guillermo Guísar Carranza, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Minerva Hernández Ramos, Edgar Torres Baltazar, Víctor Suárez Carrera, Isidoro Ruiz Argaiz, César Antonio Chávez Castillo, Emilio Zebadúa González, José Adolfo Murat Macías, Nora Elena Yu Hernández, Carlos Hernán Silva Valdés, Rocío Sánchez Pérez, Israel Tentory García, Pascual Sigala Páez, Agustín Miguel Alonso Raya, José Angel Ibáñez Montes, Mario Moreno Arcos, Guillermo del Valle Reyes (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Pérez Góngora.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, de acuerdo a la solicitud del promovente, con opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ha solicitado, la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, posponer la presentación de la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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PODER LEGISLATIVO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por ello solicitamos atentamente al diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el uso de la palabra para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ha venido observando en los últimos años, cambios radicales como consecuencia de los procesos de consolidación democrática que el propio Estado mexicano ha venido impulsando a partir de los años 60.

De esta forma, el fortalecimiento de la vida política nacional y en específico el fortalecimiento de instituciones destacadamente del Congreso de la Unión, han garantizado una representación más plural, con la participación de las fuerzas políticas minoritarias.

Es en este marco legislativo en el que el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, los últimos años se ha visto enriquecido con una presencia más plural a través de la incorporación de la mayoría de las fuerzas políticas del país, lo que hace necesario la adecuación de su funcionamiento interno.

La estructura actual del Congreso de la Unión responde a un esquema organizativo, en donde una sola fuerza política tenía mayoría absoluta en ambas cámaras; la misma fuerza política de la que había emergido el titular del Ejecutivo.

Por ello, en una congruencia plena partidista, al haber participado todos ellos en los procesos electorales, con una oferta electoral establecida en la misma plataforma electoral, el Ejecutivo proponía y la mayoría en las cámaras, que compartía principios y programas de acción, apoyaban estas propuestas.

Hoy día, al no compartir principios y plataformas electorales, el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso, el debate se intensifica y hace necesaria la búsqueda de los procedimientos internos más eficaces, que hagan más ágil éste para permitir que la atención se concentre en lo fundamental con toda responsabilidad.

Es en este sentido que se plantea la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer la actual disposición en cuanto a que no se tendrá derecho a la dieta correspondiente cuando no se acuda a una sesión de la Cámara respectiva; ampliando esta disposición a los trabajos en las comisiones de las que formen parte los legisladores; así los trabajos en pleno, así como en comisiones, se verán intensificados para la realización del trabajo legislativo.

Este mismo espíritu es el que anima a las propuestas que se presentan, de modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales pretenden el fortalecimiento de los trabajos en comisiones.

Esta propuesta, además pretende que las comisiones sean más ágiles en el desarrollo de sus trabajos. La propuesta es que se escuchen todas las voces de manera ordenada y sobre todo expedita en los asuntos que se aborden temas nacionales.

Estos trabajos en comisiones también se verán incrementados al hacer obligatorio el que se sesione de manera ordinaria al menos cada 15 días, en contraposición a la obligación actual, que señala esta obligación de sesionar una vez al mes. Ello aumentará en un 100 por ciento el número de sesiones y con ello la productividad.

Tema prioritario a atender es el desarrollo de los trabajos en el pleno que debe conllevar como objetivo el contar con más tiempo para la profundización de los temas. En este sentido se pretende que los grupos parlamentarios estén conformados por 10 diputados y ejercer sus derechos como tales para las discusiones en el pleno, con independencia de salvaguardar sus derechos como integrantes del honorable Congreso de la Unión para la libre expresión de sus ideas en lo individual.

Por otro lado, el pertenecer a diversas comisiones diluye el esfuerzo de los diputados, por lo que se considera la conveniencia de que concentren sus esfuerzos en temas específicos. De ahí la propuesta de que los diputados puedan participar solamente hasta en dos comisiones a fin de atenderlas de mejor manera.

Al disminuir la participación en el número de comisiones los diputados pueden concentrarse en los trabajos de la que forman parte, por lo que las ausencias no se justificarían, salvo de manera excepcional, por lo cual esta participación es obligatoria y el incumplimiento debe ser sancionado.

Se debe estimular el trabajo en comisiones mediante el reconocimiento pleno a estos trabajos, de su valoración, tanto al interior como al exterior de la Cámara. Como se señaló anteriormente, los trabajos en comisiones deben intensificarse, deben de ser éstas en donde se procese e inicien las proposiciones de punto de acuerdo. Por ello se propone que éstos sean presentados directamente a las comisiones y al pleno se sometan sólo las que sean dictaminadas favorablemente para su discusión y, en su caso, aprobación, dando cuenta las comisiones de manera breve y sucinta de los motivos que orientan el dictamen.

Para la atención de aquellas proposiciones que pudieran ser atendidas como de urgente y obvia resolución éstas se deberán presentar ante el Presidente de la Mesa Directiva, quien someterá a las consideraciones del pleno si deben de ser consideradas como tales.

En este mismo sentido es que se propone que las excitativas sean presentadas directamente ante las comisiones que tienen a su cargo los asuntos para que estos trabajos sean más expeditos.

En este mismo orden de ideas es que se propone la reducción de los tiempos destinados a la votación, cuando se apoya en los tableros electrónicos, cinco minutos son suficientes para que se pueda emitir su voto con toda responsabilidad. Por supuesto que excepcionalmente, a juicio del Presidente de la Mesa Directiva, este tiempo se puede ampliar, nunca más allá de los 10 minutos.

Las recientes experiencias nos demuestran que es necesario que algunas de las votaciones que se emiten relacionadas con los grandes temas nacionales sean efectuadas, conforme a lo ya previsto por el legislador con anterioridad, a través de cédula.

Es por ello que se propone que sean los propios diputados los que determinen cuándo, atendiendo a la trascendencia del tema que se está votando, ésta se haga a través de cédula, lo que permitirá al legislador ejercer su votación con mayor libertad, lejos de cualquier presión que pudiera existir tanto interior como exterior y sobre todo evitar la sobre- politización de los asuntos de trascendencia nacional.

En resumen, el conjunto de las propuestas contenidas en esta iniciativa pretenden el fortalecimiento institucional del Congreso de la Unión, especialmente en este caso de la Cámara de Diputados, mediante la incorporación de los mejores cuadros académicos a los trabajos técnicos de las comisiones.

Lo anterior a través de la vinculación con las instituciones de educación superior del país para que aquellos estudiantes con las mejores calificaciones tengan un reconocimiento a su esfuerzo y la oportunidad de, mediante un sistema de becas, realizar investigación legislativa que beneficie al Congreso y a la nación y que en el futuro inmediato se les pueda otorgar la posibilidad de incorporarse, también de manera directa, a los trabajos de las comisiones en las cámaras, como empleados.

Se pretende, en fin, institucionalizar la relación entre el Congreso de la Unión y las universidades del país. Estos estudiantes recién egresados o en las etapas finales de su preparación académica de las universidades e instituciones de educación superior, una vez que se hayan desarrollado por un tiempo en los trabajos de la Cámara a través de un sistema de becas serán quienes, de manera privilegiada, pasarán a formar parte del servicio de carrera de la Cámara de Diputados, el cual por cierto requiere de una revisión profunda, ya que no ha respondido a las expectativas para las cuales fue creado y es altamente necesaria su modificación.

Estos estudiantes son el mejor patrimonio de la nación. Debemos reconocer su esfuerzo y darles la oportunidad de hacer una carrera institucional en el Congreso de la Unión.

La nación será quien verdaderamente se vea beneficiada del fortalecimiento institucional del Congreso de la Unión. Si se piensa en su profesionalización, esta real profesionalización debe de ser un elemento fundamental para la mejor operación del Congreso.

El Servicio de Carrera del Congreso, actual, debe de ser revisado en su integridad, a partir de esta perspectiva, tanto de vinculación institucional, con la académica y con otros actores sociales.

Con base en lo anterior se propone el siguiente decreto en los siguientes términos que han quedado manifestados y publicados en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, ciudadana Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Eduardo Alonso Bailey Elizondo, con base en la facultad le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, párrafo 2, 43, párrafo 1, 44, párrafo 1, y 55, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 28, 58, 59, 100, 101, 102, 103, 108, 146 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos ha venido observando en los últimos años cambios radicales como consecuencia de los procesos de consolidación democrática, que el propio Estado Mexicano ha venido impulsando a partir de los años 60'S, destacadamente a través de la actualización de sus instrumentos legislativos, sobre todo en materia político electoral.

En este sentido cabe destacar la normatividad que dio origen a la Reforma Política de los años setenta, y la que dio origen a la conformación del Instituto Federal Electoral a principios de los noventa y que se consolidó con lo que se ha reconocido como la reforma político electoral más avanzada de México en 1996, con la ciudadanización plena de los organismos encargados de los procesos electorales, a través del Cofipe; que por cierto fue votado solamente por el Partido Revolucionario Institucional.

Estos ordenamientos legales, respondiendo a realidades específicas, dieron origen al fortalecimiento de la vida política nacional y en específico al fortalecimiento de instituciones destacadamente del Congreso de la Unión, garantizando una representación más plural, con la participación de las fuerzas políticas minoritarias.

En este marco legislativo el Congreso de la Unión, en ambas Cámaras, se vio enriquecido con una presencia más plural, a través de la incorporación de la mayoría de las fuerzas políticas del país. Lo anterior hace necesario la adecuación de su funcionamiento interno.

La estructura actual del Congreso de la Unión responde a un esquema organizativo en donde una sola fuerza política tenía mayoría absoluta en ambas Cámaras. La misma fuerza política de la que había emergido el titular del Ejecutivo. Por ello, en una congruencia plena partidista, al haber participado los integrantes de ambos en los procesos electorales con una oferta electoral establecida en la misma plataforma electoral, el Ejecutivo proponía y la Mayoría en la Cámara, que compartía principios y programas de acción, apoyaba estas propuestas.

Hoy día, al no compartir principios y plataformas electorales el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso el debate se intensifica y hace necesario la búsqueda de los procedimientos internos que hagan más ágil e intenso éste, para permitir que la atención se concentre en lo fundamental, con toda responsabilidad.

En este sentido se plantea la reforma a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para fortalecer la actual disposición en cuanto a que no se tendrá derecho a la dieta correspondiente cuando no se acuda a una sesión del la Cámara respectiva, ampliando esta disposición a los trabajos en las comisiones de las que formen parte los legisladores. En ese sentido los trabajos en pleno, así como en comisiones se verán intensificados, para la realización del trabajo legislativo.

Este espíritu es el que anima las propuestas que se presentan de modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales pretenden el fortalecimiento de los trabajos en comisiones para que las proposiciones con punto de acuerdo se presenten ante éstas, y sólo los que cuenten con dictamen positivo se sometan al Pleno para que sean aprobados o rechazados.

Esta propuesta además pretende que las comisiones sean más ágiles en el desarrollo de sus trabajos. La propuesta es que se escuchen todas las voces, de manera ordenada y sobre todo expedita, que permita concentrase de manera prioritaria en los asuntos que abordan los temas nacionales.

Estos trabajos en comisiones también se verán incrementados al hacer obligatorio el que se sesione de manera ordinaria al menos cada 15 días, en contraposición a la obligación actual que señala esta obligación de sesionar una vez al mes. Ello aumentará en un 100 por ciento el número de sesiones y con ello la productividad, que si bien no será en una forma directamente proporcional, sí es de esperarse un crecimiento sustantivo.

Los trabajos en comisiones habrán de buscar los mecanismos para que estos trabajos sean ágiles interiormente para que esta productividad se logre, apoyándose en subcomisiones y grupos de trabajo.

Tema prioritario a atender es el desarrollo de los trabajos en el pleno, que debe conllevar como objetivo el contar con más tiempo para la profundización de los temas que se someten al análisis. No se trata de ninguna manera de limitar la participación, sino por el contrario de su enriquecimiento, al concentrarse en lo fundamental.

En este sentido se pretende que los grupos parlamentarios estén conformados por 10 diputados, y ejercer sus derechos como tales para las discusiones en el pleno, con independencia de salvaguardar sus derechos como integrantes del H. Congreso dela Unión, para la libre expresión de sus ideas en lo individual.

Por otro lado, el pertenecer a diversas comisiones diluye el esfuerzo de los diputados, por lo que se considera la conveniencia de que concentren sus esfuerzos en temas específicos, de ahí la propuesta de que los diputados pueden participar solamente hasta en dos comisiones, a fin de atenderlas de mejor manera. Hoy en día se da un ausentismo elevado, en la medida de que se tiene que participar en diferentes comisiones que sesionan en el mismo lugar y a la misma hora.

Pertenecer sólo a una comisión o máximo en dos de ellas, permitirá a los diputados concentrarse en los temas concretos de la comisión en especifico y participar físicamente en todas sus sesiones de trabajo, que hoy en día en muchas de las ocasiones es materialmente imposible.

Al disminuir la participación en el número de comisiones, los diputados pueden concentrarse en los trabajos de los que forman parte, por lo que las ausencias no se justifican, salvo de manera excepcional, por lo cual esta participación es obligatoria y el incumplimiento debe de ser sancionado descontándoseles un día de la dieta a que tienen derecho.

Se debe estimular el trabajo en comisiones mediante el reconocimiento pleno de estos trabajos, de su valoración, tanto al interior como al exterior de la Cámara, por lo que se deben difundir ampliamente estos trabajos y quienes lo realizan.

En contrasentido se deben de inhibir aquéllas conductas negativas al interior de las comisiones que evitan avanzar en el desarrollo de sus tareas, como lo son las faltas de asistencia injustificadas, y también la falta de los apoyos a la totalidad de sus integrantes para contar con los elementos técnicos necesarios.

Las Comisiones no deben de ser vistas como patrimonio de sus Mesas Directivas. Los recursos y espacios deben ser compartidos por todos sus integrantes.

Como se señaló anteriormente, los trabajos en comisiones deben intensificarse; deben de ser éstas en donde se procesen de inicio las Proposiciones de Punto de Acuerdo, por ello se propone que estos sean presentados directamente a las comisiones, y al pleno se sometan sólo las que sean dictaminados favorablemente, para su discusión, y en su caso aprobación, dando cuenta las comisiones, de manera breve y sucinta, de los motivos que orientan el dictamen.

En caso de ser negativo, la Mesa Directiva o el proponente podrá solicita a la Comisión de que se trate, expliquen brevemente por escrito, los motivos que llevan al rechazo del punto de acuerdo, pudiendo la Mesa Directiva solicitar su lectura y discusión, cundo se trate de un asunto que por su contenido sea de interés nacional.

Para la atención de aquéllas proposiciones, que pudieran ser atendidas como de Urgente y Obvia Resolución éstas se deberán presentar ante el Presidente de la Mesa Directiva, quien someterá a la Consideración del Pleno sí se debe de tener como tales, de ser afirmativa la consulta, se someterá a la discusión y aprobación, en su caso, del Pleno.

En el mismo sentido se propone que las excitativas sean presentadas directamente ante las comisiones que tienen a su cargo los asuntos para que estos trabajos sean más expeditos.

Estas excitativas, si bien se formulan a las comisiones se establece se marque una copia a la Mesa Directiva de la Cámara para que ésta de cuenta de las mismas en el Pleno, conservándose la atribución del Presidente de la Mesa Directiva, de poder hacer estas excitativas directamente, cuando la trascendencia del asunto así lo amerite.

El que las proposiciones y las excitativas no sean planteadas en una primera instancia al Pleno liberará tiempo y con ello se tendrá mayor espacio para discutir más a fondo los asuntos que, por su importancia para la nación, son considerados como urgente su atención.

En este orden de ideas se proponen la reducción de los tiempos destinados a la votación cuando se apoya en los tableros electrónicos. Cinco minutos son suficientes para que se pueda emitir su voto con toda responsabilidad, después de escuchar los diversos posicionamientos y puntos de vista. Por supuesto que, excepcionalmente, a juicio del Presidente de la Mesa Directiva este tiempo se puede ampliar, nunca más allá de los 10 minutos.

Las recientes experiencias nos demuestran que es necesario que algunas de las votaciones que se emiten, relacionados con los grandes temas nacionales sean efectuados, conforme a lo ya previsto por el legislador con anterioridad, a través de cédula.

Por ello se propone que los propios diputados determinen cuándo, atendiendo a la trascendencia del tema que se esté votando, ésta se haga a través de cédula, lo que le permitirá al legislador ejercer su votación con mayor libertad, lejos de cualquier presión que pudiera existir tanto, interior como exterior, y sobre todo evitar la sobrepolitización de los asuntos de trascendencia nacional. La discusión y votación de los asuntos de importancia o seguridad nacional, deben de responder al bien superior que es la nación y a su precedencia legislativa.

Se trata en el fondo, que los asuntos Legislativos sean atendidos de conformidad a su congruencia normativa y a sus impactos sociales positivos, alejando cualquier especulación de rentabilidad política, que pudiera contaminar la discusión de fondo y la aprobación de los asuntos legislativos.

Este tipo de votación permite que el legislador asuma más plenamente su responsabilidad con la nación y con los electores que depositaron en él su confianza para que los representará en el Congreso.

Finalmente, el conjunto de las propuestas contenidas en esta iniciativa pretende el fortalecimiento institucional de la H. Congreso de la Unión, especialmente en este caso de la Cámara de Diputados, mediante la incorporación de los mejores cuadros académicos a los trabajos técnicos de las Comisiones.

Lo anterior, a través de la vinculación con las instituciones de Educación Superior del País, para que aquellos estudiantes con las mejores calificaciones tengan un reconocimiento a su esfuerzo y la oportunidad de, mediante un sistema de becas, realizar investigación legislativa que beneficie al Congreso y a la nación, y que en el futuro inmediato se les pueda otorgar la posibilidad de incorporarse también de manera directa a los trabajadores de las Comisiones en las Cámaras como empleados.

Estos estudiantes recién egresados, o en las etapas finales de su preparación académica, de las universidades e instituciones de educación superior, una vez que se hayan desarrollado por un tiempo en los trabajos de la Cámara, a través de un sistema de becas, serán quienes de manera privilegiada pasaran a formar parte del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el cual por cierto requiere de una revisión profunda, ya que no ha respondido a las expectativas para las cuales fue creado y es altamente deficitario en su desempeño.

Estos estudiantes son el mejor patrimonio de la nación. Debemos reconocer su esfuerzo y darles la oportunidad de hacer una carrera Institucional en el Congreso de la Unión. La nación será la que verdaderamente se vea beneficiada del fortalecimiento institucional del Congreso de la Unión, si se piensa en su profesionalización. Está real profesionalización debe ser un elemento fundamental para la mejor operación del Congreso. El Servicio de Carrera del Congreso debe ser revisando en su integralidad a partir de esta perspectiva de vinculación institucional con la academia y con otros actores sociales.

Así, se pretende fortalecer los trabajos de las Cámaras, y por tanto a las propias comisiones, como uno de los elementos determinantes de la organización interna del Congreso, que permita liberar espacios temporales para profundizar los trabajos del Pleno en los grandes temas nacionales, haciendo que sesionen de manera obligatoria dos veces al mes; sancionando las ausencias a las sesiones de las Comisiones; limitando la participación de los individuos a dos Comisiones como máximo, entre otras disposiciones. A su vez se pretende agilizar los trabajos en Pleno, reduciendo el tiempo para contestar alusiones personales en un tema a sólo tres minutos y por una sola ocasión; limitando la presentación de las proposiciones con punto de acuerdo y de las excitativas, para dar espacio a la discusión de los asuntos verdaderamente trascendentes par la vida nacional. Se propone reducir los tiempos para la emisión de la votación; se pretende también eliminar la politización de los grandes temas nacionales, permitiendo la votación por cédula y; finalmente el fortalecimiento institucional al vincular los trabajos los trabajos técnicos del Congreso de la Unión con los de las instituciones de educación superior.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente decreto, por el que se reforman y adicionan el artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 párrafo 2, 43 párrafo 1, 44 párrafo 1, y 55 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; artículos 21 fracción XVI, 28,58,59 100, 101,102,103, 108 146 y 148, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma el artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión de la Cámara respectiva o de las Comisiones de ésta de las que formen parte, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día que falten.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Segundo. Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 constitucional, caso en le cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta y uno de mayo del mismo año.

Artículo 22

1. ...

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados, las autoridades del Distrito Federal y los organismos públicos, sociales y privados. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

Artículo 26

...

2. El grupo parlamentario se integra por lo menos con diez diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

Artículo 43

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta dos de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional, las de investigación y las especiales.

Artículo 44

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada. Las inasistencias no justificadas se sancionarán económicamente, con el descuento equivalente a la cantidad correspondiente a un día de la dieta que se perciba.

Artículo 55

1. La Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios y administrativo y financiero de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de la formación, actualización y especialización de los candidatos a ingresar y de los funcionarios de carrera en ambas ramas, debiendo contar con un Sistema de Vinculación Institucional y de Becas para la incorporación de los estudiantes de las más altas calificaciones de las Universidades y Centros de Educación Superior del país, a trabajos de investigación y asesoría directa para los trabajos de las Comisiones, quienes evaluado su desempeño, serán candidatos preferentes a formar parte del Servicio de Carrera de conformidad con el Estatuto respectivo. Para lo anterior la Cámara suscribirá con las instituciones educativas respectivas los convenios necesarios. La Unidad está a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto del Servicio de Carrera y se estructura con las oficinas que se requieran.

Tercero. Se reforman y adicionan los artículos 100, 101,102,103,146 y 148, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21

XVI. Dar cuenta de las excitativas formuladas ante comisiones, y/o al Presidente de la Mesa Directiva, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra Comisión.

Artículo 28

Son ordinarias las que se celebren durante los días hábiles de los periodos constitucionales, serán públicas, comenzarán, por regla general, a las 10:00 horas, y durarán hasta seis horas; pero por disposición del Presidente de la Cámara o por iniciativa de alguno de los individuos de ella, aprobada en los términos de este Reglamento, podrán ser prorrogadas. Serán extraordinarias las que se celebren fuera de los períodos constitucionales o en los días feriados, dentro de ellos. Serán permanentes las que se celebren con este carácter, por acuerdo expreso de los miembros de cada Cámara y a efecto de tratar un asunto previamente determinado.

Artículo 58

Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente o Presidentes de las Mesas Directivas de las Comisión (s), que corresponda, atendiendo a su materia, para su dictaminación, con copia al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, quien dará cuenta de la relación de ellos al Pleno en la sesión inmediata a su presentación: Sí el dictamen de la Comisión de que trate fuera positivo se remitirá al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara para someterlo a la discusión y en caso aprobación del Pleno. Serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto. En caso de dictaminarse negativamente la proposición, se remitirá al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara una relación sucinta de los motivos que llevaron al dictamen, la que sí considera que el asunto es de interés nacional podrá someterlo a discusión, y en su caso aprobación del Pleno.

III. Se deroga.

Artículo 59

En los casos que se consideren de urgencia u obvia resolución, las proposiciones deberán ser presentadas ante el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara quien los someterá a la consideración del Pleno para ser calificadas en este sentido, por el voto de la mayoría de los Diputados presentes de la Cámara que estén presentes, de no ser calificados en este sentido se turnará a la Comisión que corresponda para su dictaminación. La Cámara pondrá, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura, cuando así lo acuerde el Pleno.

Artículo 100

Los individuos de la Comisión y el autor de la proposición que se discuta, podrán hablar hasta dos veces. Los otros miembros de la Cámara sólo podrán hablar una vez sobre un asunto.

Artículo 101

Los individuos que hablen en pro o en contra de las iniciativas o proposiciones sólo podrán apoyarse en material escrito para citar textualmente referencias jurídicas o documentales.

Artículo 102

Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de tres minutos y por una sola ocasión en un mismo asunto.

Artículo 103

Los discursos de los individuos de Las Cámaras sobre cualquier negocio no podrán durar más de quince minutos en el caso de iniciativas y de cinco minutos en proposiciones, sin permiso de la Cámara.

Artículo 108

Siempre que al principio de la discusión lo pidan al menos 20 individuos de la Cámara, la Comisión Dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aun leer constancias del expediente, si fuere necesario; acto continuo, seguirá el debate.

Artículo 146

Habrá tres clase e votaciones; nominales, económicas y por cédula. Nunca habrá votaciones por aclamación. Se votarán por cédula aquellos asuntos de interés o seguridad nacional, que así sean considerados, mediante votación nominal, por las dos terceras partes de los individuos presentes, a solicitud del Presidente de la mesa Directiva de la Cámara o al menos 25 individuos.

Artículo 148

Las votaciones serán precisamente nominales: primero, cuando se pregunte si hay o no lugar a probar algún proyecto de ley en lo general; segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo, y tercero, cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros 25 individuos. También serán nominales en el caso del artículo 152.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Suscriben la presente iniciativa los integrantes de la diputación federal por Nuevo León del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Diputados: Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa, Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza, Carlos Mireles Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Bailey Elizondo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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CODIGO PENAL - CODIGO DE COMERCIO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñúzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal y del artículo 77 del Código de Comercio en Materia de Delitos Mercantiles.

El diputado Angel Pasta Muñúzuri: Con el permiso de la Presidencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 77 del Código de Comercio.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho que le conceden los artículos anteriormente citados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona, al artículo 77 del Código de Comercio.Exposición de Motivos

Corresponde a estos tiempos de libertad social, donde se trabaja por un obtener un marco jurídico acorde con la realidad que a los mexicanos que por lo menos estas dos décadas, nos ha tocado sufrir debido al engaño, al abuso, que por largo tiempo han `` trabajado los usureros'' en la sociedad, engañando, comerciando pues con la pobreza de aquellos que poco tienen, y de manera impune siguen operando a lo largo y ancho de nuestro país, es necesario esta reforma de Ley que expongo, ante los mexicanos, que como yo tienen el gran honor de decidir, si queremos una sociedad mas subsidiaria, o permanecemos quietos y dejamos pasar el tiempo es aquí y ahora, donde expongo este llamado para que en forma conjunta se apruebe y se castigue a aquellos entes, personas jurídicas y personas físicas que cometen ilícitos mercantiles, fraudes financieros. Es tiempo de tipificar en el Código Penal los delitos mercantiles.

Esto es en concordancia jurídica con la reforma ya expuesta del código de comercio que le pone nombre a los ilícitos mercantiles,

Resulta ahora procedente señalar tipificar y penalizar con toda claridad cuales serian los delitos mercantiles que obviamente producen su nulidad, actos no permitidos, ya que en ellos existe el dolo.

En esta iniciativa de Ley, se exponen claramente los delitos mercantiles, que refuerza la equidad que debe de existir entre los contratantes en busca de la verdad, para que a cada una de las partes se le de lo que por derecho le corresponda.

Decreto que adiciona y reforma el Título Vigésimo Segundo, correspondiente a los delitos en contra de las personas en su patrimonio, del Código Penal Federal, artículo 387.

Artículo Primero.- Se adiciona y reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, para que quede como sigue:

Artículo 387.- Los pactos ilícitos no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de crédito

XXII.- Al que sin consentimiento de quien deba de darlo capitalicen intereses.

XXIII.- Al que realice excesivo cobro de intereses, siempre y cuando estos no se hubieran pactado, esto es, un porcentaje mayor al estipulado en el artículo 362 de esta misma Ley.

XXIV.- Al que con engaños cree una segunda obligación que sustituya a la primera tratándose de un mismo negocio.

XXV.- Al que falsifique un titulo mercantil.

Artículo Segundo.- Se adiciona y reforma el artículo 77 del Código de Comercio, para que quede como sigue:

Artículo 77.- Los pactos ilícitos no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de crédito

Se consideran delitos mercantiles los siguientes:

I.- El anatocismo, en el entendido de que cuando sin consentimiento de quien deba de darlo se capitalicen intereses.

II.- El excesivo cobro de intereses, siempre y cuando estos no se hubieran pactado, esto es, un porcentaje mayor al estipulado en el articulo 362 de esta misma Ley.

III.- Novación con engaño.- Cuando una de las partes con engaños cree una segunda obligación que sustituya a la primera tratándose de un mismo negocio.

IV.- Falsedad del título.- Cuando se utilice un documento mercantil, que no reúna los requisitos de ley.

Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 14 días de octubre de 2004.--- Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica).»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli:

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Economía.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli:

A continuación tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud relativas a la publicidad y comercialización de los llamados ``productos milagro''.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Señores legisladores:

Que el artículo 310 de la Ley General de Salud señala que en materia de medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico la publicidad se clasifica en:

Primero, publicidad dirigida a profesionales de la salud; y segundo, publicidad dirigida a la población en general.

Que el dispositivo señalado dispone que la publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate el texto ``Consulte a su médico'', así como otras leyendas de advertencia que determina la Secretaría de Salud.

Que el artículo 6º del Reglamento de la Ley General de Salud señala que la publicidad será congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicio objeto de la misma, para la cual no deberá:

1. Atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, estimulantes o de otra índole que no correspondan a su función o uso, de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables o en la autorización otorgada por la Secretaría.

3. Indicar o inducir, crear explicita o implícitamente que el producto cuenta con los ingredientes o las propiedades de los cuales carezca.

Que el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad denominado Publicidad e Insumos para la Salud prevé que la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general deberá ajustarse a las indicaciones aprobadas por la Secretaría en la autorización del producto.

Que conforme al artículo 44 del reglamento en comento, no se utilizará la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general, cuando:

I. Los presente como solución definitiva en el tratamiento preventivo, curativo o rehabilitatorio de una determinada enfermedad.

II. Indique o sugiera su uso en relación con sintomatologías distintas a las expresadas en la autorización sanitaria del producto.

VI. Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan confundir al público o no estén debidamente sustentados.

Que es público y notorio que se ha venido transmitiendo propaganda comercial o publicidad sobre diversos productos, cuyos anunciantes les atribuyen la calidad de medicamentos y a los cuales éstos les confieren propiedades terapéuticas o de rehabilitación y se presenten como solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento y que estos productos no cuentan con la calidad de medicamentos en los términos de la legislación sanitaria vigente.

Que de algunos años a la fecha se ha visto incrementado el espacio que se les dedica en los medios a estos anuncios comerciales.

Que en virtud de lo anterior resulta urgente proteger la salud pública y los intereses de la sociedad de la publicidad engañosa y de las supuestas propiedades que se les da a los productos conocidos popularmente como ``milagro'' en los medios de comunicación, por lo que se requiere aumentar el monto de las sanciones que se imponga a los fabricantes y comercializadores de dichos productos.

Por lo anterior, se propone eliminar del artículo 420 de dicho ordenamiento, la mención que se hace del artículo 306, para reubicarlo dentro del listado previsto en el artículo 421 de la ley en cita.

Que a fin de lograr lo anterior, se propone ampliar el catálogo de sanciones administrativas contenidas en la Ley General de Salud.

Por lo anteriormente expuesto presento lo siguiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para sancionar la publicidad y comercialización indebida de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza conocidos popularmente como ``productos milagro''.

Artículo único. Se reforman los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta, de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

En el caso de que la publicidad de productos que no sean medicamentos, los anuncie o publicite atribuyéndoles efectos terapéuticos o presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, en contravención a lo establecido por el artículo 306 de esta ley, la autoridad procederá a revocar la autorización respectiva e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, a efecto de imponer las sanciones que procedan.

Artículo 417. Las sanciones administrativas podrán ser:

II. Amonestación con apercibimiento.

III. Multa.

IV. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total.

V. Arresto hasta por treinta y seis horas; y

VI. Retiro o aseguramiento del mercado de los productos y mercancías que indebidamente se publiciten como medicamentos, sin contar con registro sanitario para ser considerados como tales, infringiendo las disposiciones de esta ley en materia de publicidad, el reglamento respectivo y otras leyes que resulten aplicables.

Artículo 420. Se sancionará con multa de mil hasta 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en diversos artículos de la Ley General de Salud.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de 10 mil hasta 15 mil veces el salario mínimo general diario vigente, en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones contenidas en diversos artículos de la Ley General de Salud.

Transitorio.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004. La de la voz.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativas a la publicidad y comercialización de los llamados ``productos milagro'', a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita C. María Cristina Díaz Salazar, diputada federal por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para sancionar la publicidad y comercialización indebida de los remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza conocidos popularmente como ``productos milagro'', bajo las siguientes

Consideraciones

I. Antecedentes

Que el primer párrafo del artículo 194 de la Ley General de Salud, define como control sanitario ``El conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables''.

Que el artículo 300 de la Ley General de Salud dispone que con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere dicha Ley; y que dicha facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial (Economía), Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Que el artículo 301 del ordenamiento citado prevé que será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Que el artículo 306 de la Ley General de Salud establece que la publicidad a que se refiere esa Ley se sujetará a los siguientes requisitos:

``I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable;

II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo;

III. Los elementos que compongan el mensaje, en su caso, deberán corresponder a las características de la autorización sanitaria respectiva,

IV. El mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer;

V. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud, y

VI. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones legales aplicables''.

Que el artículo 310 del ordenamiento antes citado señala que en materia de medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico, la publicidad se clasifica en:

I. Publicidad dirigida a profesionales de la salud, y

II. Publicidad dirigida a la población en general.

Que el dispositivo señalado dispone que ``la publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud''.

Que el artículo 1° del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad dispone que dicho ordenamiento tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud.

Que el artículo 6 del citado Reglamento señala que la publicidad será congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la misma, para lo cual no deberá:

``I. Atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, estimulantes o de otra índole, que no correspondan a su función o uso, de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables o en la autorización otorgada por la Secretaría;

II. Indicar o sugerir que el uso o consumo de un producto o la prestación de un servicio, es un factor determinante para modificar la conducta de las personas; o

III. Indicar o inducir a creer explícita o implícitamente que el producto cuenta con los ingredientes o las propiedades de los cuales carezca''.

Que el Título Quinto del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, denominado ``Publicidad de insumos para la salud'', comprende en el Capítulo I las disposiciones que se deben observar respecto a la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios.

Que en esta materia, el artículo 40 establece que la publicidad dirigida a la población en general, comprende la difusión que se realice de los medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y la que se realice de los remedios herbolarios.

Que la fracción I del artículo 43 del Reglamento antes señalado, prevé que la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general, deberá ajustarse a las indicaciones aprobadas por la Secretaría en la autorización del producto.

Que conforme al artículo 44 del reglamento en comento, no se autorizará la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general cuando:

``I. Los presente como solución definitiva en el tratamiento preventivo, curativo o rehabilitatorio de una determinada enfermedad;

II. Indique o sugiera su uso en relación con sintomatologías distintas a las expresadas en la autorización sanitaria del producto;

III. Altere la información sobre posología que haya autorizado la Secretaría;

IV. Promueva su consumo a través de sorteos, rifas, concursos, coleccionables u otros eventos en los que intervenga en azar;

V. Promueva el consumo ofreciendo a cambio cualquier otro producto o servicio;

VI. Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan confundir al público o no estén debidamente sustentados;

VII. Emplee técnicas de caricaturización que puedan confundir e inducir a los menores de edad al consumo de los productos, y

VIII. Omita las leyendas señaladas en la fracción II del artículo 43 de este Reglamento''.

Que además de lo señalado anteriormente, el artículo 45 del Reglamento establece que la publicidad de remedios herbolarios, deberá:

``I. Abstenerse de publicitarlos como curativos; e

II. Incluir además de la leyenda señalada: ``consulte a su médico'', otra leyenda precautoria que la Secretaría determine, con base en el riesgo para la salud que el producto represente o, en su defecto, la siguiente: ``Este producto no ha demostrado científicamente tener propiedades preventivas ni curativas''.

Que el artículo 416 de la Ley General de Salud señala que ``las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos''.

Que el artículo del ordenamiento mencionado dispone que ``las sanciones administrativas podrán ser:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa;

III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas''.

Que el artículo 420 de la Ley General de Salud establece que ``se sancionará con multa de mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 127, 142, 147, 149, 153, 198, 200, 204, 233, 241, 258, 265, 267, 304, 306, 307, 308, 315, 341, 348, tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 350 bis 3, 373, 376 y 413 de esta Ley''.

Que la infracción al artículo 301 no está prevista en ninguno de los artículos 420 y 421, por lo que la sanción que en su caso se imponga, sería la genérica que se contiene en el artículo 422 con multa equivalente hasta por diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Que por disposición expresa de artículo 17 bis de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que tiene entre otras, las atribuciones para evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables (fracción IV); ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos (fracción VII), e imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia (fracción X).

II. Situación actual

Que es público y notorio que se ha venido transmitiendo propaganda comercial o publicidad sobre diversos productos cuyos anunciantes les atribuyen la calidad de medicamentos y a los cuales éstos les confieren propiedades terapéuticas o de rehabilitación y se presentan como solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, y que estos productos no cuentan con la calidad de medicamentos en los términos de la legislación sanitaria vigente.

Que la mayoría de estos anuncios comerciales o ``infomerciales'' tienen la duración, forma y estructura de un programa de televisión; incluso se presentan testimonios de conocidos personajes que magnifican las propiedades de estos productos o bien, contienen tandas comerciales dentro de su espacio, en las que se ofrecen promociones especiales dirigidas a provocar en el consumidor la compra impulsiva del producto, y que en la mayoría de los casos generan confusión entre el público consumidor, por lo que resulta necesario contar con el apoyo y la comprensión de los medios de comunicación, por tratarse de un problema de salud pública.

Que de algunos años a la fecha, se ha visto incrementado el espacio que se les dedica en los medios a estos anuncios comerciales. De ocupar algunos minutos en los horarios de televisión, dicha propaganda comercial comenzó a transmitirse por espacio de varias horas entre la medianoche y las seis de la mañana, además de que las pautas publicitarias de distintas compañías que producen y/o comercializan estos productos que no son medicamentos, han alcanzado un notable crecimiento, tanto en su frecuencia como en la calidad de tiempos de transmisión en los medios electrónicos de comunicación.

Que el 30 de marzo del año en curso, la suscrita diputada presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de las secretarias de Salud y de Gobernación, así como a la Cofepris, a que apliquen puntualmente la normatividad en relación con la publicidad y comercialización de los llamados ``productos milagro'', misma que fue turnada a la Comisión de Salud.

Que los días 23 de junio y 20 de julio del año en curso, el licenciado Ernesto Enríquez Rubio, Comisionado Federal de la Cofepris compareció ante la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y manifestó entre otras cosas, lo siguiente:

Que en el caso de los productos que se publicitan sin sus respectivas autorizaciones, se imponen sanciones administrativas, una multa de mil a cuatro mil salarios mínimos, y durante el procedimiento administrativo se asegura el producto en los establecimientos que lo expenden.

Que la Secretaría de Salud autoriza el producto con determinada presentación, y la empresa aprovecha dicha autorización para publicitar el producto con más presentaciones, como es el caso de ``Asepsia'', empresa que cuenta con la autorización para cápsulas y publicita crema y otros productos.

Que resulta mas factible establecer la penalización de la conducta que ``endurecer la sanción'', ya que existe un daño inminente a la salud, voluntariamente creado.

Que se obtiene la autorización para publicitar un suplemento y después sale publicitado como medicamento.

Que se están realizando acciones encaminadas a regularizar la publicidad de las empresas que difunden por los diferentes medios, principalmente radio y televisión, productos que pueden ser nocivos para la salud, destacando que se realizan sanciones administrativas, secuestro de producto, todo con la intención de que a fines del mes de septiembre de 2004 los ``infomerciales'' se encuentren regularizados.

Que en virtud de lo anterior, resulta urgente proteger la salud pública y los intereses de la sociedad de la publicidad engañosa y de las supuestas propiedades que se atribuyen a remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza, conocidos popularmente como ``productos milagro'' en los medios de comunicación, por lo que se requiere aumentar el monto de las sanciones que se impongan a los fabricantes y comercializadores de dichos productos en dos supuestos, cuando:

a) Se anuncien o publiciten en los medios de comunicación sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 301, y

b) Contando con la autorización en términos del artículo 301, al anunciarse o publicitarse en los medios de comunicación, no lo hagan conforme lo establecen las disposiciones del artículo 306 de la Ley General de Salud.

Por lo anterior, se propone eliminar del artículo 420 de dicho ordenamiento la mención que se hace del artículo 306, para reubicarlo dentro del listado previsto en el artículo 421 de la Ley en cita.

Por otra parte, y en virtud de que la infracción al artículo 301 no está prevista en ninguno de los artículos 420 y 421, lo que trae como consecuencia que la sanción que en su caso se imponga, sea la genérica que se contiene en el artículo 422 con multa equivalente hasta por diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, se propone ubicar expresamente en el listado del artículo 421, la cita del 301 de la Ley General de Salud.

A fin de hacer mas estricta la observancia y aplicación de la ley, se propone aumentar los rangos de la sanción a efecto de que ahora se sancione ambas conductas indebidas, previstas en los artículos 301 y 306 con una multa equivalente de cinco mil hasta quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Asimismo, resulta indispensable que en caso de que la publicidad empleada en los medios de comunicación infrinja las disposiciones aplicables, especialmente lo por lo que se refiere a los artículos 301 y 306 de la Ley General de Salud, los remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza, conocidos popularmente como ``productos milagro'', se impida que continúen anunciándose y comercializándose en el mercado, para lo cual se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 301 en el que se establezca que la autoridad procederá a revocar la autorización emitida conforme a dicho artículo e inicie el procedimiento administrativo correspondiente a efecto de imponer las sanciones que procedan.

Que a fin de lograr lo anterior, se propone ampliar el catálogo de sanciones administrativas contenidas en el artículo 417 de la Ley General de Salud, previendo que como consecuencia de la revocación de la autorización emitida en términos del artículo 301 o como una sanción que se imponga por no realizar la publicidad apegada a lo dispuesto por el artículo 306, la autoridad quede facultada para retirar o asegurar del mercado los remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza, conocidos popularmente como ``productos milagro''.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud para sancionar la publicidad y comercialización indebida de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza conocidos popularmente como ``productos milagro''.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud para quedar en los siguientes términos:

Artículo 301

``Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

En el caso de que la publicidad de productos que no sean medicamentos, los anuncie o publicite atribuyéndoles efectos terapéuticos o presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, en contravención a lo establecido por el artículo 306 de esta Ley, la autoridad procederá a revocar la autorización respectiva e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente a efecto de imponer las sanciones que procedan.''

Artículo 417

``Las sanciones administrativas podrán ser:

II. Amonestación con apercibimiento;

III. Multa;

IV. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total;

V. Arresto hasta por treinta y seis horas, y

VI. Retiro o aseguramiento del mercado de los productos y mercancías que indebidamente se publiciten como medicamentos, sin contar con registro sanitario para ser considerados como tales, infringiendo las disposiciones de esta Ley en materia de Publicidad, el Reglamento respectivo, y otras leyes que resulten aplicables''.

Artículo 420

``Se sancionará con multa de mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 127, 142, 147, 149, 153, 198, 200, 204, 233, 241, 258, 265, 267, 304, 307, 308, 315, 341, 348, tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 350 bis 3, 373, 376 y 413 de esta Ley''.

Artículo 421

``Se sancionará con una multa equivalente de diez mil hasta quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis, 281, 289, 293, 298, 301, 306, 308 bis, 309, 309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer párrafo, 365, 367, 375, 400 y 411 de esta Ley''.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2004.--- Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Díaz Salazar.

Túrnese a la Comisión de Salud.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Antonia García Sanjinés: Con su venia, señora diputada.

Acción Nacional sostiene la necesidad de un Ejecutivo fuerte, pero no a costa de las facultades que la Constitución otorga al Congreso para la defensa del pueblo.

Luchamos por un Congreso donde no se confunda la colaboración con la sumisión, ni la independencia con oposición sectaria, por el recto ejercicio de las funciones de cada uno de los poderes, con el mutuo respeto que tienen obligación de guardar.

Las dos Cámaras deben asumir plena y responsablemente las obligaciones que la Constitución les señale, por esas razones proponemos fortalecer el Poder Legislativo a través de la creación de la Comisión Ordinaria de la Función Pública en la Cámara de Diputados.

El numeral 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

El numeral 2 del mismo artículo enumera las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

El numeral 3 nos dice, que las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio, conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, existe una gran laguna en las comisiones ordinarias que actualmente existen en esta honorable Asamblea, la de la función pública. Esta comisión tendría a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio y su competencia se correspondería con la Secretaría de la Función Pública.

El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contiene las atribuciones de esta Secretaría y en su fracción VI nos dice: ``Dirigir, organizar y operar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en los términos de la ley en la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcance de sus normas''.

Por lo tanto, la comisión que se propone, dictaminaría las iniciativas sobre la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El mismo artículo en su fracción VIII establece: ``Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisición, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal''.

Por lo anterior, esta comisión también dictaminaría sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

La fracción XVII de este mismo artículo nos dice: ``Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas. Aplicar las sanciones que corresponden en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, presentándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.

Por lo que la comisión que proponemos, tendría a su cargo el dictamen de las iniciativas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En la fracción XXV del mismo artículo podemos leer: ``Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere.''

En vista de lo anterior, esta misma comisión dictaminaría iniciativas sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto:

Artículo único. Se reforman las fracciones XVI a XXXVI y se adiciona la fracción XXXVI del numeral II del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Numeral II, fracción XVI: Función Pública.

Artículo Transitorio

Unico. La presente adición y modificación entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de esta honorable Cámara, presentamos a esta honorable asamblea la iniciativa de decreto que reforma las fracciones XVI a XXXVI y adiciona la fracción XXXVII al numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión de la Función Pública, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Acción Nacional sostiene la necesidad de un Ejecutivo fuerte, pero no a costa de las facultades que la Constitución otorga al Congreso para la defensa del pueblo. Luchamos por un Congreso donde no se confunda la colaboración con la sumisión, ni la independencia con oposición sectaria, por el recto ejercicio de las funciones de cada uno de los Poderes, con el mutuo respeto que tienen obligación de guardarse. Las dos cámaras deben asumir plena y responsablemente las obligaciones que la Constitución les señala.

Por estas razones proponemos fortalecer al Poder Legislativo a través de la creación de la comisión ordinaria de la Función Pública en la Cámara de Diputados.

El numeral primero del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ``las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales''.

El numeral segundo del mismo artículo enumera las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

El numeral tercero nos dice que: ``las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal''.

Sin embargo, existe una gran laguna en las comisiones ordinarias que actualmente existen en esta honorable asamblea: la de la Función Pública.

Esta comisión tendría a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio y su competencia se correspondería con la Secretaría de la Función Pública.

El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contiene las atribuciones de esta Secretaría y en su fracción VI bis nos dice: ``dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas''.

Por lo tanto la Comisión que se propone dictaminaría las iniciativas sobre la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El mismo artículo en su fracción VIII establece: ``Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal''.

Por lo anterior esta comisión también dictaminaría sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

La fracción XVII de este mismo artículo nos dice: ``Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida''

Por lo que la Comisión que proponemos tendría a su cargo el dictamen de las iniciativas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En la fracción XXV del mismo artículo podemos leer: ``formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere''

En vista de lo anterior esta misma comisión dictaminaría iniciativas sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea la iniciativa de decreto para adicionar una fracción que sería la XVI al numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Iniciativa de decreto que reforma las fracciones XVI a XXXVI y adiciona la fracción XXXVII al numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Único.- Se reforman las fracciones XVI a XXXVI y se adiciona la fracción XXXIX del numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39

1. ...

2. ...

I. a XV. ...

XVI. Función Pública;

XVII. Gobernación y Seguridad Pública;

XVIII. Hacienda y Crédito Público;

XIX. Justicia y Derechos Humanos;

XX. Juventud y Deporte;

XXI. Marina;

XXII. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXIII. Participación Ciudadana;

XXIV. Pesca;

XXV. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXVI. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXVII. Puntos Constitucionales;

XXVIII. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXIX. Recursos Hidráulicos;

XXX. Reforma Agraria;

XXXI. Relaciona Exteriores;

XXXII. Salud;

XXXIII. Seguridad Social;

XXXIV. Trabajo y Previsión Social;

XXXV. Transportes;

XXXVI. Turismo y

XXXVII. Vivienda

3. ...

Transitorio

Único. La presente adición y modificación entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. María Antonia García Sanjinés (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada María Antonia García.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra la diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 45 y 46 del Capítulo VIII, De las Reglas de Operación para Programas, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Con su permiso, diputada Presidenta.

Laura Martínez Rivera, en mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 70 y 71 de la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la iniciativa que modifica y adiciona a los artículos 45, fracciones I, II, III, IV, VI y 46 del Capítulo VIII, de las Reglas de Operación para Programas del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Exposición de Motivos

Los mexicanos que cruzan la frontera en busca de oportunidades que en su país no existen, llevan también la esperanza de regresar a la tierra que los vio nacer. Durante su estancia en el vecino país sus recuerdos los acercan a sus seres queridos, su tierra tan amada. Este sentimiento de cercanía los transforma, los unifica y los cohesiona para realizar esfuerzos de generosidad y solidaridad en la comunidad que dejaron atrás.

Así es el espíritu que animó a estos migrantes para participar aportando recursos financieros para obras de beneficio en sus comunidades de origen, a sabiendas que muchas de las veces estas obras sólo serían posibles con el impulso y la fuerza ciudadana de los migrantes y sus familias.

Es importante destacar la gran sensibilidad de los migrantes que aportan recursos para obras sociales, mexicanos sin resentimientos y que buscan a través de este programa cambiar el entorno de su comunidad, contribuir con sus aportaciones a elevar el bienestar de sus conciudadanos, a modificar con su ejemplo una cultura de desesperanza e indiferencia por una cultura social de generosidad y altruismo. Ellos hacen así el cambio real, no el del discurso demagógico y populista. Son estos mismos mexicanos que en el exterior se desprenden de una parte de sus recursos obtenidos con grandes sacrificios: dobles jornadas de trabajo; salarios por debajo de la ley, dejando en cada uno de sus empleos su fuerza y vitalidad, por ello es necesario expresar también que sus aportaciones monetarias a estas obras implican sacrificar otros rubros de su economía familiar.

Hacemos un reconocimiento a estos miles de mexicanos que organizados en clubes, federaciones y otras organizaciones, asimismo en lo individual, recuerdan a su patria haciendo desde el exterior esfuerzos en obras públicas de alto contenido social, a veces pequeñas, a veces medianas, pero todas estas obras resuelven necesidades cotidianas de gran impacto en el nivel de bienestar que los gobiernos han omitido realizar. Esas aportaciones se iniciaron hace mucho tiempo desde California, con un programa de los clubes zacatecanos llamados ``Uno por Uno'', destinados para obras de infraestructura carretera, mercados, clínicas de salud, escuelas, perforación de pozos, etcétera, que beneficiaron en su momento a este estado.

Fue tan importante este programa que los gobiernos federales lo incorporaron al presupuesto federal, ampliándose siempre por iniciativa de los migrantes al estado de Zacatecas, a otras entidades federativas.

Es tal el impacto del programa en la obra pública municipal, que llega a superar aquellas obras que se realizan con la asignación presupuestal convencional. Ahora el programa es ``Tres por Uno'', ya que participan los tres niveles de gobierno, además de que se han establecido reglas para la operación. Sin embargo, estas reglas han ido excluyendo y desapareciendo la participación de los migrantes en los órganos de decisión sobre las obras convirtiéndolos en simples aportantes.

Derivado de los foros realizados con los mexicanos en el exterior, ellos expresaron innumerables quejas sobre la actual operación y ejecución del Programa Tres por Uno, iniciativa ciudadana 2004, actualmente elevada a rango federal.

Las principales quejas fueron las siguientes:

Exclusión de los migrantes de la toma de decisiones de la asignación, ejecución, supervisión y entrega-recepción de la obra, porque de acuerdo a las reglas de operación para el Programa Tres por Uno de iniciativa ciudadana 2004 que creó el Comité de Validación Central, donde desaparece la participación de los migrantes; retraso en la liberación de los recursos federales asignados para la realización de la obra, afectando la integración del fondo establecido en las reglas de operación. Extrañamente se aplican primero las aportaciones de los migrantes, afectando la rapidez de la obra y prestándose a manipulación de los recursos.

Igualmente, los migrantes se quejaron de la mala calidad y poca funcionalidad de las obras, como fue el caso de un libramiento en Zacatecas, que por el mal diseño de la curva, ha provocado desde su inauguración en abril pasado, un sinnúmero de accidentes con pérdida de vidas.

Otra queja fue la ausencia de respuesta gubernamental a la solicitud de comunidades para la realización de obras consideradas de prioridad para los migrantes, porque como es ya sabido, la prioridad del Gobierno federal es electorera y no una prioridad social, como debiera de ser.

Por lo anterior, se ha realizado un minucioso análisis comparativo de las reglas de operación 2003 y 2004 para la aplicación del programa, encontrándose lo siguiente:

Desaparece el principio de fomento a los lazos de identidad de los connacionales radicados en el exterior con sus comunidades de origen, se omite el consenso de las comunidades como requisito para los criterios de selección de los proyectos.

Se acota la preferencia a los proyectos propuestos para los migrantes, por los migrantes, privilegiando las propuestas de la Sedesol, lo que le da una connotación autoritaria, centralista y algunas veces, si no es que muchas, electorera.

Eliminan el derecho a los migrantes a recibir información sobre el estado que guardan las gestiones en Sedesol, lo que va en contra de la transparencia y derecho a la información.

Cinco, en la operación se elimina el previo consenso de los habitantes de las comunidades para la presentación de proyectos y sus prioridades, lo que desalienta y desestimula las iniciativas ciudadanas de los migrantes para ayudar a sus familiares y connacionales.

En las reglas de operación, el Comité de Validación y Atención a Migrantes, dictaminaba la validación de los proyectos y en las reglas de operación 2004, es la delegación federal de Sedesol, quien valida los proyectos e informa de la viabilidad de los mismos, excluyendo la decisión a los migrantes.

La presente iniciativa pretende recobrar la presencia y decisión de los migrantes mexicanos que participarán en el Programa Tres por Uno, para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social en el 2005, darles el papel preponderante que exigen y a que tienen derecho en todas las fases de las obras que se generan a través de este programa; pensar en su capacidad de vigilantes de las obras que se realicen y que por su interés serán garantes del éxito de éstas.

Al reasumir esta participación de uno de los actores más importantes de este programa, estamos seguros de cumplir con algo que los migrantes esperan de nosotros los diputados, por lo que esta iniciativa va en dirección de garantizar la presencia permanente en todos los órganos de control y vigilancia de las obras de los migrantes a través de sus representantes.

Establece sanciones a los incumplimientos, asegurando la correcta aplicación de las reglas que para este objetivo se definen por las instancias facultadas.

En adición a lo anterior, la presente iniciativa también reconoce el alto espíritu de generosidad de los migrantes, su voluntad de fortalecer los vínculos con su país al modificar una realidad social tan lacerante que los hizo cruzar las fronteras y que sin embargo la quieren transformar en beneficios a sus familiares y a sus comunidades.

Por lo anterior es que presento a esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa:

Artículo único. Que modifica y adiciona a los artículos 45, fracciones I, II, III, IV y VI y 46 del Capítulo VIII de las Reglas de Operación para Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Para quedar como se establece en el documento que hago entrega a la Presidencia de la Mesa de esta honorable Cámara de Diputados.

En obvio de tiempo, omito la lectura y agradeceré el apoyo de los diputados que nos acompañan en esta sesión para la aprobación de esta iniciativa. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 45 y 46 del Capítulo VIII, ``De las Reglas de Operación para Programas'', del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo de la diputada Laura E. Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI

Diputada Laura E. Martínez Rivera, en mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente iniciativa que modifica y adiciona a los artículos 45, fracciones I, II, III, IV y VI y 46 del Capítulo VIII de las Reglas de Operación para Programas, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Exposición de Motivos

Los mexicanos que cruzan la frontera en busca de oportunidades, que en su país no existen, llevan también la esperanza de regresar a la tierra que los vio nacer. Durante su estancia en el vecino país sus recuerdos los acercan a sus seres queridos, su tierra tan amada, este sentimiento de cercanía lo transforma, los unifica y los cohesiona para realizar esfuerzos de generosidad y solidaridad en la comunidad que dejaron atrás. Así es el espíritu que animó a estos migrantes para participar aportando recursos financieros para obras de beneficio a sus comunidades de origen, a sabiendas que muchas de las veces estas obras sólo serían posibles con el impulso y la fuerza ciudadana de los migrantes y sus familiares.

Es importante destacar la gran sensibilidad de los migrantes que aportan recursos para obras sociales, mexicanos sin resentimientos y que buscan a través de este programa cambiar el entorno de su comunidad, contribuir con sus aportaciones a elevar el bienestar de sus conciudadanos, a modificar con su ejemplo una cultura de desesperanza e indiferencia por una cultura social de generosidad y altruismo, ellos hacen así el cambio real no el del discurso demagógico y populista.

Son estos mismos mexicanos en el exterior los que se desprenden de una parte de sus recursos obtenidos con grandes sacrificios, dobles jornadas de trabajo, salarios por debajo de la ley, dejando en cada uno de sus empleos su fuerza y vitalidad.

Por ello es necesario expresar también que sus aportaciones monetarias a estas obras implican sacrificar otros rubros de su economía familiar, hacemos un reconocimiento a estos miles de mexicanos, que organizados en clubes, federaciones, otras organizaciones y también en lo individual recuerdan a su Patria haciendo desde el exterior esfuerzos en obras públicas de alto contenido social, a veces pequeñas, a veces medianas, pero todas estas obras resuelven necesidades cotidianas de gran impacto en el nivel de bienestar, que los gobiernos han omitido realizar.

Estas aportaciones iniciaron hace mucho tiempo desde California, con un programa de los clubes Zacatecanos llamados 1 por 1, destinados para obras de infraestructura carretera, mercados, clínicas de salud, escuelas, perforación de pozos etcétera, que beneficiaron en su momento al estado de Zacatecas.

Fue tan importante este programa que los gobiernos federales lo incorporaron al presupuesto federal, ampliándose siempre por la iniciativa de los migrantes a otras entidades federativas.

Es tal el impacto del programa en la obra pública municipal, que llega a superar aquellas obras que se realizan con la asignación presupuestal convencional.

Ahora el Programa es 3 por 1 ya que participan los tres niveles de Gobierno: el federal, el estatal y el municipal, además que se han establecido reglas para la operación. Sin embargo estas reglas han ido excluyendo y desapareciendo la participación de los migrantes en los órganos de decisión sobre las obras convirtiéndolos en simples aportantes.

Derivado de los diversos foros realizados con los mexicanos en el exterior, ellos expresaron innumerables quejas sobre la actual operación y ejecución del Programa 3 x 1 Iniciativa Ciudadana 2004 actualmente elevada a rango federal.

Las principales quejas fueron las siguientes:

1. Exclusión de los migrantes de la toma de decisiones de la asignación, ejecución, supervisión y entrega recepción de la obra por que de acuerdo a las reglas de operación para el Programa 3 x 1 Iniciativa Ciudadana 2004 que creó el Comité de Validación Central donde desaparece la participación de los migrantes.

2. Retraso en la liberación de los recursos federales asignados para la realización de la obra, afectando la integración del fondo establecido en las reglas de operación

3. Extrañamente se aplican primero las aportaciones de los migrantes, afectando la rapidez de la obra y prestándose a la manipulación de los recursos.

4. Igualmente los migrantes se quejaron de la mala calidad y poca funcionalidad de las obras como fue el caso de un libramiento en Zacatecas que por el mal diseño de la curva ha provocado desde su inauguración en abril pasado un sinnúmero de accidentes con pérdida de vidas.

5. Otra queja fue la ausencia de respuesta gubernamental a la solicitud de las comunidades para la realización de obras consideradas de prioridad para los migrantes; porque como es ya sabido la prioridad del Gobierno Federal es electorera y no una prioridad social como debe de ser.

Por todo lo anterior se realizó un minucioso análisis comparativo de las reglas de operación 2003 y 2004 para la aplicación del Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 , encontrándose lo siguiente:

1. Desaparece el principio de fomento a las lazos de identidad de las connacionales radicados en el exterior con sus comunidades de origen.

2. Se omite el consenso de las comunidades como requisito para los criterios de selección de la proyectos.

3. Se acota la preferencia a los proyectos propuestos por los migrantes, privilegiando las propuestas de Sedesol lo que le da una connotación autoritaria, centralista y muchas veces electorera.

4. Eliminan el derecho de los migrantes a recibir información sobre el estado que guardan las gestiones ante Sedesol lo que va en contra de la transparencia y derecho a la información.

5. En la operación se elimina el previo consenso de los habitantes de las comunidades para la presentación de proyectos y sus prioridades, lo que desalienta y desestimula las iniciativas ciudadanas de los migrantes para ayudar a sus connacionales.

6. En las reglas de operación, el Comité de Validación y Atención a Migrantes dictaminaba la validación de los proyectos, y en las reglas de operación 2004 es la delegación federal de Sedesol quien valida los proyectos e informa de la viabilidad de los mismos, excluyendo de la decisión a los migrantes.

La presente iniciativa pretende recobrar la presencia y decisión de los migrantes mexicanos que participarán en el Programa 3 x 1 para Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social; darles el papel preponderante que exigen y a que tienen derecho en todas las fases de las obras que se generan a través de este programa. Pensar en su capacidad de vigilantes de las obras que se realizan y que por su interés serán garantes del éxito de éstas. Al reasumir esta participación de uno de los actores más importantes de este programa estamos seguros de cumplir con algo que los migrantes esperan de nosotros los diputados. Por lo que esta iniciativa va en dirección de garantizar la presencia permanente en todos los órganos de control y vigilancia de las obras de los migrantes a través de sus representantes, establece sanciones a los incumplimientos, asegurando la correcta aplicación de las reglas que para este objetivo se definen por las instancias facultadas.

En adición a lo anterior, la presente iniciativa también reconoce el alto espíritu de generosidad de los migrantes, su voluntad de fortalecer los vínculos con su país, al modificar una realidad social tan lacerante, que los hizo cruzar las fronteras y que sin embargo la quieren transformar en beneficios de sus familiares y de sus comunidades

Por lo anterior, es que presento ante esta H. Soberanía la siguiente iniciativa:

Artículo Único. que modifica y adiciona a los artículos 45 fracciones I, II, III, IV y VI, y 46 del Capítulo VIII De las Reglas de Operación para Programas, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 para quedar como sigue:

Capítulo VIII De las Reglas de Operación para Programas.

Artículo 45. Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos señalados en el Anexo 14 de este Decreto. El ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá seleccionar durante el ejercicio fiscal otros programas que por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación.

Los programas sujetos a reglas de operación deberán observar los siguientes:

Fracción I.

(Primer párrafo queda igual)

Las dependencias al elaborar los proyectos de reglas o modificaciones deberán observar las disposiciones de este Decreto, los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Publica, y aquellos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. A dichos criterios se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados desagregados por sexo y por grupo de edad, y la de garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres, jóvenes, hijos de migrantes, discapacitados, indígenas y grupos vulnerables a los beneficios de los programas. Además, las reglas de operación deberán propiciar la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y el desarrollo urbano y rural sustentables

(Tercer párrafo queda igual)

Se sancionará en caso de incumplimiento del término establecido a las autoridades responsables que van desde la amonestación hasta la inhabilitación del funcionario responsable en el servicio público.

En los programas comprendidos en el Anexo 14 de este Decreto, únicamente podrán exigirse los requisitos o disposiciones establecidos en sus reglas de operación autorizadas, incluyendo los de sus anexos de ejecución. Dichos requisitos o disposiciones, deberán coadyuvar al ágil y expedito ejercicio de los recursos.

Fracción II

(Primer párrafo queda igual)

Se sancionará en caso de incumplimiento del término establecido a las autoridades responsables, que van desde la amonestación hasta la inhabilitación del funcionario responsable en el servicio público.

Al Programa 3 por 1 para Migrantes, se deberá incorporar a los migrantes o a las organizaciones representativas de éstos, en todos los órganos que se creen para el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos, la asignación de las obras así como en las actas de entregas-recepción de éstas. Para garantizar la correcta aplicación de los recursos que provienen de los Migrantes, éstos deberán participar con voz y voto dentro de las comisiones o comités que se creen para estos programas. Así mismo se deberán entregar a los migrantes o a su representación los resultados de las evaluaciones que se realicen como obligación en este Programa.

Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar exclusivamente que el programa no se contraponga, afecte, o presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables.

Fracción III.

Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación o, en su caso, las modificaciones a las mismas, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen a que se refiere la fracción I de este artículo. En su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales, hacerlas públicas a través de los medios nacionales impresos y otros que garanticen el acceso de la población a esta información y en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a más tardar a los 10 días naturales posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen a que se refiere la fracción I de este artículo.

Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán ejercerse hasta que sus respectivas reglas de operación sean publicadas, a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores al inicio del ejercicio fiscal.

Las dependencias y entidades dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que sean publicadas las reglas de operación, deberán iniciar el ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados de acuerdo con la programación de los calendarios.

Se sancionará en caso de incumplimiento de los términos establecidos y de la publicación, a las autoridades responsables, que van desde la amonestación hasta la inhabilitación del funcionario responsable en el servicio público.

Los recursos correspondientes a programas incluidos en el Anexo 14 de este Decreto que continúan su operación en el presente ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus respectivas reglas vigentes hasta la emisión, en su caso, de nuevas reglas o modificaciones en los términos de este artículo.

Fracción IV.

Las dependencias, y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos de información:

Inciso a) queda igual

b) Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a mas tardar el 30 de septiembre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultado de los programas sobre bienestar, la equidad, la igualdad y la no-discriminación de las mujeres, jóvenes, hijos de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.

El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones académicas y de investigación u organizaciones especializadas de carácter nacional y públicas o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones emitidas por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus competencias.

Los resultados de las evaluaciones del Programa 3 por 1 para Migrantes, deberán entregarse a los migrantes participantes de manera oportuna para su estudio y aprobación y estar a disposición del público beneficiado.

Las dependencias y entidades, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios ejercicios fiscales.

El costo de la evaluación de resultados de los fondos de Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales será cubierto con cargo a los recursos de los mismos. La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la dependencia responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados.

En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no será necesario presentar la evaluación a que se refiere este inciso; en su caso, podrá presentarse una evaluación parcial en la medida que sea factible reportar resultados.

Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, sobre las instituciones que llevaran a cabo las evaluaciones, a más tardar el 30 de abril. Asimismo, deberán difundir dichas evaluaciones a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet.

Se sancionará en caso de incumplimiento de los términos establecidos y de la publicación a las autoridades responsables, que van desde la amonestación hasta la inhabilitación del funcionario responsable en el servicio publico;

Fracción V.

Queda como está.

Fracción VI.

Se agregan al final los siguientes párrafos:

Para el Programa 3 por 1 para Migrantes, en estos convenios deberá asegurarse de manera precisa la incorporación de los migrantes u organizaciones representativas en los órganos que se creen para el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos, la asignación de las obras así como en las actas de entregas-recepción de éstas. Para garantizar la correcta aplicación de los recursos que provienen de los Migrantes, éstos deberán participar con voz y voto dentro de las comisiones o comités que se creen para estos programas.

Se sancionará al responsable de enviar los informes sobre el ejercicio del presupuesto en caso de que incumpla esta obligación; que puede ser desde una amonestación hasta la inhabilitación en el servicio público, y

Fracción VII

Queda igual con todos sus incisos.

Artículo 46.-

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, o aquellas que entren en la propuesta del Programa 3 por 1 para Migrantes, y sean definidas de manera prioritaria por los migrantes o sus organizaciones representativas, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 considera la siguiente estructura:

I. Queda como está.

II. Queda como está.

(Los siguientes párrafos quedan igual, hasta el que dice:)

Cuando la Secretaría, la Función Pública o la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimientos a los convenios o acuerdos, o incumplimientos en la entrega oportuna de información relativa a avances y metas alcanzadas, la Secretaría de Desarrollo Social, después de escuchar la opinión del gobierno estatal, podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de los establecido en las disposiciones aplicables. Se deberá salvaguardar las inversiones de los migrantes en el caso del Programa 3x1 para Migrantes por arriba de cualquier dependencia o institución involucrada. Al mismo tiempo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados reasignará estos recursos hacia otros programas e inclusive podrá fincar responsabilidad jurídica por este hecho.

Para el control de los recursos que se asignen a los estados, la Función Pública convendrá con los gobiernos estatales, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables. En el caso del Programa 3 por 1 para Migrantes, se deberá incluir a los migrantes u organizaciones representantes, en la conveniencia de las obras.

Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de Desarrollo Social los avances de ejecución físicos y financieros. En el caso del Programa 3 por 1 para Migrantes, esta información deberá ser entregada a la representación de los migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre del año 2004.--- Dip. Laura E. Martínez Rivera (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra a continuación el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia del impuesto a los tabacos labrados.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante diputado.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco: Compañeras y compañeros legisladores:

Presento una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de impuesto a los tabacos labrados.

El consumo de tabaco es la segunda principal causa de muerte en todo el mundo y la primera causa de muerte prevenible en nuestro país. En la actualidad una de cada 10 personas que mueren en el mundo, lo hacen a consecuencia del tabaco.

En México cada año mueren 53 mil personas por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que equivale en promedio a 147 muertes diarias. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones de 2002, el 23.4 por ciento de la población mexicana, entre 12 y 65 años de edad fuman, lo que equivale a un poco más de 16 millones de habitantes.

Contrario a lo que ha ido sucediendo en los países desarrollados, el tabaquismo es un problema que ha ido aumentado con rapidez en los países subdesarrollados, en donde se encuentra el 84 por ciento de los fumadores, especialmente en los niños y jóvenes, al ir disminuyendo la edad promedio que las personas inician en este vicio.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica, progresiva y mortal, es antecedente de múltiples enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de cáncer. Pese a que los daños en la salud provocados por el tabaquismo son en su mayoría causa de fumar cigarros, el tabaco puede tener los mismos efectos cuando se consume en productos libres de humo o en puros.

Aunque los puros están limitados sólo a ciertos grupos sociales, no se debe de creer que son más sanos que los cigarros, sí existe diferencia entre los efectos de salud entre estos dos productos, ya que los fumadores de cigarros; por lo general inhalan y fuman menos que los que fuman los cigarros. Sin embargo, estudios en países europeos, muestran que las personas que fuman puros son 9 veces más propensas a desarrollar cáncer de pulmón que las personas que no fuman.

El tabaquismo incide en la riqueza nacional agravando la situación económica, tanto en las familias como del gobierno y de las instituciones de salud. Esto se da por el incremento en los costos de atención medica, así como porque mucha gente que fallece debido al tabaquismo, lo hace durante su etapa productiva, privando a las familias de las personas que son el sustento familiar y a la nación de su fuerza laboral, no sin dejar a un lado, que las personas enfermas a causa del tabaco, ven disminuida su productividad debido al progreso de su enfermedad.

Es una realidad que el tabaquismo está muy relacionado con la pobreza. Estudios demuestran que es la gente pobre la que más fuma, tanto en países desarrollados como no desarrollados y es la misma gente la que más carga con los efectos negativos del tabaquismo. Así las familias de escasos recursos desvían parte de su presupuesto, hasta el 10 por ciento en algunos países a la adquisición de un producto nocivo e innecesario como el tabaco.

En México cada año el Sistema Nacional de Salud gasta entre el 6 y el 12 por ciento de sus recursos para combatir las enfermedades causadas por el tabaco, lo que equivale alrededor de 30 mil millones de pesos o .5 por ciento del PIB. Por su parte la recaudación por impuestos en tabaco asciende a tan sólo 13 mil millones de pesos. Con esto podemos percatarnos que para el 2004, existirá un déficit en el sector de salud para atender dichas enfermedades por 16 mil millones de pesos.

La experiencia mundial ha demostrado que muchas personas pueden salvar sus vidas con un tratamiento efectivo contra la dependencia del tabaco. No obstante, la mayoría de la gente no tiene acceso a tal tratamiento, ya por falta de capacidad humana o institucional por parte de los gobiernos para poner el tratamiento a la mano de toda la ciudadanía.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Banco Mundial, el incremento en el precio de cigarros, es la herramienta más efectiva para inhibir su consumo. Estudios internacionales demuestran que el incremento en el precio de los cigarros ayuda a disminuir su demanda, esto se puede apreciar con claridad en los casos de Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, donde en los primeros dos, ha disminuido el consumo a medida que han aumentado los precios y en el último se han incrementando el consumo, al irse reduciendo los precios.

Los efectos del incremento en los precios es más impactante entre los jóvenes y niños, así como en las personas de más escasos recursos. Esto es positivo, ya que con precios más elevados los jóvenes que fuman, dejarán de hacerlo y los próximos a fumar desistirán, disminuyendo así el número de fumadores potenciales y las futuras muertes causadas por el tabaco.

También precios más altos traerán efectos positivos en las personas más pobres, ya que son éstos, quienes tienden a fumar más y al no contar con los recursos suficientes para ser tratados en caso de enfermedad, es mucho más probable que mueran prematuramente o que dejen de fumar por los precios elevados.

Por todas las razones antes mencionadas, proponemos un aumento del IEPS que se cobre a los cigarros con y sin filtro, así como para los puros y otros tabacos labrados, a efecto de contar con mayores recursos y así proporcionar una mayor y mejor atención a la población afectada por el tabaco se inhiba su consumo, especialmente entre jóvenes y personas de escasos recursos y se cuente con una fuente específica de recursos al ser los mismos fumadores los que aporten, ya que ellos son los causantes de dichas enfermedades con sus gastos correspondientes.

Los principales objetivos que se pretende alcanzar con esta reforma son el financiamiento por parte de los mismos fumadores de los gastos de salud generados por el consumo de tabaco, reducir el consumo y el hábito de fumar, especialmente en menores de edad y orientar de manera más eficaz el gasto de las personas a rubros específicos.

Pese a que una política fiscal que incremente el precio de tabacos labrados a través de mayores impuestos ha provocado en múltiples ocasiones el temor de los gobiernos por una reducción en los recursos fiscales o por un aumento exagerado en el contrabando, tal como las empresas tabacaleras han aseverado infinidad de veces, no obstante estudios en países de altos ingresos han demostrado que aumento en los impuestos a tabaco, incrementa en el mediano plazo los ingresos estatales y reducen el consumo de tabaco incluso cuando se presentan altos niveles de contrabando.

Un modelo desarrollado por el Banco Mundial en 1999, encontró que por cada incremento del 10 por ciento en los tabacos se genera un 7 por ciento de recursos extras estatales con variaciones entre países.

Muchas son las razones por la existencia del contrabando de tabacos labrados, especialmente en cigarros. Pese a que la industria tabacalera afirma que el alto nivel de impuestos sobre sus productos es lo que la causa, el móvil principal para el contrabando no es la diferencia de impuestos entre países o regiones, sino en el hecho de pagar o no el impuesto.

Así también, análisis han demostrado que factores como la tolerancia pública, una cultura de venta en las calles, el nivel de corrupción nacional y la complicidad de la industria del tabaco, influyen más en el nivel de contrabando que los impuestos per se. De acuerdo al Banco Mundial, la industria tabacalera por sí misma, se beneficia de la existencia del contrabando en distintas formas.

El contrabando estimula el consumo tanto directo a través de cigarros baratos en las calles, como indirecto, presionando a mantener o bajar los impuestos a los cigarros en los gobiernos. También la amenaza del contrabando en cigarros mayoritariamente, se puede utilizar para evitar barreras comerciales o para evitar forzar a abrir los mercados.

Desde 1997 se han venido dando una serie de demandas e investigaciones oficiales en todo el mundo, en las cuales se acusa a la industria tabacalera de proveer cigarros de contrabando o estar conscientes del destino ilegal de su producto. Países como Canadá, Ecuador, Honduras y Belice y la Unión Europea, han demandado a las principales compañías internacionales de tabaco por contrabando.

Otro de los grandes argumentos en contra de un incremento de los impuestos al tabaco, es que la disminución de la demanda trae consigo una reducción de la producción del tabaco dañando económicamente a las familias campesinas que viven de su producción.

Tal es el caso de muchos campesinos que viven en Nayarit, principal productor de tabaco en México; sin embargo, no sólo el inhalar tabaco produce daños a la salud, sino el trabajar con la planta merma la salud de las personas, ya que la nicotina es absorbida a través de la piel en el momento de cosechar, produciendo la enfermedad conocida en inglés como la enfermedad del tabaco verde.

Los trabajadores jóvenes tienen más riesgos de contraer esta enfermedad por su mayor exposición al tabaco; esto significa que la presencia de una enfermedad verde del tabaco es mayor en países subdesarrollados como México, ya que los niños tienen un papel importante en la cosecha y procesamiento del tabaco.

La propuesta presentada consiste en reformar el artículo 2º de la Ley de Impuesto Sobre la Producción y Servicios en su inciso C) fracción I, para aumentar a un 300 por ciento los cigarros con y sin filtro el impuesto y a un 100 por ciento los puros y tabacos labrados. El impuesto se aplicará a todos los tabacos labrados sin importar su origen nacional o importado, marca, tamaño o precio.

El aumento sería gradual, por lo que también se propone la inclusión de un artículo transitorio en donde se establezca que para el ejercicio fiscal del 2005, los cigarros con y sin filtro pagarán 110 por ciento o del IEPS y los puros y tabacos labrados 20.9 por ciento del IEPS.

A partir de 2006 empezará el aumento gradual para llegar a 300 y 100 por ciento en el 2009, manteniéndose esta tasa hasta el año 2010. Los recursos obtenidos por este impuesto estarían destinados a fines específicos como son el tratamiento de enfermedades causadas por consumo del tabaco; campañas de prevención del uso de sustancias nocivas a la salud y programas contra el contrabando y falsificación de cigarros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento esta iniciativa de decreto que reforma la ley del IEPS, y por obviedad del tiempo, le pido a la Presidencia la turne a la Comisión de Hacienda para que pueda ser discutida. Muchas gracias, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de impuesto a los tabacos labrados, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de impuesto a los tabacos labrados, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El consumo de tabaco es la segunda principal causa de muerte en todo el mundo y la primer causa de muerte previsible en nuestro país. En la actualidad, 1 de cada 10 personas que mueren en el mundo, lo hace como consecuencia del tabaco; y se espera que para el 2030 esta proporción cambie a 1 de cada 6 muertes. Anualmente se presentan en el mundo 5 millones de defunciones a causa del tabaquismo y de continuar la tendencia, se estima que en el 2025 serán 10 millones el número de muertes. En México cada año mueren 53,000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que equivale en promedio a 147 muertes diarias (Ver Anexo 1).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) del 2002, el 23.47% de la población mexicana entre 12 y 65 años de edad fuma (26% de la urbana y 14% de la rural), lo que equivale a poco más de 16 millones de habitantes, siendo poco más de un millón adolescentes entre 12 y 17 años. Además, dentro de la población urbana, cerca de 14 millones de la población está expuesta al humo del tabaco involuntariamente.

Contrario a lo que ha ido sucediendo en los países desarrollados, el tabaquismo es un problema que ha ido aumentando con rapidez en los países subdesarrollados (en donde se encuentra el 84% de los fumadores) especialmente en los niños y jóvenes, al ir disminuyendo la edad promedio en que las personas se inician en este vicio. México no es inmune a esta tendencia, en donde la edad promedio de inicio disminuyó de 21 años para la gente que nació en los años 30's y 40's, a la edad de 13 años para las personas que nacieron a partir de los 80's (Ver Anexo 2). Esto es realmente preocupante, ya que aumenta la probabilidad de convertirse en una adicción de por vida y provocar muerte prematura.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica, progresiva y mortal. Es antecedente de múltiples enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de cáncer. Afecta de igual manera a los fumadores involuntarios ya que también están expuestos a los mismos agentes tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, provocándoles cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Las personas fumadoras incrementan de 5 a 10 veces el riesgo de contraer cáncer del pulmón; tan sólo en México el 85% de las muertes por esta enfermedad se deben al tabaco. Los hombres que fuman, aumentan 27 veces la posibilidad de tener cáncer oral y 12 veces cáncer de laringe en comparación a aquellos que no lo hacen. Fumar causa el 30% del cáncer de páncreas y dobla el riesgo de contraer cáncer de colon. En el mundo occidental el tabaquismo es la principal causa de cáncer de vejiga, siendo 2 o 3 veces más probable que lo contraigan, que aquellos que no fuman. La mortandad por problemas cardiovasculares es dos veces mayor entre los fumadores y éstos tienen 45% más probabilidad de sufrir bronquitis crónica o enfisema que aquellas personas abstemias. Además, fumar incrementa la probabilidad de tener osteoporosis y es responsable de una de cada 8 fracturas de cadera.1

El riesgo de aborto, parto prematuro y sangrados aumenta en gran proporción en las mujeres embarazadas que fuman o están expuestas al humo del tabaco. Así también, afecta el crecimiento del bebé, provoca menor peso al nacer e incrementa el riesgo de fallecimiento por muerte súbita.

En los últimos años el porcentaje de mujeres que fuman se ha incrementado. En México, mientras en 1998 había cuatro fumadores varones por cada mujer, en el 2002 esta relación bajó a 2.5 varones por una mujer.2 Estos son datos alarmantes ya que las mujeres que fuman tienen mayores posibilidades de contraer ciertos tipos de cáncer que las que no fuman. Tal son los casos de cáncer de mama y cérvico uterino.

Esto ha incidido negativamente dentro del hogar, ya que los niños con padres fumadores se ven expuestos al aire contaminado por el humo el tabaco y por lo cual, son más propensos a enfermedades respiratorias y del oído, al asma, la bronquitis y la neumonía, además de contribuir a problemas cardiovasculares durante la edad adulta.

Pese a que los daños en la salud provocados por el tabaquismo son en su mayoría a causa de fumar cigarros, el tabaco puede tener los mismos efectos cuando se consume en productos libres de humo o en puros. Aunque los puros están limitados sólo a ciertos grupos sociales, no se debe creer que son más sanos que los cigarros. Sí existe diferencia en los efectos a la salud entre estos dos productos, ya que los fumadores de cigarros por lo general inhalan y fuman menos que los que fuman cigarros. Sin embargo, estudios en países europeos muestran que las personas que fuman puros son 9 veces más propensos a desarrollar cáncer de pulmón, que las personas que no fuman.

El tabaquismo incide en la riqueza nacional, agravando la situación económica tanto de las familias como del gobierno y de las instituciones de salud. Esto se da por el incremento en los costos de atención médica; así como porque mucha gente que fallece debido al tabaquismo, lo hace durante su etapa productiva, privando a las familias de las personas que son el sustento familiar y a la nación de su fuerza laboral. No sin dejar a un lado que las personas enfermas a causa del tabaco ven disminuida su productividad, debido al progreso de su enfermedad.

Es una realidad que el tabaquismo está muy relacionado con la pobreza. Estudios demuestran que es la gente pobre la que más fuma, tanto en países desarrollados como no desarrollados, y es la misma gente pobre la que más carga con los efectos negativos del tabaquismo. Así, las familias de escasos recursos desvían parte de su presupuesto (hasta el 10% en algunos países de bajos ingresos) a la adquisición de un producto nocivo e innecesario como es el tabaco y al tratamiento de las enfermedades que este causa; en lugar de utilizarlos en rubros realmente benéficos como son la alimentación, la educación y la salud.

En México cada año el Sistema Nacional de Salud gasta entre el 6 y 12% de sus recursos para combatir las enfermedades causadas por el tabaco, lo que equivale a alrededor de 29 mil millones de pesos (mdp) o 0.5% del PIB.3 Por su parte, la recaudación por impuestos en tabaco asciende sólo a 13,0004 mdp aproximadamente. Con esto podemos percatarnos que para el 2004 existirá un déficit en el sector salud para atender dichas enfermedades por 16 mil mdp. Aunado a esto, no hay que dejar de lado que el sector salud no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer todas las demandas de la población tanto en salud preventiva como curativa, equipo, instalaciones, etc. y sin embargo, tiene que destinar buena parte de sus recursos a atender las enfermedades ocasionadas por tabaquismo, los cuales son sufragados por todos los ciudadanos y no sólo las personas que fuman.

El derecho a la Salud es una garantía individual de toda persona reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la Salud. El Gobierno cumple con esta obligación a través de la Secretaría de Salud y las instituciones de Seguridad Social, las cuales llevan a cabo programas para la prevención, control y tratamiento de la adicción al tabaco.

La experiencia mundial ha demostrado que muchas personas pueden salvar sus vidas con un tratamiento efectivo contra la dependencia del tabaco. No obstante la mayoría de la gente no tiene acceso a tal tratamiento, ya por falta de capacidad humana o institucional por parte de los gobiernos, para poner el tratamiento a la mano de toda la ciudadanía.

Es menester que nuestro gobierno invierta en la expansión del tratamiento con métodos que han demostrado ser efectivos para dejar de fumar. Sin embargo, la saturación del uso y el costo de los servicios de salud para atender las enfermedades ocasionadas por fumar, así como la realización de las acciones anti-tabáquicas implican grandes costos que no pueden ser financiados en su totalidad por el IEPS recaudado en tabaco, surgiendo así un déficit presupuestario que tanto el Sistema Nacional de Salud como el general de la población tienen que sufragar, en detrimento de otros programas con carácter de urgentes y necesarios para mejorar la salud de las personas.

Ahora bien, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Banco Mundial, el incremento en el precio de los cigarros es la herramienta más efectiva para inhibir su consumo. Estudios internacionales demuestran que el incremento en el precio de los cigarros ayuda a disminuir su demanda. Esto se puede apreciar con claridad en los casos de Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica; donde en los dos primeros ha disminuido el consumo a medida que han aumentado los precios, y en el último se ha incrementado el consumo al irse reduciendo los precios (Ver Anexos 3 y 4).

Los efectos del incremento en los precios es más impactante entre los jóvenes y niños, así como en las personas de más escasos recursos. Esto es positivo ya que con precios más elevados los jóvenes que fuman dejarán de hacerlo y los próximos a fumar desistirán, disminuyendo así el número de fumadores potenciales y las futuras muertes causadas por el tabaco. También, precios más altos traerán efectos positivos en las personas pobres, ya que son éstos quienes tienden a fumar más, y al no contar con los recursos suficientes para ser tratados en caso de enfermedad, es mucho más probable que mueran prematuramente.

Por todas las razones antes mencionadas, se propone un aumento del IEPS que se cobra a los cigarros con y sin filtro, así como a los puros y otros tabacos labrados, a efecto de contar con mayores recursos y así proporcionar una mayor y mejor atención a la población afectada por el tabaco; se inhiba su consumo, especialmente entre jóvenes y personas de escasos recursos; y se cuente con una fuente específica de recursos, al ser los mismos fumadores quienes los aporten, ya que son ellos los causantes de dichas enfermedades con sus gastos correspondientes.

Los principales objetivos que se pretende alcanzar con dicha reforma son:

El financiamiento por parte de los mismos fumadores, de los gastos de salud generados por el consumo del tabaco, tanto en fumadores activos como pasivos.

Reducir el consumo y el hábito de fumar, especialmente en menores de edad.

Orientar de manera más eficaz el gasto de las personas a rubros benéficos.

Pese a que una política fiscal que incremente el precio de los tabacos labrados a través de mayores impuestos ha provocado en múltiples ocasiones el temor de los gobiernos por una reducción en los recursos fiscales recaudados o por un aumento exagerado en el contrabando, tal como las empresas tabacaleras han aseverado infinidad de veces. No obstante, estudios en países de altos ingresos han demostrado que aumentos en los impuestos al tabaco incrementan en el mediano plazo los ingresos estatales y reducen el consumo del tabaco, incluso cuando se presentan altos niveles de contrabando. Un modelo desarrollado para el estudio del Banco Mundial de 1999 encontró que un incremento de 10% en los impuestos al tabaco en el mundo, genera 7% de recursos extras estatales, con variaciones entre países.5

Muchas son las razones para la existencia del contrabando de tabacos labrados, especialmente en cigarros. Pese a que la industria tabacalera afirma que el alto nivel de impuestos (precios elevados) sobre sus productos es lo que lo causa; el móvil principal para el contrabando no es el diferencial de impuestos entre países o regiones, sino el hecho de pagar o no, el impuesto. Reducir o no aumentar los impuestos al tabaco no resolverán el problema del contrabando. De hecho hasta recientemente, en Europa, los mayores niveles de contrabando se encontraban en países con niveles bajos de impuestos, como España e Italia.

Así también, análisis han demostrado que factores como la tolerancia pública, una cultura de venta en las calles, el nivel de corrupción nacional y la complicidad de la industria del tabaco, influyen más en el nivel de contrabando que los impuestos per se.

De hecho y de acuerdo al Banco Mundial, la industria tabacalera por sí misma se beneficia de la existencia del contrabando en distintas formas: el contrabando estimula el consumo tanto directo a través de cigarros baratos en las calles, como indirectos presionando a mantener o bajar los impuestos a los cigarros. También, la amenaza de contrabando en cigarros mayoritariamente, se puede utilizar para evitar barreras comerciales o para forzar a abrir los mercados.

Desde 1997 se han venido dando una serie de demandas e investigaciones oficiales en todo el mundo, en los cuales se acusa a la industria de proveer los cigarros de contrabando o de estar concientes del destino ilegal de sus productos. Países como Canadá, Ecuador, Honduras y Belice y la Unión Europea han demandado a las principales compañías internacionales de tabaco por contrabando.

En el caso reciente del acuerdo al que llegaron la Unión Europea y la empresa Phillip Morris, en el cual ésta accede a pagar infracciones muy altas si cigarros de sus marcas son contrabandeados adentro de la Unión Europea; la empresa reconoce de manera implícita que organiza contrabando y que es capaz de detenerlo.

Con el fin de combatir el contrabando, muchas son las acciones que se pueden llevar a cabo tanto a nivel internacional, como nacional y regional. A nivel nacional es menester concienciar a la ciudadanía de los efectos negativos del contrabando, poner distintivos en las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados para distinguir fácilmente los productos legales de los ilegales, así como imponer condenas más severas por contrabando y falsificación. Por esta razón, es que se propone destinar un porcentaje de los recursos obtenidos con el incremento del IEPS para apoyar y reforzar la lucha del gobierno en contra del contrabando.

Otro de los grandes argumentos en contra de un incremento de los impuestos al tabaco, es que la disminución de la demanda trae consigo una reducción en la producción del tabaco, dañando económicamente a las familias campesinas que viven de su producción; tal es el caso de los muchos campesinos que viven en Nayarit, principal productor de tabaco en México.

Sin embargo, no sólo el inhalar tabaco produce daños a la salud, sino que el trabajar con la planta merma la salud de las personas; ya que la nicotina es absorbida a través de la piel al momento de cosechar, produciendo la enfermedad conocida en inglés como la enfermedad del tabaco verde. Algunos de sus síntomas son debilidad, nauseas, vómito, mareos, cólicos, temperatura anormal, diarrea, cambios en la presión sanguínea y dificultad para respirar.

Los trabajadores jóvenes tienen más riesgos de contraer esta enfermedad, por su mayor exposición al tabaco. Esto significa que la presencia de la enfermedad verde del tabaco es mayor en países subdesarrollados, como México, ya que los niños tienen un papel importante en la cosecha y procesamiento del tabaco.

La propuesta presentada consiste en reformar el inciso C) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para aumentar un 300% sobre los cigarros con y sin filtro y un 100% sobre puros y tabacos labrados. El impuesto se aplicaría a todos los tabacos labrados, sin importar su origen (nacional o importado), marca, tamaño o precio.

El aumento sería gradual, por lo que también se propone la inclusión de un artículo transitorio en donde se establezca que para el ejercicio fiscal del 2005 los cigarros con y sin filtro pagarán 110% de IEPS, y los puros y tabacos labrados 20.9%6. Para el ejercicio fiscal del 2006 la tasa del IEPS a cigarros y puros y tabacos labrados aumentará a 157% y 39%, respectivamente; y de ahí en adelante aumentará gradualmente en cada ejercicio fiscal hasta llegar a 300% y 100% en el 2009, manteniéndose esta tasa en el 2010.

Los recursos obtenidos por este impuesto, estarían destinados a fines específicos como son el tratamiento de las enfermedades causadas por consumo de tabaco, campañas de prevención del uso de sustancias nocivas a la salud y programas contra el contrabando y falsificación de cigarros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de impuesto a los tabacos labrados.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el inciso C) de la fracción I del artículo 2 para quedar redactado en lo sucesivo de la siguiente manera:

Artículo 2°.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicaran las tasas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:A) ...1 ...

2 ...

3 ...

B) ...

C) Tabacos labrados:

1. Cigarros 300%

2. Puros y otros tabacos labrados 100%

Los recursos que se obtengan por concepto de este inciso se procurarán destinar a los siguientes programas:

1. Prevención, tratamiento y control de las enfermedades causadas por el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco y otras sustancias nocivas a la salud;

2. Programas contra el contrabando y falsificación de tabacos labrados;

3. Apoyo a jornaleros agrícolas a través de programas sectoriales dirigidos a mejorar el campo, y

4. Estudios e investigación a través de programas sectoriales sobre los daños causados por el tabaquismo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Con relación con las modificaciones a que se refiere el artículo 2° de este decreto, se estará a lo siguiente:

I. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

II. Para los efectos de los incisos A) y B) de la fracción I del artículo 2° de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 1o. de enero del 2002, se mantiene la tabla aplicable para el ejercicio fiscal del 2005 y se agrega la de los ejercicios fiscales a partir del 2006, quedando como sigue:

A) CIGARROS CON O SIN FILTRO: AÑO TASA

2005 110%

2006 140%

2007 170%

2008 200%

2009 230%

2010 260%

2011 290%

2012 300%

Para los efectos de esta fracción, se consideran cigarros sin filtro los populares elaborados con tabacos obscuros con tamaño máximo de 77 milímetros de longitud.

III. Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 2 del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, durante los ejercicios fiscales del 2006 en adelante, en lugar de aplicar las tasas previstas en dicho inciso para los puros y otros tabacos labrados, se estará a lo siguiente:PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS: AÑO TASA

2005 20.9%

2006 35%

2007 50%

2008 75%

2009 90%

2010 100%

2011 100%

2012 100%

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto.

Dip. Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica).»

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/tobacco/about/en/

2 Encuesta Nacional de Adicciones 1988 y 2002.

3 Secretaría de Salud. Jha P. Y Chaloupka F. Eds. 2000. CGPE 2004.

4 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004.

5 Banco Mundial. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. Washington, D.C. 1999.

6 Con el objetivo de respetar lo establecido por la LVIII Legislatura en lo referente al IEPS en tabacos labrados.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli:

Muchas gracias, diputado Miguel Angel Toscano.

Ha llegado a esta Presidencia, la solicitud de la diputada Laura Martínez Rivera, quien presentara la iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 45 y 46 de las Reglas de Operación para los programas del proyecto de Presupuesto de Egresos, que sea incluido íntegro en el Diario de Debates el texto que ella nos deja.

Al igual, solicito que el texto del diputado Miguel Angel Toscano se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

Activen el sonido en la curul de la diputada Díaz Salazar.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde su curul): Gracias, señora Presidenta. Respetuosamente solicito a la Mesa Directiva que la iniciativa que presentó el diputado Toscano, también pudiera pasar a la Comisión de Salud, ya que referente a estos impuestos del tabaco, hay uno que va al fondo de gastos catastróficos para atender las enfermedades consecuentes al tabaquismo.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto lo turnamos a la Comisión de Salud para que nos dé su opinión. Gracias.

Se encuentran con nosotros aquí en el pleno, estudiantes de la escuela del municipio de Ocoyoacac, estado de México, y también estudiantes de la Universidad de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos.

Me informan también, y sean bienvenidos, que están con nosotros de la preparatoria Solidaridad y Bienestar Social. Bienvenidos sean ustedes.

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ARTICULOS 27 Y 115 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ahora, tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señora Presidenta.

El fenómeno de la globalización posee múltiples formas de expresión, la mayor parte de las cuales condicionan al actual crecimiento de la sociedad urbanizada y a su vez, la configuración de nuevas formas de la sociedad urbana.

En este marco de cambios, dos grandes transiciones continúan en pleno avance. Primero, la transición de la pobreza marcada por el tránsito, desde lo rural y por su acumulación en torno a los ámbitos urbanos. Segundo, la transición de la riqueza o de cambios de modelo de crecimiento económico desde el modelo industrial al posindustrial.

Esta fuerte pérdida de vínculos con el territorial y con los ámbitos relacionados entre personas, han puesto en crisis muchos de los valores sociales sobre los cuales se ha sustentado gran parte del control social en las decisiones que afectan los bienes públicos y la distribución del poder con la sociedad.

De acuerdo con las conclusiones del Foro Internacional sobre la Gestión del Desarrollo Urbano Sostenible en América Latina, los gobiernos locales poseen, a raíz de su estrecho contacto con quienes demandan soluciones ante esta crisis social, el desafío de pensar y estimular procesos que permitan acelerar la construcción de nuevos sistemas de valores y de sus expresiones de nuevos patrones de comportamientos en las tomas de decisiones en los ámbitos individuales y colectivos.

La solidaridad, la corresponsabilidad, la actitud de reflexión permanente, junto a la sociedad civil organizada, así como la utilización del conocimiento social técnicamente válidos, se reconocen como claros referentes en esta construcción de vínculos sociales necesarios para avanzar hacia una gobernabilidad local socialmente incluyente y sociable.

El espacio urbano se ha transformado en el espacio de las más importantes tensiones sociales que se desarrollan en América Latina. De esta forma, el desarrollo urbano sostenible emerge desde la visión de los gobiernos como un principio de acción dirigido a la protección de bienes estratégicos para el desarrollo local, nacional y global.

Asimismo, participa con intensidad en la demanda de las movilizaciones sociales que reclaman políticas de gestión ambiental durables en términos político-administrativos, financieros y de eficiencia.

La visión técnica y la voz ciudadana convergen en la generosidad de las corrientes de las demandas de mayor coordinación intergubernamental, intersectorial en las tareas de diseño y de ejecución de política de gestión ambiental a nivel urbano.

Los gobiernos encargados de la gestión de desarrollo a nivel urbano han comenzado a enseñar modelos de integración de esta diversidad de perspectivas en el fin último de legislar sus procesos de tomar decisiones y planificaciones y su asignación de recursos.

A esta necesaria integración de perspectivas se reconoce la necesidad de nuevas capacidades e instrumentos para que se colabore en el establecimiento y la gestión de un diálogo social a nivel local.

La incorporación a la noción de desarrollo sustentable a la gestión urbana implica impulsar un proceso de cambio en el cual el empleo de los recursos, la gestión de la inversión, la orientación de desarrollo tecnológico y la transformación institucional de la política económica social se realicen de tal modo que permitan satisfacer necesidades del presente, sin hipotecar el potencial para futuras generaciones.

El desarrollo urbano sustentable debe tener como misión el fomentar un gobierno participativo y solidario porque su responsabilidad y funciones sólo se justifican en la medida que se satisfagan en eficiencia las necesidades de las personas. Ofrecer servicios públicos de calidad, equitativos y viables; esto es y debe de ser de justicia, ya que la ciudadanía paga impuestos para recibirlos y de ellos depende, en mucho, su nivel de salud, de seguridad y de bienestar.

Promover el desarrollo equitativo y sustentable, ya que el acelerado proceso de urbanización supone encontrar soluciones reales y duraderas a diversos problemas sociales y ambientales.

Aquí la tarea consiste en armonizar una gran diversidad de elementos y promover un desarrollo integral, es decir, un desarrollo en donde el crecimiento y la viabilidad social no se contrapongan. Es por esto crear un gobierno eficaz y menos costoso, es decir, responder a los intereses de la colectividad con una nueva cultura de responsabilidad y de servicios, de asumir el gobierno compromisos, de impulsar una administración eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos.

Cualquier tipo de acción dirigida a mantener o a mejorar la calidad de vida en nuestro territorio es pues una responsabilidad compartida entre sociedad y Gobierno. Es por eso que la planeación urbana participativa es un proceso de interacción entre sociedad y Gobierno dirigido a establecer las líneas de acción a seguir sobre una problemática eficiente a nuestro territorio, en donde ambas partes tienen que actuar buscando la identificación de problemáticas, las bases de la concentración de intereses, el diseño general de las propuestas y la forma de ponerlas en práctica, teniendo siempre como referente la viabilidad financiera de las propuestas, la disponibilidad de los recursos, el marco jurídico vigente y las políticas públicas de desarrollo.

Muchos de los objetivos de desarrollo sustentable tal vez parezcan estar en conflicto entre ellos en el corto plazo. Por ejemplo, el crecimiento industrial puede estar en conflicto con la preservación de los recursos naturales a largo plazo; sin embargo, el uso responsable de los recursos naturales en la actualidad ayudará a asegurar que se cuente con recursos para el crecimiento industrial dentro de muchos años.

El estudio de este rompecabezas plantea varias preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿puede cumplirse con el objetivo económico a largo plazo del crecimiento agrícola si no se cumple el objetivo ecológico de preservar la biodiversidad?

Segundo. ¿Qué pasa con el medio ambiente en el largo plazo si un gran número de personas no pueden satisfacer actualmente sus necesidades domésticas básicas?

Por lo anterior, y en razón del tiempo, propongo a esta soberanía la presente iniciativa de reforma.

Artículo único. Que reforma y adiciona la fracción XXI del artículo 27 y modifica el último párrafo de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27, fracción XXI. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo urbano sustentable con el propósito de fomentar mediante una planeación democrática y de calidad, el crecimiento equilibrado, sustentable y equitativo, a los municipios. Este crecimiento deberá considerar el uso adecuado de los recursos, la protección del medio ambiente, el crecimiento ordenado de las grandes metrópolis, la reducción del espacio de las grandes ciudades, la calidad de los servicios públicos y la distribución de los beneficios de la economía nacional, donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional estén en equilibrio aumentando el potencial, actuando hacia el futuro para atender las necesidades y aspiraciones humanas; optimizar los beneficios económicos y sociales disponibles en el presente, sin poner en peligro el probable potencial en beneficios similares en el futuro, asegurando la armonía entre el desa-rrollo rural y el desarrollo urbano.

Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma del gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como bases sus divisiones territoriales, sus organizaciones políticas, administrativas del municipio libre conforme a las siguientes bases:

Fracción del I al IV queda igual.

Fracción V. Los municipios en términos de la Ley Federal Estatal relativa estarán facultados para, en lo conducente y en la conformidad de los siguientes fines señalados en el párrafo tercero de la fracción XXI del artículo 27 de la Constitución, expedirá el reglamento y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

Transitorio. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con lo que establecen los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-C, XXIX-D, XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 55, fracción II, 56, 57, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, el de la voz, diputado Omar Bazan Flores, propone a esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XXI al artículo 27 y modifica el ultimo párrafo de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El fenómeno de la globalización posee múltiples formas de expresión, la mayor parte de las cuales condicionan el actual crecimiento de la sociedad urbanizada y a su vez, la configuración de una nueva forma de sociedad urbana. En ese marco de cambios, dos grandes transiciones continúan en pleno avance:

I. La transición de la pobreza, marcada por el tránsito desde lo rural y por su acumulación en torno a los ámbitos urbanos.

II. La transición de la riqueza o de cambio de modelo de crecimiento económico desde el modelo industrial al post-industrial.

Esta fuerte pérdida de vínculos con lo territorial y con los ámbitos de relacionamiento entre personas, han puesto en crisis mucho de los valores sociales sobre los cuales se ha sustentado gran parte del control social en las decisiones que afectan los bienes públicos y la distribución del poder en la sociedad.

De acuerdo con las conclusiones del Foro Internacional sobre Gestión del Desarrollo Urbano Sostenible en América Latina.

Los gobiernos locales poseen, a raíz de su estrecho contacto con quienes demandan soluciones ante esta crisis social, el desafió de pensar y estimular procesos que permitan acelerar la construcción de nuevos sistemas de valores y su expresión en nuevos patrones de comportamiento en la toma de decisiones en el ámbito individual o colectivo. La solidaridad, la corresponsabilidad, la actitud de reflexión permanente junto a la sociedad civil organizada, así como la utilización de conocimiento social y técnicamente validados, se reconocen como claros referentes en esta construcción de vínculos sociales necesarios para avanzar hacia una gobernabilidad local socialmente incluyente y sostenible.

El espacio urbano se ha transformado en el espacio de las más importante tensiones sociales que se desarrollan en América Latina. De esta forma el desarrollo urbano sostenible emerge desde la visión de los gobiernos como un principio de acción dirigido a la protección de bienes estratégicos para el desarrollo local, nacional y global.

Asimismo, participa con intensidad la demanda de la movilización social que reclama políticas de gestión ambiental durables en términos político-administrativo, financiero y de eficacia. La visión técnica y la voz ciudadana convergen en la generación de una corriente de demanda de mayor coordinación intergubernamental e intersectorial en las tareas de diseño y de ejecución de políticas de gestión ambiental a nivel urbano.

Los gobiernos encargados de la gestión del desarrollo a nivel urbano han comenzado a ensayar modelos de integración de esta diversidad de perspectivas con el fin ultimo de legitimar su proceso de toma de decisiones, de planificación y de asignación de recursos. En esta necesaria integración de perspectivas se reconoce la necesidad de nuevas capacidades e instrumentos que colaboren en el establecimiento y la gestión de un dialogo social a nivel local.

La incorporación de la noción del desarrollo sustentable a la gestión urbana implica impulsar un proceso de cambio en el cual el empleo de los recursos, la gestión de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y la transformación institucional (política, económica y social) se realicen de tal modo que permitan satisfacer necesidades del presente sin hipotecar el potencial para futuras generaciones.

El desarrollo urbano sustentable debe tener como misión: El fomentar un gobierno participativo y solidario, porque sus responsabilidades y funciones solo se justifican en la medida que se satisfagan con eficiencia las necesidades de las personas. Ofrecer servicios públicos de calidad, equitativos y viables, esto es un deber de justicia ya que la ciudadanía paga impuestos para recibirlos y de ellos dependen en mucho su nivel de salud, seguridad y bienestar. Promover el desarrollo equitativo y sustentable ya que el acelerado proceso de urbanización supone encontrar soluciones reales y duraderas a diversos problemas sociales y ambientales. Aquí la tarea consiste en armonizar una gran diversidad de elementos y promover un desarrollo integral, es decir un desarrollo en donde el crecimiento y la viabilidad social no se contrapongan. Y por ultimo, crear un gobierno eficaz y menos costoso, es decir, responder a los intereses de la colectividad con una nueva cultura de responsabilidad y de servicio. De asumir el gobierno el compromiso de impulsar una administración eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos.

Cualquier tipo de acción dirigida a mantener o mejorar la calidad de vida en nuestro territorio es pues una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno. Es por eso que la planeación urbana participativa es un proceso de interacción entre sociedad y gobierno dirigido a establecer las líneas de acción a seguir sobre una problemática especifica en nuestro territorio, en donde ambas partes tienen que actuar buscando la identificación de problemas, las bases de la concentración de intereses, el diseño general de las propuestas y las formas de ponerlas en practica, teniendo siempre como referente la viabilidad financiera de las propuestas, la disponibilidad de recursos, el marco jurídico vigente y las políticas públicas de desarrollo.

Muchos de los objetivos del desarrollo sustentable tal vez parezcan estar en conflicto entre ellos en el corto plazo. Por ejemplo, el crecimiento industrial puede estar en conflicto con la preservación de los recursos naturales. A largo plazo, sin embargo, el uso responsable de los recursos naturales en la actualidad ayudara a asegurar que se cuente con recursos para el crecimiento industrial sostenido dentro de muchos años.

El estudio de este rompecabezas plantea varias preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿puede cumplirse con el objetivo económico a largo plazo del crecimiento agrícola sostenido si no se cumple el objetivo ecológico de preservar la biodiversidad? ¿Qué pasa con el medio ambiente en el largo plazo si un gran numero de personas no pueden satisfacer actualmente sus necesidades domesticas básicas?.

El siglo XX evidenció un dinámico proceso de urbanización paralela con la acelerada industrialización en sus primeras siete décadas, y la revolución de las actividades terciarias en las siguientes, conduciendo esto ultimo a la conformación de la ciudad global y a un conjunto de mega ciudades que son funcionales a las primeras. Para aclara el papel económico de las mega ciudades de fin del siglo XX, será necesario bosquejar las peculiaridades del actual proceso de globalización que imprime una nueva función y jerarquización al sistema internacional de ciudades.

Desde los años sesenta del siglo XX se observa un proceso de desconcentración industrial en el ámbito internacional, con el relativo desmantelamiento de las grandes ciudades industriales de Estados Unidos de América e Inglaterra, como Detroit, Chicago, Nueva York, Londres, Manchester y Liverpool --en los ochenta también en Japón-, que por la competencia del mercado industrial, la revolución experimentada en los procesos de producción, así como la lógica empresarial de maximizar la ganancia y acelerar la acumulación de capital, trasladan parte de su proceso productivo hacia ciertos países del tercer mundo denominados de ``nueva industrialización'' (Brasil, México, Argentina, Taiwán, Corea, Singapur, entre otros).

En los años ochenta, la crisis de la deuda de varios países emergentes, y la caída de los precisos internacionales de los bienes primarios de muchas otras naciones, se vio en cierta manera neutralizado por un flujo masivo de inversión extranjera directa hacia los países latinoamericanos y los del sureste asiático, principalmente de parte de las grande corporaciones multinacionales que dominaban cada vez más la economía internacional.

El primer factor estructural que caracteriza a la globalización se enmarca dentro de la ``revolución terciaria o de los servicios'', que sustituye a la vieja revolución industrial y conduce hacia la hegemonía de los servicios, dentro de los que destaca el poderoso sector financiero. La globalización avanza en segundo lugar, por la acelerada expansión de los mercados financieros en escala planetaria, siendo que los recursos de los bancos internacionales como porcentaje del Producto Interno Bruto mundial se eleva de 6 por ciento en 1970, a 31.9 por ciento en 1989. En tercer lugar, la emergencia de avances tecnológicos revolucionarios en el campo de la microelectrónica, biotecnología, telecomunicaciones, robótica, invención de nuevos materiales, etcétera, conduce a la flexibilización del proceso productivo, lo que permite gran libertad en la localización de las empresas y a fragmentar territorialmente las etapas del proceso productivo.

Es importante señalar que la globalización ha conducido hacia una nueva función estratégica para las principales ciudades, que se transforman en los centros de comando de la economía global, en ubicaciones clave para los servicios financieros y los especializados para las empresas, en los sitios para las innovaciones y desarrollos tecnológicos, así como en mercados importantes en el ámbito internacional. Esto conduce a la conformación de un nuevo tipo de urbe: la ciudad global.

Desde principios del siglo XX, Patrick Geddes había bautizado a las grandes aglomeraciones como ciudades mundiales, siendo posteriormente caracterizadas en los sesenta como aquellas que constituyen los principales centros de poder político, alrededor de los cuales se agrupan las organizaciones profesionales, sindicatos, federaciones de trabajadores y matrices de las grandes empresas. Adicionalmente, son los principales centros de comercialización de todo tipo de mercancías, donde convergen las carreteras y se ubican los aeropuertos más importantes; suelen ser también los mayores centros bancarios y financieros, así como de servicios especializados; igualmente concentran los más sofisticados servicios médicos y hospitalarios, las universidades y los centros de investigación científica y tecnológica, así como las cadenas de radio y televisión.

Según Saskia Sassen, socióloga de la Universidad de Chicago, la globalización ha quebrantado la exclusividad que ejercían los Estados soberanos sobre un territorio. Las grandes firmas no están arraigadas a un territorio y operan sin tropiezo alguno a través de las fronteras. Sassen propone tres elementos que contribuyen a la nueva configuración de la geografía del poder: a) la globalización se materializa en instituciones y procesos estratégicos; b) hay un nuevo régimen legal que vigila las operaciones económicas transfronterizas; y c) crecientemente las actividades económicas tienen lugar en el espacio electrónico.

Según Sassen, la reducción de la regulación que ejercían los Estados va acompañada de nuevas formas que garantizan la autonomía de los bancos centrales de los diferentes países. Nuevas instancias privadas han emergido como árbitros de las disputas entre competidores que trascienden las normas legales nacionales. Aun no hay una nueva Ley global, pero para ciertas funciones (protección de patentes, del medio ambiente, valores humanos y de cultura global) se ha extendido la validez de valores nacionales, particularmente de origen ``angloamericano''. La nueva geografía del poder en la globalización significa que ciertas funciones de los Estados han sido debilitadas y otras requieren reforzamiento.

Por lo anterior, y debido principalmente a los efectos que han sufrido el desarrollo de nuestros centros urbanos con la globalización y las diferentes crisis económicas, las cuales han producido las grandes migraciones hacia los centros urbanos de nuestro país, es necesario definir una Política de Estado para garantizar el desarrollo sustentable de estos grandes centros urbanos nacionales, garantizar y planear lo necesario para enfrentar la rápida concentración de población en zonas urbanas con la consecuente generación de problemas sociales, los cuales todo gobierno tiene que enfrentar para el desarrollo que nuestro país debe garantizar a las próximas generaciones.

Esta propuesta conserva el espíritu de la reforma del articulo 115 constitucional, el cual va en el sentido de fortalecer al municipio guiados por el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, por lo que, sin quitar facultades al municipio, pretende obligar al Estado, según el concepto de Weber, ha establecer una política de desarrollo urbano sustentable que permita a un sistema federal con el concurso del municipio ha fortalecer la descentralización y el crecimiento ordenado de las grandes ciudades.

Esta propuesta pretende obligar al Estado en sus tres niveles ha desarrollar una política que mantenga un directriz de desarrollo urbano sustentable respetando la competencia de la Federación, estados y municipios, encaminándonos al crecimiento equitativo de las zonas urbanas del país. Haciéndonos propias las razones de la reforma de 1982, ``estamos convencidos que la redistribución de competencias que habremos de emprender comenzara por entregar o devolver al municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución: el gobierno directo de la comunidad básica.''

Por lo que presento a esta H. Soberanía la presente iniciativa:

Artículo único: que reforma y adiciona la fracción XXI al artículo 27 y modifica al ultimo párrafo de la fracción V del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27.

Fracción I) a XX) queda igual.

XXI.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo urbano sustentable, con el propósito de fomentar, mediante una planeación democrática y de calidad, el crecimiento equilibrado, sustentable y equitativo de los Municipios. Este crecimiento debe considerar el uso adecuado de los recursos, la protección del medio ambiente, el crecimiento ordenado de las grandes metrópolis, la redefinición del espacio de las grandes ciudades, la calidad de los servicios públicos y la distribución de los beneficios de la economía nacional. Donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional estén en equilibrio, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y aspiraciones humanas. Optimizar los beneficios económicos y sociales disponibles en el presente, sin poner en peligro el probable potencial en beneficios similares en el futuro, asegurando la armonía entre el desarrollo rural con el desarrollo urbano.

Artículo 115. Los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa del Municipio Libre, conforme a las siguientes bases:

Fracciones I a IV queda igual

Fracción V. Los municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

Inciso a) a i) quedan igual

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero y fracción XXI del artículo 27 de esta Constitución expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

Transitorio.- Esta reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

27 de Septiembre de 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Bazán Flores. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de marbetes y precintos para bebidas alcohólicas y cigarros.

El diputado Miguel Angel Toscano Velasco: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Es un hecho irrefutable que el mercado ilegal de bebidas alcohólicas ha ido creciendo, especialmente en los últimos años. Tan sólo en México se estima que el 50 por ciento del mercado de bebidas alcohólicas se conforma de bebidas adulteradas; alcohol falsificado de importaciones ilegales.

Esto significa que de 30 millones de litros que se consumen anualmente en nuestro país, sólo 17 millones se localizan en el comercio formal. Esta situación daña gravemente a tres actores principalmente:

A la industria de vinos y licores, por ver disminuidas sus ventas y dañar a su imagen pública, al generar un ambiente de desconfianza por parte del consumidor.

Al Gobierno por no recaudar los ingresos que por materia de impuestos a las bebidas alcohólicas que debiera, mermando su capacidad para atender necesidades urgentes de la población, como es el caso de la salud. Y al consumidor de bebidas alcohólicas, ya que el consumo de bebidas adulteradas, provoca daños a la salud, llegando a casos como la ceguera e incluso la muerte.

Así es necesario llevar a cabo las medidas pertinentes para disminuir el comercio ilegal de vinos y licores, incrementar las ventas legales, aumentar los ingresos del Gobierno federal y asegurar la salud de la gente.

Una deficiencia del mercado de bebidas alcohólicas en México que facilita el comercio ilegal es el actual marbete y/o precinto fiscal, que se entiende como la forma valorada que se adhiere a las botellas de vinos y licores nacionales o importados, de productores, envasadores o importadores que cumple con las disposiciones fiscales vigentes.

El marbete presente presenta una serie de desventajas que facilitan la adulteración de las bebidas o la falsificación del propio marbete para utilizarse en la venta de alcohol de baja calidad.

Así el marbete se puede despegar y adherir a otros envases. Su actual localización permite que las botellas una vez vacías puedan rellenarse y al no destruirse en el momento de abrir la botella, puedan reutilizarse, además de poderse fotocopiar o escanear, lo que facilita su falsificación.

Todas estas desventajas facilitan tanto la adulteración, la falsificación y la importación ilegal de las bebidas alcohólicas, por lo que es necesario modificar el marbete y el precinto actuales que portan los envases de vinos y licores por uno infalsificable y que pueda ser reconocido a simple vista por el consumidor y reconocido por otros mecanismos por las autoridades.

También debe modificarse su actual localización para colocarse en el pico de la botella en forma de L o de U para que el marbete se rompa al momento de abrir la botella y no pueda reutilizarse y la botella rellenarse.

En el caso de los cigarros bien es sabido que es el producto más falsificado en el mundo, alrededor de un tercio de los cigarros comercializados internacionalmente aparecen en el mercado negro. Anualmente los gobiernos de todos los países pierden de 25 a 30 millones de dólares por contrabando de cigarros. En México aproximadamente entre el 4 y el 5 por ciento del mercado de cigarros, son cigarros de contrabando de imitación.

El contrabando de cigarros daña la riqueza nacional al evadir el pago de impuestos y aranceles a la importación, disminuyendo el nivel de ingresos públicos disponibles para invertir en la salud pública y en acciones en contra del contrabando y la piratería. Aunado a esto los cigarros clandestinos permiten el acceso a la gente a cigarros más baratos, especialmente a la gente joven y a los más necesitados, aumentando su demanda, además de presionar al Gobierno para mantener y reducir los precios de los cigarros.

Existe una creencia generalizada, especialmente promovida por las empresas tabacaleras, que la principal causa del contrabando de cigarros son sus precios altos o un gran diferencial en el nivel de impuestos entre países o regiones. No obstante, estudios como los del Banco Mundial han demostrado que más que los precios son otros los factores principales causantes del contrabando de cigarros, como son el nivel de corrupción en los funcionarios públicos, la tolerancia a los productos piratas y una cultura de venta en las calles.

Asimismo el nivel de contrabando debido al diferencial de impuestos y precios en cigarros entre regiones, es mínimo en comparación al contrabando que se da cuando los productos pagan cero cantidad de dinero por impuestos o aranceles.

Mucho se ha hablado sobre las formas para contrarrestar el contrabando, para lo cual organizaciones como el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Promoción de la Salud y la Educación han emitido una serie de lineamientos a seguir, tanto al nivel nacional como al nivel regional e internacional. Una de las principales recomendaciones propuestas al nivel nacional es la utilización de sellos fiscales de alta seguridad en las cajetillas de cigarros, que muestren que todos los impuestos y aranceles han sido oportunamente pagados y con lo cual los consumidores puedan distinguir de manera rápida y clara los productos legales de los ilegales y las autoridades puedan rastrear fácilmente los productos de contrabando y apliquen la ley con mayor fuerza y efectividad.

Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el nivel del contrabando de cigarros ha acaparado hasta el 30% del mercado total, el gobierno llevó a cabo un programa para disminuir el contrabando. Entre las acciones realizadas fue que a partir de julio de 2001 todas las cajetillas a la venta en el Reino Unido llevan consigo una estampilla fiscal; lo que significa que aquellos cigarros que no la traigan son falsificados o contrabandeados. El mayor nivel de venta de cigarros legales y de los ingresos tributarios por concepto de cigarros muestran que sí han surtido efecto las medidas implementadas.

Por todas las razones antes mencionadas es que propongo reformar adicionar diferentes artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con el fin de los marbetes y precintos utilizados en los envases y recipientes de bebidas alcohólicas incrementen su nivel de seguridad para que no puedan falsificarse, a la vez que sean de fácil reconocimiento para los consumidores y disminuir así el mercado ilegal de bebidas alcohólicas y contrarrestar todos sus efectos negativos.

Asimismo con la reforma a la ley antes citada, propongo que también se adhieran marbetes de alta seguridad a las cajetillas de cigarros con el fin de contrarrestar su contrabando, elevando así el nivel de ingresos públicos, pero principalmente salvaguardando la salud de los mexicanos.

Por lo anteriormente fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y pido a la diputada Presidenta sirva turnar esta iniciativa a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de marbetes y precintos para bebidas alcohólicas y cigarros, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de marbetes y precintos para bebidas alcohólicas y cigarros, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

Es un hecho irrefutable que el mercado ilegal de bebidas alcohólicas ha ido creciendo, especialmente en los últimos años. Tan sólo en México, se estima que el 50% del mercado de bebidas alcohólicas se conforma de bebidas adulteradas, alcohol falsificado e importaciones ilegales. Esto significa que de 30 millones de litros que se consumen anualmente en nuestro país, sólo 17 millones se localizan en el comercio formal.1

Esta situación daña gravemente a tres actores principalmente: a la industria de vinos y licores por ver disminuidas sus ventas y dañada su imagen pública, al generar un ambiente de desconfianza por parte del consumidor. Al gobierno por no recaudar los ingresos que por materia de impuestos a las bebidas alcohólicas que debiera, mermando su capacidad para atender necesidades urgentes de la población como es el caso de la salud. Y al consumidor de bebidas alcohólicas, ya que el consumo de bebidas adulteradas provoca daños a la salud llegando a casos como la ceguera o incluso la muerte.

Así, es necesario llevar a cabo las medidas pertinentes para disminuir el comercio ilegal de vinos y licores, incrementar las ventas legales, aumentar los ingresos del gobierno federal y asegurar la salud de la gente.

Una deficiencia en el mercado de bebidas alcohólicas en México que facilita el comercio ilegal, es el actual marbete y precinto fiscal, que se entiende como la forma valorada que se adhiere a las botellas de vinos y licores, nacionales o importados, de productores, envasadores o importadores que cumple con las disposiciones fiscales vigentes.

El marbete presenta una serie de desventajas que facilitan la adulteración de las bebidas o la falsificación del propio marbete para utilizarse en la venta de alcohol de baja calidad. Así, el marbete se puede despegar y adherir a otros envases; su actual localización permite que las botellas una vez vacías, puedan rellenarse y al no destruirse al momento de abrir la botella, pueda reutilizarse; además de poderse fotocopiar y escanear, lo que facilita su falsificación

Todas estas desventajas facilitan tanto la adulteración, la falsificación y la importación ilegal de las bebidas alcohólicas, por lo que es necesario modificar el marbete y el precinto actuales que portan los envases de vinos y licores, por uno infalsificable y que pueda ser reconocido a simple vista por el consumidor, y reconocido por otros mecanismos por las autoridades. También, debe modificarse su actual localización para colocarse en el pico de la botella en forma de L o de U, para que el marbete se rompa al momento de abrir la botella y no pueda reutilizarse y la botella rellenarse.

En el caso de los cigarros, bien es sabido que es el producto más falsificado en el mundo. Alrededor de un tercio de los cigarros comercializados internacionalmente aparecen en el mercado negro. Anualmente los gobiernos de todos los países pierden entre 25 y 30 billones de dólares por contrabando de cigarros.2 En México, aproximadamente entre el 4 y 5% del mercado de cigarros, son cigarros de contrabando o de imitación.

El contrabando de cigarros daña la riqueza nacional al evadir el pago de impuestos y aranceles a la importación, disminuyendo el nivel de ingresos públicos disponibles para invertir en la salud pública y en las acciones en contra del contrabando y la piratería. Aunado a esto, los cigarros clandestinos permiten el acceso a la gente a cigarros más baratos, especialmente a la gente joven y a los pobres, aumentando su demanda; además de presionar al gobierno para mantener o reducir los precios de los cigarros.

Existe una creencia general, especialmente promovida por las empresas tabacaleras, que la principal causa del contrabando de cigarros son sus precios altos o un gran diferencial en el nivel de impuestos entre países o regiones. No obstante, estudios como el del Banco Mundial, han mostrado que más que los precios, son otros los factores los principales causantes del contrabando de cigarros como son el nivel de corrupción en los funcionarios públicos, la tolerancia a los productos piratas y una cultura de venta en las calles. Asimismo, el nivel de contrabando debido al diferencial de impuestos (y precios) en cigarros entre regiones, es mínimo en comparación al contrabando que se da cuando los productos pagan cero cantidad de dinero por impuestos o aranceles (aproximadamente el 80% del contrabando mundial).3

Mucho se ha hablado sobre las formas para contrarrestar el contrabando; para lo cual, organizaciones como el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Promoción de la Salud y la Educación (IUHPE, por sus siglas en inglés) han emitido una serie de lineamientos a seguir, tanto a nivel nacional, como a nivel regional e internacional.

Una de las principales recomendaciones propuestas a nivel nacional es la utilización de sellos fiscales de alta seguridad en las cajetillas de cigarros que muestren que todos los impuestos y aranceles han sido oportunamente pagados, y con el cual los consumidores puedan distinguir de manera rápida y clara los productos legales de los ilegales; y las autoridades puedan rastrear fácilmente los productos de contrabando y aplique la ley con mayor fuerza y efectividad.

Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el nivel de contrabando de cigarros ha acaparado hasta el 30% del mercado total, el gobierno empezó a llevar a cabo un programa para disminuir el contrabando. Entre las acciones realizadas fue que a partir de julio del 2001, todas las cajetillas a la venta en el Reino Unido llevan consigo un estampilla fiscal, lo que significa que aquellos cigarros que no la traigan son falsificados o contrabandeados. El mayor nivel de ventas de cigarros legales y de los ingresos tributarios por concepto de cigarros, muestran que sí han surtido efecto las medidas implementadas.

Por todas las razones antes mencionadas, es que propongo reformar y adicionar diferentes artículos de la Ley del Impuesto Especial para la Producción y Servicios, con el fin de que los marbetes y precintos utilizados en los envases y recipientes de bebidas alcohólicas, incrementen su nivel de seguridad, para que no puedan falsificarse, a la vez de que sean de fácil reconocimiento para el consumidor y disminuir así, el mercado ilegal de bebidas alcohólicas y contrarrestar todos sus efectos negativos.

Asimismo, con las reformas a la Ley antes citada, propongo que también se adhieran marbetes de alta seguridad a las cajetillas de cigarros, con el fin de contrarrestar su contrabando, elevando así el nivel de ingresos públicos pero principalmente, salvaguardando la salud de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de marbetes y precintos para bebidas alcohólicas y cigarros.

Artículo Único: Se reforman las fracciones IV y V del artículo 3, las fracciones V y XV del artículo 19, el párrafo segundo del artículo 23 y el artículo 23-B; y se adiciona un último párrafo a la fracción V del artículo 19 para quedar redactado en lo sucesivo de la siguiente manera:

Artículo 3

Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal, que se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda de 5,000 mililitros y a las cajetillas de cigarros y que deberá ser infalsificable y de fácil identificación para el consumidor.

V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal, que se adhiere a los recipientes que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a 5,000 mililitros y que deberá ser infalsificable y de fácil identificación para el consumidor.

...

Artículo 19

Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

...

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren en tránsito o transporte. Tratándose de cigarros, deberán adherir marbetes en las cajetillas antes de su empacado. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas envasadas o cajetillas de cigarros empacadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas o cigarros y estén obligados al pago del impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes o precintos a que se refiere esta fracción previamente a la internación en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada.

El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase o en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en los que por el tamaño de la etiqueta no sea posible adherir el marbete sin afectar la información comercial, éste podrá ser adherido en la contraetiqueta del envase y de la misma manera en que se señaló, siempre que ésta tenga impresa la marca del producto y el nombre del fabricante, productor, envasador o importador.

El marbete para cigarros deberá ser adherido en la cajetilla de forma tal que una vez abierta se rompa dicho marbete y que el consumidor pueda observar que el producto es de legal procedencia.

XV. Los productores, envasadores e importadores, de bebidas alcohólicas o cigarros, estarán obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe de los números de folio de marbetes y precintos obtenidos, utilizados y destruidos, durante el trimestre inmediato anterior.

Artículo 23

...

Cuando el contribuyente omita registrar empaques, envases o sus accesorios, u omita informar sobre el extravío, pérdida, destrucción o deterioro de marbetes o precintos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos faltantes se utilizaron para el envasado o empacado de productos por los que se está obligado al pago del impuesto establecido en esta Ley, que estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados en el mes en que se adquirieron los empaques, envases, accesorios, marbetes o precintos, y que el impuesto respectivo no fue declarado.

...

Artículo 23-B

Se presume que las bebidas alcohólicas o cigarros que no tengan adherido el marbete o precinto correspondiente y que se encuentren fuera de los almacenes, bodegas o cualesquiera otro lugar propiedad o no del contribuyente o de los recintos fiscales o fiscalizados, fueron enajenados y efectivamente cobradas las contraprestaciones o importados, en el mes en que se encuentren dichos bienes al poseedor o tenedor de los mismos, y que el impuesto respectivo no fue declarado. Para tales efectos, se considerará como precio de enajenación, el precio promedio de venta al público en el mes inmediato anterior a aquél en el que dichos bienes sean encontrados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable respecto de las bebidas alcohólicas destinadas a la exportación por las que no se esté obligado al pago de este impuesto, que se encuentren en tránsito hacia la aduana correspondiente, siempre que dichos bienes lleven adheridos etiquetas o contraetiquetas que contengan los datos de identificación del importador en el extranjero. Lo dispuesto en el párrafo anterior tampoco será aplicable respecto de los cigarros destinados a la exportación por los que no se esté obligado al pago de este impuesto, que se encuentren en tránsito hacia la aduana correspondiente.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La SHCP tendrá un plazo de 30 días para establecer las características de material, tamaño, seguridad y de fácil identificación para el usuario de los marbetes y precintos.

Tercero.- La SHCP buscará incentivar el uso de marbetes o precintos en el cuello de los envases o recipientes de bebidas alcohólicas.

Cuarto.- Tratándose del marbete para cigarros, los productores o importadores contarán con un plazo de 90 días para su colocación en todas las cajetillas, a partir de la fecha de publicación de los lineamientos para el nuevo marbete por parte de la SHCP.

Quinto.- Para el caso de bebidas alcohólicas:

I. El productor, envasador o importador tendrá como plazo máximo el 1° de julio del 2005 para entregar al comercio, distribuidores o detallistas, producto con marbete o precinto anterior al año 2005, debiendo agotar en este plazo el inventario de producto con dicho marbete o precinto anterior al año 2005 o en su caso solicitar la reposición de los mismos a la SHCP de acuerdo con las reglas que la misma SHCP publique.

II. A partir del 1° de enero del 2006 todos los envases y recipientes de bebidas alcohólicas de venta al público deberán traer adherido el nuevo marbete o precinto según sea el caso.

Dip. Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica).»

Notas:

1 SHCP y Civil.

2. Banco Mundial. The FCTC and tobacco smuggling''. 2002.

3. Action on Smoking and Health. www.ash.org.uk/smuggling/

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A continuación tiene el uso de la palabra...

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (desde su curul): ¡Presidenta!

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Activen el sonido en la curul del diputado Guillermo Aréchiga.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (desde su curul): Diputada, solicitarle respetuosamente se sirva verificar el quórum en el recinto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto.

Se solicita a la Secretaría abrir el sistema electrónico por 10 minutos para verificar el quórum. Mientras tanto continuamos con la sesión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 61 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos.

Se abre el sistema electrónico para verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Bien. Continuaremos con nuestra sesión mientras verificamos quórum.

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DEFENSORIA PUBLICA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra el diputado José Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 3º, 27 y 30 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, diputada Presidenta. Muchas gracias.

Gracias al señor diputado Guillermo Aréchiga que nos hizo favor de pedir la verificación del quórum.

Compañeras y compañeros diputados, permítanme un paréntesis que hago con un gran respeto. Yo había pensado dirigirme, por supuesto, a las compañeras y compañeros diputados, como lo hago y como lo seguiré haciendo durante esta intervención. Pero también había yo pensado, sólo lo pensé pero lo voy a decir como parte de la anécdota parlamentaria, decir: ``estimadas curules'', que están por un momento liberadas del peso político de su correspondiente diputada o diputado.

Lo expreso con un gran respeto, bueno, pues es parte de nuestro quehacer, es parte de nuestro trabajo y nos permite llevar a cabo el uso de la tribuna, conforme a las facultades que tenemos como representantes.

Acudo en función de las disposiciones constitucionales correspondientes, a presentar una iniciativa de proyecto de decreto, para adicionar un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de darle existencia y jerarquía jurídica a la Defensoría Federal de Oficio, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con base en la exposición de motivos que naturalmente no leeré por encontrarse ya publicada en el órgano correspondiente, pero que explicaré de manera breve.

Así como la Constitución dispone la existencia del Ministerio Público y así como existen agentes del Ministerio Público y está definida y determinada la existencia de esta institución, así también como lo expresa la Constitución en su fracción X de este artículo 102, estamos haciendo la propuesta presentando esta iniciativa, con el propósito de que además de que exista este derecho de la Defensoría de Oficio, de la Defensoría Pública, exista la correspondiente institución que tenga su fundamento en la Constitución. Hoy existe la Defensoría de Oficio, la Defensoría Pública Federal, pero tiene sólo su fundamento en una ley secundaria, hay millones de mexicanos que son asistidos por un defensor de oficio pero su trabajo es altamente ineficaz e ineficiente, por eso es fundamental el que tengamos primero la comprensión y luego el apoyo en las condiciones correspondientes, y también por supuesto de cada uno y de cada una de ustedes, compañeros diputados, para que siguiendo el proceso legislativo correspondiente, en su momento se presente aquí el dictamen de la comisión y pueda verdaderamente dársele fundamento jurídico constitucional a la defensoría pública, a la defensoría de oficio, y así muchos millones de mexicanos que habrían de ser acusados por el Ministerio Público, también tengan la garantía de la defensa a través del defensor de oficio.

Sólo me concreto a leer este proyecto de iniciativa:

Artículo 102, inciso C). La ley organizará a la Defensoría de Oficio de la Federación, cuyo titular será nombrado por mayoría simple por el Senado de la República, previa consulta y propuestas de colegios y asociaciones de doctores, maestros y licenciados en derecho de todo el país, directores de facultades y escuelas de derecho, académicos y otros organismos similares.

El Instituto Federal de Defensoría Pública estará presidido por un director general, que durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto, podrá ser removido por causas graves también por mayoría simple del Senado de la República.

Para ser director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, deberá reunir para su elección los mismos requisitos que se siguen para ser Procurador General de la República, el Senado de la República preferirá, en igualdad de circunstancias a quien haya desempeñado el cargo de defensor público, agente del Ministerio Público, o juez o magistrado.

El Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Incumbe al Instituto Federal de Defensoría Pública la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos de fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia, mediante la orientación y asesoría y representación jurídica, en términos que la ley respectiva establezca.

Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

El servicio de Defensoría Pública será gratuito y se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria en los términos de la Ley de Instituto Federal de Defensoría Pública.

Igualmente habrá que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensa Pública vigente, contenidos que se han publicado como lo disponen nuestras normas internas.

Yo quiero particularmente agradecer a la Mesa Directiva y a ustedes compañeras y compañeros, el que hayamos tenido esta oportunidad, para poder presentar esta iniciativa.

Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma los artículos 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3°, 27 y 30 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del PRI

José Porfirio Alarcón Hernández, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución General de la República y en el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta soberanía a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para adicionar un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de dar existencia y jerarquía jurídica a la Defensoría Federal de Oficio, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El hombre ha luchado durante toda su historia por alcanzar la justicia que junto con la libertad constituyen el binomio más sublime.

El Estado tiene como finalidad principal garantizar la justicia social a la población.

El concepto de justicia que se tenía en la antigüedad era en el sentido de que debían dársele al individuo los satisfactores en relación con sus méritos. El concepto moderno, ya no se basa sólo en la capacidad individual, sino fundamentalmente, en las oportunidades que todos deben tener para alcanzar esa capacidad. Por eso la antigua idea de la justicia, resulta injusta porque no todos han tenido, ni tienen las mismas oportunidades y medios para superarse. El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, etcétera, es el elemento que integra la justicia distributiva, que el gobierno debe realizar con más eficacia.

A la par de los satisfactores materiales, los seres humanos, necesitan de otros satisfactores como son los valores, entre los cuales la justicia penal es uno de los más importantes.

En nuestro país, veinticuatro millones están en la pobreza extrema y además de estar necesitados de bienes materiales, están urgidos también de justicia.

En este México injusto en el que los poderosos se colocan por encima de la ley y los pobres sólo tienen como patrimonio, su pobreza, su impotencia, su desconsuelo, hace falta una Institución jurídica, que los defienda de los atropellos y de los abusos de las autoridades de todo tipo, especialmente de los policías, los agentes del Ministerio Público y de muchos jueces.

Lo que debe hacerse es crear o apoyar a los organismos que tienen como finalidad la realización efectiva del derecho de los individuos que por sus condiciones económicas o culturales no pueden lograrlo por sí mismos.

El más importante de estos organismos es la Defensoría de Oficio, denominado en el ámbito federal Instituto Federal de Defensoría Pública, si tenemos en cuenta que los patrocinados y defendidos por ésta, son personas de escasos recursos económicos, que al no tener para pagar un abogado particular y ante la arbitrariedad de muchas autoridades, se encuentran sumidos en la incertidumbre y la desesperación, de las que deben ser rescatados, cada vez con mayor eficacia por esta institución generosa, que no tiene existencia Constitucional, no obstante que se hace cargo de la defensa de casi el ochenta y cinco por ciento de los procesados. Lo mismo sucede en las entidades federadas.

Es necesario precisar lo que el Derecho de Defensa significa en nuestra vida jurídica.

Existen dos tipos de nombramiento de defensor: el electivo que es el que efectúa el inculpado de entre las personas de su confianza o nombrándose así mismo como defensor (casos muy raros) y el otro tipo, es el nombramiento designativo que es el que efectúa el juez, cuando no tiene quien lo defienda o no quiere nombrar defensor y que constitucionalmente está obligado a designarle al de oficio.

La Defensa presenta aspectos de indudable carácter público y su posición no está determinada solamente por el interés privado de su defendido, sino también por el interés público de la justicia. La función procesal de la defensa no está entregada a su capricho, sino que está determinada por la ley, la cual le impone a veces patrocinio facultativo o patrocinio obligatorio y en algunos casos la excluye y es cuando se convierte en patrocinio prohibido.

No obstante los constantes tropiezos que en la historia ha sufrido el Derecho de Defensa, se ha llegado al acuerdo unánime de que debe concederse a todo delincuente, sin exclusión alguna, sea quien fuere y la forma o magnitud de su delito, el patrocinio de un abogado defensor, para que la justicia pueda lograr sus fines; de lo contrario no sería justicia aplicada, sino injusticia consumada.

La defensa como garantía desde el punto de vista constitucional

En los tres movimientos sociales de México, el pueblo ha luchado y sigue luchando por conseguir libertad y justicia y por insertar en sus leyes fundamentales, derechos esenciales para su existencia pacífica y digna.

Entre esos derechos conquistados por los mexicanos y plasmados en la Constitución Federal, tenemos, el derecho a defenderse jurídicamente cuando se es acusado, es decir, al Derecho de Defensa, establecido como obligación del gobierno en la fracción IX del artículo 20.

Esta garantía de seguridad jurídica se creó para proteger al gobernado, imponiendo este ordenamiento constitucional a toda autoridad jurisdiccional que conoce de los juicios penales, diversas obligaciones y prohibiciones a títulos de requisitos legales, de formalidades esenciales que debe llenar todo proceso para que no sean despojados del derecho de defensa los propios inculpados.

Aunque en los artículos constitucionales 13, 14 y 16 a 23 se encuentran enunciadas las garantías individuales de las personas en las causas criminales, es específicamente la fracción IX del artículo 20, si es observada íntegramente, la que garantiza el cumplimiento de las demás, es decir, si el derecho de defensa es respetado por las autoridades y ejercido plenamente por los particulares acusados, se estará en posibilidad de hacer valer las demás garantías individuales que en materia penal establece nuestra Carta Magna.

La fracción IX del artículo 20 garantiza el derecho de defensa, protegiendo así al inculpado, contra la arbitrariedad de no pocos Agentes del Ministerio Público y no pocos Jueces, asegurando que toda persona al ser juzgada, haga uso de su defensa legal. En esta forma la constitución siempre ha velado por poner al alcance del individuo, todos los medios para su defensa contra los abusos de muchas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

En la Constitución de 1857 se estableció la garantía más importante que tiene el acusado para defenderse, en el artículo 20, fracción V: ``Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza o por ambos según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de defensores de oficio para que elija el o los que le convengan''.

La Constitución de 1917, que sustituyó la de 1857, dispuso:

``Artículo 20. En todo juicio del orden criminal, tendrá el acusado las siguientes garantías:

IX. Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que, o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio. El acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y tendrá derecho a que éste se halle presente en todos los actos del juicio; pero tendrá obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite.''

El 3 de septiembre de 1993 se reformaron el párrafo inicial para hacer referencia al proceso y al inculpado en lugar del juicio criminal y del acusado y la fracción IX del artículo 20 que dispone: ``Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; '' y se agregó el último párrafo de la fracción X del mismo artículo 20 que mandata: ``Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna''.

El artículo 20 estatuye que no debe haber un proceso penal sin la institución de la defensa y que el procesado siempre debe tener un defensor a partir del momento en que se le prive de la libertad. De esto se sigue que la función es de carácter público, no variando esta naturaleza en los casos en que el indiciado nombra defensor a alguien que no pertenece al cuerpo de defensores de oficio; se trata simplemente de un derecho que el Constituyente le reconoce de depositar su confianza en persona que él elija.

Este concepto de los Constituyentes, incorporado en la Constitución vigente, la función de la defensa queda equilibrada y racionalmente desarrollada. De este equilibrio procesal, plasmado en la Constitución, se concluye que la Defensoría debe estar organizada en forma similar a como lo está el Ministerio Público, para que el cumplimiento de la función de la Defensoría sea una realidad.

El Presidente Venustiano Carranza y los constituyentes consideraron como tarea esencial del Estado, cuidar los intereses del procesado poniendo al alcance de éste los medios mínimos para su defensa y para lograr este objetivo instauraron el derecho de defensa, pero desafortunadamente, no crearon la Defensoría de Oficio como Institución, para hacerla equivalente con la contraparte que es el Ministerio Público, que sí fue creado como institución.

Los Constituyentes de 1917 a través de la fracción IX y de otras fracciones del artículo 20 trataron de equilibrar la fuerza del derecho de Defensa con la de la Acusación, pero no advirtieron que era indispensable, crear la Institución de la Defensoría de Oficio, por que no basta establecer garantías individuales en una constitución, si no se crea el organismo, la institución, encargada de verificar que esas garantías sean respetadas, por los gobernantes.

En el artículo 102 de nuestra ley máxima se establece: A. ``La Ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con titulo profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Con la trascripción de este primer párrafo del artículo 102, se demuestra que el Constituyente de Querétaro estableció la institución destinada a acusar pero no la institución destinada a defender, pues ni este artículo, ni en algún otro, estableció la existencia de la Defensoría de Oficio; la Defensoría de pobres, como le llamó Ponciano Arriaga, su creador, porque él presentó al Congreso Potosino la iniciativa que fue aprobada el 5 de marzo de 1847.

Por otra parte, las Defensorías de Oficio en los Estados de la República dependen del poder ejecutivo y el Instituto Federal de Defensoría Pública depende del poder judicial. Es incompatible que el juzgador y el defensor dependan del mismo poder, como también es antijurídico que acusador y defensor dependan del ejecutivo. Por este motivo es necesario, es urgente, es jurídicamente adecuado, que la defensoría federal de oficio sea una institución autónoma, con patrimonio propio, pero sobre todo con existencia constitucional y con la jerarquía que necesita para cumplir su alta misión de ser la parte que defiende en el proceso penal mexicano, a la misma altura que el Ministerio Público que es la parte que acusa.

Tomar sólo algunas medidas de tipo legal no son suficientes para lograr la equitativa impartición de la justicia, aún cuando se establezcan principios como el de la ``suplencia de la queja'' que obliga al juez a orientar a la parte débil (obreros, menores de edad, incapacitados) recogiendo o complementando elementos, a fin de llegar a una resolución justa y no simplemente legal de la controversia. La inclusión de este principio en un ordenamiento jurídico (artículo 76 Bis de la Ley de Amparo) y la orientación de otras leyes hacia la protección de las personas, cultural, social o económicamente débiles, no constituyen más que esfuerzos frágiles y desarticulados para solucionar los grandes problemas de las clases marginadas en su acceso a la justicia.

El juicio de amparo, como una figura o Institución jurídica, no satisface las necesidades de protección contra las arbitrariedades de la autoridad, por lo complicado de sus disposiciones, por eso, solo los abogados especialistas en Amparo pueden solicitarlo y darle trámite; el amparo no está al alcance de la gran mayoría de la población por lo antes señalado y porque quien pretenda solicitarlo, debe tener dinero para pagar la fianza que se solicita para obtener la suspensión provisional del acto reclamado. Si el pueblo no tiene para pagar a un abogado, menos tendrá para pagar una fianza. Por eso debe fortalecerse a la Defensoría de Oficio.

Por otra parte, el Instituto Federal de Defensoría Pública está dirigido por una Junta Directiva de seis miembros y un Director General que la preside, según el artículo 27 de la ley del Instituto. A su vez, el director general es nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de su Presidente (artículo 30) y el Presidente del Consejo de la Judicatura, es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). El artículo 100 de la Constitución General de la República, señala también que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es también el Presidente del Consejo de la Judicatura.

Frente a estas disposiciones, cabe preguntarse: ¿alguien podrá creer que el director del Instituto Federal de Defensoría Pública sería una persona que no esté a las órdenes del Presidente de la Suprema Corte? ¿Alguien podrá afirmar que el Instituto Federal de Defensoría Pública goza de independencia técnica y operativa, como lo señala el artículo 3° de su propia ley? ¿Es jurídicamente adecuado que la Institución destinada a defender, forme parte del poder que juzga? ¿Puede el Instituto que tiene dependencia administrativa y presupuestal hacia el Consejo de la Judicatura Federal, ser un órgano independiente? El artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que el Instituto Federal de Defensoría Pública es uno de sus órganos auxiliares ¿podrán entonces los Defensores Públicos, tener autonomía en el desempeño de sus funciones, en relación con los jueces y magistrados, si forman parte del mismo poder judicial, si son sus superiores? Haciendo una comparación, ¿podrá un tentáculo de un pulpo tener independencia de acción y vida propia?

Aun cuando la Defensoría Pública Federal, llamada antes Defensoría de Oficio, haya pertenecido desde su institucionalización en 1922 al Poder Judicial de la Federación, no hay argumento jurídico para que siga perteneciendo a este poder ¿O valen más los errores históricos que las razones jurídicas?

Por lo anteriormente señalado se propone:

1. El Instituto Federal de Defensoría Pública, debe tener reconocimiento explícito y la jerarquía jurídica necesaria en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo tiene el Ministerio Público, por lo que debe establecerse su existencia como institución independiente, con igual jerarquía que el Ministerio Público Federal. Este Instituto debe tener autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. (En la redacción del apartado C se toma en cuenta lo que establecen los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley vigente de Defensoría Pública del 28 de mayo de 1998.)

2. Para evitar incongruencias jurídicas, parcialidades o interpretaciones indebidas, el Director del Instituto Federal de Defensoría Pública, debe ser nombrado por el Senado.

3. Reformar el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que considera al Instituto Federal de la Defensoría Pública como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal para que el Instituto ya no forme parte del Consejo de la Judicatura.

4. Reformar el artículo 3° de la Ley Federal de Defensoría Pública con el mismo objetivo de la propuesta anterior.

5. Reformar el primer párrafo del artículo 27 de la ley federal de Defensoría Pública, para que el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública y los seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio que integran la junta directiva, ya no sean nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su Presidente, sino por el Senado, previa consulta y propuestas de Colegios y Asociaciones de Doctores, Maestros y Licenciados en Derecho de todo el país, Directores de Facultades y Escuelas de Derecho, Académicos y otros organismos similares.

6. Reformar el artículo 30 de la ley Federal de Defensoría Pública para que el Director General del Instituto ya no sea nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de su Presidente, que es el Presidente de la Suprema Corte, sino por el Senado de la República.

Por lo anteriormente fundado y motivado se propone el presente Proyecto de Decreto de Reforma para adicionar un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reformar el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformar los artículos 3°, 27 y 30 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 102.

A. ...

B. ...

C. La ley organizará a la Defensoría de Oficio de la Federación cuyo titular será nombrado por mayoría simple, por el Senado de la República, previa consulta y propuestas de Colegios y Asociaciones de Doctores, Maestros y Licenciados en Derecho de todo el país, Directores de Facultades y Escuelas de Derecho, Académicos y otros organismos similares. El Instituto Federal de Defensoría Pública, estará presidido por un director general que durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto. Podrá ser removido por causas graves, también por mayoría simple del Senado de la República. Para ser Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública deberá reunir para su elección, los mismos requisitos que se exigen para ser Procurador General de la República.

El Senado de la República preferirá, en igualdad de circunstancias, a quien haya desempeñado el cargo de Defensor Público, Agente del Ministerio Público, Juez o Magistrado.

El Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Incumbe al Instituto Federal de Defensoría Pública, la prestación del servicio de Defensoría Pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en términos que la ley respectiva establezca.

Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

El Servicio de Defensoría Pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos de la ley del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo 88. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal contará con los siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitaduría Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en los términos que establece la ley de concursos mercantiles.

Con excepción de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyos requisitos para ser designados se mencionan en las leyes de la materia correspondientes, los demás titulares de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal deberán tener título profesional legalmente expedido, afín a las funciones que deban desempeñar, experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los órganos contarán con el personal que fije el presupuesto.

Ley Federal de Defensoría Pública

Artículo 3°. Para la prestación de los servicios de defensoría pública, se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano público autónomo. En el desempeño de sus funciones gozará de independencia técnica y operativa.

Artículo 27. La Junta Directiva estará integrada por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien la presidirá y por seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio, nombrados por el Senado, previa consulta y propuestas de Colegios y Asociaciones de Doctores, Maestros y Licenciados en Derecho de todo el país, Directores de Facultades y Escuelas de Derecho, Académicos y otros organismos similares.

Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable. Durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

Artículo 30. El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública será nombrado por el Senado de la República previa consulta y propuestas de Colegios y Asociaciones de Doctores, Maestros y Licenciados en Derecho de todo el país, Directores de Facultades y Escuelas de Derecho, Académicos y otros organismos similares y durará tres años en su cargo, pudiendo ser reelecto.

Transitorio

Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado José Alarcón.

Túrnese a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Se pospone a solicitud de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone la presentación de la iniciativa de reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Damos la bienvenida al grupo Tlahuica de la Tercera Edad, de Cuernavaca, Morelos, que ahora nos acompaña. Bienvenidos. Asimismo, a compañeras y compañeros universitarios de la Universidad del Valle de México y del Colegio Fontanac.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: También están invitados por la diputada Margarita Martínez, un grupo de estudiantes de diversas universidades integrantes del movimiento territorial.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo parrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 21 de Septiembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa para reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Federal José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 21 de Septiembre de 2004 el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, par darle validez y la importancia que debe tener el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que se analiza para el presente documento, contempla la incorporación formal de la comunidad médica, a través de su instancia especializada, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas'' ( CONACEM ), en el procedimiento voluntario de certificación de los interesados, disponiendo que las autoridades educativas que corresponda consideren su opinión. Adicionalmente contempla la figura de recertificación, sin la cual no podría completarse la hipótesis normativa que otorgue las garantías buscadas para los profesionales médicos especialistas y para sus pacientes. Y por ende regular que en el marco jurídico se permita a las instancias gubernamentales, y a la sociedad, concurrir para la atención de la certificación de las especialidades.

III. CONSIDERACIONES.

A. Hoy en día en nuestro país los avances científicos en la medicina son constantes, por ello es que se debemos estar preparados y estar a la vanguardia, por ende estos nuevos conocimientos dan origen a los cursos de especialidades medicas, esto deja claro que la actualización de los profesionales de la medicina se da a través de los cursos de especialización. Los conocimientos de la ciencia médica se acrecientan y se relacionan de manera compleja con otras disciplinas científicas, razones por las que se hace necesario e indispensable que algunos médicos profundicen en un campo reconocido y validado científicamente como especialidad, lo que les permite obtener los conocimientos, destrezas y habilidades para ejecutar con calidad acciones médicas especificas. Quien posea estas cualidades puede denominarse ``Especialista'', siempre y cuando, su preparación se haya desarrollado en Instituciones de Enseñanza Superior e Instituciones del Sector Salud, públicas o privadas que cuenten con reconocimiento.

B. Las Leyes Orgánicas o los Decretos de creación de las instituciones públicas de educación superior y la propia Ley General de Salud facultan a éstas para expedir las constancias de sus cursos de especialización. En el mismo caso se encuentran instituciones públicas de investigación o de salud, como los Institutos Nacionales.

Por lo que se refiere a las universidades particulares, para efectos de la expedición de estas constancias, se asimilan a las instituciones públicas cuando están reconocidas oficialmente.

Los colegios o asociaciones de profesionales, aún hoy, expiden constancias de especialización en materia de salud. En este caso existe el riesgo de que los cursos impartidos u organizados por ellos no tengan el nivel requerido de estudios de especialidad.

Es menester decir que los médicos actualmente han encontrado acuerdos a través de sus organizaciones, es por ende que hoy es del conocimiento público que esta comunidad profesional cuenta con un excelente equilibrio entre sus organizaciones.

C. Ahora bien, en primer término puede apreciarse un papel definido para cada tipo de asociación civil. Así, y como es del conocimiento público, las funciones de la Academia Nacional de Medicina de México, es preponderantemente la investigación, la enseñanza y el alto reconocimiento profesional; en cambio los colegios se orientan principalmente a la representación gremial de los médicos, y en general a los propósitos que les marca el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal; en tanto que la única función de los consejos de especialidades, y en ello estriba su fortaleza, es la certificación de la capacidad de los médicos especialistas.

En segundo lugar, los médicos del país han creado sus instituciones y simultáneamente han generado sus controles con base en el acuerdo de voluntades. Así, el médico interesado en certificarse acude por decisión propia al consejo de la especialidad correspondiente. A su vez, el consejo fue formado por decisión de sus especialistas y, además, por decisión de los consejos ya constituidos, todos se sujetan en su desempeño, a las políticas marcadas por del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

D. Este comité normativo tiene un antecedente muy valorativo e importante; En 1963, los médicos anatomopatológos fundaron el primer consejo en México y desde entonces, la Academia Nacional de Medicina siguió con gran atención la marcha y desarrollo de las especialidades y la formación de consejos; esta inquietud e interés llevó a la Academia a elaborar y publicar el documento titulado: ``La formación de Especialistas y la Reglamentación de las Especialidades'', que promovió una serie de actividades que culminaron con la organización de los consejos de especialistas y la reglamentación de las especialidades.

Fue en 1972 que los diez consejos que existían solicitaron a la Academia les otorgara el reconocimiento de idoneidad y desde esa fecha continuaron fundándose consejos. Para 1975 que se estableció el Comité, existían 44 consejos que agrupaban a 43,000 especialistas certificados; y para el 2001 ya habían 47 consejos los cuales han conferido certificación a 64,534 médicos especialistas.

La seriedad, empeño y entusiasmo con que fue llevado el programa determinó que en el artículo 160 del Código Sanitario y más tarde en el 81 de la Ley General de Salud vigente, se reconociera a la Academia Nacional de Medicina de México como autoridad en materia de certificación de especialistas y reconocimiento de especialidades.

Fue a finales de 1994 cuando la Academia Mexicana de Cirugía, recientemente designada Órgano Consultivo del Gobierno Federal por el Presidente de la República, solicitó su participación en estas importantes tareas. La Academia Nacional de Medicina, consciente de lo que aún faltaba por realizar dada la importancia que tiene y tendrá el número de consejos y de médicos certificados, así como la proyección que es de esperarse, determinó que era indispensable y provechoso contar con la colaboración de los Consejos de Certificación. El prestigio y experiencia de sus miembros, fortalecerían el programa, aportarían nuevas ideas y se propiciaría más la unión y acercamiento entre médicos e instituciones.

Por estas razones, se propuso y fue aceptado de inmediato el formar un Comité integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y la Asamblea de Consejos de Especialidades Médicas denominado ``Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas'', (CONACEM).

El CONACEM quedó formalmente constituido el 15 de febrero de 1995 con sede en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina.

En síntesis el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, es un organismo derivado de un acuerdo celebrado entre la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia Mexicana de Cirugía, que son órganos consultivos del Gobierno Federal, con la Asamblea de Consejos de Especialidad, lo que da la formalidad para actuar y materializar la indispensable garantía de seguridad en la rectitud del sistema, en su imparcialidad para emitir certificados y en la calidad de sus procedimientos para los Consejos.

Actualmente según marcan las cifras del CONACEM, en lo que respecta a médicos especialistas certificados de un 100% tienen un 79 % y en cuanto a los médicos especialistas no certificados tienen un 21 % esto de las cifras estimadas para el año en curso de un total de 75,000.

E. Los Consejos de Especialidades Médicas son la célula de este órgano: estos son asociaciones civiles creadas por los propios especialistas para regular su actuación con base a los requisitos necesarios de preparación y adiestramiento en cada campo de la práctica médica y a la demostración de competencia en exámenes de certificación. Dado el dinamismo de la ciencia médica los Consejos de Especialidades regulan también la actualización de los especialistas mediante evaluaciones diversas que, al superarlas, les conceden nueva vigencia con duración de un lustro.

El adecuado funcionamiento de los Consejos de Especialidades Médicas es importante para todas las instituciones de salud ya que les permite identificar a los especialistas capacitados. La intervención libre e imparcial del CONACEM da a todas las partes interesadas la indispensable seguridad y confianza en la rectitud de la operación del sistema. Es necesario subrayar aquí que los Consejos de Especialidades Médicas contribuyen a la protección del público, que en general carece de bases para juzgar la preparación y capacidad de quien se califica a si mismo como especialista.

Asimismo, los consejos son cuerpos académicos singulares, autónomos en su organización y procedimientos; son organismos, sin fines lucrativos, que están comprometidos con su comunidad profesional y con la sociedad en general. Son depositarios del reconocimiento y confianza de sus pares y, despojados de afanes protagónicos sus integrantes deben ser discretos en su accionar y hacer transparentes sus procedimientos, con el deber de informar y difundir el resultado de la certificación y recertificación de médicos especialistas que los ocupa, guardando el sigilo necesario y el debido respeto a quienes se someten a su dictamen.

F. El acto de certificación de las aptitudes de los especialistas, Único propósito y objetivo de los consejos, es la respuesta para constatar la calidad de preparación de los profesionales para el ejercicio competente de un campo específico de la medicina. Como consecuencia, los médicos se ven estimulados para mantener al día sus conocimientos, perfeccionar sus destrezas y desarrollar sus actitudes fortaleciendo sus valores profesionales personales.

Un efecto de gran importancia para la población, es que la certificación promueve la mejora de la calidad de la práctica médica especializada y se estimula, además, el estudio y permanente capacitación y actualización de quienes profesan una especialidad y, de manera agregada, se cuida el nivel de calidad de la práctica de los verdaderos especialistas.

G. Por lo anteriormente mencionado en este dictamen, se considera necesario establecer con la comunidad médica y con la población en general, el marco regulatorio sobre el que las autoridades educativas y sanitarias de los distintos ordenes de gobierno puedan definir las vertientes de coordinación, concertación e inducción, establecidas en la Ley de Planeación desde 1983. Además, se tiene también como referencia la naturaleza concurrente de las materias de educación y de salud, lo que permitirá enriquecer la práctica democrática, al reconocer el espacio que corresponde a las organizaciones de la comunidad médica.

H. Si bien es cierto que el Estado mexicano no debe ni puede impedir la práctica profesional a aquel que ostente un título que, en el caso, lo acredite como médico, debe reconocerse que ello no es el problema de la certificación de especialidades, porque el profesionista que no sea especialista no podrá ostentarse como tal, sin incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor y porque el médico que desea tener el reconocimiento de la especialidad acude a que lo certifiquen sus pares.

Por ende el problema reside en que un médico acuda a cursos que no le den la calidad profesional que requiere un especialista y se anuncie como tal.

I. Por todo lo anterior, es de considerarse congruente y necesaria esta reforma ya que con ella, se podrá obtener la comprobación idónea de los estudios de especialidades realizados para el perfeccionamiento técnico científico o cualquier otra rama que nos marca el artículo 5° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional relativo al Ejercicio de las profesiones. Asimismo se considera procedente esta iniciativa con proyecto de reforma, ya que solo impera con el propósito de tutelar jurídicamente, por un lado, la garantía a la población de la curricula académica de los médicos especialistas a los que acuda, y, por el otro, el reconocimiento al propio médico especialista de su condición académica.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 81...

Para el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitaran la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre del año 2004.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.

Es de primera lectura.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de la:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en fecha 9 de Diciembre de 2003, los Senadores Dulce María Sauri Riancho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y El Senador Fauzi Hamdan Amad, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación, en relación con la importación irregular de productos agroalimenticios y, en esa misma fecha, la Presidencia dictó el turno a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos Segunda, para realizar el estudio y dictamen respectivo.

Segundo.- En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en fecha 15 de Diciembre del 2003, fue presentado el dictamen correspondiente con dispensa de la segunda lectura y, aprobado por 89 votos, pasó a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes.

Tercero.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en fecha 16 de Marzo del 2004, fue turnado el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo y, en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa directiva, dictó el turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para realizar el estudio y dictamen que hoy nos ocupa, bajo el oficio número D.G.P.L.59-II-1-348

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Como lo señala la iniciativa original presentada por los senadores antes mencionados, en efecto, el Gobierno Federal ha emprendido una serie de acciones tendientes a proteger la competitividad y la productividad de nuestros sectores económicos vulnerables, como es el caso de los productores agroalimentarios, ya que se encuentran en un estado sensible y delicado por diversas situaciones, entre las que destacan la eliminación de los aranceles establecidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 19 productos agropecuarios, productos porcícolas, papa, manzana, aceites, alimentos preparados y embutidos. Otra situación que afecta directamente a los productores agroalimentarios de México, consiste en que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado los subsidios a su agricultura hasta en 19 mil millones de dólares anuales; por estas situaciones, los productores nacionales han buscado que el Gobierno Federal imponga cuotas compensatorias, salvaguardas e impuestos especiales a la importación de los productos agropecuarios aun reservados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta el 2007, como el maíz, el frijol y la leche en polvo.

SEGUNDA.- Esta Comisión, también considera que el Gobierno Federal ha aplicado los mecanismos de protección comercial contenidos en los tratados y acuerdos establecidos con nuestros socios comerciales para imponer salvaguardas y medidas aduaneras de defensa para la importación de productos sensibles; sin embargo, un gran número de empresas importadoras se han refugiado en la Ley de Amparo para eludir el cumplimiento de las disposiciones comentadas. Estas empresas, por lo general, tienen una vida fiscal corta, durante la cual, presentan declaraciones fiscales en ceros y recurren a las autoridades judiciales por medio del juicio de amparo, para obtener resoluciones que les permitan importar mercancías sin el pago de cuotas compensatorias y, en algunos casos, sin cumplir con los permisos, autorizaciones licencias, avisos y demás regulaciones arancelarias establecidas para la legislación nacional, provocando daños importantes a la economía nacional, eliminando en los hechos los mecanismos de salvaguarda establecidos.

TERCERA.- Asimismo, esta Comisión considera fundamental el apoyo y, en su caso, la defensa del sector agroalimentario, ya que de él dependen muchas familias de mexicanos y además, conociéndose el grave daño económico que generan las importaciones agroalimentarias que ingresan a nuestro país sin el pago de las cuotas compensatorias, es deber del Poder Legislativo encontrar soluciones a esta problemática.

CUARTA.- Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos con los autores de la iniciativa, hoy minuta, cuando exponen que la laguna existente en el tema mencionado, causa las siguientes situaciones:

No se exige por parte de la autoridad judicial una fianza suficiente pasa garantizar el interés fiscal;

Al fijarse un monto a garantizar, se aplican tasas o cuotas menores a las establecidas de acuerdo con la legislación, para la determinación de las contribuciones o cuotas compensatorias, por considerar que las previstas son excesivas; y

En muchas ocasiones, no se exige que la fianza comprenda, además de las contribuciones y cuotas compensatorias, elementos complementarios como: materia del juicio, su actualización y accesorios.

QUINTA.- De igual forma, esta Comisión también está de acuerdo con las dictaminadoras del Senado, en el sentido de que las actividades comerciales nunca deben ir en detrimento de los intereses del fisco federal, ya que son fuente de recursos públicos.

SEXTA.- Finalmente cabe mencionar que las Comisiones encargadas del dictamen en el Senado, expusieron que la propuesta de modificación al artículo 141 del Código Fiscal ya no es necesaria, toda vez que ha quedado incluida en el dictamen aprobado por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

Por todo lo anterior la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135.- Podrá concederse la suspensión del acto reclamado previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, sólo procederá la suspensión del acto reclamado previo depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a ocho de septiembre de dos mil cuatro.--- Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Martha Laguette Lardizábal (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se instruye a la Secretaría cerrar el sistema electrónico y dar cuenta del registro de quórum.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, hay 392 diputadas y diputados.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Hay quórum.

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ley de capitalizacion deL procampo

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización de Procampo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura en la H. Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de decreto que reforma el Artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo de Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 40, 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 89, 93 y 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Dictaminadora procedió al estudio y análisis de la minuta materia del dictamen, conforme a los siguientes apartados:

A. En el primero se consignan los ``ANTECEDENTES'' de la propuesta en estudio.

B. En el segundo se hace la ``VALORACIÓN'' de la iniciativa, motivando los razonamientos y fundando argumentos del dictamen.

C. En el tercero se presentan las ``CONSIDERACIONES'' que dan sustento a los razonamientos que orientaron el presente dictamen, y

D. Finalmente, se presentan las conclusiones y el dictamen de la iniciativa.

ANTECEDENTESA. Durante la sesión ordinaria, celebrada el día 18 de marzo de 2004, los diputados Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que les otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el pleno de ésta H. Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo para que los proyectos que apoye esta Ley no sólo sean técnica y financieramente viables, sino también ambientalmente sustentables.

B. En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, dispuso su turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su estudio y correspondiente dictamen.

VALORACIÓN

En su exposición de motivos los diputados promoventes de la iniciativa establecen que resulta evidente el deterioro ambiental en el campo. Paralelamente a este proceso se observan serias debilidades productivas como el lento crecimiento del sector, derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario y forestal.

Esta situación resulta paradójica, ya que a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, no han tenido lugar de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo, ni en lo productivo, ni en la protección al ambiente.

Por lo anterior, se considera apremiante tomar medidas que permitan modificar su operación y, en consecuencia, los resultados e impactos ambientales derivados de los sistemas de apoyo de Procampo.

El Procampo debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo, e incorporar la sustentabilidad como un requisito de los proyectos que apoye.

Por ello, se propone que se reforme el Artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Con base en los antecedentes y la valoración que preceden, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Rural consideran viable y pertinente la iniciativa en comento e incluso propone ampliarla e incluso incorporar a la vez en el texto de la misma, la rentabilidad social.

Por lo que a fin de dejar establecida la validez de la iniciativa, hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Ley de Capitalización del Procampo (LCP), publicada el 31 de diciembre de 2001 tiene por objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia, de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) para capitalizar sus unidades de producción y desarrollar proyectos y acciones de modernización.

Que la LCP busca proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos para instrumentar los proyectos productivos que permitan una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles, así como aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la materia. Es decir, como sector primario de la economía no se puede dejar de lado el contexto global en el que este se ubica.

Que de acuerdo con el texto de la Ley en comento, su aplicación seguirá invariablemente las prioridades, orientaciones y disposiciones previstas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en cuanto a equidad entre regiones y grupos menos favorecidos, así como la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales.

Que desde el punto de vista ambiental, la LCP establece que el acceso al Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO invariablemente será mediante un proyecto productivo que deberá estar directamente relacionado con la producción primaria, la agroindustrialización y el abastecimiento de insumos y equipos necesarios para la realización o desarrollo del proyecto productivo u otras actividades económicas vinculadas a las cadenas productivas agropecuarias, forestales y pesqueras.

Que tendrán prioridad los proyectos que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria; a la optimización en el uso y aprovechamiento del agua; la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales; a la generación de empleo; al incremento de la capacidad de los productores para alcanzar economías de escala y capacidad de negociación y a la integración de cadenas productivas y agregación de valor a los productos del campo.

Que uno de los principios rectores del Acuerdo Nacional para el Campo firmado el 28 de abril de 2003, es el impulso a sistemas sustentables de producción agropecuaria, agroindustrial, forestal y pesquera, con orientación al mercado interno y aprovechando las oportunidades de los mercados de exportación.

Que no obstante, la LCP contempla ciertos lineamientos y criterios en relación con el tema de la sustentabilidad, los diputados proponentes consideran adecuado incorporar dicho criterio en el texto de la Ley. La Comisión de Desarrollo Rural considera conveniente incluir también el criterio de la rentabilidad social, en aras de contribuir al desarrollo rural sustentable previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, definido este en esta misma ``como el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo a las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio''.

Que en atención a las consideraciones y razonamientos expuestos, esta Comisión Dictaminadora emite las siguientes:

CONCLUSIONES

1. Se considera adecuada la iniciativa de reforma de considerar en los proyectos productivos que apoye la LCP, además de los criterios técnicos y financieros, la dimensión ambiental.

2. A fin de darle el enfoque de desarrollo rural integral, se propone incluir en la propuesta de reforma, el criterio de la rentabilidad social.

3. Con las consideraciones anteriores, es de aprobarse la reforma al Artículo 15 de la LCP.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Agricultura y Ganadería consideran que la presente reforma complementa los criterios que se aplican para apoyar los proyectos productivos previstos en el texto actual de la Ley de Capitalización de PROCAMPO; por lo que se permite someter a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente Proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO

Artículo Único. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, para quedar como sigue:

Artículo 15. Mediante la presente Ley, se apoyará a los productores a través de proyectos productivos que no sólo sean financiera y técnicamente viables, sino también socialmente rentables y ambientalmente sustentables, para lo cual la Secretaría proporcionará información sobre opciones técnicas que mejoren los procesos productivos acostumbrados y sobre otras actividades que presenten mejores condiciones productivas y de mercado que les permita tomar las decisiones que convengan a sus intereses.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de agosto de 2004.--- Por la Comisión de Agricultura y Ganadería firman el siguiente dictamen los diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de que no se han registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Diputado Presidente, se emitieron 369 votos en pro, ninguno en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 369 votos.Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 20 de Abril de 2004, a la comisiones unidas Juventud y Deporte y de Salud de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Diputada Maki Ester Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte y Salud con fundamento en su atribución que le otorgan los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente.

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe.

I.- En el Capitulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa.

II.- En el Capitulo correspondiente a `` CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capitulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión mencionada expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. El 20 de abril del 2004 la Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En la misma fecha, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa objeto del presente dictamen pretenden que las adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el SIDA sean parte de la educación para la salud.

Por lo que respecta a la reforma a Ley del Instituto Mexicano de la juventud, pretende que el Instituto tenga por atribución la elaboración de programas y cursos de orientación sobre adicciones, educación sexual y salud reproductiva.

III. CONSIDERACIONES

A. Sabemos que actualmente los jóvenes constituyen el grupo de edad mas sano en términos biomédicos. Presentan proporcionalmente menos enfermedades y muertes, no obstante, consolidan hábitos de vida vinculados con prácticas sociales que los hacen vulnerables de presentar padecimientos crónico degenerativos y enfermedades emergentes.

B. De acuerdo al Programa Nacional de la Juventud 2002-2006 el abuso de sustancias adictivas, el ejercicio de la sexualidad, los hábitos alimenticios, la morbi-mortalidad por accidentes y violencia impactan negativamente en la salud de los jóvenes.

Y el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad puede derivar en enfermedades de transmisión sexual.

C. El uso, abuso y dependencia al tabaco; el abuso y la dependencia a las bebidas alcohólicas y el uso, abuso y dependencia a otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además, importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia, dan cuenta de la magnitud y de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas en suma las adicciones.

El uso y abuso de sustancias psicoactivas, representan una preocupación creciente para el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con una variedad de recursos humanos y técnicos, así como con la coordinación de las instituciones y programas disponibles en el país, de tal modo que permita implantar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento, normatividad y legislación, así como de sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones beneficien a la población. En síntesis una integral educación para la salud, así mismo, para asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita finalmente, reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociadas, se requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensbles que regulen la prestación de los mismos.

En el caso de las bebidas alcohólicas, la población juvenil inicia su consumo a edades cada vez más tempranas, y su consumo excesivo repercute en los índices de morbi-mortalidad y en el costo social.

En relación al tabaquismo, es innegable la asociación directa e indirecta del consumo del tabaco y sus productos, con graves padecimientos de alta mortalidad, así como su impacto familiar, laboral, social y económico

Entre los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas y alcoholismo se pueden citar: accidentes y conducta violenta, cirrosis hepática, conducta sexual riesgosa, síndrome alcohólico-fetal, trastornos mentales y de la conducta.

En el caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades vasculares cerebrales y problemas perinatales, entre otros.

El uso y abuso de otras sustancias psicoactivas conlleva a la aparición de problemas psicosociales y psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por causa externa, alteraciones en la gestación (retraso en el crecimiento intrauterino, abortos, parto pretérmino y muerte fetal, entre otros).Todo esto afecta al sector juvenil de nuestro país.

Así mismo hacemos mención que tenemos en cuenta la existencia de la norma norma oficial mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Sin embargo consideramos que ningún esfuerzo es exagerado para terminar con este problema.

D. Es una obligación social proteger este grupo, a la juventud, otorgándole los servicios de salud mas rentables como son las acciones que incurren en la educación para la salud.

Es necesario potenciar la actuación coordinada de las instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno y promover la participación de las instancias privadas en la promoción y educación para la salud. Esto para lograr mejores resultados en la salud y en la reducción de la desigualdad en el mediano y largo plazo.

Observamos que actualmente en los jóvenes existe un sector activo y estratégico del desarrollo nacional.

E. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan a un grupo de padecimientos infecciosos que se transmiten predominantemente por contacto sexual. Algunos de éstos son considerados como de notificación obligatoria en la mayoría de los países, y continúan teniendo una frecuencia inaceptablemente alta, fundamentalmente entre gente joven en edad reproductiva y con vida sexual activa. Las ETS, y sus complicaciones, no están distribuidas uniformemente entre la población, pues sólo algunos grupos específicos son los que se encuentran en riesgo de adquirirlas o transmitirlas; a ellos se les debe reconocer con el fin de incluirlos en los programas de vigilancia y control. Hay también algunos subgrupos de individuos que sufren particularmente las complicaciones; por ejemplo, las mujeres que inician su actividad sexual a edad temprana y que tienen varias parejas en lapsos cortos.

El problema de las ETS no se conoce debidamente en México; las pocas clínicas especialmente instaladas con ese propósito atienden a un número muy limitado de hombres y trabajadoras sexuales, de tal manera que la información que se desprende de su actividad no es representativa de lo que ocurre en la población. Sin embargo, se ha estimado que la frecuencia de ETS en la población general fluctúa entre 0.1 y 0.5%; en cambio, para la población considerada como de alto riesgo, se calcula una frecuencia que va de 10 a 20%. La población más afectada se encuentra entre los 18 y 24 años de edad.

F. El SIDA también se debe incluir como objeto de la educación sexual, sabemos que es una enfermedad causada por un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la padece.

Tan solo en el 2002 se notificaron mas de 16,000 casos, subiendo un gran porcentaje año con año, El SIDA constituye la cuarta causa de muerte de los hombres entre 25 y 34 años de edad, es por ello que se debe realizar las acciones necesarias para combatir este problema.

Así mismo tenemos en cuenta los distintos tipos de vías de transmisión del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida como los son los tres modos fundamentales de transmisión del VIH: Transmisión sexual, transmisión parenteral por el uso compartido de agujas o jeringuillas, instrumentos contaminados, transfusión sanguínea y transmisión vertical o de la madre al feto.

G. La educación para la salud sexual y reproductiva es de suma importancia, los adolescentes de 15 a 19 años de edad representan casi la cuarta parte de la población nacional, y actualmente se registran 43,000 embarazos anuales en mujeres de esa edad.

Uno de los resultados de las uniones tempranas son los embarazos en mujeres jóvenes, muchos de los cuales se caracterizan por la presencia de toxemia, desproporción cefalopélvica y otros cuadros que aumentan el riesgo reproductivo. Por otra parte, el primer producto de una madre adolescente corre más riesgos de tener bajo peso al nacer y de ser prematuro, que los primeros hijos de madres de más de 20 años de edad.

La falta de una educación sólida con respecto a la vida sexual y reproductiva, desde los primeros años de la escuela o desde otros ámbitos en la comunidad, es una de las causas que influyen en el inicio muy temprano, y de manera desinformada, de la vida sexual, con el frecuente resultado de un embarazo no planeado ni deseado en ese momento.

H. Existen Programas y Proyectos para la educación Gubernamentales, como lo son:

Escuelas Promotoras de Salud..

Estrategia de Capacitación para Educadores en Salud

La Escuela. Eje de la Salud Comunitaria.

Modelo Avanzado de Atención Primaria a la Salud.

Masculinidad y Salud Reproductiva.

En las universidades encontramos algunos como los son:

Diagnóstico de los Patrones de Automedicación en el Rincón Zapoteca.

Estrategia Cogestionaria para Revitalizar el Ambiente Natural, Económico y Cultural en el Rincón Zapoteca.

Género y Salud Reproductiva. Una Propuesta Metodológica.

Producción de Discos Compactos. Libro de Ciencias Naturales.

Programa de Capacitación por Videoconferencia Interactiva para Educadores para la Salud en el Empleo de los Medios Tecnológicos para la Educación Presencial y a Distancia.

Programa Universidad en Línea. Educación para la Salud.

I. Por todo lo anterior se debe actuar de una forma permanente y eficaz. Sabemos que la prevención de ciertos aspectos como son enfermedades entre otros, se encuentra ya regulada en el artículo 134 fracción XIII de la Ley General de Salud, pero es muy diferente la prevención que la educación para la salud, aunque van de la mano son distintas formas de atacar dichos problemas.

Es por ello, que consideramos que con esta reforma se concretaría de una manera sólida y eficaz el combate y ventaja a estos problemas que día con día crecen y se incrustan mas en el sector juvenil ya mencionado y se vuelve un problema de salud pública ya que no solo afecta a este sector sino a toda la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte y Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:.

ARTÍCULO 112. La educación para la salud tienen por objeto:

I a II..., y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, adicciones, educación sexual, salud reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual especialmente el SIDA, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de la fármacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección -

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a VIII.

IX. Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual, y salud reproductiva, así como de capacitación y desarrollo, destinados a los jóvenes, y

X...

TRANSITORIO

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2004.--- Por la Comisión de Salud. Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).

Por la Comisión de Juventud y Deportes. Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Lanero Gutiérrez, Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), J. Erandi Bermúdez Méndez, Rodolfo Esquivel Landa, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general.

En virtud de que no se han registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general...

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

Sonido en la curul de la diputada Durán.

La diputada Patricia Elisa Durán Reveles (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Sonido en la curul de la diputada Díaz.

La diputada Socorro Díaz Palacios (desde su curul): Rectificar el voto, a favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Vizcarra.

El diputado Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Galindo.

El diputado Rafael Galindo Jaime (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Sagahón.

El diputado Benjamín Sagahón Medina (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Alvarez Romo

El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente, se emitieron 383 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 votos.Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, presentada por el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de marzo de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que en sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de marzo de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura''.

TERCERO. Mediante oficio CE/0509/04 de fecha 30 de marzo de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. El legislador propone lo siguiente:

``...

...

[...] al referirnos a las [Micro, Pequeñas y Medianas Empresas] Mipyme culturales tendremos en cuenta las empresas de la radio, la televisión, el cine, la industria de la música, la publicidad, el libro, los periódicos, el teatro, el turismo cultural, la opera, etcétera; pero también debe considerarse al conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan nuestra sociedad o un grupo social.

...

En este orden de ideas, nuestra iniciativa pretende dar pauta para establecer un mecanismo jurídico que permita que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente (Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y que pase a ser beneficiario del mismo, a través de la aplicación de mecanismos de financiamiento públicos, de los efectos positivos del libre mercado; y, al mismo tiempo, facilite el desarrollo cultural del país, de los estados y de los municipios. Es decir, el interés de esta iniciativa es el de incluir una serie de fondos de financiamiento público (de los fondos de la Secretaría de Economía dirigidos a impulsar las Mipyme) al alcance y canalizables a las iniciativas privadas de producción de bienes y servicios culturales que carezcan de los recursos económicos necesarios para ver a la luz del día sus esfuerzos.

...

...

Para concluir, es necesario recordar que las Mipyme culturales debemos visualizarlas como instrumentos y patrimonio histórico vivo, recurso que proporciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios para coordinar los deseos, las aspiraciones y las preocupaciones ciudadanas, y son dispositivos que pueden mostrar la gran diversidad, pluralidad y riqueza de las manifestaciones culturales en el sentido más amplio: lenguajes, músicas, costumbres, vestidos, cocinas, etcétera, que existen en el país.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.-......

I......

II......

III.....

......

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

QUINTO. El 8 de junio de 2004, la Comisión de Cultura emitió la opinión a la iniciativa en comento, anexo al presente, manifestándose a favor de su aprobación, por lo que esta Unidad Legislativa hace suyos los considerandos vertidos por esa Comisión.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el mundo se han convertido en un nicho de oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenido de los países a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

TERCERO. Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 42% del Producto Interno Bruto y el 64% del empleo del país.

CUARTO. Que el Ejecutivo Federal ha impulsado una serie de acciones para aumentar la competitividad y productividad de las empresa del país, para ello creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía y elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001--2006, con la finalidad de fomentar y promover la calidad, competitividad, capacitación, desarrollo e innovación tecnológica y el desarrollo empresarial de la planta productiva, en especial de las MIPYMES, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y organismos del sector público, privado, social y educativo competentes.

QUINTO. Que este Honorable Congreso de la Unión aprobó por consenso de todos los partidos políticos, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de fomentar la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SEXTO. Que las MIPYMES denominadas culturales, abarcan un gran conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación, tales como: la editorial, fonográfica, artesanal, televisión, cine, radio, video, prensa, revistas, nuevas tecnologías, publicidad, entre otros bienes y servicios culturales, que favorecen la difusión masiva de la cultura.

SÉPTIMO. Que las MIPYMES culturales tienen una influencia significativa en la economía, mediante la creación de empleos, mayor inversión productiva, incremento del comercio exterior, así como el aumento de las contribuciones y derechos, entre otros beneficios indirectos. Así, este conjunto de actividades pueden participar e impulsar el Producto Interno Bruto nacional de manera significativa, como ha sucedido en diversos países de América y Europa.

OCTAVO. Que las MIPYMES culturales cumplen satisfactoriamente con su responsabilidad social, por un lado, aprovechan sus aptitudes para contribuir al desarrollo de la economía del país, generando riqueza y empleos, y por el otro, promueven la trasmisión de ideas y valores en la sociedad, mediante la producción de bienes y servicios culturales.

NOVENO. Que el Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de promover las diferentes expresiones y propiciar la elevación del nivel cultural de los mexicanos, así como la defensa, el rescate, la conservación y la difusión del patrimonio cultural y el estímulo a los procesos culturales.

DÉCIMO. Que el Poder Legislativo junto con el Ejecutivo deben alentar y apoyar las manifestaciones culturales, así como fomentar la igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales, para que las personas no solamente gocen de las distintas expresiones de la cultura, sino que también tengan una oportunidad para participar en su creación, a través de las MIPYMES culturales.

DÉCIMO PRIMERO. Que las MIPYMES culturales deben aprovechar y gozar los Programas y Fondos con los que cuenta la Secretaría de Economía, para llevar a cabo sus actividades culturales con una visión empresarial y con suficiencia económica, enriqueciendo la cultura de nuestro país, al tiempo, que se estarían apuntalando y complementando los Programas de Desarrollo Empresarial y el Nacional de Cultura.

DÉCIMO SEGUNDO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, junto con los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Cultura, reconocen y concluyen, que esta Iniciativa viene a fomentar y promover la cultura en un ambiente empresarial, donde el negocio de las expresiones culturales tiene cada día un espacio relevante en el quehacer cotidiano de la sociedad, dado que el arte y la cultura, forman parte fundamental del desarrollo integral de cada persona.

RESUELVE

PRIMERO. Que con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Iniciativa que presentó el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. La Comisión de Economía, con la opinión de la Comisión de Cultura, presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

I. a III. ...

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

IV. a XVII. ...

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de junio del año 2004.--- Comisión de Economía: Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jesús Antonio Nader Nasrallah, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Jesús María Ramón Valdez, Eduardo Olmos Castro, Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Oscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala, Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo, Juan José García Ochoa (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Cultura correspondiente a la LIX legislatura le fue turnada para su opinión, la ``INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 3° DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA'', presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Cultura de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el día 30 marzo de 2004 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo de la fracción 111 del artículo 30 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que fue turnada a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura.

2. En reunión de la Comisión de Cultura, celebrada el 13 de abril de 2004,- se dio trámite de recibo correspondiente a la iniciativa referida en el numeral 1 de este apartado.

3. En, sesión celebrada el 20 de abril de 2004, los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se reunieron con diversos representantes de la comunidad cultural para escuchar sus opiniones sobre la iniciativa en comento.

4. En reunión de la Comisión de Cultura celebrada el día 8 de junio de 2004, los integrantes realizaron el estudio y debate de la iniciativa de ley correspondiente al numeral 1 de este apartado, para emitir la opinión correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la cultura es un modo de vida, costumbres, conocimientos, tradiciones, manifestaciones y expresiones artísticas de los pueblos, sociedades y naciones. Que la cultura otorga identidad personal, colectiva y nacional a los pueblos, y dota de pertenencia a las personas en una determinada sociedad.

SEGUNDO. Que la cultura fomenta y estimula en las personas los valores de la tolerancia, la libertad, la pluralidad, la diversidad, los cuales son pilares en la vida democrática de nuestro país.

TERCERO. Que los bienes y servicios culturales, por su naturaleza, son bienes públicos que generan efectos externos positivos y que no se agotan en la utilidad que pueden obtener de ellos las personas. Es decir, los bienes culturales son bienes sociales irreductibles cuyos beneficios trascienden a los individuos concretos y benefician a la sociedad en su conjunto.

CUARTO. Que la cultura no se circunscribe al plano espiritual de la degustación de las obras o bienes culturales, sino también participa activamente en el desarrollo económico del país. Según cifras presentadas en investigaciones recientes revelan que la participación económica del sector cultural alcanza entre un 6 y 7 por ciento del producto interno bruto, lo cual lo ubica por encima de sectores que tradicionalmente se consideran relevantes para el rumbo y crecimiento del país como el sector automotriz.

QUINTO. Que en consecuencia y dada la relevancia de la cultura en términos de edificación personal y social, así como en términos económicos nacionales, se enfatiza la necesidad y justificación de alentar a través de la política pública gubernamental y del orden jurídico, el desarrollo, fomento y promoción de las actividades culturales. Es decir, el Estado está obligado a impulsar la producción y el desarrollo cultural como un medio para el fortalecimiento y engrandecimiento de nuestro país.

SEXTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de¡ fomento a la creación de este tipo de empresas y brindar apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SÉPTIMO. Que el Estado debe brindar las facilidades y mecanismos de financiamiento a los productores de bienes culturales y prestadores de servicios, culturales, entre muchos otros participantes de la cultura, para que éstos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y apoyo por parte de las instancias gubernamentales en su actividad económica.

OCTAVO. Que la reforma a la fracción 111 del artículo 3 a dicha ley, propone incorporar a los productores de bienes culturales, así como a los prestadores de servicios culturales como sujetos potenciales de los beneficios que esta ley provee. Lo cual no es propiamente una solución integral, sino tan sólo un esfuerzo en el sentido de poner en igualdad de circunstancias a las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector cultura¡, respecto a otros sectores, y así hacerlas susceptibles de asesoría, de crédito, de capacitación, de información de mercados, entre otros aspectos, que les permitan potenciar y explotar sus capacidades.

NOVENO. Que los objetivos de la reforma son proveer de ese piso mínimo necesario para el florecimiento del sector cultural, incrementar la participación de las industrias culturales en los mercados, y que generen mayor valor agregado nacional. Lo anterior ---como lo tiene previsto la ley en cuestión---, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa del sector cultural.

DÉCIMO. Que el marco jurídico debe reflejar la aspiración que como sociedad tenemos, y en consecuencia incorporar en las normas los principios que constituyan el cauce de la cultura como objeto de¡ derecho y, en particular, de las oportunidades fundamentales para el fortalecimiento y florecimiento de la cultura.

DÉCIMO PRIMERO. Que a juicio de los integrantes de la Comisión de Cultura la incorporación de productores de bienes culturales, como de los prestadores de servicios culturales en la propia ley, con el fin de darles acceso a mecanismos de financiamiento, es esencial para fortalecer los principios y valores superiores que hacen posible un desarrollo cultural democrático.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en este tenor, la reforma que nos ocupa se inscribe en una de las vertientes que el orden jurídico mexicano deberá ahondar con el objeto de beneficiar a todos los participantes de¡ sector cultural.

DÉCIMO TERCERO. Que esta reforma es encomiable en el sentido que coadyuva a insertar en la democracia y fijar operativamente en el Estado de Derecho, en forma de reglas, principios y valores jurídicos, las aspiraciones de la sociedad en relación con la cultura, convirtiendo así al Estado democrático y de Derecho en un Estado de Cultura, en tanto hace del reconocimiento y protección una parte de la actividad cultural, y favorece el progreso de la cultura como un fin indeclinable del Estado.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

OPINIóN

PRIMERO. Que la Comisión de Cultura se manifiesta a favor de que la iniciativa presentada por el Diputado José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sea aprobada en sus términos, en virtud de las razones expuestas en los Considerandos:

Artículo Unico. Se reforma el último párrafo de la fracción 111 del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.-

I. a III

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.

SEGUNDO. Por medio de oficio, túrnese la presente opinión a la Comisión de Economía para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de junio de 2004.--- Diputados: Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica), José Antonio Cabello Gil (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Patricia Flores Fuentes (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Jesús María Ramón Valdez, Laura Reyes Retana Ramos, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán, Bernardo Vega Carlos, Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto...

En virtud de que no se han registrado oradores, consulte la Secretaria a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen, en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido. Se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 385 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado por 385 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresas.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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CONDECORACIONES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Felipe Larios Cortés, Paulino López Bernal, Antonino Fernández Rodríguez, Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Y Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona, Mónica Saavedra Díaz, Graciela Balcázar Rivera, Cecilia Araceli Navarrete Laborde, Karla Guadalupe García Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Elizabeth Romo González, Isai Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elice Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna, Félix Guillermo Muñoz Segura, Heryney Antonio Bolaños Méndez, Erika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas, Cynthia Martínez Cortés, Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Edgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estévez, Simón Baizabal Lagunes, Julio Xilo García y Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios a gobiernos extranjeros en México.

Alberto Manuel Cabezut Madaria, cónsul honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se les dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Al Mérito'', en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración ``Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro'', que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.--- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración ``Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro'', que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de septiembre del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las Minutas Proyecto de Decreto que conceden permiso a los ciudadanos GENERAL BRIGADIER D.E.M. FELIPE LARIOS CORTÉS, GENERAL DE GRUPO PILOTO AVIADOR D.E.M.A. PAULINO LÓPEZ BERNAL, ANTONINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E INGENIERO SERGIO ALFONSO VERDUZCO ROSAN, para aceptar y usar las Condecoraciones que en diferentes grados les confieren: el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Segundo Párrafo del Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier D.E.M. Felipe Larios Cortés, para aceptar y usar la Condecoración ``Legión de Mérito'', que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano General de Grupo Piloto Aviador D.E.M.A. Paulino López Bernal, para aceptar y usar la Medalla ``Mérito Santos-Dumont'', que le confiere el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil.

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Antonino Fernández Rodríguez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Francés, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 24 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 6 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos JACOBO HAMUI CARDENAS, ALEJANDRA MARIA NAHAS ESPINOSA, JAIME AYALA ORONA y MONICA SAAVEDRA DIAZ, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Jacobo Hamui Cárdenas, para prestar servicios como Especialista político en la Sección Política, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Alejandra María Nahas Espinosa, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Jaime Ayala Orona, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Saavedra Díaz, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 6 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las Ciudadanas GRACIELA BALCÁZAR RIVERA Y CECILIA ARACELI NAVARRETE LABORDE, puedan prestar servicios como Asistente Administrativo y Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 14 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

C O N S I D E R A N D O

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus Actas de Nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II), del Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Segundo Párrafo, del Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Graciela Balcázar Rivera, para prestar servicios como Asistente Administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la Ciudadana Cecilia Araceli Navarrete Laborde, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 1º de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isai Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en el Consulado General en Tijuana, Baja California.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus Actas de Nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en el Consulado General en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, para prestar servicios como Asistente de Desarrollo/Secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana María Cristina Prado Castañeda, para prestar servicios como Especialista en Asuntos Públicos en la Sección USAID, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Robles Gil Torres, para prestar servicios como Asistente Administrativo en la Sección de Administración, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mirna Teresita Garduño Villalobos, para prestar servicios como Asistente en la Agencia de USAID, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Arely Maria de Lourdes Viveros Aldana, para prestar servicios como Visa Clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Martín Benites Proaño, para prestar servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Magdalena Padilla Aguilar, para prestar servicios como Visa Clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Adriana Lizabeth Romo González, para prestar servicios como Visa Clerk en el Area de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Isai Granados Santiago, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Rogelia Guadalupe González Camacho, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Elsie Woller Gutiérrez, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Julio Alejandro Mendoza Llamas, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Villanueva Garduño, para prestar servicios como Supervisor del Centro de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Erico David Cerezo Andrade, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Helam Ramón Sapién Valdez, para prestar servicios como Chofer, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina Montiel Luna, para prestar servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Félix Guillermo Muñoz Segura, para prestar servicios como Técnico en Telecomunicaciones, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficios de fecha 1 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Erika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Heyner Antonio Bolaños Méndez, para prestar servicios como Recepcionista y Asistente Contable, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Erika Villar Astorga, para prestar servicios como Asistente de Política y Economía, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Germán Herrera Gavito, para prestar servicios como Chofer Mensajero, en la Embajada de la República de Bolivia, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Dávila Macuil, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Fortoul Audiffred, para prestar servicios como Asistente Económica, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Gina Muñoz Islas, para prestar servicios como Asistente Comercial, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Martínez Cortés, para prestar servicios como Asistente Técnica, en la Embajada de Noruega, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 8 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos FLORINDA YOLANDA DE JESÚS ZAMORA, ALFREDO LUGO DÁVILA, LUISA JOSEFA ANDRADE OSORIO, EDGAR DOMÍNGUEZ PÉREZ, MARIA DEL PILAR UNDA JIMÉNEZ, MARÍA TERESA BEORLEGUI ESTÉVEZ, SIMÓN BAIZABAL LAGUNES Y JULIO XILO GARCÍA, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Dinamarca y de lapón, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 21 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Dinamarca y de Japón, en México serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Segundo Párrafo del Artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciu-dadana Florinda Yolanda de Jesús Zamora, para prestar servicios como Cocinera, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Alfredo Lugo Dávila, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada dé Dinamarca, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Luisa Josefa Andrade Osorio, para prestar servicios como Empleada Doméstica, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Domínguez Pérez, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Unda Jiménez, para prestar servicios como Administradora, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Beorlegui Estévez para prestar servicios como Asesora Administrativa y Consular, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Simón Baizabal Lagunas, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Julio Xilo García, para prestar servicios como Empleado del Departamento Administrativo, en la Embajada de Japón, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 14 de septiembre de 2004, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Luis Guillermo López Moreno, para que pueda prestar sus servicios como Ayudante General (Tradeshelper) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 23 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal, serán de carácter administrativo, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Guillermo López Moreno, para que pueda prestar sus servicios como Ayudante General (Tradeshelper) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 24 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

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CONSUL HONORARIO
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 1 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República Federal Democrática de Etiopía, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la Fracción IV, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 15 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Están a discusión los proyectos de decreto que conceden permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Nacional al Mérito en Grado de Gran Collar y del Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro, que le confiere el Gobierno y el Congreso Nacional de la República de Ecuador.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos general brigadier Diplomado de Estado Mayor Felipe Larios Cortés, general de grupo piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, Antonino Fernández Rodríguez e ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren el Gobierno de Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general...

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona y Mónica Saavedra Díaz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general...

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Graciela Balcázar Rivera y Cecilia Araceli Navarrete Laborde, para prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general...

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Guadalupe García Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benítez Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Elizabeth Romo González, Isaí Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general...

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Heyner Antonio Bolaños Méndez, Erika Villas Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés. Para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Edgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estéves, Simón Baizabal Lagunes y Julio Xilo García, para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular, y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México...

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Alberto Cabezut Madaria, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriores reservados, en un solo acto.

Se ruega a la Secretaría, instruya la apertura del sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento Interior, y abrase el sistema electrónico por 5 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 379 votos en pro; 2 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Aprobados los proyectos de decreto por 379 votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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JUEGOS OLIMPICOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo en relación a la proposición para solicitar a comparecer al Secretario de Educación Pública, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informe sobre los resultados obtenidos por nuestra representación nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto con punto de acuerdo, presentado por el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga integrante del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Educación Pública, en su carácter de presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y del Director General de ese Organismo, con relación a los resultados obtenidos por nuestra representación nacional en los juegos Olímpicos de Atenas, Grecia.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 87 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 25 de agosto del presente año, se turnó a esta Comisión el presente proyecto con punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

Segundo.- Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio del proyecto presentado, suscribiéndolo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Que los resultados obtenidos por nuestra representación nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia; demuestran la grave crisis por que pasa nuestro deporte nacional,

II.- Que resulta importante se de a conocer quien es el responsable del seguimiento y preparación de nuestros deportistas,

III.- Que se explique el papel que juegan las federaciones deportivas nacionales y las demás instancias deportivas en los procesos de selección,

IV.- Que se detallen los parámetros bajo los cuales se otorgan los apoyos y estímulos económicos a deportistas y entrenadores,

V.- Que se entregue informe de los avances obtenidos por el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, y

VI.- Que se justifique clara y detalladamente el uso que se ha dado a los recursos económicos otorgados al sector educativo en materia de cultura física y deporte en el transcurso del concluido ciclo Olímpico.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión dictaminadora emite las siguientes:

CONCLUSIONES

I.- Los integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte coincidimos en la necesidad de que a este órgano Legislativo se le informe sobre la situación que prevalece en el deporte nacional, máxime que los resultados obtenidos en los pasados Juegos Olímpicos no han sido satisfactorios para la sociedad mexicana.

II.- Es deber de esta Cámara de Diputados vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados al desarrollo social y educativo de los ciudadanos mexicanos, siendo el deporte parte importante de estos.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión ha Considerado favorable la petición del proponente a fin de que se solicite la comparecencia ante esta Comisión de Juventud y Deporte del Secretario de Educación y del Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados cita a comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte al Secretario de Educación Pública y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informen sobre los resultados de la representación del país en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia; expliquen las causas de los insatisfactorios resultados deportivos y precisen las estrategias, objetivos y metas que dentro del programa nacional de cultura física y deporte y otros especiales, pondrán las autoridades deportivas en el corto, mediano y largo plazo para promover, fomentar y desarrollar el deporte de alto rendimiento mexicano.

SEGUNDO.- Invítese al C. Secretario de Educación Pública y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fin de que su comparecencia tenga lugar a la brevedad posible.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de Septiembre de 2004.--- Comisión de Juventud y Deporte: Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, secretarios; Jorge Triana Tena, José Francisco Landero Gutiérrez, Maximiliano Alexander Rábago, María Isabel Maya Pineda, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares, Angel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita, J. Erandi Bermúdez Méndez, Rodolfo Esquivel Landa, José Javier Osorio Salcido, Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Isaías Soriano López, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Se abre el registro de oradores...

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos. Consulte la secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE JALISCO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Semarnat en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlan, municipio de Tonala, Jalisco, a cargo del Diputado Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 23 de Marzo de 2004, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la SEMARNAT en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlan, Municipio de Tonala, por el Dip. Quintín Vázquez García, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión de abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS1. Que la Zona Metropolitana de Guadalajara, es la segunda mas importante a nivel nacional después de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, esto es por el total de la población que habita en ella y por su propio desarrollo socioeconómico, que como toda zona conurbada presenta problemas en la atención y calidad de los servicios públicos que prestan los diversos municipios que la conforman, dentro de estos, los de materia de higiene y salud representan un gran reto, porque en ellos intervienen factores naturales y artificiales que perjudican a la calidad de vida de los habitantes.

2. Que la problemática en la Zona Metropolitana de la generación y disposición final de los residuos sólidos municipales ha crecido debido a un manejo ineficiente de los residuos, y esto se debe a la falta de infraestructura para desarrollar los diseños, construcción y operación de rellenos sanitarios.

3. Que en la Zona Metropolitana de Guadalajara, hay alrededor de 682,739 viviendas distribuidas en los cuatro municipios que la conforman, en los cuales se generan aproximadamente 3,500 toneladas de residuos por día de origen domiciliario, compuestos aproximadamente por el 50 % residuos orgánicos y 50% de inorgánicos.

4. Que existen en la actualidad riesgos ambientales derivados o asociados con el manejo inadecuado de la disposición final de los residuos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y esto por el escaso control ambiental al operar sitios sin planificación, básicamente tiraderos a cielo abierto y vertederos controlados, que en ambos casos son factores de contaminación importante en los sitios donde se ubican. Tales son los casos de los sitios ya clausurados como: las Juntas I y II, Tateposco, el Zalate, La Micaelita, y Santa María Tequepexpan en el Municipio de Tlaquepaque, en el Municipio de Guadalajara el vertedero de Loma linda, en Tonalá las 29 etapas de los vertederos de San Gaspar ya clausurados, así como los de Coyula-Matatlan y los Laureles actualmente en operación por la empresa Caabsa Eagle, que es la concesionaria del manejo de residuos sólidos en el municipio de Guadalajara, en estos dos últimos sitios se depositan los residuos provenientes de Guadalajara y Tonala.

5. Que el objetivo de instalar el relleno sanitario Metropolitano Poniente, era permitir a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara clausurar y sanear los actuales tiraderos de residuos sólidos que se localizan dentro de sus municipios, concretamente los casos de los vertederos conocidos como ``El Taray'', en Zapopan y ``Coyula Matatlan'' ubicado dentro del municipio de Tonalá.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-ECOL-1996, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO, LA CUAL ESTABLECE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS SITIOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA MISMA, QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SANEARLOS.

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LA ENTIDAD A INSTRUMENTAR UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

TERCERO: SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TONALA Y ZAPOPAN, DEL ESTADO DE JALISCO, A REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SANEAR LOS ACTUALES TIRADEROS DE RESIDUOS SÓLIDOS.

CUARTO: SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A QUE INFORME ACERCA DE LOS AVANCES QUE TIENE EL PLAN DE CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO DE DESECHOS SÓLIDOS DE MATATLAN, MUNICIPIO DE TONALA JALISCO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Se abre el registro de oradores... No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos. Consulte la secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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ADITIVOS ALIMENTICIOS DE USO ZOOTECNICO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo en relación a la proposición para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que comparezca ante la Comisión de Salud, para que exponga las acciones que está llevando a cabo la dependencia, para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la H. Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el Punto de Acuerdo con relación al Acuerdo que remite el Congreso del estado de Jalisco, por el que se solicita al Ejecutivo Federal actualizar de manera integral el marco jurídico al registro de supervisión de productos farmacéuticos biológicos y alimenticios de uso zootécnico.

Con fundamento en los artículos 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo I; 45, párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla este dictamen, conforme a la metodología que a continuación se describe:

I. En el capítulo ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 21 de octubre de 2003 por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio No. DPL.2121-LVI, de fecha 25 de septiembre de 2003, con el que se remite Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal actualizar de manera integral el marco jurídico al registro de supervisión de productos farmacéuticos biológicos y alimenticios de uso zootécnico.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó el punto de acuerdo en comento, para su estudio y posterior dictamen, a esta Comisión de Salud.

Con fecha 22 de Abril de 2004, la Mesa Directiva de H. Cámara de Diputados, turnó a esta Comisión el oficio de la Secretaría de Gobernación, número SEL/300/1116/04, mismo que contiene copia del similar, suscrito por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el cual incluye la información relativa al empleo de Beta agonistas en animales.

En sesión celebrada el día 9 de Junio por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del similar, del Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, en respuesta a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados mediante los que que Exhorta al Ejecutivo Federal a que realice las acciones pertinentes para evitar la utilización de Beta análogos con fines zootécnicos. El mencionado documento fue turnado con esa misma fecha a la Comisión de Salud.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

En el oficio remitido por la LVI legislatura del Congreso del estado de Jalisco, los diputados manifiestan su preocupación debido a la utilización de beta análogos, en particular de Clembuterol, para la engorda de ganado.

Señalan que los ganaderos buscan producir ganado musculoso y con poca grasa, mediante la utilización de productos químicos conocidos como beta agonistas.

Afirman que aunado al acuerdo en comento, la Soberanía del Congreso del estado de Jalisco, ha solicitado en otras tres ocasiones la intervención de la Delegación Federal de la SAGARPA en el estado para controlar la utilización de estas sustancias.

Por los daños a la salud que ocasiona el consumo de productos cárnicos que contienen las sustancias antes mencionadas, es que el Congreso del estado de Jalisco solicita al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretaría de Salud, Economía, Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación; inicien los trabajos tendientes a revisar y actualizar integralmente el marco jurídico aplicable a las condiciones de registro y supervisión de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.

Aunado a lo anterior, exhorta a que estos mismos trabajos se lleven a cabo por este H. Congreso de la Unión en coordinación con el Ejecutivo Federal.

De conformidad con las atribuciones legales conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los dictámenes de los puntos de acuerdo presentados, la Comisión de Salud, se encargó de preparar el presente dictamen, tomando en consideración las aportaciones de los diputados, de los diversos grupos parlamentarios, al tenor de las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Avocada la Comisión al estudio del punto de acuerdo remitido por el Congreso del estado de Jalisco para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada con las facultades para conocer y resolver el asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala:

A. Después de que en el año 2002, se vivió en el estado de Jalisco, una intoxicación de más de un centenar de personas, posteriormente al haber consumido carne de res, tras diversas investigaciones se pudo descubrir que a los animales sacrificados, se les había administrado un medicamento del grupo de los denominados beta agonistas, el Clembuterol. Cabe señalar, que este producto previamente había sido evaluado por diversos institutos de investigación y se había encontrado que no había depósitos en hígado y riñón, por lo cual se estableció que para su excreta total, sólo se requería evitar la administración del producto unos cuantos días antes de su sacrificio para consumo humano, sin embargo lo que en realidad había sucedido, es que no se habían investigado los residuos y vestigios del producto en cuestión, en otros tejidos y vísceras, que a diferencia de los países más desarrollados, si son consumidas por los mexicanos, tales como ojos, labio, lengua, útero y trompas de Falopio (los llamados tacos de nana), cerebro.

B. Ante la nueva evidencia de que se podían encontrar depósitos de los beta agonistas, los cuales se utilizaban para disminuir la grasa del animal y aumentar la producción cárnica, la SAGARPA emitió una Norma Oficial Mexicana de Emergencia, la NOM-015-ZOO-2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo del año 2002. Esta norma prohíbe el uso de todos los beta agonistas para consumo animal y se establece en la misma norma, la prohibición para su producción, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, comerciali- zación, importación, suministro y aplicación para el consumo y uso en animales.

C. Lamentablemente, la norma en comento, no ha logrado detener el uso indiscriminado de beta análogos en la engorda del ganado.

D. Según los datos que establece el oficio enviado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a los que hicimos referencia en el capítulo de antecedentes, la SAGARPA ha evaluado satisfactoriamente dos moléculas de beta agonistas (clorhidrato de zilpalterol y ractopamina), para su empleo en alimentación animal a las que se han realizado las valoraciones para asegurar que las formulaciones comerciales cumplen con las especificaciones para las que fueron elaboradas, tienen la potencia descrita por el fabricante, son seguras para los animales y no presentan residuos peligrosos en los tejidos comestibles de los animales para abasto. La fabricación y venta de clorhidrato de Zilpalterol y ractopamina se encuentra sujeta a la autorización que la SAGARPA expide mediante número de registro.

E. En este mismo oficio la SAGARPA manifiesta que, según la legislación vigente, la única Secretaría facultada para regular el registro de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico, es precisamente esa dependencia.

F. Así mismo, la SAGARPA expresa que se encuentra realizando acciones de difusión a veterinarios y productores instándolos a no emplear substancias prohibidas en la alimentación de ganado y a denunciar ante sus funcionarios el uso ilegal de Clembuterol.

G. En la nota informativa a que se hace referencia en el capitulo de antecedentes, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, concluye que el uso de beta agonistas está suficientemente reglamentado y que más que un problema de carácter legislativo, se trata de un problema de incorrecta o insuficiente aplicación de la Ley, ya que las autoridades competentes cuentan con facultades suficientes para regular los productos y subproductos de origen animal, así como productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumido por estos que constituyan un riesgo zoosanitario, coadyuvando así a evitar riesgos a la salud humana; así como implementar las medidas zoosanitarias pertinentes.

H. El uso de beta agonistas en productos alimenticios para consumo de animales que se destinan al consumo humano, constituye un riesgo para la salud de la población, por lo que es indispensable llevar a cabo estrategias adecuadas no sólo para sancionar el uso ilícito, sino para evitar el registro, permitiendo la utilización de estas substancias.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

RESOLUTIVO.

ARTICULO ÚNICO. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que comparezca ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que exponga las acciones que esta llevando a cabo la dependencia a su cargo para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico, que pueden poner en riesgo la salud de la población.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 31 días del mes de Agosto de 2004.--- Comisión de Salud.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado V. (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortíz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velazquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si los puntos de acuerdo se consideran suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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PETROLEOS MEXICANOS
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo en relación a la proposición para exhortar al Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas, presentada por el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

ANTECEDENTES1. En sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una Proposición con Punto de Acuerdo en la que se exhorta al Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas.

2. Que, en esa misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Desarrollo Social''.

CONSIDERACIONES1. El crecimiento de las ciudades de nuestro país ha estado vinculado a polos de desarrollo industrial generando asentamientos humanos irregulares debido a las necesidades de vivienda, centros educativos, de esparcimiento, entre otros.

2. En el municipio de Altamira, Tamaulipas, objeto del presente dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo, el desarrollo de estos asentamientos humanos irregulares ha estado relacionado a la oferta de trabajo de Petróleos Mexicanos.

3.En dicho municipio, cuya superficie es de un mil 360 kilómetros cuadrados, alrededor y sobre las instalaciones de Petróleos Mexicanos se han constituido, por lo menos, 31 colonias populares en las que viven cerca de 30 mil habitantes.

4. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) surgió para dar solución a los problemas de controversias sobre la tenencia de la tierra, posesiones al margen de la ley, ausencia de servicios públicos, viviendas sin las condiciones satisfactorias mínimas y otros fenómenos similares.

5. Mediante Resolución Presidencial, publicada en el ``Diario Oficial de la Federación'' de fecha ocho de noviembre de 1974, esta Comisión fue reestructurada como organismo público descentralizado del gobierno federal, de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, ampliando sus atribuciones y redefiniendo sus objetivos, entre otros, la regularización de la tenencia de la tierra donde existan asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal o comunal, expropiados a su favor, mismo que está claramente establecido en la fracción 1 del artículo segundo del Decreto Presidencial de fecha cuatro de febrero de 1999 por el cual se reformaron diversas disposiciones de aquél que creo la CORETT.

6. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) está conformando dos expedientes técnicos para 34.5 y 171.5 hectáreas, respectivamente, con lo cual se integrarán los procesos de regularización de, aproximadamente, cinco mil lotes, quedando pendientes entre 10 y 15 mil lotes más, por no contar con la anuencia de los respectivos núcleos ejidales.

7. La citada Comisión ha recibido la documentación respecto a los dictámenes de derechos de vía, certificados de uso de suelo y validación de los planos proyectos y generales manzaneros emitidos por las autoridades municipales, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ferronales por lo que, de cumplir con las formalidades requeridas, solicitará los dictámenes de procedencia que, una vez obtenidos, permitirán la instauración de los expedientes en la Secretaría de la Reforma Agraria para la anuencia de los núcleos ejidales.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO.- Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que, a la brevedad posible, concluya el procedimiento de delimitación de sus instalaciones petroleras que se localizan en 19 colonias urbanas y suburbanas del Municipio de Altamira, Tamaulipas, pendientes de ello.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a concluir la integración de los expedientes técnicos informativos de la superficie en donde se asientan los asentamientos humanos irregulares de las colonias urbanas y suburbanas del Municipio de Altamira, Tamaulipas, para que en su oportunidad solicite a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación correspondiente.

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que, una vez emitido el Decreto de expropiación correspondiente, proceda a la regularización y escrituración de los asentamientos irregulares que se asientan en dichas colonias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil cuatro.--- Comisión de Desarrollo Social.--- Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik y Kalinka (rúbrica), secretarios; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Javier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales, Armando Leyson Castro (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos, Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Fernando Perdomo Bueno, Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce, José Luis Treviño Rodríguez, Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que vamos a cumplir con la formalidad de preguntarle a la Asamblea si los puntos de acuerdo se consideran suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Ciudadano Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE JALISCO
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social, y de Salud, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud que se realice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del río Santiago que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Salud de la Cámara de Diputados les fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las secretarías de Desarrollo Social y de Salud se realice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del Río Santiago, que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco, presentada por el Diputado Quintín Vázquez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

A N T E C E D E N T E S1. En sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Diputado Quintín Vázquez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las secretarias de Desarrollo Social y de Salud se realice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del Río Santiago, que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco.

2. Que, en esa misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Salud''.

C O N S I D E R A C I O N E S1. En los últimos 30 años, los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, han padecido las consecuencias de la contaminación industrial y el deterioro ecológico, en particular por las descargas contaminantes a lo largo del paso del Corredor Industrial de El Salto y la disposición inadecuada de materiales y residuos peligrosos al grado que análisis de aguas y sedimentos ha arrojado la existencia de zinc, plomo, arsénico, mercurio, cadmio y cianuro en ellos.

2. Diversas empresas ubicadas en el Corredor Industrial, con más de 50 años de funcionamiento, hacen descargas residuales, sin previo tratamiento, en la cuenca del Río Santiago lo que ha creado condiciones de contaminación al medio ambiente y afectado la salud de los habitantes de estos dos municipios quienes padecen piel manchada, afecciones pulmonares, dermatitis en manos y pies y desgano en la realización de labores cotidianas.

3. La contaminación del Río Santiago se agrava por las descargas de aguas negras provenientes del sur del área metropolitana de Guadalajara y, en los tiempos de lluvias se genera espuma en el agua del río, misma que el vientos esparce en las áreas de ambos municipios.

4. A lo anterior, hay que añadir la existencia de cementerios clandestinos de cianuro por lo que, de no atenderse este problema y emprender las acciones para encauzar una solución del mismo, el proceso paulatino de degradación podría conducir a que dichos cementerios se destapen provocando una situación de desastre ecológico que afectaría no sólo a los municipios en principio dañados, sino a la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad en importancia de nuestro país.

5. Los problemas que motivan la proposición con punto de acuerdo, incompleta en su formulación, objeto del presente dictamen es sumamente grave y amerita una intervención, efectiva y eficiente de los diferentes niveles de gobierno así como de los diversos actores de la sociedad y no sólo la intervención de una o dos dependencias del gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones emiten el siguiente

D I C T A M E N

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en conjunto con las autoridades del Estado de Jalisco y de los municipios de El Salto y Juanacatlán, realicen un estudio de los daños causados a los habitantes y al medio ambiente de los citados municipios a consecuencia de la grave contaminación del Río Santiago provocada por las descargas contaminantes y la disposición de materiales y residuos peligrosos y emprendan las medidas necesarias para su superación.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a las instancias y autoridades locales para que, en caso de presumir la existencia de delitos ambientales, se presenten las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de julio de dos mil cuatro.--- Comisión de Desarrollo Social: Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Sonia Rincón Chanona (rúbrica), secretaria; Armando Rangel Hernández (rúbrica), secretario; Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretario; Ubaldo Aguilar Flores, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales, Armando Leyson Castro, Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas, Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García (rúbrica).

Comisión de Salud: Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que se ruega a la Secretaría cumplir con la formalidad de preguntar a la Asamblea si estos puntos de acuerdo están suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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INGENIOS AZUCAREROS
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero informen sobre la situación financiera y administrativa de los Ingenios expropiados, asimismo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos Ingenios.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65,66,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 29 de abril de 2004, el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero informen sobre la situación financiera y administrativa de los Ingenios Expropiados, asimismo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos Ingenios.

En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su correspondiente estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la administración de las unidades industriales expropiadas, y la toma de decisiones no ha sido la más adecuada, debido a un problema de falta de definición en cuanto a responsabilidades y facultades, a tal grado de que a raíz de la toma de administración por parte de FEESA los adeudos con autoridades administrativas se han incrementado por el sólo transcurso del tiempo y la falta de medios de defensa adecuados, así mismo los flujos de fondos se han visto afectados por compensaciones de oficio, llevadas a cabo por la autoridad hacendaria.

Que la situación que se vive y se padece en muchos de los ingenios expropiados es por la falta de regulación de la situación financiera y administrativa así como por la falta de aplicación de una política que dé certidumbre e impulse el crecimiento y desarrollo del Sector Azucarero Nacional.

La actividad agroindustrial es fuente demás de 440,000 empleos permanentes y temporales, por lo que sus beneficios, directos e indirectos se extienden a 2.5 millones de personas, lo cual se logra con la operación de la totalidad de los ingenios funcionando de manera normal.

Es indispensable que el Gobierno Federal aplique una política de fomento a la agroindustria azucarera con miras a afrontar la apertura comercial que ocurrirá a partir del año 2008, por lo que deberá trabajarse con balances azucareros de edulcorantes totales por país y prácticas para mejorar los niveles de competitividad de los eslabones de la cadena producción, transformación, consumo.

Que es indispensable que el Gobierno Federal, previendo la situación del año 2008 ponga decidida atención en el sector y regularice las cuestiones financieras con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los adeudos con la Comisión Nacional del Agua y la relación impositiva con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta Comisión decidimos apoyar el punto de acuerdo en sentido positivo por lo que sometemos al Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, informen sobre la situación financiera y administrativa de los Ingenios Expropiados.

SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos Ingenios.

Dado en Palacio Legislativo, a los diecisiete días de junio de 2004.--- Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Isidro Camarillo Zavala, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arevalo, Gaspar Avila Rodríguez (rúbrica), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar, José Irene Alvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registrado oradores, por lo que ruega atentamente a la Secretaría preguntar a la Asamblea si éstos se encuentran suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

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TARIFAS ELECTRICAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo en relación con diversas proposiciones relacionadas con el tema de las tarifas para uso doméstico de energía eléctrica

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público ponen a consideración de los miembros de esta H. Asamblea el presente dictamen sobre diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo que les fueron turnadas, en relación con el tema de las tarifas eléctricas domésticas en las regiones con clima cálido extremo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Durante la LVIII y LIX legislaturas, ciudadanos diputados de diferentes fracciones parlamentarias presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados distintas Proposiciones con Punto de Acuerdo en las que se proponen, cuestiones tales como: la derogación del Decreto del 7 de febrero de 2002, en el que se autorizó el ajuste a las tarifas domesticas de energía eléctrica y se redujo el monto del subsidio; la reclasificación de tarifas en distintos estados del norte y sur de la Republica; la aplicación de tarifas especiales a los adultos mayores y a los grupos económicamente más desfavorecidos; la introducción del factor humedad para determinar la temperatura aparente en las diversas localidades del país.

Aunque la materia de estos asuntos se corresponde con la competencia de las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, la presidencia de la Mesa Directiva del periodo correspondiente, no siempre determinó turnar tales asuntos a estas comisiones dictaminadoras, A pesar de ello, en el presente dictamen se incluyen todas aquellas propuesta que versan sobre tarifas para el consumo de energía eléctrica de uso doméstico.

En la LVIII Legislatura se turnaron estos Puntos de Acuerdo:

Para que la Cámara de Diputados se pronuncie a fin de que el Poder Ejecutivo Federal revise, modifique y aplique una tarifa justa por el suministro de energía eléctrica acorde con el ingreso medio en la región noroeste del país, presentada por la C. Diputada Petra Santo Ortiz el 2 de abril de 2002.

Para solicitar al Ejecutivo Federal se derogue el Decreto del 7 de febrero de 2002, presentada por el C. Diputado Alfredo Hernández Raigosa el 17 de septiembre de 2002.

Para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplique la Tarifa IF, en aquellas regiones que registren la temperatura media mínima en la época de verano, tomando en consideración índices de calor y humedad, presentada por la C. Diputado Francisco Salvador López Brito el 17 de septiembre de 2002.

Para que se aplique la Tarifa IF en la zona del Sur de Veracruz, presentada por el C. Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar el 22 de octubre de 2002.

Para solicitar al Gobierno Federal implemente una política tarifaria preferencial para el consumo de energía eléctrica en el estado de Veracruz, presentada por la C. Diputada Genoveva Dominguez Rodríguez el 30 de abril de 2003.

Para que se realice en el estado de Veracruz la reclasificación de tarifas eléctricas, se condone la deuda de usuarios en resistencia civil, se elimine la Tarifa 02 a los pequeños comercios y se descuente el 20% a los grupos vulnerables, presentada por el C. Diputado José Manuel del Río Virgen el 30 de abril de 2003.

Para que se establezca una tarifa eléctrica especial que subsidie los servicios educativos en las zonas con climas extremos, presentada por la C. Diputada Olga Haydee Flores Velásquez el 30 de abril de 2003.

Por su parte, en la actual LIX Legislatura se han turnado a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público las proposiciones con punto de acuerdo siguientes:

Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a fijar tarifas preferenciales sin factor de indexación para los consumos doméstico, comercial, industrial y del campo en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, presentada por el C. Diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra el 21 de octubre de 2003.

Para solicitar al Ejecutivo Federal que derogue el Decreto del 7 de febrero de 2002, presentada por la C. Diputada Amalín Yabur Ellas el 4 de diciembre de 2003.

Para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que reclasifiquen las tarifas por el servicio residencial de energía eléctrica en once municipios del estado de Veracruz, presentada por el C Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno el 5 de abril de 2004.

Para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que reestructuren las tarifas a favor del estado de Chiapas, presentada por el C. Diputado Gerardo Ulloa Pérez el 13 de abril de 2004.

Para solicitar se ajusten las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, según la zona y las condiciones económicas de la población, presentada por la diputada Irma Figueroa Romero.

Para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que reestructuren las tarifas para el consumo doméstico a favor de la población del estado de Baja California, presentada por el diputado Norberto Corella Torres el 5 de abril de 2004.

Consideraciones

Dado que el subsidio a las tarifas domesticas beneficiaba a los usuarios con mayores consumos de energía eléctrica y que las empresas públicas de energía eléctrica requerían de mayores recursos para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad, el 7 de febrero de 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió el decreto que autorizaba el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reducía el monto del subsidio a las tarifas domesticas,

Esta medida provocó un sinfín de inconformidades en la población, que en varios casos se ha expresado en grandes movilizaciones sociales por parte de grupos de usuarios domésticos, sobre todo en las ciudades que registran altas temperaturas, donde los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración no son un lujo sino una necesidad para soportar las intensas olas de calor.

Aunado a lo anterior, miles de habitantes de varias ciudades de la República han manifestado su profundo descontento por la forma en que la Comisión Federal de Electricidad determina la temperatura de sus lugares de residencia. Al respecto, conviene señalar que la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas arboladas, por lo tanto la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de las ciudades, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor. Haciéndose eco de estos reclamos populares, ciudadanos diputados de todas las fracciones parlamentarias han solicitado al Titular del Ejecutivo Federal y a los organismos públicos responsables de la política tarifaria eléctrica, la implementación de diferentes medidas para aliviar la difícil situación por la que a partir del referido decreto, atraviesa la economía familiar de un sinnúmero de hogares.

Otro elemento muy importante que se ha sumado a este gran malestar, es el que tiene que ver con los habitantes de los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca que desde hace mucho tiempo han solicitado el establecimiento de tarifas preferenciales, dado que estas entidades cuentan con una capacidad efectiva de generación de energía eléctrica de aproximadamente 10,000 megawatts. Consecuentemente, representantes sociales y populares de los más diversos signos políticos, recogiendo el sentir de la población, han demandado a la Comisión Federal de Electricidad que tomando en cuenta la significativa aportación que hacen a la Federación en materia de producción de energía eléctrica se apliquen a estos estados del sur del país mecanismos de compensación por su capacidad de generación, que se traduzcan en tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social y económica de esa región.

Con el propósito de atender las demandas sociales y los diferentes planteamientos de los legisladores, la Comisión Federal de Electricidad, durante los años de 2002 y 2003, instrumentó una serie de medidas, tales como: la reclasificación de tarifas en 53 localidades del país, con lo que se beneficiaron cerca de 2,5 millones de usuarios; el establecimiento de la nueva tarifa 1-F para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados y la disminución del factor de ajuste mensual acumulativo a los cargos de las tarifas para servicio doméstico. A decir, de las autoridades estas medidas han implicado un costo fiscal cercano a los 800 millones de pesos.

Si bien, se reconoce el esfuerzo técnico y económico que ha significado la aplicación de estas medidas por parte de las autoridades competentes para reducir el costo de las tarifas eléctricas, también se advierte que esto no ha sido suficiente, ya que en varias localidades del país, sobre todo en la temporada de mayor calor, los usuarios se encuentran ante la disyuntiva de pagar la luz o destinar esos recursos para la manutención familiar.

La reducción generalizada de las tarifas ha sido una de las propuestas más reiteradas para solucionar este complejo problema, sin embargo, como sabemos, esta medida perjudicaría severamente la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro y favorecería a los que más tienen, debido al esquema regresivo que caracterizan a los subsidios generalizados.

Además, una decisión de esta envergadura provocaría que en los hogares con altos ingresos el consumo de energía eléctrica se elevara por arriba de su nivel óptimo, ya que el grado de elasticidad precio de la demanda de este bien muestra que ante una disminución de su valor, los usuarios incrementan más que proporcionalmente a dicha disminución su consumo de luz.

Ante este panorama, una salida viable para enfrentar esta problemática consistiría en que el Ejecutivo Federal instrumentara un programa de subsidios orientados a los estratos sociales que más lo necesitan en las localidades con altos niveles de temperatura. Este programa se llevaría a cabo con cargo a los programas de desarrollo social autorizados en el Presupuesto de Egresos y mediante aportaciones de aquellas entidades federativas a las cuales se canalizaran los apoyos a la población.

Un esquema de esta naturaleza, permitiría que los subsidios a la energía eléctrica que actualmente se otorgan a la oferta empezaran a trasladarse a la demanda garantizándose, así, que los apoyos se orienten efectivamente a quienes más los necesitan, dándole a este tema un verdadero enfoque social.

Finalmente, cabe mencionar que la creación y puesta en marcha de un programa de tal naturaleza son compatibles con lo dispuesto en diversos preceptos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas emiten su dictamen a los puntos de acuerdo referidos, en los siguientes puntos:

Resolutivos

Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que establezca un programa de subsidios orientados a los consumidores domésticos de energía eléctrica de bajos ingresos en las regiones con temperaturas elevadas extremas, y en el que participen operativa y económicamente las entidades federativas donde se localizan estas regiones.

Segundo.- Que para tal efecto, el Titular del Ejecutivo Federal expida el decreto correspondiente en el que se establezcan las características y las condiciones para que población objetivo pueda aprovechar los subsidios al consumo residencial de energía eléctrica.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que acelere los trabajos de revisión y reclasificación de las tarifas eléctricas del consumo doméstico, considerando los registros de temperaturas más recientes en las áreas donde efectivamente se asientan las ciudades y localidades con climas cálidos extremos.

Cuarto.- Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que informe periódicamente a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, sobre el avance de los trabajos en torno a la reestructuración del sistema de tarifas eléctricas que actualmente está llevando a cabo este organismo. Igualmente, se exhorta a esta dependencia para que el nuevo esquema de tarifas incluya el factor de capacidad de generación eléctrica, como un elemento para fijar tarifas preferenciales a las entidades y regiones del país donde exista ésta capacidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de mayo de 2004--- SE ADJUNTAN FIRMAS APROBATORIAS DEL PRESENTE DICTAMEN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ENERGíA Y DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Comisión de Energía. Diputados: Francisco X. Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco J. Carrillo Soberón, Oscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José A. de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal, Miguel Angel Toscano Velasco, Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), José Adolfo Murat Macías, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor M. Alcérreca Sánchez (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Julio H. Lujambio Moreno (rúbrica).

Comisión de Hacienda y Crédito Público: Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica en contra), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Óscar González Yáñez (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica en contra), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica en contra), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica en contra), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica en contra), José Adolfo Murat Macías (rúbrica en contra), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica en contra), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica en contra), Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si éstos se consideran suficientemente discutidos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo.

Continúe la Secretaría.

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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, presentada por el C. Diputado Pablo Anaya Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de abril de 2004. Lo anterior, que en ejercicio del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 29 de abril de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó C. Diputado Pablo Anaya Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/0871/04, de fecha 11 de agosto de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El legislador solicita lo siguiente:

``Único. Se exhorte al Ejecutivo Federal, de cumplimiento con su obligación Constitucional que le impone la frac. I del Art. 89 de nuestra Carta Magna, en virtud a lo ordenado por el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se expida el Reglamento de Ley, toda vez que el término de 180 días contados a partir de la expedición de la misma, ha transcurrido en exceso.''CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que a nivel mundial las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo económico de las naciones, tanto en países avanzados como en las economías en desarrollo, a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

TERCERO. Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 42% del Producto Interno Bruto y el 64% del empleo del país.

CUARTO. Que el Gobierno Federal en el 2001, creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía, con la finalidad de coordinar los esfuerzos nacionales para promover la formación empresarial y las habilidades administrativas, laborales y productivas, a través de asesoría, capacitación, financiamiento, innovación y desarrollo tecnológico, orientadas para el desarrollo de la competitividad de la planta productiva, en especial de las MIPYMES.

QUINTO. Que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Economía elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001--2006, el cual se establece como un programa sectorial que articula el conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos que apoyan a las empresas y a los emprendedores, en particular a las MIPYMES.

SEXTO. Que este H. Congreso de la Unión en la LVIII Legislatura, para apuntalar las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal, elaboró y aprobó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley MIPYME), que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SÉPTIMO. Que la Ley MIPYME por su misma naturaleza, contiene exclusivamente principios y enunciados de carácter general, toda vez que la finalidad del acto legislativo consiste en establecer la normatividad genérica aplicable globalmente a esta materia, por lo que en su artículo cuarto transitorio señala que, el Reglamento de la Ley deberá expedirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor, plazo que ya feneció a mediados de 2003.

OCTAVO. Que es necesario que el Ejecutivo Federal en cumplimiento de su facultad, que le confiere el artículo 89 Constitucional fracción I, emita el Reglamento de la Ley MIPYME, con el propósito de pormenorizar, particularizar y desarrollar en forma concreta los principios y enunciados generales contenidos en esta Ley, a fin de llevar a cabo su ejecución y su exacta observancia.

NOVENO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y coinciden que es menester que se consoliden los esfuerzos que se han venido desplegado en favor de las MIPYMES, que son importantes generadoras de riqueza y de empleos, mediante la expedición del Reglamento de la Ley MIPYME.

RESUELVE

PRIMERO. Con base en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Pablo Anaya Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que a la brevedad, emita el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de septiembre de 2004.--- Por la Comisión de Economía: Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Ramón Galindo Noriega, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla, Alfredo Gómez Sánchez, Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, pero debemos de cumplir con la formalidad de preguntar a la Asamblea si el punto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

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ESTADO DE GUERRERO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que, en el marco del absoluto respeto a la soberanía de los poderes del estado de Guerrero, se exhorte al Congreso del estado a buscar una solución a la solicitud de los ciudadanos del municipio de Tetipac, Guerrero

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 5 de abril de 2004, la Diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo en torno a la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero.

SEGUNDO.- En sesión celebrada con fecha 5 de abril de 2004, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos'', lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el oficio número DGPL.59-II-4-488.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que Tetipac, es un municipio localizado al norte del Estado de Guerrero, colindante con los municipios de Pilcaya, Pedro Ascencio, y Taxco de Alarcón y también con el Estado de México, y que dicho Municipio cuenta con una superficie de 269 kilómetros cuadrados y una población hasta el año 2000, según el INEGI, de 13,318 habitantes.

SEGUNDO.- Que a decir de la Diputada solicitante, se han presentado ante ella un grupo de ciudadanos de distintos partidos para denunciar la situación que se vive hoy en día en el Municipio de Tetipac, Guerrero, pidiendo su intervención antes de que se susciten hechos sangrientos.

TERCERO.- Que el grupo de ciudadanos a que se refiere la Diputada Irma Figueroa Romero, estaban representados por los regidores del Ayuntamiento de Tetipac, y le manifestaron que hasta el momento de su solicitud, no han obtenido respuesta de las autoridades estatales.

CUARTO.- Que también le manifestaron, que el Presidente Municipal, de nombre Serafín Ayala Ramos, ha realizado diversos actos de corrupción, por lo que el jueves 29 de marzo realizaron una marcha a la capital del Estado de Guerrero, y se plantaron frente al Palacio de Gobierno, exigiendo la destitución de aquel, acusándolo por desvío de más de 4 millones de pesos del presupuesto municipal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58 fracción I y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 45 numeral 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentamos a esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO.- La Cámara de Diputados, en el marco del absoluto respeto a la Soberanía de los Poderes del Estado de Guerrero, exhorta al Honorable Congreso del Estado, a su intervención, para buscar una solución a la solicitud de los ciudadanos del Municipio de Tetipac, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciséis de junio de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Kenny Arroyo González (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco, Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está el punto de acuerdo a discusión... Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido. Pregunta la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

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GRISELDA TIRADO EVANGELIO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar al procurador general de Justicia del estado de Puebla información sobre el avance que guarda la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Griselda Tirado Evangelio

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 13 de abril de 2004, la Diputada Rosa María Avilés Nájera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar, con pleno respeto en el marco de la división de poderes y con estricto apego al federalismo, al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, Héctor Maldonado Villagómez, proporcione la información necesaria para el esclarecimiento del asesinato de la Defensora de Derechos Humanos de los Indígenas en el Estado de Puebla, Griselda Tirado Evangelio.

Segundo.- Que los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se entrevisten con el Procurador de Justicia, a fin de intercambiar puntos de vista en relación con el asesinato de la defensora de los Derechos Humanos Griselda Tirado y las declaraciones dadas a conocer en las últimas fechas sobre el resultado de las indagatorias.

Tercero.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dictó que se turnara dicho punto de acuerdo, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que del análisis de la proposición con punto de acuerdo que se presenta, se desprende que, en la madrugada del pasado 6 de agosto de 2003, fue acribillada con un arma de fuego la Defensora de Derechos Humanos de los Indígenas, Griselda Teresa Tirado Evangelio, y que, en las primeras declaraciones tanto de las organizaciones sociales y políticas, así como del gobierno del Estado se manejaron los posibles móviles de tales hechos como asociados a su actividad en favor de los derechos humanos.

SEGUNDA.- Por su parte Manuela Tirado, hermana de Griselda, declaró que cinco días después de los hechos, se presentó el primer perito de la Procuraduría General de Justicia a revisar el lugar del crimen; manifestando que el lugar no estaba resguardado y no se habían hecho revisiones para buscar elementos de prueba.

TERCERA.- Que la sociedad y distintas organizaciones exigen se esclarezca el crimen de la defensora de los Derechos Humanos de los Indígenas de esa región, manifestando que no existe voluntad para dar con los autores de este hecho tan lamentable.

CUARTA.- Que en declaraciones ante los medios, el Procurador General de Justicia, Héctor Maldonado Villagómez junto con otros funcionarios, manifestaron que todo indica que el homicidio de la defensora de Derechos Humanos, fue un crimen pasional, perpetrado por Amelia Cruz Sánchez y Zamudio García Reyes, por supuestas relaciones de amasiato que sostenía Griselda Tirado Evangelio con el esposo de Amelia Cruz Sánchez.

QUINTA.- De lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de justicia y Derechos Humanos, consideramos que es necesario contar con mayor información a fin de conocer el resultado de las investigaciones, la legalidad del procedimiento y fincar responsabilidades contra los responsables de este hecho tan lamentable para la sociedad poblana y sus indígenas.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emiten el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al marco de la división de Poderes y con estricto apego al federalismo, solicite al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, Héctor Maldonado Villagómez, la información sobre el avance que guarda la investigación del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Griselda Tirado Evangelio; asimismo, de considerarlo pertinente, se integre una comisión plural de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se entreviste con el titular de dicha procuraduría.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Kenny Arroyo González, Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco, Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo... Esta Presidencia no tiene registradores oradores, pero debemos de cumplir con la formalidad de preguntar a la Asamblea si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

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LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar información al procurador general de la República sobre el estado actual que guardan las investigaciones del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y reabra dicha investigación

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 5 de abril de 2004, el Diputado Pedro Avila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de la República, sea reabierta la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

SEGUNDO.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acordó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Junta de Coordinación Política'', lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esa Junta mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-4-484.

TERCERO.- En sesión celebrada el 12 de abril de 2004, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por considerarlo procedente, resolvieron solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, tuviera a bien remitir la Proposición con Punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Petición que fue acordada favorablemente y, ese día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, consideró procedente enviar, para su atención y desahogo, la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el Turno Número LIX-1646.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que diez años después del asesinato del candidato a la presidencia de la República, Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, aún se desconoce la verdad sobre dicho acontecimiento. Este aparente abandono del caso por parte de las autoridades involucradas constituye un agravio para la sociedad que exige la revisión y en consecuencia, se reabra dicha investigación y los resultados obtenidos se difundan en la sociedad mexicana con la certidumbre de haber realizado una investigación clara, profunda y sin prejuicios.

SEGUNDO.- Ante este reclamo, la sociedad mexicana exige información actualizada sobre el nombre y cargo del o los responsables de las investigaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos a la fecha; asimismo, que se realice una revisión sobre las actuaciones de los responsables durante la averiguación previa a efecto de evaluar el desarrollo de las investigaciones; por último, se informe por qué razón no se han continuado o profundizado las líneas de investigación sobre este asesinato.

Por lo anterior, después de haber discutido ampliamente el tema, con fundamento en los artículos 58 fracción I y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso general de los estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presentamos a esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite, en el marco del absoluto respeto al Principio Constitucional de la División de Poderes, a la Procuraduría General de la República, que en virtud de las atribuciones que le competen, informe a esta Soberanía sobre el estado actual que guardan las investigaciones del asesinato del Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta y reabra dicha investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintinueve de septiembre de dos mil cuatro.--- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, solicito hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, don Pedro, el punto de acuerdo está a discusión y en este momento estoy abriendo el registro de oradores. Le pregunto con qué objeto quiere usted hacer uso de la palabra.

Activen el sonido en la curul de don Pedro Avila Nevárez.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Quiero hacer uso de la palabra para pedir que este punto de acuerdo no se quede en un solo punto de acuerdo. Yo hice un punto de acuerdo también sobre la muerte del compañero Luis Donaldo Colosio, cuando estaba de presidente ese gran jurista y paisano nuestro que es Juan de Dios Castro y hasta ahorita no se ha dicho nada.

Yo quiero que esta cosa de Luis Donaldo Colosio no se tome como una burla, como un punto más de acuerdo, sino que todos los diputados luchemos para pedirle al procurador se haga en realidad justicia en esta muerte y pido la palabra para eso.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si me permite un segundo, quiero darle la palabra registrando su participación en pro. Luego entonces don Pedro, pase usted a la tribuna y hable en pro del punto de acuerdo. Por 3 minutos, don Pedro, que es lo que el acuerdo me permite.

El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Es muy triste ver que han pasado los años y la muerte de ese gran mexicano, de ese gran hombre que tanto representó para todo el pueblo de México, sigue sin esclarecerse.

Qué bueno que la Comisión de Justicia haya presentado ese punto de acuerdo, pero yo quiero que todos los compañeros diputados que estamos aquí presentes en esta representación de la patria, no sólo estemos a gusto con que a este punto de acuerdo se le dé resolución y se le turne a la Procuraduría General de la República. Yo quisiera ir más allá, que una comisión de la Cámara de Diputados integrada por todos los partidos políticos, con los coordinadores al frente, fuéramos con el procurador general de la República para exigirle que se haga justicia en el caso de Luis Donaldo Colosio y que se investigue a fondo, que los asesinos intelectuales caigan. Sea Carlos Salinas de Gortari o sea el que sea, que caiga, porque no es posible que Luis Donaldo Colosio, ese hombre que tanto representó no sólo para el PRI sino para todo el pueblo de México, su crimen, su muerte siga sin esclarecerse como una burla al pueblo de México.

Pido al señor Presidente que pida el voto a la Asamblea para ver si están de acuerdo en que todos los compañeros diputados de todas las fracciones políticas nombremos una comisión de cada una de ellas, encabezadas por su coordinador, para exigir al procurador general de la República que no haya ya más demagogia ahí, sino que se esclarezca el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados más oradores en pro y en cuanto a la petición de don Pedro Avila Nevárez, me permito informarle, con todo respeto, que es la Junta de Coordinación Política quien tiene la facultad de proponer a la Asamblea la creación de comisiones especiales.

Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

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CENTROS DE ATENCION A LA INFERTILIDAD
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, elaborar la norma oficial mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 30 de Junio de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, para que se elabore la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad, presentado por la Diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y de los mas relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que lo componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. ANTECEDENTES.

La Diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En sesión celebrada 30 de Junio de 2004, presento Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Salud, para que se elabore la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad.

En la misma fecha se turnó la proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legislatura.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El punto de acuerdo tiene la finalidad de exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se elabore la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad.

III. CONSIDERACIONES.

A. Con fundamento en el artículo 4 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación del Estado proteger el derecho a la salud de todos los mexicanos.

B. Los avances técnicos y científicos han arrastrado y potenciado el desarrollo económico y cultural de la sociedades, al que los individuos se han ido adaptando de hecho, y poco a poco ha ido surgiendo la necesidad de modificar pautas y normas de conducta, en muchos casos, con ello debe aunarse a revisar y crear la legislación concreta al caso en análisis.

En el ámbito de las técnicas biomédicas, durante dos décadas investigadores y laboratorios nos han ido sorprendiendo en una escalada del ``más difícil todavía'' produciendo en muchos casos, junto al asombro y la admiración, la repulsa o el temor. Y solo finalmente, ante hechos consumados, los estados se empiezan a plantear la necesidad de abordar la regulación de estas actividades, lo que en definitiva es un gran avance a la ciencia médica.

C. Los estudios de fecundidad y reproducción humana han logrado espectaculares avances y descubrimientos en las últimas décadas, esta rama de la ciencia desde su nacimiento, ha crecido en forma exponencial en los conocimientos generados. La biología de la reproducción, permite que el hombre, no tan sólo sea la única especie que en forma consciente tiene control de su propia reproducción, sino que puede intervenir directa y efectivamente en el proceso reproductivo.

D. En nuestro país, una de cada diez parejas sufren de infertilidad, de diez parejas en general cuatro sufre de infertilidad es por problemas de la mujer, cuatro por problemas en el hombre y dos por problemas de la pareja y se considera que un millón de parejas cada año, tiene problemas para poder procrear; circunstancia que tienen gran trascendencia en las relaciones de pareja.

Es un problema de salud que, aunque de nula mortalidad, es de suma trascendencia en una pareja ya que puede acarrear una morbilidad psíquica que puede llevar fácilmente a la desintegración de la relación conyugal.

Por otro lado cabe decir que en los últimos 20 años ha aumentado el número de embarazos múltiples. Una de las razones es que cada vez más parejas recurren a la reproducción asistida.

E. Actualmente este tema es muy debatible y delicado, el cual debe abordarse para evitar la proliferación de establecimientos o clínicas que no cuentan con el personal medico calificado y con la suficiente infraestructura que se necesita.

El mayor trabajo en las políticas de salud para evitar la infertilidad, debe dirigirse a la adulación y a la prevención que eviten padecimientos que dejan como secuelas la imposibilidad de procrear, puesto que estos al tratarse a tiempo disminuirían el número de parejas que llegan a requerir técnicas avanzadas de reproducción asistida.

F. La protección de los derechos humanos es la línea fundamental del razonamiento moral y jurídico, con que se han enfrentado la mayoría de las preguntas que suscitan las técnicas de reproducción asistida. En una ordenación de los valores éticos en los cuales el mas importante es el derecho a la vida que afecta, sin duda alguna, al embrión en función del estatuto ontológico y jurídico que le reconoce.

G. La legislación de la técnica de reproducción asistida abrirá un panorama de oportunidades a todas las parejas que deseen formar una familia y cortará la brecha cultural, científica y tecnológica que existe entre México y el resto del mundo.

El ámbito de modernización de nuestro país debe estar a la vanguardia, para brindar servicios de calidad y eficacia, que permitan a la sociedad y al estado abatir costos y tener un acceso garantizado a estos.

H. El tema en estudio se debe retomar con lo siguiente. Tener en cuenta que:

Es obligación del Estado de promover y garantizar la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.

La vida constituye el valor fundamental, porque sobre ella se desarrollan los demás valores de la persona.

Que la conducta profesional empeñada en acciones de salud, debe ajustarse a estrictos cánones morales, de acuerdo con el adelanto de la ciencia, la técnica y la modernización, que exigen afianzar un sano humanismo con valores científicos no reñidos con la vocación y el respeto a los semejantes.

Asimismo es necesario orientar el enorme esfuerzo científico y los descubrimientos modernos hacia la dignidad de la persona y la defensa de la vida humana y que son muchos los adelantos científicos y de la técnica, que pueden y deben ser utilizados en beneficio de las personas y de la vida.

I. Por lo anterior se hace necesario y oportuno establecer parámetros así como uniformar criterios y principios de operación, políticas y estrategias enfocadas a la prevención y manejo de la infertilidad.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de estas Comisiones de Salud y Desarrollo Social con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

RESOLUTIVO

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud y en términos de lo dispuesto por los artículos 13, apartado A, fracción I y 44, de la Ley General de Salud y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, respectivamente, inicie el procedimiento correspondiente para elaborar y expedir la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de observancia obligatoria sobre las especificaciones, características, reglas y prescripciones aplicables a los productos, procesos, sistemas y métodos que regirán en las instalaciones de los establecimientos que prestan servicios de salud en materia de atención a la infertilidad humana.

Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en los términos de lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deberá comunicar a la Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la secretaría de despacho competente en el proceso de atención del contenido de este acuerdo.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.--- Así lo acordaron y lo firmaron los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud. Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrado oradores, por lo tanto pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La mayoría por la afirmativa. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

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LEY DE INGRESOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió un punto de acuerdo para incluir en la Ley de Ingresos, para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, la disposición relativa al otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine, suscrito por los diputados Lorenzo Miguel Lucero Palma, Marcela Guerra Castillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Javier Orozco Gómez, Marcela González Salas Petricioli y Francisco Arroyo Vieyra.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se disponga el otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a producir cine, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Antecedentes1. Con el advenimiento del cine sonoro, únicamente tres países de América Latina consiguieron proyectar las imágenes de su realidad cultural, no sólo en las pantallas de su país, sino en algunas otras del resto del continente. Esto se debió a que organizaron métodos de producción de forma sistemática y constante. En las épocas de auge, Argentina produjo cerca de 50 películas al año, mientras que las cinematografías brasileña y mexicana rebasaron los 100 títulos cada una, siendo la mexicana la que mantuvo este nivel de producción un mayor número de veces.

2. A partir de la década de los cuarenta, México desarrolló una envidiable estructura industrial; como resultado de este avance, de 1931 a la fecha logró producir más de 4900 películas, cantidad que supera con creces la totalidad de la producción cinematográfica de habla hispana de estos 70 años.

3. En la actualidad, ante las circunstancias de apertura comercial mundial que se vive en el concierto de las naciones, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha significado para nuestro país el inicio de una nueva era, en donde la premisa para nuestra industria cinematográfica nacional, se basa en el apoyo y orientación de las entidades gubernamentales.

4. Ante este escenario, en los últimos diez años, ha surgido en México una nueva concepción del cine nacional, permitiendo que gran número de películas mexicanas compitan hoy en día con las extranjeras, logrando incluso igualarlas en los montos de recaudación en taquillas.

5. No debemos olvidar que el cine es una expresión cultural que ha dado a conocer a México en el ámbito internacional, y resulta innegable que el cine mexicano está recuperando a su propio público, consideración que se demuestra con el hecho de que durante el año anterior, aproximadamente 14.7 millones de espectadores acudieron exclusivamente a ver películas mexicanas, constituyendo casi el 10 por ciento del público total que acudió a salas cinematográficas comerciales.

ConsideracionesI. La etapa de prosperidad del cine nacional, que coincidió con la señalada ``época de oro'', declinó al finalizar la década de los cincuenta, debido a una suma de factores adversos. El primero de ellos se originó en la contracción del mercado doméstico, ante el empuje de otras cinematografías; el segundo, obedeció a la llegada de la televisión; el tercero y último --que tuvo las más graves repercusiones-- se debió a la paulatina pérdida de los mercados de habla hispana, con el consecuente desplome del ingreso de divisas.

II. Fue así que de una floreciente industria de exportación, el cine mexicano se vio constreñido a una escasa recuperación comercial en su menguante mercado doméstico, que por disposición gubernamental, tenía congelado el precio del boleto de entrada a las salas de cine, situación que prevaleció durante más de treinta años.

III. A partir de la segunda posguerra, la producción de cine norteamericano se había incrementado de tal suerte que inundó a Europa y América Latina con películas de grandes presupuestos, precedidas de costosas campañas publicitarias, que eran financiadas por los grandes estudios de Hollywood.

IV. Para sobrevivir, la industria cinematográfica mexicana se vio precisada a reducir sus niveles de producción, lo que dio como resultado películas baratas, de escasa imaginación y con fórmulas repetitivas, salvo algunas honrosas excepciones.

V. No sobra mencionar las etapas de altibajos que ha vivido el cine mexicano; los factores que la ocasionan son múltiples y van desde las crisis económicas que ha vivido el país, pasando por la visión de los gobiernos en turno, de que su función consistía en propiciar el cine de calidad y no el abocarse al rescate de una industria estratégica para el desarrollo cultural y económico del país.

VI. De lo expuesto se evidencia el atraso que existe en la industria cinematográfica nacional, así como la ausencia de mecanismos fiscales y de cualquier índole que incentiven el desarrollo de la actividad cinematográfica en nuestro país; sin dejar de manifestar la ausencia de una política integral sobre una industria estratégica, como es la cinematográfica.

VII. Asimismo, debe destacarse que el artículo 3 de la Ley Federal de Cinematografía dispone que ``Las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y/o comercialización de películas nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía, contarán con estímulos e incentivos fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal... Así mismo, las que promuevan la exhibición en cine clubes y circuitos no comerciales de películas extranjeras con valor educativo, artístico o cultural, o las que realicen el copiado, subtitulaje o doblaje en territorio nacional, contarán con los estímulos e incentivos referidos en el párrafo precedente.''

VIII. En tal virtud, y a efecto de que la disposición indicada en el apartado anterior cobre plena vigencia y deje de ser letra muerta --como hasta ahora lo ha sido--, se propone adicionar el artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, a efecto de que se otorgue un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, brindándoles el apoyo del gobierno federal para la realización de sus operaciones, de modo que la importación temporal quede exenta del pago de impuestos de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias de las materias primas, maquinaria y equipo que se requieren para el desarrollo de sus actividades.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que se adicione la fracción XV al artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2005, se estará a lo siguiente:

I. a XIV. ...

XV. Se otorga un estimulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, consistente en que, para la realización de los proyectos cinematográficos, realicen importaciones temporales sin pago de impuesto de importación, de impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias de la maquinaria y equipo para la realización de sus operaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI), Lorenzo Miguel Lucero Palma (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Manuel Gómez Morín Martínez del Río (PAN), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD), Javier Orozco Gómez (PVEM), Marcela González Salas y Petricioli (PRD) (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió también proposición con punto de acuerdo para que se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal de 7 mil 500 millones de pesos para el ejercicio de 2005, suscrita por el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal de 7 mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2005, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

El 13 de noviembre del 2003 presente al pleno un punto de acuerdo en donde solicitaba a la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, la asignación al Instituto Politécnico Nacional de un presupuesto de 7,500 millones de pesos. En el mismo expresaba que en los últimos tres años, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha percibido incrementos presupuestales que no corresponden a las enormes necesidades de la institución.

Esta H. Cámara de Diputados para el ejercicio de 2004 le autorizó al Instituto Politécnico Nacional 6,151.8 millones de pesos, de los cuales 5, 312.0 van a servicios personales (86.3%) y sólo 130 millones de pesos son para inversión física (2.1%).

El proyecto de presupuesto 2005 presentado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara el 8 de este mes, otorga un monto de 6,256,508,883, esto apenas representa un incremento de 1.7 % y ni siquiera cubre la inflación esperada (3.9%) de este año 2004.

Además, la escasez presupuestal le ha generado al IPN enormes carencias que afectan negativamente y de manera ostensible la labor educativa del instituto.

Por ejemplo, el mobiliario y el equipo utilizado para el cumplimiento de las actividades institucionales sufre un desgaste natural, soportando condiciones de sobre utilización, llegando a la obsolescencia y viéndose obligado por falta de recursos a seguir utilizándolo.

De tal manera que algunas carreras realizan prácticas educativas con equipos caducos, que incluso ya no se utilizan en el sector productivo, poniendo en desventaja a los egresados del IPN respecto de otras instituciones privadas de educación superior.

Los equipos de cómputo y material educativo, necesarios para el registro, control y apoyo a los alumnos son igualmente en su mayoría obsoletos, razón por la cual es importante su sustitución por otros de tecnología actualizada.

Gran parte del parque vehicular con que la institución cuenta para que los estudiantes realicen prácticas de campo para vincularse con el sector productivo es antiguo e insuficiente.

Se requiere también actualizar gran parte del equipo de enseñanza en los laboratorios de biología, física y química; como microscopios, centrífugas y equipos básicos para una mejor enseñanza.

No se explican cuales son los criterios para asignar el Presupuesto al Instituto, cuando el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece que:

``Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos.

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas. ``

Mucho menos cuando, en nota periodística de ``El Universal'' de fecha 15 de junio de este año, se establece que la Secretaría de Educación Pública excluyó al Instituto Politécnico Nacional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Educación Media Superior, donde se otorgaron fondos extras.

Cabe hacer notar que el señalamiento en la Ley General de Educación del 8% del PIB se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2002. Este porcentaje del PIB aplicado en la educación proviene de la recomendación de la UNESCO emitida durante la Conferencia Regional de Ministros de Educación y Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados miembros de América Latina, celebrada en 1979.

Partiendo de todo lo antes expuesto, se plantea que el IPN requiere para este ejercicio presupuestal del año 2005, una partida presupuestal de por lo menos 7,500 millones de pesos. Hay que considerar que el IPN es una institución que en sus 70 años de existencia ha colaborado de manera sustancial al desarrollo tecnológico y educativo de nuestro país, formando a varias generaciones de ingenieros industriales, electrónicos, metalúrgicos, petroleros, químicos, así como profesionistas de otras áreas del conocimiento como médicos, químicos farmacobiólogos, economistas, contadores, entre otros, cuyo aporte al crecimiento y desarrollo de México ha sido invaluable. Actualmente el Instituto alberga a poco más de 170 mil estudiantes. Con el monto que se plantea apenas podría empezar a cubrirse el rezago histórico que se tiene en operación e infraestructura, en algunos casos desde el año de 1940, y que impide al instituto cumplir adecuadamente con su labor de investigación, enseñanza y vinculación productiva con la sociedad mexicana.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades del propio IPN, de contar con los 7,500 millones de pesos que se solicitan, se cubrirían rezagos de materiales, reactivos y sustancias químicas, refacciones y accesorios para cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico y electrónico, medicinas y productos farmacéuticos, transporte, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, asigne como mínimo una partida presupuestaria total de 7,500 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de que éste cuente con los recursos mínimos para poder desarrollar de manera adecuada su labor educativa y de investigación científica y tecnológica en beneficio de los alumnos y de la nación en su conjunto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se entregó también a esta Presidencia, proposición con punto de acuerdo suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se adicionen diversas disposiciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se adicionen diversas disposiciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, presentada por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la sesión del jueves 14 de octubre de 2004

Jacqueline Argüelles Guzmán, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Francisco Javier Lara Arano y José Luis Cabrera Padilla, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

La protección a los recursos naturales y biodiversidad del territorio, es un tema fundamental y en algunos casos, como la preservación de la masa forestal y el cuidado de la calidad y cantidad del agua, son temas de seguridad nacional, ya que la pérdida o disminución de éstos se traducen en afectaciones directas a la calidad de vida de las personas.

Así, la discusión sobre la importancia de conservar y restaurar el medio ambiente, y la conciencia de que como país megadiverso tenemos responsabilidades, tanto a nivel nacional como internacional, son cuestiones con los cuales todos concuerdan y que nadie cuestiona. Sin embargo, al momento de asignar los recursos financieros necesarios, para poder ejecutar programas que reduzcan, controlen y prevengan daños ambientales, es palpable que la importancia que se pregona, no se traduce en la realidad.

En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales hemos hecho un análisis de la propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, en la cual reduce el ingreso a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 6.7% con respecto a lo aprobado para el 2004. Como proporción del PIB es el más bajo en los últimos 10 años, siendo apenas del 0.21% si lo comparamos con el presupuesto del 2000, año en que comienza la administración actual, que era del 0.28%, es significativa la reducción que en este año se planea hacer.

Considerando que la Semarnat es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país, es vital qué el destino de recursos cumpla, con las necesidades para la cual fue creada.

El grave problema al que nos enfrentamos como país, es que la gran diversidad biológica que nos caracteriza, está viendo un ritmo de explotación cada vez más acelerado, la cual es urgente contener, ya que los costos económicos y sociales de esta degradación están siendo cada vez más altos. Según datos oficiales, el costo económico actual de la degradación ambiental del país es equivalente al 10% del PIB,1 el cual, con el presupuesto asignado, no alcanza a cubrir ni siquiera el 0.5% de este problema.

Aunado a lo anterior, desde el año pasado fueron aprobadas la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y las relativas modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, mismas que otorgan facultades y obligaciones a las instituciones que se encargan tanto de su aplicación como su vigilancia. Sin embargo, estas obligaciones no se traducen en asignaciones presupuestales para que puedan enfrentar sus nuevas responsabilidades para el logro de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente.

Sabemos que los requerimientos financieros para este sector son ilimitados, sin embargo, la posibilidad de otorgar los recursos necesarios que satisfagan en un 100% a las demandas es una tarea imposible, debido a la situación económica actual del país. No obstante, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera necesario y vital, asignar un incremento adicional de $4,531,230,000.00 al Presupuesto propuesto2 para la Semarnat, en áreas que están siendo consideradas como prioritarias para el año 2005. Específicamente, nos referimos a los siguientes rubros:

Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad, ya que es en éstas donde se concentra cerca del 95% de los ecosistemas y biodiversidad nacional, abarcando 18.46 millones de hectáreas.

La inversión que se realiza en las Áreas Naturales Protegidas es una inversión social real. La creación, administración y consolidación en el manejo de las áreas naturales protegidas en todo el país no sólo es una obligación, sino una cuestión de beneficio propio, ya que los servicios ecológicos que ofrecen, tales como la recarga de los acuíferos, la prevención de la erosión, captura de carbono y el mantenimiento de las masas forestales, representan un ahorro considerable al país, en términos materiales de recursos fiscales e incluso de vidas humanas.

La inversión que se realiza a través de la Conanp permite: otorgar recursos a una porción significativa de los mexicanos clasificados en pobreza extrema, garantizar que el ejercicio de los recursos sea rentable en términos económicos a la población local, y que no se desperdicien o se dupliquen esfuerzos en vano. La aplicación de recursos en este segmento de la población garantiza la permanencia de los recursos naturales y de la biodiversidad del país, que además de ser patrimonio natural de México representan un elemento de consideración en la agenda de seguridad nacional del Estado mexicano: agua (infiltración, disponibilidad, recarga de mantos acuíferos), conservación de bosques y selvas, soberanía de los recursos de las islas mexicanas, por mencionar algunos.

Cabe señalar además que su mandato y sus atribuciones institucionales implican la presencia permanente de funcionarios del Gobierno Federal en el campo, en áreas donde a veces la única ventanilla de atención de toda la Federación la representan estos funcionarios de la Conanp.

Los recursos extra se aplicarían también en la elaboración de los programas de conservación y manejo de las ANP que aún no cuentan con ellos y que son la mayoría. Entonces, solo si pensamos en un proyecto de actualización con duración de 2 años, podremos ordenar y proteger con mayor rigor nuestras áreas naturales protegidas, pasando del discurso a la acción.

En cifras, cuesta entre 50 y 200 veces más restaurar un sitio que conservado.

De acuerdo con un análisis de la OCDE, ``...el financiamiento público no ha provisto los recursos necesarios para el establecimiento y mantenimiento de las ANP. El presupuesto actual de la Conanp es prácticamente la mitad de lo que requeriría''. Es con base en estas consideraciones, que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales propone un incremento adicional de $524,000,000.00 de pesos al presupuesto original, para generar un total de $794,949,896.00 pesos, el cual se distribuirá de la siguiente forma:

Procuración de Justicia Ambiental

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es el organismo encargado del estricto cumplimiento de la ley. Sus objetivos son contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental, mediante la inspección y vigilancia al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades industriales y de servicios, y al aprovechamiento de los recursos naturales; así como a través del fomento de esquemas y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades industriales y de servicios y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

La Profepa requiere urgentemente fortalecer las acciones de inspección y vigilancia ante los actos reiterados de violaciones a las disposiciones ambientales y por no contar con suficiente presupuesto ha menguado su acción. El universo de cobertura en materia de recursos naturales es de 142 millones de hectáreas de superficie forestal,3 151 de ANP, 11,122 kilómetros de litorales, 120,000 5,893 unidades de manejo ambiental de la vida silvestre y 69 puntos de inspección fitosanitaria y de vida silvestre en puertos, aeropuertos y fronteras. En materia de inspección industrial se tiene un universo de cobertura de 34,000 industrias de jurisdicción federal, de las cuales 7,200 son industrias de alto riesgo; 44 plantas automotores y de autopartes y 20 cruces de revisión fronteriza con 30,000 movimientos transfronterizos anuales de materiales y residuos peligrosos. En este sentido, una recomendación de la OCDE fue ``...vigilar el cumplimiento de las regulaciones sobre residuos ... a nivel nacional y de los gobiernos locales''.

A pesar de la gran cobertura territorial y de las responsabilidades con las que cuenta la Profepa, ésta únicamente cuenta con 685 inspectores,4 por lo cual su capacidad de actuación es únicamente del 33%, contando con un rezago de 5 anos en expedientes. En lo que va del año, sólo se han generado 19 mil procedimientos administrativos, 21 mil resoluciones jurídicas, se han gestionado 700 denuncias penales ante el ministerio Público Federal y se atendieron 9 mil denuncias ambientales.

Aunado a lo anterior, debemos contemplar que las nuevas leyes expedidas en materia ambiental dotan de nuevas atribuciones a la Profepa. Es por todo lo anterior, que la consideramos como una prioridad en la asignación de recursos en materia de protección a los recursos naturales y proponemos otorgarle, como mínimo, un aumento del 61.93% al monto estimado por el ejecutivo para el ejercicio fiscal del 2005.

Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

Una tercera área a la cual se deben destinar recursos extra, es materia de la Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat), la cual es la franja de 20 metros transitable y contigua la mar, que se determina a partir de la cota de pleamar máxima. Esta zona abarca tanto playas, terrenos ganados al mar y depósitos de aguas marítimas, teniendo una extensión de 11,122 kilómetros por 20 de ancho.5

La autoridad competente para conocer y resolver solicitudes de concesión, de permisos de uso y aprovechamiento transitorio de la Zofemat y de construcción de obras, es la Dirección General Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros y sus unidades administrativas en los estados, la cual esta encargada de la administración, conservación y aprovechamiento sustentable de las playa marítimas, de la Zofemat y los TGM bajo un criterio de desarrollo sustentable.

A la fecha, se estima, se cuenta con 120 mil ocupaciones dentro de la Zofemat, de las cuales cerca de 74 mil son irregulares; de igual forma se han emitido 4 mil concesiones de aprovechamiento. Sin embargo, existe un rezago de 42 mil expedientes de solicitudes de concesión o permisos los cuales deben de actualizarse y resolverse a la brevedad posible.

En general, los rezagos en los trámites, los traslapes de concesiones, la falta de vigilancia, además de la constante modificación natural de la línea costera generan una situación crítica que lleva a tener incertidumbre jurídica, una baja inversión en la zona, genera conflictos sociales, pérdida de recaudación de ingresos a la Federación, deterioro de las zonas costeras y en consecuencia un aprovechamiento no sustentable en la zona marítimo terrestre del territorio.

Ante este panorama, se propone generar un censo de áreas prioritarias para enfocar las acciones; de igual forma se busca crear las Administraciones Integrales de Zonas Costeras (AIZC) que administrarán, bajo concurrencia de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno, las zonas costeras buscando que estas acciones sean transferidas en un corto plazo a las entidades correspondientes a fin de lograr un manejo integral de la Zofemat.

Por estas razones, se considera un aumento adicional de $31,100,000.00 al presupuesto propuesto para 2005.

Agua

Otro tema de gran preocupación es la distribución y mejoramiento de la calidad del agua, tema que es considerado de prioridad y de seguridad nacional. Como sabemos, el agua es fundamental para el funcionamiento de los procesos ambientales y sociales ya que la disponibilidad y la calidad del agua determinan el grado de salud e higiene de cualquier sociedad.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la encargada de administrar y preservar las aguas nacionales, con el fin de generar un uso sustentable del recurso. Dentro de esta unidad administrativa, existen programas y proyectos que no deberían de ver reducidos sus ingresos, ya que las mejoras que se puedan dar se traducen en beneficios directos a la sociedad.

Actualmente, la CNA suministra agua potable a cerca del 90% de la población nacional. En nuestro país, 86% del agua extraída de los acuíferos se destina al riego agrícola, pero como se emplean sistemas ineficientes y obsoletos, más de la mitad se pierde por evaporación y filtración. Según estudios del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hidráulicos de Naciones Unidas, 10.85 millones de personas, poco más de 10% de la población, carece de agua potable en sus viviendas, afectando seriamente la salud de las mismas. Aunado a lo anterior, sobre la disponibilidad del líquido, es necesario señalar que en varias ciudades del país se vive en alerta por la falta de agua,6 teniendo una disponibilidad considerada como ``muy baja''. Los riesgos que esto genera la medio ambiente son muy graves, ya que los prolongados periodos de sequía implican ingresar a un irreversible proceso de desertificación que provocaría en algunos estados vulnerabilidad ambiental y, con ello, la pérdida de productividad biológica y económica de esas regiones;7 de igual forma, este problema puede acarrear riesgos de ingobernabilidad entre las entidades que comparten las fuentes principales de este recurso,8 ya que la falta de agua provoca un nulo crecimiento económico, acentúa la expulsión de habitantes y propicia el sufrimiento de desastres naturales, efectos que cada año se traducen graves gastos financieros a la Federación.

Durante este año, una de las recomendaciones de la OCDE, en materia de agua fue, ``...aumentar la inversión actual del agua y los esfuerzos para su gestión con el fin de cumplir con los objetivos de largo plazo de México para el 2025...'', ya que actualmente, la inversión en infraestructura hidráulica cubre sólo con la mitad de lo que es requerido; así, sólo el 25% de las aguas residuales urbanas son tratadas y las descargas industriales casi no reciben un tratamiento. En consecuencia, es imperioso incentivar la creación de infraestructura que permita la distribución, reúso y mejoramiento de la calidad del agua.

Con los recursos adicionales propuestos, se podría dotar de agua potable y drenaje a cerca de 1.6 millones más de mexicanos, incrementado en 5% el volumen de agua residual tratada para alcanzar el 36% a finales de 2005 y disminuyendo significativamente las fugas de agua, las cuales son la mayor causa de pérdida de este recurso en las zonas urbanas. De igual forma, se incrementarla en 125 mil hectáreas la superficie hidroagrícola modernizada, protegiendo a 4,200 hectáreas y 305 mil habitantes ante inundaciones.

En base a la urgente necesidad de poder dotar de este recurso vital a una gran parte de la población, es que se esta requiriendo un aumento del 19.57% al presupuesto ya aprobado para esta institución.

Residuos Peligrosos y Cruzada Nacional México Limpio

Otro de los problemas más graves del medio ambiente, y en el cual México cuenta con un gran rezago, es el de la contaminación causada por los desechos y residuos peligrosos. En general, los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar. En el caso de los residuos químicos peligrosos, son los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que generan los mayores volúmenes, mientras que los residuos biológico---infecciosos, se generan en mayor cantidad fuera de los establecimientos médicos o laboratorios, por el gran número de desechos contaminados que producen los individuos infectados o enfermos en sus hogares. Así, una de las prioridades de política ambiental nacional es ``controlar la contaminación atmosférica, del suelo y del agua originada por las emisiones, los materiales y los residuos peligrosos, así como la ocurrencia de accidentes de actividades altamente riesgosas''.9

Hasta la fecha, la gestión en materia de residuos peligrosos se ha orientado a la creación de infraestructura, con la finalidad de contar con las tecnologías adecuadas y capacidad suficiente para su manejo seguro. Sin embargo, una de las estrategias fundamentales para la correcta aplicación de las políticas que se desarrollen en la materia, requieren de la generación de un inventario de emisiones, el cual a la fecha no existe uno completo que contenga el tipo y volumen de residuos peligrosos generados en el país. Al respecto, cabe mencionar que ante el gran ámbito que cubre esta materia, este año entró en vigor la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que obliga a la Semarnat a integrar un inventario nacional de residuos. Además, el actual presupuesto no contempla ninguna asignación, siquiera para iniciar esta acción y su relevancia es fundamental para ejecutarla ley aprobada por el Congreso. Este inventario permitirá jerarquizar y atender problemas asociados a la generación de residuos, así como prevenir problemas potenciales de salud pública y ambientales.

De igual forma, se debe acelerar la identificación de sitios contaminados, desarrollar e implementar una estrategia de remediación nacional y continuar desarrollando una infraestructura para el reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, la cual es muy limitada actualmente.

Por otra parte, el manejo de la basura se asocia con riesgos a la salud; hace falta capacitación, entrenamiento y equipo especializado para involucrarse de forma segura con este oficio. Se estima que por cada empleado municipal en el servicio de limpia hay cinco personas que, sin seguridad en el empleo y en su salud, operan en el servicio. Asimismo, en el país existen más de 15 mil familias que viven dentro de los tiraderos de basura en condiciones infrahumanas. Así la cruzada nacional ``México Limpio'' busca lograr ciudades y campos libres de basura y residuos peligrosos que incidan negativamente en la salud de la población. Sin embargo, tenemos un déficit de 68 % en infraestructura moderna y adecuada para la separación, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final segura de residuos municipales. Al respecto, la OCDE ha recomendado ``incrementar la inversión en infraestructura (por ejemplo, rellenos sanitarios, clausura de rellenos sanitarios ilegales) para el manejo de residuos municipales y extender los servicios a las ciudades medianas y pequeñas''. Por estas razones, la Comisión considera de gran importancia asignar recursos que continúen y aceleren los proyectos estipulados contra los desechos sólidos municipales.

Los beneficios, a corto plazo, que se pueden obtener de ambos programas son innumerables, principalmente aquellos relacionados con un mejoramiento a la salud pública, disminuyendo los riesgos y costos de atención. Es por todas estas razones, que la Comisión de Medio Ambiente, considera sumamente relevante el dar apoyos extra a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas para el inicio y continuidad de los programas siguientes:

Masa Forestal

Como se mencionó en un inicio, un gran problema ambiental es la pérdida de la masa forestal, el cual se considera ahora como problema prioritario de política nacional. En México, a pesar de las tendencias de trans- formación de los ecosistemas forestales en terrenos destinados a usos agropecuarios o urbanos, 66% de la superficie del país está cubierta por vegetación natural.10 Sin embargo, en los últimos 40 años la deforestación y degradación de ecosistemas forestales ha sufrido uno de los problemas más graves de las zonas rurales, siendo México considerado uno de los países con una de las tasas más altas de deforestación a escala mundial, de cerca de 1.1% al año.

Aunado a este problema, más de 12 millones de personas viven en áreas boscosas. La mayoría de ellas están marginadas y viven en extrema pobreza. En las áreas con mayor biodiversidad, 3.3 millones de personas viven en tales condiciones y esta población ejerce presión directa excesiva sobre los recursos naturales. En consecuencia, la Semarnat ha identificado 382 lugares de deforestación crítica por cambio de uso del suelo, tala ilegal y saqueo de flora y fauna, áreas que requieren mayor asignación de recursos a fin de lograr los objetivos planteados para 2025.

Las consecuencias de la merma y degradación de los bosques son pérdida de biodiversidad única; daño a ecosistemas de agua dulce y a los procesos hidrológicos; reducción de servicios ambientales; y mantenimiento del ciclo de pobreza. Una de las medidas clave para promover y desarrollar una silvicultura sustentable en los últimos años incluye la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable en 2003 y la ampliación del uso de cuotas por suministro de servicios ambientales.

Entre las recomendaciones de la OCDE están aumentar significativamente los recursos financieros (de fuentes públicas, privadas e internacionales) para la conservación de la biodiversidad a escalas nacional, estatal y local, combatir la deforestación, particularmente para los bosques tropicales y los bosques templados, reforzando los programas de reforestación, promoviendo el manejo forestal sustentable, impulsando la certificación forestal y redireccionando los subsidios agrícolas en áreas forestales para financiar los bienes ambientales públicos.

La institución encargada de ejecutar los programas de conservación y mejoramiento de la cubierta forestal es la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Reconociendo la importancia de su trabajo, es de las pocas instituciones de protección ambiental que no tuvieron una reducción presupuestal. No obstante, el incremento no es significativo y requieren recursos extra para cubrir programas clave de conservación. Así, proponemos que se aumente en 22.33% el monto total presupuestado para 2005.

Aire

Quizás uno de los problemas ecológicos más graves a que nos enfrentamos en las megalópolis es la contaminación del aire. A pesar de que la calidad del aire mejoró significativamente en algunas ciudades durante la década pasada, y de que la percepción de urgencia ha disminuido, los niveles actuales de contaminación siguen siendo un problema serio de salud en las ciudades, donde se califica de no satisfactoria en 18 ciudades donde viven más de 30 millones de mexicanos.

Dentro de la Semarnat, la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes es la encargada, entre otras acciones, de instrumentar y participar en la formulación de la política general de gestión ambiental y manejo sustentable de cuencas atmosféricas, con un enfoque de planeación regional, así como participar en la definición y aplicación de instrumentos de prevención y control integrado de la contaminación del aire.

Uno de los programas estratégicos de la Semarnat es el ``Programa para detener y revertir la contaminación del aire, agua y suelo''. En el marco de este programa, a lo largo de la administración se han ido implementando los ``Programas para mejorar la calidad del aire'' (Proaire), los cuales se consideran el principal instrumento desarrollado para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en diferentes ciudades de México. En recientes fechas se presentó el octavo Proaire, para la región de Salamanca. A pesar de los avances que se están logrando, falta por realizar e implementar muchos más Proaire en regiones prioritarias. Aunada a lo anterior, existe una imperiosa necesidad de integrar y operar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, de continuar la regulación de la industria a través de la licencia ambiental única, de incorporar nuevos instrumentos de política para mejorar la eficacia de la gestión y de instrumentar los compromisos de México ante el Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono.

A pesar de todas estas urgencias y compromisos, con el presupuesto actual la capacidad de atención es de únicamente 30%. En consecuencia, para poder obtener mejores resultados en el corto plazo, consideramos necesario incrementar un monto de $19,500,000.00 millones para cubrir estos requerimientos.

Educación Ambiental

Finalmente, el ritmo y la magnitud del deterioro ambiental son críticos y han planteado la necesidad urgente de generar una nueva relación entre la población y el ambiente para lograr un desarrollo sustentable. En la generación de un desarrollo ambientalmente sustentable, la comunicación, la educación y la información ambiental representan herramientas fundamentales e indispensables para lograr un cambio de actitud de largo plazo en la sociedad que nos permita revertir los procesos de deterioro y propiciar la participación ciudadana de forma concertada con los esfuerzos que realizan el propio Gobierno Federal y los gobiernos locales. Es necesario reconocer que el cambio no se logrará sólo mediante información científica a la sociedad de los problemas ambientales, sino que ésta debe ser capaz de identificar los factores estructurales causantes y desarrollar procesos sociales para solucionarlos.

Al respecto, la OCDE recomendó ``reforzar las políticas actuales para aumentar la conciencia respecto a la calidad del agua y para fomentar la participación de los interesados en el manejo de cuencas hidrológicas'', así como ``fortalecer más la educación ambiental y la concientización, especialmente entre los jóvenes''.

Uno de los programas prioritarios de educación ambiental es incorporar la capacitación técnica en temas ambientales, legales y tecnológicos de algunos sectores estratégicos como legisladores federales y locales, periodistas, líderes de opinión y principales industrias. Con los recursos extra se pretende llegar directamente al menos a 200 de los 1,096 diputados locales (18%) y 50 diputados federales (10%), así como a un igual número de asesores.

De igual forma, la nueva Ley de Aguas Nacionales, que obliga a una gestión local de las cuencas a través de los órganos de cuenca,11 hace necesario establecer programas de capacitación a tomadores de decisión y crear un sistema información continua que provea a su vez acceso a especialistas independientes que puedan ayudar a la gestión local del recurso. A través del presupuesto requerido, se contratará una red interdisciplinaria de especialistas que capacitará, durante 2005, a tomadores de decisión (legisladores locales, responsables municipales y consejos de cuenca) en 25 cuencas con mayor nivel de amenaza de las 110 detectadas por la Conabio y la CNA. Además, se crearán materiales de capacitación que se distribuirán en las 110 principales cuencas hidrológicas del país. En el campo de los medios de comunicación, el programa tiene considerado establecer seis simposios durante 2005 con periodistas ambientales y líderes de opinión sobre agua, gestión de residuos, cambio climático, sustentabilidad y desarrollo económico, conservación de diversidad biológica y legislación ambiental.

Finalmente, un programa que requiere gran apoyo es el fortalecimiento de programas, currículo y materiales educativos en el nivel básico de educación formal. Así, se impartirían cursos de capacitación para profesores de nivel primaria y secundaria en educación ambiental, mediante los cuales maestros de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Michoacán, estado de México, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (19 de los 31 estados y el Distrito Federal) conocerán las estrategias y acciones para hacer un uso racional de los recursos naturales. Además, se contará con un equipo de especialistas que estará apoyando de forma continua a los maestros para la mejora permanente del currículo educativo ambiental.12

La unidad encargada de ejecutar todos estos proyectos es el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, el cual para este año presenta un recorte presupuestal de cerca de un millón de pesos. Así, a fin de fortalecer las capacidades de educación ambiental y participación social, y sentar las bases para la generación y operación de una legislación ambiental de aplicación federal.

Investigación Ambiental

El hecho de que México sea uno de los cinco países que poseen la mayor diversidad biológica significa que nuestro territorio es privilegiado en cuanto a los tipos de ecosistemas, el número y la variación genética de las especies, merece especial consideración para impulsar los esfuerzos realizados por instituciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas en torno de la conservación de la diversidad biológica. Así, la relevancia de la función de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) consiste en que ésta busca formar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB); apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad; brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores; realizar proyectos especiales; difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica; dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Entre los principales programas que se deben continuar y reforzar se encuentra seguir apoyando proyectos de conocimiento y uso, consolidar el SNIB y la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad, desarrollar otros sistemas de información y análisis específicos, lograr mayor incidencia en la planificación del uso sustentable de recursos en los niveles nacional, regional y local, así como promover la cooperación internacional en la materia. Esta labor informativa y de investigación debe ser apoyada financieramente. Al respecto, la OCDE recomienda ``consolidar los sistemas de información sobre la diversidad biológica de México e introducir el monitoreo y la evaluación de las políticas y acciones relacionadas con la biodiversidad''. Frente a esto, la Comisión de Medio Ambiente considera un incremento adicional, para las labores de la Conabio, de $95,000,000.00.

Por otra parte, la generación de información científica y técnica sobre problemas ambientales y la capacitación de recursos humanos para informar a la sociedad, apoyar la toma de decisiones, impulsar la protección ambiental y promover el uso sustentable de los recursos naturales deben ser consideradas prioritarias y base de cualquier programa ambiental por implementar. Éstas son algunas de las responsabilidades del Instituto Nacional de Ecología (INE), el cual para el ejercicio fiscal de 2005 ve una reducción presupuestal. Como sabemos, una de las prioridades como nación es el fomento de la ciencia y tecnología, principalmente de los recursos naturales. Así, el INE tiene entre sus principales programas la Contaminación Urbana Regional y Global, dar continuidad al Centro Nacional de Investigación y Capacitación Nacional13 y genera la investigación necesaria para lograr el ordenamiento ecológico nacional y la conservación de los ecosistemas nacionales.

Este último programa, el cual busca generar un ordenamiento ecológico del territorio, es quizá uno de los más importantes a nivel nacional. Éste es definido en la LGEEPA como ``el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos''.14 Así, existen regiones prioritarias, ricas por su biodiversidad, las cuales aún no consideran un estudio de ordenamiento ecológico, de vital importancia para poder diseñar y establecer cualquier proyecto de conservación. En consecuencia, es considerado un monto de 210 millones de pesos adicionales para la generación de ordenamientos ecológicos en las regiones prioritarias.

La Comisión considera que la propuesta expuesta abarca los principales rubros y las prioridades de la Semarnat, con lo cual, junto con las instituciones involucradas, se podrán obtener en gran medida los resultados que a largo plazo nos estamos proponiendo como país, para la consecución de un desarrollo sustentable. Sabernos que la difícil situación económica del país no ha facilitado el proceso de aceleramiento productivo en materia ambiental; sin embargo, es claro y urgente el fortalecimiento de este sector.

En resumen, podemos percibir que los incrementos adicionales al presupuesto de la Semarnat lograrían que esta institución contara con el 0.27% del PIB, el cual aún no cubrirla siquiera 1% de la degradación total, valuada en cerca de 10% del PIB. Igualmente, este presupuesto no puede considerarse uno de los más altos de la historia de la Semarnat, ya que el más alto fue en 1998, contando con 0.36% del PIB.

Con base en lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados somete ante el Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se propone adición al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 en el Anexo I, ``Gasto Neto Total'', inciso B, ``Ramos Administrativos'', Ramo 16, ``Medio Ambiente y Recursos Naturales''.

Único. Se propone adición al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 en el Anexo I, ``Gasto Neto Total'', inciso B, ``Ramos Administrativos'', Ramo 16, ``Medio Ambiente y Recursos Naturales'', para quedar como sigue:

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,488,834,850.00

Notas:

1 INEGI, 2002.

2 Significa un aumento del 1.23% al Presupuesto federal propuesto.

3 56 millones de hectáreas de bosques y selvas; 100 zonas críticas forestales; 7 millones de hectáreas bajo manejo forestal; 7,400 centros de almacenamiento y/o transformación y la generación de 4,000 permisos de aprovechamiento forestal.

4 El salario promedio de un inspector de la Profepa es de 7,000 pesos mensuales, cuando un inspector de la Sagarpa gana mas del doble.

5 La Zofemat esta regulada principalmente por la constitución política de los estados unidos mexicanos, por la ley general de bienes nacionales, por el reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (TGM) y por la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

6 Según la Secretaría de Desarrollo Social, en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, León, Juárez, Toluca, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Saltillo, la disponibilidad es de menos de mil metros cúbicos al año.

7 El Universal, Nacional, Alerta por falta de..., 9 octubre de 2003.

8 Estados que comparten la cuenca Lerma-Chapala-Santiago: México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Durango.

9 Semarnat, 2004.

10 Semarnap 2000-2002. Inventario Nacional Forestal.

11 Formados por 60% de representantes de usuarios locales, 25% de gobiernos locales y 15% del Gobierno Federal.

12 Los cursos se impartirán a 500 docentes por estado (llegando a un total de 10,000 docentes en 2005), en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y las secretarías correspondientes en cada estado, con una duración de 240 horas de práctica y 120 de trabajo teórico.

13 Para la oportuna ejecución de los programas se prevé un incremento adicional de $300 millones al INE.

14 Título Primero, artículo 3, fracción XXIII.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Presidenta; Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Francisco Javier Lara Arano, José Luis Cabrera Padilla (rúbricas).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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EMPRESA HULERA EUZKADI
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al director general del IMSS, investigue la razón por la que se omitió atención médica al señor Jesús Salvador García Alvarez, trabajador de la empresa Hulera Euzkadi, SA de CV.

El diputado Pablo Franco Hernández: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeras, compañeros diputados: En este ambiente que vivimos de constante violación a los derechos laborales, en un país donde supuestamente el derecho de huelga resulta sagrado y costó muertos, sigue costando muertos.

En el caso de la empresa Euzkadi, propiedad de trasnacional continental, se encuentra en huelga desde el mes de diciembre de 2001 y como todos sabemos, el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, establece que mientras persista el movimiento de huelga, los trabajadores tendrán derecho a recibir el servicio médico.

Esta situación no se ha cumplido en el caso de los trabajadores de Euzkadi, los trabajadores y sus familias están excluidos del servicio médico, se ha venido solicitando dicho servicio, sin embargo, la delegación del Instituto en el estado de Jalisco lo niega de una manera ilegal y artera.

El pasado 24 de agosto por falta de atención médica y hospitalización a las que el IMSS estaba obligado, falleció el trabajador Jesús Salvador García Alvarez, debiendo los funcionarios responsables asumir su responsabilidad legal sobre este hecho tan lamentable. El señor García Alvarez padecía de cáncer de próstata que durante las últimas semanas previas a su deceso, rápidamente se extendió a otros órganos, por lo que era urgente su hospitalización.

El 25 de marzo del presente año, representantes del sindicato acudieron ante el subsecretario de Trabajo, licenciado Fernando Franco, solicitando su intervención y a pesar de que efectivamente meses después se le proporcionara un pase médico, esto no incluía el derecho de hospitalización.

En fin que, el derecho de huelga sigue costando muertos en nuestro país y por lo tanto, pedimos que se solicite al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, inicie una investigación para determinar qué funcionarios fueron responsables de haber negado indebidamente la atención médica prevista por el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, empezando por la señora María Guadalupe Martín Anaya, delegada del Instituto en el estado de Jalisco y proceda a separarlos de su empleo y asimismo, ponga en conocimiento de la Contraloría Interna del IMSS, los hechos ocurridos en torno a la omisión de atención médica en los términos precisados y el fallecimiento del trabajador Jesús Salvador García Alvarez, para en su caso, si resultan elementos, proceder a ejercer las acciones administrativas y penales correspondientes.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general del IMSS que investigue por qué se omitió la atención médica al señor Jesús Salvador García Álvarez, trabajador de la empresa Hulera Euzkadi, SA de CV, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social que investigue por qué se omitió la atención médica al trabajador de la empresa Compañía Hulera Euzkadi, SA de CV, señor Jesús Salvador García Álvarez, fallecido el 24 de agosto de 2004, e intervenga de manera inmediata a efecto de que se otorguen las prestaciones médicas previstas en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social a los trabajadores en huelga de la mencionada empresa.

Consideraciones

1. Que en diciembre de 2001 la empresa alemana Continental AG, propietaria de Euzkadi, decidió en su sede de Hannover, cerrar su planta productora ubicada en El Salto, Estado de Jalisco, debiendo destacarse que con el cierre de esta empresa se cometen dos violaciones fundamentales en perjuicio de sus trabajadores: Primero, se deja de pagar salario a los trabajadores, y segundo, en general, se dejan de aplicar todas y cada una de las disposiciones contenidas en el Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados que es el aplicable en esta empresa.

2. Ante tales acontecimientos, el sindicato decidió emplazar a huelga por violación integral del Contrato Ley aludido y por la ausencia del pago de salarios, mediante escrito presentado ante la autoridad laboral el día 10 de enero de 2002 (expediente III-133/2002), y estallando la huelga el 22 de enero de 2002.

3. El 17 de febrero de 2004 fue declarada legalmente existente la huelga, y en contrapartida, hasta ahora la empresa ha hecho oídos sordos al llamado de un posible acuerdo, que debe sujetarse a los principios de legalidad y seguridad jurídica conforme al estado social de derecho.

4. El 29 de abril del año en curso sometí al Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades laborales y de seguridad social, con relación a la problemática laboral de los trabajadores de Euzkadi, pronunciándonos categóricamente sobre el estricto respeto que debe tener la compañía alemana a las leyes mexicanas; sobre el respeto a la huelga existente; sobre el cumplimiento de la empresa al pago de los salarios caídos, desde la fecha del cierre: el 17 de diciembre de 2001; asimismo, con relación a la urgente atención médica que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe otorgar a los trabajadores y sus familias.

5. Que no obstante el referido Punto de Acuerdo, a la fecha el IMSS continúa violando el derecho de estos trabajadores a su atención médica conforme al artículo 109, Último Párrafo de la Ley del Seguro Social, en cuya parte conducente señala: ``Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga, recibirán las prestaciones médicas durante el tiempo que dure aquel'', lo que, insisto, no se respeta por este Instituto lo que ya ha provocado a la fecha el deceso de tres trabajadores y el registro de otros huelguistas y sus familiares con graves problemas de salud.

6. Que para poner en evidencia cuál es la política del Director del IMSS, Santiago Levy, frente a este conflicto, la cual es de absoluta parcialidad a favor de la empresa, diremos que inclusive el Sindicato de Euzkadi solicitó la atención a los trabajadores enfermos, comprometiéndose la propia organización sindical a cubrir los gastos que se generaran, más la respuesta por parte de la delegada del IMSS en Jalisco, María Guadalupe Martín Anaya fue que no podía acceder por ``órdenes del centro''.

7. Que el pasado 24 de agosto, por falta de atención médica y hospitalización a las que el IMSS estaba obligado, falleció el trabajador de Euzkadi Jesús Salvador García Álvarez; debiendo los funcionarios responsables asumir su responsabilidad legal sobre hecho tan lamentable. El Sr. García Álvarez padecía de cáncer de próstata, que durante las últimas semanas previas a su deceso, rápidamente se extendió a otros órganos, por lo que era urgente su hospitalización.

8. Por otra parte, el día 25 de marzo representantes del sindicato acudieron ante el subsecretario de Trabajo, licenciado Fernando Franco, a quien le solicitó que intercediera para que se le brindara la urgente atención médica. Y a pesar de que efectivamente, meses después se le proporcionara un pase, éste no incluía el derecho a hospitalización, que era precisamente lo que necesitaba.

Con base en todo lo argumentado, propongo a la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Con el carácter de obvia y urgente resolución

Primero. Que se solicite al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi, que inicie una investigación para determinar los funcionarios responsables de haber negado indebidamente la atención médica prevista por el artículo 109 de la Ley del Seguro Social empezando por la señora María Guadalupe Martín Anaya, delegada del Instituto en el estado de Jalisco, y proceda a separarlos de su empleo; asimismo ponga en conocimiento de la Contraloría Interna del IMSS los hechos ocurridos en torno a la omisión de atención médica en los términos precisados y el fallecimiento del trabajador de Euzkadi señor Jesús Salvador García Álvarez, para en su caso, si resultan elementos, proceda a ejercer las acciones administrativas y penales que corresponden.

Segundo. Asimismo, solicitar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi, que otorgue todas las facilidades a los beneficiarios del señor Jesús Salvador García Álvarez a fin de que reciban las prestaciones que les correspondan en apego a la Ley del Seguro Social, sin menoscabo de las acciones que ejerzan los familiares del trabajador fallecido en todas las vías legales que estimen adecuado.

Tercero. Finalmente, insistir en la solicitud al doctor Santiago Levy para que intervenga de manera inmediata a fin de que se restituya a los trabajadores de Euzkadi, quienes se encuentran en un proceso de huelga, el otorgamiento de las prestaciones médicas a que tienen derecho con fundamento en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social y de esta manera se evite el agravamiento de los padecimientos que sufren algunos de estos trabajadores y sus familiares o inclusive más fallecimientos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para aplazar la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Buenas tardes. Gracias, diputado Presidente. Primeramente hago el señalamiento que este punto de acuerdo se solicita de urgente y obvia resolución, toda vez que el Reglamento de Juegos y Sorteos, de la Ley de Juegos y Sorteos, emitido por el Ejecutivo Federal, entra en vigor el día de mañana.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947, es una ley que se emite en el sexenio del ex Presidente Miguel Alemán. Tenemos 57 años sin un reglamento de esta Ley Federal de Juegos y Sorteos y de pronto, al Ejecutivo federal y en específico al secretario de Gobernación, le urge la emisión de este reglamento. Fue publicado el pasado 17 de septiembre, entra en vigor a los 20 días hábiles de su publicación, mismos que se cumplen el día de mañana. Quisiera no pensar que ``a río revuelto, ganancia de pescadores''.

Es una ley que reglamenta 17 artículos y que contiene aproximadamente 170 artículos este reglamento.

Como es de todos conocido, se discute actualmente en las Comisiones de Gobernación y de Turismo una nueva Ley de Juegos y Sorteos. Este reglamento se excede en atribuciones al secretario de Gobernación, establece inclusive un organismo muy transparente integrado única y exclusivamente por funcionarios de la propia Secretaría. Para las autorizaciones y permisos, no interviene ninguna autoridad estatal o municipal; es decir, todas esas reuniones con los ejecutivos estatales del país, su resultado fue cero.

La petición es muy concreta: Que se aplace la entrada en vigor de este reglamento por el término de 90 días naturales; que se exhorte al Ejecutivo federal en tal sentido. ¿Para qué? Para que empecemos a discutir los términos de la misma. Tendrá que entregarse el día de hoy.

Quiero señalar que en el evento de que el Ejecutivo federal no aplace la entrada en vigor de este reglamento, procede controversia constitucional, controversia constitucional que este órgano legislativo deberá interponer.

Por su atención y por su voto, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplazar, mediante la Secretaría de Gobernación, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, suscrito por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplazar, mediante la Secretaría de Gobernación, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, suscrito por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 31 de diciembre de 1947, durante la administración del Presidente Miguel Alemán Valdés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Juegos y Sorteos, dicho ordenamiento da facultades a la Secretaría de Gobernación, para que por medio de una Dirección General de Juegos y Sorteos, se puedan vigilar, controlar y reglamentar toda aquella clase de juegos con apuesta con excepción de los organizados por la Lotería Nacional.

En la Cámara de Diputados se han presentado alrededor de una decena de iniciativas, algunas que datan de la LVII Legislatura con el propósito de actualizar esta ley de acuerdo a las realidades que hoy imperan.

Si bien es cierto que al interior del Congreso se han discutido los temas relacionados con Juegos y Sorteos, no se han logrado los consensos necesarios para poner en marcha una Ley, que regule la materia y adecuar a la realidad la realización de estas actividades en lo que se refiere a juegos de azar, ferias, peleas de gallos, carreras con apuestas y loterías.

Se debe crear una ley que favorezca el fortalecimiento del federalismo y dote de mas elementos y recursos a los estados para que cumplan con el compromiso social de apoyar a los grupos vulnerables.

Es necesario ampliar los cauces de la participación estatal para que se siga construyendo una sociedad más fuerte, más unida y mejor organizada; la creación de reglamentaciones ambiguas que no satisfacen los principios esenciales del federalismo, no puede tener cabida en nuestro sistema democrático.

La interrelación entre los estados, los municipios y la federación no es hoy un mero concepto teórico, es un hecho de la vida cotidiana, que se manifiesta en el descubrimiento de una nueva tecnología política que genera un alto impacto en la economía nacional y familiar.

Tenemos que emprender medidas importantes para adaptar al Estado a la nueva dinámica social. La consolidación de un sistema federalista permitirá en el futuro destinar mayores recursos para satisfacer las demandas sociales y el cumplimiento de las responsabilidades directas del Estado en la previsión de servicios básicos.

Para la construcción de un Estado moderno que cuente con instituciones sólidas y normas claras y justas, es pertinente trabajar a favor de una reglamentación que permita en este rubro clarificar el destino de los premios no reclamados, situación que no se manifiesta en el reglamento.

En este proceso de fortalecimiento del federalismo, habremos de reconocer la decisión y la claridad con la que se fueron enfrentando adversidades y mantener así, la vigencia de las instituciones.

Convencidos de la importancia que tiene fortalecer esta figura, manifestamos nuestra preocupación de que en el reglamento de la Ley recientemente publicada en el DOF no se respeta este principio rector del Estado.

Tratándose de un reglamento de carácter federal es de suma importancia tomar en cuenta la participación de los estados y municipios, para respetar las competencias locales y contribuir a fortalecer el federalismo mexicano.

En el artículo primero transitorio se señala que la entrada en vigor será a los 20 días hábiles después de su publicación, por lo tanto la fecha para tal efecto se cumplirá el 15 de octubre.

Del estudio del texto que tendrá vigencia a partir de la fecha antes señalada, se detectan anomalías que no permiten que éste sea un ordenamiento creado con absoluta madurez y responsabilidad política.

Si desde 1947 no se ha reglamentado en esta materia, es claro que la responsabilidad que tenemos los legisladores es la de analizar puntualmente la calidad y contenido de un reglamento que no señala la participación de los estados en esta materia.

Pugnar por que los recursos que provengan de tales actividades, sean distribuidos en proporciones equitativas entre las haciendas estatal y municipal, privilegiando su destino para la asistencia pública y grupos vulnerables en el caso de premios no reclamados.

Establecer de forma conjunta la operación, control y supervisión de las actividades relacionadas con juegos y sorteos.

Pretender ordenar una ley de diecisiete artículos en un reglamento que en muchos casos va mas allá de la misma, daría origen a un ambiente de incertidumbre jurídica al contemplar aspectos no incluidos en la Ley correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los principios esenciales de un Estado democrático y federal, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaria de Gobernación a aplazar por 90 días naturales la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Diputados: Claudia Ruiz Massieu Salinas, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica- nos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, Secretaria. Diputado Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente. Para solicitar que la votación sobre el fondo del asunto, sea nominal.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo apoyan, señor diputado Gutiérrez de la Garza?

En su momento instruiremos la apertura del sistema.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico hasta por 10 minutos, para recoger la votación nominal de este asunto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se ruega se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento.

Abrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 282 votos en pro; dos en contra y 126 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo por 282 votos. Comuníquese.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, como señala el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 19 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Coahuila y Jalisco.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud de la senadora Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Eric Rubio Barthel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta proyecto de Ley de Navegación y Comercio Marítimo. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita un incremento en los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, para el funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios a varios ciudadanos mexicanos, a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Minutas

Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana doctora Lidia Camacho Camacho para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Artes y Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contraalmirante CGDEM. Carlos Octavio Angulo Jiménez, para aceptar y usar la condecoración de la "Medalla del Servicio Meritorio", que le confiere la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Dictámenes de primera lectura

Cuatro de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO FINAL DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se toma la última votación nominal como registro final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 14:58 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 19 de octubre, a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Buenas tardes.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 46 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 377 diputados

Verificación de quórum: 392 diputados

Asistencia al final de la sesión: 410 diputados

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado: 1

Proposiciones con puntos de acuerdo: 4

Punto de acuerdo aprobado: 1

Oradores en tribuna: 20

PRI - 11 PAN - 6 PRD - 2 PVEM - 1

Se recibió:

1 comunicación de la Mesa Directiva con la que informa de la recepción de dictámenes negativos;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que propone cambios en la Delegación Permanente de diputados ante el Parlamento Latinoamericano;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia y Familias;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de excitativa de senador del Partido Acción Nacional;

5 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite acuerdos por el que solicita se incrementen diversas partidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite comunicación del Congreso del estado de Tlaxcala;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite comunicación del órgano de fiscalización superior del estado de Guanajuato;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 minuta de ley;

4 iniciativas de senadora del PVEM;

3 iniciativas de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios;

10 iniciativas del PRI;

6 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

3 iniciativas del PVEM

1 iniciativa del PC

Dictamen de primera lectura:

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen aprobado:

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo;

1 de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;

1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 3 ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 4 ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 2 ciudadanas para prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 17 ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 7 ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios a 8 ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Japón, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso necesario al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en México, con circunscripción consular en toda la República;

1 de la Comisión de Juventud y Deporte con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informen sobre los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Atenas;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo a proposición, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados para la disposición final de residuos sólidos en Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco;

1 de la Comisión de Salud con punto de acuerdo, para que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que exponga las acciones que está llevando a cabo la dependencia a su cargo para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico;

1 de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Mexicanos a que concluya la delimitación de sus instalaciones en diversos predios del municipio de Altamira, Tamaulipas;

1 de las Comisiones de Desarrollo Social y de Salud con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias, a que realicen un diagnóstico respecto al problema de salud motivado por la contaminación del Río Santiago, que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco;

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo, para solicitar información a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional del Agua, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, que informen respecto a los adeudos existentes de esos ingenios;

1 de la Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo a proposiciones presentadas durante la LVIII y LIX Legislaturas, para exhortar al Ejecutivo Federal a que establezca un programa de subsidios a tarifas de energía eléctrica para uso doméstico en zonas de clima extremo;

1 de la Comisión de Economía con punto de acuerdo a proposición, para exhortar al Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Guerrero, busque una solución a la solicitud de los ciudadanos del municipio de Tetipac;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo, para solicitar al Procurador General de Justicia del estado de Puebla, información sobre el avance de las investigaciones del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla, Griselda Tirado Evangelio;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 5 de abril, para solicitar a la Procuraduría General de la República, información relativa a las investigaciones del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta;

1 de la Comisión de Salud con punto de acuerdo a proposición, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que través de la Secretaría de Salud, elabore la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Defensoría Pública: 219

Aréchiga Santamaría, José Guillermo (PRI) Verificación de quórum: 218 desde curul

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Luis Donaldo Colosio Murrieta: 280

Bailey Elizondo, Eduardo Alonso (PRI) Poder Legislativo: 173

Bazán Flores, Omar (PRI) Artículos 27 y 115 constitucionales: 208

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 208 desde curul

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Ley General de Salud: 182

Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Ley de Amparo - Ley Aduanera: 141

Flores Mejía, Rogelio Alejandro (PAN) Artículo 133 constitucional: 121

Franco Hernández, Pablo (PRD) Empresa Hulera Euzkadi: 299

García Sanjinés, María Antonia (PAN) Ley Orgánica del Congreso: 189

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Ley Federal de Juegos y Sorteos: 301, 303 desde su curul

Hinojosa Moreno, Jorge Luis (PAN) Ley Aduanera: 125

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley General de Educación: 161

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Presupuesto de Egresos: 192

Pasta Muñuzuri, Ángel (PAN) Código Penal -Código de Comercio: 181

Pérez Góngora, Juan Carlos (PRI) Presupuesto de Egresos: 167

Ramos Iturbide, Bernardino (PRD) Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: 147

Rocha Medina, María Sara (PRI) Ley Federal del Trabajo - Ley del Seguro Social: 151

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Artículo 107 constitucional - Ley de Amparo: 138

Toscano Velasco, Miguel Ángel (PAN) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 199

Toscano Velasco, Miguel Ángel (PAN) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 213 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Donato Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 156 Asistencias por cédula: 12 Asistencias comisión oficial: 4 Permiso Mesa Directiva: 31 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 20 Total diputados: 223 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José PERMISO MESA DIRECTIVA 126 Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 114 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 17 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 14 Total diputados: 150 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 70 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 18 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 4 Total diputados: 97 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 7 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 5 Total diputados: 17 PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Bitar Haddad, Oscar Burgos Barrera, Álvaro Campa Cifrián Roberto Rafael Carrillo Guzmán Martín Cervantes Vega, Humberto Concha Arellano, Elpidio Desiderio Figueroa Smutny, José Rubén Flores Hernández, José Luis González Canto Félix Arturo Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Jiménez Sánchez, Moisés Lomelí Rosas J. Jesús Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osorio Chong, Miguel Angel Ponce Beltrán Esthela de Jesús Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Soriano López, Isaías Uscanga Escobar, Jorge Faltas por grupo: 20 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Camarena Gómez, Consuelo Corrales Macías José Evaristo De la Vega Larraga José María Durán Reveles, Patricia Elisa Flores Fuentes, Patricia Gutiérrez Ríos Edelmira Loera Carrillo Bernardo Núñez Armas, Juan Carlos Ovalle Araiza Manuel Enrique Palmero Andrade, Diego Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel, José Orlando Valladares Valle Yolanda Guadalupe Faltas por grupo: 14 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Brugada Molina Clara Marina García Tinajero Pérez, Rafael Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Faltas por grupo: 4 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián Méndez Salorio Alejandra Faltas por grupo: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Yunes Linares Miguel Angel Faltas por grupo: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel