DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 19 de octubre de 2004	Sesión No. 15

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos y de ciudadanas diputados y diputadas.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 365 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 11:00 horas): Se abre la sesión, se ruega a la Secretaría ordenar el cierre del registro electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se les recuerda a las diputadas y diputados que los que no hayan pasado registro por medio del sistema electrónico, tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.

Cumplida la instrucción, ciudadano Presidente.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente... Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 19 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Coahuila, de Jalisco y de Zacatecas.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de

- Acuerdo, por el que se reforman los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. (Votación)

Minutas

Proyecto de decreto, que reforma los artículos 10 y 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud de la senadora Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Éric Rubio Barthell, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta proyecto de Ley de Navegación y Comercio Marítimo. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita un incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2005 para el funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita un incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en los rubros de educación y de ciencia y tecnología. (Turno a Comisión)

Oficio de la Procuraduría General de la República

Con el que remite contestación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la investigación por la presunta venta de exámenes de residencia médica. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Seis, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, por los que se solicita información trimestral sobre el presupuesto ejercido de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, y de la Reforma Agraria, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y del Tribunal Superior Agrario. (Turno a Comisión)

Cuatro, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo de la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Ley Federal de Salario Máximo Mensual para los servidores públicos federales, estatales, municipales y organismos autónomos, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma las fracciones I, III y IV y adiciona una fracción IV-A al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Amalín Yabur Elías y Jorge Kahwagi Macari. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a los artículos 5° y 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en lo relativo a la importación de mercancías realizada por migrantes mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Antonio Morales de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre "Batallón de San Blas", a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2° y 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97, fracción IV, y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis y VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, cuatro con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a acelerar los trabajos de la actualización del Padrón Nacional Cafetalero.

De las Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a modificar el acuerdo intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a las carreteras concesionadas, a cargo del diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del estado de México y al presidente municipal de San Juan Teotihuacán a suspender las obras de construcción de la tienda Wal-Mart en dicha localidad, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se audite el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo comprendido de 1967 a la fecha, a cargo del diputado Roberto Vega Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los centros integralmente planeados, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a retomar como función básica de la institución otorgar créditos para impulsar la inversión en ese sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se destinen y etiqueten 2 mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el fondo de apoyo a la cadena agroalimentaria frijol, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen 150 millones de pesos a la conservación y el desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el Canal cuente con un noticiario especializado, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos con objeto de celebrar convenios internacionales que permitan establecer medidas y mecanismos bilaterales para reducir las comisiones y proveer reglas a efecto de fijar un tipo de cambio más justo en las transferencias de remesas, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al apoyo solidario de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL, respecto al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a evitar la destrucción de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla, actualizar el programa de manejo e impulsar un paquete de inversiones destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en ese sitio, a cargo el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a llevar a cabo acciones que resuelvan la problemática ambiental de Valle de Bravo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva, al Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana a efecto de que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, la institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y el desarrollo de los hijos de las y los trabajadores de la Universidad, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Senado de la República que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la firma del acuerdo de entendimiento sobre los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento (OVM/AFP), signado por el director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a suscribir, mediante la Secretaría de Salud de dicha entidad, un convenio para que el Hospital Naval del municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de incluir el artículo 29 en el Capítulo III del Título Tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, relativo a la materia de comunicación social, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios conducentes a mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, que se cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-155SCFI-2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, se proporcione energía eléctrica a un precio acorde con las altas temperaturas, considerando que la geotermoeléctrica de Cerro Prieto está en su territorio, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre una comisión especial que verifique las condiciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos a fin de reconstruir el tramo carretero Polvorín-Alpuyeca, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a agilizar las acciones y diligencias conducentes a esclarecer los asesinatos contra periodistas en dicha entidad, a cargo de la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal en relación con el caso "muertas de Juárez", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje y entregar un reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Atenas 2004, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a transferir la carretera escénica Tijuana-Ensenada al gobierno del estado de Baja California, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, acerca de las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y de la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a determinar que el megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y, en su caso, reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia en el programa Oportunidades, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 consideren en el programa anual carretero del país apoyar con 250 millones de pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con los familiares de los connacionales muertos en el incendio ocurrido en Columbus, Ohio, Estados Unidos de América; y se exhorta al Ejecutivo federal a dar seguimiento, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las investigaciones respectivas, a cargo de la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los Presidentes del Instituto Nacional de las Mujeres y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a formular y promover políticas públicas que redunden en medidas positivas y compensatorias a efecto de preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio al consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento en el gasóleo doméstico, gas LP y gas natural durante el periodo 1 de noviembre de 2004-31 de marzo de 2005, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, a efecto de conocer el aprovechamiento real del agua en el uso agrícola, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al procurador general de la República que investigue la violación del recinto legislativo del estado de Baja California por miembros de la Agencia Federal de Investigación, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora a elaborar una ley de coordinación fiscal estatal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a enviar una nota diplomática de condena al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres migrantes mexicanas acaecida en el río Bravo el pasado 23 de septiembre, suscrito por las diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a tomar las acciones conducentes a implantar el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política que instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y Niños de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a invitar a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades del estado de Oaxaca que sean investigados los servidores públicos que intervinieron en la violación de los derechos humanos y garantías individuales de la joven María, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, acuerde e implante un programa de desconcentración administrativa del Instituto, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso del homicidio del licenciado Mario Sánchez Paniagua, ocurrido en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre maíz y biodiversidad, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a la Cámara de Diputados, y ---en su caso--- sancionar, sobre el daño ocasionado en la reserva ecológica de Cuxtal, situada en el municipio de Mérida, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para formular un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a investigar sobre las concesiones otorgadas a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre los objetivos, las estructuras operativas y las obligaciones económicas de los organismos internacionales en que México participa, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas y del Gobierno Federal a efecto de que durante el actual proceso electoral no se politicen acciones y programas públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la ley y las resoluciones judiciales, así como a evitar vulnerar derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instaurar, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y con los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar el 16 de junio como Día Nacional del Federalismo, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya una partida especial para el embovedado y saneamiento del arroyo El Orito, situado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH, a la SEP y al INBA a suspender la construcción del centro comercial Wal Mart en el municipio de Teotihuacán, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa a expedir las disposiciones jurídicas correspondientes a cada energético agropecuario, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que las secretarías del Ejecutivo federal competentes realicen las gestiones necesarias para determinar los niveles de contaminación y sus efectos en la comunidad El Hospital, situada en el municipio de Cuautla, Morelos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo Nacional por el Agua y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realice las acciones necesarias a fin de que lo suscriban los representantes de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general, a cargo del diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ajustarse en su resolución con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California a los principios de legalidad, equidad y justicia, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento al estado que guarda la empresa Agroindustrias del Balsas, SA de CV (Fertinal), a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente a esta soberanía el documento con acuse de recibo de la protesta formulada al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres mexicanas ocurrida en la frontera norte el 23 de septiembre pasado, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los municipios del país a incorporarse en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los Poderes Ejecutivos y a las Legislaturas locales a modificar los ordenamientos jurídicos para regular el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo por violación y la prestación de los servicios de salud en esos casos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se consideren los recursos necesarios que el Ejecutivo federal destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que exponga ante la Comisión del Distrito Federal de esta H. Cámara el estado que guardan las denuncias presentadas contra ex funcionarios del gobierno local, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que implante un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal que convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Sagarpa para que informe a esta Cámara respecto al estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación del Programa Especial Concurrente, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales integre una subcomisión que atienda la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al director general del ISSSTE la construcción de una clínica en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar el estado físico de la autopista de El Sol, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte que se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, a cargo de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos costeros del país a cumplir el Programa Nacional de Turismo 2000-2006, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se destine al menos 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al diseño, la instrumentación y la operación de un programa específico que atienda a desplazados internos indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para enviar una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos de América respecto a la condecoración de dos agentes del FBI que intervinieron en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador constitucional de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velasco, a abstenerse de realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los de su propia filiación partidista, a cargo del diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus organismos desconcentrados a regular, en el ámbito de sus atribuciones, el monto de las comisiones que reciben las instituciones del sistema financiero mexicano, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios pertinentes para decretar la zona marina situada al norte del parque nacional Isla Contoy, al noroeste del área de protección de la flora y fauna de Yum Balam, como área natural protegida, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que revise el ejercicio de recursos federales al gobierno del estado de Durango que concluyó, correspondiente al periodo 1998-2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática de las cajas de ahorro en el estado de Jalisco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión del Sistema de Asignación de Pensiones a los Militares Retirados o Jubilados, con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación realice las gestiones conducentes a esclarecer la donación de la Academia de Policía del municipio de Tehuacán realizada al gobierno del estado de Puebla, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la Ley de Ingresos de la Federación se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticos extranjeros en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 recursos adicionales destinados a prevenir y combatir el VIH-sida, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica a fin de pagar una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942-1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y a la Semarnat a investigar la muerte de 24 delfines y 74 tortugas en las costas de Campeche, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones de Economía, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina, a solicitud del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves catorce de octubre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y siete diputadas y diputados, a las diez horas con doce minutos del jueves catorce de octubre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación de la Mesa Directiva con la que informa de la recepción de dictámenes negativos de las comisiones: de Salud, uno; de Economía, uno; de Energía, uno; de Justicia y Derechos Humanos, tres; Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno; de Gobernación, uno; de Juventud y Deporte, uno; y de Marina, uno, publicados en su oportunidad en la Gaceta Parlamentaria.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Una, con la que propone cambios en la Delegación Permanente de diputados ante el Parlamento Latinoamericano. Se aprueba en votación económica.

Una, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia y Familias. De enterado.

La Cámara de Senadores remite dos minutas proyectos de decreto:

Que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.

Que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del veinticuatro al veintiséis de octubre de dos mil cuatro, a efecto de que realice una Visita Oficial a Canadá. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Oficios de la Cámara de Senadores:

Uno, con el que remite solicitud de excitativa del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes.

Uno, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo dos -- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Uno, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Uno, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo noveno de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y adiciona los artículos veintinueve y ciento veintitrés de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Uno, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto a las Pilas y Baterías, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Cinco, con acuerdos por los que solicita se incrementen las partidas del Programa Tres por Uno; de los programas de construcción de infraestructura caminera y de salud en el estado de Chiapas; del gasto social; de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas; y de los programas que beneficien a mujeres y niñas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Uno, con el que remite comunicación del Congreso del estado de Tlaxcala, por el que solicita al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para el rescate a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Uno, con el que remite comunicación del órgano de fiscalización superior del estado de Guanajuato, por el que solicita se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, recursos para la ejecución satisfactoria del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos: al secuestro de niños en Beslan, Rusia, y se remite copia a la Comisión de Relaciones Exteriores y al promovente, para su conocimiento; y al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, y se remite copia a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al promovente, para su conocimiento.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Que adiciona el artículo dos -- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Activo, con el objeto de impulsar la industria cinematográfica nacional, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Que adiciona un párrafo al artículo doscientos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Que reforma y adiciona el artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad comparativa, suscrita por el diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia. Se turna a la Comisión de Economía.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que se abstenga de realizar declaraciones que invadan la competencia del Poder Judicial. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Rogelio Alejandro Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ciento seis bis a la Ley Aduanera. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento noventa y cuatro U de la Ley Federal de Derechos. El Presidente informa de la recepción de la iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un párrafo al artículo diecinueve de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. El Presidente informa de la recepción de la iniciativa de referencia y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y setenta y seis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos ciento veinticuatro de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, ciento setenta y seis, ciento setenta y siete y ciento setenta y ocho de la Ley Aduanera. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.

Bernardino Ramos Iturbide, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos segundo y noveno de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas.

María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, relativas a los jornaleros agrícolas. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos treinta y dos y treinta y tres de la Ley General de Educación.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, de interpretación auténtica del primer párrafo del inciso j) de la fracción primera del artículo veintitrés del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Ángel Pasta Muñuzuri, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos trescientos ochenta y siete del Código Penal Federal y setenta y siete del Código de Comercio, en materia de delitos mercantiles. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Economía.

María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos uno, cuatrocientos diecisiete, cuatrocientos veinte y cuatrocientos veintiuno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

María Antonia García Sanjinés, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Laura Elena Martínez Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, que reforma el inciso C) de la fracción primera del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia del impuesto a los tabacos labrados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Salud, esta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, atendida por la Presidencia.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos veintisiete y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos tercero, veintitrés y veintitrés -- B y reforma y adiciona el artículo diecinueve de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de marbetes y precintos para bebidas alcohólicas y cigarros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Desde su curul el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, solicita verificación de quórum. La Presidenta instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia para el efecto.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Apartado C al artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma los artículos ochenta y ocho de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tercero, veintisiete y treinta de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo ochenta y uno de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

La Secretaría informa del registro de trescientos noventa y dos diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma el artículo quince de la Ley de Capitalización del Procampo. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y nueve votos en pro, ninguno en contra y seis abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo ciento doce de la Ley General de Salud y la fracción novena del artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y tres votos en pro, ninguno en contra y seis abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción tercera del artículo tercero de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y cinco votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de diez dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios:

Al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

Al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

A tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa.

A cuatro ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A dos ciudadanas para prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A diecisiete ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California.

A siete ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México.

A ocho ciudadanos para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Japón, en México.

Al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en México, con circunscripción consular en toda la República.

Son de segunda lectura. Sin nadie que solicite la palabra la Secretaría recoge la votación nominal de los proyectos de decreto en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y nueve votos en pro, dos en contra y tres abstenciones. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informen sobre los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados para la disposición final de residuos sólidos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Sin que motive debate se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para que comparezca el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que exponga las acciones que está llevando a cabo la dependencia a su cargo para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a que concluya la delimitación de sus instalaciones en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social y de Salud con punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias, a que realicen un diagnóstico respecto al problema de salud motivado por la contaminación del Río Santiago, que padecen los habitantes de diversos municipios de estado de Jalisco. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para solicitar información sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que establezca un programa de subsidios a tarifas de energía eléctrica para uso doméstico en zonas de clima extremo. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sin que motive debate se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Guerrero, busque una solución a la solicitud de los ciudadanos del municipio de Tetipac. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar al Procurador General de Justicia del estado de Puebla, información sobre el avance de las investigaciones del asesinato de la defensora de derechos humanos, Griselda Tirado Evangelio. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República, información relativa a las investigaciones del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Habla en pro el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone la creación de una Comisión Especial al respecto. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a que través de la Secretaría de Salud, elabore la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Para incluir en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, el otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para que se asigne una partida de siete mil quinientos millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, suscrita por el diputado Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Para que se adicionen diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, inicie una investigación para determinar a los funcionarios que negaron la atención médica a un trabajador de la empresa Hulera Euzkadi, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, aplace la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Desde su curul el diputado Gutiérrez de la Garza, con el apoyo de otros diputados, solicita que la votación del punto de acuerdo sea nominal y por doscientos ochenta y dos votos en pro, dos en contra y ciento veintiséis abstenciones se aprueba. Comuníquese.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes diecinueve de octubre de dos mil cuatro a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta.. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

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ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara goza.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En sesión celebrada el 7 de septiembre de 2004, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre ``Impuesto Predial'', la cual fue presentada por los diputados Gregorio Contreras Pacheco y Evaristo Lenin Pérez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse dicho asunto, la propia Diputación Permanente de este Congreso, aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:

Primero.- Hacer llegar a la Cámara de Diputados el respaldo del Congreso del estado de Coahuila, en el sentido de que se busqué una reforma al artículo 115 constitucional, para que las dependencias federales, salvo las instituciones educativas y de salud en las áreas donde prestan servicios públicos, salgan del régimen de exenciones; es decir, que Pemex, CFE, aeropuertos, instalaciones telefónicas, oficinas administrativas de paraestatales y organismos descentralizados, paguen en los municipios el impuesto predial.

Segundo.- Respetando su autonomía, hacer un llamado a los municipios coahuilenses, sobre todo a los de mayor capacidad económica, para que realicen un esfuerzo en el sentido de modernizar sus sistemas de captación fiscal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica este punto de acuerdo a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes, en lo que se refiere a lo consignado en el apartado primero del mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 8 de septiembre de 2004.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).»

«Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Queremos abordar con ustedes un tema que cada vez tendrá más espacio en las discusiones entre los estados y la Federación, en las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores y sobre todo en las inquietudes de los municipios y sus finanzas. Nos referimos a la necesidad de incrementar la captación del impuesto predial. En la vía de fortalecer esta captación creemos que nadie debe estar exento y al mismo tiempo se deben modernizar los sistemas de recaudación.

La inquietud nace por noticias proveniente de distintos rumbos, así, el tesorero municipal de Monclova, Raúl Saldaña Martínez, señala que la dependencia a su cargo, como estrategia recaudatoria de recursos públicos, solicitara al Congreso del estado que exente al ayuntamiento del pago de impuestos como el ISR, IVA, ISPT y la cuota obrero-patronal, lo hace porque señala que, según el, las dependencias federales están exentas del pago de impuesto predial.

Sin embargo el IMSS no está exento de pagar sus contribuciones en las áreas administrativas, concepto por el cual debe 2.6 millones de pesos por evasión en el último año y medio, informó también que Pemex y las escuelas tampoco pagan impuesto predial, por lo que sería muy adecuado que a ellos, como municipio, también los exentaran de pagos de impuestos, como lo es el IVA, ISR, ISPT y las cuotas obrero-patronales.

Por su parte el alcalde de Torreón, licenciado Guillermo Anaya Llamas, planteó que las autoridades municipales de esta ciudad se reservan la acción de interponer una demanda contra el aeropuerto y la central camionera de Torreón, para obligarlos a que paguen el impuesto predial.

El presidente municipal, dijo que aunque existe un fallo judicial para volver a sustentar la exigencia del pago del impuesto predial, decidieron esperar la reforma correspondiente al artículo 115 constitucional.

Asimismo, el presidente municipal de Cozumel, Carlos Hernández Blanco, señala que los municipios del país dejan de recaudar alrededor de 13 mil 500 millones de pesos anuales debido a la evasión del impuesto predial, además de otras pérdidas incalculables provocadas por las exenciones que gozan diversos bienes inmuebles de dominio público.

Pone como ejemplo a los aeropuertos que no pagan un peso de impuesto predial pero a los restaurantes, tiendas, área de taxis, los concesionarios si les cobran, pero en Cozumel no pagan ni basura ni impuestos prediales.

A su vez Rubén Fernández, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Municipios afirma que el Gobierno federal embarga a los municipios cuando no pagan el Impuesto Sobre la Renta y los trata como un contribuyente común, pero también la Federación debería ser un causante en materia de impuesto predial. Mientras que el presidente de la Federación Nacional de Alcaldes de México, José Rosas Aispuro Torres, afirma que no se tienen cálculos de cuánto deja de ingresar a las arcas municipales debido a las exenciones, pero previó que los municipios medianos y grandes captan por predial sólo el 70 por ciento de su potencial.

Por eso hay coincidencias en la propuesta de la Convención Nacional Hacendaria para eliminar las exenciones en el pago del predial previstas en el artículo 115 de la Constitución, exenciones que dejan libre del impuesto a los aeropuertos, instalaciones telefónicas, oficinas administrativas de paraestatales y organismos descentralizados. Así, esta decisión es compartida por el presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, Reynaldo Escobar, en el sentido de aprobar las sugerencias de la CNH para eliminar las exenciones del predial este mismo año y permitir a los municipios hacerse de mayores recursos fiscales.

A esta discusión se unen otro actores como la senadora priísta Laura Alicia Garza Galindo, quien apunta que hay muchos inmuebles de las dependencias federales que deberían pagarles a los municipios por los espacios ocupados, agregó que el pago de predial es una de las áreas de mayor evasión fiscal, por lo que es necesario que el Gobierno federal lleve a cabo un padrón de prediales para que cada quien pague lo justo.

Otro aspecto de este tema es el de la necesaria modernización de los sistemas de captación del impuetto predial, un ejemplo es Acapulco. La revista Política Digital, numero 16, correspondiente a abril y mayo del 2004 apunta una experiencia interesante en este municipio.

Señala como un ejemplo del desorden el hecho de que existía una empresa inmobiliaria que vendía terrenos en el mar, que se pagaba predial por un lote baldío cuando había una casas de tres pisos, también que algunas personas aseguraban que vivían en casa de cartón cuando tenían mansiones.

Ante esto el nuevo alcalde, Adalberto López Rosas lanzó la licitación para hacer la cartografía digital de la ciudad; así se levantó el mapa digital y hoy, dos años después de iniciado el proyecto, se lleva registrado el 20 por ciento del municipio y se ha superado en un 80 por ciento el ingreso recaudado y a que en los primeros cien días de gobierno se incrementara la recaudación de ingresos propios municipales en un 23 por ciento, en tres meses se superó en un 25 por ciento el rezago existente en el pago de las contribuciones por concepto de impuesto pradial, licencias de funcionamiento y derechos de zona federal marítima terrestre. También la administración municipal agregó 20 mil nuevos registro al catastro digitalizado de los 155 mil que hoy tiene Acapulco, pero además se ahorraron las verificaciones y se liquidó al 50 por ciento del personal que hacia dicha labor.

Frente a esta realidad proponemos los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Hacer llegar a la Cámara de Diputados el respaldo del Congreso del estado de Coahuila, en el sentido de que se busque una reforma al artículo 115 constitucional para que las dependencias federales, salvo las instituciones educativas y de salud en las áreas donde prestan servicios públicos, salgan del régimen de exenciones. Esto quiere decir que Pemex, CFE, aeropuertos, instalaciones telefónicas, oficinas administrativas de paraestatales y organismos descentralizados paguen en los municipios el impuesto predial.

Segundo. Respetando su autonomía, hacer un llamado a los municipios coahuilenses, sobre todo a los de mayor capacidad económica, para que realicen un esfuerzo en el sentido de modernizar sus sistemas de captación fiscal.

Saltillo, Coahuila. Septiembre 7 del 2004.--- Por el grupo parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila.--- Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, Coordinador; Dip. Gregorio Contreras Pacheco.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su conocimiento.

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REFORMA DEL ESTADO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En sesión celebrada el 7 de septiembre de 2004, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, conoció del dictamen que se acompaña a la presente comunicación, el cual fue presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a un oficio del H. Congreso del estado de Chihuahua, mediante el cual se informó sobre la aprobación de un acuerdo en el que se determinó solicitar al Congreso de la Unión, que en la agenda sobre la reforma del Estado, incluya el tema de la mayor participación de las legislaturas locales en la adición y reformas de los preceptos constitucionales, dando al artículo 135 de la Ley Suprema una redacción que alcance tal objetivo, así como que se conforme una mesa de discusión integrada por representantes de ese órgano colegiado y de las legislaturas estatales.

Conforme a los términos del dictamen que se envía, se aprobó un punto de acuerdo en el que se determinó la adhesión de este Congreso, al mencionado acuerdo del Congreso del estado de Chihuahua, así como que esto se comunicara al H. Congreso de la Unión.

En cumplimiento de lo que se dispone en el punto de acuerdo aprobado por este Congreso, lo anterior se hace del conocimiento de esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la consideración y los efectos que se estimen procedentes.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 9 de septiembre de 2004.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Congreso del estado, en relación al oficio que envía el Congreso del estado de Chihuahua, mediante el cual se informa sobre la aprobación de un acuerdo por el que se determinó solicitar respetuosamente al Congreso de la Unión, que el tema de mayor participación de las legislaturas locales en la adición y reformas de los preceptos constitucionales sea tomado en cuenta en la agenda relativa a la reforma del estado: contemplando la integración de una mesa de discusión en la que queden representadas las legislaturas estatales, disponiéndose así mismo, su envío a las legislaturas locales, con la solicitud de su adhesión al mismo.

Resultando

Primero. Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 27 de abril de 2004, se dio cuenta del oficio que remite el Congreso del estado de Chihuahua, mediante el cual se informa sobre la aprobación de un acuerdo, disponiéndose su envío a las legislaturas locales, con la solicitud de su adhesión al mismo.

Segundo. Que dicho documento se turnó a esta Comisión, para los efectos que resulten procedentes y;

Considerando

Primero. Esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 41 y 42, apartado 1, de la Ley Orgánica del Congreso del estado.

Segundo. Que se anexan al presente dictamen, formando parte del mismo, el oficio que presenta el Congreso del estado de Chihuahua, mismo que se tiene íntegramente reproducido.

Tercero. Ahora bien, en análisis del documento esta Comisión advierte que el acuerdo radica en la solidarización a favor de lograr acuerdos reales y responsables a fin de que se obtenga una reforma eléctrica convincente, una reforma fiscal seria, razonable, por lo que esta comisión propone que este Congreso se pronuncie a favor de dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Congreso, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, se adhiere al acuerdo aprobado por la Sexagésima Legislatura del estado de Chihuahua, por lo que se solicita respetuosamente al Congreso de la Unión que en la agenda relativa a la reforma del estado, incluya el tema de la mayor participación de las legislaturas locales en la adición y reforma de los preceptos constitucionales; dando una redacción al artículo 135 de la Ley Suprema que alcance tal objetivo, a mismo se conforme una mesa de discusión integrada por representantes de ese órgano colegiado y de las legislaturas estatales.

Segundo. Gírese atento oficio al Congreso de la Unión mediante el cual se le comunique la adhesión de este Congreso al acuerdo mencionado en el apartado primero de este punto de acuerdo.

Tercero. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Sexagésima Legislatura del estado de Chihuahua, para los efectos procedentes.

Así, lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Congreso del estado, diputado Jesús Mario Flores Garza (Coordinador), diputado Carlos Taméz Cuéllar, diputada Latiffe Burciaga Neme, diputado Gabriel Calvillo Ceniceros, diputado Miguel Felipe Mery Ayup, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, diputado Luis Fernando Salazar Fernández, diputado Jesús de León Tello, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera. Saltillo, Coahuila junio 7 de 2004.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Dip. Jesús Mario Flores Garza (rúbrica), Dip. Carlos Tamez Cuéllar (rúbrica), Dip. Latiffe Burciaga Neme (rúbrica), Dip. Gabriel Calvillo Ceniceros (rúbrica), Dip. Miguel Felipe Mery Ayup (rúbrica), Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Dip. Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica), Dip. Jesús de León Tello (rúbrica), Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión Especial para la Reforma del Estado también para su conocimiento.

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UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En sesión celebrada el 14 de septiembre de 2004 la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre el presupuesto de la Universidad Autónoma Agraria ``Antonio Narro'', la cual fue planteada por el diputado Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse dicho asunto, la propia Diputación Permanente de este Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:

Primero.- Que la Diputación Permanente solicite a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que antes de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación incluya la partida correspondiente para el funcionamiento de la Universidad Autónoma Agraria ``Antonio Narro''.

Segundo.- Que a la brevedad posible se reúnan las Comisiones de Fomento Agropecuario y de Educación de este Congreso para analizar a fondo la situación que guarda la Universidad Autónoma Agraria ``Antonio Narro''.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica este punto de acuerdo a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes, en lo que se refiere a lo consignado en el apartado primero del mismo.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 15 de septiembre de 2004.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).»

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara goza.

C. Diputado Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado.--- Presente.

En la propuesta de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no se contempla ningún monto destinado a la Universidad Autónoma Agraria ``Antonio Narro''.

Pudiera considerarse como una omisión, pero lo cierto es que en el ramo dedicado para Sagarpa, que es donde tradicionalmente era incluido, simplemente desapareció, no así lo destinado para el funcionamiento de la Universidad Chapingo, razón por la cual me hace suponer que la intención del Gobierno Federal es retirar el subsidio a la universidad coahuilense.

La Universidad Autónoma Agraria ``Antonio Narro'', ha sido pilar fundamental para la formación de excelentes profesionistas que han fortalecido con sus conocimientos las actividades agropecuarias del país, maestros y alumnos de este plantel educativo han sido merecedores de reconocimientos por los resultados de sus investigaciones y diseño de métodos y tecnologías innovadoras a favor de la productividad agropecuaria, por lo que no se justifica que el Gobierno Federal abandone su responsabilidad de destinar recursos para la preparación de mujeres y hombres comprometidos con el progreso nacional en el sector del campo.

La no inclusión en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de la partida correspondiente a la UAAAN, más que una omisión, parece el cumplimiento de un cierre anunciado; en efecto, el titular de la Sagarpa, en su visita a Saltillo, mostró su preocupación por la situación financiera de la Universidad Agraria y del cierre de las instituciones educativas dedicadas al agro y al parecer pretenden iniciar con la Antonio Narro.

Como Legislatura local debemos pronunciarnos en contra de esta pretensión, que no sólo afecta a los alumnos y personal docente de la Universidad, también es contrario a los compromisos de apoyo al campo mexicano, los profesionistas egresados de la Antonio Narro han demostrado su alto nivel de preparación y de compromiso con el sector agrario nacional. La Narro, como se le conoce a la Universidad, goza de un gran prestigio no sólo en el ámbito nacional, también es reconocida en el ámbito internacional. El Gobierno Federal y en particular Javier Usabiaga Arroyo tienen que entender que el mejor gasto que puede hacer una nación es precisamente la inversión en la educación.

Por todo lo anterior me permito someter a la consideración de esta Diputación permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Diputación Permanente solicite a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que antes de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, incluya la partida correspondiente para el funcionamiento de la Universidad Autónoma Agraria ``Antonio Narro''.

Dip. Ramón Díaz Ávila.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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EXCEDENTES PETROLEROS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara goza.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión celebrada el 14 de septiembre de 2004, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre ``más recursos a estado y municipios'', la cual fue presentada por los diputados Gregorio Contreras Pacheco y Evaristo Lenin Pérez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse dicho asunto, la propia Diputación Permanente de este Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:

Primero. Que este Congreso del estado haga llegar a la Cámara de Diputados el planteamiento de que se restituyan en el Presupuesto de Egresos de 2005 el Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas y la fórmula anterior para distribuir los excedentes petroleros.

Segundo. Que este punto de acuerdo se mande a los diputados federales que representan a Coahuila, con la encomienda de que defiendan esta restitución.

Tercero. Que el Congreso del estado haga llegar a la Cámara de Diputados la exigencia de que se fortalezca el presupuesto destinado para educación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica este punto de acuerdo a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes, por lo que se refiere a lo consignado en los apartados primero y tercero del mismo.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 9 de septiembre de 2004.--- Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Indudablemente, en los últimos años los recursos para los estados han crecido. Así, nos hemos acercado poco a poco a la vigencia real del federalismo, principio que significa la fortaleza de estados y municipios. Pese a esos avances, aún las economías estatales dependen en un alto porcentaje de las participaciones federales. En semejante situación se encuentran los municipios que tienen presupuestos que no alcanzan para resolver las necesidades de la población.

Para alcanzar la fortaleza de estados y municipios que hagan real el principio de la autonomía estatal y el municipio libre, se torna necesaria una reforma que permita a estas entidades tener mayores atribuciones para recaudar impuestos y para diseñar políticas que redunden en beneficios de los estados y los municipios.

Recordemos que en poco ha cambiado la distribución de cada peso recaudado. Este reparto todavía es demasiado inicuo y deja la mayor porción para la Federación, ya que de cada peso 80 centavos se quedan en el Gobierno Federal, 16 se canalizan a los estados y sólo 4 arriban a las arcas municipales.

Por eso, a los legisladores del grupo parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila nos preocupan dos temas vitales: la virtual desaparición del Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y la sensible disminución de eventuales ingresos excedentes que en 2003 y 2004 se destinaron a los estados y el Distrito Federal.

Recordemos que el PAFEF se estableció en el Presupuesto federal en el ejercicio de 2000 y el año pasado, pese a no estar en el proyecto del Presupuesto, los diputados decidieron reestablecerlo a través de la creación de Ramo 39, donde se incluye este programa. Así, se distribuyeron en 2004 entre todos los estados 17 mil millones de pesos.

Ahora, en el proyecto de Presupuesto para 2005, el PAFEF vuelve a ser inexistente. Así, en el proyecto de decreto se consigna que el Ramo 39 es el PAFEF y en el Anexo 1 del mismo, correspondiente al gasto neto total, se incluye dentro del gasto programable correspondiente a los ramos generales, pero aparece con cero pesos.

En la exposición de motivos se apunta que en esta propuesta no se consideran recursos para el PAFEF debido a la restricción financiera prevaleciente, por lo que corresponderá a la Cámara de Diputados determinar, en su caso, el financiamiento para dicha programa.

Pero no sólo eso: existe otra fuente de recursos para los estados que también está previsto reducir. Nos referimos a la reducción drástica en la distribución de ingresos excedentes petroleros. Con esta afectación, los estados ya no participarían del total de ingresos excedentes, sino sólo del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes (ARE) de Pemex. O sea que otros ingresos excedentes, petroleros y no petroleros, distintos del ARE, no admitirían distribución a las entidades.

Tal como lo plantea el proyecto de Presupuesto para 2005, los ingresos excedentes que existieren en el ejercicio 2005 se distribuirían en 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en 25% para mejorar el balance económico del sector público y en 50% para el gasto de inversión de Pemex. Pero, además, en la distribución de estos excedentes aumentan las facultades discrecionales del Gobierno Federal, pues antes de encontrar ese destino habría que descontar el aumento en los gastos no presupuestados derivado de factores ajenos a la evolución de la economía nacional y de desastres naturales.

Esto quiere decir que sólo se distribuirá a los estados 39.2 por ciento del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes ARE, y se les excluye del 61.8% restante y de cualquier ingreso adicional. Es importante señalar que con estas propuestas quien pierde es el país porque tanto los recursos del PAFEF como los derivados de ingresos excedentes tienen como etiqueta de utilización la inversión física, la infraestructura.

También queremos manifestar nuestra preocupación porque se reducen las participaciones a un rubro que significa la posibilidad de que elevemos la competitividad nacional. Esto se refleja en una caída de mil 200 millones de pesos para educación superior, y de más de 800 millones para ciencia y tecnología. Esto quiere decir que la participación del PIB en educación en lugar de crecer se reduce, al pasar de 0.6 a 0.53 por ciento.

Por eso compartimos la caracterización de decepcionante, frustrante y angustiosa que hacen los rectores, directores generales y secretarios generales de la UNAM, IPN, UAM, Colegio de México, centros de investigación y universidades estatales al referirse a la propuesta de presupuesto al sector educativo para 2005, porque tiene disminuciones nominales netas y desaparece rubros indispensables.

En esta ruta de no valorar la educación se inscribe el hecho de que, de acuerdo con estudiosos del tema, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro no aparece por ningún lado. Ni en el apartado de la Secretaría de Educación ni en el de Agricultura. Sencillamente, desapareció de los subsidios federales para el próximo año. Una escuela que se ha caracterizado por su alto grado de especialización en materia agraria y agrícola, y cuenta con estudiantes mexicanos y extranjeros, para 2005 desapareció del mapa gubernamental.

Por estas consideraciones proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el Congreso del estado haga llegar a la Cámara de Diputados el planteamiento de que se restituya en el Presupuesto de Egresos de 2005 el Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas y la fórmula anterior para distribuir los excedentes petroleros.

Segundo. Que este punto de acuerdo se mande a los diputados federales que representan a Coahuila, con la encomienda de que defiendan esta restitución.

Tercero. Que el Congreso del estado haga llegar a la Cámara de Diputados la exigencia de que se fortalezca el presupuesto destinado a educación.

Cuarto. Que se subsane el error de excluir de las partidas presupuestales los respaldos a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Saltillo, Coahuila, a 14 de septiembre de 2004.--- Por el Grupo Parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila.--- Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, Coordinador; Dip. Gregorio Contreras Pacheco.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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HORARIO DE VERANO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de la Unión

Con un atento saludo, les comunico que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 25 de marzo del año en curso, aprobó el acuerdo legislativo número 93/04, del que le adjunto fotocopia, mismo que les fue remitido en oficio número DPL-263-LVII, con fecha 26 de marzo del año en curso, mediante el cual se acordó expresarles a nombre del pueblo de Jalisco, que nos manifestamos en contra de la implementación del horario de verano, solicitándoles en vía de recordatorio que nuestra entidad federativa sea excluida del decreto que lo establece, para que sea analizado por esta soberanía estatal y proponer en tiempo y forma las adecuaciones pertinentes, conforme a la opinión general de la entidad y para que nos rija el horario 101° 28' 15'' y 105° 43' 16'' hora del centro, como se estableció en el decreto del 28 de abril de 1931.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía estatal, en acatamiento y ejecución de los acuerdos plenarios, les comunico lo anterior en vía de recordatorio y notificación personal y para los efectos legales procedentes, agradeciéndoles en lo posible su respuesta pronta y expedita.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados

El suscrito, diputado Benito Manuel Villagómez Rodríguez, integrante de esta LVII Legislatura del H. Congreso del estado de Jalisco y con fundamentos en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política y los diversos artículos 147, fracción I, y 150, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa del acuerdo legislativo en donde esta LVII Legislatura del Congreso del estado de Jalisco propone inconformarnos del horario de verano, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1° de marzo del 2002, donde a Jalisco lo sitúan por este decreto en la fracción IV, sujetándonos al meridiano 90° por ubicación y por el meridiano 75° por hora estacional, no considerando que el estado de Jalisco geográficamente está situado en la parte occidental de la Mesa del Anáhuac y continúa por el declive del Pacífico hasta los acantilados costeros, en las coordenadas extremas de 18° 58' 05'' y 22° 15' 49'' de latitud norte, a los 101° 28' 15'' y 105° 43' 16'' longitud oeste, por lo que considero de interés social no sujetarnos al cambio de horario el primero domingo de abril mismo que termina el último domingo de octubre de cada año. Gírese atento oficio al Congreso de la Unión mediante el cual se le manifiesta que a nombre del pueblo libre y soberano del estado de Jalisco y como legítimos representantes del mismo, nos manifestamos en contra de la implementación del horario de verano y solicitamos que el estado de Jalisco sea excluido del decreto que lo establece, decreto que debe de ser analizado por esta soberanía para proponer las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la opinión ciudadana del estado de Jalisco.

Para lo cual hago las siguientes

Consideraciones

El cambio de horario en Jalisco ha sido un rechazo de la ciudadanía y aun cuando esta medida debe ser útil para el propósito que se le diseñó, que es el ahorro de energía al permitir utilizar más la luz del sol sin recurrir a la luz artificial, lo cierto es que la forma de utilizar el horario en el estado ha hecho que los particulares consuman más luz eléctrica, provocando alteración en un amplio sector de la sociedad jalisciense.

Año con año tenemos la molestia de los cambios y usos de horario, lo que se percibe corno un acto de abuso de autoridad que no toman en cuenta los trastornos biológicos y económicos que causan a los hogares.

En el año de 1884 en la Conferencia Internacional sobre los Meridianos a la que asistieron representantes de los países más avanzados en la ciudad de Washington se acordó dividir la superficie terrestre en 24 zonas definidas por Meridianos y a partir de un punto de referencia a nivel mundial y definir así un esquema general de la zona de tiempo, México se incorporó al Sistema de Usos y Horarios a partir de 1922, con el Presidente Álvaro Obregón, posteriormente, en el año de 1930, con Ortiz Rubio, en 1942 con Manuel Ávila Camacho; en 1948 con Miguel Alemán se revoca el decreto de 1945 por razones comerciales, en 1982 con José López Portilmo los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se rigen por el meridiano 90° y 75°, en 1988 con Miguel de la Madrid se establece un horario de verano en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, y en el año de 1996 a iniciativa de Ernesto Zedillo Ponce de León, se establecen tres zonas horarias en el verano para todo el país, con Vicente Fox Quesada se amplía el horario de verano de dos horas el primer domingo de abril, terminando dos horas del domingo último de octubre de cada año.

El señor Vicente Fox Quezada se comprometió al famoso no horario de verano. Declarando en el periódico La Jornada, en fecha de abril del año 2000, en un mitin celebrado en Milpa Alta: ``No dejaremos que por intereses Económicos de Ernesto Zedillo se afecte a las familias de menos recursos en el país y de llegar a ser presidente de la República haré que el horario de verano desaparezca por ser sólo un beneficio para las familias mas ricas del pueblo de México''.

Fue algo que en campaña del ahora señor Presidente, su actual secretario de Gobernación y todos, los de la fracción de Acción Nacional estuvieron apoyando el no al horario de verano.

Y algo mas interesante todavía, en octubre del año 2000 el candidato a la gubernatura del estado, ahora gobernador, Francisco Ramírez Acuña, declaró al periódico Público: ``Que el pueblo de Jalisco decida si seguimos o no con el horario de verano''. ¿Qué quiero decir con eso? Que sólo estoy dando seguimiento a las promesas que hicieron el ahora Presidente de la República y el gobernador del estado.

Yo les pregunto, compañeros diputados, ¿nosotros somos representantes sociales? Porque a mi entender nuestro compromiso no es ni con el Presidente de la República ni con el gobernador del estado, es con el pueblo de Jalisco y es por eso que no podemos aceptar una decisión como sí fuera una monarquía:

En nuestro estado tal medida desde un inicio contó con la descalificación y el pronunciamiento de la sociedad, de grupos de académicos y asociaciones empresariales, entre otros grupos. Sin embargo, tal resistencia resultó infructuosa, posición que aun sigue vigente en el mandato del señor Vicente Fox Quezada.

Estas situaciones nos conllevan a señalar que el Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, sigue violando el pacto federal, al no respetar el artículo primero de la Constitución del Estado de Jalisco; que señala: ``El estado de Jalisco es libre y soberano'' en su régimen interior.

Es por eso, y seguiremos siendo repetitivos, que año con año y hasta la fecha, la manifestación popular de no al horario de verano ha sido rechazada con el decreto impuesto, violando los artículos constitucionales 115 y 116, fracción VII, lo que incumple en el fortalecimiento del federalismo lo preceptuado en el artículo 124 de nuestra Carta Magna, lo cual se desprende de que las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas para los Estados. Por lo tanto se desprende que ningún funcionario federal puede ejercer facultad alguna que no le sea expresamente concedida dentro del pacto federal. Es por ello que corresponde a las autoridades estatales de Jalisco legislar en materia de horarios aplicables al interior de su territorio.

La percepción de la sociedad respecto al horario de verano esta ligada a una imposición, más de carácter económico y de mercado global, vía TLC, que de ahorro de energéticos, así como la modificación del ritmo de vida y actividades sujetas a la combinación de horarios y tiempos de luz natural.

El problema de esto nace porque desde un principio no se le ha informado al pueblo de los objetivos reales con respecto a los fines de este horario; el problema nace porque no hemos sido sinceros en decirles que, con este famoso horario de verano, estamos mandando parte de energía a lo que es el sur de los Estados Unidos; vamos siendo sinceros y vamos diciéndole a la ciudadanía realmente lo que esta sucediendo; al pueblo ya no se le puede jugar el dedo en la boca, al pueblo hay que hablarle con la verdad.

El horario de verano quizá represente un pequeño ahorro en el gasto de energía, pero nunca será comparable con el daño en la salud, que representa en la población jalisciense. El centro del problema es que el cambio de horario modifica el reloj biológico de todo mundo, acostumbrados como estamos a levantarnos a una hora determinada y a realizar nuestras actividades en un horario preestablecido, que de pronto es modificado. Es normal, pues, que provoque inquietud, misma que llega a la rebeldía abierta en diferentes lugares de nuestro estado. La lucha contra el reloj biológico es, pues, pecado capital. Sobre todo en el caso de los niños en edad escolar.

Este famoso ahorro de energía, jamás se ha visto reflejado en los bolsillos de la ciudadanía, ya que haciendo una comparación en los recibos bimestrales de luz, no refleja diferencia alguna.

El supuesto ahorro es concedido por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, en México debemos de prescindir de más consumo de energía en toda la actividad del sector primario y de la manufactura, pues esto demostraría desarrollo del país, este ahorro es demográfico y se presume de una mano de obra sin carga de energía. Y del programa Nacional del Ahorro de Energía. En la ampliación de horas con luz solar.

Si consideramos las condiciones geográficas de nuestro país, ubicado a 19° latitud norte, encontramos que la variación de luz solar entre los días de invierno y los de verano es de sólo dos horas y veinte minutos, por lo que al adelantar una hora nuestro reloj no es determinante para el ahorro del consumo energético, ya que muy temprano, por la mañana es necesario encender la luz artificial para iluminar correctamente el área habitada, sin agregar las condiciones climatológicas de nuestro estado, que representa, durante la época de verano, el temporal de lluvias y consecuentes días nublados, con los que hay que prender la luz artificial.

Es importante, pensar primeramente en los habitantes de nuestro estado, antes que en los interese de otros, ya que fueron ellos quienes depositaron su confianza en nosotros, no los defraudemos.

Que una vez más y con la intención de manifestar que no por el sólo hecho del transcurso del tiempo aceptemos la imposición de una medida impopular e innecesaria, propongo que este H. Congreso se declare en contra del horario de verano y así lo manifieste solicitándole al Congreso de la Unión que en lo que concierne al estado de Jalisco, se abrogue el decreto correspondiente.

Es por ello que me permito someter a su elevada consideración la siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Único.- Gírese atento oficio al Congreso de la Unión mediante el cual se les manifiesta que a nombre del pueblo libre y soberano del estado de Jalisco y como legítimos representantes del mismo, nos manifestamos en contra de la implementación del horario de verano y solicitamos que el estado de Jalisco sea excluido del decreto que lo establece.

Decreto que debe de ser analizado por esta soberanía para proponer las adecuaciones pertinentes de acuerdo con la opinión general del estado de Jalisco, para que nos rija el horario 101° 28' 15'' y 105° 43' 16'' hora del centro, como se establece en el decreto del 28 de abril de 1931.

Atentamente

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jal., a 25 de marzo de 2004.--- Dip. Benito Manuel Villagómez Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Energía.

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ESTADO DE ZACATECAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Adjunto, nos permitimos remitir a ustedes el acuerdo número 10, aprobado por la H. Quincuagésima Octava Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta fecha, mediante el cual se solicitan mayores recursos para el estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal de 2005.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., a 7 de octubre de 2004.--- La H. LVIII Legislatura del Estado, Dip. Vicente Márquez Sánchez (rúbrica), Secretario; Dip. Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano.--- LVIII Legislatura.--- Zacatecas.

Acuerdo # 10

La honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Único. Que en la sesión del Pleno del día veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, la diputada Lidia Vázquez Luján, Presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda; y el diputado Pedro de León Mojarro, Presidente de la Comisión Primera de Hacienda, con fundamento en los artículos 24, fracción II, 25, numeral primero, y demás relativos y aplicables del Reglamento General del Poder Legislativo, presentaron iniciativa de punto de acuerdo relativa a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 apoyos extraordinarios para el estado de Zacatecas, en los rubros de ampliación de la red carretera del estado y su mantenimiento, en el sector salud para el equipamiento de hospitales, en educación para apoyos al adeudo de la Universidad Autónoma con el ISSSTE, abatir el rezago académico y ampliar la infraestructura educativa estatal, en seguridad pública para la capacitación, equipamiento y mejoras salariales de los integrantes de los cuerpos de seguridad municipales y estatales, apoyos extraordinarios para la generación de empleos y del programa ``3 x 1'', apoyos destinados al sector agropecuario para la compra de insumos, maquinaria y comercialización de productos, apoyos destinados a la protección del medio ambiente y la ecología con la creación de plantas tratadoras de aguas residuales, y apoyos destinados al desarrollo cultural y turístico del estado.

Considerando

Primero. Que Zacatecas es la única entidad federativa del centro-norte de la República Mexicana que no ha crecido al ritmo de otros estados, de tal forma que el presente acuerdo pretende dar orientación al desarrollo de los sectores productivos más importantes de nuestra entidad, que por vocación natural de sus recursos debe ser alta prioridad, pues en ellos encontramos una frontera productiva y de trabajo, por lo que merecen nuestro apoyo y estímulo. Especial atención nos merece lo que a infraestructura carretera se refiere.

Que la carretera Zacatecas-Saltillo es una de las vías más importantes de comunicación con los estados de Nuevo León y de Coahuila y que es imperiosa la necesidad de modernizar esta carretera, a fin de comunicar el estado de Zacatecas con la frontera más cercana con Estados Unidos de Norteamérica. Adicionalmente, esta vía de comunicación es un detonante fundamental para el crecimiento del sector turístico del estado.

Que la carretera Valparaíso-Estación Ruiz, Nayarit, posibilitará el traslado de mercancías y de personas, así como la comunicación del altiplano del país con el océano Pacífico. Además, contribuirá al desarrollo de la zona Huicot, una de las zonas indígenas más atrasadas del país.

Dado que el atraso en la modernización de estas vías de comunicación data desde antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, en 1994, que a la fecha han transcurrido más de 10 años de su puesta en marcha, y no ha sido posible para nuestro estado contar con una red carretera decorosa, no obstante que por nuestra entidad cruza la carretera Panamericana.

En virtud de lo anterior, es importante considerar prioritaria la comunicación carretera con el estado de San Luis Potosí, por lo que la construcción de la autopista Zacatecas-San Luis Potosí beneficiará el desarrollo económico del estado. Asimismo, es fundamental contar con recursos para el mantenimiento de la red de carreteras estatales y caminos rurales, que supera 10 mil kilómetros.

Segundo. Dado que no ha sido posible el saneamiento de las principales cuencas acuíferas que cruzan nuestro estado, por no contar con la aportación presupuestal del estado y de los municipios para construir 14 plantas de tratamiento de agua, las cuales rehabilitarían dichas cuencas y sería en beneficio de los habitantes de la mayoría de los municipios del estado.

Al ser 60% de la superficie estatal considerado zona semidesértica, es indispensable pensar y actuar en beneficio de los mantos acuíferos de nuestro estado, ayudando a su recarga mediante pequeñas presas, las cuales serían aprovechadas también por los productores agrícolas de las zonas en que estén, para crear pequeñas áreas de riego.

Tercero. Debido a la alta migración que sufre nuestro estado, principalmente de padres de familia y jóvenes en edad productiva, se da el fenómeno de que más de 20 mil mujeres se encuentren en un estado de indefensión como madres solteras, y que son ellas quienes se esfuerzan para salir adelante con sus hijos, teniendo una doble función: ser padres y madres a la vez.

Cuarto. La infraestructura hospitalaria recientemente construida requiere apoyo presupuestal para equipar, mantener y dotar de personal a los hospitales generales de Fresnillo y el materno-infantil en Guadalupe, así como otros de distintos municipios.

Quinto. Debido a la crisis que vive la Universidad Autónoma de Zacatecas en el pago de sus cuotas al ISSSTE, se ha visto muy afectada al no poder pagar, por lo que se requiere un apoyo especial para este fin. La UAZ es una institución de educación media y superior que atiende en forma gratuita a más de 27 mil estudiantes en el estado.

Es de vital importancia concluir la construcción, la ampliación y el equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios educativos en los diferentes niveles, así como la implantación de programas destinados al mejoramiento de los niveles de profesionalización del personal docente del sistema educativo del estado. Particular interés reviste el compromiso de ley para atender la educación preescolar.

Sexto. Al ser el campo zacatecano el que aporta casi 40% de la producción nacional de frijol y que de este rubro subsisten 80 mil familias y debido a la ausencia de un fondo especial para la comercialización de este grano, año con año en el periodo de cosecha los productores se quedan en manos de intermediarios. Importante resulta también lograr incrementar los recursos que sean destinados al sector agropecuario, para la compra de insumos y maquinarias en un afán de modernizar las técnicas de producción del campo zacatecano.

Séptimo. El respeto de la legalidad y el fortalecimiento del respeto de la ley constituyen los fundamentos para avanzar en el combate de la inseguridad pública. La seguridad pública es un factor decisivo para la colectividad. Para que una sociedad progrese, es indispensable garantizar condiciones mínimas de seguridad que permitan a sus integrantes desarrollar sus capacidades y proyectos en un ambiente de confianza y certidumbre.

Octavo. Sin duda, el municipio se ha fortalecido con las reformas del artículo 115 constitucional y ha logrado mayor participación en la solución de los problemas de carácter económico y social. Al gobierno municipal corresponde definir las prioridades de inversión en los programas sociales, y cuenta con la capacidad de decisión y ejecución. La integración plural de los ayuntamientos y la fuerza de la participación ciudadana constituyen su gran activo. Los municipios con mayores recursos serán fuentes de creatividad y de iniciativa, y municipios con mayores responsabilidades públicas serán fuente de mejores gobiernos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 86, 89 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del estado, es de acordarse y se acuerda

Primero. El Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura del estado solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un apoyo especial adicional consistente en

1. Autorizar recursos para la construcción, ampliación y modernización de la red carretera del estado de Zacatecas, federal y estatal, incluida la red de caminos rurales de la entidad.

2. Autorizar recursos para la construcción de 14 plantas de tratamiento de aguas, así como un fondo especial vía Sagarpa para la construcción de pequeñas presas distribuidas en el territorio zacatecano con el fin de recargar los mantos acuíferos y ampliar la infraestructura de riego.

3. Autorizar recursos para que vía Sedesol se destinen a un fondo especial de atención a mujeres emprendedoras y madres jefas de familia, se incrementen los recursos destinados a los programas ``3 x 1''.

4. Autorizar recursos para que vía Secretaria de Salud se destinen al equipamiento, mantenimiento y generación de plazas en los hospitales generales de Fresnillo y de La Mujer y el Niño, en Guadalupe, así como para los recién construidos en los municipios de Valparaíso, Villa de Cos, Juchipila, Tabasco, Miguel Auza, Trancoso, Ojocaliente y Sombrerete.

5. Autorizar recursos para el pago de las cuotas pendientes de la UAZ con el ISSSTE, y de esta manera resolver en definitiva este problema que afecta gravemente la UAZ, poniendo en riesgo su viabilidad académica. De igual forma, autorizar una partida presupuestal destinada a la creación de plazas docentes en los niveles de educación preescolar, primaria, media, media superior y superior para abatir el rezago académico en el sector educativo estatal, así como aprobar una partida especial para la construcción y el equipamiento de los tecnológicos del estado.

6. Autorizar recursos para apoyar la comercialización del frijol, mediante la cual se proteja fundamentalmente la economía de los productores medianos y pequeños, apoyándolos también con recursos para la adquisición de insumos, maquinaria y equipo, a fin de insertar el sector agropecuario en las dinámicas de modernización de las técnicas productivas.

7. Autorizar una partida presupuestal especial que será destinada a elevar los niveles de seguridad pública, a través del equipamiento y la capacitación de los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales.

8. Autorizar una partida específica destinada a los municipios, atendiendo los criterios de población, dispersión, recaudación y marginalidad; y

9. Se autoricen recursos adicionales para el desarrollo turístico y cultural del estado, ya que en este sector de la economía encontramos una vía para la generación de empleos que tanto nos reclama la población.

Segundo. Se solicita la celebración de una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de hacerles las aclaraciones pertinentes respecto del contenido del presente acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, a los siete días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dip. Constantino Castañeda Muñoz (rúbrica), Presidente; Dip. Vicente Márquez Sánchez (rúbrica), Secretario; Dip. Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10, fracción XXI, y 42, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió aprobar el siguiente

Punto de AcuerdoÚnico.- Para exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que en la aprobación del Paquete Financiero Federal para el Ejercicio Fiscal de 2005, no se afecte financieramente al Distrito Federal.

Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, anexo sírvase encontrar copia del documento en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 23 de septiembre de 2004.--- Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica), Vicepresidenta.»

«Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura; Diputado Presidente de la Mesa Directiva.

La suscrita, diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, y los diputados abajo firmantes de esta III Legislatura, con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 17, fracciones VI y VII; 18, fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

``Para exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que en la aprobación del Paquete Financiero Federal para el Ejercicio Fiscal de 2005, no se afecte financieramente al Distrito Federal''; en función de los siguientes

Antecedentes

1. El pasado 8 de septiembre el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005 y la iniciativa de reformas fiscales.

2. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se modifica el artículo que para 2003 fue el artículo 21, para 2004 el 23 y en el Proyecto es el artículo 22 y que tiene que ver con los ingresos petroleros superiores a los estimados.

3. En cuanto al inciso que para el 2003 y 2004 señalaba que 50 por ciento de los ingresos excedentes petroleros se destinarían para programas y obras de infraestructura de las entidades federativas; para el ejercicio fiscal de 2005 establece que los ingresos excedentes se destinarán ``...un 25 por ciento para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; en un 25 por ciento para mejorar el balance económico del sector público y, en un 50 por ciento para gasto de inversión en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios''.

4. Lo anterior significa que, bajo la situación de que haya ingresos excedentes a los previstos provenientes del petróleo, las entidades federativas se quedarán sin ver un solo peso. Como dato, podemos decir que para el Distrito Federal en 2003 por este tipo de ingresos se recibieron mil 400 millones de pesos; mientras que para el presente año se estima ingresarán por lo menos mil millones de pesos.

5. Para 2005, el Gobierno federal no propuso hacer entrega de los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), considerado en 2004 como Ramo 39; y que mucho se ha estado peleando para que se incorpore como un fondo más del Ramo 33 con la finalidad de que año con año sea entregado por ley a las entidades federativas, incluso fue una propuesta hecha en la Convención Nacional Hacendaria, como un justo reclamo de los estados para obtener recursos.

6. El año pasado, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda propuso una bolsa general para el PAFEF de 10 mil millones de pesos, finalmente los diputados federales aprobaron 17 mil millones, de los cuales al Distrito Federal le correspondieron mil 400 millones de pesos. Sin embargo, para este año al Gobierno federal no le interesa dejar sin este tipo de recursos a los estados, sabiendo de antemano que para la gran mayoría de ellos, los recursos federales son vitales para financiar su gasto.

7. En el proyecto de Presupuesto de Egresos 2005, al Distrito Federal se le sigue excluyendo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que en suma representan no menos de 8 mil millones de pesos. De los recursos del FAM que se canalizan al DIF, aunque para este año aumentan la bolsa general en 5 por ciento, la participación relativa del Distrito Federal respecto del nacional continúa decreciendo en aproximadamente 4.6 por ciento en términos reales, lo que representa mil 700 millones de pesos menos.

8. Si llega a prosperar la propuesta de modificación al artículo 122 constitucional, que en las comisiones de Educación y del Distrito Federal ya fue aprobado el dictamen respectivo el pasado 21 de septiembre, implicaría una merma a las finanzas de la ciudad por 9 mil millones de pesos, que irá en detrimento de los habitantes de esta ciudad y a los cuales nosotros como diputados representamos.

Considerandos

Primero.- Que los diputados que integramos esta Tercera Legislatura, como representantes populares de los habitantes de la Ciudad, debemos evitar acciones que contravengan en el bienestar de nuestros representados.

Segundo.- Que la democratización de la vida pública del país, requiere no sólo de la claridad y transparencia en los procesos electorales, sino de la transparencia y buen manejo de los recursos públicos.

Tercero.- Que es el Presupuesto de Egresos de la Federación la norma que determina el destino del gasto de los recursos federales; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de darle cumplimiento a lo señalado en el citado Presupuesto; los habitantes del Distrito Federal junto con los de las demás entidades federativas los encargados de contribuir a financiar el gasto público; y la Cámara de Diputados la encargada de aprobar el Paquete Financiero Federal.

Cuarto.- Que el Distrito Federal está adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que por lo tanto merece el mismo trato que las demás entidades federadas en el aspecto de los recursos federales a los que tiene derecho por ley y justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Para exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que en la aprobación del Paquete Financiero Federal para el Ejercicio Fiscal de 2005, no se afecte financieramente al Distrito Federal.

Diputados: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Francisco Chiguil Figueroa, Lorena Villavicencio, Héctor Mauricio López V. (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Sustitución de diputado Baruch Alberto Barrera Zurita, por la diputada Regina Vázquez Saut, como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte;

Sustitución del diputado José Antonio de la Vega Asmitia, por el diputado Baruch Alberto Barrera Zurita, como integrante de la Comisión de Marina.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2004.--- Dip. José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la que se reforman los Lineamientos para la Autorización de Viajes Internacionales de los Integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

ConsiderandoI. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la designación de delegaciones para atender las invitaciones que se formulan al Congreso de la Unión, a las comisiones o comités de la Cámara de Diputados, a las diputadas y diputados en lo personal, para asistir a las sesiones de los organismos parlamentarios de carácter multilateral, así como lo relativo a los grupos interparlamentarios de amistad.

II. Que el numeral 12 de los Lineamientos vigentes establece que en los casos en que una diputada o diputado en lo personal sea invitado a asistir un evento internacional, incluyendo los de carácter político, académico y cultural, la Mesa Directiva de la Comisión o Comité del cual forma parte podrá decidir la aceptación de dicha invitación, la que se someterá a la consideración de la Junta de Coordinación Política.

III. Que a fin de salvaguardar el derecho de las diputadas y diputados de realizar actividades políticas, académicas y/o culturales en el extranjero, se considera necesario flexibilizar los requisitos para que los interesados puedan efectivamente atenderlos.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

ACUERDO

Primero: Se reforma el numeral 12 en los siguientes términos:

``Los coordinadores de los grupos parlamentarios sólo informarán a la Junta de Coordinación Política de las invitaciones que reciban las diputadas o diputados en lo personal para asistir a un evento internacional, incluyendo los de carácter político, académico y/o cultural, siempre y cuando no suponga erogación alguna por concepto de transportación, viáticos, inscripciones u otra semejante por parte de la Cámara de Diputados.

En caso de diputadas o diputados sin partido, el interesado notificará por escrito a la Junta de Coordinación Política su intención de atender invitaciones de este tipo.

Todas las invitaciones que a título personal reciban las diputadas y diputados que impliquen asignación de recursos, serán autorizadas por la Junta de Coordinación Política de conformidad con los presentes Lineamientos''.

Segundo: Sométase a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados en la próxima sesión que celebre.

Tercero: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, 18 de octubre de 2004.--- Diputados: Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Presidente; Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Alta de la diputada Josefina Cota Cota como integrante de las Comisiones de Energía y de Pesca;

Alta del diputado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez como integrante de las Comisiones de Transporte y de Vivienda.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2004.--- Dip. José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que modifica los artículos 10 y 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Atentamente.

México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- Carlos Chaurand Arzáte (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 10 Y 35 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 10, la fracción V del artículo 35 y se deroga la fracción VII del artículo 10, todos de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

ARTICULO 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, así como dañar o impedir el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios, en los siguientes casos:

I. a IV. ...

V.- La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar a personas determinados bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;

VI.- ...

VII.-.(Se deroga)

ARTICULO 35.- La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

I. a IV. ...

V.- Multa hasta por el equivalente a 225 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica relativa;

VI. y VII. ...

...

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Economía.

Con toda atención la Presidencia invita a los representantes de los medios de comunicación, para que ocupen los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.

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TARIFAS ELECTRICAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con solicitud de la senadora Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de excitativa a comisiones de la Cámara de Diputados, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, remitida a esa Colegisladora el 10 abril de 2003.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 12 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Solicitud de excitativa a la Colegisladora que presenta la senadora Dulce María Sauri Riancho a nombre propio y de un grupo de senadores del estado de Yucatán, en relación a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X, del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El pasado sábado 9, en un acto inédito en la vida política de Yucatán, representantes de 7 partidos políticos, organizaciones empresariales y sociales, representantes de los gobiernos del estado y del municipio de Mérida, de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como legisladores federales y locales participaron en el Foro de análisis sobre la aplicación de las tarifas eléctricas en Yucatán, al cabo del cual se suscribió un acuerdo para demandar la reducción de tarifas de electricidad en el estado.

En la exposición de motivos, los representantes de la sociedad y del gobierno yucatecos recuerdan al gobierno federal, en particular al Presidente de la República y al secretario de Hacienda y Crédito Público, que la entidad registra severos rezagos sociales y económicos, acrecentados cuando la electricidad para uso industrial cuesta 11% más que en los estados del norte y noroeste del país. Se menciona asimismo que la temperatura promedio no registra grandes fluctuaciones entre la primavera-verano y otoño-invierno (es decir, hay calor todo el año) y que la humedad del 90% incrementa la sensación térmica de encontrarnos permanentemente en un ``baño de vapor'', además que en los hogares yucatecos del interior del estado pagan lo mismo de consumo de luz que en la Ciudad de México, cuando la diferencia de condición socioeconómica es ostensible. En los puntos del resolutivo del Acuerdo se pide, primero, que ``se mantenga todo el año la vigencia de la tarifa de verano...'' para consumo doméstico, misma que concluyó el pasado 30 de septiembre y, segundo, que se ``...elimine el sobreprecio del 11%...'' de la electricidad para uso productivo.

Esta movilización de la sociedad yucateca debería ser innecesaria si hubiese culminado el proceso de reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que dictaminaron 4 iniciativas presentadas por diputados y particularmente por el senador Oscar Luebbert Gutiérrez, así como 18 puntos de acuerdo presentados y aprobados por el Pleno del Senado entre el 8 de noviembre de 2001 y 10 de enero de 2002, así como otros puntos de acuerdo enviados al Senado por 14 Congresos de los estados.

Este dictamen fue sometido a discusión y aprobado por el Senado el 10 abril del pasado año 2003, con el voto aprobatorio de 62 senadores, en contra de 1 senador y la abstención de 27 senadores. La minuta fue turnada a la colegisladora desde esa fecha y enviada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la sesión del 14 de abril de 2003, donde espera desde entonces, su dictaminación y discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Recordemos los puntos centrales de la minuta aprobada por el Senado hace más de 18 meses:

Para establecer las tarifas eléctricas, se debe tomar en cuenta el nivel salarial y las condiciones socioeconómicas de las localidades.

Se hará una reclasifícación tarifaria de las localidades a partir de considerar el factor ``índice de calor'', que resulta de combinar la temperatura y la humedad, ello con el fin de atender las demandas de la población de las zonas costeras y del sureste del país.

Se amplía de 6 a 8 meses el Horario de Verano, que fue una petición de los habitantes de las zonas de clima cálido extremoso.

Se elimina la tarifa DAC, la de altos consumos, por ser sumamente gravosa e injusta, producto del Decreto del 7 de febrero de 2002.

No se aplicará la tarifa 2, comercial, a las casas habitación ubicadas en zonas urbanas marginadas, comunidades indígenas y rurales, en las que las familias instalan pequeños comercios.

Se abre la opción, para quien lo solicite, de emitir facturación mensual, importante, sobre todo, en los climas extremosos, donde llegan los recibos bimensuales sumamente elevados.

Se ofrece trato preferencial a jubilados y pensionados, de la misma forma que se realiza en muchos municipios con el impuesto predial y el servicio de agua potable. Con la nueva tarifa PC (Padrón de Consumo), basada en el padrón de consumo de cada localidad, se beneficiará a los segmentos sociales más desprotegidos, en particular en las zonas indígenas y municipios rurales.

Se elimina la actual discrecionalidad del Ejecutivo federal en materia de fijación de los precios de las tarifas eléctricas. La SHCP mantiene la facultad de establecer las tarifas, pero la ley establece las modalidades y estructuras tarifarias, acotando así esta facultad del Ejecutivo.

En el debate, nuestros compañeros senadores que participaron subrayaron especialmente que estas reformas de ley permitirían reducir entre un 40 a 60 por ciento el costo de la energía eléctrica para el consumo doméstico en los 20 estados de la República más afectados por el Decreto del 7 de febrero del 2002 para la eliminación parcial de los subsidios a las tarifas de electricidad, emitido por la SHCP.

Los senadores yucatecos consideramos que es necesario enviar una respetuosa excitativa a nuestra Colegisladora por conducto de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la finalidad de exhortarla a discutir y, en su caso, aprobar la minuta enviada desde el 10 de abril del 2003, que mucho beneficiará a millones de familias mexicanas que merecen un servicio eléctrico oportuno, de calidad y de precio justo.

Solicito, por tanto, a la Mesa Directiva del Senado de la República, envíe a la H. Cámara de Diputados una excitativa para dictaminación y, en su caso, aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X, del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de octubre de 2004.--- Senadores: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), Éric Rubio Barthell (rúbrica), Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Orlando Paredes Lara, Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Gobernación, de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con solicitud del senador Eric Rubio Barthell, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de excitativa a comisiones de la Cámara de Diputados, en relación con la minuta proyecto de Ley de Navegación y Comercio Marítimos, remitida a esa Colegisladora el 15 de diciembre de 2003.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 12 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LIX Legislatura.

El que suscribe Eric Luis Rubio Barthell senador de la República por el estado de Yucatán, respetuosamente solicito, que en uso de la facultad que les confieren los artículos 71, último párrafo, y 72, incisos h) e i) de la Constitución Federal; 66 inciso c), 67 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito solicitarle de manera respetuosa, se sirva dirigir comunicación a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, para que ésta en pleno uso de sus facultades emita excitativa a las comisiones de Transportes y de Marina de la colegisladora, a efecto de que rindan el dictamen correspondiente de las modificaciones a la Minuta con proyecto de decreto de Ley de Navegación y Comercio Marítimos al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 13 de diciembre de 2002, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió y turnó la Minuta sobre la Ley de Navegación y Comercio Marítimos a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Marina y Estudios Legislativos, durante casi 12 meses, en estos órganos legislativos se inició un profundo estudio de la minuta en comento.

Esta iniciativa que provino de la Cámara de Diputados, presentó algunas modificaciones realizadas por todos los grupos parlamentarios del Senado. Múltiples fueron las reuniones de trabajo, donde revisamos íntegramente el articulado y debatimos distintas propuestas de compañeros legisladores interesados en la temática de la navegación y marina mercante.

Fue así que el 15 de diciembre de 2003, aprobamos de manera unánime para los efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución la referida minuta.

En este proceso enriquecedor de la minuta, logramos ubicar procedimientos, simplificar trámites administrativos, dotar de mayor certeza jurídica al ordenamiento y estructurar en mejores términos la visión para dotar de incentivos a la marina mercante mexicana.

Nuestro país actualmente se halla en una situación de enorme preocupación para los interesados en el sector, es de todos conocido el rezago existente en las cifras de los movimientos nacionales de carga, así como en los movimientos en puertos comerciales, esto se acentúa de manera grave, reconociendo que de la gran mayoría de los permisos temporales de navegación de cabotaje, éstos se otorgan a empresas extranjeras, esto gracias a un marco regulatorio impreciso y a la insuficiencia de flota nacional, esto último desprendido del enfrentamiento de una práctica comercial inequitativa, como han sido los desmedidos subsidios gubernamentales y los pabellones de conveniencia de países competidores.

Precisamente es factor central de la nueva ley que trabajamos, el impulsar decididamente el abanderamiento de embarcaciones como mexicanas y promover la contratación de un número mayor de tripulantes nacionales, lo que a su vez propiciará una mayor recaudación a la Hacienda Pública por diversos conceptos fiscales.

Las modificaciones desprenden un firme propósito, en pro de regular los permisos temporales de navegación de cabotaje para embarcaciones extranjeras, permitiendo una efectiva y equitativa participación de las navieras mexicanas en el mercado nacional y servicios relacionados con el cabotaje.

Justamente, un adelanto significativo se observa en establecer transparencia para el otorgamiento de estos permisos y dar prioridad de contratación a los navieros mexicanos frente a navieros extranjeros.

Finalmente resalta del proyecto de Ley, su preeminencia hacia innovar procedimientos, atendiendo a los más modernos conceptos de simplificación administrativa y transparencia que los usuarios reclaman de la autoridad. Así también, retoma experiencias de legislaciones desarrolladas en la práctica marítima mercante.

Cabe hacer mención que se trabajó de manera conjunta en las modificaciones que se realizaron en el Senado, con los diputados a la LVIII Legislatura, incluso con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien se le ha solicitado en innumerables ocasiones su intervención y buenos oficios para destrabar esta importante iniciativa.

Ahora está en la voluntad de la colegisladora, encontrar la vía razonable para liberar este esfuerzo conjunto, que busca la modernización de un marco jurídico indispensable para la competitividad nacional, convencido que en todos los actores nacionales se asienta el apoyo para reactivar la marina mercante nacional, misma que redundará en beneficios concretos para generar inversiones directas, ampliar la base trabajadora mexicana y será motor importante para retomar el camino del crecimiento de la flota mercante nacional.

En vista de lo anterior y con fundamento en el artículo 67 párrafo 1, inciso f), en relación con el artículo 66, párrafo 1, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, tiene la atribución para conducir las relaciones con la Cámara de Diputados y que, en el ejercicio de esa facultad, puede dirigirle a la Mesa Directiva de dicha Cámara, las solicitudes de excitativa que le formulen los Senadores a las Comisiones de la Colegisladora, es por lo que, solicito de la manera más atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores lo siguiente:

PRIMERO.- Solicito a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se sirva dirigir comunicación a su homóloga de Diputados para que en el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, tenga a bien emitir excitativa a las comisiones de Transportes y de Marina de la Cámara de Diputados, para que dictaminen las modificaciones a la Minuta con proyecto de decreto de Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

SEGUNDO.- Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su conocimiento y turno correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los siete días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Sen. Éric L. Rubio Barthell (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Transportes y Marina.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

``ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005 se incluyan los recursos suficientes para la constitución y el funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, creado por la Ley General de Desarrollo Social''.

Atentamente

México, DF, a 12 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

``PRIMERO.- Se exhorta a las autoridades hacendarias y educativas del Ejecutivo federal, así como a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Juventud y Deporte, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 3005 en materia educativa sea congruente con las necesidades reconocidas y que, en mérito de la legalidad, responda al mandato establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación de alcanzar el 8% del producto interno bruto de la inversión pública en la materia y hacerlo de manera progresiva hasta alcanzar la meta en el año 2006.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, en su carácter de instancias constitucionalmente responsables de la proposición y aprobación de Presupuesto de la Federación, para que en el correspondiente al Ejercicio Fiscal 2005 se tomen las medidas necesarias para garantizar recursos suficientes que permitan al país satisfacer de manera congruente con la prioridad que la sociedad le ha otorgado a la educación, en todos sus niveles, modalidades y programas, incluyendo lo relativo a cultura y a ciencia y tecnología.

TERCERO.- Se exhorta a la colegisladora para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 se establezcan con claridad normas y principios que garanticen el adecuado destino y la fiscalización de los recursos destinados a educación y en su caso se realicen las adecuaciones a la estructura del gasto público que brinde una mayor transparencia en la asignación de los recursos.''

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzáte (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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EXAMENES DE RESIDENCIA MEDICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficio de la Procuraduría General de la República.

«Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Remito a usted, para los efectos que correspondan, oficio recibido en mi oficina; con fecha 1 de octubre de 2004, signado por el licenciado Gabriel Tehozol Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en el que notifica que fue radicada en la Mesa Instructora a su cargo la indagatoria referente al acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la investigación por la presunta venta de exámenes de residencia médica a nivel nacional por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2004.--- Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica), Secretario de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

CC. Marcos Morales Torres y Graciela Larios Rivas.--- Diputado Secretario y Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Respetables señores legisladores:

Atendiendo al proveído dictado dentro de la investigación ministerial previa al rubro aludida, y con debido fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 20, 21 y 102, Apartado ``A'', de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 113; 118; 119, 123, 124, 125, 127 bis, 128, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 4, fracciones I, apartado A), inciso c); V y VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 29, fracción III del Reglamento de la ley antes citada; Acuerdo A/006/92, en relación con la circular C/005199, expedidos por el entonces titular de la Procuraduría General de la República; así como los Acuerdos A/018/01, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha treinta de marzo del año 2001 dos mil uno y A/068/03, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veinticuatro de julio del año 2003; ambos emitidos por el actual titular del Ministerio Público de la Federación, en la forma más respetuosa que en derecho corresponde, me permito informar a ustedes lo siguiente:

Único.- Que con esta fecha fue radicada en esta Mesa Instructora a mi cargo, la indagatoria número 107/UEIDCSPCAJ/04, derivada de su atento oficio número D.G.P.L., 59-II-0-858, de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2004 dos mil cuatro, dirigido al C. Procurador General de la República, y remitido a este representante social de la Federación, para su prosecución y trámite legal correspondiente, mismo que textualmente reza como sigue: ``...Remitimos a usted el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio de la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República se inicie una investigación exhaustiva por la presunta venta de exámenes de residencia médica a nivel nacional por parte de funcionarios de dicha Secretaría, y sea abierta la averiguación previa que corresponda, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión...''

Lo que esta Autoridad Ministerial se permite hacer de su amable conocimiento para todos y cada uno de los efectos legales y/o administrativos a que haya lugar.

Asimismo, en caso de cualquier duda o aclaración sobre el particular, hago de su amable conocimiento, que el domicilio de esta Fiscalía de la Federación; es sito en calle Fernando de Alva Ixtlixóchitl número 185 tercer piso, colonia Tránsito, delegación Cuauhtémoc, código postal número 06820, en esta ciudad capital, teléfonos 53461305, 53461311 y fax 53461473.

Sin otro particular, esta representación social de la Federación se reitera a sus apreciables órdenes.

Respetuosamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2004.--- El C. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a esta Unidad Especializada, Lic. Gabriel Tehozol Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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PRESUPUESTO 2004

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-885 de fecha 28 de septiembre último, signado por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 5.-510 suscrito el día 12 del mes en curso, por la C. Ma. de la Luz Ruiz Mariscal, Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente Ejercicio Fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 15 de octubre de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su similar núm, SEL/300/3541/04, mediante el cual remite Oficio núm. D.G.P.L 59II0885 de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informando los Puntos de Acuerdo tomados en la sesión celebrada el 28 de septiembre último, que a la letra dicen:

``Primero. Que las Dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, a través de las coordinadoras sectoriales envíen a la Cámara los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos; con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Segundo. Presentar en tiempo y forma la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres.''

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, fracción IV, incisos a) y b) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 (DPEF), que alude a los programas sujetos a reglas de operación que se encuentran insertos en el Anexo 15: del DPEF.

Sobre el particular, informo a usted lo siguiente:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras Dependencias del Ejecutivo Federal, participa en el Programa de Empleo Temporal (PET), a través de la Subsecretaría de Infraestructura, realizando trabajos de conservación y reconstrucción de caminos rurales en todo el país.

En atención al primer Punto de Acuerdo, esta Dependencia ha dado cumplimiento oportunamente al artículo referido, reportando los avances físicos y financieros del PET al 1°. y 2°. trimestres del año en curso mediante los comunicados 113.0675 y 113.1400 de fechas 23 de abril y 14 de julio, respectivamente, dirigidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados. (Se anexa copia de los oficios y reportes correspondientes).

La información del 3er. trimestre, será enviada a la brevedad.

En relación con el Segundo Punto, la Secretaría de Desa-rrollo Social, en su calidad de Secretaria Técnica del PET; y en cumplimiento del último párrafo del inciso b), fracción IV del artículo 55, informó a la citada Comisión de Presupuesto y Cuenta. Pública mediante oficio núm. 610.DGEPS.207/04 (se anexa copia), el listado preliminar de instituciones académicas y de investigación viables para llevar a cabo las evaluaciones de los programas sociales a su cargo:

Se tiene conocimiento que la Universidad Autónoma Metropolitana, institución seleccionada de entre la lista arriba mencionada, está por enviar los resultados de la evaluación realizada respecto al PET, misma que se hará llegar a la H. Cámara en la fecha requerida.

Sin más por el momento, aprovecho: la oportunidad para reiterar a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 12 de octubre de 2004.--- Ma. de la Luz Ruiz Mariscal, Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-885 de fecha 28 de septiembre último, signado por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Organo Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 312-A-001607 suscrito el día 13 del mes en curso, por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, Director General de Programación y Presupuesto ``B'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente Ejercicio Fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, 15 de octubre del 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo en la Segob.--- Ciudad.

Me refiero a su oficio N° SEL/300/3534/04, del 29 de septiembre de 2004 y recibido el 8 de octubre del indicado año, dirigido al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual, comunica dos puntos de acuerdo del H. Congreso de la Unión, en sesión del 28 de septiembre pasado, relativos a:

Primero. Que las Dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, a través de las coordinadoras sectoriales envíen a la Cámara los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Segundo. Presentar en tiempo y forma la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres.

Al respecto, me permito comentarle que de conformidad con el artículo 55 fracción IV incisos a) y b), del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, así como la evaluación de resultados de cada programa, deben ser enviados en el plazo indicado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, por las dependencias coordinadoras de sector, por lo que es dicha Comisión la que cuenta con la información indicada.

No obstante lo anterior, esta Secretaría hará un exhorto a las coordinadoras sectoriales para que, en caso de no haber cumplido con lo establecido por el artículo 55 fracción IV incisos a) y b) del citado Decreto, lo hagan a la brevedad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF., 13 de octubre del 2004.--- Pablo S. Reyes Pruneda, Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-885 de fecha 28 de septiembre último, signado por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 1136 suscrito el día de hoy, por el C. José Ignacio García Olvera, Director General de Programación y Presupuesto de esta Secretaría, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente Ejercicio Fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF., 15 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Hago referencia al oficio 801.1395 que emitió la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se informa sobre el Punto de Acuerdo de la H. Cámara de Diputados, aprobado en la sesión celebrada el 28 de septiembre del presente, relativo al envío de información presupuestal y de evaluación de resultados de los programas sectoriales.

Al respecto, le informo que el único programa de la Secretaría de Gobernación que cuenta con Reglas de Operación es el Fondo de Desastres Naturales; en este sentido, en términos de lo dispuesto en el artículo 55, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, la Coordinación General de Protección Civil remitió a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la información requerida, mediante oficio Núm. CGPC/1353, de fecha 13 de octubre del año en curso (se anexa copia).

La propia Coordinación General de Protección Civil envió copia de su comunicado a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, en cumplimiento del mismo ordenamiento.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

México, DF., 15 de octubre del 2004.--- José Ignacio García Olvera, Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Dip. Angel Augusto Buendía Tirado, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Como es de su conocimiento, el artículo 55, fracción IV, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (PEF 2004), prevé que las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial cumplan, entre otros requisitos de información, con los siguientes:

``b) Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres.

El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones académicas y de investigación y organismos especializados, de carácter nacional, que cuenten con reconocimiento y experiencias en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones emitidas por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus competencias.

Las evaluaciones de los programas serán responsabilidad de la Cámara y se realizarán conforme a lo dispuesto por las comisiones unidas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Las dependencias y entidades, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios ejercicios fiscales.

El costo de la evaluación de resultados del Fondo de Desastres Naturales será cubierto con cargo a los recursos del mismo. La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la dependencia responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados.''

Es el caso que el 11 de mayo de 2004 se formalizó el Convenio de Colaboración Académica entre esta Secretaría de Gobernación y el Colegio de México, instrumento por virtud del cual, se establecieron los compromisos de las partes para que se llevara a cabo a cargo de este último, la evaluación del Fonden, en términos de la normatividad aplicable.

Dicha evaluación se está realizando en términos de las disposiciones aplicables del PEF 2004 y de conformidad con el ``Acuerdo por el que se expiden los requisitos mínimos que las dependencias y entidades de la Administración Públicas Federal deberán considerar para seleccionar a las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, interesados en realizar la evaluación de resultados de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación en el ejercicio fiscal 2002''.

La evaluación se desarrolla conforme a la metodología, programa y calendario que se adjuntan en el anexo de este documento.

No omite señalarse que la propuesta de evaluación del Fondo en mención, fue objeto de análisis y autorización por parte de un Comité de Evaluación y Seguimiento, integrado por servidores públicos de esta Secretaría (Coordinación General de Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Dirección General del Fonden) y del Colegio de México (Centro de estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano y de la Coordinación del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (Lead-México).

El costo del proyecto será sufragado con cargo a los recursos del programa Fonden o del fideicomiso Fonden, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 55 del PEF-2004.

Por otro lado, y con independencia de los datos que arroje el programa de evaluación que está realizando el Colegio de México, me permito adjuntar al presente, la información que refleja el ejercicio de recursos con cargo al Fonden durante el presente ejercicio fiscal, incluyendo el Fondo Revolvente para la atención de emergencias, con el propósito de que esa honorable Cámara de Diputados cuente con mayores elementos, a efecto de considerarse en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 13 de octubre de 2003.--- Lic. María del Carmen Segura Rangel, Coordinadora General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-885 de fecha 28 de septiembre último, suscrito por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese organo legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del escrito signado el día 15 del actual, por el C. Lic. Armando Ríos Piter, Subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como de los anexos que en él se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente Ejercicio Fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 18 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Reforma Agraria.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Adjunto me permito remitir copia del oficio por el cual en cumplimiento al artículo 55, fracción IV, inciso B, del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2004; y al acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, de fecha 30 de abril de 2002, se presentó la evaluación practicada a los programas ``Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos''(FAPPA) y ``Programa de la Mujer en el Sector Agrario'' (PROMUSAG) ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, así como los documentos en forma impresa y magnética. En relación al Programa ``Instalación del Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras'', se encuentra exentado de presentar dicha evaluación por ser el año en que inicia su operación, como se precisa en el párrafo sexto del mismo fundamento legal para dicha acción.

De igual manera se incluye el oficio e informes trimestrales remitidos a la misma comisión en cumplimiento al punto de acuerdo tomado por la instancia legislativa sobre el particular en fecha 28 de septiembre de 2004.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, DF, a 15 de octubre de 2004.--- Lic. Armando Ríos Piter, Subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-08-85 de fecha 28 de septiembre último, signado por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DGA/DF/432/2004 suscrito el día de hoy, por la C. Lic. Laura Fuentes González, Encargada de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el siguiente ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 15 de octubre de 2004.--- El subsecretario Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Lic. Carlos Hurtado, Subsecretario de Egresos.--- S.H.C.P.--- Presente.

En atención a su oficio No. 801.1-395 del 13 de octubre de 2004, mediante el cual se solicita se envíen la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los informes trimestrales sobre el presupuesto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Me permito informarle que esta Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no cuenta con programas sujetos a reglas de operación, de acuerdo al Art. 55 y el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta consideración.

México, DF, a 15 de octubre de 2004.--- Encargada del Despacho de la Dirección General de Administración y Finanzas, Lic. Laura Fuentes González.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión --- Presentes.

En atención al oficio No, D.G.P.L. 59-II-0-885 de fecha 28 de septiembre último, signado por los ciudadanos diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. OM/1221/2004, suscrito el día de hoy, por el ciudadano Alberto A. Rébora González, oficial mayor del Tribunal Superior Agrario, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicitan los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación, a efecto de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, 15 de octubre de 2004.--- El Subsecretario Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tribunal Superior Agrario.

Dr. Carlos Hurtado López Subsecretario de Egresos, SHCP.--- Presente.

En respuesta a su oficio 801-1-395 fechado el 13 de octubre del año en curso, mediante el cual comunica que la subsecretaría de enlace legislativo, de la Secretaría de Gobernación indica los puntos de acuerdo del honorable Congreso de la Unión, relativos a las informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación; que deberán presentar en tiempo y forma las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, a fin de que sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

En ese sentido, me permito informar a usted que los tribunales agrarios en el presente año, no tienen ningún programa sujeto a reglas de operación, en tal virtud, este requerimiento no es aplicable al organismo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 15 de octubre de 2004.--- El Oficial Mayor, Alberto A. Rébora González.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMPLEJO TERMOELECTRICO ``PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS''

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-24-74 suscrito el día 13 de abril de 2004, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número PFPA. SAA/140/2004 signado el día 29 de septiembre último, por el C. Lic. Alfredo Vinalay Mora, Subprocurador de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicita a esa dependencia emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique una auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el Municipio de Tuxpan, Veracruz, y se realicen acciones para que sean resarcidas las afectaciones resultantes y se apliquen las sanciones correspondientes informando de ello.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.--- Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta al oficio SEL/00/110/0, del 14 de abril de 2004, emitido por la Subsecretaría en esa Secretaría de Gobernación, que tiene a su digno cargo, por el que hace referencia al Punto de Acuerdo Aprobado en sesión del 13-04-2004, 1. Que la Semarnat en base a las atribuciones de los artículos 4° y 5° de la LGEEPA, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de la CFE en Tuxpan, Ver..., le comento lo siguiente:

Que el Art. 38 Bis en su párrafo II de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que la Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales, para lo que establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados a incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso; observar lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Con base en lo anterior, el sistema de aprobación y acreditamiento a que se refiere el artículo antes citado, actualmente se aplica como Unidades de Verificación que deben ser acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) y aprobados por esta Procuraduría. Por lo que se observa que ninguna de las tres instituciones académicas (UNAM, IPN y del Estado de Veracruz) incluidas en el punto de acuerdo cuentan con esta acreditación. Sin embargo, existe la posibilidad de que dichas instituciones rea-licen las actividades de diagnóstico, bajo la supervisión y coordinación de una Unidad de Verificación acreditada y aprobada que éstas contraten.

Aunado a lo anterior, debido a que este complejo termoeléctrico se auditó voluntariamente y cumplió con las actividades resultantes de dicha auditoría, además de que el Programa Nacional de Auditoría Ambiental es voluntario, no puede obligarse al complejo a realizar otra auditoría ambiental inicial, por lo que deberá llegar a un acuerdo entre la Profepa y la CFE para que se realice un Diagnóstico Ambiental a efecto de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de la auditoría ambiental que se realizó, así como verificar el estado actual de la instalación, estableciendo el plan de acción que resulte para dar cumplimiento a la legislación y normatividad aplicable y vigente.

Por otra parte, es necesario que esta Procuraduría identifique y defina quien cubrirá los costos para la realización del Diagnóstica Ambiental mencionado, puesto que el carácter de la solicitud de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales implica la responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y particularmente de esta Procuraduría.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- El Subprocurador, Lic. Alfredo Vinalay Mora.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-08-18 signado el 9 de septiembre del año en curso, por los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CGPC/ 1250, suscrito el 29 de septiembre último por la C. Lic. María del Carmen Segura Rangel, Coordinadora General de Protección Civil de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal se liberen de inmediato recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para apoyar a la población de las zonas afectadas por las intensas lluvias de los meses de agosto y primeros días de septiembre, en diversos municipios del Estado de Nuevo León.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, 6 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace legislativo.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3198/04 de fecha 9 del presente mes y año, mediante el cual informa que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

``Uníco. Se solicita al Poder Ejecutivo Federal se liberen de inmediato recursos del Fondo de Desastres Naturales, para apoyar a la población de las zonas afectadas por las intensas lluvias de los meses de agosto y primeros días de septiembre, en diversos municipios del estado de Nuevo León y sean revisadas las reglas de operación de los mismos para hacer más ágil la entrega de recursos en las zonas afectadas por desastres naturales.''

Sobre el particular me permito informarte las gestiones que a la fecha ha realizado esta Coordinación General sobre el presente asunto:

Con fecha 8 de septiembre de 2004 el Gobernador del Estado de Nuevo León, solicitó a esta Secretaría de Gobernación la emisión de la Declaratoria de Desastre Natural con motivo de las lluvias atípicas e impredecibles que afectaron a diversos municipios del Estado de Nuevo León.

Con fecha 13 de septiembre de 2004, la Comisión Nacional del Agua mediante oficio No. B00.-759 corroboró la presencia de lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron los días 30 y 31 de agosto; 1, 2, 3, 6 y 7 de septiembre del año en curso en diversos municipios del Estado de Nuevo León.

Con fecha 17 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural con motivo de las lluvias atípicas que se presentaron los días 30 y 31 de agosto y 1, 2, 3, 6 y 7 de septiembre en diversos municipios del Estada de Nuevo León.

Con fecha 20 de septiembre de 2004, se llevó a cabo el Acta Instalación del Comité de Evaluación de Daños; con el objeto de que las dependencias involucradas en la atención de los daños ocasionados por el fenómeno que nos ocupa, realicen el diagnóstico y la cuantificación de los mismos.

No omito mencionarle que en términos de la normatividad aplicable los resultados de la evaluación y cuantificación de daños de cada sector, deberán ser entregados en un término que no deberá exceder de diez días hábiles contados a partir de la corroboración de las afectaciones y será hasta esa fecha cuando se puedan conocer los daños por sector afectado y los montos de apoyo con cargo al Fonden.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- Lic. María del Carmen Segura Rangel, Coordinadora General.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-05-49 signado el día 29 de abril de último; con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número ST/024/04 suscrito el día 1 del actual, por el C. Lic. Rubén Alvarez Maciel, Secretario Técnico de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política recomienda a diversas Comisiones de ese órgano Legislativo, la creación de un Grupo de Trabajo para la evaluación de Programas Gubernamentales sujetos a Reglas de Operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, 6 de octubre de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Acuso de recibo su oficio No. SEL300/1506/04 de fecha 12 de mayo del año en curso, dirigido al Ing. Alberto Cárdenas, C. Secretario del Ramo, en el cual le da a conocer el Punto de Acuerdo aprobado en sesión de fecha 29 de abril, mediante el cual la Junta de Coordinación Política de ese órgano Legislativo recomienda a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca, Asuntos Indígenas, Reforma Agraria y a la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, la creación de un grupo de Trabajo para la evaluación de Programas Gubernamentales sujetos a Reglas de Operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Al respecto, le comento que a la fecha no tenemos conocimiento de su creación, pero estaremos atentos a los acuerdos que emita dicho grupo de trabajo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de octubre de 2004.--- El Secretario técnico, Lic. Rubén Alvarez Maciel.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-08-55, signado el día 23 de septiembre último, por los CC. Diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, Vicepresidente en funciones de Presidente y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SACN/300/513/2004 suscrito el día 11 del actual, por el C. Lic. Roberto Anaya Moreno, Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, a fin de que decrete la suspensión del proceso licitatorio de la licitación pública internacional No. 0001 100/012/04, convocada por esa Dependencia, del programa del aula del siglo XXI, denominado Enciclomedia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, 13 de octubre de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Se hace referencia al oficio No. SEL/300/3445/04, recibido en esta Secretaría de Estado el 30 de septiembre de 2004, por el que informó los puntos de acuerdo en la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 23 de septiembre de 2004, con motivo de la licitación pública internacional No. 0001 100/012/04, convocada por la Secretaría de Educación Pública, para el programa del aula del siglo XXI denominado Enciclomedia.

Al respecto le comunico lo siguiente:

En el citado acuerdo se exhorta al titular del Organo Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública para que decrete la suspensión del indicado proceso licitatorio; al Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Educación Pública en la reconducción del presupuesto asignado a1 efecto; y a la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación para la realización de una auditoría al referido procedimiento de contratación.

Al tenor de esos antecedentes se precisa que el Organo Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, depende orgánicamente de la Secretaría de la Función Pública, siendo la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad; por conducto de la Dirección General de Inconformidades de esta dependencia del Ejecutivo, quien interviene mediante la facultad de atracción en la atención y resolución de las inconformidades que promueven los particulares con motivo de los procedimientos de contratación que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por tanto, se puntualizan las actuaciones de esa Unidad Administrativa en el asunto de cuenta.

Mediante escritos de fechas 23 de agosto y 9 de septiembre de 2004, la empresa FOLISERVIS, S.A. DE C.V. interpuso sendas inconformidades. La primera de ellas, por considerar que algunos de los requisitos de bases concursales eran contrarios a derecho, ya que limitaban la participación de interesados y se favorecía a una empresa en relevancia de los casos, el Titular de la Secretaría de la Función Pública, en uso de la facultad de atracción que la normatividad le concede, ordenó que fuera la Dirección General de inconformidades la que conociera de los asuntos de cuenta.

Agotadas las investigaciones, se dictaron las correspondientes resoluciones que determinaron infundadas las inconformidades, en razón de que no se acreditó que los requisitos de bases limitaran la participación de interesados, al cumplir técnica y económicamente 5 concursantes, lo que se apega a la normatividad de la materia, y en cuanto a la descalificación de FOLISERVIS, S.A. DE C.V. resultó procedente al incumplir con diversos requisitos, entre ellos no presentar los catálogos del equipo ofertado y porque la muestra física no contenía el número de parte, en términos de lo previsto en bases.

Se destaca que no procedió decretar suspensión alguna, dado el orden público en el objeto de la licitación.

Asimismo, para los fines que estime pertinentes, se anexan copias simples de las resoluciones que dictó la Dirección General de inconformidades a las inconformidades que promovió la representación legal de la empresa FOLISERVIS, S.A. DE C.V. las cuales resultados infundadas.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad.

México, DF., a 11 de octubre de 2004.--- Lic. Roberto Anaya Moreno.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Auditoría Superior de la Federación y al promovente para su conocimiento.

De nueva cuenta y con toda atención le rogamos a los representantes de los medios de comunicación tomar los lugares que tienen asignados.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Con el permiso de la Presidencia. Estimados compañeros diputados y diputadas:

En representación de los diputados federales de Nuevo León y a nombre propio, me presento ante ustedes con el fin de proponer a su consideración una propuesta de iniciativa de ley que contribuirá en forma importante para el fortalecimiento del sector educativo de nuestro país.

Sabemos que la educación es la base para el progreso de una nación, que la capacitación del personal humano es una herramienta elemental para fomentar la competitividad...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Un momento, señor diputado, un momento.

Con toda atención y con todo respeto por la labor de comunicación que realizan, ruego a los representantes de los medios de comunicación, tengan la bondad de ocupar los lugares que les son asignados, con el propósito de poder continuar la sesión...

Un momento, diputado.

Reitero mi solicitud a los representantes de los medios de comunicación, tengan la bondad de ocupar los lugares que les son asignados, para poder continuar la sesión. Gracias señores.

Continúe, señor diputado.

El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: México está inmerso en la globalidad y los requerimientos educativos como país en desarrollo son mayores para poder llegar a los niveles de los países de primer mundo.

No sólo se trata de competir por el mercado o la manufactura. Para llegar a ello hay que ser competitivos en mente de obra. El talento intelectual sólo se forja a través de educación, desde la etapa primaria hasta llegar a los niveles más altos posibles de postgrado.

Me permito citar el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Gobierno 2001-2006, señala: ``el Gobierno de la República considera a la educación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo''.

Recientemente se hizo una reforma al artículo 3º constitucional, en el que se determina que tanto la educación preescolar como la primaria y la secundaria son obligatorias. En adición, el Estado debe garantizar la educación, misma que también deberá ser impartida en forma gratuita a la población.

Sin embargo, el crecimiento demográfico de la nación y lo limitado de los recursos del Estado, cada vez dificultan más la posibilidad de cubrir con exigencia constitucional, ya que hay una creciente demanda.

La escasez de recursos estatales difícilmente podrá garantizar que los niños mexicanos accedan a los planteles educativos directamente sostenidos con recursos públicos.

Es por ello que actualmente en México la educación privada a todos los niveles a la par de la oficial, es absolutamente indispensable, puesto que viene a coadyuvar con los insuficientes esfuerzos públicos, posibilitando de manera real y efectiva que los mexicanos tengan verdadero acceso a la educación.

Es un hecho que la oferta educativa proporcionada por el Estado se ha contraído desde hace algunos años y en contraposición la demanda por educación privada se ha venido incrementando.

Sin duda alguna, el servicio que los particulares proporcionan es totalmente indispensable par asegurar la educación en nuestro país.

Considero que el Estado no está en total capacidad de cubrir los requerimientos de la creciente demanda educativa en nuestro país y que su deber es procurar que el desarrollo educativo sea equitativo, es decir, que todos por igual tengan derecho a obtener una buena educación.

Es necesario sentar las bases que aseguren a todas las personas no sólo el acceso a la educación básica, sino la oportunidad de concluir sus estudios.

Sin embargo, si éstos no fueran suficientes argumentos para priorizar el tema que hoy propongo a su consideración, quiero mencionarles algunas cifras que dan indicios de lo que la educación privada significa para nuestro país en términos económicos y sociales.

El gasto en educación privada actualmente representa el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto. En el ciclo escolar 2004-2005, los maestros y profesores registrados en educación privada son 327 mil 133, es decir, el 20.3 por ciento de los maestros a nivel nacional. El 12.7 por ciento de los alumnos del ciclo escolar 2004-2005 reciben educación en escuelas privadas, la matrícula registrada en las escuelas privadas es de más de 4 millones de alumnos.

La demanda para la educación privada, se acentúa en el nivel de educación superior y posgrado. En el ciclo 2004-2005 el 32 por ciento de la matrícula en licenciatura universitaria corresponde a la educación privada, mientras que a nivel de postgrado alcanza más del 40 por ciento del total de la matrícula.

Al margen de estas cifras es necesario que, como Congreso, pugnemos por iniciativas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, dar herramientas para hacer más competitivos en el mercado laboral, asegurar como nación que contaremos con el capital humano, para competir en el contexto internacional.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se incorporó en su legislación tributaria desde 1997 un acreditamiento de 500 dólares por cada hijo en educación, actualmente ya lo incrementaron a mil dólares, y hasta dos mil dólares cuando se requiere enviar a un hijo a estudiar a otro estado.

Con mayor razón se debe permitir en nuestra legislación mexicana, el realizar un sistema similar, ya que estamos muy lejos de alcanzar el nivel educativo que se requiere para lograr un nivel de competencia como nación.

Es por ello, que hoy les proponemos permitir que las colegiaturas pagadas por los particulares, para que sus hijos dependientes reciban educación incluso a nivel superior, puedan ser acreditables en el pago del impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto del costo que el Estado eroga por la formación de los estudiantes en el sector oficial. Con ello se logra liberar al Estado de la presión de atender la educación en el contexto de la creciente demanda.

Asimismo me permito acompañar el costo fiscal, el costo de esta propuesta, para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación de 2004, sobre todo hacerlo más justo y equitativo, al reconocer plenamente el detrimento de la capacidad contributiva de las personas que tienen necesidad de pagar una colegiatura por recibir educación que otros obtienen de manera gratuita en los planteles oficiales.

De esta forma apoyamos a las familias mexicanas, que no han encontrado un espacio para sus hijos en el sector público, así como contribuir para el fortalecimiento del sistema educativo de México. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Juan Carlos Pérez Góngora diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo al acreditamiento de pagos de colegiaturas por educación.

Exposición de Motivos

Es necesario reconocer que debido al incremento cada vez mayor de adelantos tecnológicos y científicos, la competitividad de un país depende, en gran medida, de la capacitación y educación de su población, aunado esto a que los conceptos adquiridos rápidamente se vuelven obsoletos, por lo que se requiere una preparación continua, independientemente de que, hoy en día resulta indispensable estimular en la población mexicana la necesidad de una mayor preparación, teniendo el estado el deber de garantizarla, adoptando mediadas eficaces tendentes a evitar rezagos y, el lograr incorporar tecnología de vanguardia en todos los ámbitos que se requiera.

El artículo tercero constitucional, recientemente reformado, determina que tanto la educación preescolar, como la primaria y la secundaria tienen el carácter de obligatorias, dado que todos los individuos tienen derecho a recibirla. Al propio tiempo, establece que toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita, ello al margen que se permite a los particulares impartirla, otorgando reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen fuera de las instituciones del Estado, en planteles particulares, a los que obliga a sujetarse a las reglas preceptuadas para las escuelas públicas.

Por otro lado, el crecimiento demográfico de la nación y lo limitado de los recursos del Estado para satisfacer la creciente demanda de este nivel de educación, han motivado que las instituciones educativas privadas se avoquen a participar en esta gran tarea, resultando su intervención en este ámbito del todo imprescindible, ya que, sin lugar a dudas, la escasez de recursos estatales, difícilmente pudiera garantizar que todos los niños mexicanos accedieran a los planteles educacionales directamente sostenidos con recursos públicos.

Asimismo, el Estado mexicano, por disposición expresa del numeral enunciado, se ha impuesto la obligación de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo a la educación superior, cuya oferta, en razón de sus recursos, es todavía más insuficiente en relación a la demanda y exigencias que actualmente tiene nuestro país.

Por lo anterior, debe reconocerse que en México actualmente la educación privada, a todos los niveles, a la par de la oficial, es absolutamente indispensable, puesto que viene a coadyuvar en la materia con los insuficientes esfuerzos públicos, posibilitando de manera real y efectiva que los mexicanos tengan verdadero acceso a la educación, a los resultados del progreso científico y al constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, como lo ordena la constitución. De lo que se desprende que el panorama educacional en nuestro país requiere indispensablemente tanto de la educación oficial o pública, como de la privada reconocida por el Estado.

Complementariamente, las instituciones no estatales o particulares, tiene la ventaja para las finanzas públicas, que su subsistencia y costo son ajenos a los recursos del Estado, a pesar de que, su labor es igualmente significativa en el logro de estas tareas, difiriendo cuantitativamente de la que imparta directamente el Estado.

Tratándose de la educación pública, en el cuaderno anexo del Cuarto Informe de Gobierno (página 30) se establecen los indicadores del costo por alumno durante 2004 en un plantel oficial como sigue:

Educación preescolar $9,900.00

Educación primaria $9,000.00

Educación secundaria $13,800.00

Educación profesional Técnico $13,700.00

Bachillerato, preparatoria $19,600.00

Educación superior $43,800.00

Las cantidades anteriormente citadas sólo muestran el desembolso del gobierno a nivel de flujo, no el costo real, pues es necesario incrementarlo con las depreciaciones y demás costos no desembolsables, para obtenerlo.

Sobre el particular, tampoco debe pasar inadvertido que el Plan Nacional de Desarrollo 2001/2006 dispone:

``México enfrenta todavía grandes rezagos en su marco jurídico, en infraestructura física, en capacitación e inversión en capital humano, y en el esfuerzo en investigación y desarrollo, que influyen desfavorablemente en la competitividad. El reto no es solamente mejorar gradualmente en estos renglones sino alcanzar, en el corto plazo, los niveles que han logrado nuestros socios comerciales. En efecto, el ritmo potencial de crecimiento podría estrangularse sin una inversión considerable en infraestructura, en capacitación y en desarrollo tecnológico.''

...

``En México, buena parte de la población no tiene acceso a una educación de calidad, competitiva en las nuevas posibilidades que el desarrollo tecnológico ofrece. Es necesario adoptar una estrategia que permita a los trabajadores mexicanos contar con una capacitación continua que fortalezca el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. En el mundo moderno, la capacitación continua constituye la mejor garantía de seguridad y progreso para el trabajador.''

Además, el propio Plan Nacional de Desarrollo en el apartado de ``Gobierno Federal 2001-2006'' en el apartado de ``Política Social'' señala:

``El gobierno de la República considera a la educación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo.''

Es de resaltarse, que la Ley General de Educación, obliga incluso a la propia Cámara, así como a la Federación y a las Entidades Federativas, a destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales y a fortalecer las fuentes de financiamiento de la tarea educativa, lo que evidencia lo indispensable de este rubro y la tendencia, política y postura oficial en esta materia.

Debe considerarse también, que desde hace algunos años la oferta educativa proporcionada por el Estado, se ha venido contrayendo; en contraposición la demanda por educación se ha venido incrementando. Esto ha dado cabida a que particulares deseen proporcionar este servicio, abriendo oportunidades no sólo a que los jóvenes con deseos de superarse reciban tanto educación como conocimientos; sino también desde una perspectiva de desarrollo económico, al generar empleo y valor agregado de este importante nicho económico, pues el gasto en educación privada actualmente representa el 1.5% del PIB. En tanto que, como generadora de empleo, en este ciclo escolar 2004 -- 2005, los maestros y profesores registrados en educación privada son 327 mil 133, es decir, el 20.30% de los maestros a nivel nacional.

Esto es reflejo de una tendencia que se puede observar en los últimos años, puesto que la creciente demanda educativa tiende a privilegiar esta opción educativa, puesto que el 12.7% de los alumnos del ciclo escolar 2004 -- 2005, reciben educación en escuelas privadas, actualmente la matricula registrada en la escuelas privadas es de 4 millones 054.2 millones de alumnos. No obstante, la falta de estímulos a este segmento económico, se observa fácilmente en que la matricula en ambos tipos de educación tienden a contraerse.

La demanda para la educación privada se acentúa en el nivel de educación superior y postgrado. En el ciclo escolar 2004-2005, el 32.02% de la matricula en licenciatura universitaria corresponde a la educación privada, mientras que a nivel de postgrados alcanza el 40.16% del total de la matricula. Este es un buen indicativo de que la competitividad en el mercado laboral empuja a la población a prepararse cada vez más y mejor, por lo que estimular esta dinámica implica que en el futuro una mayor proporción de la población será más capacitada y por tanto más competitiva en una economía global como la mexicana.

Al margen de lo anterior, el Estado debe procurar que el desarrollo educativo sea equitativo; es decir, que todos por igual tengan derecho a obtener una buena educación, la cual debe ser mejor cada día, por lo que es preciso sentar las bases que aseguren a todas las personas no sólo el acceso a la educación básica, sino la oportunidad de concluir con éxito sus estudios. Es bien sabido que la deserción o abandono de los estudios la mayoría de las veces es por falta de recursos económicos.

Es importante reconocer que la educación en México dista mucho de estar considerada como una formación académica de primer mundo, y que otros países que se preocupan porque sus nacionales sigan preparándose, lo que acrecienta su competitividad, como es el caso de los Estados Unidos, que incorporó en su legislación tributaria desde 1997 un acreditamiento de 500 dólares por cada hijo para educación (actualmente 1,000 dólares) y hasta por 2,000 dólares para cuando se requiere enviar al hijo a estudiar a otro Estado, con mayor razón se debe permitir en nuestra legislación mexicana el realizar la misma, ya que estamos muy lejos por alcanzar el nivel educativo que se requiere para lograr un nivel de competencia como nación.

Ante este panorama, no debe extrañar que resulte obligado adoptar medidas, como la que ahora proponemos, que estimulen no sólo la creación de nuevas escuelas de educación privada, sino también y más aun, que las ahora existentes, no desparezcan y con ello, se impida que una buena parte de la población esté al margen de la educación, se obstaculice el crecimiento de la competitividad al interior y fuera de nuestras fronteras, en este mundo globalizado, y se ponga en riesgo una fuente importante de empleos, generadora además, de cuantiosos tributos.

Es de mencionarse que el crear un sistema justo de recaudación debe dar como resultado una recaudación mayor, por tanto, la reforma propuesta no debe afectar la recaudación que estima obtener la Federación.

Así, el permitir que las colegiaturas pagadas por los particulares para que sus hijos dependientes puedan recibir educación, incluso a nivel superior, puedan ser acreditables en el pago del impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes hasta por el monto del costo que el Estado eroga por la formación de los estudiantes en el sector oficial, se lograra también; por un lado, hacer más congruente el sistema fiscal en función del principio de simetría que debe pernear la imposición; y, por otro, sobre todo hacerlo más justo y equitativo, al reconocer plenamente el detrimento de la capacidad contributiva de las personas que tiene necesidad de pagar una colegiatura por recibir educación, que otros obtienen de manera gratuita en planteles oficiales.

El principio de simetría a efecto de no deteriorar el desarrollo económico, obliga al sistema tributario a que todo gasto que implique la obtención de un ingreso para un contribuyente, permite a otro deducirlo o reducirlo hasta por el monto erogado, en virtud de que constituye una base gravable ya sujeta a imposición, este principio ha sido tesis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hay que recordar que las Instituciones de enseñanza que cuentan con reconocimiento de validez oficial, tributan en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estando obligadas al pago de dicho impuesto cuando distribuyan remanente distribuible a sus socios o integrantes, o realicen gastos no deducibles, omisiones de ingresos, registren compras no realizadas y efectúen prestamos a sus socios aplicando la tasa máxima de Impuesto sobre la Renta.

Al propio tiempo con tal medida se actualiza el principio de que el pago de las contribuciones debe ser de acuerdo a la capacidad contributiva de cada sujeto, pues, resulta indiscutible que esta se ve mermada sustancialmente en los casos en los que los contribuyentes están obligados a realizar esta erogación por no recibir la educación gratuita impartida por el Estado, situación que no puede soslayar el sistema mexicano, y renunciar a actualizar este principio en la materia que se propone, que de no considerarse, representaría una flagrante violación a la igualdad con la que deben ser tratados los contribuyentes en la percepción de ingresos.

La igualdad exige, por tanto, que si unos contribuyentes no tienen la obligación de gastar en colegiaturas porque sus hijos o dependientes reciben la educación gratuitamente, otros que si deben hacerlo, tengan la oportunidad de reducir de sus ingresos el monto erogado por dicho concepto.

El financiamiento que el gobierno hace en las escuelas oficiales, es insuficiente, por lo que se propone el acreditamiento del pago de colegiaturas a instituciones, esto es, por medio de la creación de un estimulo fiscal, adicionándose el artículo 225 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el cual se permita reducir una cantidad equivalente al costo por alumno en una institución oficial, de acuerdo a los datos proporcionados en el Cuarto Informe del actual Gobierno.

A efecto de que la medida en cuestión resulte simple y eficaz, es necesario que se permita ejercerla desde los pagos provisionales, por lo que deben adecuarse las diversas disposiciones para que mediante la exhibición de los comprobantes, el patrón retenedor, las colegiaturas correspondientes, ya que de no ser así, se estaría anticipando impuestos que no se van a causar.

En tales condiciones se somete a la aprobación de esa Soberanía, el siguiente

Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo al acreditamiento de pagos de colegiaturas por educación.

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 113 y 225 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el primero con un último párrafo; y, el segundo al final, con diversos párrafos, para quedar como sigue:

Artículo 113. ...

Los patrones para determinar mensualmente el impuesto a retener a sus trabajadores, acreditaran contra el impuesto determinado, el monto de las colegiaturas que paguen los trabajadores conforme lo establecido en el artículo 225, para que dicho acreditamiento se efectúe los trabajadores deberán comunicárselo por escrito al patrón, acompañando copia de los comprobantes de las colegiaturas pagadas.

Artículo 225.- los contribuyentes, podrán acreditar contra el impuesto que resulte en la declaración anual, el pago de colegiaturas efectuado a planteles o instituciones educativos pertenecientes al sistema educativo nacional con reconocimiento de validez oficial, por el contribuyente para si, para su cónyuge, para sus descendientes o ascendientes en línea recta o sobre dependientes de los que se ejerza una tutela legal.

Tabla de acreditamientoNivel escolar Acreditamiento anual por persona

Educación preescolar $10,000.00

Educación primaria $ 9,500.00

Educación secundaria $14,000.00

Educación profesional Técnico $14,000.00

Bachillerato, preparatoria $20,000.00

Educación superior $44,000.00

Sólo serán acreditables las colegiaturas efectivamente pagadas y se proporcionará en la declaración del ejercicio la siguiente información:

a) Nombre, dirección y registro federal de contribuyentes de la escuela, institución o universidad.

b) Nombre, edad y grado escolar del estudiante y la relación que lo une al contribuyente.

Dichos acreditamientos podrán efectuarse proporcionalmente al monto anual, desde los pagos provisionales, conjuntamente con las que correspondan en los términos del capítulo respectivo.

Artículo Segundo.- Artículo transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 1º. de enero de 2005.

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de octubre de 2004.--- Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Juan Carlos Pérez Góngora.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULO 55 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Gracias, con su permiso diputado Presidente. Presentamos proyecto que modifica y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con los requisitos para ser diputado del honorable Congreso de la Unión.

El sentido original de corporación está referido al agrupamiento de personas de una misma profesión, que se reúnen en torno a la defensa de intereses particulares de su oficio, para lo cual reconocen un sistema de normas que garantiza la reproducción de los estatutos o roles internos, dosificando las competencias internas.

La crisis económica de 1929 obligó a políticos y gobernantes a elaborar respuestas, que lo mismo se presentaron en regímenes fascistas totalitarios que democráticos, autoritarios o populistas.

Con todos los matices del caso y reconociendo de antemano las diferencias entre los distintos regímenes, la propuesta para resolver la crisis económica se centró en el Estado, como garante del crecimiento económico y una forma a través de la cual se implementó esta política, fue la corporativación de los sectores de la sociedad.

En el caso de México la relación de Estado-sociedad se construyó a partir de la fundación de un partido hegemónico, con amplia base social organizada en asociaciones corporativas, en donde la cohesión de éstas descansó en estrategias y prácticas que les permitieron conseguir para sus miembros la satisfacción de demandas y peticiones que incluían trabajo, prestaciones y calidad de vida.

La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona y contra el interés de la nación, lo es en mayor grado aún la explotación del trabajador como hombre para fines políticos a pretexto de disciplina y cohesión de las organizaciones del trabajo.

El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esos principios y para evitar, con gestión oportuna o resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo. El derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres, porque en última instancia se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato ni por el patrón ni por el gobierno ni por la imposición de criterios ideológicos o políticos.

Lo que conocimos fue un sistema político en donde las redes de su poder al interior de este sistema crearon un equilibrio de poder basado en el clientelismo, la tutela, la lealtad y la disciplina. Dentro de este sistema corporativista encontramos a grupos políticos y sociales que se conectaron a través de pactos entendidos como la capacidad de los líderes sociales y políticos de establecer acuerdos entre ellos con diversos propósitos, por ejemplo construir la estabilidad en el sistema político a cambio del reparto de posiciones de poder, así como de abrir canales de consulta para tomar decisiones y canales de información económica y política privilegiadas.

Durante muchos años los líderes sindicales se vanagloriaron de la cantidad de votos que le podían garantizar al candidato oficial en las elecciones presidenciales, el control que ejercían sobre los trabajadores para impulsar al partido en el gobierno, en las urnas, normalmente fue recompensado como se mencionó anteriormente, con un arreglo político bien establecido. Acción Nacional siempre ha tenido como principio las libertades de las personas, así como su cooperación para el beneficio común y para la vida de la nación; ha insistido siempre en supeditar los intereses de los individuos, grupos y clases de la sociedad civil, al interés nacional.

Para Acción Nacional es fundamental que el país cuente con empresas y unidades de producción vigorosas, modernas y socialmente responsables, así como con sindicatos y organizaciones intermedias vigorosas, autónomas y democráticas. Los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas, deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente las electorales y respetar los derechos y la libertad política de sus miembros.

Es antidemocrático y desvirtúa la naturaleza del sindicato, la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales, para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a cualquier partido político. Cualquier aspiración política es válida, máxime en un país democrático como el que aspiramos tener, pero la condición necesaria es que las candidaturas sean obtenidas en igualdad de circunstancias y sin ventajas para nadie, sin presiones hacia los trabajadores para votar por su líder, etcétera. Por lo que, retomando lo contemplado en nuestra Constitución, cualquier líder debe separarse de su cargo por lo menos 90 días antes de la elección.

Artículo único. Proyecto que modifica las fracciones VI y VII y adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

VI. No ser secretario general, miembro de la mesa directiva o integrante de cualquier directiva o comité ejecutivo de cualquier sindicato constituido en los términos de la legislación aplicable, a menos que se separe de sus funciones 90 días antes de la elección.

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente y le suplico se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos presentar a la consideración de esta H. soberanía el siguiente proyecto que modifica las fracciones VI, VII y adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El sentido original de corporación está referido al agrupamiento de personas de una misma profesión, que se reúnen en torno a la defensa de intereses particulares, los de su oficio, para lo cual reconocen un sistema de normas que garantiza la reproducción de los estatutos o roles internos, dosificando las competencias internas.

En algunas corporaciones de trabajadores, durante el medioevo europeo, las diferencias entre patrones-maestros, oficiales y aprendices tendían a ser diluidas por las expectativas de promoción social y supervivencia que ofrecían los gremios. Ellos gozaban de la prerrogativa de monopolizar las producciones artesanales. Contaban con normatividades precisas para dosificar las cantidades y calidades de productos, así como las posibles representaciones sociales y políticas de sus miembros. Sobre ese monopolio y el paternalismo de los maestros se construían las colaboraciones de sus miembros, cuyos estamentos más bajos tenían la esperanza de convertirse algún día en patrones.

Para fines del siglo XIX y principios del XX, se dieron cuando menos dos acepciones diferentes de corporativismo. El de corrientes católicas y filantrópicas y el de grupos socialistas. Los primeros veían a la corporación como una organización en la que podían ser incluidos los obreros y, en algunos casos, también los patrones. Pregonaban la colaboración de clases para evitar el conflicto y proceder a solucionar el problema social, reconociendo la fatalidad de la supremacía patronal. Esas corporaciones, en un principio, tendieron a oponerse a los sindicatos, en la medida que excluían el conflicto, aunque a la larga aceptaron la forma sindical en el marco de la doctrina social de la iglesia.

Los segundos cuando se referían a corporación, lo hacían para identificar un primer escalón de organización obrera restringido a los miembros de una agrupación, principalmente local, de trabajadores de oficio o de alguna fábrica, en la que predominaban intereses parciales, no de clase, con demandas económicas y corta repercusión. Para unos y para otros, la organización corporativa estaba plagada de limitaciones políticas y de influencias patronales, aunque era el punto de arranque de una posible organización de clase. En esta concepción toda lucha puramente económica, de regulación exclusivamente sindical, tendía a ser gremial, corporativa. Gremial, no por la subsistencia de los viejos gremios medievales, sino porque se atenía a intereses particularistas de grupos, no de clase.

La crisis económica de 1929 obligó a políticos y gobernantes a elaborar respuestas que lo mismo se presentaron en regímenes fascistas, totalitarios, que en democráticos, autoritarios o populistas. Con todos los matices del caso y reconociendo de antemano las diferencias entre los distintos regímenes, la propuesta para resolver la crisis económica se centró en el Estado, como garante del crecimiento económico y una forma a través de la cual se implementó esta política fue la corporativización de sectores de la sociedad.

En el caso de México, la relación Estado-sociedad se construyó a partir de la fundación de un partido hegemónico con amplia base social organizada en asociaciones corporativas, en donde la cohesión de éstas descansó en estrategias y prácticas que les permitieron conseguir para sus miembros la satisfacción de demandas y peticiones que incluían trabajo, prestaciones y calidad de vida.

Desde el punto de vista nacional, como desde el punto de vista de l persona, es necesario proclamar la santidad del derecho y de la obligación del trabajo. El Estado y la comunidad entera deben garantizar el libre ejercicio de ese derecho, y hacer fecundo el cumplimiento de esa obligación.

La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona, y contra el interés de la Nación. Lo es en mayor grado aún, la explotación del trabajador como hombre para fines políticos, a pretexto de disciplina y cohesión de las organizaciones del trabajo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) organizó a las masas imponiendo los derechos colectivos sobre los individuales, los movimientos ciudadanos fueron reducidos a su mínima expresión y con ellos al individuo.

Como construir la democracia en un espacio donde se concebía el poder como patrimonio y paradójicamente, al menos de manera formal, se ejercía a través de instituciones modernas (partidos políticos, elecciones periódicas, sufragio, restringido, luego ampliado, etcétera).

El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esos principios y para evitar con gestión oportuna o resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo.

El derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres porque, en última instancia, se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato, ni por el patrón, ni por el gobierno, ni por la imposición de criterios ideológicos o políticos.

Lo que conocimos fue un sistema político autoritario, operado por un régimen presidencialista soportado en el partido oficial, y una sociedad organizada en sectores corporativizados; en donde las redes de poder político al interior de este sistema, crearon un equilibrio de poder basado en el clientelismo, la tutela, la lealtad y la disciplina, equilibrio que por cierto, se mantuvo vigente durante décadas, es decir, se estableció una relación institucional rígida y vertical entre el Estado y la representación de intereses, que aglutino a todos los grupos que se insertaron en la estructura de poder a través del partido hegemónico.

Dentro de este sistema corporativista, encontramos a grupos políticos y sociales que se conectaron a través de pactos, entendidos como la capacidad de los líderes sociales y políticos de establecer acuerdos entre ellos con diversos propósitos, por ejemplo construir estabilidad en el sistema político, a cambio del reparto de posiciones de poder, así como abrir canales de consulta para toma de decisiones y canales de información económica y política privilegiados, etcétera.

Los grupos políticos se controlaron entre sí para lograr equilibrios entre las distintas fuerzas sociales y políticas emergentes, a las cuáles representaban, y así evitaban perder influencia y posiciones en los acomodos institucionales en la arena política nacional.

Con el transcurso del tiempo, las principales camarillas sindicales fueron evolucionando de simples burócratas sindicales oficialistas, a verdaderos miembros de la clase política y empresarial de este país. Se hicieron dueños de acciones y de empresas variadas, además de obtener amplias canonjías y beneficios a través de la ocupación de puestos públicos, esto sin tomar en cuanta el despilfarro que se hiciera de los recursos sindicales.

Durante mucho tiempo los líderes sindicales se vanagloriaron de la cantidad de votos (millones) que le podían garantizar al candidato oficial en las elecciones presidenciales. El control que ejercían sobre los trabajadores para impulsar al partido en el gobierno en las urnas, normalmente fue recompensado como se menciono anteriormente, por un arreglo político bien establecido: Los votos fueron cambiados por la aspiración de estos líderes a convertirse en diputados, senadores, gobernadores o presidentes municipales.

Muchos de los líderes sindicales pasaron a formar parte del poder a través de puestos en la administración pública y por la representación popular mediante el mecanismo del dedazo y la imposición electoral. Esta dinámica trajo consigo la supresión de todo vestigio de vida democrática al interior de movimientos sociales y sindicales, pactando a espaldas de los trabajadores aspectos fundamentales del gasto social, particularmente los relativos a prestaciones.

Ya entrados en la alternancia en el poder público, lo que necesitamos en nuestro país, es que impere la democracia, la sobriedad republicana, el trabajo, el orden, la justicia y la seguridad. En el que la verdad sea el primer requisito de la comunicación, en especial de la que proviene del gobierno, en el que la honradez y el respeto a los bienes ajenos, en especial a los bienes públicos, sea regla estricta de conducta para todos.

Acción Nacional siempre ha tenido como principios las libertades de las personas así como su cooperación para el benéfico común y para la vida de la nación. Ha insistido siempre en supeditar los intereses de los individuos, grupos y clases de la sociedad civil, al interés nacional.

Para Acción Nacional, es fundamental que el país cuente con empresas y unidades de producción vigorosas, modernas y socialmente responsables, así como, con sindicatos y organizaciones intermedias vigorosas, autónomas y democráticas.

Conscientes estamos que en la sociedad se dan conflictos entre las personas y los grupos, como producto de la injusticia prevaleciente entre los hombres y falta de respeto recíproco a los derechos. No es por la vía del enfrentamiento, sino de la cooperación social, de la distribución del ingreso y de la riqueza, de la promoción del acceso de los hombres a los bienes materiales y espirituales suficientes, especialmente de los más desvalidos, como la sociedad puede arribar a un orden justo. Debemos de ser capaces de superar esta concepción de enfrentamiento fatal y necesario, que subsiste en nuestras leyes laborales, la cuál no ha superado el conflicto capital-trabajo, sino que, existe la lógica de que una parte gana y la otra pierde, y esto sirvió para el desorbitado crecimiento del poder político y económico de los lideres sindicales, que utilizaros sus recursos como instrumentos de represión y de contención de las legitimas aspiraciones de los trabajadores.

Debemos promover la creciente integración en el funcionamiento, en la propiedad, en las ganancias y en las decisiones de la empresa, de todos los que en ella colaboran con inteligencia, mano de obra o capital, con el fin de llegar a tipos de empresa organizados de tal manera que todos participen equitativamente de sus beneficios, al mismo tiempo que procuran transformarla en una auténtica comunidad de vida y de trabajo y en un servicio eficiente para responder a las necesidades de la colectividad.

Las organizaciones que los mismos formen, deben funcionar con verdadera democracia interna sin que el Estado intervenga directa o indirectamente en la designación de sus dirigentes; asegurar la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar presiones políticas o económicas; establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas o ideológicas.

Los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas, deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y de respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros.

Es antidemocrática y desvirtúa la naturaleza del sindicato, la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales, para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a cualquier partido político.

Cualquier aspiración política es válida máxime en un país democrático como el que aspiramos tener, pero la condición necesaria, es que las candidaturas sean obtenidas en igualdad de circunstancias y sin ventajas para nadie, sin presiones hacia los trabajadores para votar por su líder, etc., por lo que retomando lo contemplado en nuestra Constitución, cualquier líder sindical debe separarse de su cargo por lo menos 90 días antes de la elección.

De esta forma y para concluir, el Artículo 55 y 58 de nuestra Constitución deben limitar en términos temporales el desempeño de ciertas funciones para poder ocupar con posterioridad el cargo de Diputado Federal o Senador de la República, de estos líderes, que solo representan a sus propios intereses. Del mismo modo, como ocurre en el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los secretarios y de los subsecretarios de Estado.

Por todo lo antes expuesto, se pone a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente

Proyecto por el que se modifica y adiciona a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Proyecto que modifica las fracciones VI, VII y adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. a V. ...

VI. No ser secretario general, miembro de la Mesa Directiva o integrante de cualquier directiva o comité ejecutivo de cualquier sindicato constituido en los términos de la legislación aplicable, a menos que se separe de sus funciones 90 días antes de la elección.

VII. ...

VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputado.

Como lo solicita el señor diputado don Tomás Trueba Gracián, publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates; túrnese el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra, la diputada doña Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Es para mí motivo de especial satisfacción, presentar el día de hoy ante esta soberanía, una iniciativa que ha sido suscrita tanto por diputados del Partido Revolucionario Institucional, como por diputados del Partido Acción Nacional, como diputados del Partido de la Revolución Democrática, en donde hemos encontrado un tema muy importante de coincidencia que es legislar para lograr la autonomía de uno de los tribunales más importantes de este país, con una gran tradición y que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Este tribunal, como todos sabemos, tiene como principal función, la impartición de justicia en las delicadas materias de su competencia, en donde un particular o gobernado, se enfrenta con la Administración Pública Federal para tratar de obtener la nulidad de un acto de autoridad que le causa una afectación en su esfera jurídica.

Bajo esta perspectiva tan importante de litigar con la Administración Pública, el tribunal, a lo largo de 67 años de vida, ha cumplido con el alto encargo nacido de la Constitución al ser imparcial garante tanto de los derechos de los gobernados como de la legalidad de los actos de la administración, cumpliendo así el mandato constitucional que consagra el artículo 73 en su fracción XXIX.

La estructura descentralizada del tribunal, lo conforma como uno de los más importantes del país, pues tiene presencia con 36 salas regionales en 20 ciudades de la República Mexicana, con lo cual, el servicio de justicia administrativa, ha sido una realidad vivencial para las mexicanas y los mexicanos.

Pues bien compañeras diputadas y diputados, este importantísimo órgano jurisdiccional carece de autonomía y pese a que esta autonomía le es concedida por el texto constitucional, necesitamos compaginar la ley orgánica para que esta autonomía sea realidad para este Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Aun cuando debe reconocerse que en la práctica administrativa jurisdiccional, la autonomía de este tribunal ha sido manifiesta a través del dictado de sus sentencias y resoluciones, el avance democrático y el fortalecimiento en la impartición de justicia, hace necesario otorgarle aquellos elementos que fortalezcan su importante labor, acotando así cualquier elemento que pudiera condicionar su actuación, sobre todo para pegarlo al texto constitucional.

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza una labor jurisdiccional muy importante. Para el periodo del 1o. de agosto de 2003 al 31 de julio de 2004, en el tribunal se concluyeron 91 mil 604 juicios, de los cuales sólo 26 mil 985 se fueron a amparo y revisión ante el Poder Judicial Federal; es decir, menos del 20 por ciento de las sentencias emitidas por el tribunal.

La importante labor de este tribunal sin embargo, está mermada por la reducción del presupuesto asignado en los últimos años al mismo, que lo ha impactado a un grado tal que pese al número creciente de demandas que recibe y a su recién aumentada competencia administrativa, en dos años no se ha creado una nueva sala, por lo que actualmente un gobernado tarda de dos a tres meses para que se le dicte una sentencia, perdón para que se le admita la demanda por parte del tribunal.

El presupuesto asignado al tribunal en el año 2004, fue de 783 mil 589 millones, cifra menor a la asignada para el ejercicio 2003, que fue de 814 mil 600 millones. Sin embargo, se ha dado un aumento en el ingreso de demandas nuevas, pues hasta el mes de agosto de este año se recibieron 95 mil 81 demandas, a diferencia de 2003 que se recibieron 89 mil 383.

Por lo tanto, se propone consagrar que en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, se otorgue la autonomía presupuestaria que le permita adaptarse a este tribunal a los lineamientos y mandato constitucional, por lo que debe ser la Cámara de Diputados la que analice de manera directa el presupuesto que elabore el tribunal, por conducto de sus órganos competentes y no como actualmente se ha hecho durante los casi 70 años de vida del tribunal, que es la propia Secretaría de Hacienda, la que recibe el presupuesto del tribunal y lo autoriza, con lo cual se merma su autonomía, pues la Secretaría de Hacienda es parte interesada en todos los litigios o en la mayoría de los litigios de los que conoce el tribunal.

Por lo tanto, no se puede hacer depender la autonomía presupuestaria que debe tener el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, de las decisiones administrativas que en materia presupuestaria pueda tomar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es por ello, que hemos coincidido los diputados integrantes de las diversas fracciones parlamentarias y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos el día de hoy a la consideración de esta soberanía, una reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, para concederle de manera irrestricta su autonomía presupuestaria.

El texto quedaría de la siguiente forma:

``Artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos con organización y las atribuciones que esta ley establece.''

Y lo nuevo que estamos proponiendo:

``El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, será elaborado exclusivamente por sus órganos internos en los términos de esta ley y enviado al Ejecutivo federal para su trámite correspondiente. Dicho proyecto de presupuesto, sólo podrá ser modificado por la Cámara de Diputados.''

Compañeros y compañeras, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, tiene 70 años de importante labor; 70 años en que ha amparado a los contribuyentes contra los actos ilegales de la administración hacendaria. Sin embargo, en estos 70 años, ha tenido que depender presupuestaria y económicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta situación debe concluir a través de la presentación de esta iniciativa que en su caso será dictaminada y sometida a la consideración de esta soberanía. Muchas Gracias.

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo de la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PRD

Las diputadas y diputados que suscriben, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Exposición de Motivos

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene como principal función la impartición de justicia, en las delicadas materias de su competencia en donde un particular o gobernado se enfrenta con la Administración Pública Federal para tratar de obtener la nulidad de un acto de autoridad que le causa una afectación en su esfera jurídica.

Bajo esta perspectiva el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a lo largo de 67 años de vida, ha cumplido el alto encargo nacido de la Constitución, al ser imparcial garante tanto de los derechos de los gobernados como la legalidad de los actos de la administración, cumpliendo el mandato Constitucional que consagra el artículo 73, que a la letra dice:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX.- H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

La estructura descentralizada del Tribunal lo conforma como uno de los más importantes del país dado que tiene presencia con 36 salas regionales en 20 ciudades de la República Mexicana, con lo cual el servicio de justicia administrativa se convierte en una realidad para los Mexicanos y Mexicanas.

Ahora bien, la autonomía jurisdiccional que dentro del concepto de Tribunal Administrativo le confiere el citado artículo 73 en su fracción XXIX-H al Tribunal, debe forzosamente compaginarse con su plena autonomía presupuestal, pues mal podría existir un juzgador imparcial que dependa económica y presupuestalmente de una de las partes, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentra sometida a su potestad jurisdiccional.

Aun cuando, debe reconocerse que en la práctica administrativa jurisdiccional, la autonomía del Tribunal ha sido manifiesta a través del dictado de sus sentencias y resoluciones; el avance democrático y el fortalecimiento de la impartición de justicia hace necesario otorgar a la institución, aquellos elementos que fortalezcan su importante labor; acotando así cualquier indicio que pudiera condicionar su actuación, sobre todo para apegar la naturaleza y ser del Tribunal al texto Constitucional que consagra su autonomía jurisdiccional, dotándole de los recursos presupuestarios suficientes para atender con prontitud el incremento de las demandas que año con año recibe Por lo demás, es el propio Tribunal el verdadero conocedor de sus necesidades presupuestales, ya que es el que enfrenta directamente el trabajo de impartición de justicia en la materia.

Así, durante el periodo del 1 de agosto del 2003 al 31 de julio del 2004, en el Tribunal se han concluido 91,604 juicios, de los cuales 26,985 se encuentran en Amparo y revisión, es decir, menos del 5 por ciento de las sentencias emitidas y de estas solo 7,692, resoluciones han sido modificadas, por el Poder Judicial Federal.

La importante labor jurisdiccional del Tribunal, sin embargo, se ha visto mermada por la reducción en el presupuesto asignado en los últimos años al mismo, que ha impactado a un grado tal, que pese al numero creciente de demandas que recibe y a su recién aumentada competencia administrativa, en 2 años no se ha creado una nueva Sala y actualmente un gobernado tiene que esperar en muchas ocasiones hasta 2 o 3 meses para ver admitida su demanda.

El presupuesto asignado al Tribunal en el año 2004 fue de $783,589.5 cifra menor a la asignada para el ejercicio 2003 que fue de $814,600.0, sin embargo se ha dado un aumento en el ingreso de demandas nuevas, pues hasta el mes de agosto de este año se recibieron 95,081 a diferencia del 2003 que se recibieron 89,383.

Por lo tanto se propone consagrar en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la autonomía presupuestaria que le permita adaptarse a los lineamientos y mandato Constitucional; por lo que esta Cámara de Diputados es la que debe analizar de manera directa el presupuesto que elabore el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por conducto de sus órganos competentes, sin la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que dicha dependencia Administrativa esta sometida a la jurisdicción del tribunal por lo que no puede ser la rectora de su economía.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 1°. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un Tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con organización y atribuciones que esta Ley establece.

El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, será elaborado exclusivamente por sus órganos internos en los términos de esta ley y enviado al Ejecutivo Federal para su trámite correspondiente. Dicho proyecto de presupuesto solo podrá ser modificado por la Cámara de Diputados.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil cuatro.--- Por parte del Partido Revolucionario Institucional: Diputados: Juan Carlos Pérez Góngora, Francisco Suárez Dávila (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), Oscar Pimentel González (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica).

Por parte del Partido Acción Nacional: Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco, José Felipe Puelles Espina (rúbrica).

Por parte del Partido de la Revolución Democrática: Diputados: Diana R. Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Javier Salinas Narváez (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Diana Bernal.

Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene el uso de la palabra...

Antes de dar el uso de la palabra a la siguiente diputada. Señoras y señores legisladores, nos acompañan en las galerías alumnos de la Universidad Iberoamericana, alumnos de la escuela primaria ``José Vasconcelos'' y alumnos del Instituto Tecnológico de Hidalgo. Son bienvenidos.

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LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputada.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Compañeras y compañeros legisladores: El medio ambiente es sin duda uno de los objetos de protección del derecho administrativo más relevantes hoy día, ya que la sociedad es consciente que las agresiones que éste recibe amenazan directamente a su conservación; por ello, la administración pública se ha erigido como la gestionadora y uno de los principales defensores, ya que ésta es responsable de procurar un ambiente sano para los mexicanos.

La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad reconocida universalmente. Las acciones que realizan las personas y las industrias que afectan gravemente los elementos naturales como el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora etcétera, están tipificadas en nuestra legislación, lo cual significa que están descritas en las leyes como prohibidas y su violación trae como consecuencia sanciones administrativas y penales.

En materia ambiental, todos los expertos coinciden en la necesidad de primar la prevención y la reparación del daño sobre la represión, puesto que en la mayoría de las ocasiones el daño causado resulta irreparable, al menos a corto y mediano plazos, dada la lentitud de los procesos regeneradores naturales.

Esto pareciera en primera instancia provocar un rechazo de los instrumentos fundamentales represivos como lo son las sanciones ambientales; no obstante, no debemos olvidar que este tipo de medidas también pueden cumplir una función preventiva de las infracciones contra el medio ambiente mediante la disuasión que la amenaza de su imposición genera en los sujetos.

Esto no significa que toda política medioambiental deba centrarse en los aspectos represivos; bien, al contrario, debe hacerse especial hincapié en las campañas de formación e información de los individuos, pero también resulta decididamente eficaz en esa prevención del daño la existencia de unas sanciones administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores.

En suma, los problemas ambientales de un país no sólo pueden resolverse a fuerza de sanciones penales o administrativas como ir a la cárcel o pagar una multa, pero éstas son sin duda necesarias. Es así que a cada infracción se le debe asignar una sanción, sin embargo debemos tener en cuenta que el principal objetivo de toda política ambiental en la que se incluyen las sanciones administrativas en la materia, debe ser la reducción o eliminación de la contaminación y degradación del medio ambiente.

La ley otorga a la administración pública la potestad de imponer sanciones y también es ella quien fija los límites de este poder que le atribuye. La aplicación de las sanciones administrativas corresponde a la administración, lo cual goza de un margen de discrecionalidad en la fijación de la sanción pudiendo determinar el contenido de la sanción concreta, cuya cuantificación exacta se deja en manos de la entidad misma en función de las concurrencias de determinadas circunstancias objetivas y subjetivas. Lo normal en cualquier caso es el establecimiento de una cantidad mínima y otra máxima dentro de las cuales la administración deberá elegir.

Como podemos percibir, el prescindir de sanciones administrativas tales como la multa o el decomiso de los bienes involucrados en el deterioro ambiental, sería una grave omisión cuyos efectos repercuten en la eficaz procuración de la legislación ambiental.

En la reciente Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre de 2003, excluye en su artículo 112 considerar a la multa y decomiso como sanciones, a pesar de que el artículo 107 hace remisión a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la imposición de sanciones. Esto se refiere a los montos de la sanción y los elementos para motivarla, lo cual impide a este órgano desconcentrado que pueda aplicar la multa y el decomiso como sanciones en residuos peligrosos.

Con el fin de no dejar en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al particular, debe acreditarse que la multa impuesta se encuentra comprendida en una disposición legal, ya que tal obligación deviene del artículo 21 constitucional en relación con el artículo 16 de la Carta Magna, en el cual se exige que todos los actos de autoridades deban estar debidamente fundados y motivados.

Esto significa que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, debe estar contemplado en una ley o reglamento y contener las reglas para que las autoridades tengan la posibilidad de fijar su imposición, por lo que si no existen estos requisitos, la imposición de las sanciones en comento resultan ser violatorias de sus garantías individuales.

Por otra parte, la imposición de sanciones debe otorgarle a la autoridad la certeza de que la sustentación de un procedimiento por infracciones a la ley será castigado a través de la multa o el decomiso, evitando la impunidad para quienes no cumplan con sus obligaciones.

La reforma que se propone obedece a la necesidad de asegurar la actuación de la autoridad para que ésta, en uso de sus facultades, pueda hacer cumplir la legislación ambiental.

Con base en todo lo antes mencionado someto a consideración de este pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Por el que se modifica y adicionan las fracciones V y VI al artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 112, las violaciones a los preceptos de esta ley y disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones:

Fracciones I a IV quedan idénticas.

Fracción V. Multa por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

Fracción VI. El decomiso de materiales o residuos peligrosos y demás bienes involucrados directamente en la comisión de infracciones.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

El medio ambiente es, sin duda, uno de los objetos de protección del Derecho Administrativo más relevantes hoy en día, ya que la sociedad es consciente de que las agresiones que éste recibe, amenazan directamente su futuro. Por ello, la administración pública se ha erigido como la gestionadora y uno de sus principales defensores, ya que ésta es responsable de procurar un ambiente sano para los mexicanos.

La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad, reconocida universalmente. Las acciones que realizan las personas y las industrias que afectan gravemente los elementos que componen los recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, etcétera, están tipificadas en nuestra legislación, lo cual significa que están descritas en las leyes como prohibidas y su violación trae como consecuencia sanciones administrativas y penales.

En materia ambiental, todos los expertos coinciden en la necesidad de primar la prevención y la reparación del daño sobre la represión, puesto que en la mayoría de las ocasiones el daño causado resulta irreparable, al menos a corto y mediano plazo, dada la lentitud de los procesos regeneradores naturales. Esto pareciera en primera instancia provocar un rechazo de los instrumentos fundamentalmente represivos, como lo son las sanciones ambientales. No obstante, no debemos olvidar que este tipo de medidas también pueden cumplir una función preventiva de las infracciones contra el medio ambiente, mediante la disuasión que la amenaza de su imposición genera en los sujetos. Esto no significa, que toda política medioambiental deba centrarse en los aspectos represivos, bien al contrario debe hacerse especial hincapié en las campañas de formación e información de los individuos. Pero también resulta decididamente eficaz, en esa prevención del daño, la existencia de unas sanciones administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores. En suma, los problemas ambientales de un país no sólo pueden resolverse a fuerza de sanciones penales o administrativas como ir a la cárcel o pagar una multa, pero éstas son sin duda necesarias.

Es así que a cada infracción se le debe asignar una sanción. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el principal objetivo de toda política ambiental, en la que se incluyen las sanciones administrativas en la materia, debe ser la reducción o eliminación de la contaminación y degradación del medio ambiente. La ley otorga a la administración pública la potestad de imponer sanciones y también es ella quien fija los límites de este poder que le atribuye. La aplicación de las sanciones administrativas corresponden a la administración, la cual goza de un margen de discrecionalidad en la fijación de la sanción, pudiendo determinar el contenido de la sanción concreta, cuya cuantificación exacta se deja en manos de la entidad misma en función de la concurrencia de determinadas circunstancias objetivas y subjetivas . Lo normal, en cualquier caso, es el establecimiento de una cantidad mínima y otra máxima dentro de las cuales la administración deberá elegir.

Como podemos percibir, el prescindir de sanciones administrativas tales como la multa o el decomiso de los bienes involucrados en el deterioro ambiental, serían una grave omisión cuyos efectos repercuten en la eficaz procuración de la legislación ambiental.

La reciente Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre del 2003, excluye en su artículo 112 considerar a la multa y decomiso como sanciones, a pesar de que el artículo 107 hacen remisión a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para la imposición de sanciones, esto se refiere a los montos de la sanción y los elementos para motivarla, lo cual impide a este órgano desconcentrado que pueda aplicar la multa y el decomiso como sanciones en residuos peligrosos.

Con el fin de no dejar en estado de indefinición e incertidumbre jurídica al particular debe acreditarse que la multa impuesta se encuentra comprendida en una disposición legal, ya que tal obligación deviene del artículo 21 constitucional1 en relación con el artículo 16 de la Carta Magna, en el cual se exige que todos los actos de autoridades deben estar debidamente fundados y motivados. Esto significa que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado debe estar contemplado en una ley o reglamento y contener las reglas para que las autoridades tengan la posibilidad de fijar su imposición, por lo que si no existen esos requisitos, la imposición de las sanciones en comento resultan ser violatorias de sus garantías individuales.

Por otra parte, la imposición de sanciones debe otorgarle a la autoridad la certeza de que la substanciación de un procedimiento por infracciones a la ley, será castigado a través de la multa o el decomiso evitando la impunidad para quienes no cumplan con sus obligaciones.

La reforma que se propone obedece a la necesidad de asegurar la actuación de la autoridad para que ésta en uso de sus facultades, pueda hacer cumplir la legislación ambiental. Con base en todo lo antes mencionado, la diputada que firma al calce, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica y adiciona las fracciones V y VI al artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo Único

Artículo 112. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, y disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I-IV ...

V. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, y

VI. El decomiso de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes involucrados directamente en la comisión de infracciones.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Artículo 21.- Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA - DELITOS FINANCIEROS - DELITOS CONTRA LA RIQUEZA NACIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene a continuación el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimiento Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia diputado Presidente; compañeros y compañeras diputadas y diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración dos iniciativas: una de reformas constitucionales y otra de reformas a diferentes leyes secundarias, por lo que omitiré la exposición de motivos de ambas iniciativas, para comentar brevemente su contenido, solicitándole a usted, ciudadano diputado Presidente, la inclusión íntegra de ellas en el Diario de los Debates.

La primera iniciativa tiene el propósito de otorgar plena autonomía a la Procuraduría General de la República para que ésta cumpla de manera libre su función de representante de la sociedad de cualquier índole.

Pocas instituciones jurídicas mexicanas han sido objeto de debates tan apasionados e intensos como el Ministerio Público, en especial respecto a la interpretación constitucional de su estructura y funcionamiento.

Estos debates se han efectuado en una doble perspectiva: en primer lugar en cuanto a la organización del Ministerio Público, de acuerdo con sus múltiples y muy diversas atribuciones. Y en segundo término, de manera concreta, respecto a su intervención en el proceso penal.

La iniciativa que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta soberanía, consiste fundamentalmente en adicionar una fracción VIII del artículo 74 constitucional, corriéndose la actual fracción VIII para pasar a ser fracción IX, con el propósito de que sea facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados, designar, de entre una terna que ésta integrará, al Procurador General de la República. Esto en atención a que esta soberanía se integra conforme a lo dispuesto por el artículo 51 constitucional, por representantes de la nación.

De igual forma se propone reformar el apartado A del artículo 102 constitucional, con el propósito de dotar de plena autonomía a la Procuraduría General de la República, para que pueda cumplir sin interferencia alguna el mandato que esta Constitución y los diferentes ordenamientos jurídicos secundarios le imponen.

A ese apartado A, se propone también el que el Procurador General de la República sea designado por esta soberanía dentro de una terna que la misma Cámara integrará.

Atentos al procedimiento establecido en la adición al artículo 74 constitucional durando en su encargo seis años.

Se propone también reformar la fracción II del artículo 76 constitucional para eliminar la facultad exclusiva del Senado de la República de ratificar la designación que el titular del Ejecutivo hace del Procurador General de la República, dejando a salvo el resto de los nombramientos que el Senado debe de ratificar.

En congruencia con las adiciones y reformas antes expuestas, se propone derogar la fracción V del artículo 78 para eliminar la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda ratificar la designación del Procurador General, ya que ésta pasa a ser facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados.

Asimismo, la iniciativa en comento plantea derogar la facultad del titular del Ejecutivo federal de designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República.

Queda claro que nuestra propuesta consiste en excluir la intervención del titular del Ejecutivo federal en el proceso de designación del Procurador General de la República, y que nosotros proponemos que dicha facultad recaiga en exclusiva en esta soberanía.

Además, proponemos, en otro ordenamiento, que se elimine el requisito de procedibilidad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para querellarse en materia de delitos bancarios y financieros, ya que consideramos que esto atenta en contra de la función del Ministerio Público de la Federación.

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, se discutió ampliamente la propuesta de dotar al Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, del monopolio del ejercicio de la acción penal, lo cual significa que sólo esta institución es la que se encuentra legitimada para solicitar a los órganos jurisdiccionales, órdenes de aprehensión y consignación de expedientes y/o detenidos a través del conocimiento que tiene de la comisión de delitos en la fase de la averiguación previa.

Sin embargo, en la actualidad hay una serie de disposiciones legales que supeditan la facultad del conocimiento y persecución de los delitos a un requisito de procedibilidad de previa querella por parte de otra autoridad pública, sin la cual el Ministerio Público no puede actuar.

Nos referimos específicamente a lo que se prevé en el artículo 115, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito que señala: ``en los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también se procederá a petición de la institución de crédito de que se trate o que tenga interés jurídico''.

Esta situación en cuanto a la omisión de las autoridades hacendarias para ejercer sus funciones legales, trajo como consecuencia que los responsables del quebranto bancario que detonó la crisis de 1994, no fueran sancionados penalmente.

La sociedad mexicana en conjunto, ha sido la que ha tenido que pagar el rescate bancario del Fobaproa y el IPAB. Sabemos que en la iniciativa de presupuesto de egresos se nos solicita que aprobemos cuantiosos recursos para el pago de esta deuda.

Los bancos son apoyados financieramente, son intervenidos o vendidos pero en muy pocos casos se ha logrado determinar la responsabilidad de carácter penal, ya que como lo hemos expuesto anteriormente, el Ministerio Público se encuentra supeditado en su actuación, al cumplimiento de requisito de procedibilidad, consistente en la previa querella de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La sociedad mexicana se ha enterado que prominentes banqueros o financieros, obtienen rápidamente su libertad ante los tribunales federales, bajo el argumento de que la Procuraduría Fiscal de la Federación no se querelló oportunamente ante el Ministerio Público federal, para la debida persecución de estos delitos, razón por la cual los juzgados dictan autos de libertad.

En consecuencia, nuestra propuesta va directamente encaminada a que el Ministerio Público federal, pueda conocer de manera directa la comisión de los delitos financieros sin que la Secretaría de Hacienda pueda ya querellarse, con lo que se puede hacer más expedita la investigación y enjuiciamiento de quienes cometen estos delitos.

Simultáneamente proponemos que los delitos financieros previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, sean incluidos en el catálogo de delitos graves que se prevén en el Código Federal de Procedimientos Penales.

También proponemos que se adicione la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que la unidad especializada de la Procuraduría General de la República pueda investigar los delitos que en materia de consumo y la riqueza nacional, son cometidos por quienes roban combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores: las iniciativas que hoy sometemos a su consideración son un aporte del Partido del Trabajo en lo que corresponde a la autonomía de la Procuraduría General de la República y el combate a los delitos financieros en contra de la economía nacional.

Hago entrega, diputado Presidente, a los secretarios de esta Cámara de las iniciativas que acabo de exponer.

Es cuanto.

«Iniciativa que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII, corriéndose en su orden la actual fracción VIII, para pasar a ser fracción IX, del artículo 74; se reforman la fracción II del artículo 76 y el primer párrafo, apartado A, del artículo 102; y se derogan las fracciones V del artículo 78 y IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En los artículos 21 y 102 de la Ley Fundamental de 1917 se centra lo relativo al Ministerio Público, así el contenido de mayor trascendencia del primer precepto mencionado es la persecución de los delitos por el Ministerio Público y la Policía Ministerial. Dicho precepto representó el fruto, tanto de un intenso debate en el pleno del Congreso Constituyente, como de una extensa justificación en la exposición de motivos del proyecto de Constitución presentado por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, en las que se recalcó la necesidad de otorgar autonomía al Ministerio Público para su participación dentro del proceso penal, ya que al actuar conforme a la legislación derivada de la Constitución de 1857, y no existir la policía judicial como organismo independiente del Poder encargado de impartir justicia originaba que los jueces ejercieran la función de investigar y allegar pruebas en el proceso, convirtiéndose, con perjuicio para los procesados, en verdaderos acusadores.

El modelo para la creación de la policía judicial, según se explicó en el debate, fue la organización del Ministerio Público Federal de los Estados Unidos de América, con la policía bajo su mando directo. De modo que el objeto del artículo 21 de nuestra Constitución fue suprimir los excesos de los jueces que, según se ha mencionado, se constituían en acusadores al ejercer funciones de investigación que correspondía realizar a la policía judicial, dando al Ministerio Público una real intervención en la investigación y persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.

Pocas instituciones jurídicas mexicanas han sido objeto de debates tan apasionados e intensos como el Ministerio Público, en especial respecto a la interpretación constitucional de su estructura y funcionamiento. Estos debates se han efectuado en una doble perspectiva: en primer lugar, en cuanto a la organización del Ministerio Público de acuerdo con sus múltiples y muy diversas atribuciones; y en segundo término, de manera concreta, respecto a su intervención en el proceso penal.

En el primer aspecto, cabe mencionar la controversia de dos distinguidos juristas mexicanos en el Congreso Jurídico del año de 1932, don Luis Cabrera y don Emilio Portes Gil, este último, en ese momento, procurador general de la República.

Don Luis Cabrera, en su ponencia al citado Congreso, propuso la reforma de la Constitución Federal en todo lo que se refería a la composición del Poder Judicial y del Ministerio Público, en especial del artículo 102, de manera que se estableciera en dicho precepto constitucional que el jefe del Ministerio Público fuera designado por el Congreso de la Unión, otorgándosele la inamovilidad y la misma dignidad que a los Ministros de la Suprema Corte y a que debía formar parte del Alto Tribunal y hacerse oír en sus sesiones, personalmente o por medio de delegados.

En cuanto a la institución del Ministerio Público en su conjunto, según la opinión de don Luis Cabrera, debía estimarse como una institución encargada exclusivamente de vigilar el cumplimiento estricto de la Constitución y de las Leyes, y además ser guardián de los derechos del hombre y de la sociedad y defensor de las garantías constitucionales, interviniendo en todos los asuntos federales y de interés público, ejercitando sus atribuciones con sujeción a la Ley, para todo lo cual los miembros de la institución deberían ser independientes del Departamento Ejecutivo y su presupuesto comprendido dentro del correspondiente al Poder Judicial.

Además, propuso que con independencia del Ministerio Público, debería establecerse un abogado o procurador general de la nación, dependiente en forma directa del Presidente de la República, con categoría de Secretario de Estado y con funciones de representante de la Nación en los juicios en que ésta fuera parte de las diversas dependencias del Ejecutivo cuando éstas, como actor o demandados, participaran en un litigio. También debería considerársele como Consejero Jurídico del Gobierno y jefe nato de los departamentos jurídicos de las diversas dependencias administrativas, encabezando además un Consejo que fijara las normas de interpretación oficial de las Leyes, para efectos de su aplicación concreta para cada una de las Secretarías y Departamentos de Estado.

La iniciativa que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta soberanía consiste, fundamentalmente, en adicionar una fracción VIII al artículo 74 constitucional, corriéndose la actual fracción VIII, para pasar a ser fracción IX, con el propósito de que sea facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados designar, de entre una terna que ésta integrará, al procurador general de la República. Esto en atención a que esta soberanía se integra conforme a lo dispuesto por el artículo 51 constitucional por representantes de la nación.

De igual forma, se propone reformar el apartado A del artículo 102 constitucional con el propósito de dotar de plena autonomía a la Procuraduría General de la República, para que pueda cumplir sin interferencia alguna, el mandato que esta Constitución y los diferentes ordenamientos jurídicos secundarios le imponen. En este apartado A se propone también el que el procurador general de la República sea designado por esta soberanía de entre una terna que la misma Cámara integrará, atentos al procedimiento establecido en la adición al artículo 74 constitucional, durando en su encargo seis años.

Se propone también reformar la fracción II del artículo 76 constitucional para eliminar la facultad exclusiva del Senado de la República de ratificar la designación que el titular del Ejecutivo hace del procurador general de la República, dejando a salvo el resto de los nombramientos que el Senado debe ratificar.

En congruencia con las adiciones y reformas antes expuestas se propone derogar la fracción V del artículo 78 para eliminar la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda ratificar la designación del procurador general, ya que ésta pasa a ser facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados.

Asimismo, la iniciativa en comento plantea derogar la facultad del titular del Ejecutivo Federal de designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República.

Compañeras y compañeros diputados:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII, corriéndose en su orden la actual fracción VIII, para pasar a ser fracción IX, del artículo 74; se reforman la fracción II del artículo 76 y el primer párrafo, apartado A, del artículo 102; y se derogan las fracciones V del artículo 78 y IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VIII corriéndose en su orden la actual fracción VIII para pasar a ser fracción IX del artículo 74; se reforman la fracción II del artículo 76 y el primer párrafo apartado A del artículo 102; se derogan las fracciones V del artículo 78 y la fracción IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. ...

I. a VII. ...

VIII. La Cámara de Diputados designará mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes al procurador general de la República, de entre una terna, que la misma Cámara integrará, mediante consulta que efectúe entre las barras, colegios de abogados, escuelas y facultades de derecho del país.

Si en la primera votación, ninguno de los integrantes de la terna alcanzara la mayoría que se menciona en el párrafo anterior la Cámara integrará una nueva terna.

Si ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría que se menciona en el párrafo primero, el procurador general de la República será designado mediante insaculación, de entre las seis personas que integraron las dos ternas.

IX. ...

Artículo 76. ...

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

III. a X. ...

Artículo 78. ...

I. a IV. ...

V. Derogada.

VI. a VIII. ...

Artículo 89. ...

I. a VIII. ...

IX. Derogada.

X. a XX. ...

Artículo 102.

A. La Ley organizará al Ministerio Público de la Federación, cuyo titular, el procurador general de la República, será designado de entre una terna integrada por la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento señalado en el artículo 74 de esta Constitución y en la ley respectiva. La Procuraduría General de la República es un organismo autónomo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Para ser procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquiera otra nacionalidad; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador general de la República durará en su encargo seis años improrrogables. El procurador general de la República podrá ser removido por la Cámara de Diputados, mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes, por cualquiera de las causas graves que se establezcan en la ley respectiva.

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia a partir de los 180 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos presupuestales, la Procuraduría enviará su anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta lo incorpore en la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados. Son aplicables a la Procuraduría General de la República las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en todo lo referente a la materia presupuestal y de gasto público.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona una fracción VI al artículo 2° y se reforma el párrafo primero del artículo 3° ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En el Congreso Constituyente de 1916-1917 se discutió ampliamente la propuesta de dotar al Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, del monopolio del ejercicio de la acción penal. Lo cual significa que sólo esta institución es la que se encuentra legitimada para solicitar a los órganos jurisdiccionales órdenes de aprehensión y consignación de expedientes y/o detenidos a través del conocimiento que tiene de la comisión de delitos, en la fase de averiguación previa.

El artículo 21 párrafo primero de nuestra Norma Fundamental establece: ``La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. ...''. A su vez el segundo párrafo del artículo 116 establece: `` No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado''.

A su vez la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que en la persecución de los delitos del orden federal, en su artículo 8 numeral 1 inciso a) se señala en la averiguación previa: a) recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.

De igual forma el artículo 2° del Código Federal de Procedimientos Penales establece que: ``Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I. Recibir las denuncias o querellas que se le presenten en forma oral o por escrito sobre los hechos que puedan constituir delitos;

II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño.

El término denuncia proviene del latín denuntiare, el cual significa ``hacer saber'', ``remitir un mensaje'', o de otra forma significa ``el acto a través del cual un particular hace del conocimiento del órgano persecutorio de los delitos, que se ha cometido una conducta probablemente constitutiva de delito, para que dicho órgano actúe.

A su vez, la querella como medio para iniciar la averiguación previa, al igual que la denuncia, es hacer del conocimiento del órgano persecutorio de los delitos, hechos presuntamente constitutivos de delito, realizada por persona determinada, pero que a diferencia de la denuncia, debe tratarse de un supuesto delito que se persigue a petición del ofendido y debe ser hecha por éste o por su representante legal.

Aunado a lo anterior el artículo 113, fracción I, del propio código adjetivo establece: ``cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado''.

Y en el artículo 114 de dicho ordenamiento se señala: ``es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos que así lo determine el Código Penal u otra ley''.

Compañeras y compañeros legisladores:

De las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, se desprende claramente la facultad de la institución del Ministerio Público como órgano encargado de la persecución de los delitos y, en su caso, del ejercicio del monopolio de la acción penal.

Sin embargo, en la actualidad hay una serie de disposiciones legales que supeditan la facultad del conocimiento y persecución de los delitos a un requisito de procedibilidad de previa querella por parte de otra autoridad pública, sin la cual el Ministerio Público no puede actuar.

Nos referimos específicamente a lo que se prevé en el artículo 115 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito que señala: ``En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también se procederá a petición de la Institución de Crédito de que se trate, o que tenga interés jurídico''.

También en el artículo 116 bis de la ley antes citada se señala: ``La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles por petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...''

Por otra parte en la Ley de Instituciones de Crédito se establecen los denominados delitos bancarios, que por ser ésta una ley de carácter federal, la actualización de las hipótesis normativas que ahí se señalan, en tanto que delitos federales, son competencia del Ministerio Público de la Federación.

Sin embargo, la intervención de la representación social no puede darse de manera directa, sino que se requiere la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual deberá presentar querella ante el Ministerio Público Federal.

Es pertinente destacar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga en su artículo 31 fracción VII, la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ``planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito''.

Sin embargo, esta facultad de vigilancia del sistema bancario nacional a cargo de esta dependencia del Ejecutivo federal no se cumple de manera eficiente, razón por la cual al amparo de la deficiente vigilancia por parte de la Secretaría y la negligente actuación de los funcionarios bancarios en la prestación de las operaciones activas a las que se refiere la ley de la materia, generaron junto con las erráticas políticas gubernamentales de las dos administraciones presidenciales anteriores la crisis del sistema bancario mexicano.

Esta situación que estuvo a punto de poner en riesgo el sistema nacional de pagos, tuvo que ser apoyada por el gobierno mexicano al asumir los quebrantos bancarios a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mismos que se convirtieron indebidamente como deuda pública, a través de la firma de los pagarés correspondientes a cargo del gobierno. Pero además nunca investigó a fondo las irregularidades cometidas bajo el argumento de que muchos banqueros habían quebrado.

En diciembre de 1998, los legisladores del PRI y el PAN aprobaron la denominada Ley del IPAB y como resultado del inicio en vigor de dicha ley, la honorable Cámara de Diputados ordenó, a través de la contratación de un auditor externo, la realización de auditorías al fideicomiso antes señalado.

El auditor encontró severas fallas en la forma en la que los bancos otorgaron créditos, ya que existían muchos créditos cruzados o que no contaban con una garantía suficiente. El resultado de dichas deficiencias ha sido el enorme rescate bancario que el pueblo de México ha tenido que pagar y que ha endeudado a las futuras generaciones de mexicanos.

Los bancos son apoyados financieramente, son intervenidos o vendidos, pero en muy pocos casos se han logrado determinar responsabilidades de carácter penal, ya que, como lo hemos expuesto anteriormente el Ministerio Público se encuentra supeditado en su actuación al cumplimiento del requisito de procedibilidad, consistente en la previa querella de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La sociedad mexicana se ha enterado que prominentes banqueros o financieros obtienen rápidamente su libertad ante los tribunales federales bajo el argumento de que la Procuraduría Fiscal de la Federación no se querelló oportunamente ante el Ministerio Público Federal para la debida persecución de estos delitos, razón por la cual los juzgadores dictan autos de libertad.

O bien, que se otorga por parte de los jueces de amparo la suspensión de los actos reclamados bajo la hipótesis de que no se está en el caso de delitos graves. Lo cual ocasiona que los mexicanos tengamos la firme convicción de que hay personas que cuentan con la capacidad económica para comprar la justicia, cuando de origen la autoridad administrativa es omisa o negligente en el cumplimiento de sus atribuciones legales.

Por esta situación los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo sometemos a su consideración la presente iniciativa que tiene como propósito, en primer lugar, derogar el párrafo primero del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece actualmente el requisito de procedibilidad a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta se querelle ante el Ministerio Público.

También proponemos derogar el artículo 116 bis que contiene reglas de prescripción de los delitos bancarios que son diferentes y por supuesto menores a las que se establecen en el Título Quinto, Capítulo VI, de los artículos 100 al 103 del Código Penal Federal. De este mismo ordenamiento proponemos que del artículo 400 bis se deroguen los párrafos cuarto y quinto que establece, también, el requisito de denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder investigar en tratándose de delitos con recursos de procedencia ilícita.

Además proponemos que se reforme el artículo 194 en su fracción VIII del Código Federal de Procedimientos Penales para incluir todos los delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito y que son los artículos 111, 112, 112 bis, 113, 113 bis, 113 bis-1, 113 bis-2, 113 bis-3 y 114.

En días pasados los medios informativos publicaron que la Policía Federal Preventiva en el marco de sus atribuciones y conforme a su organización y funcionamiento previsto en el artículo 4°, Capítulo II, de su propia ley, interviene, con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos que dañan la economía nacional, en la vigilancia, supervisión, despacho y transportación de diversos fluidos energéticos elaborados en algunas de las refinerías e instalaciones localizadas en diversos puntos geográficos del país en los que petróleos mexicanos exporta, produce, refina y entrega a diversas empresas transportistas los energéticos necesarios para el consumo tanto en el país como fuera de él, entregándose los mismos a efecto de que se distribuyan entre sus consumidores.

La vigilancia y prevención que la Policía Federal Preventiva actualmente realiza in situ se debe a que es hecho público y notorio el daño que sufre petróleos mexicanos y consecuentemente nuestro país, virtud a que se ha propiciado la venta de gasolina adulterada por concesionarios o en puntos específicos lo cual daña al particular quien ajeno a la adquisición de energéticos adulterados sufre cuantiosos daños en sus vehículos.

Amén del que se produce una competencia desigual entre quienes expenden gasolinas y diesel de procedencia lícita y quienes la adquieren de origen ilícito por lo que es obvio que las conductas anteriores son objeto de intervención de más de tres personas que intervienen en la preparación, transportación y venta de gasolinas cuyo origen es ilícito y por ello, a efecto de proveer herramientas de carácter legal tanto a las autoridades, investigadores y jurisdiccionales con las sana intención de que se sancione a quien daña la economía nacional y también el patrimonio de los particulares a quienes a veces, de buena fe adquieren a precio oficial gasolinas o diesel cuyo valor, calidad y octanaje no es el que se publicita y por ende ocurre un enriquecimiento en perjuicio del adquiriente de buena fe y la consumación de un ilícito que provoca la evasión fiscal del expendedor de mala fe y en perjuicio de la economía del país.

Actualmente, los artículos 367 y 368, fracción II, del Código Penal Federal, en el título correspondiente a los delitos que se realizan en contra de las personas en su patrimonio, define como equiparable al robo y se castiga como tal, a quien se apodere, use o aproveche cualquier fluido, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. Por otro lado el título décimo cuarto del mismo Código Penal Federal establece como delitos contra el consumo y la riqueza nacional y sanciona a la persona que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos e instalaciones de la industria petrolera que se refiere a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.

Dentro del catalogo de ilícitos contemplados por el Código Penal Federal en relación con los delitos cometidos contra la economía pública no existe una precisión respecto de las conductas delictivas que ahora se advierten en cuanto a las características que la delincuencia organizada adopta para dañar al país en primer término y a los consumidores de buena fe de energéticos adulterados y si bien es cierto que los daños y perjuicios ocasionados en ambos supuestos pueden ser reclamados tanto por el Ministerio Público Federal en representación de la parte ofendida en el proceso correspondiente, en la realidad, el particular debe seguir un difícil y a veces inútil proceso para reclamar los daños causados a los vehículos por la adquisición de gasolinas o diesel adulterado que provocan cuantiosos daños al particular de difícil recuperación.

Compañeras y compañeros diputados:

Por las consideraciones antes expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona una fracción VI al artículo 2° y se reforma el párrafo primero del artículo 3° ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como siguen:

Artículo Primero. Se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como siguen:

Artículo 115. Derogado

Párrafos del segundo al sexto...

Artículo 116 bis. Derogado

Artículo Segundo. Se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 400 bis. ...

...

...

Derogado

Derogado

...

...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.

...

I. a VII. ...

VIII. De la Ley de Instituciones de Crédito los previstos en los artículos 111, 112, 112 bis, 113, 113 bis, 113 bis-1, 113 bis-2, 113 bis-3 y 114.

IX. a XV. ...

Artículo Cuarto. Se adiciona la parte final a la fracción VI, al artículo 2° y se reforma el primer párrafo del artículo 3°, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como siguen:

Artículo 2°. ...

I. a V. ...

VI. ...Delitos contra el consumo y la riqueza nacional particularmente el señalado en el artículo 253 inciso j) relacionado con la interrupción o interferir en la distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo y fracción IV, alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener. Delito establecido en la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal que se refiere a responsabilizar a quien sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.

Artículo 3. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI...

...

Transitorio

Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Óscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Pedro Vázquez González.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.

El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Hoy hago uso de esta tribuna para exponer un problema que aqueja a todas y todos los ciudadanos, un asunto que se ha vuelto tan común que por momentos pareciera que no queda otro camino que la resignación.

Me refiero específicamente a todos esos servicios que nunca solicitamos y sin embargo tenemos que pagar si no queremos aparecer en el Buró de Crédito, más adelante, como clientes morosos o malos clientes.

Cuántos ciudadanos pagan en sus recibos telefónicos un seguro de vida que nunca solicitaron, cuya póliza ni siquiera la tienen en sus manos y en muchos de los casos ni siquiera se han dado cuenta de qué es lo que están pagando.

Cuántas veces escuchamos a amigos o familiares de tener un adeudo en una tarjeta de crédito que ni siquiera han recibido. Cuántas veces se pagan canales extras en televisión o un servicio de internet que se ofrecen gratis y de pronto tienen un costo.

Todos hemos escuchado o hemos sido víctimas alguna vez de estos problemas, los cuales se agudizan cuando uno intenta hacer alguna aclaración en la empresa correspondiente y te remiten a un número telefónico en el que hay que interactuar con un autómata y, después de media hora, con un poco de suerte puedes hablar con algún asesor que te mantendrá en la línea otros 20 minutos, acción que repites cuando menos dos veces más hasta que es cancelado el servicio y te liberan del pago.

Pero también existe la posibilidad que nunca se solucione el asunto y termines pagando un servicio que no solicitaste y a la mejor tampoco utilizaste y esto lo haces con tal de evitarte problemas.

Otra opción es que te niegues a pagar y te niegues también a perder tu tiempo, por lo que harto de aclaraciones decides no hacer caso de ningún aviso de cobro, lo que tendrá como resultado un antecedente negativo en el ya susodicho Buró de Crédito.

No me podrán negar, compañeras y compañeros, que el tema que aquí nos ocupa es sumamente cotidiano, es muy común y parece hasta normal y natural enfrentarnos con una situación similar.

El hecho es que los ciudadanos se sienten robados, defraudados, desamparados, violentados y no hemos hecho nada al respecto. A pesar de que es problema de millones de personas, en realidad cada una tiene que enfrentarlo de manera individual, ya que las instancias que existen son ineficientes e improcedentes porque no se trata, compañeros, del negocio de la esquina, del taller o de la tiendita; no se trata de un malentendido entre un vendedor y un consumidor cuyo status es exactamente igual.

Se trata de controversias entre grandes empresas, grandes complejos corporativos y grandes monopolios en contra de un ciudadano, en contra de un estudiante, de una ama de casa, de un profesionista, de cualquier persona de la tercera edad.

Acudir a la Procuraduría General del Consumidor implica mucho tiempo, desahogar audiencias es tardado y finalmente nada garantiza no aparecer en el Buró de Crédito.

Entablar una demanda de tipo civil o mercantil, prácticamente es impensable, no sólo por el costo del juicio, tal vez porque seguramente rebasará el monto de la deuda y además por la complicación de los tiempos procesales.

En este sentido es que considero importante llenar el vacío existente con una norma jurídica que por sí misma evite que se susciten dichas controversias.

Si bien el contrato es el asunto de voluntades y no necesariamente debe constar en documento alguno, esta reforma plantea que en el caso preciso de los contratos de tipo mercantil, los cuales se refieren a prestaciones de servicios, éstos deben hacerse de manera expresa y en donde se señale claramente por escrito que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y el costo exacto; de igual manera con el paso del tiempo a este servicio se pretendiera agregar o modificar las condiciones de dicho contrato, se deberá igualmente contar con el consentimiento expreso del consumidor, de no ser así, éste quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante.

Si analizamos a la luz del derecho civil la problemática aquí vertida, encontraremos que en la gran mayoría de los casos en controversia, la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico, es decir, del contrato, se encuentra disminuida en su eficacia y en su objeto por contener vicios en la voluntad, en el consentimiento o a veces en otras, violencia y en la mayoría de los casos, el dolo.

La voluntad con que se celebra un acto jurídico por simple o mínimo que éste parezca, debe ser cierta, debe existir certeza en los efectos queridos y los fines buscados, al celebrar dicho acto jurídico.

En muchos otros casos, el acto jurídico ni siquiera se consuma, pero una de las partes, es decir, el ciudadano, tiene que hacer frente a obligaciones que nunca aceptó contraer, es más, no es que no haya aceptado, sino que ni siquiera se enteró de que las contrajo.

En virtud de lo anterior y toda vez que es una demanda generalizada de las y los ciudadanos, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.

Decreto

Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 78 del Código de Comercio para quedar de la siguiente manera:

Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga de la manera y en los términos que aparezca que quiso obligarse, sin que a la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Se adiciona: En el caso de las convenciones mercantiles que se realicen entre personas morales que ofrezcan servicios al público no tangibles, tales como servicios de comunicación o expedición de créditos, la validez de acto comercial, dependerá de la aceptación expresa y por escrito de las partes, en donde se deberá de establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente y la duración de las obligaciones, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

Segundo. Se adiciona el artículo 80 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los convenios y los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta a las condiciones con que ésta fuere modificada, salvo en lo dispuesto del párrafo segundo del artículo 78 que ya expusimos.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

«Iniciativa que adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy hago uso de esta tribuna, para exponer un problema que aqueja a todas y todos los ciudadanos, un asunto que se ha vuelto tan común que por momentos pareciera que no queda otro camino que la resignación.

Me refiero específicamente a todos esos servicios que nunca solicitamos, y sin embargo, tenemos que pagar si no queremos aparecer en el Buró de Crédito más adelante.

Cuántos ciudadanos pagan en sus recibos telefónicos un seguro de vida que nunca solicitaron, cuya póliza no tienen en sus manos y en muchas casos ni siquiera se han dado cuenta de qué es lo están pagando; cuántas veces escuchamos amigos o familiares de tener un adeudo en una tarjeta de crédito que ni siquiera han recibido; cuántas veces se pagan canales extras en televisión o un servicio de Internet que se ofrecen gratis y de pronto tiene un costo.

Todos hemos escuchado o sido victima alguna vez de estos problemas, los cuales se agudizan cuando uno intenta hacer alguna aclaración en la empresa correspondiente y te remiten a un número telefónico en el hay que interactuar con un autómata y después de media hora con un poco de suerte puedes hablar con algún ``asesor'' que te mantendrá en la línea otros 20 minutos. Acción que repites cuando menos 2 veces más, hasta que es cancelado el servicio y te liberan del pago. Pero también existe la posibilidad que nunca se solucione el asunto y termines pagando un servicio que no solicitaste y a la mejor tampoco utilizaste, con tal de evitarte problemas. Otra opción, es que te niegues a pagar y te niegues también a perder tu tiempo, por lo que harto de aclaraciones decides no hacer caso de ningún aviso de cobro, lo que tendrá como resultado un antecedente negativo en el llamado Buró de Crédito.

No me podrán negar compañeras y compañeros que el tema que aquí nos ocupa es cotidiano, es común y parece hasta normal y natural enfrentarnos con una situación similar.

El hecho es que los ciudadanos se sienten robados, defraudados, desamparados, violentados y no hemos hecho nada al respecto. A pesar de que es problema de millones de personas, en realidad, cada una tiene que enfrentarlo de manera individual, ya que las instancias que existen son ineficientes o improcedentes.

Porque no se trata, compañeros, del negocio de la esquina, del taller o de la tiendita, no se trata de un mal entendido entre un vendedor y un consumidor, cuyo status es igual; se trata de controversias entre grandes empresas, grandes complejos corporativos y grandes monopolios en contra de un ciudadano, en contra de un estudiante, de una ama de casa, de un profesionista, de alguien de la tercera edad.

Acudir a la Procuraduría General del Consumidor, implica mucho tiempo, desahogar audiencias es tardado y finalmente, nada garantiza no aparecer en el buró de crédito. Entablar una demanda de tipo civil o mercantil, prácticamente es impensable no sólo por el costo del juicio, el cual seguramente rebasará por mucho a la supuesta deuda, sino además por la complicación de los tiempos procesales.

En este sentido, es que considero importante llenar el vacío existente con una norma jurídica que por sí misma evite se susciten controversias.

Si bien el contrato es el acuerdo de voluntades y no necesariamente debe constar en documento alguno, esta reforma plantea, que en el caso preciso de los contratos de tipo mercantil, los cuales se refieran a la contratación de un servicio, estos deban hacerse de manera expresa, en donde se señale claramente por escrito que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y costo exacto del mismo; de igual manera si con el paso de tiempo a ese servicio se pretendiera agregar otro o modificar las condiciones del mismo, se deberá igualmente contar con el consentimiento expreso del consumidor, de no ser así éste quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante.

Si analizamos a luz del derecho civil, la problemática aquí vertida encontraremos que, en la gran mayoría de los casos en controversia la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico, es decir del contrato se encuentra disminuida en su eficacia y objeto por contener vicios en la voluntad o consentimiento, a veces error, en otras violencia y en algunas más dolo.

La voluntad con que celebra un acto jurídico por simple o mínimo que este parezca, debe ser cierta. Debe existir certeza en los efectos queridos y los fines buscados al celebrar el acto jurídico.

En muchos otros casos, el acto jurídico ni siquiera se consuma pero una de las partes, es decir el ciudadano, tiene que hacer frente a obligaciones que nunca aceptó contraer, es más no es que no haya aceptado sino que ni siquiera se enteró de que las contrajo.

En virtud de lo anterior y toda vez que es una demanda generalizada de las y los ciudadanos, me permito presentar a esta Soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.

Decreto

Primero.- Se adiciona un párrafo del artículo 78 del Código de Comercio para quedar de la Siguiente Manera:

Artículo 78

En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

En el caso de que las convenciones mercantiles se realicen entre personas morales que ofrezcan servicios al público no tangibles, tales como servicios de comunicación, o expedición de créditos, la validez del acto comercial dependerá de la aceptación expresa y por escrito de las partes, en donde se deberá establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente y la duración de las obligaciones, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

Segundo.- Se adiciona el artículo 80 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 80

Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada, salvo en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 78 de esta ley.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Francisco Luis Monárrez Rincón, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Jorge Uscanga Escobar, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Minerva Hernández Ramos, Guillermo Huízar Carranza, Arturo Nahle García, Víctor Suárez Carrera, Evelia Sandoval Urbán, Florentino Domínguez Ordóñez, José Alfonso Muñoz Muñoz, Cruz López Aguilar, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, María Sara Rocha Medina, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Pedro Ávila Nevárez, Jorge Castillo Cabrera, José Mario Wong Pérez, María del Consuelo Rodríguez de Alba, Alfonso Nava Díaz, Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, María Hilaria Domínguez Arvizu, Javier Guisar Macías, Nora Elena Yu, Héctor Gutiérrez de la Garza, Martha Laguette Lardizábal, Jesús Aguilar Bueno, Omar Bazán Flores, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Esthela Ponce Beltrán, Guillermo del Valle Reyes, Juan Carlos Pérez Góngora, Raúl Pompa Victoria, Rasalina Mazari Espín, Arturo Robles Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Economía.

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PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA - DELITOS FINANCIEROS - DELITOS CONTRA LA RIQUEZA NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores: en relación con la iniciativa presentada por el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la Secretaría reporta que se presentó además distinta iniciativa que establece reformas constitucionales, en esas condiciones este documento solicito que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante diputado.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Compañeras y compañeros diputados: En una república federal como es la nuestra no se puede concebir la democracia sin municipios fuertes y de la misma manera no se pueden concebir municipios fuertes si sus haciendas no cuentan con la debida autonomía y capacidad para decidir sobre sus ingresos.

Efectivamente, la autonomía hacendaria que la Constitución consagra para los ayuntamientos del país no encuentra cabal cumplimiento hasta en tanto los municipios no tengan la capacidad para decidir sobre sus ingresos propios. Sin embargo, la falta de autonomía hacendaria en nuestros municipios no es ni solo ni principalmente un problema estrictamente hacendario, es ante todo un problema de identidad propia, de naturaleza, de elemental definición y sobre todo de autonomía política que debe resolverse a plenitud y con prontitud.

Ya lo decía don Efraín González Luna: ``consumido de indigencia fiscal y carente por tanto de recursos indispensables para la atención eficaz de servicios elementales, el municipio mexicano está, además, jurídicamente inerme y desamparado respecto de exigencias y de embestidas de los gobiernos de los estados''. Y más adelante añade: ``se podría insistir sobre la miseria lacerante en que los municipios viven privados de recursos fiscales que la Federación y los estados, sobre todo la primera, absorben casi totalmente''.

Es cierto, se han dado pasos importantes en el fortalecimiento de la vida municipal en México con las reformas realizadas en 1983 y 1999. En esas reformas los municipios mexicanos han dado pasos importantes para la consolidación como órganos de gobierno cada vez con mayores facultades y funciones. Sin embargo, la parte relativa a la autonomía de su hacienda y particularmente a sus ingresos sigue siendo un asunto pendiente en la agenda nacional que debe resolverse.

Es por ello que en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente presento iniciativa de decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dotar a los municipios del país de mayores potestades tributarias, de tal manera que sean también ellos y no solamente las legislaturas de los estados los que decidan sobre sus ingresos.

Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y solicito también, de así considerarlo la Presidencia, la iniciativa sea turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Fortalecimiento del Federalismo.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, que reforma los párrafos primero e inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma el párrafo cuarto del inciso c) de la misma fracción y deroga el párrafo tercero del inciso c) de la fracción IV, todos del artículo 115, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las más recientes investigaciones en las áreas de las ciencias administrativas, económicas y sociales ha abandonado el referente ``espacio'' para descubrir el referente ``territorio''. En el espacio se optimizaba la localización y la organización; el territorio se presenta como una ordenación de factores y agentes económicos, socioculturales, políticos e institucionales con formulas de organización y regulación específicos. Esta perspectiva diferente ha llevado a plantear una nueva noción de desarrollo, cuya premisa es que toda organización social territorial utiliza y moviliza recursos que constituyen su potencial de desarrollo y dispone de capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo.

Este enfoque del desarrollo identifica la influencia que tienen los sistemas productivos locales en los procesos de crecimiento, de modo que las iniciativas locales, el llamado desarrollo local o desarrollo endógeno, se ha convertido en instrumento preferente de las políticas de desarrollo regional y nacional cuyos objetivos son, entre otros:

1. Favorecer los procesos productivos locales.

2. Utilización eficiente del potencial económico local.

3. Vincular al territorio con el sistema de relaciones de un Estado desde su identidad cultural, social, económica y política.

4. Los agentes locales públicos y privados son los responsables de la inversión.

5. Control del proceso de crecimiento y de la distribución de la renta.

El nivel local es cada vez más el espacio donde se organizan y movilizan los recursos humanos del territorio. México será más gobernable en la medida que los ciudadanos sean incentivados y movilizados por el reconocimiento y participación efectiva de sus comunidades en los procedimientos de decisión comunitaria.

En este sentido, el derecho fundamental de los ciudadanos a tomar parte en la definición y aplicación de las orientaciones estratégicas y las políticas mexicanas está en relación directa con la implicación de los niveles locales en el Estado mexicano.

Puede decirse que hasta la década de los años 80's las políticas de desarrollo se ejecutaban a través de los gobiernos centrales. Recientemente, y en la década presente se ha incrementado crecientemente la participación de los gobiernos locales apoyados en nuevos argumentos que defienden su función como factores claves para el desarrollo social y económico del país.

Sin embargo, la articulación práctica de estos procesos de fortalecimiento y desarrollo local en la actividad política y económica de México debe aún superar una serie de obstáculos e inercias estructurales. De aquí que la caracterización de las políticas municipalistas esté fundamentada por su potencialidad para introducir en la actuación de la función pública un conjunto de innovaciones que inciden en la área política, la económica, la social y la cultural.

Hoy es posible adoptar el principio de que el modelo centralista de gobernabilidad está históricamente en proceso de superación, de forma que los problemas locales se empiezan a convertir en problemas nacionales e internacionales. La descentralización se ha hecho universal y su aceptación teórica está extendida. Su aplicación practica en nuestro país todavía presenta limitaciones y potencialidades características, cuya corrección y sostenimiento condicionarán el futuro del desarrollo regional y local en México, y en parte el modelo de desarrollo.

Dentro de las limitaciones se encuentran las siguientes, que se consideran básicas:

1. Sistemas legislativos con alta ingerencia de los niveles de gobierno central (federal y estatal) sobre los gobiernos locales (municipales), y que terminan limitando y restringiendo funciones y competencias de los últimos; y

2. Políticas presupuestarias que no determinan la financiación pública descentralizada, ni los programas de corresponsabilidad fiscal del ingreso y el gasto.

Por ello, es necesario replantear una nueva relación de estas entidades con el municipio, basada en el reconocimiento de las responsabilidades que les asigna el orden jurídico, de tal forma que cuente con los instrumentos y los recursos necesarios para responder mejor a las demandas que le competen, y así pueda elevar su capacidad de gestión frente a los ciudadanos y sus organizaciones.

La transformación del federalismo mexicano debe revertir la concentración de atribuciones y decisiones en el centro a fin de impulsar las potencialidades locales mediante una descentralización basada en la soberanía política de los estados, la autonomía de los municipios, así como la renovación de la unidad nacional y la eficacia de la administración pública, de tal manera que se reduzcan cada vez más las disparidades regionales.

Hoy día, si conjugamos la escasez de recursos con las crecientes demandas y problemas políticos y sociales de los municipios, nos daremos cuenta que los ayuntamientos se encuentran más que nunca en una situación crítica para cumplir sus responsabilidades públicas. Para la gran mayoría de los sujetos involucrados con la escena municipal (funcionarios, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, asociaciones empresariales, etcétera), el asunto de las finanzas es la clave para que exista un verdadero federalismo.

Los municipios demandan una mayor potestad tributaria; esto es, la posibilidad real de mejorar los montos de recaudación municipal y de hacerlo por decisión propia. La fracción IV del artículo 115 constitucional consagra la autonomía de los municipios en materia de hacienda pública. Sin embargo, a pesar de ello, así como de las buenas intenciones y logros obtenidos con las reformas municipales de 1983 y 1999 para fortalecer dicha autonomía, no se lograron atacar los problemas estructurales que agobian a los municipios, ya que

a) Se dejó fuera la posibilidad de que las autoridades municipales fueran reelectas para un periodo inmediato;

b) No se incluyeron mecanismos de participación ciudadana como una alternativa en caso de la revocación del mando de un ayuntamiento mediante un plebiscito;

c) Quedó fuera la obligación de los estados de reconocer los usos y costumbres en municipios de mayoría indígena; y

d) Se omitió la aprobación por parte del Ayuntamiento de las bases de las contribuciones inmobiliarias.

Probablemente, la omisión más grave es que la reforma de 1999 no se refirió al tema hacendario, de tal manera que tenga poder de decisión no solamente en materia de egresos sino también en ingresos, patrimonio y deuda, y reconozca, por lo tanto, plena potestad tributaria al ayuntamiento.

¿Cuáles son, a nuestro juicio, las limitaciones más importantes en la vida municipal, partiendo de la vigencia del artículo 115 constitucional? Es evidente que en el primer lugar está la falta de libertad económica.

A pesar de la facultad constitucional de manejar libremente su hacienda, hay una intervención de las Legislaturas que vigilan, controlan y deciden en materia de hacienda municipal. Uno de los argumentos que se esgrimen es el de la legitimidad política que tienen las legislaturas, en virtud de la elección democrática de sus integrantes. Sin embargo, esta legitimidad igualmente la tienen los ayuntamientos y sus integrantes, en cuanto electos popularmente.

Ahora bien, ¿cuál es el contenido hacendario del artículo 115 constitucional? En esencia, tiene los siguientes dos principios:

1. Que las Legislaturas de los estados son las que aprueban las leyes de ingresos de los municipios y revisan sus cuentas públicas; y

2. Que los presupuestos de egresos son aprobados por los ayuntamientos.

¿Qué ocurre realmente con estos contenidos? En nuestro juicio es que hay una intromisión de las legislaturas locales sobre asuntos que el municipio puede y debe decidir y sobre las cuales el propio texto constitucional refiere como objeto de autonomía. En este sentido, hay una suerte de contradicción pues se faculta a los ayuntamientos para ``manejar libremente su hacienda'', pero las legislaturas determinan sus ingresos y revisan sus cuentas públicas.

Si bien es cierto que el actual artículo 115 constitucional ha sufrido importantes modificaciones que fortalecen la vida municipal, también es cierto que aún existe cierta desestimación de la vida municipal que no refleja en plenitud el espíritu municipalista de los constituyentes. Hay que recordar, por ejemplo, a Heriberto Jara, quien decía: ``No demos libertad por una parte y la restrinjamos por la otra. No demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad económica, porque entonces la libertad no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra carta magna como un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento del gobierno del Estado''. ¿Qué sentido tiene entonces la libertad de manejar su hacienda?, cuando se dice que terceros intervendrán en la vigilancia de las haciendas municipales y en la aprobación de los ingresos municipales.

La reforma fiscal recientemente rechazada por el Congreso de la Unión representa una amenaza a la viabilidad fiscal del país. Como es bien sabido, uno de los rasgos que caracteriza a las finanzas públicas en México es la insuficiencia de ingresos permanentes para cubrir las necesidades de gasto. Al nivel de gobierno federal, por ejemplo, la brecha promedio entre los ingresos permanentes (tributarios) y el gasto presupuestario entre 1993 y 2002, expresados como porcentaje del PIB, rebasa el 12%.

Pero la fragilidad de las finanzas públicas no es un problema exclusivo de la federación, también es un asunto que alcanza a las haciendas estatales y municipales, y a pesar de los múltiples esfuerzos emprendidos para fortalecer la hacienda pública (en los tres órdenes de gobierno) los resultados han sido limitados, especialmente a nivel municipal.

La debilidad de las finanzas públicas municipales en México se explica, en buena medida, por las bajas transferencias que reciben por parte de los otros órdenes de gobierno y por la insuficiencia e ineficacia con que ejercen sus potestades tributarias. En la actualidad los ingresos propios municipales alcanzan únicamente 10% en promedio de sus ingresos totales, mientras que el resto proviene de transferencias estatales y federales.

Lo anterior nos remite a dos cuestiones: por una parte, el diseño de una nueva coordinación hacendaria orientada hacia el fortalecimiento de las finanzas municipales, al estimular su recaudación propia; y por otra parte, la consolidación y ampliación de las facultades tributarias del municipio.

Sobre el segundo punto --las facultades tributarias de los municipios--, esta iniciativa considera que resulta necesario que se reconozca al ayuntamiento como autoridad fiscal, con objeto de potenciar el alcance recaudatorio del municipio, sobre todo frente a los pequeños contribuyentes potenciales que desarrollan sus actividades en el ámbito local.

Actualmente, los municipios no tienen potestad para implantar tributos propios en forma autónoma, ya que las legislaturas locales son las que establecen a los ayuntamientos los tipos y las cantidades de las contribuciones a recibir en un año fiscal. Además de esto, los ingresos propios de los ayuntamientos se ven mermados ya que la estructura nacional hacendaria, vía el Sistema de Coordinación Hacendaria, da otras prescripciones a las legislaturas locales sobre las contribuciones municipales.

Lo anterior tiene como consecuencia concreta que los ayuntamientos tengan limitadas atribuciones en la integración de sus ingresos, y en donde las legislaturas locales realizan anualmente modificaciones --en ocasiones-- de manera unilateral a las leyes de ingresos municipales.

En este contexto, proponemos reformar el párrafo tercero del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y planteamos la urgente necesidad de que los ayuntamientos tengan mayores potestades tributarias. Si la reforma de 1999 reconoció al municipio como gobierno, esto implica concomitantemente el otorgamiento de facultades para decidir sobre sus tributos y los montos que correspondan. De no ser así, el carácter de gobierno otorgado por la referida reforma, no termina de consumarse.

Ya que los ayuntamientos ejercen la facultad reglamentaria en sus jurisdicciones, y la cual es esencialmente normativa (legislativa), es que es factible otorgarles mayores potestades tributarias. Al poder ejercer la potestad tributaria, los ayuntamientos estarían realizando un acto legislativo debidamente ejercitado por una autoridad administrativa; es decir, no se violentaría el principio constitucional de legalidad.

El municipio en México requiere ser dotado de amplias facultades, de tal manera que se constituya un verdadero espacio de poder político democrático. La iniciativa está expresada sobre el principio de que en las finanzas públicas municipales existe una extensiva participación de los gobiernos estatales y federal, lo cual ha sido causa de protestas y reclamos de muchos ayuntamientos, debido a que dicha intermediación se ha convertido en dependencia y falta de autonomía, lo que en ocasiones se vuelve un factor que obstaculiza el desarrollo municipal. Los municipios deben tener la facultad de aprobar las políticas impositivas que les corresponde, sin ninguna injerencia externa.

La iniciativa que hoy presentamos pondera de manera positiva la capacidad de los municipios para conocer las necesidades y demandas de sus territorios y sus comunidades y para decidir sobre ellas y los recursos que son necesarios para enfrentarlas.

Con frecuencia ocurre que las legislaturas locales aplican solamente criterios demográficos para formar grupos de municipios, a los cuales posteriormente se les aplican tasas y tarifas generalizadas de los servicios públicos; sin que se hayan aplicado políticas tributarias detalladamente diferenciadas, y las cuales respondan a las características específicas de cada uno de los municipios, ya que resultaría muy costoso en tiempo y en recursos económicos.

Además, es notorio que la gran carga de trabajo legislativo que tienen las Legislaturas locales afecta la buena revisión de las leyes de ingresos municipales, lo cual se agrava en las entidades que tienen un gran número de municipios.

Para los municipios, las principales fuentes de financiamiento son las participaciones federales que les asignan las legislaturas estatales y el impuesto predial. Este último, a pesar de su alto potencial como fuente de recursos, en la actualidad no es explotado de manera óptima, ya que muchos municipios no cuentan con un sistema catastral adecuado y actualizado y así mismo, carecen de capacidades técnicas suficientes.

En la medida que los municipios, y también los estados, cuenten con una mayor fortaleza y autonomía hacendaria, basada en el equilibrio entre sus ingresos y sus necesidades de gasto en un marco de disciplina fiscal, estos gobiernos podrán asumir con mayor responsabilidad su papel de impulsores del crecimiento económico regional, al generar en el cumplimiento de sus funciones, una mejor calidad de vida para sus habitantes, así como un entorno atractivo, como elementos determinantes del desarrollo económico local, basado en regiones más competitivas.

Ahora bien, es preciso decir que entendemos que el municipio obtiene su autonomía porque el origen de su ejercicio en cuanto a su organización, su gobierno, son anteriores al de los estados y de la Federación, y que como forma de poder público de la sociedad vecinal, debe cumplir debidamente sus funciones, y que su autonomía debe expresarse en el ejercicio de sus derechos de administración, desarrollo y gobierno, todos por decisión y a nombre de los ciudadanos de sus territorios.

Reconocemos como un avance el que se determinará otorgar al municipio mayores recursos procedentes de la propiedad inmueble, así como también el que se haya aceptado que los ayuntamientos sin intervención de las legislaturas de los estados puedan determinar sus presupuestos de egresos. Sin embargo, consideramos que el principio de que el municipio administrará libremente su hacienda se contradice con el hecho de que las legislaturas queden facultadas para aprobar los ingresos municipales sin la intervención necesaria de los ayuntamientos.

Adicionalmente, es importante que la consolidación de la autonomía se traduzca en más claridad y ampliación de fuentes para los ingresos propios de los ayuntamientos. Lo anterior, acompañado con la transparencia y legitimidad correspondientes, permitirá a los ayuntamientos un diálogo constante con la sociedad para, precisamente, obtener los recursos necesarios para atender las necesidades sociales.

La iniciativa es congruente con los principios y la posición que todas las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional han venido sosteniendo desde que en 1946 integraron el poder legislativo federal; congruente con la firme vocación municipalista y libertaria, que desde su origen en 1939 Acción Nacional presentó a la opinión pública de México como compromiso y bandera de lucha, el municipio libre.

Esta vocación municipalista nos ha hecho sostener, en coincidencia con nuestros constituyentes de 1917, que es necesario seguir fortaleciendo el municipio libre, dotándolo de hacienda suficiente y devolviéndole sus facultades de libertad para administrarla. Hilario Medina, Constituyente de 1917, decía:

``¿De qué manera se establecería el municipio libre, ya no como promesa, sino como un hecho eficaz, con toda su fuerza? Pues nada más... que dándole su hacienda con toda libertad. El municipio libre debe tener su hacienda propia porque, desde el momento en que el municipio en la hacienda tenga un tutor, sea el estado o sea la Federación, desde ese momento el municipio deja de subsistir.''

El municipio ha de ser libre y autosuficiente. Es tiempo para hacer que la Constitución del país impulse nuevamente al municipio, en forma aún más explícita y que brinde al pueblo el derecho que tiene para confiar en su autoridad más cercana y, así, otorgarle a satisfacción plena, su apoyo y su lealtad, lo que redundaría en vitalidad, generosidad compartida y mayor representatividad municipal.

La idea es que a los municipios se les otorgue la libertad sobre sus ingresos y que se compatibilicen con sus gastos, que sean correlativos a sus necesidades y condiciones, permitiendo con ello un adecuado desarrollo de la función pública. La idea es que el municipio ocupe el papel principal en el Sistema Federal Mexicano, posibilitando la construcción de un sistema de competencias más acorde con los nuevos escenarios políticos y sociales, la consolidación de una efectiva coordinación intergubernamental y asimismo en fortalecimiento del municipio libre como célula básica de gobierno de la República.

Hacer realidad el municipio libre en nuestro país ha sido y es una demanda programática del Partido Acción Nacional, en tal virtud presentamos la integración de principios jurídicos que dotan de mayores posibilidades de desarrollo al municipio.

Por lo antes fundado y expuesto presento la siguiente iniciativa tendiente a promover una mayor autonomía en las potestades hacendarías municipales, que permitan a los municipios contar con un soporte local en materia de ingresos.

Iniciativa de decreto que reforma los párrafos primero e inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma párrafo cuarto del inciso c) de la misma fracción, se deroga el párrafo tercero del inciso c) de la fracción IV del artículo 115Único. Se reforman los párrafos primero e inciso a) de la fracción IV, así como el párrafo cuarto del inciso c) de la misma fracción, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se deroga el párrafo tercero del inciso c) de la fracción IV del artículo 115; se reforma el párrafo cuarto del mismo inciso c) todos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que los ayuntamientos y las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor los inmuebles.

b) ...

c) ...

...

Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus reglamentos de ingresos así como sus presupuestos de egresos, en términos de lo dispuesto en esta fracción. Las legislaturas de los Estados establecerán los criterios y principios generales que deberán seguir los ayuntamientos en materia de ingresos, además de que revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes locales conforme a lo dispuesto en este decreto, en un plazo no mayor de un año contado a partir de su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, DF, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Antonio Cabello Gil.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión del Fortalecimiento del Federalismo.

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ARTICULOS 73 Y 127 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Ley Federal del Salario Máximo Mensual para los servidores públicos federales, estatales, municipales y organismos autónomos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Emilio.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Compañeras, compañeros diputados: Me permito presentar ante ustedes la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Ley Federal de Salario Máximo Mensual para los servidores públicos federales, estatales, municipales, así como organismos autónomos.

El de la voz, Emilio Serrano Jiménez, diputado federal de esta LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No puede existir un gobierno rico frente a un pueblo pobre. Que no se recurra a la política o al servicio público para mejorar su posición económica. No se vale hacer negocio del cargo. Todo puesto público es para servir a los demás, no servirse de los demás.

Los datos del INEGI y del CIDE nos dicen que los salarios de la alta función pública en México son más elevados que en Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Chile, Brasil.

En México los ciudadanos no tenemos indicadores confiables sobre el desempeño y productividad de los altos funcionarios, así como suficiente información sobre los resultados de sus políticas.

Esa cantidad enorme de dinero en salarios no ha garantizado bienes y servicios públicos de primera calidad.

El Presidente diputado mexicano recibe más del doble que su similar brasileño y seis veces más que el chileno, así sucesivamente los secretarios, subsecretarios y directores generales del Gobierno Federal.

Los altos salarios de los funcionarios mexicanos no han garantizado una baja en la corrupción, ya que de acuerdo a Transparencia Internacional y las investigaciones, se sabe que México tiene una calificación, del 1 al 10, de un penoso 3.6 y en tanto Chile tiene una calificación del 7.5. Y en el Reino Unido, que también ganan más que en México, el 8.7. Esto es en cuanto a percepciones de corrupción.

En lo que representa a las prestaciones, se sabe que en muchos de los casos los funcionarios mexicanos tienen hasta el 45 por ciento y esto es en automóvil, gasolina, celular, secretaria, chofer, etcétera.

El INEGI nos dice que los directores generales ganan salarios de más de tres veces que los ingresos más altos del promedio nacional.

Cabe preguntarnos: ¿Cuál es el espíritu del artículo 127 constitucional y qué indica para los servidores públicos una remuneración adecuada? ¿Qué es pues lo adecuado para nuestros altos funcionarios?

Ya se ha criticado y se han hecho señalamientos y además han puesto oídos sordos, por lo que urge usar la fuerza de la ley para restringir esos enormes salarios, porque como lo expresa don José María Morelos y Pavón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable.

Así como lo dicho por Ignacio Ramírez, El Nigromante: ``A la nación se le sirve, no se le cobra''. No permitamos que se lleguen a extremos de hambre y sed de justicia, porque nuestra estabilidad social y política será una frágil ilusión.

Podemos garantizar que con los ahorros que se tengan de unos salarios decorosos a los altos funcionarios, magistrados, consejeros electorales, diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales, vamos a poder ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos al año, con lo que fácil alcanzaría para la creación de la pensión universal ciudadana a nivel nacional para los adultos mayores de 70 años a más. Y también con esos ahorros se podría dar un incremento de medio salario mínimo para todos los jubilados y pensionados en México.

Es importante, pues, el que les propongo a esta soberanía, la presente iniciativa que se integra de dos artículos. En el primero proponemos la reforma de los artículos 73, fracción XXVIII, y el artículo 127 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer como atribución del Congreso de la Unión, fijar el tope máximo salarial y remuneración que pueda obtener cualquier funcionario o empleado público de la Federación, como de los estados y municipios, así como los organismos autónomos; esto con el afán de que todos los servidores públicos sin excepción, se sujeten al límite de la moral, la ley que la historia le reclama.

Compañeras y compañeros diputados, sabemos que no hay nada que norme los sueldos de los altos funcionarios en México, y por eso en cada sector cada quien se pone los salarios que se les pega la gana. Acudo ante ustedes sin la toma violenta de la tribuna, con la intención de convencerles de que reflexionemos que no es posible que se siga sosteniendo a un gobierno rico mientras existe un pueblo pobre.

Las dependencias y entidades de todos los órdenes de gobierno, en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, deberán publicar de manera oportuna y permanente los salarios percibidos por sus empleados y funcionarios, lo que además facilitará el ejercicio de la acción popular que se otorga a los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, propongo a esta soberanía, el siguiente decreto de reforma:

Artículo primero. Se adiciona una fracción XXVIII al artículo 73, se reforma el actual párrafo primero y se adiciona un artículo de la ley de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público y de interés social.

Artículo 2º. El tope máximo neto mensual de sueldo, salario, ingreso o cual sea la denominación que se dé a cualquier otra percepción en numerario, especie, vales o en cualquier otra forma, será de 3 mil días de salario mínimo vigente para el Presidente de la República, incluidos los que reciban a su retiro por cualquier concepto, que obtendrán el Presidente de la República, los ministros y demás miembros del Poder Judicial de la Federación, los diputados, senadores, al Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, legislaturas locales y los demás servidores públicos de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como los organismos autónomos de cualquier nivel del gobierno.

Artículo 3º. Incurrirán en responsabilidad conforme a la Constitución General de la República y leyes aplicables, los servidores públicos que incumplan lo previsto en el artículo anterior.

Artículo 4º. Las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, deberán publicar los salarios de los empleados y funcionarios en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esperamos que haya eco en esta solicitud y que con verdadera conciencia modifiquemos ya los salarios de quienes se despachan en México con la cuchara grande.

Le solicito al Presidente de la Mesa Directiva sea tan amable de instruir para que se publique íntegramente el texto de esta iniciativa.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Ley Federal de Salario Máximo Mensual para los servidores públicos federales, estatales y municipales así como organismos autónomos, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD

Emilio Serrano Jiménez diputado federal de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones de los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los salarios de los empleados y funcionarios públicos deben guardar proporción con los ingresos de la mayoría de la población, es moral y jurídicamente insostenible que existan salarios muy abultados para muchos de los empleados y funcionarios públicos, es decir que exista un gobierno rico, frente a un pueblo pobre, cuya inmensa mayoría se debate día a día en una lucha sin cuartel para subsistir. Necesitamos funcionarios públicos que trabajen más y que moderen sus salarios, funcionarios y políticos que tan pronto como sean elegidos se apresuren a elevar los sueldos de la clase trabajadora y generadora de la riqueza, y no sus propios sueldos, gente que no acuda a la política o al servicio público para mejorar su posición económica, sino para servir a los demás, veamos algunos datos que descarnadamente ponen en evidencia esta situación y que han sido proporcionados tanto por el INEGI como por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que en un estudio muestra ``que el nivel actual de los sueldos de la alta función pública en México es muy elevado en comparación nacional e internacional'' y que los niveles de Secretario de Estado, Subsecretario y Director General están mejor pagados que sus equivalentes en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido, dicho estudio también toma en cuenta las prestaciones y muestra que en ello, los altos funcionarios mexicanos tienen ventajas.

Es menester hacer notar que dicho salario no se justifica, y los ciudadanos debemos contar con indicadores confiables sobre el desempeño y productividad de los altos funcionarios, así como suficiente información sobre los resultados de sus políticas, pero al no existir éstos mecanismos de evaluación, la percepción general es que esas remuneraciones de primer mundo, no han garantizado a la sociedad mexicana un gobierno que la provea de bienes y servicios públicos de primera calidad.

El Presidente recibe del erario público más del doble que el Presidente de Brasil, y casi seis veces más que su contraparte chilena y en lo que respecta a Secretario de Estado, México esta en primer lugar de los países considerados en el cuadro comparativo siguiente en dólares del 2002 anualizado:

Los directores generales ganan tres veces más que sus homólogos chilenos y el doble de los alemanes.

Al tipo de cambio promedio del dólar en 2002=$9.74 el Presidente Fox ganó en ese año $1´812, 614 pesos que comparado con el de Chile que fue de $286,356 es una desproporción de 6.32 veces.

Por otro lado los salarios altos no son garantía en la reducción de la corrupción, veamos el siguiente cuadro comparativo que muestra un promedio de los ingresos de la alta función pública de varios países y sus respectivas calificaciones en diversos índices que miden la corrupción como son: el índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, el índice de opacidad (IO) de la Consultora Price-Waterhouse-Coopers, y el índice de transparencia presupuestaria (ITP) de organizaciones académicas y sociales mexicanas como el CIDE.

Esto además, va en contra de la letra y espíritu de la Constitución Federal en cuyo artículo 127 claramente señala que los funcionarios federales, pero por analogía y aun por mayoría de razón, los gobernadores, los presidentes municipales y demás funcionarios locales, deben tener una remuneración simplemente ``adecuada'', es decir, apropiada, ajustada a las condiciones o características al objeto que persigue, en este caso, debe entenderse adecuado a la tarea que se desarrolla que no es otra que el desempeño de un servicio público, de atención a la comunidad y al interés de la patria y, no a una empresa lucrativa, también ajustado a las posibilidades económicas del pueblo al que se sirve; por lo que jamás el desempeño de una función pública debe ser fuente de un injusto e ilegal enriquecimiento.

El abuso en las remuneraciones se ha dado a nivel federal, pero en ocasiones, ha sido mayor entre autoridades locales. El pueblo de México ha visto como muchos gobernadores, diputados locales y presidentes municipales se otorgan aumentos de sueldo y otras prestaciones sin ningún recato, sin ninguna sensibilidad a un pueblo sumido en el hambre y la desesperación; cual si fueran reyezuelos con el despotismo como norma.

De mil formas se les ha llamado a estos funcionarios a que se limiten en sus ingresos, sin que a la fecha les haya hecho mella el reclamo generalizado del pueblo. Sin que escuchen las múltiples necesidades del pueblo en materia de empleo, salud, seguridad social, vivienda, educación e infraestructura. Muchas de estas necesidades serían cubiertas si los funcionarios recibieran ingresos sólo ``adecuados'' como lo ordena la Constitución. En suma como la alta burocracia no se ha autolimitado por conciencia, es urgente usar la fuerza de la ley para restringirla.

Incluso la actitud de los funcionarios podría conceptuarse como un fraude, al abusar de las necesidades de un pueblo y de un poder que este le otorga, para obtener un lucro indebido.

``Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable'', expresaba Don José María Morelos y Pavón; `` a la nación se le sirve, no se le cobra'', decía por su parte Ignacio Ramírez. Es hora de recobrar las enseñanzas de nuestra historia pues cuando el pueblo llegue a extremos de ``hambre y sed de justicia'', nuestra estabilidad social y política será una frágil ilusión.

Es insostenible que en tanto las remuneraciones de los altos funcionarios tienen una tendencia permanentemente a la alza, los trabajadores ven cada vez más reducido su poder adquisitivo.

Con lo que se ahorre el erario nacional se podrá dar viabilidad a la pensión universal ciudadana, viejo anhelo de nuestros adultos mayores y que es una realidad en muchos países.

Es por esto que propongo a esta soberanía la presente iniciativa que se integra de dos artículos. En el primero proponemos la reforma de los artículos 73, fracción XXVIII, y 127 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer como atribución del Congreso de la Unión el fijar el tope máximo de remuneración que puede obtener cualquier funcionario o empleado público tanto de la Federación como de los estados y municipios, así como organismos autónomos. Esto en el afán de que todos los servidores públicos sin excepción se sujeten al límite que la moral, la ley y la historia reclaman.

Con base en estas reformas constitucionales, en el artículo dos de la iniciativa se propone la expedición de una ``Ley Federal de Salario Máximo Mensual para los Servidores Públicos Federales, Estatales, Municipales, así como Organismos Autónomos''.

Esta Ley, obviamente, será aplicable en toda la República Mexicana, misma que precisa la manera de determinar el tope salarial máximo de ingresos para evitar simulaciones, como la consistente en el llamado ``seguro por retiro voluntario'' u otras prestaciones similares, que implican una acumulación de recursos enormes que se entregan al funcionario en el momento de su separación pero que en realidad se trata de un salario disfrazado para engañar al pueblo y neutralizar el natural encono de éste.

Desde luego los funcionarios implicados en la violación de este tope salarial incurrirán en las responsabilidades administrativas, penales y demás previstas en la Constitución y leyes aplicables.

Las dependencias y entidades de todos los órdenes de gobierno, en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, deberán publicitar de manera oportuna y permanente los salarios percibidos por sus empleados y funcionarios. Lo que además facilitará el ejercicio de la acción popular que se otorga a los ciudadanos.

Por todo lo expuesto propongo a esta soberanía el siguiente decreto de reformas:

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXVIII al artículo 73, se reforma el actual párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 127, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

...

Fracción XXVIII. Para fijar el tope máximo de las percepciones de los funcionarios y empleados públicos federales, del Distrito Federal, de los estados, municipios así como organismos autónomos.

Artículo 127.- El Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos de la Federación, Distrito Federal, estados, municipios así como organismos autónomos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinado anual y equitativamente en los presupuestos de egresos de la Federación, del Distrito Federal, de los estados, municipios, y organismos autónomos. Pero sin rebasarse el tope máximo fijado por el Congreso, en la Ley que expida conforme al artículo 73, fracción XXVIII, de esta Constitución.

Artículo Segundo.- De la Ley Federal de Salario Máximo Mensual para los Servidores Públicos Federales, Estatales y Municipales asì como Organismos Autónomos.

Ley Federal de Salario Máximo Mensual para los Servidores Públicos Federales, Estatales y Municipales, así como Organismos Autónomos.

Artículo 1.- Esta Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público y de interés social.

Artículo 2.- El tope máximo neto mensual de sueldo, salario, ingreso o cual sea la denominación que se de a cualquier otra percepción en numerario, especie, vales o en cualquier otra forma, será de tres mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, incluidos los que reciban a su retiro por cualquier concepto, que podrán obtener el Presidente de la República, los ministros y demás miembros del Poder Judicial de la Federación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los demás servidores públicos de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como los organismos autónomos de cualquier nivel de gobierno.

Artículo 3.- Incurrirán en responsabilidad, conforme a la Constitución General de la República y leyes aplicables, los servidores públicos que incumplan lo previsto en el artículo anterior.

Artículo 4.- Las dependencias y entidades federales, estatales y municipales deberán publicitar los salarios de los empleados y funcionarios en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 5.- Toda persona u organización podrá presentar denuncia popular ante la Secretaría de la Función Pública sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir contravención a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el tope salarial máximo de los servidores públicos federales, estatales y municipales.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reducciones de las remuneraciones de los servidores públicos que se originen con motivo de la aplicación de esta Ley, surtirán efecto desde el uno de enero de 2005, por lo que se deberán reflejar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del señalado 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2004.--- Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Emilio.

Como lo solicita el señor diputado insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada y túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada de referencia y por el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari.

La diputada Amalín Yabur Elías: Con su permiso, señor Presidente.

Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 3º el derecho a la educación siendo ésta obligatoria para los diferentes grados de estudios como la educación preescolar, primaria y secundaria, el mismo precepto en su fracción III, inciso a), establece que la educación será orientada y se basará en lo resolutivo de proceso científico, que luchará contra la ignorancia y sus efectos; además, ese mismo criterio será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino además como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Atento a lo anterior, en la presente iniciativa se propone elevar a rango constitucional que la educación abarque no sólo el conocimiento, sino también la instrucción física y el deporte escolar, porque se entiende que son la combinación perfecta, cuerpo y mente deben estar en constante comunión y qué mejor que desde la niñez reciban este tipo de educación, porque no debemos de olvidar que la educación física y el deporte escolar representan cultura, como lo es también la educación académica.

A la educación física y al deporte escolar debe concebírseles como una forma imprescindible para que el ser humano desarrolle sus habilidades motrices, destrezas, cualidades, virtudes y valores fundamentales que enaltezcan al individuo en particular.

Históricamente la Grecia antigua y la cultura romana fueron civilizaciones florecientes que no veían con desdén a la educación física y al deporte; al contrario, eran parte fundamental de su formación cultural. Recordemos que eran amantes de la competencia, entre ellas la deportiva y que heredaron a la humanidad entera este tipo de contiendas que se tradujeron en los Juegos Olímpicos, representando una justa de carácter mundial capaz de unir el espíritu deportivo de la humanidad, independientemente de la ideología, de la religión, de la idiosincrasia o credo que se tenga.

La educación física y el deporte escolar no tienen fronteras, por lo tanto la educación mencionada le da las bases al ser humano para lograr su óptimo desarrollo personal, social y familiar.

Recientemente se celebraron los últimos Juegos Olímpicos, en donde los países que han tenido un mejor desarrollo tecnológico y científico se caracterizaron por llevarse el mayor número de preseas como una forma de demostrarle al mundo el grado de avance que han tenido y si observamos en competencias olímpicas anteriores, nos daremos cuenta que se han presentado las mismas constantes, es decir, las potencias mundiales se han mantenido a la vanguardia en las justas deportivas.

La niñez representa el futuro de la humanidad. En el caso de México, los niños deben crecer y desarrollarse en un ámbito deportivo, ya que se traduce en una buena salud física y mental, de tal forma que la educación física y el deporte escolar deben de ser considerados como derecho garantizado por la Constitución General de la República, al que debemos tener acceso todos los mexicanos. Lo antes expresado adquiere mayor relevancia al observar el papel de nuestros deportistas con capacidades diferentes, en las recientes olimpiadas celebradas en Atenas, para aceptar la necesidad social que debemos en cuanto a la educación física y el deporte, ya que nos pusieron el ejemplo y el nombre de México en alto, a pesar de sus capacidades y habilidades especiales que son dignas de encomio.

Si nos preocupamos de tener una buena educación física y deporte escolar, en el futuro podremos gozar de una sociedad más sana y exenta de enfermedades crónico-degenerativas, como la obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, entre otras, liberando así los problemas de salud que hoy representan un problema social y que pensamos que es primordial que nuestros jóvenes logren una vida con los más altos niveles de salud física, un equilibrio familiar y social a través del deporte.

Esta iniciativa contiene el anhelo de formar y forjar en la niñez mexicana a través de la educación física y el espíritu deportivo desde los niveles de preescolar, primaria y secundaria, pero de una forma obligatoria para el Estado en sus tres niveles de gobierno. México no puede quedar a la zaga, debemos cumplir con los compromisos asumidos en los organismos internacionales tal y como se ha pronunciado respecto a la difusión deportiva, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual ha manifestado su convicción de que una de las condiciones esenciales de ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales. En consecuencia, se deberá dar y garantizar a todos, la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte, establecida en la proclama del 21 de noviembre de 1978, en la Carta Internacional de Educación Física y Deporte.

El preámbulo de la Carta Internacional declara que a fin de poner en desarrollo la educación física y el deporte al servicio del progreso humano y favorecer su desarrollo, se debe exhortar a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales competentes, a los educadores, a las familias y a los propios individuos, a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.

Asimismo, se establece que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad, el derecho a desarrollar sus facultades físicas, intelectuales y morales, por medio de la educación física y deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social.

Además, la educación física y el deporte, constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación. Todo sistema global de educación debe atribuir a la instrucción física y al deporte, el lugar, la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las actividades físicas y los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos, afirmando que la educación física y el deporte, deben reformar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirvan de base para el desarrollo de los pueblos.

En el plano individual, la educación física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna; en el pleno de la comunidad enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que más allá del propio deporte, es indispensable para la vida en la sociedad, incentivando el espíritu de competencia y el trabajo, en especial de equipo.

La instrucción física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y de la cultura, deben desarrollarse en la plenitud, la voluntad y el dominio de sí mismo, de cada ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad, se ha de asegurar la continuidad de la actividad física y la práctica deportiva durante toda la vida por medio de una educación global, permanente y democratizada.

La educación física y el deporte escolar deben elevarse a rango constitucional para que sea de derecho y no de hecho, considerando, que al incluirlo en la Constitución, serán obligatorios y se contará con los recursos presupuestales necesarios para un mejor desarrollo que permitan instalar el equipo, los recursos humanos y los materiales apropiados en cantidades suficientes para facilitar una participación intensiva y con toda seguridad, en los programas escolares y extraescolares de la educación física y deporte.

Los gobiernos, las escuelas y los organismos privados competentes, deben de unir sus esfuerzos a todos los niveles y concentrarse para planificar el establecimiento y la utilización óptima de las instalaciones, el equipo, materiales y recursos humanos destinados a la educación física y el deporte.

Con base en lo antes expuesto, los diputados firmantes sometemos a la aprobación de esta Asamblea, el presente proyecto de decreto para que se reforme el párrafo primero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir en la educación preescolar, primaria y secundaria, la preparación académica, física y deportiva. El Estado, Federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y la secundaria; la educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, diputada Amalín Yabur, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari y los más de 92 diputados firmantes de esta iniciativa.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del PRI

Los diputados que firman al calce integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 73 fracción XXIX--J de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo tercero de la Constitución General de la República, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Carta Magna consagra en su artículo tercero el derecho a la educación, siendo ésta obligatoria para los diferentes grados de estudios como la educación preescolar, primaria y secundaria.

El mismo precepto en su fracción tercera inciso a) establece que la educación será orientada y se basará en los resultados del proceso científico, que luchará contra la ignorancia y sus efectos, además ese mismo criterio será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino, además, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo.

Atento a lo anterior, en la presente iniciativa se propone elevar a rango constitucional que la Educación abarque no solo el conocimiento, sino también la instrucción física y el deporte escolar, porque se entiende que son la combinación perfecta; cuerpo y mente deben estar en constante comunión y qué mejor que desde la niñez reciba este tipo de educación. Porque no debemos de olvidar que la educación física y el deporte escolar representan cultura como lo es también la educación académica.

A la educación física y al deporte escolar debe concebírsele como una forma imprescindible para que el ser humano desarrolle sus habilidades motrices, destrezas, cualidades, virtudes y valores fundamentales que enaltezcan al individuo en particular.

Históricamente, la Grecia antigua y la cultura romana fueron civilizaciones florecientes, que no veían con desdén a la educación física y al deporte, al contrario, era parte fundamental de su formación cultural; recordemos que eran amantes de las competencias, entre ellas las deportivas y que heredaron a la humanidad entera este tipo de contiendas, que se tradujeron en los juegos olímpicos, representando una justa de carácter mundial capaz de unir el espíritu deportivo de la humanidad, independientemente de la ideología, de la religión, de la idiosincrasia o credo que se tenga.

La educación física y el deporte escolar no tienen fronteras, por lo tanto, la educación mencionada le da las bases al ser humano para lograr su óptimo desarrollo, personal, social y familiar.

Recientemente se celebraron los últimos juegos olímpicos, en donde los países que han tenido un mejor desarrollo tecnológico y científico, se caracterizaron por llevarse el mayor número de preseas, como una forma de demostrarle al mundo el grado de avance que han tenido; y si observamos en competencias olímpicas anteriores, nos daremos cuenta que se ha presentado la misma constante, es decir las potencias mundiales se han mantenido a la vanguardia en las justas deportivas.

La niñez representa el futuro de la humanidad, en el caso de México, los niños deben crecer y desarrollarse en un ambiente deportivo, ya que se traduce en una buena salud física y mental, de tal forma, que la educación física y el deporte escolar deben ser considerados como derecho garantizado por la Constitución General de la República, al que debemos tener acceso todos los mexicanos.

Lo antes expresado adquiere mayor relevancia, al observar el papel de nuestros deportistas con ``capacidades diferentes'' en las recientes olimpiadas celebradas en Atenas, para aceptar la necesidad social que tenemos en cuanto a educación física y al deporte; ya que nos pusieron el ejemplo y el nombre de México en alto, a pesar de sus capacidades y habilidades especiales que son dignas de encomio.

Si nos preocupamos de tener una buena educación física y deporte escolar, en el futuro podremos gozar de una sociedad mas sana y exenta de enfermedades crónico-degenerativas, como: obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial entre otras, liberando así los problemas de salud, que hoy representan un problema social. Pensamos que es primordial que nuestros jóvenes logren una vida con los mas altos niveles de salud física, un equilibrio familiar y social a través del deporte.

Esta iniciativa contiene el anhelo de formar y forjar en la niñez mexicana, a través de la Educación Física, el espíritu deportivo desde los niveles de preescolar, primaría y secundaria, pero de una forma obligatoria para el Estado, en sus tres niveles de gobierno.

México no puede quedar a la zaga, debemos cumplir los compromisos asumidos en los Organismos Internacionales, tal y como se ha pronunciado respecto a la educación deportiva La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual ha manifestado su convicción de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos, depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales; en consecuencia, se deberá dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte, establecida en la proclama del 21 de noviembre de 1978, en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte.

El preámbulo de la Carta Internacional, declara que a fin de poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano y favorecer su desarrollo, se debe exhortar a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales competentes, a los educadores, a las familias y a los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.

Asimismo, se establece que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse, tanto dentro del marco del sistema educativo, como en el de los demás aspectos de la vida social.

Además, la educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación.

Todo sistema global de educación debe atribuir a la instrucción física y al deporte el lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las actividades físicas y los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos, afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos.

En el plano individual, la educación física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad, incentivando el espíritu de competencia y de trabajo en equipo.

La instrucción física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo, de cada ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de asegurar la continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, por medio de una educación global, permanente y democratizada.

La educación física y el deporte escolar deben elevarse a rango Constitucional, para que sea de derecho y no de hecho; considerando que, al incluirlo en la Constitución, serán obligatorios y se contará con los recursos presupuéstales necesarios para un mejor desarrollo, que permitan instalar el equipo, los recursos humanos y los materiales apropiados en cantidades suficientes, para facilitar una participación intensiva y con toda seguridad, en los programas escolares y extraescolares de educación física y deporte.

Los gobiernos, las escuelas y los organismos privados competentes deben unir sus esfuerzos a todos los niveles y concertarse para planificar el establecimiento y la utilización óptima de las instalaciones, el equipo, materiales y recursos humanos destinados a la educación física y el deporte escolar.

Con base en lo antes expuesto, los diputados firmantes sometemos a la aprobación de esta H. asamblea, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3º

``Todo individuo tiene derecho a recibir en la educación preescolar, primaria y secundaria, la preparación académica, física y deportiva. El Estado, -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y la secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

...''.

Transitorios

Artículo Primero.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de octubre del 2004.--- Diputados: Amalín Yabur Elías, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Manuel Velasco Coello, Emilio Chuayffet Chemor, Wintilo Vega Murillo, Ady García López, Margarita Martínez López, Lino Celaya Luría, Francisco Grajales Palacios, Víctor Félix Flores Morales, Arturo Osornio Sánchez, Sofía Castro Ríos, Juan Manuel Dávalos Padilla, Ángel Augusto Buendía Tirado, Filemón Primitivo Arcos Suárez, Federico Barbosa Gutiérrez, Juan Manuel Vega Rayet, Laura Elena Martínez Rivera, Francisco José Rojas Gutiérrez, Rogelio Rodríguez Javier, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Jacobo Sánchez López, José Guzmán Santos, Roger David Alcocer García, Javier Orozco Gómez, Pedro Ávila Nevárez, Fernando Ulises Adame de León, Francisco Luis Monárrez Rincón, Rosario Sáenz López, Laura Reyes Retana Ramos, Julián Nazar Morales, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, Hugo Rodríguez Díaz, José Porfirio Alarcón Hernández, María Cristina Díaz Salazar, Alfonso González Ruiz, Margarita Martínez López, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Eviel Pérez Magaña, Fernando García Cuevas, Gaspar Ávila Rodríguez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Ángel Paulino Canul Pacab, María de Jesús Aguirre Maldonado, José Manuel Carrillo Rubio, Francisco Javier Bravo Carvajal, Evelia Sandoval Urbán, Sergio Armando Chávez Dávalos, Gonzalo Moreno Arévalo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Jaime Fernández Saracho, Martha Palafox Gutiérrez, Pablo Pavón Vinales, Jesús González Schmal, Óscar Félix Ochoa, José Luis Briones Briceño, Bernardo Vega Carlos, José Luis Medina Lizalde, Marco Antonio Torres Hernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Francisco Alberto Jiménez Merino, José López Medina, David Hernández Pérez, Francisco Herrera León, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Isabel Aragón del Rivero, Roberto Rafael Campa Cifrián, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Francisco Suárez y Dávila, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Leticia Gutiérrez Corona, Luis Felipe Madrigal Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Eugenio Mier y Concha Campos, Alejandra Méndez Salorio, María Ávila Serna, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Leonardo Álvarez Romo, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Jorge Legorreta Ordorica, Raúl Piña Horta, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Mario Moreno Arcos, Marcelo Tecolapa Tixteco.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Amalín Yabur Elías.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

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CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La diputada Evangelina Pérez Zaragoza: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la suscrita, Evangelina Pérez Zaragoza, diputada federal en la presente legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 párrafo primero y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este cuerpo colegiado, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de los derechos de la niñez y las personas con discapacidad intelectual.

Lo anterior con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, uno de los problemas sociales más graves no sólo en México, sino en todo el mundo, es la explotación sexual comercial infantil. Tal cuestión viene a ser sólo una parte del abuso sexual infantil, que involucra ventajas financieras para una o varias de las partes que intervienen en tal actividad.

Podemos calificarlo como un fenómeno social, complejo y delicado, el cual encuentra vertientes en su interior; es el caso de la pornografía infantil, la prostitución o la actual que comúnmente conocemos como turismo sexual o en el tráfico de menores con fines sexuales.

Tales conductas delictivas traen graves consecuencias emocionales, sicológicas, físicas y sociales en el desarrollo de los menores de edad, casi siempre de manera irreversible, los cuales se traducen en problemas y secuelas perceptibles en su edad adulta de las víctimas, así como traumas que impiden a través de su vida tener un desarrollo pleno y en armonía.

Respecto del combate de tal fenómeno existen esfuerzos internacionales, entre los que destacan el EPAC, el cual es originado de un movimiento que dio comienzo en Tailandia, con el fin de acabar con la pornografía en el turismo de Asia, siendo precisamente éste que junto con UNICEF, el gobierno sueco y varias organizaciones no gubernamentales, convocan en 1996 a un congreso mundial contra la explotación sexual comercial infantil que sería a la postre llevado a cabo en Estocolmo. Es precisamente en ese congreso donde se dio uno de los momentos más efervescentes y productivos dentro de la lucha contra tal fenómeno social.

Posteriormente se desarrolló el Segundo Congreso Mundial en Yokohama, Japón, en el 2001, donde se reconocen los esfuerzos de México acerca del tema, aunque se estima que todavía queda mucho por hacer .

Y qué decir de la reunión que convocó el Consejo de Europa en el 2001, que tuvo lugar en Budapest, donde 43 países de Europa y Asia, suscribieron la Convención en contra de los Crímenes Cometidos por Computadora.

En Latinoamérica no ha sido menos voluntarioso el esfuerzo, prueba de ello es el realizado por el Instituto Interamericano del Niño en el 2001 con sede en Montevideo, donde se realizó la elaboración del diagnóstico, cuyo contenido implica un análisis de la situación en 10 países de la región, incluido México.

Según el estudio Infancia Robada, elaborado en el año 2000 de manera coordinada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se calculaba que alrededor de 16 mil niños en México, sufren la explotación sexual comercial en alguna de sus formas; al 2001, el DIF nacional mencionó que se reportaron más de 27 mil casos de algún tipo de maltrato sexual infantil.

Ante tal situación se han realizado importantes esfuerzos, tanto en el ámbito Ejecutivo, como en el Legislativo. En el Ejecutivo se ha constituido la Coordinación Interinstitucional llamada Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil.

Esa coordinación es un órgano ejecutor del Plan de Acción Nacional, que precisamente busca combatir este fenómeno social; es liderada por el Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia; tiene como objetivo principal promover políticas y acciones sistemáticas para la prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes, víctimas de la explotación sexual comercial que se integra por 28 instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

En principio, la presente iniciativa propone ampliar y dar correcta redacción a la gama de delitos por los cuales los sentenciados, por ellos, no podrán disfrutar el beneficio de la libertad preparatoria prevista en el artículo 85, reforma propuesta y coincidente con otras iniciativas.

Bajo este tenor estimamos procedente modificar lo que son los ultrajes en la moral pública, delito consignado actualmente en el artículo 200, para dar paso a una nueva figura delictuosa que es la venta de material pornográfico a personas menores de 18 años. Ello implica ordenar la venta que sucede actualmente no sólo en puestos de revistas, sino a través de Internet, situación que va en aumento, pues en tal medio circulan miles de materiales de carácter pornográfico u otros igualmente nocivos accesibles a menores de edad, debiendo de ser tal venta exclusiva únicamente para personas mayores.

Por lo que corresponde a la reestructuración a que se hace referencia, esto va encaminada a tener la definición de los mismos y en seguida su configuración; es decir, los elementos del tipo que la componen con el propósito de facilitar acciones de los órganos de la procuración e impartición de justicia; lo mismo en cuanto a la descripción de los elementos del tipo necesario para configurar las conductas durante las etapas procesales respectivas.

Así también aporta una figura específica para la prostitución derivada precisamente de los hechos delictivos que se tratan como elementos de tipos propios, dándole al mismo carácter de ser un delito autónomo.

La iniciativa pretende dar un enfoque nuevo a todas aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad intelectual, el cual reconoce el derecho a su libertad sexual y establece la diferencia de estas figuras en su denominación en razón del sujeto pasivo que se trate, sean personas menores de 18 año o aquellas que no tienen la capacidad para entender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, de acuerdo con el artículo 450, fracción II, del Código Civil Federal.

En cuanto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se incorporaría a la gama de delitos por los cuales los sujetos activos que lo cometan y siempre que se reúnan las condiciones que la propia ley marca, sean sancionados como miembros de la delincuencia organizada, obedeciendo ello a los estudios que en forma reiterada han dado lugar a la conclusión que existen redes bien organizadas con capacidad para operar de manera nacional como internacional.

Es preciso hacer notar que la reforma introduce una nueva figura cuando se cometen fraudes en procedimientos, con el propósito de adopción sin que se cumplan las disposiciones legales o en su caso tratados internacionales, obviamente dando a México que sea parte de ello.

Señoras y señores diputados, es necesario que conjuntemos esfuerzos legisladores, sociedad civil y gobierno, para cuidar lo más valioso que toda sociedad tiene: su niñez.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del honorable pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Señor Presidente, por el tiempo que es muy limitado, pido que se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates íntegra.

Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de la niñez y personas con discapacidad intelectual profunda, a cargo de la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo Parlamentario del PAN

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la suscrita Evangelina Pérez Zaragoza, M. Adriana González Furlong, Homero Ríos Murrieta, Francisco Javier Lara Arano, V. Yleana Baeza Estrella, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfonso Moreno Morán, Martha Leticia Rivero Cisneros, Manuel González Reyes y Margarita Zavala Gómez del Campo, diputadas y diputados federales en la presente legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72, párrafo primero, y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este cuerpo colegiado, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de los derechos de la niñez y las personas con discapacidad intelectual.

Lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, uno de los problemas sociales más graves no sólo en México, sino todo el mundo, es la explotación sexual comercial infantil, tal cuestión viene a ser sólo una parte del abuso sexual infantil, que involucra ventajas financieras para una o varias de las partes que intervienen en tal actividad, importando esa ventaja financiera en la transferencia de dinero y/o de provisión en especie o servicios por sexo, aunque posturas más severas restan importancia a la ventaja financiera, siendo el comercio la simple transacción de los menores de edad como mercancía, sin necesidad de que exista lucro alguno.

Podemos calificarlo como un fenómeno social, complejo y delicado, el cual encuentra vertientes en su interior, es el caso de la pornografía infantil, la prostitución, o la actividad que comúnmente conocemos como turismo sexual o el tráfico de menores con fines sexuales.

Tales conductas delictivas traen graves consecuencias emocionales, psicológicas, físicas, y sociales en el desarrollo de los menores de edad, casi siempre de manera irreversible, los cuales se traducen en problemas y secuelas perceptibles en su edad adulta de las víctimas, así como traumas que impiden a través de su vida tener un desarrollo pleno y en armonía.

Respecto del combate de tal fenómeno existen esfuerzos internacionales, entre los que destacan, el ECPAT, el cual es originado de un movimiento que dio comienzo en Tailandia, bajo las siglas End Child prostitution in Asian Tourism, siendo precisamente éste, que, junto con UNICEF, el gobierno Sueco y varias Organizaciones no gubernamentales, convocan en 1996 a un Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial infantil, que sería a la postre llevado a cabo en Estocolmo.

Es precisamente en ese Congreso donde se dio uno de los momentos más efervescentes y productivos dentro de la lucha contra tal fenómeno social, pues si bien se llevaron a cabo firma de acuerdos, una de las cuestiones más sobresalientes, fue el llamado de atención y conciencia internacional sobre la magnitud del problema.

Posteriormente se desarrolló el Segundo Congreso Mundial el cual se desarrolló en Yokohama, Japón, en el 2001, donde se reconocen los esfuerzos de México acerca del tema, aunque se estima que todavía queda mucho por hacer.

Y que decir de la reunión que convocó el Consejo de Europa en el 2001, que tuvo lugar en Budapest, donde 43 países de Europa y Asia Central suscribieron la Convención en contra de los crímenes cometidos por computadora (Convención contra el Cibercrímen), la cual ha sido ya materia de intervenciones en tribuna durante la presente legislatura.

En Latinoamérica no ha sido menos voluntarioso el esfuerzo, prueba de ello es el realizado por el Instituto Interamericano del Niño en el 2001, con sede en Montevideo, donde se realizó la elaboración del diagnostico cuyo contenido implica un análisis de la situación en diez países de la región, incluido México.

Según el estudio Infancia Robada, elaborado en el año 2000 de manera coordinada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se calculaba que alrededor de 16,000 niños en México sufren de explotación sexual comercial en alguna de sus formas.

Al 2001, el DIF Nacional, mencionó que se reportaron más de 27 mil casos de algún tipo de maltrato sexual infantil.

Sin embargo, cabe aclarar que no obstante que se mencionan aún más cifras de diversa índole, sobre la dimensión del problema, no existe una que sea realmente confiable debido a que por ser hechos ilícitos en los que participan mafias y redes bien organizadas, con capacidad para operar no sólo entre entidades Federativas, sino entre Estados a nivel Internacional, haciendo casi imposible contar con datos fidedignos que reflejen la magnitud de tal problema.

Ante tal situación, se han realizado importantes esfuerzos tanto en el ámbito ejecutivo como el legislativo.

En el Ejecutivo, se ha constituido la Coordinación Interinstitucional llamada Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil.

Esa Coordinación es un órgano ejecutor del Plan de Acción Nacional que precisamente busca combatir este fenómeno social, es lliderada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene como objetivo principal: promover políticas y acciones sistémicas para la prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial, se integra por 28 instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Así también, es preciso mencionar y reconocer el valor de las reformas o iniciativas que se han presentado con el propósito de erradicar ese mal que daña y violenta los derechos de los niños, entre las que destacan actualmente la minuta que contiene proyecto decreto, proveniente del Senado y aprobada por el pleno de tal Cámara en diciembre de 2003, así como la presentada por la senadora Micaela Aguilar en marzo del presente año, o la iniciativa con proyecto decreto presentada por el diputado Jesús González Schmal, cuyo objeto es la inclusión de medios de comisión del ilícito tipificado como Corrupción de Menores e Incapaces el uso de las redes de información electrónica abierta y otros sucedáneos que se instrumenten al efecto, y que decir de la presentada el pasado 16 de junio por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, a fin de establecer como figuras delictivas con propia definición y sanción la pornografía y el lenocinio infantil, lo anterior sólo por mencionar algunas.

Es necesario destacar que la presente iniciativa toma en cuenta ya algunos trabajos y estudios que han sido ya materia de iniciativas propuestas por legisladores de la Cámara Alta, es el caso de la que presentó como hemos dicho la senadora Micaela Aguilar en marzo pasado.

Así, han existido estudios sobre las acciones legislativas y adecuaciones al marco jurídico realizados por institutos del propio ejecutivo Federal, institutos privados, así como de organizaciones no gubernamentales.

La presente reforma tiene como propósito re-estructurar el actual Código Penal Federal, agrupando en el título Octavo del Libro Segundo todos aquellos delitos que vulneran el correcto y sano de desarrollo de las personas menores de dieciocho años, es el caso del la pornografía infantil, la prostitución y la promoción de prostitución y la corrupción de personas menores de dieciocho años.

Con lo anterior se pretende agrupar estructurar de mejor manera todas las figuras delictivas que de manera directa atentan contra el derecho de los menores de dieciocho años a desarrollarse de manera sana en los ámbitos psicológico-emocional y físico.

Asimismo, modifica la referencia incorrecta que actualmente se hace al sujeto pasivo de algunas conductas al utilizar el término ``menor'' aisladamente para referirse a los menores de dieciocho años, situación insostenible e incorrecta, pues en realidad tal práctica lejos de significar una protección hacía éstos, en muchos de los casos da la percepción ``que es menos que otro'', siendo que en realidad se trata de derechos de personas con el mismo valor, radicando únicamente tal calificativo en una minoría de edad.

La iniciativa al igual que algunas otras que se han presentado, pretende castigar severamente todas aquellas conductas que violenten derechos de menores de edad o de aquellas personas que tiene alguna discapacidad intelectual, que les impida resistir tales conductas, es decir, aquellas que sufren algún tipo de discapacidad intelectual profunda.

En principio, la presente iniciativa propone ampliar y dar correcta redacción a la gama de delitos por los cuales los sentenciados por ellos no podrán disfrutar el beneficio de la libertad preparatoria, previsto en el artículo 85, reforma propuesta y coincidente con otras iniciativas.

Así también, no podemos dejar de subrayar que en la actualidad existe un grave error en el propio Código Penal Federal desde la denominación que actualmente presenta, pues de ninguna manera se puede sostener al Título Octavo como menciona ``Delitos contra la moral y las buenas costumbres'' ello es totalmente inadmisible, pues debemos entender que en realidad tal Título contiene delitos que vulneran bienes jurídicos tutelados de mayor envergadura que a la moral y las buenas costumbres, nos referimos al derecho de los menores de dieciocho años para desarrollarse de manera sana y correcta en el ámbito psico-emocional y físico, es el caso de la pornografía infantil, la corrupción de menores o lo que actualmente señala en la denominación del Capítulo Tercero como ``Prostitución Sexual de menores'', por lo anterior, la presente iniciativa estima adecuado hacer la modificación de tal denominación, así como de otras en consecuencia.

Bajo ese tenor estimamos procedente modificar lo que son los ultrajes a la moral pública, delito consignado actualmente en el artículo 200, para dar paso a una nueva figura delictuosa que es la venta de material pornográfico a personas menores de dieciocho años, ello implicaría ordenar la venta que sucede actualmente no sólo en puestos de revistas, sino a través de Internet, situación que va en aumento, pues en tal medio circulan miles de materiales de carácter pornográfico u otro igualmente nocivo accesible a menores de edad, debiendo ser tal venta exclusiva únicamente para personas mayores de dieciocho años.

Cabe destacar que esa restricción ya existe para ciertos productos cuyo consumo es de por sí nocivo, es el caso de la venta de cigarros y bebidas alcohólicas, englobando tal figura no solamente el material pornográfico, sino aquel sucedáneo a éste y que sea nocivo para el desarrollo integral de los menores de dieciocho años.

Se contemplan como casos de excepción, el material educativo y de orientación en alguna de las vertientes que menciona; siempre y cuando tenga autorización expresa de la autoridad correspondiente.

Por lo que corresponde a la reestructuración a que se hace referencia, ésta va encaminada a tener la definición de los mismos y enseguida su configuración es decir los elementos del tipo que la componen, con el propósito de facilitar la acción de los órganos de procuración e impartición de justicia, lo mismo en cuanto a la descripción de los elementos del tipo necesario para configurar las conductas durante las etapas procesales respectivas.

Así también aporta una figura especifica para la prostitución derivada precisamente de los hechos delictivos que se tratan, con elementos del tipo propios dándole al mismo el carácter de ser un delito autónomo.

La iniciativa pretende dar un enfoque nuevo a todas aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad intelectual, al reconocer el derecho a su libertad sexual, y establece la diferencia de estas figuras en su denominación, en razón del sujeto pasivo que se trate, sea personas menores de dieciocho años o aquellas que no tienen la capacidad para entender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, de acuerdo al artículo 450 fracción II, del Código Civil Federal.

Sí bien a ambos tipos de pasivos se les daña con una figura cuyos elementos del tipo son los mismos, lo cierto es que la norma en ese instante pretende proteger bienes jurídicos tutelados diversos, siendo para los menores de dieciocho años el derecho que tienen a desarrollarse en todos los ámbitos de manera sana y correcta y en cuanto a las personas con discapacidad intelectual, se les protege el derecho a la libertad sexual, sin que esto sea óbice para que no puedan converger tales bienes jurídicos tutelados en una sola persona, es decir un menor de dieciocho años de edad que sufra algún tipo de discapacidad intelectual profunda.

Se pretende también con la reestructuración, lograr una agrupación necesaria de todas esas figuras delictivas donde existen y se vulnera el derecho de los menores a desarrollarse correcta y sanamente, integrando figuras como el estupro, y perfeccionando otras como lo referente a la incitación de menores o personas con discapacidad intelectual a la prostitución.

Al delito de pornografía de personas menores de dieciocho años, se le agregan nuevas circunstancias para lograr integrar fácilmente los elementos necesarios para su configuración por parte de los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

Se establecen una serie de agravantes para los delitos de pornografía, prostitución, y corrupción de personas menores de dieciocho años o de quienes no tienen la capacidad para comprender y manifestar su voluntad con la realización del hecho, cuando tales acciones sean cometidas en perjuicio de menores de catorce años o que exista alguna relación de parentesco o tutela o enseñanza entre el activo y el pasivo de tales conductas.

Se tipifican también, conductas como son la promoción de prostitución infantil en personas menores de edad o de quienes de no tienen la capacidad de comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho.

En referencia a ello y tomando en consideración que se trata de un fenómeno multidimensional que puede encontrar varias vertientes o variantes a tales conductas, es decir que pueden ser redes que trafiquen niños para fines sexuales es pertinente evitar el combate aislado en tales hechos, como si fueran situaciones singulares contra los menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

Se propone reubicar la figura de la provocación y apología de un delito a otro Título más acorde con el bien jurídico que tutela, para dejar en ese solo Título lo referente a las figuras que vulneran el derecho de las personas menores de dieciocho años al normal desarrollo psico-emocional y físico y personas con algún tipo de discapacidad intelectual a manifestar su voluntad contra la realización del hecho a las cuales vulneran su libertad sexual.

Una situación derivada de los vicios a los cuales se aludió en el inicio de la presente exposición de motivos, es también lo referente a la denominación del Título Décimo Quinto, que actualmente hace mención a los Delitos contra la libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, considerándose que en virtud de los cambios que se proponen únicamente se refiera a los delitos contra la Libertad Sexual y la indemnidad sexual, ello tomando en consideración que desarrollo psico-sexual queda integrado dentro de los términos que se pretende incorporar para los menores de dieciocho años como el correcto desarrollo sexual de menores de edad, pues este es inherente a tales personas menores de dieciocho años, y no tendría materia sostener tal denominación siendo que esas figuras pasarían al Título Octavo, considerando para ello, en caso de que prospere la modificación, dejar tal denominación como los ``Delitos contra el sano y correcto desarrollo sexual de menores de edad...''

La misma suerte correría la denominación del Capítulo I, perteneciente al Título Décimo Quinto, eliminando de la misma la figura de estupro, pues la misma pasaría a formar parte del Título Octavo, quedando únicamente la referencia a ``Hostigamiento sexual, abuso sexual, y violación''.

Derivado de esa reestructuración, se incorporarían en el Título Décimo Quinto las figuras de lenocinio y trata de personas, que actualmente pertenecen al Título Octavo del Libro Segundo, con el propósito de agrupar sólo en tal Título a las figuras que no hacen referencia a menores de edad o dieciocho años como condición necesaria para la configuración del delito, no obstante se seguiría observando desde ese mismo Título lo que actualmente la refiere de menores de edad.

Es el caso de lo anterior mencionado, la creación de los artículos 276 bis y 276 ter, donde se contemplaría al lenocinio en solo en el primero de éstos artículos y en el segundo a la figura que actualmente contempla el artículo 205, artículo que actualmente contempla la promoción o facilitación de una persona para que ejerza la prostitución, esto sin importar la edad del pasivo, por lo que se estima necesaria a fin de ser congruente con la iniciativa tal propuesta.

Así también, con el propósito de integrar con mayor facilidad los elementos del delito de lenocinio en los respectivos procedimientos, se eliminan circunstancias intrascendentes para la integración, las cuales se traducen en más requisitos para tal conducta, es el caso de la propuesta que se hace al lenocinio, donde actualmente aparece ``Comete el delito de lenocinio:

I.- Toda persona que habitual o accidentalmente....'', considerando tal circunstancia ociosa e innecesaria para la debida integración de la averiguación.

Propone también crear un artículo 278 bis, el cual ha sido postura reiterada de varias iniciativas, donde se contemplaría la sanción a algún fraude que se llegase a realizar en la tramitación de adopción, es decir donde no existan los requisitos contemplados en leyes federales y tratados internacionales donde México sea parte.

Respecto al delito previsto en el artículo 365, que se refiera a la obligación de la prestación de servicios a través de algún tipo de violencia o valiéndose del engaño o la celebración de un contrato donde se prive de la libertad o imponga condiciones que atenten contra valores fundamentales, se propone una agravante para el caso que se trate de menores de edad o personas con algún tipo de discapacidad intelectual profunda aquellos en cuyo perjuicio se realicen tales conductas.

Para el delito establecido en el artículo 366 ter., que actualmente tipifica sólo el tráfico de menores, se pretende incorporar también a aquellas con alguna discapacidad intelectual profunda que no se pueden autogobernar y decidir por sí mismas.

En cuanto al Código Federal de Procedimientos Penales, se incorporarían a la gama de delitos graves pertenecientes al Código Penal Federal a la corrupción, pornografía, prostitución, promoción de prostitución y la trata de personas menores de dieciocho años de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, y en distinto inciso se incorporan a la gama de delitos graves a la trata de personas y al lenocinio en relación a los menores de edad, procurando dar de esa manera mejor sistematización a tal clasificación.

En cuanto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se incorporaría a la gama de delitos por los cuales, los sujetos activos que lo cometan, y siempre que se reúnan las condiciones que la propia ley marca, sean sancionados como miembros de la delincuencia organizada, obedeciendo ello a los estudios que en forma reiterada han dado lugar a la conclusión que existen redes bien organizadas con capacidad para operar de manera nacional como internacional.

Se hace notar que la presente iniciativa tiene como propósito de mayor claridad al derecho que las personas menores de dieciocho años tienen para desarrollarse de manera correcta y sana en todos los ámbitos psico-emocionales y físicos, derechos cuya protección se hace preponderante y necesaria en virtud que el estado de desarrollo en el que se encuentran y que hace que estos derechos puedan ser vulnerados de alguna forma.

Lo anterior es sin perder de vista la protección que se debe dar también al derecho de las personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho y manifestar su voluntad contra el mismo, es decir, aquellas que se encuentran limitadas por una discapacidad intelectual y que menciona nuestro Código Civil Federal como aquellos que no tienen la capacidad de autogobernarse ni de manifestar su voluntad contra la realización de un hecho de tales magnitudes, pues aunque ambas calidades de personas a la que nos referimos: menores de dieciocho años o quienes no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, son afectadas por las mismas conductas, lo cierto es que la vulneración al bien jurídico tutelado para uno y otro es distinto debiendo establecerse tal distinción desde la denominación de los delitos respectivos, sin que sea óbice a lo anterior que concurran ambas circunstancias en una sola persona como ya hemos mencionado, pues las condiciones pueden ser concurrentes y no excluyentes entre sí, es el caso por ejemplo: de un menor de dieciocho años con discapacidad intelectual profunda.

Estimamos que la presente iniciativa facilitaría su labor a los órganos de procuración e impartición de justicia, ello derivado de la reestructuración que se daría de aprobar tales reformas.

Es preciso hacer notar que la reforma introduce una nueva figura cuando se cometen fraudes en procedimientos con el propósito de adopción, sin que se cumplan las disposiciones legales o en su caso tratados internacionales obviamente donde México sea parte.

Señoras y señores diputados: es necesario que conjuntemos esfuerzos, legisladores, sociedad civil y gobierno para cuidar lo más valioso que toda sociedad tiene: su niñez.

Liberarla de uno de los flagelos que más daño hacen e impactan a la sociedad como es la explotación sexual en su perjuicio, así como proteger a aquellas personas que no tengan la capacidad para comprender y resistir el hecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia organizada para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero: Del Código Penal Federal se reforman los artículos 85 en su inciso c), la denominación del Titulo Octavo del Libro Segundo, la denominación del Capítulo I del Título Octavo del Libro Segundo, el artículo 200, la denominación del Capítulo II del Título Octavo del Libro Segundo, los artículos 201, 201 bis, 201 bis1, 201 bis 2, 201 bis 3, 202, 203, 204, la denominación del Título Décimo Quinto del Libro Segundo, la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto del Libro Segundo, la denominación del Capítulo V del Titulo Décimo Quinto del Libro Segundo, los artículos 365, 366 ter., 366 quater; se adicionan los artículos 201 bis 4, 276 bis., 276 ter., un Capítulo VI al Titulo Décimo Quinto, los artículos 276 quáter, 278 bis., un Capítulo III al Título Décimo Octavo del Libro Segundo y el artículo 287 bis; se derogan los artículos 205, la denominación del Capítulo III del Título Octavo del Libro Segundo, los artículos 206, 207, 208, la denominación Capítulo IV del Título Octavo del Libro Segundo los artículos, 209, 262, 263, para quedar como sigue:

Artículo 85.-

No se concederá la libertad preparatoria a:

I.- Los Sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:a) y b) ...;

c) Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 201 bis; prostitución de personas menores de edad o de quienes no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 201 bis 1, promoción de prostitución de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho previsto en los artículos 201 bis 2;

d) a j) ...

II. ... ...TÍTULO OCTAVO Delitos contra el sano y correcto desarrollo psico-sexual de menores de edad y contra el ejercicio de la libertad sexual de personas que no cuentan con la capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización de hecho.

CAPÍTULO I Venta de Material Pornográfico a menores de edad.

Artículo 200

Al que comercie, venda, exponga, u oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, videograbaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

No se entenderá como venta, comercialización, exposición, u oferta indebida de material pornográfico o nocivo, aquella que signifique o tenga como fin el educativo, y precisamente persiga como objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, y sean aprobados por la autoridad competente.

CAPÍTULO II Corrupción, pornografía, prostitución, promoción de prostitución y trata de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

Artículo 201

Comete el delito de corrupción de personas menores de edad o quienes no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, el que incite, estimule, induzca, instigue, persuada, facilite u obligue a un menor de dieciocho años de edad o a quien no tiene la capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, a efectuar actos de exhibicionismo corporal o sexuales, actos de prostitución, actos que los puedan predisponer al consumo compulsivo de bebidas alcohólicas o los hagan adictos a ellas, al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este Código, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil doscientos días multa.

Al que obligue o induzca a la práctica de la mendicidad, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

No se entenderá por corrupción de menores los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente.

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor de edad o que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, adquiera los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se dedique a la prostitución o a formar parte de asociación delictuosa, la pena será de seis a diez años de prisión y de seiscientos a mil quinientos días multa.

Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de la acumulación.

Artículo 201 Bis.

Comete el delito de pornografía de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho:

I.- El que induzca, incite, estimule, instigue, persuada, permita, pretenda, facilite u obligue por cualquier medio el que uno o más personas menores de dieciocho años de edad o quien no tiene la capacidad de comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho a realizar actos de exhibicionismo corporal, reales o simulados, de carácter sexual, con el fin de videograbarlos, grabarlos, fotografiarlos, filmarlos o exhibirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, medios electrónicos o de cualquier otra índole;

II.- El que fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme actos de exhibicionismo corporal, reales o simulados, de carácter sexual, en que participen uno o más menores de dieciocho años o quienes no tienen capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho.

III.- El que reproduzca, ofrezca, venda, arriende, exponga, publique, envíe, distribuya, transmita, almacene, importe o exporte por cualquier medio las grabaciones, video grabaciones, fotografías o filmes a que se refieren las conductas descritas en la fracción II de este artículo; o

IV.- El que financie cualquiera de las actividades descritas en las fracciones anteriores.

Al autor de los delitos previstos en las fracciones I y II se le impondrá la pena de siete a once años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. Al autor de los delitos previstos en las fracciones III y IV, se le impondrá una pena de seis a doce años y de mil a cinco mil días multa.

Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de tres mil a diez mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por sí o a través de terceros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el propósito de que se realicen las conductas previstas en los dos párrafos anteriores con menores de dieciocho años.

Artículo 201 Bis 1. Comete el delito de prostitución de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, quien invite, ofrezca, solicite o realice práctica sexual con persona menor de dieciocho años de edad o quien no tiene la capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, mediante el pago de dinero, entrega de una cosa o cualquier otro beneficio. Al que cometa este delito, se le impondrá de cuatro a catorce años de prisión y de mil a dos mil días multa.

La misma pena se impondrá a quien solicite para terceras personas, la prostitución de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, a que hace referencia el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 201 Bis 2

Comete el delito de promoción de prostitución de personas menores de edad o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, el que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a persona o personas a que viajen al exterior, interior, o a través del territorio nacional con la finalidad de que sostengan relaciones sexuales con personas menores de dieciocho años de edad o con quienes no tengan capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho; o para que estos últimos viajen con esa finalidad, o financie cualquiera de las actividades antes descritas. Al autor de este delito se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y de mil a tres mil días multa.

La misma pena se impondrá a los mayores de dieciocho años que tengan relaciones sexuales con menores de dieciocho años de edad o con quienes no tengan capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, en relación con la conducta típica mencionada en el presente artículo.

Artículo 201 Bis 3

Las penas que resulten aplicables por los delitos previstos en los artículos 201, 201 bis, 201 bis 1 y 201 bis 2 de este Código se aumentarán de conformidad con lo siguiente:

I.- Hasta en una tercera parte, si el delito es cometido en contra de un menor de catorce años y mayor de doce años de edad.

II.- Hasta una mitad, si el delito es cometido en contra de un menor de doce años de edad.

III.- Hasta una mitad, cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil sin limitación de grado con la víctima, o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, así como por el padrastro o madrastra, concubina, concubinario, o amante del padre o la madre de la víctima, o sea tutor o curador de la misma; además, según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta.

Artículo 201 Bis 4

Si los delitos de venta de material pornográfico, corrupción, pornografía, promoción de prostitución de personas menores de edad o de quien no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho son cometidos por quien se valiese de una función pública que tuviese, se aumentará hasta en una tercera parte más las penas a que se refieren los artículos 200, 201, 201 bis, 201 bis 1 y 201 bis 2, respectivamente, así como destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar ese u otro, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 202.

Queda prohibido emplear a personas menores de dieciocho años de edad o a quienes no tienen la capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho en cantinas, tabernas, bares, centros de vicio o cualquier tipo de expendio de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Las contravención a esta disposición se castigará con prisión de uno a tres años y de trescientos a ochocientos días multa y, además, con cierre definitivo del establecimiento en caso de reincidencia. Incurrirán en la misma pena los padres o tutores que acepten que sus hijos menores de edad o las mencionadas en el artículo 450 fracción segunda del Código Civil Federal, respectivamente, bajo su guarda, se empleen en los referidos establecimientos.

Para los efectos de este precepto se considerará como empleado en la cantina, taberna y centro de vicio al menor de dieciocho años que por un salario, por la sola comida, por comisión de cualquier índole, por cualquier otro estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente, preste sus servicios en tal lugar.

Artículo 203

Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión y de cien a mil días multa.

En el caso del párrafo anterior, sólo se procederá contra el sujeto activo por denuncia del ofendido o de sus representantes.

Artículo 204

Los sujetos condenados por los delitos a que se refiere este capítulo quedaran inhabilitados para ser tutores o curadores

Artículo 205 (Se deroga)

CAPÍTULO III (Se deroga)

Artículo 206 (Se deroga)

Artículo 207 (Se deroga)

Artículo 208 (Se deroga)

CAPÍTULO IV (Se deroga denominación de Capítulo)

Artículo 209 (Se deroga)

TÍTULO DECIMO QUINTO Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual

CAPÍTULO I Hostigamiento sexual, abuso sexual, y violación

Artículo 262 (Se deroga)

Artículo 263 (Se deroga)

CAPÍTULO V Trata de personas y lenocinio

Artículo 276 bis.

El lenocinio se sancionará con prisión de dos a nueve años y de cincuenta a quinientos días multa.

Comete el delito de lenocinio:

I. Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;

II. Al que induzca o solicite a una persona para que con otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución; y

III. Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

Cuando se trate de personas menores de dieciocho años de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho en cuyo perjuicio se realizan las anteriores conductas, se aplicará pena de ocho a doce años de prisión y de quinientos a tres mil días multa.

La misma pena del párrafo anterior se aplicará a quien promueva, encubra, concierte, permita el comercio carnal de un menor de dieciocho años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.

276-Ter.

Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del territorio nacional se le impondrá prisión de cinco a doce años y de cien a mil días multa.

Si se emplease violencia o el agente se valiese de la función pública que tuviere, la pena se aumentará hasta en una mitad.

CAPÍTULO VI Disposiciones generales

Artículo 276- Quáter.

Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en este Título resulten hijos, la reparación del daño comprenderá el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil para los casos de divorcio.

Artículo 278 bis.

Al que gestione para que una persona que ejerza la patria potestad o la tutela sobre una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, preste su consentimiento para la adopción del menor o de la personas sin tal capacidad, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales de los que México sea parte, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de mil a mil quinientos días multa; la misma pena se aplicará a quien consienta dar en adopción y a quien acepte la adopción hecha en los términos antes indicados.

TÍTULO DECIMO OCTAVO Delitos contra la Paz y la Seguridad de las Personas

CAPÍTULO III Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio

Artículo 287 Bis.

Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Artículo 365

Se impondrán de tres días a un año de prisión y multa de cinco a cien pesos:

I.- Al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio.

II.- Al que celebre con otro un contrato que prive a éste de la libertad o le imponga condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de alguna persona y la entregue a otro con el objeto de que éste celebre dicho contrato.

Si los delitos a los que se refieren las fracciones I y II, fueren cometidos en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

366 ter.

Comete el delito de tráfico de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, quien traslade a un menor de dieciocho años de edad o a quien no tiene la capacidad para comprender y manifestar su voluntad contra la realización del hecho, lo entregue a un tercero fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico por su traslado o entrega.

Cometen el delito a que se refiere el párrafo anterior:

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento para ello;

II. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.

Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:

a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega, o

b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega.

III. La persona o personas que reciban al menor.

A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les impondrá una pena de tres a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa.

Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a que se refiere el presente artículo.

Se aplicarán hasta las dos terceras partes de las penas a las que se refiere este artículo, cuando el traslado o entrega del menor se realicen en territorio nacional.

Artículo 366 quáter

Las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en una mitad cuando

I. El traslado o entrega del menor se realice sin el propósito de obtener un beneficio económico indebido, o

II. La persona que reciba al menor tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo familiar.

Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un menor de dieciocho años que de manera ilícita o sin el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro, lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o padre, según sea el caso, convivir con el menor o visitarlo.

Además, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a que se refiere el presente artículo.

En los casos a que se refiere este artículo, el delito se perseguirá a petición de parte ofendida.

Artículo Segundo: Del Código Federal de Procedimientos Penales: se reforma el artículo 194 fracción I, en sus incisos 13, 14 y 15 para quedar de la siguiente manera:

Artículo 194.-

Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I.- Del Código Penal Federal los delitos siguientes:1) a 12) ...

13) Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, pornografía de personas menores de edad o de quienes no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho, prostitución de personas menores de edad o de quienes no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho, promoción de prostitución de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, previstos en los artículos 201; 201 bis, 201 bis 1 y 201 bis 2 respectivamente.

14) Lenocinio y trata de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, de acuerdo los dos últimos párrafos del artículo 276 bis.

15) Los previstos en el artículo en el artículo 276 Ter. Segundo párrafo.

Artículo Tercero: De la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: se reforma la fracción V del artículo 2, para quedar como sigue:

Artículo 2º

Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I a IV ...

V. Pornografía de personas menores de edad o de quienes no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho, prostitución de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, promoción de prostitución de personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, previstos en los artículos 201 bis, 201 bis 1 y 201 bis 2; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de personas menores de edad o de quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 ter y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis, todos del Código Penal Federal o en las disposiciones equivalentes de las legislaciones penales del Distrito Federal y de los Estados de la República integrantes de la Federación.

Transitorios

Único.- Este decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes octubre de 2004.--- Diputados del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional: Evangelina Pérez Zaragoza, Adriana González Furlong, Enrique M. Guillermo Tamborrel Suárez, Homero Ríos Murrieta, Alfonso Moreno Morán, Francisco Javier Lara Arano, Martha Leticia Rivero Cisneros, Yleana Baeza Estrella, Manuel González Reyes, Margarita Zavala Gómez del Campo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Evangelina Pérez Zaragoza.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

La contaminación provocada por los residuos tiene múltiples dimensiones, ya que abarca el deterioro del aire, del agua, del suelo y de las cadenas alimenticias. Asimismo rebasa la esfera local puesto que las sustancias contaminantes contenidas en los residuos pueden movilizarse desde los sitios donde éstos han sido depositados hasta grandes distancias que no sólo rebasan la esfera municipal o estatal, sino que puede ir más allá de las fronteras de los países en donde se liberaron al ambiente.

Además, la contaminación ambiental provocada por los residuos conlleva riesgos de distinta índole, pues no sólo es capaz de hacer perder su productividad a los suelos en los que se depositan y de alterar de manera casi irreversible la calidad del agua, sino que también puede provocar daños a la salud humana en distinto grado de severidad, poner en riesgo a los ecosistemas y afectar el valor de las propiedades vecinas a los sitios contaminados.

A pesar de que hace más de 20 años diversos países, entre los cuales se encuentra México, han planteado la necesidad de evitar la generación de los residuos, de reciclarlos para recuperar su valor, de tratarlos para disminuir su volumen y peligrosidad y no confinar más que una mínima parte de ellos, son poco significativos los avances logrados en la materia.

Por otro lado los problemas asociados tanto a la generación como al manejo de los residuos, han hecho necesario el desarrollo de disposiciones legales en las que se sustentan las medidas para su control y gestión, en las cuales han evolucionado a partir de enfoques tendientes a remediar y disminuir los impactos negativos de los residuos.

También se han desarrollado otros instrumentos jurídicos que tratan el tema de la remediación de los sitios contaminados con residuos que representan riesgos significativos, con lo cual se han ido acumulando experiencias al respecto en el mundo, las cuales de manera consistente indican que es más costoso remediar que prevenir.

Es importante destacar que la normatividad ambiental prevé la posibilidad de imponer medidas correctivas, a efecto de que el infractor cumpla con las disposiciones que ha dejado de observar cuando se ha detectado su incumplimiento en una visita de inspección.

Lo anterior a fin de evitar que el infractor continúe transgrediendo la normatividad aplicable y en última instancia prevenir afectaciones al ambiente a consecuencia de su actuar.

Así, y a pesar de que en los artículos 111 y 112, incisos a y c de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se hace referencia a las medidas correctivas, se observa que en el texto de dicha ley, no se indica con claridad en qué consisten ni la autoridad facultada para imponerla, pues únicamente se encuentran disposiciones relativas a las medidas de seguridad.

De igual forma existe en la legislación de la materia la posibilidad de ordenar o adicionar este tipo de medidas en la resolución sancionatoria que ponga fin al procedimiento, específicamente para que el infractor subsane las irregularidades observadas o corrija las deficiencias con las que venía operando.

Por lo anterior se considera necesario señalar en la propia ley en qué consisten las medidas correctivas y el objeto de las mismas, para de esta manera hacer efectivo el cumplimiento de la ley a través de la intervención de la autoridad en el caso concreto o bien para recompensar el esfuerzo de los infractores.

En cumplir dichas medidas en el tiempo y forma ordenados por la autoridad competente, considerando esta situación como atenuante de la infracción cometida al momento de imponer una sanción o bien para modificar la sanción impuesta y no sólo considera el incumplimiento de las medidas correctivas como agravante, como sucede actualmente en la ley.

Por las razones antes expuestas, el que suscribe respetuosamente somete a la consideración de esta Legislatura la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 1º, fracción XIII, 7º, fracción VIII, 101, la denominación del Capítulo Dos y se adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Es cuanto, señor Presidente y solicito a la Mesa Directiva se publique de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Exposición de Motivos

La contaminación provocada por los residuos tiene múltiples dimensiones, ya que abarca el deterioro del aire, del agua, del suelo y de las cadenas alimenticias; asimismo, rebasa la esfera local, puesto que las sustancias contaminantes contenidas en los residuos, pueden movilizarse desde los sitios donde éstos han sido depositados hasta grandes distancias, que no sólo rebasan las esfera municipal o estatal, sino que pueden ir más allá de las fronteras de los países en donde se liberaron al ambiente.

Además, la contaminación ambiental provocada por los residuos conlleva riesgos de distinta índole, pues no sólo es capaz de hacer perder su productividad a los suelos en los que se depositan y de alterar de manera casi irreversible la calidad del agua, sino que también puede provocar daños a la salud humana de distinto grado de severidad, poner en riesgo a los ecosistemas y afectar el valor de las propiedades vecinas a los sitios contaminados.

A pesar de que hace más de veinte años diversos países, entre los que se encuentra México han planteado la necesidad de evitar la generación de los residuos, de reciclarlos para recuperar su valor, de tratarlos para disminuir su volumen y peligrosidad y no confinar mas que una mínima parte de ellos, son poco significativos los avances logrados en la materia.

Por otro lado, los problemas asociados tanto a la generación como al manejo de los residuos, han hecho necesario el desarrollo de disposiciones legales en las que se sustentan las medidas para su control y gestión, las cuales han evolucionado, a partir de enfoques tendientes a remediar y disminuir los impactos negativos de los residuos.

También se han desarrollado otros instrumentos jurídicos que tratan el tema de la remediación de los sitios contaminados con residuos que representen riesgos significativos, con lo cual se han ido acumulando experiencias al respecto en el mundo, las cuales de manera consistente indican que es más costoso remedir que prevenir.

Es importante destacar que la normatividad ambiental prevé la posibilidad de imponer medidas correctivas a efecto de que el infractor cumpla con las disposiciones que ha dejado de observar, cuando se ha detectado su incumplimiento en una visita de inspección. Lo anterior, a fin de evitar que el infractor continúe transgrediendo la normatividad aplicable y en última instancia, prevenir afectaciones al ambiente a consecuencia de su actuar.

Así y a pesar de que en los artículos 111 y 112 incisos a) y c) de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se hace referencia a las medidas correctivas, se observa que en el texto de dicha Ley no se indica con claridad en que consisten, ni la autoridad facultadapara imponerlas, pues únicamente se encuentran disposiciones relativas a las medidas de seguridad.

De igual forma, existe en la legislación de la materia la posibilidad de ordenar o adicionar este tipo de medidas en la resolución sancionatoria que ponga fin al procedimiento, específicamente para que el infractor subsane las irregularidades observadas o corrija las deficiencias con las que venía operando.

Por lo anterior, se considera necesario señalar en la propia Ley en qué consisten las medidas correctivas y el objeto de las mismas, para de esta manera hacer efectivo el cumplimiento de la ley a través de la intervención de la autoridad en el caso concreto, o bien, para recompensar el esfuerzo de los infractores en cumplir dichas medidas en el tiempo y forma ordenados por la autoridad competente, considerando esta situación como atenuante de la infracción cometida al momento de imponer una sanción o bien, para modificar la sanción impuesta y no sólo considerar el incumplimiento de las medidas correctivas como agravante como sucede actualmente en la Ley.

Por las razones antes expuestas, el que suscribe, respetuosamente somete a la consideración de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 1 fracción XIII, 7 fracción VIII, 101, la denominación del Capítulo II y se adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1 fracción XIII, 7 fracción VIII y 101, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

I - XII. ...

XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que correspondan.

(...)

Artículo 7. ...

I-VII. ...

VIII. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que en su caso correspondan;

(...)

Artículo 101. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, en materia de residuos peligrosos e impondrá las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo que establece esta Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Segundo.- Se cambia la denominación del Capítulo II, para quedar como sigue:

Capítulo II Medidas Cerrectivas y de Seguridad

Artículo Tercero.- Se adiciona un primer párrafo al artículo 104, para quedar como sigue:

Artículo 104. Si de las visitas de inspección se desprenden infracciones a la presente Ley, en el emplazamiento respectivo la autoridad ordenadora requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundado y motivado el requerimiento.

...

...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no se haya hecho la publicación.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Señoras y señores legisladores, en las galerías se encuentran jóvenes del municipio de Puente de Ixtla del estado de Morelos e integrantes del Colegio de Posgraduados, a quienes esta Cámara les da la bienvenida.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su venia, diputado Presidente. Gracias.

El que suscribe, José Mario Wong Pérez, diputado federal del estado de Chihuahua, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto a efecto de derogar el artículo 165 y adicionar un segundo párrafo al artículo 528 del Código Federal de Procedimientos Penales, en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Dentro del Capítulo III, Título Cuarto, relativo a la etapa de la instrucción del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone expresamente que una vez dictado el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente.

La reforma al citado ordenamiento, tiene como finalidad evitar que a quien se encuentre sujeto a proceso y se le ha dictado el auto de formal prisión, sea sometido a una medida que pudiera resultar estigmatizante a tal grado que con la misma se pueda ver lesionado su honor, pues en nuestro medio social, sus efectos son considerados como antecedentes negativos, relacionando con los delincuentes a quien se ve afectado con esta práctica, toda vez que la sentencia que en el momento procesal oportuno recaiga a dicho sujeto en un proceso, no necesariamente será de condena, sino que podría ser absolutoria.

Si la ficha signalética, que es el documento oficial de identificación que es expedido para personas que están recluidas en centros de readaptación social, se elabora cuando la sentencia condenatoria queda firme.

La identificación que se hiciere del reo como tal, sería congruente con la verdad legal, pues la propia ficha no generaría desprestigio o descrédito y en todo caso, la definición de que una persona es penalmente responsable de un determinado hecho delictivo se establece con plena certidumbre en la resolución judicial que concluye la instancia y que propicia mayor certidumbre.

Cabe resaltar que con esta reforma no se perjudicaría la identificación que debe hacerse durante la tramitación del proceso respectivo, tomando en cuenta que las principales finalidades de la ficha signalética son la correcta identificación del inculpado, así como facilitar al juzgador los elementos necesarios para una correcta individualización de las penas.

El primero de los fines se cumple desde que se rinde ante el juzgado del conocimiento la declaración preparatoria, donde el inculpado debe manifestar la relación de sus generales, incluyendo los apodos que tuviere, tal como se desprende de la lectura del artículo 154 del código citado, lo cual permite desde luego su correcta identificación.

En relación a la segunda finalidad, destacan los informes que rinden tanto la Procuraduría General de la República como el órgano administrativo desconcentrado de prevención social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en los cuales se manifiesta si el reo cuenta o no con antecedentes penales o bien si existen o no ingresos anteriores a los centros de readaptación social, datos que facilitan mayores elementos al juzgador de primera o segunda instancia al momento de individualizar la pena.

En conclusión, para dar cumplimiento al objetivo planteado es menester derogar el contenido actual del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales y adicionar con un segundo párrafo el numeral 528 del citado cuerpo legal, en el que contemple que después de ejecutada una sentencia de condena se deberá identificar al reo por el sistema adoptado administrativamente.

Compañeras y compañeros legisladores: de llegar a buen término estas propuestas seguramente se dará un paso adelante en la precisión y ordenamiento del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que exige la mayor claridad, puntualización y técnica en sus disposiciones.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, fracción II y 72, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa de reformas con proyecto de decreto.

Artículo único...

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, señor diputado. ¿Con qué propósito, don Juan Antonio?

El diputado Juan Antonio Gordillo Reyes (desde su curul): Para verificar el quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias. Como lo solicita el señor diputado don Juan Antonio Gordillo, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos para verificar el quórum.

Suspéndase el cómputo del tiempo para que el señor diputado continúe y continuará la sesión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para verificar el quórum y háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior. Gracias.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario. Continúe, señor diputado.

El diputado José Mario Wong Pérez: Gracias, diputado Presidente.

Artículo único. Se deroga el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 165. Derogado.

Artículo 2º. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 528 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 528. En toda sentencia condenatoria el tribunal que la dicte prevendrá que se amoneste al reo para que no reincida, advirtiéndole las sanciones a que se expone, lo que se hará en diligencia con las formalidades que señala el artículo 42 del Código Penal.

La falta de esa diligencia no impedirá que se hagan efectivas las sanciones de reincidencia y de habitualidad que fueran procedentes.

Una vez hecha la amonestación se identificará al reo por el sistema adoptado administrativamente.

Transitorio

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de octubre del año 2004. El de la voz, diputado José Mario Wong Pérez.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, José Mario Wong Pérez, diputado federal del estado de Chihuahua, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, a efecto de derogar el artículo 165 y adicionar un segundo párrafo al artículo 528 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. En el Capítulo III, Título Cuarto, relativo a la etapa de la instrucción, el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone expresamente que una vez dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente.

La reforma del citado ordenamiento tiene como finalidad evitar que a quien se encuentra sujeto a proceso y se ha dictado el auto de formal prisión sea sometido a una medida que pudiera resultar estigmatizante, a tal grado que con ella pueda lesionarse su honor; pues en nuestro medio social sus efectos son considerados antecedentes negativos, relacionando con los delincuentes a quien se ve afectado con esta práctica, toda vez que la sentencia que en el momento procesal oportuno recaiga a dicho sujeto en un proceso no necesariamente será de condena sino que podría ser absolutoria.

Si la ficha signalética, el documento oficial de identificación expedido para personas que están recluidas en centros de readaptación social, se elabora cuando la sentencia condenatoria queda firme, la identificación que se hiciere del reo como tal sería congruente con la verdad legal, pues la propia ficha no generaría desprestigio o descrédito y, en todo caso, la definición de que una persona es penalmente responsable de un determinado hecho delictivo se establece con plena certidumbre en la resolución judicial que concluye la instancia y que propicia mayor certidumbre.

Cabe resaltar que con esta reforma no se perjudicaría la identificación que debe hacerse durante la tramitación del proceso respectivo, tomando en cuenta que las principales finalidades de la ficha signalética son la correcta identificación del inculpado y facilitar al juzgador los elementos necesarios para una correcta individualización de las penas.

El primero de los fines se cumple desde que se rinde ante el juzgado del conocimiento la declaración preparatoria, donde el inculpado debe manifestar la relación de sus generales, incluidos los apodos que tuviere, como se desprende de la lectura del artículo 154 del código citado, lo cual permite, desde luego, su correcta identificación.

Con relación a la segunda finalidad, destacan los informes que rinden la Procuraduría General de la República y el órgano administrativo desconcentrado de prevención social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en los cuales se manifiesta si el reo cuenta o no con antecedentes penales, o bien, si existen o no ingresos anteriores en los centros de readaptación social, datos que facilitan mayores elementos al juzgador de primera o segunda instancia al momento de individualizar la pena.

En conclusión, para cumplir el objetivo planteado, es menester derogar el contenido actual del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales y adicionar, con un segundo párrafo, el numeral 528 del citado cuerpo legal, en el que considere que después de ejecutoriada una sentencia de condena, se deberá identificar al reo por el sistema adoptado administrativamente.

Compañeras y compañeros legisladores: de llegar a buen término estas propuestas, seguramente se dará un paso adelante en la precisión y en el ordenamiento del Código Federal de Procedimientos Penales, que exige la mayor claridad, puntualización y técnica en sus disposiciones.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa de reformas con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se deroga el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 165. Derogado.

Artículo Segundo. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 528 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 528. En toda sentencia condenatoria, el tribunal que la dicte prevendrá que se amoneste al reo para que no reincida, advirtiéndole de las sanciones a que se expone, lo que se hará en diligencia con las formalidades que señala el artículo 42 del Código Penal. La falta de esa diligencia no impedirá que se hagan efectivas las sanciones de reincidencia y de habitualidad que fueran procedentes.

Una vez hecha la amonestación, se identificará al reo por el sistema adoptado administrativamente.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Mario Wong Pérez.

En relación con la iniciativa que ha presentado, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY ADUANERA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en lo relativo a la importación de mercancías realizadas por migrantes mexicanos.

El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en lo relativo a la importación de mercancías realizada por migrantes mexicanos.

Con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del PRI por mi conducto somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61, fracción VII, de la Ley Aduanera, con el objeto de facilitar a los migrantes mexicanos que cuenten con matrícula consular, la importación de mercancías exentas de impuestos al comercio exterior por su entrada al territorio nacional a sus lugares de origen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto proponer modificación de la Ley Aduanera que brinde mejor opción de desarrollo a los migrantes mexicanos.

Aproximadamente 25 millones de mexicano-estadounidenses viven en Estados Unidos, de los que en cifras gruesas 14.5 millones nacieron en la Unión Americana y 10.5 millones en México.

De esos 10.5 millones, se estima que 50% es migrante indocumentado, en su gran mayoría carente del reconocimiento de sus derechos humanos y laborales, lo que lo coloca no sólo en una situación de abuso permanente por parte de los empleadores sino, lo que es más grave, no puede acceder a los servicios públicos de salud y educación que requiere y merece.

El trabajo de los migrantes sitúa a México como el segundo país receptor de remesas en el mundo, sólo después de India, y este año se espera que lleguen 15,000 millones de dólares a nuestro país.

Todos conocemos los múltiples factores que hacen de la migración un fenómeno que no podremos detener mientras prevalezcan las causas que la originan, así como las graves implicaciones y riesgos que afectan la integridad física de nuestros compatriotas e incluso de sus pertenencias y salarios obtenidos con un gran sacrificio y esfuerzo.

Con el propósito de brindar a los migrantes que cuenten con matricula consular, la posibilidad de que sus ingresos se reflejen de forma integra en beneficio de sus familias, se propone la modificación a la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera, con el objetivo de que con el producto de su trabajo puedan importar libres de impuestos enseres domésticos y ropa. Esta medida les permitirá importar artículos que actualmente están fuera de las regulaciones aduaneras, que sin duda son una necesidad básica, si consideramos las extremas condiciones de pobreza por las que muchos de ellos atraviesan.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.-Se reforma el artículo 61, fracción VII, de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada en el territorio nacional o la salida de él de las siguientes mercancías:

I. a VI. ...

VII. Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados, que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero, así como los instrumentos científicos y las herramientas cuando sean de profesionales y las herramientas de obreros y artesanos, siempre que se cumpla con los plazos y las formalidades que señale el Reglamento. No quedan comprendidas en la presente exención las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o industriales, ni los vehículos. En tratándose de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos de América y que cuenten con matrícula consular, los enseres domésticos y ropa que envíen desde el extranjero a sus hogares para uso exclusivo de sus familias, en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades de la Administración Pública Federal, en su respectivo ámbito de competencia, contarán con un plazo de 60 días a partir de la vigencia del presente decreto para modificar las disposiciones reglamentarias, a fin de lograr su cabal cumplimiento.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.- México, DF, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado don Omar Bazán Flores.

Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Omar Bazán.

El diputado Omar Bazán Flores (desde su curul): Para solicitar, señor Presidente, que la iniciativa que acabo de leer también sea turnada a la Comisión de Asuntos Fronterizos de Población.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Perdón. Repítame.

El diputado Omar Bazán Flores (desde su curul): Que la iniciativa que acabo de leer también sea turnada a la Comisión de Población.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Esta Presidencia acuerda en relación con la solicitud, que se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

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LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Antonio Morales de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Antonio Morales de la Peña: Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante.

El diputado Antonio Morales de la Peña: Compañeras y compañeros diputados:

He pedido el uso de la tribuna para presentar una iniciativa en materia electoral con el propósito de tener elecciones limpias y democráticas. En concreto la presente iniciativa propone reformar el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con el propósito de sancionar una estrategia electoral que en los últimos dos años se ha presentado ya en varias elecciones y que a todas luces violenta varios principios rectores de los procesos electorales, me refiero a la ``marea roja''.

Diputado Presidente: En virtud que me abocaré a presentar en términos generales las razones y actos que motivan la presentación de esta iniciativa, le solicito respetuosamente instruya la inscripción del texto íntegro de la misma en la versión estenográfica de esta sesión.

Asimismo, de no existir inconveniente, aparte del turno a las comisiones ordinarias correspondientes le solicito turnarlo para su opinión a la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Si bien es cierto que vivimos una vida democrática más sana, una legislación electoral con significativos avances, unos comicios más confiables, no es cierto, no es cierto que todas las contiendas electorales en todos los puntos de nuestro país se desarrollan en armonía y con pleno respeto a la ley o por lo menos a su espíritu, la voluntad popular y la dignidad de las personas.

Antes que propiciar un ambiente democrático pleno, para los interesados en que no termine de perecer el viejo sistema autoritario, fundado más en el miedo, la ignorancia y el clientelismo y no en la educación cívica, el respeto a las libertades individuales y el amor verdadero a México, la ley no es algo que procuren obedecer, sino algo que bajo el pretexto de supuestos vacíos legales más bien tratan de burlar por el resquicio que se pueda.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, diputado.

El diputado Antonio Morales de la Peña: Con todo gusto.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Voy a, lamentablemente, rogarle una brevísima interrupción para instruir a la Secretaría que dé indicaciones para el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia para la declaratoria de quórum solicitada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 362 diputadas y diputados.

Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor secretario.

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LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Continúe señor diputado Morales de la Peña.

El diputado Antonio Morales de la Peña: Así, tenemos que en elecciones locales recientes en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, en los estados de Campeche y Colima, así como en el municipio de Tijuana, en Baja California, fueron vulneradas por la presencia masiva de personas uniformadas con camisetas de un mismo color, algunas inclusive armadas, identificándose a favor de un partido, coalición o candidato, en las cercanías de las casillas, haciendo de esta manera menoscabo de la legislación electoral, que prevé que no se pueden llevar a cabo reuniones proselitistas ni cualquier acto de propaganda política dentro de los tres días previos a la jornada electoral y mucho menos en ésta.

¿Y cómo no considerar proselitismo el que un elevado número de personas vestidos de manera idéntica e identificados plenamente a favor de un partido o candidato, se reúnan en las inmediaciones de la casilla durante la jornada electoral, incluso dirigiéndose con los electores ya formados para sufragar?

Sin embargo, aunque el hecho fue evidente a miles de personas, esta transgresión en ninguno de los casos fue sancionada.

En la pasada elección extraordinaria del 7 de diciembre en el estado de Colima, tuve el honor de participar como candidato y debo decir que independientemente de su resultado esa elección no es el modelo de elecciones que queremos, que nadie de buena voluntad puede querer para el país, para nuestros estados, para nuestros municipios, para nuestros hijos. No es el modelo de democracia electoral que anhelamos para todos y esto se debió en mucho a la ``marea roja''.

Así, pese a que esa elección ya es cosa juzgada, es un hecho que presentó irregularidades que ningún colimense que se precie de ser honesto, ya fuera que votara por una o por otra coalición, incluso los que no votaron, quiere que se repita. Mucho menos queremos que se perpetúen como herencia para las nuevas generaciones.

Por ello nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que esto no vuelva a repetirse. Y en particular me refiero al citado fenómeno conocido como la ``marea roja o bien verde, azul, amarilla o anaranjada''. El color es lo de menos, así como el partido que las organice; lo delicado es la zozobra que causa, el riesgo que se corre de que las pasiones partidarias deriven en violencia, además de vulnerar principios como el de la equidad.

En el caso concreto de Colima, la estrategia de la ``marea roja'' es evidente que fue contra el ambiente de libertad e imparcialidad que precisa una elección democrática. Fue un dispositivo intimidatorio en el que participaron incluso funcionarios de gobierno de primer nivel. El propio gobernador en funciones y el candidato de su partido salieron a votar ese día uniformados, al mismo tiempo que miles de personas o camisas rojas. Su objetivo fue el proselitismo el día de la elección, la presión sobre los electores y la inhibición del voto a favor de la coalición opositora, además de la creación de un clima de incertidumbre social para nada conveniente a lo que se suponía debía ser una fiesta cívica.

Y ante ello, es de mi interés y deber personal e interés de mi partido Acción Nacional, hacer todo lo posible para legislar de manera que estas irregularidades no se repitan, y no me cabe duda que hacer esta previsión en la legislación federal, motivará para que los poderes legislativos locales procedan de manera semejante.

Por eso hoy presento ante esta honorable soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de manera que se establezca expresamente que de aparecer esta estrategia de ``las mareas'', sea implementada por el partido, coalición o candidato que sea, se considere causal de nulidad en la votación recibida en las casillas afectadas.

La propuesta de reforma fundamental que estamos proponiendo, es la modificación del artículo citado, de forma que agreguemos un inciso que especifique como causa de nulidad en la elección de una casilla, la presencia el día de la jornada electoral, de un grupo o grupos de personas uniformadas o identificadas con un partido político o candidato, ubicadas en las inmediaciones de la sección electoral respectiva o fuera de la casilla.

De cara a la próxima elección federal, es preciso cerrarle las puertas al juego sucio, a las malas mañas, al miedo de abrírselas únicamente al juego limpio.

No quiero ni imaginar lo que podría suceder, los atroces riesgos que el país podría correr en la próxima elección, si en las casillas se encuentran y confrontan grupos uniformados de los diferentes partidos contendientes.

El país no precisa contingentes uniformados haciendo proselitismo o tratando de amedrentar al grupo contrario, lo que México necesita es la participación activa, libre, consciente, responsable y no inducida de cada uno de los ciudadanos.

No necesitamos camisas rojas o de cualquier color, recuerdo de lo peor de un siglo que ya queremos superado, el totalitarismo más sangriento.

Que nos baste el voto libre, individual, ciudadano, estampado en las boletas electorales; no necesitamos más confrontación de colores que el de las urnas. Sufragio efectivo, sí, no a la coacción sicológica o incluso monetaria. Sufragio efectivo, sí, no a los tumultos uniformados al estilo de lo peor del terror fascista del siglo XX. Sufragio efectivo, sí, no a la abstención provocada por el miedo, inducido por las huestes de cientos de camisas de un mismo color. Sufragio efectivo, sí, ``mareas'' no. Sufragio efectivo, sí, no a la intimidación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Antonio Morales de la Peña, del grupo parlamentario del PAN

Antonio Morales de la Peña, diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Ahondar respecto de los alcances y significación del régimen de nulidades en el derecho electoral mexicano rebasaría con mucho los estrechos límites de esta propuesta legislativa; no obstante, se estima indispensable presentar la iniciativa que nos ocupa, a la luz de lo ocurrido en los últimos procesos electorales desarrollados en diversas entidades federativas como en el Estado de México, Campeche, Colima y más recientemente, Baja California, en relación con la aparición del fenómeno electoral conocido como ``marea roja''.

En todos estos casos, de uno a otro punto de la geografía nacional, sucedió que grupos de personas uniformadas, plenamente identificadas con un partido político se ubicaron en las inmediaciones de la sección electoral respectiva, dentro, fuera o en las cercanías de la casilla, sin que se haya sancionado dicha trasgresión a la legislación de la materia.

La iniciativa es oportuna porque en el caso de las ``mareas'', los hechos están ahí, visibles a los ciudadanos; existen miles de testigos de todo el país --pues los informativos nacionales han dado cuenta de ello-- y especialmente en el Estado de México, en Campeche, en Colima, en Baja California --concretamente en el municipio de Tijuana--, de que el día de la jornada electoral, personas identificadas con el PRI, vestidas del mismo color e incluso con prendas idénticas entre sí, se han apostado en las cercanías de la casilla electoral --algunos armados con palos, cadenas, armas blancas e incluso pistolas-- para comprar el voto, presionar a los electores y hacer proselitismo. Existen cientos, miles de fotografías y decenas de páginas, sobre todo de los informativos locales, que dan cuenta de esos hechos.

Por ello, esta iniciativa pretende prohibir y castigar dichos actos que sin duda, atentan con los principios democráticos rectores que nuestra Carta Magna establece para los procesos electorales, que por imprecisiones en la legislación electoral vigente se ha aprovechado para llevarlos a cabo sin ningún castigo por parte de la autoridad competente. Por esto se propone establecer expresamente que de aparecer esta estrategia electoral, que podría implementarse por cualquier partido político, coalición o candidato, sea causal de nulidad de la votación recibida en una casilla.

Lo anterior, ya que consideramos que con las conductas desplegadas por simpatizantes de ciertos partidos políticos en las condiciones a que se hace referencia, es claro que se violan diversos principios electorales por lo que resulta pertinente examinar, en términos muy generales, las irregularidades jurídicas en que se incurre al orquestar un operativo del tipo ``Marea''.

La presencia de grupos de personas uniformados --no pocas veces armados-- dentro, fuera o en las inmediaciones de la casilla, viola la legislación electoral al menos por lo que hace a las condiciones de equidad que deben imperar en la contienda electoral; con ello no se garantiza el desarrollo de una jornada electoral libre de cualquier circunstancia que pueda derivar en situaciones de conflictos entre militantes de los partidos contendientes; y finalmente, es un medio para hacer actos proselitistas o de presión al electorado.

Atendiendo al contenido de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción III del artículo 41, tenemos que la organización de las elecciones federales es una función estatal ``que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores''.

Tales principios deben plasmarse en la legislación secundaria. Como consecuencia de ello, son previsiones legales las relativas a: la organización de las elecciones federales como una función estatal que se realice a través de un organismo público de carácter permanente, habitualmente dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; y que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores en el ejercicio de esa función electoral.

Previsiones que, por su alcance y significación, son de llamar nuestra atención dado que no constituyen una mera declaración de principios, sino que tienen una connotación y un significado muy específicos; a saber, que una de las principales encomiendas de la autoridad electoral, por lo que hace al desarrollo de un proceso comicial, será garantizar que el mismo se desenvuelva en circunstancias tales que no impliquen privilegios ilícitos o irregulares en beneficio de un instituto político o bien, en detrimento de otros; ello, no sólo como un claro y manifiesto rechazo a las viciosas prácticas que caracterizaron en el pasado las contiendas federales electorales en nuestro país, sino también, como supuesto mínimo e indispensable para garantizar que la democracia deje de ser el texto muerto de la ley y pase a ser realidad plena y viva; meta que únicamente se obtendrá si los principios en los que se sustentan los procesos electorales --identificados en líneas de antelación-- se respetan a cabalidad en todos los órdenes de la vida pública nacional.

Como consecuencia de lo anterior, es decir, impedir que se susciten acontecimientos que impliquen inequidad en la contienda, la autoridad electoral puede y debe intervenir. En este sentido, por lo general, a los órganos de dirección de las entidades encargadas de organizar las elecciones se les dota de atribuciones para investigar por los medios legales pertinentes, todos los hechos relacionados con el proceso electoral, de los partidos políticos, de ciudadanos o de autoridades en contra de su propaganda, candidatos o miembros, y resolver en su oportunidad.

Y dado que a dichos órganos también se les reconoce autoridad para velar por la observancia de tales disposiciones y para adoptar las medidas a que hubiera lugar para asegurar a partidos políticos, coaliciones o candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, tenemos que existen facultades y atribuciones específicos a favor de las autoridades electorales, para vigilar y sancionar en su caso, aquellas conductas que sean lesivas de la equidad del proceso.

Así entonces, es de afirmarse que el solo hecho de que un significativo número de personas previamente uniformadas, dentro, fuera o en las inmediaciones de todas las casillas instaladas en un municipio, distrito o estado a lo largo de la jornada electoral y, por ende, en la etapa más relevante del proceso, es de suyo una actividad debidamente orquestada con un fin determinado, que carece de un fin lícito o, como mínimo, normado por la legislación electoral.

La mera presencia de un conjunto de personas uniformadas y postradas al exterior de las casillas, constituyen o deben de constituir recursos extraordinarios a los permitidos en la ley, ya que en aquélla se establecen los lineamientos que deben observar los partidos políticos contendientes para competir en una elección determinada en igualdad de circunstancias.

En este sentido, si la legislación electoral establece que en cada casilla instalada, cada partido político tendrá el derecho de registrar un representante propietario y uno suplente, además de un representante general por cada diez casillas urbanas y uno por cada cinco casillas en zona rural, es inevitable concluir que el legislador ordinario determinó que estas medidas son suficientes para que los contendientes puedan proteger sus derechos en el transcurso de la jornada electoral.

Mediante un representante propietario, cada partido o coalición tienen el derecho de participar y vigilar en el desarrollo de recepción de votación, y vigilar con ello que se cumplan con las normas previstas para tal fin. Asimismo, se faculta a los partidos a contar con la participación de un representante general encargado de denunciar los actos irregulares que suceden en el exterior de la casilla y en su caso evaluar junto con el representante de casilla el proceso de recepción de votación que les compete.

A través de estos lineamientos, el legislador previó el medio de garantizar a los partidos una debida representación y presencia en las mesas directivas de casilla durante el desarrollo de los comicios; y esto es así precisamente porque se pretendió impedir que la vigilancia en el proceso de recepción de la votación fuera proporcional a la fuerza y representación de cada partido político, y con ello evitar, como sucede en el caso, que un determinado contendiente vigile con mayores recursos el desarrollo de la jornada electoral en relación con el resto de los demás competidores, además de originar actos contrarios a la ley.

Por otra parte, de igual modo, las legislaciones electorales por lo regular prevén que no se pueden llevar a cabo reuniones proselitistas ni cualquier acto de propaganda política dentro de los tres días previos a la jornada electoral ni el día de la elección. Y es indudable que se puede afirmar la influencia en el ánimo del elector al evidenciar un sistema organizado por un partido político o coalición de uniformar a sus simpatizantes y colocarlos en el exterior de las casillas; afirmación que se sostiene si tomamos en cuenta dos factores: a) si no tuviera ninguna eficacia ni surtiera efecto alguno, no sería razonable que el partido o coalición, se tomaran todas las molestias inherentes al acto de reunir, uniformar, organizar, trasladar, alimentar, entre otras, a un gran grupo de personas en las dimensiones que implica operar en todo el territorio de una Entidad federativa, municipio o distrito electoral; y, b) es innegable que existe una prohibición legal en este sentido, que a la letra dice, según el artículo 190 del Cofipe: ``las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección''.

Así, dado que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permiten reuniones o actos públicos de campaña, propaganda o de proselitismo electoral, lo que se establece con el propósito de que el elector tenga un tiempo razonable para madurar el sentido y la intención de su voto, contando con un periodo para la reflexión el cual debe mantenerse al margen de la influencia que sobre él ejerce --pues ése es su propósito y no otro-- la propaganda electoral.

De donde resulta que cualquier actividad que se pueda entender como proselitismo y que ocurra en dicho lapso es atentatoria de esta disposición pues, como ya vimos, el espacio de tiempo que media entre el cese de las actividades de campaña y proselitismo y el de la jornada electoral, está previsto exclusivamente, al menos desde la óptica del ciudadano, para que decida al margen de apasionamientos o influencias indebidas el sentido de su voto. Para ése efecto es precisamente que la ley establece lo que se conoce como ``periodo de reflexión'', durante el cual el elector debe de estar ya libre de las influencias que realizan los diferentes contendientes en la elección a través de sus mensajes propagandísticos. ¿Y cómo no habrá de ser proselitismo el que un elevado número de personas vestidos de manera idéntica e identificados plenamente a favor de un partido o candidato, se reúnan en la inmediaciones de la casilla durante las diez horas que por lo menos dura la jornada electoral?

Con relación a que la jornada electoral debe ser pacífica y libre de incidentes, la reflexión es mínima: a todas luces resulta evidente la violación a los preceptos legales antes citados, puesto que de considerar lo contrario, se estaría en el absurdo de permitir a cada una de las fuerza políticas contendientes en una determinada elección llevar a cabo tales actos ya como manera de disuadir la presencia de los adversarios o de restarle fuerza a la misma. A manera de ejemplo, en las pasadas elecciones del 6 de julio del año 2003, eran once los partidos políticos contendientes en la elección federal, que de suponer que cada uno de ellos estableciera en las afueras de cada casilla un promedio de 5 y 10 personas uniformadas, no obstante contar con los representantes permitidos por la ley, se llegaría al absurdo de que en las inmediaciones de cada casilla estarían presentes ¡entre 55 y 110 personas uniformadas de diversa manera! Circunstancia que, por razones obvias en el desenvolvimiento de una jornada electoral, generaría actos que entorpecerían el desarrollo de la votación.

En este orden de ideas, es claro que las ``Mareas'' vulneran algunos de los principios rectores que rigen la materia electoral; por lo que, a fin de lograr la mejor aplicación de la ley, adaptándolas al tiempo y a las circunstancias que rodean los casos concretos, evitando, en la medida de lo posible, vulneraciones al derecho fundamental de votar, es que debe prohibirse, impedir o inhibir la realización de tales conductas.

Es oportuno señalar que no pasa desapercibido para el suscrito, que en la actualidad, en el inciso k) del artículo que se propone modificar, se prevé la llamada ``nulidad genérica'' en los términos siguientes: ``Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma''; pero es indudable que dada la reiteración de este tipo de conductas en distintas elecciones, es pertinente incluirla como una nulidad específica; precisamente porque es en muchos sitios del país, en diferentes elecciones y con objetivos diversos, que se ha detectado la presencia, el día de la jornada electoral, de grupos de personas uniformadas y ubicados en las inmediaciones de la sección electoral; teniendo este tipo de movilizaciones, significativos efectos en los procesos en que aparecen.

Por otro lado, la bondad de incluir esta previsión, sin duda pondrá en marcha a los poderes legislativos locales que podrán a su vez, modificar sus respectivos textos jurídicos para regular estos supuestos, máxime en aquellas entidades en donde se han hecho sentir sus nocivos efectos.

Con todo lo anterior, indudablemente, con la aprobación de esta iniciativa, se impediría la discrecionalidad de los organismos electorales, ya administrativos ya jurisdiccionales, en la resolución de conflictos derivados de que se presenten situaciones de este tipo.

En concreto, la reforma que se propone es la modificación del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a las consideraciones siguientes.

Como es sabido, en dicho artículo se prevén y sancionan conductas diversas que guardan relación con la anulación de la votación recibida en una casilla cuando se acredite cualesquiera de las causales que el propio numeral prevé.

El inciso i) se propone reformar a efecto de incluir en su texto el párrafo siguiente: ``Realizar actos de proselitismo'', como primer supuesto generador de nulidad adicionalmente a los otros dos: ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; por lo que dicha fracción quedaría del siguiente modo: ``i) Realizar actos de proselitismo, ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación''.

La justificación de esta medida se halla en lo siguiente: el Código Penal Federal, en su artículo 403 determina que se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien --fracción III-- ``haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto''; es decir, la legislación penal ya prevé como conducta punible el que se haga proselitismo el día de la jornada electoral, como una hipótesis diversa al hecho de hacer presión. En este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, indica que por proselitismo debemos entender el ‘celo de ganar prosélitos'; y por tal, el mismo documento entiende ‘partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina'; de donde resulta que es absurdo que se sancione penalmente una conducta que se estima ilícita, y en cambio, en lo verdaderamente relevante para los fines electorales, no se comprenda esta conducta, como una causal específica de nulidad. Amén de que las ``mareas'', como se apunta en párrafos a anteriores, indudablemente constituyen actos de proselitismo por la promoción y difusión que de un partido, coalición o candidato, se hace durante la Jornada Electoral. De ahí la oportunidad de incluir la reforma propuesta en los términos en que se efectúa.

Además, se propone reformar el inciso j) del mismo articulado a efecto de suprimir de su texto el nexo copulativo ``y'' ubicado al final del mismo, pues dejaría de ser el penúltimo inciso, para pasar a ser el antepenúltimo; su texto quedaría así: ``Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación''.

En consecuencia, el inciso l) se propone adicionar, pero su contenido es idéntico al vigente inciso k), lo único que se hace es recorrerlo para quedar en los siguientes términos: ``l) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma''.

La otra propuesta de reforma, la fundamental, se halla en el inciso k, que se reforma para quedar así: ``La presencia, el día de la jornada electoral, de un grupo o grupos de personas uniformadas o identificadas con un partido político o candidato, ubicados en las inmediaciones de la sección electoral respectiva o fuera de la casilla''.

A lo que es preciso señalar que la expresión ``la presencia, el día de la jornada electoral'' alude a que los grupos pueden instalarse antes de que la jornada electoral comience, de donde deriva que cualquier grupo que tenga las características a que el ordinal se refiere, está impedido de apostarse en las inmediaciones de la casilla electoral incluso antes de que la Jornada dé inicio, es decir, a las seis o siete de la mañana.

La identificación ``de un grupo o grupos de personas uniformadas o identificadas con un partido político, coalición o candidato'' obedece a que los grupos de personas pueden estar, o no, uniformados; ya que es factible que se identifiquen de cualquier otra manera con un partido político, coalición o candidato; por lo que la prohibición para que estos grupos se conformen es absoluta, ya se trate de verdaderos uniformes o de otros implementos similares que sirvan para identificar a un grupo de tres, cuatro o más personas.

Finalmente, al preverse en el artículo que dichos grupos estén ``ubicados en las inmediaciones de la sección electoral respectiva o fuera de la casilla'', se pretende impedir que tales grupos circulen en las inmediaciones de la sección electoral presionando al electorado o influyendo en él; y más aún, que operen cerca de la casilla respectiva afuera o dentro de ella alguno o algunos de sus integrantes. El Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define inmediación como la ‘cualidad de inmediato', o bien, como la ‘proximidad en torno a un lugar', por lo que de manera expresa se está sancionando el tránsito de estos grupos o fuera o en las cercanías de la casilla; pues es absurdo pretender que adicionalmente a los representantes autorizados por la legislación electoral --representantes ante los organismos electorales, en la casilla o generales-- haya grupos de éstos, con carácter ``informal'' realizando actos diversos tales como presión, proselitismo u otro acto indebido el día de la jornada electoral.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral

Artículo Único. Se adiciona con un inciso l) y se reforman los incisos j) y k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

``Artículo 75.

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

a) ...

i) Realizar actos de proselitismo, ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

k) La presencia, el día de la Jornada Electoral, de un grupo o grupos de personas uniformadas o identificadas con un partido político o candidato, ubicados en las inmediaciones de la sección electoral respectiva o fuera de la casilla, y

l) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.''

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. Antonio Morales de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Antonio Morales de la Peña.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 15 DEL 19 de OCTUBRE de 2004

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HEROICO BATALLON DE SAN BLAS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre Batallón Activo de San Blas.

El diputado Salvador Sánchez Vázquez: Diputado Presidente.

Iniciativa para que se inscriba el nombre del heroico Batallón de San Blas, en el Muro de Honor del salón de plenos de la Cámara de Diputados.y es en estos términos, señor Presidente, que solicito que se publique en su caso en la Gaceta y así se turne a la comisión correspondiente.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Batallón de San Blas''.

Diputadas y diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta soberanía, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En el siglo XIX, nuestra patria vivió las más cruentas jornadas en busca de su independencia y de su identidad. A la lucha por la libertad encabezada por Miguel Hidalgo y Leona Vicario, por Josefa Ortiz y José María Morelos, por Ignacio Allende y Francisco Javier Mina, por Nicolás Bravo y el cura José María Mercado, por Vicente Guerrero, habrían de seguir las pugnas entre monárquicos y republicanos; las logias de los escoceses y de los yorquinos discutían ideas que se volcaban al ámbito de lo político pero que con frecuencia se manifestaban en el campo de batalla; las derivaciones hacia las luchas entre centralistas y federalistas continuarían enrareciendo los escenarios de México para hacer de la violencia un signo distintivo de esos tiempos.

Las divisiones entre los mexicanos, entre el pueblo de una nueva nación, serían condición propicia para que potencias extranjeras vieran a nuestro país como un botín alcanzable. Desde la antigua metrópoli, España, hasta las colonias inglesas, pasando por las ambiciones de la Francia napoleónica e Inglaterra, se gestaban las agresiones contra México.

Bien había advertido fray Servando Teresa de Mier que se tuviera cuidado con los afanes expansionistas de lo que algún día había sido colonia de Inglaterra. Los ojos de los nacientes Estados Unidos de Norteamérica estaban puestos al oeste y hacia el sur, hacia tierras ricas pero vulnerables por su baja densidad y distribución demográfica (México tenía apenas 5 millones de habitantes a lo largo y a lo ancho de 4 millones de kilómetros cuadrados), sus guerras internas, un sistema político en discusión, los errores de un gobierno centralista encabezado por Antonio López de Santa Anna.

En las jornadas heroicas del pueblo mexicano en la defensa de la patria durante la invasión norteamericana de 1846-1847, se distinguió el Batallón Activo de San Blas, contando con 632 efectivos, mayoritariamente ciudadanos nayaritas, cuerpo de ejército que el día 13 de septiembre de 1847 combatió en Chapultepec, bajo el mando del Teniente Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Los hombres de lo que desde 1917 es el Estado Libre y Soberano de Nayarit no volverían a sus hogares.

El Teniente Coronel Xicoténcatl, tlaxcalteca distinguido, quien había estado al mando de fuerzas militares de Jalisco, en tan sólo dos meses organizó el batallón de San Blas y lo encabezó rumbo a la Ciudad de México. En la defensa del Castillo de Chapultepec, esta unidad se distinguió por su bravura al acompañar en la lucha por ese histórico paraje a 200 heroicos cadetes del Colegio Militar.

El Batallón de San Blas no estaba integrado por soldados profesionales, pocos eran en el México de entonces, sino por ciudadanos que amaban su patria, su sentimiento era tal que entregaron su vida por ella junto con aquellos cadetes, de cuyo histórico sacrificio hay constancia en el Muro de Honor de este Salón de Plenos, mas es de justicia, que a esa presencia se agregue la del también Heroico Batallón de San Blas, integrado por hombres que salieron de sus hogares, superaron sentimientos de repudio al centralismo gubernamental de la época, a los errores de un régimen que perdía el control de la nación y que tuvo como consecuencia la agresión imperialista y la pérdida de la mitad de nuestro territorio, y se unieron en la realización de una gesta superior de los mexicanos: la defensa de la patria.

Recordar al Batallón de San Blas y plasmar su nombre con letras de oro en este recinto parlamentario además de constituirse en homenaje a ellos y a cuantos como ellos cayeron de la lucha por nuestra soberanía, es tener presente en la memoria a los hombres de entonces y a los que antes y después, ahora mismo, se aplican en los espacios todos a la construcción de la patria, de la patria que hemos heredado y la cual a nuestra vez habremos de legar a las generaciones venideras, una patria construida con sangre pero también con trabajo.

Tener frente a nosotros el recuerdo de esos héroes y de otros próceres constructores del México de ahora es recordarnos el compromiso de aplicación que tenemos para con la patria, es tenerlos presentes en la realización de nuestras tareas legislativas y su espíritu siempre estará vigilante de cuanto hagamos, de ese hacer que nos comprometimos a realizar bajo la consigna protestada de ``cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos'' y con la patria, ellos, habrán de demandarlo si no lo hacemos.

Consideraciones

Primera. Que el Batallón de San Blas representa en la historia de México a todos los ciudadanos que entregaron su vida a cambio de la libertad.

Segunda. Que el aporte generoso del Batallón de San Blas es ejemplo de generosidad y entrega patria que permite compartir con todos los ciudadanos, el reconocimiento a quienes entregaron su vida en la defensa de la nación.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Batallón de San Blas.

Transitorios

Primero. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia correspondiente al evento del caso.

Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. Salvador Sánchez Vázquez, Dip. Joel Padilla Peña, Dip. Humberto Cervantes V., Dip. Manuel Pérez Cárdenas, Dip. Raúl Mejía, Dip. Hilaria Domínguez, Dip. Guillermo Martínez Nolasco, Dip. Carlos Blackaller Ayala. (rúbrica).»

Lo firman, diputados federales nayaritas de los diferentes grupos parlamentarios, así como otros diputados y diputadas que se han sumado a esta iniciativa que hoy presento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado, don Salvador Sánchez Vázquez.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Señoras y señores legisladores, en las galerías nos visitan integrantes de la Asociación Guía Proestudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quienes le damos la bienvenida.

También nos visitan integrantes y estudiantes universitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila, a quienes también le damos la bienvenida.

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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Con su venia, señor Presidente.

El diputado Guillermo Tamborrel y la diputada Margarita Zavala, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos esta iniciativa que reforma el artículo 5º, fracción IV de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La discriminación es entendida como toda forma de menosprecio, de distinción y de exclusión, restricción o preferencia hecha por personas, grupos o institución basadas en la raza, el color, el sexo, la religión, la descendencia, el origen étnico, la edad, la orientación sexual y todo aquello que discrimina y que deshumaniza.

La implementación de leyes contra la discriminación no son suficientes, pero sí representan la preocupación de la sociedad y la discriminación en sí misma deshumaniza, se pierden recursos humanos, se pierden recursos económicos.

Toda esta preocupación es fuente real del derecho y por eso el 11 de junio de 2002 se aprobó por unanimidad la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Esta ley creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, siendo su Presidente don Gilberto Rincón Gallardo, por cierto, aprovecho para que quienes se encargan del presupuesto, que somos nosotros, pues cuidemos precisamente este consejo, que además tuvo una intervención muy importante en el penosísimo caso de Ninet Torres Villarreal, a quien se le negaba una beca de estudio por estar embarazada.

Y son muchas cosas las que me gustan de esta ley; me gusta el fondo de la misma; me gusta la definición de discriminación; me gusta que haga énfasis en la xenofobia y en el antisemitismo como una forma de manifestación de la discriminación, pero en el artículo 5º señala: ``...no se considerará conducta discriminatoria la siguiente...'', y establece 8 fracciones, 8 fracciones que son en la gran mayoría pretextos para discriminar y la fracción IV, señala: ``...no se considera conducta discriminatoria...''

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento diputada Margarita Zavala. Por favor, activen el sonido en la curul de la diputada Martha Palafox.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde su curul): Gracias, señor Presidente. Solamente solicito la palabra para hacerle a usted una respetuosa pregunta. ¿Si ha tomado usted las medidas necesarias, para que nuestra compañera que está en el uso de la palabra no sea sancionada por nuestro compañero Secretario, por venir vestida de rojo? Porque ella representa a un partido político y es casualmente, ese color el del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señora diputada, se le tiene por haciendo las manifestaciones que acaba usted de hacer, en el uso pleno que tiene usted de libertad de expresión.

Continúe, diputada Margarita Zavala. Adelante.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Señora diputada, si usted se refiere a esta intervención, que interrumpe mi exposición...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Perdóneme, diputada Margarita Zavala. De acuerdo con el Reglamento, no se permiten diálogos en la Asamblea. Continué usted con la lectura de la iniciativa. Adelante.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Sí, señor Presidente. Seguimos, toda vez que la señora no entendió nada de la iniciativa que presentamos.

En este orden de ideas señala la fracción IV, que en el ámbito educativo los requisitos académicos de evaluación y los límites de razón de dar, no son conductas discriminatorias.

Y bueno, el pretexto fue quizá que en la primaria se requieren 6 años cumplidos, porque se dice, que el niño está preparado pedagógica y sicológicamente hasta los 6 años de edad. Y yo me pregunto ¿ésta es una razón de dar o es una razón pedagógica?, y ¿qué es lo que ha pasado, señoras y señores diputados?, que bajo ese pretexto muchas mujeres son discriminadas y muchos hombres también para adquirir una beca, por ejemplo, después de los 35 años o después de los 30.

El Conacyt, por ejemplo, establece como requisito no sólo las que da la beca, la propia beca del Conacyt, sino otras instituciones establecen como requisitos, 35 años o 40 años de edad, en el mejor de los casos.

Y esta fracción IV se está utilizando para discriminar y para no permitir que personas mayores de 35 años o de 30, tengan una beca, unos estudios, una maestría, un posgrado o un diplomado y se oyen, se oyen pretextos absurdos, porque para discriminar todos los pretextos que se dan son absurdos y se dice, por ejemplo, que se da una beca a los 35 años, porque terminando el estudio de maestría, llegará a los 40 y empieza la vida productiva a partir de los 40 y que si los dieran más tarde la vida productiva no sería del todo rentable.

No entienden nada, nada de lo que es la discriminación y mucho que le afecta al país y lo mucho que le afecta, no sólo en el sentido humano, sino en el sentido económico, discriminaciones de ese tipo.

Por eso, esta ley tal como está, en su fracción IV, lo único que hace es otorgar o permitir o dar un pretexto o una sin razón más para discriminar, y por tal motivo presento el decreto que reforma la fracción IV del artículo 5° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de que el artículo 5º señale: no se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:

De la fracción I a la III

Y en la IV diría: ``en el ámbito educativo los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación'', eliminando ``los límites de edad''.

Muchísimas gracias, señor Presidente y le ruego que se inserte en el Diario de Debates la iniciativa completa firmada por diputados del PAN. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo y del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 5, fracción IV, en materia de conductas discriminatorias en el ámbito educativo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La discriminación, es entendida como toda forma de menosprecio, distinción o exclusión, restricción o preferencias hecha por persona, grupo o institución, basada en la raza, el color, sexo, religión, descendencia, origen étnico, edad, orientación sexual o cualquier característica análoga, anula o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto en las esferas política, sociales, económicas, culturales como en cualquier otra. De allí la importancia de trabajar desde todas las esferas y en todas las materias para combatir este flagelo.

La implementación de leyes contra la discriminación no necesariamente representa un avance definitivo hacia la equidad. Pero sí refleja la preocupación de la sociedad. El desprecio, lo que deshumaniza la propia discriminación, lo que se pierde de humanidad, lo que se pierde de recursos humanos y económicas, todo esto y más forma parte de la fuente real del Derecho que da a lugar leyes contra la discriminación.

No representan un avance definitivo pero si son fundamentales, aunque no suficientes, son necesarias. Como en otros países todavía nos hace falta avanzar efectivamente en la aplicación de la justicia, en la confianza de las instituciones, en la transformación cultural y educativa de nuestras sociedades. Nos faltan todavía acciones que conducirán a contrarrestar las inequidades sociales y económicas que aún persisten en niveles inaceptables.

No obstante esta realidad, estamos ciertos que la igualdad formal en las leyes es un buen principio para avanzar gradualmente a sociedades más equitativas, toda vez que la legislación otorga certidumbre y protección al sujeto vulnerable y es el instrumento donde se materializan las condiciones para que la igualdad de oportunidades no sólo sea deseable sino posible. Gracias al importante precedente que constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en el mundo hoy contamos con importantes instrumentos normativos para combatir la discriminación.

Con apego a estos y otros instrumentos internacionales, se reformó nuestra Carta Magna en 2001 para dejar asentada la prohibición de toda forma de discriminación por origen étnico o nacional, el género, ladead, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el 11 de junio de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tuvo el consenso de todos los grupos parlamentarios, por lo cual se dictaminó y aprobó por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Esta Ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo primero de la Constitución Política, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Con su entrada en vigor, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como la principal autoridad encargada de su aplicación y observancia, en su calidad de organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión.

Recientemente, el Consejo coadyuvó para que se le reintegrara la beca a una joven mexicana de nombre Ninett Torres Villarreal por parte del Centro Mexicano de Escritores, que se le había retirado por el hecho de estar embarazada.

El Congreso de la Unión ha establecido diversas comisiones ordinarias y especiales para la observancia de los derechos de los grupos menos favorecidos y para atender problemáticas particulares como es el caso de los feminicidos en Ciudad Juárez.

México presenta un marco jurídico y las instancias formales para avanzar en la equidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Pero cualquier cosa puede ser aprovechada para discriminar. Y la discriminación no conviene a nadie, ni en términos económicos ni mucho menos en términos humanos.

Por tal motivo, no podemos permitir dejar ni un resquicio a la Ley por donde la discriminación pueda pasar con facilidad. La ley no lo resuelve todo pero debe poner obstáculos para evitar lo que prohíbe.

La presente iniciativa tiene que ver con el artículo 5º. de la ley que señala los casos en que ``no se consideran conductas discriminatorias'' y señala ocho fracciones que en algunos casos, en la mayoría de los casos, son pretextos para discriminar. Se señalan las sinrazones --que no las razones- para discriminar. Habrá que analizar cada una de las fracciones pero me voy a referir exclusivamente a la fracción IV.

En este orden de ideas, no se considera una conducta discriminatoria en el ámbito educativo, los requisitos académicos y de evaluación y los límites por razón de edad.

Los límites por razón de edad, y eso a qué se refiere? A tema propios de la pedagogía o de la edad, a desarrollo pedagógico o a las ganas de ponerle una edad a las maestrías a las becas. El pretexto para insertar esto en la ley fue, seguramente, la primaria. La edad de seis años cumplidos para el 1º. de septiembre que de conformidad con los acuerdos de la SEP se establece para ingresar a primero de primaria. El argumento de establecer como mínimo la edad de seis años para entrar a la primaria tiene que ver con la percepción de que a esa edad y no antes, están preparados pedagógica y psicológicamente para asimilar materias de alto grado como son las matemáticas y el español. Muy bien pero ese argumento es de edad o pedagógico? Suena más bien pedagógica ¿no es así?. Y para ello bastaría la fracción VIII de la propia ley.

Sin embargo, para la obtención de becas de postgrado, el CONACYT como otras instituciones ``educativas'' han establecido como límite de edad los 35 años. Los argumentos son discriminatorios y ridículos, o bien son ridículos por discriminatorios. Y se atreven a dar como argumento que más años no permitirían la misma productividad para devolverle al país la inversión que se ha hecho en el estudiante y que si su formación termina en 4 años estaría por cumplir los 40 y hasta esta edad iniciaría su vida productiva. Argumentos que demuestran la ignorancia y la discriminación de la que gozan o sufren quienes otorgan las becas.

Pero esta ley, tal como está, permite fácilmente discriminar por la edad par otorgar becas o inscribirse a un posgrado. Resalto además que el límite de edad le afecta a los hombres y a las mujeres pero realmente quiero decirles que son las mujeres las principales víctimas. Ejemplos hay muchos. Por tal motivo, presento el

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 5 de La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 5.- No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:

...

I. ... a III. ...

IV. En el ámbito educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación.

V. ... a VIII. ...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre del año 2004.--- Dip. Margarita Zavala Gómez del Campo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO PENAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día, son de primera lectura los dictámenes siguientes:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de la:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-384, de fecha 25 de marzo de 2004, que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se establece que ``En sesión celebrada en esta fecha por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fecha 25 de marzo de 2004, la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 323, del Código Penal Federal''.

Segundo.- Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- De la exposición de motivos de la Iniciativa presentada se desprende que el delito de privación de la vida es castigado con severidad por la autoridad. Sin embargo, agrega, que requieren especial atención aquellos crímenes cometidos en contra de alguna persona con la que se mantiene algún lazo o relación familiar. Específicamente, hace referencia a los delitos que fueron conocidos como parricidio e infanticidio, mismos que fueron derogados como tales el 10 de enero de 1994, a través de una reforma que dio lugar al Capítulo IV del Título Décimo Noveno del Código Penal Federal titulado ``Homicidio en razón del parentesco o relación''.

La penalidad establecida en dicha reforma para el delito de ``Homicidio en razón del parentesco o relación'', fue de diez a cuarenta años de prisión.

Asimismo, la Iniciativa expone que las penalidades para los delitos de homicidio atenuado por estado de emoción violenta, riña o duelo, es de dos a doce años de prisión; para el homicidio simple intencional de doce a veinticuatro años de prisión; y, para el calificado, cometido con premeditación, ventaja, alevosía o traición, de treinta a sesenta años de prisión.

SEGUNDO.- Del punto anterior, la autora de la Iniciativa concluye, en ``que todas las condiciones que acontecen para que el delito de homicidio sea atenuado, simple intencional o calificado, se pueden presentar en el delito de homicidio en razón de parentesco o relación''.

Es decir, que de la relación entre la víctima y victimario existe una situación subjetiva particular que atenuaría o agravaría el crimen cometido.

Apoya lo expresado, en que las relaciones familiares o de parentesco existentes entre ``ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación'' --tal y como se expresa en el Código Penal Federal-- en muchas ocasiones están inmersas en la Violencia Familiar, que no queda en lesiones únicamente, sino que ``va hasta la muerte de algún integrante''. Por ello, la Violencia Familiar, debido a su frecuencia y lesiones severas físicas y emocionales a los miembros integrantes de la familia, ya se encuentra tipificada en el mismo Código aludido en su Capítulo Octavo. Es decir, es el lado opuesto de las relaciones íntimas basadas en el amor y el respeto mutuo familiar.

TERCERO.- Por ello, la autora de la Iniciativa, considera que al determinar la penalidad para la figura de ``Homicidio en razón del parentesco o relación'', no fueron debidamente valoradas estas condiciones particulares de convivencia entre la víctima y el victimario. Pues, en cada caso particular, existe infinidad de circunstancias que el juzgador deberá valorar debidamente para la individualización de la pena; prioridad que el juzgador deberá tener en cuenta cuando esté resolviendo el caso en concreto.

CUARTO.- El Código Penal Federal, al regular la privación de la vida, a través de distintas reformas, ha incrementado la penalidad para el homicidio calificado y con las reformas del Decreto fechado el 10 de enero de 1994, se derogaron los artículos que contemplaban el parricidio y el infanticidio, creando el Capítulo IV del Título Décimo Noveno del Código Penal Federal, sustituyéndolos con el ``Homicidio en Razón del Parentesco o Relación''.

Así, en la descripción de la nueva figura delictiva, se incluyeron las conductas que configuraban el parricidio y el infanticidio, derogándose los artículos que los contenían, pues dicho Capítulo solamente consta de un Artículo, el 323, que a la letra dice:

``Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores''.

En las citadas reformas se estableció como penalidad aplicable al delito de ``Homicidio en razón del parentesco o relación'' prisión de diez a cuarenta años.

QUINTO.- El delito de referencia, así como el de homicidio genérico, pueden cometerse en muy variadas formas, tal y como lo establece el Código Penal Federal, penalizándose de acuerdo con su forma de ejecución, pudiendo ser homicidio atenuado por estado de emoción violenta, riña o duelo, cuya sanción, según el caso, puede ser de dos a doce años de prisión; para el homicidio simple intencional, de doce a veinticuatro años de prisión; y, para el calificado cometido con alguna agravante, ya sea premeditación, ventaja, alevosía o traición, con una pena de treinta a sesenta años de prisión.

SEXTO.- De esta forma, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos en que, si el homicidio cometido en contra de un desconocido es grave, la circunstancia de realizarse en contra de algún miembro del seno familiar, lo es aún más, pues se ejecuta entre quienes existe una relación física, emotiva y espiritual cotidiana.

Ahora bien, efectivamente, si privar de la vida con alguna agravante a un desconocido tiene una penalidad que, de acuerdo con las circunstancias particulares, puede ser de treinta a sesenta años de prisión; privar de la vida a una persona con quien se guarda un parentesco sanguíneo o una relación estrecha, debe ser un delito penado con la misma severidad prevista para el homicidio calificado.

En tal orden de ideas y, en resumen, la Iniciativa propone reformar el Artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de que la penalidad aplicable a la comisión del delito de ``Homicidio en razón del parentesco o relación'' sea de dos a sesenta años de prisión y no de diez a cuarenta años como lo establece la norma vigente.

Sin embargo, después de estudiar detenidamente el proyecto contenido en la Iniciativa presentada, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, consideramos que la pena mínima propuesta debe ser incrementada a diez años de prisión, por las mismas razones ya expuestas, que son básicamente la preservación y la seguridad familiar; por lo cual, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 323 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 323.- Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de diez a sesenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a ocho de septiembre de dos mil cuatro.--- Comisión de Justicia y derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica en contra), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Martha Laguette Lardizábal (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2° y 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada el 29 de Abril de 2004 el Diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX legislatura del Honorable Congreso de la Unión presentó al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa que reforma los artículos 2° y 3° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Segundo.- La Mesa Directiva turnó en esta misma fecha, dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el número de oficio D.G.P.L. 59-II-2-596 la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La iniciativa en cuestión, expone que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, contamos con cerca de 200,000 especies, lo que significa que un 10 a un 12 % de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio. México ocupa el primer, lugar mundial por el número de especies de pinos y el cuarto en plantas florales, pues cuenta con aproximadamente 26 mil familias de las cuales lamentablemente el 14 % son endémicas. De ahí, la enorme responsabilidad de legislar a favor de la protección y conservación de todas las especies y de su medio ambiente. Diversos estudios etnobotánicos, indican que cerca de 2 mil especies de plantas son utilizadas por los grupos indígenas y campesinos que habitan las zonas forestales de México. Estos productos van desde hojas, flores, frutos, cortezas, resinas, breas, cogollos, semillas y rizomas, hasta una infinidad de plantas medicinales y alimenticias utilizadas por estos pueblos para subsistir. De éstas, cerca de 25 especies de plantas son usadas como fuentes de la medicina occidental y aproximadamente 120 medicamentos se derivan de materias provenientes de plantas. Cerca del 25% de todas las medicinas prescritas se fabrican con productos obtenidos de plantas y en conjunto tienen un valor anual de aproximadamente 18 mil millones de dólares.

Sostiene además la Iniciativa, que es fundamental destacar que los recursos forestales tienen importantes funciones ambientales, como la regulación del ciclo hidrológico ya que, captan agua, evitan el azolve de lagunas y presas, evitan inundaciones, aunado a la indispensable aportación a la formación y protección del suelo, hábitat de la flora y fauna silvestre.

Se argumenta también, que la pérdida de dichos recursos es alarmante; se estima que cuando nuestro país inició su vida independiente, hace prácticamente 200 años, existían alrededor de 100 millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas. Lamentablemente, para las futuras generaciones, hoy sólo existen poco menos de 56 millones de hectáreas con masas boscosas, lo que indica que en menos de dos siglos, México ha perdido cerca de la mitad de estos recursos, la mayoría a lo largo de los últimos cuarenta años.

SEGUNDA: La iniciativa que hoy se dictamina, menciona que uno de los factores que afectan de manera importante a la vida silvestre en nuestro país, es su explotación ilegal, incluyendo la captura, colecta, transporte y comercio no autorizados de ejemplares, así como su cacería furtiva. Estas acciones alcanzan frecuentemente al ámbito y a los mercados internacionales donde muchas especies de cactus, orquídeas, cícadas, psitácidos, primates, felinos, cérvidos y reptiles, entre otros, están sujetos a las mayores presiones del tráfico ilegal, debido a que son altamente cotizadas.

TERCERA: Por lo que se refiere al daño ecológico, los indicadores más contundentes son: la extinción de especies y el incremento en el número de aquellas catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, y que la capacidad institucional del gobierno federal así como el marco legal, que apoya la inspección y vigilancia del aprovechamiento de la vida silvestre en el territorio nacional es insuficiente.

CUARTA: Derivado de lo anteriormente expuesto y considerando que tanto la explotación ilegal de productos forestales, realizada por grupos de delincuentes organizados, como las actividades ilegales asociadas con la captura, extracción, acopio, transporte y comercialización de ejemplares, productos y subproductos de especies de vida silvestre incluidas en la normatividad nacional, catalogadas como protegidas, amenazadas, raras o en peligro de extinción, deben ser incluidas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de que a dichos grupos les sea aplicada la ley de acuerdo al daño que realizan tanto al medio ambiente y a los recursos naturales, como al patrimonio de los legítimos propietarios de dichos recursos.

QUINTA.- Asimismo se considera necesario reformar la fracción VII antes V del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debido a que el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal ya no es texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1999, por lo que se modificó la denominación quedando la de Código Penal Federal.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o. Y 3o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a IV. ...

V. Tráfico de productos y subproductos forestales, previsto en los Artículos 418, 419 y 420 Bis IV del Código Penal Federal.

VI. Tráfico de especímenes, productos y subproductos de vida silvestre, previsto en el Artículo 420 del Código Penal Federal.

VII. Asalto, previsto en los Artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el Artículo 366; tráfico de menores, previsto en el Artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en el Artículo 381 Bis del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales.

Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Los delitos señalados en la fracción VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de agosto de dos mil cuatro.--- Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Kenny Dense Arroyo González, Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica),Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de primera lectura.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97, fracción IV, y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f y g de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de la:

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 97 FRACCIÓN IV Y 99 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada en fecha 27 de Abril del 2004 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que reforma los artículos 97 fracción IV y 99 último párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mediante oficio D.G.P.L.59-II-1-500, para su análisis y dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Iniciativa en cuestión, expone que en el juicio de amparo o de garantías se contemplan tres distintos recursos: el de revisión, el de queja y el de reclamación, amen de los innominados, establecidos en los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Además se indica en la Iniciativa, que de los recursos señalados, el de queja es heterogéneo, ya que su interposición por el quejoso, el tercero perjudicado, la autoridad responsable o el Ministerio Público, procede en hipótesis y situaciones procesales totalmente distintas entre sí; en términos generales, se utiliza para impugnar resoluciones contra las cuales no es procedente el recurso de revisión, para lograr la correcta ejecución de los mandatos dictados en el Juicio de Amparo y para precisar los excesos o defectos en el cumplimiento de la suspensión y de las sentencias que se dictan en el procedimiento de amparo.

TERCERA.- Asimismo, refiere que el artículo 95 de la Ley de Amparo contempla once diversos casos de procedencia del recurso de queja; a su vez, el artículo 97 de la ley citada, señala cuales son los términos para interponer el recurso, mismos que varían, dependiendo del supuesto de que se trate. Así, de dicho artículo, en su fracción IV, se desprende que en el caso de la fracción XI del artículo 95, el recurso de queja deberá interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Dicho cómputo, en la práctica forense, se hace, considerando la hora en que se notificó la resolución por recurrir, ya que en materia suspensional, los términos se computan de momento a momento y no, como en los casos de fondo del asunto, por días naturales. En este sentido, la iniciativa que hoy se dictamina, señala una discrepancia existente entre los artículos 97 fracción IV y 99 último párrafo de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éstos establecen diversos modos de computar el término para la interposición del recurso.

Por lo anterior, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos coincide plenamente con la propuesta de reforma que hoy se dictamina por lo que propone a esta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 97 FRACCIÓN IV Y 99 EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 97 fracción IV y 99 en su último párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 97.- ....

I a III ...

IV.- En el caso de la fracción XI del referido Artículo 95, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

Artículo 99.- ...

...

...

...

En el caso de la fracción XI la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Los jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda.

TRANSITORIO.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Palacio Legislativo de San Lázaro a dieciséis de junio de dos mil cuatro.--- Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello(rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis y VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76 BIS FRACCIÓN V Y 91 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada en fecha 15 de Abril de 2004, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada Rosalina Masari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que Reforma los artículos 76 bis fracción V y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante el oficio D.G.P.L., 59-II-2-503., dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente, el cual se emite al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Iniciativa de reforma que se propone, es de considerarse sustentable tanto en la forma como en el fondo y con un beneficio social dirigida hacia un grupo en específico, respecto del cual en la sociedad actual, se le ha estado protegiendo y reconociendo derechos. Ahora bien, considerando que estos dos grupos vulnerables, esto es, tanto los adultos mayores, como los discapacitados permanentes, cuentan con ciertos ordenamientos jurídicos que protegen y defienden sus derechos más elementales, la doctrina y la práctica jurídica dan cabida a la reforma que se plantea.

SEGUNDA.- La Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es reconocida como el instrumento que garantiza y protege a los ciudadanos en contra de los actos de autoridad que violentan sus derechos más fundamentales y cuenta con diversos principios de aplicación procesal que hacen efectiva la impartición de justicia. Por ejemplo: el espíritu que anima el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, cuenta con un carácter proteccionista de parte de los tribunales de amparo, y es por ello que funciona en favor de menores de edad e incapaces; por lo tanto, se observa atendible y benéfica en favor del pueblo de México una reforma que amplíe su catálogo de defensa bajo la tutela de este principio. Así, considerar sujetos de protección bajo el auspicio del Principio de la Suplencia de la Deficiencia de la queja a dos grupos vulnerables como lo son los adultos mayores y los discapacitados permanentes, sin duda alguna, impulsa un mejor sistema de justicia.

TERCERA.- Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, apoya la reforma en comento, en vista de la concordancia jurídica que existe entre la reforma propuesta y la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, ya que esta última, en su Capítulo correspondiente, señala que los adultos mayores tienen derecho a la certeza jurídica dentro de cualquier procedimiento judicial y esto, incluye desde luego al Juicio de Garantías.

CUARTA.- Por lo que hace a la reforma propuesta del artículo 91 fracción VI de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta congruente, ya que los adultos mayores o los discapacitados permanentes, eventualmente pueden ser asesorados por litigantes con falta de conocimientos efectivos en materia de Amparo, y que sólo por ganar dinero, no se apliquen al conocimiento real del caso y dejen en flagrante estado de indefensión a alguno de estos grupos; es por ello que si la reforma propuesta se aprueba, garantizamos aun más, el efectivo acceso a la impartición de justicia, para aquellos grupos jurídicamente vulnerables. Así, agregar a la fracción VI del artículo de mérito solo cuatro palabras y que con ello se procure un avance legislativo tan importante, es dar muestra de reformas que garantizan un adecuado acceso a la justicia federal y de igual manera, conscientes de la importante labor que desarrollan los Órganos Jurisdiccionales Federales, en Materia de Amparo, se concluye con el hecho de que resulta viable la reforma, ya que no implica mayores cargas de trabajo, ni costos económicos que sean pretexto para no poder llevar a cabo de manera pronta y ágil, la revisión de los agravios expuestos que, de resultar procedentes, deban ser análisis para suplir la deficiencia de queja en los Juicios de Amparo.

QUINTA.- Aunado a todo lo anterior, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y por todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos, al continuar con la revisión sistemática de la Ley que ahora se pretende sea reformada y que abordamos en este Dictamen, hemos apreciado que también se debe reformar el último párrafo del articulo 161, para quedar como sigue:

ARTICULO 161.- Las violaciones a las Leyes del Procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al Juicio.

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas:

I...

II...

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Con esta reforma, como se menciona precisamente en la exposición de motivos, lo que se propone es, en efecto, que los adultos mayores y discapacitados permanentes también reciban este beneficio procesal de suplir sus deficiencias en los conceptos de violación establecidos en su demanda de amparo o agravios, ya que el amparo es la última instancia que un individuo tiene para salvar su libertad, patrimonio y dignidad. Por ello, esta posición se comparte en el sentido de que, efectivamente, para muchos ciudadanos y ciudadanas adultas y/o discapacitados, el Juicio de Amparo es la última autoridad del Estado Mexicano, en quien depositan su esperanza de salvaguardar la libertad, bienes y propiedades.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, convencidos de la efectividad de la reforma en comento, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V DEL ARTICULO 76 BIS, VI DEL ARTICULO 91 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 161 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V del artículo 76 bis, VI del artículo 91 y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76 bis.- ...

I. a IV. ...

V. En favor de los menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

VI. ...

Artículo 91.- ...

I. a V. ...

VI.- Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.

Artículo 161.- ...

.....

I. a II. ...

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciséis de junio de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

Todos estos dictámenes publicados en la Gaceta Parlamentaria son de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Hidobro Picazarri, Lizette Zúñiga Sánchez, Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz, Agustín Torres Cortés, Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jacquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva, Ricardo Tejeda Colín, Héctor Avendaño Andrade, Cordelia Guajardo González, Agustín Herrera Mendoza y Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios a gobiernos extranjeros en México, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 22 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri y Lizette Zúñiga Sánchez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 29 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

d) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

e) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

f) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Ivonne Adriana González Moreno, para prestar servicios como Empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Lorena Eugenia Huidobro Picazarri, para prestar servicios como Operador de Sistemas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Lizette Zúñiga Sánchez, para prestar servicios como Secretaria, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficios fechados el 13 y 22 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz y Agustín Torres Cortés, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chih. y en Hermosillo Sonora.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus Actas de Nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chih. y en Hermosillo Sonora, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Hernández Leyva, para prestar servicios como Operador Telefónico en la Sección del Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana María Josefina Domínguez Concha, para prestar servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Maribel Gutiérrez Ortiz, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Agustín Torres Cortés, para prestar servicios como Ingeniero en Sistemas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 21 de septiembre de 2004, la Honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos mexicanos Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva y Ricardo Tejeda Colín, para que puedan prestar sus servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, Distrito Federal, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 28 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, Distrito Federal, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mirella Martínez Acosta, para que pueda prestar sus servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano José Alejandro Jácquez Escobar, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Rogelio Vázquez Lerma, para que pueda prestar sus servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mayra Angélica García Vega, para que pueda prestar sus servicios como Operadora de Teléfono, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Silvia Marvelia Castañeda Solano, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Salomón Murillo Villanueva, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ricardo Tejeda Colín, para que pueda prestar sus servicios como Técnico en Ingeniería Eléctrica en la Sección de Mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- Por la Comisión de Gobernación: Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Son de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos HÉCTOR AVENDAÑO ANDRADE, CORDELIA GUAJARDO GONZÁLEZ, AGUSTÍN HERRERA MENDOZA Y JESÚS AURELIO MACIAS URIBE, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Dinamarca, del Reino Unido y de Turquía, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Dinamarca, del Reino Unido y de Turquía, en México serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C), del artículo 37 Constitucional y al Segundo Párrafo del Artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Héctor Avendaño Andrade, para prestar servicios como Jardinero, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Cordelia Guajardo González, para prestar servicios como Asesora Política y Encargada de Proyectos, en la Embajada del Reino Unido, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Agustín Herrera Mendoza, para prestar servicios como Cocinero, en la Embajada de Turquía, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios como Chofer, en la Embajada de Turquía, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.

La ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Dispensada la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo parrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 21 de Septiembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa para reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Federal José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 21 de Septiembre de 2004 el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, par darle validez y la importancia que debe tener el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que se analiza para el presente documento, contempla la incorporación formal de la comunidad médica, a través de su instancia especializada, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas'' ( CONACEM ), en el procedimiento voluntario de certificación de los interesados, disponiendo que las autoridades educativas que corresponda consideren su opinión. Adicionalmente contempla la figura de recertificación, sin la cual no podría completarse la hipótesis normativa que otorgue las garantías buscadas para los profesionales médicos especialistas y para sus pacientes. Y por ende regular que en el marco jurídico se permita a las instancias gubernamentales, y a la sociedad, concurrir para la atención de la certificación de las especialidades.

III. CONSIDERACIONES.

A. Hoy en día en nuestro país los avances científicos en la medicina son constantes, por ello es que se debemos estar preparados y estar a la vanguardia, por ende estos nuevos conocimientos dan origen a los cursos de especialidades medicas, esto deja claro que la actualización de los profesionales de la medicina se da a través de los cursos de especialización. Los conocimientos de la ciencia médica se acrecientan y se relacionan de manera compleja con otras disciplinas científicas, razones por las que se hace necesario e indispensable que algunos médicos profundicen en un campo reconocido y validado científicamente como especialidad, lo que les permite obtener los conocimientos, destrezas y habilidades para ejecutar con calidad acciones médicas especificas. Quien posea estas cualidades puede denominarse ``Especialista'', siempre y cuando, su preparación se haya desarrollado en Instituciones de Enseñanza Superior e Instituciones del Sector Salud, públicas o privadas que cuenten con reconocimiento.

B. Las Leyes Orgánicas o los Decretos de creación de las instituciones públicas de educación superior y la propia Ley General de Salud facultan a éstas para expedir las constancias de sus cursos de especialización. En el mismo caso se encuentran instituciones públicas de investigación o de salud, como los Institutos Nacionales.

Por lo que se refiere a las universidades particulares, para efectos de la expedición de estas constancias, se asimilan a las instituciones públicas cuando están reconocidas oficialmente.

Los colegios o asociaciones de profesionales, aún hoy, expiden constancias de especialización en materia de salud. En este caso existe el riesgo de que los cursos impartidos u organizados por ellos no tengan el nivel requerido de estudios de especialidad.

Es menester decir que los médicos actualmente han encontrado acuerdos a través de sus organizaciones, es por ende que hoy es del conocimiento público que esta comunidad profesional cuenta con un excelente equilibrio entre sus organizaciones.

C. Ahora bien, en primer término puede apreciarse un papel definido para cada tipo de asociación civil. Así, y como es del conocimiento público, las funciones de la Academia Nacional de Medicina de México, es preponderantemente la investigación, la enseñanza y el alto reconocimiento profesional; en cambio los colegios se orientan principalmente a la representación gremial de los médicos, y en general a los propósitos que les marca el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal; en tanto que la única función de los consejos de especialidades, y en ello estriba su fortaleza, es la certificación de la capacidad de los médicos especialistas.

En segundo lugar, los médicos del país han creado sus instituciones y simultáneamente han generado sus controles con base en el acuerdo de voluntades. Así, el médico interesado en certificarse acude por decisión propia al consejo de la especialidad correspondiente. A su vez, el consejo fue formado por decisión de sus especialistas y, además, por decisión de los consejos ya constituidos, todos se sujetan en su desempeño, a las políticas marcadas por del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

D. Este comité normativo tiene un antecedente muy valorativo e importante; En 1963, los médicos anatomopatológos fundaron el primer consejo en México y desde entonces, la Academia Nacional de Medicina siguió con gran atención la marcha y desarrollo de las especialidades y la formación de consejos; esta inquietud e interés llevó a la Academia a elaborar y publicar el documento titulado: ``La formación de Especialistas y la Reglamentación de las Especialidades'', que promovió una serie de actividades que culminaron con la organización de los consejos de especialistas y la reglamentación de las especialidades.

Fue en 1972 que los diez consejos que existían solicitaron a la Academia les otorgara el reconocimiento de idoneidad y desde esa fecha continuaron fundándose consejos. Para 1975 que se estableció el Comité, existían 44 consejos que agrupaban a 43,000 especialistas certificados; y para el 2001 ya habían 47 consejos los cuales han conferido certificación a 64,534 médicos especialistas.

La seriedad, empeño y entusiasmo con que fue llevado el programa determinó que en el artículo 160 del Código Sanitario y más tarde en el 81 de la Ley General de Salud vigente, se reconociera a la Academia Nacional de Medicina de México como autoridad en materia de certificación de especialistas y reconocimiento de especialidades.

Fue a finales de 1994 cuando la Academia Mexicana de Cirugía, recientemente designada Órgano Consultivo del Gobierno Federal por el Presidente de la República, solicitó su participación en estas importantes tareas. La Academia Nacional de Medicina, consciente de lo que aún faltaba por realizar dada la importancia que tiene y tendrá el número de consejos y de médicos certificados, así como la proyección que es de esperarse, determinó que era indispensable y provechoso contar con la colaboración de los Consejos de Certificación. El prestigio y experiencia de sus miembros, fortalecerían el programa, aportarían nuevas ideas y se propiciaría más la unión y acercamiento entre médicos e instituciones.

Por estas razones, se propuso y fue aceptado de inmediato el formar un Comité integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y la Asamblea de Consejos de Especialidades Médicas denominado ``Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas'', (CONACEM).

El CONACEM quedó formalmente constituido el 15 de febrero de 1995 con sede en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina.

En síntesis el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, es un organismo derivado de un acuerdo celebrado entre la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia Mexicana de Cirugía, que son órganos consultivos del Gobierno Federal, con la Asamblea de Consejos de Especialidad, lo que da la formalidad para actuar y materializar la indispensable garantía de seguridad en la rectitud del sistema, en su imparcialidad para emitir certificados y en la calidad de sus procedimientos para los Consejos.

Actualmente según marcan las cifras del CONACEM, en lo que respecta a médicos especialistas certificados de un 100% tienen un 79 % y en cuanto a los médicos especialistas no certificados tienen un 21 % esto de las cifras estimadas para el año en curso de un total de 75,000.

E. Los Consejos de Especialidades Médicas son la célula de este órgano: estos son asociaciones civiles creadas por los propios especialistas para regular su actuación con base a los requisitos necesarios de preparación y adiestramiento en cada campo de la práctica médica y a la demostración de competencia en exámenes de certificación. Dado el dinamismo de la ciencia médica los Consejos de Especialidades regulan también la actualización de los especialistas mediante evaluaciones diversas que, al superarlas, les conceden nueva vigencia con duración de un lustro.

El adecuado funcionamiento de los Consejos de Especialidades Médicas es importante para todas las instituciones de salud ya que les permite identificar a los especialistas capacitados. La intervención libre e imparcial del CONACEM da a todas las partes interesadas la indispensable seguridad y confianza en la rectitud de la operación del sistema. Es necesario subrayar aquí que los Consejos de Especialidades Médicas contribuyen a la protección del público, que en general carece de bases para juzgar la preparación y capacidad de quien se califica a si mismo como especialista.

Asimismo, los consejos son cuerpos académicos singulares, autónomos en su organización y procedimientos; son organismos, sin fines lucrativos, que están comprometidos con su comunidad profesional y con la sociedad en general. Son depositarios del reconocimiento y confianza de sus pares y, despojados de afanes protagónicos sus integrantes deben ser discretos en su accionar y hacer transparentes sus procedimientos, con el deber de informar y difundir el resultado de la certificación y recertificación de médicos especialistas que los ocupa, guardando el sigilo necesario y el debido respeto a quienes se someten a su dictamen.

F. El acto de certificación de las aptitudes de los especialistas, Único propósito y objetivo de los consejos, es la respuesta para constatar la calidad de preparación de los profesionales para el ejercicio competente de un campo específico de la medicina. Como consecuencia, los médicos se ven estimulados para mantener al día sus conocimientos, perfeccionar sus destrezas y desarrollar sus actitudes fortaleciendo sus valores profesionales personales.

Un efecto de gran importancia para la población, es que la certificación promueve la mejora de la calidad de la práctica médica especializada y se estimula, además, el estudio y permanente capacitación y actualización de quienes profesan una especialidad y, de manera agregada, se cuida el nivel de calidad de la práctica de los verdaderos especialistas.

G. Por lo anteriormente mencionado en este dictamen, se considera necesario establecer con la comunidad médica y con la población en general, el marco regulatorio sobre el que las autoridades educativas y sanitarias de los distintos ordenes de gobierno puedan definir las vertientes de coordinación, concertación e inducción, establecidas en la Ley de Planeación desde 1983. Además, se tiene también como referencia la naturaleza concurrente de las materias de educación y de salud, lo que permitirá enriquecer la práctica democrática, al reconocer el espacio que corresponde a las organizaciones de la comunidad médica.

H. Si bien es cierto que el Estado mexicano no debe ni puede impedir la práctica profesional a aquel que ostente un título que, en el caso, lo acredite como médico, debe reconocerse que ello no es el problema de la certificación de especialidades, porque el profesionista que no sea especialista no podrá ostentarse como tal, sin incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor y porque el médico que desea tener el reconocimiento de la especialidad acude a que lo certifiquen sus pares.

Por ende el problema reside en que un médico acuda a cursos que no le den la calidad profesional que requiere un especialista y se anuncie como tal.

I. Por todo lo anterior, es de considerarse congruente y necesaria esta reforma ya que con ella, se podrá obtener la comprobación idónea de los estudios de especialidades realizados para el perfeccionamiento técnico científico o cualquier otra rama que nos marca el artículo 5° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional relativo al Ejercicio de las profesiones. Asimismo se considera procedente esta iniciativa con proyecto de reforma, ya que solo impera con el propósito de tutelar jurídicamente, por un lado, la garantía a la población de la curricula académica de los médicos especialistas a los que acuda, y, por el otro, el reconocimiento al propio médico especialista de su condición académica.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 81...

Para el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitaran la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre del año 2004.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.

En virtud de que está a discusión el dictamen, en virtud de que no hay oradores registrados en la Presidencia, se considera suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría encienda el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 372 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Perdón, me repite los votos en pro, por favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: 372 en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 372 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Perdón señor Secretario, le ruego me disculpe.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.

Para presentar, diputado Presidente, una moción suspensiva con relación al tema que nos ocupa, al dictamen que nos ocupa, con fundamento en el artículo 110 de nuestro Reglamento.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le daré la palabra para presentarla nada más en cuanto esté a discusión, como lo dice también el propio Reglamento.

Desahogue el trámite instruido señor Secretario, si es usted tan gentil.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa le lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de la:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en fecha 9 de Diciembre de 2003, los Senadores Dulce María Sauri Riancho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y El Senador Fauzi Hamdan Amad, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación, en relación con la importación irregular de productos agroalimenticios y, en esa misma fecha, la Presidencia dictó el turno a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos Segunda, para realizar el estudio y dictamen respectivo.

Segundo.- En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en fecha 15 de Diciembre del 2003, fue presentado el dictamen correspondiente con dispensa de la segunda lectura y, aprobado por 89 votos, pasó a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes.

Tercero.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en fecha 16 de Marzo del 2004, fue turnado el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo y, en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa directiva, dictó el turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para realizar el estudio y dictamen que hoy nos ocupa, bajo el oficio número D.G.P.L.59-II-1-348

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Como lo señala la iniciativa original presentada por los senadores antes mencionados, en efecto, el Gobierno Federal ha emprendido una serie de acciones tendientes a proteger la competitividad y la productividad de nuestros sectores económicos vulnerables, como es el caso de los productores agroalimentarios, ya que se encuentran en un estado sensible y delicado por diversas situaciones, entre las que destacan la eliminación de los aranceles establecidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 19 productos agropecuarios, productos porcícolas, papa, manzana, aceites, alimentos preparados y embutidos. Otra situación que afecta directamente a los productores agroalimentarios de México, consiste en que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado los subsidios a su agricultura hasta en 19 mil millones de dólares anuales; por estas situaciones, los productores nacionales han buscado que el Gobierno Federal imponga cuotas compensatorias, salvaguardas e impuestos especiales a la importación de los productos agropecuarios aun reservados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta el 2007, como el maíz, el frijol y la leche en polvo.

SEGUNDA.- Esta Comisión, también considera que el Gobierno Federal ha aplicado los mecanismos de protección comercial contenidos en los tratados y acuerdos establecidos con nuestros socios comerciales para imponer salvaguardas y medidas aduaneras de defensa para la importación de productos sensibles; sin embargo, un gran número de empresas importadoras se han refugiado en la Ley de Amparo para eludir el cumplimiento de las disposiciones comentadas. Estas empresas, por lo general, tienen una vida fiscal corta, durante la cual, presentan declaraciones fiscales en ceros y recurren a las autoridades judiciales por medio del juicio de amparo, para obtener resoluciones que les permitan importar mercancías sin el pago de cuotas compensatorias y, en algunos casos, sin cumplir con los permisos, autorizaciones licencias, avisos y demás regulaciones arancelarias establecidas para la legislación nacional, provocando daños importantes a la economía nacional, eliminando en los hechos los mecanismos de salvaguarda establecidos.

TERCERA.- Asimismo, esta Comisión considera fundamental el apoyo y, en su caso, la defensa del sector agroalimentario, ya que de él dependen muchas familias de mexicanos y además, conociéndose el grave daño económico que generan las importaciones agroalimentarias que ingresan a nuestro país sin el pago de las cuotas compensatorias, es deber del Poder Legislativo encontrar soluciones a esta problemática.

CUARTA.- Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos con los autores de la iniciativa, hoy minuta, cuando exponen que la laguna existente en el tema mencionado, causa las siguientes situaciones:

No se exige por parte de la autoridad judicial una fianza suficiente pasa garantizar el interés fiscal;

Al fijarse un monto a garantizar, se aplican tasas o cuotas menores a las establecidas de acuerdo con la legislación, para la determinación de las contribuciones o cuotas compensatorias, por considerar que las previstas son excesivas; y

En muchas ocasiones, no se exige que la fianza comprenda, además de las contribuciones y cuotas compensatorias, elementos complementarios como: materia del juicio, su actualización y accesorios.

QUINTA.- De igual forma, esta Comisión también está de acuerdo con las dictaminadoras del Senado, en el sentido de que las actividades comerciales nunca deben ir en detrimento de los intereses del fisco federal, ya que son fuente de recursos públicos.

SEXTA.- Finalmente cabe mencionar que las Comisiones encargadas del dictamen en el Senado, expusieron que la propuesta de modificación al artículo 141 del Código Fiscal ya no es necesaria, toda vez que ha quedado incluida en el dictamen aprobado por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

Por todo lo anterior la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135.- Podrá concederse la suspensión del acto reclamado previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, sólo procederá la suspensión del acto reclamado previo depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a ocho de septiembre de dos mil cuatro.--- Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Martha Laguette Lardizábal (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra, no habiendo quien lo fundamente, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, en términos del artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, para presentar moción suspensiva:

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Presidente.

El dictamen sujeto a discusión proviene de una minuta del Senado de la República, presentada en diciembre de 2003. Su finalidad es altamente noble, es una modificación al 135 de la Ley de Amparo, en virtud de la consideración sobre la falta de control en las salvaguardas y medidas aduaneras; de defensa para la importación de productos sensibles ya que un gran número de empresas importadoras, se han refugiado en la Ley de Amparo, para eludir el cumplimiento de las disposiciones de la materia.

Quiero señalar que el fin de esta reforma es muy noble y lo comparto en su totalidad; pero quiero a su vez señalar que es el único artículo de la Ley de Amparo que toca el tema de la suspensión en materia de contribuciones fiscales. El único artículo que precisa las formas de garantizar el interés fiscal y la discrecionalidad que tiene la autoridad de amparo, para la concesión o no de la suspensión.

El dictamen que está a discusión, reproduce de manera íntegra la minuta del Senado de la República. Es decir, si esta honorable Cámara de Diputados el día de hoy votase a favor este dictamen, estaría a expensas nada más de la promulgación y publicación del Ejecutivo para que entrara en vigor la reforma aludida.

Este dictamen fue turnado única y exclusivamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Toda vez que se trata de un tema eminentemente hacendario, de suspensión para el cobro de contribuciones fiscales, en mi concepto debe ampliarse el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Es muy importante conocer la opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se trata de un tema eminentemente técnico en el que se contienen qué conceptos integran las contribuciones, los aprovechamientos, para efectos de lo que se precisa en la exposición de motivos y se lleve a cabo.

Vuelvo a señalar. Comparto plenamente que tenemos que detener la importación ilegal de artículos que se nos viene, porque no se cumple con las tarifas arancelarias. Totalmente de acuerdo, pero si vamos a defenderlo, vamos a defenderlo desde el punto de vista técnico, que la autoridad no tenga excusas o salidas para cumplir con el objetivo que buscamos.

Esta moción suspensiva es con el efecto de que se amplíe el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente y estemos todos en la posibilidad de contribuir con nuestra aportación a que efectivamente no exista ningún espacio para que se burle a las determinaciones de la autoridad en un sinnúmero de ilegales importaciones que atentan contra la economía del país.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Gutiérrez de la Garza.

Esta Presidencia no tiene registrado impugnador de la moción suspensiva, luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse, si es de considerarse inmediatamente, como dice el artículo 110, la moción suspensiva.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de considerarse la moción suspensiva presentada por Héctor Gutiérrez de la Garza, de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Gracias. La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se pone a discusión la moción suspensiva. Esta Presidencia pregunta a la Asamblea si hay oradores en pro. Si hay oradores en contra... Tal como nos marca el procedimiento del artículo 110.

No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta que se devuelva a la comisión el dictamen que nos ocupa, en virtud de la moción suspensiva.

Señor orador... Activen el sonido en la curul del diputado González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul): Señor Presidente. Sí, ruego se sirva someter efectivamente a consideración esta moción suspensiva en tanto que hay una omisión de carácter técnico trascendente en el texto que aprobaríamos en caso de no tener la oportunidad de regresarla a la Comisión de Hacienda a efecto de subsanar esta grave deficiencia, puede ser hasta involuntaria, pero hay un efecto que podría tener consecuencias irreversibles.

Yo, por lo tanto, sí solicito que se dé por aprobado el que se dé curso a esta moción suspensiva, no en contra sino una moción suspensiva. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aunque fue desde su curul, esta Presidencia acepta su intervención como si hubiese sido a favor de la moción suspensiva.

Esta Presidencia no tiene más oradores registrados. Por cuanto a la petición del diputado Gutiérrez de la Garza de ampliar el turno, esta Presidencia considera que de aceptarse la moción suspensiva el dictamen tendría que regresar a la comisión de origen e inmediatamente que la comisión interesada pida la ampliación y lo dictaminamos de inmediato. ¿Le parece bien, diputado Gutiérrez de la Garza?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la moción suspensiva.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se aprueba la moción suspensiva presentada por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Devuélvase el dictamen a la Comisión de origen.

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CAFE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Agricultura y Ganadería.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión Especial de Café de la LIX Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gonzalo Rodríguez Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación lleve a cabo la medición de la superficie de los predios cafetaleros e instrumente acciones para concluir el Padrón Nacional Cafetalero y modifique las Reglas de Operación del Programa de Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65,66,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 20 de abril de 2004, el Diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación lleve a cabo la medición de la superficie de los predios cafetaleros e instrumente acciones para concluir el Padrón Nacional Cafetalero y modifique las reglas de operación del Programa de Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura.

En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su correspondiente estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial de Café.

El 24 de junio de 2004, la Comisión Especial de Café mediante oficio DE/013/2004, hizo llegar a esta Comisión su opinión respecto a la proposición con punto de acuerdo en cuestión.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que en el 2003, el Programa de Fondos de Estabilización de Precios del Café fue ampliado, habiéndose dispuesto la creación del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cefeticultura, además del impulso de otros apoyos a los productores de café, con el objetivo de abordar la principal problemática derivada de los bajos precios internacionales del café, es decir:

1.- Otorgar apoyos a los productores que estén inscritos en el Padrón Nacional Cafetalero para compensar la caída en los precios internacionales del café;

2.- Mejorar la calidad del café mexicano, mediante el retiro gradual de las plantaciones de café de calidades inferiores, ubicadas por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar;

3.- A través de campañas agresivas, promover el consumo percápita en el mercado nacional, entre otros factores.

Los recursos presupuestales de los programas para el ejercicio fiscal 2002 fueron aplicados de manera adecuada, ya que los criterios para su aplicación, consideraron las estadísticas consignadas en los padrones de productores disponibles en cada entidad federativa, sin embargo, con la finalidad de validar los datos contenidos en los referidos padrones, se dispuso el levantamiento de un Padrón Nacional Cafetalero que precisara mayor información como el nombre de los productores, la ubicación geográfica y la superficie de sus predios o parcelas. El procedimiento determinado para la medición de los predios fue mediante el uso de un geoposicionador lo que permitió georeferenciar las coordenadas de estos predios y con la utilización de esta tecnología permitiría una mayor seguridad en los resultados de la medición, certeza y equidad en el cálculo para el otorgamiento de los apoyos a los productores de café, ya que se conocerían con exactitud los montos que les corresponderían en función del tamaño real de sus predios y de sus volúmenes de producción.

Que el problema que enfrentan la mayoría de los productores cafetaleros es el relativo a la obtención del documento denominado ``comprobante de venta,'' como requisito para acceder a los beneficios del programa, pero que inexplicablemente no considera que en la realidad del campo no está generalizada esta practica, ni existe en los sistemas de comercialización, ni las facilidades de vías de comunicación y de transporte, lo que obliga a los productores a recurrir al intermediarismo para poder comercializar sus cosechas, haciéndolo a un precio muy castigado y sin la posibilidad de recibir los apoyos gubernamentales previstos en este programa.

Que en la agricultura mexicana la cafeticultura representa un región relevante de importancia económica, social y agroecológica, el cual se produce en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, tabasco y Querétaro, cultivándose una superficie de 679,726 hectáreas por más de 477000 productores de acuerdo con los últimos resultados de la Dirección de Apoyos y Servicios para la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

Por las consideraciones anteriormente expuestas, así como en la opinión técnica presentada por la Comisión Especial del Café los integrantes de esta Comisión decidimos apoyar el punto de acuerdo en sentido positivo por lo que sometemos al Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se Exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación acelere los trabajos de la actualización del Padrón Nacional Cafetalero, y en el cual se incluya a todo productor de café del país, independientemente de la cantidad que produzca, toda vez que en el Presupuestos de Egresos de la Federación para 2004, existe una partida de $20,000,000.°° (veinte millones de pesos 100/MN), para su conclusión.

SEGUNDO: Que la SAGARPA, instrumente alternativas que sustituyan el uso del ``Comprobante de Venta'', sólo en los casos que plenamente existan razones por la que no se pueda presentar éste.

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión, a los veinte días del mes de agosto de 2004.--- Por la Comisión de Agricultura y Ganadería firman el presente dictamen los diputados: Cruz López Aguilar, Presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Isidro Camarillo Zavala, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario; Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar, José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.

En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Vamos a cumplir con la formalidad de declararlos suficientemente discutidos, por lo que se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea en esos términos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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SONDA DE CAMPECHE

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a modificar el acuerdo intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que ``Se exhorte al Titular del Ejecutivo Federal, a que modifique el Acuerdo Intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche'', a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.-Con fecha 30 de octubre de 2003, el Diputado Abraham Bagdadi Estrella, a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y del Trabajo, presentó una propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a que modifique el acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche.

2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a esta Comisión.

Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La actividad pesquera a nivel nacional, atraviesa actualmente por una situación difícil; los volúmenes de captura se han visto disminuidos y se considera que el panorama de la pesca específicamente en Campeche se verá seriamente afectado por el Acuerdo Intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de septiembre de 2003, suscrito por la Secretaría de Marina, la de Comunicaciones y Transportes, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el cual se amplía la zona de prevención y de exclusión en la Sonda de Campeche, argumentando la seguridad de las instalaciones petroleras.

Con esta medida se bloquea el paso a una zona de 65 mil kilómetros cuadrados a los barcos camaroneros y pesqueros, (la mayoría de ellos del Estado de Campeche), evitando realicen actividades de pesca, bajo el supuesto de impedir la posibilidad de ataques terroristas.

Esta medida afecta de manera directa a 12 mil familias de pescadores del Estado, que este año se verán imposibilitados de realizar la actividad que generalmente realizan y de la que viven.

Adicionalmente a las consideraciones expuestas en el decreto referido, diversos sectores de la sociedad del Estado de Campeche consideran que dicha medida fue tomada para evitar se conozca el problema de contaminación ambiental causado por PEMEX, como consecuencia de la perforación de los pozos petroleros instalados en la zona, ya que el lodo usado en dicha maniobra, es altamente contaminante.

Aunado a lo anterior, es importante hacer valer la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobada en esta Cámara de Diputados y publicada por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de octubre, a fin de frenar los daños al entorno marino que ha ocasionado la actividad de las 225 plataformas petroleras en la Sonda de Campeche.

Las labores de PEMEX en Campeche ocasionaron una afectación en los productos pesqueros, particularmente el camarón y la almeja, así como en la zona de humedales, área utilizada por diversas especies como zona de refugio y repoblamiento.

Cabe mencionar que dentro de la Sonda de Campeche, alrededor de 38 mil kilómetros cuadrados constituyen la zona óptima de pesca, sin embargo esta superficie en su totalidad fue absorbida por la zona de prevención y exclusión en donde se impide la realización de actividades pesqueras en 65 mil kilómetros, nulificando la posibilidad de llevar a cabo la pesquería con éxito.

Al ampliarse la zona de prevención y exclusión, sin antes haber implementado medidas compensatorias contra el daño que le ocasionarían, se está acabando con la principal pesquería de altamar de la entidad, con sus obvias consecuencias económicas y sociales.

Se entiende que la medida antes expuesta, tiene por objeto proteger la actividad petrolera, lo cual representa una cuestión de seguridad nacional, conforme a la legislación interna y a los acuerdos internacionales signados por la República Mexicana. Sin embargo, la forma en que se emitió este acuerdo, puede ocasionar un grave daño a la economía de Campeche y un menoscabo para los sectores sociales que se benefician de la actividad pesquera.

Aunado a que se tiene conocimiento que la instalación de la Base Naval de Operaciones ``ixtoc-Alfa'' en la Sonda de Campeche, obedece a garantizar la seguridad ante posibles actos de sabotaje y terrorismo, luego de que Estados Unidos de Norteamérica activara su alerta naranja ante un posible ataque terrorista en su territorio. Las Medidas que se tengan que tomar en un asunto de seguridad nacional deben ser tomadas en beneficio y no en perjuicio de la sociedad mexicana.

Por lo anterior, las Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-

Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que se modifique el Acuerdo Secretarial No. 117, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual la Secretaría de Marina, de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, amplían las áreas de prevención y exclusión Marítima de la Sonda de Campeche, con la que se reduce a los pescadores de Campeche, Veracruz y Tabasco las zonas de captura del camarón y otras especies en el Golfo de México, a efecto de que se restablezcan las zonas de prevención y exclusión a la situación en que encontraban antes de la publicación del referido acuerdo, y así evitar que se afecte la población del Estado de Campeche, Veracruz y Tabasco, principalmente quienes se dedican a la pesca.

SEGUNDO.-

Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, a la Secretaría de Energía y a PEMEX para que en tanto se resuelva el problema que ocasiona a la pesca del camarón la ampliación de las zonas de prevención y exclusión en la Sonda de Campeche, la dependencia realice medidas compensatorias para resarcir daños a los pescadores afectados, mediante la implementación de programas de maricultura, acuicultura y obras de infraestructura que permitan elevar la competitividad del sectores pesquero de Campeche, Veracruz y Tabasco dándole valor agregado a la producción pesquera.

TERCERO.-

Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT a fin de que realice en un breve tiempo las investigaciones y evaluaciones de impacto ambiental correspondientes y verifique el grado de contaminación del área aledaña a las 225 plataformas petroleras en la Sonda de Campeche y de resultar real, aplique las medidas pertinentes para su remediación así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, aplique las medidas de sanción correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Pesca: Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Presidente; Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Alejandro Higuera Osuna, secretarios; Josefina Cota Cota (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Sebastián Calderón Centeno, Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas, Francisco Grajales Palacios, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera, Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández.»

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Alejandro Fernández Ávila.»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo...

Esta Presidencia no tiene registro de oradores.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si los puntos de acuerdo se consideran suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

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CONCESIONES DE AUTOPISTAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo relativo a las carreteras concesionadas, suscrito por el diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las carreteras concesionadas, a cargo del diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del PRI

Antecedentes1. El 27 de agosto de 1997, mediante decreto presidencial, se implementó el Programa de Rescate Carretero para las autopistas que habían sido concesionadas por el Gobierno Federal a empresas privadas.

2. En esa fecha se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, (Banobras), SNC, el Fideicomiso 1936 denominado de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), cuyo fin es cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones derivadas del rescate carretero.

3. Estas carreteras se otorgaron en concesión a Banobras, quien además es la institución fiduciaria del Fideicomiso 1936, por lo que la misma institución actúa como fiduciario y fideicomitente.

4. El Fideicomiso 1936 es un fideicomiso público no paraestatal, cuyo presupuesto no se regula por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público ni por el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la revisión y autorización de los programas corresponde exclusivamente a su Comité Técnico y no al H. Congreso de la Unión.

5. Basado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la vigilancia de las actividades financieras de este fideicomiso se limita exclusivamente a una revisión por el fiduciario Banobras, por lo que la actividad de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de sus programas y el cumplimiento de los mismos se ve seriamente limitada.

6. La autoridad máxima del Fideicomiso 1936 es el Comité Técnico, en donde se toman las decisiones financieras, operativas y técnicas de los caminos y puentes que pertenecen a esa red. En dicho fideicomiso participan como integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien preside dicho Comité y cuenta con dos votos, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en su carácter de concesionario con un voto y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un voto. Participan además con voz pero sin voto, la Secretaría de la Función Pública y la institución fiduciaria, en este caso la misma representación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

7. De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgar las concesiones y permisos, vigilar su cumplimiento y resolver su revocación o terminación de las mismas; es responsabilidad de la misma Secretaría vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos; asimismo le corresponde determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes.

8. El organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), conforme a su decreto de creación tiene como objeto administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión otorgada los caminos y puentes federales; llevar a cabo por sí o a través de terceros la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los caminos y puentes; proponer las tarifas que se aplicarán para la explotación de las vías y los servicios que presta así como percibir y disponer de su ingreso conforme a su presupuesto.

Considerando

Que el FARAC actualmente recaba por concepto de ingresos de peaje aproximadamente 16,000 millones de pesos anualmente;

Que el Comité Técnico del FARAC destina 30% de estos ingresos para el mantenimiento y operación de los tramos carreteros, utilizando el 70% restante para el pago de obligaciones, además de un uso discrecional revisado y autorizado por ese órgano colegiado;

Que el fideicomitente Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito ha emitido deuda que cuenta con el aval del Gobierno Federal, y sin embargo no ha sido registrada como deuda pública, por lo cual se contraviene lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Deuda Pública;

Que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en su calidad de fiduciario responde únicamente hasta donde rinde el patrimonio del fideicomiso y en caso de que fueran insuficientes, el Gobierno Federal deberá hacer frente a los compromisos;

Que sin el conocimiento de este H. Congreso, han sido transferidas al FARAC las concesiones de los principales tramos carreteros a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lo cual excede el objeto por el que fue constituido el citado fideicomiso;

Que la deuda del Fideicomiso 1936 asciende actualmente a más de 157,000 millones de pesos, de los cuales sólo 103,000 millones corresponden a aspectos de infraestructura carretera; y el resto, a requerimientos de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Que, de acuerdo con las proyecciones financieras y con los flujos que por ingresos se recaba en los tramos carreteros, la deuda será amortizada en su totalidad en un plazo de alrededor de 17 años;

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia responsable de otorgar, revocar o terminar las concesiones;

Que para la operación y conservación de los tramos carreteros Banobras celebró un contrato de prestación de servicios con Capufe, cuyas cláusulas y compromisos salen de los esquemas tradicionales de un contrato de prestación de servicios;

Que para la operación de los tramos carreteros del fideicomiso 1936, Capufe contrató a través de un tercero la administración de 3,600 empleados, cuya situación laboral es distinta a la plantilla de personal con la que cuenta el mismo Organismo para la operación y conservación de los tramos carreteros que tiene concesionados actualmente, por lo permanentemente existe la posibilidad de un conflicto laboral, ya que las prestaciones del personal administrado por un tercero son inferiores;

Que debido a que se trata de un fideicomiso público no paraestatal, existen restricciones presupuestales para la ejecución de programas de apoyo a comunidades afectadas por la construcción de vías de comunicación o comunidades que coadyuvan en la ejecución de programas de obra y mejoramiento de autopistas;

Que el organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ha acumulado gran experiencia en la operación y conservación de los tramos carreteros que se le han encomendado y dicha función, por principio de congruencia y racionalidad, debe corresponder a la entidad de la administración pública federal creada para tal objeto; y

Que resulta impostergable y necesario que este H. Congreso de la Unión conozca los aspectos financieros y presupuestales de las autopistas de cuota a cargo de la administración pública federal, se propone la adopción del siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a dar por terminada de manera anticipada las concesiones de las autopistas del Fideicomiso 1936 (FARAC) constituido en dicha Sociedad Nacional de Crédito, a fin de asignarla al Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a partir del 1 de enero de 2005.

Segundo. Se requiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe al H. Congreso de la Unión, los antecedentes, la composición y el destino de los pasivos de la deuda del fideicomiso 1936 constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y justifique las razones por las cuales dichos compromisos no han sido registrados como deuda pública y se tomen las medidas correctivas correspondientes.

Tercero. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión vigilarán que en la Ley de Ingresos de la Federación y en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se prevean, en lo relativo al Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, los ingresos y egresos correspondientes a lo dispuesto en el presente acuerdo, conforme a las siguientes bases:

I. Se deberán incluir los recursos suficientes para la administración, operación y conservación de los tramos carreteros, así como los recursos que destinará el Organismo Descentralizado al cumplimiento de los compromisos del pago de deuda. Incluirá también programas de obra de beneficio social para las zonas con índices de alta marginación afectadas por la construcción o por el cruce de una autopista de cuota, o bien apoyos y programas de obra para aquellas comunidades que coadyuven en el desarrollo y mejoramiento de las propias autopistas;

II. El organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos deberá resolver la contingencia laboral que enfrenta, para lo cual las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública proveerán lo conducente para regularizar las plazas de los empleados cuya situación laboral es distinta a la del personal de la entidad;

III. Las obras y contratos que se encuentren vigentes a la fecha de término de la concesión a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, serán asumidos hasta su conclusión y finiquito por el Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos;

IV. La deuda emitida por el FARAC para aspectos de infraestructura carretera será asumida por el organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y sus proyecciones de pago no deberán exceder el plazo de 17 años; y

V. De los ingresos generados, los recursos remanentes se utilizarán, con la autorización del H. Congreso de la Unión, para el desarrollo de la infraestructura carretera y de comunicaciones, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Cuarto. Túrnese al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.

Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Transportes.

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ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del estado de México y al presidente municipal de San Juan Teotihuacán, para suspender las obras de construcción de la tienda Wal-Mart en el municipio de San Juan Teotihuacán, suscrita por el diputado Rafael Candela Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del estado de México y al presidente municipal de San Juan Teotihuacán a suspender las obras de construcción de la tienda Wal-Mart en dicha localidad, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El conjunto arqueológico de Teotihuacán es conocido como el más grande de América y corresponde a una civilización que se desarrolla en el Valle de México entre los años 200 a.C. y 650 d.C. Cuando los aztecas llegaron al altiplano a principios del siglo XIV, encontraron un inmenso centro religioso abandonado al que llamaron Teotihuacán. Tanta fue la impresión ante la grandeza del lugar, que pensaron que había sido construido por gigantes e inventaron el mito de que ahí se habían reunido los dioses para asegurar la existencia del mundo.

La zona ceremonial de Teotihuacán era considerada como una de las cinco ciudades más pobladas del mundo ya que contaba con una población de entre ciento veinticinco mil y doscientos cincuenta mil habitantes. Sus habitantes veneraban a diversos dioses como son el de la lluvia y el agua, el sol y la luna y la serpiente emplumada llamada Quetzatcoatl, que representaba a un Dios civilizador.

Hacia el año 200 a.C. se inicio el desarrollo de grandes civilizaciones urbanas entre ellas la de Teotihuacán, los centros ceremoniales se multiplicaron, las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante, además de que se dieron importantes avances en las ciencias como las matemáticas y la astronomía, se crearon complicados sistemas de escritura. Las técnicas para trabajar la piedra y el barro alcanzaron su punto más alto.

En algún momento del siglo VIII el esplendor teotihuacano tuvo un violento final. La ciudad fue saqueada, quemada y deliberadamente destruida, no sabemos si los recursos naturales se agotaron y estalló una sangrienta lucha social, o si Teotihuacán fue derrotado por un pueblo más poderoso.

Saqueo y destrucción que hasta la actualidad se sigue dando con la complacencia de los tres niveles de Gobierno frente a intereses diversos, sin que nadie haga algo para preservar y defender nuestro patrimonio cultural.

Uno de los temas que más han ocupado los espacios de comunicación, que más han movilizado unánimemente a intelectuales, especialistas y a la opinión pública, es el de la construcción de la tienda Wal Mart en la zona C de Teotihuacán. Pero no es sólo la construcción de un Wal Mart en la zona C de Teotihuacán, cuestión ya muy grave porque el deterioro o destrucción de nuestro patrimonio cultural, en esta área, atenta contra uno de los centros culturales y fundacionales de la identidad mexicana. Además, por si faltara algo más, en Monte Albán se construyen alrededor de 600 casas en una zona protegida; en Chichen Itzá encontramos un problema similar. No son hechos aislados. Recordemos que el Casino de la Selva, en Morelos, fue prácticamente destruido para ceder su espacio a un Costco.

En particular, las transnacionales como Wal Mart, Costco, etcétera, han encontrado en nuestro país la posibilidad de ubicarse en los predios de su conveniencia, aún pasando por encima de las legislaciones de desarrollo urbano y de protección cultural, situación que en otros países, incluso en los Estados Unidos les resultaría imposible.

El departamento jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó el permiso sanitario de construcción 15-13-04PSC-0085. De igual forma, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Teotihuacán expidieron los permisos y la autorización correspondiente, desde 1984 cambiaron el uso de suelo y ahora tanto las autoridades del INAH, del gobierno estatal y el gobierno municipal han permitido la construcción de un Wal Mart en la zona C. Baste señalar que esta zona está clasificada por la cantidad de vestigios posibles de encontrarse después de diversas excavaciones e investigaciones. Repito, aunque es un área con menos vestigios arqueológicos que los de las zonas A y B, esto no significa que sea un área común y corriente. La declaratoria de protección se emite con el fin de proteger zonas de investigación, posibles hallazgos y para salvaguardar la integridad simbólica de la zona. Las autoridades del INAH debieran ser sensibles a este tema tan importante. Imaginemos los accesos de la Universidad de Salamanca o al Vaticano, custodiados por Wal Marts o Mc Donalds, si nuestras autoridades culturales no entienden esto, es que estamos padeciendo una transculturación, en la que se sobreponen los intereses temporales de las empresas globalizadas, sobre la integridad física y simbólica de nuestra cultura milenaria.

Las obras se han detenido en diferentes ocasiones por la intervención de los comuneros y ciudadanos que han denunciado la destrucción de dos tumbas prehispánicas al director de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Francesco Bandarin, solicitándole su intervención.

Por si esto no fuera suficiente, se encontró una plaza prehispánica y una urna funeraria, el argumento del INAH fue que si se encontraban vestigios entonces la obra se pararía. El sólo hallazgo de vestigios que no se tenían considerados en las perforaciones previas, debería ser suficiente para que las autoridades paren la obra, cuestión que no han hecho debido a la prioridad que tiene el complejo comercial. La facultad que tiene el INAH para librar el predio en disputa y la eventual suspensión de la obra, radica en el ámbito federal y el rango superior de los tratados internacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Es fundamental citar la declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural que a la letra dice:

VI.- ``El Estado que, intencionadamente, destruya patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad o se abstenga de adoptar las medidas oportunas para prohibir, prevenir, hacer cesar y castigar cualquier acto de destrucción intencional de dicho patrimonio, independientemente de que éste figure o no en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional, asumirá la responsabilidad de esos actos, en la medida en que lo disponga el derecho internacional.''

De lo anterior se deriva la responsabilidad en la que --presumiblemente--, incurrieron los funcionarios que provocaran el daño o la destrucción del patrimonio cultural, que en los casos de Teotihuacán y Monte Albán tienen declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo que se podría iniciar un proceso sobre la base del artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

``Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión...''

El GPPRD exige la intervención del Gobierno estatal, del municipal y del INAH para reubicar en otro predio, el Wal Mart, tal y como lo prometió el gobernador del estado de México y de esta manera prevenir los daños que pudieran causarse al patrimonio cultural. La legalidad a la que apelan las autoridades involucradas es contraria a los tratados internacionales y a la ley federal.

El día 11 de octubre, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del estado de México aceptó la denuncia administrativa con expediente número 925/2004 que interpuso Emma Ortega Moreno a nombre del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán y ordenó al alcalde de este municipio, Guillermo Rodríguez Céspedes, entregar originales y copias certificadas de todos los documentos que expidió a la empresa Wal Mart para la construcción de una tienda en el perímetro C de la Zona arqueológica de Teotihuacán. Por otro lado, diputados locales perredistas solicitaron a la Contraloría del Poder Legislativo del estado de México que abra una investigación sobre la autorización de la tienda.

Es necesario establecer un precedente en la rectificación de los criterios que deben adoptarse en la intervención de nuestras áreas arqueológicas, en la defensa de la integridad simbólica de la nación y en el impulso de proyectos sustentables culturales y turísticos, para proponer alternativas de desarrollo de las comunidades que tienen el beneficio de vivir en zonas de tan alto valor cultural.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de México así como al presidente municipal de San Juan Teotihuacán, para que suspendan las obras de construcción y la posible apertura de la tienda Wal Mart en el municipio de San Juan Teotihuacán, hasta en tanto no se realice una mesa de diálogo con el Frente Cívico y un estudio minucioso por las autoridades competentes en donde se señale que en el lugar de construcción no existe ningún vestigio arqueológico y no existe ninguna afectación al patrimonio cultural, ni a su componente simbólico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Dip. Clara Brugada Molina (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado y doctor Roberto Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar se practique una auditoría al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el año de 1967 a la fecha.

El diputado Roberto Javier Vega y Galina: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En razón del tiempo concedido para la presentación de este punto de acuerdo, daré lectura a un resumen del documento, solicitando a usted sea tan gentil en ordenar se inserte íntegro al Diario de los Debates y sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.

``El régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social, instrumento legal con plena validez jurídica depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, señala desde el año de 1996, que los recursos los sustentan provenientes de las aportaciones de los trabajadores beneficiarios con sus disposiciones y de las aportaciones del patrón en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, conscientes en el pago de la prima necesario para hacer frente a los requerimientos futuros de dicho régimen.

Hasta el año 2000 estos recursos provenientes de los fondos fiscales por lo que se refiere a las aportaciones del patrón Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no se encuentra registrado como reservas para el pago de pensiones futuras de sus trabajadores, como lo ha declarado el actual director del Seguro Social al señalar que sólo hasta este año es cuando dichas reservas empezaron a construirse, dando como resultado que al faltar esas reservas ahora se señale que el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores es culpable de las dificultades financieras del Seguro Social.

Al no haberse utilizado para construir las reservas necesarias, sobre todo en los primeros años de vigencia del régimen de jubilaciones y pensiones los excedentes de las aportaciones de los trabajadores, de la prima que debería de cubrir el instituto-patrón y de la cuantía de la pensión del IMSS-asegurador que tenía que entregar al IMSS-patrón se estaría en la situación de haber destinado para fines distintos a los señalados los recursos fiscales aportados por el instituto para el régimen de jubilaciones y pensiones y sus trabajadores.

Es por ello que me permito proponer a ustedes, compañeros diputados y diputadas un punto de acuerdo que conduzca a comprobar el uso de los recursos destinados al pago de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social desde la fecha de la aprobación del régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, incluida la contratación colectiva suscrita entre el Instituto y el Sindicato de sus Trabajadores hasta este año.

El punto de acuerdo contenido en esta proposición que someto a su amable consideración es el siguiente:

``Unico. Solicítese a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación que con base en los dictámenes de revisión de las cuentas públicas y de los informes de resultados correspondientes se practique una auditoría a los ingresos y egresos y reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997 a la fecha y que en su oportunidad se comuniquen los resultados al pleno de esta honorable Cámara de Diputados.''

Ratifico a usted, compañero diputado Presidente, mi solicitud de que el texto íntegro de la proposición como punto de acuerdo, que entrego a la Secretaría en este momento, se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que se audite el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo comprendido de 1967 a la fecha, a cargo del diputado Roberto Vega y Galina, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Roberto Vega y Galina, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para que se solicite formalmente al Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, la práctica de una auditoria a los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con fundamento en las siguientes

Consideraciones1. El Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, incluyó dentro de su contenido el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) para los trabajadores de ese Instituto, instrumento legal que contenía las aportaciones que tanto el IMSS como sus trabajadores debían de realizar para pagar las pensiones que se fueran otorgando y constituir las reservas necesarias para otorgar las pensiones directas y derivadas que recibirían los trabajadores en el futuro, en sustitución de aquellas a las que tenían derecho como trabajadores inscritos en el IMSS y que estaban sujetas a las disposiciones de la Ley del Seguro Social.

2. Dichas aportaciones quedaron señaladas en los artículos correspondientes del RJP, aprobado por las partes y depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el año de 1966, del cual se anexa al presente copia fotostática.

3. La cláusula 12ª de dicho Régimen, establecía que ``los trabajadores que perciban un salario base mayor de $90.00 diarios aportarían el 1% del salario base'', que ``los trabajadores que perciban un salario base hasta de $90.00 diarios quedan exceptuados de aportación'', y que ``Quedará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social la parte restante de la prima necesaria; en esta participación está incluido el valor actuarial potencial de la prestación que contiene el primer párrafo de la Cláusula 110 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, contribución de los trabajadores''.

4. En la aportación de la parte restante de la prima necesaria a cargo del IMSS, están involucrados recursos fiscales, toda vez que el gobierno, en esa fecha, contribuía con una aportación a seguridad social equivalente al 25% del total de los ingresos que el mismo recibía, como de hecho lo sigue haciendo hasta la fecha, en una proporción casi igual.

5. Con diversas modificaciones, el RJP estuvo vigente hasta el año de 1986, en el que se hacen nuevas modificaciones y se establecen las aportaciones de trabajadores e Instituto que están vigentes hasta la fecha.

6. Las aportaciones vigentes para el financiamiento del RJP consideran, una aportación de los trabajadores equivalente al 3% del salario, y, por parte del IMSS, la parte restante de la prima necesaria.

7. Una de las modificaciones importantes vigentes desde esa última fecha referida, es la que establece con claridad que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones es un estatuto que crea una protección mayor y complementa a la establecida en la Ley del Seguro Social en los seguros que otorgan el derecho a una pensión directa o derivada, es decir, el RJP representa solo la diferencia entre el alcance que corresponda conforme a la Ley del Seguro Social y el que ese Régimen otorga.

8. El pago de las pensiones a los trabajadores del IMSS, y, en su caso, a sus beneficiarios, que tienen el derecho a recibirlas, se ha hecho, desde 1967 hasta la fecha, con cargo al gasto corriente del Instituto, sin que hasta el año 2000 se hayan conformado reservas para los gastos futuros, como la misma Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social lo ha reconocido en sus informes a la Cámara de Diputados.

9. Para el pago de las pensiones desde la fecha de inicio de vigencia del RJP, 1968, el IMSS ha recibido las cuotas de los trabajadores, descontando de su pago quincenal el porcentaje correspondiente, y debió haber recibido del IMSS, como entidad aseguradora, las cuantías de las pensiones que la Ley del Seguro Social otorga a sus propios trabajadores que, como asegurados, están afiliados al Instituto.

10. Durante los primeros años de vigencia del RJP el número de trabajadores y beneficiarios que recibían pensión eran pocos y en consecuencia los excedentes provenientes de las cuotas de los trabajadores, de las cuantías de las pensiones que pagaba el IMSS como instituto asegurador, y de la prima necesaria que el IMSS debía cubrir quincenalmente, debieron constituir una reserva suficiente para los gastos futuros.

11. Como ya se ha dicho, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección General del IMSS, las reservas necesarias para hacer frente a los gastos futuros apenas se empezaron a constituir en el año 2000, es decir, más de treinta años después de la fecha en que debieron iniciarse.

12. Esto implica que los recursos que tenían el fin de constituir reservas para las jubilaciones futuras, dentro de los cuales una parte importante son recursos fiscales, fueran utilizados en otras actividades, relacionadas, probablemente, con el mismo IMSS, pero no para el fin destinado, y ha dado lugar a que en la actualidad, principalmente de dos años a la fecha, se esté insistiendo en que el RJP es un problema financiero del Instituto al que no puede hacer frente por carecer de los recursos necesarios para ello, lo que pone en riesgo su viabilidad financiera, cuando que el problema financiero del IMSS deriva de otros factores, además del problema derivado de no haber constituido las reservas necesarias, como son la insuficiencia de los ingresos, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y la falta de creación de empleos, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la amable consideración de ustedes, compañeros diputadas y diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicítese a la entidad de fiscalización superior de la Federación que, con base en los dictámenes de revisión de la Cuenta Pública y los informes de resultados correspondientes de los años mencionados, se practique una auditoria a los ingresos, egresos y reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el año de 1967 a la fecha y, en su oportunidad, se comuniquen los resultados al pleno de la H. Cámara de Diputados.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Roberto Vega y Galina (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Vega y Galina.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta Presidencia está consciente de las limitaciones de tiempo, de los tres minutos, luego entonces vamos a instruir a la Secretaría para que haga los trámites suficientes, de tal suerte de que todas las intervenciones se inserten íntegramente en el Diario de los Debates. Y en caso de no estar publicadas en la Gaceta, también ordenaremos lo propio.

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CENTROS TURISTICOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales, donde están ubicados los centros integralmente planeados.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

La misión del Fonatur es participar en la consolidación del desarrollo sustentable del país a través del fomento de la actividad turística nacional, por medio de la promoción del desarrollo de proyectos turísticos diversificados, acordes con las tendencias mundiales, donde se promueva la participación de la inversión privada en proyectos que generen flujos económicos que contribuyan al desarrollo regional.

Para tales propósitos, en l976 se crea la empresa denominada Fonatur, Baja, Mantenimiento y Operación Fonatur BMO, misma que tiene como misión la de contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la conservación y mantenimiento de los destinos turísticos denominados centros integralmente planeados, mostrando pre- sencia actualmente en los pueblos turísticos de Loreto, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Cancún.

Para tales fines, los centros turísticos cuentan con planes maestros, programas anuales de obras a cargo del Fonatur y programas anuales de mantenimiento, encargados a su filial Fonatur BMO.

Por otra parte, Fonatur BMO es objeto de transferencias presupuestales de la Secretaría de Turismo, mismas que en los ejercicios fiscales de 2003 y 2004 se ubicaron en 112.1 millones y 82.4 millones de pesos respectivamente y para el 2005 se proyecta un monto de 65 millones de pesos.

Sin embargo, los ingresos totales de Fonatur BMO propios y por transferencias han ascendido en 2003 y 2004 a 271.6 millones y 414.7 millones de pesos en este orden y para el 2005 se estiman 909.4 millones de pesos. Esto indica que las operaciones del fondo referido son altamente rentables, pero poco transparentes, dado que no existe congruencia en el comportamiento de los mismos y el 93.8 por ciento es destinado al gasto corriente, con un contenido de 63 por ciento de erogaciones por servicios personales, por lo cual el gasto de inversión resulta mínimo, cuando el objeto fundamental de BMO es el desarrollo de la inversión.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, para que a la brevedad se celebren convenios con los municipios en los cuales se ubican los denominados centros integralmente planeados, los cuales son: Loreto, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Cancún, con objeto de trasladar la responsabilidad sobre la operación y mantenimiento que actualmente proporciona la empresa Fonatur Baja, Mantenimiento y Operación, SA de CV.

La misma petición, señor Presidente, de que se integre este texto en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Turismo de esta honorable Cámara de Diputados.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a retomar como función básica de la institución el otorgamiento de créditos para impulsar la inversión en el sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La importancia creciente del turismo en la economía nacional se tradujo en la formación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en 1974.

La misión del Fonatur es participar en la consolidación del desarrollo sustentable del país, a través del fomento de la actividad turística nacional, por medio de la promoción del desarrollo de proyectos turísticos diversificados acordes con las tendencias mundiales, donde se promueva la participación de la inversión privada en proyectos que generen flujos económicos que contribuyan al desarrollo regional, es decir, que se logren beneficios económicos y sociales acordes al entorno ecológico de cada región.

Para tales propósitos, en 1976 se crea la empresa denominada Fonatur Baja Mantenimiento y Operación (Fonatur BMO), misma que tiene como misión la de contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la conservación y mantenimiento de los destinos turísticos denominados Centros Integralmente Planeados, mostrando presencia, actualmente, en los polos turísticos de Loreto, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Cancún.

En este ámbito, Fonatur BMO realiza actividades de conservación y mantenimiento de áreas públicas, de áreas verdes y de la red de alumbrado público y otras como la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y de líneas de conducción de agua potable y alcantarillado, así como la construcción y supervisión de obras públicas.

Además, Fonatur BMO en la actualidad se encarga de la operación de dos administraciones portuarias integrales, bajo concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Huatulco y Cabo San Lucas y el mantenimiento y operación de cuatro campos de golf que se encuentran en cuatro de los Centros Integralmente Planeados.

Para tales fines, los centros turísticos cuentan con planes maestros, programas anuales de obras, a cargo de Fonatur y programas anuales de mantenimiento, encargados a su filial Fonatur BMO.

Asimismo, del 2000 al 2002 Fonatur destinó 603.7 millones de pesos para la conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados, es decir, el 32.6% de la inversión total del programa que ascendió a 1,853.4 millones de pesos y a pesar de que el programa se opera en coordinación con los municipios, donde se ubican los desarrollos turísticos, no existen convenios formalizados.

Con excepción del caso de Cancún, que desde 1996 hay un acuerdo que establece que Fonatur BMO realizaría los trabajos de conservación y mantenimiento en la zona turística a cambio de que los terrenos de su propiedad no serían sujetos del pago del impuesto predial, en el 2002 dicho convenio no se ratificó por lo que ahora las autoridades municipales demandaron al fondo porque no ha cubierto el pago del impuesto predial de los terrenos de su propiedad.

Por otra parte, Fonatur BMO es objeto de transferencias presupuestales de la Secretaría de Turismo, mismas que en los ejercicios fiscales de 2003 y 2004 se ubicaron en 112.1 y 82.4 millones de pesos, respectivamente, y para el 2005 se proyecta un monto de 65.0 millones de pesos.

Sin embargo, los ingresos totales de Fonatur BMO, propios y por transferencias, han ascendido en 2003 y en 2004 a 271.6 y 414.7 millones de pesos, en este orden, y para el 2005 se estiman en 909.4 millones de pesos.

Esto indica que las operaciones del fondo referido son altamente rentables pero poco transparentes, dado que no existe congruencia en el comportamiento de los mismos y en un 93.8% son destinados al gasto corriente, con un contenido del 63.0% de erogaciones por servicios personales, por lo cual el gasto de inversión resulta mínimo cuando el objeto fundamental de BMO es el desarrollo de la inversión.

Por lo tanto, no existe razón jurídica ni económica para continuar otorgando transferencias de recursos presupuestales a la Entidad Fonatur BMO, por lo que se propone que la Secretaría de Turismo celebre convenios con los estados de Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, con el objeto de trasladar a los municipios, sobre los cuales se ubican dichos destinos turísticos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar, ante esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al secretario de Turismo y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que, a la brevedad, se celebren convenios con los municipios en los cuales se ubican los denominados Centros Integralmente Planeados, Loreto, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Cancún, con el objeto de trasladar la responsabilidad sobre la operación y mantenimiento que actualmente proporciona la empresa Fonatur Baja Mantenimiento y Operación, SA de CV.

Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Turismo.

Y esta Presidencia ha instruido que en todos los casos se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

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CENTROS TURISTICOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene usted la palabra, diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur), retomar como función básica de la institución el otorgar créditos para el impulso de la inversión en el sector turístico.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Para la creación y consolidación de los centros turísticos, se determinaron en los planes maestros de desarrollo, los tiempos en que el Fonatur debería lograr su consolidación para su posterior entrega a los municipios correspondientes, siendo el caso de estos CIPS, como son Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco.

Sin embargo esto no se ha realizado, ya que el Fonatur ha continuado realizando los servicios de mantenimiento urbano de los centros integralmente planeados, aun cuando su historia y desarrollo son autosuficientes y operan con estándares internacionales.

Existe una doble problemática:

Primero. El Fonatur, tal como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, no cuenta con las metas de los indicadores turísticos y de desarrollo regional que pretende alcanzar para concluir su participación en los centros integralmente planeados conforme a los planes maestros establecidos y por lo tanto sigue prestando, a través de la empresa Baja, Mantenimiento y Operación, los servicios urbanos.

Segundo. Al no realizar la transferencia de funciones a los municipios y continuar asumiendo los costos de los servicios públicos, el Fonatur ha limitado otras inversiones que pudieran orientarse a desarrollar nuevos destinos turísticos en el país y de esta forma retomar uno de los objetivos fundamentales que da sustento a la formación de este fondo.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de encontrar una solución a la problemática expuesta, la suscrita formula ante esta honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al secretario de Turismo y al director del Fonatur, hacer públicas las metas de los indicadores turísticos y de desarrollo regional que han alcanzado y los que pretenden obtener, para concluir su participación en los centros integralmente planeados, determinados con base en los planes maestros establecidos y por lo tanto las fechas de entrega a los municipios correspondientes de las funciones que constitucionalmente competen a los ayuntamientos.

Segundo. Se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fonatur a que con base en los estudios y proyectos existentes, orienten esfuerzos para desarrollar y consolidar nuevos polos turísticos y retomen la función prioritaria de otorgar créditos para la construcción, ampliación o remodelación de las instalaciones turísticas.

Nuevamente, señor Presidente, solicito que se inserte íntegro este texto en el Diario de los Debates y sea turnado a la Comisión de Turismo.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director de Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los centros integralmente planeados, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue creado por la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1974, como un fideicomiso público, cuyo objetivo fundamental se dirige a la coordinación de acciones que promuevan el desarrollo de un turismo integral nacional.

Con ello, el Fonatur absorbe las funciones de los Fideicomisos denominados Fondo de Promoción de Infraestructura Turística (Infratur) y Fondo de Garantía y Fomento del Turismo (Fogatur), administrados por el Banco de México y por Nacional Financiera, respectivamente.

Por su parte, la vigente Ley de Turismo establece como tareas prioritarias del Fonatur, entre otras, las siguientes:

Elaborar estudios y proyectos para identificar las áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos;

Ejecutar obras de infraestructura y urbanización y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico; y

Otorgar todo tipo de créditos para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas.

De igual forma, en la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2000, se señala como una de las principales funciones del Fonatur crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de cada región.

Asimismo, para la creación y consolidación de los centros turísticos se determinaron, en los planes maestros de desarrollo, los tiempos en que el Fonatur debería lograr su consolidación, para su posterior entrega a los Municipios correspondientes, siendo el caso de los centros integralmente planeados, como son Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Sin embargo, esto no se ha realizado, ya que el Fonatur ha continuado realizando los servicios de mantenimiento urbano de los Centros Integralmente Planeados (CIP) aun cuando por su historia y desarrollo son autosuficientes y operan con estándares internacionales.

En suma, el Fonatur ha realizado una inversión histórica en el desarrollo de dichos centros integralmente planeados, hasta por un monto de 17,823.1 millones de pesos, erogados a diciembre de 2002. Lo interesante es que el 20% de dichos recursos, esto es 3,595.5 millones de pesos, se ha destinado a conservación y prestación de servicios urbanos que, al amparo del artículo 115 constitucional, deben proporcionar los municipios.

Existe una doble problemática:

Primero. El Fonatur, tal como ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, no cuenta con las metas de los indicadores turísticos y de desarrollo regional que pretende alcanzar para concluir su participación en los centros integralmente planeados, conforme a los planes maestros establecidos, y por lo tanto sigue prestando, a través de la empresa Baja, Mantenimiento y Operación, los servicios urbanos.

Segundo. Al no realizar la transferencia de funciones a los municipios y continuar asumiendo los costos de los servicios públicos, el Fonatur ha limitado otras inversiones que pudieran orientarse a desarrollar nuevos destinos turísticos en el país y, de esta forma, retomar uno de los objetivos fundamentales que sustentó la formación de este fondo.

La asignación de financiamientos a la oferta turística por el Fonatur desde 1998 ha sido nula, ya que desde entonces no otorga crédito alguno, de igual forma los indicadores de comercialización de inmuebles han mostrado resultados desfavorables, ya que solamente se vendió el 15% de los terrenos disponibles.

Por lo anterior y con el propósito de encontrar una solución a la problemática expuesta, la suscrita formula ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fonatur a transparentar y hacer públicas las metas de los indicadores turísticos y de desarrollo regional que han alcanzado y los que pretenden obtener para concluir su participación en los centros integralmente planeados, determinados con base en los planes maestros establecidos y por lo tanto las fechas de entrega a los municipios correspondientes de las funciones que constitucionalmente competen a los ayuntamientos.

Segundo. Se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fonatur a orientar, con base en los estudios y proyectos existentes, esfuerzos para desarrollar y consolidar nuevos polos turísticos y retomen la función prioritaria de otorgar créditos para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas.

Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Turismo y nuevamente le informo a la oradora diputada, que esta Presidencia ya ha instruido que en éste y en todos los casos se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

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FRIJOL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005 se destinen y etiqueten 2 mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el Fondo de Apoyo a la Cadena Agroalimentaria del Frijol.

El diputado Antonio Mejía Haro: Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

Después del maíz el frijol sigue siendo el cultivo más importante en el país, se siembran aproximadamente 2 millones de hectáreas, con una producción de 1.3 millones de toneladas. Se generan más de 400 mil empleos directos y también el frijol contribuye al mejoramiento de la dieta de un gran estrato de los mexicanos, por su alto contenido en proteína, en aminoácidos y en fósforo, mantiene la paz en el agro mexicano, por su derrama económica que se da año con año.

Sin embargo, los productores de frijol enfrentan serios problemas cada año, derivados en la comercialización e inclusive esto los lleva a manifestarse públicamente, tomando carreteras, mítines, una serie de cosas por lograr un precio más justo de su grano.

Son muchos los problemas y las causas que se explican de la comercialización, entre ellos, el Tratado de Libre Comercio por las asimetrías, que ya hemos platicado en otras ocasiones, el contrabando técnico que se da también muy fuertemente inclusive llega a importarse frijol procedente de países que estaban destinados a desarrollos humanitarios, como en el caso de Irak, el no pago de aranceles y los escasos apoyos que se dan año con año.

Hay una exclusión en el ingreso objetivo debido a que en el frijol no se toma en cuenta el precio de futuros mercados. Los diputados hemos hecho esfuerzos, año con año y el año pasado fueron 900 millones de pesos los que se aprobaron, este año planteamos orientar apoyos a la comercialización, sobre todo en lo que se refiere para la industrialización, los paquetes tecnológicos para la investigación de nuevas variedades preferentes, la conversión de cultivos entre otros.

Por lo anterior, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005 se destinen 2 mil millones de pesos para la comercialización de frijol, así como para el Fondo de Apoyo a la Cadena Agroalimentaria Frijol.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen y etiqueten dos mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el Fondo de Apoyo a la Cadena Agroalimentaria Frijol, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados y diputadas de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

El cultivo del frijol sigue siendo estratégico para el país, después del maíz, el frijol es el más importante en superficie cultivada, se siembran anualmente alrededor de 2 millones de hectáreas; genera más 380 mil empleos directos en el medio rural y contribuye al mejoramiento de la dieta de la mayoría de los mexicanos, al ser un grano rico en proteína, aminoácidos esenciales, fósforo y otros nutrimentos.

El cultivo del frijol contribuye a mantener la paz social en el campo y genera una derrama económica directa de alrededor de 7 mil millones de pesos por la venta de aproximadamente 1.3 millones de toneladas que se producen por año.

Los productores de frijol año con año enfrentan serios problemas en la comercialización de su grano, que incluso se ven obligados a manifestarse públicamente con marchas, plantones y hasta tomas de carreteras, en la lucha por lograr vender su producto y obtener precios más justos.

Son muchas las causas del problema de la comercialización del frijol, entre ellas; la competencia desigual por asimetrías frente a la producción de Estados Unidos y Canadá; la no aplicación del cobro de aranceles convenidos; el contrabando técnico por medio de amparos otorgados por el Poder Judicial; el contrabando bronco que se ha manifestado incluso por el ingreso a nuestro país de frijol destinado por Estados Unidos a programas de países en guerra; la especulación y el alto intermediarismo en el mercado del frijol; escasos apoyos gubernamentales para la comercialización, valor agregado y para la aplicación de paquetes tecnológicos.

No obstante que el frijol es un grano básico y está considerado como un sistema-producto estratégico, históricamente se le ha discriminado de muchos programas, no es de los cultivos favorecidos por el esquema de ingreso- objetivo, con el argumento de que el ingreso objetivo está garantizado en base a precios de futuro de mercados, precios internacionales, mientras que la estructura comercial del frijol es muy delgada.

En el ejercicio fiscal 2004, los diputados y diputadas de esta H. Legislatura, concientes de la compleja problemática del frijol, aprobamos 900 millones de pesos para la comercialización y apoyo a la cadena agroalimentaria de este grano. Recursos que aunque fueron insuficientes están permitiendo paliar en parte los problemas de la comercialización del frijol.

Para el ejercicio fiscal 2005 los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos a esta H. Legislatura aprobar y orientar recursos para fortalecer las siguientes acciones:

1.- Procesos de beneficio del frijol (limpiado, clasificación por tamaño, pulido, abrillantado y embolsado) Hoy en día el consumidor para la compra considera estos atributos físicos).

2.- Industria de la transformación del frijol (deshidratado, harina, peletizado, estrusado, embolsado en fresco, pastas instantáneas, enlatado, entre otros).

3.- Paquetes tecnológicos que mejoren rendimientos unitarios y bajen costos de producción.

4.- Apoyos a la comercialización de frijol a través de organizaciones económicas de productores.

5.- Conversión de cultivos en zonas de bajo potencial.

6.- Apoyos a la investigación y transferencia de tecnologías para el desarrollo de variedades preferentes al consumidor y a la industria, maquinaria para el cultivo, cosecha y poscosecha.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, se destinen y etiqueten dos mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el Fondo de Apoyo a la Cadena Agroalimentaria Frijol.

Palacio Legislativo, a 13 de Septiembre de 2004.--- Diputados: Antonio Mejía Haro, Juan M. Dávalos Padilla, J. Luis Medina Lizalde, Ma. Hilaria Domínguez Arvizu, Martín Carrillo Guzmán, Raúl Mejía González, Alfonso Nava Díaz, Carlos Jiménez Macías, Sara Rocha Medina, Benjamín Sagahón Medina, José Luis Briones Briceño, Víctor Suárez Carrera, Francisco Monárrez Rincón, N. Elizabeth Sotelo Ochoa, Jorge de J. Castillo Cabrera, Pablo Anaya Rivera, Esteban Valenzuela García, Óscar Félix Ochoa, Martha Lucía Mícher Camerena, Alfonso Ramírez Cuellar, Rafael Flores Mendoza, Guillermo Huízar Carranza, Ulises Adame de León, Rafael Candelas Salinas.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se encuentran en el salón de sesiones de esta honorable Cámara de Diputados una delegación de presidentes municipales, miembros de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, integrada por su presidente el señor licenciado don Arnulfo Vázquez Nieto, presidente municipal de Guanajuato; por el doctor Gerardo de Jesús Félix Domínguez, presidente municipal de Zacatecas; el señor arquitecto Luis Eduardo Paredes Moctezuma, presidente municipal de Puebla; el arquitecto José Luis Rodríguez, representante del presidente municipal de Morelia; el contador público Carlos Lavalle, representante del presidente municipal de Campeche; el ingeniero Ricardo Martínez Rojas, representante del presidente municipal de Querétaro y el licenciado Jorge Ortega González, director ejecutivo de esta asociación, a quienes saludamos fraternalmente y les deseamos éxito en el marco de los trabajos de su asociación nacional.

Sean ustedes muy cordialmente bienvenidos.

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PATRIMONIO MUNDIAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Rafael Flores Mendoza, quien a nombre de 140 diputados presentará una proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen 150 millones de pesos a la conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO, patrimonio mundial.

El diputado Rafael Flores Mendoza: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Someto al pleno de esta Cámara una proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 establezcan 150 millones de pesos destinados a la conservación, promoción y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la UNESCO, en razón de las siguientes consideraciones:

Que el 6 de noviembre del año pasado un grupo plural de diputadas y diputados, conscientes de la necesidad de impulsar acciones a favor de las 9 ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial, propusimos un punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2004 se canalizaran 100 millones de pesos a fin de contribuir a su preservación y desarrollo.

Que en aquella propuesta se resaltó que en la lista del patrimonio mundial, México ocupa el 8º lugar en el mundo y el 1º en el continente americano, al contar con 24 bienes inscritos y que de éstos 9 corresponden al centro histórico de Puebla, Oaxaca, México-Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche, ocupando el 3° lugar como país con mayor número de ciudades inscritas en la lista, sólo superado por Italia y España.

Que si bien es cierto que los 24 bienes mexicanos del patrimonio mundial merecen atención, también lo es que las 9 ciudades, a diferencia de los otros 15 bienes restantes, presentan una problemática más compleja en virtud de que son lugares vivos, donde a diario miles de seres humanos realizan sus actividades cotidianas, donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de intereses, que van desde la contaminación hasta la especulación inmobiliaria.

Que por su relevancia, la iniciativa fue aprobada por unanimidad, con lo que los diputados de todas las fracciones representadas en esta Cámara mostramos que más allá de las diferencias partidistas, cuando lo que nos convoca es México, sabemos y podemos ponernos de acuerdo.

Que los 100 millones de pesos aprobados se han multiplicado hasta alcanzar los 250 millones al adicionarse las aportaciones estatales y municipales, aplicándose en más de 60 obras que van desde el cableado subterráneo y la iluminación escénica hasta el mejoramiento de parques y plazas.

Que los recursos aprobados no sólo han beneficiado al sector cultural y artístico, sino que son un detonante en la actividad económica y turística de las ciudades, beneficiando a prestadores de servicios, restauranteros, hoteleros, taxistas, guías de turista y en general a todos los involucrados en la atención de visitantes nacionales y extranjeros, estimulando la creación de un importante número de empleos así como la captación de divisas.

Por lo anterior expuesto proponemos la siguiente proposición como de urgente y obvia resolución:

Primero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Cultura, Turismo y Desarrollo Social, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, determine una asignación presupuestaria específica adicional no menor a 150 millones de pesos, y

Segundo. Que esta Cámara exhorte al Poder Ejecutivo Federal para que con el concurso de autoridades locales, instrumenten políticas para el rescate de todas las ciudades mexicanas del patrimonio mundial.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen 150 millones de pesos a la conservación y el desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas y diputados firmantes presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados incorporen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal una asignación presupuestaria destinada al fortalecimiento, conservación y desarrollo de las Ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

1.- Que el 6 de noviembre del año en pasado un grupo de diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara conscientes de la necesidad de impulsar acciones a favor de las 9 ciudades mexicanas declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, propusimos al Pleno un punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004 se canalizará se canalizará una cantidad no menor a 100 millones de pesos, a fin de contribuir a su preservación y mejoramiento;

2.- Que aquella propuesta resaltó que la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO contiene 787 bienes culturales, naturales y mixtos distribuidos en 133 países; que de entre esos países, México ocupa el octavo lugar en el mundo y el primero en el continente Americano al contar con 24 bienes culturales y naturales inscritos en dicha Lista; y que de esos 24 bienes nueve corresponden a los centros históricos de Puebla, Oaxaca, México-Xochimilco, Guanajuato y Minas Adyacentes, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche. Así, el país ocupa el tercer lugar con mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial, sólo superado por Italia que cuenta con 16 y España con 14;

3.- Que las nueve ciudades inscritas en el Patrimonio Mundial a diferencia de los otros 15 bienes culturales y naturales de nuestro país, presentan una problemática más compleja, en virtud de que son lugares vivos, donde a diario miles de seres humanos realizan sus actividades cotidianas, y en donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de intereses;

4.- Que como primer punto de acuerdo aprobado por unanimidad en materia presupuestal, los Diputados de todos los partidos políticos representados en ésta Cámara , dimos un importante paso en el rescate de nuestro legado cultural iniciando la reversión del grave deterioro del que son objeto las nueve Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, al destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, noventa millones de pesos distribuidos en dos rubros: 40 millones en el Ramo 11, bajo el concepto ``Ciudades Patrimonio Cultural''; y 50 millones de más en Ramo 20, en el Programa Hábitat Centros Históricos. Con lo que el Estado mexicano cumplió, aunque de manera incipiente, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que suscribió en 1984, donde asumió el compromiso internacional de trabajar por el ciudadano del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades;

5.- Que los 90 millones de pesos asignados por esta soberanía se han multiplicado hasta alcanzar los 250 millones de pesos al adicionárseles las aportaciones estatales y municipales aplicándose en mas de 60 obras que van desde cableado subterráneo, iluminación escénica, restauración de fuentes, monumentos, edificios y fachadas; hasta el mejoramiento de parques, plazas, callejones, mercados y panteones; y el equipamiento de mobiliario urbano;

6.- Que hoy, a casi un año, los primeros resultados están a la vista y se aprecian en la nueva fisonomía que presenta cada uno de los nueve centros históricos. De esta transformación dan testimonio los diputados Federales originarios de esas Ciudades aquí presentes, así como sus habitantes y los millones de visitantes que se han asombrado al constatar las obras de rescate y puesta en valor; entre las que destacan: el mejoramiento del parque de Santa Ana en Campeche; la intervención en el ex templo de Corpus Cristi en la Ciudad de México; la restauración de las Antiguas Casas Reales (hoy sede de la Presidencia Municipal), y del órgano tipo barroco español del templo de San Diego, en Guanajuato; el rescate de la Plaza Valladolid en la Ciudad de Morelia; el mejoramiento de Imagen urbana del Callejón Boca del Monte en la Ciudad de Oaxaca; rescate de los portales del zócalo de la Ciudad de Puebla; cableado subterráneo en la Av. Juárez frente al teatro de la República en la Ciudad de Querétaro; Restauración de la parroquia de Tlacotalpan Veracruz y Restauración de la antigua Alhóndiga, iluminación del Cerro de la Bufa y del Templo de Nuestra Señora de Fátima en la Ciudad de Zacatecas, entre otros;

7.- Que los recursos aprobados no sólo han beneficiado al sector cultural y artístico, sino que también han fortalecido la actividad económica y turística de las Ciudades beneficiando a prestadores de servicios, industriales gastronomicos y hoteleros, taxistas, guías de turistas y en general a todos los involucrados en la atención de visitantes nacionales y extranjeros, estimulando la creación de un importante número de fuentes de empleo; así como la captación de divisas y recursos fiscales;

8.- Que pese a lo alentador de los primeros resultados no podemos estar satisfechos. Es necesario incrementar nuevos programas y destinar recursos adicionales a la conservación, promoción y desarrollo de estas nueve ciudades;

Por todo lo anteriormente expuesto las suscritas diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que:

Primero.- Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Cultura, Turismo y Desarrollo Social en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis de la situación de las Ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, determinen una asignación presupuestaria especifica adicional para su rescate, conservación, promoción y desarrollo, que dado el estado en que se encuentran no deberá de ser inferior a los 150 millones de pesos.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que con el concurso de las autoridades locales instrumente políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en atención a los compromisos asumidos por nuestro país en la suscripción de la Convención en 1984.

No detengamos el paso ahora que nuestra Iniciativa comienza a rendir frutos. Estamos obligados a no relajar el esfuerzo. Vamos por buen camino. Démosle a nuestro pasado, un mejor futuro.

Diputados: Rafael Flores Mendoza, Francisco Arroyo Vieyra, José Isabel Trejo Reyes, Jesús Martínez Alvarez, Wintilo Vega Murillo, José Luis Medina Lizalde, Arturo Nahle García, Rafael Candelas Salinas, María Elba Garfias Maldonado, Marbella Casanova Calam, Jesús Porfirio González Schmal, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Huízar Carranza, Nancy Cárdenas Sánchez, María Angélica Díaz del Campo, Clara Marina Brugada Molina, María de los Dolores Padierna Luna, Jorge Uscanga Escobar, Ernesto Alarcón Trujillo, Gonzalo Guízar Valladares, Marco Antonio Torres Hernández, Pablo Anaya Rivera, Romulo Isael Salazar Macías, Carlos Flores Rico, Fidel René Meza Cabrera, María del Carmen Izaguirre Francos, José López Medina, Francisco Javier Guízar Macías, José Luis Flores Hernández, Óscar Pimentel González, Alfonso Juventino Nava Díaz, Benjamín Sagahón Medina, Luis Antonio Ramírez Pineda, José Lamberto Díaz Nieblas, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, Juan Bustillos Montalvo, Gustavo Moreno Ramos, Martín Carrillo Guzmán, Marko Antonio Cortés Mendoza, Ramón Galindo Noriega, María Sara Rocha Medina, Ángel Augusto Buendía Tirado, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Enrique Burgos García, Roberto Rafael Campa Cifrián, Enrique Ariel Escalante Arceo, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, José Luis García Mercado, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Juan Manuel Dávalos Padilla, María Marcela González Salas y Petricioli, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Leonardo Álvarez Romo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alejandra Méndez Salorio, María Ávila Serna, Raúl Piña Horta, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Campos Eugenio Mier y Concha, Luis Felipe Madrigal Hernández, Alfredo Villegas Arreola, Omar Bazán Flores, Juan Carlos Pérez Góngora, Consuelo Muro Urista, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Nora Elena Yu Hernández, Raúl Pompa Victoria, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, José Mario Wong Pérez, Jaime Fernández Saracho, Laura Elena Martínez Rivera, Sergio Armando Chávez Dávalos, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Óscar Rodríguez Cabrera, Quintín Vázquez García, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Julio César Córdova Martínez, Rafael Galindo Jaime, María Viola Corella Manzanilla, Pablo Antonio Villanueva Ramírez, Francisco Javier Lara Arano, Luis Andrés Esteva Melchor, José Guadalupe Osuna Millán, José Felipe Puelles Espina, Francisco Xavier López Mena, Marco Antonio Gama Basarte, Felipe de Jesús Díaz González, Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, Francisco Isaias Lemus Muñoz Ledo, Alfonso Moreno Morán, Norma Patricia Saucedo Moreno, María Angélica Ramírez Luna, Francisco Javier Saucedo Pérez, Eliana García Laguna, Jorge Martínez Ramos, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Margarito Fierros Tano, César Antonio Chávez Castillo, Juan Pérez Medina, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Isidoro Ruiz Argáiz, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, Omar Ortega Alvarez, Irma Sinforina Figueroa Romero, Javier Manzano Salazar, Bernardino Ramos Iturbide, J. Miguel Luna Hernández, Gelacio Montiel Fuentes, Josefina Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera, Martha Lucía Mícher Camarena, Inti Muñoz Santini, Rocío Sánchez Pérez, René Arce Islas, Antonio Mejía Haro, Elpidio Tovar de la Cruz, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Ana Lilia Guillén Quiroz, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, María Guadalupe Morales Rubio, Abdallán Guzmán Cruz, Agustín Rodríguez Fuentes, Minerva Hernández Ramos, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Edgar Torres Baltazar, Yadira Serrano Crespo, Carlos Hernán Silva Valdés, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Tomás Cruz Martínez, Francisco Javier Obregón Espinoza, Javier Salinas Narváez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Flores Mendoza.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia tiene registrados a los diputados José Isabel Trejo Reyes y Ariel Escalante Arceo, como oradores en pro.

Luego entonces, tiene la palabra el señor diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional.

Y esta Presidencia también le da la bienvenida al director de Medio Ambiente de la delegación Xochimilco, en representación del jefe delegacional; le damos la bienvenida al señor Avelino Méndez.

El diputado José Isabel Trejo Reyes: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Antes que nada quiero saludar a los señores presidentes municipales y a sus representantes; al presidente municipal de Zacatecas, mi alcalde de la capital, y un saludo a los gobernadores de los estados en donde se encuentran estas 9 ciudades y creo que con el tiempo 10 ciudades que van a ser patrimonio cultural de la humanidad, por decisión de la UNESCO.

Como dice el punto de acuerdo, somos el tercer país que tiene más ciudades patrimonios culturales de la humanidad, solamente Italia y después España y México como primer lugar en América Latina.

La bancada del PAN, los diputados del PAN que hemos firmado este punto de acuerdo, independientemente de que muchas de estas ciudades no las gobiernan alcaldes panistas y en otras sí, estamos conscientes que debemos cuidar este patrimonio cultural.

Y como lo exponía mi compañero diputado que me antecedió en la palabra, la preservación cultural de estas ciudades es oneroso y paulatinamente hemos ido apoyando en esta Cámara de Diputados con recursos para que el patrimonio se siga enriqueciendo.

Esta vez hemos decidido una cantidad importantísima de diputados de la Cámara, otra vez respaldar el patrimonio de las ciudades y estamos haciendo la petición para que el Ejecutivo se coordine con los gobernadores de los estados y con los alcaldes, para que se optimicen los recursos; no solamente ahora estaríamos pidiendo que la cantidad mínima sea hasta 150 millones y sabemos las restricciones que hay en el presupuesto que se nos avecina para el 2005.

Sin embargo, esta cantidad importante de diputados del PRI y del PRD, del PAN, del PT, del Verde Ecologista que estamos haciendo la petición a la Comisión de Presupuesto para que contemple esta partida, lo estamos haciendo conscientes de que hay prioridades y una de las partes prioritarias para la generación de empleos evidentemente es el turismo y estas ciudades, así como están siendo conservadas, están siendo iluminadas, están siendo promovidas, son fuentes reales de empleos y fuentes para el turismo en Zacatecas, y en el resto de las capitales y en el resto de las ciudades. Aquí mismo, al señor delegado que nos acompaña en el Distrito Federal, que se sientan apoyados por los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional.

Pelearemos en la Comisión de Presupuesto, en buena lid democrática porque así sea y esperamos que el resto de los compañeros diputados nos apoyen en el resto de las comisiones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Enrique Escalante Arceo.

El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo: Con el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros legisladores:

Hago uso de la palabra a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Cámara soberana tomó decisiones acertadas a finales del año pasado al aprobar por abrumadora mayoría una proposición con punto de acuerdo para destinar recursos del presupuesto federal a la recuperación del patrimonio cultural de los mexicanos, que por decisión de la UNESCO, ha merecido la distinción de elevar a 9 ciudades del país, como patrimonio de la humanidad, siendo México el tercer país del orbe con estas declaratorias.

Esta distinción enorgullece no sólo a quienes tenemos el privilegio de representar a tan hermosas ciudades, ante esta soberanía, sino también a todos los mexicanos.

Por ello, más de 150 miembros de esta Cámara, han plasmado su firma en la propuesta que ahora se presenta a su consideración, para volver a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, disposiciones claras para destinar a la recuperación y mantenimiento de nuestro patrimonio nacional, que compartimos con el resto del mundo.

Desde ésta, la máxima tribuna de la nación, exhorto a mis compañeros del grupo parlamentario del PRI y a todos los grupos parlamentarios, a apoyar con su voto esta proposición con punto de acuerdo, que en su segunda edición pretende el mismo éxito experimentado en el ejercicio presupuestario que concluye respecto a este rubro.

Estos recursos, no son de aplicación discrecional, su ejercicio y disposición dependen de reglas de operación que las autoridades municipales de estas ciudades han cumplido a cabalidad, con honestidad y escrúpulo. Será necesario continuar vigilando que esto ocurra, sin distinciones partidistas ni privilegios ante entidades de la Administración Pública Federal.

El ejercicio de estos recursos ha sido ejemplar, por lo que esta Cámara puede estar segura, que manifestando su voto positivo hacia este acuerdo estará autorizando una inversión importante que se gestiona con transparencia y equidad.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Escalante Arceo.

Esta Presidencia ha recibido la petición del diputado Guillermo Tamborrel, del Partido Acción Nacional, de hablar en pro. En términos del 122, tengo la obligación de preguntarle a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Sin embargo, y si no hay objeción, vamos a darle la palabra al diputado Tamborrel hasta por 3 minutos.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:

Las razones para solicitar su apoyo a este punto de acuerdo son muchas, las hay económicas, las hay sociales, las hay trascendentes. Sin embargo, en esta ocasión me concretaré a compartir con ustedes sólo dos de ellas.

La primera se refiere al impulso del desarrollo económico de las ciudades patrimonio de la humanidad, ya que no hay duda que los recursos solicitados se destinarán a la conservación y mejoramiento de la imagen y funcionalidad de las mismas, lo que ciertamente impactará favorablemente en la actividad turística de éstas y de hecho de la región, ya que estoy cierto, que las entidades donde se asientan dichas ciudades, sabrán invitar a quienes las visiten a conocer y recorrer otros rincones de la región, rincones que también estoy cierto, tienen mucho que ofrecer desde la perspectiva turística. Todo ello, generando una importante derrama económica y desde luego más y mejores empleos.

La segunda razón, quizá más importante, es la que se refiere al fortalecimiento de la identidad nacional y con ella, del amor patrio. No podemos soslayar que las ciudades en comento y para las que solicitamos su apoyo, encierran en sus calles y edificios, una parte muy importante de la historia de todos, de la historia nacional.

En la gran mayoría de ellas, tuvieron lugar acontecimientos que definieron el camino de la nación. No podemos desdeñar que en esas calles, muros, parques y monumentos está labrado para siempre, parte importante del rostro de México. Por citar tan sólo un ejemplo, permítaseme recordar que la hoy Ciudad de Santiago de Querétaro, patrimonio de la humanidad, fue capital de la República; que en Querétaro fue finalmente derrotado el emperador Maximiliano de Habsburgo; que en Querétaro se llevó a cabo el Congreso Constituyente de 1916-1917 y del cual nace nuestra Constitución Política.

En fin, acontecimientos históricos que nos llenan de orgullo y que ocurren en lugares históricos además de preciosos y que a quienes tenemos la fortuna de habitar en ellos, nos gustaría seguir compartiendo con todas y todos los mexicanos, con las generaciones actuales y también con las que están por venir, ello con la excelsa calidad que merece nuestra historia, nuestra identidad nacional.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.

Tenemos la petición de la diputada Nancy Cárdenas también en pro. Esta Presidencia, de no haber objeción, le concede la palabra hasta por tres minutos.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Por supuesto que el Partido de la Revolución Democrática no podía faltar en este pronunciamiento a favor del punto de acuerdo de nuestro compañero Rafael Flores, diputado federal por el estado de Zacatecas, un estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática. Hoy mismo el Gobierno del Distrito Federal, así como el gobierno delegacional de Xochimilco, también es gobernado por el PRD.

Por tal motivo, estamos dando constancia de que dentro de nuestras prioridades, es darle un fortalecimiento al turismo cultural, es darle un fortalecimiento a estas nueve ciudades patrimonio cultural, que garantizan un desarrollo económico sustentable para las comunidades desprotegidas. Es una oportunidad de ayudarlos a todas y a todos nuestros compatriotas que están siendo marginados de esta política económica que enarbola el Gobierno Federal de Vicente Fox.

Por ello hoy estamos aquí diciendo y haciendo muchos, muchos esfuerzos legislativos en este momento aprobando este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución; asimismo, también dentro de la fracción parlamentaria del PRD, estamos por presentar otras iniciativas de ley para darle fortalecimiento a estas nueve ciudades con patrimonio.

Hoy manifiesto el beneplácito de estar frente a ustedes y compartir esto con alegría y seguir la lucha con la Comisión de Presupuesto para que este punto de acuerdo se haga una realidad y tenga la mejor aplicación en estas nueve ciudades, para mejorar el desarrollo económico de las y de los mexicanos. Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutida la proposición.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.

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CANAL DEL CONGRESO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el Canal cuente con un noticiero especializado.

El diputado José Luis Medina Lizalde: Con su venia, señor Presidente.

El 29 de agosto de 2000 se dio inicio formal a las transmisiones del Canal del Congreso; de entonces a la fecha, este medio de comunicación ha permitido que los ciudadanos juzguen a través de las transmisiones por televisión cerrada el trabajo que realizamos como representantes populares.

La Ley Orgánica en sus artículos 130 al 132 dispone que el Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de todas sus actividades y que el canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las cámaras del Congreso y de las comisiones.

En este sentido se inscribe la presente propuesta de que el canal continúe con su contribución al debate de los asuntos nacionales, a los temas de la agenda política y a la agenda legislativa. Pero también en el sentido de que a través de un noticiero propio se difundan cada una de las actividades que realicen los integrantes de ambas cámaras del Congreso; que a través de un noticiero se puedan reseñar y generar las noticias correspondientes al ámbito de los diputados y senadores.

En el último informe presentado por el director del Canal del Congreso, se señala que el gran total acumulado de información transmitida desde la inauguración del canal, al 31 de julio de 2004, fue de 19 mil 422 horas. De ese gran total concentrado el 37 por ciento de la programación se destinó a transmitir comisiones; el 27 sesiones; el 25 series especiales, el 5 por ciento a otras instituciones; el 4 por ciento a comparecencias y el 15 por ciento a diversos grupos parlamentarios.

Desde el punto de vista del tipo de transmisión generada, el 55 por ciento de la información se difunde mediante emisiones retransmitidas; el 27 por ciento se realiza mediante informaciones diferidas y el 18 por ciento mediante programas en vivo. Con estos datos podemos constatar que los legisladores estamos cada vez más sujetos al escrutinio público.

Por tal razón se propone como puntos de acuerdo:

Primero. Se instruya a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso para que conjuntamente con la dirección del canal elabore la propuesta para que se incluya en la programación un noticiero legislativo.

Segundo. Dicha propuesta deberá presentarse a más tardar en el transcurso de los 30 días siguientes a la aprobación de este punto de acuerdo.

Tercero. Los responsables de la conducción del noticiero legislativo se servirán de todas las técnicas y géneros existentes del periodismo, como son la crónica, el reportaje, la entrevista, la nota informativa y se conducirán bajo los principios de imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia, para poder brindar una información precisa a la opinión pública. El noticiero tendrá una duración de una hora diaria, se transmitirá en el horario de mayor audiencia

Con el fin de garantizar la adecuada operación y funcionamiento de este noticiero legislativo, la Cámara de Diputados dispondrá que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2005 se provean los recursos financieros pertinentes. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el Canal cuente con un noticiario especializado, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD

El 29 de agosto de 2000 se dio inicio formal a las transmisiones del Canal del Congreso. De entonces a la fecha, este medio de comunicación ha permitido que los ciudadanos juzguen a través de las transmisiones por televisióo cerrada, el trabajo que realizamos como sus representantes populares.

A través de este importante medio de comunicación los ciudadanos pueden identificar a sus legisladores, reconocer en sus intervenciones las posiciones asumidas, el sentido de su voto, su trabajo y posición en las comisiones, incluso nuestra asistencia a cada una de las actividades que tenemos encomendada, ya sea aquí en el Pleno o en el trabajo en comisiones.

Como sabemos, la Ley Orgánica, en sus artículos 130 a 132, dispone que el Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de todas sus actividades y que el Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras de Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

En este sentido se inscribe la presente propuesta, de que el Canal continúe con su contribución al debate de los asuntos nacionales, a los temas de la agenda política y la agenda legislativa, pero también, en el sentido de que a través de un noticiero propio, se difundan cada una de las actividades que realizan los integrantes de ambas Cámaras del Congreso, que a través de un noticiero se puedan reseñar y generar las noticias correspondientes al ámbito de los diputados y de los senadores.

En el último informe presentado por el director del Canal del Congreso se señala que el gran total acumulado de información transmitida desde la inauguración del canal, al 31 de julio de 2004, fue de 19,422:10:56 horas.

De ese gran total concentrado, 37% de la programación se destinó a transmitir comisiones, 27% sesiones, 25% series especiales, 5% a otras instituciones, 4% a comparecencias y 15% a diversos grupos parlamentarios. Desde el punto de vista del tipo de transmisión generada, 55% de la información se difundió mediante emisiones retransmitidas, 27% se realizó mediante informaciones diferidas y 18% mediante programas en vivo.

Con esos datos podemos constatar que los legisladores estamos cada vez más sujetos al escrutinio público. Hay una vigilancia de nuestra conducta pública y política por parte de los ciudadanos, de parte de los medios de comunicación, de los sectores académicos, empresariales, etcétera.

Los medios de comunicación por la misma forma en que están estructurados, sean éstos radio, televisión o prensa escrita, resaltan únicamente lo que consideran que es importante darle a conocer al ciudadano, y muchas veces, no se dan a conocer otras noticias relevantes del trabajo legislativo, ya sea aquí en el Pleno o en comisiones.

Por ello, la función de este noticiario legislativo, permitiría llenar un vacío que existe actualmente en la programación del Canal del Congreso, permitiría que a través de entrevistas, notas relevantes de las comisiones, participaciones de los legisladores en el Pleno, divulgación de algunas investigaciones realizadas por los diversos comités, se divulgará lo que aquí realizamos como representantes populares.

Considero que nadie está exento de ser observado y vigilado por la opinión pública, y que no debemos temerle al juicio de los ciudadanos sobre el trabajo que desempeñamos como diputados, el papel que debemos cumplir como funcionarios públicos, como representantes populares.

En este sentido se inscribe la siguiente proposición con punto de acuerdo, que busca darle mayor peso a la programación del Canal, por que con una síntesis diaria de las actividades en la Cámara, dadas a conocer por conductores y no que aparezcan únicamente en la pantalla, como si fuera solo un letrero, le da mayor vida a nuestro medio de comunicación.

Este punto de acuerdo es para que el Canal recobre fuerza, para que exista un mayor acercamiento con quienes desde sus oficinas, desde sus casas, hacen un seguimiento de las actividades legislativas.

Este punto de acuerdo propone que se cree un noticiario legislativo a partir de los considerandos señalados, ya que permitirá que se conozca con mayor amplitud el trabajo y la tarea que el pueblo de México nos encomendó.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se instruye a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso para que, junto con la Dirección del Canal, elabore la propuesta para que se incluya en la programación un noticiario legislativo.

Segundo. Dicha propuesta deberá presentarse a más tardar en el transcurso de los treinta días siguiente a la aprobación de este punto de acuerdo.

Tercero. Los responsables de la conducción del noticiario legislativo se servirán de todas las técnicas y géneros existentes del periodismo, como lo son la crónica, el reportaje, la entrevista, la nota informativa, y se conducirán bajo los principios de imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia, para poder brindar una información precisa a la opinión pública.

Cuarto. El noticiario tendrá una duración de una hora diaria, se transmitirá en el horario de mayor audiencia, y se retransmitirá al día siguiente, en el horario matutino; tendrá la responsabilidad de difundir todas y cada una de las actividades relevantes que se sucedan en el transcurso del día.

Quinto. Con el fin de garantizar la adecuada operación y funcionamiento de este noticiero legislativo, la Cámara de Diputados dispondrá que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2005, se provea de los recursos financieros, materiales y humanos al Canal del Congreso.

Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Túrnese a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

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TRANSFERENCIAS DE REMESAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a redoblar sus esfuerzos para celebrar los convenios internacionales que permitan establecer las medidas y mecanismos bilaterales para reducir las comisiones y proveer reglas para fijar un tipo de cambio más justo, en las transferencias de remesas.

El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados; compañeras diputadas:

Con fecha 9 de diciembre de 2003, fue presentada ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo relativa a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos de América, suscrita por el de la voz diputado Pedro Avila, misma que fue turnada por la Presidencia que dirigía en ese tiempo mi paisano y distinguido jurista Juan de Dios Castro, a la Comisión de Hacienda, habiéndole dado el trámite correspondiente, mismo que originó el Presidente de la República, girara la instrucción al señor licenciado Andrés Figueroa Cobián, director de Telecomm, para que instrumentara el giro Paisano, que ya está autorizado para beneficio de los miles de mexicanos que viven en el vecino país del norte.

Por esto damos las gracias al señor Presidente de la República, Vicente Fox. El motivo de esta nueva proposición es con objeto de presentar el siguiente punto de acuerdo para que el Presidente de la República instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que diversos bancos de Estados Unidos, propusieron una nueva tarjeta que permita disponer de los fondos en México.

Se ha señalado que los mexicanos radicados en Estados Unidos podrán enviar sus remesas a México, a través del sistema bancario de ambos países con una tarifa máxima de uno por ciento.

Lo anterior nos motiva a adicionar nuestra posición anterior a efecto que además de la propuesta de punto de acuerdo en ella contenido, se incluya una nueva que consiste en exhortar al Presidente de la República para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público para que con la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y las dependencias a su cargo que estime pertinentes, promuevan el establecimiento de reglas y mecanismos para tarjetas de crédito que se utilicen por nuestros connacionales en Estados Unidos. Que depositen fondos en aquel país y que puedan ser cobrados por sus familiares ubicados en el territorio mexicano.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar los encuentros y negociaciones entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Estados Unidos de América, con el propósito de establecer medidas y mecanismos bilaterales que consigan reducir significativamente las comisiones que se cobran en la transferencia de remesas; que se pague un tipo de cambio más justo y se combatan los abusos que se cometen contra los migrantes mexicanos por parte de las compañías que manejan las remesas de dinero de Estados Unidos de América a México.

Segundo. Se exhorta al Presidente de la República para que gire instrucciones a Telecomm y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para que programen y desarrollen una campaña intensa de publicidad sobre la existencia y forma de uso del giro paisano como un medio seguro y barato que puedan utilizar nuestros trabajadores migratorios en el vecino país para enviar su dinero a sus familiares radicados en México.

Ya concluyo, señor Presidente.

Cuarto. Que se turne este asunto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para el efecto de que se tome en cuenta en el momento oportuno, de discutir el presupuesto que se aplicará para el año 2000 y se considere una partida especial destinada a hacer la publicidad del giro Paisano, en los términos previstos en el punto segundo de este acuerdo.

Muchas gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a redoblar sus esfuerzos para celebrar los convenios internacionales que permitan establecer las medidas y mecanismos bilaterales, para reducir significativamente las comisiones y proveer reglas para fijar un tipo de cambio más justo en las transferencias de remesas que envían los trabajadores mexicanos desde el extranjero, del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito diputado Pedro Avila Nevárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a redoblar sus esfuerzos para celebrar los convenios internacionales que permitan establecer las medidas y mecanismos bilaterales que permitan reducir significativamente las comisiones y proveer reglas para fijar un tipo de cambio más justo en las transferencias de remesas que envían los trabajadores mexicanos desde el extranjero, conforme a los siguientes

Antecedentes

Con fecha 9 de diciembre de 2003, fue presentada ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo relativa a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos de América, suscrita por el de la voz, diputado Pedro Avila Nevárez.

La Presidencia turnó la proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para efectos de análisis y dictamen, sin que hasta la fecha dicha comisión haya cumplido con la presentación ante este pleno del dictamen que legalmente corresponde.

La situación que generó la necesidad y urgencia de la proposición antes citada, no sólo subsiste sino que se sigue agravando progresivamente, por lo que me veo motivado a presentar esta nueva proposición, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

1. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que las remesas podrían incrementarse de manera significativa durante los próximos 5 años, llegando a un monto anual de 20 mil millones de dólares.

2. Se siguen recibiendo noticias alarmantes sobre el robo de correspondencia ordinaria con cheques o dinero en efectivo enviados a nuestro país por nuestros trabajadores migratorios en EUA.

3. Las consideraciones expuestas en mi proposición con punto de acuerdo previa, continúan siendo válidas y sirven de sustento también a esta proposición.

Se tiene ahora conocimiento que para aprovechar el mercado de envío de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos de América (EUA), diversos bancos propusieron una nueva tarjeta que permite disponer de los fondos en México.

Se ha señalado que los mexicanos radicados en EUA podrán enviar sus remesas a México a través del sistema bancario de ambos países, con una tarifa máxima del 1 (uno) por ciento.

4. Lo Anterior nos motiva a adicionar nuestra proposición anterior a efecto de que, además de las propuestas de puntos de acuerdo en ella contenidos, se incluya una nueva que consiste en exhortar al Presidente de la República para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que, con la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de las dependencias a su cargo que estime pertinentes, promuevan el establecimiento de reglas y mecanismos para tarjetas de crédito que se utilicen por nuestros connacionales en los EUA que depositen fondos en aquél país y que puedan ser cobrados por sus familiares ubicados en el territorio mexicano.

5. Por cuanto se refiere a mi proposición anterior, en el segundo punto resolutivo se proponía exhortar al Ejecutivo Federal a analizar la conveniencia de que, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se instalen ventanillas en nuestras embajadas y consulados en EUA a efecto de recibir remesas de dinero, para que por conducto de Telégrafos de México (Telecom) se envíen remesas al país con el cobro de bajas comisiones y sean pagadas de acuerdo con la cotización peso-dólar del día autorizada por el Banco de México.

En virtud de que el Presidente de la República ya dio órdenes a Telecom y este organismo ya está expidiendo el ``Giro Paisano'', es necesario dar la mayor publicidad de este instrumento en los EUA. Por ello, se debe prever una partida especial en el presupuesto de egresos con el fin de darle publicidad en todo el territorio de los EUA, y nuestros paisanos puedan utilizar este instrumento que les permite enviar su dinero a México en mejores condiciones.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General me permito someter la siguiente proposición, que modifica, actualiza y enriquece la que presenté con anterioridad quedando como sigue:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar los encuentros y negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, con el propósito de establecer medidas y mecanismos bilaterales que consigan reducir significativamente las comisiones que se cobran en la transferencia de remesas; que se pague un tipo de cambio más justo y se combatan los abusos que se cometen contra los migrantes mexicanos por parte de las compañías que manejan las remesas de dinero de Estados Unidos de América a México.

Segundo. Asimismo, se exhorta el Presidente de la República para que gire instrucciones a Telecom y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para que programen y desarrollen una campaña intensa de publicidad sobre la existencia y forma de uso del ``Giro Paisano'', como un medio seguro y barato que pueden utilizar nuestros trabajadores migratorios en el vecino país, para enviar su dinero a sus familiares radicados en México.

Tercero. Que se invite a empresarios mexicanos y estadounidenses a fin de que se permita la instalación de módulos receptores de ``Giros Paisano'' en tiendas de autoservicio en ambos países, para que nuestros connacionales trabajadores en el . país vecino, amplíen sus posibilidades de enviar sus remesas utilizando ``Giro Paisano'' de Telégrafos de México (Telecom).

Cuarto. Que se turne este asunto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se considere una partida especial destinada a hacer la publicidad del ``Giro Paisano'' en los términos previstos en el punto segundo de este acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2004.--- Dip. Pedro Avila Nevarez.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Pedro.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se publicará, don Pedro. Se insertará en el Diario de los Debates y se publicará en la Gaceta.

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SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE PASCUAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez, a nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativa al apoyo solidario a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, respecto al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación.

Adelante señor diputado Saucedo.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La proposición con punto de acuerdo que hoy presentamos ante este pleno de la Cámara de Diputados, fue aprobado el 23 de junio de 2004, en la octava sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social; enviada para su conocimiento y dictamen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y leída por el diputado federal Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo, en la sesión del 30 de junio de este año.

Como no fue dictaminada en la Permanente, la Junta Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, solicitó a la Mesa Directiva actual, de la Cámara de Diputados, sea puesta a discusión del pleno por urgente y obvia resolución de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por emitir la sentencia correspondiente sobre este asunto, con relación a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual.

Dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de julio del año 2004.

En el año de 1982, los trabajadores de la empresa refresquera Pascual, con instrumentos y medios legales, impulsaron una lucha muy importante por la defensa de sus intereses.

En consecuencia y después de dos años de huelga, las autoridades laborales dictaron un laudo a favor de ellos. Surgió entonces la opción de convertirse en una sociedad cooperativa, la cual se constituyó en el año de 1985 bajo la denominación de Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual.

No obstante lo anterior, la lucha de los trabajadores de Pascual no ha terminado, puesto que dos de sus plantas ubicadas en la Ciudad de México se encuentran en un litigio federal, toda vez que existe una sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación, la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a un particular para efecto de desocupar dichas plantas productivas, sentencia que se encuentra en revisión por dicho poder y que, en caso de confirmarse, provocaría que quedaran sin empleo más de mil 200 trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social propone a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados se solidariza con los trabajadores de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, para efecto de que dicha empresa social siga usufructuando los terrenos en los que se hayan instaladas sus plantas productivas y apela al Poder Judicial de la Federación sea sensible al emitir su sentencia, apegada a la verdad de los hechos históricos y a la justicia.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, relativo al apoyo solidario a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL, respecto al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Francisco Saucedo Pérez, en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XIV, 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:

Antecedentes

Primero. Tal y como lo confirman diversas investigaciones, entre las que destacan los trabajos realizados por la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de La Plata, Argentina, la crisis económica que azotó en diversas regiones del continente americano, provocó un incremento inusitado de la pobreza, golpeando fundamentalmente a los sectores asalariados que asistían a la progresiva pérdida de sus fuentes de trabajo.

Frente a este oscuro panorama, diversos sectores de trabajadores llevaron adelante una serie de iniciativas para hacer frente al desempleo a través de la recuperación de las empresas siendo su objetivo reconvertirla productivamente hasta lograr potenciar su viabilidad, crecimiento y autonomía en forma de cooperativas de producción y servicios.

Segundo.- En nuestro país a principios de la década de los ochenta y como resultado de las difíciles condiciones económicas, el Gobierno de la República Mexicana emitió un decreto presidencial autorizando un incremento a los salarios de los trabajadores de acuerdo con el monto de las remuneraciones, sin que, en particular, una empresa refresquera haya dado cumplimiento a dicho decreto, por lo que se inició un movimiento de trabajadores en la empresa de Pascual, instrumentando los medios legales para que se les reconociera el incremento correspondiente.

Como consecuencia de lo anterior y después de dos largos años de huelga que se saldaron con la muerte de dos trabajadores, las autoridades laborales dictaron un laudo a favor de los luchadores sociales, ordenando el remate de la empresa en cuestión.

Sin embargo, al encontrarse los trabajadores ante la perspectiva de volverse asalariados de nueva cuenta, surgió la opción de convertirse en una sociedad cooperativa, la cual se constituyó en 1985 bajo la denominación de ``Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL''.

No obstante lo anterior, la lucha de la ``Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL'', no ha terminado, puesto que dos de sus plantas ubicadas en la Ciudad de México se encuentran en un litigio federal, toda vez que existe una sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación, la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a un particular, para efecto de desocupar dichas plantas productivas, sentencia que se encuentra en revisión por dicho poder y que, en caso de confirmarse, provocaría que quedaran sin empleo más de un mil doscientos trabajadores y al ser un polo de desarrollo regional que se da en el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, afectaría de igual forma el desarrollo social en dichas zonas.

Consideraciones

Único.- El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social estima conveniente dar un reconocimiento a la lucha por más de dos décadas han sostenido los trabajadores de la ``Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL'', en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal.

Asimismo, esta Comisión considera indispensable solidarizarse con los trabajadores de la Sociedad Cooperativa en cuestión, por cuanto hace al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, ya que si la autoridad revisora confirma la sentencia dictada por el a quo, en la que se concede el amparo y protección de la justicia federal a un particular, quedarían sin empleo más de un mil doscientos trabajadores y el polo de desarrollo regional que se da en el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, se vería gravemente afectado.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pondrá a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.- La H. Cámara de Diputados se solidariza con los trabajadores de la ``Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL,'' para efecto de que dicha empresa social siga usufructuando los terrenos en los que se hayan instaladas sus plantas productivas y apela a que el Poder Judicial de la Federación sea sensible al emitir su sentencia apegada a la verdad de los hechos históricos y a la justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; José Juan Bárcenas González (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Belizario Iram Herrera Solís, secretarios; Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), David Ferreyra Martínez (rúbrica), Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Valentín González Bautista (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), César Amín González Orantes, Manuel González Reyes, Alfonso González Ruiz, Cruz López Aguilar, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona, Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Adrián Villagómez García.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat lleve a cabo las acciones necesarias para dar solución a la problemática ambiental de Valle de Bravo.

La diputada Alejandra Méndez Salorio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: La cuenca de Valle de Bravo es una cuenca tributaria del río Balsas, incorpora los municipios de Amanalco y Valle de Bravo y forma parte de la amplia zona de frontera entre las regiones neártica y neotropical de América, donde se mezclan especies biológicas con filiaciones del norte y del sur del continente.

La principal problemática que enfrenta la cuenca es la contaminación de ríos y cuerpos de agua por exposiciones de residuos municipales y agrícolas, contaminación del suelo por la exposición de desechos sólidos municipales a cielo abierto, tala y deforestación del bosque, un bajo nivel de productividad agrícola y la presión sobre la tierra para desarrollar la actividad turística y el crecimiento urbano.

En los últimos 30 años la cuenca ha perdido el 30 por ciento de su superficie forestal como resultado del cambio del uso del suelo y de la sobreexplotación forestal.

El uso excesivo y no regulado de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes en las zonas agrícolas y vacacionales, ha producido una severa contaminación del agua y del suelo que se ve agravado por el gran volumen de aguas residuales sin tratamiento que los asentamientos urbanos de Valle de Bravo, Avándaro y Amanalco vierten directamente al vaso de la presa.

No obstante que el procurador federal de Protección al Ambiente no tenga la mínima idea de lo que es Valle de Bravo y su problemática, consideramos que para disminuir, detener y revertir los procesos de deterioro ambiental de la zona, se requiere del trabajo conjunto del Gobierno y de los ciudadanos, ya sean residentes permanentes o visitantes ocasionales.

Por lo anteriormente expuesto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones necesarias para dar solución a la problemática ambiental de esa región, como la regulación del uso del suelo y la estabilización de la zona agrícola de la parte media de la cuenca, buscando reducir la erosión y la contaminación, la minuciosa inspección de la infraestructura del saneamiento para tratar el agua de desecho municipal y del sistema de drenaje urbano, así como la revisión de la industria forestal de la zona buscando que los aprovechamientos sean racionales y apegados a la normatividad.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura.--- Presente.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La Cuenca de Valle de Bravo es una cuenca tributaria del río Balsas, incorpora los municipios de Amanalco y Valle de Bravo, así como porciones menores de los municipios de Temascaltepec, Donato Guerra, Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Villa Victoria, Villa de Allende. El área tiene una superficie total de 775,561 hectáreas.

Forma parte de la amplia zona de frontera entre las regiones neartica y neotropical de América, donde se mezclan especies biológicas con filiaciones del norte y del sur del continente. Esta ubicación, desde el punto de vista biogeográfico, le confiere a la región una rica diversidad biológica.

La población total es de 95,220 habitantes (INEGI, 2000), repartidos en 124 localidades.

La Cuenca es una vasta región situada al poniente de la Ciudad de México, rodeado de montañas, rico en recursos naturales, que capta el agua , en uno de los sistemas ecológicos y forestales más ricos de México. Los bosques templados, que ocupan la mitad de su superficie, forman parte de una zona que alberga el 10% de la biodiversidad del país. Por su clima saludable y su belleza escénica tiene gran importancia turística como centro de descanso y recreación y su principal servicio ambiental es la producción de agua.

El vaso de la presa es uno de los más importantes del sistema Cutzamala y, de los 19 metros cúbicos por segundo que produce, aporta seis para el consumo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, El 10% del agua que se consume en esta zona proviene de este sistema vital.

La problemática ambiental que enfrenta la Cuenca es la contaminación de ríos y cuerpos de agua por disposición de residuos municipales y agrícolas; contaminación del suelo por desechos sólidos municipales abierto; tala y deforestación del bosque; un bajo nivel de productividad agrícola y la presión sobre la tierra para desarrollar la actividad turística y el crecimiento urbano.

Desde hace varias décadas, esta región sufre un creciente deterioro ambiental debido principalmente a cuatro diferentes causas: la deforestación, la erosión, contaminación del agua y del suelo y la disminución del caudal de los arroyos.

En los últimos 30 años, la cuenca ha perdido el 30% de su superficie forestal, como resultado del cambio de uso del suelo y de la sobreexplotación forestal. La pérdida de la cubierta forestal y las prácticas agrícolas poco cuidadosas, en un suelo arcilloso poco compacto y con lluvia abundante, generan una grave erosión que ha significado el arrastre de más de 80 millones de metros cúbicos de suelo al lecho del lago, limitando la capacidad productiva agrícola de la región.

El uso excesivo y no regulado de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes en las zonas agrícolas y vacacionales ha producido una severa contaminación del agua y del suelo, que se ve agravado por el gran volumen de aguas residuales sin tratamiento que los asentamientos urbanos de Valle de Bravo, Avándaro y Amanalco vierten directamente al vaso de la presa.

La abundante materia orgánica ha causado eutrofización o eutrofización disuelta en el agua produce un exceso de fertilización que facilita la reproducción indeseable del lirio y del alga microscópica Anabaena, también causa condiciones anoxicas que mata peces y la mayoría de los indicadores usuales de calidad del agua exceden ya las normas aceptables en nitrógeno, fósforo y coliformes, entre otros.

El abuso en el consumo del agua y la pérdida de un tercio de la superficie boscosa que la produce, ha reducido los caudales de los arroyos hasta en un 40%.

Los efectos combinados de estos procesos son ya evidentes, un creciente deterioro de la calidad y cantidad de los bosques por la tala inmoderada, y del agua de la región, pérdida de su viabilidad económica agrícola, forestal y turística devastación del hábitat de numerosas especies de plantas y animales, deterioro del paisaje y riesgo para las inversiones productivas y el desarrollo integral de la región. Por todo ello, es indispensable tomar acciones que detengan y resuelvan eficazmente esta problemática.

Para disminuir, detener y revertir los procesos de deterioro ambiental de la zona se requiere del trabajo conjunto del gobierno y de los ciudadanos, sean residentes permanentes o visitantes ocasionales.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los municipios de Amanalco y Valle de Bravo instrumente un programa de saneamiento integral del lago formado por embalse de la presa Miguel Alemán, ubicado en esta cuenca.

Segundo: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en coordinación con los municipios que conforman la Cuenca de Valle de Bravo, Estado de México, en el ámbito de su jurisdicción y competencia a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM0-83-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final, de residuos sólidos municipales, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 14.1 de dicha Norma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Méndez Salorio.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Junta Directiva del Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que en observancia de la Ley Federal de Trabajo, la institución mantenga en operación los tres centros de desarrollo infantil creados para la atención y desarrollo de los hijos de las y los trabajadores de la universidad.

La diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En mi carácter de diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a la consideración de este honorable pleno, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Universidad Autónoma Metropolitana para que mantenga en operación los tres centros de desarrollo infantil creados para la atención y desarrollo de las niñas y los niños hijos de las y los trabajadores de dicha universidad, evitando así la trasgresión de los derechos laborales de estos, así como los derechos de las y los niños beneficiarios directos de estos servicios de los centros de desarrollo infantil; para ello expongo los siguientes motivos:

La Universidad Autónoma Metropolitana conforme a su propia ley orgánica, se creó como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, patrimonio que se constituye, entre otros, por los fondos que se le asigna a la Federación a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

La creación de los centros de desarrollo infantil de la UAM, fue pactada en la revisión del contrato colectivo de trabajo en 1982, como reivindicación del derecho de las y los trabajadores a tener la certeza de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de sus hijas e hijos.

Así conforme al contrato colectivo de trabajo, se acordó establecer un centro de desarrollo infantil para cada una de las tres unidades académicas de la universidad.

Los centros de desarrollo infantil de la UAM, fueron abiertos y puestos en servicio paulatinamente, primero, el de la Unidad Académica Azcapotzalco, después Iztapalapa y por último el de Xochimilco.

Reconocemos en los Cendi-UAM la gran responsabilidad asumida por la universidad para impulsar el sano desarrollo infantil de los hijos e hijas de sus trabajadores propiciando bienestar integral a cada una de sus familias.

No obstante lo anteriormente expuesto, en abril del presente año, las autoridades universitarias notificaron al sindicato su intención de reestructurar los Cendi bajo el argumento de brindar la educación preescolar es una obligación del Gobierno Federal.

Posteriormente el 14 de julio de 2004, el secretario de la universidad doctor Ricardo Solís, presentó la propuesta de suspender el servicio del Cendi número 3.

Las y los legisladores federales somos respetuosos de la competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia laboral, para resolver sobre las posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, contractualmente establecidos.

Pretender que los niños y las niñas del Cendi número 3 asimilen un cambio tan drástico en su actividad cotidiana, alejando su centro de desarrollo infantil tanto del lugar de trabajo de sus padres como el de sus propios domicilios no es tan fácil de alcanzar.

Por todo lo anterior y fundado en el proemio de esta proposición solicito a este honorable pleno se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta Directiva del Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana para que en observancia de la Ley Federal del Trabajo, así como del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre la universidad y sus trabajadoras y trabajadores, la institución mantenga en operación los tres centros de desarrollo infantil, creados para la atención y desarrollo de las niñas y los niños, hijos de los trabajadores de esta universidad, evitando así la trasgresión de los derechos laborales de éstos, así como de los derechos de las niñas y los niños beneficiarios directos de los servicios de dichos Centros de Desarrollo Infantil.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva, al Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana a que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, la institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y desarrollo de los hijos de las y los trabajadores de la Universidad, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Junta Directiva, al Colegio Académico y el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, así como del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores y trabajadoras, la Institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y desarrollo de las niñas y los niños hijos de las y los trabajadores de la Universidad, evitando así, la transgresión de los derechos laborales de éstos, así como de los derechos de las y los niños beneficiarios directos de los servicios de dichos Centros de Desarrollo Infantil.

Exposición de Motivos

La Universidad Autónoma Metropolitana, conforme a su propia Ley Orgánica, se creó como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, patrimonio que se constituye, entre otros, por los fondos que le asigna la Federación a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (SEP).

La creación de los Centros de Desarrollo Infantil de la UAM, fue pactada en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo en 1982, como reivindicación del derecho de las y los trabajadores a tener la certeza de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de sus hijas e hijos.

Así, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, se acordó establecer un Centro de Desarrollo Infantil para cada una de las tres Unidades Académicas de la Universidad (Azcapotzalco, Ixtapalapa y Xochimilco).

Los Centros de Desarrollo Infantil de la UAM, fueron abiertos y puestos en servicio, paulatinamente, primero el de la Unidad Académica Azcapotzalco, luego el de la Unidad Iztapalapa y, por último, el de la Unidad Xochimilco, en 1990.

Para la creación de los Cendis, se consideró que, cito revista UAM, 1984, p.9. ``Debido al desarrollo industrial y comercial del país, la mujer se ha visto obligada a dejar el hogar e incorporarse activamente a las fuerzas productivas. Las horas que emplea la mujer en el trabajo remunerativo, al igual que el hombre, le impiden dedicarse más tiempo a las labores educativas y propias del hogar'', concluye la cita; por otro lado, las características especiales con que cuentan los Cendis de la UAM, están definidas en el documento modelo educativo Cendi, y reconocen a los Centros de Desarrollo Infantil como, cito textualmente, ``una unidad bio-psico-social, (por lo) que requerirá de estimulaciones sistematizadas y organizadas que serán la base del proceso de desarrollo, para lograr en forma equilibrada el óptimo crecimiento de los y las niñas, durante su período de vida comprendido entre los cuarenta días de nacidos y los seis años de edad'', concluye la cita.

Como sabemos, México es integrante de la Organización de las Naciones Unidas y, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha proclamado que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales que posibiliten el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, integrado en la unidad de la familia que como grupo fundamental de la sociedad es el medio adecuado para su crecimiento y acceso al bienestar.

El Estado Mexicano ha venido implementando medidas encaminadas a la atención congruente de la referida proclama internacional, al interior de nuestro país, entre los que se encuentra la creación de Centros de Desarrollo Infantil, cuyos objetivos están precisamente orientados hacia el cuidado y asistencia especiales de los niños y niñas.

Reconocemos en los Cendis-UAM, la gran responsabilidad asumida por la Universidad, para impulsar el sano desarrollo infantil de los hijos e hijas de sus trabajadores, propiciando bienestar integral a cada una de sus familias.

Los Cendis UAM, han cumplido ejemplarmente con el propósito de lograr un desarrollo armónico de las capacidades de las niñas y los niños que atienden.

La generación de un espíritu de búsqueda del conocimiento y la cultura en las y los niños, ha dado lugar al reconocimiento de éstos y de la excelencia académica que caracteriza a dichos Centros de Desarrollo Infantil.

No obstante lo anterior expuesto, en abril del presente año, las autoridades universitarias notificaron al sindicato, su intención de reestructurar los Cendis, bajo el argumento de que brindar la educación preescolar, es una obligación del gobierno Federal.

Posteriormente, el 14 de julio de 2004, el secretario de la Universidad, doctor Ricardo Solís, presentó al sindicato, la propuesta de suspender el servicio del Cendi No. 3 que ha venido funcionando en el plantel Xochimilco, con el propósito de fusionarlo con los Cendis 1 y 2, que funcionan en las Unidades Azcapotzalco e Ixtapalapa, respectivamente.

La pretensión de las Autoridades Universitarias, es sustituir el legítimo derecho de las y los trabajadores de la Unidad Académica de Xochimilco, de contar con los servicios del Cendi correspondiente, con la propuesta de que las hijas y los hijos de dichos trabajadores sean atendidos en cualquier institución pública de educación preescolar o, en su defecto, en los Cendis-UAM 1 y 2.

Las y los legisladores federales, somos respetuosos de la competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia laboral, para resolver sobre las posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, contractualmente establecidos, en que pudiera incurrir la Universidad Autónoma Metropolitana; sin embargo, no podemos dejar de observar que el cierre del Cendi No. 3, Unidad Xochimilco, de la UAM, tiene efectos nocivos para las personas menores de edad, hijos e hijas de los y las trabajadoras de dicha Institución de educación superior.

En efecto, independientemente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitieren sobre las eventuales violaciones de derechos laborales, el cierre del Cendi-UAM No. 3, fusionando sus servicios con el de los Cendis 1 y 2, lesiona no sólo los derechos de las y los trabajadores de la institución, sino, más grave aún, lesiona los derechos de las niñas y los niños beneficiarios de dichos servicios.

Vemos con preocupación que con esta decisión, las autoridades universitarias, dejan de lado cuestiones fundamentales como la atención de los derechos de la familia y, en particular los derechos de los niños a la educación y a la atención especializada que proporcionan los Cendis-UAM.

Pretender que los niños y niñas del Cendi No. 3, asimilen un cambio tan drástico en su actividad cotidiana, alejando su Centro de Desarrollo Infantil tanto del lugar de trabajo de sus padres, como de sus propios domicilios, no es fácil de alcanzar. El simple hecho de que los trabajadores y trabajadoras de la UAM Xochimilco, se vean forzados a renunciar a un derecho laboral de esta naturaleza, implica para ellos, asumir una actitud indigna y enfrentar una serie de consecuencias que, definitivamente, atentan contra la integridad y los derechos fundamentales de la familia e individualmente de todos y cada uno de sus miembros.

Reorganizar la vida cotidiana de las familias afectadas implica costos elevados en la inversión de tiempos y esfuerzos para subsanar las necesidades derivadas de un acto muy probablemente violatorio de sus derechos laborales, contractualmente establecidos.

Por todo lo anterior expuesto y fundado en el proemio de esta proposición, solicito a este honorable Pleno se apruebe como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Junta Directiva, el Colegio Académico y el rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, así como del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadoras y trabajadores, la institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y desarrollo de las niñas y los niños, hijos de las y los trabajadores de la Universidad, evitando así, la transgresión de los derechos laborales de éstos, así como de los derechos de las y los niños beneficiarios directos de los servicios de dichos Centros de Desarrollo Infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia tiene el registro de las diputadas María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México y la diputada Marcela Casanova, del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Con lo que cerramos la lista de oradoras y le damos la palabra a la primera de ellas.

La diputada María Avila Serna: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Los centros de desarrollo infantil, Cendi, son las instituciones que proporcionan educación y asistencia a los hijos de las madres trabajadoras. Dicha educación les permite a las niñas y niños recibir una estimulación temprana con el fin de desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir en condiciones de libertad y dignidad.

Los Cendi en la Universidad Autónoma Metropolitana son el resultado de una prestación sindical de la clase laboral, pactada en la revisión del contrato colectivo de trabajo de 1982, donde se acuerda establecer un centro por cada una de las unidades académicas con que cuenta la Universidad, para resolver así la demanda de guardería de sus trabajadoras y trabajadores.

Estos centros dan servicio dentro del mismo horario laboral de las y los trabajadores universitarios. Además de proporcionar un espacio de desarrollo para sus menores.

Es de nuestro conocimiento que el pasado 30 de agosto el Cendi número 3 de la UAM fue cerrado y existe la amenaza de que la Rectoría General de la Universidad pretende cerrar, a finales de este año, 2 centros más. Este hecho dejó sin trabajo a 88 mujeres y hombres y sin escuela a 130 niñas y niños.

De consumarse el cierre de los otros 2 centros estaríamos hablando de 300 mujeres y hombres desempleados, 500 madres y padres sin su derecho a este servicio y más de 450 menores de 6 años verían vulnerado su derecho a la educación.

Es sorprendente que las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana pretendan desaparecer los Cendi, cuando para su creación se consideró como un punto vital que las mujeres al verse obligadas a dejar el hogar e incorporarse activamente a las fuerzas productivas necesitaban de un apoyo para la educación de sus menores durante el tiempo que ellas laboraban.

Con la desaparición de estos centros de desarrollo infantil las y los trabajadores universitarios difícilmente podrán encontrar un espacio que permita dejar a los infantes en lugares seguros y con el mismo horario laboral, mientras que las condiciones económicas de la planta laboral se verían seriamente afectadas.

Por ello, es necesario que no solamente se reabra el Cendi número 3 sino que también se deje de lado la idea de cerrar los demás centros de la Universidad.

Debemos apoyar a las y los trabajadores, sobre todo a las madres de familias, quienes muchas veces están solas y su único apoyo para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral son estos centros de desarrollo infantil. Las niñas y los niños también cuentan y por ello debemos defender su derecho a la educación.

La visión de los Cendi es solidificar y apoyar el desarrollo de las aptitudes y potencialidades de los niños. Por ello, se deben proporcionar todos los elementos que requiere una adecuada educación y una atención de calidad. Para lograr eso, no podemos permitir que estas acciones se consoliden.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.

Tiene la palabra la diputada Marbella Casanova Calam, del PRD.

La diputada Marbella Casanova Calam: Buenas tardes a todos y a todas las diputadas y diputados. Con su permiso, señor Presidente.

Todas las madres y padres que trabajamos, las y los que somos responsables y las que tenemos hijos, que cumplimos con el deber legal, moral y familiar y de vida, de cuidar de nuestras hijas e hijos, conocemos la importancia real de contar con una institución de seguridad social a la cual acudir todos los días laborales, a fin de confiar por unas horas el cuidado y atención de nuestros hijos.

Los centros de desarrollo infantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, son para las mujeres y hombres que trabajan en ella, este tipo de espacio de seguridad social que permite cumplir en condiciones de seguridad y responsabilidad con la jornada de trabajo, con las horas de docencia e investigación que cada quien tiene a su cargo, porque saben que sus hijos se encuentran seguros y en manos de profesionales de la educación preescolar, comprometidas con su noble tarea de cuidar y educar.

Si estos Cendi son cerrados, en ese momento se abrirán de par en par las puertas de la incertidumbre para las madres y los padres trabajadoras, ya que se romperían equilibrios y probablemente las condiciones de armonía familiar fundamentales para el sano desarrollo de sus niñas y niños. Eso es lo que se pretende por las autoridades universitarias, por atentar contra las más apreciadas conquistas de las trabajadoras.

¿Por qué insistir en aplicar el modelo neoliberal a costa de afectar las más y los más necesitados de protección y cuidado?

Este problema está más allá de aspectos laborales, de problemas financieros, de cuestiones políticas, de intereses particulares o de grupo, ya que la educación ha sido es y debe ser un valor que engrandece a nuestro país y lo encumbra hacia más altos y mejores horizontes, en instrumento que hace posible una sociedad menos desigual.

Debe ser por lo tanto un derecho de todo ser humano y una responsabilidad obligada del Estado y de sus instituciones, garantizar este derecho sin cortapisa alguna.

Lo que en su momento fue una prestación laboral se ha convertido en un derecho social, donde la UAM complementa su tarea primordial al proporcionar a sus trabajadoras y trabajadores un apoyo fundamental de calidad y de confianza, como son los Cendi de la UAM.

Recordemos también que nuestro país ha aceptado suscribir los acuerdos internacionales, como son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; acuerdos que resguardan los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres respectivamente, así como contamos con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, vigente a nivel federal desde el año 2000.

Con estos instrumentos jurídicos el Estado mexicano se compromete a velar por la seguridad y derechos de ellas y ellos, situación que no observamos cuando nos enteramos de estos hechos.

Por otra parte, el pasado mes de mayo la Cámara de Diputados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, suscribieron un convenio de colaboración que tiene como fin la coordinación de esfuerzos, la difusión, promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez en México.

Termino. El convenio parte del principio de que las niñas y los niños, como seres humanos tienen derecho a una vida digna, una buena salud y una educación de calidad y ser protegidos contra el abuso y la explotación de otros, y sobre todo el reconocimiento de la necesidad de tomar en cuenta sus derechos en la toma de decisiones legislativas. Cumplamos con ese compromiso.

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutida. En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada. Comuníquese.

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MEXICO - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra el diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al secretario de Relaciones Exteriores para enviar una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en relación con la condecoración a dos agentes del FBI por su intervención en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, Ciudad Juárez, Chihuahua.

El diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma: Con su permiso, señora Presidenta.

El suscrito Miguel Lucero Palma, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al secretario de Relaciones Exteriores a enviar nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en relación con la condecoración de dos agentes del Buró Federal de Investigaciones por su intervención en el incidente ocurrido en la colonia de Anapra, Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Antecedentes

El 12 de septiembre del año 2002 agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, realizaron un operativo contra robos de mercancías en el tren que cruza la línea divisoria entre dicho país y México a la altura de la colonia de Anapra, Juárez, México y Sunland Park, Nuevo México.

Los agentes del FBI afirmaron que venían persiguiendo personas que saqueaban las mercancías que cargaban al tren, en el operativo atravesaron la línea divisoria y pisaron tierra mexicana, donde fueron agredidos y lesionados por habitantes de la colonia Anapra. Los agentes extranjeros pidieron auxilio a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y según testimonio de la gente de la colonia Anapra fue la policía municipal juarense, quien aprehendió a 11 habitantes de esa colonia de nacionalidad mexicana y los entregó a los agentes extranjeros, sin mediar proceso de extradición y sin tomar en cuenta que los agentes del FBI se encontraban en territorio mexicano, violando flagrantemente nuestra soberanía.

Algunos de los mexicanos detenidos fueron liberados pero otros están pagando condena en cárceles de Estados Unidos, los policías municipales de Juárez que entregaron a sus connacionales a los agentes federales extranjeros, fueron denunciados por el delito de traición a la patria y se encuentran desaparecidos con calidad de fugitivos, pero existe orden de aprehensión en contra de ellos, sólo uno está detenido en relación al incidente que hemos narrado.

A casi 2 años del incidente, a principios de octubre del presente año, los agentes del FBI Sergio Barrio y Samanta Mikeska, fueron condecorados por la citada agencia federal estadunidense, con la Medalla Estrella, por su participación en los acontecimientos que derivaron en el incidente internacional de Sunland Park, Anapra del 12 de septiembre de 2002, dicha condecoración tuvo lugar en la oficina del FBI en El Paso, Texas.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en las que se presenta el problema en cuestión y por los valores políticos y jurídicos lesionados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al secretario de Relaciones Exteriores de México, a fin de que envíe nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, que exprese el rechazo e indignación del Gobierno y la sociedad mexicanos, en relación con actos como la condecoración de los dos agentes de la oficina federal de investigación, relacionadas con conductas de abuso de autoridad que violan nuestra soberanía, promueven acciones intervencionistas y alientan la xenofobia.

La proposición fue entregada oportunamente y se acompañó la versión electrónica al documento y en este acto se reitera la petición de que el asunto sea tramitado de urgente resolución en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para enviar una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos de América respecto a la condecoración de dos agentes del FBI que intervinieron en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Miguel Lucero Palma, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar al titular del Poder ejecutivo federal para que instruya al secretario de Relaciones Exteriores para que envíe nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en relación con la condecoración de dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su intervención en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, municipio de Juárez, Chihuahua, presentada por el diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se hace esta solicitud conforme a los siguientes

Antecedentes

El 12 de septiembre de 2002, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos de América (EUA) realizaron un operativo contra robos de mercancías en el tren que cruza la línea divisoria entre dicho país y México, a la altura de la colonia de Anapra, Juárez, México y Sunland Park, el Paso, Texas, EUA.

Los agentes del FBI, afirmaron que venían persiguiendo a personas que saqueaban las mercancías que cargaba el tren. En el operativo atravesaron la línea divisoria y pisaron tierra mexicana, donde fueron agredidos y lesionados por habitantes de la colonia de Anapra.

Los agentes extranjeros pidieron auxilio a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y, según testimonio de la gente de la colonia de Anapra, fue la policía municipal de Juárez quien aprendió a 11 habitantes de esa colonia, de nacionalidad mexicana, y los entregó a los agentes extranjeros, sin mediar proceso de extradición y sin tomar en cuenta que los agentes del FBI se encontraban en territorio mexicano, violando fragantemente nuestra soberanía.

Algunos de los mexicanos detenidos fueron liberados pero otros están pagando condena en cárceles de Estados Unidos.

Los policías municipales de Juárez que entregaron a sus connacionales a los agentes federales extranjeros fueron denunciados por el delito de traición a la Patria y se encuentran desaparecidos con calidad de fugitivos, pues existe orden de aprehensión en contra de ellos. Sólo un agente de la Aduana de Juárez esta detenido con relación al incidente que hemos narrado.

A casi dos años después del incidente, a principios de octubre del presente año, los agentes del FBI Sergio Barrio y Samantha Mikeska fueron condecorados por la citada agencia federal estadounidense con la Medalla Estrella por su participación en los acontecimientos que derivaron en el incidente internacional de Sunland Park-Anapra, de 12 de septiembre de 2002. Dicha condecoración tuvo lugar en las oficinas del FBI, en el Paso Texas, EUA.

Considerandos

1. Los acontecimientos anteriormente mencionados provocaron numerosas reacciones y manifestaciones de la opinión pública y se determinó que se giraran órdenes de aprehensión en contra de los policías y agentes mexicanos; en cambio, los agentes del vecino del norte fueron premiados con reconocimientos y condecoraciones.

Lo anterior se ha considerado como una medida insensible y arrogante, que premia a quienes violaron el territorio y las leyes mexicanas, así como los tratados internacionales celebrados por ambos países, principalmente los relativos a la extradición.

2. Se trata de una muestra más de acciones intervencionistas y actitudes prepotentes de autoridades estadounidenses que menosprecian y mancillan la soberanía nacional y los derechos de los mexicanos. Premiar a autoridades que violan la Ley es alentar el abuso de autoridad, es promover acciones intervencionistas y alentar actitudes xenofóbicas.

3. El incidente de Anapra no es un caso aislado, son numerosas las ocasiones en que nacionales mexicanos han sido vejados y humillados por agentes y autoridades migratorias del país vecino. Es tiempo que éste de muestras de cambiar sus políticas y actitudes sobre este tema que se vuelve cada día más importante y sensible para los mexicanos.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Soberanía, con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en las que se presenta el problema en cuestión y por los valores políticos y jurídicos lesionados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Relaciones Exteriores de México a fin de que envíe nota diplomática al Titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, que exprese el rechazo e indignación del Gobierno y la sociedad mexicanos, en relación con actos como la condecoración de los dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del país vecino, relacionados con conductas de abuso autoridad que violan nuestra soberanía, promueven acciones intervencionistas y alientan la xenofobia.

La proposición fue entregada oportunamente y se acompañó de la versión electrónica del documento y en este acto se reitera la petición de que el asunto sea tramitado de urgente resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. Miguel Lucero Palma (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la propuesta...

En virtud de que no tenemos registrados diputados a favor o en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, Secretaria.

Aprobada. Comuníquese.

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ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra el compañero diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar al Senado de la República promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la firma de acuerdo de entendimiento sobre los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento, signado por el director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa.

El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.

En virtud del tiempo solicito a esta Presidencia que inserte íntegro en el Diario de los Debates la presente proposición con punto de acuerdo, que en original presento, en razón del tiempo.

El día 29 de octubre del año 2003 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación firmó un acuerdo internacional con Estados Unidos y Canadá, al que llamaron Requisito de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación Humana o Animal o para Procesamiento, documento que regula y permitirá el movimiento transfronterizo entre los firmantes, de organismos vivos modificados hasta en un 5 por ciento, sin necesidad de etiquetado. Este acuerdo, según el propio secretario Usabiaga, no violenta de manera alguna los lineamientos del Protocolo de Cartagena, regla rectora en esta materia.

El documento fue firmado por el señor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, coordinador general de Asuntos Internacionales.

En este marco, el derecho internacional mexicano solamente contempla dos figuras jurídicas en cuanto a estos acuerdos: uno, los tratados internacionales y los acuerdos interinstitucionales.

En este orden de ideas, dicho arreglo de entendimiento no cumple de manera alguna ninguno de estos dos tratados o acuerdos interinstitucionales, pero sí invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores. Esta es una facultad exclusiva del Senado.

Este acuerdo de entendimiento permite la transferencia de materiales genéticos modificados en el país, hasta un 5 por ciento; en consecuencia, afecta a todos los gobernados, por lo cual tendría que ser un tratado internacional y un acuerdo interinstitucional.

El secretario de la Sagarpa niega rotundamente que sea un tratado internacional o un acuerdo interinstitucional. Entonces la pregunta es: ¿entonces qué es? Motivo por el cual presentamos esta proposición con punto de acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Senado de la República que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la firma del acuerdo de entendimiento sobre los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para alimentación, forraje o para procesamiento (OVM/AFP), signado por el director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, a través de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Oficina del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, J. B. Penn Subsecretario de Servicio Agrícola y Servicio Exterior Agropecuario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y Andrew Marsland, Vice Ministro Asistente de la Rama de Comercialización y Servicios a la Industria del Ministerio de Agricultura y Alimentos del Canadá, firmaron en octubre del 2003 un documento para dar cumplimiento a los requerimientos del Artículo 18. 2 a) del Protocolo de Cartagena; este documento intitulado, Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP), tiene por objeto, tal y como se señala en su texto: ``el articular un entendimiento entre los Estados Unidos, Canadá y México con respecto a los requisitos de la documentación del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (PBC) respecto a los organismos vivos modificados destinados al uso directo como alimento humano o forraje animal, o procesamiento (OVM/AHFP)''.

El acuerdo firmado por México el 29 de octubre de 2003, establece que el artículo 18.2 a) del Protocolo de Cartagena se implementará de la siguiente manera:

``1. El lenguaje de ``puede contener'', cuando se incluye según la sección 4 a continuación, debe aparecer en la factura comercial que proporcione el exportador. El importador es responsable de recibir la factura y conservarla después de la entrada.

2. El lenguaje de ``puede contener'', cuando se incluya, debe declarar:

``Disposición del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena: Este embarque puede contener organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento y cuyo propósito no es ser introducidos intencionalmente en el medio ambiente.''

3. En la factura debe nombrarse al último exportador anterior al movimiento transfronterizo y al primer importador después de ocurrir el movimiento transfronterizo y son los puntos de contacto para obtener mayor información.''

Por otro lado el acuerdo trilateral establece que un cargamento no es transgénico si contiene hasta el 5% de organismos genéticamente modificados, señalando que no es obligatoria la identificación cuando el exportador y el importador han acordado un cargamento donde el 95% de su contenido no sea de este tipo de productos.

En virtud de la firma de este acuerdo, los diputados Minerva Hernández Ramos y Víctor Suárez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron el 18 de febrero del año en curso, ante el pleno de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a explicar las razones de la firma del acuerdo trinacional celebrado con Estados Unidos de América y Canadá, el cual fue aprobado en votación económica, sin embargo la comparecencia que se solicitaba en el punto de acuerdo nunca se concretó.

El dos de julio del año en curso fue aprobada por la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que cita a comparecer al C. Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informe sobre los motivos y las condiciones de la firma del Acuerdo trinacional celebrado con Estados Unidos y Canadá el 29 de octubre del 2003.

El 29 de junio de este año se llevó a cabo ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente la comparecencia del titular de la Sagarpa, en dicha sesión el C. Javier Usabiaga Arroyo señaló de manera literal lo siguiente:

``...

El Tratado de Cartagena, señala muy claramente que las partes suscritas, podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales o multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de los organismos genéticamente modificados. Y que estos arreglos podrán hacerse también entre países no parte del protocolo, tal es el caso de Canadá y los Estados Unidos.

Por lo tanto de acuerdo con estos preceptos del Tratado y en congruencia con la ratificación del mismo que hizo el Senado de la República el 30 de abril del 2002, la ``Cibiogem'' determinó trabajar en la definición de lineamientos que eviten barreras innecesarias al comercio por la entrada en vigor del protocolo, con Estados Unidos y Canadá países socios del Tratado de Libre Comercio.

Con ese principio, México como país parte, logro negociar con dos países no parte, es decir Canadá y Estados Unidos, tener acceso a su información sobre los eventos relacionados con la autorización previa o futura de movimientos de organismos genéticamente modificados, y que eventualmente pudiesen llegar a México, a través de los embarques de importación.

Lo anterior se plasmó en un documento que fue elaborado, revisado y consensuado en diversas reuniones con el Comité Técnico de la ``Cibiogem'', órgano que recomienda a los titulares de la Comisión Intersecretarial, las pautas técnicas de adopción de políticas en la materia.

El resultado fue un documento interinstitucional con Canadá, Estados Unidos y México, denominado ``Arreglo para establecer los requisitos de documentación, para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o procesamiento''.

En otras palabras, el espíritu fundamental de este arreglo, no fue la formalización de ningún acuerdo, fue simplemente un arreglo y la definición de un plan de trabajo para dar cumplimiento precisamente al protocolo y tener acceso a la información de los Estados Unidos y Canadá...

Es claro que el objetivo del protocolo no es evitar el ingreso de cultivos genéticamente modificados a un país determinado, más bien el objetivo es solicitar al país parte, su definición sobre los mecanismos y reglas bajo las cuales va a permitir el acceso a su territorio...

Quiero destacar en el sentido del artículo 18.2-A, al que me he referido, señalando que este hace énfasis en los organismos genéticamente modificados, destinados al uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento e identifica claramente, que los embarques pueden llegar a contener organismos genéticamente modificados, pero que no están destinados para su introducción internacional en el medio ambiente. Por lo que se requiere identificar un punto de contacto para solicitar la información adicional.

Con base en este artículo, México demanda a los exportadores que la introducción de granos destinados para la industria, para la alimentación humana o animal, que lleguen a nuestro país se incluya en la factura que los acompañe en los embarques, la leyenda puede llegar a contener...''

Dicha comparecencia dejó en claro la falta de conocimiento del titular de la Sagarpa sobre la naturaleza jurídica de este Acuerdo trinacional, ya que lo llamó indistintamente documento interinstitucional, arreglo de entendimiento o plan de trabajo, señalando erróneamente que este no era un acuerdo vinculante para los gobernados.

No se omite señalar que en esta reunión, el titular de la Sagarpa entregó a los legisladores copia del oficio SPR-02585, de fecha 17 de noviembre de 2003, suscrito por Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores, en el que se le informa que la cancillería no tiene inconveniente alguno para que el proyecto de Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para la Alimentación, Forraje o para procesamiento OVM/AFP, se firme en sus términos.

Este acuerdo de entendimiento tal y como fue definido por el titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es a todas luces ilegal, carente de fundamento y sobre todo el signatario del mismo carece de personalidad alguna para ese fin.

Con fecha 4 de agosto del presente año se presentó ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para que ésta última interpusiera una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la firma del Acuerdo de Entendimiento sobre los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM/AFP), signado por el Director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, proposición que no fue discutida al seno de la Primera Comisión.

Es evidente que este acuerdo se firmó para eludir la reglamentación impuesta por el Protocolo de Cartagena, considerando Ley Suprema, en materia de identificación en la exportación e importación de organismos genéticamente modificados a nuestro país, por lo que nos permitimos hacer las siguientes:

Consideraciones

Que en el orden jerárquico del sistema jurídico mexicano, se concede a los tratados internacionales especial grado, de conformidad a lo que dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que de conformidad con la fracción X del artículo 89 constitucional es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

Que con base en lo dispuesto por el artículo 76, fracción I, constitucional corresponde a la Cámara de Senadores: ``Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República con las potencias extranjeras'', por lo que los tratados a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución son una clase especial de normas jurídicas que por mandato constitucional se incorporan a la legislación nacional con la jerarquía de Ley Suprema de toda la unión, categoría jurídica que sólo se les reconoce cuando estén de acuerdo con la Ley Fundamental.

Que el artículo 133 constitucional establece el principio de supremacía constitucional, el cual significa que la Ley Fundamental es precisamente la primera en jerarquía, siguiéndole en segundo lugar los tratados internacionales congruentes y concordantes con el texto de la Constitución, y en tercero las leyes federales; atendiendo a la tesis plenaria LXXXVII/99 publicada en la novena época del Semanario Judicial y su Gaceta.

Que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.

Que el primer párrafo del artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que se entiende por tratado:

``Un acuerdo internacional celebrado por escrito, entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular''.

Un tratado es un acuerdo de voluntades de dos o más Estados por medio del cual se crean y/o modifican derechos y obligaciones para los gobiernos, es decir, en virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados, mediante los cuales se auto limitan, por lo que es imposible jurídicamente que puedan desconocer esas obligaciones libremente contraídas. De acuerdo con lo anterior, es comprensible que al Estado, dentro de su interior, le toque elegir los medios para satisfacer sus obligaciones.

Que el flujo de las relaciones internacionales han impulsado la celebración de numerosos acuerdos que abordan contenidos mínimos para el destino del Estado, usualmente celebrados por Secretarías de Estado con sus contrapartes administrativas de otros países, los cuales establecen obligaciones o marcos programáticos de colaboración pero en una esfera administrativa, con lo cual podemos entender que en ningún caso el acuerdo de entendimiento materia del presente punto de acuerdo puede ser considerado como un simple acuerdo intersecretarial, y que ningún funcionario de la Sagarpa esta facultado para suscribir un acuerdo de carácter internacional que obviamente estipula derechos y obligaciones para todos los gobernados.

Que la Ley sobre la Celebración de Tratados de 1992 reconoció la práctica de los acuerdos administrativos, regulándolos y denominándolos como acuerdos interinstitucionales en la fracción II del artículo 2, la cual establece que se entenderá como ``Acuerdo Interinstitucional'' al convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

En el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

Que al ser considerado el acuerdo de ``Requisitos para la documentación de organismos vivos, modificados para alimento humano o animal o para procesamiento'', como uno interinstitucional, debería de haber seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre la Celebración de Tratados que obliga a las dependencias gubernamentales o a las autoridades gubernamentales y municipales a registrar este tipo de acuerdos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo dictamen de procedencia, para concederles el rango de acuerdos regidos por el derecho internacional.

Acto que jamás se llevó a cabo y que corrobora nuevamente la inconstitucionalidad de este acuerdo, aunado a que como se señala en los antecedentes el dictamen de la Cancillería fue posterior a la firma del acuerdo trinacional.

Que la Guía para la conclusión de los tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional según la Ley sobre la Celebración de Tratados, emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, establece que si el asunto a convenir en el ámbito internacional no es materia de un tratado podrá ser materia de un acuerdo interinstitucional a nivel de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal a condición de que:

a) La materia del acuerdo recaiga dentro de la competencia exclusiva de la dependencia u organismo que pretenda celebrarlo de conformidad con la legislación vigente.

b) El acuerdo solo afecte la conducta de la dependencia u organismo que lo celebre.

c) Las obligaciones financieras que contenga el acuerdo pueden ser cubiertas por el presupuesto ordinario de la dependencia u organismo que lo firma.

d) No afecte la esfera jurídica de las personas, y

e) No modifica la legislación nacional existente.

Que con base en lo anterior y en lo dispuesto por nuestra Ley Suprema, la Convención de Viena, la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Guía para la Conclusión de los Tratados y Acuerdos Interinstitucionales en el ámbito internacional, podemos concluir que el acuerdo, objeto del presente, no tiene la categoría jurídica que establece el artículo 133 constitucional, por no haber sido ratificado por el Senado de la República y menos aún, se homologa a los llamados acuerdos interinstitucionales por sus características y objetivos.

Que el acuerdo denominado ``Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)'', está violando los principios básicos de supremacía constitucional expresado en el artículo 133 de nuestro Código Político de 1917, donde se estipula que todos los entes y autoridades determinados en ella, están obligados a acatarla y a someter su actuación a lo que esta disponga; por razón de ese principio de supremacía podemos afirmar que todo acto que la contradiga es nulo de pleno derecho.

Sobre todo, cuando el tema objeto de este acuerdo afecta de manera directa intereses tan básicos como la salud, la alimentación y sobre todo de la garantía de un medio ambiente sano; la biotecnología moderna y su manejo racional no van a resolver por si mismas todos los problemas fundamentales del desarrollo y el ambiente, si tienen potencial de hacer una contribución significativa al desarrollo sustentable, pero es menester de los gobiernos de los países que reconocer su manejo el hacerlo responsablemente.

Que la suscripción y ejecución del Acuerdo ``Requisitos para la documentación de organismos vivos, modificados para alimento humano o animal o para procesamiento'' se traduce en un ilícito Constitucional y legal, pues por una parte se infringen los artículos 76, 89 y 133 constitucionales y la Ley sobre la Celebración de Tratados, aunado a que se están vulnerando los derechos de los gobernados toda vez que se les obliga en su carácter de exportadores e importadores a que en el caso de la introducción de granos destinados para la industria, para la alimentación humana o animal, que lleguen a nuestro país se incluya en la factura que los acompañe en los embarques, la leyenda puede llegar a contener.

Que la Controversia Constitucional establecida en la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como función dirimir los conflictos que surgen entre órganos de gobierno y entre los poderes de un Estado, es decir, se trata de un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, las cuales en uso de su autonomía ejercen las facultades o atribuciones que les han sido conferidas. Con base en este artículo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de conocer sobre este tipo de controversias y su competencia se constriñe a conocer cuestiones de constitucionalidad, quedando fuera de su competencia la materia electoral y aquellas materias que no estén relacionadas expresa y directamente con la carta magna.

Que en este contexto la Controversia Constitucional tiende a preservar esencialmente la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno con estricto apego a las disposiciones constitucionales con el fin de garantizar y fortalecer el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el sistema federal.

Que los sujetos legitimados constitucionalmente para acceder a la controversia y ser parte de esta requieren que se del concurso de los siguientes aspectos:

1. Que exista una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que la violación a la Constitución sea atribuible a uno de aquellos que en virtud de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 105 constitucional puedan ser susceptibles de ser demandados en la controversia.

3. Que el acto lesione el campo de acción de quien demande o invada el ámbito competencial que constitucionalmente le corresponde.

Que en el caso del ``Acuerdo para Establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)'', se acredita el concurso de los tres supuestos, toda vez que el Ejecutivo Federal por conducto de la Sagarpa violó la constitución e invadió la esfera competencial del Senado de la República.

En este sentido, el Legislativo Federal está facultado para interponer el recurso en contra del acto del Ejecutivo Federal que origina el mencionado acuerdo, pues dicho acto se estima inconstitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados solicite al Senado de la República que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la suscripción del Acuerdo para Establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)'', por ser violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por invadir las competencias que constitucionalmente corresponden al Senado de la República.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días de septiembre de 2004.--- Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias.

De acuerdo a la solicitud del señor diputado y en virtud de lo breves que son los tiempos de los puntos de acuerdo, solicito que en todos los casos se integre íntegro el texto en el Diario de los Debates.

En el caso de la propuesta del diputado Omar Ortega, remítase a la Cámara de Senadores.

Ahora tiene la palabra el diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Marina y al Gobierno del estado de Tabasco, a través de su Secretaría de Salud, para que suscriban un convenio a efecto de que el Hospital Naval, ubicado en el municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta.

¿No está?.. Lo vamos a separar. No está por el momento.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere al secre- tario de Comunicaciones y Transportes, informe y explique la política que está implementando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en relación al servicio de pilotaje, en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero...

En virtud de que no está en el salón de sesiones, continuamos.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia recibió de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la propuesta con punto de acuerdo para incluir el artículo 29 dentro del Capítulo III del Título Tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, lo relativo en materia de comunicación social.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para incluir el artículo 29 en el Capítulo III del Título Tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, relativo a la materia de comunicación social, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Antecedentes

1. Es en el seno de esta Honorable Cámara de Diputados donde --a partir del Ejercicio Fiscal de 2000--, se aprobó que dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplara un artículo en el que se establecieran las bases para el manejo de los recursos en materia de comunicación social asignados al Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad no sólo de transparentar su destino, sino también de vigilar el cumplimiento de su correcta aplicación.

2. La disposición a que se hace referencia surge con el propósito de evitar la utilización de recursos públicos con fines electorales, o para promover la imagen de funcionarios. De manera complementaria a dicha disposición, se ha establecido que --previamente a la contratación de espacios publicitarios en medios electrónicos de comunicación social--, el Ejecutivo Federal debe agotar los tiempos gratuitos, conocidos como ``tiempos oficiales''.

3. Para el Ejercicio Fiscal 2004, el Presupuesto de Egresos de la federación presentó innovaciones importantes en este renglón. A continuación, enumero algunas de ellas:

Evitar fines propagandísticos en la difusión de programas gubernamentales,

Distribuir los tiempos que por Ley otorgan al Estado las empresas concesionarias de radio y televisión, entre los tres Poderes de la Unión y organismos autónomos,

Disminuir en un cinco por ciento -- a partir del segundo trimestre del año -- el gasto de comunicación social autorizado al Gobierno Federal.

ConsideracionesI. Al revisar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se advierte que éste no contempla precepto alguno de tal naturaleza, lo que provoca la existencia de una laguna legal, toda vez que no existe correlación entre el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, ya que la iniciativa de esta última estaría contemplando la obtención de los recursos a devengarse en el gasto gubernamental --incluidos, naturalmente, los de comunicación social, y el uso de los tiempos que por Ley los concesionarios de radio y televisión otorgan al Estado--, no obstante que el Presupuesto de Egresos es completamente omiso en regular tales actividades.

II. Tal es la certeza de esta afirmación que, de hecho, el artículo 1º de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, enmarca los rubros de las distintas contribuciones que servirán --precisamente-- para cubrir el Presupuesto de Egresos; por tal motivo, es necesario incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, un artículo 29, dentro del Capítulo III ``De las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria'', del Título Tercero ``Del Ejercicio por Resultados del Gasto Público y la Disciplina Presupuestaria'', lo que llevaría a la Comisión respectiva a valorar esta propuesta --durante el desarrollo de sus trabajos--, e incluirla en el Dictamen correspondiente que será sometido a la aprobación del Pleno de esta soberanía.

III. La característica fundamental de un Estado de Derecho es su entera sujeción a normas jurídicas, lo que conlleva la absoluta racionalización de su hacer político, con arreglo a un esquema lógico-jurídico, que regula imperativa y minuciosamente, su actividad. En este sentido, no pueden existir excepciones u omisiones; recordemos que la transparencia favorece la moralidad administrativa y la ética política.

IV. Por tal motivo, la regulación presupuestal de los gastos de comunicación social no puede quedar al margen, oculta o encubierta. El propósito es que el Gobierno y la organización del estado, respondan fielmente a la voluntad general de la sociedad, expresada en las leyes.

Esta es la forma de organización estatal adoptada, no sólo son las limitaciones al ejercicio de sus funciones, ya que, al mismo tiempo, otorga seguridad jurídica al fijar los alcances y efectividad de sus disposiciones. De ahí la necesidad de incluir el precepto que a continuación se propone en el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se incluya dentro del Capítulo III ``De las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria'', del Título Tercero ``Del Ejercicio por Resultados del Gasto Público y la Disciplina Presupuestaria'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, el artículo 29, cuyo texto propuesto es el siguiente:

Artículo 29. Las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión, una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector público, como en aquellos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Serán exceptuadas de esta disposición las dependencias y entidades que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y audiencias específicos.

Los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, serán distribuidos en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal, asignándose en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial Federal, y 20 por ciento a los entes públicos federales definidos en el artículo 2 fracción VIII de este Decreto. La Secretaría de Gobernación supervisará esta distribución.

La Secretaría de Gobernación llevará el seguimiento de los tiempos a que se refiere este artículo con base trimestral, pudiendo en su caso reasignar tiempos cuando éstos no sean utilizados con oportunidad y provoquen subutilización, respetando la distribución original.

En ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional de las dependencias o entidades, excepto en aquellas que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran.

Las erogaciones a que se refiere este artículo deberán ser autorizadas por la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de su competencia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades, se autorizarán además por el órgano de gobierno respectivo.

Durante el ejercicio fiscal no se otorgarán a las dependencias y entidades ampliaciones a las erogaciones autorizadas por la Secretaría de Gobernación, salvo en el caso previsto en el siguiente párrafo.

No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de gasto correspondiente a comunicación social de los presupuestos de las dependencias y entidades, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente que se determinen conforme a lo previsto en las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior.

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá informar a la Cámara en los términos de este Decreto, sobre las erogaciones destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general las relacionadas con actividades de comunicación social, incluyendo el uso de tiempos oficiales, las cuales deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades.

La Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de publicar las cuotas y pagos a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de este Decreto.

Para la difusión de sus actividades, tanto en medios públicos como privados, las dependencias y entidades sólo podrán contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen personal de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades.

Asimismo no se podrán destinar recursos de comunicación social a programas que no estén considerados expresamente en este Presupuesto.

La Secretaría y, en su caso, las dependencias y entidades, no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos con las actividades de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado, la prestación recíproca de servicios de publicidad.

Las dependencias y entidades, por conducto de la Función Pública, proporcionarán a la Secretaría de Gobernación la información sobre las erogaciones a que se refiere este artículo, la cual deberá llevar el seguimiento del tiempo de transmisión, distribución, el valor monetario estimado y el uso que se le vaya dando al tiempo que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las dependencias y entidades informarán sobre las erogaciones a que se refiere este precepto, en términos de este Decreto. La información deberá presentarse desglosada y por ramo de gasto.

Las erogaciones a que se refiere este artículo deberán reducirse en por lo menos un 10 por ciento; a más tardar el último día hábil de marzo. Para realizar dichas reducciones las dependencias y entidades deberán proteger el gasto relacionado con mensajes cuyo objeto sea hacer del conocimiento de la población los beneficios de los programas aprobados en este Presupuesto, concentrando los ajustes a la baja en la difusión de carácter promocional y comercial. Los ajustes a que se refiere este párrafo deberán ser reportados a esta Cámara por la Secretaría de Gobernación en el segundo informe trimestral del presente ejercicio.

Segundo. De ser procedente, se realice la adecuación correspondiente en la numeración del articulado del Presupuesto de Egresos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de septiembre de 2004.--- Dip. Federal Marcela Guerra Castillo (rúbrica)»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra, en consecuencia, el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar los cambios pertinentes para mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, señor diputado.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Compañeras y compañeros: Con el objetivo de mejorar y agilizar la atención a los productores rurales de bajos ingresos afectados por fenómenos naturales, la Federación constituyó el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, (FAPRACC), administrado por Sagarpa.

El 27 de marzo de 2003, se publicaron en el Diario Oficial, las reglas de operación para dicho fondo. Los beneficios que han obtenido los productores han servido para atenuar las pérdidas provocadas por los fenómenos naturales extremos.

La experiencia en los trámites administrativos y en la operatividad de los programas, compartidas con los operadores del FAPRACC en distintas entidades, ha permitido advertir algunas áreas de oportunidad para eficientar y mejorar el apoyo emergente para la población en desgracia.

A través del FAPRACC, se posibilita a los estados a contratar un seguro catastrófico, cuya medición de precipitación fluvial se efectúa con base en los promedios mensuales y la cantidad de agua acumulable para cada etapa de cultivo.

Se carece de la cobertura adecuada de estaciones meteorológicas para la medición de los fenómenos, lo que genera que municipios o regiones no puedan ser incorporadas a la dictaminación para obtener los apoyos de FAPRACC.

No obstante que la operación del FAPRACC ha resultado ser más ágil que el Fonden, persisten actividades que pudiesen eficientarse, desde el momento de la solicitud de declaratoria hasta la radicación de los recursos a los estados.

Aun cuando se establece en la reglamentación del FAPRACC la emisión de un dictamen técnico por la CNA, este organismo no cuenta con un plazo específico para expedir el diagnóstico respectivo e interfiere con los siete días hábiles, desde la ocurrencia del fenómeno con que cuenta el estado para solicitar la declaratoria de contingencia.

Puntos de Acuerdo

Unico. Instalar el Comité Agropecuario Estatal de Evaluación de Daños y la Comisión de Regulación y Seguimiento, a partir del primer evento, con la asistencia de la unidad normativa responsable de la Sagarpa, sólo cuando sea requerida.

Dos. Permitir en la solicitud de declaratoria del FAPRACC, los dictámenes y diagnósticos del Inefab, aprovechando las estaciones climatológicas que operan adicionales a las de la CNA.

Tres. Fomentar la cultura del aseguramiento entre los productores en contraposición a la cultura del siniestro.

Cuatro. Analizar los tiempos establecidos en las reglas de operación del FAPRACC, con la finalidad de agilizar los trámites de operación de manera conjunta con Sagarpa y

Ultimo. Incluir a la CNA como parte integrante del Comité Técnico Nacional del FAPRACC y establecer un plazo perentorio de cuatro días para su opinión técnica.

Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios pertinentes a fin de mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, legislador federal de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, así como 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, presentan la siguiente propuesta, para exhortar a la Sagarpa a realizar los cambios pertinentes para mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada Por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), con los siguientes

Antecedentes

El sector agropecuario de nuestro país, donde se incluyen distintos sistemas de producción, que van desde la siembra de temporal, la cría de animales para consumo humano hasta la pesca y la piscicultura, es el sector más vulnerable ante los fenómenos naturales extremos. De igual manera, los índices de siniestralidad y vulnerabilidad son distintas dependiendo de la situación geográfica de las unidades productivas.

De tal manera que, asumiendo las responsabilidades derivadas de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con el objetivo de mejorar y agilizar la respuesta de atención a los productores rurales de bajos ingresos afectados en sus activos privados productivos por fenómenos naturales, la Federación, a partir del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, constituyó el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), administrado directamente por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El antecedente directo del FAPRACC, el cual apareció en el periodo 1995-2002, fue el Fondo Nacional de Desastres Naturales (fonden), con el cual se apoyó a los productores afectados por fenómenos climatológicos extremos,. Siendo el fenómeno de la ``sequía'' el que exigió la erogación de mayores recursos, seguido por los desastres ocurridos por el arribo de ``huracanes'' y, por último, las pérdidas acaecidas por las ``heladas''.

Por lo anterior y para dar inicio al ejercicio de los recursos presupuestados, el 27 de marzo de 2003 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para dicho fondo, mismas que se asemejan a la reglamentación del Fondo de Desastres Naturales (fonden) toda vez que plantean objetivos de atención similares y complementarios hacia la población afectada.

Los beneficios que han obtenido los productores han servido para atenuar las pérdidas provocadas por los fenómenos naturales extremos. Por ejemplo, en el Estado de Puebla, a consecuencia de los diversos fenómenos hidrometeorológicos presentados en 2003, fue necesario realizar las gestiones ante la Sagarpa para que entrara en operación el FAPRACC, con lo que se logró beneficiar a más de 40 mil productores de 68 municipios.

Lo anterior permitió obtener experiencia en los trámites administrativos y en la operatividad de los programas, aunado al intercambio de conocimientos y habilidades compartidas con los operadores del FAPRACC en otras Entidades Federativas, advirtiendo algunas áreas de oportunidad para eficientar y mejorar el apoyo emergente para la población en desgracia.

De tal manera que se perciben algunas situaciones susceptibles de ser mejoradas, así, de las siguientes experiencias:

Experiencias y problemáticas

1. Para la corroboración de las contingencias naturales, las Reglas de Operación del FAPRACC vigentes señalan únicamente a la Comisión Nacional del Agua (CNA) como el organismo facultado para dictaminar con la mejor información técnica la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos, como base para la solicitud de declaratoria de contingencia.

A través del FAPRACC, se posibilita a las Entidades Federativas a contratar un seguro catastrófico cuya medición de precipitación pluvial se efectúa con base en los promedios mensuales y la cantidad de agua acumulable para cada etapa del cultivo.

Problemática: Dicho organismo carece de una cobertura adecuada e integral de estaciones meteorológicas en las Entidades Federativas para la medición de los fenómenos, lo que genera que algunos municipios o zonas no puedan ser incorporadas a la dictaminación favorable para ser sujetos de apoyos del FAPRACC.

2. Problemática: En algunas ocasiones la precipitación promedio necesaria por etapa de cultivo se alcanza en periodos muy cortos y deja de llover en el periodo siguiente, afectando los cultivos; situación que la compañía aseguradora (Agroasemex) no contempla para hacer válido el seguro catastrófico.

3. Los programas actuales en el sector rural relativos a los fenómenos naturales que afectan al campo, son reactivos y no promueven el integrar acciones de tipo preventivo con la participación corresponsable de los tres órdenes de Gobierno y la población rural.

Problemática: Los programas de atención al campo, actualmente no incorporan medidas alternativas e integrales de prevención, así como apoyos a los productores para acceder a mecanismos que fomenten el aseguramiento a fin de disminuir sustancialmente la vulnerabilidad de los cultivos ante los fenómenos naturales.

4. No obstante que la operación del FAPRACC ha resultado ser más ágil con relación a los procesos de acceso al fonden, aun existen algunas actividades que pudiesen eficientarse desde el momento de la solicitud de declaratoria hasta la radicación de los recursos federales a las Entidades Federativas.

Problemática: Debido a la necesidad de reincorporar a la actividad productiva a la población rural afectada, es imprescindible que los apoyos fluyan con mayor prontitud, evitando que los productores no alcancen a reiniciar el proceso de siembra en los periodos óptimos y repercuta negativamente en la producción de autoconsumo y de comercialización de los cultivos.

5. Conforme a las Reglas de Operación del FAPRACC vigentes, la CNA es la instancia facultada para emitir los dictámenes técnicos que corroboren la existencia de fenómenos naturales.

Problemática: Aun cuando se establece en la reglamentación del FAPRACC la emisión de un dictamen técnico por la CNA, este organismo no cuenta con un plazo específico para expedir el diagnóstico respectivo, lo cual interfiere con el tiempo de 7 días hábiles a partir de la ocurrencia del fenómeno con el que cuenta la Entidad Federativa para la solicitar la declaratoria de contingencia; además de que la CNA no participa en los planteamientos y decisiones del Comité Técnico Nacional del FAPRACC para sustentar y dar seguimiento a las solicitudes de recursos.

6. En las Reglas de Operación del FAPRACC vigentes se establecen a los Ejecutivos Estatales y al Jefe del Distrito Federal como las únicas personas facultadas para efectuar los trámites de solicitud de declaratoria y de recursos ante la Sagarpa.

Problemática: En ocasiones por cuestiones de trabajo y tiempo no es posible obtener rápidamente y en los plazos establecidos en la reglamentación del fondo, la firma de los Ejecutivos Estatales o del Jefe del Distrito Federal, poniéndose en riesgo el acceso a los apoyos del FAPRACC para la población damnificada.

7. Las Reglas de Operación del FAPRACC establecen que en el Plan de Obras y Acciones se deberá considerar una programación no mayor a 3 meses calendario y un periodo de ejecución máximo de 6 meses.

Problemática: Debido a la magnitud de las afectaciones y a la dispersión y acceso a las zonas afectadas, en algunas ocasiones el plazo establecido en la reglamentación es insuficiente para lograr la conclusión de las acciones, imposibilitando realizar los cierres físicos y administrativos de los programas en cada ejercicio fiscal. Lo anterior ha provocado que algunas Entidades Federativas sean sujetas de análisis y no consideradas por el Comité Técnico Nacional del FAPRACC como susceptibles de apoyo del Fondo hasta concluir los programas apoyados con anterioridad.

8. En la reglamentación del FAPRACC se señala que para cada Contingencia declarada, se deberá instalar el Comité Agropecuario Estatal de Evaluación de Daños (CAEED) para el inicio de la cuantificación de afectaciones, así como la Comisión de Regulación y Seguimiento (Crysf) al recibir los recursos federales para iniciar el pago de los apoyos.

Problemática: Las Entidades Federativas no inician formalmente con las evaluaciones de daños hasta conocer el dictamen técnico de la CNA e instalar el CAEED para cada uno de los eventos, generando desfasamientos de tiempos y exceso de trámites administrativos; similar aplica para la Crysf, cuando se recibe el recurso federal. Estos procesos podrían realizarse directamente por las dependencias federal y estatal del sector afectado, cumpliendo y aminorando plazos y sin esperar la presencia de la unidad responsable de la Sagarpa.

Por lo tanto; someto a esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Instalar el CAEED y la Crysf a partir del primer evento, con la asistencia de la unidad normativa responsable de la Sagarpa sólo cuando sea requerida, a fin de evitar trámites administrativos que en algunas veces alarga los procesos de evaluación de daños y solicitud de recursos.

Segundo: Permitir como fundamento para la solicitud de declaratoria del FAPRACC, los dictámenes y diagnósticos que pudiesen en su caso emitir el INIFAP, aprovechando las estaciones climatológicas que operan, adicionales a las de responsabilidad de la CNA.

Tercero: Considerar cambios en los parámetros de medición pluvial para acceder al seguro catastrófico que permitan determinar con mayor precisión el daño en los cultivos por etapa y conforme a las precipitaciones diarias en cada zona de cultivo.

Cuarto: Establecer mecanismos y esquemas de impacto que permitan fomentar la cultura del aseguramiento entre los productores en contraposición a la cultura del siniestro.

Quinto: Analizar los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del FAPRACC con la finalidad de agilizar los trámites de operación, de manera conjunta con la Unidad Responsable del Programa de la Sagarpa.

Sexto: Incluir a la CNA como parte integrante del Comité Técnico Nacional del FAPRACC y establecer plazo perentorio (4 días hábiles) para que la CNA emita su opinión técnica.

Séptimo: Proponer que el C. Gobernador o quien él instruya pueda solicitar la Declaratoria, el anticipo de recursos y la solicitud total de recursos.

Octavo: Permitir en casos plenamente justificados, extender el plazo del plan de obra y acciones establecido en las Reglas, con la finalidad de cumplir con la normatividad y no sea causa de objeciones o retrasos para la aprobación de apoyos por el Comité Técnico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de septiembre de 2004.--- Diputados: Alberto Jiménez Merino, José Guillermo Aréchiga Santamaría, María del Carmen Izaguirre Francos, Jacqueline Argüelles Guzmán, Miguel Luna Hernández (rúbricas) »

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

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PRODUCTOS LACTEOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, se respete y se cumpla la NOM-155SCF1 de 2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche.

El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya: Señoras diputadas y diputados:

Después de muchos esfuerzos y reuniones de trabajo de ganaderos productores de leche, organismos privados y oficiales, por fin fue publicada la norma 155SCFI-2003 Leche Fórmula Láctea y Producto Lácteo Combinado.

Lamentablemente después de la tardía publicación de la norma, el Gobierno Federal no ha tomado medidas sobre el asunto y de nada ha servido lo publicado en el Diario Oficial de la Federación respecto a la norma antes mencionada.

Se ha perdido así, un valioso tiempo para la reordenación de la comercialización de la leche y la reconversión productiva de muchas empresas ganaderas del país, con la consecuente desprotección del consumidor final, quien queda a merced de la voracidad de malos industriales de lácteos.

Asimismo, el Gobierno Federal facilita a los grandes industriales de lácteo, la importación de crecientes volúmenes de leche en polvo, preparaciones alimenticias y otros sucedáneos, incluso llegando a la paradoja de comprar leche cruda en países como Uruguay, Argentina, España y Costa Rica para su ultrapasteurización aquí en el país, cuando la leche que producen los mexicanos es de excelente calidad.

México es el único país del mundo donde se produce fórmula láctea, un producto semejante a la leche pero que no es leche, pero lo más grave es que Liconsa, empresa sectorizada a la Sedesol, es la mayor importadora de leche en polvo y otros derivados, ingredientes que utiliza para preparar leche y fórmulas lácteas de baja calidad nutricional al usar grasa vegetal y otros componentes, producto que distribuye a los consumidores del sector social simulando que apoya a la adecuada nutrición infantil cuando es un enorme engaño.

Es decir, los impuestos de los mexicanos y el presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados lo usa la Secretaría de Desarrollo Social para lastimar a los ganaderos mexicanos productores de leche y engañar a las familias mexicanas haciéndoles creer que el producto de color blanco que vende Liconsa y otras empresas es leche pura sin que lo sea. Esta es una enorme mentira de Liconsa.

Esta situación se agrava aún más al permitir el Gobierno Federal la adquisición de productos de países con problemas zoosanitarios que ponen en alto riesgo el activo pecuario nacional y que además representan un serio riesgo para la salud humana en caso de un contagio como el ejemplo de la enfermedad de las vacas locas. Esto y lo anterior está causando el desaliento y ruina de los ganaderos mexicanos.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que todas las empresas y organismos gubernamentales involucrados como la Sagarpa, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, respeten y apliquen de manera puntual y cabal y obligatoria la NOM-155SCFI-2003.

Termino, señora Presidenta.

Segundo. Que los industriales que producen fórmula láctea apliquen un color diferente a su producto y que en el empaque de éste tenga la leyenda ``este producto no es leche de vaca'', para que no sigan simulando, confundiendo y defraudando al consumidor y que éste, o sea el consumidor, tenga la opción de escoger si desea comprar y consumir leche pura de vaca o una preparación alimenticia.

Ultimo. Que se proponga la creación de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios encargados del fomento, la certificación y la normalización y el control del comercio interno y externo de la leche y sus derivados con cobertura nacional y que respondan ante los intereses de los ganaderos industriales y consumidores de leche y sus derivados, bajo un contexto de planificación integral de la producción y consumo de leche y sus derivados y que a este organismo se le denomine Consejo Nacional de la Leche, Conal, el cual estará constituido por una junta de gobierno integrada por los representantes de los distintos organismos de los gobiernos federal, estatales involucrados directa e indirectamente en la cadena agroalimentaria.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, que se cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-155SCFI-2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el Punto de Acuerdo a efecto de solicitarle a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor se respete y cumpla la norma NOM-155SCFI-2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar del excelente potencial para la producción de leche bovina en México, el mercado interno de este producto no ha podido superar las deficiencias del modelo económico prevaleciente.

Los productores y consumidores de lácteos están padeciendo la falta de apoyo a sus esfuerzos y necesidades, por lo que se requieren medidas que protejan y fortalezcan a los ganaderos, al mismo tiempo que beneficien a las familias con calidad y buen precio.

Nuestra participación legislativa debe promover la competitividad en el subsector, la organización corresponsable de los involucrados y la aplicación nacionalista de las normas vigentes, para beneficio de los mexicanos.

México registra un inventario de poco más de 1.9 millones de cabezas y produce 28.9 millones de litros de leche diarios, que representan cerca del 90% de la demanda diaria nacional, estimada en 32 millones de litros de leche.

Sin embargo, un gran número de productores muestra ya una enorme inconformidad ante la apertura comercial, los crecientes costos de producción y las prácticas desleales de algunos industriales de lácteos, además de la marcada tolerancia, pasividad y descoordinación de los distintos organismos y dependencias del sector público y privado involucrados en la cadena del sistema producto leche del país.

Este panorama tiende a agudizarse por la inminente liberación de leche para el año 2008, sobre todo si consideramos que otras naciones productoras son altamente competitivas porque cuentan con fortaleza económica; estructura tecnológica; organización comercial y un alto nivel de subsidios y apoyos gubernamentales diferenciados.

No obstante las adversidades estructurales del mercado, en los últimos años se han logrado avances significativos en la producción, certificación, normalización y comercialización de leche cruda en el país.

Tal es el caso de la tan esperada Norma Oficial Mexicana de Leche, que fue publicada por la Secretaría de Economía el 12 de septiembre del 2003, después de muchos esfuerzos y reuniones de trabajo de los organismos privados y oficiales involucrados, bajo el título de NOM155SCFI-2003: Leche Fórmula Láctea y Producto Lácteo Combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Esta norma establece en el párrafo primero de su considerando lo siguiente:

Es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en el territorio nacional contengan los requisitos necesarios para garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor.

Asimismo, conmina a

Aplicar los aranceles pactados en los diferentes tratados comerciales, a los sobrecupos de leche en polvo; Además de hacer los estudios necesarios para definir si hay prácticas de daño, amenaza o dumping y en su caso, aplicar las medidas conducentes para proteger al consumidor mexicano...

Lamentablemente, después de la tardía publicación de la norma, el Gobierno Federal no ha tomado medidas sobre el asunto y poco ha observado lo publicado al respecto. Se ha perdido así un valioso tiempo para la reordenación de la comercialización de la leche y la reconversión productiva de muchas empresas ganaderas del país, con la consecuente desprotección del consumidor final, quien queda a merced de la voracidad de los malos industriales del lácteo, que privilegian sus ganancias con la protección del Gobierno Federal y engañan impunemente a las familias mexicanas, precisamente más a la de menores recursos, quienes en busca de buenos precios, consumen productos y derivados lácteos con un altísimo porcentaje de adulteración.

Paralelamente a esta pasividad apática y a la nula coordinación de las distintas dependencias gubernamentales involucradas en la cadena agroalimentaria de la leche con los productores e industriales del lácteo, se está logrando que la reconversión productiva de los ganaderos no se logre en los términos de productividad requeridos, lo cual está ocasionando su paulatina descapitalización, a tal grado que algunos productores, tanto del sector social como empresarial, están desertando de la actividad y otros consideran seriamente su retiro definitivo antes de 2008.

Esta situación es grave para el país porque fabricar un producto lácteo no es cosa fácil. Se requiere de trabajo constante e intenso; se requiere de enorme cariño al campo, y de compromiso por la calidad que estos productos demandan para el mundo globalizado del siglo XXI. Pero se requiere sobre todo la rentabilidad para el productor y el buen precio para el consumidor. Y si esto no se tiene, la migración de los productores a los Estados Unidos y a diferentes centros urbanos del país, traerán diversas consecuencias sociales, culturales y económicas en detrimento de la actividad primaria de una gran mayoría de los productores del país.

El descuido de tan sensible sector genera el abandono de las familias, tierras e infraestructura productiva; ruina y miseria; remate de ganado, maquinaria y equipo de amplios sectores del agro mexicano, con el consecuente desempleo en zonas urbanas del país, dada la presión campo-ciudad.

La credibilidad de las políticas que el gobierno federal propone para el desarrollo del agro mexicano está en duda, porque los resultados han dejado mucho que desear, sobre todo en la agilidad y cumplimiento de los compromisos pactados, como es el caso de los Acuerdos para el Campo y la oportuna liberación de las reglas de operación del programa Alianza para el Campo.

De igual forma sucede para el subsector nacional que hoy nos ocupa, donde se aprecia que el gobierno federal facilita a los grandes industriales de lácteo la importación de crecientes volúmenes de leche en polvo, preparaciones alimenticias y otros sucedáneos; incluso llegando a la paradoja de comprar leche cruda de países como Uruguay, Argentina, España y Costa Rica, para su ultra pasteurización aquí, cuando la leche fluida mexicana de calidad no se puede desplazar por prácticas monopólicas de algunas empresas pasteurizadoras, que se dan el lujo de fijar el precio de compra del litro de leche cruda a 3 pesos con 20 centavos, o menos, y venderla pasteurizada o ultra pasteurizada a cerca de 8 pesos el litro.

México es el único país del mundo donde se produce Fórmula Láctea. Lo que se logra con ello es privilegiar las crecientes ganancias de los industriales en perjuicio de la adecuada nutrición de los niños mexicanos.

El Poder Legislativo no debe permitir que con la complicidad de las autoridades federales unas cuantas empresas continúen con esa ventajosa práctica comercial, quienes además de engañar al consumidor con una mala calidad están arruinando a muchos productores lecheros nacionales, al no observarse las distintas normatividades vigentes en el país.

Por ejemplo, es práctica común el que se rebase las cuotas de importación de leche en polvo y subproductos, convenidos claramente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por la Organización Mundial del Comercio, que para este caso es el 20%. Sin embargo, no solo se rebasan esas cuotas, sino que incluso no se pagan los impuestos de los sobre cupos previstos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, considerando las necesidades y demandas de los productores lecheros del país y las condiciones adversas para este mercado en la actualidad, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. Que todas las empresas y organismos gubernamentales involucrados, como la Sagarpa, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, respeten y apliquen, de manera puntual, cabal y obligatoria, la norma oficial mexicana NOM-155SCFI-2003, NOM-155SCFI-2003, Leche Fórmula Láctea y Producto Lácteo Combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Segundo. Que los productores de fórmula láctea le apliquen un color diferente al de la leche para que no sigan simulando, confundiendo y defraudando al consumidor.

Tercero. Que dentro del programa Alianza para el Campo se privilegie al ganadero que tenga recría de vaquillas, mediante un apoyo diferenciado para tal propósito, en razón del cierre de frontera al ganado de reemplazo por razones zoosanitarias.

Cuarto. Que los 297 millones de pesos autorizados para Liconsa se apliquen con la mayor brevedad posible para que esta empresa adquiera leche a un precio de 3.50 pesos el litro, con el efecto inmediato de adquirir los excedentes estaciónales y regular así el mercado nacional de la leche cruda.

Quinto. Que se proponga la creación de un organismo público descentralizado; con personal jurídico y patrimonios propios; encargado del fomento, la certificación, la normalización y el control del comercio interno y externo de la leche y sus derivados con cobertura nacional; y que corresponda ante los intereses de los ganaderos, industriales y consumidores de leche y sus derivados, bajo un contexto de planificación integral de la producción y consumo de leche y sus derivados.

Sexto. Que a este organismo se le denomine ``Consejo Nacional de la Leche'', Conal, que sea presidido por un Consejo Directivo, cuyo titular será designado por el Presidente de la República, e integrado por los representantes de las dependencias gubernamentales directa e indirectamente involucradas en este subsector; así como los titulares de cada una de las Comisiones Estatales de Leche o sus similares, para que en forma conjunta con sus representantes de las Cámaras de industriales de lácteos y de ganaderos se logre el pleno cumplimiento de la normatividad establecida y por establecer en materia de inocuidad alimentaria que garantice la producción, autenticidad y calidad sanitaria y nutricional para la comercialización y consumo de la leche sean los apropiados en toda la cadena del sistema-producto-leche nacional.

Dip. Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y de Ganadería.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ahora tiene la palabra el diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que al municipio de Mexicali, Baja California, se le proporcione energía eléctrica a un precio acorde a las altas temperaturas, considerando que la geotermoeléctrica de Cerro Prieto está ubicada dentro de su territorio.

El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputado.

El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Honorable Asamblea:

En nuestro país existen regiones que se caracterizan por tener climas variados, entidades en las que sus municipios sufren diferentes temperaturas aun cuando su distancia entre uno y otro sea relativamente corta. Este es el caso de Mexicali, Baja California, que es el municipio que cuenta con las temperaturas de verano más altas de nuestros país, con un promedio de 45 ó 48 grados centígrados a la sombra.

Su geografía desértica provoca la elevación de la temperatura perjudicando la salud de sus habitantes, quienes se ven obligados a transformar el ambiente utilizando sistemas de aire acondicionado. Esta inversión afecta directamente el ingreso de los ciudadanos que trabajan únicamente para el pago mensual de su recibo centrándose tristemente en el dilema de pagar la luz o comer.

Actualmente la necesidad de consumir grandes cantidades de energía provoca la búsqueda de alternativas para hacer menos pesada esta carga económica. El subsidio que año con año otorga el Gobierno Federal no es suficiente porque no acaba con el problema de fondo, además se tiene el riesgo y la incertidumbre de que no sea concedido el próximo verano.

En Estados Unidos sólo cruzando la frontera el costo de la electricidad a los usuarios es del 40 por ciento más barata que en Mexicali. Lo paradójico de esto es que esa energía es producida por dos empresas extranjeras ubicadas en el mismo municipio, exportándola a esos lugares, incluso importándola a empresas locales donde nos llevamos la sorpresa que es más barata que la que proporciona la Comisión Federal de Electricidad.

La iniciativa que proponemos al respecto es la siguiente: En el Valle de Mexicali sólo a 25 kilómetros de la ciudad, contamos con una planta de energía que produce energía y que se distribuye sin tener que importarla.

Si Estados Unidos otorga el servicio a precios más bajos aun cuando tienen que llevarla hasta muy lejos. Estoy seguro que con la voluntad de nuestro Gobierno Federal podemos hacerlo.

Por tal motivo se pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta honorable Asamblea legislativa envíe atento exhorto al Ejecutivo federal, a efecto de que analice y autorice la venta de energía eléctrica al municipio de Mexicali, mediante la geotermoeléctrica Cerro Prieto, a precios más bajos, tomando en consideración que tiene las temperaturas más altas del país; que su producción es local y que se ubica dentro de su propio territorio.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, se proporcione energía eléctrica a un precio acorde con las altas temperaturas, considerando que la geotermoeléctrica de Cerro Prieto está en su territorio, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN

Hidalgo Contreras Covarrubias, en mi carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esa honorable asamblea iniciativa de punto de acuerdo para que al municipio de Mexicali, Baja California, se proporcione energía eléctrica a un precio acorde con las altas temperaturas mediante la geotermoeléctrica de Cerro Prieto, tomando en consideración las altas temperaturas, que es producción local y que se ubica en su territorio, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país existen regiones que se caracterizan por tener climas variados, entidades en las que sus municipios sufren diferentes temperaturas, aun cuando la distancia entre uno y otro sea relativamente corta. Éste es el caso de Mexicali, Baja California, el municipio que cuenta con las temperaturas de verano más altas de nuestro país, con un promedio aproximado de 45 a 48° C a la sombra.

La ubicación geográfica de la ciudad de Mexicali, en su mayoría desértica, provoca la elevación de la temperatura, lo que perjudica la salud de los habitantes y obliga a utilizar todos los medios necesarios para transformar en los lugares donde existe convivencia humana ambientes más agradables mediante sistemas de aire acondicionado.

La transformación de un clima infernal a uno más agradable trae como consecuencia la afectación directa del ingreso de los ciudadanos que trabajan únicamente para el pago mensual del recibo de luz, quedando en riesgo la satisfacción de las necesidades de su familia: en la mayoría de los casos, el dilema se centra tristemente en pagar la luz o comer.

Actualmente, la necesidad de consumir grandes cantidades de energía provoca la búsqueda de opciones para hacer menos pesada la carga económica que representa el gasto por este concepto, no es suficiente el subsidio que año con año se otorga por parte del Gobierno Federal teniendo el riesgo y la incertidumbre de que no sea concedido el próximo verano, no resuelve el problema de fondo, la trágica experiencia de los mexicalenses que sufren cada año sigue latente.

Es triste ver que en el municipio existen dos empresas extranjeras que producen energía y la exportan a Estados Unidos, vendiéndola a los consumidores a precios muy bajos, en California por ejemplo los recibos de luz se pagan mensualmente con un 40% menos con la misma cantidad de kilovatios consumidos.

En el Valle de Mexicali, a sólo 25 kilómetros de distancia, se cuenta con una planta generadora de electricidad, me refiero a la termoeléctrica Cerro Prieto, que produce energía con el calor del subsuelo, energía que es extraída gracias a las condiciones propicias del terreno, energía que se distribuye sin tener que trasladarla a grandes distancias, energía que se localiza en el mismo territorio del municipio, energía que si es necesario se exporta a Estados Unidos, energía que teniéndola en casa puede ser más barata. Si Estados Unidos puede otorgar el servicio a precios justos produciendo energía y llevándola a grandes distancias, estoy seguro de que con voluntad nuestro gobierno también puede hacerlo.

Por tal motivo, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta H. asamblea legislativa envíe atento exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que analice y autorice la venta de energía eléctrica al municipio de Mexicali, Baja California, a precios asequibles al ciudadano mediante la termoeléctrica Cerro Prieto tomando en consideración las altas temperaturas, que su producción es local y que se ubica en su territorio.

Una vez realizado dicho análisis, emita las instrucciones pertinentes a quien corresponda a efecto de iniciar los trámites correspondientes para concretar la petición plasmada en el presente documento.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, muchas gracias, señor diputado Contreras.

Túrnese a la Comisión de Energía.

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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se integre una comisión especial que verifique las condiciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Comparezco ante esta soberanía para denunciar el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno del Distrito Federal con los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y su organización sindical y por la falta de mantenimiento al material rodante e instalaciones fijas del metro.

Desde el año 2000 se dejaron de adquirir herramientas y refacciones necesarias para el mantenimiento y las instalaciones del tren subterráneo y se empezó a obligar a los trabajadores a utilizar de la basura las refacciones faltantes.

En el año 2003 se dejó de ejercer el presupuesto autorizado en el Metro, incluido un adicional por mil 110 millones de pesos para el mantenimiento del equipo técnico y 100 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto ejecutivo de la línea 12. En cambio en ese año se desviaron más de 700 millones de pesos del presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo, para la construcción de los segundos pisos viales. Mientras que en el año 2002 se realizó otro saqueo para los mismos fines, por más de 400 millones de pesos.

La movilización sindical en el Metro, contra esas anomalías encontró como respuesta del Gobierno del Distrito Federal, más de mil 500 sanciones aplicadas injustificadamente en contra de nuestras compañeras y compañeros trabajadores e inició una persecución penal en contra de la directiva sindical, promoviendo de inmediato un juicio de procedencia en contra, ante esta Cámara de Diputados.

En este caso la Procuraduría General de Justicia del estado de México, resolvió el no ejercicio de la acción penal porque las autoridades del Distrito Federal buscaron sin éxito, por la vía del amparo y la revisión del mismo, revertir esa resolución que reconocía a nuestro movimiento como eminentemente laboral.

El 15 de agosto de 2002 suscribimos con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y la empresa un convenio aún no cumplido que contempla entre otras prestaciones la entrega de terrenos para vivienda y la adquisición y entrega de herramientas y refacciones.

Por lo expuesto ponemos a consideración de este pleno se aprueba la integración de una comisión especial conformada por diputados, para que verifique:

Primero. Las condiciones en que se encuentran trabajando los equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos, así como los trenes del Metro.

Segundo. El cumplimiento de las obligaciones morales a favor de los trabajadores y la entrega oportuna de herramientas y refacciones, a efecto de prevenir y evitar que ocurra un incidente de graves consecuencias.

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Es tanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. --- Presente.

Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una Comisión Especial que verifique las condiciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Compañeras y compañeros diputados:

Como integrante de esta LIX legislatura y en mi calidad de Secretario de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados, comparezco ante esta soberanía para denunciar las actitudes de incumplimiento de compromisos asumidas por el gobierno del Distrito Federal, en contra de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y de su organización sindical mayoritaria y por las agresiones que hemos tenido que soportar de ese gobierno, quienes tenemos esa representación sindical a nuestro cargo.

Con el propósito de mantener en buen estado las instalaciones fijas y el material rodante del Metro, preservar la integridad física de los trabajadores y de los usuarios de este importante sistema de transporte de pasajeros, nuestro sindicato ha insistido ante el actual gobierno del Distrito Federal, sobre la necesidad de que los trabajadores encargados de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a trenes e instalaciones fijas, cuenten con las herramientas y refacciones necesarias para tal objetivo.

Sin embargo, por razones aún no comprendidas, desde el año 2000 se dejaron de adquirir tales implementos de trabajo y se empezó a obligar a los trabajadores a utilizar, de la franja de desechos, es decir, de la basura, las refacciones que pudieran aplicarse a los trenes que las requirieran. Esta práctica pone en grave riesgo la integridad física de los trabajadores y los usuarios, innecesariamente, porque el Sistema de Transporte Colectivo ha dejado de ejercer su presupuesto anual autorizado, incluido el aprobado por la Asamblea Legislativa en 2002 para el ejercicio presupuestal de 2003, por 1 mil 110 millones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario, porque el gobierno del Distrito Federal no se lo asignó al Organismo, ni éste demandó su entrega oportuna. Antes de concluir el 2003, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó la redistribución de más de 700 millones de pesos del presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo para la construcción de los segundos pisos viales. Ya en 2002 habíamos denunciado otro saqueo para los mismos fines, por más de 400 millones de pesos.

Entretanto, nuestros compañeros trabajadores del Metro se han visto en la necesidad de fabricar sus propias herramientas de trabajo, a efecto de no dejar de prestar el servicio a millones de usuarios, ante la pasividad del gobierno del Distrito Federal para atender esta necesidad apremiante.

Durante la gestión de Rosario Robles al frente del gobierno del Distrito Federal, denunciamos la pretensión de abrir al público la línea B del Metro, porque no estaba concluida la obra para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. No obstante, se abrió con todas las irregularidades que en su momento denunciamos y de cuyos documentos queremos dejar constancia ante esta soberanía, ya que este problema rebasa los límites territoriales del Distrito Federal y debe conocerse por una autoridad de la Federación, toda vez que nuestra queja ante la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo no mereció dictaminarse como procedente, según nos informa el contralor interno del organismo en su oficio C.I. 1117/04 de fecha 27 de julio del presente año.

Hoy los responsables de la entrega-recepción de esa línea se encuentran desempeñando cargos de confianza en el Sistema de Transporte Colectivo, quizá para encubrir su responsabilidad manifiesta.

En la terminal de Pantitlán, los daños sufridos en las instalaciones fijas exigían una atención inmediata, pero la administración del Sistema de Transporte Colectivo se negaba a atender nuestra denuncia al respecto. Fue necesario que nuestra organización sindical realizara una falta colectiva en las líneas 9 y A, para que la autoridad atendiera nuestras denuncias al respecto, además de otras demandas laborales.

Al poco tiempo el Sistema de Transporte Colectivo cerró por más de nueve meses ambas líneas para darles mantenimiento, además de que, las autoridades del gobierno del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo, suscribieron con fecha 15 de agosto de 2002 un convenio con nuestro sindicato, atendiendo las diversas demandas exigidas con tal movimiento, comprometiéndose a cumplirlas en plazos determinados, lo que le daba la razón a nuestro movimiento laboral.

A cambio, el gobierno del Distrito Federal inició una persecución penal en contra del suscrito y de otros miembros de la directiva sindical, acusándonos de haber incurrido en los delitos de ``Coalición de Servidores Públicos'' y de ``Ataques a las vías de Comunicación'', por lo que también se inició en mi contra un juicio de procedencia ante esta honorable Cámara de Diputados. En su momento la Procuraduría General de Justicia del Estado de México resolvió el no ejercicio de la acción penal, considerando que el movimiento realizado fue en ejercicio de derechos constitucionales y de naturaleza laboral.

Adicionalmente a la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitió una resolución respecto de nuestra queja, recordando opiniones anteriores en el sentido de que los representantes sindicales, no deberían ser sancionados con la pena de la pérdida de su libertad, por haber intervenido en una huelga pacífica, entendiendo por ésta, cualquier forma de suspensión de labores realizada por los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales.

Afrontamos en esa ocasión la defensa legal del fuero que como legislador me asistía, y jamás hicimos uso de forma alguna de presión o chantaje para evitar el desafuero.

Del convenio suscrito entre la organización sindical y las autoridades del gobierno del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo, destacamos las siguientes prestaciones que se obligaron ambas autoridades a cumplir en favor de los trabajadores del Metro, y que desde esa fecha, 15 de agosto de 2002, no se han cumplido:

Entrega de terrenos para vivienda. Se ha incumplido en esta prestación, a pesar de que nuestra compañera diputada Margarita Saldaña, estando en funciones de Jefa Delegacional de Azcapotzalco, dispuso la entrega de un terreno ubicado en esa demarcación, tal y como se acordó con el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, nuestro hoy compañero Diputado José Agustín Ortiz Pinchetti.

Capacitación y adiestramiento de personal. La falta de capacitación y adiestramiento en el Sistema de Transporte Colectivo, en clara contravención a las disposiciones constitucionales y legales en la materia, pone en alto riesgo la integridad física de nuestros compañeros trabajadores y repercute en la calidad del servicio que se presta.

Vigilancia interna de las instalaciones. A la fecha éste es uno de los problemas de mayor impacto en la seguridad de trabajadores y usuarios, y a ello no son ajenos los funcionarios que tienen a su cargo la vigilancia y seguridad de las instalaciones del Metro, al cual ingresan no sólo los vendedores ambulantes y quienes hacen de la mendicidad una actividad lucrativa, sino también los delincuentes y personas que ofrecen servicios de prostitución.

Dignificación de comedores y áreas de trabajo. Es lamentable ver las condiciones en que se encuentran las áreas de comedores y permanencias de trabajo de nuestros compañeros, por lo que hemos insistido en que se cumpla cabalmente con esta demanda.

Adquisición y entrega de herramientas y refacciones. Como se ha indicado en líneas anteriores, nuestros compañeros se han visto obligados a emplear refacciones de rehúso, es decir, de las que se encuentran en las franjas de desecho, ante la falta de refacciones nuevas. La carencia de herramientas se ha suplido con fabricación casera de las mismas, por parte de nuestros compañeros trabajadores. Son muchos los pretextos para no surtir estos implementos de trabajo, pero en realidad el problema radica en que el Sistema de Transporte Colectivo no recibe el presupuesto para tal efecto.

Revisión y actualización del Reglamento de Seguridad e Higiene. Es urgente actualizar este Reglamento, toda vez que se tienen que identificar y definir las áreas insalubres y peligrosas que existen en el Metro, de manera que se puedan abatir los riesgos de trabajo y se mejoren dichos espacios de trabajo.

La lucha por encontrar las mejores condiciones de trabajo y de seguridad para quienes laboramos en el Metro y para quienes usan este servicio de transporte, nos ha producido acusaciones penales diversas de parte del gobierno del Distrito Federal, así como sanciones injustificadas para más de 1 mil 300 trabajadores, así como despidos igualmente injustificados de representantes sindicales.

El Metro es responsabilidad de todos y no solamente del gobierno del DF, pues la seguridad en este espacio de transportación es materia de seguridad nacional, y por lo mismo, no se puede dejar al arbitrio de un gobierno local la responsabilidad de decidir si se le brinda o no el mantenimiento preventivo y correctivo a este importante medio de transportación masiva de pasajeros, ni se justifica que se soslaye el cumplimiento de obligaciones patronales.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desde esta tribuna ponemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, para que se integre una comisión especial que verifique las condiciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo, al tenor que sigue:

Primero. Que la Cámara de Diputados apruebe la integración de una comisión especial para verificar las condiciones en que se encuentra operando Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Segundo. Que la comisión que refiere el punto anterior, tendrá bajo su encargo como mínimo:

Verificar las condiciones en que se encuentran operando los equipos instalados del orden mecánico, eléctrico y electrónico, así como los propios trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y

Cotejar el cumplimiento de obligaciones laborales que repercuten en el servicio que prestan los trabajadores, a efecto de prevenir y evitar que ocurra un incidente de graves consecuencias para nuestros compañeros trabajadores y para los usuarios del mismo.

Tercero. Una vez que se de cumplimento al punto que antecede, la Comisión de referencia presentará ante el pleno de esta soberanía el resultado de las mismas, así como las recomendaciones que procedan a efecto de solucionar la problemática detectada.

Atentamente.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Dip. Fernando Espino Arévalo, Dip. Manuel Velasco Coello, Dip. Alejandro Agundis Arias, Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Dip. Leonardo Alvarez Romo, Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón, Dip. Luis Antonio González Roldán, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Alejandra Méndez Solorio, Dip. María Avila Serna, Dip. Maximino Fernández Avila, Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán, Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos, Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno, Dip. Javier Orozco Gómez Dip. y Raul Piña Horta.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Espino.

De acuerdo a su solicitud que se inscriba íntegro su texto en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo, túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, se destinen recursos dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, para construir el tramo carretero Polvorín-Alpuyeca de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Compañeras diputadas y diputados federales; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, me permito poner una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones.

La autopista Cuernavaca-Acapulco es una de las más importantes del sistema carretero nacional que permite la llegada de millones de turistas al año, al puerto de Acapulco en el estado de Guerrero y, a su vez, en el trayecto comunica a importantes ciudades y comunidades de esa entidad y del estado de Morelos.

Los morelenses pagamos un elevado costo de peaje, el más caro en el país para poder utilizar esa vía carretera que permite llegar a toda la zona sur y sur-poniente de Morelos, abarcando a 15 municipios de un total de 33 municipios que tiene la entidad federativa.

Desde el inicio del funcionamiento de la autopista con uso de 4 carriles en el año de 1983, primero fue concesionada como Autopista del Sol, y en octubre de 1998, de acuerdo a la red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas FARAC, el estado asume su control operativo universal pero no da el mantenimiento y rehabilitación necesaria al uso de ese tramo carretero, por lo que del kilómetro 95 al 114 más 800 metros que va del lugar destinado El Polvorín, a la caseta de peaje en Alpuyeca, son un total de 19 kilómetros más 800 metros.

Durante más de 10 años no ha existido una rehabilitación, por lo que la vida útil ha sido excedida en todas sus etapas y el estado material o físico operativo actual es malo, inseguro y riesgoso completamente al encontrarse la carpeta asfáltica erosionada, con partiduras y fosos que hacen un verdadero peligro a miles de usuarios diariamente.

En el mes de mayo de 2003, a la altura del kilómetro 95 se hizo un pozo de varios metros cuadrados donde cabía un vehículo originando percances. En este año 2004, en el mes de abril, a la altura del municipio de Xochitepec, se hizo una poza que imposibilitó durante todo un día domingo y lunes, el tránsito en uno de los carriles.

En ninguna parte de la red de autopistas de la República Mexicana se encuentra un tramo tan deteriorado y peligroso como lo tenemos los morelenses, y que enfrentamos todos los días.

Ante esta situación, el Gobierno de la República puede reasignar recursos de este 2004 al inicio de la reconstrucción de los 19 kilómetros más 800 metros descritos y contemplar una partida específica en el año 2005, que reconstruya completamente el tramo carretero que sea del kilómetro 95 al kilómetro 114 más 800 metros de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Punto de Acuerdo

Unico. Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el ejercicio de sus facultades garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen recursos suficientes para reconstruir el tramo carretero del kilómetro 95 al kilómetro 114 más 800 metros El Polvorín-Alpuyeca, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que permita costear el análisis, proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total de la obra.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos a fin de reconstruir el tramo carretero Polvorín-Alpuyeca, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La autopista Cuernavaca -- Acapulco es una de las más importantes del sistema carretero nacional que permite la llegada de millones de turistas al año al puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, y a su vez, en el trayecto comunica a importantes ciudades y comunidades de esa entidad y del estado de Morelos.

Los morelenses pagamos un elevado costo de peaje, el más caro en el país, para poder utilizar esa vía carretera que permite llegar a toda la zona sur y sur - poniente de Morelos, abarcando a 15 municipios de un total de 33 municipios que tiene la entidad federativa.

Desde el inicio del funcionamiento de la autopista con uso de cuatro carriles en el año de 1993, primero fue concesionada como autopista del Sol y en octubre de 1998, de acuerdo a la Red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el Estado asume su control operativo universal pero no da el mantenimiento y rehabilitación necesaria al uso de ese tramo carretero por lo que del kilómetro 95 al 114+ 800 metros, que va del lugar denominado el Polvorín a la caseta de peaje en Alpuyeca, son un total de 19 kilómetros + 800 metros.

Durante más de 10 años no ha existido una rehabilitación a ese tramo por lo que la vida útil ha sido excedida en todas sus etapas y el estado material o físico - operativo actual es malo, inseguro y riesgoso completamente, al encontrarse la carpeta asfáltica erosionada, con partiduras y fosos que hacen un verdadero peligro a miles de usuarios diariamente.

En el mes de mayo del año 2003, a la altura del kilómetro 95, se hizo un pozo de varios metros cuadrados donde cabía un vehículo y originando percances, y en este año 2004 en el mes de abril, a la altura del municipio de Xochitepec, se hizo una poza que imposibilitó durante todo un día domingo y lunes el tránsito en uno de los carriles.

Como legisladora he observado que el tramo México -- Cuernavaca tiene un constante rencarpetamiento que conserva en optimas condiciones a la autopista; por el contrario, el tramo mencionado (Polvorín -- Alpuyeca), no tiene las condiciones elementales de una carretera normal, mucho menos como autopista de alta seguridad.

En ninguna parte de la red de autopistas de la República mexicana se encuentra un tramo tan deteriorado y peligroso como lo tenemos los morelenses y que enfrentamos todos los días; ante esta situación el gobierno de la República puede reasignar recursos de este 2004 al inicio de la reconstrucción de los 19 kilómetros + 800 metros descritos y contemplar una partida específica en el año 2005 que reconstruya completamente el tramo carretero que sea del kilómetro 95 al kilómetro 114 + 800 metros de la autopista Cuernavaca -- Acapulco.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal, en lo relativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicita en el rubro de conservación de la infraestructura básica se asignen 3, 050.0 millones de pesos, entre otros que permita reconstruir 82.4 kilómetros; razón por la cual, solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se incluyan estos 19 kilómetros con 800 metros del tramo carretero (Polvorín -- Alpuyeca), para ser reconstruido, por lo que someto a esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen recursos suficientes para reconstruir el tramo carretero del kilómetro 95 al kilómetro 114 + 800 metros (Polvorín -- Alpuyeca) de la autopista Cuernavaca -- Acapulco, que permita costear el análisis, proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total de la obra.

Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica)»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien diputada Mazari. Gracias.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra la compañera diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al procurador del estado de Tamaulipas, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas en dicho estado.

La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Gracias, señora Presidenta. Hoy como nunca los derechos humanos han alcanzado una importancia excepcional. En esta materia se aprecia un gran interés de la opinión pública nacional e internacional. Los medios de comunicación subrayan diariamente noticias sobre actos que los niegan o los menosprecian.

Existen amenazas y desafíos para el progreso y desarrollo de una cultura democrática, cuyo sustento habrán de ser los derechos de las personas y la sociedad. El respeto a los derechos y libertades del hombre es el clamor sagrado de la humanidad. Así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José en su artículo 13.

En ese mismo sentido es reconocido este derecho fundamental por la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 19, señala que: ``Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión''.

Este derecho fundamental de primera generación se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputada. Detengan el tiempo, por favor. Sí, diputado Vega.

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Presidenta, pudiera usted ser tan amable de pedir la verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. Solicito a la Secretaría se sirva abrir el sistema electrónico por 10 minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para verificar el quórum y háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento Interno.

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ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de continuar, diputada.

La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Este derecho fundamental de primera generación se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la libertad de expresión y la de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia está garantizada por los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución. De esta forma, el Estado mexicano está obligado a garantizar la libertad de expresión de cualquier ciudadano mexicano y en particular la de los comunicadores de todo el país, para los cuales esta libertad también representa su medio de trabajo.

México es un país en transición democrática, donde la libertad de expresión ha experimentado pleno respeto para su ejercicio por parte del Gobierno Federal; sin embargo, este avance no se observa en los gobierno estatales. La censura al control de los medios de información, continúa bajo una vieja estructura casi intacta que se resiste a la crítica y al escrutinio público.

En el estado de Tamaulipas el ejercicio de las garantías individuales no se garantiza. Existe un control de los medios a través de cuotas de publicidad y pago a reporteros. No es infrecuente, por ejemplo, que los boletines publicados como noticias sean pagados por oficinas y dependencias estatales y municipales.

Las actividades de la delincuencia en Tamaulipas han sido dominadas en los últimos años por el Cártel del Golfo y por los Zetas. Esta última, una organización que actúa de manera coordinada con los personeros del cártel, dirigida por desertores de élite del Ejército Mexicano.

La delincuencia organizada y el narcotráfico han provocado un fenómeno de autocensura en los medios. Esto se evita en la cobertura activa de tales temas como una forma de autoprotección o sobrevivencia.

El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, con sede en Reynosa, Tamaulipas e integrante de la Comisión En Memoria ha documentado 27 casos de ataques a periodistas desde 1999 a 2004. Los delitos cometidos van desde lesiones, amenazas de muerte e incluso asesinatos.

La recopilación es exclusivamente de los casos que han sido públicos en los 10 municipios fronterizos de Tamaulipas. Aunque han ocurrido otros ataques, éstos no han sido denunciados.

Es un hecho reprobable que en el estado de Tamaulipas no se garantice la libertad de palabra. Una muestra de la violencia ejercida contra la libertad de expresión es el brutal asesinato del periodista Francisco Arratia Saldierna, ocurrido en la ciudad fronteriza de Matamoros el martes 31 de agosto de 2004. Este es el tercer crimen en lo que va del año en el país en contra de periodistas y el segundo en el estado de Tamaulipas.

Los mexicanos condenamos estos hechos y exigimos una investigación seria y profunda sobre los acontecimientos y también requerimos acciones concretas y urgentes para proteger el ejercicio periodístico en todo el país y en particular en el estado de Tamaulipas.

Toda la importancia que reviste esta situación anteriormente expuesta, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al procurador del estado de Tamaulipas, en el ámbito de su competencia, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas en el estado de Tamaulipas, y sobre todo el ocurrido el pasado martes 31 de agosto de 2004, e informe a esta soberanía sobre los avances de las investigaciones rea-lizadas en estos casos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 19 de 2004.

Gisela Juliana Lara Saldaña, diputada federal. Gracias, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a agilizar las acciones y diligencias conducentes a esclarecer los asesinatos contra periodistas en dicha entidad, a cargo de la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe diputada federal Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta H. asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador del Estado de Tamaulipas, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas del estado de Tamaulipas bajo las siguientes

Consideraciones

Hoy como nunca antes, los Derechos Humanos han alcanzado una importancia excepcional, En esta materia se aprecia un gran interés de la opinión pública nacional e internacional; los medios de comunicación subrayan diariamente noticias sobre actos que los niegan o los menosprecian.

La gran batalla por lograr el respeto de la dignidad humana en todos los frentes cobra nuevos impulsos y renovados alientos. El panorama mundial de grandes cambios no podía ser más propicio para afianzar logros positivos en el terreno legislativo y social y hacer de los Derechos Humanos la guía en las relaciones humanas a todos los niveles.

No obstante, también existen amenazas y desafíos para el progreso y desarrollo de una cultura democrática, cuyo sustento habrán de ser los derechos de las personas y la sociedad. Entre logros y retos, entre una sociedad civil que empuja fuertemente y un estado que presenta resistencias y obstáculos, el respeto a los derechos y libertades del hombre es el clamor sagrado de la humanidad.

Así lo establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su Artículo 13:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En el mismo sentido es reconocido este derecho fundamental, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala que:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Este derecho fundamental de primera generación se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así la libertad de expresión, y la de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, están garantizadas por los artículos Sexto y Séptimo de nuestra Constitución; de esta forma el Estado mexicano está obligado a garantizar la libertad de expresión de cualquier ciudadano mexicano y en particular la de los comunicadores de todo el país. Para los cuales esta libertad también representa su medio de trabajo.

Como es de todos conocido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano junto con los Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República, son Ley Suprema de la Federación.

México, es hoy en día un país en transición democrática donde la libertad de expresión ha experimentado pleno respeto para su ejercicio por parte del Gobierno Federal. Incluso al grado de ser victimas; muchas veces de los excesos de algunos medios de comunicación amarillistas; que abusan de este derecho difamando y ejerciendo en ocasiones de manera poco ética su libertad de expresión, sin embargo este avance a nivel del Gobierno Federal, no se observa en los gobiernos estatales, la censura y el control a los medios de información continúan bajo una vieja estructura casi intacta que se resiste a la crítica y al escrutinio público.

En el estado de Tamaulipas el ejercicio de las Garantías Individuales no se garantizan, existe un control de los medios a través de cuotas de publicidad y pagos a reporteros. No es infrecuente, por ejemplo que los boletines publicados como noticias sean pagados por oficinas y dependencias Estatales y Municipales.

Las actividades de la delincuencia en Tamaulipas, han sido dominada en los últimos años por el cartel del Golfo y por los Zetas, esta última una organización que actúa de manera coordinada con los personeros del Cártel, dirigida por desertores de Elite del Ejército Mexicano.

La delincuencia organizada y el narcotráfico han provocado un fenómeno de autocensura en los medios, ya que estos evitan la cobertura activa de tales temas como una forma de autoprotección o sobrevivencia.

El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Cefprodhac, con sede en Reynosa Tamaulipas e integrante de la Comisión En memoria, ha documentado 27 casos de ataques a periodistas desde 1999 a 2004, los delitos cometidos van desde lesiones, amenazas de muerte e incluso con asesinatos.

La recopilación es exclusivamente de los casos que han sido públicos, en los diez municipios fronterizos de Tamaulipas. Aunque han ocurrido otros ataques, éstos no han sido denunciados.

Es un hecho reprobable que en Estado de Tamaulipas no se garantice la libertad de palabra, una muestra de le violencia ejercida contra la libertad de expresión es el brutal asesinato del periodista Francisco Arratia Saldierna, ocurrido en la cuidad fronteriza de matamoros el martes 31 de agosto del 2004. Este es el tercer crimen en lo que va del año en el país, en contra de periodistas, y el segundo en el estado de Tamaulipas.

Los mexicanos condenamos estos hechos y exigimos, una investigación seria y profunda sobre estos acontecimientos, también requerimos acciones concretas y urgentes para proteger el ejercicio periodístico en todo el país y en particular en el Estado de Tamaulipas.

Finalmente, dada la importancia que reviste esta situación anteriormente expuesta, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorte al procurador del estado de Tamaulipas, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas del estado de Tamaulipas, y sobre todo el ocurrido el pasado martes 31 de agosto de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Diputadas: Gisela Juliana Lara Saldaña, Maki Esther Ortiz Domínguez, María Antonia García Sanjinés (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Lara Saldaña.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no se consideró por la Asamblea como de urgente resolución, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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FEMINICIDIOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra a continuación, la diputada María Avila Serna, de grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal en relación al caso de las muertas de Juárez.

La diputada María Avila Serna: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

La discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas.

Los crímenes en Ciudad Juárez son un reflejo de la adversidad y la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural y democrática.

La violencia y asesinatos hacia las mujeres no cesan. El día 6 de octubre se registró el hallazgo del cuerpo de una mujer muerta con visibles huellas de violación y escondido entre la maleza.

Según las primeras investigaciones, el cuerpo estaba tirado boca abajo y por el estado de descomposición que presentaba, se cree que llevaba al menos cuatro días en ese sitio.

Los habitantes de Ciudad Juárez se encuentran en un estado de hartazgo permanente; mucho se dice pero pocos son los cambios y los avances. No se han encontrado soluciones a sus problemas; los crímenes no solamente contra las mujeres, sino en general, quedan día a día bajo el manto de la impunidad.

No se cuenta en Ciudad Juárez con suficiente apoyo oficial. La tímida voluntad política y el poco esfuerzo de las administraciones pasadas, nos mostraron la carente imaginación y la falta de solidez en sus estrategias.

Los asesinatos, el crimen, la corrupción y también la delincuencia, seguirán creciendo alarmantemente, no sólo en Juárez, sino en todo el país, a tal grado que será imposible de frenar mientras no se refuercen radicalmente los esquemas implementados de combate que han probado reiteradamente hasta ahora, ser sólo sintomáticos y hasta contraproducentes.

Las ópticas y las estrategias del remedio de guerra al crimen organizado que lo nutren en lugar de diezmarlo, resultan ser una pantomima destinada irremediablemente al fracaso, que pone en grave riesgo el futuro de municipios como el de Ciudad Juárez.

Lo más triste y revelador son la multitud de familias que están ahí ante la ilusión y posibilidad de descubrir el paradero de sus seres queridos, de acabar con el dolor y la incertidumbre.

Qué más amargo que saber que un familiar es o puede ser en cualquier momento torturado, asesinado, tirado o enterrado sin más ni más y en tan sólo unos segundos.

Lo más grave es que la situación no tiene visos de mejorar, por el contrario, el problema crece de manera explosiva y se extiende a toda la nación, al grado de que podemos hablar en un futuro próximo de que Ciudad Juárez dejará de llamar la atención por existir otros lugares donde los problemas resulten ser los mismos o más graves.

Por todo lo anterior exhortamos al Ejecutivo federal, que gire instrucciones claras y precisas al Procurador General de la República a efecto de que redoble las investigaciones en el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, así como que se extremen medidas de seguridad y vigilancia más eficientes en dicha ciudad, en virtud de la creciente ola de ejecuciones y homicidios en ese municipio fronterizo.

Asimismo para que se informe a la ciudadanía a través de la Cámara de Diputados los avances, estado y resultado de las investigaciones que ha logrado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, después de la presentación de su primer informe, toda vez que en dicha presentación los resultados y las cifras expuestas fueron altamente cuestionadas.

En el informe se dieron a conocer los primeros 50 casos examinados, de los cuales 21 eran procesos penales ya cerrados, 19 de ellos tuvieron una condena firme, mientras que otros 29 seguían en proceso de investigación. Sin embargo, en este primer paquete de casos no existieron indicios de crímenes seriales entre sí.

Es por lo que queremos saber, sabemos que la Fiscalía Especial está por entregar su segundo informe. Sin embargo, consideramos que éste es un problema que no puede esperar demasiado tiempo, pues como podemos ver las apariciones de más cuerpos no terminan. Los resultados preliminares deben estar ya a la mano de la ciudadanía, quien es la que pide respuesta sobre este caso. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- LIX Legislatura.--- Presente.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Para exhortar al Ejecutivo federal que gire instrucciones claras y precisas al procurador general de la República a efecto de que redoble las investigaciones en el caso de los Feminicidios en Ciudad Juárez, así como que se extremen medidas de seguridad y vigilancia más eficientes en dicha Ciudad, en virtud de la creciente ola de ejecuciones y homicidios en ese municipio fronterizo.

Asimismo para que se informe a la Ciudadanía, a través de la Cámara de Diputados, los avances, estado y resultados de las investigaciones que ha logrado la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, después de la presentación de su Primer Informe. Toda vez que en dicha presentación, los resultados y las cifras expuestas fueron altamente cuestionadas.

En el Informe se dieron a conocer los primeros 50 casos examinados, de los cuales 21 eran procesos penales ya cerrados, 19 de ellos tuvieron una condena firme mientras que otros 29 seguían en proceso de investigación. Sin embargo, en este primer paquete de casos no existieron indicios de crímenes seriales entre sí: ``Los homicidios responden básicamente a motivaciones de violencia intrafamiliar y social que afecta sistemáticamente a las mujeres de Juárez'', señaló la fiscal en su presentación. Asimismo, la Procuraduría General de la República solicitó a las autoridades judiciales del estado de Chihuahua iniciar una investigación penal y administrativa en contra de 81 servidores públicos que tuvieron a su cargo la indagatoria de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante las graves deficiencias en la integración de los expedientes.

¿Qué ha pasado con estos resultados y cuáles son las nuevas directrices de investigación? ¿Qué nuevos indicios se han encontrado, hacia donde nos llevan? Existen más autoridades involucradas?

¡Eso es lo que queremos saber! Sabemos que la Fiscalía Especial esta por entregar su segundo informe, sin embargo consideramos que este es un problema que no puede esperar demasiado tiempo, los resultados preliminares deben estar ya a la mano de las ciudadanía, quién es la que pide respuestas sobre este caso.

No debemos dejar de lado este tema, la justicia y la lucha de las mujeres por vivir sin violencia es un tema prioritario en nuestra agenda. El tema de las muertas de Juárez con frecuencia parece verse como un tema muy trillado, que sólo sirve para hacer protagonismo y salir en los medios de comunicación. Pero no es así. Sabemos que, este asunto que se ha convertido en un signo de vergüenza nacional, a tal grado de que organismos internacionales se han manifestado en contra de esos actos que trastocan las vidas, no solamente de quienes han padecido esta tragedia, sino las de todos los mexicanos.

El Gobierno Federal ha mostrado desidia, porque no se ha llegado al fondo mismo del caso. Se siguen cometiendo crímenes que vienen a engrosar las interminables listas de homicidios. Ello demuestra la incapacidad o inactividad y por lo mismo indolencia por parte de las autoridades federales. ¡Y lo digo con todas sus letras incapacidad e indolencia!, no sólo en el caso de los Feminicidios sino en todos los delitos que a diario se cometen en el Estado y en el Municipio.

Por ejemplo, las autoridades investigadoras no han logrado esclarecer quienes son los responsables de las últimas ejecuciones ocurridas en la ciudad en el mes de agosto, pasado. Días después del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que los dos hombres asesinados eran parte de un comando armado que llegó a la ciudad con la intención de ``levantar'' a una o varias personas en un supuesto ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. De ambos casos las autoridades no tienen pistas de los victimarios.

A pesar de que el gobierno del Estado, acaba de implementar un Programa de Seguridad, parece que éste no ha sido suficiente. Las redes de narcotráfico y las bandas organizadas han trastocado todos los ámbitos de la sociedad y el gobierno estatal. Hay informes de que la policía municipal de Juárez presta protección a los distribuidores de drogas.

Los habitantes de Ciudad Juárez, se encuentran en un estado de hartazgo permanente, mucho se dice pero poco son los cambios y los avances. No se han encontrado soluciones a sus problemas. Los crímenes, no solamente contra mujeres, sino en general, quedan día a día, bajo el manto de la impunidad. Es una pena que muchos de los señalamientos hechos en torno a estos casos y las subsecuentes investigaciones han sido a partir de juicios hechos por autoridades extranjeras.

No se cuenta en Ciudad Juárez con suficiente apoyo oficial, la tímida voluntad política y el poco esfuerzo de las administraciones pasadas nos mostraron la carente imaginación y la falta de solidez en sus estrategias.

Lo más triste y revelador, son la multitud de familias que están allí ante la ilusión y posibilidad de descubrir el paradero de sus seres queridos, de acabar con el dolor y la incertidumbre. Qué más amargo que saber que un familiar es o puede ser en cualquier momento, torturado, asesinado, tirado o enterrado, sin más ni más y en tan sólo unos segundos.

Lo más grave es que la situación no tiene visos de mejorar, por el contrario, el problema crece de manera explosiva y se extiende a toda la nación, al grado de que podemos hablar en un futuro próximo de que Ciudad Juárez dejará de llamar la atención por existir otros lugares donde los problemas resulten ser los mismos o más graves.

La discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas. Los crímenes en Ciudad Juárez son tan sólo un reflejo de la adversidad y de la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural y democrática. La violencia y asesinatos hacia las mujeres no cesan, simplemente en este año van nueve mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y el feminicidio se extiende a otras entidades del país como el Distrito Federal, Sonora, Quintana Roo y Guadalajara.

El día de ayer se registro, en Ciudad Juárez, el hallazgo del cuerpo de una mujer muerta con visibles huellas de violación y escondido entre la maleza en la colonia Altavista.

Los asesinatos, el crimen, la corrupción y también la delincuencia seguirán creciendo alarmantemente, no sólo en Juárez sino en todo el país, a tal grado que será imposible de frenar mientras no se refuercen radicalmente los esquemas implementados de ``combate'' que han probado reiteradamente, hasta ahora, ser sólo sintomáticos y hasta contraproducentes. Las ópticas y las estrategias del remedo de ``guerra'' al crimen organizado que lo nutren en lugar de diezmarlo resultan ser una pantomima destinada irremediablemente al fracaso que pone en grave riesgo el futuro de México.

Las investigaciones de las mujeres muertas en Ciudad Juárez las han realizado las áreas de derechos humanos de dos universidades y las Asociaciones civiles, conformadas por familiares de mujeres desaparecidas, lo cual demuestra que es la sociedad civil la que ha tomado la iniciativa de investigación.

No es caso fortuito que la marcha de junio pasado haya puesto de manifiesto la ola de terror, inseguridad y zozobra con la que vive la sociedad civil; muestra de desesperación e impotencia por sentirse presa del criminal y del delincuente. En tanto el gobierno federal puso y propuso una estrategia para combatir el crimen organizado, comprometiéndose en obtener pronto resultados, mismos que la ciudadanía todavía los está esperando. Este es el triste panorama que envuelve al país.

No es con el cambio de nombres y de hombres en las instituciones, ni con el discurso enmascarado como se va abatir el fenómeno criminoso; es con el cambio de aptitudes, de vocación de servicio, de gente con experiencia en la materia (y no con el compadrazgo), con programas de seguridad pública, en donde intervengan verdaderos mecanismos de prevención, investigación, procuración y administración de justicia.

Para despedirme, no quiero vaticinar un grave e inminente recrudecimiento de los crímenes en Juárez. Por ello compañeras y compañeros Diputados, los invito a que no olvidemos el ``caso Juárez'' y las respuestas que tanto hemos buscado y por las que se ha luchado incansablemente.

Por lo antes expuesto, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal gire instrucciones claras y precisas al Procurador General de la República a efecto de que redoble las investigaciones en el caso de los Feminicidios en Ciudad Juárez, así como que se extremen medidas de seguridad y vigilancia más eficientes en dicha Ciudad, en virtud de la creciente ola de violencia, ejecuciones y homicidios en este municipio fronterizo.

Artículo segundo. Asimismo, informe a la ciudadanía, a través de la Cámara de Diputados, los avances, estado y resultados de las investigaciones que ha logrado la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, después de la presentación de su primer informe.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 de septiembre del 2004.--- Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Vice-coordinador; Dip. Luis Antonio González Roldán, Vice-coordinador; Dip. Alejandro Agundis Arias, Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón, Dip. Leonardo Alvarez Romo, Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán, Dip. María Avila Serna, Dip. Fernando Espino Arévalo, Dip. Maximino Fernández Avila, Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno, Dip. Alejandra Méndez Salorio, Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Dip. Javier Orozco Gómez y Dip. Raúl Piña Horta.»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.

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deportistas olimpicos y paralimpicos

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje y le sea entregado un reconocimiento a los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atenas 2004.

El diputado José Manuel Carrillo Rubio: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo tanto de la ley que rige el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, con el apoyo de la totalidad de los miembros integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, exponemos ante todos ustedes la siguiente iniciativa bajo el tenor de los siguientes

Antecedentes

El miércoles 8 de septiembre de 2004 se llevó a cabo la sesión plenaria de la Comisión de Juventud y Deporte correspondiente al mes de septiembre, donde se pusieron a discusión las propuestas presentadas por los diputados Gerardo Ulloa y Jorge Ortiz, a fin de entregar un reconocimiento a los medallistas olímpicos y paralímpicos que estuvieron dentro de la justa en Atenas, Grecia.

Sin más por el momento y con la finalidad de que ustedes ya conocen absolutamente todos y cada uno de los antecedentes y de todas y cada una de las circunstancias por las cuales atravesó el deporte en nuestro país, es menester de esta comisión proponer ante ustedes la entrega de un reconocimiento a todos aquellos que obtuvieron una medalla dentro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Por eso propongo ante ustedes el siguiente punto de acuerdo bajo la situación:

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrará una sesión para rendir homenaje y le sea entregado un reconocimiento a los deportistas mexicanos que hayan obtenido una medalla en los juegos olímpicos y paralímpicos celebrados en la ciudad de Atenas, Grecia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje y entregar un reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Atenas 2004, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal José Manuel Carrillo Rubio, en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presento ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados celebre en el salón de sesiones un homenaje y les sea entregado un reconocimiento a los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en los juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Atenas 2004, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El miércoles 8 de septiembre de 2004 se llevó a cabo la sesión plenaria de la Comisión de Juventud y Deporte, correspondiente al mes de septiembre, donde se pusieron a discusión las propuestas presentadas por integrantes de la Comisión a fin de realizar un evento en el cual se hiciera entrega de un reconocimiento a los deportistas que obtuvieran medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Atenas, Grecia.

Discutidas las diversas propuestas presentadas por los miembros integrantes de los grupos parlamentarios representados en la Comisión se concluyo elaborar una sola propuesta y someterla a consideración a fin de entregar un reconocimiento, a nombre de la H. Cámara de Diputados, a todos aquellos deportistas ganadores de medalla en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Es importante mencionar que cada cuatro años los mejores atletas del mundo se dan cita en una ciudad previamente elegida para representar a su país en la justa deportiva más importante en la historia.

Con una filosofía y una simbología históricamente forjados a través del enriquecimiento de la tradición deportiva y la sana convivencia reflejada por el olimpismo, los Juegos Olímpicos representan el clímax de la unidad y la paz entre los pueblos; la disciplina, la dedicación y la superación de los seres humanos.

Por otra parte, a partir de 1960 al término de los Juegos Olímpicos se celebran los Juegos Paralímpicos, donde participan aquellos atletas con algún tipo de discapacidad física o mental.

El término paralímpico proviene de la palabra paralelo y significa que son los juegos ``paralelos'' a los Olímpicos. Dicha justa está igualmente llena de valores que elevan la conciencia de los seres humanos al permitir que personas con capacidades diferentes demuestren que son plenamente aptos para competir en la amplia gama de deportes.

El pasado mes de agosto se celebro la XXVIII edición de estos Juegos Olímpicos y en este mes de septiembre se desarrollan los XII Juegos Paralímpicos.

En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en estas justas deportivas de Atenas 2004, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte hemos decidido proponer la realización de este evento, sin hacer distinción alguna entre los deportistas Olímpicos y los Paralímpicos, reconociendo en ambas delegaciones su esfuerzo, dedicación y disciplina.

Reconociendo de esta forma a nuestros deportistas nacionales su gran esfuerzo y digno ejemplo a la sociedad mexicana y en especial de la juventud.

Por lo anterior y con base en lo acordado en la Comisión de Juventud y Deporte, propongo a esta soberanía dicte el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Celebrará una sesión para rendir homenaje y les sea entregado un reconocimiento a los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Atenas, Grecia.

Transitorio

Único. Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte para organizar la sesión de homenaje y entrega de reconocimientos a los medallistas olímpicos y paralímpicos en noviembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2004.--- Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que transfiera la carretera escénica Tijuana-Ensenada al Gobierno del estado de Baja California.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su permiso, señor Presidente. Presento esta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a que transfiera la carretera escénica Ensenada-Tijuana al Gobierno del estado, a nombre del suscrito y también a nombre de los ocho diputados de Acción Nacional que representan al estado de Baja California.

El estado de Baja California por la estructura que tiene y la ubicación geográfica de su territorio, la distribución de sus recursos naturales, la importante afluencia de turismo y sus corrientes migratorias, enfrenta el reto de mejorar y ampliar su red de carreteras. Su ubicación como punto más alejado de la capital del país, le condiciona una circunstancia totalmente diferente a la de la mayoría de las entidades del país.

En Baja California la población en la actividad económica se concentra en la parte norte pegada a la frontera con Estados Unidos y su vida económica en buena medida depende de la relación comercial que hay con Estados Unidos y sobre todo con el estado de California. Además una fuente importante de ingresos es el turismo que en su mayoría proviene de Estados Unidos y que se transporta por carretera.

De acuerdo a las propias autoridades de Comunicaciones y Transportes, la entidad registra un déficit de 2 mil kilómetros de carreteras necesarias, para unir las comunidades de los cinco municipios que componen el estado y por lo que sabemos además el Gobierno del estado no cuenta con los recursos necesarios para resolver el problema que origina la insuficiencia de carreteras.

Como receptor de emigrantes, Baja California invierte más de la mitad de su presupuesto en educación y tiene grandes retos qué resolver en materia de salud y en materia de vivienda.

La carretera escénica Tijuana-Ensenada, administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, fue inaugurada el 23 de abril de 1967 y es una vía de comunicación importante, sobre todo porque facilita el traslado de visitantes, en lo que se ha convertido en un importante corredor turístico.

El año pasado hubo un aforo de 11 mil 994 vehículos y se calcula que tiene un ingreso de 290 millones de pesos.

Es por eso por lo que estamos solicitando que esta carretera, que ya tiene más de 20 años que se construyó y que por lo tanto ya se pagó su inversión, sea transferida al Gobierno del estado, para que así los recursos que genera se queden en beneficio de los estados, porque además hasta donde sabemos no hay una sola inversión ni un solo peso en beneficio de los municipios por los que pasa.

Es cuanto, señor Presidente. Sólo le ruego que la iniciativa que he presentado de manera abreviada en obvio de tiempo, sea transcrita íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a transferir la carretera escénica Tijuana-Ensenada al gobierno del estado de Baja California, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

Como integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, mis compañeros diputados del Partido Acción Nacional y del estado de Baja California: Hidalgo Contreras Covarrubias, Pablo Alejo López, Renato Sandoval, José Guadalupe Osuna, Manuel González Reyes, Ruth Hernández y Eloísa Talavera, y quien presenta esta propuesta, Norberto Corella, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como por la fracción II artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo del Gobierno Federal que transfiera la carretera escénica Tijuana Ensenada al Gobierno del estado de Baja California.

Exposición de Motivos

Sin duda alguna que un elemento fundamental del desarrollo de una región lo representan las carreteras y las vialidades, en la medida en que esta infraestructura es amplia, suficiente y segura para la fluidez que demanda la dinámica del tránsito de personas y mercancías. Las carreteras son un factor que promueve el desarrollo de las comunidades y por su existencia, utilidad y grandeza, son el símbolo de la fuerza económica de la región a la que comunican y enlazan.

En el caso del estado de Baja California, por la estructura y ubicación de su territorio, la distribución de sus recursos naturales, su importante afluencia turística, y sus corrientes migratorias enfrenta el reto de mejorar y ampliar su red de carreteras. Su ubicación como el punto más alejado de la capital del país le condiciona una circunstancia totalmente diferente a la de mayoría de las entidades del país.

En Baja California, la población y la actividad económica se concentran en la parte norte, pegado a la frontera con Estados Unidos y su vida económica en buena medida depende de su relación comercial con el estado de California. Además una fuente importante de ingresos es el turismo que en su mayoría proviene de los Estados Unidos y que se transporta por carretera.

De acuerdo con las propias autoridades de comunicaciones y transportes, la entidad registra un déficit de dos mil kilómetros de carreteras necesarias para unir a las comunidades de los cinco municipios que tiene esa entidad. Pero por lo que sabemos, el gobierno del estado no cuenta con los recursos necesarios para resolver el problema que origina la insuficiencia de carreteras. Como receptor de migrantes que es, Baja California invierte más de la mitad de su presupuesto en educación y tiene grandes retos por resolver en materia de salud.

La carretera escénica Tijuana Ensenada, administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, fue inaugurada el 23 de abril de 1967 y es una vía de comunicación importante, sobre todo porque facilita el traslado de visitantes en lo que se ha convertido en un importante corredor turístico. El año pasado hubo un aforo de 11,994,802 vehículos. No se pudieron obtener los datos de los ingresos que reportó dicha vía, pero si tomamos en cuenta que tiene 3 casetas y cada una cobra $24.00, estos serían cuando menos unos 290 millones en el dado caso de que los vehículos hubiesen hecho un recorrido corto con pago de una sola caseta.

Un antecedente importante es que el 26 de abril de 1996 el entonces Presidente Ernesto Zedillo transfirió la carretera Mexicali La Rumorosa al gobierno del estado.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados, y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Poder Ejecutivo a que transfiera al Gobierno del estado de Baja California la carretera escénica Tijuana Ensenada, actualmente administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 2004.--- Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Bueno, en lugar de eso vamos a ordenar que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Transportes.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta del registro del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, hay un registro de 391 diputadas y diputados, por lo que hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Hay quórum.

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SECTOR AZUCARERO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que informe a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

El diputado Marco Antonio Torres Hernández: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, diputado federal del estado de Veracruz, integrante de la fracción parlamentaria del PRI en esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta al Ejecutivo federal a que informe a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y a la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

Los antecedentes son que ante la eminente crisis que todos ustedes conocen, que vivió el sector azucarero mexicano del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 3 el decreto expropiatorio de 27 ingenios.

El decreto establece que se considerarán actividades que comprenden: siembra, cultivo, cosecha e industrialización. En ese contexto designaría la Secretaría de Agricultura a las personas que administrarían estos bienes expropiados y estarían obligados a levantar inventarios.

Este Fondo de Empresas Expropiadas fue decidido por la Secretaría de Agricultura como organismo que administraría estos 27 ingenios.

Por más de 3 años el fideicomiso antes citado ha estado administrando estos 27 ingenios. No ha dado a conocer el monto al que ascendió el rescate azucarero. El valor real de los ingenios que se expropiaron y los ingresos referentes a la producción de azúcar, miel y alcohol, relativo a las zafras 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004.

A la fecha se desconoce qué hará el Gobierno Federal con los ingenios expropiados, pues en un principio había declarado que los vendería en 2 años y ya pasaron 3.

El gobierno se vio obligado a devolver a manos privadas diversos ingenios al no acreditar a los tribunales la utilidad pública de la expropiación. Los productores únicamente han recibido el pago de liquidaciones y quedan pendientes los apoyos para desarrollar sus cultivos.

La Auditoría Superior de la Federación señala en su informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, no se ajustó a los objetivos de su constitución y carece de mecanismos eficientes que le permita ser transparente en la aplicación, registro y control de los recursos fiscales, como de las ganancias derivadas de la comercialización de azúcar y productos.

El gobierno del Presidente Fox con el fin de dar viabilidad a estos ingenios, colocó los recursos financieros en 2 fideicomisos privados, al resguardo de Nacional Financiera, uno bajo el nombre de Promotora Azucarera, SA, Proasa, y otro como Fideicomiso Comercializador Pico, aun cuando el decreto menciona que la expropiación es de interés público.

De esta forma se abrió la posibilidad de manejar como negocio privado los ingenios azucareros públicos, lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar procesos de transparencia de los recursos federales.

Es menester que los diputados y los contribuyentes conozcamos el destino de miles de millones de pesos de los fideicomisos azucareros, y de ser necesario se hagan las reformas necesarias de fondo al secreto fiduciario para que no existan barreras que nos impidan conocer las acciones, por lo tanto, propongo al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Exhorto al Ejecutivo federal a que informe a este Congreso a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar a este H. Congreso, a través de los organismos correspondientes, acerca de las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y de la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal por el estado de Veracruz Marco Antonio Torres Hernández e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 34, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta al Ejecutivo federal a que informe a este H. Congreso a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del fondo de empresas expropiadas del sector azucarero.

Antecedentes

Ante la inminente crisis que vivía el sector azucarero mexicano, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación, publicó en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de septiembre del año 2001, el Decreto por el que se expropian 27 Ingenios Azucareros.

Como parte fundamental de la exposición de motivos de este decreto expropiatorio se menciona que el Gobierno Federal buscará que la buena y honesta administración sea el común denominador de la agroindustria azucarera de la nación, eliminando las prácticas indebidas del pasado, que han afectado profundamente a este sector.

El decreto también establece que se considerarán a las actividades que comprende la agroindustria azucarera como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar como de interés público.

En este mismo contexto el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación designaría las personas que administrarían estos bienes expropiados y estarían obligados a levantar el inventario de los bienes.

En uso de sus facultades, la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, decidió que el organismo que administraría estos 27 ingenios sería un fideicomiso, denominado Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

CONSIDERANDOS

Que por más de tres años en que el Fideicomiso antes citado ha estado administrando estos 27 ingenios, no ha dado a conocer el monto al que ascendió el rescate azucarero, el valor real de los ingenios que se expropiaron y los ingresos referentes a la producción de azúcar, mieles y alcohol, relativo a las zafras del 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.

Que a la fecha se desconoce que hará el Gobierno Federal con los ingenios expropiados, pues en principio habían declarado que los vendería en dos años y ya pasaron tres.

Que el Gobierno se vio obligado a devolver a manos privadas diversos ingenios al no acreditar en los tribunales la utilidad pública de la expropiación.

Que los productores únicamente han recibido el pago de sus liquidaciones, aún quedan pendientes para el fomento de la Agroindustria Azucarera el otorgamiento de crédito avío, de socas y resocas, siembras nuevas y fertilización para aumentar el rendimiento, todo esto para beneficio de los productores cañeros.

Que la Auditoría Superior de la Federación señala en su informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero no se ajustó a los objetivos de su constitución y carece de mecanismos de control eficientes que le permitan ser transparente en la aplicación, registro y control, tanto de los recursos fiscales otorgados como de las ganancias derivadas de la comercialización de azúcar y subproductos.

Que el Gobierno del Presidente Vicente Fox con el fin de dar viabilidad a estos ingenios, colocó los recursos públicos en dos fideicomisos privados al resguardo de Nacional Financiera, uno bajo el nombre de Promotora Azucarera Sociedad Anónima Proasa, y otro como Fideicomiso Comercializador Fico, aún cuando el decreto menciona que todo lo relativo a la expropiación es de interés público.

Que de esta forma se abrió la posibilidad de manejar como negocio privado los ingenios azucareros públicos.

Que lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar procesos de transparencia en los recursos federales del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, de la promotora Azucarera, del Fideicomiso Comercializador y de la Financiera Nacional Azucarera.

Que los titulares de los fideicomisos deben explicar por qué a la fecha no se conocen las cifras reales, aún cuando ha sido una petición constante de mis compañeros legisladores quiénes a través de diversos puntos de acuerdo han solicitado el estatus actual de los organismos que dirigen.

Que es menester que los diputados y los contribuyentes conozcamos el destino de miles millones de pesos de los fideicomisos azucareros y, de ser necesario se hagan reformas de fondo al secreto fiduciario para que no existan barreras que nos impidan conocer las acciones que se han llevado a cabo con recursos públicos.

Que la rendición de cuentas de la que tanto presume nuestro Presidente debe garantizar que el Gobierno Federal cumpla con el mandato de transparencia, honestidad y eficacia.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud del desconocimiento de los manejos y de las cifras del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, que nos dan indicios certeros por las zafras récord que han registrado desde que asumieron la conducción y administración de los mismos, que existen los suficientes recursos para que cumplan los compromisos del Poder Ejecutivo federal con el sector azucarero, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que informe a este H. Congreso a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del fondo de empresas expropiadas del sector azucarero.

H. Salón de Sesiones, a 23 de septiembre de 2004.--- Dip. Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Marco Antonio Torres Hernández.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ESTADO DE TLAXCALA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Tlaxcala.

El diputado José Juan Bárcenas González: Con su permiso Presidente.

El suscrito Juan Bárcenas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propone el siguiente punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Tlaxcala.

La democracia electoral en México no es producto de una azarosa conjugación de circunstancias, por el contrario es el resultado directo del esfuerzo acumulado durante generaciones, es gracias a esta perseverancia de la vocación democrática de los mexicanos, que hoy en día las elecciones que se realizan en este país, no están tachadas desde su origen de ilegítimas o amañadas, sin embargo, la tarea no está terminada, los tiempos inéditos que hoy se viven en Tlaxcala, hacen suponer de manera fundada, que nuestra democracia electoral se prepara para hacer frente a un reto hasta ahora inédito.

El vínculo conyugal entre un gobernador y una de las candidatas a sucederlo, debemos dejar en claro un tema fundamental, al ser la senadora Maricarmen Ramírez, candidata a suceder a su marido, el mal ya está hecho, porque la falta de equidad en la campaña, no surgirá de hoy en adelante, surgió en el momento mismo, en el que ella en su calidad de esposa del gobernador, estuvo en condiciones de planear una campaña, desde una posición de privilegio.

Para los diputados de Acción Nacional y para los tlaxcaltecas, es claro que ninguna licencia, ni ningún permiso de ausencia del gobernador, eliminan el problema ético y político provocado por la ciega e irreductible ambición de la pareja Sánchez Ramírez, hasta para el observador mejor intencionado, resulta obvia e ilegítima la ventaja que tiene la esposa del gobernante, por encima de los demás candidatos.

En este sentido, es acertado afirmar que la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de recursos públicos, no incurre en violación alguna al procedimiento electoral, ya que no interviene políticamente en el desarrollo de éste y mucho menos influye en el resultado, respetando así la autonomía de los comicios electorales y las facultades de los órganos creados para dicho fin.

En virtud de estas consideraciones solicito al pleno de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se apruebe la creación de una Comisión Especial de observación plural de legisladores que acuda al estado de Tlaxcala a observar y dar testimonio del desarrollo de proceso electoral que se celebrará el próximo 14 de noviembre.

Segundo. Que entre las actividades a desarrollar por la comisión a que se alude en el numeral que antecede y con respeto a la soberanía del estado de Tlaxcala, impere la de vigilar la legalidad, la imparcialidad y el respeto irrestricto de la voluntad popular, así como la de atender que no se desvíen recursos públicos en forma indebida para actividades electorales.

Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del estado.

Se solicita el trámite de urgente resolución con fundamento en el artículo 59 y por obvias razones. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN

Los abajo firmantes diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en razón de las siguientes

Consideraciones

La democracia electoral en México no es producto de una azarosa conjugación de circunstancias, por el contrario: es el resultado directo del esfuerzo acumulado durante generaciones. Es gracias a esa perseverancia de la vocación democrática de los mexicanos que hoy en día, las elecciones que se realizan en este país, no están tachadas desde su origen de ilegítimas o amañadas.

Sin embargo, la tarea no está terminada. Los tiempos inéditos que hoy se viven en Tlaxcala hacen suponer de manera fundada que nuestra democracia electoral se prepara para hacer frente a un reto hasta ahora inédito: el vínculo conyugal entre un gobernador y una de las candidatas a sucederlo.

En Acción Nacional estamos convencidos que la actuación del Parlamento no debe traducirse en un freno, sino en un factor de equilibrio, es por eso que las facultades de la Cámara de Diputados, llámense legislativas, presupuestales, fiscalizadores o de control, deben de estar al servicio del respeto de la voluntad popular, dentro de los principios de legalidad y equidad. Es en este sentido que se vuelve legítima y oportuna la solicitud de crear una Comisión Especial para vigilar el próximo proceso electoral del estado libre y soberano de Tlaxcala.

Los resultados electorales de la contienda presidencial del año 2000, permitieron a México alcanzar uno de los aspectos centrales de aquello que los teóricos identifican como el umbral de un proceso de consolidación democrática: la alternancia. Esto en sí ya es un avance, pero aún es necesario trabajar en diversos frentes, a fin de poder continuar avanzando en el largo camino de la democracia. Uno de esos frentes, sin lugar a dudas, son los procesos electorales que se realizan cada año a lo largo y ancho del país.

La democratización supone la institucionalización de las reglas del juego democrático, ello implica que en los procesos de toma de decisiones exista la probabilidad de que las distintas opciones políticas encuentren un espacio de expresión, pero sin violentar, lacerar o cercenar la equidad en la contienda y la responsabilidad de cara a la ética política.

En este orden de ideas, el Poder Legislativo es el espacio de expresión y conformación más nítido de la voluntad popular, ya que además de servir como contrapeso frente a los otros poderes, es un vínculo directo entre el pueblo y los gobernantes, para defender la soberanía y promover la democracia.

Ante el próximo proceso electoral del estado de Tlaxcala, es menester que sea fin esencial de los mexicanos perfeccionar la democracia, y para lograr lo anterior es necesario que se garantice la seguridad jurídica, antes, durante y después del proceso electoral, así como velar por que los recursos económicos otorgados por la Federación no se desvíen o distraigan en fines personales o particulares.

Sin embargo, debemos dejar en claro una tema fundamental: al ser la senadora Maricarmen Ramírez candidata a suceder a su marido, el mal ya está hecho, porque la falta de equidad en la campaña no surgiría de hoy en adelante; surgió en el momento mismo en el que ella, en su calidad de esposa del gobernador, estuvo en condiciones de planear una campaña desde una posición de privilegio. Para los diputados de Acción Nacional, es claro que ninguna licencia, ni ningún permiso de ausencia eliminan el problema ético y político provocado por la ciega e irreductible ambición de la pareja Sánchez-Ramírez. Hasta para el observador mejor intencionado resulta obvia e ilegítima la ventaja que tiene la esposa del gobernante, por encima de los demás candidatos.

Sólo la certeza y transparencia en el uso de los recursos públicos en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero Estado de derecho con el cual podamos caminar al desarrollo sustentable que tanto necesitamos los mexicanos.

En este sentido es acertado afirmar que la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales no incurre en violación alguna al procedimiento electoral, ya que no interviene políticamente en el desarrollo de éste y mucho menos influye en el resultado, respetando así la autonomía de los comicios electorales y las facultades de los órganos creados para dicho fin.

En tal contexto, es ineludible el respeto a los principios aducidos, los cuales tienen como fuente de inspiración el imperio de la ley, y que obliga a todos y particularmente a los órganos encargados de su aplicación, a cursar y expresar sus actos conforme los mecanismos, normas e instituciones jurídicas previamente diseñadas para que sus decisiones sean legales. Lo contrario cancela la esencia de la democracia

En virtud de las consideraciones expuestas, solicitamos al Pleno de esta soberanía el siguiente

Se solicita el trámite de urgente resolución con fundamento en el artículo 59, a cuyo efecto se presenta esta proposición con la debida oportunidad acompañado de su archivo en versión electrónica.

Punto de Acuerdo

Primero. Se aprueba la creación de una Comisión Especial de observación plural de legisladores que acuda al estado de Tlaxcala a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 14 de noviembre.

Segundo. Que entre las actividades a desarrollar por la Comisión a que se alude en el numeral que antecede, y con respeto a la soberanía del estado de Tlaxcala, impere la de vigilar la legalidad, la imparcialidad y el respeto irrestricto de la voluntad popular, así como la de atender que no se desvíen recursos públicos en forma indebida para actividades electorales, todo ello con el fin de coadyuvar al buen desarrollo del proceso electoral en el estado de Tlaxcala.

Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del estado de Tlaxcala de la integración de la Comisión Especial, para el debido cumplimiento de sus actividades.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2004.--- Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado José Juan Bárcenas. El artículo 34 de nuestra Ley Orgánica que usted conoce también, le otorga facultades a la Junta de Coordinación Política para que sugiera la creación de comisiones especiales. Luego entonces, no podría aceptar el trámite de urgente y obvia resolución. Esta Presidencia, con estos argumentos turna su proposición a la Junta de Coordinación Política.

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PROYECTO PETROQUIMICO FENIX

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, para que determine que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El suscrito diputado Gonzalo Guízar Valladares, a nombre propio y en representación de los diputados federales de las bancadas del PRI, PAN, PRD, Convergencia por la Democracia, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, de la LIX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

México, en el contexto de la globalización, se enfrenta a retos inmediatos asociados a la competitividad en el mercado internacional, al impulso de las empresas para generar mayores tasas de ahorro y al fortalecimiento de programas y proyectos que permitan que el crecimiento económico se transforme en beneficios directos para la población y se materialice principalmente en aquellas regiones más necesitadas. Es por ello que proyectos como El Fénix, cuyo cometido es la producción de 1 millón de toneladas por año de etileno y propileno para la elaboración de por lo menos 2 millones de toneladas anuales de derivados, permitiría revertir en gran parte el déficit de la balanza comercial en la importación de petroquímicos.

En 1991, las importaciones eran de mil 600 millones de dólares y para el 2003 se dispararon hasta 625 por ciento, alcanzando los 10 mil millones de dólares. Ante ello, informo a ustedes y solicito su moción para que, tomando como base los estudios técnicos y económicos realizados, el proyecto de petroquímica secundaria El Fénix, que permitirá ahorrar aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales en importaciones, sea localizado en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, por garantizarse en esa zona, objetivos múltiples. Ahí se cuenta con insumos de calidad a precios competitivos, instalaciones adecuadas, recursos tecnológicos de vanguardia y el más adecuado nivel de desarrollo técnico en la región.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Energía e industria paraestatal por medio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, realice lo conducente para determinar que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix, se ejecute en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Segundo. Se cree una Comisión Especial plural de diputados, a efecto de que por sus características de coinversión e inyección de valor agregado a la materia prima, este proyecto tenga un seguimiento constante en todas sus fases, pues en ello se condiciona el futuro económico y social de nuestras regiones menos desarrolladas.

En virtud del tiempo, señor Presidente, le ruego se publique en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a determinar que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Gonzalo Guízar Valladares, a nombre propio y en representación de diputados federales de las bancadas del PRI, PAN, PRD, Convergencia por la Democracia, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo de de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

México, en el contexto de la globalización, se enfrenta a retos inmediatos asociados a la competitividad en el mercado internacional, al impulso de las empresas para generar mayores tasas de ahorro y al fortalecimiento de programas y proyectos que permitan que el crecimiento económico, se transforme en beneficios directos para la población y se materialice principalmente en aquellas regiones más necesitadas.

El sector petrolero, pilar del crecimiento económico de este país y de las finanzas públicas, requiere un impulso de innovación y transformación, que está relacionado con sus necesidades de inversión-financiamiento, bajo esquemas múltiples donde los sectores público y privado participen conjuntamente para revertir rezagos que en la capacidad instalada se tiene; los proyectos estratégicos que se deriven, además deben de ser congruentes con las necesidades de transformación de nuestro petróleo crudo y gas natural en productos derivados, los cuales actualmente se importan ocasionando con ello, déficit permanentes en nuestra balanza petrolera y costos elevados para nuestro mercado interno.

Es por ello que proyectos como el Fénix, un proyecto cuyo cometido es la producción de un millón de toneladas por año de etileno y de propileno, para la elaboración de por lo menos dos millones de toneladas anuales de derivados, permitiría revertir en gran parte el déficit de la balanza comercial en la importación de petroquímicos: en 1991 las importaciones eran de 1,600 millones de dólares y para el 2003 se dispararon hasta 625 por ciento, alcanzando los 10,000 millones de dólares.

Este proyecto toma una gran relevancia para satisfacer objetivos múltiples, en materia de generación de divisas, fortalecimiento del ahorro y el mercado interno, satisfacción de la demanda a un menor costo, garantía de insumos constantes y más que esto, apertura y expansión de nuestro mercado internacional. el Fénix es un proyecto que debe de contar con todo nuestro apoyo para que en su localización se aproveche la disponibilidad de servicios auxiliares existente, la mano de obra especializada, el aprovechamiento permanente de los insumos requeridos como es el caso de la gasolina o el gas natural, el acceso marítimo al mercado externo, el acceso terrestre al mercado interno y su vinculación con otros proyectos económicos regionales de gran envergadura.

Ante ello, informo a ustedes y solicito su moción para que tomando como base los estudios técnicos y económicos realizados, el proyecto de petroquímica secundaria el Fénix ---que permitirá ahorrar cuando menos cuatro mil millones de dólares anuales en importaciones---, sea localizado en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, por garantizarse en esa zona los objetivos múltiples señalados; ahí se cuenta con insumos de calidad a precios competitivos, instalaciones adecuadas, recursos tecnológicos de vanguardia y el más adecuado nivel de desarrollo técnico en la región.

Además, se destaca la infraestructura existente en la zona del mismo Pemex, que cuenta con capacidad de almacenamiento que opera actualmente al 60 por ciento; aunado a esto, se encuentran las ventajas naturales que ofrece Coatzacoalcos por su ubicación, al tener conexión con los estados de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Asimismo, cuando nos comparamos con la costa norteamericana del Golfo de México, que es nuestro principal mercado de referencia, los estimados de costo de los principales derivados petroquímicos resultan ser muy competitivos.

Además de la ventaja que ofrece el mercado, el proyecto se podrá beneficiar de importantes sinergias localizadas en Coatzacoalcos. Para empezar, el complejo contará con un suministro asegurado de gasolinas naturales, su materia prima principal, cuyo abastecimiento y logística siempre han sido bien manejados.

De igual manera, el proyecto podrá aprovechar la infraestructura petroquímica y de refinación, tales como servicios de mantenimiento y de laboratorio, al igual que personal técnico que puede apoyar el funcionamiento de las nuevas plantas. Lo que permitirá reducir los costos de capital y de operación.

Por su parte, los costos de construcción son mucho menores respecto a los de otras localizaciones de la misma zona del Golfo de México.

No sólo eso, sino también este proyecto por su localización en esta zona permitiría beneficios directos e indirectos para los estados de la región sur-sureste, en una mayor derrama que se volvería multiplicadora de la inversión y apoyaría otros proyectos considerados dentro del Plan Puebla-Panamá, así como del proyecto ferroviario que seguramente en un futuro atravesará el Istmo de Tehuantepec, permitiendo así un desplazamiento de productos comercializados en la región de la Cuenca del Pacífico.

Actualmente existen empresas como Base II de Holanda, Nova de Canadá, Repsol de España, Sabic de Arabia Saudita, ENI de Italia así como a Dow, Chevron Phillips y Exxon Mobil de Estados Unidos; Alfa, Idesa y Primes de México, que compiten por la construcción de proyecto y la administración del mismo; la inversión caerá en un componente de 30 a 50 por ciento del sector público y el restante del sector privado, para funcionar como una sociedad anónima normal; cualquiera que sea el esquema, la rectoría estatal debe garantizar que se atienda con las mayores ventajas del interés público, definido aquí como aquel interés donde se privilegia en primera instancia las necesidades nacionales y regionales y la viabilidad del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto , nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo, a efecto de que la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal por medio de la dirección general de Petróleos Mexicanos realice lo conducente para determinar que la construcción del mega proyecto petroquímico Fénix se ejecute en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Segundo.- Se crea una Comisión Especial plural de diputados, a efecto de que por sus características de co-inversión e inyección del valor agregado a la materia prima, este proyecto tenga un seguimiento constante en todas sus fases, pues en ello se condiciona el futuro económico y social de nuestras regiones menos desarrolladas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre del 2004.--- Diputados: Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Jorge Uscanga Escobar (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Amalín Yabur Elías (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Teofilo Manuel García Corpus (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Ángel Heladio Aguirre Rivero (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Romulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Galvez (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Tomas Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), Quintín Vázquez García (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escarraga (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Jorge Roberto Ruíz Esparza Oruña (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Campos Eugenio Mier y Concha (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), José Luis García Mercado (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica), Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Francisco Juan Avila Camberos (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Francisco Javier Guizar Macías (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Francisco Agustín Arroyo Vieyra (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Guillermo Huizar Carranza (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Pedro Avila Nevárez (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), Gilberto Ensastiga Santiago (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), José Jesús Vázquez González (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Omar Ortega Alvarez (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Guízar. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Energía.

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ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a través de su Secretaría de Salud, para que suscriban un convenio a efecto de que el Hospital Naval ubicado en el municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Salud, y de Marina a suscribir un convenio de colaboración, con el propósito de que el Hospital Naval ubicado en Frontera, municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las consideraciones que expondré, someto a la aprobación de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía exhorte a las Secretarías de Salud y de Marina para que suscriban un convenio de colaboración para que el Hospital Naval ubicado en Frontera, municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a población abierta.

La situación que prevalece en la región sureste de nuestro país, como todos sabemos, presenta los niveles más acentuados de marginación en relación con el resto del país, los indicadores de desarrollo social en todos los rubros, reclaman de una acción inmediata y eficaz del Estado, para que al menos, se homologuen con los de otras regiones de nuestra nación.

Cabe entonces, para los efectos de esta proposición ofrecer algunos datos oficiales, destaca que la mortalidad infantil en la región es de 29 defunciones por cada mil nacidos vivos contra el 25 a nivel nacional; la desnutrición infantil es de 14.9 % contra el 9.9 % en el orden nacional. Existen en esta región 120 médicos por cada 100 mil habitantes, un promedio que contrasta con el resto del país.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Esta Cámara, como parte del Estado, en el marco de sus competencias no puede bajo ese imperativo Constitucional, ser indiferente ante lo que suceda en cada región del país, por el contrario, debe desplegar los recursos jurídicos e institucionales para atender las necesidades más apremiantes de la población, y orientar en su ejercicio al Poder Ejecutivo Federal.

En el municipio de Centla, Tabasco, que cuenta con una población de más de 88 mil habitantes, se está presentando un hecho que exige un pronunciamiento de esta soberanía, y la atención pronta y eficaz del Ejecutivo Federal.

Anualmente en ese municipio se están realizando 757 traslados a hospitales de Villahermosa, Tabasco, cifra registrada que definitivamente es mayor, con los riesgos a la salud que estos implican y las erogaciones adicionales para las familias y el Gobierno del Estado, siendo que en la cabecera municipal del municipio de Centla, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Marina cuenta con un hospital para atenderlos ahí.

Este hospital de la Secretaría de Marina fue construido en 1999 para atender a una población de 9 mil habitantes, cuenta con instalaciones modernas con tecnología de punta, 24 camas censables, 10 consultorios médicos, dos quirófanos, sala de expulsión, terapia intensiva, laboratorio, rayos X, planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera.

Llama la atención que en 2001, con la regionalización de los servicios de la armada, 4 mil marinos además de sus familias fueron trasladados a Campeche, quedando las instalaciones del Hospital Naval en un estado de subutilización, frente a grandes carencias en servicios de atención a la salud que padece la población del municipio de Centla.

Por todo lo expuesto y bajo las siguientes consideraciones:

Primera

Que de los 88 mil habitantes con que cuenta el municipio de Centla, Tabasco, el 74% es población no derechohabiente. Y que la salud es un valor fundamental e indispensable para el bienestar de las comunidades humanas y condición indispensable para su desarrollo.

Segunda

Que el municipio de Centla, Tabasco, sólo cuenta con un centro de salud que data de 1955, y presta únicamente servicios de laboratorio, Rayos X, Odontología, Consulta Externa y vacunación.

Tercera

Que la población del municipio de Centla, Tabasco, requiere de las 24 horas del día de quirófanos, laboratorio, rayos X, y los servicios de las cuatro especialidades básicas, tales como ginecoobstetricia, cirugía general, medicina interna y pediatría.

Cuarta

Que la Secretaría de Salud, mantiene convenios de colaboración con otras instancias federales, como el IMSS y el ISSSTE, con el fin de prestar atención médica a población abierta.

Por todo lo anterior, los diputados priístas que suscribimos, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Que las Secretarías de Salud y Marina, suscriban un convenio de colaboración a efecto de que el Hospital Naval, ubicado en el municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, utilizando sus instalaciones, personal y equipo, en los términos en que ambas convengan.

Dip. Francisco Herrera León (rúbrica).»

Túrnese a las Comisiones de Marina y de Salud.

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PROGRAMA OPORTUNIDADES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para que evalúe y en su caso reconsidere los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia del programa Oportunidades.

La diputada María Guadalupe García Velasco: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y, en su caso, reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia en el programa Oportunidades.

En mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía, un punto de acuerdo para girar atento exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social sobre una cuestión de auténtico interés nacional; y para ello es que me permito expresar la siguiente

Exposicion de Motivos

El programa de desarrollo humano Oportunidades tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación.

La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como el bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad.

Si atendemos a la definición de salud expuesta por la OMS, nos damos cuenta que el programa Oportunidades, entiende la salud únicamente como la ausencia de enfermedad, sin considerar el bienestar físico psíquico y social de la persona, lo que impide que el objetivo del programa se realice al 100%.

Por ello, es importante entender que para alcanzar mejores niveles de bienestar, se requiere avanzar en el componente educativo. Si bien es cierto que actualmente se busca apoyar a más niños y jóvenes con becas educativas y/o útiles escolares para incentivar el ingreso y permanencia de los mismos en las escuelas, siendo este un logro importante, no es suficiente para propiciar los niveles de bienestar antes mencionados.

Por lo anterior, es necesario que los padres de familia reciban orientación para, de esta manera, apoyen de manera efectiva e integral el proceso educativo de sus hijos, para ello, es importante que los padres reciban platicas no solo orientadas a la salud, nutrición e higiene, sino también a la formación humana, desarrollo personal, fomento de los valores universales y prevención y combate a las adicciones; pues es bien sabido que la principal educación se recibe en el hogar.

El programa Oportunidades cuenta con un sistema de contraloría, supervisión y evaluación del impacto, pero requiere que considere en su evaluación los aprendizajes adquiridos por las personas inscritas en el programa con el fin de garantizar que el círculo educativo se realice de manera positiva y tenga repercusiones en el seno familiar y no solo en las instituciones a dónde asiste el alumno.

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y en su caso reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos que mensualmente deben de tomar los padres de familia inscritos en el programa Oportunidades ya que actualmente sólo se enfocan a salud y nutrición.

Segundo.- Que la coordinación del programa Oportunidades considere la participación de otras instancias como SEP y DIF, para complementar y desarrollar temas relacionados con la formación humana, desarrollo personal, fomento de los valores universales así como la prevención y el combate a las adicciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro México, DF, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. María Guadalupe García Velasco (rúbrica).»

Eso es todo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

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PROGRAMA ANUAL CARRETERO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, que dentro del Presupuesto de Egresos para 2005, consideren en el programa anual carretero del país, apoyar con 250 millones de pesos el proyecto de supercarretera Durango-Mazatlán.

El diputado Jaime Fernández Saracho: Con su permiso, señor Presidente.

Los suscritos, diputados federales por el estado de Durango, Francisco Luis Monárrez Rincón, Pedro Avila Nevárez, Rosario Sáenz López, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Fernando Ulises Adame y el de la voz, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

La supercarretera Durango-Mazatlán, constituye una importante vía de comunicación que forma parte del eje troncal número 5, que conecta el océano Pacífico con el golfo de México, entre las ciudades de Mazatlán, Sinaloa y Matamoros, Tamaulipas, con una longitud total de mil 7 kilómetros y que con la construcción y modernización del tramo Durango-Mazatlán, interconectará los ejes troncales número 1 México-Tijuana; número 3 Querétaro-México; número 2 México-Saltillo y número 8 Veracruz-Nuevo Laredo, y cuyos datos técnicos y especificaciones de construcción y de avance por tramos se encuentran detallados en este documento, del cual solicito su publicación íntegra.

La terminación de esta magna obra es de vital importancia, ya que trae consigo un sinnúmero de beneficios, no sólo para los dos estados que se interconectarán directamente, sino para toda la región centro-norte del país. Además de constituir una infraestructura nacional, coadyuvará al desa-rrollo económico regional de los estados de Sinaloa, Durango, Culiacán, Nuevo León y Tamaulipas, que se comunicarán con el sur de Estados Unidos de América, ya que con la posibilidad de un desarrollo portuario en Mazatlán, Sinaloa, será más ágil el desembarque y más rápido el tráfico de mercancías de la cuenca del Pacífico con los estados del sur de la Unión América, como California, Arizona, Texas, Nuevo México y otros estados de la República.

Cabe mencionar que todas las especificaciones técnicas y de avance como ya se comunicó, serán entregadas para su publicación íntegra y que las comisiones correspondientes tomen nota del asunto.

Por lo anterior, solicito a los titulares de las Comisiones de Comunicación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que se considere en el programa anual carretero del país, apoyar con 700 millones de pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán y que quede establecido el compromiso de continuidad de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2005.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 consideren en el programa anual carretero del país apoyar con 250 millones de pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado de Durango, Francisco Luis Monárrez Rincón, Pedro Ávila Nevárez, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa y Fernando Ulises Adame de León, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, para solicitar a los Titulares de las Comisiones de Comunicaciones y Presupuesto y Cuenta Pública, para que se considere en el Programa Anual Carretero del País apoyar con 250 Millones de Pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, y que quede establecido el compromiso de continuidad de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Exposición de Motivos

Esta importante vía de comunicación forma parte del eje troncal número 5 que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México, entre las ciudades de Mazatlán, Sinaloa y Matamoros, Tamaulipas, con una longitud total de 1007 kilómetros, y que con la construcción y modernización del tramo Durango-Mazatlán, interconectará los Ejes Troncales Número 1, México-Tijuana; 3 Querétaro-México: 2 México-Saltillo y 8 Veracruz-Nuevo Laredo.

Tanto para el estado de Durango como para Sinaloa, la terminación de esta magna obra es de vital importancia, ya que traerá consigo un sin número de beneficios no sólo para los dos estados que interconecta directamente, sino para toda la región centro y norte del país, como son el abatimiento en los costos del transporte, reducción del tiempo de recorrido, elevación de los parámetros de seguridad.

Además de coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades por las que atravesará, al facilitar el acceso de sus habitantes a los servicios de educación, salud, así como generar y promover el intercambio de bienes y servicios y sobre todo facilitará la continuidad y fluidez al tránsito de largo itinerario nacional o regional, al evitar su paso por las áreas urbanas.

Esta gran obra actualmente cuenta con significativos avances, como lo son: la terminación al 100 % del tramo del kilómetro 0+500 al kilómetro 8+500 y los Distribuidores Viales 5 de Mayo y Morelos, ambos a cargo del gobierno del estado, que juntos forman parte del Libramiento Periférico Norte de la Ciudad de Durango, logrando con ello la interconexión de las principales carreteras que comunican a esta ciudad, proporcionando un flujo más ágil a los vehículos de carga, pasaje y turismo procedentes de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, hacia el Estado de Sinaloa y de ahí hacia el sur de Estados Unidos.

De igual manera, se tiene avance físico del 100% en el tramo comprendido del kilómetro 9+000 al 21+650, así como la totalidad del Ramal de Liga, hasta el Salto Pueblo Nuevo, Durango, y conectarla con la Carretera Federal No. 40, cuyos trabajos correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo que corresponde a los tramos del kilómetro 21+650 al kilómetro 33+088 y del kilómetro 33+500 al kilómetro 44+500, estos se encuentran en proceso de construcción y cuentan con avance promedio del 42%, obras que corren a cargo del gobierno del estado y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.

De igual forma se tiene el Puente denominado Neverías, con un avance físico de 58% y el Puente Río Chico, con un avance físico de 42%.

Dichas obras se vienen realizando con aportaciones iguales del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno del estado de Durango, en la que se llevan realizando inversiones por un monto mayor de 700 millones de pesos, durante los años 2002 y 2003 y, para el presente año 2004 se le invirtió 217 millones con el apoyo de esta soberanía para el ejercicio presupuestal del año en curso.

Con este antecedente como referencia, se solicita la aprobación de un apoyo de 250 millones de pesos para el ejercicio de 2005, y más cuando ahora se contempla la viabilidad de construir un desarrollo portuario en Mazatlán, Sinaloa, para aligerar la sobrecarga de contenedores en el puerto de Manzanillo, Colima, que por el sobre cupo tiene una tardanza de hasta 72 horas, para desembarcar las mercancías e importaciones.

Con el apoyo y la autorización de este honorable Congreso, dichos recursos ayudarían sustancialmente en la conclusión de este importante proyecto carretero, sobre todo del tramo que comprende del kilómetro 76+000 al kilómetro 93+000, correspondientes al tramo operativo comprendido entre las poblaciones Llano Grande-El Salto, ambos en el estado de Durango, tramo al que se destinaría esta partida presupuestal.

En este tenor, nos permitimos someter respetuosamente a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a los titulares de las Comisiones de Comunicaciones y Presupuesto y Cuenta Pública, para que se considere en el Programa Anual Carretero del País apoyar con 250 millones de pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, y que quede establecido el compromiso de continuidad de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Diputados: Francisco Luis Monárrez Rincón, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Pedro Ávila Nevárez, Fernando Ulises Adame de León (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Fernández Saracho.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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MIGRANTES MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada doña Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidarice con los familiares de nuestros connacionales que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Columbus, Ohio, Estados Unidos de América y se exhorte al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dé seguimiento a las investigaciones respectivas.

La diputada María Guadalupe Suárez Ponce: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Usted la tiene, diputada Suárez Ponce.

La diputada María Guadalupe Suárez Ponce: Gracias.

En nombre de los diputados federales del estado de Guanajuato integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, su servidora, la diputada Guadalupe Suárez Ponce, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados se pronuncie enérgicamente en contra de los recientes y lamentables acontecimientos ocurridos en la frontera y en la ciudad de Columbus, Ohio, en base a las siguientes consideraciones:

En septiembre del año en curso se suscitaron una serie de eventos que han conmocionado a la sociedad mexicana, pues han constituido actos deleznables violatorios de los derechos humanos y de una multiplicidad de instrumentos internacionales que protegen a los migrantes en el mundo de actos de xenofobia y racismo que aún se registran en comunidades del país vecino en contra de mexicanos por su tránsito por los Estados Unidos.

Primero, lo acontecido en Columbus, Ohio, en donde en un incendio el 12 de septiembre fallecieron 11 mexicanos; el segundo, lo acontecido en el río Bravo, donde 6 migrantes mexicanos fueron obligados por la patrulla fronteriza estadounidense a regresar a nado por dicho afluente, lo cual provocó que 3 mujeres perdieran la vida. Ambos eventos se marcan en actos que evidencian una actitud generalizada de oprobiosa inobservancia a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Adicionalmente uno de los principales instrumentos del memorandum de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, es el Programa de Repatriación Voluntaria.

Nuestros connacionales son gente de trabajo que buscan mejorar sus condiciones de vida y que merecen un trato justo, respetuoso y tolerante por parte de las autoridades estadounidenses, toda vez que la aportación que realizan a la economía y a la sociedad de ese país es de la mayor importancia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. Los diputados integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, nos solidarizamos con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en los acontecimientos antes citados.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, den seguimiento e informen a esta soberanía sobre las investigaciones respectivas y les sea brindado todo el apoyo necesario a los familiares de los connacionales que fallecieron en tan lamentables hechos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión eleva una enérgica protesta en contra de los lamentables acontecimientos ocurridos en la frontera de Estados Unidos de América y en Columbus, Ohio y se pronuncia a favor de la promoción y defensa de los derechos de nuestros hermanos migrantes.

Firman los diputados federales del estado de Guanajuato. Por su atención, gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con los familiares de los connacionales muertos en el incendio ocurrido en Columbus, Ohio, Estados Unidos de América y se exhorta al Ejecutivo federal a dar seguimiento, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las investigaciones respectivas, a cargo de la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de los recientes y lamentables acontecimientos ocurridos en la frontera y en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos de América, con base en las siguientes

Consideraciones1. En septiembre del año en curso se suscitaron una serie de eventos que han conmocionado a la sociedad mexicana pues han constituido actos deleznables, violatorios de los derechos humanos y de una multiplicidad de instrumentos internacionales que protegen a los migrantes en el mundo de los actos de xenofobia y racismo que aún se registran en comunidades del país vecino, en contra de mexicanos en su tránsito por Estados Unidos de América.

2. Dichos actos se refieren, en primer lugar, a lo acontecido en Columbus, Ohio, el pasado 12 de septiembre, donde en un incendio supuestamente inducido, fallecieron 11 mexicanos que compartían un departamento de dos habitaciones ubicado en un edificio de tres plantas en donde vivían unas 50 familias, en su mayoría inmigrantes.

3. En segundo lugar, lo específicamente acontecido en los cauces del Río Bravo donde seis migrantes mexicanos fueron obligados por la Patrulla Fronteriza estadounidense a regresar a nado por dicho afluente, lo cual provocó que tres mujeres perdieran la vida.

4. Ambos eventos se enmarcan en actos que evidencian una actitud generalizada de oprobiosa inobservancia a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país.

5. Adicionalmente, uno de los principales instrumentos que norman la cooperación bilateral en lo que se refiere a la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en su tránsito por Estados Unidos de América, es el Programa de Repatriación Voluntaria en vigor hasta el 30 de septiembre del año en curso. Este programa emana directamente del ``Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de los Nacionales Mexicanos'', signado el 20 de febrero de 2004 en la Ciudad de México.

6. El propósito fundamental de dicho acuerdo bilateral es el de proteger la vida de los migrantes mexicanos y verificar que, en presencia de situaciones que la pongan en peligro, se proceda a una repatriación voluntaria a sus lugares de origen siendo éste derecho, a todas luces, violentado por las acciones de la Patrulla Fronteriza en el caso particular del río Bravo.

7. La reducción de la violencia en la frontera es también objeto del ``Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en contra de la Violencia Fronteriza'' y el ``Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza'', siendo ambos instrumentos signados por los Gobiernos de México y de Estados Unidos de América.

8. Adicionalmente, existen diversas Convenciones Internacionales que salvaguardan los derechos humanos de los migrantes, y que en este caso particular, han sido desatendidas por las autoridades estadounidenses. Es el caso de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de la Organización de las Naciones Unidas y muchas otras aplicables.

9. En lo que se refiere al evento acontecido en la Ciudad de Columbus, Ohio, funcionarios del Consulado Mexicano informaron que el incendio fue provocado y que la Agencia Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) no ha dado a conocer información sobre los sospechosos.

10. Al día de hoy, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos del Departamento de Justicia está encargándose de las investigaciones sobre este suceso en particular.

11. Nuestros connacionales son gente de trabajo que busca mejorar sus condiciones de vida y que merecen un trato justo, respetuoso y tolerante por parte de las autoridades estadounidenses toda vez que la aportación que realizan a la economía y a la sociedad de ese país es de la mayor importancia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. Los diputados integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, nos solidarizamos con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en los acontecimientos antes citados.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dé seguimiento e informe a esta soberanía sobre las investigaciones respectivas y les sea brindado todo el apoyo necesario a los familiares de los connacionales que fallecieron en tan lamentables hechos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, eleva una enérgica protesta en contra de los lamentables acontecimientos ocurridos en la frontera con Estados Unidos de América y en Columbus, Ohio, y se pronuncia a favor de la promoción y defensa de los derechos de nuestros hermanos migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Ma. Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Alfonso Moreno Morán (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Alfonso Moreno Moran (desde su curul): Diputado Presidente, solicitándole respetuosamente ponga a la consideración de mis compañeros diputados, mi propuesta para que se les conceda un minuto de silencio en memoria de todos aquellos, de nuestros connacionales migrantes que han fallecido en su afán de llegar a Estados Unidos en la búsqueda de mejores perspectivas de vida.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia ruega a la Asamblea que guardemos un minuto de silencio en honor y en memoria de los migrantes muertos en sus afanes de mejorar su estadio de vida.

(Minuto de silencio.)

Consulte la Secretaría a la Asamblea si considera de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la proposición...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

Tiene la palabra el señor diputado don Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que formulen y promuevan políticas que redunden en medidas positivas y compensatorias para preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, la cual se retira a petición del grupo parlamentario.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio en el consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 hasta 500 kilowatts-hora, en el estado de Chihuahua.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El clima en el estado de Chihuahua es el más extremoso del país, en verano se presentan temperaturas de hasta 45 grados centígrados y en invierno las temperaturas llegan a bajar hasta 20 grados centígrados bajo cero en algunas zonas serranas del territorio nacional.

La posición geográfica del estado de Chihuahua que se ubica hasta los 31 grados 45 minutos de latitud norte, provoca que en invierno se tengan 14 horas sin luz natural, lo que incrementa en forma considerable los consumos de energía eléctrica para proveerse de luz artificial.

Los chihuahuenses nos vemos en la necesidad de consumir más energía eléctrica que el promedio nacional, ya que el utilizar en las diferentes estaciones del año aparatos de aire acondicionado, calentadores, es una necesidad de sobrevivencia.

En este sentido la extremosidad de las temperaturas a lo largo de 14 a 16 horas del día, ocasiona altos consumos de energía eléctrica por parte de miles de las familias usuarias de este servicio, que se ven obligadas al uso de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo.

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de enero de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableció que la tarifa para el consumo de energía básico, se aplicará a cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora consumidos y las tarifas tendrían variación en función de la temporada del año.

Señoras y señores legisladores: les hago un llamado a solidarizarse con la población chihuahuense y les exhorto desde la más alta tribuna de la nación, a ejercer con responsabilidad la representación que se nos ha conferido, aprobando este punto de acuerdo que sin duda alguna beneficiará a un sector importante de la población.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ustedes para que sea tramitada de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el subsidio en el consumo de energía eléctrica tipo doméstico, de 300 hasta 500 kilowatts-hora en el estado de Chihuahua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2004.

Atentamente el de la voz José Mario Wong Pérez y los diputados del estado de Chihuahua. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio al consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio en el consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua.

Compañeras y compañeros legisladores:

El clima en el estado de Chihuahua es el más extremoso del país: en verano se presentan temperaturas de hasta 45 grados centígrados y en invierno las temperaturas llegan hasta 20 grados centígrados bajo cero en algunas zonas serranas del territorio estatal.

La posición geográfica del estado de Chihuahua, hasta los 31 grados 47 minutos de latitud norte, provoca que en invierno se tengan hasta 14 horas sin luz natural, lo que incrementa en forma considerable los consumos de energía eléctrica para proveerse de luz artificial.

Los chihuahuenses nos vemos en la necesidad de consumir más energía eléctrica que el promedio nacional, ya que utilizar en las diferentes estaciones del año aparatos de aire a condicionado o calentadores es una necesidad de supervivencia.

En Chihuahua, señores legisladores, utilizar climas artificiales no es un lujo sino una necesidad que, de nos ser satisfecha de manera adecuada y oportuna, deriva en problemas graves de la salud. En este sentido, los sectores más vulnerables de la sociedad sufren las consecuencias más graves.

En este sentido, la extremosidad de las temperaturas a lo largo de 14 a 16 horas del día ocasiona altos consumos de energía eléctrica por parte de miles de las familias usuarias del servicio, que se ven obligadas a usar diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo.

El servicio de energía eléctrica está ligado a las necesidades prioritarias de los chihuahuenses, por lo que es un elemento indispensable en la mayor parte de las actividades productivas; de ahí que las familias destinen gran parte de su ingreso a este servicio, descuidando en ocasiones satisfactores básicos como alimentación, educación, recreación, deporte, salud y vivienda digna.

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de enero de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció que la tarifa para el consumo de energía básico se aplicara a cada uno de los primeros 300 kilovatios-hora consumidos y las tarifas tendrían variación en función de la temporada del año.

Con fundamento en lo anterior, y considerando los incrementos de los servicios y canasta básica, los cuales rebasan por mucho el poder adquisitivo real de los ciudadanos en relación con sus salarios, se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que el consumo de energía eléctrica con tarifa subsidiada que actualmente se aplica para los primeros 300 kilovatios-hora se amplíe hasta los primeros 500 kilovatios-hora para el estado de Chihuahua, lo que representa un incremento de 66 por ciento en el consumo de electricidad con subsidio.

Señoras y señores legisladores: les hago un llamado a solidarizarse con la población chihuahuense y los exhorto desde la más alta tribuna de la nación a ejercer con responsabilidad la representación que se nos ha conferido, aprobando este punto de acuerdo que, sin duda, beneficiará a un sector importante de la población.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ustedes, para que sea tramitada de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio en el consumo de energía eléctrica tipo doméstico de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a octubre de 2004.--- Diputados: José Mario Wong Pérez (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández, Martha Laguette Lardizábal, Miguel Lucero Palma, Jorge Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno, Omar Bazán Flores.»

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se considera de urgente resolución.

Está a discusión la proposición... No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada y comuníquese.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua, un descuento del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.

El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua, un descuento del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, al tenor de las siguientes consideraciones:

Compañeras y compañeros legisladores, la posición geográfica del estado de Chihuahua comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno, en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas del estado, generan diversos problemas en la salud y economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar un incremento en las enfermedades respiratorias agudas, como influenza y neumonía, principalmente niños y personas de la tercera edad, así como a quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y pobreza extrema; ausentismo laboral que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal; alto índice de inasistencia escolar; afectación de la economía familiar.

Como un ejemplo de lo anterior, el número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas e hipotermia en el pasado ciclo invernal, fue de 761, dando como resultado 74 defunciones por hipotermia en ese mismo ciclo.

De ahí, mi presencia en esta tribuna, y hoy vengo en nombre de las y los chihuahuenses a plantearles un asunto concreto y de mucha prioridad. Hago un llamado a la ética y a la mejor voluntad política de quienes estamos en este recinto porque de nada sirve hablar de un presupuesto de egresos justo, de nada sirve hablar de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos.

Yo los invito a convertir el discurso en realidad; a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de una demanda de bienestar, de salud y de calidad de vida.

Por lo anterior, someto a la consideración de ustedes, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Energía, a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de 2004 al 31 de marzo de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.

El de la voz, diputado José Mario Wong Pérez y los diputados del estado de Chihuahua. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento en el gasóleo doméstico, gas LP y gas natural durante el periodo 1 de noviembre de 2004-31 de marzo de 2005, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado, José Mario Wong Pérez, diputado federal de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores:

La posición geográfica del estado de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas del estado, generan diversos problemas en la salud y economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar:

Un incremento en las enfermedades respiratorias agudas, como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas de la tercera edad, así como a quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y pobreza extrema.

Ausentismo laboral, que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.

Alto índice de inasistencia escolar.

Afectación de la economía familiar.

Como un ejemplo de lo anterior, el número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas de hipotermia en el pasado ciclo invernal fue de 761, dando como resultado 74 defunciones por hipotermia en ese mismo ciclo.

El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico.

El precio promedio al público del gasóleo doméstico es de $5.50 pesos por litro, lo que representa un costo mensual de $826.00 pesos en el consumidor.

En este mismo contexto, el precio del gas LP impacta en un 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kg. de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kg., es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.

Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto del 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en un 560 por ciento al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.

Como podemos observar, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.

En razón de ello, se ha realizado un estudio en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, el cual, concluye que con un descuento del 40% en el precio de los combustibles, se podría atenuar este impacto.

De allí mi presencia en esta tribuna. Hoy vengo en nombre de las y los chihuahuenses a plantearles un asunto concreto y de las más prioridad. Esta Cámara no puede dar la espalda a un sector de la población.

Hago un llamado a la ética y a la mejor voluntad política de quienes estamos en este recinto. Porque de nada sirve hablar de un Presupuesto de Egresos justo, de nada sirve hablar de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos.

Yo los invito a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente una demanda de bienestar, de salud, de calidad de vida.

Por lo anterior, someto a la consideración de ustedes como asunto de urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Energía a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2004.--- Diputados: José Mario Wong Pérez (rubrica), Nora Elena Yu Hernández, Martha Laguette Lardizábal, Miguel Lucero Palma, Jorge Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno, Omar Bazán Flores.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión la proposición. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada. Comuníquese.

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SECTOR AGRICOLA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, para conocer el aprovechamiento real del agua en el uso agrícola.

El diputado Quintín Vázquez García: Con su permiso, señor Presidente, compañeras, compañeros diputados: El marco globalizado exige al campo mexicano de una mejor asesoría técnica y financiera para la planeación agrícola.

La grave sobreexplotación de las cuencas y acuíferos nos deja en una gran desventaja en un mundo donde la producción juega un papel preponderante, basado en los costos y utilidades de los productos del campo.

Si consideramos la reglamentación existente de los sistemas de riego en México, encontraremos grandes avances de respuesta organizada de la sociedad, motivada por el aumento de usuarios en la operación de la infraestructura hidroagrícola.

Es importante mencionar el riesgo de las acciones que se pueden tomar, dado el compromiso de no afectar la vitabilidad de las futuras generaciones.

Los conocedores del ramo han establecido diversos mecanismos que definen diferentes tecnologías, que permitan impulsar la reorganización y la instauración de estrategias que incentiven mejoras continuas en la operación de los sistemas de riego.

En México en 1972, con la aprobación de la Ley Federal de Aguas, se propuso apoyar en la organización al llamado pequeño riego y se da el nombre de unidades de riego y de unidades de riego para el desarrollo rural, que en ocasiones corresponden a una comunidad usuaria dentro de una junta de aguas.

La intervención del Estado en la operación de distritos de riego y en la organización de Urderales, tuvo un buen fundamento toda vez que existía un alto índice de fracaso en nueva obra hidráulica entregada a los usuarios, ya que hasta un 75 por ciento de la obra entregada no estaba siendo utilizada.

La superficie de riego del país ha aumentado considerablemente de 750 mil hectáreas en el año de 1926 a 6.4 millones de hectáreas en la actualidad, lo que coloca al país en el 7° lugar mundial en superficie con infraestructura de riego.

El 53 por ciento de la superficie bajo riego corresponde a 84 distritos de riego y el 47 por ciento restante a poco más de 39 mil unidades de riego.

La agricultura de riego utiliza alrededor del 78 por ciento del agua superficial y subterránea extraída en el país. Los métodos de riego aplicados son tradicionales en más del 80 por ciento de la superficie y el aprovechamiento del agua es baja, pues oscila entre el 35 y 50 por ciento, por lo que las necesidades de inversión para que sea más eficiente el uso de agua y para ampliar la infraestructura existente, son superiores a los recursos disponibles. Esta deficiencia en cantidad y oportunidad origina que las obras requeridas impliquen largos periodos de ejecución.

En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se lleve a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, Urderales, así como el estado actual de la infraestructura hidráulica para tener un mejor control y conocimiento del aprovechamiento real del agua en el uso agrícola.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, a efecto de conocer el aprovechamiento real del agua en el uso agrícola, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI

Antecedentes

El mercado globalizado exige al campo mexicano de una mejor asesoría técnica y financiera para la planeación agrícola.

La grave sobreexplotación de las cuencas y acuíferos nos deja en una gran desventaja, en un mundo donde la producción juega un papel preponderante, basado en los costos y utilidades de los productos del campo.

Si consideramos la reglamentación existente de los sistemas de riego en México, encontraremos grandes avances de respuesta organizada de la sociedad motivada por el aumento de usuarios en la operación de la infraestructura hidroagrícola.

Es importante mencionar el riesgo de las acciones que se puedan tomar dado el compromiso de no afectar la habitabilidad de las futuras generaciones.

Los conocedores del ramo han establecido diversos mecanismos que definen diferentes tecnologías que permitan impulsar la reorganización y la instauración de estrategias que incentiven mejoras continuas en la operación de los sistemas de riego.

En México, en 1972, con la aprobación de la Ley Federal de Aguas, se propuso apoyar en organización al llamado pequeño riego, y se da el nombre de unidades de riego y de unidades de riego para el desarrollo rural (Urderales), que en ocasiones corresponden a una comunidad usuaria en una junta de aguas.

La intervención del Estado en la operación de distritos de riego y en la organización de Urderales tuvo un buen fundamento, toda vez que existía un alto índice de fracaso en nueva obra hidráulica entregada a los usuarios; ya que hasta 75% de la obra entregada no estaba siendo utilizada.

La superficie de riego del país ha aumentado considerablemente de 750 mil hectáreas en el año de 1926 a 6.4 millones de hectáreas en la actualidad, lo que coloca al país en el séptimo lugar mundial en superficie con infraestructura de riego. El 53% de la superficie bajo riego corresponde a 84 Distritos de riego y el 47% restante a poco más de 39 mil unidades de riego.

La agricultura de riego utiliza alrededor del 78% del agua superficial y subterránea extraída en el país; los métodos de riego aplicados son tradicionales en mas del 80% de la superficie y el aprovechamiento del agua es baja, pues oscila entre 35 y 50%.

Por lo que las necesidades de inversión para que sea más eficiente el uso del agua y para ampliar la infraestructura existente son superiores a los recursos disponibles. Esta deficiencia en cantidad y oportunidad origina que las obras requeridas impliquen largos periodos de ejecución.

En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, así como el estado actual de la infraestructura hidráulica, para tener un mejor control y conocimiento del aprovechamiento real de agua en el uso agrícola.

Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, para solicitar al procurador general de la República investigue la violación del recinto legislativo del estado de Baja California, por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones.

El diputado Raúl Pompa Victoria: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros: Debo de informarles que el pasado 30 de septiembre del año en curso, 3 elementos de la Agencia Federal de Investigación se introdujeron en el recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California, sin que mediara solicitud ni autorización expresa el Presidente de dicho Congreso, con el fin de ejecutar la instrucción girada por alguna autoridad superior.

Dichos agentes fueron introducidos al recinto legislativo portando gafetes de periodistas, lo que les permitió de alguna manera acceder a áreas restringidas.

Ya instalada la sesión previa, para realizar la toma de protesta de los integrantes de la XVIII Legislatura del estado de Baja California, y la elección de la Mesa Directiva; dichos agentes se presentaron en el salón de sesiones, ingresando desde la parte posterior, tras banderas e intentando aprehender a uno de los diputados de la nueva legislatura, motivados por un adeudo fiscal de la empresa que dicho diputado dirige.

Semanas ante el ahora diputado recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propuesta de convenio para la liquidación del adeudo en mención, el que fue firmado por el interesado y retornado a la Secretaría para su ejecución, de lo que hasta la fecha no existe ninguna respuesta.

Además, es sorprendente que el gobernador del estado de Baja California no haya estado enterado ya que eso representa una falta de respeto para el Ejecutivo estatal, de parte de la autoridad federal ejecutora de este acto mencionado, ya que el gobernador debía de cuidar la tranquilidad política del estado y la buena y tranquila relación con la nueva legislatura que iniciaría su gestión a partir del 1o. de octubre de los corrientes.

Al siguiente día, en la sesión solemne del viernes 1o. de octubre, sesión en la que el gobernador del estado rendiría su IV Informe de Gobierno, todos los partidos políticos representados en la XVIII Legislatura, el Verde Ecologista, el de Baja California, el de la Revolución Democrática, el de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, se pronunciaron con repudio a las acciones de los agentes de la AFI que se han descrito anteriormente.

Por todo lo anterior se pone a consideración con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Solicitar al procurador general de Justicia, licenciado y general Rafael Macedo de la Concha, para que investigue la violación al recinto legislativo del Congreso de Baja California por miembros de la Agencia Federal de Investigación, el pasado 30 de septiembre del año en curso y se determine quién dio la orden para realizar dicho atentado al Poder Legislativo del estado de Baja California; se imponga una sanción ejemplar a quien ordenó y ejecutó tal aberración política y jurídica.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al procurador general de la República que investigue la violación del recinto legislativo del estado de Baja California por miembros de la Agencia Federal de Investigación, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Raúl Pompa Victoria, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de septiembre del año en curso tres elementos de la Agencia Federal de Investigación, se introdujeron en el recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California, sin que mediara solicitud ni autorización expresa del Presidente de dicho Congreso con el fin de ejecutar la instrucción girada por alguna autoridad superior.

Dichos agentes fueron introducidos al recinto legislativo portando gafetes de periodistas, lo que les permitió, de alguna manera, acceder a áreas restringidas.

Ya instalada la sesión previa para realizar la toma de protesta de los integrantes de la XVIII Legislatura del estado de Baja California y la elección de la Mesa Directiva, dichos agentes se presentaron en el salón de sesiones, ingresando desde la parte posterior (tras banderas), intentando aprehender a uno de los diputados de la nueva Legislatura motivados por adeudo fiscal de dicho diputado.

Semanas antes el diputado recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de convenio para la liquidación del adeudo en mención, el que fue firmado por el interesado y retornado a la Secretaría para su ejecución.

Es de todos conocido que los recintos del Poder Legislativo deberán ser respetados por su inviolabilidad; sin embargo los agentes de la AFI, no haciendo honor a dicho precepto y utilizando engaños y tal vez asistencia de personas interesadas en que se consumara la intención policiaca, violaron el recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California, poniendo en riesgo la gobernabilidad de la entidad y el acuerdo que sostienen los partidos políticos de colaboración para que existan buenas relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Además, es sumamente sospechoso que el gobernador de el estado de Baja California no haya estado enterado, ya que eso representa una falta de respeto al Ejecutivo estatal de parte de la autoridad ejecutora del acto mencionado, ya que el gobernador debería de cuidar la tranquilidad política del estado y la buena y tranquila relación con la nueva Legislatura, que iniciaría su gestión a partir del primero de octubre de los corrientes.

Por todo lo anterior se pone a consideración con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Solicitar al procurador general de la República licenciado y General Rafael Macedo de la Concha que investigue la violación del recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California por miembros de Agencia Federal de Investigación el pasado 30 de septiembre del año en curso y se determine quién dio la orden para realizar dicho atentado al Poder Legislativo de Baja California.

Se imponga una sanción ejemplar a quien ordenó y ejecutó tal aberración política y jurídica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Raúl Pompa Victoria (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución.

Está a discusión la proposición...

Esta Presidencia tiene registrado al diputado Renato Sandoval Franco, en pro. Tiene el uso de la voz.

El diputado Renato Sandoval Franco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: En nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, vengo a puntualizar la posición de mi partido en torno a los sucesos ocurridos el pasado 30 de septiembre del año en curso, en el seno del Congreso del estado de Baja California.

Como es del dominio público, en víspera de la instalación de una nueva legislatura irrumpió en la sede legislativa un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigación, con el propósito de ejecutar una orden de aprehensión. Mandato judicial por un presunto delito fue obsequiado contra un diputado electo, por añadidura prominente miembro del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la CTM y director general de uno de los principales diarios de la entidad.

El hecho reviste la máxima gravedad. Se trató de una violación ilegal a un recinto público, ya que no habían mediado solicitud ni autorización del Presidente de la Cámara, tal como lo exige la Ley Orgánica del Congreso.

La autoridad hacendaria presentó una denuncia penal y el juez expidió una orden de aprehensión, la cual trató de ser ejecutada momentos antes de la protesta de ley del diputado electo. Fue evidente que al intentar impedir que el diputado electo tomara protesta y quedara protegido por el fuero constitucional, los agentes de la AFI incurrieron en una grave falta al violentar una disposición legal expresa y taxativa.

El cumplimiento de la ley no puede hacerse a costa del incumplimiento de otra, ni de la legalidad puede estar basada en la ilegalidad. Esta hipótesis es inadmisible, porque conduce a un callejón sin salida y pervierte el Estado de derecho. Sin embargo, tampoco podemos soslayar que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no admite excepciones que el respeto a la ley significa la obediencia de todos a los mandatos judiciales.

De la misma manera que no se justifica la irrupción ilegal de una autoridad a una sede legislativa, tampoco es justificable que personas o grupos impidan por medio de la violencia las actuaciones de la autoridad como sucedió en el Congreso de Baja California.

En tiempo de pluralidad y en búsqueda de consensos hay que apostar a la madurez política. ``La política ---decía Aristóteles--- es una actividad que debe estar regida por la virtud de la moderación''. Quiero ratificar que desde siempre mi partido ha creído y promovido el respeto a la ley y la defensa de las instituciones. Somos un partido de principios y convicciones. Convocamos a todos a convivir en la pluralidad y poner por delante los intereses de México.

En torno a los hechos del Congreso de Baja California quiero hacer de su conocimiento dos consideraciones de los miembros de mi partido: condenamos la irrupción ilegal de autoridades policiacas en el recinto legislativo del Congreso de Baja California y exigimos a las autoridades la investigación y castigo por las agresiones que cometieron personas ajenas al Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada. Comuníquese.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora, para que elaboren una ley de coordinación fiscal estatal.

El diputado Ramón Galindo Noriega: Honorables diputadas y diputados: El Fondo General de Participaciones se compone del 21 por ciento de la recaudación total del Gobierno Federal. Este recurso se hace llegar a las entidades federativas en el rubro de participaciones, Ramo 28.

Este 21 por ciento que reciben los gobiernos estatales lo distribuyen a los municipios con criterios que varían. Algunos estados como Hidalgo y Morelos se quedan con el 75 por ciento, mientras que otros como Michoacán y el estado de México, se quedan con el 80 por ciento.

La mayoría de las entidades ya cuentan con una Ley de Coordinación Fiscal que da mayor certeza a los municipios sobre sus derechos a recursos federales. No queremos decir que la sola existencia de estas leyes sea garantía de reparto equitativo, sin embargo al menos no deja a la discrecionalidad de mandatarios estatales y sus congresos, los montos a distribuir entre los municipios.

Siete entidades aún no cuentan con una Ley de Coordinación Fiscal y esto permite que se den los abusos, las injusticias, el centralismo hacendario y, sobre todo, la discrecionalidad al momento de asignar estos fondos que deben de ir a los municipios.

Estamos convencidos que los criterios sobre los cuales deben distribuirse los recursos participables, no deben ser únicamente la pobreza o el número de los habitantes. Por un lado, porque la sola asignación de recursos a los estados y municipios más pobres no necesariamente ha significado mayor desarrollo, sino por el contrario, mayor dependencia. Y, por otro lado, porque el INEGI no registra necesariamente la alta migración.

El criterio fundamental, no único, que debe considerarse, debe ser la productividad de las comunidades, tanto en sus esfuerzos para mejorar los servicios, las obras y la recaudación fiscal, como por la aportación al producto interno bruto nacional, entre otros indicadores.

Hemos venido privilegiando la pobreza y la fecundidad y no hemos considerado seriamente los esfuerzos de fondo que muchos municipios pueden hacer para mejorar el nivel de las oportunidades y la convivencia. En otras palabras, que aun cuando muchos estados cuenten con leyes locales de coordinación fiscal, no es suficiente, menos aún, cuando no se cuenta con ellas.

El punto de acuerdo que hoy presentamos se refiere a la petición respetuosa de esta Cámara, para que los 7 estados que aún no cuentan con una Ley de Coordinación Fiscal, la elaboren. Estos son: Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora.

Solicito a la Presidencia que tanto el punto de acuerdo como esta intervención, sean incluidos en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora a elaborar una ley de coordinación fiscal estatal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a esta honorable asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora, para que elaboren una ley de coordinación fiscal estatal, con carácter de urgente y obvia resolución, a la instancia correspondiente de esta honorable Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el federalismo mexicano, constituye un conjunto de disposiciones y órganos que regulan la coordinación entre la Federación con las entidades federativas, incluido el Distrito Federal.

Este sistema tiene como objetivo equilibrar a los sistemas tributarios de los tres niveles de gobierno mediante la creación de mecanismos que compensan las diferencias de capacidad tributaria entre los distintos estados y municipios, de forma que todos ellos puedan prestar un nivel de servicios aceptables sin que tengan que imponer un grado de presión fiscal mayor del que existen en los otros estados.

Sin embargo, es preciso recordar, que en términos generales, en la Federación mexicana se ha seguido el sistema de atribuir al Estado federal facultades expresas y dejar a las entidades federativas todas aquellas que no se han reservado explícitamente al poder central. El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que se entienden reservadas a los estados todas aquellas facultades que no están concedidas a los funcionarios federales.

Así, la regla en el sistema federativo mexicano consiste en la concurrencia (la facultad simultánea) que tienen la Federación y los estados para imponer contribuciones. Sobre esta regla se estructura el sistema contributivo del país; por un lado, el gobierno federal y, por el otro, los estados de la República, que pueden imponer con sus personales criterios las contribuciones que estiman necesarias, lo cual se pretende armonizar con la Ley de Coordinación fiscal.

Del estudio de los alcances de la Ley de Coordinación Fiscal se desprenden las siguientes características:

Libre manejo y disponibilidad. Los recursos que son canalizados a las entidades no están condicionados ni en su entrega ni en su ejercicio por parte de la Federación a los estados ni a sus municipios; por tanto, son ellos, a través de su órgano legislativo correspondiente, los que establecen su manejo, aplicación y determinación de las partidas en que habrán de erogarse. La única condicionante proviene de la obligación del estado y del municipio al adherirse al sistema nacional de coordinación fiscal de suspender aquellos gravámenes que son contrarios a dicho sistema.

Periodicidad. En forma mensual, las entidades reciben de la Federación, dentro de los veinticinco primeros días de cada mes, el monto de los anticipos a cuenta de las participaciones federales que les corresponden en el mes. La Federación entrega las participaciones a los municipios por conducto de los estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba, el cual habrá de cubrírselas.

Posibilidad de compensar adeudos entre la Federación y entidades federativas. Establecimiento en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Ingresos Federales, de un sistema de compensación de fondos entre la Federación y los estados acreedores de la Federación, por lo que en mayores porcentajes por adeudos de participación los retienen las entidades. La Tesorería de la Federación, con la información rendida por el estado de la recaudación ingresada, opera la constancia de participaciones correspondiente, entregando al estado sólo la diferencia por concepto de participaciones que quede a su favor mensualmente.

Seguridad en cuanto a los procedimientos para integrar y distribuir los fondos en las participaciones que funcionan conforme a las bases y fórmulas de ley, y no en criterios. La existencia de fórmulas dentro de la misma ley, tanto respecto a la integración como a la distribución de los fondos, ha evitado la aplicación de criterios subjetivos en cuanto a la definición de cuantías y a las participaciones que deben entregarse a cada estado. Ésta es una disposición importante que da seguridad a las entidades federativas en la liquidación y entrega de sus participaciones.

El propósito de la ley en comento es coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y Distrito Federal, y determina la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, así como distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

La exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal, señala que los Estados, con apoyo en el artículo 124 tienen facultad para establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos estatales y el artículo 115 da facultad a las Legislaturas de los Estados para decretar los impuestos destinados a cubrir los gastos públicos municipales.

De la misma manera, establece que en el texto de la Constitución no se delimitan campos impositivos federales, estatales y municipales, sino que se determina que el Congreso de la Unión así como las Legislaturas Locales pueden gravar contribuciones sobre las mismas fuentes, sin embargo, con esto se produce una o doble o hasta múltiple tributación.

Para ello, se han creado acuerdos que celebran la Federación y los estados a fin de evitar las múltiples tributaciones. En estos acuerdos los estados y municipios reciben participación a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente.

El mismo sistema de coordinación fiscal ha establecido principios básicos para un sistema de delegación de funciones de administración en ingresos federales a los estados y municipios. Con base en la ley, las entidades han celebrado con la Federación convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno, los cuales establecen las bases jurídicas para el debido cumplimiento tanto del Convenio de adhesión y sus anexos, como del Convenio de colaboración por parte de las entidades federativas, así como para reparación patrimonial de los contribuyentes afectados por las violaciones nacionales de coordinación fiscal.

No obstante, que a pesar de los convenios de coordinación que existen celebrados por la federación y los estados, estos últimos también cuentan con una ley de coordinación fiscal estatal en la cual se determinan el porcentaje que le corresponde de los ingresos federales a sus municipios, así como las participaciones e incentivos que les serán otorgados, establecen derechos y obligaciones en materia de colaboración administrativa y coordinación fiscal.

También esta legislación local tiene como objetivo dar transparencia y seguridad al proceso de determinación y pago de los montos de las participaciones que correspondan a los Municipios, reglamenta las relaciones en materia de coordinación fiscal y colaboración administrativa, entre las autoridades fiscales del Estado y las municipales.

Sin embargo, dada la relevancia que tiene esta ley de coordinación estatal, existen estados que no cuentan con ella, como lo son Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora.

La carencia de una legislación en materia de coordinación fiscal en esos Estados, se traduce en falta de transparencia, asignación discrecional de los recursos e incluso manipulación de los datos usados en las fórmulas de distribución. Establecer en una ley la metodología para repartir año con año participaciones y aportaciones, dará al municipio certidumbre jurídica, de la cual carece ahora con los decretos que emite el Congreso del Estado tras revisar la propuesta del Ejecutivo.

En esta etapa de redefiniciones en la que se encuentra México es imperante darle mayor libertad a los estados y a los municipios para que manejen a su libre albedrío sus recursos sin tener que depender directamente de la opinión y en ocasiones de la venia de la federación. En la medida en que los gobiernos locales cuenten con más recursos y tengan más responsabilidad, la ciudadanía podrá participar más directamente en las decisiones de ingreso y gasto que afecten directamente a las comunidades en que viven.

De igual manera, al no contar con una ley que coordine las actividades fiscales, no se limitan las directrices que se habrán de tomar cuando se celebren los acuerdos entre la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Empero, se debe tener presente una de las críticas más intensas del federalismo en virtud de que se pueden presentar enormes desigualdades en los servicios y en la protección de los derechos básicos. Lo anterior se atribuye a que el gasto público varía considerablemente de entidad a entidad y de municipio a municipio, desigualdad que no es accidental, sino inherente al sistema federal. Dentro de ese contexto aparecen: estados y municipios ricos, estados y municipios pobres y el Distrito Federal con sus grandes contrastes, económicos y sociales, de ahí la importancia de que cada estado cuente con una ley de coordinación fiscal, ya que en la ley federal, se establecen parámetros para todos los estados y municipios sin tomar en cuenta las desigualdades que existen en cada entidad federativa.

Para explicar lo anterior, el maestro Hugo Carrasco Iriarte, establece que en la tesis federalista, la diversidad es una condición del principio del sistema federal, lo cual permite a las comunidades estatales ejercer su autonomía política, que da las posibilidades siguientes:

1. Interactuar en un ambiente de independencia política y autosuficiencia económica.

2. Desarrollar sus capacidades de organización.

3. Ejercitar sus talentos y esfuerzos en la persecución de estilos y niveles propios dela vida social y privada.

4. Asumir los sacrificios, costos y responsabilidades que exigen el modelo de vida y el nivel de desarrollo económico y social elegidos por la comunidad.

5. Aspirar a obtener las recompensas sociales y económicas asociadas al trabajo y esfuerzo de las distintas generaciones de pobladores de dicha comunidad, recompensas que constituyen el incentivo y motor de su desarrollo.

Esta situación ha provocado que para solucionar la desigualdad en las entidades, se apliquen métodos no federalistas, como realizar transferencias sustanciales de ingreso generado en una comunidad estatal hacia otras, anulándose el principio de diversidad y operando de hecho, un estado unitario; sin embargo, esto no significa que el federalismo fiscal se oponga a la reducción de los desequilibrios regionales, sino que desestima la aplicación de métodos no federalistas.

Dicho de otra manera, en un estado centralista, las transferencias directas del nivel central al regional son el método apropiado para establecer la redistribución fiscal. En cambio, en un estado federal, las transferencias redistributivas en gran escala no son el instrumento fiscal más adecuado para esta forma de organización política debido a que, en lugar de reducir las disparidades, los esquemas de transferencias redistributivas pueden aun agravarlas.

Bajo esta tesitura, las transferencias de estados de ingresos altos a los ingresos bajos motiva una mala asignación de los recursos de la República y reduce el incentivo de la población del estado beneficiario para trabajar, ahorrar, emigrar o tomar riesgos.

Fomentar la obligación para que todos los Estados cuenten con una Ley de Coordinación Fiscal, fortalecerá al Municipio y le dará certeza jurídica en cuanto a la recepción de los recursos federales, reduciendo además la posibilidad de que los gobiernos estatales usen los mecanismos de reparto como herramienta de presión o control político sobre los ayuntamientos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Legislaturas de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora elaboren una Ley de Coordinación Fiscal estatal para cada uno de ellos a fin de poder regular de forma más equitativa los ingresos que les son otorgados a sus municipios y de esta forma incentivar un verdadero federalismo fiscal.

Segundo. En su nueva legislación, las legislaturas locales, deberán precisar el porcentaje que le corresponde a los municipios y la manera en que recaudarán los impuestos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación e inclúyase, como es solicitud del señor diputado Galindo Noriega, en el Diario de los Debates íntegramente.

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MIGRANTES MEXICANOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para presentar proposición con punto de acuerdo, suscrito por las diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Gobierno Federal envíe una nota diplomática de condena al gobierno de Estados Unidos de América, por la muerte de 3 migrantes mexicanas en el río Bravo, acaecidas el pasado 23 de septiembre, tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna.

La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: El pasado 28 de septiembre fueron encontrados los cuerpos de María Guadalupe Gómez Patiño, su hija Adriana Gómez de 16 años, y Carmen Bustamante Aguirre, migrantes que se encontraban desaparecidas desde el pasado 23 de septiembre.

Sus cuerpos se encontraron en el área conocida como Las Adjuntas, en el estado de Coahuila. Las causas de su muerte hasta el momento no han podido ser esclarecidas, aunque testigos afirman que la patrulla fronteriza las obligó, junto con otros migrantes, a regresar a nado por el río Bravo, después de haberlas humillado y maltratado en territorio estadounidense.

Hace unos pocos minutos otra compañera diputada, también mencionaba este tema, porque es un tema que ha causado indignación entre todos los partidos y entre la sociedad mexicana. Gracias a que ha habido acción y demanda de familiares y del mismo embajador en Eagle Pass, el gobierno de Estados Unidos inició una investigación sobre la muerte de estas tres mujeres guanajuatenses.

El hecho nos muestra la urgente necesidad de que incorporemos un apartado sobre la defensa de los derechos humanos, en cualquier programa de control o seguridad fronteriza que se firme o se acuerde con Estados Unidos.

No se puede remediar ya la pérdida de estas tres mujeres migrantes ni la de cientos de migrantes que están muriendo en la frontera con Estados Unidos, pero sí debemos de contribuir a que estas muertes no se repitan.

Los migrantes peligran ante las autoridades fronterizas de Estados Unidos, que semejan a los ``polleros'', pues envían a la gente a situaciones de gran peligro.

Los hechos que suceden en la frontera México-Estados Unidos, nos demuestran que carecen de solidez los argumentos que se esgrimen por parte del Gobierno Federal, para mantener el Programa de Repatriación Voluntaria, que supuestamente iba a prevenir y evitar abusos de los que trafican con personas.

Nosotros, en razón de esto, estamos solicitando que, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento se pueda acordar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena la muerte de los migrantes en la frontera norte de nuestro país bajo cualquier circunstancia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso exhorta al Gobierno Federal, envíe una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos, condenando las acciones de la patrulla fronteriza que llevaron a la muerte a las tres mexicanas migrantes en el río Bravo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita que el resultado de las investigaciones sobre la muerte de las mexicanas en el río Bravo sea informado a esta soberanía.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a cancelar de inmediato los acuerdos de repatriación voluntaria, para impedir cualquier posibilidad de que se sigan violando los derechos humanos de los migrantes.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal a enviar una nota diplomática de condena al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres migrantes mexicanas acaecidas en el río Bravo el pasado 23 de septiembre, suscrita por las diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del PRD

Las suscritas diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 28 de septiembre fueron encontrados los cuerpos de María Guadalupe Gómez Patiño, de 38 años; su hija Adriana Gómez, de 16, y Carmen Bustamante Aguirre migrantes que se encontraban desaparecidas desde el pasado 23 de septiembre.

Sus cuerpos se encontraron en el área conocida como ``Las Adjuntas'' en el estado de Coahuila. Las causas de su muerte hasta el momento no han podido ser esclarecidas, aunque testigos afirman que la Patrulla Fronteriza las obligó, junto con otros migrantes, a regresar a nado por el río Bravo después de haberlos humillado y maltratado en territorio estadounidense.

Sus familiares y la sociedad mexicana exigimos saber si la Patrulla Fronteriza las agredió y obligó a regresar por el río Bravo porque las autoridades sólo tienen obligación de detener a las personas y deportarlas, no de ocasionar su muerte.

Gracias a la demanda de la sociedad, de familiares y del embajador en Eagle Pass, el Gobierno de Estados Unidos inició una investigación sobre la muerte de las tres mujeres de Guanajuato que se ahogaron en el río Bravo.

Este hecho nos muestra la urgente necesidad de incorporar un apartado sobre la defensa de los derechos humanos en cualquier programa de control o seguridad fronterizo que se firme o acuerde con Estados Unidos.

No se puede remediar la pérdida de las tres migrantes, pero si debemos contribuir a que no se repita. Los migrantes peligran ante las autoridades fronterizas que son iguales a los ``polleros'' (traficantes de personas) que envían a las personas hacia peligrosas situaciones.

Se demuestra que no tienen solidez los argumentos de que el Programa de Repatriación Voluntaria iba a prevenir y evitar abusos de traficantes de personas y reducir los decesos de migrantes. Son precisamente las autoridades mexicanas las que deben proteger la vida de los connacionales; el insistir en mantener acuerdos como la repatriación voluntaria y el uso de las balas de goma no abona a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Por lo antes expuesto solicitamos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión condena la muerte de migrantes en la frontera norte de nuestro país bajo cualquier circunstancia.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal envíe una nota diplomática de condena a las acciones de la Patrulla Fronteriza del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por la muerte de las mexicanas migrantes en el río Bravo el pasado 23 de septiembre.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita que el resultado de las investigaciones sobre la muerte de las tres mexicanas en el río Bravo se informe a esta soberanía.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a cancelar de inmediato los acuerdos de repatriación voluntaria y de uso de balas de goma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de octubre de 2004.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica), Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señora diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia se considera de urgente resolución. Esta Presidencia tiene registrada como oradora en pro, a la diputada Elizabeth Yáñez, quien tiene el uso de la palabra.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor Presidente.

El grupo parlamentario del PAN queremos subir a esta tribuna y manifestarnos a favor de aprobar el punto de acuerdo de nuestra compañera, para exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a que le dé un trato más humano y respete los derechos humanos de nuestros migrantes.

Estamos en contra de ese doble mensaje, en donde a nuestros ciudadanos en Estados Unidos, a nuestros mexicanos que ya lograron la condición de ciudadanos americanos y que tienen el voto, se les da un mensaje de derechos humanos y de igualdad cuando son puntos importantes para alcanzar las votaciones en Estados Unidos, y, sin embargo, cuando son migrantes que están buscando un trabajo digno, un trabajo honesto y alcanzar una mejor calidad de vida en Estados Unidos, entonces hay un doble discurso y una doble actitud de parte del gobierno americano, cuando hay acciones verdaderamente de persecución, que están fomentando persecución no tanto sólo de la ciudadanía, sino también de la policía fronteriza. Estamos en contra de esa persecución y estamos en contra definitivamente de esa actitud del Gobierno de Estados Unidos, en donde está forzando a que ciudadanos mexicanos mueran, como esas tres mujeres que murieron ahogadas en el río Bravo, a donde a través de insultos y pedradas los policías fronterizos las obligaron a regresar a México.

No podemos seguir permitiendo esa posición de doble discurso, no podemos seguir permitiendo que no se les respeten los derechos humanos mínimos a nuestros migrantes mexicanos, cuando todos sabemos, americanos y mexicanos, que esa mano de obra es básica y fundamental para el desarrollo económico de ese país y que del único delito que se les puede juzgar a nuestros compañeros es la búsqueda de una mejor calidad de vida, de una mejor condición para sus familias que se quedan en nuestro país.

Queremos como grupo parlamentario del PAN sumarnos a esta manifestación de repudio, queremos que se exija a Estados Unidos que toda aquella persona que cometa actos de este tipo, sea ciudadano o sea policía fronteriza, se le castigue y se le exija que cumpla con la ley en contra de estas personas. Queremos como grupo parlamentario hacer una convocatoria de unirnos gobierno, ciudadanía y Legislativo, para manifestar que México llora a todos sus hijos muertos, México exige justicia y que se proceda contra ellos.

El grupo parlamentario del PAN apoya rotundamente esta posición. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias a usted, señora diputada. Debido a que se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Permítame Secretaria. Activen el sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Pido la palabra para también, como diputado federal por el estado de Durango, mostrar nuestra inconformidad y nuestra indignación ante estos hechos, que mucho deben de ponernos a todos nosotros al tanto de que debemos unirnos todos los diputados y hacer una exhortación al señor Presidente para que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se envíe un extrañamiento diplomático al Gobierno de Estados Unidos, para que cesen todos estos atracos a los connacionales que van a trabajar. No son ningunos delincuentes, van a trabajar para sostener a sus familias y con su trabajo les honran y prestigian el nombre de México.

Por eso exhortamos a esta Cámara de Diputados para que se le envíe al señor Presidente una comunicación donde, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dé un extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos por todo lo que hacen con los mexicanos que no van a otra cosa más que a prestar su mano de obra calificada, que es reconocida por todos los industriales de Estados Unidos y por una miseria que se les paga, porque se le explota al máximo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado. Comuníquese.

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TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a tomar las acciones necesarias para la implementación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Maria Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Antecedentes

1. Con fecha 1o. de enero de 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, estableciendo en su artículo decimonoveno transitorio la creación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que tiene el objeto de incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano, al que el Ejecutivo Federal, con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aportará la cantidad de $750,000,000.00, creando un fideicomiso para administrar los recursos de este fondo, mismo que cuenta con un Comité Técnico.

2. En el III Informe de Gobierno la SCT informó que elaboró las reglas de integración y operación del Comité Técnico del Fideicomiso y los mecanismos para la asignación y distribución eficaz, eficiente, justa y transparente de recursos, mismos que fueron aprobados en abril de 2002 por la SHCP. En noviembre de 2002 se llevó a cabo la formalización del contrato del fideicomiso del fondo de cobertura entre la SHCP y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución que actúa como fiduciario, con la comparecencia de la SCT. En el Comité Técnico del Fideicomiso participan representantes de siete secretarías de estado, la subsecretaría de Comunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Coordinación General del Sistema Nacional de México, la Comisión Federal de Competencia y la Industria de Telecomunicaciones. El 12 de diciembre de 2002, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso y el 12 de mayo de 2003 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas y mecanismos del Fondo de Cobertura Social. El Comité Técnico ha analizado las posibles estrategias para el adecuado funcionamiento del Fondo y la Aplicación de recursos afectos al mismo. Se estima que para finales de 2003 se lleve a cabo la convocatoria y la licitación de los primero proyectos específicos de cobertura social.

3. Con fecha 12 de Mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas de integración y operación del Comité Técnico y los Mecanismos para la asignación y distribución eficaz, eficiente, justa y transparente de recursos del fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

4. El plan de trabajo para 2004 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señala que para alcanzar los objetivos específicos de cada uno de los servicios, durante 2004 realizarán entre otras acciones las siguientes: Continuar promoviendo la conectividad comunitaria para proporcionar servicios de voz y datos de alta velocidad a la mayoría de la población, así como licitar el programa de cobertura social para el 2004, para la prestación del servicio local y de acceso comunitario de voz y datos, en localidades que se seleccionen para ser objeto de los beneficios del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

5. En el IV Informe de Gobierno la SCT informó lo siguiente: Se elaboró el Programa del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, para la introducción del servicio de telefonía básica local en alrededor de 4 mil 670 localidades que cuentan con una población total superior a 4.3 millones de habitantes, localizadas en 164 áreas de servicio local; Durante el segundo semestre de 2004, se llevará a cabo la licitación pública nacional para el otorgamiento de una aportación no recuperable y frecuencias del espectro radioeléctrico, para apoyar la construcción de infraestructura, con el fin de prestar los servicios de telefonía básica local y de larga distancia tipo residencial y a través de caseta pública, a través de la licitación, se otorgará a los concesionarios ganadores una aportación no recuperable y frecuencias del espectro radioeléctrico en 2,515 localidades y únicamente espectro radioeléctrico, en las restantes 2 mil 155 localidades.

6. Con fecha 26 de marzo de 2004 se firmó entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Transparencia Mexicana, A. C. (TM) el Convenio Modificatorio y los Adendums correspondientes a los Pactos de Integridad para seis licitaciones de servicios de telecomunicaciones durante 2004, a efecto de que TM participe para certificar la transparencia de estos procesos. Particularmente, durante este año, la SCT tiene contemplado el lanzamiento de seis licitaciones para servicios de telecomunicaciones entre los cuales se contempla el primer proyecto del Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones, por medio del cual se proporcionará servicio telefónico domiciliar y de casetas públicas en 2 mil 639 localidades marginadas del país, con impacto en más de 2 millones de mexicanos que hoy no cuentan con estos servicios públicos de telecomunicaciones. Hasta la fecha se encuentra publicado un listado de contratos y convenios celebrados en 2004 en la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que ninguno se refiera a la aplicación de la metodología denominada ``Pactos de Integridad'' en licitaciones referentes al Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

Consideraciones

I. Los mecanismos del Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones representan la opción más eficiente, transparente y no discriminatoria para expandir la infraestructura y servicios a zonas geográficas de baja rentabilidad, ya que se generan incentivos de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona geográfica.

El concepto de cobertura social debe recoger lo que en el ámbito internacional, se ha denominado como ``acceso universal'' y ``servicio universal'', ya que en primer lugar se pretende que toda la población tenga acceso a un conjunto de servicios de telecomunicaciones definido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le permitan realizar y recibir llamadas telefónicas locales y de larga distancia, así como el manejo de datos. En segundo lugar, procurar que estos servicios lleguen a cualquier lugar de nuestro país, y que se presten con tarifas asequibles y con la mejor calidad en la que se puedan proporcionar.

II. A este respecto, vale la pena recordar que México presenta el nivel más bajo entre los países miembros de la OCDE en cuanto a teledensidad se refiere.

Esto se hace más pronunciado al comparar las 13.7 líneas por cada cien habitantes en nuestro país, contra, por ejemplo, las 20 de Chile, las 27 de Uruguay, las casi 42 de España, las 56 del Reino Unido y las 66 de Estados Unidos. Más grave aún es la inequitativa distribución de líneas telefónicas en México, pues mientras el Distrito Federal muestra un índice de 35.4 líneas por cada cien habitantes, estados como Chiapas y Oaxaca reportan poco más de cuatro líneas por cada centena de personas.

III. Sin lugar a dudas las Tecnologías de Información (TI) pueden contribuir para mejorar las condiciones sociales de nuestro país, no sólo como instrumento para su buen funcionamiento, sino como detonante para acercar servicios y nuevas oportunidades para los que menos tienen. Significa dar el paso y utilizar a las TI y a las comunicaciones como un elemento para acercar el desarrollo; crear una sociedad y una economía de la información que refleje nuestras necesidades y nuestra cultura. Ello demanda un gran esfuerzo del gobierno y de nuestros empresarios para superar el rezago que en nuestro país existe en materia tecnológica y de telecomunicaciones.

Es evidente la dimensión que este reto representa, cuando sabemos que más de la mitad de la población del mundo y la de nuestro país viven en pobreza extrema. Sin embargo es un reto que desde nuestra perspectiva se debe afrontar, por eso resultó alentador que dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2002 se incorporarán partidas como la de 750 millones de pesos que crea el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, con objeto de incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano.

IV. Las telecomunicaciones son una poderosa herramienta para llevar servicios básicos como la telefonía, educación, salud y medios de entretenimiento e información a zonas de difícil acceso, apoyando el desarrollo de muchas pequeñas comunidades en todo el territorio nacional, por ello las telecomunicaciones han alcanzado una importancia estratégica para el desarrollo económico y social de cualquier país, situación que se hace particularmente sensible en paí-ses como el nuestro, con perspectivas dentro de la economía global, pero donde aún persisten diversos rezagos, entre ellos, las telecomunicaciones.

Por ello, es evidente la necesidad de aplicar el capital de $750,000,000 mdp que se encuentran asignados al Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones, pues representan servicios y nuevas oportunidades para los sectores que menos tienen, así como desarrollo en zonas menos favorecidas.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve a cabo la aplicación de los procedimientos aprobados respecto de la asignación de recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, que desde hace dos años están a su disposición y hoy es el día, que aún no operan. Por tanto, deberá enviar un informe a esta soberanía, sobre el estado que guarda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Vicecoordinador; Dip. Luis Antonio González Roldán, Vicecoordinador; Dip. Alejandro Agundis Arias, Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón, Dip. Leonardo Alvarez Romo, Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán, Dip. María Avila Serna, Dip. Fernando Espino Arévalo, Dip. Maximino Fernández Avila, Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno, Dip. Alejandra Méndez Salorio, Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Dip. Javier Orozco Gómez y Dip. Raúl Piña Horta.»

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para presentar proposición con punto de acuerdo suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, en relación a la organización al Parlamento de las Niñas y los Niños de México, tiene la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros.

La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros: Con su permiso, diputado Presidente.

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo, tomando en consideración los siguientes antecedentes.

Con fecha 17 de marzo de 2004, se presentó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, cuyas premisas son:

El interés superior de la familia,

La no discriminación,

La igualdad sin distinción alguna en vivir en familia como espacio primordial de desarrollo,

El tener una vida libre de violencia sin abuso ni maltrato de ningún tipo,

La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad y

La tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Son principios rectores de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes y dada la existencia del mandato del pleno, a efecto de llevar a cabo el Parlamento de las Niñas y Niños de México, y la relevancia de que la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias se integre a la organización de dicho evento.

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que se instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se llevará a cabo de manera coordinada por el Poder Legislativo a través de las comisiones designadas en la Cámara de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y de las comisiones de Derechos Humanos, con el UNICEF y con el Instituto Federal Electoral.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 19 de octubre del presente año.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política que instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias

Las diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo para instruir a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, a fin de que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y Niños de México, tomando en consideración los siguientes

Antecedentes

I. Que con fecha 30 de abril del 2002, la H. Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo en el que se establece la realización anual del ``Parlamento de las Niñas y Niños de México''.

II. Que en el citado punto de acuerdo se designó a las Comisiones de Participación Ciudadana y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a las Comisiones de Desarrollo Social y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el UNICEF, para la organización de dichos eventos.

III. Que con fecha 7 de octubre de 2003, se presentó la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como Comisión Especial que presentaron diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

IV. Que con fecha 17 de marzo de 2004, se presentó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

V. Que con fecha 15 de abril de 2004, quedó formalmente instalada la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

VI. Que con fecha 23 de junio de 2004 en sesión plenaria de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, fue aprobado por el Pleno, el Programa Anual de Trabajo en el que se señala, en el punto número siete de las acciones de trabajo general de la Comisión:

``Coparticipar en actividades organizadas por el H. Senado de la República y los Congresos locales.

a) Parlamento de las niñas y niños''

VII. Que dada la existencia del mandato del Pleno a efecto de llevar a cabo el ``Parlamento de las Niñas y Niños de México'', y la relevancia de que la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias se integre a la organización de dicho evento, se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

El interés superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad sin distinción alguna, el vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, el tener una vida libre de violencia, sin abuso, ni maltrato de ningún tipo, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, y la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales son principios rectores de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los derechos a la identidad, salud, alimentación, educación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión, deben ser vistos en conjunto, de manera integral y necesaria para la supervivencia, desarrollo, protección y participación de quienes aún no cumplen la mayoría de edad; de ahí que resulta indispensable que les reivindiquemos como lo que son: sujetos de derechos.

Son estas consideraciones, además de otras de igual relevancia, las que motivaron la creación de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales son órganos constituidos por el pleno para hacerse cargo de un asunto específico que, a través de la elaboración de predictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

En nuestros días, la tarea de las y los parlamentarios, va más allá de la estricta actividad legislativa. La vinculación ciudadana, la coordinación entre poderes, la rendición y la exigencia de cuentas, la transversalidad de las acciones, la representación ciudadana, la solución a las demandas y la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria, así como el garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos fundamentales, son también tarea nuestra.

En esta sociedad a la que aspiramos, las niñas y los niños, sus derechos y sus opiniones, deben ser incluidos y tomados en cuenta.

La Comisión busca impulsar la ``Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Niñez'' basada en un sistema en el que niñas, niños y adolescentes, son personas en desarrollo, sujetos de derechos y con participación, donde sus derechos son reconocidos y protegidos, no sólo por sus madres, padres, tutores, custodios e instituciones en general, sino por la sociedad en su conjunto, teniendo como fin último, el integrarlos a ella, sin olvidar que es el Estado, quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y la adolescencia y el ejercicio pleno de sus derechos.

Con fecha 23 de junio de 2004 en sesión plenaria fue aprobado por el pleno el programa anual de trabajo en el que se señala, en el punto número siete de las acciones de trabajo general de la Comisión:

``Coparticipar en actividades organizadas por el H. Senado de la República y los Congresos Locales.

a) Parlamento de las niñas y niños''

Siendo el objetivo general del Parlamento de las Niñas y Niños de México que, en ejercicio de sus derechos, niñas y niños de México opinen, analicen, deliberen y discutan en un ámbito de pluralidad y respeto los temas de su interés, bajo el esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo, con el fin de fomentar la cultura cívica, considerando su entorno social, económico y cultural y reconociendo que parte esencial del pábulo orientador de esta Comisión, es el hecho de escucharlos, reflexionar y actuar para proyectar, a través de sus propuestas, el Interés Superior de la infancia en la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se llevará a cabo de manera coordinada por el poder legislativo a través de las Comisiones designadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión de Derechos Humanos, con el UNICEF y con el Instituto Federal Electoral.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, Martha Leticia Rivera Cisneros, Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), Carlos Bernardo Vega, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Rosario Sáenz López, María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Iván García Solís (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Amadeo Francisco Espinosa Ramos, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia saluda a los catedráticos y estudiantes de la carrera de Derecho y Comunicación de la Universidad de León, Guanajuato, quienes se encuentran a invitación del diputado Salvador Márquez Lozornio y a quienes les desea feliz estancia en la Cámara de Diputados.

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que incremente el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso señor Presidente; honorable Asamblea: La diputada y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional del estado de Puebla, sometemos a su consideración una proposición con punto acuerdo, por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a que incrementen el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En virtud de que esta proposición con punto de acuerdo se ha publicado ya en la Gaceta Parlamentaria de fecha 5 de octubre de este año, me concretaré solamente de manera sintética, a expresar ante esta Asamblea, los motivos y el propio punto de acuerdo relativo.

La educación no es un gasto, es una inversión. La matrícula de la educación superior se ha incrementado de manera permanente. No ha ocurrido así con los subsidios, con los recursos financieros para las instituciones de educación superior del país y para el año 2005 el titular del Poder Ejecutivo ha reducido el presupuesto, la propuesta para este año que viene, en relación con los dos últimos años.

Este Congreso y particularmente esta Cámara de Diputados, tienen las facultades que podrán hacer que el presupuesto para las instituciones de educación superior y específicamente para el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pueda incrementarse.

Esta institución es reconocida muy ampliamente por sus méritos, por su excelencia. En tal virtud, el punto de acuerdo establece incrementar el subsidio en 462.6 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, distribuidos de manera específica como se establece en la publicación.

En tal virtud, pedimos a esta honorable Asamblea, considere nuestra propuesta y la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pueda obtener mayores recursos para poder preparar mejor a los poblanos y a los mexicanos. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, José Porfirio Alarcón Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, en los artículos 23 numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento del mismo Congreso, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que incremente el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El financiamiento de la educación superior ha sido uno de los temas más discutidos durante los últimos años en todas las partes del mundo. En el caso de nuestro país derivado del crecimiento de los grupos de población en edad de recibirla y por ende la demanda, mientras que los recursos públicos para financiarla no se han incrementado en la misma proporción, y en particular, en los dos últimos años, han registrado decremento en términos reales.

La matrícula en educación superior pasó de 2 millones 147 mil 100 estudiantes en el ciclo escolar 2001-2002, a 2 millones 430 mil 963 en el ciclo 2003-2004;1 es decir 283 mil 863 estudiantes más, lo que representa un crecimiento de 13.22 por ciento en el período; mientras que el financiamiento a partir de 1994, cuando se registró el mayor apoyo presupuestal, apenas crece en 3.5% promedio anual, pero bajo esquemas de asignación distinta que ponen atención a los llamados subsidios extraordinarios.

Si el subsidio del año pasado fue el más adverso del período reciente para las Universidades Públicas Estatales, la propuesta para 2005 impacta aún más, ya que la propuesta del ejecutivo considera una reducción de 1,256.1 millones de pesos.

La educación debe ser considerada como un bien social, parte fundamental del desarrollo, y elemento vital en la calidad de vida de los individuos. Como lo expresara el propio Presidente Vicente Fox en su discurso al presentar el Programa Nacional de Educación 2001-2006: ... mi gobierno ha definido la educación como el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva y para lograr la emancipación de las personas y de la sociedad...De la educación depende la clase de país que construiremos y también la sociedad que habremos de tener en los próximos años. En ella radica la solidez de la democracia, los niveles de salud y de bienestar de la población; el cuidado al medio ambiente y nuestro potencial económico, científico y tecnológico.2

Es a través de la educación como podemos convertirnos en una mejor sociedad, con mayores oportunidades y mayores posibilidades de progreso, bienestar y equidad para todos. Vicente Fox agrega que el primer paso para superar la pobreza es la equidad educativa.

Lo anterior tiene sustento en los preceptos de nuestra Carta Magna. Restringir las oportunidades educativas únicamente con argumentos técnico presupuestales, es en cierta forma contravenir el Artículo uno de la Constitución, que a la letra dice:

Artículo 1

... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Si bien el acceso a la educación superior no debe interpretarse como un derecho absoluto y abierto, y evitando caer en simples interpretaciones; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario a los argumentos que con frecuencia escuchamos, sí contempla la atención del Estado en la educación superior. El artículo 3o señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, mientras el inciso V. especifica: además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Otras de las afirmaciones del titular del Ejecutivo federal es que el eje de su política educativa es la equidad, porque a pesar de los esfuerzos de la sociedad mexicana, aún persisten grandes diferencias entre los estados, entre la ciudad y el campo; entre las mujeres y los varones, entre las comunidades indígenas y el resto del país. Conviene recordarle al Ejecutivo que nuestro país se caracteriza por la desigualdad oportunidades; pues mientras en el Distrito Federal la cobertura de educación superior es de 40%, en Puebla es de 22%, y de ésta sólo el 40% corresponde a matrícula atendida por instituciones públicas.

Dice el discurso del titular del Ejecutivo que: ... para compensar las desigualdades no basta con crear más escuelas, porque una educación de calidad dispar, desigual, es una forma más de inequidad.3 Estamos completamente de acuerdo con él, sólo que en aras de reducir la presión al gasto público se desreguló la creación de instituciones privadas. De tal manera, en los últimos 10 años han abierto 954 escuelas particulares, la mayor parte de ellas sin asegurar estándares de calidad, ni en infraestructura ni en la plantilla académica. Esta disparidad en la calidad de la enseñanza es otra forma de inequidad que en nada ayuda a alcanzar la anhelada igualdad. Además, familias que carecen de ingresos suficientes son las más afectadas y muchos de sus hijos quedan sin opción de estudios superiores.

Asignar mayores recursos a las instituciones públicas, tampoco significa que el Estado cargue con todos los costos, si a esfuerzo compartido nos referimos. Al respecto conviene señalar que los estudiantes de la universidad poblana pagan en promedio 500 pesos por cuatrimestre, sin contar los servicios escolares y las cuotas especiales.

Reforzando lo anterior, organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE consideran que la educación superior no sólo es un beneficio individual sino también un estímulo para el desarrollo económico y social en su conjunto. Desde esta perspectiva, se sugiere la ampliación de la cobertura de todo el sistema educativo, enfatizando la diversidad de ofertas en el nivel superior, como una manera de ofrecer formación adecuada a poblaciones heterogéneas.

El inciso VIII del artículo 3o constitucional faculta al Congreso de la Unión para que, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, por lo que en la conformación del presupuesto para el 2005, brinda la oportunidad de recuperar los recursos para la educación superior y sobre todo para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Ésta no es la primera vez que en el seno de este recinto legislativo discutimos los presupuestos para las universidades públicas. El pasado mes diciembre aquí mismo se logró la conformación de un fondo para Problemas Estructurales de la UPE's, pero que la SEP aun no le asigna 500 millones de pesos desde julio pasado. Además, el Fondo de Equidad, aprobado aquí mismo para distribuir más dinero entre las universidades con menores recursos, que ejerce en el presente ejercicio 815 millones de pesos, para 2005 no tiene asignación.

Desde hace tres años distintos grupos de legisladores han atestiguado que, la oferta profesional de la BUAP es la más demandada en la región gracias a la calidad y diversidad de sus programas, a su planta docente y su infraestructura académica. Por ello, en el último proceso de admisión a 13 mil de los aspirantes a educación superior no fue posible darles un lugar, aunque poco más de 10 mil aprobó el examen por encima del mínimo requerido, por carecer de infraestructura y docentes que permitieran atender con criterios de calidad.

Para asegurar la calidad educativa se debe impulsar la evaluación constante y sistemática, la evaluación externa que además haga pública la información, tal como lo expresó el primer mandatario.4 Hoy día, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es ampliamente reconocida como una institución de vanguardia en el país, no sólo por los avances que registra su actividad académica, sino también por los resultados de las evaluaciones externas a las que se ha sometido. Además, como componente principal de la transparencia y la rendición de cuentas, diversos indicadores colocan a la BUAP como una de las mejores universidades públicas estatales; un indicador de ello es que forma parte del selecto grupo de 10 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que se reconoce con mayor producción científica del país.

Por último, como representantes sociales, debemos estar pendientes de que el gasto Federal no acreciente las desigualdades entre los Estados, en lugar de compensarla, ahondando las diferencias entre Estados ricos y pobres. Los recursos que se destinen a la educación, básicamente a la superior, a la ciencia y la tecnología, son la mayor inversión social que debe cerrar las brechas que existen en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Primero. Incrementar el subsidio en 462.6 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, distribuidos de la siguiente manera:

Segundo. Para asegurar la transparencia en el manejo de estos recursos la BUAP propone que los apoyos sean depositados en un fideicomiso en el que no participe el Rector de la institución.

Notas:

1 Cuarto Informe de Gobierno, 2004.

2 Discurso del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en la presentación del Programa Nacional de Educación 2001-2006. México, DF, 28 de septiembre de 2001.

3 Ídem.

4 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. José Alarcón Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VOLUMEN III

CONTINUACION DE LA SESION No. 15 DEL 19 de OCTUBRE de 2004

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DEPORTISTAS PARALIMPICOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, para que invite a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004, con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo.

La diputada Virginia Yleana Baeza Estrella: Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: La discapacidad, es cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionada por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser humano.

En el mundo, 500 millones de personas viven con una discapacidad, en nuestro país existen aproximadamente 30 millones de personas involucradas con las personas que viven alguna discapacidad.

En los últimos años, se ha tomado especial interés por las personas que viven con alguna discapacidad, que de ningún modo debería constituir un problema social. Sin embargo, pese a los impedimentos tanto físicos como sociales de los que son objeto, muchos de los individuos que viven con alguna discapacidad, con coraje y valor han salido adelante, demostrándole a la sociedad mundial que son capaces de alcanzar metas y lograr triunfos, que incluso algunos de los seres humanos que no tienen ninguna limitante física, no han logrado realizar.

Nuestros deportistas mexicanos participan en cada justa y juegos olímpicos que se celebran, poniendo desde luego su máximo esfuerzo y representando dignamente a nuestro país.

Por lo anterior, es importante y necesario que se realicen acciones de políticas públicas en todos y cada uno de los niveles de gobierno en materia de deporte, tal como se dispone en el artículo 73 constitucional, fracción XXIX inciso J), el cual señala que debe existir una coordinación de la facultad concurrente en materia de deporte entre Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios. Dichas acciones políticas deben ir encaminadas a reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.

Por todo lo anterior, en todos los ámbitos y niveles de Gobierno debemos demostrar un verdadero interés para ayudar y crear oportunidades a favor de los mexicanos que viven algún tipo de discapacidad, en especial a los que practican algún deporte y nos representan a nivel internacional, ya que muy a pesar de tener alguna limitante física, son capaces de demostrarle al mundo que son seres humanos tenaces con actitud ganadora, venciendo los obstáculos por muy difíciles que éstos sean, actitud que debemos de tomar ejemplo para sacar adelante al país en materia legislativa.

Puntos de Acuerdo

Primero. La suscrita exhorta a la Cámara de Diputados, para que invite a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004, con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento.

Segundo. Que esta soberanía, en pleno respeto, exhorte al Poder Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.

Tercero. Que el pleno de esta soberanía, en pleno respeto, exhorte a los gobiernos de los estados para que realicen en sus ámbitos el reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico y a los medallistas de los Juegos Paralímpicos que pertenezcan a su entidad.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a invitar a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo, a cargo de la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del PAN.

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que invite a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su de-sempeño deportivo, así como al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados, para que realicen las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Primeramente, es importante señalar que se entiende por discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ``La Discapacidad es cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionados por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser humano''.

Por su parte el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en México señala que la discapacidad ``es la falta o limitación de la capacidad de una persona para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal o funcional para un ser humano''.

En el mundo 500 millones de personas viven una discapacidad, circunstancia que afecta de manera trascendental la vida de estas personas, ya que la mayoría de los países carecen de una cultura que permita las condiciones necesarias para el desarrollo integral y eficaz de una persona que vive una discapacidad.

En nuestro país, existen aproximadamente 30 millones de personas involucradas con las personas que viven alguna discapacidad, lo anterior debido a que por cada persona que vive una discapacidad, dos personas más se encuentran involucradas de alguna manera u otra con ellos, a este respecto, el DIF, la SEP y el Gobierno del Distrito Federal concluyen que ``el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad''.

Las causas que influyen en la discapacidad que viven muchos mexicanos, varían en el mundo, así como las consecuencias y frecuencias de éstas. En México, la discapacidad que viven algunas personas se asocia a bajas condiciones de bienestar tales como la pobreza extrema, la marginación social, la mala nutrición, el analfabetismo, la ignorancia, el acelerado crecimiento poblacional y su distribución geográfica en el país, que restringe la prestación de servicios de toda índole.

Sin embargo, el trato que reciben las personas que viven una discapacidad varía según el país. Algunos países han aprobado leyes que ordenan la igualdad de acceso a la educación y el empleo; otros someten a las personas que viven una discapacidad a un tratamiento humillante, encerrándolos en instituciones que los mantienen alejados de la sociedad. La cultura de cada país juega un papel de suma importancia por lo que respecta a la discapacidad que viven muchas personas.

Por lo anterior, en estos últimos años se ha tomado especial interés por la personas que viven alguna discapacidad, que de ningún modo debería constituir un problema social, en virtud de que quienes padecen algún tipo de limitación o restricción en sus capacidades, son seres humanos al igual que todos, con grandes virtudes, capaces de aportar enormes contribuciones al país, tanto en el ámbito económico, político y social; por tanto merecen un trato digno, con las mismas oportunidades y beneficios que los demás integrantes de la sociedad, ya que sin duda en México todos somos iguales ante la ley, es por ello, que la sociedad mundial tiene que volverse más incluyente y menos discriminatoria.

Sin embargo, pese a los impedimentos tanto físicos como sociales de que son objeto muchos de los individuos que viven alguna discapacidad, con coraje y valor han salido adelante, demostrándole a la sociedad mundial, que son capaces de alcanzar metas y lograr triunfos, que incluso algunos de los seres humanos que no tienen ninguna limitante física, no han logrado realizar.

Actualmente nuestros deportistas mexicanos se preparan profesionalmente y participan en cada justa de Juegos Olímpicos que se celebra, poniendo desde luego su máximo esfuerzo, y representando dignamente a nuestro país. Asimismo es importante destacar que igualmente existen numerosos deportistas mexicanos que viven algún tipo de discapacidad, quienes pese a sus limitaciones físicas, de la misma manera se preparan día a día, y se esfuerzan para participar en los Juegos Paralímpicos que se celebran desde el año de 1960, los cuales se llevan a cabo precisamente después de la celebración de los Juegos Olímpicos, misma competencia deportiva internacional que tiene igual importancia que los Juegos Olímpicos, y que en este año se celebra en su XII edición.

Hoy en día México ocupa el catorceavo lugar en el medallero de los Juegos Paralímpicos y es el país iberoamericano mejor situado en el medallero paralímpico, situación que es de reconocerse, ya que ello representa un gran esfuerzo de dichos deportistas mexicanos. No obstante lo anterior, no existe duda que dichos deportistas mexicanos, obtendrán mas medallas paralímpicas que en las anteriores justas, y con ello México se posicionara en una mejor lugar en el medallero paralímpico, ya que su esfuerzo y dedicación están a la vista. La delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, esta conformada por 77 atletas, y participa en diversas ramas como son atletismo, baloncesto, natación, powerlifting, tenis de mesa y tiro con arco.

Por lo anterior, es importante y necesario que se realicen acciones de política pública en todos y cada uno de los niveles de gobierno en materia de deporte, tal y como se dispone en el artículo 73 Constitucional fracción XXIX-J, el cual señala que debe existir una coordinación de la facultad concurrente en materia de deporte, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y Municipios, debiéndose de tomar en cuenta la participación de los sectores social y privado. Dichas acciones políticas coordinadas, deben ir encaminadas a reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.

Por su parte, el Congreso de la Unión en principio, debe reconocer los triunfos y esfuerzos de los medallistas paralímpicos, esto mediante una ceremonia de reconocimiento a los medallistas paralímpicos por su gran desempeño deportivo, sin embargo, también es necesario legislar en materia deportiva para que se otorguen apoyos y se fomente la actividad deportiva paralímpica, así como a las demás actividades deportivas en que participan las personas que viven una discapacidad.

Lo anterior, resulta importante, ya que al reconocer en todos lo ámbitos de gobierno, los triunfos de los deportistas paralímpicos en dicha competencia deportiva internacional, y por ende su gran y loable esfuerzo, se estimula y apoya su actividad deportiva. Por ello, y en el marco de la igualdad jurídica que se encuentra plasmada en nuestra Constitución Política en su artículo primero, para crecer como un país democrático, que tome en cuenta a toda la población sin discriminación de ninguna especie, es necesario y justo que en todos los ámbitos de gobierno se fomente, reconozca y apoye dicha actividad deportiva internacional realizada por las personas que viven algún tipo de discapacidad.

Por todo lo anterior, nuestro país en todos los ámbitos y niveles de gobierno debe demostrar un verdadero interés para ayudar y crear oportunidades a favor de los mexicanos que viven algún tipo de discapacidad, en especial a los que practican un deporte y nos representan a nivel internacional, ya que muy a pesar de tener alguna limitante física, son capaces de demostrarle al mundo que son seres humanos tenaces, con aptitud ganadora, venciendo los obstáculos por muy difíciles que éstos sean, actitud que debemos tomar como ejemplo para sacar adelante al país en materia legislativa.

Punto de Acuerdo

Primero.- La suscrita diputada exhorta a la Cámara de Diputados para que invite a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo.

Segundo.- Que el Pleno de ésta soberanía, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhorte muy respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que realice las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.

Tercero.- Que el Pleno de ésta soberanía, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhorte muy respetuosamente a los gobiernos de los estados, para que realicen en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y a los medallistas de los Juegos Paralímpicos que pertenezcan a su entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Diputados: Guillermo Tamborrel Suárez, Adriana González Furlong, Yleana Baeza Estrella (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición...

Debido a que esta Presidencia no tiene oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a las autoridades del estado de Oaxaca, sean investigados los funcionarios públicos que intervinieron en la violación de derechos humanos y garantías individuales de la joven María.

La diputada Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En junio del presente año, María, una joven de 19 años y con una discapacidad, fue violada por su tío; resultado de la agresión: un embarazo no deseado.

La denuncia penal fue presentada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales en el estado de Oaxaca el 10 de agosto, junto con la solicitud de interrupción del embarazo, conforme a lo que establece el artículo 316 del Código Penal de la entidad.

Después de diversos trámites legales para poder acceder a la autorización de interrupción legal del embarazo, María fue internada el 1o. de septiembre en el Hospital General ``Doctor Aurelio Valdivieso'', donde permaneció hospitalizada 41 horas sin que le hubieran practicado la interrupción del embarazo.

Con 13 semanas de embarazo los médicos del hospital decidieron aplicar un procedimiento de intervención en el que primero se provocaba un aborto medicamentoso, para posteriormente intervenir quirúrgicamente. Sin embargo, el medicamento utilizado no es el que se emplea en este tipo de casos, por lo que resultó inicuo. Por ello, el 3 de septiembre María junto con su madre, exigieron el alta voluntaria bajo protesta.

Voy a resumir y presento los puntos de acuerdo, pidiéndole al señor Presidente que se integre por favor a la Gaceta.

Primero. Instar respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que se lleve a cabo la investigación inmediata de los hechos referidos y en su caso fincar responsabilidades de las y los funcionarios públicos que resulten culpables de los daños causados a María, quien finalmente tuvo que practicarse el aborto, fuera de las instituciones públicas de salud.

Segundo. Instar respetuosamente al Congreso del estado de Oaxaca, a reformar su Código de Procedimientos Penales y la Ley Estatal de Salud para adecuarlas al 316 del Código Penal de la entidad.

Tercero. Instar respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca, para que se capacite en materia de derechos humanos, en especial derechos humanos de las mujeres y las niñas, al personal de las agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales.

Pido que sea tan gentil de turnar este punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades de Oaxaca que sean investigados los servidores públicos que intervinieron en la violación de derechos humanos y garantías individuales de la joven María, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD

Las y los suscritos legisladores ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

En junio del presente año, María, una joven de 19 años y con una discapacidad, fue violada por su tío, resultando la agresión un embarazo no deseado. La denuncia penal fue presentada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de Oaxaca el 10 de agosto junto con la solicitud de interrupción del embarazo conforme a lo que establece el artículo 316 del Código Penal de la entidad.

Después de diversos trámites legales para poder acceder a la autorización de interrupción legal del embarazo, María fue internada el 1 de septiembre en el Hospital General ``Doctor Aurelio Valdivieso'' donde permaneció hospitalizada 41 horas, sin que le hubieran practicado la interrupción del embarazo.

María fue informada por tres diversas fuentes que ``por órdenes superiores'' el procedimiento médico había sido suspendido.

Cabe señalar que con 13 semanas de embarazo, los médicos del hospital decidieron aplicar un procedimiento de intervención en el que primero se provocara un aborto medicamentoso para posteriormente intervenir quirúrgicamente, sin embargo el medicamento utilizado: syntocinon que se usa para provocar contracciones, no encuentra receptores uterinos en etapas tempranas de gestación como fue el caso de María y como era de esperarse, no hubo una respuesta efectiva para provocar un aborto medicamentoso, por lo que se presume que los médicos pudieron decidir utilizar este procedimiento sabiendo ex profeso que no iba a servir.

Por ello, el 3 de septiembre, María junto con su madre exigieron el alta voluntaria bajo protesta.

Conforme al documento Manual de las Complicaciones de Embarazo y Parto: Guía para Obstetrices y Médicos, del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, el Fondo de Población de la ONU, del UNICEF y del Banco Mundial, en embarazos de menos de 16 semanas ---como es el caso de María--- se aconseja usar citotec y una ergometrina vía intravenosa, provocando una mejor respuesta.

Finalmente, la interrupción legal tuvo que llevarse a cabo fuera de las instituciones públicas de salud; observándose este caso la negligencia médica, retraso deliberado y negativa de información, tanto del doctor José Manuel Rodríguez Domingo, director del Hospital General, así como del personal a su cargo y del departamento jurídico de la Secretaría de Salud, violentando los derechos humanos y garantías individuales de María consagradas en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales en la materia suscritos por México.

Por otro lado, la agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales: Fluvia Rocío Hernández Cruz incurrió en responsabilidad al evitar y retrasar la emisión de la autorización que mandatara al Hospital General, la interrupción legal del embarazo, pese a las instrucciones directas del procurador general de Justicia del estado.

Por lo tanto, sometemos a esta soberanía el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. Instar respetuosamente al Gobierno del estado de Oaxaca para que se lleve a cabo la investigación inmediata de los hechos referidos, y en su caso, fincar responsabilidades de las y los funcionarios públicos que resulten culpables de los daños ocasionados a María, así como la reparación del daño moral y material causado.

Segundo. Instar respetuosamente al Congreso del estado de Oaxaca a reformar su Código de Procedimientos Penales y la Ley Estatal de Salud, para hacerlas acorde a lo que establece el artículo 316 del Código Penal del estado de Oaxaca, a fin de que las mujeres que quedan embarazadas resultado de una violación, puedan ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo.

Tercero. Instar respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca que se capacite en materia de derechos humanos, en particular de las mujeres, al personal de las agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Angélica de1a Peña Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señora diputada.

Túrnese como ha sido la solicitud de la señora diputada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Presidente de la República para que instruya al director general del Infonavit a que proponga, acuerde e implemente, un programa de desconcentración administrativa del instituto.

El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Con fecha 24 de abril de 1972, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Ley del Infonavit.

Con las diversas reformas a la Ley del Infonavit de los años 1992, 1994, 1996 y1997, este instituto se transformó de un organismo promotor, constructor y financiero de la vivienda, orientado a satisfacer este importante derecho constitucional, a una institución exclusivamente financiera.

Y desde hacer 4 años en este gobierno el Instituto de la Vivienda se ha convertido en un banco que perjudica a los trabajadores de México. Por eso, tomando en cuenta todo lo anterior presento las siguientes

Consideraciones

En la actualidad es ampliamente conocido que el Infonavit sufre una seria concentración de funciones en las oficinas centrales. De tal manera que muchas de sus decisiones ofrecen el franco perjuicio de la clase trabajadora.

El Infonavit carece de estructura administrativa al interior de la República. Es público y notorio que cuando un trabajador se presenta a las oficinas del Infonavit en cualquier parte del país a realizar un trámite menor, no es atendido debidamente, ni su problema es resuelto porque carecen de estructura y de funciones.

Las solicitudes de los trabajadores son remitidas a las capitales de los estados y éstas a su vez tienen que remitirlos al Distrito Federal.

Por lo anterior se impone la desconcentración administrativa a nivel nacional, como una medida urgente de simplificación administrativa y para que las tomas de decisiones relacionadas con las convocatorias para el financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales, se adopten estatal o regionalmente con la intervención de los funcionarios estatales del Infonavit y de representantes de los estados y municipios.

Sólo de esta manera se puede garantizar que las construcciones sean acordes con las construcciones climáticas y geo-gráficas, con las costumbres y tradiciones del lugar que se utilicen de manera óptima los materiales que se produzcan y se utilicen en el lugar.

Esto redundará evidentemente en un abaratamiento de los costos, en una simplificación administrativa y en una mejor adecuación de las viviendas a los requerimientos locales y en beneficio de los trabajadores de México.

Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya al director general del Infonavit a que proponga y promueva su aprobación ante el Consejo de Administración del organismo un programa de desconcentración nacional del instituto que tenga por objeto lo siguiente: que los trabajadores afiliados al Infonavit radicados en el interior de la República puedan realizar el mayor número de trámites en las delegaciones regionales del Infonavit, como una necesaria medida de simplificación administrativa.

Que las decisiones relacionadas con las convocatorias para financiamiento de unidades habitacionales se adopten con la debida y oportuna participación de los delegados estatales y municipales del Infonavit que correspondan y se tomen en cuenta las características climatológicas y geográficas del lugar, las costumbres y tradiciones, los planes y proyectos de desarrollo urbano estatal, que consideren el uso óptimo por razones de calidad y precios de los materiales que se produzcan y utilicen en la localidad, orientados a obtener una mejor vivienda integrada a su entorno que resuelva de mejor manera los requerimientos de los trabajadores y no que el Infonavit siga siendo lo que es en la actualidad, un banco, sino que sea el instituto que fundó Echeverría, un instituto que dé beneficio a los trabajadores de México.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, acuerde e implante un programa de desconcentración administrativa del Instituto, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Pedro Ávila Nevárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a efecto de que instruya al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a que proponga, acuerde e implemente un programa de desconcentración administrativa del Instituto, con los propósitos que se señalan en el punto de acuerdo, materia de esta propuesta, presentado por el diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a los siguientes

Antecedentes

Con fecha 24 de abril de 1972 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Ley del Infonavit).

Con las diversas reformas a la Ley del Infonavit de los años 1992, 1994, 1996 y 1997, este Instituto se transformó de un organismo promotor, constructor y financiero de la vivienda, orientado a satisfacer este importante derecho constitucional, a una institución exclusivamente financiera.

Con fecha 23 de mayo de 1996 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Ley del SAR), como una ley de orden público e interés social que tiene por objeto regular el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes previstos en la propia Ley del SAR y en las leyes del Seguro Social, del Infonavit y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) para el cumplimiento de su objeto el SAR opera cuentas individualizadas de trabajadores, que se integran con las aportaciones obrero-patronales para el fondo o subcuentas de retiro y de vivienda.

La Ley del Infonavit fue reformada (entrando en vigor el 6 de enero de 1997) para adecuarse y ser congruente con la Ley del SAR, previendo fundamental y expresamente que las cuotas obreros patronales para vivienda fueran administradas a través del SAR.

Consideraciones

1. En la actualidad, es ampliamente conocido que el Infonavit sufre una seria concentración de funciones en las oficinas centrales, de tal manera que muchas de sus decisiones se ofrecen en franco perjuicio de la clase trabajadora.

El Infonavit carece de estructura administrativa al interior de la República. Es público y notorio que cuando un trabajador se presenta a las oficinas del Infonavit en cualquier parte del país a realizar un trámite menor, no es atendido debidamente ni su problema es resuelto, por que carecen de estructura y de funciones, las solicitudes de los trabajadores son remitidas a las capitales de los estados, y éstas a su vez tienen que remitirlos al Distrito Federal.

Este estado de cosas ha generado y promovido, adicionalmente, la corrupción, entre empleados del Infonavit, coyotes, constructores y líderes obreros.

2. Por lo anterior se impone la desconcentración administrativa a nivel nacional como una medida urgente de simplificación administrativa y para que las tomas de decisiones relacionadas con las convocatorias para el financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales se adopten estatal o regionalmente con intervención de los funcionarios estatales del Infonavit y de representantes de los estados y los municipios. Sólo de esta manera se puede garantizar que las construcciones sean acordes con las construcciones climáticas y geográficas; con las costumbres y tradiciones del lugar; que se utilicen de manera óptima los materiales que se produzcan y se utilicen en el lugar. Esto redundará evidentemente en un abaratamiento de los costos, en una simplificación administrativa y en una mejor adecuación de las viviendas a los requerimientos locales.

Además, esta fórmula de desconcentración permitirá ajustar los proyectos al desarrollo urbano y estatal, debidamente integrados a las obras de infraestructura locales y dejaremos de ver fraccionamientos construidos en medio de la nada, sin infraestructura, comunicaciones y servicios, pero conforme al interés ilícito de constructores y funcionarios corruptos.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General me permito someter la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al director general del Infonavit a que proponga y promueva su aprobación ante el Consejo de Administración del organismo, un programa de desconcentración nacional del Instituto que tenga por objeto el siguiente:

a) Que los trabajadores afiliados al Infonavit radicados en el interior de la República puedan realizar el mayor número de trámites en las delegaciones regionales del Infonavit, como una necesaria medida de simplificación administrativa.

b) Que las decisiones relacionadas con las convocatorias para financiamiento de unidades habitacionales, se adopten con la debida y oportuna participación de los delegados estatales y municipales del Infonavit que correspondan, y se tomen en cuenta las características climatológicas y geográficas del lugar; las costumbres y tradiciones; los planes y proyectos de desarrollo urbano estatal. Que consideren el uso óptimo, por razones de calidad y precio de los materiales que se produzcan y utilicen en la localidad, orientados a obtener una mejor vivienda integrada a su entorno que resuelva de mejor manera los requerimientos de los trabajadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Vivienda.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por su promovente.

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MAIZ TRANSGENICO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia tiene la palabra el diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental, el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre maíz y biodiversidad.

El diputado Antonio Mejía Haro: Con su permiso, señor Presidente. El 20 de junio de 2002 la Comisión de Cooperación Ambiental, CCA, decidió estudiar la contaminación genética del maíz.

Entre los apartados de este estudio se definieron los siguientes: contexto y antecedentes del maíz silvestre y cultivado en México. Análisis de beneficios y riesgos. Evaluación de los efectos en la diversidad genética, en los ecosistemas naturales, en la agricultura, en lo social y en lo cultural, así como en la salud pública y en la sanidad animal, entre otros.

En marzo de 2004 la CCA llevó a cabo el simposio ``El maíz y la biodiversidad. Efectos del maíz transgénico'', cele- brado en la ciudad de Oaxaca. Las comunidades oaxaqueñas demandaron medidas para proteger su cultivo de maíz y recordaron que para millones de mexicanos el maíz es fundamental en su alimentación.

Cada individuo llega a consumir hasta medio kilogramo de productos de maíz al día; sin embargo, su relación con este grano no es solamente nutricional. Para las comunidades indígenas el maíz no solamente es comida sino motivo de fiesta, de intercambio de convivencia, de ayuda mutua, en sí, su vida misma.

Otro sector que también se manifestó alrededor de la contaminación del maíz fue el Comité Consultivo Público de conjunto, el cual está conformado por 15 ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá, quien recomendó una moratoria a las importaciones de maíz transgénico e incorporar los aspectos culturales asociados al maíz en el estudio que lleva la CCA.

El informe fue presentado el día 13 de septiembre al Consejo de la CCA, integrado por los ministros de agricultura de Canadá, Estados Unidos y México, pero en estos momentos aún no se sabe si la CCA lo hará público de manera oficial debido a que en él se reconoce la necesidad de proteger la diversidad genética del maíz en sus centros de origen, lo que ha causado presiones sobre la CCA por el gobierno de Estados Unidos y de las empresas agrobiotecnológicas para que el informe no sea publicado.

En una versión preliminar del informe se establece que nuestro país debe mantener la prohibición a las importaciones de maíz transgénico y evitar que sus campesinos utilicen las semillas contaminadas.

El informe solicitado contempla entonces conclusiones que tendrían incidencia en las discusiones de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta honorable Cámara de Diputados solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del grupo asesor sobre maíz y biodiversidad, que les fue presentado el día 3 de septiembre de 2004, por el secretariado de la CFA, toda vez que las recomendaciones tendrán una incidencia directa en las actuales discusiones que se tienen en la minuta de Ley Sobre Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el H. Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre maíz y biodiversidad, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos diputados y diputadas de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:

Considerandos

El 20 de junio de 2002 la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) anunció que estudiaría la contaminación genética del maíz bajo los lineamientos del artículo 13 del ACAAN. El 7 de octubre en la página electrónica de la CCA se publicó la lista de los 16 integrantes del grupo asesor.

El proceso continuó con la definición de términos de referencia, mismos que fueron publicados y sometidos a observaciones públicas a partir del 23 de enero de 2003. El Grupo Asesor introdujo los siguientes apartados de estudio: Contexto y antecedentes del maíz silvestre y el cultivado en México; Análisis de beneficios y riegos; Evaluación de los efectos en la diversidad genética; Evaluación de los efectos en los ecosistemas naturales; Evaluación de los efectos biológicos en la agricultura; Evaluación de los efectos sociales y culturales asociados con la producción de maíz transgénico; Evaluación de la salud humana y animal; Marco con el cual pueden evaluarse los potenciales beneficios y riesgos: Análisis de cuestiones biológicas y valores comunitarios complejos: comunicación y participación; e identificación y análisis de las herramientas de manejo y las opciones para mitigar o evitar los riesgos potenciales y fortalecer o capitalizar los beneficios posibles.

La siguiente etapa fue la elección de expertos para desarrollar cada capítulo. En enero de 2004 se hizo público el índice de capítulos y sus autores. En marzo de 2004 la CCA llevó a cabo el simposio El maíz y la biodiversidad: efectos del maíz transgénico en la ciudad de Oaxaca.

Dicho evento, por el tema, contó con una amplia concurrencia. Numerosas organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y académicos.

Las comunidades oaxaqueñas demandaron medidas para proteger sus cultivos de maíz. Recordaron que para millones de mexicanos el maíz es fundamental en su alimentación. Cada individuo llega a consumir hasta medio kilogramo de productos de maíz al día. Sin embargo, su relación con este grano no es solamente nutricional. Para las comunidades indígenas el maíz no sólo es comida, sino motivo de fiesta, de intercambio, de convivencia, de ayuda mutua. Es su vida misma.

Otro sector que también se manifestó alrededor de la contaminación del maíz fue el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), organismo de representación ciudadana que forma parte de la CCA. Este Comité está conformado por 15 ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá y el 13 de abril de 2004 emitió públicamente sus recomendaciones acerca de la problemática por la que atraviesa el maíz mexicano. De sus recomendaciones destacan dos: establecer una moratoria a la importación de maíz transgénico e incorporar los aspectos culturales asociados al maíz en el estudio que lleva a cabo la CCA.

En estos momentos aún no se sabe si la CCA hará o no público el informe, dado que algunos de los capítulos reconocen de manera explícita tanto la contaminación como la necesidad de proteger la diversidad genética del maíz en su centro de origen. Lo que ha causado presiones sobre la CCA por el Gobierno de los Estados Unidos y de las empresas agrobiotecnológicas para que el informe no sea publicado.

En un informe del secretariado de la CCA, manifestó que el informe final, que incluye las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, fue presentado el 13 de septiembre de 2004 al Consejo de la CCA, integrado por los ministros de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, que normalmente lo hará publico en los 60 días siguientes a su recepción, a menos que el Consejo decida otra cosa.

Las recomendaciones entregadas en mayo pasado a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, en una versión preliminar del informe final, establecen que nuestro país debe mantener la prohibición a las importaciones de maíz transgénico y evitar que sus campesinos utilicen semillas contaminadas, así como impulsar su propia evaluación sobre los efectos de la contaminación genética en las tierras de cultivo, ya que es el centro de origen del maíz.

El informe solicitado por diversas organizaciones, no solo de Oaxaca sino de toda la región de América del Norte, contempla significativas conclusiones que tendrán incidencia en las discusiones de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Que esta H. Cámara de Diputados solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, que les fue presentado el 13 de septiembre de 2004 por el Secretariado de la CCA, toda vez que las recomendaciones tendrán una incidencia directa en las actuales discusiones que se tiene sobre la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se esta analizando en las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente así como en la de Ciencia y Tecnología.

Dip. Antonio Mejía Haro (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y al gobierno del estado de Yucatán, investiguen e informen a esta Cámara de Diputados y en su caso sancionen sobre el daño ocasionado en la reserva ecológica de Cuxtal, en el municipio de Mérida.

El diputado Roger David Alcocer García: Con su permiso, señor Presidente:

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán, a investigar e informar a esta Cámara y en su caso sancionar sobre el daño ocasionado a la reserva ecológica de Cuxtal.

La creciente expansión humana en el último siglo ha hecho necesario salvaguardar pequeñas áreas de ecosistemas, protegiéndolos contra la intervención del hombre.

Las reservas ecológicas a nivel nacional como internacional, están consideradas como regiones donde coexisten las zonas naturales y las zonas modificadas por el hombre; las reservas ecológicas en México, son variadas y numerosas y se localizan desde la península de Baja California hasta la de Yucatán.

Estas áreas son seleccionadas para protegerlas de manera especial contra el deterioro y la degradación del medio ambiente.

La reserva ecológica de Cuxtal, en Mérida, Yucatán, fue decretada el 28 de junio de 1993, como una zona de extensión aproximada de 10 mil 757 hectáreas y se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Mérida. Comprende un área en la cual se encuentran varias haciendas henequeras. Esta zona es denominada como de selva baja caducifolia, por lo que no podemos encontrar grandes ejemplares de árboles. También en esa área se encuentra un cenote, Dzonot-Ich, el cual figura entre sus grandes atractivos.

El legado cultural y la protección de animales en peligro de extinción, como el venado cola blanca, son algunos de los motivos por lo cual se decretó su protección.

Sin embargo, en los últimos meses esta área ha sido presa de la depredación, con desmontes, construcción de bodegas y la ampliación de las instalaciones de la feria del municipio de Mérida Ixmacuil.

Toda vez que la reserva ecológica se encuentra en el territorio del municipio de Mérida, en primera instancia debería de ser la autoría de esta localidad la responsable de negar los permisos de construcción en el área protegida, de acuerdo a lo que dispone la misma Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 23 de abril de 1999.

Cabe señalar que un estudio que realizó la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento en Mérida, con motivo de la ampliación de la feria, saca a relucir que no se respetaron varios lineamientos y por el contrario se descubrió así que había daños irreversibles al entorno ecológico de la zona.

Debido a estas consideraciones proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta soberanía exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán, investigar e informar a esta Cámara y en su caso sancionar sobre el daño ocasionado, prohibiendo así cualquier tipo de construcción dentro del territorio de la reserva ecológica de Cuxtal, en el municipio de Mérida, Yucatán.

Señor Presidente, agradeceré sea incluido el texto íntegro al Diario de los Debates y Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a la Cámara de Diputados y, en su caso, sancionar sobre el daño ocasionado a la reserva ecológica de Cuxtal, en el municipio de Mérida, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a ésta H. Cámara de Diputados y en su caso sancionar, sobre el daño ocasionado a la reserva ecológica de Cuxtal ubicada en el municipio de Mérida, Yucatán.

Exposición de Motivos

La creciente expansión humana en el último siglo ha hecho necesario salvaguardar pequeñas áreas de ecosistemas, protegiéndolos contra la intervención del hombre. Los conservacionistas, así como los círculos científicos hacen hincapié en la necesidad de disponer de esta red de espacios naturales protegidos bajo distintas figuras legales y sobre todo, conectados entre sí para garantizar un mínimo de intercambio de información entre las especies animales y vegetales que forman la biocenosis en estas áreas.

Las reservas ecológicas a nivel nacional como internacional, están consideradas como regiones donde coexisten las zonas naturales y las zonas modificadas por el hombre. Las reservas ecológicas en México son variadas y numerosas y se localizan desde la península de Baja California hasta la de Yucatán.

Estas áreas son seleccionadas para protegerlas de manera especial contra el deterioro y la degradación del medio ambiente. Los criterios de selección obedecen a varias razones, que van desde la belleza natural del entorno hasta el interés científico de la región, pasando principalmente por la preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat de especies protegidas o amenazadas por la extinción y la consideración de una región como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento.

La reserva ecológica Cuxtal fue decretada el 28 de junio de 1993 con una zona de extensión aproximada de 10 757 hectáreas y se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Mérida. Comprende un área en el cual se encuentran varias haciendas henequeneras.

Esta zona se decretó como reserva cuando ya había pequeñas comunidades, por lo que el lugar está poblado; sin embargo como en toda reserva queda prohibido atentar contra la flora y fauna de la región, así como la explotación de los recursos naturales del suelo y la contaminación del aire.

Esta zona es denominada como de selva baja caducifolia, por lo que no podemos encontrar grandes ejemplares de árboles, en esta área se encuentra un cenote, ``Dzonot-Ich'', el cual figura entre sus grandes atractivos; el legado cultural y la protección de animales en peligro de extinción como el venado cola blanca, son algunos de los motivos por lo cual se decreto su protección.

Sin embargo, en los últimos meses esta área ha sido presa de la depredación, con desmontes, construcción de bodegas y la ampliación de las instalaciones de la Feria del Municipio de Mérida, X'Matkuil.

Toda vez que la reserva ecológica se encuentra en el territorio del municipio de Mérida, en primera instancia debería ser la autoridad de esa localidad la responsable de negar los permisos de construcción en el área protegida, de acuerdo a lo que dispone la misma Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del día viernes 23 de abril de 1999.y demandar ante la Profepa en caso de que se realizare una invasión ilícita.

Cuando el Ejecutivo local presentó al ayuntamiento de Mérida el estudio de impacto ambiental de su proyecto de ampliación de la Feria de X'Matkuil, tenían 50 por ciento de avance, dicha ampliación no incluyó un levantamiento de la fauna, no obstante que en el llamado pulmón de Mérida, se habían identificado siete especies de mamíferos y 157 de aves pertenecientes a 13 órdenes de los 23 que aún sobreviven en el mundo.

Cabe señalar que un estudio que realizó la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida con motivo de la ampliación de la Feria, saca a relucir que no se respetaron varios ordenamientos y, por el contrario, se descubrió así que había daños irreversibles al entorno ecológico de la zona, además el Ejecutivo nunca dijo que las obras se realizarían dentro de la zona sujeta a conservación ecológica de la reserva de Cuxtal.

No obstante que esta irregularidad tiene más de cinco meses y de que los pobladores de la reserva han manifestado ante la Profepa la depredación de la reserva, ésta al igual que el gobierno local, no ha intervenido para detener esta anomalía y castigar a los que están infringiendo la ley.

Es menester señalar también que se violenta varios ordenamientos por parte del Comité Organizador de la Feria al no licitar las obras de X'Matkuil, específicamente la Ley de Obras Públicas del estado de Yucatán, es su artículo primero, párrafo II; artículos 25 y 26, estableciéndose en éstos cuáles obras deben ser asignadas y cuales licitadas y este punto tampoco se reportó. Al igual que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios con Bienes Muebles, en el artículo 2, párrafo V; al igual que el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado, al no enviar sus cuentas para revisión.

Debido a estas consideraciones, y al ver que no han sido suficientes los esfuerzos conjuntos de los habitantes del municipio de Mérida y de la Profepa, para detener el avance del daño ecológico y la depredación de dicha zona, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta soberanía exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a ésta H. Cámara de Diputados y en su caso sancionar, sobre el daño ocasionado, prohibiendo así cualquier tipo de construcción dentro del territorio de la reserva ecológica de Cuxtal, en el municipio de Mérida, Yucatán.

Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Inclúyase como ha solicitado el señor diputado, el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para hacer un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca.

El diputado Abdallán Guzmán Cruz: Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con preocupante frecuencia las comunidades indígenas de Oaxaca, así como las organizaciones que las representan son objeto de represión y persecución por demandar de manera pacífica solución a sus demandas sociales. Tal es el caso del Consejo Indígena Popular de Oaxaca ``Ricardo Flores Magón'', que ha padecido el dolor de la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de algunos de sus integrantes.

El saldo desde la creación de esta organización de comunidades indígenas ha sido 517 detenidos y torturados, 103 incursiones del ejército, policía y paramilitares, 81 órdenes de aprehensión, 229 procesos penales, 27 asesinados y 263 lesionados. La responsabilidad de este clima de violencia institucional recae, según lo señalan representantes del CIPO ``Ricardo Flores Magón'' en los gobiernos de Diódoro Carrasco y José Murat, quienes se han negado al diálogo.

Entre las demandas del CIPO, destacan el respeto a los derechos humanos y la autonomía de las comunidades indígenas integradas en la organización, el cese a la represión y persecución, desaparición de paramilitares y castigo a sus líderes responsables de varios crímenes, así como solución a los conflictos agrarios. Lejos de ser atendidas estas demandas, el 14 de septiembre de este año policías de las fuerzas especiales, usando gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y pipas de agua, sin aviso de por medio desa-lojaron los 2 plantones de un centenar de miembros del CIPO, que tenían frente al palacio de gobierno. Este acto represivo dejó como resultado varios lesionados y 14 detenidos.

Con enorme esfuerzo el CIPO ``Ricardo Flores Magón'' logró sacar de prisión a 8 de estas personas, después de cubrir una fianza de 45 mil pesos por cada uno y el resto permanece en prisión.

Mientras tanto las demandas del Consejo Indígena Popular, continúan sin ser atendidas, por lo que mantienen su plantón.

Por lo anteriormente fundado sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades estatales y judiciales del estado de Oaxaca a que busquen los mecanismos legales adecuados para obtener la inmediata e incondicional liberación de los presos indígenas, recluidos en los penales de Ixcotel, Etla y Miahuatlán. Ellos son: Dolores Villalobos Cuamatzin, Margarita García García, Gumaro López Alavez, José Cruz Cruz, Abacuc Cruz Cruz y Reinaldo Feria Hernández, así como la libertad absoluta de quienes están libres bajo fianza.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a que cese el clima de represión y violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y se retome el camino del diálogo con el Consejo Indígena Popular ``Ricardo Flores Magón''.

Solicito su publicación íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para hacer un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía para su análisis y aprobación la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con preocupante frecuencia las comunidades indígenas de Oaxaca, así como las organizaciones que las representan, son objeto de represión y persecución por demandar de manera pacífica respeto a la autodeterminación de sus pueblos y a sus derechos humanos, individuales y colectivos, así como atención a su desarrollo comunitario.

Tal es el caso del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), que desde su nacimiento en noviembre de 1997 ha padecido el dolor de la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de sus integrantes a manos de grupos paramilitares, fuerzas policiacas estatales y federales.

El saldo desde la creación de esta organización de comunidades indígenas ha sido: 517 detenidos y torturados, 103 incursiones del ejército, policía y paramilitares a las comunidades de la organización, 81 ordenes de aprehensión por delitos que no han cometido; 229 procesos penales, civiles, mercantiles, etc. contra agremiados; 37 amenazas de muerte a igual número de sus integrantes; 27 asesinados y 263 lesionados de gravedad y, actualmente, uno de sus integrantes conocidos, Raúl Gatica, vive prácticamente oculto por los intentos de asesinato que ha sufrido.

La responsabilidad de ese clima de violencia institucional recae, según lo señalan representantes del CIPO-RFM, en los gobiernos de Diódoro Carrasco y José Murat, quienes se negaron al diálogo y dieron muestras reiteradas de desprecio a la dignidad de las comunidades indígenas.

La denuncia de la violación sistemática, permanente y constante de los derechos de las comunidades, pueblos e integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, que son del dominio público, no han sido atendidas por las instituciones encargadas de procurar justicia. Al contrario éstas se han dedicado a proteger a los agresores, incluidos paramilitares.

Desde el 20 de abril de 2004, el CIPO-RFM inició una jornada de movilización pacífica que ha durado hasta el día de hoy. Entre las demandas destacan las referentes al respeto a los derechos humanos y la autonomía de la comunidades indígenas integradas en la organización; cese a la represión y persecución; desaparición de paramilitares del CROCUT y castigo a sus líderes, responsables de varios crímenes; solución a conflictos agrarios; atención a diversas demandas de carácter social.

Lejos de ser atendidas estas demandas, el 14 de septiembre de este año, policías de las fuerzas especiales del gobierno del estado, elementos de las policías preventiva, turística, judicial del estado y de la Agencia Federal de Investigaciones, en una cantidad superior a 200, dirigidos por el secretario de protección ciudadana José Manuel Vera Salinas, usando gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y pipas de agua, sin aviso de por medio desalojaron los dos plantones que un centenar de miembros del CIPO-RFM tenían frente a Palacio de Gobierno, en el templo de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca, desde el pasado 20 de abril. Este acto represivo dejó como resultado varios lesionados y 14 personas detenidas.

Con enorme esfuerzo el CIPO-RFM logró sacar de prisión a siete de estas personas, después de cubrir una fianza de $45,000.00 por cada uno, monto a todas luces desmedido, dadas las condiciones de pobreza que padecen las comunidades indígenas. El resto permanece en prisión, dada la alta fianza fijada por las autoridades judiciales a tres de ellos mientras se la niegan a los otros cuatro por considerarlos ``peligrosos'' para la sociedad.

Mientras tanto las demandas del Consejo Indígena Popular de Oaxaca continúan sin ser atendidas, por lo que mantienen su plantón frente al palacio de gobierno, que está cercado por vallas metálicas y custodiado por policías día y noche, con riesgo de que se produzcan nuevos hechos de violencia.

Punto de Acuerdo

Uno. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades estatales y judiciales del estado de Oaxaca, busquen los mecanismos legales adecuados para obtener la inmediata e incondicional liberación de los presos indígenas recluidos en el penal de Ixcotel, Etla y Mialhuatlan: Dolores Villalobos Cuamatzin, Margarita García García, Miguel Cruz Moreno, Gumaro López Alavez, José Cruz Cruz, Habacuc Cruz Cruz y Reynaldo Feria Hernández; así como la libertad absoluta a quienes están libres bajo fianza.

Dos. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a que cese el clima de represión y violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos y comunidades indígenas y se retome el camino del diálogo con el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y se atiendan sus justas demandas.

México, DF, a 5 de octubre de 2004.--- Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates como ha sido solicitud del señor diputado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán rea-lice una investigación sobre las concesiones otorgadas a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán.

El diputado Roger Davi Alcocer García: El que suscribe somete a este pleno el siguiente punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En la entidad se dio un escándalo de la agrupación de Radio Taxímetros de Yucatán, por la denuncia de los socios, poniendo en entredicho los argumentos de la Dirección de Transporte del estado en la entrega de concesiones, la cual se había señalado eran directamente para los taxistas y con el fin de acabar con el corporativismo, el amiguismo y el monopolio. Pero en últimas fechas los disidentes de la agrupación han denunciado las irregularidades del señor Guillermo Alonso del Río Puga exigiendo a las autoridades estatales y federales y la a PGR, investiguen en la agrupación la adquisición de decenas de vehículos.

Estos socios de Radios Taxímetros de Yucatán, condenaron la poca transparencia en el proceso de selección y designación en la entrega de concesiones de autos de alquiler, y han denunciado el robo descarado que pretenden hacerles poderosos intereses económicos, al cobrarles por lo menos 50 por ciento más del valor del costo de un vehículo.

Asimismo, el grupo de disidentes también han denunciado el acaparamiento de concesiones y placas que pretenden los directivos, ya que dentro de la lista figuran Guillermo del Río Puga, Nicte Ha Guadalupe del Río Camargo, Guillermo Antonio del Río Fuentes, Raúl Camargo Sánchez, Patricia Camargo Sánchez e Israel del Río Camargo, todos vinculados a la familia Del Río.

La asociación fue registrada como Cooperativa Radio Taxímetros de Yucatán, según se asienta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán.

Conforme al artículo 12 de la Ley de Transporte local, son atribuciones del titular del Ejecutivo local, otorgar, renovar, suspender o revocar las concesiones y permisos de los servicios de transporte público y particular, según sea el caso.

Por lo anteriormente expuesto y para poder llevar a cabo un emparejamiento de todas esas diferencias que existen, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta soberanía del Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del estado de Yucatán a llevar a cabo la investigación y, en su caso, la sanción correspondiente, a fin de dar mayor certeza en el otorgamiento de dichas concesiones a los sindicatos y organizaciones de taxistas que prestan el servicio de pasajeros.

Atentamente. Su servidor. Y pido que se publique íntegro en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a investigar sobre las concesiones otorgadas a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal por el Estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a este Pleno el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno del estado de Yucatán a que realice una investigación exhaustiva en la entrega de concesiones de placas para la prestación del servicio de taxi en el estado, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En la entidad se dio un escándalo en la agrupación de Radio Taxímetros de Yucatán por la denuncia de los socios poniendo en entredicho los argumentos del Gobierno del estado en la entrega de concesiones, la cual, se había señalado, eran directamente para los taxistas y para acabar con el corporativismo, el amiguismo y el monopolio.

Pero en últimas fechas mas exactamente el día 4 de este mes, los disidentes de la agrupación que valientemente han denunciado las irregularidades del señor Guillermo Alonso del Río Puga exigiendo a las autoridades estatales y federales y la PGR, investiguen penalmente a fondo a fin de determinar quienes están lavando dinero en la agrupación con la adquisición de decenas de vehículos.

Estos socios de Radio Taxímetros de Yucatán han condenado la poca transparencia en el proceso de selección y designación en la entrega de concesiones de autos de alquiler y han denunciado el robo descarado que pretenden hacerles ``poderosos intereses económicos'' al cobrarles, por lo menos, 50% más del costo de un vehículo.

Asimismo, el grupo de disidentes también ha denunciado el acaparamiento de concesiones y placas que pretenden los directivos, ya que dentro de la lista figuran Guillermo del Río Puga, Nicte Ha Guadalupe del Río Camargo, Guillermo Antonio del Río Fuentes, Raúl Camargo Sánchez, Patricia Camargo Sánchez e Israel del Río Camargo, todos vinculados a la familia de Del Río.

Lucio Javier Espadas Perera, María Catalina Vela Espadas, Gilberto Arturo de Jesús Vela Espadas y Alejandra M. Solís Góngora, todos dentro del núcleo familiar del secretario de la agrupación.

Dentro de los denunciantes se encuentran por mencionar algunos a Jorge Anduze, Jorge Martín López, José Pablo González, Erwin Cabañas Pérez, Fernando Pérez Villanueva, Fernando González Alonso, Ricardo Pantoja Herrera, Mario Gerardo Calderón, entre muchos otros.

La asociación fue registrada como Cooperativa Radio Taxímetros de Yucatán, según se asienta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán.

Conforme al artículo 12 de la Ley de Transporte local son atribuciones del titular del Ejecutivo local: otorgar, renovar, suspender o revocar las concesiones y permisos de los servicios de transporte, público y particular según sea el caso; aumentar o disminuir el número de las concesiones del servicio público de transporte, según las necesidades de dicho servicio; instrumentar las medidas encaminadas al mejoramiento del servicio de transporte, aprovechando el desarrollo tecnológico y tomando en cuenta sus efectos en el medio ambiente; aprobar, de conformidad con lo que señalen esta ley, su reglamento y demás ordenamientos legales aplicables, las tarifas para la prestación del servicio público de transporte; implementar los mecanismos necesarios para regular, asignar, modificar o restringir rutas y en su caso, reubicar sitios o terminales; y las demás que le confiera dicha ley.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que ésta soberanía del Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del estado de Yucatán llevar a cabo la investigación y en su caso la sanción correspondiente, a fin de dar mayor certeza en el otorgamiento de dichas concesiones a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán.

Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Publíquese íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social.

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MEXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los objetivos, estructuras operativas y obligaciones económicas de los organismos internacionales en los que México participa.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: México goza de una amplia y reconocida trayectoria en los organismos internacionales. Nuestro país ha participado en los diversos esfuerzos realizados por la comunidad internacional para consolidar la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos del mundo.

La participación de México en los organismos internacionales ha abierto un espacio para fortalecer los vínculos con las regiones del mundo y propiciar un mejor entendimiento que favorezca la consolidación de consensos en temas que son de preocupación e interés común.

Son notables las aportaciones de México a los organismos internacionales que promueven la seguridad social y el combate a la pobreza extrema, la defensa y promoción de la democracia, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente, la liberalización comercial y la defensa de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.

Estas instancias de participación se han dado en un escenario dinámico y cambiante. En la actualidad sabemos que nuestro país tiene presencia en 189 organismos, programas y comisiones multilaterales de diversa índole, que representan la diversidad temática de la era global. Pero desconocemos su estructura, su operatividad, los recursos que se destinan para ese fin y los beneficios tangibles para la población y los intereses nacionales.

En un escenario internacional frágil y de contrastes y ante las nuevas circunstancias de la economía mexicana, que obligan a un mejor ejercicio de racionalidad del gasto público, los legisladores requerimos contar con la información pertinente que nos permita diseñar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una agenda internacional sólida y renovada.

Estamos convencidos de que la dimensión de las transformaciones mundiales, demanda que los estados intensifiquen sus relaciones y trabajen en la formación de nuevos consensos locales y regionales. En ese sentido, se orienta mi propuesta de contar con los elementos para fortalecer la presencia de México en los organismos internacionales que verdaderamente contribuyan a los intereses nacionales.

Con base en los argumentos mencionados y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, sobre la definición, objetivos y estructuras operativas de los organismos internacionales en los que México participa, así como sus obligaciones económicas, con el fin de que los diputados impidamos omisiones que puedan limitar la inserción eficiente y soberana de México, en los complejos escenarios internacionales de principio de siglo.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre los objetivos, las estructuras operativas y las obligaciones económicas de los organismos internacionales en que México participa, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI

México goza de una amplia y reconocida trayectoria en los organismos internacionales. Nuestro país ha participado en los diversos esfuerzos realizados por la comunidad internacional para consolidar la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos del mundo.

A lo largo de varias décadas de practicar una política exterior solidaria y respetuosa de la diversidad cultural y social, nuestro país ha sido un participante activo y promotor de iniciativas que han buscado mejorar y fortalecer el multilateralismo y la solución pacífica de controversias

La participación de México en los organismos internacionales ha abierto un espacio para fortalecer los vínculos con las regiones del mundo y propiciar un mejor entendimiento que favorezca la consolidación de consensos en temas que son de preocupación e interés común.

Son notables las aportaciones de México a los organismos internacionales que promueven la seguridad social y el combate a la pobreza extrema; la defensa y promoción de la democracia; el desarrollo económico; la protección del medio ambiente; la liberalización comercial y la defensa de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.

Estas instancias de participación se han dado en un escenario dinámico y cambiante. En la actualidad sabemos que nuestro país tiene presencia en 189 organismos, programas y comisiones multilaterales de diversa índole, que representan la diversidad temática de la era global; pero desconocemos su estructura, su operatividad, los recursos que se destinan para ese fin y los beneficios tangibles para la población y los intereses nacionales.

En un escenario internacional frágil y de contrastes, y ante las nuevas circunstancias de la economía mexicana. que obligan a un ejercicio de racionalidad del gasto público, los legisladores requerimos contar con la información pertinente que nos permita diseñar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una agenda internacional sólida y renovada que incorpore criterios de eficiencia y selectividad.

Estamos convencidos de que la dimensión de las transformaciones mundiales demanda que los Estados intensifiquen sus relaciones y trabajen en la formación de nuevos consensos locales y regionales. En ese sentido se orienta mi propuesta de contar con los elementos para fortalecer la presencia de México en los organismos internacionales que verdaderamente contribuyan a los intereses nacionales.

Con base en los argumentos mencionados, y con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara sobre la definición, objetivos y estructuras operativas de los organismos internacionales en los que México participa, así como sus obligaciones económicas, con el fin de que los diputados podamos determinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 cuáles son prioritarios para la inserción eficiente y soberana de México en los complejos escenarios internacionales de principios de siglo.

Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2004.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Quiroga e Tzintzunzan, instrumenten un programa de sanea-miento...

Activen el sonido en la curul del señor diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Con la atenta súplica, Presidente, de que pudiera dar cuenta nada más la Secretaría, de la propuesta del diputado Miguel Amezcua y pudiera turnarse a la comisión.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En obsequio a la solicitud del señor diputado Wintilo Vega y en tal caso, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instaurar, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y con los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del PRI

Miguel Amezcua Alejo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía para solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan a instrumentar un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Lo anterior se solicita en fundamento a los siguientes

Antecedentes

La cuenca del lago de Pátzcuaro, localizada en la parte central del estado de Michoacán es una de las regiones más notables del país debido a su importancia biológica, ecológica, cultural, histórica, escénica y arquitectónica. Asimismo, pertenece a la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, una de las más grandes en América Latina.

La cuenca es de tipo endorreico con marcadas pendientes y abrupta topografía. Comprende el lago y el territorio que lo rodea, y tiene una extensión total aproximada de mil kilómetros cuadrados, de los cuales el 10% corresponde al espejo del lago. Está constituida por los municipios de Coeneo, Huiramba, Lagunillas, Nahuatzen, Tingambato, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga, y Tzintzuntzan. Siendo estos cuatro últimos los municipios que circundan la cuenca, incluyendo igualmente las localidades de Pichátaro (Tingambato) y San Isidro (Nahuatzen).

Es una subprovincia neovolcánica tarasca, donde se observan gran cantidad de sierras y la presencia de alrededor de 150 pequeños volcanes. El clima es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 14-20°C, con una precipitación anual que va de 700 a 1400 mm, con una evapotranspiración de 800 milímetros.

Esta localizada en la porción sureste del altiplano mexicano, entre los 19°32' y 19°42' de latitud norte, y entre 101°43' de longitud oeste, a una altura de 2,035 m.s.n.m.; el lago de Pátzcuaro es somero y tiene una longitud y anchura máxima de aproximadamente veinte y diez kilómetros, respectivamente, con su eje mayor alineado en dirección sureste-noreste.

Es un lago tropical de alta montaña con importantes variaciones en su profundidad, debido a su topografía y la permanente sedimentación de materiales acarreados por la acción del agua y el viento.

El lago presenta una alta diversidad ecológica: existen seis pisos altitudinales, ocho tipos de vegetación, cinco clases de climas, 14 paisajes morfoedafológicos y 18 diferentes tipos de suelo.

Por tratarse de una cuenca endorreica, el agua que llega al lago proviene únicamente de la precipitación pluvial, las escorrentías superficiales y los manantiales que afloran en su interior. Las pérdidas de agua son debidas a la evaporación, transpiración de las plantas y a las extracciones.

Los bosques están compuestos por varias especies de encinos, pinos y oyameles, con fuerte presencia de hierbas, arbustos, pastizales, matorrales subtropicales y desérticos micrófilos, especialmente asociaciones de huizache-mezquite. Asimismo, presenta vegetación halófila, acuática y subacuática.

El turismo, la pesca, el comercio, las actividades forestales y del campo, así como las pequeñas industrias son las principales fuentes de ingreso de la micro región. Las tierras agrícolas se sitúan principalmente en las riberas y laderas, ocupando aproximadamente 40% del paisaje de la cuenca. Los principales productos agrícolas incluyen maíz, fríjol avena, janamargo y lenteja.

De la población total de la cuenca, 63% se concentra en zonas urbanas y 27% en zonas rurales. Los hablantes de lengua purépecha representan el 23% de la población total distribuida en 24 comunidades, de las cuales cinco son isleñas, dos se encuentran en la montaña y 17 son ribereñas. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la cuenca existen un total de 122 asentamientos poblacionales, entre los que se destacan la ciudad de Pátzcuaro, que concentra el 37.9% del total de la población de la cuenca y Quiroga con el 10.5%.

El crecimiento acelerado de estas dos ciudades en los últimos años ha provocado una desmedida demanda de servicios urbanos, los cuales aumentan la problemática generada por la expansión de la superficie agrícola y la actividad turística que producen una gran cantidad de desechos que se acumulan en diversos sitios o se emiten como descargas de contaminantes hacia las zonas ribereñas o entran al lago de tres maneras principales: A) mediante los emisores que conducen las aguas residuales municipales, generalmente vertidas y sin tratamiento previo; B) como consecuencia de las actividades humanas realizadas en la ribera del lago, las cuales producen desechos que contienen agroquímicos usados en agricultura, grasas y aceites empleados por los vehículos acuáticos, basura derivada de las actividades turísticas, etcétera, y C) a través de pequeños cauces de arroyos que arrastran agroquímicos y sólidos sedimentables desde las partes altas de la cuenca.

En fechas recientes se publico en los diarios que las aguas del lago de Pátzcuaro se encuentran contaminadas en un 70 por ciento por la degradación causada por la erosión y el arrastre de sedimentos, a consecuencia de la deforestación, y que a pesar de ello, los pobladores siguen pescando, lo cual puede generar problemas de salud porque los productos no están en buen estado y no existe un control por parte de las autoridades sanitarias.

Por lo anterior, y como un esfuerzo conjunto, el gobierno del estado de Michoacán, los gobiernos municipales de Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro, así como la Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el 26 de febrero de 2003, en la comunidad de Napízaro, municipio de Erongarícuaro, Michoacán, firmaron el Convenio General de Colaboración para ejecutar acciones diversas orientadas hacia la recuperación ambiental de la cuenca del lago, a través del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, no obstante esto parece ser insuficiente.

La recuperación del lago se planeaba llevar a cabo en dos etapas: la primera, en el corto plazo, a ejecutarse durante el periodo 2003-2004 y, la segunda, a mediano plazo, de 2004 a 2007, pero ya estamos terminando el año y no vemos ningún avance.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan a instrumentar un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA) a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-001ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, en la cuenca del lago de Pátzcuaro, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 6 de dicha norma.

Tercero: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a implementar un operativo permanente de revisión en las carreteras de Michoacán para prevenir el trafico de madera clandestina.

Cuarto: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio de impacto ambiental que determine el estado actual que guarda la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 14 de octubre de 2004.

Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica).»

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DIA NACIONAL DEL FEDERALISMO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a que se instaure el 16 de junio, como el Día Nacional del Federalismo.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado Presidente. De todos los temas que forman parte de la agenda política del país, el del federalismo es uno de los importantes y urgentes para la fase actual de la transición democrática.

Es también uno de los temas que más adeptos y defensores han ido ganando en el debate sobre la reforma de nuestro sistema político. De hecho, se trata quizás del tema que con mayor capacidad de interpelación entre las diversas corrientes ideológicas, doctrinarias y partidarias del actual escenario político mexicano.

A diferencia de otros tiempos, hoy prácticamente nadie cuestiona la validez del federalismo como la forma de gobierno que más nos conviene; tampoco, sorprendentemente, se cuestiona la demanda prácticamente generalizada de reconstituir a fondo el pacto federal mexicano.

Todo mundo parece estar de acuerdo en que es impostergable revertir el centralismo asfixiante de la vida económica, política y cultural de la nación o que al menos se deben hacer realidad los preceptos constitucionales formalmente vigentes en nuestra Carta Magna.

Es evidente que no todos aducen las mismas razones para adherirse al federalismo, ni a todos los mueven los mismos motivos para exigir un replanteamiento de nuestras instituciones federales.

El día 16 de junio de 1823, cuando la Provincia de Guadalajara pasó a convertirse en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, esta tierra pasó a ser un verdadero valuarte del federalismo, y en el mayor sustento del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana que se aprobó el 23 de enero de 1824.

El 28 de julio de 1823, don Prisciliano Sánchez, publicó su famoso Pacto Federal de Anáhuac, documento que influyó de manera determinante para que el Congreso Constituyente de 1824 se pronunciara por el régimen republicano, federal y popular, de acuerdo a las bases jurídicas en las que habría de descansar el nuevo estado mexicano.

El régimen federal era para Prisciliano Sánchez el invento feliz de la política, indicado por los sentimientos de la naturaleza, el país se había pronunciado por visible mayoría a favor del federalismo, porque ante todo el pueblo quería ser verdaderamente libre.

En México existen diversos días que han sido instituidos como conmemorativos para ciertos hechos históricos, pero no ha sido así para el caso del federalismo, cuya fecha conmemorativa creemos, debe ser el 16 de junio de cada año, por las razones expuestas en este punto de acuerdo.

Por tal motivo, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, declare el 16 de junio como Día Nacional del Federalismo.

Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instaurar el 16 de junio como el Día Nacional del Federalismo, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a que se instaure el 16 de junio como el Día Nacional del Federalismo, al tenor de la siguiente

Exposición de MotivosI.- De todos los temas que forman parte de la agenda política del país, el del federalismo es uno de los más importantes y urgentes para la fase actual de la transición democrática. Es también uno de los asuntos que más adeptos y defensores ha ido ganando en el debate en curso sobre la reforma de nuestro sistema político. De hecho, se trata, quizás, del tema con mayor capacidad de interpelación entre las diversas corrientes ideológicas, doctrinarias y partidistas del actual escenario político mexicano.

A diferencia de otros tiempos, hoy prácticamente nadie cuestiona la validez del federalismo como la forma republicana de gobierno que más nos conviene; tampoco, sorprendentemente, se cuestiona la demanda, prácticamente generalizada, de reconstituir a fondo el pacto federal mexicano. Todo mundo parece estar de acuerdo en que es impostergable revertir el centralismo asfixiante de la vida económica, política y cultural de la nación, o que, al menos, se deben hacer realidad los preceptos constitucionales formalmente vigentes en nuestra carta magna, que van a contrapelo de este agobiante centralismo. Es evidente que no todos aducen las mismas razones para adherirse al federalismo, ni a todos los mueven los mismos motivos para exigir un replanteamiento de nuestras instituciones federales.

II.- El día 16 de junio de 1823, cuando la Provincia de Guadalajara pasó a convertirse en el Estado Libre y Soberano de Xalisco, esta tierra pasó a ser un verdadero baluarte del federalismo y en el mayor sustento del acta constitutiva de la Federación mexicana, que se aprobó el 23 de enero de 1824.

El 28 de julio de 1823 Don Prisciliano Sánchez publicó su famoso Pacto Federal de Anáhuac, documento que influyó de manera determinante para que el Congreso Constituyente de 1824 se pronunciara por el régimen republicano federal y popular, de acuerdo a las bases jurídicas en las que habría de descansar el nuevo Estado mexicano.

El régimen federal era para Sánchez «el invento feliz de la política, indicado por los sentimientos de la naturaleza...» El país se había pronunciado, por visible mayoría, en favor del federalismo porque ante todo, el pueblo quería ser verdaderamente libre. Para Prisciliano Sánchez, esta forma de gobierno era la única que podía atender enteramente las necesidades del hombre, y para México, el influjo benéfico de dicho sistema permitirá, en poco tiempo, desarrollar nuestra riqueza natural. El federalismo, en opinión de Sánchez, sería ``el taller de la moralidad, el plantel de la filantropía, el foco de la ilustración y el sentimiento de las virtudes sociales''.

III.- En su único informe de gobierno, Sánchez afirmaba que Jalisco es un pueblo que se gloria ``de haber sido el primero en proclamar el sistema de la federación como medio infalible de conseguir su verdadera libertad...'' Las dificultades que implicaba el sistema federal eran producto de lo novedoso de su aplicación. Sánchez afirma que la ignorancia de un pueblo encorvado aún por las cadenas de trescientos años, desaparecerá ``a medida que se agilice el uso de la libertad.''

IV.- En México existen diversos días que han sido instituidos como conmemorativos para ciertos hechos históricos (de la Bandera, de la Constitución, de la Revolución, de la Independencia, etc.); pero no se ha instituido el Día Nacional del Federalismo, cuya fecha conmemorativa creemos que debe de ser el día 16 de junio de cada año, por ser la fecha de facto en que una provincia se proclama como Estado Libre, y por todo lo establecido en el considerando anterior.

La falta de una conmemoración para tal hecho es un fiel reflejo de que en nuestro país el federalismo no ha tomado la relevancia ni en términos históricos ni en términos políticos que debería de tener. Se debe reconocer el hecho de que Jalisco aportó a la causa del federalismo, y se debe de conmemorar con todo el protocolo que el acto pueda demandar y ser conducida por los titulares de los tres poderes.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, declare el 16 de junio como Día Nacional del Federalismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Insértese como es solicitud del señor diputado el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.

El siguiente punto del Orden del Día ha sido pospuesto por el grupo parlamentario promovente, que es el Partido Verde Ecologista de México.

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ESTADO DE ZACATECAS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia tiene la palabra el diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, sea incluida una partida especial para el embovedado y saneamiento del arroyo El Orito, ubicado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas.

El diputado Rafael Candelas Salinas: Con su permiso, diputado Presidente. Desde tiempo inmemorial el arroyo El Orito ubicado en el municipio de Zacatecas, ha constituido un cauce para la conducción de las aguas que se acumulan en la cuenca proveniente de los municipios de Guadalupe y Zacatecas.

Sin embargo, desde hace varias décadas, debido al crecimiento y desarrollo de dichos municipios por la expansión de los asentamientos humanos, sus servicios y la industria, el cauce de dicho arroyo se ha convertido en un lugar de descargas de aguas negras, de drenajes domésticos e industriales, del uso de mercurio y metales pesados, que han contribuido para que se eleven considerablemente los niveles de contaminación de esta área.

A mediados de la década de los noventa se realizó el embovedado de una parte del arroyo El Orito, con la finalidad de proteger la salud de los habitantes de la capital del estado, sin embargo, la bóveda construida únicamente se concretó hasta el inicio del poblado El Orito, a partir de ahí las aguas negras corren nuevamente al aire libre, generando diariamente mayor contaminación y problemas de salud pública, pues a las orillas de este arroyo se han construido escuelas, iglesias, canchas deportivas y por supuesto casas habitación.

La población que actualmente desaloja las aguas negras residuales por este cauce natural, es de 35 mil habitantes, la población actual desaloja aguas negras por un gasto promedio de 130 litros por segundo, de la cual sólo se están tratando 70 litros por segundo, sin embargo, debe considerarse y tomarse en cuenta que el gasto máximo instantáneo en un momento dado asciende a 300 litros por segundo, hacia el futuro se prevé que este gasto será de 900 litros por segundo.

Es importante destacar que con el embovedado de estos 3 kilométros de arroyo conductor de aguas negras, se verán beneficiadas en lo inmediato 35 mil habitantes de 35 colonias y comunidades vecinas en esta comunidad de El Orito, Zacatecas, por cierto patrimonio cultural de la humanidad.

Es por eso que este día, diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, he venido a esta tribuna a proponer una proposición con punto de acuerdo, que espero sea aprobada por los diputados de esta Cámara, y que dice lo siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se turne a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Recursos Hidráulicos, a fin de que en ejercicio de sus facultades, garantice que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen recursos estimados en 30 millones de pesos para el saneamiento y conclusión de 3 kilómetros del embovedado del arroyo El Orito, que se encuentra ubicado en el municipio de Zacatecas.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya una partida especial para el embovedado y saneamiento del arroyo El Orito, situado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde tiempo inmemorial el arroyo El Orito ubicado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas ha constituido un cauce natural para la conducción de las aguas que se acumulan en la cuenca, provenientes de los municipios de Guadalupe y Zacatecas como producto de los escurrimientos derivados de la precipitación pluvial.

Sin embargo, desde hace varias décadas, debido al crecimiento y desarrollo de dichos municipios, por la expansión de los asentamientos humanos, sus servicios y la industria, el cauce de dicho arroyo se ha convertido en un lugar de descargas de aguas negras de drenajes domésticos e industriales, del uso de mercurio y metales pesados, que han contribuido para que se eleven considerablemente los niveles de contaminación en el área.

Otro factor que ha contribuido a elevar los niveles de contaminación en dicho arroyo, es que por falta de cultura ecológica y de un sistema adecuado para el manejo de la basura, este arroyo ha servido como depósito de todo tipo de desechos que son arrojados al mismo.

Para combatir esta situación, cabe destacar que a mediados de la década de los noventas se realizó el embovedado de una parte del arroyo El Orito, con la finalidad de proteger la salud de los habitantes de la capital del Estado, sin embargo la bóveda fue construida únicamente hasta el inicio del poblado de El Orito. A partir de ahí las aguas negras corren nuevamente al aire libre generando diariamente mayor contaminación y problemas de salud pública, pues a las orillas de este arroyo se han construido escuelas, iglesias, canchas deportivas y por supuesto casas habitación.

Con el objeto de brindar un ambiente sano y prevenir riesgos a la salud humana de los habitantes de la zona, se requiere sanear la zona de influencia del arroyo El Orito, mismo que cruza del nor-este al sur-oeste, para lo cual se debe concluir su embovedado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada a 3.0 kilómetros arroyo abajo.

La población que actualmente desaloja las aguas residuales por este cauce natural, es de 35,000 habitantes; se estima que en 30 años llegará a ser de 64,000 habitantes con una tasa de crecimiento del 2% anual.

La población actual desaloja aguas negras por un gasto promedio de 130 litros por segundo, de la cual sólo se están tratando 70 litros por segundo, sin embargo también debe tomarse en cuenta que el gasto máximo instantáneo en un momento dado asciende a 300 litros por segundo.

Hacia el futuro se prevé que el gasto a conducir por el embovedado será de 900 litros por segundo de aguas residuales que se deberán alejar de la zona urbana de la ciudad de Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este embovedado cumplirá además con otras funciones como la captación y conducción de las aguas pluviales que se generen en su propia área de influencia.

Además, en el corto plazo podrá ser aprovechado como una obra de vialidad y de esparcimiento, construyendo colateralmente áreas de uso común.

Es importante destacar que con el embovedado de estos 3 kilómetros de arroyo conductor de aguas negras, se verán beneficiadas en lo inmediato 35,000 habitantes de 35 colonias y comunidades vecinas en la comunidad de El Orito, Zacatecas.

Las colonias consideradas dentro de ésta área de influencia son principalmente las siguientes: Comunidad El Orito, Lomas del Lago, Estrellas de Oro, González Ortega (secciones 1, 2, 3, 4 y 5), Benito Juárez, La Encantada, La Herradura, Felipe Ángeles, Las Huertas, Colinas del Padre, Europa, La Pimienta, Las Haciendas, Minera, Las Palmas, CNOP, El Ranchito, La Huerta, Las Huertas, Jardines del Sol, Camino Real, Lomas del Chaveño, Constelación, Huerta Vieja, Lomas del Bosque, El Orito Secciones 1 y 2, Emiliano Zapata, El Orito, Lomas de Cristo.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en ejercicio de sus facultades, garantice que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos estimados en 30 millones de pesos (29,987,566.00) para el saneamiento y conclusión de 3 kilómetros del embovedado del arroyo El Orito, que se encuentra ubicado en el municipio de Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 septiembre de 2004.--- Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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BRACEROS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la señora diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942-1964.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Con la venia, diputado Presidente. Honorable Asamblea: La suscrita y nuestros compañeros diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de este pleno, incluir en el proyecto aprobatorio de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, una asignación específica para el pago de compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América en el periodo de 1942 a 1964.

Compañeras y compañeros legisladores: como ya todos sabemos, un importante número de trabajadores migratorios mexicanos participaron en un programa de braceros por allá en 1942, cuando Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente cuando se creó el programa de braceros. Hasta 1964 muchos compatriotas mexicanos en condiciones infrahumanas tuvieron que emigrar para buscar, como lo hacen ahora, el pan de cada día. Ahí se estableció en dicho programa, un sueldo, una prestación, un seguro y por supuesto un fondo de ahorro a los compañeros. Ambos gobiernos lo signaron el 4 de agosto de 1942, México y Estados Unidos para que estuvieran protegidos nuestros compañeros compatriotas.

En su salario les descontaban el 10% para integrarlo en un fondo de ahorro y las cantidades de los compañeros establecidas en el acuerdo que ahorraban, iban a dar precisamente a un banco que se llamó, en San Francisco, con una cuenta de Banco Mexicano, SA y a su vez al Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Diversas organizaciones de campesinos y trabajadores de Alianza Fobaproa y otras más han estado solicitando durante muchos años esa justicia social, ése que es el dinero bruto de su trabajo. Por lo mismo, con fundamento en la disposición anterior y lo que me otorga la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Primero. Solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al pleno de esta Cámara, considerar y aprobar en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una asignación específica de al menos 600 millones de pesos para la conformación de un fondo especial para el pago de una compensación económica a los trabajadores braceros migratorios en Estados Unidos de América por el periodo de 1942 a 1964.

Segundo. Se exhorte a la Comisión de Programación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir como un artículo transitorio del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, las características que deberán observar las reglas de operación para la aplicación de estos fondos.

En este mismo ejercicio serán dirigidos a los trabajadores de mayor edad que se estima son 6,000, a los cuales se les asignarían al menos 100 mil pesos a cada uno.

Muchas gracias, diputado Presidente.

Queridas legisladoras y legisladores: en su conciencia y en su bondad apelamos, aquí están muchos de nuestros hermanos compatriotas con sus caras blancas, muchos de 100 y 90 años que han luchado toda su vida porque se les haga, se les regrese frutos del sudor de su frente. Les pido su apoyo para que vaya este presupuesto a la Ley de Egresos.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica a fin de pagar una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos de América por el periodo 1942-1964, a cargo de la diputada Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita diputada Hilaria Domínguez Arvizu y los diputados cenecistas integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a este Pleno incluir en el decreto aprobatorio de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964.

Exposición de Motivos

Como ya todos sabemos, un importante número de trabajadores migratorios mexicanos participantes del Programa Bracero en los Estados Unidos de Norteamérica en el período de 1942 a 1964, exigen del gobierno mexicano la devolución del dinero derivado del fondo de ahorro constituido con base en los acuerdos México-Norteamérica que reglamentaron la prestación de servicios de los braceros mexicanos migratorios en dicho programa.

Ambos gobiernos, el 4 de agosto de 1942, celebraron un acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos a efecto de fijar las bases sobre las cuales estos trabajadores mexicanos pudieran ser contratados en los Estados Unidos de Norteamérica y al mismo tiempo, proveer los mecanismos para que esos mismos trabajadores estuvieran debidamente protegidos, estableciendo con precisión los términos de la contratación; trabajo, transporte, condiciones laborales, salario, fondo de ahorro, etcétera.

De este modo, a todos los trabajadores migratorios agrícolas y no agrícolas mexicanos que participaron en el Programa Bracero a partir de 1942, les fueron descontado el 10% de sus salarios a fin de integrar un fondo de ahorro.

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo, el gobierno americano entregó las cantidades descontadas a los braceros agrícolas mexicanos a Wells Fargo Bank y Union Trust Company de San Francisco y estos a su vez al Banco Nacional de Crédito Agrícola y, por conducto de la comisión de mano de obra para la guerra (War Manpower Comission), entregó las cantidades descontadas a los braceros no agrícolas mexicanos al Banco del Ahorro Nacional, SA. Dichas cantidades y sus rendimientos representan sumas importantes que no fueron entregadas a sus titulares o a sus beneficiarios.

Diversas organizaciones de campesinos y trabajadores como la Confederación Nacional Campesina, el movimiento binacional Alianza Braceroproa y otras, han impulsado una solución institucional encaminada a dar respuesta positiva al reclamo de los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de Norteamérica por el período 1942 a 1964, para que se les pague el fondo de ahorro constituido en los términos señalados anteriormente, presentando diversas iniciativas encaminadas a ese fin.

Con fundamento en la exposición anterior y con la facultad que me otorgan la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica de al menos 600 millones de pesos para la conformación de un fondo especial para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de América por el período 1942-1964.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir, como un artículo transitorio del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, las características que deberán observar las reglas de operación para la aplicación del fondo mencionado en el párrafo anterior, en que se establezcan claramente los requisitos para el acceso y distribución de los recursos, que en este primer ejercicio serán dirigidos a los trabajadores de mayor edad, que se estiman en alrededor de 5,000 trabajadores y a los cuales se les asignarían al menos 100,000 (cien mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2004.--- Dip. Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al INAH, SEP y al INBA a suspender la construcción del centro comercial de Wal Mart, en el municipio de Teotihuacán.

La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Gumán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En marzo de 2004 Arrendadora y Centros Comerciales solicitó al Centro INAH en el estado de México, la autorización del proyecto arquitectónico para una tienda de autoservicio en el predio ubicado en la calle Cruz de la Misión, sin número, fraccionamiento La Parroquia, municipio de Teotihuacán.

De acuerdo con la declaratoria federal de Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán, dentro del área de protección general identificada como perímetro C, se permite la realización de construcciones que no atenten contra la preservación e integridad de la zona de monumentos arqueológicos; el terreno donde se pretende instalar dicha tienda, se encuentra ubicado en el referido perímetro C.

El artículo 13 del decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos, el área conocida como Teotihuacán, señala que en la zona de monumentos definida no se autorizarán construcciones cuya función, diseño o ubicación, alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma está destinada.

Conforme a la información proporcionada por la arqueóloga Verónica Ortega Cabrera, los permisos y licencias expedidos por las autoridades municipales, fueron otorgados sin contar con el permiso previo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hecho que atenta contra la propia declaratoria así como contra los artículos 42 y 43 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Sabemos que la construcción de esta tienda y el proceso de urbanización al que está sujeta la zona de Teotihuacán, puede producir deterioro irreversible que significaría la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural, así como afectación de los planes de desarrollo urbano del sitio por ocupar la única carretera de acceso a la zona.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a suspender la construcción del centro comercial Wal Mart, en el fraccionamiento La Parroquia, municipio de Teotihuacán, estado de México.

Segundo. Se exhorta al gobierno constitucional de Teotihuacán, estado de México, a que revise los procedimientos bajo los cuales otorgó la licencia de construcción de la tienda Wal Mart en la zona descrita, así como que sancione a los presuntos responsables de omisión de la legislación estatal y municipios vigentes.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del estado de México y al ayuntamiento constitucional de Teotihuacán, procedan a revisar y modificar el plan de desarrollo urbano aplicable a la zona arqueológica a fin de garantizar la conservación de la misma.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia en coordinación con el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Teotihuacán, a elaborar un plan de manejo para la zona a fin de garantizar la protección integral y coordinación de la misma.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurro a solicitar se turne a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia: en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes a suspender la construcción del centro comercial Wal Mart, en el fraccionamiento La Parroquia, municipio de Teotihuacán, estado de México.

Lo anterior se solicita en fundamento a los siguientes:

Antecedentes

En marzo del 2004, Arrendadora y Centros Comerciales S. de R. L. de C. V. solicitó al Centro INAH en el estado de México la autorización del proyecto arquitectónico para una tienda de autoservicio en el predio ubicado en la calle Cruz de la Misión s/n faccionamiento La Parroquia, municipio de Teotihuacán.

De acuerdo con la declaratoria federal de Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán, dentro del área de protección general, identificada como perímetro C, se permite la realización de construcciones que no atenten contra la preservación e integridad de la zona de monumentos arqueológicos. El terreno donde se pretende instalar la tienda de autoservicio, se encuentra ubicado en el referido perímetro C.

No obstante, vale la pena señalar que el artículo 13 del decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán, señala que:

Artículo 13. En la zona de monumentos definida en este Decreto no se autorizarán construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma está destinada.

En las áreas Central y Ampliada de monumentos no se permitirán construcciones nuevas ni ampliaciones de las existentes, con excepción de aquéllas que realice el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el rescate, revitalización y difusión de los monumentos y de la zona misma.

En el área de Protección General se permitirá la realización de construcciones que no atenten contra la preservación e integridad de la zona de monumentos arqueológicos y siempre que se ajusten a las disposiciones establecidas en los planes o programas de centros de población aplicables a los municipios Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. En todo caso, las obras se sujetarán a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

De igual forma consideremos que conforme la información proporcionada por la arqueóloga Verónica Ortega Cabrera, los permisos y licencias expedidos por las autoridades municipales fueron otorgados sin contar con el permiso previo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hecho que atenta con la propia declaratoria, así como con los artículos 42 y 43 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que a continuación se describen:

Artículo 42. En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica e instala- ciones de alumbrados; así como los kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a las disposiciones que al respecto fije ésta ley y su Reglamento.

Artículo 43. En las zonas de monumentos, los institutos competentes autorizarán previamente la realización de obras, aplicando en lo conducente las disposiciones del capítulo I.

Además que incumplió con lo establecido por el bando municipal de Teotihuacán, que establece en su artículo 83 la obligación de obtener una licencia de construcción emitida por el Ayuntamiento para realizar toda obra nueva, la cual deberá cumplir (según expresa el artículo 84 del mismo bando) con los requisitos marcados por el Código Administrativo del Estado de México, que instaura en su artículo 5.59 la obligatoriedad de expedir una licencia de uso de suelo como requisito previo para la obtención de una licencia de construcción y en su artículo 5.66 que el cumplimiento de estas restricciones y muy particularmente, que las restricciones destinadas a la conservación del patrimonio cultural deben verificarse de manera previa al otorgamiento de su licencia de construcción respectiva.

Sabemos que la implantación de esta tienda y el consecuente proceso de urbanización al que esta sujeta la zona de Teotihuacán puede producir deterioro irreversible que significaría la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural, así como afectación de los planes de desarrollo urbano del sitio, por ocupar la única carretera de acceso a la zona.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes a suspender la construcción del centro comercial Wal Mart, en el fraccionamiento La Parroquia, municipio de Teotihuacán, estado de México.

Segundo. Se exhorta al gobierno constitucional de Teotihuacán, estado de México, a que revise los procedimientos bajo los cuales otorga la licencia de construcción de la tienda Wal Mart en la zona descrita, así como que sancione a los presuntos responsables de omisión de la legislación estatal y municipal vigentes.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de México y al ayuntamiento constitucional de Teotihuacan, procedan a revisar y modificar el plan de desarrollo urbano aplicable a la zona arqueológica, a fin de garantizar la conservación de la misma.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia en coordinación con el gobierno del Estado de México y el ayuntamiento de Teotihuacán a elaborar un plan de manejo para la zona de Teotihuacán, a fin de garantizar la protección integral y coordinada de la misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2004.--- Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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IMPORTACION DE BARCOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

El diputado Baruch Alberto Barrera Zurita: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar que se adicione un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país cuenta con 12 mil 456 kilómetros de litoral, en los cuales se encuentran enclavados 207 puertos que componen el sistema portuario mexicano. En estos puertos se mueven anualmente 262 millones de toneladas de mercancía. Los datos anteriores reflejan el enorme potencial que tiene nuestro país en materia de comercio marítimo. Sin embargo, nos encontramos con una cruda realidad, la flota mercante mexicana cuenta con la exorbitante cantidad de una sola embarcación para realizar actividades de altura.

Por ende, nuestro país carece de embarcaciones suficientes para enfrentar las necesidades de cabotaje y navegación, que requiere la marina mercante nacional y se ve obligado a otorgar permisos temporales de navegación a embarcaciones de bandera extranjera.

En virtud de la importancia que tiene la marina mercante para el desarrollo marítimo y portuario del país, estimamos como prioridad nacional que se establezcan estímulos para impulsar la adquisición de embarcaciones por inversionistas y navieros mexicanos y por tal motivo, proponemos que se exima de la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, a las importaciones de barcos para transporte de mercancías y personas y que dicha medida se aplique a través de una disposición anual.

Tenemos la absoluta confianza de que este estímulo motivará a los inversionistas y empresas nacionales para realizar inversiones a mediano y largo plazos, para sustituir buques que por su edad no pueden hacer navegación de altura, porque lo prohiben los tratados internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto: artículo único. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para quedar como sigue:

Durante el ejercicio fiscal 2005, aquellos contribuyentes que importen barcos trasatlánticos, cruceros, transbordadores y barcos cargueros para el transporte de personas y/o mercancías, que presenten carta compromiso de abanderar a la brevedad posible dichas embarcaciones en México, gozarán de un estímulo fiscal equivalente al impuesto al valor agregado que deban pagar en la aduana. Si no se cumpliere con el abanderamiento mexicano y con las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, deberá pagarse el impuesto al valor agregado, mediante la declaración correspondiente.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo que tiene como objetivo solicitar que se adicione un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, al tenor de las siguientes

Consideraciones Constitucionales1. El artículo 73 fracción XXIX-F de la Carta Magna, faculta al Congreso de la Unión: ``Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional''.

2. En tanto que el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere de manera exclusiva a la Cámara de Diputados las siguientes atribuciones: ``Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''.

Antecedentes

Nuestro país cuenta con 12,456 kilómetros de litoral en los cuales se encuentran enclavados los 107 puertos que componen el sistema portuario mexicano. En estos 107 puertos se mueven anualmente 262 millones de toneladas de mercancía. Los datos anteriores reflejan el enorme potencial de nuestro país en materia de comercio marítimo, así como la importante infraestructura con la que contamos para atender dicha actividad, sin embargo, nos encontramos con una cruda realidad: la flota mercante mexicana cuenta con la exorbitante cantidad de una sola embarcación para realizar actividades de altura. Por ende, nuestro país carece por completo de embarcaciones suficientes para enfrentar las necesidades de cabotaje y navegación de altura de la marina mercante nacional. Esta situación obliga a nuestras autoridades a otorgar permisos temporales de navegación a embarcaciones de bandera extranjera, para cubrir la demanda de estos dos importantes mercados.

Uno de los pilares para la reactivación de las actividades de la marina mercante, es la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que fuera aprobada por unanimidad por esta soberanía el 12 de diciembre de 2002 en la LVIII Legislatura y que la Colegisladora nos regresó el pasado 15 de diciembre, cuyo trámite legislativo está pendiente en las Comisión de Marina de esta LIX Legislatura ya que fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Transporte en su sesión de fecha 22 de abril del presente año. Sin embargo, esta ley per se, sólo es una herramienta que requiere de normas complementarias que coadyuven a la reactivación de las actividades de este importante subsector económico.

Los ejes rectores de dicha iniciativa son promover la adquisición y el abanderamiento de un número mayor de embarcaciones como mexicanas. Con el logro de este objetivo no sólo se incrementaría la flota mercante, sino que se generarían fuentes de empleo para los marinos mexicanos y se da plena vigencia a las disposiciones del artículo 32 Constitucional.

Exposición de Motivos

En virtud de la importancia que tiene la marina mercante para el desarrollo marítimo y portuario del país, estimamos como prioridad nacional, que se establezcan estímulos para impulsar la adquisición de embarcaciones por inversionistas y navieros mexicanos y, por tal motivo, proponemos que se exima de la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado a las importaciones de barcos para transporte de mercancías y personas y, que dicha medida, se aplique a través de una disposición de vigencia anual, mediante la adición de un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Consideramos que el principal beneficiario de la medida en comento será sin duda el país, ya que en lo últimos años la flota mercante nacional ha ido disminuyendo considerablemente, toda vez que la legislación mexicana no cuenta con incentivos para promover la importación de embarcaciones por el alto costo de las mismas, lo que desalienta a los inversionistas nacionales por las onerosas erogaciones que tienen que realizar.

Tenemos absoluta confianza en que este estímulo motivará que inversionistas y empresas nacionales que cuentan con capacidad para adquirir embarcaciones de mediano y gran calado para transportar personas o mercancías, realicen inversiones a mediano y largo plazo para sustituir los buques que por su edad y obsolescencia, no pueden hacer navegación de altura porque lo prohíben los tratados internacionales, además de que se convierten en un riesgo potencial de contaminación marina.

De igual manera, estamos ciertos de que esta medida impulsará la renovación de la flota petrolera cuya edad productiva ha caducado y que por ser embarcaciones de casco sencillo, no pueden realizar navegación de altura por la prohibición citada. Cabe mencionar, que directivos de Pemex y algunos empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, han entablado negociaciones con astilleros de diferentes países de Europa para adquirir 10 embarcaciones para sustituir los buques tanque.

Estimamos pertinente, que la exención del impuesto en comento abarque a trasatlánticos, cruceros, transbordadores y barcos cargueros para el transporte de personas y/o mercancías, tenga una periodicidad anual y se incorpore en un artículo transitorio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este honorable asamblea el siguiente decreto

Artículo Único. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para quedar como sigue:

``Artículo... Durante el ejercicio fiscal 2005, aquellos contribuyentes que importen barcos trasatlánticos, cruceros, transbordadores y barcos cargueros para el transporte de personas y/o mercancías, que presenten carta compromiso de abanderar a la brevedad posible dichas embarcaciones en México, gozarán de un estímulo fiscal equivalente al Impuesto al Valor Agregado que deban pagar en la aduana. Si no se cumpliere con el abanderamiento mexicano y con las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, deberá pagarse el Impuesto al Valor Agregado mediante la declaración correspondiente''.

Dip. Baruch Barrera Zurita (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Activen el sonido en la curul del diputado Candelas.

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ESTADO DE MEXICO

El diputado Rafael Candelas Salinas (desde su curul): Diputado Presidente, sólo para pedirle si es prudente que el punto de acuerdo anteriormente leído por la diputada Argüelles Guzmán, relativo al asunto de Wal Mart y el punto de acuerdo segundo del día de hoy, que también fue relativo al mismo tema, pudieran ser turnados también a la Comisión de Cultura, en virtud de que éstos han sido turnados exclusivamente a la Comisión de Educación.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no, señor diputado. Es de concederse el ampliar el turno a la Comisión de Cultura, tanto del punto de acuerdo que ha expuesto el Partido Verde Ecologista, a través de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles, como el diputado Baruch Barrera Zurita, el de Candelas sobre el municipio de San Juan Teotihuacán. Con mucho gusto se obsequian los turnos.

Activen el sonido en la curul del señor diputado.

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BRACEROS

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde su curul): Diputado Presidente, con todo respeto nada más, si me puede hacer favor de explicarme el motivo, por lo cual no se sometió a consideración del pleno, el punto de acuerdo presentado por la diputada Hilaria, referente al presupuesto para los trabajadores ex braceros.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia ha considerado pertinente enviar de inmediato a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se encuentra sesionando de manera permanente y elaborando el presupuesto para el año 2005, este punto de acuerdo que ha expuesto la diputada Hilaria Domínguez, con lo cual considera satisfecho el mismo punto de acuerdo.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Además es práctica parlamentaria, Presidente, que cuando el diputado proponente decide solicitar a la Asamblea la no urgente resolución se vea concedida, como fue el caso de la diputada Hilaria Domínguez.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Y el punto es tan importante y ha hecho coincidir a todos los grupos parlamentarios, que enviándose de manera inmediata a esta comisión, será tomado en cuenta como ha sido solicitado por parte de la señora diputada.

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SECTOR AGROPECUARIO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Inelvo Moreno Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a que expida las disposiciones jurídicas para cada energético agropecuario, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo.

El diputado Inelvo Moreno Alvarez: Con su venia, señor Presidente. El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.

El 30 de diciembre del 2002 fue publicada la Ley de Energía para el Campo, cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad con medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para cumplir con ese objetivo el Ejecutivo federal establecería un programa de energía para el campo aplicando precios y tarifas de estímulo para los hidrocarburos y la energía eléctrica empleados en actividades agropecuarias. A su vez la citada ley menciona que la cuota de energía o volumen de consumo energético y los precios y las tarifas serían establecidos por la Sagarpa en el reglamento que de conformidad con el transitorio segundo, sería expedido por el Ejecutivo federal dentro de los 75 días hábiles siguientes a la entrada en vigor.

De los antecedentes referidos, se deduce una falta de voluntad política del Ejecutivo federal expresada en la actitud de la Sagarpa para aportar elementos de apoyos a los productores del campo, dado que después de 21 meses de promulgada la Ley de Energía para el Campo, aún no se deriva de la misma ninguna acción de impulso a la productividad y competitividad en el campo; mientras tanto se han dado acuerdos en tarifas de energía eléctrica, sin considerar el programa de energía para el campo previsto en la ley citada y por tanto, sin estar inscritos dentro de ese programa y con otra lógica.

La negligencia del Ejecutivo federal para completar las disposiciones jurídicas que de manera integral atiendan las necesidades del campo, infringe el mandato legal dictado por esta soberanía, en virtud de que el reglamento fue expedido un año después de aprobada la ley y en el caso de los instrumentos jurídicos que habrán de fijar la cuota energética y el precio para cada uno de los energéticos agropecuarios, aún no son expedidos a pesar de que el mandato legal establece un plazo de 45 días siguientes al 4 de diciembre de 2003.

La situación de los productores del campo es sumamente grave y por lo mismo es origen de diferentes reclamos y expresiones de inconformidad, siendo los gastos de energía uno de los componentes que en mayor medida contribuyen a los altos costos que se incurren en la producción agrícola y que los excluye de la competencia.

Por lo tanto, someto a consideración de esta honorable asamblea el primer punto de acuerdo: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la expedición en un plazo perentorio, de los instrumentos jurídicos para cada energético agropecuario, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Energía para el Campo y los artículos 3º y 12 de su Reglamento.

Y segundo y último. Se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar y hacer público los beneficios de los productores del campo, que han dejado de obtener por la ineficacia mostrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al no poner en marcha las disposiciones dictadas en la Ley de Energía para el Campo...

Termino, diputado Presidente.

...Concertando además acciones con los productores para resarcir los daños ocasionados.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa a expedir las disposiciones jurídicas correspondientes a cada energético agropecuario, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El 30 de diciembre de 2002 fue publicada la Ley de Energía para el Campo, cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para cumplir con ese objetivo, el Ejecutivo federal establecería un Programa de Energía para el Campo, aplicando precios y tarifas de estímulo para los hidrocarburos y la energía eléctrica, empleados en actividades agropecuarias.

A su vez, la ley citada menciona que la cuota energética o volumen de consumo energético y los precios y tarifas, serían establecidos por la Sagarpa, en el Reglamento que de conformidad con el transitorio segundo, sería expedido por el Ejecutivo federal dentro de los 75 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

Sin embargo, en contravención a lo anterior, hasta el 4 de diciembre de 2003, fue publicado el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y el decreto que establece el ``Programa Especial de Energía para el Campo''.

En dicho reglamento, continua indeterminada la fijación de las cuotas energéticas, así como los precios y tarifas de estímulo, ya que en su articulado se hace referencia a que tales parámetros, serán fijados en ``instrumentos jurídicos'' para cada uno de los energéticos previstos en la Ley, que serían emitidos por la Sagarpa, dentro de los 45 días hábiles siguientes a la publicación. No obstante, a la fecha los instrumentos jurídicos mencionados aún no han sido publicados.

De los antecedentes referidos, se deduce una falta de voluntad política del Ejecutivo federal, expresada en la actitud de la Sagarpa, para aportar elementos de apoyo a los productores del campo, dado que después de 21 meses de promulgada la Ley de Energía para el Campo, aún no se deriva de la misma ninguna acción de impulso a la productividad y competitividad en el campo. Mientras tanto, se han dado acuerdos en tarifas de energía eléctrica, sin considerar el Programa de Energía para el Campo previsto en la ley citada y por tanto sin estar inscritos dentro de ese programa y con otra lógica.

La negligencia del Ejecutivo federal para completar las disposiciones jurídicas que de manera integral atiendan las necesidades del campo, infringe el mandato legal dictado por esta soberanía, en virtud de que el reglamento fue expedido un año después de aprobada la ley y, en el caso de los instrumentos jurídicos que habrán de fijar la cuota energética y el precio para cada uno de los energéticos agropecuarios, aún no son expedidos a pesar de que el mandato legal establece un plazo de 45 días siguientes al 4 de diciembre de 2003.

La situación de los productores del campo es sumamente grave, y por lo mismo, es el origen de diferentes reclamos y expresiones de inconformidad; siendo los gastos por energía uno de los componentes que en mayor medida contribuyen a los altos costos en que se incurre en la producción agrícola y que los excluye de la competencia.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la expedición en un plazo perentorio de los instrumentos jurídicos para cada energético agropecuario, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Energía para el Campo y los artículo 3º y 12 de su Reglamento.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar y hacer públicos los beneficios que los productores del campo han dejado de obtener por la ineficacia mostrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al no poner en marcha las disposiciones dictadas en la Ley de Energía para el Campo, concertando, además, acciones con los productores para resarcir los daños ocasionados.

Dip. Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registro de oradores, entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el punto se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados, que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

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ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que diversas secretarías del Ejecutivo Federal realicen las gestiones necesarias para determinar los niveles de contaminación y sus efectos en la comunidad de El Hospital, municipio de Cuautla, Morelos.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En el proceso de producción de bienes de consumo o materias primas para otros procesos, así como la disposición final de los residuos y desechos que se generan, debemos poner especial atención ya que existen casos que, aun cuando aparentemente han sido juzgados o calificados como inocuos, las secuelas o daños al medio ambiente y a la salud de los pobladores, surgen con el paso del tiempo.

El área de foco de atención del problema de contaminación al medio ambiente, en total abarca una superficie mayor a los 43 mil metros cuadrados. El origen de la contaminación en el poblado El Hospital se ha debido a la fabricación de pigmentos inorgánicos, pinturas plaguicidas, entre otros. Se inició desde 1973 la compañía Basf Mexicana.

Lo anterior es motivo de preocupación para quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México en virtud de que en las instalaciones que ocupó por más de 20 años la compañía Basf Mexicana. Existen evidencias físicas que hacen presuponer la contaminación tanto del suelo como de los mantos friáticos, así como actos irregulares que involucran a funcionarios de la autoridad ambiental federal.

Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el relativo al impacto en la salud de la población que se encuentra a los alrededores de las instalaciones de la multicitada compañía. Ello en razón de que los procesos establecidos por la misma, no se caracterizaban por ser los más seguros y limpios, lo que se tradujo en riesgos mayúsculos para todos los seres vivos.

De ahí que fue necesario realizar una serie de estudios, cuyo resultado se desprende que la contaminación con metales pesados existentes en el subsuelo y acuífero de la ex hacienda El Hospital, se acentúa a medida en que aumenta la profundidad. Lo que demuestra que las principales fuentes seguramente fueron las descargas de afluentes líquidos sin tratamiento y los confinamientos clandestinos de residuos peligrosos.

Cabe resaltar que los suelos de la zona en forma natural no contienen dichos metales pesados, además la misma está relacionada con los insumos utilizados por Basf Mexicana, en la fabricación de pigmentos a base de plomo y cromo, las emisiones de polvos y partículas, consecuencia de la inexistencia o absoluta ineficacia de los sistemas para el control de emisiones.

Por lo expuesto, proponemos que se determine los niveles de contaminación y sus efectos en la comunidad de El Hospital en Cuautla, Morelos.

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inscriba íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Es todo, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para que diversas secretarías del Ejecutivo Federal realicen las gestiones necesarias para determinar los niveles de contaminacion y sus efectos en la comunidad ``‘El Hospital'' en el municipio de Cuautla, Morelos, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

Los avances científicos y tecnológicos en nuestros días deben estar ligados a la responsabilidad ineludible de no contaminar el medio ambiente de todo ser vivo, ya que en la actualidad no podemos dejar pasar estos aspectos que conllevan un gran compromiso con el planeta que habitamos, porque de seguir contaminando el aire, la tierra y el agua que necesitamos para vivir, no va a pasar mucho tiempo para que empecemos a sufrir cambios climáticos poco usuales y de forma mas generalizada en todo el planeta y aún más drásticos de los que ya se están presentando, los cuales se derivan en la mayoría de los casos de la deforestación, la contaminación de los mantos freáticos, el daño irreversible a suelo de conservación y la mala disposición final de los desechos tóxicos, mismos que en los inicios de este nuevo milenio ya nos están alcanzando y sus efectos en numerosos casos son irreversibles, por otra parte la ciencia de nuestros días nos puede ayudar a combatir y remediar los daños causados al planeta, pero ello requiere la designación de grandes cantidades de recursos para la prevención o control de las consecuencias de los mismos, pero esta asignación no debe confundirse y pretender mostrarla como un gasto para las organizaciones, por el contrario es una de las mejores inversiones que se puede hacer, pues se traducirá en múltiples beneficios no sólo para la institución sino para la humanidad.

Dentro del ecosistema en el que vivimos, se hallan irremediablemente y de manera casi natural, los avances de la humanidad y es hasta finales del siglo pasado cuando el hombre se percata del terrible daño que se le esta haciendo al mundo con cada avance tecnológico, hasta hace muy poco nada se hacia, pero en la actualidad las grandes corporaciones han emprendido por lo menos de manera teórica, acciones encaminadas a minimizar los diferentes índices de contaminación que generan, pero sucede que sólo aquellas grandes empresas que tienen una presencia a nivel mundial importante, son las que intentan implementar soluciones para remediar el daño ecológico, pero la inmensa mayoría de pequeñas y medianas compañías, no se interesan o no cuentan con los recursos necesarios para realizar este tipo de inversiones, aunado al hecho de que no son supervisadas o se encuentran instaladas en países cuyo marco jurídico, cuando existe es muy laxo o permisivo.

Las compañías de chimeneas, como se les ha conocido a aquellas que contaminan el ambiente, al verse obligadas a implantar sistemas productivos limpios o acciones para preservar las condiciones del lugar donde se encuentran, lo deben hacer concientes de la responsabilidad que actualmente implica el contribuir con la comunidad para conservar sus ecosistemas y de ser posible mejorarlos, por tanto en el marco de la legislación vigente corresponde tanto a las empresas públicas o como a las privadas actuar de manera proactiva con visión de futuro, para planear y desa-rrollar procesos que se encuentren estrechamente relacionadas con su entorno, a efecto de poder convivir de manera cordial y no agresiva ecológicamente hablando, con el medio ambiente del lugar donde se instalen, ello para no dar cabida a inversionistas extranjeros que vengan a contaminar con sus fábricas y después simplemente se vayan, dejando una estela de contaminación y muerte del medio ambiente, así como problemas y daños a la salud de las personas.

En el proceso de producción de bienes de consumo o materias primas para otros procesos, así como la disposición final de los residuos y desechos que se generan, debemos poner especial atención, ya que existen casos que aun cuando aparentemente han sido juzgados o calificados como inocuos, las secuelas o daños al medio ambiente y a la salud de los pobladores surgen con el paso del tiempo, condición que no debe pasar por alto la autoridad competente, no obstante la argumentación que en su momento pudiera esgrimir el infractor, pero desgraciadamente la nula o poca intervención de estas autoridades, propicia que se generen condiciones poco favorables para los ecosistemas y las personas, que ponen en predicamento la vida misma, tal es el caso que a continuación exponemos, y que se está suscitando en el estado de Morelos, del cual emanan una serie de problemas de contaminación de suelos, flora, fauna, subsuelo, así como daños a la salud de los ex trabajadores y pobladores de la comunidad conocida como la Ex Hacienda de ``Nuestra Señora de la Concepción'' o ``El Hospital''; ubicada en el poblado el Hospital en Cuautla, Morelos.

El área, foco de atención del problema de contaminación al medio ambiente y degradación física de monumentos considerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH como históricos y de valor para la humanidad, que en total abarcan una superficie de 43,273.39 m2 cuyos usos del suelo de la zona son: industrial, habitacional, pecuario (crianza de cerdos y engorda de ovicaprinos) y agrícola. Una zona fabril que abarca una extensión de 5,231.09 m2 dentro del área total antes mencionada.

Entrando en materia sobre el origen de la contaminación en el poblado ``El Hospital'', nos tenemos que referir a la fabricación de pigmentos inorgánicos, misma que inició una empresa asentada en México, conocida internacionalmente como BASF, por sus siglas en Alemán, la cual en su país de origen desde el año de 1865 se conformó como una industria de producción de sustancias químicas, materiales plásticos, fibras, colorantes y pigmentos, pinturas para vehículos y usos industriales, plaguicidas y otros.

Oficialmente es en el año de 1964 cuando se funda Basf Mexicana S.A. de C.V. en el Estado de México, dedicada a la fabricación de un polímero de poliestireno expandible; y es hasta 1968 cuando en México se inicia la comercialización de colorantes y productos auxiliares para las industrias papelera, peletera y textil. A partir de 1970 empezó la producción de curtientes, dispersiones acrílicas y soluciones poliméricas, en el año de 1973 se lanzan al mercado productos de poliuretano y varios pigmentos.

Vale la pena resaltar que para finales de los años 60, en los terrenos antes mencionados de la Ex Hacienda ``El Hospital'', la citada empresa estaba produciendo pigmentos con metales pesados como el plomo, cromo y molibdeno, a través de uno de sus ex empleados, a quien habilitó como su maquilador el Sr. Von Bretano; quien posteriormente le vende a la compañía Basf Mexicana S.A. de C.V, el negocio que venía explotando, llegando en esta nueva etapa a producir 2000 toneladas anuales de dichos pigmentos, para lo cual fue necesario ocupar el 100% del área fabril disponible de la finca en comento, cabe hacer mención que dada la alta peligrosidad de los procesos antes referidos; tanto en Alemania país de origen de la trasnacional, como en los Estados Unidos de América, desde la época en que se instaló dicho maquilador, estaban prohibidos los procesos de fabricación con estos metales pesados.

Por tanto, podemos comentar que desde 1973, Basf Mexicana S.A. de C.V., inició sus operaciones en la comunidad ``EL Hospital'', celebrando un contrato de arrendamiento del multicitado inmueble, por términos de cinco años forzosos renovables, lo que sucedió repetidas veces, hasta el 31 de Agosto de 1995 en que sin motivo aparente, Basf notificó al propietario su deseo de dar por terminado anticipadamente el citado contrato, haciendo formal entrega del inmueble el 3 de septiembre de 1997, regresándolo en deplorables condiciones y con visibles muestras de contaminación no sólo del subsuelo sino también de los mantos freáticos lo que fue certificado notarialmente y denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente Profepa.

Es a partir de este momento que se inicio una batalla legal que a confrontado tanto a los particulares como a las instancias públicas involucradas, evidenciando una serie de irregularidades, que cuestionan el quehacer de las autoridades ambientales, de lo cual queremos dejar constancia ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados en razón de los daños y la contaminación del lugar que podrían llegar a ser irreversibles de no intervenir de forma inmediata, vale la pena resaltar que este problema no es privativo de esta empresa o del estado de Morelos, dado que puede estar sucediendo en este mismo momento en muchos otros lugares del país, algún problema similar sin el menor asomo de preo-cupación de las autoridades competentes, condición que no se puede seguir solapando y mucho menos pasar por alto el grave daño que la industria contaminante causa al medio ambiente y sobre todo a la población.

Lo anterior es motivo de preocupación para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, por lo que consideramos que es fundamental que la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, realicen las investigaciones multidisciplinarias pertinentes y sin los vicios de origen, para conocer los factores de riesgo a que fue sometida la población y su entorno, así como las repercusiones que eventualmente les podría generar con el paso del tiempo, en virtud de que existen una serie de irregularidades como las que a continuación se describen:

Curiosamente un año después que Basf Mexicana, S.A. de C.V., le anunció al propietario su deseo por concluir anticipadamente el contrato de arrendamiento de sus instalaciones ubicadas en ``El Hospital'', ésta aceptó incorporarse al Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria que fue financiada con recursos públicos, la Auditoría se realizó entre Agosto de 1996 y Marzo de 1997 y cuando Basf debía iniciar los trabajos de remediación identificados en la citada auditoría, ``Plan de Acción'', decidió abortar el proceso y anunciar el cierre de la planta, notificando a la Profepa, supuestamente el programa de limpieza de cierre de dichas instalaciones.

En las instalaciones que ocupó por más de 20 años la Cía. Basf Mexicana SA de CV, existen evidencias físicas que hacen presuponer la contaminación tanto del suelo como de los mantos freáticos, así como algunos actos irregulares en los que presumiblemente se vieron involucrados funcionarios de la autoridad ambiental federal como:

Haber tramitado y obtenido de la PROFEPA la autorización para no incorporar la bitácora de obra en el expediente, en el proceso de Remediación o Restauración Ambiental, consecuencia de un contrato de Transacción Judicial,

Haber tramitado y obtenido de la PROFEPA la autorización para tratar de eliminar pruebas de confinamientos,

Instalar drenajes clandestinos, que no estaban incluidos en las áreas expresamente señaladas en el Contrato de Transacción Judicial, y

Haber tramitado y obtenido de la PROFEPA la autorización para dejar como definitivos, los niveles de los pisos que en forma provisional construyeron, a sabiendas de que estos no eran los niveles originales del inmueble histórico que ellos ocuparon.

Debemos estar muy pendientes que casos como el que aquí se denuncia, no se conviertan en una constante que norme el quehacer de los funcionarios públicos, evitando así la trasgresión de la legislación ambiental en su momento vigente, por que de existir alguna irregularidad es responsabilidad de los mismos de inmediato dar aviso a la autoridad administrativa o judicial, según corresponda para que actué en consecuencia, y no se negocie al margen de la ley, por tanto y dado el escenario que rodea el caso de la Ex Hacienda ``el Hospital'', creemos que sería saludable la participación de alguna institución académica o colegio de profesionales que no tengan intereses económicos o políticos, con el único fin de obtener la verdad, pues las autoridades de Salud y Medio Ambiente quedaron atrapadas en diversos diagnósticos incompletos y notoriamente tendenciosos a favor de la trasnacional.

Mientras se establece en el presente documento la viabilidad y factibilidad de que entre un tercero, para buscar la solución en este conflicto de intereses, es necesario detener el deterioro del hábitat de miles de personas asentadas en ``El Hospital'' y zonas aledañas, para que se realice la investigación y aplicación de los estudios necesarios que esclarezcan el nivel de contaminación y la evasión o no de las responsabilidades jurídicas de la multimencionada empresa; ello de acuerdo a lo consignado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su artículo 15 fracción IV apunta lo siguiente: ``Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, mitigar o reparar los daños que se cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique''; concurrentemente en la fracción XII del mismo artículo, se señala: ``toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras leyes, tomaran las medidas para garantizar ese derecho''.

Como podemos concluir el citado artículo precisa con mucha claridad la responsabilidad de que quien contamina está obligado a resarcir el daño, lo que se concatena con el derecho que tenemos todas las personas de disfrutar de un medio ambiente saludable, situación que contrasta con el panorama desolador que hoy ofrece la Ex Hacienda ``El Hospital'', el cual trastoca y vulnera no sólo la subsistencia de la flora y la fauna del lugar sino la salud y la vida de las personas, además no debemos olvidar que el agua por su propia naturaleza discurre por diferentes regiones a través de los mantos freáticos, por tanto estos no sólo corren por el territorio del estado de Morelos, también están interconectados con otras provincias del país lo que obviamente diversifica el problema, igualmente recordemos que Morelos es un estado eminentemente agrícola y que la mayoría de sus tierras se dedican al cultivo de la caña de azúcar y en menor medida a las hortalizas, productos que no sólo se venden en el ámbito local, al mismo tiempo se diseminan a nivel nacional, por lo que de comprobarse niveles de contaminación tanto en el suelo como en el agua mas allá de los parámetros que señalan las Normas Oficiales Mexicanas y obviamente en su momento, los Organismos Internacionales, para las diferentes sustancias químicas empleadas en los procesos de producción de BASF mexicana S.A. de C.V., estaríamos ante la presencia de un problema mayúsculo, cuyas repercusiones sería muy difícil cuantificar.

Por ende y bajo el contexto antes descrito tenemos que descartar que la Ley arriba citada prevé en su artículo 203: ``sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y está obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable''. Lo que resulta determinante para el caso que nos ocupa, pues la reparación del daño es lo menos que se puede exigir.

Además, en lo que respecta a la prevención y control de la contaminación del suelo sincrónicamente la Ley arriba enunciada en su artículo 134, fracción V, establece que ``en los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o establecer sus condiciones de tal manera que pueden ser utilizados en cualquier tipo de actividad por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable''.

Al mismo tiempo, debemos insistir en que el interés de generar empleos y los intereses económicos nunca deberán estar por encima del bienestar general y de las retribuciones que tenemos que realizar a la biodiversidad en la que convivimos, ya que cada metro contaminado el día de hoy se podrá multiplicar en hectáreas y así sucesivamente hasta quedar por completo agotadas nuestras reservas y con ello llega la muerte de todo ser viviente, a un ecocidio sin retorno.

Aunado a lo anterior tenemos que dentro del mismo marco jurídico ambiental, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene contemplado la responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de sitios, en donde establece: quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a las disposiciones legales correspondientes, en el mismo sentido de lo descrito en el presente párrafo se pronuncian la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales, por tanto la aplicación de los preceptos legales es ineludible; acciones que los Diputados que integramos la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en ésta LIX Legislatura promoveremos y estaremos expectantes y pendientes de que así ocurra.

Debido a lo subrayado anteriormente, es vital para los pobladores de la ex hacienda ``El Hospital'' perteneciente al municipio de Cuautla en el Estado de Morelos, que la autoridad competente emita la resolución correspondiente a los procedimientos que se encuentren en proceso, e incluso debe ir mas allá y determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios de las diferentes instancias involucradas en el caso.

Otro aspecto fundamental y que no podemos pasar por alto es el relativo al impacto en la salud no sólo de los ex trabajadores sino de la población que se encuentra a los alrededores de las instalaciones de la multicitada propiedad, ello en razón de que los procesos establecidos por la misma no se caracterizaban por ser los mas seguros y limpios, lo que se tradujo en riesgos mayúsculos para todos los seres vivos.

Pues debemos recordar que una de las materias primas utilizadas por esta trasnacional eran plomo, cromo y molibdeno entre otras, dichos componentes químicos causan daños que se encuentran documentados en dos vertientes, hablando del plomo, por el lado laboral la Ley Federal del Trabajo lo trata como una enfermedad profesional denominada saturnismo, y por otro el relativo a los daños a la salud de los seres humanos, ya que los efectos del plomo en el organismo de una persona que esta expuesta a respirar dicho compuesto por medio del polvo o humo producidos por ciertos trabajos o por comer, beber o fumar cerca de zonas con plomo, son muy variados.

El plomo también puede ingerirse al tocar objetos que han sido contaminados con polvo, se sabe que muchas personas están siendo envenenadas lentamente porque sus cuerpos han absorbido demasiado plomo, aunque al principio, el envenenamiento pueda no presentar síntomas, con el tiempo éste puede causar daños en el cerebro, la sangre, el sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductivo. Estos daños pueden manifestarse y causar serios problemas que pueden ir desde la pérdida del apetito hasta el coma o la muerte.

Los niños pequeños son más susceptibles a ser afectados por el plomo. Las personas expuestas al plomo pueden contaminarlos cuando llevan polvo de plomo a la casa, por medio de sus ropas contaminadas.

El envenenamiento por plomo ocurre cuando la persona ha sido expuesta a grandes o pequeñas cantidades por algún tiempo, dicho metal se va acumulando en nuestro cuerpo causando así daños temporales o permanentes, a través de un examen de plomo en la sangre se puede saber si el cuerpo lo ha absorbido en cantidades peligrosas, un nivel alto de plomo en la sangre indica que nuestro organismo lo está absorbiendo en mayor cantidad de la que puede eliminar.

Cabe hacer mención que derivado de lo anterior existen casos de intoxicación grave por plomo en la sangre en ex empleados de BASF y menores de edad de la población ``El Hospital'' en Cuautla, Morelos, hipótesis que se ha comprobado a través de la aplicación de una serie de exámenes médicos a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hay muchas manifestaciones o síntomas que pueden indicar si se tiene problemas debido al plomo, sin embargo, estos síntomas pueden provenir de otras enfermedades, también hay casos cuyo envenenamiento por plomo puede no causar síntomas, pero en general se pueden atribuir los siguientes:

a) Síntomas que se manifiestan en etapas tempranas del envenenamiento:

Dolores de cabeza, fatiga, malestares estomacales, insomnio, irritabilidad o nerviosismo, sabor metálico, pérdida o falta de apetito, problemas en sistema reproductivo.

b) Síntomas que se manifiestan en etapas más adelantadas:

Dolores de estómago, problemas con la memoria, complicaciones en los riñones, náusea, pérdida de peso, estreñimiento, dolencias musculares y en las articulaciones, debilidad en las muñecas o en los tobillos.

Lo anterior lo podemos apreciar con mayor precisión en la tabla siguiente:

Otro elemento fundamental que se utiliza en la elaboración de los pigmentos, es el del Cromo, del cual varios estudios han demostrado que los compuestos de cromo (VI) pueden aumentar el riesgo de contraer cáncer del pulmón, estudios en animales también han demostrado aumentos en el riesgo de cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el cromo (VI) es carcinógeno en seres humanos, respirar niveles altos de cromo (VI) puede causar irritación de la nariz, hemorragias nasales, úlceras y perforaciones en el tabique nasal. Ingerir grandes cantidades de cromo (VI) puede producir malestar estomacal y úlceras, convulsiones, daño del hígado y el riñón, y puede terminar en la muerte, también el contacto de la piel con ciertos compuestos de cromo (VI) puede causar ulceración de la piel, también son precursores de abortos en el proceso de gestación.

La descripción anterior de los contaminantes y de algunos de sus efectos al medio ambiente y a la salud se encuentran disgregados en un área foco cuya extensión asciende a más de 43, 0000 m2, ante lo agresivo que resultan no sólo para la salud de las personas sino también por el daño a la biodiversidad del lugar, algunos de los insumos empleados por la multicitada compañía BASF, fue necesario en su momento realizar la toma de muestras y análisis de laboratorio, tanto por las autoridades de la PROFEPA, como por los dueños de la propiedad y por la propia empresa Basf Mexicana SA de CV, de cuyos resultados, se desprende que:

1. Existen niveles de contaminación por arriba de lo que señala la legislación en su momento vigente, relativo a metales pesados como el plomo, cromo, molibdeno, etc., y otros insumos usados por Basf Mexicana, S.A. de C.V., en sus procesos de fabricación de pigmentos, abarca una extensión muy grande de terreno, simplemente del predio de 5,300.00 m2 aproximados por ellos arrendado, hay constancia de que enviaron al confinamiento de residuos peligrosos en Mina Nuevo León 11,800 toneladas; supuestamente, sólo como consecuencia de la migración de polvos fugitivos del proceso.

2. La contaminación con metales pesados existente en el subsuelo y acuífero, esta directamente relacionada con:

Los insumos utilizados por Basf Mexicana S.A. de C.V., en la fabricación de pigmentos a base de cromo, plomo y molibdeno,

Los confinamientos de materiales y residuos que en forma clandestina enterró BASF Mexicana S.A. de C.V., en la propiedad,

Las descargas de aguas residuales de procesos sin tratamiento alguno, hacia el drenaje municipal y al propio subsuelo,

Las aguas residuales vertidas a través de diversos drenajes introducidos por BASF, mismos que no fueron declarados ante las autoridades y por consecuencia se consideran ``clandestinos'', destacando que el reiterado ocultamiento de esta información por parte de los funcionarios de BASF Mexicana S.A. de C.V., y por sus representantes y peritos, pudiere constituir un delito contra la gestión ambiental, tipificado como grabe en el Código Penal Federal, y

Las emisiones de polvos y partículas, consecuencia de la inexistencia o absoluta ineficacia, de los sistemas para el control de emisiones, que de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, y en su momento de la legislación aplicable, nacional o internacional, BASF Mexicana, S.A. de C.V., debió tener, pero infortunadamente se propagó una gran contaminación al ambiente.

3. De acuerdo con los citados análisis, la contaminación con metales pesados existente en el subsuelo y acuífero de la Ex Hacienda ``El Hospital'', se acentúa a medida en que aumenta la profundidad, lo que demuestra que las principales fuentes seguramente fueron las descargas de efluentes líquidos sin tratamiento y los confinamientos clandestinos de residuos peligrosos; cabe resaltar que los suelos de la zona en forma natural, no contienen dichos metales pesados.

De lo anterior podemos concluir que la contaminación esta migrando por el subsuelo, en dirección al flujo de las aguas subterráneas (noroeste-sureste y oeste-este) y mientras no se eliminen las fuentes de donde emanan, ésta seguirá profundizándose y trasmitiendo a otros predios, desconociendo en este momento hasta donde ha migrado y las repercusiones que a tenido y tendrá en el futuro.

Finalmente examinado el expediente que se ha conformado en torno al caso y con el firme propósito de conocer las condiciones en que se encuentra la salud, no sólo de quienes alguna vez trabajaron en BASF Mexicana S.A. de C.V., sino también de los habitantes de la población ``El Hospital'' es que hoy exigimos a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tome cartas en el asunto, amen de que estos riesgos a la salud no necesariamente pueden exhibirse en los primeros meses del contacto, sino que en años posteriores pueden seguir surgiendo complicaciones aparentemente inexplicables que los puede llevar irremediablemente a la muerte, por lo que, de ser este el caso la autoridad correspondiente debe obligar a los responsables a llevar a cabo la reparación del daño, y si ello ya no es posible por el fallecimiento de las personas, dicha reparación habrá de concretarse con sus familiares dejando perfectamente claro que no puede existir más impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que diversas secretarías del Ejecutivo Federal realicen las gestiones necesarias para determinar los niveles de contaminación y sus efectos en la comunidad ``El Hospital'' en el municipio de Cuautla, Morelos, bajo los siguientes

Resolutivos

Primero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ``SEMARNAT'' designe una institución académica de reconocido prestigio, para que realice los estudios necesarios a efecto de poder determinar los niveles de contaminación y los daños ocasionados a los ecosistemas por la Cía. BASF Mexicana S.A. de C.V., en el poblado de ``El Hospital'' municipio de Cuautla, Morelos.

Segundo. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ``PROFEPA'', el Gobierno Estatal y Municipal del Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia y derivado de los resultados emanados del punto anterior ejecuten las acciones legales y administrativas que conforme a derecho procedan.

Tercero. Que la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a los procedimientos y acciones ejecutadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en torno a la denuncia por contaminación que involucra a la Cía. BASF Mexicana S.A. de C.V., durante su estancia en la comunidad ``El Hospital'' en el municipio de Cuautla, Morelos.

Cuarto. Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal practique los exámenes médicos necesarios a la población de la ex Hacienda ``El Hospital'', así como a los ex trabajadores de la Cía. BASF Mexicana S.A. de C.V., y sus familiares, para conocer los niveles de contaminantes y daños causados al organismo presentes o futuros por sustancias como: plomo, cromo, molibdeno u otros metales pesados, ejecutando consecuentemente las acciones jurídicas y administrativas que conforme a derecho procedan.

Quinto. Que las instancias involucradas en los puntos anteriores informen a esta Soberanía, sobre los resultados o conclusiones a que llegaron en torno al presente caso y las acciones que ejecutaron o emprenderán en consecuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de octubre de 2004.--- Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Dip. Manuel Velasco Coello, Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, Dip. Luis Antonio González Roldán, Dip. Alejandro Agundis Arias, Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón, Dip. Leonardo Alvarez Romo, Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán, Dip. María Avila Serna, Dip. Fernando Espino Arévalo, Dip. Maximino Fernández Avila, Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno, Dip. Alejandra Méndez Salorio, Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Dip. Javier Orozco Gómez y Dip. Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será diputado. Se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates y lo vamos a turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ACUERDO NACIONAL POR EL AGUA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la Cámara de Diputados apruebe el Acuerdo Nacional por el Agua y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que realice las acciones necesarias para que lo suscriban los representantes de diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general.

El diputado Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Los graves problemas originados por la escasez de agua y la creciente contaminación preocupan a los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y a muchos compañeros legisladores que en esta misma tribuna han hablado del tema o lo han apoyado...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado Vizcarra Calderón. Le ruego me disculpe la interrupción.

¿Con qué objeto, diputado Rangel? Sonido.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul): Para pedirle por favor, Presidente, que en términos del Reglamento se verifique la existencia del quórum, para poder continuar en esta sesión.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así lo haremos diputado. Así lo haremos, nada más vamos a terminar con este trámite si usted me lo permite, para no interrumpir al orador en su intervención.

Al término, con muchísimo gusto. Sí, diputado Rangel. Sonido.

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul): Perdón, no recuerdo que en el Reglamento se encuentre esta previsión, pero si hubiera controversia podríamos también preguntarle al orador si él nos permite la verificación del quórum.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No hay mayor controversia que la disposición de esta Presidencia por no interrumpir al orador; sin embargo, obsequiamos su petición.

Señor diputado orador, le ruego me disculpe la interrupción y se ruega a la Secretaría, ordenar el registro la apertura del sistema electrónico para verificar quórum hasta por 10 minutos. En tanto, vamos a continuar con los trabajos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema electrónico de registro de asistencia por 10 minutos.

(Votación.)

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ACUERDO NACIONAL POR EL AGUA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe el orador.

El diputado Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón: No podemos permanecer impasibles ante el panorama que en México nos muestra que de 653 acuíferos subterráneos, 102 ya están gravemente contaminados; que 12 millones de mexicanos no cuentan con agua potable y que 23 millones carezcan de drenaje en sus viviendas y aún sigan muriendo muchos mexicanos por agua de mala calidad.

Ante este escenario, tenemos la obligación de generar una propuesta integral sobre esta materia. La sociedad reclama que sus legisladores lleguen a acuerdos en temas de fondo que realmente generen cambios en el país.

El del agua es un tema medular para México. Por ello hoy presentamos una propuesta de acuerdo nacional por el agua, para plantearle a la sociedad mexicana nuestra visión de cómo debemos trabajar todos los segmentos de la sociedad para encarar las complejas demandas del sector hidráulico, pero sobre todo para prevenir la dramática situación que enfrentaremos si no se atienden los graves problemas que ya tenemos por el uso y aprovechamiento no sustentable del agua en nuestro país.

Con la firma de más de 300 diputados de todos los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados, hoy ponemos a su consideración este acuerdo nacional cuya presentación esencial es que con todas las instituciones públicas y privadas, los poderes de la Unión, los gobiernos y congresos estatales, los gobiernos municipales, representantes de organizaciones no gubernamentales, los organismos del agua, universidades profesionales y técnicas, partidos políticos y en general toda la sociedad mexicana.

Creemos que sólo la corresponsabilidad de gobierno y sociedad podrá resolver la agenda pendiente en este tema, a través de su participación en su solución.

Al aprobar este punto de acuerdo estaremos autorizando a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos, inicie una búsqueda de consensos con los diversos niveles de gobierno y con las organizaciones y sectores interesados.

Los que suscribimos el Acuerdo Nacional por el Agua consideramos urgente y fundamental realizar las acciones que propicien la sustentabilidad del agua en un marco jurídico adecuado.

Compañeros diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión: el conocimiento que cada uno de ustedes tiene de la problemática hidráulica de sus distritos y de las entidades de donde provienen, así como el aspecto nacional nutre el Acuerdo Nacional por el Agua, que hoy presentamos a esta soberanía.

Sin la participación de ustedes estaríamos presentándole a México un proyecto miope, incompleto, vacío. El compromiso individual del conjunto de diputados nacionales que conforman nuestra Cámara de Diputados estamos seguros que va más allá de representaciones partidarias y tiene el más noble objetivo.

Nosotros, diputados de la LIX Legislatura que servimos a México, al cumplir nuestro mandato constitucional trabajamos con toda certidumbre para entregar a las futuras generaciones un mejor país. Su decisión favorable al Acuerdo Nacional por el Agua que aquí presentamos nos permitirá a los mexicanos contribuir a hacer del manejo correcto del agua una de las puntas de lanza que requiere nuestro país para avanzar unidos por la justicia social y la equidad de la nación. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo Nacional por el Agua y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realice las acciones necesarias a fin de que lo suscriban los representantes de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general, a cargo del diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que constituyen la LIX Legislatura federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo Nacional por el Agua, y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos a que a la brevedad realice las acciones necesarias para que lo suscriban los representantes de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el agua es soporte de la vida; determina la preservación y equilibrio de los ecosistemas; es indispensable para el bienestar y la salud; y se constituye como recurso estratégico para el desarrollo de los países.

Que en los últimos 35 años se duplicó el consumo de agua en el mundo. Si el uso indiscriminado del recurso sigue su tendencia, para el 2025 la mitad de la población mundial vivirá en países donde más del 40% del agua se habrá agotado. Al día de hoy, ya han sido destruidos cerca de la mitad de los humedales del mundo, y el clima ha sufrido graves modificaciones que ponen en riesgo la sustentabilidad del planeta.

Que México comparte los recursos hídricos del planeta y en esa virtud es parte de diversos tratados internacionales, en los que debe cumplir con un conjunto de acciones sobre ordenamiento y aprovechamiento integrado de dichos recursos y su evaluación; su protección; de su calidad y de los ecosistemas acuáticos; el abastecimiento del agua potable y saneamiento y las previsiones sobre el cambio climático.

Que el agua en nuestro país es ya un asunto de seguridad nacional por su escasez, baja calidad, pocas posibilidades de renovabilidad y la irregular distribución que ocasiona el constante crecimiento de la demanda, la ineficiencia de su uso y el aumento de los niveles de contaminación. El uso de los recursos hídricos en el país lo hace no sustentable.

Que los recursos hídricos de la nación son cada vez menores por el agotamiento de los acuíferos, la sobreexplotación y contaminación de las cuencas fluviales por contaminantes de difícil depuración.

Que casi la mitad de las aguas superficiales en lagos y ríos están contaminadas y sólo una tercera parte de éstas tienen agua de buena calidad. Algunos ríos se han vuelto intermitentes debido a tasas de extracción insostenibles a mediano plazo.

Que de los 653 acuíferos subterráneos que existen en México, 102 están sobreexplotados, particularmente los ubicados en la zona centro y norte del país, de los cuales 17 ya tienen intrusión salina y 13 presentan un fenómeno de salinización. Aproximadamente 75 millones de mexicanos abastecen sus necesidades de consumo con el 70% del volumen del agua que se suministra de aguas subterráneas. El grado de sobreexplotación de las aguas subterráneas está en aumento.

Que las zonas del país donde se ha concentrado el crecimiento demográfico y económico y donde se localiza una parte sustancial de la infraestructura productiva y social, son aquellas donde hay una menor disponibilidad de agua, debiendo recurrir a fuentes externas, sin el pago de las compensaciones ambientales correspondientes.

Que en todo el país hay carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua. 12 millones de mexicanos carecen de agua potable y 23 millones no cuentan con alcantarillado en sus viviendas. En el sector rural 3 de cada 10 habitantes no cuentan con agua potable entubada.

Que en México ocupamos el lugar 106 de un total de 122 países evaluados en cuanto a la calidad del agua. En México no hay cultura de reúso del agua; aún cuando el 94.6% del agua suministrada a localidades urbanas es desinfectada, sólo se da tratamiento en plantas potabilizadoras al 29 por ciento. Algunas plantas de tratamiento de aguas negras no están operando por falta de recursos económicos y en gran medida las descargas de aguas industriales no son tratadas.

Que en México, según la OMS, el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales, y una tercera parte de las defunciones causadas por éstas se deben al uso y consumo de agua insalubre. Las enfermedades diarreicas representan uno de los problemas más graves de salud pública en el país si se considera que en el año 2000 se notificaron más de 5 millones de casos, de los cuales el 32% afectaron a niños menores de 5 años.

La deficiencia en los servicios de saneamiento y de salud dieron como resultados que en la década pasada resurgieran enfermedades como el cólera, de las cuales de 1991 a 2002 se reportaron cerca de 42 mil casos y más de 500 muertes por esa causa.

Que del total del suministro de agua en el país, 10% se destina al agua de uso humano y 11% al uso industrial. La falta de mantenimiento en los sistemas de suministro y distribución originan la pérdida del 40% del agua y la prestación de los servicios se realiza con niveles de eficiencia y productividad bajos. De la facturación total que emiten los sistemas municipales de agua, sólo se cobra en promedio nacional el 71.7%, o sea, el 30% del agua suministrada no se paga, en perjuicio de los sistemas de agua.

Que la infraestructura hidroagrícola ha reducido su eficiencia. En la agricultura se utiliza el 79% del agua del país. El 55% de la producción nacional agrícola proviene de las 6 millones 200 mil hectáreas de agricultura dominada por infraestructura de riego. El 57% de la infraestructura de riego agrícola se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento adecuado. No se puede incrementar la producción agropecuaria, sin un uso eficiente del agua.

Que en México se muestra una insuficiencia de la inversión en infraestructura hidráulica, que se ubica en casi la mitad de la inversión que se hubiera requerido para alcanzar un escenario sustentable para el agua en los próximos 20 años. Los requerimientos de inversión en el sector hidráulico para los próximos años ejercerán una presión sin precedente sobre las disponibilidades presupuestarias y la capacidad financiera del sector público.

Que la decreciente disponibilidad del agua augura una crisis por este recurso en México, si no se aumentan las fuentes de recursos públicos, privados e internacionales, para el financiamiento de la infraestructura hidráulica necesaria y las acciones de restauración y preservación de los acuíferos. La falta de un sistema fiscal que genere incentivos al cobro del agua ha generado ineficiencias en el sector, y las tarifas actuales no representan los costos reales del suministro.

Que es factible que el sector privado complemente al Estado en la tarea de impulsar al sector; la suma de esfuerzos es la mejor garantía de que el país contará con un sector hidráulico acorde con su dinámica de crecimiento y con las aspiraciones de progreso, bienestar y sustentabilidad de los mexicanos.

Que es necesario contar con información oportuna y confiable sobre el estado que guarda el agua en el país y su interrelación con los aspectos sociales, económicos y ambientales y complementarla con información estadística actual para fundamentar la toma de decisiones sobre dicho recurso.

Que frente a las elevadas tasas de crecimiento de la demanda hidráulica que se prevén para los próximos años, se requiere de una transformación de las estrategias hidráulicas nacionales; que reafirme la rectoría del Estado en un entorno de mayor apertura y competencia en el sector.

Que conforme a la Ley, el agua es un bien de dominio público, vital, vulnerable y finita, con valor social, económico y ambiental, cuya sustentabilidad y preservación en cantidad y calidad es prioridad y asunto de seguridad nacional y una tarea que comparten el Estado y la sociedad.

Que la solución de la problemática hidráulica para responder a las expectativas de desarrollo y bienestar de la sociedad requiere de la concurrencia de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, con la participación de los usuarios y la sociedad organizada, para el cuidado, preservación y mantenimiento del ciclo del vital recurso.

Que la capacidad de nuestro país para mantener el dinamismo de su economía y mejorar las condiciones de vida de la población depende, en gran medida, del cuidado, planeación, reglamentación, mantenimiento, expansión y modernización del sector hidráulico nacional.

Que en mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La H. Cámara de Diputados suscribe el siguiente:

Acuerdo Nacional por el Agua

Los que suscriben el Acuerdo Nacional por el Agua consideran urgente y fundamental realizar las acciones que propicien la sustentabilidad del agua con un marco jurídico adecuado, un enfoque económicamente viable, técnicamente factible, y social y ambientalmente aceptable, y asumen los siguientes compromisos:

1. Reconocer el recurso agua como un asunto de seguridad nacional y de carácter estratégico para el país, así como dar seguridad jurídica a los titulares de derechos de agua.

2. Fortalecer la política hidráulica nacional que responda a la crítica situación de los recursos hídricos, mediante la conformación y puesta en marcha de acciones inmediatas, considerando la problemática local, estatal, regional y nacional.

3. Impulsar mayor conciencia y participación de la sociedad y sus organizaciones en los organismos de cuenca y en la formulación y ejecución de las políticas hidráulicas, a efecto de descentralizar funciones y recursos, para que tengan mayor efecto en las regiones y una mejor aplicación en los estados y municipios, desarrollar capacidades humanas y profundizar reformas fundamentales e institucionales que permitan eficiencia en el desarrollo sustentable del recurso.

4. Promover que las entidades federativas del país eleven en el máximo nivel de su legislación, el uso y aprovechamiento sustentable del agua, consignando que éste es un recurso prioritario para su desarrollo, así como a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos.

5. Propiciar que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios establezcan mecanismos de coordinación y colaboración, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para instrumentar programas con visión de largo plazo sobre el agua, la vida y el medio ambiente, destinándoles recursos financieros y técnicos.

6. Fortalecer un enfoque integral de manejo de cuenca para mejorar la gestión de los recursos hídricos ambientales y forestales, así como prevenir su deterioro y contaminación para preservar y garantizar una calidad de agua adecuada a las necesidades de la población, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos extraordinarios.

7. Detener la sobreexplotación de los mantos acuíferos y redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura de riego, mediante la tecnificación, aumento de eficiencia en su uso y mayor inversión.

8. Dar un mayor peso a la protección de los ecosistemas acuáticos en la gestión integrada de los recursos hídricos para promover la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.

9. Considerar al agua como bien económico y un insumo en los procesos de producción de bienes y servicios, que impulse a la creación de esquemas innovadores de ahorro y uso eficiente y para ello realizar los estudios sobre la valoración económica y financiera del agua, para apoyar el diseño de tarifas de cuenca y derechos de agua, así como para difundir los resultados, para mejorar el conocimiento de precios y costos del agua y fortalecer la cultura de pago por la gestión y los servicios del agua y por la protección de ecosistemas vitales vinculados con el agua.

10. Avanzar en la transición hacia la asignación de tarifas a los servicios del agua, bajo criterios de equidad y desarrollar un mayor número de medidas de gestión de la demanda que estimulen el uso sustentable del agua y la superación de la pobreza.

11. Promover la creación, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, de un Ramo del Agua específico, para administrar de forma transparente y eficiente los recursos que se destinen al sector y la reinversión de los derechos provenientes del agua a la creación y modernización de la infraestructura hidráulica.

12. Impulsar un incremento sustancial de los presupuestos del sector y fortalecer el cobro por los servicios de agua y la orientación de los recursos con criterios de gasto público congruentes, perfectamente evaluados y jerarquizados, eficientes y transparentes.

13. Asignar un porcentaje del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social del Ramo 33 para obras de infraestructura hidráulica, de manera que se garantice continuidad y sustentabilidad de los programas hídricos regionales, estatales y municipales.

14. Desarrollar y promover la investigación y la tecnología del agua, y establecer mecanismos de promoción y acceso a ellos para su incorporación en los diferentes usos del agua, así como establecer sinergias y alianzas necesarias entre las diversas instituciones con información sobre agua.

15. Promover el establecimiento de un modelo de pago de servicios ambientales, con el objeto de ampliar la canalización de apoyos económicos a la preservación y uso sustentable de los recursos hídricos, así como a la realización de obras de infraestructura que permitan la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia.

16. Diseñar y formular mecanismos que permitan la creación de reservas de agua y de zonas de protección y restauración de las Fuentes del Agua o sitios donde brota o se almacena el vital líquido, realizando paralelamente acciones de recuperación de suelos, reforestación, saneamiento, reciclaje de descargas tratadas o su inyección al subsuelo.

17. Promover programas de género que fomenten la sustentabilidad de este recurso, ya que la mujer es determinante en la defensa y manejo cuidadoso del agua, así como a jóvenes y niños para fomentar un uso sustentable del recurso.

18. Incorporar al sistema educativo nacional el uso sustentable del agua, y promover en la población una cultura del agua con cambio de patrones de consumo y hábitos que permitan su ahorro y uso eficiente, con apoyo de los medios de comunicación.

19. Convocar a la Primera Cumbre Nacional del Agua, buscando la participación de todos los sectores e instituciones públicas y privadas, organismos del agua y partidos políticos, para la definición de las políticas públicas en materia hidráulica nacional, en la que se concluya con una Declaratoria del Agua de la Nación para la Cuarta Cumbre Mundial del Agua que se llevará a cabo en nuestro país en el año 2006.

20. En general, propiciar el aprovechamiento sustentable del recurso, considerado como eje fundamental del desarrollo de la nación mexicana.

Los que suscribimos el Acuerdo Nacional por el Agua, confirmamos nuestro firme compromiso con el destino de la Nación, el Estado, sus Instituciones y sus recursos naturales.

Segundo: La Cámara de Diputados promoverá la participación de todas las instituciones públicas y privadas; los Poderes de la Unión; los gobiernos y congresos estatales; los gobiernos municipales; representantes de organizaciones no gubernamentales; los Organismos del Agua; universidades; profesionales y técnicos; partidos políticos y, en general, de toda la sociedad mexicana, en el Acuerdo Nacional por el Agua.

Tercero: Se mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para que se suscriba e instrumente el Acuerdo Nacional por el Agua, a fin de garantizar su cumplimiento e impulsar las iniciativas de ley que correspondan, para lograr los objetivos del acuerdo.

Cuarto: Se aprueba el punto de acuerdo en los términos de asunto de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de octubre del año 2004.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia tiene registrados oradores en pro a los diputados Israel Tentory García, del PRD; Miguel Angel Rangel Avila, del PAN y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.

Como ustedes saben, cuando se trata de la palabra en pro el Reglamento me permite obsequiarla en dos ocasiones. Vamos a darle el uso de la palabra al diputado Israel Tentory García, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Israel Tentory García: Con el permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: en alcance a la propuesta para la aprobación del Acuerdo Nacional por el Agua, en donde nuestro compañero presidente de la comisión ha expuesto sustentadamente el porqué de la necesidad de impulsar este acuerdo, con todas las demás instancias de gobierno, las instancias no gubernamentales, la sociedad en general.

Yo quiero aprovechar la oportunidad para abundar de manera breve sobre algunos hechos que ya se están presentando en algunas partes del país a causa seguramente ya de las alteraciones del ciclo hidrológico.

Hay regiones en el país, principalmente en la tierra caliente, en donde hasta hace unos 10 años ni siquiera en los meses de diciembre y enero se hacía presente el frío. Sin embargo últimamente, de manera paulatina y sorprendente, el frío se ha hecho presente en estas zonas del país.

También en estas zonas se ha observado que la temperatura se ha incrementado en cinco, 10 e incluso 15 grados centígrados en los últimos 30 años.

En estas mismas regiones las precipitaciones han sido mucho menores, de nueva cuenta, pues, se pierden los cultivos de una por sí producción campesina de autoconsumo, rezagándose aún más las familias de estas comunidades.

En las regiones que aún cuentan con bosques en donde tradicionalmente llueve, se observan tormentas inusuales. Hay evidencia de que estos nuevos comportamientos climatológicos obedecen principalmente a las acciones del hombre sobre la Tierra.

Es obvio, pues, que el problema lo hemos generado nosotros mismos al no respetar las leyes de la naturaleza.

Hemos dañado de una manera irresponsable y peligrosa a la Tierra; nadie pues, más que nosotros mismos, somos los que debemos buscar las soluciones.

Yo quiero señalar que es importante crear conciencia de este grave problema en toda la sociedad, puesto que mientras ellos no conozcan las consecuencias que se pueden presentar en un mediano plazo, simplemente no habrá resultados.

Todo programa tendiente a resolverlo o disminuir el problema de la devastación ambiental o un programa que quiera racionalizar o eficientar el uso del agua, no será acogido por la sociedad si en su elaboración ella no participa. Por lo tanto en todas las acciones de los distintos poderes e instancias de gobierno que emprendan, para enfrentar este grave problema, deberá estar presente la sociedad.

Toda acción, marcha cuando quiera que lleve a cabo también principalmente el diseño y elaboración, es decir, lo hacen suyo porque ahí están sus propuestas y lo tomarán incluso como un reto personal para llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias.

No es pues, creando instituciones burocráticas y costosas para el pueblo como habrá de solucionarse el asunto del agua.

Compañeras y compañeros: apoyemos pues este acuerdo, pero sobre todo démosle el debido seguimiento para que no quede sólo en una buena intención. Es por el bien de las futuras generaciones que querrán vivir en este país.

Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Miguel Angel Rangel Avila, del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Angel Rangel Avila: Con su permiso, diputado Presidente. El Partido Acción Nacional acude a esta máxima tribuna para apoyar la propuesta de que se suscriba el Acuerdo Nacional por el Agua, tomando en cuenta que los recursos hídricos son patrimonio nacional y deben de administrarse de manera seria, responsable y eficiente para garantizar un óptimo desarrollo del país.

Por tal motivo en este grupo parlamentario aspiramos a que nuestra nación cuente con un suministro de agua suficiente para su desarrollo, que se utilice de manera eficiente y se reconozca el valor estratégico y económico para las actividades industriales, agrícolas, pecuarias y ecológicas.

Que el agua de consumo humano sea de calidad para las zonas urbanas y rurales y se tenga agua saludable para los niños de México.

Compañeras y compañeros diputados: ningún recurso es más básico que el agua. El agua es esencial para la vida, crucial para aliviar la pobreza, el hambre y la enfermedad y crítica para el desarrollo económico.

Centenares de millones de hombres, mujeres y niños aún no tienen acceso al agua potable y sanitaria. Los problemas del agua en definitiva, terminan siendo problemas de personas.

De esta manera tan clara y sencilla las Naciones Unidas se ha expresado sobre la importancia del agua.

Las reflexiones de nuestra sociedad en el nuevo milenio se ocupan de la necesidad de preservar nuestros recursos naturales, ante las consecuencias generadas por las crecientes demandas de quienes habitamos el planeta.

En nuestro país sólo 88 por ciento de la población cuenta con agua entubada y 12 millones de mexicanos carecen aún del servicio de agua potable, pero tampoco la tienen en sus manantiales, bosques y terrenos, porque éstos se han venido deteriorando.

En México la disponibilidad de agua por habitante al año ha variado de 31 mil metros cúbicos en 1910 a 4,800 en el 2002. Y en el año 2020 se reducirá a sólo 3,750 por debajo de la media mundial de 4,500.

Por ello los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos el Acuerdo Nacional por el Agua que en esta tribuna ha presentado el compañero diputado Jesús Vizcarra Calderón, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, porque consideramos que se trata de una propuesta que va a contribuir a atender un asunto que es de la máxima importancia para el destino de nuestra nación, como es el aprovechamiento sustentable del recurso agua.

Cuando la nación requiere de la búsqueda de acuerdos y consensos para avanzar en la solución de sus problemas estructurales, qué mejor que en esta tribuna de la Cámara de Diputados los legisladores impulsemos este Acuerdo Nacional por el Agua con el que mandamos un mensaje a la sociedad de que es factible llegar a ponernos de acuerdo en ese tema como debemos seguir intentándolo en materia fiscal, energética, laboral o telecomunicaciones.

Nos pronunciamos porque una vez que se ha aprobado esta propuesta que hoy votamos, la Cámara de Diputados y sobre todo la Comisión de Recursos Hidráulicos impulsemos fuertemente la suscripción de este acuerdo nacional y le demos seguimiento para que se involucren en este gran pacto de vida los diferentes niveles de gobierno de nuestro país y organización de la sociedad civil. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

Antes de pedirle a la Secretaría que consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido, le ruego dé cuenta del registro de asistencia y ordene el cierre del sistema.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Se informa a la Presidencia que existen registrados 333 diputados.

Por lo tanto, hay quórum señor Presidente.

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ACUERDO NACIONAL POR EL AGUA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si el tema que nos ocupa está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores: Han llegado a esta Presidencia dos comunicaciones, un dictamen y una comunicación. La primera tiene que ver con el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, a efecto de que realice una visita oficial a Canadá.

La segunda tiene que ver con una comunicación de cortesía del gobernador del estado de Michoacán.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza a esta Presidencia a modificar el orden del día y a someter a la consideración del pleno de inmediato sus asuntos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la inclusión de este punto en el orden del día.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que se está distribuyendo entre los diputados el dictamen de la autorización del viaje presidencial, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

¿Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa?... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Relaciones Exteriores.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, con el fin de que realice una visita oficial a la ciudad de Ottawa, Canadá.

Honorable Asamblea:

El 14 de octubre del presente año, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, con el fin de que realice una visita oficial a la ciudad de Ottawa, Canadá.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 párrafo sexto, incisos d, e y f; así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , la Comisión que suscribe procedió al estudio y análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, con base en las siguientes

Consideraciones

El Presidente señala en su iniciativa que la visita que realizará a Canadá, responde a una invitación que le hizo el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas en enero de este año. Los vínculos económicos y comerciales se han fortalecido especialmente a partir del TLCAN. Sin embargo, también son muy relevantes en las relaciones los aspectos económicos no son los únicos relevantes de las relaciones, sino también los sociales, educativos y culturales. Muestra de ello lo representan las tres celebraciones a realizarse en este año respecto de las relaciones bilaterales:

1. El LX aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá;

2. El XXX aniversario de la exitosa operación del Programa Bilateral de Trabajadores Agrícolas Temporales, y

3. Los diez años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Canadá es el segundo socio comercial de México y nuestro país es el mayor socio de Canadá en América Latina. Durante el 2003, el intercambio comercial ascendió a cerca de 7,000 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de Canadá a México ubican a este país como el cuarto lugar de origen de las importaciones que realiza nuestro país, que alcanzaron en el año 2003 los 4,120 millones de dólares estadounidenses. México ha quintuplicado sus exportaciones a Canadá consolidándose como uno de los más importantes proveedores del mercado canadiense, con 2,832 millones de dólares estadounidenses en el 2003. Actualmente hay aproximadamente 1,200 empresas canadienses en México, lo que lo convierte en el cuarto país inversionista en nuestro país.

Entre enero de 1999 y el primer trimestre de este año, las empresas con capital canadiense materializaron inversiones por más de 2,618.3 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 3 por ciento de la inversión extranjera directa registrada en ese periodo y el 4.6 por ciento de la inversión aportada por América del Norte.

En agricultura, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de México permite que entren a Canadá trabajadores temporales mexicanos para dar una solución a la escasez de mano de obra en ese país. El Protocolo de Entendimiento que se encarga de administrar este programa se renovó en la última Junta del Comité Conjunto Ministerial (JMC-CIM) en abril de 1995. En sus 30 años de vigencia, este Programa ha crecido de 3,000 trabajadores a 12,000.

A lo largo de los últimos años, los canadienses y los mexicanos se han ido conociendo cada vez mejor. Un millón de canadienses aproximadamente viajan a México cada año, mientras que unos setenta mil mexicanos visitan Canadá. El nivel de intercambio cultural es cada vez más alto e incluye ahora un programa para fomentar y apoyar estudios canadienses en universidades mexicanas.

En el marco de las Naciones Unidas, Canadá y México también han trabajado en estrecha colaboración sobre puntos tales como la reforma del sistema de la Naciones Unidas, el movimiento global de abolición de las minas antipersonal y sobre otros asuntos importantes de la seguridad humana como por ejemplo la adopción de un Protocolo Facultativo contra los Niños Soldados. Como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 1999-2000, Canadá sigue apoyando el avance de estos proyectos y se centra especialmente en la seguridad humana como enfoque unificador.

En el ámbito multilateral, ambos países son parte de importantes organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Canadá decidió asociarse en enero de 1990, en la cual ambos países han tenido posiciones comunes primordialmente en materia de seguridad. Asimismo, han coincidido en otras organizaciones como el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En el marco del sexagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones entre México y Canadá, la visita del Presidente Vicente Fox a ese país representará una gran oportunidad para consolidar la relación estratégica que existe entre ambos países.

Durante esta visita de trabajo el mandatario mexicano se ha propuesto estrechar lazos políticos, comerciales, culturales y empresariales con los principales actores, a través de un diálogo político al más alto nivel, un diálogo empresarial y con las comunidades de mexicanos en ese país.

La agenda de actividades del Presidente de la República incluye un encuentro con el Primer Ministro de Canadá, su gabinete y miembros del parlamento. En esa reunión se abordarán los temas centrales de la agenda bilateral, así como los temas de interés común en los ámbitos hemisférico y mundial. De especial interés será lo relativo a la coo-peración en materia de gobernabilidad, fortalecimiento del federalismo, migración, seguridad, así como el futuro de la región de América del Norte.

Conforme a lo señalado en la minuta recibida por esta Cámara de Diputados, la visión mexicana sobre el futuro de la región de América del Norte, será uno de los temas a tratar en su visita a Canadá, a fin de fortalecer la influencia de México en la formulación de una nueva arquitectura regional más propicia para los intereses de nuestro país.

Asimismo, se señala que esta visita se dará en un momento en el que se ha redefinido la composición del nuevo gobierno y del parlamento canadienses, que constituye una nueva etapa en la administración federal. Esta será sin duda una oportunidad para fortalecer y consolidar la relación estratégica entre ambos países, así como para definir los objetivos y las estrategias del rumbo de nuestra relación en los próximos años.

En lo que se refiere al diálogo político entre México y Canadá cabe destacar que las reuniones del Comité Conjunto Ministerial (JMC-CIM), que se llevan a cabo cada dos años desde 1968, y cada año desde 1990, constituyen un foro importante para discusiones y cooperación sobre asuntos de interés común en los campos de lo político, lo comercial y lo económico. Varias reuniones del JMC-CIM han cubierto distintos aspectos de política exterior así como del comercio, las finanzas, el medio ambiente, la agricultura, la inversión, los asuntos monetarios internacionales, los derechos humanos, los asuntos jurídicos, la silvicultura y el turismo.

Los contactos a nivel político se han elevado de manera notable, el ex Primer Ministro Chrétien se reunió con el Presidente Vicente Fox siete veces. La primera visita al extranjero del Primer Ministro Paul Martin, en enero del presente año fue a México. Por su parte, en agosto de 2000, el Presidente electo Vicente Fox estuvo en Ottawa y en Toronto para encontrarse con representantes del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. Muchos secretarios y parlamentarios de ambos países han formado parte de un esfuerzo para forjar una relación más estrecha.

El Presidente de nuestro país también participará en una reunión con miembros de los gabinetes de ambos países, con la finalidad de reiterar las bases de entendimiento en temas de importancia como la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, el fomento y preservación de la cultura, la promoción de nexos educativos, la seguridad, la agricultura, el turismo, el gobierno electrónico y el impulso a la transferencia de tecnología para alcanzar un desarrollo más equitativo.

De igual forma sostendrá importantes reuniones con distinguidos miembros del parlamento canadiense. Aprovechará esos encuentros para presentar un balance de la situación económica y política de nuestro país, con el propósito de promover un mayor conocimiento de la realidad mexicana y profundizar la cooperación. También se reunirá con la organización denominada The Economic Club of Toronto y la Cámara de Comercio Canadiense, contando con la participación de importantes pequeñas y medianas empresas que tienen interés de invertir en México.

Canadá cuenta con la segunda comunidad más grande de mexicanos en el exterior, después de Estados Unidos. Actualmente cerca de 43 mil connacionales residen en ese país y representan un 10.04 por ciento del total de inmigrantes latinoamericanos en Canadá. En atención a esto, el Presidente Vicente Fox sostendrá un encuentro con la comunidad mexicana en ese país con el propósito de fomentar un acercamiento y sostener un diálogo para conocer sus principales problemas y evaluar el trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

En materia laboral, destacará el deseo de México de aprovechar al máximo los beneficios que provienen de la colaboración conjunta en el diseño de un nuevo esquema de cooperación que incluya los aspectos de promoción y contratación temporal de trabajadores.

Como parte de los festejos del XXX aniversario del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el mandatario mexicano entregará reconocimientos a los trabajadores mexicanos con mayor antigüedad. Anunciará la apertura de una ventanilla consular dependiente del Consulado General de México en Toronto, que se encargará exclusivamente de la operación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Ontario y de la atención a connacionales que participan en él.

En Ottawa el Presidente Fox asistirá al lanzamiento del proyecto bilateral de educación a distancia para los servidores públicos denominado @Campus-México, así como a la firma del convenio por el que se creará la cátedra sobre el México Contemporáneo en el nuevo Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Universidad de Montreal, que busca fomentar la investigación científica y la difusión del conocimiento sobre la actualidad de México y promover un mejor conocimiento de la realidad mexicana, al mismo tiempo que aumentar la visibilidad de México entre la sociedad y gobierno canadienses.

Los diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, coincidimos en que la relación con Canadá ha madurado y que el dinamismo que ha adquirido durante la década reciente lo ubica como un socio privilegiado para las estrategias de promoción comercial y de atracción de inversiones tan importantes para México.

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la comisión que suscribimos, coincidimos en que la visita del titular del Poder Ejecutivo resaltará la relación estratégica basada en una amplia cooperación comercial y económica, en una colaboración y diálogo político, así como en un fortalecimiento de nuestros lazos culturales, académicos y turísticos.

Por lo anteriormente expuesto y estimando que la presencia del Presidente de la República en estos compromisos resulta de la mayor importancia, se propone a esta Soberanía la aprobación del siguiente

Decreto

Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, a efecto de que realice una visita oficial a Canadá.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo, Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Secretario; Carlos Jiménez Macías, Secretario; Arturo Robles Aguilar, Secretario; Jorge Martínez Ramos, Secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Angel Juan Alonso Díaz Caneja, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez, Fernando Alberto García Cuevas, Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argáiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena y Marco Antonio Torres Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la segunda lectura.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores ni para fundamentar ni para fijar posiciones. Luego entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen está suficientemente discutido en lo general y lo particular.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se procederá a encender el sistema electrónico.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz la diputada María de Jesús Aguirre, por favor.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: A favor. Muy bien diputada, muchas gracias.

Diputado Presidente, se emitieron 332 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 332 votos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con la comunicación del señor gobernador del estado de Michoacán.

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ESTADO DE MICHOACAN
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Michoacán de Ocampo.--- Ejecutivo del Estado.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, D.F.

Estimado Sr. diputado:

Los días 21 y 22 de octubre en las ciudades de Uruapan y Apatzingán, se conmemora a los Mártires de Uruapan y el CXC Aniversario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814.

Siguiendo esa tradición que es orgullo de los michoacanos, estos actos habrán de celebrarse y es por ello que me es grato formular una cordial invitación para que asista una comisión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los festejos conmemorativos, incluyendo la sesión solemne que el H. Congreso del Estado celebra con la asistencia de los poderes Ejecutivo y Judicial el día 22 de octubre próximo.

Dicho evento adquiere para nosotros y debe constituir para la República también, una singular importancia, dado que recuerda el inicio de una tradición constitucionalista nacional de suyo relevante.

Atentamente.

Michoacán de Ocampo, a 19 de octubre de 2004.--- C. Lázaro Cárdenas Batel, Gobernador Constitucional del Estado.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Consuelo Muro Urista, Pablo Antonio Villanueva Ramírez, Inelvo Moreno Alvarez, Oscar Gonzaléz Yáñez, Jaime Miguel Moreno Garavilla.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en su resolución con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, se apegue a los principios de legalidad, equidad y justicia.

El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Con su permiso, diputado Presidente. Elva Regina Jiménez Castillo es el nombre del Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Baja California, que ha querido limitar la democracia y la tranquilidad política que ha prevalecido en este estado.

El pasado mes de agosto se llevaron a cabo elecciones locales en Baja California, para renovar las 5 alcaldías y la Cámara de Diputados, en Mexicali el candidato de Acción Nacional gana la contienda, con una diferencia de 118 votos al candidato del Partido Alianza para Vivir Seguros, lo cerrado de ésta provoca una serie de impugnaciones que atiende el Tribunal Estatal Electoral.

La resolución emitida a cargo de la magistrada Elba Regina Jiménez, es un hecho inédito jamás visto en la historia del estado, pues declara que el PAN pierde la elección municipal en Mexicali, no porque tenga menos votos, sino que finca su decisión en criterios totalmente fuera de sustento jurídico.

Algunas de las pruebas claras del fraude son:

1. La anulación de casillas donde hubo únicamente dos funcionarios del Instituto Estatal Electoral, en donde el PAN gana con amplio margen. La magistrada se ampara en una jurisprudencia federal, siendo que la ley local prevé que son suficientes dos funcionarios para hacer válida la elección.

2. Es clara la intención de la magistrada, cuando no hay casillas impugnadas por el PAN que fueron ganadas por el Partido Alianza para Vivir Seguros se decidió no anularlas, omitiendo aplicar, el mismo criterio que aplicó contra Acción Nacional.

3. Asimismo en un acto correspondiente a la elección de diputados, donde el PAN obtiene más votos, en lugar de anular las actas correspondientes a munícipes, donde la votación fue más baja para Acción Nacional, esto provoca la eliminación de una mayor cantidad de votos beneficiando nuevamente al Partido Alianza para Vivir Seguros.

4. Otra arbitrariedad donde no se aplicó la ley, es cuando se solicita la anulación de una casilla que fue cerrada a las cuatro de la tarde, siendo que la ley dice que a las seis de la tarde es cuando debe cerrarse únicamente, cuando el 100 por ciento del padrón haya votado siendo que solamente el 48 por ciento votó de ese padrón y coincidentemente gana nuevamente la Alianza para Vivir Seguros.

5. De manera extraña la dirigencia del PRI anuncia dos días antes de que el Tribunal sesionara la resolución que revocaba la decisión de los mexicalenses, dejando ver que existió contubernio con algún magistrado o magistrada en la decisión final.

Por esos motivos pongo a consideración de la honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, para que la resolución que sirva emitir al respecto interpuesta con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, que modifica el resultado de la elección a munícipes, se apegue a los principios de equidad y justicia que prevalecen en este órgano jurisdiccional, como siempre ha sucedido.

Muchas gracias y es todo, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ajustarse en su resolución con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California a los principios de legalidad, equidad y justicia, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN

Hidalgo Contreras Covarrubias, en mi carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de los poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que la resolución que se sirva emitir respecto del recurso interpuesto con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California que modifica el resultado de la elección de munícipes en favor de la ``Alianza para Vivir Seguros'', se apegue a los principios de equidad y justicia que prevalecen en ese órgano jurisdiccional.

Exposición de Motivos

El primero de agosto en el estado de Baja California se llevaron a cabo elecciones para renovar las cinco presidencias municipales y el Congreso local; la jornada resultó tranquila y los ciudadanos eligieron a sus mejores candidatos, resultando ganador en Mexicali, la capital del estado, el candidato del Partido Acción Nacional con una ventaja de 118 votos, siendo una contienda muy competida tal y como lo demuestra el escaso margen del resultado.

Esta elección fue impugnada por el Partido ``Alianza para Vivir Seguros'' por lo que presentaron sus argumentos ante el Tribunal Estatal Electoral de Baja California; el Partido Acción Nacional hizo lo mismo impugnando algunos hechos que se consideraban irregulares, con esos detalles se inicia el proceso de revisión que el Tribunal debía resolver de acuerdo a lo establecido en la ley.

Con gran sorpresa, vimos que la resolución emitida por la autoridad electoral fue de revertir los resultados que favorecían a Acción Nacional dando el triunfo a la ``Alianza para Vivir Seguros'', mediante ciertos criterios que hemos comprobado no son apegados a derecho.

La forma en que la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo resolvió al revertir los resultados del primero de agosto, son una muestra real de pretender minimizar el ambiente democrático y la tranquilidad que se sustenta en nuestro estado, lo que es grave en virtud de los hechos que son históricos por la forma que se condujo y por el contenido inédito de dicha resolución jamás vista en la historia del estado, pues declara que el PAN pierde la elección no porque tenga menos votos, sino porque algunas casillas se conformaron con dos funcionarios designados por el Instituto Estatal Electoral, anulándolas bajo esta razón siendo que la legislación estatal lo prevé y lo considera suficiente para hacer válida la votación.

Dicha magistrada va aún mas allá en su afán por alterar los resultados, el criterio muy personal que aplicó para anular aquellas casillas que sólo contaban con dos funcionarios, no fue aplicado en 9 casillas donde coincidentemente gana ``la Alianza para Vivir Seguros'' lo que influye grandemente en el resultado permitiendo revertir el triunfo de Acción Nacional.

Siguiendo con el dolo y la mala fe de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, rechaza la impugnación que hace el PAN en relación al cierre de una casilla a las 16:00 horas siendo que la ley claramente dice que el cierre de casillas se llevara a cabo a las 18:00 horas o antes, siempre y cuando haya votado el 100% de los electores. Esto no fue así, porque sólo había votado el 48% de la misma, y siguiendo con la línea de las ``casualidades'' el PRI gana con amplio margen en esta sección.

Asimismo y con la firme intención de seguir beneficiando a la ``Alianza para Vivir Seguros'', al momento de hacer los conteos después de las respectivas anulaciones sin fundamento jurídico válido, vuelve a aparecer la mano negra de la magistrada Elva Regina y en dos casillas en lugar de anular las actas para munícipes donde el PAN obtiene mínima ventaja, anula actas que corresponden a diputados y donde el PAN obtiene una mayor votación lo que provoca que se le anulen más votos dando a la ``Alianza para Vivir Mejor'' más ventaja para revertir el resultado.

Las actitudes de dicha magistrada hacen que el ambiente democrático en el estado se enrarezca y esto se fortalece cuando dos días antes de que el Tribunal se reuniera para deliberar el caso Mexicali, el presidente estatal del PRI muestra a los medios de comunicación un documento donde indica que el resultado se revierte a favor de la ``Alianza para Vivir Seguros'' con 111 votos arrebatándole el triunfo al candidato de Acción Nacional. Esto demuestra que hubo mala fe por parte de algún magistrado o magistrada al filtrar información que es exclusiva del Tribunal Estatal Electoral precisamente a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, que forma parte de la ``Alianza para Vivir Seguros''.

Por ``casualidad'' cuando el Tribunal emite la resolución ya mencionada, el resultado coincide con lo declarado por el presidente del PRI: la ``Alianza para Vivir Seguros'' gana la elección de alcalde por 111 votos''; situación que hace pensar a los ciudadanos que tal vez hubo una resolución ``a la carta'' solicitada por el líder estatal del PRI. La votación de los tres magistrados fue dos a favor de la resolución y uno en contra, por ``casualidad'' los que votaron a favor de la misma fue la magistrada Elva Regina Jiménez y el magistrado Germán Leal Franco, este ultimo, compadre del presidente estatal del PRI y miembro de su despacho de abogados.

Sin duda, estas acciones representan un atentado contra la democracia y la voluntad de los ciudadanos, la perversidad debe ser extinguida con la justicia. Por tal motivo presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de los poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la resolución que se sirva emitir respecto del recurso interpuesto con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California que modifica el resultado de la elección de munícipes en favor de la ``Alianza para Vivir Seguros'' se apegue a los principios de equidad y justicia que prevalecen en ese órgano jurisdiccional.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados el día 14 de octubre del año 2004.--- Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado. Activen el sonido en la curul del diputado Raúl Pompa.

El diputado Raúl Pompa Victoria (desde su curul): Señor Presidente, le pido en términos del 102 del Reglamento Interior me permita la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No procede, señor diputado, entiendo que quiere usted objetar el trámite. Le vamos a dar la palabra en términos de la fracción A, del artículo XIII del acuerdo, pase usted a la tribuna hasta por tres minutos.

El diputado Raúl Pompa Victoria: Con su permiso señor Presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados.

Es muy loable solicitar la legalidad en estos trámites electorales como el que vivimos en Baja California, debo de decir que en la jornada electoral en todo el estado de Baja California, en los 5 municipios, en donde se eligieron presidentes municipales, diputados, síndicos y regidores tuvimos elecciones sin incidentes.

Tuvimos también, desgraciadamente, aun sin incidentes, la participación de funcionarios locales, tenemos una inconsistencia abierta entre la lista nominal, el padrón electoral federal y el local, porque como han de saber ustedes, en el estado de Baja California contamos con una credencial electoral única que en ninguna parte de ningún estado de nuestra República contamos. Estas inconsistencias obviamente le dan una ventaja al partido en el poder, a quien la instaló para efectos de hacer una manipulación electrónica de computación a todo el padrón y a las listas nominales.

En este alegato que se plantea aquí, en esta solicitud de acudir a la legalidad y recomendar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se toma en cuenta desgraciadamente y esto es para que los propios miembros de este tribunal y los miembros de la comisión que harán el turno a dicho tribunal lo conozcan; no se toma en cuenta que el Tribunal Electoral local hizo la revisión correspondiente y declaró el triunfo de la Alianza para Vivir Seguros en Baja California, en Mexicali, particularmente, que es al caso que se refiere, en Tijuana y en Tecate, Baja California. Pero también hubo de por medio, previo a que se declarara este triunfo, intentos de soborno, intentos de extorsión precisamente a esta magistrada que, valientemente, Elva Regina Jiménez Castillo, lo hizo público. Este intento de soborno, este intento de extorsión, es la peor conducta que cualquier partido pueda tener, es realmente echar por tierra inclusive un punto de acuerdo que previamente se habló, del portar ciertas camisetas.

Este soborno se intentó por el señor Saúl Guerrero, Saúl Guerrero, que fue animado por el representante ante todos los organismos electorales de Baja California de Acción Nacional, el señor Salvador Morales Rubí y por el síndico municipal de Mexicali, Rubén Armenta.

Dejo a la consideración de ustedes y obviamente de los miembros de la comisión y los miembros en su caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Raúl Pompa.

Siguiendo el hilo conductor del apartado A, del artículo 13, es que le damos la palabra al diputado Pablo Alejo López Núñez, para hablar en pro del turno, hasta por 3 minutos.

El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados:

Hemos escuchado aquí algunos argumentos por parte de nuestro compañero diputado y a lo que acudo a esta tribuna es para respaldar fundamentalmente el sentido de la petición del diputado Hidalgo Contreras, de solicitar al Tribunal Estatal Electoral de Baja California y sobre todo al Tribunal Federal, que en el respeto al pacto federal de la división de poderes de la Unión se haga este exhorto al Poder Judicial para que la resolución que se sirva emitir al respecto del recurso con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del estado de Baja California se apegue a los principios de equidad y de justicia.

Creo que esa petición, esta solicitud que ha fincado el diputado Hidalgo Contreras, integrante de nuestro grupo parlamentario, es lo menos que podemos solicitar como Poder Legislativo, como máxima representación de la nación, independientemente de los argumentos que se han esgrimido aquí al considerar, al hacer consideraciones particulares por parte del diputado Pompa Victoria. Por eso es que me atrevo a respaldar esta petición.

Pedimos que ésta, como todas las resoluciones que deban tomar los órganos electorales, se apegue a la equidad y a la justicia y que por lo tanto prevalezca el respecto jurisdiccional.

Se ha argumentado aquí, que en Baja California existe una credencial de elector, yo diría que ése es un avance federalista importantísimo que esta Legislatura, que este poder debe de defender, que debe de valorar y debe de apreciar porque Baja California ha sido el primer estado en este país que promueve una credencial con respeto al federalismo, una credencial la cual sirvió inclusive como fundamento para la credencial federal con fotografía.

Una entidad que garantiza la justicia, la transparencia en los procesos electorales y por lo tanto no puede ser este el objeto de una solicitud de denegar que esta máxima soberanía justifique y solicite que haya respeto a la equidad y a la transparencia de los actos de las autoridades electorales y que se haga este exhorto que atentamente deberá enviar esta Cámara de Diputados al Tribunal Electoral de Baja California.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Procede en este momento, someter a la consideración de la Asamblea una votación económica en este sentido: si la votación es mayoritaria para el turno, esta Presidencia turnará de inmediato; si la votación es mayoritaria para la objeción, en contra, entonces la proposición queda dese-chada.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea, si es de turnarse la proposición presentada por el diputado proponente.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Sí, diputado de la Vega? Sonido.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Para solicitarle que la presente votación sea de manera nominal.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:¿Quiénes lo avalan?

Abrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos.

Repito, la votación por el sí es para turnar; la votación en contra, es para desechar.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación si se acepta el turno a comisión a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Hidalgo Contreras.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 119 votos en pro, 219 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dese-chada.

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PRODUCCION DE FERTILIZANTES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento del estado que guarda la empresa Agroindustria del Balsas, SA de CV, Fertinal.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, compañeros.

La planta de fertilizantes más grande de América Latina lleva tres años en paro con un daño terrible para sus trabajadores y para la economía de la región de Lázaro Cárdenas y de México entero.

El 8 de mayo de 2002, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo sobre la huelga en Fertinal, la cual fue turnada para su estudio correspondiente.

La fabricación de fertilizantes en nuestro país está relacionada con varias actividades económicas, fundamentalmente la agricultura y también la industria del petróleo, ya que ésta última abastece a sus fabricantes con materias primas, principalmente amoniaco y combustóleo.

La empresa Agroindustria del Balsas, Sociedad Anónima de Capital Variable, mejor conocida como Fertinal, es la más grande el país y de América Latina en materia de producción de fertilizantes.

Dicha empresa tiene como antecedente la paraestatal Fertinal, cuya operación inició en 1985 y al privatizarse en 1992, adquirió el nombre de Grupo Fertinal, como todavía se le conoce.

El capital de Fertinal está compuesto por un 53 por ciento de inversión privada y 47 por ciento restante es aún propiedad del Gobierno federal, da empleo a mil 500 trabajadores, entre personal sindicalizado, de planta y eventuales, adicionalmente crea un número similar de empleos entre subcontratistas y proveedores. La importancia económica de esta empresa es indiscutible.

La empresa Fertinal se encontraba ante un conflicto laboral que la tenía paralizada. Lo anterior, derivado de la inconformidad de los resultados de la revisión anual de salarios de los trabajadores agremiados en el Sindicato de Petro- química, sección 97 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quienes emplazaron a huelga y cuyo estallamiento estaba programado para el 1o. de octubre de 2001; para presentarse frente una difícil negociación y mostrando una actitud prudente, los trabajadores prorrogaron su huelga hasta por tres ocasiones. Finalmente, la huelga se dio y a partir del 2001, la planta está parada.

La empresa Fertinal ha tenido pérdidas económicas considerables en los últimos años, derivadas de la falta de competitividad y de operar con una inversión inestable, además, es de considerar la deuda que tiene con Pemex y Ban- comext, entre otros acreedores.

En su momento los grupos parlamentarios, PRI, PAN, PRD, PT, presentados en la comisión aludida, consideraron la imperiosa necesidad de coadyuvar a la resolución del conflicto laboral que se presentó en la empresa Fertinal y que ponía y pone en riesgo la fuente de trabajo de numerosas familias.

Respecto a la reestructuración financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Energía, junto con Pemex y el IPAB, propusieron en su momento alternativas de solución con el socio mayoritario de Fertinal, en virtud de que la empresa es deudora de Pemex y Bancomext, así como de otras personas morales y privadas, por lo que existiría la posibilidad de capitalizar los adeudos con las entidades públicas, lo que llevaría al Gobierno federal a convertirse en accionista mayoritario o por otra parte promover un procedimiento de concurso mercantil para dicha reestructuración.

El punto de acuerdo consiste en lo siguiente: 1. Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento, termino, del estado que guarda la empresa Agroindustria del Balsas, SA de CV, Fertinal y de los derechos de los trabajadores en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo Federal. Esta comisión solicitará la información pertinente ante las autoridades competentes.

2. La Comisión Especial estará integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y concluirá una vez que haya terminado el objeto de la misma.

Por lo anterior, solicito sea turnado el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que ésta proponga a este pleno la creación de tal comisión.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear la comisión especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento al estado que guarda la empresa Agroindustrias del Balsas, SA de CV (Fertinal), a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos

Antecedentes

Que el 8 de mayo de 2002, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo sobre la huelga en Fertinal, la cual fue turnada para su estudio correspondiente.

Que la fabricación de fertilizantes en nuestro país está relacionada con varias actividades económicas, entre ellas destacan: la agricultura, pues en todos los productos de riego se utilizan fertilizantes; Otra actividad industrial relacionada estrechamente con la elaboración de agroquímicos; la del petróleo que abastece a sus fabricantes con materias primas, principalmente amoniaco y combustóleo.

Que la empresa Agroindustria del Balsas SA de CV, mejor conocida como Fertinal, es la más grande del país y de América Latina en materia de producción de fertilizantes.

Que dicha empresa tiene como antecedentes la paraestatal Fertimex cuya operación inició en 1985 y al privatizarse en 1992, adquiere el nombre de Grupo Fertinal, como todavía se le conoce.

Que el capital de Fertinal está compuesto por un 53% de inversión privada y el 47% restante es aún propiedad del Gobierno, da empleo a mil 500 familias, entre personal sindicalizado de planta y eventuales. Adicionalmente crea un número similar de empleos entre subcontratistas y proveedores, la importancia económica de esta empresa es indiscutible.

Que la empresa Fertinal se encontraba ante un conflicto laboral que la tenía paralizada. Lo anterior, derivado de la inconformidad de los resultados de la revisión anual de salarios de los trabajadores agremiados en el Sindicato de Petroquímica, sección 97 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quienes emplazaron a huelga y cuyo entallamiento estaba programado para el 1º de octubre de 2001, pero al presentarse frente a una difícil negociación y mostrando una actitud prudente, los trabajadores prorrogaron su huelga hasta por tres ocasiones.

Que la empresa Fertinal ha tenido pérdidas económicas considerables en los últimos años, derivadas de la falta de competitividad y de operar con una inversión inestable, además es de considerar la deuda que tiene con Pemex y Bancomext, entre otros acreedores

Que en su momento los grupos parlamentarios PRI, PAN, PRD y PT representados en la Comisión aludida consideraron la imperiosa necesidad de coadyuvar a la resolución del conflicto laboral que se presentó en la empresa Fertinal y que ponía y pone en riesgo la fuente de trabajo de numerosas familias mexicanas.

Que respecto a la reestructuración financiera, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Energía junto con Pemex y el IPAB propusieron en su momento alternativas de solución con el socio mayoritario de Fertinal en virtud de que la empresa es deudora de Pemex y Bancomext, así como de otras personas morales privadas, por lo que existiría la posibilidad de capitalizar los adeudos con las entidades públicas, lo que llevaría al Gobierno federal a convertirse en accionista mayoritario o, por otra parte, promover un procedimiento de concurso mercantil para dicha reestructuración.

Que no obstante lo anterior, el presidente del Consejo de Administración y director general de la empresa no ha aceptado a la fecha las propuestas que se le han formulado por parte de los funcionarios del IPAB.

Que ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al parecer decidió por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que el camino viable era el concurso mercantil.

Que ante la incertidumbre de los trabajadores en cuanto al concurso mercantil y sus derechos laborales, es por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acuerda crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento del estado que guarda la empresa Agroindustrias del Balsas SA de CV Fertinal y de los derechos de los trabajadores, en el ámbito de su competencia. Asimismo solicitará la información pertinente ante las autoridades competentes.

Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y concluirá una vez que haya terminado el objeto de la misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2004.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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MIGRANTES MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente a esta soberanía el documento con acuse de recibo de la propuesta presentada al gobierno de Estados Unidos de América, relativo a la muerte de tres mexicanas en la frontera norte, del 23 de septiembre pasado.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

De conformidad con los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Laura Martínez Rivera, diputada, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y también para efecto de fortalecer los anteriores puntos en relación con este grave tema.

Exposición de Motivos

Para muchos mexicanos la pobreza extrema los obliga a cruzar la frontera a Estados Unidos de América, su destino final es la muerte, por deshidratación, por ataques de reptiles e insectos, el frío extremo. A las duras condiciones ambientales se suman los cazamigrantes y la Border Patrol, cuyas acciones xenofóbicas, hoy son más rabiosas e imitan perfectamente las prácticas nazis, cada vez más constantes, reiteradas y con más saña, son las agresiones en contra de los migrantes.

Gracias a los medios impresos y electrónicos conocemos estos innobles sucesos. Los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, especialmente los de los migrantes es letra muerta, la indiferencia y la negligencia ante las graves y en muchos casos mortales agresiones a los más vulnerables de los pobres, equivalen a un genocidio enunciado desde ambos gobiernos.

Así lo muestra el Acuerdo para el Programa de Repatriación Voluntaria, que no es voluntaria y que lo único que garantiza es empujar a los migrantes por regiones cada vez más hostiles e inaugurar nuevos y más peligrosos puntos de cruce. Así también, lo prueba el acuerdo bilateral para utilizar balas de plástico con gas pimienta.

El Gobierno federal ya no es sólo testigo pasivo de las constantes violaciones de los derechos de los migrantes, ahora y como lo hemos dicho en otras ocasiones, es cómplice y colaboracionista eficaz; sus declaraciones tibias y mediáticas, como siempre, expresan su discurso sólo al interior y al exterior firma acuerdos indignos contra los mexicanos más vulnerables.

Las innumerables veces que la Cámara de Diputados ha exhortado al Gobierno federal, especialmente a la Cancillería a reclamar y protestar las violaciones constantes a los derechos de los mexicanos que intentan mejorar sus condiciones de vida, solamente hemos oído declaraciones y nunca hemos tenido prueba documental alguna de acuse de recibo y de la contestación a que se tiene derecho.

Esta honorable Cámara de Diputados, tiene también la obligación de dar seguimiento a los exhortos, excitativas y reclamaciones para asegurar el cumplimiento y en su caso recibir explicación de la autoridad exhortada.

El día 23 de septiembre del año en curso murieron en la frontera con Piedras Negras, Coahuila, tres jóvenes mujeres: Carmen Bustamante Aguirre de 33 años, María Guadalupe Gómez Patiño de 37 años y su hija Adriana Martínez Gómez de 16 años, originarias del estado de Guanajuato, ahí de donde se expulsan más mexicanos y ahí donde nació el Presidente Fox, el ``Presidente del cambio''.

Murieron al intentar regresar a nuestro país; según testigos, fueron obligadas a pedradas a nadar por el río Bravo, por agentes de migración de Estados Unidos de América, muriendo ahogadas.

Termino, señor Presidente. Por lo anterior y conociendo de que han sido presentados otros puntos de acuerdo sobre este fatídico caso, es que pido que se apruebe también por esta honorable soberanía para ampliar y fortalecer los anteriormente presentados.

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores presente a esta honorable soberanía a la brevedad, el documento con acuse de recibo de la protesta presentada al gobierno de Estados Unidos de América. Se envíe una solicitud por los canales diplomáticos para que se informe al gobierno mexicano los resultados de la investigación que el Departamento de Asuntos Internos del gobierno americano ha realizado al respecto.

Y finalmente, se proporcione de inmediato el apoyo jurídico y de asistencia legal a los familiares de las mujeres muertas, con el propósito de entablar una demanda para quien resulte responsable y obtener la indemnización correspondiente para los familiares de las víctimas.

Solicito se inserte íntegro el texto de este punto de acuerdo, señor Presidente.

Gracias, por la atención.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente a esta soberanía el documento con acuse de recibo de la protesta formulada al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres mexicanas ocurrida en la frontera norte el 23 de septiembre pasado, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Martínez Rivera, someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Exposición de Motivos

Para muchos mexicanos la pobreza extrema los obliga a cruzar la frontera a los Estados Unidos de Norteamérica, su destino final es la muerte, por deshidratación, por picaduras de reptiles e insectos, de frío extremo; a las duras condiciones ambientales se suman los cazamigrantes y la Border Patrol, cuyas acciones xenofóbicas hoy son más rabiosas e imitan perfectamente las prácticas nazis, cada vez más constantes reiteradas y con más saña, son las agresiones en contra de los migrantes.

Gracias a los medios impresos y electrónicos conocemos estos innobles sucesos.

Los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, especialmente, los de los migrantes, es letra muerta; la indiferencia y la negligencia ante las graves y en muchos casos mortales agresiones a los más vulnerables de los pobres equivalen a un genocidio anunciado desde ambos gobiernos, así lo muestran el Acuerdo para el Programa de Repatriación ``Voluntaria'', que no es voluntaria y que lo único que garantiza es empujar a los migrantes por regiones cada vez más hostiles, inaugurar nuevos y más peligrosos puntos de cruce. Así también lo prueba el Acuerdo Bilateral para utilizar balas de plástico con gas pimienta.

El Gobierno federal ya no sólo es testigo pasivo de las constantes violaciones de los derechos de los migrantes, ahora es cómplice y colaboracionista eficaz; sus declaraciones tibias y mediáticas como siempre expresan su discurso sólo al interior y al exterior firma acuerdos indignos contra los mexicanos más vulnerables.

Las innumerables veces que la Cámara de Diputados ha exhortado al Gobierno federal, especialmente a la Cancillería a reclamar y protestar las violaciones constantes a los derechos de los mexicanos que intentan mejorar sus condiciones de vida, solamente hemos oído sus declaraciones y nunca hemos tenido prueba documental alguna de acuse de recibo y de la contestación a que se tiene derecho.

Esta H. Cámara de Diputados, tiene también la obligación de dar seguimiento a los exhortos y reclamaciones para asegurar el cumplimiento y en su caso recibir explicación de la autoridad exhortada.

El día 23 de septiembre del año en curso murieron en la frontera con Piedras Negras, Coahuila tres jóvenes mujeres, Carmen Bustamante Aguirre de 33 años, María Guadalupe Gómez Patiño de 37 años y su hija Adriana Martínez Gómez de 16 años, originarias del estado de Guanajuato, ahí de donde se expulsan más mexicanos y ahí donde nació el Presidente Fox, ``el Presidente del cambio''.

Murieron al intentar regresar a nuestro país, según testigos fueron obligadas a pedradas a nadar el río Bravo por agentes de migración de los Estados Unidos de Norteamérica muriendo ahogadas al enfrentar una fuerte corriente.

Por lo anterior y a conociendo de que han sido presentados otros puntos de acuerdo sobre este fatídico caso, es que pido se apruebe también por esta H. Soberanía para ampliar y fortalecer los anteriormente presentados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores presente a esta H. Soberanía a la brevedad, el documento con acuse de recibo de la protesta presentada al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo se envíe una solicitud por los canales diplomáticos para que se informe al gobierno mexicano los resultados de la investigación que el Departamento de Asuntos Internos del gobierno norteamericano realice al respecto.

Finalmente, se proporcione de inmediato el apoyo jurídico y la asistencia legal a los familiares de las mujeres con el propósito de entablar una demanda para quien resulte responsable y obtener la indemnización correspondiente para los familiares de la víctimas.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de octubre del año 2004.--- Dip. Laura Martínez Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Está a discusión la proposición...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si la proposición está suficientemente discutida.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a los municipios del país a que se incorporen al Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

El diputado Ramón Galindo Noriega: Honorables diputadas y diputados:

El 25 de mayo de 1992, se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo propósito es representar a la sociedad en la defensa del derecho de los mexicanos a un ambiente sano, limpio y al equilibrio ecológico; misma que se encuentra a cargo de un procurador designado por el titular del Ejecutivo federal.

Entre las principales funciones de la Profepa, se encuentra la de aplicar auditorías ambientales, un concepto adoptado en México durante 1992 como una acción que no implica actos unilaterales y sí acuerdos de voluntad; por lo que puede involucrar aspectos no regulados en materia de control de la contaminación y riesgo ambiental; a fin de que sean atendidos por el sector industrial.

Sin embargo la necesidad de ampliar el programa a otros sectores y ámbitos de la vida nacional, a partir del año pasado ha obligado a que dicho programa se impulse entre los municipios de nuestro país.

La auditoría ambiental a municipios tiene como propósito fomentar el fortalecimiento del desempeño y la gestión ambiental municipal para lograr con ello el mejoramiento de la calidad de vida de las zonas o regiones que se incorporen al Plan Nacional de Auditoría Ambiental.

Por esto acudo ante esta tribuna para exhortar a todas las autoridades municipales para que se incorporen voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, un programa que no tiene colores ni tintes políticos y cuya misión es la de coadyuvar con las autoridades y con la sociedad en el mejoramiento de nuestro medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente

Proposición de punto de acuerdo. Con la característica de urgente y obvia resolución como sigue

Unico. Se hace un atento y respetuoso exhorto a los municipios de nuestro país a que se incorporen voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

Hemos venido ocupando esta tribuna en diferentes ocasiones, siempre con el objetivo de asignar mayores recursos, mayores apoyos y mayores programas a los municipios. En esta ocasión consideramos que es necesario discutir este tema en este momento, con un carácter de urgente y obvia resolución, porque las auditorías ambientales municipales son la base de la planeación para el desarrollo integral a largo plazo. No podemos esperar en este punto y así como hemos estado apoyando a los municipios con recursos y con programas, también es momento de pedirles que hagan esfuerzos en este sentido. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los municipios del país a incorporarse en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para hacer un atento y respetuoso exhorto a los municipios de nuestro país para que se incorporen al Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

Acudo a esta honorable soberanía a plantear un asunto de suma importancia el cual considero no puede demorarse más. Se trata de la protección ecológica en los municipios, donde poco hemos hecho al respecto, motivo por el que me he permitido robarles unos minutos de su atención para plantearles lo siguiente:

Antecedentes

El Sistema de Gobierno de la República, tiene como base al Municipio como unidad elemental de la administración pública, estableciendo un sistema de concurrencias entre los tres niveles de gobierno (municipio, estado y federación), asignado a cada una de estas esferas objetivos particulares. En este sentido, el municipio no solamente tiene la obligación del marco normativo vigente, si no que adquiere el compromiso de ser órgano rector, con las consecuencias ambientales intrínsecas.

Como es de su conocimiento, existe una buena cantidad de normas jurídicas con aplicación en los distintos órdenes de gobierno que regulan el tema de la protección al ambiente. Nuestra Carta Magna establece la concurrencia del tema.

Dentro del ámbito Federal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente establece específicamente las acciones que en esta materia corresponden aplicar a los gobiernos federal, estatal y municipal, la cual fue expedida en diciembre de 1996. La política ecológica que plantea la Ley, se basa en una serie de principios entre los que destaca el hecho de considerar a los recursos naturales como patrimonio común de la sociedad y de cuyo equilibrio depende la vida y las posibilidades productivas de la nación a corto y largo plazos.

Ahora bien, en el ámbito estatal, las respectivas Constituciones contemplan la formulación de la política y de los criterios ecológicos en cada entidad federativa, mismas que deberán guardar congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federación.

Asimismo, existen leyes estatales de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, mismas que parten de lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, las cuales contemplan adecuaciones que las Legislaturas de los estados hayan propuesto para su mejor aplicación, referente a aspectos como ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas federales y estatales otorgan a los municipios en materia de recursos naturales y protección al medio ambiente.

Como todos ustedes saben, en nuestro país, la autoridad competente para la atención de los asuntos relacionados con la protección y preservación del medio ambiente es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esta dependencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es la responsable de coordinar, desarrollar y evaluar el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, conforme lo señala el artículo 38 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Inicialmente el Programa Nacional de Auditoría Ambiental se venía desarrollando entre el sector industrial y de servicios, sin embargo, la necesidad de ampliar el programa a otros sectores y ámbitos de la vida nacional, a partir del año pasado se impulsa dicho programa entre los municipios de nuestro país.

La auditoría ambiental a municipios tiene como propósito fomentar el fortalecimiento del desempeño y la gestión ambiental municipal, para lograr con ello el mejoramiento de la calidad de vida, de las zonas o regiones que se incorporen al PNAA. Asimismo, con lo anterior se aspira a lograr el establecimiento de bases para el desarrollo sustentable en los municipios.

Entendiéndose por desempeño, al cumplimiento normativo de las actividades del municipio y a la gestión ambiental, como una serie de programas, estrategias o medidas, instrumentos y herramientas (elementos administrativos, normativos y técnicos) a través de los cuales los tomadores de decisiones llevan la política ambiental a acciones concretas para prevención y control de la contaminación.

La gestión ambiental municipal debe estar basada en el marco legal que rige al municipio, ya que en este se establecen las atribuciones así como las obligaciones que un municipio tiene como autoridad a cargo de la política ambiental y como prestador de servicios. Asimismo, en dicho marco legal, se establece la organización institucional y los mecanismos de coordinación que un municipio debe tener para la instrumentación de la gestión ambiental.

Como se puede llegar a apreciar, debido a la complejidad que conlleva el desarrollo de la gestión ambiental municipal, la cual involucra el desarrollo de planes y programas para todos los aspectos ambientales susceptibles de ser revisados, así como la extensión geográfica de la influencia de las acciones del municipio, la Profepa ha considerado que el ``Programa de Municipio Limpio'' se llevará a cabo en 3 diferentes etapas. Lo anterior tiene como propósito, el hacer un programa viable que fomente el fortalecimiento paulatino de la gestión ambiental municipal, manteniendo un equilibrio entre el tipo de objetivos que se persigue y el tipo y modalidad de instrumentos que se utilicen.

Cada una de las etapas considerará diferentes niveles de evaluación y por consecuencia, a cada etapa le corresponderá un reconocimiento diferente.

La primera etapa, Cumplimiento Ambiental, consiste en una evaluación del desempeño y gestión ambiental integral (técnica y administrativa-institucional) de uno o más procesos municipales (manejo integral de aire, agua y residuos; administración de la calidad del aire y servicios municipales), aunada a una evaluación general de los planes o programas municipales de desarrollo urbano.

La segunda etapa, Municipio Limpio, considera la evaluación del desempeño y la gestión ambiental integral de todos los procesos municipales, además de contar con un sistema de administración ambiental1 y un avance en el ordenamiento territorial que incluyan el manejo del agua y los residuos.

Finalmente, la tercera etapa, Municipio Sustentable, consiste en incorporar los criterios de sustentabilidad, en todos los procesos municipales evaluados en las etapas anteriores, así como un ordenamiento territorial acorde a las necesidades del municipio. Actualmente la Profepa, se encuentra definiendo los alcances y criterios particulares de la segunda y tercera etapas, con el fin de hacerlas congruentes y viables para el fortalecimiento de la gestión ambiental municipal.

A continuación se presentan los alcances y criterios generales, para la realización de la auditoría ambiental a municipios en su primera etapa, a través de la cual, los municipios podrán hacerse acreedores al certificado de cumplimiento ambiental, por proceso municipal para el área geográfica determinada.

En esta etapa, se auditará lo siguiente:

I. La evaluación integral de uno o más de los procesos municipales mencionados a continuación:1. Manejo Integral de Residuos (recolección, reciclaje, tratamiento y disposición; incluyendo el manejo de residuos peligrosos de competencia federal, etc.)

2. Manejo Integral de Agua (explotación, potabilización, suministro, tratamiento, rehuso, infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento, sistema de drenaje y alcantarillado, etc.)

3. Administración de la Calidad del Aire (sistemas de monitoreo atmosférico, inventario de emisiones, verificación vehicular, programas de inspección, programas con las industrias, programas de vialidad, etc.)

4. Recursos Naturales (manejo de especies, diversidad, explotación, áreas naturales protegidas, zoológicos, programas de inspección, etc.)

5. Servicios Municipales por unidad ó en conjunto (alumbrado público; mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles (pavimentación), parques, jardines y su equipamiento; construcción y mantenimiento de caminos).

La evaluación se llevará a cabo sobre una base geográfica definida o polígono de actuación (todo el municipio, la cabecera municipal, una ciudad o población o un grupo de poblaciones). Cabe señalar que la base geográfica la definirá el propio municipio.

Por lo anteriormente expuesto, vengo a exhortar a todas las autoridades municipales para que se incorporen voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, un programa que no tiene ni colores, ni tintes políticos, sino que solo busca ayudar a las autoridades y a la sociedad, y con ello también, los ciudadanos hagamos conciencia de la gravedad que implica este problema y podamos contar con una mejor calidad de vida.

Si logramos incorporar a este Programa Nacional de Auditoría Ambiental a todos los municipios y dotamos sus autoridades de las herramientas para abatir la problemática de la contaminación en toda la extensión de la palabra, tendremos municipios limpios y sustentables y sobre todo, una población confiada en que se esta trabajando en su beneficio.

En la actualidad tenemos municipios preocupados y ocupados por el tema ambiental, a ellos nuestro reconocimiento y apoyo para continuar en esta lucha por mejorar el entorno en que vivimos, y es menester mencionarlos en este exhorto:

Aguascalientes, Aguascalientes. Que ya obtuvo el certificado de cumplimiento ambiental, el pasado 6 de mayo del año en curso, en los rubros de manejo de agua y manejo de residuos sólidos no peligrosos.

Otros municipios que se encuentran actualmente en proceso de auditoría ambiental son: Salina Cruz, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala; Zacualtipan de Angeles, Hidalgo; Zacazonapan, estado de México; San Jacinto Amilpas, Oaxaca; Orizaba, Veracruz y Xochitepec, Morelos.

Entre los municipios que ya han manifestado su interés por incorporarse al programa se encuetran: La Paz y Loreto en Baja California Sur; Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez en Colima; Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero; Santa María Rayón, estado de México; Lagos de Moreno, Jalisco; Compostela, Nayarit.

Así como Apodaca, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García en Nuevo León y Actopan, Boca del Río, Coatepec, Minatitlán, Perote, Teocelo, Veracruz Puerto, Xico en Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Único.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a todos los municipios de nuestro país a que se incorporen voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de octubre de 2004.

Nota:

1 Sistema de Administración Ambiental.- Conjunto ordenado de procedimientos para planificar, implementar, revisar y mejorar las actividades o procesos, en este caso basado en los 10 puntos mencionados en el documento ``Hacia un mejor desempeño y cumplimiento ambiental'' de la CCA.

Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Ramón Galindo Noriega.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición...

No habiendo oradores registrados se considera suficientemente discutida la proposición.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada la proposición. Comuníquese.

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VIOLACION

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar a los poderes ejecutivo y legislaturas locales, a modificar los ordenamientos jurídicos para regular el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo por violación y para prestación de los servicios de salud en estos casos

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Con su venia diputado Presidente. La suscrita, diputada Rosario Herrera Ascencio, a nombre de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición de punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Diversos organismos internacionales, así como organizaciones sociales, han señalado reiteradamente que el aborto debe verse como un problema social y de salud pública, debido a las altas tasas de muerte materna que presentan por abortos clandestinos y mal practicados.

En América Latina, el aborto inducido llega a cuatro millones al año, de los cuales 800 mil casos requieren hospitalización por complicaciones posteriores; cinco mil mujeres latinoamericanas mueren anualmente por estas complicaciones, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial.

Según datos del Consejo Nacional de Población, en México cada año se realizan 220 mil abortos en condiciones inseguras.

Otra fuente, como el Instituto Nacional de Perinatología, apunta que el número de interrupciones por embarazos, alcanzan los 850 mil casos al año.

El grupo de información de reproducción elegida, señala que existe un subregistro de abortos debido a su clandestinidad y por tanto, falta de registro por parte de alguna institución.

Asimismo, esta organización afirma que los motivos más frecuentes por los que las mujeres deciden abortar son: violaciones, abandono de la pareja, malformaciones graves en el producto, que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer en pobreza y miseria.

Quisiera citar solamente un caso de esta problemática que es el de Paulina Ramírez, quien se embarazó como producto de una violación y a la cual hace cinco años los funcionarios de Baja California le negaron el derecho a abortar; y el caso más reciente de María, una adolescente sordomuda oaxaqueña, que fue violada por su tío.

Por lo expuesto, presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo local y a las legislaturas locales para que se adicionen los códigos de procedimientos penales, el procedimiento mediante el cual deberá autorizarse por Ministerio Público la interrupción del embarazo producto de una violación en los casos de que la mujer lo solicite.

Segundo. Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo local y a las legislaturas locales, para que se establezcan en las leyes estatales de salud los procedimientos y mecanismos para que las mujeres puedan gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo cuando éste se encuentre autorizado por la ley, asegurando la gratuidad, calidad y disponibilidad a todas las mujeres.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Le ruego concluir, diputada.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los poderes ejecutivos y a las Legislaturas locales a modificar los ordenamientos jurídicos para regular el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo por violación y la prestación de los servicios de salud en esos casos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diversos organismos internacionales, así como organizaciones sociales, han señalado reiteradamente que el aborto debe verse como un problema social y de salud pública debido a las altas tasas de muerte materna que se presentan por abortos clandestinos y mal practicados.

En América Latina, el aborto inducido llega a los cuatro millones al año, de los cuales 800 mil casos requieren hospitalización por complicaciones posteriores. Cinco mil mujeres latinoamericanas mueren anualmente por estas complicaciones, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México cada año se realizan 220 mil abortos en condiciones inseguras. Otra fuente como el Instituto Nacional de Perinatología apunta que el número de interrupciones por embarazos alcanzan los 850 mil casos al año.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que existe un subregistro de abortos, debido a su clandestinidad y por tanto falta de registro por parte de alguna institución.

Asimismo, esta organización afirma que los motivos más frecuentes por los que las mujeres deciden abortar son: violaciones, abandono de la pareja, malformaciones graves en el producto, que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, pobreza y miseria.

En México, el aborto está penalizado, no obstante en 29 estados de la República se prevé el aborto imprudencial; en 27 entidades se permite por el riesgo de muerte para la mujer; en 13 estados se autoriza por malformaciones genéticas graves del producto; en nueve se considera cuando corre peligro la vida de la mujer; en 8 entidades por inseminación artificial no consentida y sólo en Yucatán se permite por razones socioeconómicas.

Cuando el embarazo es producto de una violación, el aborto está permitido en todos los Códigos Penales del país, con distintas regulaciones específicas. Sin embargo, en la mayoría de los Códigos de procedimientos Penales no existe disposición alguna que regule el procedimiento mediante el cual deberá autorizarse por el Ministerio Público, la interrupción legal del embarazo.

Por lo que el dispositivo penal que prevé la no penalización, es letra muerta. De esta forma, se impone la necesidad de legislar al respecto, adicionando en los Códigos respectivos de las entidades federativas, la norma que regule esta facultad y los requisitos para ello.

Así, se dará efectividad a la norma sustantiva y se colmará el vacío existente en la materia, lo que coadyuvará en la disminución de la mortalidad de las mujeres que se encuentran en estas circunstancias.

Por otro lado, también existe una ausencia de legislación en los servicios de salud que los gobiernos están obligados a prestar en los casos de abortos permitidos.

Muestra de ello, es el caso de Paulina Ramírez, quien se embarazó como producto de una violación y a la cual hace cinco años, los funcionarios de Baja California le negaron el derecho de abortar. Y el caso más reciente de María, una adolescente sordomuda oaxaqueña que fue violada por su tío, quien tuvo que recurrir a servicios médicos particulares, para que le fuera interrumpido su embarazo, después de que se enfrentó a la negligencia de una agente del Ministerio Público, un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del personal del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

De esta forma, es indispensable regular en todas las entidades federativas los procedimientos bajo los cuales deben de regirse los funcionarios y funcionarias públicas, que tengan algún tipo de ingerencia en los casos aborto por violación.

La figura de objeción de conciencia debe ser muy clara, ya que concomitantemente debe operar la correlativa obligación de las instituciones públicas de salud de contar con médicos no objetores, de modo tal que respetando la libertad de trabajo y de asociación, reconocidas en los artículos 5° y 9° de la Constitución, se asegure la prestación de los servicios en los casos de abortos permitidos, lo que está dentro del marco constitucional y contribuye al ejercicio pleno de las libertades democráticas, ya que el disenso y la discrepancia pacíficos no deben provocar violencia, agresión, ni discriminación contra quien ejerce su derecho de libertad de pensamiento, por lo que corresponde a las y los legisladores establecer los mecanismos y límites para que se pueda ejercer el derecho a actuar por motivos de conciencia, sin violentar el orden jurídico o afectar los intereses de otras personas, dado que la objeción de conciencia, al igual que los restantes derechos, no tiene un carácter absoluto, pues tiene por límite necesario el que su ejercicio no exponga a la mujer embarazada a un peligro de afectación a su salud o a su vida, ya que de actualizarse alguno de dichos supuestos subsiste la obligación de atender médicamente a la mujer.

Con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la protección a la salud y a la integridad corporal de que son titulares las mujeres, se propone colmar el vacío legal existente en la mayoría de las entidades federativas, estableciendo los mecanismos que permitan a las mujeres gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando ésta se encuentra autorizada por la ley, asegurando la gratuidad, calidad y disponibilidad a todas las mujeres, lo que evitará cualquier forma de discriminación en el acceso a los servicios de salud, que usualmente está condicionado por la situación económica de las propias mujeres.

Por lo expuesto, presento la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo local y a las Legislaturas locales para que se adicione a los códigos de procedimientos penales, el procedimiento mediante el cual deberá autorizarse, por el Ministerio Público, la interrupción del embarazo producto de una violación, en los casos que la mujer lo solicite.

Segundo: Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo local y a las Legislaturas locales para que se establezcan en las leyes estatales de salud los procedimientos y mecanismos para que las mujeres puedan gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando éste se encuentra autorizado por la ley, asegurando la gratuidad, calidad y disponibilidad a todas las mujeres. Esta regulación debe incluir la objeción de conciencia, sin desconocer que ésta tiene por límite necesario el que su ejercicio no exponga a la mujer embarazada a un peligro de afectación a su salud o a su vida, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, subsiste la obligación de atender médicamente a la mujer. Así como la obligación de las instituciones públicas de salud, de contar con médicos no objetores.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada María del Rosario Herrera Ascencio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación calificada, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Gracias. La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: No se considera de urgente resolución, por lo tanto túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Equidad y Género.

Tiene el uso de la palabra... Antes de conceder el uso de la palabra en el siguiente punto del orden del día, señoras y señores legisladores, nos acompañan en el área de invitados especiales, un grupo de jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, a los que damos la más cordial bienvenida.

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FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para que se contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, los recursos necesarios para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera.

El diputado Francisco Grajales Palacios: Con su venia, diputado Presidente. En mi carácter de diputado federal hago uso de esta tribuna a nombre propio y con apoyo de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a petición de los jubilados ferrocarrileros que, según acuerdo que aparece en la Gaceta Parlamentaria del 19 de octubre del presente, solicitamos se someta a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal un punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2005 se contemplen los recursos necesarios para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera que administra el fondo de jubilaciones de los trabajado- res de Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, con el fin de incrementar el número de días de aguinaldo y las pensiones que este grupo de jubilados recibe.

En atención a que la propuesta se encuentra inserta en la Gaceta Parlamentaria quiero decir que el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, el cual se ha hecho cargo del pago de las pensiones y prestaciones y donde sus recursos sólo son suficientes para pagarles en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados, incrementándolas anualmente conforme a la inflación, con base en el Indice Nacional de Precios al Consumidor.

La solicitud con punto de acuerdo relacionada con los ferrocarrileros jubilados es para que se les haga un ajuste a sus pensiones y prestaciones, así como para incrementar a 15 días más el aguinaldo.

Ante ello la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, convoca al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable soberanía para que se respalde la petición de los ferrocarrileros jubilados y se adopte el acuerdo donde la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados elabore el dictamen de la iniciativa del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, que incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el Gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso que administra el fondo de jubilaciones y de esta forma el comité técnico del mismo esté en condiciones de incrementar el aguinaldo que recibe este grupo de pensionados y jubilados a 30 días para hacerlos coincidir con el que reciba el resto de los pensionados y jubilados en este país.

Por lo antes expuesto, de acuerdo con los artículos 55, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Unico. Que las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados acuerden que las comisiones de Hacienda y Programación y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 que presentó el Ejecutivo federal ante esta soberanía se incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo Federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se consideren los recursos necesarios que el Ejecutivo federal destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del grupo parlamentario del PRI

Víctor Félix Flores Morales en nombre propio y de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal, propuesta que contiene la siguiente:

Propuesta con punto de acuerdo para que se contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2005, los recursos necesarios, dentro de la partida presupuestal correspondiente, para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC. que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, para incrementar el número de días de aguinaldo y las pensiones de este grupo de jubilados recibe.

Antecedentes

1. El proceso de privatización del Sistema Ferroviario Mexicano, resultado de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la aplicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, expedida por el Congreso de la Unión; tuvo como una de sus consecuencias que 56,372 ( cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos ) trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieran el beneficio de su jubilación al concluir las relaciones obrero-patronales y cumplir con los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, los convenios laborales y/o los reglamentos correspondientes.

2. A efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros que obtuvieron el beneficio de su jubilación, el Gobierno federal atendiendo la gestión de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a los estudios actuariales pertinentes, los recursos económicos necesarios para tal fin. Tales recursos económicos fueron destinados por Ferrocarriles Nacionales de México para constituir mediante contrato de fideicomiso a Nacional Financiera, SNC de fecha 19 de diciembre de 1997 el Fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6, modificado mediante convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el Fondo de Jubilaciones, el que se ha hecho cargo del pago de las citadas pensiones y prestaciones, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes.

3. Conforme a los estudios actuariales y al desarrollo del referido Fideicomiso que constituye el Fondo de Jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, su patrimonio es suficiente, y sólo suficiente, para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones por el monto que obtuvieron conforme al contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer por Banco de México para el año inmediato anterior.

4. El desfasamiento entre el inicio de operaciones del Fondo de Jubilaciones, 26 de septiembre de 2000; el ultimo proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1º. De junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del Fondo de Jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que resulta además de justo y conveniente que este grupo de jubilados, con cuyo esfuerzo se forjó y desarrollo una de las industrias mas importantes y representativas del desarrollo de nuestro país, reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó.

5. Por otra parte, durante la vigencia de las relaciones laborales entre Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, dentro de los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, la Dirigencia Sindical solicitó del patrón reiteradamente, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes jubilatorios del país. Sin embargo, esta negociación no se llegó a formalizar ante la conclusión del proceso de privatización y de esta forma el Fondo de Jubilaciones únicamente cubre a los ferrocarrileros jubilados una cantidad por concepto de aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si atendemos que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc, ) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual se ajuste en su monto a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

6. Este tema ha sido recurrentemeote planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de las distintas fracciones parlamentarias; quienes han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo que en este mismo sentido aprobara el Pleno del Senado de la República, con el consenso y apoyo de todos los partidos en él representados, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002 y que la dirigencia sindical, mediante correspondencia el 11 de diciembre de 2002, hiciera del conocimiento y solicitara el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal, sin que se hubiere atendido este reclamo en esa ocasión, corriendo igual suerte la propuesta con punto de acuerdo presentado con fecha 2 de diciembre de 2003 ante el Pleno de esta soberanía por el diputado Francisco Grajales Palacios.

7. Por ello la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, convoca al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable soberanía para que se adopte el acuerdo de que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen de la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el Gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y de esta forma el Comité Técnico del mismo esté en condiciones de incrementar las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la inflación determinada por el Banco de México con base en el índice nacional de precios al consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados y se incremente permanentemente a 30 (treinta) días para hacerlo coincidir con el que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

8. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el honorable Congreso de la Unión al imponer la obligación del Gobierno federal conforme al artículo 4º del decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, de constituirse en garante permanente de los derechos de los ex trabajadores del Organismo Público Descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

9. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados por conducto de su representación sindical y de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta H. Soberanía se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.

Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicitamos con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:

Propuesta con punto de acuerdo

Unico.- Que las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados acuerden que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005 que presentó el Ejecutivo federal ante esta soberanía, incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en la presente propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Diputados: Víctor F. Flores Morales, Francisco Grajales Palacios, Jorge Uscanga Escobar, Ubaldo Aguilar Flores, Alfonso Sánchez Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Pablo Anaya Rivera, Rómulo I. Salazar Macías, Guillermo Zorrilla Fernández, Gustavo Moreno Ramos, Ernesto Alarcón Trujillo, Marco Antonio Torres Hernández, Mario A. R. Zepahua Valencia, Gonzalo Guízar Valladares, Pablo Pavón Vinales, José Luis García Mercado, Concepción O. Castañeda Ortiz, Filemón Arcos Suárez, Martín R. Vidaña Pérez, Armando Neyra Chávez, José García Ortiz, Enrique Burgos García, Carlos Mireles Morales, Fernando Alberto García Cuevas (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Francisco Grajales Palacios. Túrnese la proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal exponga ante la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara el estado que guardan las denuncias presentadas contra ex funcionarios del gobierno del Distrito Federal.

El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado Presidente. Hace 7 meses 3 videos evidenciaron a 3 funcionarios locales incurriendo en actos de corrupción.

Al día de hoy solamente uno de ellos, Gustavo Ponce, se encuentra detenido y no es gracias a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Hoy Bejarano se defiende escudado en su fuero y a Imaz le impusieron una fianza cuyo monto no llega ni a la quinta parte del dinero que se guardó en bolsas de plástico.

Pero estos connotados perredistas no son los únicos involucrados en el hoy llamado pejegate. Hay cuando menos 6 jefes delegacionales, además de los ex titulares de Tlalpan y Gustavo A. Madero, que también tienen mucho que explicar. Los y las de Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán y Tláhuac, esta última, Fátima Mena, debe también informar sobre la contratación de servicios que nunca se prestaron de empresas del Grupo Quart.

El caso del ex delegado en Gustavo A. Madero, Gustavo Flores, se cuece aparte. Un día el juez undécimo en materia penal con sede en el Reclusorio Norte, entrega una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude genérico por 31 millones de pesos y al otro día y por arte de magia, Bernardo Bátiz declara cínicamente al perredista como prófugo de la justicia.

Más de 7 meses han pasado y prácticamente nada se ha avanzado. La Procuraduría capitalina no ha podido o no ha querido, conducir eficientemente investigaciones en los casos de Ponce, Bejarano, Imaz, Flores y los demás servidores perredistas que como en el caso de Tláhuac, se acumulen esta semana.

El colmo fue lo sucedido el día de ayer cuando Bátiz presenta un video editado que pretende exculpar a Bejarano. La extraña presentación de este video sólo nos deja en claro que Andrés López sabía de los negocios de Bejarano con Ahumada y nunca hizo nada para evitarlo.

¿Qué criterios tomó la Procuraduría para editar sólo esos 9 minutos de video? ¿Por qué lo da a conocer 4 días antes de que la Instructora emita dictamen? ¿Por qué litiga en los medios una prueba que forma parte de un proceso judicial? Eso nos lo debe aclarar el Procurador.

En próximos días es probable que el ex secretario particular de López pierda su fuero y si Bejarano se da a la fuga como ya lo ha intentado solicitando un amparo para que se le permita salir del país.

Que quede claro, hacemos políticamente responsable a Andrés Manuel López Obrador y a su Procurador de Justicia.

Ya se les fugó Ponce y luego Flores. No hay pretexto alguno para dejar escapar ahora a Bejarano.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Unico. Se solicita al procurador general de Justicia del Distrito Federal exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, el estado que guardan las denuncias presentadas ante esta Procuraduría contra ex funcionarios del gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones: Tlalpan y Gustavo A. Madero, así como las razones por las cuales la Procuraduría...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Concluya, diputado.

El diputado Jorge Triana Tena: ...No tomó medidas pertinentes para evitar la fuga del perredista, aunque les duela, Octavio Flores.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que exponga ante la Comisión del Distrito Federal de esta H. Cámara el estado que guardan las denuncias presentadas contra ex funcionarios del gobierno local, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Mas de siete meses han pasado desde que los medios de comunicación dieron a conocer a la opinión pública el ``pejegate''. Tres videos, tres funcionarios, tres escándalos. En la medida en que cada uno de los videos proyectaba a estos personajes, la perplejidad, la indignación, la incredulidad se apoderaban de quienes, a través de la televisión, observábamos al entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas mientras apostaba jugando black jack en la zona VIP de este lujoso casino; al ex secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal y a la postre diputado local del PRD, René Bejarano, guardar en su portafolios, en los bolsillos de su saco y en donde pudiera, cuantiosos fajos de billetes producto de la corrupción y cuyo destino final fueron las campañas de candidatos del Partido de la Revolución Democrática en la capital; y al entonces candidato perredista a jefe delegacional de Tlalpan, Carlos Imaz, guardar en bolsas de plástico también numerosas cantidades de billetes para su campaña.

Tres videos que nos muestran a tres funcionarios corruptos, pero solamente uno de ellos --Gustavo Ponce-- se encuentra detenido y no gracias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Bejarano se defiende escudado en su fuero y a Imaz le impusieron una fianza cuyo monto no llega ni a la quinta parte del dinero que se guardó en las bolsas de plástico.

Poco, por no decir que prácticamente nada, ha avanzado la Procuraduría capitalina para investigar a fondo los actos de corrupción en los que incurrieron los funcionarios mencionados, aún cuando desde el lunes 15 de marzo de 2004, en conjunto con tres diputados locales panistas, el suscrito presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra René Bejarano, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce, por los delitos de enriquecimiento ilícito, extorsión, peculado y posibles delitos electorales. Y por esas fechas también el priísta Florentino Castro presentó una denuncia en contra de Ponce y Bejarano por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

Pero estos ``ilustres'' perredistas no son los únicos involucrados en el ``pejegate''. Hay cuando menos ocho jefes delegacionales perredistas que también tienen mucho que informarnos: Leticia Robles de Álvaro Obregón, Ignacio Ruíz de Cuajimalpa, Laura Velázquez de Azcapotzalco, Fátima Mena de Tláhuac --quien tiene mucho que explicarnos sobre la contratación de servicios que nunca se prestaron de empresas del Grupo Quart en la actual administración de esa delegación, y sobre los cobros indebidos para la apertura de gaseras en la propia demarcación--, Faustino Soto de Xochimilco y Miguel Bortolini de Coyoacán, además de Carlos Imaz de Tlalpan, y Octavio Flores de Gustavo A. Madero, este último prófugo de la justicia. Todos ellos, según declaraciones del --hasta hace unos meses-- perredista Ramón Sosamontes, también recibieron recursos del empresario Carlos Ahumada.

El caso de Octavio Flores se cuece aparte. Luego de que el procurador capitalino Bernardo Bátiz revelara que la dependencia a su cargo realizaba una investigación relacionada con el manejo de fondos de la Tesorería del Distrito Federal, un presunto fraude por más de treinta y un millones de pesos y en el que estarían involucrados funcionarios públicos de la delegación Gustavo A. Madero y colaboradores de Gustavo Ponce, así como empresas privadas, el Juez Once en materia penal con sede en el Reclusorio Norte giró órdenes de aprehensión en contra de Gustavo Ponce y Carlos Ahumada por el delito de fraude genérico por más de treinta y un millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero. También ordenó la detención de María Martha Delgado Arroyo, Luis Salazar Cano y Alierzo Caetano de Oliveira Contreras, presuntos cómplices en el fraude en esa demarcación. De igual modo, están involucrados Carlos Álvarez Cardoso y Blanca Estela Hernández Puga.

El ocho de marzo de dos mil cuatro, en una carta enviada al periódico Reforma, Ahumada afirmó haber entregado a personas cercanas a Flores Millán más de dos millones de pesos, y el diez de marzo de dos mil cuatro, se publica en un diario de circulación nacional que Octavio Flores Millán adquirió un auto Rover de contado con valor de cuatrocientos cuatro mil pesos cuando era jefe delegacional electo, dos días antes de que Carlos Ahumada le habría entregado la quinta remesa de recursos. Una semana más tarde, Octavio Flores Millán pide licencia para ausentarse del cargo durante noventa días.

El veintiuno de marzo de dos mil cuatro, el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal anunció el inicio de un procedimiento de remoción definitiva en contra de Flores Millán y presentaron documentos que vinculan al delegado con la autorización de las cuentas certificadas con que se efectuó el fraude.

De forma inesperada y en medio de fuertes acusaciones en su contra, el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, Flores Millán vuelve a la delegación; y a partir de esa fecha, ciento cuarenta y nueve servidores públicos de la delegación han renunciado a sus cargos.

El tres de agosto de dos mil cuatro, la autoridad encontró elementos suficientes para responsabilizar al jefe delegacional, por lo que el Ministerio Público cambió la condición de Flores Millán de testigo a indiciado.

El doce de agosto de dos mil cuatro, el Juez Once en materia penal con sede en el Reclusorio Norte, Carlos Casiano, entregó una orden de aprehensión en contra del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores, por el delito de fraude genérico; al siguiente día, el procurador Bernardo Bátiz declara a Octavio Flores prófugo de la justicia.

El dieciséis de agosto de dos mil cuatro fue la última vez que tuvimos conocimiento de Octavio Flores, pues envió una carta al Jefe de Gobierno en la que asegura que la orden de aprehensión en su contra por un delito que no cometió, lo ha obligado a no poder ejercer el cargo para el que fue electo. El Jefe de Gobierno aclara entonces que no recibió una, sino dos cartas de Octavio Flores Millán, sin embargo, dice que ambas misivas resultan confusas, pues en una menciona que no se ausentará del cargo y en la otra plantea una especie de renuncia.

Finalmente, el diez de septiembre de dos mil cuatro la Asamblea Legislativa del Distrito Federal removió de su cargo de manera unánime, definitiva, inatacable e inmediata al jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán.

Estos casos de corrupción en el Distrito Federal han demolido la valiente honestidad tan pregonada por el jefe de gobierno, el señor López. El ex diputado local y ex presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, René Bejarano, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, el ex jefe delegacional en Tlalpan Carlos Imaz y ahora también el ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores, no sólo son culpables de los hechos de corrupción imputados en su contra sino que son un referente público y notorio de la calidad moral de servidores públicos que tiene el Gobierno perredista en el Distrito Federal.

Compañeros diputados: mas de siete meses han pasado y prácticamente nada se ha avanzado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido incapaz de conducir eficientemente las investigaciones en los casos de Octavio Ponce, René Bejarano, Carlos Imaz, Octavio Flores y los demás ``servidores públicos'' de las delegaciones mencionadas. Y el actuar de la procuraduría capitalina con relación a estos escandalosos actos de corrupción nos dan la pauta para afirmar que el señor Bernardo Bátiz o es torpe o es cómplice de los corruptos al solaparlos y protegerlos.

El procurador capitalino Bernardo Bátiz está obligado a perseguir los delitos del orden común tal como lo establecen los artículos del 2 al 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y en tanto no haga lo conducente para castigar a cada uno de los funcionarios perredistas inmiscuidos en el ``pejegate'', el señor Bátiz estará incumpliendo con los ordenamientos legales y nos demostrará una vez mas que antepone el interés partidista y faccioso de su jefe Andrés López por encima del marco legal.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se solicita al procurador general de Justicia del Distrito Federal, exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, el estado que guardan las denuncias presentadas ante esa procuraduría contra ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones Tlalpan y Gustavo A. Madero, así como las razones por las cuales la Procuraduría no tomó las medidas precautorias necesarias para evitar la fuga de Octavio Flores Millán.

Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los doce días mes de octubre de dos mil cuatro.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro de la proposición al señor diputado don Eduardo Espinoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y al señor diputado don Federico Döring, del Partido Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra al diputado don Eduardo Espinoza.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez: Escuchamos nuevamente diatribas, infundios, que simplemente quieren establecer un ánimo de crispación, como lo ha hecho en todo este tiempo el señor Presidente de la República y sus secretarios de Estado, ¡en contra de un gobierno honesto!

A diferencia de lo que dice Acción Nacional, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha dejado muy claro que no existe ninguna vinculación como la que se ha imputado o se quiere imputar.

Los videos están a la vista, fueron presentados por un diputado, que los obtuvo, que no ha dicho de dónde los obtuvo ni cómo los obtuvo y sería bueno que viniera a decir aquí, de una vez, quién se los dio.

Suponemos y lo hemos afirmado, que fue un responsable de construir lo que hemos dicho: ¡un complot en contra del gobierno de la Ciudad de México!

Ciertamente el punto de acuerdo, y se lo anunciamos, lo vamos a votar a favor. Creemos que el Procurador tiene que venir aquí a informar a la Comisión del Distrito Federal las acciones que ha hecho, para garantizar que se cumpla la ley en la Ciudad de México, como es su obligación. Pero quisiéramos que el debate tuviera un nivel distinto al de la diatriba que se ha venido aquí a señalar y quisiéramos que los próximos días, cuando tengamos que debatir lo que tenga que resolver la Cámara, lo hagamos en función de los argumentos que se presenten, de las pruebas que se ofrezcan y no de los infundios que aquí venimos a escuchar.

Yo le solicito a los diputados que votemos a favor de que en la Cámara de Diputados hagamos de este lugar un lugar digno para resolver los problemas y no para continuar con la crispación que tiene este país unido por la irresponsabilidad de los gobernantes de este país.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el señor diputado don Federico Döring.

El diputado Federico Döring Casar: Con la venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario de Acción Nacional quiere manifestar por mi conducto, en primer término, que pasamos a esta tribuna sin odio, sin violencia, sin venganza.

Lo único que está planteando el diputado Triana es un asunto de elemental rendición de cuentas. Sobre aquí pesa una gran decisión. Si queremos que el Procurador Bátiz nos venga a comentar cómo se han desahogado estos lastimosos casos de corrupción y si queremos conocer de ellos ahora o queremos conocer a toro pasado. Si queremos que el Procurador Bátiz nos venga a decir cómo está aplicando la ley y cómo está combatiendo la corrupción de este gobierno que se dice honesto...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, señor diputado Döring. Suspéndase el cómputo del tiempo.

Por favor activen el sonido en la curul del señor diputado Pablo Franco.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): Diputado Presidente: para solicitarle le requiera al orador si me puede contestar una pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta usted don Federico Döring?

El diputado Federico Döring Casar: Sí, señor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, señor diputado.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): ¡Que nos informe quién le entregó los videos que presentó el 3 de marzo!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Federico Döring.

El diputado Federico Döring Casar: Respondo la pregunta, señor Presidente.

Un acto de congruencia elemental en todo político es que exista autenticidad entre lo que se dice público y lo que se hace público. Yo he dicho públicamente en los medios de comunicación como fue que lo recibí después de la conferencia de prensa que di con el diputado Roberto Campa Cifrián, pero lo más importante es que lo que he dicho en público y lo que estoy diciendo en la tribuna lo he dicho ante el Ministerio Público. No como otros que en público dicen que piden licencia para no escudarse en el fuero y poder enfrentar su responsabilidad y van a promover amparos para irse del país. No como otros que dicen que piden licencia para no escudarse en el fuero y ante el Ministerio Público lo que establecen es que gozan de fuero y que por ende no quieren responder ni cuanto dinero recibieron ni cómo lo recibieron ni en qué lo gastaron.

He respondido la pregunta, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Federico. Un momento. Continúe suspendido el cómputo del tiempo.

Activen el sonido en la curul de don Pablo Franco.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): Pues si puede responder mi pregunta el diputado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: ¿Ha respondido usted ya la pregunta, señor diputado don Federico Döring?

El diputado Federico Döring Casar: Desde mi particular punto de vista la he respondido, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Reanúdese el cómputo del tiempo.

El diputado Federico Döring Casar: Gracias, señor Presidente.

Sobre lo que aquí se ha dicho en tribuna es importante que quede claro...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, don Federico.

El señor diputado García Tinajero, activen el sonido en la curul del señor diputado García Tinajero.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul): Sí, quiero preguntarle al señor Federico Döring si me permite hacerle otra pregunta, reiterársela.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta don Federico?

El diputado Federico Döring Casar: Sí,

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante diputado.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul): Bueno, aunque el compañero Döring dice que sí ya respondió a la pregunta, la verdad es que no la respondió. Simplemente que responda quién le dio los videos y que no salga con más rollos, no nos interesa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado García Tinajero, usted planteó una pregunta distinta. El señor Federico Döring ya manifestó haberla respondido. Podrá usted no estar satisfecho, pero si no es otra pregunta, esta Presidencia dispone que el señor Federico Döring continúe con su intervención.

Adelante.

El diputado Federico Döring Casar: Gracias, señor Presidente. Sobre lo que aquí se ha dicho en tribuna y estas dos interpelaciones de diputados del PRD creo que permiten llegar al fondo del debate.

Para la mayoría de los diputados aquí presentes, más importante que el origen de los videos es el contenido de los videos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento don Federico. Disculpe.

Suspéndase el cómputo del tiempo.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Alejandro González Yáñez.

Adelante señor diputado.

El diputado Alejandro González Yáñez (desde su curul): Gracias, diputado Presidente. Para preguntarle al diputado orador si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta usted don Federico Döring?

El diputado Federico Döring Casar: Sí Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, señor diputado González Yáñez.

El diputado Alejandro González Yáñez (desde su curul): Diputado Federico Döring, para preguntarle quién le entregó a usted los videos que le entregó a la televisión.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar: Sí señor Presidente, a riesgo de ser reiterativo y de aburrir al pleno con una respuesta idénticamente similar a la anterior a una pregunta idénticamente similar a la anterior, reitero:

El día 2 de marzo recibí una llamada del diputado Campa Cifrián, del PRI, quien me exhortó en mi carácter de integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ofrecer una conferencia de prensa para comunicar que se presentaría un punto de acuerdo al día siguiente, para promover una auditoría a los recursos federales del Ramo 33, que ha venido recibiendo el gobierno de la ciudad, ante el escándalo de la forma honesta en la que se apostaban los impuestos de los capitalinos en Las Vegas, por el secretario de Finanzas.

Ante la conferencia de prensa, que se hizo pública, yo recibí una llamada en la cual alguien me dijo que si tenía interés en combatir la corrupción me podía hacer llegar información. Toda vez que ya no estaba aquí, le dije que la hiciera llegar a mi domicilio y de tal forma la hizo llegar en un sobre.

Lo que le estoy respondiendo diputado y le invito a que si lo pone en tela de juicio pida usted copia de mi declaración ante el Ministerio Público, que es exactamente idéntica, o al Instituto Electoral del DF, que el consejero Huchim la tiene también, porque la hice pública.

Insisto, lo que le estoy diciendo aquí de frente se lo he dicho al Ministerio Público, a diferencia de otros que dicen una cosa en la tele y dicen otra cosa en el Ministerio Público.

He respondido, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Continúe don Federico Döring con su intervención.

El diputado Federico Döring Casar: Gracias. El fondo del asunto, señoras, señores diputados, para Acción Nacional es juzgar el trabajo del Procurador sin epítetos sin venganzas y sin calumnias.

A mí y a los diputados federales de Acción Nacional, no nos satisface que el gobierno capitalino a través de la Procuraduría se haya allanado con la sentencia en contra de Carlos Imaz, porque se le impone una multa de 100 mil pesos, cuando hay evidencia pública de que cuando menos recibió 500 mil y queremos que nos diga el Procurador sin odio y sin venganza, por qué no recurrió a la decisión del juez. Queremos que nos diga por qué se tardó tanto en ejecutar la orden de aprehensión contra Octavio Flores, que alcanzó a salir. Queremos que nos diga por qué Ponce se alcanzó a dar a la fuga y se vació todo el disco duro de su computadora antes de que el señor López Obrador pudiera presentarla ante la opinión pública como había prometido hacerlo ese día a las 6:00 de la mañana. Eso es lo que queremos saber.

Si alguien tiene temor a estas respuestas, que lo diga en público y que desvíe la atención hablando del origen de los videos y de los remitentes y de los correos.

Para nosotros lo importante, lo irrefutable, lo que nadie ha podido y difícilmente podrá venir argumentar a la tribuna, es que el gobierno es honesto, es que el secretario de Finanzas de la ciudad era honesto y manejaba bien los impuestos, es que el secretario particular del señor López Obrador y su coordinador de campaña se reunía con un empresario que estaba en la mira de la Contraloría y que debió haber sido proscrito de toda audiencia, con alguien que merecía toda la confianza del señor López Obrador; sin odio, sin venganza, pero con auténtica rendición de cuentas y fiscalización, quienes estén del lado de la ley que voten a favor.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Federico Döring.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Presidente, sólo solicito una rectificación de un hecho mencionado por el señor diputado Döring, ¿lo puedo hacer de este lugar si usted me concede la palabra sin necesidad de subir a la tribuna?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Hágalo desde su lugar, desde su curul, brevemente.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Gracias, señor Presidente. Solamente quiero decir, el ciudadano Ahumada no tuvo interlocución con el Gobierno de la Ciudad de México, tuvo interlocución admitida por él y por su interlocutor con el ciudadano senador Diego Fernández de Cevallos. Esta es la rectificación de los hechos. Gracias Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Pablo Gómez.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea... Por favor activen el sonido en la curul del señor diputado Federico Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Yo también quisiera hacer una rectificación de hechos si me lo permite.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado, para estar en igualdad de circunstancias le voy a conceder el uso de la palabra desde su curul. Estas rectificaciones de hechos es un medio para seguir debatiendo, en violación del artículo 122, pero como le concedí el uso de la palabra a don Pablo Gómez lo hago con usted, brevemente.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Gracias, brevemente, señor Presidente. Sugerirle al diputado Pablo Gómez que lea el Diario de los Debates del 3 de marzo, donde ante el mismo planteamiento reconocí la siguiente respuesta: ni Diego Fernández de Cevallos ni yo arrastramos alguien a apostar nuestros impuestos a Las Vegas, ni Diego Fernández de Cevallos ni yo nos embolsamos el dinero y las ligas ni Diego Fernández de Cevallos ni yo estamos en tela de juicio, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Federico.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutido.

Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite o se desecha la proposición.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Admitida la proposición. Comuníquese.

Activen el sonido en la curul del señor diputado Kahwagi.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul): Estamos pidiendo una rectificación que se diera porque no fue muy claro, pedimos que sea nominal, desde hace rato estoy pidiendo la palabra y no me la dieron.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Perdóneme, señor diputado, pero la pidió cuando ya se estaba pidiendo la votación, ya votó la Asamblea y fue admitida y se dio el turno de Comuníquese.

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ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat evite la destrucción de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla y actualice el programa de manejo e impulse un paquete de inversiones destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en esta reserva.

Adelante, diputado.

El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla se localizan sobre la desembocadura de los ríos Usumacinta y Grijalva en el estado de Tabasco y abarca una superficie de 302 mil 706 hectáreas de humedales. Los humedales de Centla han sido asiento de una de las más importantes etnias de Tabasco, los chontales, rama muy vinculada a los mayas que detentan una cultura cuya preservación resulta un imperativo, dadas las amenazas de trasculturación y asimilación que actualmente están experimentando.

Por lo anteriormente expuesto, se argumenta los siguientes considerandos: Como todas las áreas naturales protegidas de México, fue decretada bajo la óptica estrictamente ambiental marginando a la población que en ella ha vivido de antaño, como es el caso de las comunidades indígenas. El nuevo estatus jurídico desde la tenencia de la tierra originó confusiones y conflictos entre los intereses ecológicos y los étnicos, que a la fecha continúan sin resolverse satisfactoriamente. La entrada en vigor de diversas disposiciones regulatorias de los recursos naturales ha colocado a los campesinos e indígenas en un estatus de ilegales, puesto que las prácticas de aprovechamiento ancestrales, basadas en la apropiación de especies animales y vegetales, hoy por hoy se encuentran prohibidas.

Es de señalarse que los humedales resultan difíciles de explotar mediante las prácticas agropecuarias tradicionales, en virtud de que son tierras sumergidas bajo el agua la mayor parte del tiempo. La reserva de la biosfera experimenta amenazas de la más variada índole, la principal es la propagación de incendios provocados por los habitantes con el propósito de capturar tortugas, causando daños devastadores.

Por lo antes expuesto, me permito presentar a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que actualice el programa de manejo y desarrollo con apego al mismo, las potencialidades de la reserva de la biosfera Pantanos de Centla.

Segundo. Establezca y otorgue financiamiento al Programa de Aprovechamiento de la Vida Silvestre mediante la instalación de granjas de producción de peces, tortugas y lagartos con fines productivos, que generen empleo e ingresos que beneficien a los habitantes de las comunidades.

Tercero. Impulse un programa de aprovechamiento forestal y de plantas silvestres mediante plantaciones comerciales, viveros, agroindustria, incluidos incentivos para la formación de brigadas de combate de incendios y

Cuarto. Desarrolle un programa de vigilancia que vincule a las autoridades locales mediante convenios de concertación y aplique incentivos que fortalezcan los lazos intercomunitarios de pertenencia con la reserva de la biosfera.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a evitar la destrucción de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla, actualizar el programa de manejo e impulsar un paquete de inversiones destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en ese sitio, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el que suscribe, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete al Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes1. La reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla se localiza sobre la desembocadura de los ríos Usumacinta y Grijalva en el estado de Tabasco. Abarca una superficie de 302 mil 706 hectáreas de humedales que alberga una importante riqueza biótica caracterizada por 568 especies de plantas y 500 especies de animales.

2. Los humedales de Centla han sido asiento de una de las más importantes etnias de Tabasco, los chontales, rama muy vinculada a los mayas, que tienen una cultura cuya preservación resulta un imperativo, dadas las amenazas de transculturación y asimilación que actualmente están experimentando.

3. Fue decretada en 1992, pero hasta 1999 no se publicó el Plan de Manejo en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, se argumentan los siguientes

Considerandos1. La reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla fue impulsada por el Gobierno Federal, con el propósito de preservar aquellas áreas, que por su riqueza biológica y su relativo grado de deterioro, significase un patrimonio para los mexicanos de hoy y de mañana.

2. Como todas las áreas naturales protegidas de México, fue decretada bajo la óptica estrictamente ambiental, marginando a la población que en ella ha vivido de antaño, como es el caso de las comunidades indígenas.

El nuevo estatus jurídico de la tenencia de la tierra originó confusiones y conflictos entre los intereses ecológicos y los étnicos, que a la fecha continúan sin resolverse satisfactoriamente.

3. El aprovechamiento que previo a la declaratoria realizaban los habitantes, devino a un aprovechamiento depredatorio, que ha puesto en peligro la integridad del bien ecológico que se pretende proteger, toda vez que al eliminarse las reglas no escritas del mundo campesino e indígena, incursionaron personas ajenas al lugar, con una visión monetarista de los recursos ahí contenidos.

4. La entrada en vigor de diversas disposiciones regulatorias de los recursos naturales, ha colocado a los campesinos e indígenas en un estatus de ilegales, puesto que las prácticas de aprovechamiento ancestrales, basadas en la apropiación de especies animales y vegetales, hoy por hoy, se encuentran prohibidas.

5. Es de señalarse que los humedales, resultan difíciles de explotar mediante las prácticas agropecuarias tradicionales, en virtud de que son tierras sumergidas bajo el agua la mayor parte del tiempo. Por ello, la pesca ribereña y la extracción de especies silvestres ha sido el soporte ancestral de la economía indígena y campesina.

6. La reserva de la biosfera experimenta amenazas de la más variada índole, la principal es la propagación de incendios provocados por los habitantes con el propósito de capturar tortugas, causando daños devastadores.

Los eventos de los últimos 5 años contabilizan quemas en superficies cercanas a las un mil quinientas hectáreas anuales; así mismo, la presencia de instalaciones productoras de gas y la perspectiva de ampliar la producción de gas y aceite dentro de la reserva, significa un riesgo ambiental permanente.

7. La reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla alberga a más de setenta comunidades, varias de ellas aisladas y dispersas en donde la pobreza extrema y la marginación son el común denominador.

8. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por elevar el nivel de vida de estas comunidades, persiste la necesidad de reorientar la actividad productiva en la región y adaptarla a las potencialidades de la reserva.

9. Los Pantanos de Centla constituyen un activo cultural, económico y ambiental, todavía no valorado en su justa dimensión, que requiere de un importante esfuerzo institucional que detone todos los servicios potenciales que significan sus recursos y procesos naturales.

Por lo antes expuesto, me permito presentar a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que actualice el Programa de Manejo y desarrolle con apego al mismo las potencialidades de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla.

Segundo. Establezca y financie un programa de aprovechamiento de la vida silvestre, mediante la instalación de granjas de producción de peces, tortugas y lagartos, con fines productivos, que generen empleo e ingresos que beneficien a los habitantes de las comunidades.

Tercero. Impulse un programa de aprovechamiento forestal y de plantas silvestres, mediante plantaciones comerciales, viveros, agroindustrias, incluidos incentivos para la formación de brigadas de combate de incendios.

Cuarto. Desarrolle un programa de vigilancia que vincule a las autoridades locales, mediante convenios de concertación y aplique incentivos que fortalezcan los lazos intercomunitarios y de pertenencia con la reserva de la biosfera.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, DF, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Carlos Manuel Rovirosa Ramírez.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal.

El diputado Ernesto Herrera Tovar: Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en los artículos 58 y 59 y demás relativos aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, lo anterior con base a la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Protección Civil para el Distrito Federal establece que el Consejo de Protección Civil es el órgano superior de consulta, opinión, decisiones y coordinación de las acciones en la materia, en el que se integran en forma multidisciplinaria e interinstitucional los órganos del Gobierno del Distrito Federal, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y profesionales cuyos fines, funciones o atribuciones se vinculan a las acciones de la protección civil.

La presidencia del Consejo de Protección Civil recae en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien ha incumplido en forma permanente con su obligación de convocar a sesiones ordinarias, cuyo objetivo primordial de éstas, son las de analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, promover la investigación y estudios que permitan conocer los agentes básicos de las causas de siniestros y desastres y propiciar su solución por medio del sistema de protección civil.

Debido a lo anterior, hoy día el sistema de protección civil en el Distrito Federal es inoperante. La Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión y en ella se encuentran ubicadas las oficinas centrales de las secretarías de Estado, así como de varias empresas privadas que operan en todo el territorio nacional.

Si el día de hoy se presentara un evento destructivo de magnitudes similares a los terremotos de 1985, provocaría que la base tributaria promedio disminuyera y nuestras necesidades de gasto se incrementaran y a menos de que se reciban donaciones externas, se debe recurrir al endeudamiento o la monetización.

Con dicho evento también se afectaría la balanza comercial, toda vez que se presentaría una disminución en la exportación de bienes y naturalmente la reconstrucción de esta metrópoli, obligaría necesariamente al aumento de las importaciones.

Es por ello que se considera necesario y urgente que el Consejo de Protección Civil sesione de conformidad con la ley, a fin de que evalúe los instrumentos de protección civil y coadyuve a su aplicación procurando su amplia difusión en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, para que convoque a dicho consejo de conformidad a la Ley de Protección del Distrito Federal.

Dado en la Ciudad de México a los 19 días del mes de octubre de 2004.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal que convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del PAN

Ernesto Herrera Tovar, diputado federal en la LIX legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esa H. Cámara de Diputados la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal.

En razón a los siguientes:

Antecedentes

1.- La Ley de Protección Civil para el Distrito Federal publicada el 23 de julio de 2002 establece que el Consejo de Protección Civil es el órgano superior de consulta, opinión, decisiones y coordinación de las acciones en la materia, en el que se integran, en forma multidisciplinaria e interinstitucional los órganos de gobierno del Distrito Federal, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y profesionales, cuyos fines, funciones o atribuciones se vinculan a las acciones de la protección civil.

2.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera: por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien lo presidirá; el secretario de Gobierno, quien fungirá como secretario ejecutivo del Consejo y los demás secretarios de la Administración Pública del Distrito Federal; el director general de Protección Civil, quien será el secretario técnico; el director general de Comunicación Social; quien será el coordinador informativo y de enlace; los jefes delegacionales del Distrito Federal; el secretario de Seguridad Pública; el presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos integrantes de la misma; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de la Universidad Autónoma Metropolitana y uno del Instituto Politécnico Nacional, designados en los términos que establezca la normatividad interna de esas instituciones; y, diez representantes de organizaciones civiles especializadas

4.- Dicho Consejo forma parte esencial del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal el cual tendrá como objetivo brindar la prevención, protección, auxilio y recuperación de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores.

5.- Por mandato expreso del artículo 25 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal el jefe de Gobierno deberá convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes.

6.- Que el presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal ha incumplido con su obligación de convocar a sesiones, entre cuyos objetivos de las mismas se encuentra la misión de analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, promover las investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes básicos de las causas de siniestros y desastres y propiciar su solución por medio del Sistema de Protección Civil.

Considerando

Primero.- Desde su fundación la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una zona de alto riesgo, sufriendo desde entonces severos desastres por inundaciones y sismos, principalmente; hoy en día estos riesgos se multiplican debido a diferentes factores

Segundo.- En el Distrito Federal y municipios conurbados viven mas de 18 millones de personas, circulan mas de 3 millones de vehículos y operan cerca de 30,000 industrias y 12,500 establecimientos relacionados con sustancias peligrosas.

Tercero.- La Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto en ella se encuentran ubicadas las oficinas centrales de las secretarías de Estado, así como de varias empresas privadas que operan en todo el territorio nacional.

Cuarto.- En el terremoto de 1985 que sacudió a la ciudad de México las autoridades reconocieron más de 9 mil 500 muertos, 150 mil damnificados, 53 mil edificios afectados, de los cuales 757 se colapsaron y tuvieron que ser demolidos; daños millonarios en infraestructura, vivienda y servicios públicos que paralizaron a la ciudad, tan solo recordemos que los edificios destinados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Comercio y Fomento Industrial fueron destruidos por dicho acontecimiento.

Quinto.- Un desastre como el mencionado anteriormente no solamente repercute en el ámbito local, por el contrario el país entero se trastorna y se ve seriamente afectado el panorama social, político y económico de toda la nación.

Sexto.- Hoy en día el Sistema de Protección Civil en el Distrito Federal es inoperante en atención de que un elemento componente del mismo no se ha integrado de conformidad con la ley y en mas de tres años no ha sesionado.

Séptimo.- El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, tiene entre otras atribuciones las de evaluar los instrumentos de la protección civil y coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en el Distrito Federal; fomentar la participación activa y corresponsable de todos los sectores de la sociedad del Distrito Federal en la formulación, ejecución y evaluación de los programas destinados a satisfacer las necesidades preventivas de protección civil de la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, para que convoque a sesión a dicho Consejo de conformidad a la Ley de Protección Civil del Distrito Federal

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de octubre de dos mil cuatro.---

Atentamente.

Dip Ernesto Herrera Tovar (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Ernesto Herrera Tovar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición...

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida la proposición.

Por lo tanto, se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada la proposición. Comuníquese.

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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Inelvo Moreno Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, aplique una auditoría técnica al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

El diputado Inelvo Moreno Alvarez: Con su venia, diputado Presidente. El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a esta Asamblea el presente punto de acuerdo bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

El objetivo fundamental de los sistemas de cobro electrónico es el de proporcionar un mecanismo de recaudación automática de los derechos que se causan en el momento en que se cobren o sean exigibles los pagos a favor de Caminos y Puentes Federales, de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe.)

En este ámbito, Capufe convocó en enero de 2003 a la licitación pública internacional para la contratación de los servicios de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje. El propósito fundamental de la licitación se dirigía a canalizar el cobro de 121 millones de cruces anuales por las autopistas al octavo año de su operación, mismos que representan para Capufe un ingreso anual del orden de los 6 mil millones de pesos, con un costo anual aproximado por concepto del servicio licitado de 600 millones de pesos.

En las bases de licitación se asienta que el ganador de la convocatoria deberá tener 300 carriles instalados con 10 millones de transacciones y 70 mil usuarios en el primer año. Condiciones que después de 16 meses la empresa ganadora no ha cumplido totalmente.

El sistema electrónico de peaje del país es administrado desde 1993 por la empresa integral que opera el sistema IAVE, por lo que la pretendida sustitución lleva a cuestionar sobre las ventajas técnicas y económicas que surgirán con la misma o bien sobre la compatibilidad del actual sistema electrónico con el nuevo y sus posibles beneficios.

Cabe señalar que en ningún momento se trata de proteger los intereses de una empresa, sino evitar la destrucción de una infraestructura de peaje, que ha significado un costo público durante más de 10 años y que en su caso, sólo debe de ser desplazado una vez que se valoren todas las ventajas jurídicas, técnicas y económicas, situación que no se observa en los resultados de la adjudicación del contrato de la citada licitación a favor de la empresa en cita.

Pero no hay que olvidar que los sistemas de telepeaje tienen un alcance internacional que se encuentra avalado por el memorando de entendimiento, sobre cooperación científica y tecnológica en el campo de transporte por los gobiernos de México, Canadá y de Estados Unidos, con el propósito de homologar a sus sistemas, de tal forma que se promueve el uso de tecnologías compatibles que permitan operar los transportes entre los tres países.

Esto es, si IAVE opera con una frecuencia compatible con nuestros vecinos del norte, ¿por qué adjudicar un contrato a una empresa que promovió una frecuencia diferente y que por lo mismo representa riesgos para las operaciones comerciales? Ello incluso, pasando por alto resoluciones de la Procuraduría General de la República, a favor del sistema de telepeaje actual.

En tal virtud después de los parámetros de evaluación y contratación de los sistemas de telepeaje, se deben de considerar los estándares internacionales para no ocasionar un problema adicional que se sume a las injustificadas argumentaciones del vecino país del norte. Termino.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica y de desempeño al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con objeto de transparentar el uso de los recursos aprobados y en especial en lo relacionado a la convocatoria, adjudicación y estado actual de la licitación pública internacional para la contratación de servicios de telepeaje.

Muchas gracias, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El objetivo fundamental de los sistemas de cobro electrónico es el de proporcionar un mecanismo de recaudación automática de los derechos que se causan en el momento en que se cobren o sean exigibles los pagos a favor de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Pero, además, el cobro automático en carreteras de peaje permite no sólo hacer más eficiente la captación de recursos y reducir la evasión en el pago del mismo, sino acelerar el tráfico de vehículos y hacer concurrente a las empresas privadas de transporte a las autopistas de cuota, dado que el tránsito por carreteras de peaje garantiza un paso más seguro, eficiente, confiable, rápido y de menor costo, así como el cargo electrónico de las cuentas bancarias de los usuarios y el depósito del peaje en las cuentas de Capufe.

En este ámbito, Capufe convocó, en enero de 2003, a la licitación pública internacional para la contratación de los servicios de administración de la gestión de cobro del sistema de Telepeaje que incluía el licenciamiento del software, equipamiento, mantenimiento, operación y comercial ización, por un plazo de 8 años.

El propósito fundamental de la licitación se dirigía a canalizar, a través del nuevo servicio de Telepeaje, el cobro de 121 millones de cruces anuales por las casetas de las autopistas al octavo año de operación, mismos que representan para Capufe un ingreso anual estimado del orden de seis mil millones de pesos, con un costo anual aproximado por concepto del servicio licitado de seiscientos millones de pesos.

Lo anterior significa, y así se asienta en las bases de licitación, que el ganador de la convocatoria deberá tener 300 carriles instalados con diez millones de transacciones y 70 mil usuarios registrados en el primer año, condiciones que después de un año cuatro meses la empresa ganadora, Información para la Diversión, ha incumplido totalmente.

Por otro lado, el sistema electrónico de peaje del país es administrado, desde 1993, por la empresa Integra que opera el sistema IAVE de telepeaje, por lo que la pretendida sustitución lleva a cuestionar sobre las ventajas técnicas y económicas que surgirían con la misma o bien sobre la compatibilidad del actual sistema electrónico con el nuevo y sus posibles beneficios.

Cabe señalar, que en ningún sentido se trata de proteger los intereses de una empresa, sino de evitar la destrucción de una infraestructura de peaje que ha significado un costo público durante más de diez años y que, en su caso, sólo debe ser desplazado una vez que se valoren, certeramente, todas las ventajas jurídicas, técnicas y económicas, situación que no se observa en los resultados de la adjudicación del contrato que resultó de la citada licitación, a favor de la empresa Información para la Diversión.

Pero, además, no hay que olvidar que los sistemas.de telepeaje tienen un alcance internacional, que se encuentran avalados, mediante memorandum de entendimiento sobre cooperación científica y tecnológica en el campo de transporte, por los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de homologar sus sistemas, de tal forma que se promueve el uso de tecnologías compatibles que permitan operar los transportes entre los tres países en forma eficiente y segura.

Esto es, si IAVE opera con una frecuencia compatible con nuestros vecinos del norte, ¿Por qué adjudicar un contrato a una empresa que promovió una frecuencia diferente y que por lo mismo representa graves riesgos para las operaciones comerciales?. Ello, incluso pasando por alto resoluciones de la Procuraduría General de la República a favor de sistema del Telepeaje actual.

En tal virtud, dentro de los parámetros de evaluación y contratación de los sistemas de telepeaje se deben considerar los estándares internacionales para no ocasionar un problema adicional que se sume a las injustificadas argumentaciones del vecino país para negar la entrada de transportistas mexicanos a su territorio, con la consecuente pérdida de oportunidades de negocios para los empresarios nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar, ante esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica y de desempeño al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con objeto de transparentar el uso de los recursos aprobados y en especial en lo relacionado a la convocatoria, adjudicación y estado actual de la licitación pública internacional para la contratación de servicios de telepeaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Inelvo Morales Alvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Inelvo Moreno Alvarez. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal implemente un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Compañeras y compañeros diputados: Con fecha 1° de octubre del presente año, el secretario parlamentario del Congreso del estado de Tlaxcala, me hizo llegar un escrito que contiene punto de acuerdo aprobado por esa soberanía, donde solicita al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como originaria del estado de Tlaxcala, es que vengo ante esta honorable Cámara de Diputados a refrendar este punto de acuerdo.

Si bien en el primer semestre de este año el crecimiento del PIB es 3.7 por ciento, lo cierto es que en los primeros 3 años de Gobierno, en promedio no supera el 0.6 por ciento, lo cual nos habla de una economía estancada. Por si esto no fuera suficiente, la tasa de desempleo abierta se ha disparado de manera preocupante, llegando al mes de agosto a 4.35 por ciento.

Sin embargo, esta tasa está muy subestimada, toda vez que dentro de la clasificación que hace el INEGI en la Encuesta Nacional del Empleo Urbano, hay un indicador que se denomina ``tasa de condiciones críticas de ocupación'' que incorpora a los empleados, así como los empleados con ingresos menores a un salario mínimo, se mantiene en los niveles de 9.2 por ciento. Esto quiere decir que poco menos de 4 millones de personas de la población económicamente activa, son desempleados o perciben ingresos menores a un salario mínimo. Este concepto expresa en realidad el nivel que alcanza el desempleo en nuestro país.

Considerando que el estancamiento económico que estamos viviendo les afecta más a las micro, pequeñas y medianas empresas, toda vez que de acuerdo a los censos económicos que publica el INEGI, del total de las empresas manufactureras las micro y pequeñas absorben el 99.6 por ciento y en promedio el personal ocupado por establecimientos es de 8 empleados, en las del sector comercio de 2.3 empleados y en el de servicios de 3.1.

Es de considerar que estas empresas en los tres sectores económicos son las más golpeadas, provocando con ello una situación insostenible para que sigan funcionando, lo que origina en la mayoría de ellas el despido de sus empleados.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ---termino, señor Presidente--- y dada la situación de crisis que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, es que vengo ante esta máxima tribuna de la nación a suscribir el punto de acuerdo que el Congreso del estado de Tlaxcala enviara a esta honorable Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal en los términos:

Unico. Se solicita al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Ruego, señor Presidente, que el presente punto de acuerdo sea publicado íntegramente incluyendo sus anexos, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que implante un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Con fecha primero de octubre del presente año, el secretario parlamentario del H. Congreso del estado de Tlaxcala, me hizo llegar un escrito que contiene punto de acuerdo, aprobado por esa soberanía, donde solicita al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y siendo originaria del estado de Tlaxcala, es que vengo ante esta H. Cámara de Diputados, a refrendar este punto de acuerdo.

Si bien en el primer semestre de este año el crecimiento del PIB es 3.7%, lo cierto es que en los primeros tres años de gobierno, este crecimiento, en promedio, no supera el 0.6%. Lo cual nos habla de una economía estancada.

Por si esto no fuera suficiente, la tasa de desempleo abierta se ha disparado de manera preocupante, llegando al mes de agosto a 4.35%. Sin embargo, esta tasa esta muy subestimada, toda vez que dentro de la clasificación que hace el INEGI en la ``Encuesta Nacional del Empleo Urbano'', hay un indicador que se denomina ``Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación'', que incorpora a los desempleados, así como los empleados con ingresos menores a un salario mínimo, se mantiene en los niveles de 9.2%.

Esto quiere decir que poco menos de 4 millones de personas de la población económicamente activa son desempleados y/o perciben ingresos menores a un salario mínimo. Este concepto expresa en realidad, el nivel que alcanza el desempleo en nuestro país.

Así las cosas y considerando que el estancamiento económico que estamos viviendo les afecta mas a las micro, pequeñas y medianas empresas toda vez que, de acuerdo a los censos económicos que publica el INEGI, del total de las empresas manufactureras, las micro y pequeñas absorben el 99.6% y en promedio el personal ocupado por establecimiento es de 8 empleados, en las del sector comercio de 2.3 empleados y en el de servicios de 3.1, es de considerar que estas empresas, en los tres sectores económicos son las mas golpeadas, provocando con ello una situación insostenible para que sigan funcionando, lo que origina, en la mayoría de ellas, el despido de sus empleados.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracción I, de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, y dada la situación de crisis que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, es que vengo ante esta tribuna de la nación a suscribir el punto de acuerdo que el Congreso del estado de Tlaxcala enviará a esta honorable Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal, en los siguientes términos:

Unico. Se solicita al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos, para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre del 2004.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Martha Palafox Gutiérrez.

Como lo solicita, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta en caso de que no haya sido publicado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CANCER DE MAMA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a que en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, desarrollen programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil.

La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputada.

La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: La protección de la salud es garantía constitucional y condición básica para que toda persona desarrolle sus capacidades. La salud, entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social en un contexto ecológico social propicio para su sustento y desarrollo incluye la prevención de enfermedades, entre ellas el cáncer de mama.

En México esta neoplasia representa la segunda causa de muerte por tumores malignos, pero de acuerdo a estimaciones puede convertirse en la primera causa en un plazo de 5 años. La probabilidad de desarrollar cáncer de mama entre las mujeres a lo largo de su vida es de una por cada 8; aun cuando es más común la enfermedad en mujeres mayores de 50 años se puede presentar en mujeres de cualquier edad y de cualquier raza.

Por otro lado, el éxito de los métodos para tratar la enfermedad, está fuertemente vinculado con la etapa de desa-rrollo en que es detectado. Para detectar el cáncer de mama existen tres métodos: la mamografía, el examen hecho por el médico o enfermera y la autoexaminación. La autoexaminación, espacio en el que pretendo incidir con el punto de acuerdo que pongo a consideración de esta Asamblea, debe hacerse cada mes a partir de los 18 a 20 años.

Dado que las alteraciones son en la mayoría de las veces demasiado ligeras, la propia mujer debe tener la capacidad de explorar y detectar anomalías que la hagan acudir al médico para cerciorarse de que no presenta la enfermedad.

La detección temprana puede cambiar el destino de una mujer. La única forma de asegurar que el cáncer de mama no llegue a ser el primer tipo de cáncer por el que una mujer muere, como lo es hoy en la mayoría de los países del mundo, es educando a nuestras mujeres desde la juventud para que conozcan su cuerpo y lo exploren cada mes para detectar cualquier cambio. La diferencia entre detectar un cáncer de mama en etapa temprana y otra en etapa tardía, es tan sencilla como la vida o la muerte.

Con base a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las autoridades e instituciones educativas de seguridad social y de salud de los estados y del Distrito Federal, desarrolle programas y acciones de orientación y fomento al autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato y los universitarios y la población en general, a fin de impulsar una cultura de prevención en torno a esta enfermedad.

Se solicita el trámite de urgente resolución con fundamento en el artículo 59.

Este punto de acuerdo está firmado por diputados del PRI, del PAN, del PRD y del Verde.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Salud a que en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad social, desarrollen programas y acciones de orientación y fomento al autoexamen para la detección oportuna de cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato, universitarios y la población en general a fin de impulsar una cultura de prevención en torno a esta enfermedad, bajo las siguientes:

Consideraciones

La protección de la salud es garantía constitucional y condición básica para que toda persona desarrolle sus capacidades. La salud, entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social en un contexto ecológico-social propicio para su sustento y desarrollo, incluye la prevención de enfermedades, entre estas el cáncer de mama.

En México, esta neoplasia representa la segunda causa de muerte por tumores malignos pero, de acuerdo a estimaciones, puede convertirse en la primera causa en un plazo de cinco años.

La probabilidad de desarrollar cáncer de mama entre las mujeres, a lo largo de su vida, es de una por cada ocho. Aun cuando es más común la enfermedad en mujeres mayores de 50 años, se puede presentar en mujeres de cualquier edad y de cualquier raza.

La causa exacta por la que una mujer desarrolla cáncer de mama es aun desconocida, aunque existen factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Son factores de riesgo tener 65 años y más, uso de reemplazo hormonal, menopausia tardía, antecedentes familiares de cáncer de mama, o biopsias previas con atipia, así como, mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 30, o iniciaron su período menstrual antes de los doce años.

Existen otros riegos que se estudian y que tienen hoy por hoy un valor controversial como es la dieta alta en grasas o el consumo de alcohol.

Por otro lado, el éxito de los métodos para tratar la enfermedad está fuertemente vinculado con la etapa de desarrollo en que es detectado. De ahí, que lo más importante con respecto al cáncer de mama es su detección temprana, pues entre más pronto se descubra, las posibilidades de cura son mayores.

Para detectar el cáncer de mama, existen tres métodos: la mamografía, el examen hecho por el médico o enfermera y la autoexaminación.

La mamografía debe realizarse cada año en pacientes mayores de 40 años o en menores de esta edad si hay historia de cáncer de mama. La examinación por un médico o una enfermera debe hacerse cada año en el examen de papanicolau preferentemente a partir de los 20 años.

Por su parte, la autoexaminación, espacio en el que pretendo incidir con el punto de acuerdo que pongo a la consideración de esta Asamblea, debe hacerse cada mes, a partir de los 18 a 20 años. Se recomienda realizar la autoexaminación de dos a tres días de haber finalizado un período menstrual y debe enfocarse a detectar nódulos, cambios en la piel, en la forma del pezón, así como, secreciones por el mismo, o cambios en la forma de la mama.

Dado que las alteraciones son en la mayoría de las veces demasiado ligeras, la propia mujer debe tener la capacidad de explorar y detectar anomalías que la hagan acudir al médico para cerciorarse de que no presenta la enfermedad. De ahí, la necesidad de educar a nuestros jóvenes a conocer su cuerpo desde temprana edad para que puedan detectar cambios que sean importantes para su salud.

Si una mujer se educa para explorar su cuerpo desde los veinte años seguramente se acostumbrará a ir al médico cada año a su examen de mama, a hacerse una mamografía anual después de los cuarenta años. La mayoría de nuestros hábitos los adquirimos en la juventud por lo que debemos invertir en prevenir más que en curar.

La detección temprana, puede cambiar el destino de una mujer, la única forma de asegurar que el cáncer de mama no llegue a ser el primer tipo de cáncer por el que una mujer muere como lo es hoy en muchos países del mundo, incluido el nuestro, es educando a nuestras mujeres desde la juventud para que conozcan su cuerpo y lo exploren cada mes para detectar cualquier cambio.

La diferencia entre detectar un cáncer de mama en etapa temprana y otra en etapa tardía es tan sencilla como la vida y la muerte. La mejor forma de atacar los efectos mortales de esta neoplasia es concientizando a la población sobre los factores de riesgo y proporcionándoles servicios de salud preventivos y de diagnostico oportuno.

Finalmente es pertinente mencionar que la materia de promoción y educación para la salud es competencia de la Secretaría de Salud en coordinación con las autoridades educativas y las dependencias y entidades del sector salud. El artículo 113 de la Ley General de Salud faculta a esta dependencia para proponer y desarrollar programas en este rubro.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades e instituciones educativas, de seguridad social y de salud de los estados y del Distrito Federal, desarrolle programas y acciones de orientación y fomento al autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato, universitarios y la población en general a fin de impulsar una cultura de prevención en torno a esta enfermedad.

Se solicita el trámite de urgente resolución con fundamento en el artículo 59, a cuyo efecto se presenta esta proposición con la debida oportunidad acompañado de su archivo en versión electrónica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Diputados: Maki Esther Ortiz Domínguez, José Ángel Córdova Villalobos, Pablo Anaya Rivera, Martha Lucía Mícher Camarena, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Sara Rocha Medina, Eliana García Laguna, Clara Marina Brugada Molina, René Arce Islas, Jorge Uscanga Escobar, Marco Antonio Torres Hernández, Diego Palmero Andrade, Guillermo Zorrilla Fernández, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ernesto Alarcón Trujillo, Pablo Pavón Vinales, Norma Patricia Saucedo Moreno, José Luis Medina Lizalde, Jorge Legorreta Ordorica, Leonardo Alvarez Romo, José Sigona Torres, Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, Marisol Urrea Camarena, Patricia Flores Fuentes, Rogelio Alejandro Flores Mejía, María Angelica Ramírez Luna, Felipe Díaz Gutiérrez, Magdalena Adriana González Furlong, José Javier Osorio Salcido, Evaristo Corrales Macías, Marisol Vargas Bárcena, Manuel Enrique Ovalle Araiza, José González Morfín, José Antonio Pablo De la Vega Asmitia, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Myriam De Lordes Arabian Couttolec, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, Blanca Estela Gómez Carmona, Renato Sandoval Franco, María del Carmen Mendoza Flores, Concepción Cruz García, Alejandra Méndez Salorio, María Avila Serna, Raúl Piña Horta, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, María de Jesús Aguirre Maldonado, María Cristina Díaz Salazar, María Beatriz Zavala Peniche, Roberto Ruiz Esparza Oruña, Marái del Carmen Izaguirre Francos, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Blanca Judiht Díaz Delgado, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Virginia Yleana Baeza Estrella, Tomás Antonio Trueba Gracian, Gisela Juliana Lara Saldaña, María Guadalupe Suárez Ponce, Patricia Graduño Morales, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murgía, Fernando Alberto García Cuevas, Martha Palafox Gutiérrez.(rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Maki Esther Ortiz Domínguez.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición.

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados se considera suficientemente discutida. Por lo tanto consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, integre una subcomisión que atienda la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana.

El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: le solicito Presidente que en razón del tiempo se inserte íntegro el punto de acuerdo en el Diario de los Debates que en original presento.

Esta ocasión, compañeros diputados, paso a esta tribuna para manifestar los actos realizados por Julieta Villalpando Riquelme, presidenta municipal de Coacalco, en términos de una propuesta por demás irresponsable en la pretendida construcción de un relleno sanitario en un espacio que se usaba como mina conocida como La Bezana, en perjuicio de los pobladores de la zona, poniendo en riesgo no sólo la salud, el medio ambiente, el patrimonio y la seguridad de los habitantes de esa comunidad.

¿Por qué señalo esto? Las normas que regulan el medio ambiente señalan con precisión que cuando se debe de poner un relleno sanitario se deben observar normas mínimas: Por lo menos tendrá que estar ubicado el relleno sanitario a una distancia de 1500 metros de la traza urbana, condición que en este caso en particular no se presenta, ya que la comunidad de Calpulli del Valle se encuentra a 10 metros, dos centros escolares a menos de 100 metros; la avenida López Portillo, a menos de 200 metros. Y si esto fuera poco, se encuentran 4 pozos de agua potable en una circunferencia menor a 250 metros.

La presidenta del municipio de Coacalco, ha hecho oídos sordos a todas las demandas de la comunidad de Coacalco y no sólo a la comunidad, sino también a este Congreso de la Unión, donde se le pidió que informara cuál era la realidad de la problemática de la zona, y ella contesta que no existe ninguna y que espera que el Congreso local decida dónde puede haber este relleno sanitario.

El 21 de septiembre, hace un acto en su cabildo donde por mayoría aprueba un punto de acuerdo que tiene como fin que la autoricen a ella en nombre del cabildo, haga el trámite necesario ante el Congreso de la Unión por 15 años para conceder a una empresa privada, de manera directa, el relleno sanitario en la referida mina La Bezana.

Estos actos son intolerables, por lo mismo solicitamos que se integre una subcomisión a partir de este Congreso, a fin de que se pueda llevar hasta sus últimas consecuencias dichas irregularidades.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales integre una subcomisión que atienda la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En estos tiempos de cambio de las estructuras sociales, de un nuevo orden económico, social, político y cultural, de el cual mucho se ha hablado respecto de la no trasgresión de la norma; del respeto al estado de derecho, que nadie puede estar por encima de la ley por intereses personales o de grupo, incluyendo en este rubro a las autoridades independientemente del ámbito de las mismas; existen dentro del sistema personas, que ahora investidas de poder, pretenden anteponer su voluntad aún en contra de los derechos, seguridad y del patrimonio de aquellos que en un acto de buena voluntad y creyendo en promesas de campaña, los llevaron a alcanzar un cargo público promesas que expresaban beneficio y provecho a los gobernados.

No es desconocido el hecho de que uno de los grandes problemas a nivel nacional, es el relativo a los desechos sólidos, mejor conocidos o llamados comúnmente como basura, al respecto, asociaciones privadas, instituciones públicas y autoridades de todos los ámbitos, han manifestado su preocupación y al punto se han expresado múltiples opiniones; sabemos, que lo relativo a este tema, no es sencillo y sí en cambio, muy delicado, esto, no solo por el daño ambiental que se provoca por el mal manejo de estos residuos, sino también por los daños que se pueden ocasionar, indudablemente, en la salud de las personas, cuando no se toman las decisiones adecuadas y precisas al respecto.

En esta ocasión, diputadas y diputados, me refiero a los actos de Julieta Villapando Riquelme, presidenta municipal de Coacalco de Berriozabal, estado de México, lugar, en el cual existe una grave preocupación por parte de la comunidad en general y muy en especial por lo que toca a la comunidad de Calpulli del Valle, preocupación fundada, ya que las acciones emprendidas por la alcaldesa ponen en riesgo el medio ambiente del lugar, la salud de los habitantes y el interés general de quienes ahí habitamos.

La comunidad de Calpulli del Valle y colonias aledañas, han expresado a través de diversos escritos dirigidos a las autoridades federales, estatales y municipales, la preocupación que les embarga, estas personas han recurrido a las diversas instancias que han estimado pertinentes para poder encontrar una solución al problema que innegablemente ven venir sobre de ellos, toda vez que se encuentra afectando su salud, su patrimonio y el entorno que les rodea; estimo que no es desconocido por los miembros de esta honorable asamblea el hecho del que emana esta preocupación, pues en diferentes medios informativos se ha hecho del conocimiento de la comunidad mexicana, lo relativo a este problema, que es la utilización de una mina como relleno sanitario.

Cuando se atenta contra la seguridad de cualquier grupo, comunidad o sociedad, las autoridades estamos obligados a asumir la responsabilidad que de acuerdo a nuestros cargos, nos ha sido impuesta, más aún cuando esta investidura deviene de la voluntad de los gobernados, quienes a través de su libre voluntad han depositado en nuestra persona la manifestación de su voz, como representantes de los mismos.

En este sentido, debo referir que la actual administración municipal, asumiendo una conducta de irresponsabilidad, negligencia y arbitrariedad, viene solapando y tolerado la violación a la norma, porque aún cuando tiene conocimiento de las condiciones actuales de esta mina, conocida como ``La Bezana'' la cual ha sido explotada violando las normas legales y de seguridad, la alcaldesa nada ha realizado al respecto y por otro lado, tratando de dar una aparente solución al problema de los desechos sólidos del municipio, en forma por demás contraria a derecho y a la lógica, ha tomado la decisión unilateral de utilizar esta mina como relleno sanitario, sin tomar en cuenta el grave daño de carácter irreversible, que su decisión, puede ocasionar.

Al respecto, el 21 de septiembre del presente, se llevó a cabo una sesión de cabildo en la cual se presentó el proyecto de construcción del relleno sanitario en ``Mina La Bezana'', mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes, en dicha sesión extraordinaria se autorizó a la presidenta municipal de Coacalco de Berriozabal a realizar el saneamiento, clausura y rehabilitación del tiradero municipal del predio ``El Ayacatl'', así como la construcción y operación de un relleno sanitario mediante concesión por un periodo de 15 años de manera directa dentro de este territorio municipal a la empresa que ofrezca el servicio integrado y erogue la inversión para llevar a cabo este proyecto. Asimismo, se autorizó para tramitar el decreto ante la legislatura del estado de México para que esta última otorgue su autorización y aprobación al municipio de Coacalco para concesionar el saneamiento, clausura y rehabilitación del tiradero del predio ``El Ayacatl''. Sin embargo, dicho proyecto jamás ha sido dado a conocer a la comunidad, inclusive las autoridades municipales afirmaban categóricamente desconocer que existiera proyecto alguno.

Lo grave, no es el hecho que la autoridad municipal pretenda dar una solución al problema de los desechos sólidos, sino que, consideramos que es prioritario y necesario llevar a cabo actos tendientes a encontrar soluciones adecuadas y precisas no sólo en ese municipio, sino en todo el país, también es preocupante, que se pretenda utilizar una mina como relleno sanitario para dar solución a este problema, además esta mina es un espacio que se encuentra a escasos diez metros de las viviendas más próximas, encontrándose dentro de la zona urbana y que se encuentra sobre la red de abastecimiento de agua del sistema Cutzamala.

Al respecto es de mencionarse que la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ambos ordenamientos establecen que sus disposiciones son de orden e interés social; en el ámbito estatal, en el año de 1997, se expidió la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del estado de México, ordenamiento, que es claro y determinante al señalar en su artículo 1º que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del estado de México.

Lo anterior, tal vez, no signifique nada para muchas personas, como lo es el caso de los miembros de la administración municipal de Coacalco, que han tomado una decisión ilícita e ilógica, sin embargo, es de resaltar que en todos estos ordenamientos, se impone la observancia irrestricta al considerar lo relativo al medio ambiente como de interés social, general y público, esto, no a capricho del legislador, sino precisamente previniendo los graves daños que por negligencia, irresponsabilidad, intereses personales o económicos se puedan causar al entorno ambiental y salud del pueblo mexicano.

La decisión tomada unilateralmente y contraria a todas las disposiciones del orden legal, ecológico y social que regulan lo relativo al manejo, deposito y trato de los residuos sólidos, por Julieta Villalpando Riquelme, de ninguna manera viene a solucionar el problema de la basura en el municipio de Coacalco, muy por el contrario a los argumentos que ha expresado la administración que dirige, la utilización de la mina como relleno sanitario, no solo agravaría la situación ambiental en este municipio, sino que va más allá de afectar a un grupo social o comunidad, en este sentido me refiero a que las redes de abastecimiento de agua potable del sistema Cutzamala, las que sufrirían contaminación en sus aguas derivado de la filtración de los residuos contaminantes de los deshechos que se pretenden depositar en la mina, todo esto por los fenómenos naturales como la lluvia, que se filtra a los mantos acuíferos subterráneos, asimismo, la mina en cuestión se encuentra demasiado cerca de los límites territoriales de la sierra de Guadalupe, área forestal protegida y restringida por el Gobierno federal por considerarla como uno de los grandes pulmones de nuestra valle de México.

Aunado a lo anterior, esta mina se encuentra colindando con un espacio en el cual el gobierno municipal autorizó la realización de actividades comerciales de compraventa de autos, lugar al cual acuden los fines de semana un gran número de personas; y a veinte metros del área en que se pretende establecer el basurero se encuentra ubicado un centro de educación escolar y a escasos cincuenta metros se encuentra la avenida José López Portillo, una de las principales arterias vehiculares que permiten el acceso y salida a este municipio, tanto de los habitantes del lugar, como de municipios aledaños, como Tlalnepantla, Tultitlán, Ecatepec, Tultepec y aún del Distrito Federal, entre otros, esta vía, no solo es un acceso a los automovilistas, sino que además es la entrada de vehículos de trasportes de alimentos y medicamentos que son traídos a esta ciudad de las entidades del interior del país.

Esta afectación, la sufrirían directamente los habitantes de colonias como Bosques del Valle, El Obelisco, La Garita, Paraíso I y II, San Felipe, Coacalco Centro, entre otras muchas, ello por los focos de infección que sin ser peritos en la materia, sabemos existen en cualquier lugar utilizado como depósito de desechos.

Pero aún más afectados resultan, no solo en su salud, sino además en su seguridad y patrimonio, la comunidad de Calpulli del Valle, cuyo centro de población, se ubica a escasos diez metros de la mina y digo esto, por que desde el inicio de los trabajos para la preparación y equipamiento del lugar se utilizarían instrumentos de alto riesgo como dinamita y maquinaria pesada que de acuerdo a las condiciones de inseguridad en que se realizó su explotación, con una profundidad mayor a los cien metros y con taludes de noventa grados, son propicios para provocar derrumbes y movimientos del suelo que conllevaría la caída o derrumbe de las viviendas de los habitantes de Calpulli del Valle, observando que, incluso me consta en forma personal, en algunas de estas viviendas ya existen fracturas en su construcción, como consecuencia de los actos realizados en ``La Bezana''.

Ante ello, y derivado de estos actos, que afectan en forma inmediata, directa y contundente a un grupo social y colectividad, los cuales tienen efectos sociales de interés general y del orden público, ante la ilícita conducta desplegada por Julieta Villalpando Riquelme, en afectación de este grupo social y en general de la comunidad coacalquense, en un asunto tan delicado de acuerdo a los daños inmediatos, a largo plazo y de carácter irreversible, que ponen en inminente peligro el interés público y general, negando además toda información al respecto, manejándo los asuntos sociales en forma hermética, sin tomar en cuenta las expresiones y manifestaciones de inconformidad de los habitantes del municipio Coacalco; y de conformidad con lo establecido en el los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Duodécimo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, me permito someter ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales integre una Subcomisión para que se entreviste con la presidenta municipal de Coacalco, Julieta Villalpando Riquelme, y con las autoridades municipales competentes visite y atienda la problemática relacionada con la instalación y construcción de un relleno sanitario en la mina conocida como ``La Bezana'', por los daños ecológicos y ambientales que se pueden ocasionar con la misma a las redes de agua potable del sistema Cutzamala, así como por el daño al interés público y general de Coacalco y municipios aledaños, y muy en particular al grupo comunitario de Caulpulli del Valle.

La Subcomisión deberá integrarse por una diputada o diputado de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión, asimismo podrán participar en la misma diputados del estado de México, una vez que hayan cumplido con el objeto de su creación deberán de presentar un informe que contenga las recomendaciones para atender dicha problemática al pleno de la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de la mencionada Comisión.

Segundo. La Cámara de Diputados hará llegar dicho informe a las autoridades competentes para que en uso de sus facultades realicen las acciones conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de octubre de 2004.--- Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Omar Ortega Alvarez. Como lo ha solicitado: Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar al director general del ISSSTE, la construcción de una clínica en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El diputado Ramón González González: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo señalado por nuestra normatividad, acudo a esta tribuna a presentar el siguiente punto de acuerdo para solicitarle al director general del ISSSTE, la construcción de una clínica debidamente equipada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que brinde servicios de calidad a los derechohabientes del ISSSTE, para lo cual hago las siguientes consideraciones:

Con fecha 16 de julio de 1986 el ayuntamiento de Tepatitlán, por sesión ordinaria de cabildo, otorgó en comodato al ISSSTE un terreno para la construcción de un hospital, el cual tiene una extensión superficial de 3 mil 021 metros cuadrados.

Posteriormente, el ISSSTE ha solicitado en diversas ocasiones que se le entregue en propiedad el terreno antes mencionado y el ayuntamiento reiterativamente ha acordado que con mucho gusto lo entrega en propiedad, pero solamente que presente un proyecto para la construcción de la clínica para la que fue solicitado dicho terreno.

Cabe señalar que a 18 años de que se les otorgó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el terreno mencionado con antelación, únicamente se ha construido un mini consultorio, el cual utiliza un espacio de 60 metros cuadrados; lo cual equivale a tan sólo el 2 por ciento del aprovechamiento de dicho inmueble.

Cabe destacar que no sólo la ciudad de Tepatitlán, sino varios municipios de la región se verían beneficiados con la construcción de este hospital.

Ultimamente, en el ayuntamiento de Tepatitlán ya se le dio un término al ISSSTE para que si no presenta un proyecto a más tardar en diciembre de este año será revocado el acuerdo en el cual se les entrega este terreno.

Por eso urge que se tome el acuerdo para que sea construido este hospital, que será de beneficio para muchos servidores públicos, entre los que destacan los maestros, que es un gran número en esa región.

De acuerdo con las siguientes consideraciones le solicitamos al director general del ISSSTE la construcción de una clínica debidamente equipada en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que brinde servicios médicos de calidad a los derechohabientes del instituto ya referido. Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al director general del ISSSTE la construcción de una clínica en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito Ramón González González, diputado federal en la LIX Legislatura, por el tercer distrito electoral de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los numerales 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se turne a las Comisiones correspondientes la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitarle al Director General del ISSSTE, Lic. Benjamín González Roaro, la construcción de una Clínica debidamente equipada, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que brinde servicios de calidad a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Para lo cual hago las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 16 de julio de 1986, el H. Ayuntamiento de Tepatitlán, por sesión ordinaria de cabildo, otorgó en comodato al Lic. Enrique Martínez Macías, Delegado Estatal del ISSSTE en aquellos años, un terreno ubicado al sur de la ciudad entre las calles ``Revolución'' ``Ayuntamiento'' y ``Manuel Altamirano'', el cual cuenta con una superficie de 3021.75 metros cuadrados.

Posteriormente el Lic. Jesús Rangel Díaz de León, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Jalisco, solicitó se modificara el acuerdo de Cabildo de fecha 16 de Julio de 1986, mediante el cual se otorgaba el predio mencionado en el párrafo anterior, y se tomara otro acuerdo, en el que se concediera la donación pura y simple de dicho predio, a lo cual, en sesión ordinaria de Cabildo el día 24 de Marzo de 1999, se decidió negar dicha donación, hasta en tanto, el Instituto no presentará un proyecto, a realizarse en un corto plazo y que del mismo se desprendiera la total utilización del terreno del cual hacemos referencia.

Nuevamente el Delegado Estatal del ISSSTE, Solicitó la revocación del acuerdo de Cabildo, en el que dicho terreno se otorgaba en comodato, y en su lugar se le entregará en donación, por lo que en sesión de Cabildo de fecha 23 de mayo del 2001, se rechazó dicha solicitud , hasta en tanto, se presentará un proyecto de construcción de la clínica y el tiempo de duración del mismo, por parte del Instituto.

Cabe señalar, que a 18 años de que se les otorgó, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el terreno mencionado con antelación, únicamente se ha construido un miniconsultorio, el cuál utiliza un espacio de 60m2 (sesenta metros cuadrados), lo cual equivale a tan sólo el 2% del aprovechamiento total del inmueble.

Tepatitlán es una ciudad, ubicada en el Estado de Jalisco, en la Región de los Altos y concretamente en la Circunscripción del Tercer Distrito Electoral de Jalisco, que cuenta con 383 localidades, con una población mayor a los 120,000 habitantes y una extensión superficial de 1532.78 kms2, es reconocido por sus atractivos turísticos, su arquitectura y por el privilegio de tener al Señor de la Misericordia quién es muy visitado, además de San Tranquilino Ubiarco canonizado el 21 de mayo del año 2000, y próximamente la beatificación del licenciado Anacleto González Flores. Lo que ha convertido a Tepatitlán en una Ciudad de Turismo Religioso. Además, es reconocido internacionalmente por su producción avícola la cual incluso es exportada a varios países, en los últimos años, ha mostrado un gran desarrollo a nivel nacional tanto en la Agricultura , Ganadería y Porcicultura, por lo que el mencionado desarrollo ha traído como consecuencia un crecimiento en general acelerado, por lo cual, es un gran problema, el sólo tener un pequeño consultorio para brindar atención a los derechohabientes del ISSSTE; es insuficiente y por sus mismas características, no es de calidad y falta el equipo necesario.

Cabe destacar que no sólo es la ciudad de Tepatitlán la que resultaría beneficiada con la construcción de la multicitada clínica, también lo serían los trabajadores del Estado de algunos municipios circunvecinos, tales como: Yahualica, San Miguel, Arandas, Tototlán, Zapotlanejo, Atotonilco el Alto, Acatic, Cuquío, Jesús María, Mexticacán, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán y Valle de Guadalupe, entre otros, que si bien, cuentan algunos con unidades médicas familiares, estas no son suficientes, por lo que el número de beneficiados con la construcción de la ya mencionada clínica aumentaría de manera considerable.

Hace ya 18 años que se comenzó con ésta tarea y es fecha en que aún no se ha cumplido, a pesar de que las Autoridades Municipales que han pasado por Tepatitlán, han gestionado ante las instancias Federales y Estatales, la construcción de dicha clínica, es por eso, entre otras razones, por las que el actual Presidente Municipal, el Lic. Leonardo García Camarena y Funcionarios de Tepatitlán, así como lideres y dirigentes de diversas Asociaciones de maestros y trabajadores de instituciones públicas, que tienen su domicilio en esta ciudad y en delegaciones vecinas, donde ni siquiera se cuenta con algún espacio para la atención médica, han acudido con el suscrito para que por este medio se le solicite a la Secretaría de Salud la construcción de la ya mencionada clínica.

La Construcción de la clínica tantas veces señalada en este ocurso, es un asunto de bien común y de justicia, es además un derecho consagrado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4; el derecho a la salud de todos los mexicanos, y específicamente en el artículo 123 inciso B, fracción XI, se tutela el derecho de los Trabajadores del Estado a la seguridad social, y es deber de esta soberanía trabajar y vigilar para que estos derechos sean garantizados, los cuales realmente no se están cumpliendo, tal como lo demuestran las quejas que continuamente llegan sobre la ineficacia del miniconsultorio existente; sé que cuando hay una solicitud como la que hoy se hace, sobran justificaciones que pueden ser: económicas, técnicas o hasta políticas para no atenderlas, espero que en esta ocasión no existan ninguna de ellas, ya que hay obras que tienen que hacerse por el bien y el progreso de los pueblos aún cuando no reditúen en ingresos económicos para el Erario Nacional, además el H. Ayuntamiento de Tepatitlán esta dispuesto a cooperar con la donación del terreno ya mencionado anteriormente, el cual jamás se ha negado siempre y cuando se construya la tan solicitada clínica, pero es importante mencionar que el término del comodato es el 31 de diciembre del 2004.

Creemos que hay muchos argumentos debidamente sustentados para que se contemple el presupuesto necesario para la construcción de una clínica que brinde un adecuado servicio a los trabajadores del estado que radican en la región de los Altos de Jalisco.

Espero que después de tantas solicitudes y esfuerzos que han hecho autoridades locales y ciudadanos Alteños, no se agote su paciencia y que juntos por las vías del civismo y la legalidad, logremos sus pretensiones.

Por lo anteriormente señalado comparece ante esta Honorable Soberanía a presentar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al director general del ISSSTE, licenciado Benjamín González Roaro, la construcción de una clínica debidamente equipada en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que brinde servicios médicos de calidad a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Ramón González González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Ramón González González.

Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Irma Sinforina Figueroa...

Un momento diputada. Por favor, activen el sonido en la curul del señor diputado. Con qué objeto, señor diputado.

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Eugenio Mier y Concha Campos (desde su curul): Con el objeto de que verifique el quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado. Procederemos. Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para verificar el quórum y se continuará con la sesión.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos.

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AUTOPISTA DEL SOL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Irma Sinforina Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que verifique el estado físico de la Autopista del Sol...

Adelante, diputada Figueroa Romero.

La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La unidad de autopista de cuota dependiente de la subsecretaría de infraestructura tiene como objetivo dar seguimiento permanente al funcionamiento de las autopistas de cuota, incluyendo sus aspectos operativos, financieros, tecnológicos y de conservación y para asegurar que presten un servicio acorde con las expectativas de los usuarios en términos de seguridad, economía y rapidez, así como la tramitación de permisos y autorizaciones, supervisar el cumplimiento de la ley, verificar el estado financiero de las empresas concesionarias, emitir las disposiciones operativas para la adecuada operación de los caminos y puentes de cuota, llevar el registro del movimiento de vehículos, revisar que los estudios y proyectos de obra se realicen conforme a la normatividad, verificar el estado físico de los caminos y puentes de cuota, así como emitir disposiciones relativas a la conservación y mantenimiento de los mismos a fin de evitar su deterioro progresivo, entre otras actividades.

Por otra parte, el informe de labores hace mención de la misión de Capufe, la cual se orienta a consolidarse como una institución modelo en la prestación de servicios carreteros de calidad que facilite el desplazamiento de personas, bienes y servicios con seguridad, comodidad, rapidez y economía, que opere en forma óptima con infraestructura de primer nivel y contribuya a la expansión e integración de la red nacional de caminos y puentes de cuota. La realidad dista mucho del discurso oficial y los buenos deseos; por ello en adelante me abocaré a tratar una grave situación.

La Autopista del Sol consta de 261.6 kilómetros de longitud, según las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue construida hace 11 años. Esta autopista hoy en día presenta un grave deterioro físico que va desde los derrumbes, baches, espacios en reparación que hacen más difícil el tránsito por ella, además de que los teléfonos de emergencia en su mayoría se encuentran descompuestos.

Lo anterior, demuestra una desatención total por parte de las autoridades. Pero lo más preocupante y lamentable es que se han suscitado diversos accidentes automovilísticos.

Por lo tanto proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola, para que instruya a los responsables de verificar el estado físico de la autopista de cuota y de la conservación y mantenimiento de las mismas para que brinden especial atención a la Autopista del Sol ya que su grave deterioro físico ha ocasionado lamentables decesos de personas.

Firman este punto de acuerdo los diputados del estado de Guerrero, por el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar el estado físico de la Autopista del Sol, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones1.- El cuarto informe de actividades que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifiesta los grandes logros obtenidos durante este año de trabajo.

2.- Según el Manual de Organización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Unidad de Autopista de Cuota dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura, tiene como objetivo, dar seguimiento permanente al funcionamiento de las autopistas de cuota, incluyendo sus aspectos operativos financieros, tecnológicos y de conservación y para asegurar que presten un servicio acorde con las expectativas de los usuarios en términos de seguridad, economía y rapidez para propiciar su aprovechamiento como instrumentos de integración nacional y regional.

3.- Entre las funciones de la Unidad de Autopista de Cuota encontramos: Tramitación de permisos y autorizaciones, supervisar el cumplimiento de la ley, verificar el estado financiero de las empresas concesionarias, emitir las disposiciones operativas para la adecuada utilización de los caminos y puentes de cuota, llevar el registro del movimiento de vehículos, revisar que los estudios y proyectos de obra se realicen conforme a la normatividad, verificar el estado físico de los caminos y puentes de cuota, así como emitir disposiciones relativas a la conservación y mantenimiento de los mismos a fin de evitar su deterioro progresivo, entre otras actividades.

4.- Por otra parte el informe de labores hace mención de la misión del Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), la cual se orienta a ``consolidarse como una institución modelo en la prestación de servicios carreteros de calidad, que facilite el desplazamiento de personas, bienes y servicios con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Que opere en forma optima, con infraestructura de primer nivel y contribuya a la expansión e integración de la Red Nacional de Caminos y Puentes de Cuota''.

5.- Que la realidad dista mucho del discurso oficial y los buenos deseos. Por ello en adelante me avocaré a tratar una grave situación en base a que no se cumple la reglamentación y normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes.

6.- La Autopista del Sol consta de 261.6 kilómetros de longitud, según las estadísticas de la SCyT. Fue construida hace 11 años. Esta autopista, hoy en día presenta un grave deterioro, físico, que va desde los derrumbes, baches, espacios en reparación que hacen más difícil el transito por ella, además de que los teléfonos de emergencia en su mayoría se encuentran descompuestos.

7.- Lo anterior demuestra una desatención total por parte de las autoridades, pero lo más preocupante y lamentable es que se han suscitado diversos accidentes automovilísticos que en más de una ocasión ha costado la vida de muchas personas. Según la Secretaría de Salud, más de 26 mil mexicanos mueren al año por accidentes automovilísticos, cuyo motivo es el exceso del consumo de alguna droga, exceso de velocidad, mal estado de los vehículos, cansancio y mal estado de las carreteras.

8.- Sabemos que esta Autopista del Sol es sumamente transitada justamente porque conduce a lugares con amplia trayectoria turística. Es lamentable que siendo una autopista de cuota, carísima, hoy en día se encuentre en pésimas condiciones.

9.- Consideramos que se deben tomar acciones que eviten la muerte de personas inocentes y que no contribuya el mal estado de las carreteras a incrementar las estadísticas de muerte por accidentes vehiculares.

Por lo anteriormente expuesto y en base a las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber para que instruya a los responsables de verificar el estado físico de las autopistas de cuota, y de la conservación y mantenimiento de las mismas para que brinden especial atención a la Autopista del Sol, ya que su grave deterioro físico ha ocasionado lamentables decesos de personas.

Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Irma Figueroa Romero.

Túrnese a la Comisión de Transportes.

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FRONTERA NORTE

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar a las distintas autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte, se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población.

La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Hemos observado con tristeza cómo las condiciones de seguridad pública en el estado de Tamaulipas, a últimas fechas ha tendido a deteriorarse. Para muestra, se leía recientemente en la prensa nacional que pese a la raíz de incidentes de narcotráfico ocurridos en las últimas 3 semanas, hace unos días 5 hombres fueron encontrados muertos en una casa con el tiro de gracia. En una habitación estaban los cuerpos de 2 hombres vestidos de negro, con los ojos vendados y las manos esposadas; a un lado estaba una cartulina con el recado: ``Este mensaje es para ti, Chapo Guzmán, y para ti, Arturo Beltrán Leyva''.

Noticias como ésta desafortunadamente son la regla y no la excepción; asesinatos de periodistas, asaltos, narcotráfico, donde la inseguridad no afecta o se da sólo entre carteles de la droga. Es un problema que atañe a todos.

Es en efecto lamentable que sea prácticamente imposible para las personas de estas ciudades fronterizas del norte y particularmente Tamaulipas, llevar una vida normal o poder salir a convivir, a trabajar con tranquilidad.

A diario escuchamos de homicidios y robos, de violencia, inclusive el cónsul norteamericano en Tamaulipas ha advertido a sus compatriotas sobre la preocupante situación de la seguridad pública y de los peligros a los que se verían expuestos al viajar a la ciudad de Reynosa, el cual mediante un comunicado, ha manifestado incluso que lo más preocupante es la presunta participación de cuerpos policiacos municipales. En este sentido, los habitantes de las ciudades fronterizas no piden más allá de lo que es su derecho, el derecho a las mínimas condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Queremos y exigimos paz.

Por lo anteriormente expuesto presentamos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, garantice las condiciones necesarias de seguridad de los habitantes de aquel estado. Asimismo a las procuradurías generales de justicia de los estados de nuestra frontera norte que en el ámbito de sus competencias colaboren a garantizar la seguridad de sus respectivas entidades federativas.

Segundo. Se solicita al ciudadano gobernador del estado de Tamaulipas, colabore en el ámbito de sus atribuciones a generar las condiciones de seguridad pública necesarias para la convivencia social.

Tercero. Se solicita, al secretario de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, se sirva tomar las medidas necesarias a efecto de controlar la situación de desbordada inseguridad que impera en este estado.

Cuarto. Se solicita al presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, que dentro del ámbito de su competencia garantice la seguridad pública de los habitantes y

Quinto. Se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública que de manera solidaria continúe apoyando las labores de las autoridades locales en el estado de Tamaulipas.

Este punto de acuerdo es apoyado por los diputados del PRI y del PAN, de Tamaulipas. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte que se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitar a las distintas autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en las ciudades de la frontera norte que se aboquen a generar, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, las condiciones de seguridad en la población, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Hemos observado con tristeza como las condiciones de seguridad pública en el estado de Tamaulipas, ha ultimas fechas han tendido a deteriorarse, para muestra este fin de semana se leía en la prensa nacional que pese a raíz de los incidentes del narcotráfico ocurridos en las últimas tres semanas, la mañana de ayer cinco hombres fueron encontrados muertos en una casa con el tiro de gracia.

En el mismo inmueble se encontraron dos recados en los que se advierte que las ejecuciones son un mensaje para Joaquín ``El Chapo'' Guzmán y Arturo Beltrán Leyva ``El Barba'', por lo que extraoficialmente las líneas de investigación apuntan a ``Los Zetas'' como presuntos responsables.

En una habitación estaban los cuerpos de dos hombres vestidos de negro, con los ojos vendados y las manos esposadas, a un lado estaba una cartulina con el recado: ``este mensaje es para ti, Chapo Guzmán, y para ti, Arturo Beltrán Leyva''.

Noticias como ésta desafortunadamente son la regla y no la excepción, asesinatos de periodistas, asaltos, narcotráfico, donde la inseguridad no afecta o se da solo entre carteles de la droga, es un problema que atañe a todos, es en efecto, lamentable que sea prácticamente imposible para las personas de estas ciudades fronterizas del norte, y particularmente en Tamaulipas llevar una vida normal, poder salir a convivir a trabajar con tranquilidad, a diario escuchamos de homicidios y robos, de violencia.

Inclusive, el cónsul norteamericano en Tamaulipas, ha advertido a sus compatriotas sobre la preocupante situación de la seguridad pública y de los peligros a los que se verían expuestos al viajar a la ciudad de Reynosa, el cual mediante un comunicado ha manifestado incluso que lo más preocupante es la presunta participación de cuerpos policíacos municipales involucrados en el crimen, concretamente se mencionan en este sentido casos de secuestro exprés.

En este sentido los habitantes, de las ciudades fronterizas no piden más allá de lo que es su derecho, el derecho a las mínimas condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Consideraciones

Si bien es cierto que contamos con la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública la cual dota al Estado mexicano de instrumentos de coordinación en la lucha contra la delincuencia, no obstante parece no haber sido suficiente, por lo que debemos reconocer la realidad y las problemáticas de urgente resolución como la que hoy se presenta en nuestra frontera norte y concretamente en la ciudad de Reynosa; en efecto todos debemos coincidir en términos generales con la necesidad de generar las condiciones que posibiliten la materialización de a través de una política criminal integral, la seguridad pública a todos los niveles, por que a fin de cuentas a la ciudadanía no le importa de quien es o no la competencia, o las atribuciones, lo único que nos pide es seguridad y paz social.

Estamos ciertos en que la seguridad pública representa una exigencia que se puede (o al menos se debe) apreciar en la vida cotidiana de nuestra sociedad, la cual puede llegar a incidir directamente y de manera determinante en el modelo de desarrollo y bienestar social en nuestro país. Por ello, se considera que las posibles soluciones a los problemas relacionados con la seguridad pública, deben ser planteados desde una óptica integral, que tome en cuenta todos los aspectos que en ellos intervienen y que permita generar propuestas de importantes transformaciones culturales, es especialmente urgente esta situación en el ámbito municipal, por que es allí donde el ciudadano tiene la relación más directa e inmediata con sus autoridades.

Pero desafortunadamente es en el ámbito estatal y municipal en el estado de Tamaulipas donde las autoridades encargadas de la seguridad pública han demostrado una completa incapacidad, podemos afirmar, por decir lo menos, que se han replegado frente al crimen, que no luchan por responderle a la ciudadanía, no lo sigamos permitiendo.

Aquí, mediante el presente punto de acuerdo, sostenemos la necesidad de una política preventiva y no sólo reactiva, se considera que uno de los principios de toda política de Estado para contrarrestar la inseguridad pública y la delincuencia debe ser el de fomentar así como difundir una verdadera cultura preventiva del delito, pues el costo de la prevención siempre será menor al costo humano, económico y material de la represión de las conductas delictivas.

Ahora bien ante tan grave problemática, los representantes de la nación debemos velar por el respeto al estado de derecho y la protección a las más esenciales garantías y no podemos dejar pasar como si nada ocurriese la situación de la seguridad pública particularmente en Tamaulipas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados abajo firmantes presentamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Se solicita a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas garantice las necesarias condiciones de seguridad de los habitantes de aquel estado, asimismo, a las procuradurías generales de Justicia de los estados de nuestra frontera norte que en el ámbito de sus competencias colaboren a garantizar la seguridad de sus respectivas entidades federativas.

Segundo: Se solicita al C. gobernador del estado de Tamaulipas colabore en el ámbito de sus atribuciones a generar las condiciones de seguridad pública necesarias para la convivencia social, particularmente en la ciudad de Reynosa.

Tercero: Se solicita al secretario de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas se sirva tomar las medidas necesarias a efecto de controlar la situación de desbordada inseguridad que impera en ese estado, y particularmente en la ciudad de Reynosa.

Cuarto: Se solicita al presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas que dentro del ámbito de su competencia garantice la seguridad pública de los habitantes de esta ciudad.

Quinto: Se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública a que de manera solidaria continúen apoyando las labores de las autoridades locales en el estado de Tamaulipas, para garantizar las necesarias condiciones de seguridad pública particularmente en la ciudad de Reynosa.

México DF., a 12 de octubre de 2004.--- Diputados: Maki E. Ortiz Domínguez, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, María Guadalupe Suárez Ponce, María Antonia García Sanjinés, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Francisco Landero Gutiérrez, Óscar Martín Ramos, Humberto Filizola Haces, Gisela Lara Saldaña (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Maki Esther Ortiz Domínguez.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: No se considera de urgente resolución.

Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

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SECTOR RURAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal instruya al titular de la Sagarpa informe a esta Cámara el estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación del Programa Especial Concurrente.

El diputado Arturo Robles Aguilar: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante diputado.

El diputado Arturo Robles Aguilar: La presente es una proposición con punto de acuerdo con carácter urgente u obvia resolución para exhortar al Titular del Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario de Agricultura para que informe a las Comisiones Unidas del Sector Rural de esta Cámara, del estado que guarda el ejercicio de diversos numerales del decreto de egresos para el presente año y que son fundamentales para valorar y, en su caso, modificar el proyecto de presupuesto presentado para el sector rural para el año 2005.

Consideraciones

Primera. El artículo 74 constitucional establece que es facultad de esta Cámara velar por el cumplimiento estricto de los mandatos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segunda. El decreto correspondiente al año 2004 establece diversas disposiciones que orientan un cambio de forma y de fondo para operar programas sustantivos en el sector rural, contenidos en el anexo 17 del decreto y que corresponden al Programa Especial Concurrente.

Tercera. Además de orientar un impulso decidido hacia el federalismo el decreto establece distintos reportes que le permiten a esta Legislatura evaluar los impactos reales del Programa Especial Concurrente.

Cuarta. El Título Cuarto de la Constitución, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen las sanciones por incumplimiento a la legalidad de los servidores públicos y la Auditoría Superior de la Federación deberá encargarse de aplicar las sanciones correspondientes.

El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 establece, entre otras cosas, que la Sagarpa está impedida con base en el propio decreto de operar recursos de manera centralizada de los programas y subprogramas previstos en el artículo 64 Bis, inciso c)

Quinta. No obstante estas disposiciones el secretario de Agricultura, en claro desacato a estas disposiciones, ha omitido informar de manera completa a esta soberanía el cumplimiento de estas disposiciones, entre las que se destacan los artículos 12, 19, 30, 55, 62 y 64 Bis.

Por lo anteriormente expuesto me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

1o. Solicitar con carácter de urgente al titular del Ejecutivo federal instruya al secretario de Agricultura para que en un plazo que no rebase los 10 días hábiles a partir de la fecha, cumpla con las obligaciones derivadas del ordenamiento mencionado e informe por escrito a los presidentes de las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural de esta Cámara el estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación de la dependencia y, en su caso, del Programa Especial Concurrente. De modo que si no lo hiciere se entenderá como desacato a esta legislatura el incumplimiento de las disposiciones mencionadas.

2o. Túrnese copia al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que observe el cumplimiento de esta disposición, toda vez que se trata de un ordenamiento.''

Solicito también, señor Presidente, se incorpore el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Sagarpa para que informe a esta Cámara respecto al estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación del Programa Especial Concurrente, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, Arturo Robles Aguilar, diputado federal del estado de Aguascalientes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.- El artículo 74 constitucional establece que es facultad de la H. Cámara de Diputados velar por el cumplimiento estricto, puntual, pleno y oportuno de los mandatos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Segunda.- El Decreto correspondiente al año 2004, establece diversas disposiciones que orientan un cambio de forma y de fondo para operar programas sustantivos para el sector rural, contenidos en el Anexo 17 del decreto y que corresponden al Programa Especial Concurrente (PEC).

Tercera.- Además de orientar un impulso decidido hacia el federalismo, el decreto establece distintos reportes que le permiten a esta legislatura evaluar los impactos reales de los programas que se están operando en el marco del Programa Especial Concurrente y que constituyen elementos de juicio fundamentales para orientar o reorientar el contenido de sus programas y subprogramas.

Cuarta.- el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece las sanciones por incumplimiento a la legalidad y eficiencia de los servidores públicos, por lo que cualquier dependencia o entidad del Poder Ejecutivo Federal, deberá cumplir con lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; de lo contrario, la Auditoría Superior de la Federación deberá encargarse de aplicar las sanciones correspondientes.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 establece, entre otras cosas, que:

a) La Sagarpa esta impedida, con base en el decreto, de operar recursos de manera centralizada de los programas y subprogramas previstos en el artículo 64 Bis C, último párrafo

b) De la misma manera la Secretaría de Desarrollo Social no podrá operar recursos del Programa de Empleo Temporal

Quinta.- No obstante estas disposiciones, el Ejecutivo y en particular el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en claro desacato a estas disposiciones ha informado de manera incompleta a esta soberanía el cumplimiento de estas disposiciones, entre las que destacan:

1. Artículo 12 párrafo II.- Al menos el 25% de los recursos asignados al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en lo que respecta al fondo de aportaciones para la infraestructura social, podrán ser destinados, con la aprobación del Cabildo o del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, a actividades productivas del sector primario así como a la adquisición de insumos, maquinaria y servicios en apoyo a actividades agropecuarias. De igual manera, podrán mezclarse con recursos provenientes de otros programas federales, estatales o municipales.

2. Artículo 19 párrafos III y IV.- La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara los saldos en líneas globales y específicas para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestales, en los plazos y términos de este Decreto.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, la Secretaría deberá reasignar dichos recursos a los programas de desarrollo social y de inversión en infraestructura aprobados en este presupuesto. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto en los informes trimestrales.

3. Artículo 30 fracción 1 E.- Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones de los estados, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente al 15 por ciento del presupuesto aprobado en el año 2003 para dichas estructuras.

Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la Secretaría y la Función Pública y someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la estrategia de compactación de estructuras.

4. Artículo 30 fracción XVI.- La Secretaría y la Función Pública elaborarán un diagnóstico con el objeto de lograr una reingeniería en el servicio público para los puestos de mandos medios y superiores, en términos de lo previsto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, analizando las funciones, el grado de responsabilidad y las percepciones correspondientes. Asimismo, deberán remitir dicho diagnóstico a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el último día hábil de mayo.

Artículo 55 fracción IV A.- Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto.

Artículo 62 fracciones VIII, IX y X.-

VIII.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá observar que los importes que se establecen para cada uno de los programas enlistados en el Anexo 17 de este Decreto, efectivamente se canalicen para los propósitos de cada uno de ellos, por lo que, a fin de transparentar la aplicación de los recursos y mejorar el control presupuestario, entregará 15 días hábiles después del término de cada trimestre, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara, un informe del ejercicio presupuestario de sus programas, desglosando los beneficiarios, el presupuesto ejercido y comprometido por programa y, en su caso, por entidad federativa, cultivo, ciclo agrícola, volumen apoyado y número de productores beneficiados.

IX.- El calendario del ejercicio presupuestal de los programas enlistados en el Anexo 15 a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá corresponder con el desarrollo de los ciclos productivos y climáticos. Para ello, se deberán alinear los recursos con el ejercicio fiscal, previendo tener suficiencia presupuestaria para los ciclos agrícolas: otoño invierno (inicio del ejercicio fiscal); primavera verano; y, otoño invierno (meses finales del ejercicio fiscal).

X.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación preverá que a través de sus programas enlistados en el Anexo 15, se fomente y consolide el desarrollo de fondos regionales de combate a la pobreza, a través de las organizaciones campesinas y sociales, que permita ampliar el capital social, la constitución de empresas prestadoras de servicios técnicos, el desarrollo de capacidades y el establecimiento de centros para el fomento de agronegocios y opciones productivas.

7. Artículo 64 Bis C (último párrafo).- Se deberá garantizar la federalización en su totalidad de los siguientes programas: de la Alianza para el Campo los subprogramas: Desarrollo Rural, Fomento Agrícola, Fomento Ganadero e Integración de Cadenas Agroalimentarias; el Programa de Empleo Temporal y el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Siniestralidad Recurrente (Piasre). Para lo cual, deberán establecerse los criterios de distribución de recursos a las entidades federativas para cada uno de estos programas, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 27 de febrero de 2004. Para la definición de estos criterios deberán de participar los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable.

Por todo lo anterior expuesto, el que suscribe, diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución:

Primero.- Solicitar con carácter de urgente al titular del Ejecutivo federal instruya al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en un plazo que no rebase los diez días hábiles a partir de esta fecha, cumpla con las obligaciones derivadas del ordenamiento mencionado e informe por escrito a los presidentes de las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural de esta H. Cámara, el estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación de la dependencia y en su caso del programa especial concurrente; de modo que si no lo hiciere, se entenderá como desacato a esta legislatura el incumplimiento de las disposiciones mencionadas.

Segundo. - Túrnese copia al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que observe el cumplimiento de esta disposición toda vez de que se trata de ordenamientos de cumplimiento obligatorio para el titular de la dependencia.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2004.--- Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputado don Arturo Robles Aguilar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición...

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida la proposición y por lo tanto se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada. Comuníquese.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Ruego a la Secretaría disponer el cierre del sistema y dar a conocer el resultado del quórum.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico.

Señor Presidente, hay 350 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.

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ESTADO DE VERECRUZ

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al licenciado Miguel Alemán Velasco, gobernador constitucional del estado de Veracruz, se abstenga de realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos a los de su propia filiación partidista.

El diputado Sergio Penagos García: Diputado Presidente, antes de que inicie el conteo del tiempo, le rogaría girar las instrucciones pertinentes, a efecto de que se haga una corrección en la Gaceta Parlamentaria, debido a que el nombre de un servidor aparece registrado como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cosa que evidentemente es un error.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento.

Como lo solicita, hágase la corrección solicitada por el señor diputado don Sergio Penagos García y se obsequia en sus términos. Adelante.

El diputado Sergio Penagos García: Gracias, diputado Presidente. Desde este momento se solicita que este asunto se trate con el carácter de urgente resolución.

Lo que hoy se plantea es si esta soberanía observará en forma impasible cómo un gobernador atenta contra la correcta conducción de un proceso electoral, como el que aún no concluye en Veracruz.

Han existido en abundancia muestras de las intromisiones del gobernador Miguel Alemán, durante el desarrollo de los comicios en la entidad veracruzana. No conforme con participar de manera activa en actos proselitistas del candidato de su partido, se dio a la tarea de emprender una campaña mediática, a través de la cual no desperdició oportunidad para descalificar a los contendientes de extracción diversa a la de su filiación partidista.

La clara participación del gobernador en el proceso electoral local, encaminada a favorecer con acciones a su partido político y sus candidatos, queda reflejada mediante breves pinceladas plasmadas en sus declaraciones públicas.

A manera de ejemplo cito la frase rectora de su discurso en la formalización de las candidaturas de su propio partido, acto que por cierto se llevó a cabo en día y hora en que debía atender asuntos de los veracruzanos. En esa oportunidad no tuvo recato en declarar ``un estado juarista no puede ser gobernado por Acción Nacional, no lo vamos a permitir''. O bien aquella con la que puso de manifiesto su participación indebida, en la promoción de su candidato: ``mi más ferviente deseo es que gane Fidel''.

No contó el gobernador Alemán con que la voluntad de los veracruzanos sería y es contraria a sus deseos por más fervorosos que éstos sean. En Veracruz dos de cada tres de sus ciudadanos le dijeron que no a la continuación de su proyecto político, no obstante ello hoy existe un Congreso en Veracruz que pretende darle al partido del gobernador, lo que los veracruzanos no le dieron en las urnas. Las curules que no obtuvieron en los comicios, intentan arrebatarlas con la ayuda de su mayoría mecánica en la legislatura local, violando la Constitución y la ley.

Lo que está en juego es sustancial, se trata del respeto a la voluntad popular en Veracruz, este Congreso no se puede permitir mirar de lejos cómo se le vulnera, pues con ello se daña gravemente una de las más altas aspiraciones de todo veracruzano: vivir en un estado donde su voto se respete.

La decisión es crucial, hacer el llamado a tiempo o consentir que un gobernador se comporte como un señor feudal en un territorio que equivocadamente estima es de su propiedad.

El punto de acuerdo propuesto reza:

Unico. Remitir un exhorto al ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, a efecto de que se abstenga de realizar manifestaciones de carácter público, que agravien a los actores y partidos políticos, distintos de los de su propia afiliación partidista, considerando incluso que el desarrollo de un proceso electoral, que aun no concluye en Veracruz.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador constitucional de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velasco, a abstenerse de realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los de su propia filiación partidista, a cargo del diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso b, y demás correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política de esta soberanía estima pertinente que la honorable Cámara de Diputados exprese su posición sobre de la conducta adoptada por el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del proceso electoral local que se desarrolla en esa entidad. Si bien es cierto que los estados que se integran en el pacto federal son libres y soberanos, no es menos cierto que sus autoridades deben sujetarse siempre al marco de la legalidad y conducirse en todo momento con ánimo democrático. Es en ese tenor que las acciones y declaraciones públicas llevadas a efecto por el gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, licenciado Miguel Alemán Velasco, relacionadas con el proceso electoral, que aún no concluye en ese estado, mediante las cuales ha descalificado a los candidatos de extracciones partidistas distintas a las de su propia filiación política y, por el contrario, ha elevado sus consideraciones hacia sus correligionarios, deben ser consideradas como una intromisión que vulnera el principio de equidad y enturbia dicho proceso.

Por lo anterior, tomando en cuenta que la democracia es un valor fundamental que debe protegerse como esencia misma del pacto federal, esta Junta de Coordinación Política propone el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Remitir un exhorto al C. licenciado Miguel Alemán Velasco, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que se abstenga en realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los de su propia filiación partidista, considerando incluso el desarrollo de un proceso electoral que aún no concluye en esa entidad federativa.

México, DF, a 19 de octubre de 2004.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Sergio Penagos García.

Túrnese la proposición a la Comisión de Gobernación.

A ver, activen el sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): En términos del artículo decimotercero del Acuerdo Relativo a las Sesiones de la LIX Legislatura, le estamos objetando el turno, el inciso a), señor Presidente y el artículo 58 del Reglamento.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Correcto.

En los términos del inciso a) del artículo decimotercero don Wintilo Vega objeta y dice así: ``Si hubiere objeción de alguna legisladora o legislador, en cuyo caso su admisión será discutida y votada por el pleno, pudiendo intervenir un orador en contra y uno en pro''.

Ha solicitado el uso de la palabra don Miguel Angel Yunes, ¿En qué terminos don Miguel Angel?

Por favor, activen el sonido en la curul de don Miguel Angel Yunes Linares.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Señor Presidente, en primer lugar, para que se le dé el trámite debido, toda vez que el diputado Penagos ha planteado que se considere de urgente y obvia resolución, entonces que se consulte a la Asamblea. Posteriormente si la Asamblea determina no considerarla de esta manera y usted resuelve turnarla a alguna comisión quisiera intervenir para referirme al trámite. Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Efectivamente esta Presidencia tenía registrado el tema como de urgente y obvia resolución, entonces, en primer término, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución en votación calificada.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, señor Secretario.

Señor diputado don José Antonio de la Vega. Por favor activen el sonido en la curul.

El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde su curul): Para pedirle, diputado Presidente, que la presente votación se realice por el sistema electrónico vía nominal.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: ¿Quiénes apoyan su solicitud?.. En virtud de que está satisfecho el requisito de cinco diputados aparte de quien lo solicita, se instruye a la Secretaría disponga la apertura del sistema electrónico por dos minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por dos minutos para saber si se considera de urgente resolución la proposición.

(Votación.)

De viva voz el diputado José Sigona Torres. A favor.

Diputado Presidente, se emitieron 122 voto sen pro, 211 votos en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: No se considera de urgente y obvia resolución.

Activen el sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Para objetar el trámite de que sea turnada a una comisión.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Correcto señor diputado, ahora es aplicable el inciso A) del artículo 13, objetando el trámite.

Señor diputado don Miguel Angel Yunes Linares, ¿en qué términos?

El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): A favor del trámite.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: En pro.

Don Wintilo, ¿en qué términos?

El diputado Wintilo Vega Murillo: (desde su curul) Para pedir registre al diputado Ernesto Alarcón Trujillo en contra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Registrado don Ernesto Alarcón Trujillo, en contra.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ernesto Alarcón Trujillo, en contra.

El diputado Ernesto Alarcón Trujillo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas de esta honorable Legislatura del Congreso de la Unión. La participación de un servidor es para pedir el apoyo de todos ustedes para evitar que sea turnado este asunto a alguna comisión permanente de esta Cámara. Los motivos son porque todos sabemos que en las elecciones quien decide es la ciudadanía y los votantes y en el proceso electoral del pasado 5 de septiembre en el estado de Veracruz, nos guste o no nos guste a los veracruzanos, el pueblo se manifestó y en estos momentos hay un candidato ganador a la gubernatura del estado, que si bien es cierto los partidos políticos que contendieron en ese proceso electoral, que lo debemos reconocer, fue competido y además inédito para la historia política de nuestro estado, ya está manifestado y ellos acudieron o recurrieron al veredicto de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el término que la propia ley le señala y que hoy se encuentra en el Poder Judicial de la Federación.

Lo más conveniente es en estos momentos dejar a la sabiduría de los ministros, a su conducta intachable y referencias que de ellos tenemos y debemos acatar con suma madurez, con altura de miras y con un reconocimiento hacia esa soberanía, hacia ese poder que tiene el compromiso y la obligación de detectar si hubo o no irregularidades en el proceso.

Siento que en este momento esta tribuna no es el trámite adecuado que se está pidiendo para denostar a las autoridades del estado de Veracruz; tenemos que acostumbrarnos a vivir en la pluralidad, acatar la disposición y el veredicto del pueblo, debemos saber perder y ganar.

No se trata de denostar a nadie, no se trata de atacar a ninguno de los partidos o candidatos participantes, la campaña electoral en Veracruz, la etapa proselitista terminó, en estos momentos estamos atentos todos al veredicto que dará el Poder Judicial de la Federación y a eso los exhorto, compañeros diputados, a que demos ese voto de confianza y de que, ---concluyo, señor Presidente--- y de que evitemos que los asuntos poselectorales no tan sólo de Veracruz, sino de cualquier otro estado, sea en esta tribuna donde se deban tratar cuando sabemos que la ley, el ordenamiento...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Ernesto Alarcón Trujillo: Concluyo, señor Presidente.

...nos lo establece claramente que será el Tribunal Superior de la Federación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el señor diputado don Miguel Angel Yunes Linares.

El diputado Miguel Angel Yunes Linares: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados: si esta Cámara actuara con equidad, autorizaría que esta propuesta cuando menos se turnara a comisiones. Quiero recordar que apenas el jueves pasado se presentó una propuesta de extrañamiento al Presidente de la República por un comentario en torno a los temas de Veracruz y la Cámara la aprobó.

Sin embargo entiendo que no será así. Trataré de sustentar el por qué apoyo el trámite.

La situación de Veracruz va más allá de la fantasía y no me refiero a 800 mil veracruzanos que han huido de Veracruz en los últimos 5 años y medio por falta de empleo y no me refiero a que Veracruz haya pasado de ser el quinto estado más pobre del país a ser el cuarto y no me refiero a la presencia de bandas de narcotraficantes protegidos por el gobierno del estado. Me refiero a algo más grave, a la ruptura del orden constitucional en Veracruz en los tres poderes y en el minuto y 50 segundos lo explicaré.

Primero, la sucesión del gobernador donde Alemán no es un arbitro ni un individuo que actúe con imparcialidad, sino que forma parte de la campaña política y por eso su propia sucesión está objetada en los tribunales.

Segundo, el Poder Legislativo local convertido en un títere, que igual autoriza un endeudamiento de 3 mil 500 millones de pesos la semana pasada y en la misma sesión autoriza 71 millones de pesos para apoyar al equipo de fútbol, propiedad del hijo del gobernador, un Poder Legislativo títere que apenas hace unos días es convocado para modificar la legislación electoral en pleno proceso electoral para trampear la distribución de diputaciones plurinominales; son dos poderes, me falta el último, el Poder Judicial.

El alemanismo quiere jubilar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para meter incondicionales, de tal manera que el nuevo Congreso que estaría en todo caso facultado para analizar estos asuntos y que lo debiera resolver por dos terceras partes, está impedido para hacerlo. Esa es la realidad de Veracruz, nos guste o no nos guste utilizando las palabras de Ernesto, nadie puede negar hoy que Alemán entrega un estado en crisis institucional y que entrega un estado complicado en lo político, complicado en lo económico y un desastre en lo social, corrupción, violencia, ruptura del orden constitucional, eso es lo que el alemanismo le dejó a Veracruz. Muchas Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Miguel Angel Yunes.

Satisfecho el requisito que establece el inciso a), del artículo decimotercero del acuerdo parlamentario, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite. Por favor, activen el sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Le pido realice la votación en forma nominal, en compañía de los compañeros que están levantando la mano.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Como lo solicita don Wintilo Vega, se instruye a la Secretaría disponga la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por 3 minutos.

Un momento, señor Secretario. Activen el sonido en la curul del señor diputado Penagos García.

El diputado Sergio Penagos García (desde su curul): Diputado Presidente, si tuviera la bondad de ilustrar a la Asamblea, si el voto que de manera nominal se haga a favor, sería a favor de turnar a comisiones el presente asunto o bien que si se votará en contra sería en contra del turno a comisiones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Con todo gusto hago la aclaración. Si la votación es a favor de la proposición, como se rechazó el trámite de urgente resolución el resultado sería turnar a la comisión. Si la votación es en contra se tiene por definitivamente dese-chada y así lo dice el acuerdo parlamentario.

Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos, si se admite el turno de remitir a la comisión el punto de acuerdo.

(Votación.)

De viva voz el diputado José Sigona Torres, activen el sonido en su curul.

El diputado José Sigona Torres (desde su curul): Sigona Torres, a favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, se emitieron 127 votos a favor, 170 en contra y 60 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario. En virtud de que la proposición no alcanzó mayoría, se considera desechada.

Señoras y señores legisladores, en virtud de que ha transcurrido con exceso el tiempo marcado por el acuerdo parlamentario para esta sesión, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Chihuahua.

Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua

Que adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Seis, por los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2° y 3° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97 fracción IV y 99 en su último párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis, VI del artículo 91 y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuatro de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Es cuanto, diputado Presidente.

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REGISTRO FINAL DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario, la última votación servirá de base para la asistencia de los integrantes de esta Cámara.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se levanta la sesión a las (a las 21:32 horas) y se cita para la que tendrá lugar el jueves 21 de octubre a las 10:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 10 horas 32 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 365 diputados

Verificación de quórum: 362 diputados

Verificación de quórum: 391 diputados

Verificación de quórum: 333 diputados

Verificación de quórum: 350 diputados

Asistencia al final de la sesión: 350 diputados

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado: 1

Minuto de silencio: 1

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

Proposiciones con puntos de acuerdo: 57

Puntos de acuerdo aprobados: 18

Oradores en tribuna: 102

PRI-37 PAN-31 PRD-24 PVEM-8 PT-1 Dip.Ind.-1

Se recibió:

6 comunicaciones de los congresos de los estados de: Coahuila, Jalisco y Zacatecas;

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Juventud y Deporte, Marina, Energía, Pesca, Transportes y de Vivienda;

2 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite solicitudes de excitativas de senadores;

2 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite acuerdos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005;

11 oficios de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 comunicación del gobernador del estado de Michoacán;

1 minuta de ley;

6 iniciativas del PRI;

5 iniciativas del PAN;

2 iniciativas del PRD;

2 iniciativas del PVEM

2 iniciativa del PT

Dictamen de primera lectura:

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos 97, fracción IV, y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma las fracciones V del artículo 76 Bis, VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

3 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 14 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 4 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Dinamarca, Reino Unido y Turquía, en México;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, con el fin de que realice una visita oficial a la ciudad de Ottawa, Canadá.

Dictamen aprobado:

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo, a proposición presentada el 20 de abril pasado, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que acelere los trabajos de actualización del Padrón Nacional Cafetalero;

1 de las comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, a proposición presentada el 30 de octubre de 2003, para exhortar al Ejecutivo Federal a que modifique el Acuerdo Intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche y la reducción de las zonas de captura del camarón en el Golfo de México;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 26 de octubre de 2004, con el fin de que realice una visita oficial a la ciudad de Ottawa, Canadá.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Zavala Gómez del Campo, Margarita Ester (PAN). . . :

Alarcón Trujillo, Ernesto (PRI) Universidad Autónoma de Puebla: 292

Alcocer García, Roger David (PRI) Estado de Veracruz: 406

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Estado de Yucatán: 307, 311

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Estado de México: 323

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 92

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 302

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Migrantes mexicanos: 286 desde curul.

Avila Serna, María (PVEM) Transferencias de remesas: 205

Ávila Serna, María (PVEM) Feminicidios: 247

Baeza Estrella, Virginia Yleana (PAN) Universidad Autónoma Metropolitana: 216 Deportistas paralímpicos

Bárcenas González, José Juan (PAN) Estado de Tlaxcala: 257

Barrera Zurita, Baruch Alberto (PAN) Importación de barcos: 325

Bazán Flores, Omar (PRI) Ley Aduanera: 144

Bernal Ladrón de Guevara, Diana Rosalía (PRD) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 89

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Artículo 115 constitucional: 108

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Día Nacional del Federalismo: 317

Candelas Salinas, Rafael (PRD) Estado de Zacatecas: 319

Candelas Salinas, Rafael (PRD) Estado de México: 328 desde curul.

Cárdenas Sánchez, Nancy (PRD) Centros turísticos: 191, 193

Cárdenas Sánchez, Nancy (PRD) Patrimonio Mundial: 202

Carrillo Rubio, José Manuel (PRI) Deportistas olímpicos y paralímpicos: 251

Casanova Calam, Marbella (PRD) Universidad Autónoma Metropolitana: 217

Contreras Covarrubias, Hidalgo (PAN) Estado de Baja California: 237, 350

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Estado de Baja California: 252

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Estado de Oaxaca: 300

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Estado de Baja California: 354 desde curul Estado de Veracruz

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Braceros: 321

Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Gobierno del Distrito Federal: 373, 376 desde curul

Döring Casar, Federico (PAN) Patrimonio Mundial: 201

Escalante Arceo, Enrique Ariel (PRI) Estado de Morelos: 331

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Sistema de Transporte Colectivo Metro: 239

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Gobierno del Distrito Federal: 373

Espinoza Pérez, Luis Eduardo (PRD) Programa anual carretero: 265

Fernández Saracho, Jaime (PRI) Autopista del Sol: 395

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Patrimonio Mundial: 197

Flores Mendoza, Rafael (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 373 desde curul

Franco Hernández, Pablo (PRD) Ley de Coordinación Fiscal Estatal: 280

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Programa Nacional de Auditoría Ambiental: 359

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Braceros: 328 desde curul.

Gama Basarte, Marco Antonio (PAN) Migrantes mexicanos: 284

García Laguna, Eliana (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 374 desde curul.

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Producción de fertilizantes: 354

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Programa Oportunidades: 264

García Velasco, María Guadalupe (PAN) Gobierno del Distrito Federal: 375 desde curul

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Estado de Jalisco: 392

González González, Ramón (PAN) Ley de Amparo: 178 desde curul.

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Gobierno del Distrito Federal: 374 desde curul

González Yáñez, Alejandro (PT) Verificación de quórum: 142 desde curul

Gordillo Reyes, José Antonio (PRI) Ferrocarriles Nacionales de México: 366

Grajales Palacios, Francisco (PRI) Proyecto Petroquímico Fénix: 259

Guízar Valladares, Gonzalo (PRI) Ley de Amparo: 177

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Estado de Oaxaca: 309

Guzmán Cruz, Abdallán (PRD) Violación: 363

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 379

Herrera Tovar, Ernesto (PAN) Contingencias climatológicas: 230

Jiménez Merino, Francisco Alberto (PRI) Estado de Tamaulipas: 244

Lara Saldaña, Gisela Juliana (PAN) Estado de Baja California: 353

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) México-Estados Unidos de América: 218

Lucero Palma, Lorenzo Miguel (PRI) Migrantes mexicanos: 357

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Autopista Cuernavaca-Acapulco: 242

Mazari Espín, Rosalina (PRI) Canal del Congreso: 203

Medina Lizalde, José Luis (PRD) Frijol: 195

Mejía Haro, Antonio (PRD) Maíz transgénico: 305

Mejía Haro, Antonio (PRD) Estado de México: 211

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Verificación de quórum: 394 desde curul

Mier y Concha Campos, Eugenio (PRI) Código de Comercio: 105

Monárrez Rincón, Francisco Luis (PRI) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 145

Morales de la Peña, Antonio (PAN) Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 382

Moreno Alvarez, Inelvo (PRD) Sector agropecuario: 328

Moreno Alvarez, Inelvo (PRD) Migrantes mexicanos: 269 desde curul

Moreno Morán, Alfonso (PAN) Estado de México: 389

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Organismos vivos modificados: 221

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Cáncer de mama: 386

Ortiz Domínguez, Maki Esther (PAN) Frontera norte: 397

Ortiz Domínguez, Maki Esther (PAN) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: 384

Palafox Gutiérrez, Martha (PRI) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 155 desde curul

Palafox Gutiérrez, Martha (PRI) Estado de Veracruz: 403, 407 desde curul

Penagos García, Sergio (PAN) Ley del Impuesto sobre la Renta: 79

Pérez Góngora, Juan Carlos (PRI) Código Penal Federal-Código Federal de Procedimientos Penales-Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 125

Pérez Zaragoza, Evangelina (PAN) Estado de Baja California: 277, 353

Pompa Victoria, Raúl (PRI) México en Organismos Internacionales: 313

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Acuerdo Nacional por el Agua: 344

Rangel Avila, Miguel Angel (PAN) Verificación de quórum: 338 desde curul

Rangel Espinosa, José (PRI) Parlamento de las Niñas y Niños de México: 289

Rivera Cisneros, Martha Leticia (PAN) Sector rural: 399

Robles Aguilar, Arturo (PRI) Productos lácteos: 233

Rodríguez Anaya, Gonzalo (PRI) Universidad Autónoma Metropolitana: 213

Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rafaela (PRI) Estado de Tabasco: 377

Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel (PRI) Heroico Batallón de San Blas: 153

Sánchez Vázquez, Salvador (PRI) Estado de Baja California: 279

Sandoval Franco, Renato (PAN) Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual: 208

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Artículos 73 y 127 constitucionales: 114

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Migrantes mexicanos: 267

Suárez Ponce, María Guadalupe (PAN) Patrimonio Mundial: 202

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Acuerdo Nacional por el Agua: 343

Tentory García, Israel (PRD) Sector azucarero: 254

Torres Hernández, Marco Antonio (PRI) Patrimonio Mundial: 201

Trejo Reyes, José Isabel (PAN) Gobierno del Distrito Federal: 369

Triana Tena, Jorge (PAN) Articulo 55 constitucional: 85

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Sector agrícola: 275

Vázquez García, Quintín (PRI) Procurador General de la Republica-Delitos Financieros-Delitos Contra la Riqueza Nacional: 96

Vázquez González, Pedro (PT) Braceros: 328 desde curul

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Estado de Veracruz: 405, 405, 407 desde curul

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Verificación de quórum: 244 desde curul

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Instituto Mexicano del Seguro Social: 189

Vega y Galina, Roberto Javier (PRI) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 138

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Acuerdo Nacional por el Agua: 338

Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús (PRI) Código Federal de Procedimientos Penales: 141, 142

Wong Pérez, José Mario (PRI) Estado de Chihuahua: 270, 273

Wong Pérez, José Mario (PRI) Artículo 3º constitucional: 120

Yabur Elías, Amalín (PRI) Migrantes mexicanos: 286

Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia (PAN) Estado de Veracruz: 405 desde curul, 406

Yunes Linares, Miguel Angel (Dip. Ind.) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 155 Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 129 Asistencias por cédula: 15 Asistencias comisión oficial: 4 Permiso Mesa Directiva: 40 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 35 Total diputados: 223 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 98 Asistencias por cédula: 15 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 18 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 16 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 51 Asistencias por cédula: 13 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 22 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 8 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 6 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 8 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 4 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 2 Aguilar Iñárritu José Alberto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alemán Migliolo, Gonzalo Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Burgos Barrera, Álvaro Dávalos Padilla, Juan Manuel Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Salazar María Cristina Figueroa Smutny, José Rubén García Corpus, Teofilo Manuel Godínez y Bravo Rebeca González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto Guizar Macías, Francisco Javier Gutiérrez Romero, Marco Antonio Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo López Medina José Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Muro Urista, Consuelo Olmos Castro, Eduardo Ortiz Alvarado Jorge Pérez Magaña, Eviel Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Rodríguez Rocha, Ricardo Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Sánchez Vázquez Salvador Silva Santos Erick Agustín Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Faltas por grupo: 35 Alegre Bojórquez, Ricardo Álvarez Monje, Fernando Angulo Góngora, Julián Blanco Becerra Irene Herminia De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Durán Reveles, Patricia Elisa Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Garza José Julio Guzmán De Paz Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Méndez Galvez, Alberto Urcino Núñez Armas, Juan Carlos Osorio Salcido José Javier Ovalle Araiza Manuel Enrique Ruiz del Rincón Gabriela Torres Ramos Lorena Faltas por grupo: 16 Cortés Sandoval, Santiago Ferreyra Martínez, David García Solís, Iván Guzmán Cruz, Abdallán Mora Ciprés Francisco Obregón Espinoza Francisco Javier Portillo Ayala Cristina Silva Valdés, Carlos Hernán Faltas por grupo: 8 Piña Horta, Raúl Faltas por grupo: 1 CONVERGENCIA Martínez Álvarez Jesús Emilio Faltas por grupo: 1

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EFEMERIDES

«Efemérides sobre la gesta heroica de los niños cadetes de Chapultepec, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del PAN

Con su permiso, señor Presidente:

Señoras y señores legisladores:

Los pueblos construyen paradigmas no solamente para afianzar su identidad y su concepción de pertenencia, sino para consolidar su raíz y razón de sobrevivencia generacional. Sus obras, sus acciones, son inclusive rememoradas en el microcosmos colectivo que es la familia.

La historia de los pueblos está llena de héroes anónimos, de mitos y leyendas, tanto como de hechos y hazañas increíbles que todos sabemos se producen en momentos de insólita emoción.

Los héroes que nos dieron patria representan, todos ellos, un rico conjunto de tiempos y circunstancias conformado muchas veces de manera inesperada, con sacrificios y pequeños momentos refulgentes, inspiradores de otros actos eternos en las artes. Es la sublimación de la existencia monótona y esquiva.

Por ello, también se dice de algunos de ellos que rozan las alturas misteriosas de la estética. Del último emperador azteca: que es ``único héroe a la altura del arte'', señala el poeta.

¿Cómo fusiona el artista creador la imagen de un héroe que actúa en la defensa de su pueblo, y ese sólo hecho lo motiva a la poesía después de varios siglos? Ésa es la pluma de un vate como Amado Nervo, poeta del Nayar.

Tal es la grandeza de los 6 cadetes del Heroico Colegio Militar: Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan de la Barrera. Por varias generaciones, desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue renovada la gesta de estos Niños Héroes.

La Patria, dolorida por el despojó sufrido a todas luces durante la guerra impuesta por el expansionismo de Estados Unidos en 1847 sufría convulsiones intestinas que no dieron pauta para que de inmediato se levantara el cúmulo de voces populares para rendirles homenaje.

En efecto, las batallas que se sucedieron inequitativamente contra nuestras fuerzas militares --diezmadas entonces, sin organización y con disputas entre los caudillos-- hacían positiva la posibilidad de que se sucedieran esos chispazos de participación social. Ésa es la significación efectiva de la defensa de su institución, su alma mater --desde entonces Heroico Colegio Militar--, de esos cadetes inolvidables.

No es inverosímil que los enjundiosos adolescentes protestaran ante la decisión lógica de sus maestros, adultos duchos en las batallas, para hacer una retirada estratégica y abandonar el Castillo de Chapultepec, si recordamos que apenas nuestra patria tendría escasos 25 años de independencia.

Esa generación de estudiantes de la milicia en el Castillo de Chapultepec, bastión estratégico para entrar a la Ciudad de México de aquella época, sabía que desde las alturas podían hacer algo: poner en práctica la teoría militar. Y su escasa edad hizo que pudieran más sus ansias idealistas para la defensa de su casa escolar.

El general Winfield Scott, comandante de las fuerzas invasoras, tendría que rendir un reconocimiento al valor demostrado por los defensores del Castillo-Colegio Militar. ``¡Eran unos niños!'', diría.

Ciertos iconoclastas, desde fríos cubículos de análisis historiográfico, han pretendido enlodar esa memoria en el imaginario popular. Que la patria necesitaba héroes populares. Que la depresión y ausencia de autoestima exigían héroes de leyenda.

No lo sé, pero en la raíz primigenia de las diversas generaciones de mexicanos, la conmemoración de esa hazaña --no inmolación suicida sino ofrenda anticipada de vida en el cumplimiento del deber-- significa la exacta dimensión de la grandeza del hombre joven de todos los tiempos.

Sus ideales patrióticos por delante. Sacrificio de eternidad, mucho más allá de escuetas objetividades de investigación historiográfica.

Los Niños Héroes son ya del pueblo, sin ningún remilgo. Refuerzan el imaginario intelectual colectivo y forman la estructura psicológica de los mexicanos modernos en el siglo XXI. Poner en duda su existencia es como poner en la picota todo ideal que forja creencias, recuerdos, concepciones filosóficas o incluso reseñas familiares, aquellas dulzuras que se transmiten de padres a hijos y de generación en generación.

Por ello, por el amor a la patria que representa el drama personal instantáneo de un adolescente como Juan Escutia, nacido en Tepic, nayarita sin par, recordado estéticamente por el bello poema épico de otro tepicense insigne, Amado Nervo, en su texto titulado 13 de septiembre, lo dice con enjundia: ``Como renuevos cuyos aliños/ un viento helado marchita en flor/ así cayeron los héroes niños/ ante las balas del invasor/ ¡Así fue.../'' Y luego nos describe el hecho.

Han pasado desde entonces 157 años. Hace unas horas, millones de alumnos de todas las escuelas mexicanas de educación básica han vuelto a vibrar ante el sentimiento que despiertan esos ``renuevos''.

Es la imagen dulce del terruño nuestro que todos llevamos dentro y que hoy, en este mes de la patria, es eterno recuerdo a la gloria de las gestas de mujeres y de hombres que forjaron, junto a la reciedumbre del cura Hidalgo, la patria que es nuestra simiente y floración de eternidad.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2004.--- Dip. Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

«Efemérides sobre el aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Roberto Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del PRI

Honorable Asamblea:

En esta fecha pero de 1824, los chiapanecos decidieron constituirse en un estado más del pacto federal mexicano. Con ello, cerca de 250 mil personas determinaron su identidad socio-política cifrando sus esperanzas en que, bajo el cobijo de México, iban a encontrar un hogar más digno y con mayor bienestar.

180 años después, los chiapanecos descendientes de aquellos que de manera ejemplar, mediante el sufragio universal, decidieron la mexicanidad de Chiapas, seguimos expresando que fue un acierto; que es un orgullo volver por decisión propia al seno de la madre patria.

Los chiapanecos hemos sido siempre mexicanos. Somos hijos de la cultura mesoamericana que explica la cultura de todo el país, y nuestra historia constituye un fragmento importante de la historia nacional. Nuestras raíces se explican de la misma manera como se explican las de Oaxaca, las de Puebla, las de Sonora o las de cualquier estado de este gran país que es México.

Los chiapanecos decimos con gusto: que orgullo es ser mexicano. Nadie como los chiapanecos, para decir eso. Ni nadie como nosotros para decirlo con tan alegría.

Sin embargo, también debemos ser pragmáticos. Chiapas ha aportado al país su territorio, su cultura, sus recursos y el empeño y trabajo de su gente.

Y Chiapas sigue siendo un estado en donde la marginación, el rezago y la pobreza siguen siendo el signo de nuestra distinción.

No nos eximimos de responsabilidad por nuestras condiciones, pero tenemos certeza de que el Gobierno Federal ha sido omiso y negligente en sus políticas de desarrollo dedicadas a Chiapas.

Desde 1989, varios gobiernos de nuestro estado han impulsado una vía terrestre de condiciones regulares para establecer una comunicación comercial y de tránsito humano con el centro del país y es hasta el año pasado cuando se logra una vía muy mediana, de un solo carril por dirección y cuyas condiciones, malas, hay que decirlo, reflejan el trato que el gobierno federal ha dado a Chiapas.

Ahora no deja el gobierno del cambio --tanto federal como estatal-- de cacarear. un huevo que casi estaba listo desde hace años y que sólo requería de ubicar el último eslabón... pero ese es otro tema para otro día.

Lo que si no se puede pasar por alto, es que Chiapas representa parte de las cifras de ignominia del país y si bien entendemos que no somos el único estado pobre y marginado, los chiapanecos estimamos que el Gobierno Federal debe modificar sus prioridades.

Con el debido respeto a nuestros hermanos del norte, el gobierno de México debe volver la vista mas seguido al sur. Debe hacer realidad eso que hoy se ha vuelto dogma, y que es la igualdad social.

Chiapas ya no resiste la falta de oportunidades. Ya no resiste que su campo esté quebrado; que sus recursos estén sobreexplotados, que las mujeres y niñas sean sujetas de condiciones indignas, y que la expectativa de los jóvenes sea buscar su futuro del otro lado de la frontera norte. Chiapas aspira a que los gobierno actuales y los que vienen no sean omisos e irresponsables, y mucho menos, que vivan criticando a gobiernos anteriores, cuando una de las etapas más oscuras de nuestro estado es esta, con un gobierno retórico, represor e intransigente, que tiene como común denominador las actitudes retrogradas y el autoritarismo.

Los chiapanecos celebramos con alegría este día y no nos arrepentimos de nuestra mexicanidad, pero... nos quedan 364 días para pensar qué es lo que ha fallado...

Es cuanto, diputado Presidente

«Efemérides con relación al aniversario de la gesta de los Niños Héroes, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Con permiso de la Presidencia:

Señoras y señores legisladores:

Los símbolos para un pueblo son las señales más significativas de su identidad como nación. Nacieron al devenir de los acontecimientos históricos. Pueden ser producto de la ley de la casualidad, si en el tiempo existen los cauces políticos para hacerlos perdurables.

Más que del imaginario popular, son la entraña y simiente de la memoria histórica. Muchos de ellos se pierden en la noche de los tiempos.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, es el heroísmo de las hazañas en busca de autor. Y en esa espontaneidad que poseen algunos hechos de nuestra patria, se tejen las mitologías que se vuelven raíz y razón de esa identidad que nos arraiga.

En México, a casi 200 años de nuestra independencia, precisamente en este mes de la patria, es imposible ya desterrar del imaginario infantil de nuestros escolares la fecha que hoy coincide con la sesión de esta soberanía: la gesta de los Niños Héroes.

Podrá la racionalidad de la historiografía analizar con profundidad los hechos de aquella intervención extranjera. Mas para el grupo parlamentario de Convergencia, esa batalla que asediara al Heroico Colegio Militar, esos cadetes con su estadía en su alma máter hicieron que su derrota fuera, por decirlo así, inolvidable.

En efecto, México y su pueblo después del despojo de más de la mitad de su territorio, ante su desmembración y posible pérdida de la soberanía y por tanto de su nacionalidad, empobrecidas y debilitadas sus instituciones, estaba urgido de esa búsqueda que aglutinara ideales y fortalezas morales y éticas.

Así se relataba la dignidad del General Pedro María Anaya, el 20 de agosto de 1847 en el bastión del Convento de Churubusco, con una frase que remarca una buena parte de nuestra psicología profunda: ``Si hubiera parque, no estaría usted aquí'', dice al general Winfield Scott. Las crónicas describen la escena, unos días antes de la batalla del Castillo de Chapultepec.

Por todo ello, el grupo parlamentario de Convergencia considera que la fecha de la defensa de las aulas y patios del Colegio Militar en el Castillo de Chapultepec, que además en efecto para esa época sí era una plaza estratégica, no está alejada de la realidad histórica probable.

Durante décadas, las generaciones de mexicanos hemos vivido, y quizás aprendido recias estampas del heroísmo juvenil, con esa certeza.

Ahora los adultos que fuimos niños escuchamos, y se han visto escenificaciones en películas y telenovelas, la descripción de esas laderas en el Castillo de Chapultepec, que todos hemos recorrido, todos hemos tenido las imágenes de cómo pudo haberse desarrollado tal combate. No existe en el territorio nacional una escuela que no tenga una estampa descriptiva de esta efeméride.

En el grupo parlamentario de Convergencia tenemos la sensación de que los Niños Héroes son ya tan nuestros, justamente por propio derecho, y, por salud pedagógica que su raíz debe servirnos a los legisladores para desarrollar los valores que nos ayudan a forjar más el amor a la patria.

El grupo parlamentario de Convergencia rinde de este modo un breve recuerdo al espíritu de lealtad y pundonor que en épocas más recientes de nuestra historia han fortalecido con sus acciones los miembros del Heroico Colegio Militar, quienes en su pase de lista cotidiano --más ahora en este día--, al repetir los nombres de los Niños Héroes: Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan de la Barrera, se escucha el eco conmovedor por todos los confines y parajes del territorio nacional que vibra con la más alta sonoridad de nuestras fibras: ¡Murió por la patria!

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Efemérides con motivo de la incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución de la República, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Con permiso de la Presidencia:

Señoras y señores legisladores:

Las Leyes de Reforma fueron un conjunto de instrumentos civiles que conformaron en su momento el cuerpo legislativo que construyó el músculo nodal de la Constitución General de la República que se promulgara el 5 de febrero de 1857.

Sin embargo, éstas no estaban incorporadas como tales a ese Código, aunque en la práctica ya estuvieran siendo aplicadas en su materia respectiva, por ello es tan importante en la historia de México, el hecho decisivo del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien decretó dicha incorporación.

Para el grupo parlamentario de Convergencia es un orgullo rendirles un sencillo recuerdo de homenaje a los principales promotores de las Leyes de Reforma: José María Luis Mora (fallecido en París, Francia, el 14 de julio de 1850), Valentín Gómez Farías (fallecido en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858) y Melchor Ocampo, quien fue asesinado el 2 de junio de 1860 en Tepeji del Río. Los tres grandes impulsores del liberalismo mexicano.

La Ley más controvertida fue la que conocemos como Ley Lerdo, denominada Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos (25 de junio de 1856); luego se consolidaría con la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia (12 de julio de 1859). Salvaguardando a la República, el presidente Benito Juárez llega al puerto de Veracruz, y ahí expide la Ley sobre el Matrimonio Civil (23 de julio de 1859).

Pocos días después se promulga la ley por medio de la cual se crea el Registro Civil (28 de julio de 1859), cuyo contenido ha venido rescatando la defensa y consolidación de la familia, exigiendo que para legalizar de pleno derecho la unión de la pareja, ésta tiene que efectuarse ante un juez del Poder Judicial.

Corren los días, y los hombres de la Reforma consolidan con claro sentido histórico y espíritu de grandes legisladores la ley mediante la cual se determinan con certeza los días festivos laicos, y se prohíbe la asistencia oficial de funcionarios públicos a los actos litúrgicos de la Iglesia Católica, rompiendo de facto toda oficialización de una religión de Estado.

Para el grupo parlamentario de Convergencia esta decisión, que marca la moderna separación entre la Iglesia y el Estado, fue la cúspide de la Reforma, la cual rescataba a la nación y nos mostraba al mundo como un pueblo con ideas de futuro progresista.

El núcleo de liberales conocidos históricamente como Generación de la Reforma, luego del asesinato de Melchor Ocampo, confirma con ese crimen que van por el camino correcto, y Benito Juárez decreta el 6 de septiembre de 1860 la proclamación de las Leyes de Reforma como un conjunto de leyes que consolidan de hecho todos los ideales republicanos que habían nacido con el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, donde Morelos diera a conocer Los sentimientos de la nación el 13 de septiembre de 1813.

El grupo parlamentario de Convergencia quiere señalar, por lo tanto, que son las Leyes de Reforma las que determinan la grandeza de nuestra trayectoria legislativa constitucionalista. Su alto contenido de avanzada, y congruencia con los ideales y las enseñanzas históricas obtenidas de la Revolución Francesa, buscando hacer posibles los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad.

La reafirmación máxima de la concepción de libertad del pensamiento fue a través de implantar racionalmente el laicismo, éste que busca respetar la libertad de pensamiento, por medio de la libertad de creencias religiosas o la no necesidad de ellas, con lo que queda garantizada a plenitud la libertad de expresión de todo pensamiento ciudadano, así como el respeto a las garantías individuales.

Por lo tanto no existió mejor homenaje a la memoria de la Generación de la Reforma, irrepetible hasta la fecha, que rindiera el Presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, a la muerte del Benemérito Benito Juárez, que incorporar al conjunto de la Carta Magna las Leyes de Reforma, el 25 de septiembre de 1873, fecha señalada que hoy traemos a la consideración de esta soberanía.

Recuerdo que significa para los miembros del grupo parlamentario de Convergencia un punto de partida para identificarnos con claridad ideológica laica, frente a los titubeos de confusión o ambigüedad que observamos en algunos momentos actuales de nuestra vida pública. Por todo ello, siempre es grato remontarnos a los momentos luminosos de las hazañas que realizaron mujeres y hombres de nuestra memoria histórica. Muchas gracias.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Efemérides con motivo del ingreso de México a la Sociedad de las Naciones, el 9 de septiembre de 1931, a solicitud del grupo parlamentario de Convergencia

Con el permiso de la Presidencia:

Señoras y señores legisladores:

Saludamos fraternalmente al excelentísimo señor Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien en estos días visita nuestro país. La ONU tiene como antecedente la Sociedad de las Naciones, cuyo ingreso de México fue el 9 de septiembre de 1931.

De esa manera quedaba sellado una vez más el internacionalismo constitucional de los mexicanos. Desde entonces siempre nos hemos acogido a las instituciones que la humanidad se ha dado para sujetar todos los diferendos a las resoluciones del derecho internacional.

Fue de ese modo como supimos ser solidarios contra la invasión a Etiopía por las fuerzas del fascismo expansionista. Asimismo, como estuvimos al lado del pueblo español asaeteado por el contubernio franquista con el nazismo prebélico hitleriano, y simultáneamente aliados al fascismo mussoliniano.

A tres cuartos de siglo de aquella Sociedad de las Naciones, la lista de acciones de solidaridad de nuestro pueblo sería interminable. Siempre celosos de nuestra soberanía no hemos tolerado sumisos que el injerencismo en nuestros asuntos internos se realice, con nuestro disimulo contra otros pueblos.

El grupo parlamentario de Convergencia entiende la compatibilidad en las relaciones internacionales, sólo como un rasgo de igualdad, y como una aspiración del ejercicio paradigmático de la concepción juarista inamovible. ``Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al Derecho ajeno es la paz''.

Porque nunca hemos agredido a ninguna nación, es que exigimos idéntico trato. Por las acciones internacionalistas del pueblo mexicano, habla la fecha de aquel ingreso en 1931. En los peores peligros para nuestro país, siempre hemos acudido a las instancias de análisis, discusión y resolución que nos proporciona la legislación internacional, conforme a derecho. Así, en aquella recuperación de un simbólico pedazo de terruño soberano conocido como El Chamizal, y la defensa de nuestros litorales en el mar patrimonial.

Esas posiciones históricas inclusive, nos vuelven exigentes de que sea el multilateralismo plasmado en el espíritu de nuestra Constitución General el que determine nuestra actuación a través del patriotismo de nuestros representantes diplomáticos en todos los foros. Tal y como quedó de manifiesto recientemente durante la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sujetados en todo momento al contenido del artículo 76, párrafo 1, consideramos en el grupo parlamentario de Convergencia el ineludible respeto entre los Poderes de la Unión cuando se trate de las relaciones y tratados internacionales.

Así como en todo momento aplicar las directrices constitucionales, inclusive como firmantes de los compromisos que entraña la Carta de las Naciones Unidas. Para el pueblo de México, como para los miembros del grupo parlamentario de Convergencia la pertenencia de nuestra nación a la ONU queda supeditada al contenido del artículo 89, fracción X, respecto de las facultades del Presidente de la República cuando señala que:

``En la conducción de tal política (la exterior, naturalmente), el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales''.

Estas son las razones predominantes en el contenido singular de nuestros documentos básicos, que al grupo parlamentario de Convergencia le señalan: ``Entendemos la soberanía como nota de dignidad del poder popular en lo interno, y como exigencia de trato igualitario en lo externo''. Creemos que en ese espíritu fue como ingresamos aquel 9 de septiembre de 1931 a la Sociedad de las Naciones, y cuya trayectoria positiva sigue vigente en nuestra pertenencia dinámica en la ONU actual.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 9 de septiembre de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

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AVISOS

Cambios de turno realizados por la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

Con fecha 13 de mayo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, para que comparezca el Director General del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", para que informe sobre el problema de cáncer en los niños, presentada el 20 de abril de 2004. Se turna a las comisiones unidas de Salud y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

TRIBUNALES AGRARIOS

Con fecha 13 de mayo de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa del diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, que reforma los artículos: 27, 94, 97, 100, 101, 105, 107 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 29 de abril de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria.

TARIFAS ELECTRICAS

Con fecha 17 de mayo de 2004, la Mesa Directiva remite a la Comisión de Gobernación, acuerdo del Congreso del estado de Baja California, con el que expresa su respaldo y apoyo a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía remitida por la Cámara de Senadores el 14 de abril de 2003, y se anexe al expediente de la excitativa solicita al 14 de abril pasado.

DISTRITO FEDERAL

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Deuda Pública y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, el 27 de noviembre de 2003. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión del Distrito Federal.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Arturo Nahle García, el 5 de abril de 2004. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

LEY PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TIERRAS

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, presentada por el diputado Antonio Mejía Haro, el 23 de octubre de 2003. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural.

LEY DEL SERVICIO MILITAR

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento y de la Ley del Servicio Militar, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, el 6 de abril de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Atención a Grupos Vulnerables.

NARCOTRÁFICO

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona una segundo párrafo al artículo 204 de la Ley General de Salud, reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 y adiciona un párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María del Carmen Flores, el día 13 de abril de 2004. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva modifica el turno a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 23 de marzo de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Participación Ciudadana, y de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

ARTÍCULOS 14, 73 Y 102 CONSTITUCIONALES

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 14, reforma el párrafo primero y deroga el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 y adiciona un párrafo tercero al artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, el día 18 de marzo de 2004. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento, oficio recibido el 9 de junio pasado, del Congreso del estado de Quintana Roo con el que remite acuerdo por el que se adhiere al del Congreso del estado de Jalisco por el que solicita la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, para que se integre al expediente No. 672, del 4 de febrero de 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva turna a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento, oficio recibido el 9 de junio pasado, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública con el que remite primer informe de actividades 2003-2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8 de la Ley de Planeación y 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública Gubernamental.

ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Francisco Javier Valdéz de Anda, el día 11 de noviembre de 2003. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

JUSTICIA MILITAR

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que deroga la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar y reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, el día 18 de marzo de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el turno dictado a la iniciativa que reforma la denominación del Capítulo I, del Título Primero; adiciona un párrafo cuarto al artículo 1º, los párrafos cuarto y quinto al artículo 17, reforma los artículos 29, 89 fracción X, 103 fracción I; adiciona un párrafo tercero al artículo 113 y un párrafo segundo al artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Eliana García Laguna,el 18 de marzo de 2004. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

CARDENAL POSADAS OCAMPO

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva turna a la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones en el caso del asesinato del Cardenal Posadas Ocampo, oficio recibido el 9 de junio pasado del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo a favor de la integración de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la investigación en el caso del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 13 de diciembre de 2002. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Equidad y Género.

ARTICULO 33 CONSTITUCIONAL

Con fecha 10 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Con fecha 16 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para hacer efectivo el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el extranjero, que remitió el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el día 16 de junio de 2004. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

DISTRITO FEDERAL

Con fecha 22 de junio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Deuda Pública y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, el día 27 de noviembre de 2003. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y del Distrito Federal.

TRABAJO INFANTIL

Con fecha 1 de julio de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones inicie el proceso de ratificación ante el Senado de la República, del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo en términos de los artículos 76, fracción primera, y 133 de la Constitución Política, presentada el 7 de octubre de 2003, por la diputada Angélica de la Peña Gómez. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

LEY DE PLANEACIÓN

Con fecha 1 de julio de 2004, la Mesa Directiva modifica el turno dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, presentada el 22 de abril de 2003. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CÓDIGO PENAL FEDERAL

Con fecha 26 de julio de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, el día 16 de junio de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

CÓDIGO FISCAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Con fecha 23 de agosto de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por la diputada Socorro Díaz Palacios, el día 14 de octubre de 2003. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y Derechos Humanos, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Con fecha 23 de agosto de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que adiciona la fracción VI al artículo 2º y reforma el artículo 3º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada en la LVIII Legislatura por el diputado Juan Carlos Sainz Lozano el 10 de abril de 2003. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL

Con fecha 28 de septiembre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Quintín Vázquez García, el 14 de septiembre del presente año. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal.

DISTRITO FEDERAL

Con fecha 5 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el turno dictado a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y del Gobierno del Distrito Federal, que se finiquite el proceso relativo al Convenio de Coordinación para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta del Distrito Federal, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, el 28 de septiembre de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y del Distrito Federal.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

Con fecha 5 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 10, de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Cruz López Aguilar, el día 29 de septiembre del año en curso. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

Con fecha 5 de octubre de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (reforma los artículos 254 al 261; adiciona los artículos 260-A, 261-A y 261-B, deroga la subdivisión de las secciones primera y segunda, del derecho sobre hidrocarburos y del derecho adicional sobre hidrocarburos, en el Capítulo XII, Hidrocarburos). Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

LEY GENERAL DE SALUD

Con fecha 7 de octubre de 2004, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud (para crear el Banco Nacional de Prótesis, Órtesis y Ayudas Funcionales), presentada por el diputado Omar Bazán Flores, el día 29 de septiembre de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY FEDERAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL

Con fecha 7 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el turno dictado a la iniciativa de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, suscrita por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Manlio Fabio Beltrones Rivera, presentada el 29 de septiembre de 2004. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CÓDIGO PENAL FEDERAL

Con fecha 12 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, el día 16 de junio del año en curso. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Con fecha 12 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona los artículos 201 Bis y 205 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Jesús González Schmal, el día 13 de abril de 2004. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de la Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

ARTICULO 108 CONSTITUCIONAL

Con fecha 14 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (para establecer responsabilidades a todos los servidores públicos), presentada por el diputado José Javier Osorio Salcido, el día 7 de octubre de 2004. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión del Distrito Federal

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Con fecha 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo; presentada por el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, el 27 de abril del presente año. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Con fecha 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Patricia Flores Fuentes (en materia de flexibilidad laboral para los jóvenes estudiantes y para establecer una jornada laboral máxima para todos los trabajadores), el día 27 de abril de 2004. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.

ARTICULOS 4 Y 73 CONSTITUCIONALES

Con fecha 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, el día 21 de septiembre de 2004. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY DE GAS NATURAL DE PROCESO, AMONIACO Y FERTILIZANTES NITROGENADOS

Con fecha 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la iniciativa que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, presentada por el diputado Cruz López Aguilar, el 26 de mayo de 2004. Se turna a las Comisiones de Energía y de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Con fecha 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva modifica el turno dictado a la iniciativa que reforma los artículos 35 y 39 y adiciona los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F a la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2004. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel