DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 26 de octubre de 2004	Sesión No. 17

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 388 diputadas y diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:05 horas): Se abre la sesión.

Sírvanse dar instrucciones para que se cierre el sistema de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia por favor.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 187 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, Benemérito de la Patria, tendrá lugar el 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

De los Congresos de Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Puebla y Querétaro.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Del Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe de evaluación a los fondos y programas, correspondiente al tercer trimestre de 2004, de la Secretaría de Economía, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Dos, por los que se solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en los rubros para los distintos centros penitenciarios del país y en educación para el estado de Quintana Roo. (Turno a Comisión)

Con el que remite comunicación del Congreso del estado de Tabasco por el que se adhiere al del Congreso del estado de Colima para solicitar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 para las universidades públicas. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Dos, que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emilio Chuayffet Chemor, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 41 y adiciona dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de servicios educativos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 3 y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al pago del aguinaldo anual, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de sanciones, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 223 de la Ley Federal de Derechos y 22 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 27, 118 y 131 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para adoptar medidas tecnológicas que eviten el uso y la explotación no autorizada de obras, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Por la que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 35, 37, 42, 43 y 44 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 709, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de justicia laboral pronta y expedita, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de productos de sanidad, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis y VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, cuatro con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, "Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945", al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 21 de abril, "Aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz", al artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo en relación con la proposición por la que se apoya la decisión del Ejecutivo federal de votar a favor de la propuesta de la República de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre las presuntas detenciones arbitrarias en la Base Naval de Estados Unidos de América en Guantánamo.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se expresa el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el Gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica para impedir el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos.

Excitativas

A las Comisiones de Economía, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina, a solicitud del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pronunciarse para que termine el bloqueo contra la nación cubana, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, suscrita por los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se asigne al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal una partida total de 6 mil 500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se clarifiquen el origen, el destino y la cantidad de los recursos asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas y del Gobierno Federal a efecto de que durante el actual proceso electoral no se politicen acciones y programas públicos, a cargo de la diputada Mariaelena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, a cargo de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que revise el ejercicio de recursos federales al gobierno del estado de Durango que concluyó, correspondiente al periodo 1998-2004, a cargo de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, y de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se destine al menos 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al diseño, la instrumentación y la operación de un programa específico que atienda a desplazados internos indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus organismos desconcentrados a regular, en el ámbito de sus atribuciones, el monto de las comisiones que reciben las instituciones del sistema financiero mexicano, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la ley y las resoluciones judiciales, así como a evitar vulnerar derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática de las cajas de ahorro en el estado de Jalisco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión del Sistema de Asignación de Pensiones a los Militares Retirados o Jubilados, con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación realice las gestiones conducentes a esclarecer la donación de la Academia de Policía del municipio de Tehuacán realizada al gobierno del estado de Puebla, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la Ley de Ingresos de la Federación se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticos extranjeros en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios pertinentes para decretar la zona marina situada al norte del parque nacional Isla Contoy, al noroeste del área de protección de la flora y fauna de Yum Balam, como área natural protegida, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y a la Semarnat a investigar la muerte de 24 delfines y 74 tortugas en las costas de Campeche, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 recursos adicionales destinados a prevenir y combatir el VIH-sida, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, al gobierno del estado de Tamaulipas y al municipio de Matamoros a revisar si la instalación de un relleno sanitario en dicha localidad cumple las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados solicite al director de Pemex un informe detallado sobre el proceso de baja y contratación de 16 buques tanque, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique la política que está implantando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que, en el ámbito de su competencia y en el marco del análisis legislativo, la Cámara de Diputados inicie los trabajos correspondientes para que se elaboren de manera urgente las reformas laboral y fiscal que el país necesita, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación al espionaje, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca una investigación exhaustiva y el castigo de los responsables de las agresiones físicas contra los voceadores de la ciudad de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a secretario de Gobernación a sujetar su conducta estrictamente al marco de la legalidad, suscrita por los diputados María del Consuelo Rodríguez de Alba y Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República a emitir en la reunión de la ONU por celebrarse el 21 y 22 de octubre del año en curso un voto en favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y trasplante nuclear con fines de investigación y terapéuticos, y a votar contra la clonación con propósitos reproductivos y eugenésicos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla a esclarecer la intervención indebida de los delegados federales en dicha entidad y la aportación ilegal de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional; y al Poder Ejecutivo federal, a suspender los actos directos e indirectos que favorezcan ese partido, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno y al Congreso de Yucatán a emprender acciones encaminadas a la transparencia, legalidad y equidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a los municipios, a cargo de la diputada Marbella Casanova Calam, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para enviar una enérgica amonestación al secretario de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto a la situación de los indígenas detenidos en el Centro de Readaptación Social de Puebla y en la prisión de Tetela de Ocampo, en la misma entidad, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se reasigne el presupuesto del Instituto de Mexicanos en el Exterior y se mantengan los 130 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de 2004, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Trife, a la Fepade y a la PGR a agilizar el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el gobierno y el Instituto Electoral del Estado de Chiapas durante el proceso electoral local, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para rendir un homenaje y entregar un reconocimiento a los atletas mexicanos Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara incluya en las normas sustantivas de la Ley del Impuesto sobre la Renta la regulación de las facilidades administrativas en el pago de los impuestos provenientes del extranjero, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a distribuir de manera inmediata entre las entidades federativas los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a cumplir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 el incremento porcentual anual considerado en el artículo transitorio segundo del decreto que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos costeros del país a cumplir el Programa Nacional de Turismo 2000-2006, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se aprueba extender hasta el 30 de octubre de 2005 la vigencia del Grupo de Trabajo para la Evaluación de los Programas Gubernamentales Sujetos a Reglas de Operación, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que omita impulsar la candidatura del C. Ernesto Zedillo Ponce de León al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan opinión y recomendaciones de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Ecología, y de Desarrollo Social respecto al impacto que en sus ámbitos de competencia puede tener la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable al gas licuado de petróleo para la combustión automotriz, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública para poner en operación con la mayor brevedad el Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa, a cargo del diputado Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía que simplifiquen, clarifiquen y publiquen los requisitos y la documentación necesarios, y agilicen la realización de trámites y reduzcan tiempos para la importación de vehículos y equipos donados destinados a seguridad pública, protección civil y bomberos, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se compromete a no reducir los recursos destinados a educación, cultura, ciencia y tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y a incrementar sustancialmente el gasto en esos tres sectores, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que en la elaboración del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se estudie la pertinencia de otorgar estímulos fiscales sobre el IVA y el IEPS a los contribuyentes que promuevan y fomenten la cultura física y el deporte, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar el artículo 12 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión de trabajo que verifique las obras realizadas por la empresa Gas Natural de México referentes al diseño, introducción, instalación y operación de redes de distribución y suministro de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se aumente la partida correspondiente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte etiquetada para programas de la Conade que impulsen el desarrollo de la cultura física y el deporte en los municipios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sagarpa que fije el ingreso objetivo a la tonelada de maíz que se comercializa en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a ejecutar en Altamira, Tamaulipas, el megaproyecto petroquímico Fénix, suscrita por los diputados Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que también ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiuno de octubre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos quince diputadas y diputados, a las diez horas con tres minutos del jueves veintiuno de octubre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua con acuerdo por el que solicita que se destine el ocho por ciento del producto interno bruto al gasto educativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Congreso del estado de Chihuahua remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cincuenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

La Cámara de Senadores remite iniciativa que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete constitucional en el ramo del Petróleo, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Luis Alberto Rico Samaniego, del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone cambios en la Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones. Se aprueba en votación económica.

La Cámara de Senadores remite:

Cuatro puntos de acuerdo por los que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se incrementen los recursos a la población de adultos mayores, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Programa Hábitat, a la ciencia y tecnología y a la educación agrícola superior. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Solicitud de excitativa en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las comisiones de Gobernación, de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

Seis oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados: para que se realicen auditorías ambientales a las plataformas petroleras ubicadas en la Sonda de Campeche, en relación con la Norma Oficial Mexicana relativa a la disposición final de los residuos sólidos municipales y para salvaguardar la comunidad coralina conocida como Los Jardines, en Playa del Carmen, Quintana Roo, que se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al promovente, para su conocimiento; para decretar el Día Nacional del Bracero y para que se liberen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias en diversos municipios del estado de Nuevo León y en el municipio de Ahome, Sinaloa, que se turnan a la Comisión de Gobernación.

La Cámara de Senadores remite siete minutas proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a igual número de ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas: Francesa, Federativa de Brasil, de Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, así como la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Julio César Córdova Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología; reforma el artículo tercero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y adiciona los artículos veinticinco -- A a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y octavo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de combate a la corrupción, y es interrumpido por el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien desde su curul solicita aclaraciones sobre la iniciativa de referencia, que la Presidenta hace. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

María del Rosario Herrera Ascencio, a nombre propio y de los diputados: Tomás Cruz Martínez, Martha Lucía Mícher Camarena, Pascual Sigala Páez, Omar Ortega Álvarez y Miguel Luna Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento quince y adiciona los artículos ochenta y dos y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Francisco Luis Monárrez Rincón, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional; y Belizario Iram Herrera Solís, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un Título Tercero - A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los artículos noventa y cinco del Código Fiscal de la Federación y trescientos ochenta y nueve bis -- A al Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y Derechos Humanos y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las facultades de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona el artículo octavo de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Raúl José Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y cuatro y setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y octavo, treinta y setenta y cuatro de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo y veintitrés de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de derechos sexuales y reproductivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Equidad y Género, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, atendida por la Presidencia.

La Presidenta informa de la presencia en el recinto de un grupo de parlamentarios de la República de Guatemala y les da la bienvenida.

Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cincuenta y seis y adiciona los artículos ciento treinta y cuatro bis y ciento treinta y cuatro ter al Código Civil Federal. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Salud.

José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley Aduanera, en materia de recepción de donaciones. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional del Federalismo.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Gobernación.

Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de secuestro.Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, deroga el segundo párrafo del artículo cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos quinto y décimo de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo cincuenta y dos del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo, treinta y tres, sesenta y nueve, setenta y setenta y dos de la Ley General de Educación.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Desde su curul el diputado Víctor Ernesto González Huerta, del Partido Revolucionario Institucional, solicita verificar el quórum y el Presidente instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Alfonso Rodríguez Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos catorce y veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. La Secretaría informa del registro de trescientos cincuenta y siete diputados y diputados, confirmándose la existencia de quórum.

Guillermo Huízar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, dos, la primera que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la segunda que reforma los artículos treinta y dos -- A, doscientos ocho y doscientos nueve del Código Fiscal de la Federación. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con Letras de Oro en los Muros de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Pastor Rouaix Méndez. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuatrocientos veinte del Código Penal Federal y ciento veintidós de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo diecisiete de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma la fracción sexta del artículo segundo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que adiciona la fecha dos de mayo, Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón doscientos uno en mil novecientos cuarenta y cinco, al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que adiciona la fecha del veintiuno de abril, Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz, al artículo dieciocho, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos veintitrés del Código Penal Federal. Es de segunda lectura. Hablan en contra la diputada Eliana García Laguna y el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: doscientos ochenta y nueve votos en pro, setenta y cinco en contra y doce abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos veintitrés del Código Penal Federal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y tercero de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Es de segunda lectura. El Presidente informa de la recepción del posicionamiento en pro de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, e instruye su inserción en el Diario de los Debates. Sin nadie que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y un votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos noventa y siete, fracción cuarta, y noventa y nueve, último párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de segunda lectura. El Presidente informa que se han inscrito para hablar en contra los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, y concede la palabra al primero, quien es advertido por la Presidencia que su intervención no se corresponde con el dictamen a discusión. El diputado Gutiérrez de la Garza hace aclaraciones y atribuye la confusión a errores en la publicación en la Gaceta Parlamentaria de dos dictámenes con proyectos de decreto que reforman la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declinando el uso de la palabra. También declina por la misma razón el diputado González Schmal. El Presidente ofrece disculpas por los errores señalados, aclarando que no son de su responsabilidad. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto de referencia en lo general y en lo particular por trescientos setenta y dos votos en pro y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa que la Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del dos al seis de noviembre de dos mil cuatro, a efecto de realizar una visita de trabajo a la República de Panamá y participar en la décima octava Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil; así como el diecinueve de noviembre del mismo año, para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en San José de Costa Rica. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente informa del sensible fallecimiento del ciudadano Álvaro Vallarta Ceceña, quien fuera senador de la República en las legislaturas Quincuagésima Sexta y Quincuagésima Séptima y diputado federal en la Quincuagésima Octava Legislatura, y la Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con cuatro minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes veintiséis de octubre de dos mil cuatro a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Proceda entonces la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

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VISITANTES EXTRANJEROS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: La Presidencia de la Mesa Directiva participa a la Asamblea de la muy distinguida visita a la Cámara de Diputados del señor Philippe Kirsch, presidente de la Corte Penal Internacional, a quien le damos la más cordial bienvenida.

Le deseamos también que su estancia en nuestro país sea fructífera y todo éxito en las reuniones de trabajo que sostendrá con diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Bienvenido nuevamente.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Comunicaciones.

«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXVII (187) aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, Benemérito de la Patria, el próximo miércoles 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán al acto cívico de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angélica Barona del Valle, Directora de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Lilia Aragón, Ernesto Herrera Tovar y Nancy Cárdenas Sánchez.

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ESTADO DE COAHUILA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión celebrada el 21 de septiembre de 2004, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre ``la Bandera de la Paz'', la cual fue planteada por la diputada Latiffe Burciaga Neme, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, la propia Diputación Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:

Primero. Que se envíe una atenta invitación a las Legislaturas de los estados para que tengan a bien adherirse al Comité Internacional de la Bandera de la Paz y promover este tipo de programas en sus entidades federativas.

Segundo. Que el Congreso del estado envíe una atenta invitación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con la finalidad de exhortarlas a que se adhieran al Comité Internacional de la Bandera de la Paz.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso, se comunica este punto de acuerdo a esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes, por lo que se refiere a lo consignado en el apartado segundo del mismo.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 22 de septiembre de 2004.--- Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Punto de acuerdo, que presenta la diputada Latiffe Burciaga Neme, del grupo parlamentario Luis Donaldo Colosio Murrieta, del Partido Revolucionario Institucional, referente a la Bandera de la Paz.

Diputado Felipe Mery Ayup, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Coahuila.--- Presente.

Desde el principio de los tiempos, siempre han existido las guerras que han causado desolación y miseria a millones de seres humanos, justificándose en muchos de los casos por la supervivencia de los pueblos, algunas veces por el alimento, otras por la tierra, por la religión, pero casi siempre por el poder económico, el poder político y el segregacionismo étnico o racial.

Pero también ha habido guerras por la intolerancia del ser humano. En estos últimos años nos hemos dado cuenta de esa intolerancia, pudiendo citar un sinnúmero de guerras que, con razón o sin ella, se han llevado a cabo. Ahora otro flagelo de la humanidad aparece: el terrorismo, en el cual estamos inmersos. Por citar sólo dos casos espectaculares: el del 11 de septiembre, contra las Torres Gemelas de Nueva York; y el 11 de marzo, en España, pero diariamente en el Medio Oriente, en Europa, en Asia, en América Latina, el terrorismo ha dejado una estela de horror y desolación por todo el mundo.

Pero no solamente estamos hablando de la guerra y el terrorismo como una forma de violencia, también queremos mencionar los asesinatos a sangre fría, el narcotráfico, la delincuencia en general y, ¿por qué no decirlo?, de la violencia en nuestros hogares, que ello puede ser el inicio de todo lo anterior.

La intolerancia, el rencor y el rechazo hacia los demás generan violencia y ésta, a su vez, genera más violencia. Es un círculo vicioso que no hemos podido romper a pesar de los nubarrones que se vislumbran en nuestro panorama. Sin embargo, ha habido manifestaciones de lucha por la paz, y la historia nos dice que a principios del siglo pasado el profesor ruso Nicolás Roerich creó la Bandera de la Paz, con el fin de proteger los tesoros del genio humano, estableciendo que las instituciones educativas, científicas y religiosas, así como los lugares de relevancia cultural, debían ser declaradas inviolables y respetadas por todas las naciones tanto en tiempos de guerra como en la paz.

Pero no fue hasta el 15 de abril de 1935 que el Pacto Roerich fue firmado en la Casa Blanca en presencia del Presidente Franklin Delano Roosevelt y por representantes de 21 gobiernos de América Latina donde se listaba a México. Sin embargo, los principios de dicho pacto no fueron adoptados por la UNESCO hasta 1954. Esto significó una mejora de las condiciones mundiales, ya que representó un sendero y un llamado a la unidad internacional y a la paz mundial. Este tratado quedó abierto a la adhesión de todos los países del mundo y generó un movimiento universal en busca de la unidad global y rescató los valores y logros de la creatividad humana.

En el presente y luego de la Segunda Guerra Mundial su significado cobra más valor preservando el derecho universal para la elección de los pueblos de la tierra a vivir en paz, incluyendo los valores humanos, que ayudarán a conservar la vida misma en nuestro planeta.

Esta corriente de pensamiento de Roerich no representa ninguna religión ni ideología política. Su mensaje es de integración y de paz, con el objetivo fundamental de llegar a la unidad en la diversidad. Su labor principal consiste en difundir y dar a conocer el mensaje de que los conflictos de guerra se pueden evitar siguiendo sus principios de la Bandera de la Paz.

Actualmente, 75 países la han reconocido en el plano oficial, por medio de acuerdos internacionales. Ésta se entrega en emotivas ceremonias a las instituciones que se han distinguido por su labor en favor de la paz o que desean comprometerse a trabajar por ella en cualquiera de sus múltiples formas.

Por eso es importante insistir y seguir insistiendo en una cultura de la paz, la que todo ser humano anhela, pero la cultura de la paz tiene que ser primeramente en nuestro hogar, en torno de la familia, en las escuelas, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en todo el mundo.

El gobierno del estado de Coahuila recibió la Bandera de la Paz de la ONG y la ONU. Posteriormente, mediante Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Educación Pública, se creó el programa Juntos Construimos la Paz, donde se busca cambiar la cultura de la violencia por la de la paz y que se refleje directamente en nuestra sociedad.

Este programa busca lograr una cultura de paz que surja como un cambio de actitud ante la problemática de violencia en todas sus expresiones que vivimos a diario. Consiste en que cada día un niño en el salón de clases es elegido para construir la paz entre los compañeros y se le distingue con un botón que lleva sobre el corazón. Este niño es el mediador y protector de la paz y tiene a su cuidado la convivencia entre los compañeros y resuelve problemas entre ellos promoviendo la armonía.

A través de este programa el niño se convierte en mediador de los conflictos y promueve la paz no sólo en el salón de clases y en la escuela, sino también con los amigos y la familia, llegando el mensaje hasta los papás, reflejándose directamente en nuestra sociedad, cambiando la violencia por la paz.

Uno de los elementos primordiales del programa Juntos Construimos la Paz es su bandera, la cual se entrega en cada institución educativa y está visible para todos los miembros. Simboliza el cuidado, respeto y compromiso de los objetivos del programa. Ésta es una nueva forma de vida que nos ofrece la oportunidad de eliminar robos, guerras, discriminación, drogas, delincuencia... En fin, la violencia.

Hasta la fecha se han entregado 400 banderas itinerantes en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria y 38 Banderas de la Paz a las presidentas de los DIF municipales en el estado, así como a la casa del pensionado región sur y al primer centro de inglés para niños, adolescentes y adultos, quienes a su vez se comprometieron a cumplir los significados del Símbolo Arcano de la Paz: ``Quiero, puedo y soy pacífico''.

Quiero destacar que el estado de Coahuila es el único de la República Mexicana que trabaja en la cultura de la paz. Está sembrada la semilla de la paz en Coahuila y ha de fructificar, dado que grandes inteligencias y generosos corazones se encargan ya de su cuidado. Por esa razón, compañeros diputados, propongo ante ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se envíe un atento escrito a la Secretaría de Educación Pública federal adjuntando el programa Juntos Construimos la Paz, con el fin de que se evalúe y analice su inclusión en los programas nacionales de educación.

Segundo. Que se envíe una atenta invitación a las Legislaturas de los estados para que tengan a bien apoyar y promover este tipo de programas en sus entidades federativas, así como exhortarlos adherirse al Comité Internacional de la Bandera de la Paz.

Tercero. Que el Congreso del estado de Coahuila envíe un atento escrito al Congreso de la Unión, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, así como a las Comisiones de Educación, y de Cultura de la Cámara de Senadores, con la finalidad de exhortarlas a que se haga extensivo este tipo de programas en la educación básica nacional.

Atentamente.

Democracia y Justicia Social

Saltillo Coahuila, a 21 de septiembre de 2004.--- Por el Grupo Parlamentario Luis Donaldo Colosio Murrieta del Partido Revolucionario Institucional, Dip. Latiffe Eloísa Burciaga Neme.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para su conocimiento.

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ESTADO DE GUANAJUATO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del estado de Guanajuato.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Para los efectos conducentes y con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos remitirle el acuerdo aprobado en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, así como sus consideraciones, mediante el cual se crea una Comisión Especial para dar seguimiento a los acuerdos derivados de la Convención Nacional Hacendaria.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Gto., a 7 de octubre de 2004.--- Dip. Alberto Cano Estrada (rúbrica), Secretario; Dip. Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Secretario»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del estado de Guanajuato.

Acuerdo

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Primero.- La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de Guanajuato acuerda crear, con carácter de especial y transitorio, una Comisión plural integrada por los diputados Humberto Andrade Quesada, Carlos Ernesto Scheffler Ramos, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mario Aguilar Camarillo, y la diputada María de la Consolación Castañón Márquez, el primero como Presidente y la última como secretaria, para el seguimiento de las propuestas generadas por los trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria.

Segundo.- El objeto de la Comisión Especial será:

a) Ser la instancia de coadyuvancia con el Ejecutivo del estado, de las acciones que se propongan en el ámbito de sus respectivas competencias, para celebrar los acuerdos o convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos de la Federación, los de los estados y, en su caso, con los municipios de la entidad, que sean necesarios para el fortalecimiento de las haciendas públicas estatal y de los municipios;

b) Ser el vínculo del Congreso del estado, en coordinación con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ante la Conferencia Mexicana de Congresos y Legislaturas Estatales, para impulsar las propuestas legislativas ante el Congreso de la Unión como entre las Legislaturas locales, que sean conducentes al logro de los resultados derivados de la Primera Convención Nacional Hacendaria;

c) Dar seguimiento a las iniciativas que se sometan a la consideración del Congreso de la Unión, tendientes a la consolidación de un nuevo federalismo hacendario integral, por las que se fortalezcan las haciendas públicas y se consoliden las potestades tributarias de los estados y los municipios;

d) Estudiar y analizar las propuestas tendientes a fortalecer la autonomía financiera y hacendaria del Estado y los municipios; y

e) Proponer las iniciativas de reformas y de nuevas leyes que sean pertinentes para eficientar el sistema de recaudación y la modernización y simplificación administrativas y la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas.

Tercero.- El Pleno acordará la extinción de la Comisión Especial cuando haya cumplido con el objeto para el cual fue creada. La Comisión Especial, por conducto de su Presidente, rendirá anualmente un informe al Pleno de las acciones que haya realizado en cumplimiento al presente acuerdo.

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del estado, a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, a la Asamblea Legislativa y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los gobernadores de los estados, a los presidentes de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, al presidente del Consejo Consultivo de la Confederación Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales y al presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México.

Guanajuato, Gto., a 7 de octubre de 2004.--- Dip. Juan Alcocer Flores (rúbrica), Presidente; Dip. Alberto Cano Estrada (rúbrica), Secretario; Dip. Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadano diputado Juan Alcocer Flores, Presidente del Congreso del Estado.--- Presente.

Los que suscribimos, diputada y diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II y 57 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 58, 59, fracciones IV y V, 83, 146 fracción II y 184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la presente propuesta de punto de acuerdo para crear una Comisión Especial para el Seguimiento de las propuestas derivadas de los trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Conscientes de la necesidad impostergable de vigorizar el Sistema Hacendario Nacional, el Ejecutivo federal, los gobernadores de las 31 entidades y federativas y el jefe de Gobierno del Distrito Federal emitieron el 20 de agosto de 2003 la "Declaración de Cuatro Ciénegas" por la que se expidió, la convocatoria a la Primera Convención Nacional Hacendaria; proceso al que se incorporaron los legisladores locales y federales, así como los municipios del país.

La Convención Nacional Hacendaria surgió como un mecanismo de diálogo y acuerdo entre los poderes ejecutivos federal; locales y municipales, así como entre éstos y el Congreso de la Unión, los congresos locales y la sociedad. De conformidad con las premisas que guiaron a sus convocantes, la Convención tuvo por objeto que los tres órdenes de gobierno analizaran los aspectos vinculados con el ingreso público, el gasto, el manejo de la deuda y el patrimonio públicos, los mecanismos tendientes a la modernización y simplificación administrativa de sus haciendas y procedimientos, la coordinación y la colaboración intergubernamentales, así como los mecanismos que reforzaran la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

En el mes de octubre del año de 2002, a impulso del Congreso del estado de Puebla, se constituyó un organismo nacional al servicio de los congresos estatales, denominado Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, contando inicialmente con la participación de 27 congresos locales.

Mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2003, el pleno del Congreso del estado resolvió participar como miembro de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, instruyéndose para tal efecto a la Comisión de Régimen Interno para que estableciera los vínculos necesarios para tal participación. Así también, se le instruyó para que en coordinación con la Comisión de Hacienda y Revisora de la Contaduría Mayor de Hacienda dieran seguimiento a los trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria.

El 5 de febrero del año en curso, en Juriquilla, Querétaro, se materializó el acuerdo nacional para llevar a cabo la Primera Convención Nacional Hacendaria, concebida como una reunión republicana, democrática y participativa, cuya convocatoria fue suscrita por el Ejecutivo federal, los gobernadores de los Estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes de las organizaciones que conforman la Conferencia Nacional de Municipios de México. Por el honorable Congreso de la Unión, la suscribieron los presidentes de cada una de las cámaras; los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de cada una de ellas, y el presidente del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales.

Los trabajos desarrollados por la Convención Nacional Hacendaria se realizaron en 4 fases: la primera consistente en los trabajos preparatorios; la segunda fase que se verificó con la sesión plenaria de inauguración e instalación de mesas de análisis y propuestas; la tercera fase que comprendió el periodo de ejecución de trabajos y elaboración de propuestas y la cuarta fase consistente en la sesión plenaria de conclusiones y clausura.

Se instalaron 7 mesas de análisis y propuestas correspondientes a cada uno de los temas contemplados en la convocatoria: Gasto Público, Ingresos, Deuda Pública, Patrimonio Público, Modernización y Simplificación de la Administración Hacendaria, Colaboración y Coordinación lntergubernamentales y Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Se realizaron 437 reuniones de trabajo de los distintos órganos que conformaron la Convención Nacional Hacendaria; así como 39 reuniones realizadas por los estados, los municipios y otras instituciones, en los que participaron gobernadores, presidentes municipales, funcionarios estatales y municipales, legisladores locales, así como diversos sectores académicos, profesionales y empresariales representativos en los Estados y Municipios.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos de la Convención se recibieron 451 documentos de los participantes y coadyuvantes de este evento, cuyas aportaciones y propuestas sumaron más de 3000 ideas de cambio. Como resultado de sus trabajos, las Mesas de Análisis y Propuestas generaron 341 propuestas ejecutivas repartidas en los 7 temas contemplados en la convocatoria.

El 17 de agosto del año en curso se llevó a cabo la sesión final de clausura en el Palacio Nacional, con la participación del Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, representantes del Poder Judicial de la Federación, legisladores federales y locales, presidentes municipales, funcionarios hacendarios de los 3 ámbitos de gobierno y otras personalidades.

Como se establece en la Cláusula Decimoctava de la Declaratoria suscrita en esa fecha por los participantes de la Primera Convención Nacional Hacendaria, ésta se concibe como la primera etapa de un proceso que habrá de continuar hasta concluirlos compromisos y proyectos de cambio emanados de ella, por lo que resulta indispensable instrumentar mecanismos de seguimiento necesarios para llevar hasta sus últimas consecuencias las propuestas planteadas.

Los cauces por los que se encaminarán los resultados de la Convención Nacional Hacendaria, que representaron un esfuerzo de los 3 ámbitos de gobierno y de la sociedad civil, se traducirán en diferentes tipos de propuestas: a) aquellas que por la vía de un proceso administrativo o de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno apoyen el mejor desempeño de las haciendas públicas federal, estatal y municipal, y b) Aquellas que requerirán ser encauzadas como iniciativas legislativas ante el honorable Congreso de la Unión y las Legislaturas locales, según corresponda.

El Congreso del Estado de Guanajuato, al haberse sumado con decisión a las tareas emprendidas por todos los actores involucrados para el logro de los objetivos perseguidos por la Convención, debe ahora empeñarse en la búsqueda de que las propuestas generadas sean elevadas ante las instancias competentes para que se traduzcan en medidas concretas y eficaces que redunden en el fortalecimiento de las haciendas públicas de los 3 órdenes de gobierno como en la construcción de un auténtico federalismo fiscal.

Como ha quedado asentado, corresponde ahora realizar las acciones necesarias para que se materialice el cúmulo de propuestas aportadas por los participantes de la convención. Dicha materialización implicará la necesaria proposición de iniciativas de carácter constitucional como legal, ya sea ante el Congreso de la Unión como ante las Legislaturas de los estados. El Congreso o del Estado de Guanajuato debe estar atento a los resultados que produzcan las propuestas generadas por la convención; no sólo atestiguando y apoyando las acciones que se emprendan a nivel federal, sino también siendo actor decidido en este proceso de renovación del marco hacendario nacional.

Como parte integrante del Poder Constituyente Permanente Federal y como instancia a la que en el ámbito de nuestra competencia legislativa local, le corresponderá proveer a la aprobación de las reformas que hagan asequibles los propósitos que animaron este esfuerzo de coordinación y participación, al Congreso del Estado de Guanajuato le toca ahora seguir impulsando hasta su aprobación, las reformas al Marco Jurídico que sean indispensables.

Por lo anterior, consideramos necesaria la creación de una Comisión Especial, de integración plural, en la que estén representadas todas las fuerzas políticas con sede en esta Asamblea, cuyo objeto sea precisamente el de dar seguimiento a los esfuerzos que se realicen tanto en el Congreso de la Unión, en las instancias nacionales de coordinación fiscal como ante el Ejecutivo del Estado, para culminar con éxito los esfuerzos realizados hasta ahora y que tengan como resultado la aprobación de las adecuaciones constitucionales y legales coherentes a la necesidad de un nuevo arreglo hacendario entre los 3 mbitos de gobierno del país.

La y los suscritos consideramos que esta Comisión Especial cuya creación se propone, sería la instancia adecuada de coordinación, seguimiento y coadyuvancia con los Ejecutivos federal y del Estado, el honorable Congreso de la Unión, las legislaturas locales y las autoridades municipales, para impulsar las proposiciones legislativas atinentes para la construcción de una reforma hacendaria que genere una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los 3 órdenes de gobierno, que conlleve al fortalecimiento de sus haciendas públicas y a la solidez financiera del país, como estrategias necesarias para el crecimiento económico y el desarrollo equilibrado del país y del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente

Acuerdo

Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato acuerda crear; con carácter de especial y transitorio, una comisión plural integrada por los diputados Humberto Andrade Quesada, Carlos Ernesto Scheffler Ramos, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mario Aguilar Camarillo y la diputada María de la Consolación Castañón Márquez, el primero como presidente y la última como secretaria, para el seguimiento de las propuestas generadas por los trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será:

a) Ser la instancia de coadyuvancia con el Ejecutivo del Estado, de las acciones que se propongan en el ámbito de sus respectivas competencias, para celebrar los acuerdos o convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos de la Federación, los de los Estados y, en su caso, con los municipios de la entidad, que sean necesarios para el fortalecimiento de las haciendas públicas estatal y de los municipios;

b) Ser el vínculo del Congreso del Estado, en coordinación con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ante la Conferencia Mexicana de Congresos y Legislaturas Estatales, para impulsar las propuestas legislativas ante el Congreso de la Unión como entre las legislaturas locales, que sean conducentes al logro de los resultados derivados de la Primera Convención Nacional Hacendaria;

c) Dar seguimiento a las iniciativas que se sometan a la consideración del Congreso de la Unión, tendientes a la consolidación de un nuevo federalismo hacendario integral, por las que se fortalezcan las haciendas públicas y se consoliden las potestades tributarias de los estados y los municipios;

d) Estudiar y analizar las propuestas tendientes a fortalecer la autonomía financiera y hacendaria del Estado y los municipios, y

e) Proponer las iniciativas de reformas y de nuevas leyes que sean pertinentes para eficientar el sistema de recaudación y la modernización y simplificación administrativas y la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas.

Tercero. El pleno acordará la extinción de la Comisión Especial cuan haya cumplido con objeto para el cuál fue creada. La Comisión Especial, por conducto de su Presidente, rendirá anualmente un informe al pleno de las acciones que haya realizado en cumplimiento al presente acuerdo.

Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado, a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los gobernadores de los estados, a los presidentes de las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, al Presidente del Consejo Consultivo de la Confederación Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales y al Presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México.

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de octubre de 2004.--- La diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política: J. Nabor Centeno Castro, José Huerta Aboytes, Carolina Contreras Pérez, Alejandro García Sainz Arena y Mario Aguilar Camarillo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVII Legislatura.

C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Para conocimiento de los ciudadanos legisladores, me permito comunicarles la aprobación del acuerdo número 113, mediante el cual la Vigésima Séptima Legislatura al H. Congreso del estado de Nayarit, solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, los recursos asignados dentro del Ramo 33 correspondiente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; se incremente de un 25% a un 30%, con el objeto de privilegiar el apoyo destinado a las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras.

En virtud de lo anterior y de conformidad al articulo segundo transitorio del referido acuerdo, remito a esa soberanía copia simple para sus efectos correspondientes.

Sin otro particular, reciban ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, septiembre 24 de 2004.--- Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.

Acuerdo número 113

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVII Legislatura,

Acuerda

Solicitar al Congreso de la Unión que para el ejercicio fiscal del año 2005 el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 33 considere como mínimo el 30% de este recurso para las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras.

Primero.- La Vigésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que para el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, los recursos asignados dentro del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se incrementen de un 25% a un 30%, con el objeto de privilegiar el apoyo destinado a las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras.

Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y solicítese a los Congresos locales su adhesión y apoyo en los mismos términos.

Transitorio

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso.

Dado en la Sala de Sesiones ``Lic. Benito Juárez García'' del H. Congreso del estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Abad Cervantes Zurita (rúbrica), Presidente; Dip. Enrique Mejía Pérez (rúbrica), Secretario; Dip. José Antonio Jiménez González (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.--- XXVII Legislatura.

C. Diputada Graciela Larios Rivas, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo resuelto por el Pleno de la Vigésima Séptima Legislatura al Congreso del estado de Nayarit, remito a usted acuerdo parlamentario número 119, aprobado en sesión pública ordinaria celebrada el 7 de octubre del año en curso, mediante el cual se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que expida el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 7 de octubre de 2004.--- Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Nayarit.

Acuerdo número 119

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVII Legislatura

Acuerda

Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que con la mayor brevedad posible se dicte el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Único. La Vigésima Séptima Legislatura al estado de Nayarit; de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de manera respetuosa solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que tenga a bien expedir el reglamento correspondiente de dicha ley.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria, órgano del Congreso del estado de Nayarit.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo, aprobado por esta Legislatura, al titular del Poder Ejecutivo federal, para los efectos correspondientes.

Tercero. Comuníquese igualmente el presente acuerdo, aprobado, al H. Congreso de la Unión, para su conocimiento.

Dado en la Sala de Sesiones ``Lic. Benito Juárez'' de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los siete días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dip. Abad Cervantes Zurita (rúbrica), Presidente; Dip. Enrique Mejía Pérez (rúbrica), Secretario; Dip. Juan Manuel Mier Pecina (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, para su conocimiento.

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ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LV Legislatura.--- Honorable Congreso del estado de Puebla.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Anexo al presente me permito enviar a usted punto de acuerdo aprobado en sesión pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso del estado de Puebla celebrada con esta fecha. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2004.--- Dip. Armando Pascual Herrera Guzmán (rúbrica), Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LV Legislatura.--- Honorable Congreso del estado de Puebla.

Comisión Permanente del honorable Quincuagésimo Quinto Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública de la Comisión Permanente, los ciudadanos diputados miembros de la misma tuvieron a bien aprobar el acuerdo, propuesto por los grupos parlamentarios de los Partidos de Convergencia, del Trabajo, y Revolucionario Institucional, integrantes de la Quincuagésimo Quinta Legislatura del honorable Congreso del estado, por virtud del cual se exhorta al Ejecutivo federal para que por su conducto haga del conocimiento el presente a las dependencias y delegaciones del Gobierno Federal en nuestra entidad federativa, al Ejecutivo estatal y a los doscientos diecisiete ayuntamientos de la entidad, para que durante los treinta días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el estado de Puebla, con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.

Que la democracia se ha vuelto el modelo de realización de la sociedad política, en tanto su actualización supone el desenvolvimiento y desarrollo de los intereses comunes de quienes la forman.

Que la consolidación de la participación política mediante el sufragio y la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la implantación de la democracia representativa como instrumento de organización del poder, son condiciones insustituibles para la existencia del modelo político que los poblanos hemos propuesto a la nación.

Que las elecciones son hoy día la única vía legal y legítima de acceso al poder político, en las que el ciudadano decide con su voto a quién designa la tarea de gobernarlo y constituye la forma mediante la cual se lleva a cabo la renovación de sus representantes populares en los Estados democráticos.

Que nuestra entidad federativa en este momento se encuentra en proceso electoral, en virtud del cual se renovarán los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los doscientos diecisiete ayuntamientos de la entidad.

Que durante las elecciones debe privilegiarse la cultura política en que se destaque el comportamiento de los candidatos y de los electores, los contenidos y el medio en que se desarrollan las contiendas electorales, así como en los medios válidos para hacer campaña.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que es esencia de la democracia privilegiar la competencia electoral, si aceptamos que ésta es un sistema para llegar a decisiones políticas, en la que los ciudadanos adquieren el poder de decidir, por medio de una lucha competitiva de los candidatos por el voto ciudadano.

Dada la importancia política de las campañas electorales, la mayoría de las legislaciones electorales contiene disposiciones específicas y detalladas al respecto: no sólo las campañas electorales son definidas con precisión, sino que también se determina su duración y, de manera expresa, se señalan las fechas de inicio y término, así como las actividades que pueden llevarse a cabo durante las mismas.

Que en razón de que los medios de comunicación son un instrumento para la difusión masiva de las obras públicas gubernamentales, pueden utilizarse como un método publicitario, por lo que podrían ser considerados --especialmente durante los días previos a la realización de los comicios electorales-- método inductivo u orientador del sentido del sufragio ciudadano.

Por ello resulta conveniente que, con el propósito de propiciar un ambiente electoral equitativo y abrir espacios más amplios de reflexión a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones electorales, los diputados firmantes solicitamos que se exhorte al Gobierno Federal y al estatal, y a los doscientos diecisiete ayuntamientos de la entidad que durante los treinta días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el estado de Puebla, con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Puebla; y 93, fracción VI, y 128 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo federal para que por su conducto haga del conocimiento el presente a las dependencias y delegaciones del Gobierno Federal en nuestra entidad federativa, al Ejecutivo estatal y a los doscientos diecisiete ayuntamientos de la entidad para que durante los treinta días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el estado de Puebla, con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.

Segundo. Túrnese el presente al Congreso de la Unión para que, en su agenda legislativa, lleve a cabo la revisión y el análisis de las leyes en la materia, a fin de que sean considerados dichos planteamientos que del acuerdo se desprenden.

Tercero. Envíese a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los mismos efectos del resolutivo anterior.

Dado en la Sede del Palacio Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil cuatro.--- Dip. Armando Pascual Herrera Guzmán (rúbrica), Presidente; Dip. José Rodolfo Herrera Charolet (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ESTADO DE QUERETARO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.--- LIV Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracciones V y XII, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión extraordinaria de la Legislatura celebrada el 31 de agosto de 2004 se aprobó el acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión para que atiendan y legislen para la pronta y definitiva solución de los trabajadores mexicanos braceros del periodo 1942-1964, remitiéndole un ejemplar para su conocimiento.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de septiembre de 2004.--- LIV Legislatura del Estado de Querétaro.--- Comisión Permanente.--- Dip. Jorge Arturo Lomelí Noriega (rúbrica), Presidente; Dip. Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Primer Secretario.»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.--- LIV Legislatura.

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41, fracciones III y XXXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, y

Considerando1.- Que es irrefutable y pública la existencia de un número considerable de ciudadanos, principalmente de tipo rural, que emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica, en busca de mejores expectativas y calidad de vida para sí mismos y sus familias.

2.- Que se ha encontrado, que en las actas de su consejo de administración, el Banco de Crédito Agrícola consideró que ``dejan de tener efecto las disposiciones relativas a los descuentos salariales, mismos que constituían el fondo de ahorro de los trabajadores migrantes relacionados con los acuerdos''.

3.- Que reconstruir al detalle qué ocurrió con ese dinero, parece imposible a estas alturas. El informe presentado, precisa que la mayoría de esos braceros nunca recibieron sus ahorros cuando regresaron a México: ``Muchos trabajadores braceros no sabían que el dinero estaba siendo deducido o no fueron informados: Otros por testimonios de familiares intentaron recobrar sus ahorros, pero su intento fue en vano, nunca pudieron recuperar sus ahorros en vida'':

4.- Que se consideró que la indagación de los fondos retenidos, debía circunscribirse al periodo 1942-1964. En busca de algún resarcimiento a los trabajadores que hubieran tenido depósitos en esas fechas, propusieron que el gobierno federal estableciera ``fórmulas de solución conjunta para puntualizar este problema mayúsculo''.

5.- Que además de sus gestiones políticas en México, el grupo Braceroproa presentó en marzo de 2001 una querella colectiva ante la justicia estadounidense. Desafortunadamente, en agosto de 2002, el juez Charles Breyer desechó esa petición, expresando: ``No dudo que muchos de esos trabajadores no hayan recibido sus ahorros a los cuales tenían derecho. La Corte lo comprende, pero había pasado tanto tiempo que no había sustento para esa demanda''.

6.- Que cerradas las vías legales y políticas, la organización ha logrado encabezar un movimiento batallador, afianzado en una causa noble, pero de difícil futuro. Los trabajadores que reclaman aquellos viejos depósitos, deben tener entre 70 y 80 años. Una solución de ética política, como sugiere el informe, podría aliviar las penurias de algunos de esos viejos campesinos, pero sería fundamentalmente simbólica.

7.- Que es un hecho la recepción de las prestaciones económicas generadas por los trabajadores migrantes y remitidas por los consulados al Gobierno Federal, a través de instituciones bancarias como Banrural, Banco Nacional de Crédito Agrícola y Banco del Ahorro Nacional, representando tales cantidades y respectivos rendimientos sumas considerables que jamás fueron entregadas a sus beneficiarios o familiares.

8.- Que hubo negligencia al no vigilar el destino de dichos fondos y, por consiguiente, la confusión de su existencia actual en alguna institución bancaria, creando con ello incertidumbre, insatisfacción e irritación en los beneficiarios de tales recursos.

9.- Que es un clamor general en el país y por supuesto en nuestro estado, de parte de quienes están siendo afectados por esta circunstancia, el buscar alternativas definitivas que le den respuesta a su justo reclamo de manera inmediata, clara e incuestionable.

Por lo expuesto y fundado, esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro expide el presente:

Acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al H. Congreso de la Unión, para que atiendan y legislen para la pronta y definitiva solución de los trabajadores mexicanos braceros del periodo 1942-1964.

Artículo Único.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al H. Congreso de la Unión a que atiendan y legislen para la pronta y definitiva solución favorable de los trabajadores mexicanos braceros del periodo 1942-1964.

Transitorios

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro.

Segundo.- Aprobado el presente acuerdo, remítase en vía de notificación al titular del Poder Ejecutivo federal y al H. Congreso de la Unión, así como a los H. Congresos de los Estados, para su conocimiento:

Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del estado ``La Sombra de Arteaga'', para conocimiento de la ciudadanía.

Así lo tendrá entendido el ciudadano gobernador del estado y mandará que se imprima y publique.

Dado en el Salón de Sesiones ``Constituyentes de 1916-1917'', Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

Atentamente

LIV Legislatura del Estado de Querétaro.--- Comisión Permanente.--- Dip. Jorge Arturo Lomelí Noriega (rúbrica), Presidente; Dip. Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Primer Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Túrnese a la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 10, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en el momento en que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005, considere a la Ciudad de México y Xochimilco como dos sitios diferentes y que los recursos asignados para las nueve ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad se divida en diez.

Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, anexo al presente sírvase encontrar copia del documento en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo a 14 de octubre de 2004--- Dip. Juventino Rodríguez Ramos (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.

Con su permiso señor presidente

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Asamblea Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI; 17, fracción VI, de la Ley Orgánica; 90 y 330 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vengo a someter a consideración de esta Asamblea Legislativa el presente punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que modifique la: distribución de recursos destinados a las ciudades mexicanas patrimonio mundial declaradas por la UNESCO al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que en 1972, la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural, que establece la responsabilidad de los Estados de proteger y preservar para las futuras generaciones sus monumentos y sitios culturales y naturales, creándose al efecto la lista del patrimonio mundial en la que figuran a julio del presente año 754 bienes culturales naturales y mixtos, distribuidos en, 129 países.

2. Que México se adhirió a la Convención del Patrimonio Mundial en 1984 y desde entonces ha inscrito 25 sitios en la lista, lo cual lo convierte en el país con el mayor número de bienes inscritos en el continente americano y quinto en el mundo. De estos 25 sitios; 4 son naturales, 21 culturales; y de estos últimos 9 son ciudades y Xochimilco junto con la Ciudad de México es registrada en una sola declaratoria.

3. Que la Ciudad de México y Xochimilco fueros declarados el 11 de diciembre de 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad pon la UNESCO. Que en la declaratoria se reconoce a Xochimilco por su paisaje lacustre que constituye un vestigio único y excepcional de la ocupación prehispánica del suelo. Que actualmente la UNESCO y el gobierno delegacional han estimado que la vulnerabilidad por efecto de cambios en los procesos sociales, económicos y ecológicos del sitio pone en riesgo el patrimonio cultural.

4. Que el 9 de noviembre de 2003 se aprobó en la Cámara de Diputados el punto de acuerdo donde se solicita que:

Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación y Servicios Educativos, de Cultura, y de Turismo, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis de la situación por la que atraviesan las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial, determine una partida específica para su rescate y conservación, que dado el deterioro en que se encuentran no deberá de ser inferior a los 100 millones de pesos, creándose un Fondo Nacional para las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, donde se integre la totalidad de los recursos disponibles y un fideicomiso que lo administre en forma ordenada, colegiada y transparente; y

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal a que con el concurso de las autoridades locales instrumente políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

5. Que en diciembre de 2004 la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 90 por unanimidad en materia presupuestal, los diputados de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, dieron un importante paso en el rescate de nuestro legado cultural, iniciando la reversión del gravé deterioro de que son objeto las nueve ciudades mexicanas del patrimonio mundial, al destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004 noventa millones de pesos distribuidos en dos rubros: 40 millones en el Ramo 11, bajo el concepto ``Ciudades Patrimonio Cultural''; y 50 millones de más en Ramo 20, en el Programa Hábitat Centros Históricos: Con lo qué el Estado mexicano cumplió, aunque de manera incipiente, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que suscribió en 1984, donde asumió el compromiso internacional de trabajar por el cuidado del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades;

6. Que el recurso asignado al sitio patrimonio cultural de la Ciudad de México y Xochimilco, no consideró que estos sitios se encuentran separados físicamente por lo que se dividió en 50% el recurso que es aproximadamente de 4 millones 500 mil pesos.

7. Que las nueve ciudades inscritas en el patrimonio mundial, a diferencia de los otros 15 bienes culturales y naturales de nuestro país, pero en especial Xochimilco presentan una problemática más compleja, en virtud de que son un lugares vivos, donde a diario miles de seres humanos realizan sus actividades cotidianas, y en donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de intereses.

8. Que el caso de Xochimilco, debido al olvido de los gobiernos y por el alto grado de deterioro, se encuentra en un grave riesgo y se necesitan mas recursos que los ya asignados.

9. Que el gobierno delegacional y la UNESCO elaboraron un Plan Maestro para el Rescate de Xochimilco, donde se contemplan algunos proyectos; inicialmente como parte de las acciones se necesita de lo siguiente:

Restauración ecológica de las riberas de las chinampas.

Producción, mantenimiento y plantación de 100 mil aguejotes.

Señalética urbana del Centro Histórico de Xochimilco.

Iluminación de la cúpula y campanario de la Parroquia de San Bernardino de Siena.

Restauración y revitalización integral de la Parroquia San Bernardino de Siena.

Proyecto integral Ecoturista en la zona lacustre.

Instalación de sanitarios ecológicos en la zona lacustre.

Construcción de 3 cárcamos de rebombeo en las zonas aledañas a los canales.

Sólo para estos trabajos se necesitan inicialmente aproximadamente 93 millones 250 mil pesos.

10. Que es importante recordar que el pasado 5 de julio de 2003 durante la 27ª sesión del Comité de la UNESCO se decidió impulsar acuerdos para evitar que Xochimilco pasara a la lista de sitios en peligro y las recomendaciones fueron otorgar apoyo para la concepción y puesta en marcha del Plan de Rescate de Xochimilco y la presentación de un reporte detallado sobre los avances de la puesta en marcha del plan en la IX sesión, por celebrarse en febrero de 2005.

Por lo antes expuesto me permito proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el momento que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2005, considere a la Ciudad de México y Xochimilco como dos sitios diferentes y que los recursos asignados para las nueve ciudades patrimonio cultural de la humanidad se divida en diez.

Dado en el Honorable Recinto Parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.-- México, Distrito Federal, a 14 de octubre del 2004.

Es cuanto:

Atentamente

Dip. Juan Manuel González Maltos (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo.--- Tribunal Estatal Electoral del estado de Oaxaca.--- Presidencia.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura

Por medio del presente y en atención a su oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, mediante el que se hace un llamado a los tres poderes del estado de Oaxaca, para garantizar un clima de civilidad y respeto a la ley, ante los comicios del 3 de octubre, para hacer vigente el ejercicio de los derechos político-electorales de los oaxaqueños; me permito informarle que el Tribunal Estatal Electoral que presido tiene como principal función la de impartir justicia electoral apegándose a los principios rectores que rige todo proceso electoral, funciones que ha cumplido cabalmente, desde su instalación y que seguirá cumpliendo con motivo del proceso electoral 2004, realizando actividades que la propia ley le confiere dentro de un marco jurídico, con el firme propósito de construir un sistema de legalidad que garantice el desarrollo de la democracia en nuestro estado.

Aprovecho la ocasión, para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz''

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre 2 de 2004.--- Magdo. Lic. Ricardo Porfirio Sibaja Ilescas, Presidente del Tribunal Estatal Electoral.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito atentamente someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Especial de Feminicidios en la República Mexicana, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Alta de la diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero, como secretaria de la Comisión referida.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a otra comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de comisiones, fechada el 25 de octubre del presente año.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Baja de la diputada María Consuelo Rodríguez de Alba como integrante de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias;

Alta de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado como integrante de la Comisión de Seguridad Pública;

Alta de la diputada Rosario Sáenz López como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social;

Sustitución del diputado José Manuel Abdala de la Fuente por el diputado Cruz López Aguilar, como integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos;

Alta de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo como integrante de las comisiones de Recursos Hidráulicos, de Salud, y de Vivienda;

Alta de la diputada María Cristina Díaz Salazar como integrante de la Comisión de Seguridad Social;

Sustitución del diputado Mario Carlos Culebro Velasco por la diputada María Elena Orantes López como integrante de la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex;

Sustitución del diputado Carlos Rovirosa Ramírez por el diputado Francisco Herrera León como integrante de la Comisión Especial de Ganadería;

Sustitución del diputado Sami David David por el diputado Mario Carlos Culebro Velasco en la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar;

Alta de la diputada María Sara Rocha Medina en la Delegación Permanente ante el Parlamento Latinoamericano, así como en las Comisiones de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos y de Equidad de Género, Niñez y Juventud del citado organismo parlamentario;

Alta de la diputada María Sara Rocha Medina como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos;

Baja del diputado Adrián Villagómez García como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social;

Baja del diputado Cruz López Aguilar como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social;

Baja del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya como integrante de la Comisión Especial para el Campo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2004.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio No. STPCE/715/2004, signado el día de hoy por el C. licenciado Ulises Antonio de la Garza Valdés, director general de Planeación y Evaluación del Tecretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que en cumplimiento a lo dispuesto por el, inciso a) de la fracción IV del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se haga llegar el informe de evaluación a los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, relativo al tercer trimestre de 2004, que se establecen en el anexo 15 del citado Presupuesto de Egresos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el anexo que en el mismo se menciona, para los fines procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en la fracción X del artículo 8º del reglamento interior de la Secretaría de Economía le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de que se envíe a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, el informe de evaluación relativo al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2004 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en el anexo 15 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 (PEF). Los fondos y programas son:

1. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes)

2. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)

3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim)

4. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fondo Pyme)

5. Programa Marcha Hacia el Sur (Pms)

6. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (Compite)

Cabe señalar que de acuerdo al artículo 55, fracción IV, inciso a), del PEF los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, fecha que en este caso se cumple el 21 de octubre de 2004.

La anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación el conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 20 de octubre de 2004.--- Lic. Ulises Antonio de la Garza Valdés, secretario técnico de planeación, comunicación y enlace.»

«Informe de Evaluación correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2004 sobre el Presupuesto Ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en el anexo 15 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Secretaría de Economía

OCTUBRE DE 2004

FERNANDO CANALES CLARIOND, secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 55, fracción IV, inciso a, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004; 5, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

Considerando

Que el 25 de abril de 2003 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), mismas que continúan vigentes conforme a lo dispuesto en el octavo artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004.

Que el 4 de julio de 2003 fueron publicadas en el DOF las reglas de operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), mismas que continúan vigentes conforme a lo dispuesto en el octavo artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004.

Que el 29 de julio de 2003 fueron publicadas en el DOF las reglas de operación del Programa Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), mismas que continúan vigentes conforme a lo dispuesto en el octavo artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004.

Que el 12 de noviembre de 2003 fueron publicadas en el DOF las reglas de operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), mismas que continúan vigentes conforme a lo dispuesto en el octavo artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004.

Que el 27 de febrero de 2004 fueron publicadas en el DOF las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fondo PYME).

Que el 8 de julio de 2004 fueron publicadas en el DOF las modificaciones a las reglas de operación del Programa Marcha Hacia el Sur.

Que los recursos de dichos fondos y programas son públicos y en su calidad de subsidios deben destinarse a actividades prioritarias de interés general con criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, para la promoción del desarrollo económico y la generación de ingresos y empleos, y

Que para dar seguimiento a la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2004, es necesario que se reporte trimestralmente el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y programas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Por tal motivo se presenta el siguiente

Informe de Evaluación correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2004 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

1. Introducción

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) se establece que uno de los propósitos centrales del Gobierno Federal es el logro de un crecimiento con calidad, a través de 5 grandes vertientes: conducción responsable de la economía, aumentar y extender la competitividad del país, generar un desarrollo incluyente, lograr un desarrollo regional equilibrado y establecer las condiciones para alcanzar un desarrollo sustentable.

La Secretaría de Economía (SE) desempeña una función estratégica en el logro del crecimiento con calidad, dada su injerencia en la promoción del desarrollo económico. Para ello realiza un conjunto de acciones orientadas a consolidar un sector productivo amplio, moderno y competitivo a través de la operación de un conjunto de programas de apoyo que buscan imprimir un mayor impulso a la actividad económica en todas las regiones del país.

Para propósitos estratégicos, los esquemas de promoción y apoyo empresarial están organizados en dos vertientes que atienden necesidades específicas y se articulan entre sí. La primera de ellas contempla a un conjunto de programas que apoyan las iniciativas productivas de individuos y grupos sociales de bajos ingresos, mediante la instrumentación de acciones orientadas a facilitar el acceso a servicios de financiamiento y de capacitación a los emprendedores con pequeños proyectos productivos viables, quienes tradicionalmente han carecido de acceso a los mismos. La segunda vertiente se encuentra delineada en el Programa Nacional de Desarrollo Empresarial 2001-2006, mismo que articula el conjunto de políticas, programas y acciones que permitirán cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas del país, en particular de las micro, pequeñas y medianas.

La ejecución de estas dos vertientes tiene el propósito de generar una secuencia continua y articulada de apoyo para los esfuerzos de los emprendedores mexicanos, independientemente de su alcance y sector, la cual se inicia con los apoyos a las iniciativas productivas de las personas de bajos ingresos, continúa con los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa y culmina con el impulso a la actividad exportadora. El propósito central es lograr que tales esfuerzos de los emprendedores mexicanos encuentren un respaldo institucional que favorezca la consolidación y crecimiento de sus proyectos o empresas, con el fin de que adquieran la capacidad de enfrentar los retos que impone la competencia.

Primera vertiente estrategica: El apoyo y fomento al Microemprendedor y a la Empresa Social

En esta vertiente la SE apoya las iniciativas productivas de los emprendedores de bajos ingresos mediante un conjunto integral de programas de fomento que proporcionan una serie de servicios adecuados a cada tipo de necesidades productivas. Los servicios para crear o consolidar proyectos productivos se clasifican en dos tipos fundamentales: aquellos destinados a proyectos individuales que surgen como una alternativa de autoempleo, y los que se dirigen a crear o consolidar proyectos productivos que tratan de darle impulso al esfuerzo colectivo de grupos sociales organizados.

Dichos servicios se otorgan a través de tres programas: Fommur, Fonaes, y el Pronafim.

Tanto el Pronafim como el Fommur operan esquemas de apoyo que funcionan con base en la tecnología de microcrédito, que consiste en el otorgamiento de una secuencia de préstamos, con montos inicialmente reducidos pero crecientes en el tiempo y con tasas de interés de mercado, a personas en lo individual u organizadas en grupos solidarios que asumen un compromiso colectivo de pago.

El préstamo a personas que se organizan en grupo para garantizar solidariamente el pago proporciona los incentivos para que estos se constituyan con individuos que son buenos pagadores, es decir, el esquema logra que aquellos individuos con bajo riesgo de incurrir en incumplimiento de pago se autoseleccionen para formar parte del grupo. Al mismo tiempo, se genera un monitoreo entre los miembros del grupo que reduce al mínimo el riesgo de hacer un selección equivocada, dado que cada uno de ellos tiene buena información respecto a las características reales de los otros miembros y existe el incentivo para hacer un uso provechoso de esa información debido a que la permanencia de cada uno en el programa depende de que los demás tengan un adecuado comportamiento de pago.

El otorgamiento de créditos por ciclos en montos crecientes genera incentivos dinámicos que ayudan a propiciar conductas favorables al pago de los préstamos, ya que con el aliciente de acceder a créditos mayores los beneficiarios cumplen con el compromiso contraído.

Adicionalmente, ambos programas coadyuvan en la creación de un sistema de instituciones de microfinanciamiento, independientes sólidas y financieramente autosustentables, a través de apoyos directos para actividades de capacitación, asistencia técnica y adquisición de infraestructura.

Asimismo, el Fonaes otorga aportaciones de recursos financieros para el fortalecimiento patrimonial de fondos de fomento que aplican la tecnología de microcrédito.

Por otra parte, el Fonaes otorga financiamiento en condiciones preferenciales (montos suficientes para cubrir requerimientos de capital, tasas blandas, plazos de recuperación acordes con la maduración de los proyectos) para la creación y consolidación de proyectos productivos propuestos por grupos sociales en los ámbitos rural y urbano. En la empresa social el grupo asume la responsabilidad y la toma de decisiones y los beneficios son propiedad de los socios que a su vez son dueños y trabajadores de la empresa. En general, las ganancias son reinvertidas para alcanzar el objetivo social de la empresa. Los apoyos se otorgan bajo las siguientes modalidades: financiamiento para gastos de inversión y de inicio de operaciones, así como para capital de trabajo, comercialización, capacitación, asistencia técnica y aportaciones para la constitución de fondos estatales de fomento y cajas solidarias de ahorro y préstamo.

Segunda vertiente estratégica: Impulso a la micro, pequeña y mediana empresas y al Desarrollo Regional

El Ejecutivo federal, a través de la SE implementa una política integral para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), la cual promueve la intensa participación de las entidades federativas, de los municipios e instituciones educativas y de investigación, así como la acción comprometida de los organismos empresariales, de los empresarios y emprendedores. Los empresarios y sus organizaciones, desde sus regiones, municipios y entidades, promueven proyectos viables que reciben apoyos de la SE y con base en la vocación productiva, así como en las perspectivas y tendencias sectoriales de cada entidad, inciden directamente en la formulación de los mismos.

La política integral para el desarrollo de las MIPYME comprende un conjunto de estrategias, acciones e instrumentos de corto, mediano y largo plazos que apoyan a las empresas y a los emprendedores de las diversas regiones y sectores económicos del país y propone la participación activa y corresponsable de los actores y la acción subsidiaria de las instancias de gobierno.

En correspondencia con la demanda social se ha continuado apoyando a las pequeñas y medianas empresas del país con diversos servicios a los que tradicionalmente no tenían acceso y que resultan determinantes para su éxito: creación y fortalecimiento de empresas e innovación tecnológica, encadenamientos productivos, acceso a mercados, acceso al financiamiento, capacitación y consultoría empresarial, formación de instructores de capacitación y de consultores, elaboración de estudios y proyectos, así como promoción y fortalecimiento de organismos intermedios. Todo ello a través de los programas denominados Fondo PYME y COMPITE.

A su vez el Programa Marcha Hacia el Sur continuó apoyando la atracción de proyectos de inversión en las zonas de mayor rezago económico del país, mediante estímulos económicos a la localización de unidades productivas en dichas zonas.

Articulación de Programas

Los programas de apoyo productivo de la Secretaría de Economía tienen características que los hacen complementarios entre sí, a partir de lo cual sus acciones se refuerzan mutuamente, potenciando el efecto de impulso al desarrollo de los emprendedores mexicanos. Adicionalmente, la Secretaría de Economía realiza un esfuerzo deliberado para inducir la migración de los beneficiarios entre programas. Para ello se han establecido diversos mecanismos de vinculación para que los emprendedores que han alcanzado el grado de madurez que permiten los apoyos de un programa determinado, tengan acceso preferencial a los apoyos de otro programa orientado a empresas con mayor grado de desarrollo y reto competitivo.

2. Presupuesto ejercido de los recursos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.Presupuesto autorizado y modificaciones

El presupuesto original autorizado al Sector Economía para el ejercicio fiscal 2004 fue de 5,380.0 millones de pesos (MDP).

Al cierre preliminar de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó modificaciones al presupuesto autorizado del sector que se reflejan en una ampliación neta de 901.1 MDP, lo que significa un incremento del 16.7%.

Dichas modificaciones se explican principalmente por los incrementos autorizados como ampliaciones líquidas a los presupuesto del Fonaes (519.7 MDP) y Fommur (20.0 MDP), derivados del acuerdo tomado por las Comisiones Unidas del Sector Rural de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Asimismo, se transfirieron recursos del Ramo 38 a la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital (130.5 MDP), así como recursos del Ramo 23 a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (300.0 MDP) para desarrollar proyectos de alto impacto a través del Fondo PYME. Estas ampliaciones fueron compensadas por el cumplimiento que observó la SE a las disposiciones de disciplina y austeridad presupuestaria establecidas en el artículo 30 del PEF.

Programas con Reglas de Operación

El presupuesto original autorizado a los programas con reglas de operación, que se encuentran establecidos en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, fue de 2,110.2 MDP.

Al cierre preliminar del tercer trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado modificaciones al presupuesto autorizado a los programas con reglas de operación del sector por 834.0 MDP, es decir un incremento del 39.5% con respecto a lo autorizado originalmente. Lo anterior se debe al incremento otorgado por el H. Congreso de la Unión al Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el cual impactó directamente al Fonaes y Fommur, así como la ampliación con recursos trasferidos del ramo 23 para se aplicados en proyectos de alto impacto a las pequeñas y medianas empresas bajo el esquema del Fondo PYME.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con oficio 312-A-DGADSTE-435 del pasado 15 de marzo comunicó que no obstante que se consideran en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 los programas con reglas de operación Programa de Encadenamientos Productivos (FIDECAP) y el Fondo para la Generación de Empleos en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FGEMPYE), al no asignarles expresamente recursos, éstos no están en posibilidad de ser instrumentados.

Al cierre preliminar del mes de septiembre los programas con reglas de operación presentan un presupuesto programado de 2,368.9 MDP, de los cuales se ha ejercido el 60.7 por ciento (1,437.4 MDP).

Cabe señalar que en su mayoría los programas son operados mediante fideicomisos que tienen patrimonio propio, o bien cuentan con recursos provenientes del mandato de recuperaciones. De este modo, la diferencia entre los recursos programados y los ejercidos al cierre del trimestre no refleja un subejercicio presupuestal, sino un desfase temporal que obedece a eventualidades de diversa índole, el cual además será resarcido en el transcurso del ejercicio.

Al cierre de septiembre de 2004 se reporta un adecuado cumplimiento de los programas operativos, lo cual se ha realizado mediante las fuentes de recursos arriba especificadas y se describe detalladamente en el apartado 3 de este informe.

3. Principales acciones de los fondos y programas

En esta sección del informe del tercer trimestre de 2004 se destacan las principales acciones desarrolladas por los fondos y programas durante el periodo enero-septiembre. En el Anexo I del presente documento se reporta el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en sus reglas de operación.

I. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

Objetivo: El facultamiento empresarial integral de las personas de bajos ingresos a través de la prestación de diversos servicios orientados a facilitar el acceso de las mismas al crédito, al microcrédito, a capital de riesgo y a la formación de habilidades empresariales y administrativas básicas.

Características: El Fonaes promueve, desarrolla y consolida vocaciones y capacidades empresariales de personas, familias o grupos de personas de bajos ingresos, con un enfoque de desarrollo regional, productivo y sustentable para mejorar su calidad de vida. Sus objetivos y acciones se encaminan a facilitar el proceso de desarrollo económico a partir del apoyo a proyectos productivos, afirmando su vocación social mediante el apoyo a la población de escasos recursos a través del impulso a la operación de pequeños negocios viables. Así, el Fonaes tiene una importante participación en las acciones que impulsan el desarrollo incluyente y participativo, generando oportunidades de acceso al financiamiento y la formación empresarial para la competitividad.

Acciones Relevantes

Durante el periodo Fonaes ejerció 749.0 millones de pesos, de los cuales 693.0 millones se destinaron al apoyo de 3,202 proyectos y empresas y 56.0 millones al apoyo de 25,649 acciones de formación empresarial, a fin de atender las solicitudes de la población objetivo tendientes a la conformación de empresas y proyectos productivos viables y a la formación de habilidades empresariales básicas.

En la distribución de la inversión por entidad federativa destacan Chiapas (9.3%), Michoacán (7.5%), Jalisco (5.7%), Oaxaca (4.8%) y Guanajuato (4.5%). La proporción ejercida por tipo de apoyo fue: Capital Social de Riesgo (43.0%), Impulso Productivo de la Mujer (16.1%), Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (14.7%), Comercializadora Social (8.8%), Capital de Trabajo Solidario (9.4%), Apoyo al Desarrollo Empresarial (5.7%), PROCOMER (1.8%) y Empresas Sociales de Financiamiento (0.6%).

Del total de la inversión ejercida el 10.7 por ciento se llevó a cabo en apoyo de proyectos estratégicos, los cuales por su actividad o cobertura tienen un impacto regional o fortalecen los procesos organizativos, productivos o comerciales de los beneficiarios.

Cumplimiento de Objetivos

Los objetivos del Fonaes conforme a las reglas de operación vigentes son:

General

Impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesinos e indígenas, y grupos de áreas urbanas del sector social, a mediante los apoyos que se otorgan.

Específicos

Fomentar y promover:

La formación de capital productivo a través del financiamiento de proyectos viables y sustentables;

El facultamiento empresarial;

El asociacionismo productivo, gremial y social, y

La formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos.

La convergencia de estos objetivos específicos permitió impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesina e indígena, y de los grupos de las áreas urbanas del sector social.

Durante el periodo se otorgaron apoyos para la formación del capital productivo en beneficio de 3,202 proyectos y empresas sociales: Se apoyaron 1,269 proyectos exclusivos de mujeres a través de Impulso Productivo de la Mujer. Con Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS) se financiaron 653 microempresas y empresas sociales. Con Capital Social de Riesgo se financiaron 601 empresas sociales. A través de Capital de Trabajo Solidario se apoyaron 497 proyectos productivos. Con el apoyo a comercializadoras sociales se benefició a 162 empresas. De igual forma, se constituyeron 20 empresas sociales de financiamiento.

Del total de proyectos apoyados, 75 (tres de impulso productivo de la mujer, 28 de capital de trabajo solidario y 44 de capital social de riesgo) se financiaron a través del presupuesto asignado por la Institución a proyectos considerados estratégicos.

Para promover el facultamiento empresarial y con ello incrementar la competitividad de los beneficiarios del Fonaes, se realizaron 23,359 acciones de desarrollo empresarial y 2,290 acciones de estímulo y apoyo a la comercialización.

Cumplimiento de Estrategias

Microrregiones

La inversión del Programa se focaliza en algunas de las microrregiones sujetas a atención prioritaria en apoyo a las iniciativas productivas y de formación empresarial de emprendedores de bajos ingresos ubicados en las mismas, a fin de crear las bases de un desarrollo económico y social sustentable.

En el periodo Fonaes ejerció 123.2 millones de pesos en apoyo a empresas y proyectos productivos localizados en esas microrregiones, lo que significó el 16.4 por ciento de la inversión ejercida por el Programa.

Equidad de género

A través de sus diferentes tipos de apoyo, en específico del Impulso Productivo de la Mujer, el Fonaes apoya las iniciativas productivas de las mujeres, articulando esquemas financieros con esquemas de desarrollo de capacidades empresariales en beneficio de sus empresas y proyectos.

En el periodo se ejercieron 570.1 millones de pesos en beneficio de empresas y proyectos productivos sustentados exclusivamente por mujeres o con la participación de ellas. Dicha inversión significó el 76.1 por ciento de la inversión ejercida por el Programa.

En materia de formación empresarial se llevaron a cabo, entre otros eventos, el Encuentro Nacional de Empresarias Sociales celebrado el 1 y 2 de abril con la participación de 1,055 empresarias provenientes de todas las entidades federativas del país. En el evento se reconoció a la empresa social como un medio de apoyo para la familia, se ubicó la necesidad de las empresarias sociales de contar con más herramientas de capacitación y se resaltó la importancia de potenciar y encausar liderazgos femeninos que impulsen la equidad de género.

Se realizaron 17 jornadas de capacitación para empresarias sociales en 15 entidades federativas a las cuales asistieron 1,326 mujeres. Los temas eje de la capacitación fueron: persona, familia, empresa y comunidad.

La Coordinación de Desarrollo Productivo de la Mujer asistió a diferentes foros, con objeto de informar y promover las acciones del Fonaes en apoyo a las mujeres empresarias y sostuvo reuniones de vinculación y coordinación con diferentes instancias públicas y privadas, entre ellas, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Asimismo, puso en marcha diversos mecanismos de difusión e información.

Empresas sociales integradas por personas con discapacidad

Para la atención a las empresas sociales integradas por personas con discapacidad, en el marco del Programa Emprendedores con Discapacidad (ECODIS) se inició una campaña para difundir en las oficinas centrales y las representaciones estatales del Fonaes la inclusión de proyectos de personas con discapacidad.

Se dio seguimiento a los apoyos a proyectos de personas con discapacidad en coordinación con las representaciones estatales y se asistió a la reunión de la subcomisión de economía para la promoción e integración social de las personas con discapacidad, a fin de revisar los avances de ECODIS.

De enero a septiembre de 2004 se han apoyado 11 empresas y proyectos de personas con discapacidad, siendo la meta anual atender 25 proyectos.

Desarrollo empresarial

En complemento a los apoyos financieros el Fonaes impulsa el desarrollo empresarial de los beneficiarios a través de esquemas de capacitación, acompañamiento y formación empresarial y comercial, que permiten una mayor productividad y competitividad de las empresas y proyectos productivos apoyados.

Durante el periodo se llevaron a cabo diversos eventos para propiciar el desarrollo empresarial y comercial, entre ellos:

La Jornada de Capacitación de Líderes de Economía de Mercado en México, impartido por la empresa española LKS en beneficio de los empresarios sociales con un alto grado de consolidación en sus negocios, provenientes de 8 entidades federativas.

La primera parte del Circuito de Capacitación Empresarial a empresas comunitarias de ecoturismo en los estados de Coahuila y Oaxaca.

Se llevaron a cabo 30 talleres de asociacionismo gremial, 30 de asociacionismo productivo y 29 de liderazgo impartidos por la Universidad Autónoma de Chapingo en los que participaron mil 40 productores de 502 grupos y empresas sociales de 22 estados de la República.

Se impartieron cursos y asistencia técnica en beneficio de 18 empresas sociales de financiamiento de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Se firmaron 11 convenios de concertación con igual número de organizaciones sociales y campesinas para instrumentar acciones de desarrollo empresarial.

Dio inicio el programa de pasantes y becarios en 11 estados de la República.

Se realizó la tercera feria artesanal Expo-Acapulco con la participación de 220 empresas sociales dedicadas a esa actividad.

Desarrollo regional

A fin de impactar en el desarrollo regional a través de acciones productivas, el Fonaes apoya empresas y proyectos que por su tamaño e influencia en ciertas zonas o actividades propician una mayor y mejor producción, generan valor agregado y potencian la inclusión, bajo mejores condiciones, en mercados más amplios.

En el periodo se apoyaron 75 proyectos de impacto regional a través del presupuesto asignado a proyectos estratégicos y 29 proyectos de igual impacto a través del apoyo a comercializadoras sociales. Entre los proyectos apoyados se tienen los siguientes:

El proyecto de la sociedad ``Productores de Trigo de Mexicali'' como una agroindustria de trigo forrajero y de consumo y producción de semilla certificada, el cual permitirá a sus beneficiarios incrementar el valor agregado y obtener un mayor diferencial de precio. El plan de negocios considera incrementar la superficie cultivada de 450 a 4 mil 500 hectáreas en el ciclo agrícola O/12004. Para el apoyo de este proyecto se contó adicionalmente con recursos del Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (Profemor) de la Sagarpa.

En Colima se apoyó a la sociedad cooperativa ``Salineros de Colima'' que participa en la principal actividad de la localidad donde se ubica y tiene un importante impacto económico positivo a nivel regional y estatal. Asimismo, se apoyó a la sociedad cooperativa ``Cribados Las Adjuntas'' para la adquisición de equipo de minado y una planta de trituración, con ello esta sociedad será la única en la región capaz de producir agregados pétreos de alta especificación en cualquier época del año.

En Jalisco se apoyaron dos proyectos para instalar igual número de agroindustrias de selección y empaque de hortalizas, lo que permitirá incrementar el valor de la producción y vender directamente a los distribuidores eliminando intermediarios. Dichos proyectos beneficiaron a las sociedades cooperativas ``Ribera de Mezcala'' y ``Agroproductores de Santa Cruz de la Soledad''.

En Zacatecas se apoyó a la empresa ``Integradora de Ejidos Asociados'', conformada por 6 mil 176 socios productores de 43 ejidos, en la instalación de una agroindustria para la producción y comercialización de semilla de avena certificada. Esta agroindustria será la base del programa de reconversión productiva del frijol a avena en el estado y contó con recursos del Profemor.

En el estado de Chihuahua se apoyó a la empresa ``Lácteos Riva Palacio'' integrada por 1,629 ganaderos para ejecutar un proyecto de industrialización de leche de bovino, que integra la cadena producción-comercialización de queso y crema con estándares de calidad nacionales e internacionales.

En Aguascalientes se apoyó a 178 productores de uva para establecer una agroindustria e incursionar en el mercado de jugos con un producto intermedio demandado por la industria de jugos y refrescos.

En Tula, Hidalgo, se apoyó a 422 integrantes del ``Ejido Conejos'' para producir cal hidratada en los hornos de calcinación localizados al pie de los bancos de extracción, con lo que se evitará el traslado de la materia prima a Tepeji del Río, la emisión de partículas contaminantes hacia el poblado y la migración de mano de obra.

En materia de comercialización se apoyó en el estado de Sonora a la ``Unión de Productores y Engordadores del Río Sonora'' para constituir una comercializadora social que opera en seis municipios de ese estado. Entre los beneficios del proyecto se identifica la integración de la cadena de producción, consumo y articulación de redes de comercialización. Esta integración opera desde la producción de forraje y la crianza de ganado, hasta la comercialización nacional e internacional de este último.

En el estado de Oaxaca se apoyó a la sociedad de solidaridad social ``Grelpa'' con un proyecto que permitirá la articulación de una red de comercialización de productores de café orgánico y su integración a la cadena producción-consumo. Este proyecto permitirá la compactación de 20,110 quintales de café en transición de convencional a orgánico, cuyo mercado es principalmente de exportación. El área de influencia comprende 17 municipios de las regiones de Papaloapan, Sierra Norte, Costa, Sierra Sur e Istmo.

En el estado de Veracruz se apoyó a la ``Unión de Maiceros del Centro-Sur de Veracruz'' que agrupa a 24 organizaciones para el acopio y comercialización de maíz blanco. Con ello se fortalecerá la red de distribución a través de la compactación del producto, permitiendo un mayor ingreso para los productores. Este proyecto cubrirá el 5 por ciento de la demanda de ese producto a nivel estatal.

En el estado de Tamaulipas se apoyó a la empresa ``Valle Hermoso'' cuyo proyecto permitirá la integración de una cadena agroalimentaria para comercializar 145,000 toneladas de sorgo. Esta empresa es la tercera comercializadora en la entidad e integra a 8 organizaciones que promueven un mejor precio en cuatro de los principales municipios del estado productores de sorgo. Con este proyecto se promueve un esquema de articulación por red que asegura al productor un ingreso objetivo, calidad y oportunidad al consumidor final, promoviendo el asociacionismo con produc- tores del sector pecuario.

En el estado de Chiapas se apoyó a la empresa ``La Cascada del Encanto Nuevo San Juan Chamula'' para un proyecto de central de abasto con 86 locales comerciales que será el centro de consumo de 33 localidades de la microrregión fronteriza en las que habitan aproximadamente 17 mil personas. En este mismo estado se apoyó a los ``Productores Agropecuarios de la Selva Lacandona'' para un proyecto de acopio y comercialización de miel y café cuya influencia abarca siete municipios del estado.

En el estado de Michoacán se apoyó a la ``Agrocomercializadora del Oriente de Michoacán'' con influencia en Zitácuaro y Maravatío para la comercialización de más de seis mil toneladas de maíz en beneficio de 200 productores.

En el estado de Zacatecas se apoyó a la ``Integradora de Guayaberos del Cañón de Juchipila'' para la comercialización de cuatro mil toneladas de guayaba en beneficio de 380 productores de 5 municipios considerados como los principales productores del estado.

Buen Gobierno

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el Fonaes atendió 54 solicitudes de información, dando respuesta al derecho de la ciudadanía de conocer cómo opera el programa.

Con base en lo dispuesto en el artículo 55, fracción IV, inciso b) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2004, se finalizó la evaluación de resultados del Fonaes para el periodo enero-agosto de 2004, realizada por la Universidad Autónoma Chapingo.

II. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)

Objetivo: Establecer un mecanismo de microfinanciamiento a favor de las mujeres rurales por conducto de Organismos Intermediarios (OI), para fomentar la inversión productiva, impulsar el ahorro y propiciar la capitalización del sector rural.

Características: Estos microfinanciamientos se caracterizan por ser accesibles y oportunos a fin de impulsar proyectos de inversión productiva, generadores de autoempleo e ingresos, rentables y recuperables a corto y mediano plazos.

La mecánica del programa tiene dos etapas, en la primera de ellas el Fommur otorga a los OI apoyos de dos tipos:

1. Líneas de crédito para otorgar microcréditos, recuperables a una tasa de interés positiva en términos reales.

2. Recursos no recuperables, pero decrecientes en el tiempo, para actividades de promoción, capacitación, asistencia técnica y adquisición de infraestructura, con objeto de favorecer su desarrollo.

Estos apoyos son por un monto de hasta 20% del total de las líneas de crédito otorgadas en el primer año de operaciones con el Fommur, de hasta 15 por ciento en el segundo año, hasta 10 por ciento en el tercero y hasta 5 por ciento a partir del cuarto año para los OI que tengan grupos de mujeres en el primer ciclo de financiamiento.

En la segunda etapa los OI otorgan microcréditos a las mujeres rurales bajo la siguiente mecánica:

1. Los microcréditos se otorgan a mujeres que viven en el medio rural en condiciones de pobreza y se organizan en grupos solidarios.

2. Estos grupos se forman con mujeres que habitan en una misma localidad y aceptan obligarse colectivamente a responder por los préstamos de toda integrante del grupo que no cumpla con el pago de su crédito.

3. Por lo anterior no se requiere entregar garantías para respaldar el pago de los microcréditos.

4. Al constituirse un grupo solidario las mujeres que lo integran asumen un compromiso de ahorro semanal cuyo monto lo fijan ellas mismas. Las propias mujeres del grupo recaban los recursos ahorrados y deciden el uso que darán a los mismos.

5. El financiamiento se otorga como una secuencia de 4 préstamos con un monto inicialmente reducido, pero que crece en cada préstamo posterior.

La devolución de los préstamos se realiza a corto plazo y el acceso a préstamos sucesivos está condicionado a que se pague el que se haya contratado previamente.

6. La tasa de interés que se paga por los microcréditos es determinada por cada OI, en un nivel que le permita recuperar sus costos y que además tome en cuenta las condiciones de su mercado.

Así pues, el esquema operativo del Fommur constituye un mecanismo que induce el desarrollo de una oferta de servicios financieros en beneficio de las mujeres de bajos recursos que viven en el medio rural. Dicho esquema busca que la prestación de tales servicios sea rentable para un conjunto de instituciones dispuestas a asumir el riesgo de prestar dinero a mujeres de escasos recursos, y que el contar con esos servicios sea beneficioso para los grupos de población que tradicionalmente han carecido de acceso al financiamiento. Es decir, el Fommur hace posible que las motivaciones de los OI para ofrecer microcréditos y de las mujeres rurales para solicitarlos sean compatibles, de modo que el resultado final sea que una parte importante de la población menos favorecida haga uso de tales servicios financieros y se beneficie con ello.

Acciones relevantes

Durante los primeros 9 meses del año, el índice de créditos otorgados con relación a lo programado se ubicó en 114.5 por ciento, motivado principalmente por el aumento de propuestas para primeros ciclos de los organismos en operación, así como a la incorporación de 18 organismos intermediarios, de los cuales a 16 ya se les autorizaron créditos y apoyo por parte de este fideicomiso.

El porcentaje de recuperación de cartera ascendió a 98.4 por ciento con relación a la cartera con vencimiento en el periodo. Dicho resultado superó en más de dos puntos porcentuales a la meta establecida para los primeros 9 meses del año (96 por ciento), debido a la estricta supervisión ejercida por el Fommur en lo referente al comportamiento de este rubro.

Con el fin de fortalecer a los organismos en lo relativo a la operación del Fommur, durante los primeros 9 meses del año se impartieron 4 talleres regionales: uno en el estado Veracruz en el mes de febrero; otro en el Distrito Federal en junio; y 2 más en agosto, uno en Oaxaca y otro en Veracruz.

Durante el periodo enero-septiembre de 2004, el Fommur autorizó apoyos por un monto por 224 millones 475 mil 700 pesos a 50 diferentes organismos intermediarios en operación para el otorgamiento de microcréditos a las mujeres rurales, cifra superior en 59.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (140 millones 828 mil 500 pesos).

Cumplimiento de objetivos

Los objetivos generales del Fommur, conforme a las Reglas de Operación 2003 vigentes a la fecha, establecen:

1. Fomentar la inversión productiva y la práctica del ahorro entre las mujeres de escasos recursos del medio rural

2. Generar oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos para dicho grupo de la población

3. Fomentar la conformación de una oferta de microfinanciamiento en beneficio de las mujeres rurales, y

4. Cooperar a la capitalización del sector rural.

Con el fin de fomentar la inversión productiva y la práctica del ahorro entre las mujeres rurales de escasos recursos y cooperar en la capitalización de este sector, los organismos intermediarios que operan bajo el esquema del Fommur otorgaron al tercer trimestre del año 138 mil 554 microcréditos por un monto total de 224 millones 475 mil 700 pesos, lo que permitió beneficiar a 123 mil 344 mujeres.

En lo referente al fomento de una oferta de microfinanciamiento a las mujeres rurales, el Comité Técnico autorizó la incorporación de 18 Organismos Intermediarios en el periodo (Comercialización Organizada de Tierra Blanca, Organizaciones Indígenas del Valle, Producción Ecoturística Colotepec, Sierra Madre Valle Santa Engracia, Unidos por el Mundo, Unión de Productores Indígenas de Café del Papaloapan, Valle de Mapimí, Ambito Productivo, Unión de Maiceros del Centro y Sur de Veracruz, Cooperativa de Mujeres Cafetaleras Independientes, Corporación del Desa-rrollo del Sureste, Impulsora del Desarrollo Empresarial y Sustentable Rural, Mujeres Empresarias de la Costa de Oaxaca, Juntos por Veracruz, Corporativo de Servicios de Consultoría y Negocios Agropecuarios, Servicios Integrales a Mujeres Emprendedoras, Unión de Organizaciones Económicas de Mujeres Productoras de Guerrero y Desa-rrollo Rural Purépecha), de los cuales a 16 se les autorizaron créditos y apoyo por parte del programa y a los dos restantes se les autorizarán por primera vez en los próximos días. Con estas acciones, se fortaleció la presencia de este fideicomiso en los estados de Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas y se amplió al estado de Tabasco, entidad donde no se contaba con intermediarios acreditados al programa.

Durante el periodo enero-septiembre de 2004, el Fommur autorizó a 50 diferentes intermediarios (que incluyen 16 de nuevo ingreso), un monto por 20 millones 766 mil 537 pesos por concepto de apoyo no recuperable, de los cuales el 86.8 por ciento fue canalizado a actividades de promoción, 8.8 por ciento a actividades de capacitación y el 4.4 por ciento restante a la adquisición de infraestructura y equipo informático.

Cumplimiento de Estrategias

Las estrategias del Fommur para 2004 se diseñaron bajo tres vertientes principales, con el propósito de fortalecer su operación, impulsar su crecimiento y cumplir con el principio de mejora contínua en lo referente a la calidad en el servicio:

Incrementar el número de microcréditos y de organismos intermediarios.

Orientar las actividades de los intermediarios hacia un enfoque de microfinanzas.

Posicionar al programa Fommur en la Secretaría de Economía y promocionarlo entre la población-objetivo.

Incrementar el número de microcréditos y de organismos intermediarios

Durante los primeros 9 meses del año el número de microcréditos autorizados ascendió a 138 mil 554, por un monto de 224.5 millones de pesos en beneficio de 123 mil 344 mujeres de las comunidades rurales. Cabe destacar, que el número de microcréditos y el número de mujeres beneficiadas registraron incrementos de 40.5 y 34.9 por ciento respectivamente con respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado de la incorporación al programa Fommur de 16 nuevos organismos que ya recibieron autorización de créditos y apoyo, lo que permitió fortalecer y ampliar la presencia de este programa en diferentes entidades del país.

Orientar las actividades de los intermediarios hacia un enfoque de microfinanzas

Durante los primeros 9 meses del año, el Fommur impartió cuatro talleres regionales (dos en Veracruz, uno en el Distrito Federal y uno más en Oaxaca), donde se cubrieron temas de inducción, actualización y metodología para oficiales de crédito de 34 organismos en operación y 18 de nuevo ingreso, con el propósito de actualizar los conocimientos y dar a conocer su filosofía, objetivos y alcances, así como los mecanismos generales de operación.

Posicionar al programa Fommur en la Secretaría de Economía y promocionarlo entre la población-objetivo

En lo referente a este apartado, el Fommur logró dos compromisos con la Secretaría de Economía, uno a través de la Coordinación de Delegaciones Federales, relativo a incorporar a un nuevo organismo intermediario por cada delegación o subdelegación a más tardar al finalizar el presente año, y otro referente a la impartición de talleres de inducción del programa Fommur a directores de promoción de las delegaciones federales de esta Secretaría.

Se realizaron 9 visitas de promoción a diferentes delegaciones de la Secretaría de Economía y a diversas organizaciones interesadas en acreditarse con el Fommur en los estados de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, lo que permitió brindar información sobre el programa a 60 diferentes intermediarios.

En el mes de agosto, el Fommur participó mediante una ponencia, en la Reunión Intersectorial Caborca Sustentable, convocada por el gobierno del estado de Sonora y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados, con el fin de dar a conocer la operación y los beneficios del programa a los representantes de los diferentes sectores de la entidad, así como a diversas autoridades locales.

Con la finalidad de reposicionar la imagen de este programa en el sector rural y con su población-objetivo, se rediseñó la imagen del Fommur. Dicho trabajo fue realizado coordinadamente entre esta entidad y el despacho externo ``FUSION TRAVEL''.

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo los trabajos de organización y coordinación del 2° Simposium Nacional de Organismos Intermediarios, que se realizará en la ciudad de Oaxaca en el mes de octubre y cuyo objetivo será fortalecer la visión de los intermediarios hacia la sustentabilidad en las microfinanzas sin perder el sentido social. Cabe destacar que el Fommur será el organizador y anfitrión de este evento.

III. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim)

Objetivo: crear las condiciones adecuadas que permitan el acceso a servicios de financiamiento a individuos de escasos recursos con capacidad e iniciativa productiva, a fin de otorgarles la oportunidad de alcanzar por sí mismos mejores condiciones de vida en forma permanente, a través de su incorporación a la actividad productiva del país.

Características: para lograr su objetivo, el programa apoya la conformación de un sistema nacional de instituciones microfinancieras que otorgan directamente microcréditos a las personas de bajos ingresos que tienen un proyecto productivo viable pero carecen de acceso a los servicios de la banca comercial. Los apoyos consisten en líneas de crédito y asistencia técnica, así como acciones de capacitación en las áreas de sistemas de información gerencial, desarrollo de tecnologías y habilidades especializadas para atraer ahorro y manejo eficiente del portafolio.

Acciones relevantes

Al cierre del tercer trimestre del año 2004 se realizaron las siguientes acciones relevantes:

Apoyos financieros

Al mes de septiembre, el Pronafim otorgó apoyos crediticios por un monto de 291.9 millones de pesos; recursos que permitieron otorgar 186,319 microcréditos a la población-objetivo del programa.

Incorporación de microfinancieras

Durante el tercer trimestre del ejercicio se han incorporado tres instituciones al programa, las cuales se suman a las 8 instituciones incorporadas en el primer semestre, para un total de 11 nuevas microfinancieras incorporadas durante el periodo enero-septiembre de 2004.

Apertura de sucursales

Durante el tercer trimestre se apoyó la apertura de 16 sucursales por parte de instituciones de microfinanciamiento ya incorporadas al Pronafim. Estas se suman a las 32 sucursales, cuya apertura se apoyó en el periodo enero-junio, para un total de 48 sucursales abiertas al cierre del tercer trimestre del año. Es necesario destacar que esta fórmula de expansión de los servicios del microfinanciamiento sigue siendo la más aceptada por las instituciones que apoya el programa, de modo que las metas en este rubro han sido ampliamente sobrepasadas.

Otorgamiento de ampliaciones en las líneas de crédito.

Al cierre del tercer trimestre se han otorgado 25 ampliaciones de líneas de crédito a microfinancieras; 18 de ellas corresponden al periodo enero-junio y 7 corresponden al periodo julio-septiembre. El comportamiento de este rubro depende tanto del número de solicitudes que formulen las microfinancieras como del historial de pago y del impacto de la institución que solicita la renovación del crédito.

Cumplimiento de objetivos

Se continúa avanzando en la consolidación de un sistema de instituciones de microfinanciamiento con cobertura nacional, lo cual permitirá contar con un adecuado esquema de apoyo a proyectos que contribuyan a potenciar la capacidad productiva de la población emprendedora de bajos ingresos; logrando su incorporación a la economía del país.

De enero a septiembre se han otorgado líneas de crédito por un monto total de 291.9 millones de pesos, a lo que se adicionan apoyos no recuperables por alrededor de 9.6 millones aplicados en la estrategia de incubación y apertura de sucursales.

Cumplimiento de estrategias

Con base en las acciones que se alcanzaron en el periodo enero-septiembre, se ha cumplido con la estrategia de expansión del programa en gran parte del territorio nacional; de igual forma se ha cumplido a la fecha con la consolidación del programa al otorgar líneas de crédito adicionales, además de haberse dado cumplimiento a la estrategia de promoción y vinculación del programa mediante la realización de eventos, videos promocionales y testimoniales.

IV. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fondo PYME)

Para el año de 2004, y derivado de la experiencia de los años 2001-2003, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresas (SPYME) realizó un ejercicio de planeación con el fin de diseñar un esquema integral de apoyo que:

- Facilitara los trámites de los procesos jurídicos y administrativos para la canalización de recursos a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas

- Multiplicara los recursos federales que se utilizan para apoyar proyectos que apoyan el desarrollo regional y sectorial

- Permitiera dar un seguimiento de los proyectos apoyados para medir su impacto en términos de empresas apoyadas y empleos generados, entre otros indicadores

Con base en tales objetivos se constituyó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fondo PYME), se elaboró su manual de operación, se diseñó y se puso en operación el Sistema de Seguimiento de Apoyos PYME y se procedió a diseñar un proyecto de mandato. Asimismo se consideró conveniente que la entrega de los recursos que el Fondo PYME otorgaría a los proyectos de carácter estatal se materializara a través de un mandato a conformarse en Nacional Financiera S.N.C. (Nafin).

Una vez publicadas las Reglas de Operación del Fondo PYME el 27 de febrero, se empezó a elaborar el proyecto de mandato, mismo que fue enviado el 18 de marzo para opinión de Nafin. El 26 de marzo de 2004, el contrato de mandato fue opinado favorablemente por Nafin. Asimismo, el 29 de marzo de 2004 la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía comunica a la SPYME que el proyecto de contrato cumple con los requisitos necesarios para ser suscrito, sugiriendo continuar con los trámites correspondientes para obtener la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 17 de septiembre de 2004 se obtuvo la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que a partir de esa fecha se cuenta con el instrumento jurídico que permitirá la canalización de recursos a los programas o proyectos de carácter estatal que sean aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME.

Acciones Relevantes

En estos primeros nueve meses se concluyó el esquema integral de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

- El 12 de abril se instaló en Consejo Directivo del Fondo PYME.

- Se aprobó el Manual de Operación el Fondo PYME en la segunda sesión ordinaria del comité directivo celebrada el 11 de mayo.

- Se diseñó y puso en operación el Sistema de Seguimiento de Apoyos PYME (Kardex), como el único medio para presentar solicitudes de apoyo.

Se establecieron ventanillas en las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados y en la delegaciones y subdelegaciones de la SE a fin de que las MIPYMES sean orientadas sobre las líneas de apoyo que pueden ser beneficiadas con recursos del Fondo; el llenado de la solicitud así como el proceso en el que se encuentran los proyectos presentados. Actualmente los usuarios son atendidos por personal especializado de la SPYME con información clara y concisa.

En el periodo enero-septiembre se registraron en el Kardex 882 solicitudes para apoyar proyectos, de las cuales se aprobaron 570 y 337 se rechazaron de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Fondo PYME. Las restantes 75 se encuentran en proceso de evaluación.

Estas solicitudes corresponden a proyectos de alcance regional, nacional e internacional. Del total de solicitudes aprobadas en 54 ya se suscribieron los convenios que permitieron canalizar los recursos que aprobó el Consejo Directivo, y 516 se encuentran actualmente en su proceso jurídico-administrativo que permita formalizar los compromisos y otorgar los recursos para la realización de los proyectos.

Cumplimiento de Objetivos

Durante el periodo enero-septiembre se cumplieron los siguientes objetivos:

Elaboración y publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación del Fondo PYME.

Instalación del Consejo Directivo del Fondo PYME, que es la instancia normativa del Fondo que determina, conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, los programas o los proyectos que pueden acceder a los apoyos del Fondo PYME.

Elaboración e integración del Manual de Operación del Fondo, que fue aprobado por el Consejo Directivo del Fondo PYME, y publicado en la página de Internet www.contactopyme.gob.mx/fondopyme.

Diseño, y puesta en operación del Sistema de Seguimiento de Apoyos PYME, que con los comentarios recibidos se ha mejorado y se ha convertido en un sistema más amigable.

Evaluación por parte del Consejo Directivo del Fondo PYME de las solicitudes de apoyo presentadas por los Organismos Intermedios.

Establecimiento de ventanillas de orientación y atención sobre el Fondo PYME, el Kardex, y en general de todo el esquema de apoyo en las Delegaciones Federales de la Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Económico.

Difusión del Fondo PYME en las entidades federativas como con los organismos empresariales.

Aprobación del mandato para canalizar recursos a los programas o proyectos de carácter estatal aprobados por el Consejo Directivo

Asimismo, se continuaron las tareas de seguimiento de los proyectos apoyados en ejercicios anteriores por el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI), y el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos (FACOE).

Cumplimiento de Estrategias

La estrategia encaminada a posicionar el concepto de apoyo a las MIPYMES a través del Fondo PYME ha dado buenos resultados como se desprende del número de solicitudes ingresadas al sistema y a las aprobadas por el Consejo Directivo. Esto se ha logrado con una intensa labor de promoción y difusión realizada por la SPYME con el apoyo de las Delegaciones Federales de la SE en toda la República.

V. Programa Marcha Hacia el Sur

Objetivo: El propósito fundamental del programa se inscribe en el objetivo del Gobierno federal de impulsar vigorosamente el desarrollo de las regiones con mayores rezagos y en asegurar un desarrollo regional y nacional más equilibrado. En tal sentido, su objetivo es generar las condiciones para alcanzar mayores niveles de desarrollo en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, que constituyen la región sursureste, así como municipios con altos índices de marginación en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Características: El Programa se propone enfrentar dichos rezagos a través del fomento a la inversión nacional y extranjera por medio del estímulo al establecimiento de plantas productivas que generen empleos permanentes y bien remunerados, así como impulsar el desarrollo regional y fomentar una cultura industrial y empresarial entre los habitantes de la zona de cobertura.

Acciones Relevantes

Durante el tercer trimestre de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas a las Reglas de Operación del Programa Marcha Hacia el Sur con fecha 8 de julio de 2004, lo cuál permitió una mayor difusión del programa ante los inversionistas y de esta forma contar con más proyectos de inversión.

En el tercer trimestre se atendieron 54 empresas de las cuales se reportan dos proyectos de inversión comprometidos a generar 76 empleos permanentes y de calidad. Sin embargo, se tienen en cartera proyectos que generarán 6,000 empleos y se pondrán en marcha al cierre del ejercicio 2004.

Durante el periodo enero-septiembre de 2004 el Programa Marcha Hacia el Sur proporcionó apoyo a 27 proyectos de inversión ubicados en el Sur-Sureste del país y en algunos municipios que se encuentran incorporados a la zona de cobertura, de esta manera y como parte de las actividades del programa consistentes en incentivar; orientar y dirigir al sector empresarial para promover la inversión en el país, se contribuyó a la generación de 2,681 empleos permanentes, los cuales representaron apoyos por 10.3 millones de pesos.

Cumplimiento de Objetivos

La asistencia a ferias y exposiciones y el trabajo con las delegaciones federales ha permitido establecer sinergias con otros organismos y de esta forma dar a conocer entre los inversionistas uno de los objetivos del Programa Marcha Hacia el Sur, el cual es la generación de empleos permanentes y de calidad en el Sur-Sureste de México y en las regiones más rezagadas del país.

Se está trabajando con el Plan Puebla Panamá, Fidesur y los 8 estados del Sur-Sureste en la formación del Grupo Económico de la Región Sur-Sureste (GERSSE), esperando firmar un convenio durante la semana PYME.

Cumplimiento de Estrategias

Dentro de las estrategias que tiene el programa para la generación de empleos, se ha estado trabajando en la atracción de proyectos de inversión, se ha mejorado la vinculación con otros programas federales de todos aquellos proyectos que por diversas razones requieren apoyos distintos a los que ofrece el programa y asimismo, disminuir el riesgo de la duplicidad de los apoyos, se ha posicionado al programa mediante el mejoramiento de la imagen y la difusión con organismos como cámaras de comercio, y agendas de trabajo con inversionistas potenciales y se han realizado encuentros de negocios con el Banco de Comercio Exterior.

VI. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (Compite)

Objetivo: Incrementar la productividad de la industria con acciones de bajo costo e impacto inmediato a través de la aplicación de una metodología que permite a las empresas incrementar su productividad.

Características: Este programa aplica un modelo de intervención rápida de carácter teórico-práctico que se aplica en forma intensiva dentro de las instalaciones de la empresa durante cuatro días continuos a grupos de entre cinco y 15 personas, el cual permite proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para agilizar el volumen y flujo de producción, eliminar desperdicios, reducir inventarios en el proceso y optimizar el espacio en planta.

Durante el periodo julio-septiembre el programa ha ejercido alrededor de 4.8 millones de pesos, sumando un acumulado de 14.3 millones.

Cumplimiento de Estrategias

Las estrategias programadas por el organismo están permitiendo lograr los objetivos planteados. Por ejemplo, en cuanto al número de empresas atendidas se rebasaron las metas programadas de manera significativa, salvo el caso de los Programas de Calidad y de Responsabilidad Social en los que se han fortalecido la promoción con la finalidad de generar la atención a las empresas necesarias para el cumplimiento de la meta.

Anexo I

Informe al tercer trimestre de 2004 sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el anexo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

1. Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes)Indicadores de resultados

1. Nombre del indicador: Apoyar la creación o consolidación de grupos o empresas sociales con un proyecto productivo

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 110.0 por ciento

2. Nombre del indicador: Apoyar el facultamiento empresarial de los grupos y empresas financiadas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 142.1 por ciento

3. Nombre del indicador: Impulsar la formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 159.0 por ciento

Metas y objetivos al tercer trimestre de 2004

1. Proyectos productivos apoyados:

Resultados: Número de empresas y proyectos esperados: 2 mil 88. Número de empresas y proyectos logrados: 1 mil 916

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: La variación obedece a que la demanda de apoyos en los tipos de instrumentos que agrupa la formación de capital productivo ha sido menor en número mas no en monto.

2. Acciones para la formación y el desarrollo empresarial:

Resultados: Número de acciones esperado: 18,055. Número de acciones logrado: 25,649

3. Creación y consolidación de instituciones de financiamiento y ahorro:

Resultados: Número esperado: 40. Número logrado: 20

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: La reprogramación del Programa Operativo Anual, da como resultado la reprogramación en los programas de trabajo originalmente establecidos, sin que esto afecte el cumplimiento de los mismos al cierre del ejercicio.

4. Apoyos para proyectos productivos para mujeres:

Resultados: Número esperado: 795: Número logrado: mil 266

5. Monto de los apoyos otorgados por el Fonaes

Resultados: Monto esperado: 657 millones de pesos. Monto logrado: 626 millones de pesos

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: Aun cuando el número de apoyos otorgados ha sido menor al programado, se ha otorgado el total de recursos programados.

6. Monto de los apoyos otorgados por el Fonaes en microrregiones

Resultados: Monto esperado: 123 millones de pesos. Monto logrado: 123 millones de pesos

2. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)Indicadores de resultados

Nombre del indicador: Cobertura del programa

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Cobertura esperada: 100 por ciento, cobertura obtenida: 118.1 por ciento.

2. Nombre del indicador: Porcentaje de recuperación de la cartera.

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Recuperación esperada: 96 por ciento. Recuperación observada: 98.4 por ciento.

3. Nombre del indicador: Avance de créditos otorgados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del indicador: Tasa esperada: 100 por ciento. Tasa observada: 114.5 por ciento.

4. Nombre del indicador: Capacitación.

Periodicidad: Anual

Resultado del Indicador: Capacitación esperada en porcentaje: 100 por ciento

Capacitación obtenida en porcentaje: 158.5 por ciento.

5. Nombre del indicador: Supervisión

Periodicidad: Anual

Resultado del indicador: Visitas de supervisión esperada en porcentaje: 100 por ciento. Visitas de supervisión obtenidas en porcentaje: 106.5 por ciento.

Metas y objetivos al tercer trimestre de 2004

1. Capacitación:

Resultado: Cursos esperados: tres. Cursos logrados: cuatro.

2. Mujeres beneficiarias:

Resultado:

Primer Ciclo: Esperado: 40,000. Logrado: 57,773

Segundo Ciclo: Esperado: 14,099. Logrado: 21,175

Tercer Ciclo: Esperado: 24,868. Logrado: 22,110

Cuarto Ciclo: Esperado: 25,514. Logrado: 22,286

Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: Para el tercer y cuarto ciclo no se cumplió con la meta programada debido a que algunas mujeres no continuaron con su participación en el programa al ascender a este ciclo.

3. Créditos Otorgados:

Resultado: Créditos esperados: 120,975. Créditos otorgados: 138 mil 554.

3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim)Indicadores de resultados

1. Nombre del indicador: Cobertura del programa

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de avance en el número de beneficiarios atendidos: 73 por ciento de lo programado en el periodo. Porcentaje observado: 72 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: En el mes de septiembre se consideró no viable la aprobación de una IMF

2. Nombre del indicador: Porcentaje de recuperación de cartera

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de cartera recuperada: 97 por ciento en el periodo. Porcentaje observado: 95 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Cinco de las microfinancieras pertenecientes al programa se están retrasando en el pago de la cartera. El caso está siendo debidamente estudiado

3. Nombre del indicador: Créditos otorgados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de créditos otorgados: 69 por ciento de lo programado en el periodo. Porcentaje observado: 79 por ciento

4. Nombre del indicador: Monto promedio del microcrédito otorgado a cada beneficiario

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Monto esperado: $5,000. Monto observado: $4,643

5. Nombre del indicador: Plazo promedio para otorgar el microcrédito, reportado por la microfinanciera

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Plazo esperado: 10 días. Plazo observado: 11 días

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Debido al incremento de las solicitudes de crédito algunas IMF se han visto rebasadas en sus capacidades técnicas, lo cual en promedio, ha generado el retraso de un día en el otorgamiento del crédito

6. Nombre del indicador: Visitas de seguimiento a las microfinancieras

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Proporción de visitas realizadas respecto al número total de microfinancieras con que opera el programa: 71 por ciento programado en el periodo. Porcentaje observado: 202 por ciento

Metas y objetivos al tercer trimestre de 2004

1. Integrar al programa nuevas microfinancieras

Resultados: Número esperado de microfinancieras: 11. Número obtenido: 11

2. Incubación de nuevas instituciones de microfinanciamiento

Resultados: Número esperado de incubaciones: 2. Número logrado: 1

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Ninguna solicitud de incubación ha sido considerada como viable

3. Apoyar la apertura de sucursales de microfinancieras incorporadas al programa

Resultados: Número esperado de sucursales: 23. Número logrado: 48

4. Otorgamiento de ampliaciones de líneas de crédito

Resultados: Número esperado de microfinancieras: 31. Número obtenido: 25

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: El otorgamiento de ampliación de líneas de crédito se hace a petición de las propias microfinancieras y tras un estudio del comportamiento crediticio de las mismas

5. Cobertura del programa

Resultados: Número esperado de microcréditos: 150,386. Número logrado: 186,319

4. Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)Indicadores de Impacto

1. Nombre del indicador: Número de empleos generados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empleos generados: 0.

Número obtenido de empleos generados: 3,632

2. Nombre del indicador: Número de empleos conservados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empleos conservados: 0. Número obtenido de empleos conservados: 88,103

3. Nombre del indicador: Número de MIPYME atendidas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME atendidas: 3,000. Número obtenido de MIPYME atendidas: 12,106

4. Nombre del indicador: Número de MIPYME incubadas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME incubadas: 0. Número obtenido de MIPYME incubadas: 30

5. Nombre del Indicador: Incremento de la productividad de las MIPYME como resultado de una intervención en la gestión y procesos productivos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de productividad de las MIPYME: 0. Porcentaje obtenido de productividad de las MIPYME: 0

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Se está elaborando la metodología que permita medir este impacto en las empresas atendidas

6. Nombre del indicador: Número de MIPYME integradas a cadenas productivas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME integradas a cadenas productivas: 0. Número obtenido de MIPYME integradas a cadenas productivas: 0

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Se está elaborando la metodología que permita medir este impacto en las empresas atendidas

7. Nombre del indicador: Número de MIPYME con acceso a un financiamiento

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME con acceso a un financiamiento: 11,000. Número obtenido de MIPYME con acceso a un financiamiento: 4,129

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: El resultado obtenido se debe a que se han otorgado recursos para atender 3 programas para que las MIPYME con un proyecto productivo viable puedan acceder al financiamiento de manera competitiva. Se encuentran aprobados por el Consejo Directivo otros 21 programas que están cumpliendo con los trámites para obtener los recursos que permitan apoyar a otras 16,330 MIPYME.

8. Nombre del Indicador: Número de MIPYME en proceso de exportar o diversificar sus mercados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME en proceso de exportar o diversificar sus mercados: 50. Número obtenido de MIPYME en proceso de exportar o diversificar sus mercados: 609

9. Nombre del indicador: Derrama crediticia de los apoyos entregados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado: 0. Número obtenido: 600 millones de pesos

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Con sólo 3 programas apoyados en materia de acceso al financiamiento por un monto de 33.1 millones de pesos se tiene una derrama de 600 millones de pesos, esto es, cada peso aportado por la SE se multiplicó por 18.1 en beneficio de las MIPYME.

10. Nombre del indicador: Monto de la inversión total involucrada en los programas o proyectos apoyados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Monto de la inversión esperada: 0: Monto de la inversión obtenida: 503.4 millones de pesos

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Este indicador permite conocer los montos totales de recursos que se detonan con las aportaciones del Fondo PYME

Indicadores de gestión

1. Nombre del indicador: Número de programas o proyectos apoyados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de programas o proyectos apoyados: 255. Número obtenido de programas o proyectos apoyados: 54

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: El número de proyectos que se han aprobado para apoyar con recursos del Fondo PYME es de 570, al cierre de septiembre a 54 de ellos se les ha otorgado recursos por haber completado los trámites respectivos, los restantes 516 proyectos se encuentran en su etapa final de cumplimiento de requisitos

2. Nombre del indicador: Indice de complementariedad de recursos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje esperado de complementariedad de recursos: 0. Porcentaje obtenido de complementariedad de recursos: 186 por ciento

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Este indicador permite conocer el grado de participación en términos de recursos, tanto de los organismos intermedios como del promotor del proyecto. Esto quiere decir, en cuánto se multiplica cada peso aportado por el Fondo PYME. Con 54 proyectos apoyados, por cada peso que otorga el Fondo PYME se tienen comprometidos recursos por 1.8 pesos para apoyar proyectos.

3. Nombre del indicador: Número de incubadoras apoyadas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de incubadoras: 0. Número obtenido de incubadoras: 1

4. Nombre del indicador: Número de MIPYME que recibieron extensionismo financiero

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME que recibieron extensionismo financiero: 2,000. Número obtenido de MIPYME que recibieron extensionismo financiero: 272

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: En la medida que se cumplan los procesos administrativos y se canalicen los recursos a los proyectos aprobados por el Fondo PYME se podrá alcanzar la meta.

5. Nombre del indicador: Número de impulsoras de la Oferta Exportable apoyadas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de impulsoras de la Oferta Exportable apoyadas: 0. Número obtenido de impulsoras de la Oferta Exportable apoyadas: 8

6. Nombre del indicador: Número de empleos integrados a esquemas de desarrollo de proveedores

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empleos integrados a esquemas de desarrollo de proveedores: 0. Número obtenido de empleos integrados a esquemas de desa-rrollo de proveedores: 0

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Aún no se cuenta con los elementos que permitan medir este impacto en las empresas atendidas.

Indicador de la Red Cetro-Crece

1. Nombre del indicador: Número de empresas atendidas en formación empresarial por la Red CETRO-CRECE

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empresas atendidas: 7,450. Número obtenido de empresas atendidas: 5,264

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Se continúa con el proceso de atención a MIPYMES a través de capacitación, consultoría integral y consultoría especializada a fin de incrementar su competitividad.

5. Programa Marcha Hacia el Sur (PMS)Indicadores de resultados

1. Nombre del indicador: índice de proyectos de inversión atendidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número de proyectos que se esperaba atender: 116. Número de proyectos atendidos: 130

2. Nombre del indicador: índice de proyectos comprometidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de proyectos: 40. Número observado de proyectos: 27

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Las modificaciones hechas a las reglas de operación del programa fueron aprobadas en el mes de julio, por lo que se espera que en el siguiente trimestre se alcancen y superen las metas establecidas.

3. Nombre del indicador: Indice de empleos comprometidos

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empleos: 8,000. Número observado de empleos: 2,681

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Las modificaciones hechas a las reglas de operación del programa fueron aprobadas en el mes de julio, por lo que se espera que en el siguiente trimestre se alcancen y superen las metas establecidas.

4. Nombre del indicador: Indice de participación por tamaño

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Distribución de la atención entre empresas pequeñas medianas y grandes esperada: 8.0, 56.0 y 16.0 por ciento, respectivamente. Distribución obtenida: 1.6, 3.3 y 0.1 por ciento respectivamente.

5. Nombre del indicador: índice de participación por sector

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Participación esperada: 68.0, 0.6 y 0.6 por ciento para los sectores: industria, comercio y servicios, respectivamente. Participación observada: 3.7, 0.2 y 0.6 por ciento, respectivamente.

6. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (Compite)Indicadores de evaluación

1. Nombre del indicador: Número total de apoyos otorgados por tamaño de empresa y línea de apoyo

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador por tamaño de empresa:

Micro esperado: 635 obtenido: 635

Pequeña esperado: 280 obtenido: 280

Mediana esperado: 47 obtenido: 47.

Resultado del Indicador por línea de apoyo:

Talleres

Micro esperado: 500 obtenido: 500

Pequeña esperado: 120 obtenido: 120

Mediana esperado: 25 obtenido: 25

Calidad

Micro esperado: 57 obtenido: 57

Pequeña esperado: 71 obtenido: 71

Mediana esperado: 10 obtenido: 10

Capacitación

Micro esperado: 77 obtenido: 77

Pequeña esperado: 86 obtenido: 86

Mediana esperado: 12 obtenido: 12

Responsabilidad Social

Micro esperado: 1 obtenido: 1

Pequeña esperado: 3 obtenido: 3

Mediana esperado: obtenido:

2. Nombre del indicador: Atención a empresas lidereadas por mujeres

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Porcentaje de atención esperado: 71 por ciento. Porcentaje de atención obtenido: 71 por ciento

3. Nombre del indicador: Atención a personas con discapacidad

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número de personas esperado: 35. Número de personas atendidas: 35

4. Nombre del indicador: Recursos otorgados a empresas dirigidas por mujeres del total de apoyos solicitados

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Apoyo esperado: Talleres 2.7 millones de pesos. Calidad 851.6 miles de pesos. Capacitación 108.3 miles de pesos. Apoyo obtenido: Talleres 2.7 millones de pesos. Calidad 851.6 miles de pesos. Capacitación 108.3 miles de pesos.

5. Nombre del indicador: Trabajadores involucrados de las empresas apoyadas por género

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Mujeres trabajadoras esperado: 5,141. Hombres trabajadores esperado: 9,283. Mujeres trabajadoras obtenido: 5,141. Hombres trabajadores obtenido: 9,283

6. Nombre del indicador: Total de beneficiarios atendidos por el programa

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de MIPYME atendidas y número esperado de personas atendidas: 962 empresas y 445 personas. Número obtenido de MIPYME atendidas y número obtenido de personas atendidas: 962 empresas y 445 personas

7. Nombre del indicador: Empresas atendidas

Periodicidad: Trimestral

Resultado del Indicador: Número esperado de empresas atendidas por tamaño: Micro 638, Pequeña 277 y Mediana 47. Número obtenido de empresas atendidas por tamaño: Micro 638, Pequeña 277 y Mediana 47

Metas y objetivos al tercer trimestre de 2004

1. Programa de talleres:

Resultados: Avance esperado: 422 talleres. Avance logrado: 645 talleres

2. Programa de consultoría ISO 9000: 2000

Resultados: Avance esperado: 81 empresas incorporadas. Avance logrado: 138 empresas incorporadas

3. Programa de capacitación empresarial:

Resultados: Avance esperado: 119 cursos. Avance logrado: 200 cursos

4. Programa de responsabilidad social e integridad:

Resultados: Avance esperado: 32 empresas en consultoría. Avance logrado: 4 empresas en consultoría

Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Se ha fortalecido la promoción del programa con la finalidad de generar la atención a las empresas necesarias para el cumplimiento de la meta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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RELLENOS SANITARIOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-703, signado el 23 de septiembre del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 170/UCVPS/335/2004, suscrito el día 13 del actual por el C. doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su Oficio SEL/300/3400/04, de fecha 24 de septiembre de 2004, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, sobre el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996, sobre residuos sólidos.

En atención al referido acuerdo legislativo, me permito acompañar Oficio COFEPRISMAR/00636/04, suscrito por el Dr. Miguel Gerardo Lombera González, Comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; solicitando su valiosa intervención ante el órgano legislativo, para el desahogo del punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovechó la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 13 de octubre de 2004.--- Dr. Gabriel García Pérez, titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Dra. Ma. de las Nieves García Fernández, Directora General Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud.

Con relación a su escrito de fecha 23 de septiembre del presente, en el que solicita comentarios al punto de acuerdo sobre el exhorto de la Cámara de Diputados hacia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud para vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996 de residuos sólidos, le informo a usted lo siguiente:

1. La Secretaría de Salud participó dentro del grupo de trabajo que elaboró la Norma Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales.

2. En el numeral 7.2 la NOM señala que: "La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a los Gobiernos del Distrito Federal, de los estados y municipios en el ámbito de su jurisdicción y competencia, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las violaciones a la misma se sancionará en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos aplicables".

3. Asimismo, es importante señalar que el 10 de octubre de 2003 fue publicado el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-083-Semarnat-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales; donde la Secretaría de Salud también participó en la elaboración de este proyecto, en la respuesta a comentarios y finalmente en la firma de la Norma que próximamente será publicada.

4. De igual manera, el numeral 14 relacionado a la observancia de la norma indica que la vigilancia corresponde a la Semarnat por conducto de la Profepa.

Dado lo anterior, es importante señalar que la Secretaría de Salud ha participado en todo el proceso de elaboración de la NOM; sin embargo, la atribución para su vigilancia corresponde a la Semarnat.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 11 de octubre de 2004.--- Dr. Miguel Gerardo Lombera González, Comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ZURDAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-698, de fecha 23 de septiembre del año en curso, signado por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/700/2004, suscrito el 12 del actual por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como una medida tendiente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio número SEL/300/3421/04 de fecha 24 de septiembre de 2004, mediante el cual comunica un punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, referente al "Día Nacional de las Personas Zurdas" hago de su conocimiento los comentarios que la Secretaría de Economía tiene al respecto:

Sobre el asunto en comento, me permito comunicarle que esta Secretaría considera que el punto de acuerdo referido infiere en los considerandos bajo los cuales se sustenta y justifica la medida para promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo, que no corresponde a la gente de esta condición, es decir, la realidad que viven las personas zurdas no es una de desintegración, marginalidad, desadaptación, subdesarrollo ni discriminación alguna.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 12 de octubre de 2004.--- Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. Se exhorte a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Publica Federal, a fin de que se confieran los recursos económicos suficientes de los reos federales que existen en los distintos centros penitenciarios en el país y sean considerados en el Presupuesto de 2005.''

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión formula un respetuoso exhorto a la H. Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, asigne recursos en materia de educación al estado de Quintana Roo, en relación con su tasa de crecimiento demográfico y económico, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.''

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Adelante la Secretaría.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Tabasco, acuerdo en adhesión al del Congreso del estado de Colima, por el que solicitan la asignación de mayores recursos a las universidades públicas.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 21 de octubre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

El día 7 del actual, la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprobó el punto de acuerdo 015, cuyos resolutivos a la letra expresan:

Primero.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se adhiere a los puntos de acuerdo aprobados por la LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en sesión de su Diputación Permanente celebrada el 4 de octubre de 2004, mediante la cual solicita al honorable Congreso de la Unión considere en la elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2005, la asignación de recursos a las universidades públicas para apoyar el financiamiento de la educación media superior y se evite la sustracción de recursos tan necesarios para ampliar y fortalecer la educación superior, la investigación y el postgrado. Y, solicite a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se destine por lo menos el 1% del producto interno bruto (PIB) al desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica.

Segundo: Que se solicite al Ejecutivo federal para que por su conducto, instruya a la Secretaría de Educación Pública, emprenda un vigoroso programa de fortalecimiento y modernización en los planteles tecnológicos de educación media superior, que les permita una competitividad en igualdad de circunstancias con los demás planteles de su nivel, cosa no difícil si se considera que se cuenta con el personal académicamente preparado pero carente de las herramientas suficientes para su óptimo desempeño profesional. Y, asimismo, se destinen los recursos necesarios a cada uno de los estados de la Federación, para que previa presentación de un proyecto estratégico se considere:

--- Programas de formación y capacitación de maestros del nivel básico para privilegiar el ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades matemáticas y científica en sus alumnos.

--- Promover proyectos de investigación científica en los planteles de educación media y superior.

--- Establecer un sistema de becarios de postgrado en ambos campos.

Apoyar proyectos de innovación tecnológica cuyos prototipos se consideren factibles de ser patentados.

Tercero.- Que mediante oficios se envíen copia de este acuerdo a la LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima y a los demás Congresos del resto de las entidades federativas, así como de la Asamblea Legislativa del DF, comunicándoles nuestra adhesión.

Al respecto y de acuerdo con lo establecido en el punto tercero y en el transitorio único de dicha resolución, se le remite copia de ésta, para los efectos jurídicos conducentes.

Sin otro particular, reciban de esta Legislatura estatal un cordial saludo.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección.''

Villahermosa, Tabasco, octubre 8 de 2004.--- Mtro. Joel Alberto García González Oficial Mayor (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Dip. Luis Federico Pérez Maldonado, Presidente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.--- Presente.

Los integrantes de la Gran Comisión en la LVIII Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 50, 52, fracción I, 59, 82 y 85, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tabasco, 51, 61 y 80 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado; con base en los siguientes

Antecedentes

1. Que en la Sesión Pública de la Comisión Permanente de este honorable Congreso, celebrada el pasado día 29 de septiembre de 2004, en el punto del orden del día relativo a la lectura de comunicados y correspondencia recibida, con los puntos 6 y 7 se dio cuenta de los oficios números 797/04 y 800/04, recibidos el día 28 de septiembre actual, remitidos por la LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, mediante los cuales hizo llegar dos solicitudes de adhesión, aprobada en sesión de su Diputación Permanente celebrada el 7 de septiembre de 2004.

2. Que el diputado Presidente de la Comisión Permanente de esta LVIII Legislatura, por el primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, turnó a esta Gran Comisión los comunicados oficiales mencionados, para su atención, análisis y acuerdo o dictamen que en su caso proceda.

3. Esta Gran Comisión, en su reunión celebrada el día 4 de los corrientes, atendió y analizó las solicitudes remitidas por la LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo que de acuerdo con el estudio realizado por esta Gran Comisión y

Considerando

Primero. Que la LIV Legislatura al Honorable Congreso de Colima, emitió un punto de acuerdo en el que considera que la creciente demanda en el servicio de la educación media superior, rebasa la capacidad instalada, tanto en la infraestructura como en recursos humanos disponibles, para atender en los niveles de calidad que demanda la dinámica de nuestro tiempo.

Segundo. Que desde hace 20 años se retiró el subsidio que el Gobierno Federal otorgaba a las universidades públicas para atender este importante rubro; que es el preparatorio o propedéutico para ingresar a la educación superior, constriñendo su atención y crecimiento a los recursos que dichas entidades derivan del presupuesto designado a la educación superior y a la investigación científica, limitándose con ello la expansión y desarrollo de tan relevante área.

Tercero. Que en lo que concierne a las instituciones de educación media superior dependiente del Sistema de Educación Tecnológica, de la Secretaría de Educación Pública, tales como: CBTIS, CETAS, CETIS, CET del MAR, Conalep, etcétera, disponen de insuficientes recursos medios para ofertar una enseñanza, donde el alumno interactúe con las herramientas tecnológicas tan usuales en nuestro días, lo que origina desinterés por ingresar en dichos planteles.

Cuarto. Que todo lo anterior se contrapone al derecho que todo mexicano tiene para acceder a una preparación que le permita desarrollarse humana y profesionalmente.

Quinto. Que el gasto educativo, en este caso, el orientado a sufragar la enseñanza media superior, debe considerarse como una inversión a futuro y verse como prioridad nacional para formar ciudadanos que de manera formal compitan en la inminencia de la globalización.

Sexto. Que la misma LIV Legislatura al honorable Congreso del estado de Colima emitió otro punto de acuerdo relacionado con el tema, en el que consideró que la aspiración de México y de todos los mexicanos, es lograr cada día una mayor calidad de vida, basada en un modelo económico que responda a las circunstancias de un mundo globalizado, donde la competitividad es el medio para invertir en el mercado mundial.

Séptimo. Que la política financiera en nuestro país se ha encaminado a solucionar lo urgente, postergando en muchos casos la atención a lo importante, generándose así, un considerable atraso en sectores que son vitales para desencadenar el desarrollo económico de México, pues contamos con amplias posibilidades materiales y humanas hasta ahora subutilizadas, por falta de una visión estratégica con perspectiva de futuro.

Octavo. Que es necesario volver la vista hacía naciones que, con menores posibilidades que la nuestra, decidieron apostarle a la investigación científica y a la innovación tecnológica, porque concibieron estos rubros como la columna vertebral de su desarrollo.

Noveno. Que en México la inversión del Producto Interno Bruto (PIB), apenas rebasa el 0.4 por ciento, destinado a ciencia y tecnología; es, además de insuficiente, limitado en sus alcances y nos somete irremisiblemente a la política de consumidores pasivos e importadores de bienes y tecnología, lo que nos vuelve dependientes y vulnerables en el contexto mundial; amén de la fuga de cerebros que emigran en busca de las oportunidades que en nuestro contexto no se pueden dar.

Décimo. Que en reunión de trabajo del Ejecutivo federal con integrantes del Foro Nacional Consultivo de Ciencia y Tecnología, se habló de una fuerte inversión de hasta el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para el desarrollo científico y tecnológico durante su gobierno.

Décimo primero. Que es necesario delimitar los conceptos de gasto e inversión, ya que el segundo presupone la obtención de resultados superavitarios, aunque éstos sean mediatos, lo que no se riñe con prospectiva de un proyecto de nación a futuro.

Décimo segundo. Que la Gran Comisión de la presente legislatura, después de haber hecho un minucioso estudio y análisis a las solicitudes de adhesión enviadas por la legislatura del Congreso de Colima, estimó conveniente para los intereses del estado de Tabasco, especialmente para su juventud estudiosa y ávida de conocimiento, aunado a que es necesario fortalecer a la universidad pública para contener el semillero de profesionales que requiere la entidad y la sociedad, a la que puedan acceder todos los sectores sociales, especialmente los de bajos recursos económicos. Por tales razones se propone a esta LVIII Legislatura adherirse a los puntos de acuerdo mencionados.

Décimo tercero. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, es facultad de esta Gran Comisión dictaminar sobre asuntos concernientes al Estado, tomando en cuenta las proposiciones de los diputados que la integran, ya que los puntos de acuerdo emanados de esta legislatura tienen como finalidad la búsqueda de beneficios para la ciudadanía tabasqueña.

Décimo cuarto. Que es facultad del Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdo legislativos que se presenten a la legislatura, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, en términos de lo establecido por los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Por lo que tomando en cuenta estas consideraciones, se somete a la aprobación del pleno el siguiente

Dictamen

Artículo único. Se aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta LVIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se adhiere a los puntos de acuerdo aprobados por la LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en sesión de su Diputación Permanente celebrada el 4 de octubre de 2004, mediante la cual solicita al honorable del Congreso de la Unión considere en la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2005, la asignación de recursos a las universidades públicas para apoyar el financiamiento de la educación media superior y se evite la sustracción de recursos tan necesarios para ampliar y fortalecer la educación superior, la investigación y el posgrado. Y, solicite a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se destine por lo menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica.

Segundo. Que se solicite al Ejecutivo Federal para que por su conducto, instruya a la Secretaría de Educación Pública, emprenda un vigoroso programa de fortalecimiento y modernización en los planteles tecnológicos de educación media superior, que les permita una competitividad en igualdad de circunstancias con los demás planteles de su nivel, cosa no difícil si se considera que se cuenta con el personal académicamente preparado pero carente de las herramientas suficientes para su óptimo desempeño profesional. Y, asimismo, se destinen los recursos necesarios a cada uno de los estados de la Federación, para que previa presentación de un proyecto estratégico se considere:

- Programas de formación y capacitación de maestros del nivel básico para privilegiar el ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades matemáticas y científica en sus alumnos.

- Promover proyectos de investigación científica en los planteles de educación media y superior.

- Establecer un sistema de becarios de posgrado en ambos campos.

- Apoyar proyectos de innovación tecnológica cuyos prototipos se consideren factibles de ser patentados.

Tercero. Que mediante oficios se envíen copias de este acuerdo a la LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima y a los demás congresos del resto de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del DF, comunicándoles nuestra adhesión.

Transitorios

Unico. Se instruye al oficial mayor, de este honorable Congreso, dé cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, enviando y remitiendo copias de la misma, para su trámite y atención correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"2004, año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano."

Villahermosa, Tabasco, a 6 de octubre de 2004.--- La Gran Comisión.--- Dip. Carlos Mario Ocampo Cano, presidente; Dip. Darvin González Ballina, secretario; Dip. Adolfo Díaz Orueta, secretario; Dip. Javier Díaz Hernández, secretario; Dip. Jesús Selván García, vocal; Dip. Jorge Luis González Marín, vocal; Dip. Evaristo Hernández Cruz, vocal; Dip. Antonio Lope Báez, vocal; Dip. Pascual Bellizzia Rosique, prosecretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PODER LEGISLATVO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Emilio Chuayffet Chemor, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con su venia, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados: Someto a la consideración de esta soberanía, sendas iniciativas de reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso General. El propósito común de ambas es el de fortalecer las tareas del Congreso de la Unión y hacer más eficaz el procedimiento legislativo.

Los rubros a los que se orientan las modificaciones que se pretenden son:

a) La importancia y relevancia de las tareas de las comisiones;

b) La certidumbre en los términos de los trámites del procedimiento legislativo;

c) La formalización del trabajo de las comisiones; y

d) La realización de nuevas facultades del Congreso a través de las comisiones.

En cuanto a la importancia y relevancia de las tareas de las comisiones destacan:

a) Se introduce a nivel constitucional el hecho de que las Cámaras ejercen sus atribuciones, tanto a través del pleno como de las comisiones.

b) Se formaliza la obligación de los legisladores de formar parte de un mínimo de dos comisiones ordinarias.

c) Se equipara la importancia del quórum en el pleno y en las comisiones ordinarias.

Segundo. En cuanto a la certidumbre en los plazos del trámite legislativo en el caso del Congreso:

a) Se fija un término de 30 días para que las comisiones dictaminen todo proyecto de iniciativas.

b) En caso de que no lo hagan, el pleno puede acordar turnarlo a otra comisión.

c) Para el dictamen de proyectos de mayor dificultad técnica, las comisiones pueden solicitar ampliación del plazo.

d) Los proyectos no dictaminados en el término legal, se entenderán dictaminados negativamente y así se someterán a conocimiento del pleno.

e) Los dictámenes que no hayan sido votados, pasarán a la siguiente legislatura como meros proyectos.

En el caso del Ejecutivo, de no tener el Ejecutivo observaciones a los proyectos que le sean turnados, los deberá publicar en un término no mayor de 10 días hábiles.

Durante los recesos del Congreso, el Ejecutivo debe remitir sus observaciones ya no hasta el primer día hábil de sesiones del Congreso, sino a la Comisión Permanente y finalmente, el Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley dentro de los 10 días siguientes a aquél en que los reciba si ya hubieran sido discutidos y aprobados por segunda ocasión en ambas cámaras.

La redistribución de facultades del pleno a las comisiones para que éstas puedan resolver de manera definitiva muchos asuntos que hoy siguen ventilándose en el pleno, que las comisiones puedan desahogar todos los actos materialmente administrativos de la Cámara como autorizaciones para prestar servicios oficiales a gobierno extranjero, permisos para viajes, aceptación y uso de condecoraciones extranjeras y en general, todas las propuestas de puntos de acuerdo, salvo aquellas que el proponente o el pleno decida resolver directamente.

Finalmente, las iniciativas también comprenden una nueva facultad que consideramos fundamental para que el Congreso realice sus funciones y es el que a través de las comisiones de sus cámaras pueda citar a cualquier persona, solicitar informes ya no sólo a titulares de dependencias, entidades u organismos como hasta ahora, sino también a particulares para mejor enterar a los legisladores en el ejercicio de sus atribuciones.

Dichos citatorios deberán fundarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución, con pleno respeto a las garantías individuales y sin más límites que los que establezcan las leyes.

Con esta iniciativa se pretende iniciar la discusión sobre la reforma del Congreso, a fin de dar a éste la eficacia que requiere para estar a la altura del papel que de él se demanda: Primero, articular el debate nacional y segundo, equilibrar el poder público. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emilio Chuayffet Chemor, del grupo parlamentario del PRI

Emilio Chuayffet Chemor, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que propone la reforma o adición de los artículos 50, 64, 71, 72, 77 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El propósito general de esta iniciativa es proponer nuevos mecanismos que impidan el inmovilismo legislativo, tanto en la formulación de dictámenes ---fortaleciendo el trabajo en comisiones--- como en las últimas etapas del procedimiento legislativo, que culminan con la promulgación y publicación de la ley.

Con relación a las adiciones al artículo 50 constitucional, la reforma que se propone deriva de la necesidad de modernizar y redistribuir las actividades que lleva a cabo el Congreso, a fin de disponer de más tiempo para el debate en el Pleno Parlamentario y atender de mejor manera los grandes problemas nacionales.

Existen algunos asuntos o trámites que, por su propia naturaleza, pueden ser examinados y en su caso resueltos por las comisiones ordinarias, pues éstas se encuentran integradas de manera plural por las fuerzas políticas representadas en el Congreso y su trabajo es de carácter especializado en las diversas materias.

De igual manera, al pretender dotar de mayores facultades a las comisiones, que les permitan abordar problemas de interés para la sociedad, se hace necesario consolidar a nivel constitucional el trabajo de las mismas, garantizando con ello que las tareas que realicen los legisladores no puedan ser cuestionadas en su constitucionalidad.

La reforma propuesta al artículo 64 constitucional, habida cuenta la importancia y trascendencia que tiene el trabajo en comisiones, nos lleva a considerar aplicable la norma que dicho precepto contiene, tanto a las inasistencias injustificadas al Pleno, como a las sesiones de las comisiones ordinarias.

En la redacción del artículo 71 constitucional resulta importante prever dentro de nuestro máximo cuerpo legal, no sólo la forma en que pueden presentarse iniciativas de ley ante el Congreso, sino que también, y dada la experiencia observada, se requiere establecer la obligatoriedad de dictaminar las iniciativas en un plazo determinado a efecto de dar certeza en las distintas etapas del procedimiento legislativo.

La sociedad conoce la existencia de una alto rezago legislativo, el cual en gran medida es el resultado de la no regulación de los plazos para dictaminar las iniciativas que se han venido presentando durante las diferentes legislaturas, ya que al no dictaminarse en plazos adecuados, han quedado acumuladas para su atención en la subsecuente legislatura, lo que en la mayoría de los casos no se ha realizado pues, al ya no existir quien impulse dichas iniciativas pierden vigencia e interés, provocando que permanezcan intocadas o que el asunto que contienen pierda vigencia.

Por ello, y a efecto de buscar un mecanismo que agilice el conocimiento y análisis de las iniciativas que sean presentadas ante el Congreso para llegar a su dictamen oportuno, se propone establecer plazos razonables para que se traduzcan en un dictamen positivo o negativo, según lo estimen los legisladores, pero sobre todo oportuno.

Las adiciones que se proponen al artículo 72 constitucional en comento, tienen como objetivo fundamental impedir que se presenten casos de parálisis en la promulgación y publicación de los proyectos remitidos al Poder Ejecutivo, una vez que sean aprobados por el Congreso, pues existen diversos antecedentes que, ante la no previsión en nuestra Carta Magna, han quedado suspendidos en el tiempo y sin alcanzar los propósitos de la ley.

Una de las medidas que desde hace tiempo se han hecho necesarias para fortalecer al Congreso de la Unión, es la que nos permitimos poner a su consideración al agregar una quinta fracción al artículo 77 constitucional.

Nuestro sistema jurídico ya comprende, a partir de diversas normas constitucionales, las facultades que tiene el Congreso para hacer comparecer a los Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo y Titulares de las entidades paraestatales, entre otros servidores públicos. Pero hasta la fecha ha estado impedido de hacer comparecer a los particulares, por lo que de autorizarse esto, deberá hacerse respetando íntegramente sus garantías individuales, en especial las de seguridad jurídica.

En efecto, esta propuesta pretende dotar al Congreso, a través de las comisiones de cualquiera de sus Cámaras, de la facultad para citar a comparecer a personas, para que otorguen información suficiente que permita a los legisladores construir iniciativas que respondan de manera más eficaz a las necesidades sociales o atender los asuntos que les sean encomendados.

Las reformas a la fracción III del artículo 78 constitucional, que establece las atribuciones de la Comisión Permanente, la facultan para recibir y dar trámite a las observaciones que envíe el Ejecutivo a los proyectos de ley o decreto, se hace en congruencia con la propuesta de reformas al artículo 72 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto

Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 50, al que se le adiciona un segundo párrafo; 64, al que se le adiciona un segundo párrafo; 71, al que se le adiciona un último párrafo; 72, del que se reforman las fracciones a, b y c; 77, que se adiciona con una fracción V; y 78, que se reforma en su fracción III; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 50.- ...

Las Cámaras ejercerán sus atribuciones en Pleno y a través de sus comisiones, en los términos previstos por la ley.

Artículo 64.- ...

Los diputados y senadores que no concurran a una sesión del Pleno o de una Comisión Ordinaria, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

Artículo 71.- ...

I.- ...

II.- ...

III.- ...

...

Toda iniciativa deberá dictaminarse dentro de los plazos que determine la ley. En caso de que no se formulara dictamen, se entenderá emitido en sentido negativo y se someterá al Pleno.

Artículo 72.- ...

a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará en un término no mayor de 10 días hábiles;

b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de 10 días hábiles; si corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente;

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que lo reciba;

...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

...

Artículo 77.- ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V.- Citar a cualquier persona, por acuerdo de la mayoría de los integrantes de sus comisiones, a fin de que comparezca ante éstas, con el propósito de aportar elementos considerados como indispensables para los trabajos legislativos y demás asuntos que sean competencia de dichas comisiones. Las personas que sean requeridas de conformidad con las garantías que otorga esta Constitución, estarán obligadas a comparecer y a proveer la información o documentación solicitada, sin más límites que los establecidos por las leyes.

Artículo 78.- ...

...

I. ...

II. ...

III.- Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y las proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

Transitorio

Artículo Único.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emilio Chuayffet Chemor, del grupo parlamentario del PRI

Emilio Chuayffet Chemor, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la reforma o adición de los artículos 12, 13, 43, 45, 97, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de prever en la misma el desarrollo de las reformas constitucionales planteadas con el propósito de fortalecer al Congreso de la Unión y agilizar el procedimiento legislativo.

Exposición de Motivos

El fin de esta iniciativa es dar secuencia normativa, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a las propuestas contenidas en diversa iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pretenden vigorizar las tareas del Congreso de la Unión y agilizar el procedimiento legislativo.

Consecuentemente con la reforma propuesta al artículo 64 constitucional, que reconoce la necesidad de evitar las inasistencias de los legisladores, tanto a las sesiones plenarias como a la de las comisiones, cuyo trabajo se pretende fortalecer, se propone la creación de un nuevo artículo 13 de la mencionada ley, con el fin de equiparar el derecho a obtener la dieta de los legisladores, tanto por sus asistencias a las sesiones plenarias, como a las sesiones de las comisiones ordinarias de las que formen parte.

En equidad se establece la posibilidad de justificar las inasistencias cuando se cumpla formalmente una comisión de trabajo del Congreso u ocurran causales que afecten la salud de los legisladores, impidiéndoles el desempeño de sus labores. Se prevé una serie de requisitos para acreditar tales supuestos.

Para que las normas anteriores se refieran al Congreso en general y no sean repetitivas en los títulos correspondientes a cada una de las cámaras, se propone queden ubicadas dentro del Título primero. Así se selecciona el numeral 13, último de éste Título Primero y se traslada su contenido actual a un tercer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de cuyas materias es complementario.

A efecto de garantizar la participación de diputados y senadores en comisiones, en las reformas propuestas al artículo 43, para los diputados y al 104 para los senadores, se establece la obligación de incorporarse a comisiones ordinarias, en un mínimo de dos de ellas, en ambos casos.

Atendiendo a las cargas de trabajo de los coordinadores de los grupos parlamentarios se les deja en libertad de pertenecer o no a comisiones.

Como ya se expuso en la propuesta de reforma del artículo 77 constitucional, el Congreso a través de las comisiones de sus cámaras podrían citar también a personas para que obligatoriamente comparezcan a otorgar información y documentación que mejor ilustre a los representantes populares en el ejercicio de sus atribuciones. Esta facultad resulta imprescindible en la actualidad para fortalecer las tareas del Congreso y asegurar, con mayores elementos e instrumentos jurídicos, sus responsabilidades públicas.

Como se plantea en la reforma constitucional a los artículos 50 y 77, claramente se prevé, en los artículos 45 numeral 1, y 97 numera 1 de la Ley Orgánica, que las cámaras del Congreso, a través de sus comisiones, podrán ejercer esta facultad de citar a personas para los objetivos antes señalados, limitándose el ejercicio de esta atribución a que se respeten las garantías que a aquellas otorga la Constitución, por lo que el Congreso estará limitado en el ejercicio de esta atribución conforme a lo previsto en las leyes.

Otra de las medidas que tienden a fortalecer las tareas de las comisiones, es la posibilidad de que en su seno se desahoguen en su totalidad algunos asuntos que hasta la fecha se realizan en el Pleno. En la Cámara de Diputados se advierten algunos asuntos que se podrían asignar a las comisiones ordinarias para su resolución definitiva.

Entre las anteriores tareas se encuentran el conocimiento, discusión, propuesta y resolución de los ``puntos de acuerdo'', respecto de los cuales se pretende facultar a las comisiones ordinarias para estudiarlos y resolver en definitiva, salvo que el proponente u otro legislador lo solicite, y el Pleno mismo acuerde que este último resuelva en definitiva.

Sin embargo, se da un paso concreto en materia de redistribución de facultades a favor de las comisiones, otorgándoles las correspondientes para resolver los casos que se refieren en lo particular: a las autorizaciones para que los ciudadanos mexicanos puedan prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero, aceptar o usar condecoraciones extranjeras y admitir del gobierno de otro país títulos o funciones, salvo aquellos casos individuales que el Pleno determine resolver directamente.

Por otra parte, en las adiciones propuestas al inciso g del mismo numeral, se tiene el propósito de puntualizar los términos en que las comisiones deben desahogar las iniciativas que son sometidas a su estudio, discusión y dictamen, buscando que cuenten con plazos en los que racionalmente puedan conocer y dar trámite a las mismas, ya que si bien muchas de ellas pueden referirse a reformas o adiciones a uno o pocos artículos de alguna ley, otras pueden tratarse de la creación o reforma total de algún cuerpo normativo de mayor complejidad, caso este último, en que la misma comisión podrá solicitar al Pleno un término mayor y adecuado.

También se aborda la hipótesis de que se acuerde el turno a otra comisión agotado el término otorgado a la primera, a efecto de que el Pleno tenga la oportunidad de revalorar la importancia o trascendencia de la iniciativa propuesta, dado que con las reformas que se proponen, agotados los plazos para su dictaminación, procedería conocer de la misma en un sentido negativo, y eventualmente proceder a su desechamiento.

En este sentido, se plantea una norma similar a la negativa ficta para aquellos casos no dictaminados en los tiempos previstos para el trabajo de las comisiones, a efecto de que en tal sentido, ---el negativo--- sean conocidos por el Pleno para que éste acuerde lo procedente.

Se incorpora al texto legal el principio ya contenido en el Reglamento de que los dictámenes que no hayan sido votados por una legislatura, pasarán a la otra como meros proyectos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.- Se reforma el artículo 13, cuyo contenido anterior pasa a formar parte de un nuevo numeral 3 del artículo 12; se reforma del artículo 43 el numeral 1 y se le adiciona un numeral 7; se reforma del artículo 45 el numeral 1, al actual inciso f) se le adicionan cinco fracciones, el contenido del actual inciso g) queda como inciso h) y se adiciona un nuevo contenido al inciso g); se reforma del artículo 97 el numeral 1; se reforma del artículo 104 el numeral 1 y se adiciona un numeral 5; y se adicionan al artículo 105 los numerales 5, 6, 7, 8, y 9; para quedar como sigue:

Artículo 12.-

1.- ...

2.- ...

3.- Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus cámaras ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.

Artículo 13.-

1.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión del Pleno o de una comisión ordinaria de la que formen parte, sin causa justificada o sin permiso de la cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

2.- Serán justificadas las inasistencias a las sesiones del Pleno o de las comisiones ordinarias en los siguientes casos:

a) Cuando el diputado o senador se encuentre cumpliendo comisión de trabajo otorgada por algún órgano de la cámara con facultades para ello;

b) Por causa de enfermedad, que les impida el desempeño de sus labores, debidamente acreditada con certificado médico ante el órgano correspondiente de su respectiva Cámara.

Artículo 43.-

1.- Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados deberán formar parte de cuando menos dos comisiones ordinarias y de no más de tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenecía a las comisiones Jurisdiccional y las de investigación.

2.- ...

3.- ...

4.- ...

5.- ...

6.- ...

7.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios no estarán obligados a integrarse a las comisiones que se encuentren conformadas.

Artículo 45.-

1.- Los presidentes de las comisiones, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a personas y a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo, competencia o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Las personas estarán obligadas a comparecer para otorgar dicha información o documentación, cuando para ese efecto sean citadas por la comisión, observando el cumplimiento de las garantías constitucionales y sin más límites que los establecidos por las leyes.

2.- ...

3.- ...

4.- ...

5.- ...

6.- ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, de conformidad con lo siguiente: I.- Las comisiones ordinarias deberán emitir dictamen de los asuntos que les sean turnados, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que los hayan recibido. Si al vencer el plazo la Cámara no se encuentra en periodo de sesiones, el dictamen respectivo deberá ser remitido a la Mesa Directiva de la Cámara para los efectos de la programación legislativa.

II.- Cuando la comisión estime necesario contar con más tiempo para la emisión del dictamen respectivo, lo hará del conocimiento de la Junta de Coordinación Política antes de que expire el plazo referido en el párrafo anterior, para que lo someta al Pleno, a efecto de que este determine, en su caso, ampliar el plazo hasta por 30 días naturales o, en casos excepcionales, por el tiempo necesario para la adecuada dictaminación del asunto.

III.- Si alguna comisión no diera cumplimiento a los términos dispuestos en este numeral, la Mesa Directiva de la Cámara lo comunicará a la Junta de Coordinación Política y propondrá al Pleno que el asunto sea turnado a otra comisión, misma que en su caso, se sujetará a las reglas previstas en este precepto.

IV.- En caso de que no se formulara dictamen, se entenderá emitido en sentido negativo y se someterá al Pleno.

V.- Los dictámenes que no hayan sido votados pasarán a la siguiente legislatura con carácter de meros proyectos;

g) Las comisiones ordinarias conocerán y resolverán en definitiva los siguientes asuntos: I.- Las propuestas de puntos de acuerdo, salvo que el proponente o algún diputado solicite que el Pleno resuelva en definitiva y éste así lo autorice;

II.- Los decretos mediante los cuales se autoricen a ciudadanos mexicanos a:

a) Prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero;

b) Aceptar o usar condecoraciones extranjeras; y

c) Admitir del gobierno de otro país títulos o funciones.

El Pleno podrá conocer y resolver en definitiva los casos individuales que así determine.

h) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la cámara y los que adopten por si mismas con relación a las materias de su competencia.

7.- ...

...

Artículo 97.-

1.- Los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a personas y a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo, competencia o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen. Las personas estarán obligadas a comparecer para otorgar dicha información o documentación cuando para ese efecto sean citadas por la comisión, observando el cumplimiento de las garantías constitucionales y sin más límites que los establecidos por las leyes.

Artículo 104.-

1.- Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 15 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los senadores deberán formar parte de cuando menos dos comisiones y no más de cuatro de ellas.

2.- ...

3.- ...

4.- ...

5.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios no estarán obligados a integrarse a las comisiones que se encuentren conformadas.

Artículo 105.-

1.- ...

2.- ...

3.- ...

4.- ...

5.- Las comisiones ordinarias deberán emitir dictamen de los asuntos que les sean turnados, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que los hayan recibido. Si al vencer el plazo la Cámara no se encuentra en periodo de sesiones, el dictamen respectivo deberá ser remitido a la Mesa Directiva de la Cámara para los efectos de la programación legislativa.

6.- Cuando la Comisión estime necesario contar con más tiempo para la emisión del dictamen respectivo, lo hará del conocimiento de la Junta de Coordinación Política antes de que expire el plazo referido en el párrafo anterior, para que lo someta al Pleno, a efecto de que este determine, en su caso, ampliar el plazo hasta por 30 días naturales o, en casos excepcionales, por el tiempo necesario para la adecuada dictaminación del asunto.

7.- Si alguna comisión no diera cumplimiento a los términos dispuestos en este numeral, la Mesa Directiva de la Cámara lo comunicará a la Junta de Coordinación Política y propondrá al Pleno que el asunto sea turnado a otra comisión, misma que en su caso, se sujetará a las reglas previstas en este precepto.

8.- En caso de que no se formulara dictamen, se entenderá emitido en sentido negativo y se someterá al Pleno.

9.- Los dictámenes que no hayan sido votados pasarán a la siguiente legislatura con carácter de meros proyectos.

Transitorios

Primero.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las iniciativas pendientes de dictamen de las legislaturas LVIII y anteriores, se tendrán por desechadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de octubre de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese en lo que respecta al aspecto de reformas constitucionales, a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y en referencia a las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 41 y se adicionan dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de servicios educativos.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La prescripción de fármacos en centros escolares, entre niños y niñas que presentan síntomas de hiperactividad y déficit de atención, está provocando en los últimos años una gran polémica que se inserta en lo que hoy conocemos como el debate de las causas biológicas de la conducta.

En algunas escuelas de México se ha probado que algunos alumnos y sin ningún argumento, han sido diagnosticados de síndrome por déficit de atención y se les administran indiscriminadamente fármacos como Ritalin e Imipramina, entre otros.

El tema es tan preocupante que en el pasado mes de abril la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo en la cual se exhortaba a los titulares de la Secretaría de Salud y de Educación, para que vigilaran el uso indicriminado de medicamentos recetados en escuelas del país, precisamente para controlar a niños hiperactivos.

Para complementar estos esfuerzos realizados por esta Asamblea en la fecha ya referida, presentamos esta iniciativa en la que proponemos la adición de dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación, artículo que se refiere a las infracciones, sanciones y recursos administrativos aplicables al ámbito de la educación.

Fundamentalmente proponemos que se sancione a quienes condicionan la prestación de servicios educativos por motivos extrapedagógicos y extracurriculares, sin el consentimiento de los padres de familia y la debida aprobación de las autoridades educativas correspondientes.

Asimismo proponemos una adición al párrafo primero del artículo 41 de la misma Ley General de Educación, que se refiere a la educación especial para aclarar que esta modalidad de educación, siempre atenderá a los educandos tomando en cuenta sus condiciones particulares, respetando su dignidad, su integridad física y mental.

Debemos reconocer los esfuerzos de diversas organizaciones ciudadanas que están realizando para la defensa y protección de nuestra niñez; destacando particularmente y entre muchos otros, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, a su presidenta la señora Carmen Avila, a su directora la licenciada Fernández, a la señora Bárbara Montemayor, entre otros, quienes han planteado sus preocupaciones sobre este tema tan delicado.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 41 y se adicionan dos fracciones al artículo 75, ambos de la Ley General de Educación.

Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 41 y adiciona dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación, en materia de servicios educativos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 41 y se adicionan dos fracciones al artículo 75, ambos preceptos de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La prescripción de fármacos en los centros escolares a niñas y niños que presentan síntomas de hiperactividad y déficit en la atención está provocando en estos últimos años una gran polémica, y que hoy en día se inserta en el debate en torno a las llamadas causas ``biológicas'' de la conducta.

Un punto central es el de la elaboración profesional de un diagnóstico correcto: es posible que anomalías físicas causen los síntomas de la hiperactividad y/o el déficit en la atención. En estos casos, una revisión médica minuciosa hecha por un doctor especialista en niños ha resultado muy positivo; pero también es probable que dichos síntomas sean signo del ambiente psicosocial que rodea al infante, y aquí es cuando la prescripción de fármacos ha resultado cuestionable, pues hubiese bastado la modificación de las condiciones de vida del infante para lograr una mejoría en su conducta. La polémica llega a México con el antecedente de que se ha llegado a acusar a los laboratorios farmacéuticos de crear, desarrollar y promover el diagnóstico mencionado en un esfuerzo por aumentar las ventas de sus productos.

En algunos centros escolares de México se ha probado que alumnos a los que sin ningún argumento sólido o específico se les diagnostica el llamado Síndrome por Déficit de Atención, el cual ha sido muy cuestionado por organismos sociales en los países desarrollados, y se les administra indiscriminada y absurdamente los fármacos llamados ``Ritalin'' e ``Imipramina'', entre otros. Lo cual demuestra que para cualquier psicólogo o psiquiatra sin una formación reflexiva, es más fácil prescribir una droga y categorizar un ``desorden'' que atacar el ``problema''.

En realidad, muchas veces el diagnóstico es la justificación para medicar a esos niños; es decir, se declara que el niño no debe permanecer en la escuela a menos que tome medicación, y entonces se receta el fármaco.

En Estados Unidos, por ejemplo, a partir de mediados de los años 80 del siglo pasado, se comenzó a trabajar duramente por los derechos de los padres a rehusarse a aceptar los diagnósticos psiquiátricos, y mantener así a sus hijos en la escuela, pero sin medicamentos. En 1997 un artículo editorial del ``Wall Street Journal'', en otros tiempos firmemente partidario de las políticas psiquiátricas educativas, dio a conocer un fraude con el título de ``El Desastre de la Falta de Atención'', en donde se condena las maniobras publicitarias del laboratorio creador del ``Ritalin'' a fin de crear una demanda de su producto entre los niños de las escuelas de Estados Unidos.

Las compañías de drogas farmacéuticas obtienen ganancias inmensas por el uso generalizado de drogas para tratar una lista siempre en aumento de síntomas de nuevas enfermedades ``descubiertas'' cada año por los psiquiatras. En México parece ser que se ha comenzado a utilizar en el sistema educativo. En la actualidad, a un niño a quien se le pone la etiqueta de ``hiperactivo'' se le puede dar fármacos en el salón de clases.

El tema es tan preocupante que, en el mes de abril del presente año, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de esta Legislatura presentó un punto de acuerdo en el cual se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación, para que vigilen el uso indiscriminado de medicamentos recetados para controlar a niños hiperactivos, lo que ha ocurrido en diferentes centros educativos del país.

El punto de acuerdo en cuestión declara que ``es necesario difundir la prohibición que se tiene para que se administren medicamentos como el ``Ritalin'' y las condenas a que puede hacerse acreedores la gente que lo haga''. Asimismo, abunda que ``está establecido en la Ley General de Salud que no puede utilizarse el ``Ritalin'', entre otros fármacos, y que es una forma de discriminación el administrar por diagnóstico de un pedagogo; y esto es una falta que incurre en delito penal''.

El ``Ritalin'', por ejemplo, se utiliza como estimulante del sistema nervioso central, ``origina un aumento en la frecuencia respiratoria, provoca que la gente se sienta bien, más despierto, más activo y esto es parte del efecto que causa la adicción''. Además, eleva el estado de alerta en la persona, estimula el sistema respiratorio en pacientes que padecen algún grado de depresión respiratoria o que tienen exagerada tendencia a dormirse; es una sustancia de importancia terapéutica que puede inducir adicciones a drogas y un daño progresivo en los niños.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano fiscalizador independiente y cuasijudicial encargado de aplicar las Convenciones y Convenios de las Naciones Unidas relativos a las drogas, ha notado un aumento del consumo mundial de metilfenidato, sustancia activa del ``Ritalin'', que pasó de menos de 3 toneladas en 1990 a más de 8.5 toneladas en 1994, y dentro del periodo comprendido entre 1997 y el 2001 aumentó de 11.6 toneladas a 15.4 toneladas. La JIFE argumenta que este incremento de proporciones sin precedentes se debe a la difusión de la controvertida utilización de la sustancia en el tratamiento del ``trastorno de la concentración'' en los niños.

En México las prescripciones de estos medicamentos para niños cada vez más pequeños ha aumentado en forma alarmante. Fuentes autorizadas del sector salud afirman que en el año de 1993 llegó a ser de $1,300,000.00 M.N., en el año de 1996 subió a $5,000,000.00 M.N. y en el año del 2001 fue de $21,000,000.00 M.N.

En México se dice que existen cerca de 1.5 millones de niños y jóvenes que padecen el trastorno de déficit de atención y/o hiperactividad. Los niños que lo padecen son generalmente etiquetados, discriminados y muchos excluidos de las escuelas, y en otras ocasiones se les condiciona la permanencia en el sistema escolar a costa de seguir tratamientos con los fármacos arriba mencionados. Y aún más, se sabe de casos donde algunas escuelas llegan a ``boletinarlos'', para que los niños expulsados no sean admitidos en otras escuelas.

Lo anterior representa serias violaciones a las garantías establecidas en el artículo primero de la Constitución; al derecho de educación del artículo tercero constitucional; y a los principios de satisfacción de necesidades básicas para los niños y niñas establecido en el artículo cuarto de nuestra propia Constitución.

Asimismo, y con respecto al mismo tema abordado, aquí es muy importante recalcar y enfatizar el contenido de la normatividad establecida en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley establece, en primer lugar, en su artículo tercero el derecho que tiene este segmento de la población para formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, y uno de los principios rectores de este derecho es el de la no-discriminación por ninguna razón ni circunstancia.

Concretamente esta misma ley, en su artículo 21, señala que las ``niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo tercero constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por... La explotación, el uso de drogas y enervantes...''

Y por último, el Capítulo Décimo de la ley en comento se refiere al derecho a la educación. Aquí se debe resaltar que esta ley consigna el derecho a la educación que tienen las niñas, niños y adolescentes que poseen cualidades intelectuales por encima de la media y que deben de contar con las condiciones adecuadas que les permita integrarse a la sociedad.

Se podrá decir que algunos de los niños que padecen los trastornos a los que hemos hecho referencia deben ser integrados a sistemas de educación especial, aún así el propio artículo 41 de la Ley General de Educación menciona que la ``educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social''. Y más aún, el mismo artículo en comento enfatiza que esta ``educación [especial] propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios''.

Es decir, en el propio sistema de educación especial se habla de métodos, técnicas, programas y materiales eminentemente de carácter y contenidos pedagógicos, y de enseñar para la autónoma convivencia; pero nunca se habla de métodos de medicación, propios de la ciencia médica o psiquiátrica, como elementos integrantes o complementario de los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicados en nuestro sistema educativo.

Por ello es que proponemos en esta iniciativa el que se adicionen dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación, artículo que hace referencia a las infracciones, sanciones y recurso administrativo aplicables para el ámbito educativo. En esencia proponemos que se incluya como infracción para quienes prestan servicios educativos el condicionar dicho servicio por motivos extra pedagógicos y extra curriculares; y, además, que se infraccione a los prestadores del servicio educativo que implementen actividades extra pedagógicas y extra curriculares sin el consentimiento de los padres y la aprobación de las autoridades educativas correspondientes.

Asimismo, se propone una adición al párrafo primero del artículo 41 de la misma Ley General de Educación, referida a la educación especial, y en donde se expresa que esta modalidad de educación siempre atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, además de con equidad social, atendiendo su dignidad y respetando su integridad física o mental.

Como ejemplo de lo que se debe realizar en el tipo de situaciones planteadas, en países como Inglaterra y Alemania se ha priorizado la ejecución de procesos de interacción creativa entre profesor y alumno a través de diversas técnicas pedagógicas, como el uso del análisis del discurso; en lugar de priorizar el suministro de sustancias a los niños que, en vez de favorecer su aprendizaje y creatividad, los condenan a la pasividad y lentitud, actitudes que la psicología moderna creía lejanas desde hace mucho tiempo.

Esto hace indispensable que se evite la administración de drogas y estimulantes a las niñas y niños por supuestas dificultades de aprendizaje o de problemas de conducta, y establecer programas de tratamiento con base en actividades académicas, y difundir información científica a los padres y maestros para que los oriente sobre el daño que generan las drogas.

En esa lógica, esta iniciativa pretende mantener los derechos de las niñas y niños ya garantizados, reafirmando postulados y principios que protegen en mayor medida los derechos de la infancia.

Por último, sólo debemos de recalcar que los centros educativos deben ser formadores de ciudadanos a través de instrumentos puramente pedagógicos y no de la utilización de medios ajenos a la esencia del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Frente a la psiquiatría y todas las psicologías simplificadoras del estímulo-respuesta, en las que no caben los infantes creativos e innovadores, la solución más común ha sido la sanción tipificadora de la anormalidad que se mitiga no sólo con un diagnóstico clínico sino con la administración de un fármaco prescrito médicamente.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 41 y adiciona dos fracciones al artículo 75, ambos preceptos de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 41 y se adicionan dos fracciones al artículo 75, ambos preceptos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 41.- La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, respetando su dignidad, su integridad física y mental.

...

...

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.-

...

XI.-

...

XII.- Condicionar la prestación del servicio, tanto el acceso como la continuación del mismo, por motivos extra pedagógicos y extra curriculares;

XII.- Imponer a los alumnos medidas pedagógicas, extrapedagógicas o extracurriculares que no estén previamente aprobadas y establecidas por las autoridades educativas correspondientes, sin el previo y pleno consentimiento de los padres o tutores.

XIV.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 26 de octubre de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Insértese como ha sido solicitud, el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Iván García Solís: Ciudadano Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores. El objeto de la presente iniciativa es reformar y adicionar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer:

Primero. Que la Mesa Directiva se integre con secretarios de todos los grupos parlamentarios;

Segundo. Que dicho órgano se integre con tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios de 25 o más diputados que existan y

Tercero. Que su presidencia sea ejercida de manera sucesiva por diputados de distintos grupos parlamentarios en orden decreciente del número de sus integrantes.

Sustentamos, el que suscribe y el grupo parlamentario del PRD en nombre del cual presento esta iniciativa, en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con una tradicional taxonomía de los órganos camarales, éstos pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Organos legislativos, es decir, las comisiones o comités de dictamen;

Organos de control, es decir, las comisiones o comités encargados específicamente de investigar asuntos o instituciones públicas.

Y existen también órganos administrativos.

Finalmente, están los denominados órganos de gobierno, encargados de tomar o proponer a sus cámaras las decisiones más trascendentes que van desde los acuerdos políticos, hasta la conducción misma del pleno.

En esta categoría se encuadran dos grandes ramas: por una parte los órganos políticos, entre los que podemos contar a los equivalentes de nuestra Junta de Coordinación Política que en otros parlamentos se les llama junta de portavoces, buró político, comisión de gobierno, etcétera.

Por otra parte, la otra gran rama de este tronco está conformada por las mesas directivas. Otros órganos de gobierno como los equivalentes de nuestra Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, no están universalmente difundidos.

En el caso de nuestro Congreso, además debemos considerar como órganos unipersonales de gobierno a los presidentes de las cámaras, quienes por mandato del artículo 61 de la Constitución General, tienen la importantísima función de velar por el respeto al fuero de los legisladores, así como la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.

Función que, correctamente entendida, constituye nada menos que la salvaguarda del parlamento frente a los abusos de los otros poderes. Por ello, los presidentes de las cámaras son los primeros guardianes de la constitución del Congreso; históricamente el Presidente de la Cámara es el primer órgano de gobierno parlamentario y en el caso de México, además el único órgano de gobierno camaral de origen constitucional.

Esta clasificación no es absoluta y así tenemos, por ejemplo, que las comisiones o comités de dictamen casi siempre son también órganos de control pues además de su esencial participación en el proceso legislativo, suelen vigilar a la zona de la administración pública que corresponde a su materia.

Por otra parte, los llamados órganos de gobierno, especialmente los políticos, suelen ser un poco de todo: impulsan acuerdos políticos e incluso administrativos, como en el caso de México, aunque esto no es sano pues depositar en las mismas manos el poder político y el material, casi siempre deriva en abuso.

Los dos tipos básicos de órganos de gobierno tienen funciones diferentes: unos expresan la voluntad política normalmente variable y siempre negociable de las cámaras, mientras que otros, las mesas directivas, expresan intereses y valores más institucionales: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad.

Las mesas directivas además, tienen casi universalmente la no menos importante función de equilibrar los intereses y derechos de los grupos parlamentarios y los legisladores individuales.

Por todo lo anterior, las mesas directivas deben estar integradas con legisladores particularmente capacitados para las funciones de esos órganos, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso que pide una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de las asambleas.

Pero no es éste el único requisito que deben tener las mesas directivas, para ejercer bien sus funciones y además para tener legitimidad, con que debe contar todo órgano camaral moderno.

El otro requisito esencial, en esto subrayo su atención, es la pluralidad. En efecto, un principio esencial del moderno derecho parlamentario exige que todos los grupos parlamentarios que conforman una Cámara se encuentren representados en todos los órganos de ésta.

Tal es la expresión en el parlamento de un valor fundamental de la democracia: el pluralismo, es decir, la aceptación activa de la pluralidad, la convivencia respetuosa de los diferentes integrantes y el respeto a los derechos de la minoría.

Pero expresan también otro valor fundamental que es el trabajo colegiado. Y es que en un estado de partidos no puede asegurarse aquél sin la garantía de que todos los actores políticos se encuentren representados en todas las instancias de toma de decisiones del parlamento.

El pleno de los legisladores debe sentirse realmente representado en este órgano y la ley debe garantizar condiciones para ello, como ocurre en distintos países.

Por ello proponemos que la mesa directiva se integre con secretarios de todos los grupos parlamentarios, así como con tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios de 25 o más diputados existan.

Establecemos esta diferencia para reflejar, si bien de una manera atemperada como corresponde al órgano de la tolerancia y el respeto, las diferencias cuantitativas entre los grupos parlamentarios, criterio que también debe ser tomado en cuenta.

Igualmente proponemos que la presidencia de la mesa directiva sea ejercida de manera sucesiva por diputados de distintos grupos parlamentarios en orden decreciente del número de sus integrantes.

Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los ordenamientos vigentes presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el párrafo 1 del artículo 17 y se adicionan los párrafos 2, 3 y 4, recorriéndose los demás en el orden que tienen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno, se integrará con un presidente y tantos vicepresidentes y secretarios como se requiera. Durará en sus funciones un año y sus integrantes, a excepción de su presidente, podrán ser reelectos.

2. El cargo de presidente de la Mesa Directiva será ejercido sucesivamente por diputados de distintos grupos parlamentarios, en orden decreciente del número de sus integrantes.

3. Los grupos parlamentarios que alcancen al menos el 5 por ciento del total de miembros de la Cámara tendrán un vicepresidente. Todos los grupos parlamentarios tendrán un secretario.

4. Dejarán de ser integrantes de la Mesa Directiva quienes se separen de su grupo parlamentario y aquéllos cuyos grupos parlamentarios pierdan ese carácter.

5. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.

6. La elección de integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.

7. Para la elección de Mesa Directiva los grupos parlamentarios postularán a quienes deban integrarla conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.

8. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara.

9. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de la legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su presidente citará a la sesión de instalación del Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

10. La elección de integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer años de ejercicio de la legislatura se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos periodos. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

Artículo Transitorio

Unico. La presente reforma no requiere de la promulgación del Ejecutivo de la Unión y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de octubre del 2004.

Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos legisladores.

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal Iván García Solís, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor siguiente:

Exposición de Motivos

La mesa directiva de los órganos legislativos, es pieza fundamental en el funcionamiento de las cámaras y parlamentos, pues una buena parte de la fluidez y desahogo de las sesiones depende de esa autoridad para su adecuada conducción. La condición de autoridad conferida, descansa en el hecho de que sus integrantes poseen un mayor grado de conocimiento de los procedimientos parlamentarios, una ascendencia sobre sus dirigidos y una representación auténtica, es decir, el Pleno de los legisladores se siente realmente representado en este órgano.

Esta representación legítima tiene que ver con el grado de participación que, en la misma, tienen los grupos parlamentarios.

En países como Francia o Italia, las disposiciones sobre mesa directiva protegen ese derecho de representación igualitaria de los grupos parlamentarios.

En Italia, el artículo 5 del ``Reglamento Della Camera Dei Deputati De Italia'', establece que la mesa directiva del Parlamento se integra con 1 Presidente, 4 vicepresidentes, 3 cuestores y 8 secretarios y que todos los grupos parlamentarios deben estar representados.

En Francia, el Reglamento de la Asamblea Nacional establece en el artículo 10, que la mesa directiva está conformada con 1 presidente, 6 vicepresidentes, 3 questores y 12 secretarios y que la integración se hará procurando reproducir en el seno de la mesa la composición política de la Asamblea.

La Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1979, rescataba parte de esa representación al establecer en su artículo 21:

``La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se integrará con un Presidente, tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios de los partidos políticos haya en la Cámara, cuatro Secretarios y cuatro prosecretarios y será electa por mayoría y en votación por cédula.

...''

Si bien es cierto que esta fórmula subsistía al mismo tiempo que la figura de la Gran Comisión y podía verse como una concesión ante la centralización del poder establecida en ese momento, también es cierto que demostró la posibilidad de compartir el órgano de dirección de los trabajos camarales, y ello se hizo sin dificultad alguna.

En tal sentido, considerando que los nuevos tiempos reclaman un reconocimiento de las minorías como parte fundamental de la democracia y una mayor participación de las mismas en la conducción de las cámaras, se propone una fórmula novedosa para la integración de la mesa directiva que integraría tantos vicepresidentes por grupo parlamentario como se requirieran ello para garantizar la presencia de un mayor número de grupos parlamentarios dentro de esta función, sujetando ello a una representatividad mínima, que en este caso se consideró debe ser cuando menos del 5% del total de la Cámara de Diputados; esto es, aquel grupo parlamentario que cuente cuando menos con 25 integrantes podría contar con un vicepresidente. Tal inclusión, sin duda, será un aliciente para un mejor trabajo político y parlamentario, ya que le permitirá incidir en las decisiones del orden de la Asamblea y de los asuntos que se discuten en las sesiones.

Por cuanto hace a la Secretaría, se propone que todos los grupos parlamentarios cuenten con un Secretario, sin importar su representación en Presidencia o Vicepresidencia; ello con el objeto de rescatar parte de la representación y por tanto respetabilidad que requiere un órgano como éste.

En consideración de lo antes expuesto y fundado, se presenta el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: se reforma el párrafo 1 del artículo 17 y se adicionan los párrafos 2 y 3 recorriéndose los demás en el orden que tienen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente y tantos vicepresidentes y secretarios como se requiera; durará en sus funciones un año y los funcionarios que la integran podrán ser reelectos.

2. Los grupos parlamentarios que alcancen cuando menos el 5 por ciento del total de integrantes de la Cámara deben tener un vicepresidente. Todos los grupos parlamentarios deben tener un secretario.

3. Dejarán de considerarse funcionarios de la Mesa Directiva quienes se separen de su grupo parlamentario y aquellos cuyos grupos parlamentarios pierdan ese carácter.

4. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.

5. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.

6. Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.

7. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara.

8. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

9. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos periodos. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

Transitorio

Único: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Iván García Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo selecto de 40 estudiantes de la Universidad Iberoamericana que hoy nos acompañan.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 3º y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María Avila Serna: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados:

El principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad. La lucha por respetar y hacer prevalecer este principio es una de las vías fundamentales para alcanzar la ciudadanía plena, que debe ser compatible con un sistema democrático efectivo.

En nuestro país la reforma de 1946 al artículo 3º constitucional introdujo a la Carta Magna el principio de no discriminación, presente en el texto vigente al disponer que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Acorde con el principio universal de la no discriminación y con los instrumentos internacionales firmados por México referentes a ese tema, el 14 de agosto del 2001 se adicionó un tercer párrafo al artículo 1º constitucional estableciendo que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género le da las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A pesar del gran avance que representó la adición de este párrafo, en la actualidad esta garantía no se practica, ya que personas con formas de vida distinta a las tradicionales enfrentan segregación social o falta de oportunidades. La discriminación contra las personas lesbianas u homosexuales, hombres y mujeres, se observa como una práctica reiterada por personas de todas las esferas, estructuras sociales e institucionales.

En nuestro país si bien no existe norma alguna expresa que castigue a una persona por el hecho de ser lesbiana u homosexual, lo cierto es que existe una actitud muchas veces oculta que determina que hablemos de un colectivo social marginado.

Son de conocimiento público los diversos atentados que sufre este sector, amparados en fundamentalismos xenófobos y religiosos que con una idea única y distorsionada de lo que debe ser una sociedad democrática e integrada persiguen a todo aquel que vive a una orientación distinta a la heterosexual.

Uno de los campos en donde los homosexuales o las lesbianas sufren grandes discriminaciones por sus preferencias es el laboral. Los derechos laborales de las personas que eligen parejas del mismo sexo son actualmente vulnerados por prejuicios sociales, tanto en el sector público como en el privado.

Existe discriminación laboral cuando las lesbianas o los homosexuales son tratados de diferente manera a los demás trabajadores: cuando no se permite dentro de una institución, empresa u organización la contratación de personas con preferencias sexuales distintas; cuando alguien es despedido arbitrariamente por su preferencia sexual o cuando, tanto mujeres como hombres, con diferentes preferencias sexuales son despedidos por ello por las razones dadas, pero las razones dadas son otras. Cuando son objeto de burlas y malos tratos; cuando se les pide ocultar sus preferencias para no ocasionar problemas a los demás colaboradores; cuando se les impide un ascenso de puesto, etcétera.

Frente a todos estos problemas y en afán de luchar en contra de la discriminación hacia los homosexuales y las lesbianas Amnistía Internacional en su informe sobre crímenes de odio, conspiración de silencio, tortura y malos tratos basados en la identidad sexual recomendó a los gobiernos, incluido al nuestro, a garantizar una mayor protección jurídica frente a los abusos homofobos mediante la adopción de disposiciones constitucionales y de otra índole que prohíban todas las formas de discriminación, basadas en la orientación sexual o la identidad de género y a promover la diversidad en la composición de los organismos oficiales responsables de la administración de justicia, y garantizar que sus políticas contra la discriminación aborden las cuestiones relativas a la identidad sexual.

Asimismo, la Relatora Especial para las Ejecuciones Sumarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, emitió la recomendación al gobierno mexicano de proteger la seguridad y los derechos humanos de las minorías sexuales.

En este sentido, un paso importante para nuestro país fue la entrada en vigor en el 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que por primera vez se reconoce y se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales.

El artículo 4º de la ley establece: ``Para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción, que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tengan por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones''.

Esta ley se hizo con el objeto de prevenir cualquier forma de discriminación contra la población en general, incluyendo el sector lésbico y homosexual, precisando así las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad.

A raíz de una propuesta del presidente brasileño Luis Lula da Silva, ante la LIX Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, en las que planteó la idea de que las orientaciones sexuales debían considerarse como un derecho fundamental de todo ser humano y éstas no debían generar actos de discriminación, el gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para temas globales, Patricia Olamendi, apoyó la iniciativa y mencionó que nuestro país estaba totalmente a favor del respeto y la lucha de los derechos humanos de los homosexuales y las lesbianas, y para ello el gobierno tenía la obligación de emprender acciones concretas.

En este largo proceso de transformación política que experimenta nuestro país, es necesario que la discusión sobre la erradicación de la discriminación sea un tema prioritario.

La posibilidad de profundizar la democracia no depende sólo de la consolidación del sistema formal para acceder al poder, sino también de la prevención y eliminación de la discriminación. Para erradicarla, se debe reconocer forzosamente que la igualdad es una norma, es decir, es un término normativo que implica que los diferentes deben de ser respetados y tratados como iguales y que siendo esta norma no basta anunciarla sino que es necesario observarla y sancionarla.

Es claro que entre las personas existen diferencias. La identidad de cada persona está dada precisamente por estas diferencias y son pues las diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio del principio de igualdad.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, acorde con el desarrollo social y la justicia.

Nuestro partido sostiene la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna; su acceso general a la educación, alimento, trabajo, habitación, salud, bienestar e información.

Por ello, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se reforma el artículo 3º, párrafo segundo, y el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3º, párrafo segundo. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, preferencia sexual, doctrina política o condición social.

Artículo 133, fracción I. Queda prohibido a los patrones:

1. Negarse a aceptar trabajadores por razón de sexo, edad o preferencia sexual.''

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 3 y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento ``normal'', se convierte en objetivo de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género. La violencia contra las minorías sexuales se está acrecentando y es de vital importancia que asumamos el reto de lo que podríamos denominar la última frontera de los derechos humanos.

Radhika Coomaraswamy

Para buena parte de los analistas internacionales, la igualdad, es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los derechos humanos.

``Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

``Toda persona tiene todos los derechos y libertades... sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.''1

El principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad. La lucha por respetar y hacer prevalecer este principio es una de las vías fundamentales para alcanzar la ciudadanía plena, que debe ser compatible con un sistema democrático efectivo.

De acuerdo con las distintas convenciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, nacionalidad, etnia, edad, condición social, orientación sexual, género, religión, opinión política, salud, condición física, etcétera, ``que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública''.

Todas las personas tenemos los mismos derechos, obligaciones, libertades y oportunidades en los ámbitos público, privado e íntimo. El gobierno y la sociedad deben respetar nuestros derechos. Ejercer plenamente los derechos humanos requiere de un ambiente de información, de respeto por la diversidad, de seguridad y protección que el gobierno está obligado a proporcionar.

En nuestro país, la reforma de 1946 del artículo 3º constitucional introdujo en la Carta Magna el principio de no discriminación, presente en el texto vigente, al disponer:

``... [la educación] contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.''2

Acorde con el principio universal de la no discriminación y con los instrumentos internacionales firmados por México referentes a este tema, el 14 de agosto del 2001 se adiciono un tercer párrafo al artículo 1º constitucional, estableciendo que en nuestro país:

``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.''3

A pesar del gran avance que representó la adición de este párrafo a la Carta Magna, en muchos casos esta garantía, en la actualidad, no se practica, ya que personas con formas de vida distinta a las tradicionales enfrentan segregación social o falta de oportunidades.

El desarrollo de la historia México ha estado marcado por una profunda desigualdad social entre los distintos grupos que conviven dentro del territorio mexicano. Estas enormes diferencias económicas, culturales y sociales han dado lugar a las más variadas formas de discriminación, que no sólo ocurren por razón de razón de sexo, edad, enfermedad, impedimento físico, origen étnico o familiar, color, religión, lengua, ideología o situación económica, sino que también por la orientación o preferencia sexual que tenga una persona.

La discriminación contra las personas lesbianas u homosexuales, hombres y mujeres, se observa como una práctica reiterada por personas de todas las esferas, estructuras sociales e institucionales. La discriminación por orientación o preferencia sexual está profundamente arraigada en la sociedad mexicana y se expresa como homofobia e intolerancia. El rechazo a los homosexuales y a las lesbianas tiene consecuencias en los ámbitos laboral, jurídico, de procuración de justicia, de salud y otros, y se manifiesta con flagrantes violaciones de los derechos humanos y, a menudo, con actos de inaudita violencia, como asesinatos.

En nuestro país, si bien no existe norma alguna expresa que castigue a una persona por el hecho de ser lesbiana u homosexual, lo cierto es que existe una actitud muchas veces oculta que determina que hablemos de un colectivo social marginado. Es de conocimiento público los diversos atentados que sufre este sector, amparados en fundamentalismos xenófobos y religiosos, que con una idea única y distorsionada de lo que debe ser una sociedad democrática integrada persiguen a todo aquel que viva una orientación sexual distinta a la heterosexual.

Uno de los campos donde los homosexuales o las lesbianas sufren grandes discriminaciones por sus preferencias es el laboral. La discriminación en el entorno laboral es un problema global y que, si bien algunas de las formas más flagrantes de discriminación en el trabajo pueden haber diminuido, muchas continúan siendo un elemento cotidiano y permanente en el lugar de trabajo o están tomando nuevas y más sutiles formas.

Los derechos laborales de las personas que eligen parejas del mismo sexo son actualmente vulnerados por prejuicios sociales tanto en el sector público como en el privado. Muchos de ellos no pueden expresar libremente sus preferencias debido a las consecuencias que esto puede ocasionarles en su ámbito laboral, las que van desde las burlas y consideraciones absurdas de sus capacidades hasta los despidos injustificados.

Discriminar en el empleo consiste en dar a las personas un trato diferente y menos favorable debido a determinados criterios, como el sexo, el color de su piel, la religión, las ideas políticas, el origen social y en este caso las preferencias u orientaciones sexuales, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo de que se trate.

La discriminación coarta la libertad de las personas para conseguir la clase de trabajo a la que aspiran, merma las oportunidades de los hombres y las mujeres para desarrollar su potencial, sus aptitudes y cualidades, y para ser remunerados en función de sus méritos y genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo, colocando en una situación de desventaja a los miembros de determinados colectivos.

La discriminación basada en las preferencias sexuales de los empleados o empleadas puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las leyes o las políticas de la empresa, institución u organismo, ya sea público o privado, excluyen o desfavorecen explícitamente a los trabajadores con preferencias diferentes a la heterosexual. La discriminación suele asentarse en los prejuicios y los estereotipos. Al acuñarse estereotipos se le atribuyen a las personas actitudes y aptitudes determinadas, basadas en prejuicios sociales, independientemente de sus cualificaciones y experiencia laboral. La discriminación indirecta se da cuando las disposiciones y prácticas de carácter aparentemente imparcial redundan en perjuicio de gran número de integrantes de un colectivo determinado, independientemente de que éstos cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate.

Existe discriminación directa o indirecta en el ámbito laboral cuando las lesbianas o los homosexuales son tratados de diferente manera que los demás trabajadores; cuando no se permite en una institución, empresa u organización la contratación de personas con preferencias sexuales distintas; cuando alguien es despedido arbitrariamente por su preferencia sexual o cuando, tanto mujeres como hombres con diferentes preferencias sexuales, pero las razones dadas son otras; cuando son objeto de burlas y malos tratos, cuando se les pide ocultar sus preferencias para no ocasionar problemas a los demás colaboradores; cuando se les impide un ascenso de puesto, etcétera.

Frente a todos estos problemas y en afán de luchar contra la discriminación hacia los homosexuales y las lesbianas, Amnistía Internacional, en su Informe sobre crímenes de odio, conspiración de silencio. Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual, recomendó a los gobiernos, incluido el nuestro:

``Garantizar una mayor protección jurídica frente a los abusos homófobos mediante la adopción de disposiciones constitucionales y de otra índole que prohíban todas las formas de discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género.

``Los gobiernos deberán promover la diversidad en la composición de los organismos oficiales responsables de la administración de justicia, y garantizarán que sus políticas contra la discriminación aborden las cuestiones relativas a la identidad sexual.

``Los gobiernos emprenderán y respaldarán campañas públicas contra la discriminación para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de proteger el derecho de todas las personas, incluidos los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, a no sufrir tortura ni malos tratos. Además, apoyarán la labor de las organizaciones que luchan contra la discriminación y les permitirán realizar su trabajo sin temor ni restricciones injustificadas.

``No se impondrán restricciones arbitrarias y discriminatorias a la libertad de asociación y de reunión pacífica de las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.''

Asimismo, la relatora especial para las Ejecuciones Sumarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió la recomendación al gobierno mexicano de proteger la seguridad y los derechos humanos de las minorías sexuales.

En este sentido, un paso importante para México, fue la entrada en vigor en el 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la que por primera vez se reconoce y se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales.

El artículo 4º de la ley establece:

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Esta ley se hizo con el objeto de prevenir cualquier forma de discriminación contra la población, en general, incluyendo el sector lésbico y homosexual; precisando así las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad.

A mediados del mismo año y a raíz de una propuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la 59 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en la que planteo la idea de que las orientaciones sexuales debían considerarse como un derecho fundamental de todo ser humano y éstas no debían generar actos de discriminación, el gobierno de México, a través de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores para temas Globales, Patricia Olamendi, apoyó la iniciativa y mencionó que nuestro país estaba totalmente a favor del respeto y la lucha a favor de los derechos humanos de los homosexuales y las lesbianas y por ello, el gobierno, tiene la obligación de emprender acciones concretas. Acorde con la historia y las políticas, para nuestro país, los derechos humanos y libertades fundamentales son de nacimiento y para toda persona, su naturaleza universal está más allá de todo cuestionamiento, por lo que la orientación sexual no debe invocarse de ninguna manera para impedir el disfrute de éstos.

En el largo proceso de transformación política que experimenta nuestro país, es necesario que la discusión sobre la erradicación de la discriminación sea un tema prioritario. La posibilidad de profundizar la democracia no depende sólo de la consolidación del sistema formal para acceder al poder, sino también de la prevención y eliminación de la discriminación. Si el problema de la igualdad entre las y los mexicanos no se aborda con seriedad, y se continúa postergando el diseño y ejecución de políticas de Estado capaz de construir una sociedad más equitativa, la transición hacia una mejor forma de organización social no será real. Es imposible imaginar una sociedad realmente democrática si las ciudadanas y los ciudadanos que la constituyen viven separados por desigualdades profundas y marginados por la reproducción de estigmas sociales.

La igualdad ante la ley no supone que todos los seres humanos sean iguales en sentido material; ello sería simplemente negar la realidad. Al contrario, una de las grandes riquezas del ser humano es que cada uno difiere del otro. Sin embargo, la unidad básica esta en la pertenencia de todas y todos a la misma especie, participando de las mismas condiciones y calidades que configuran al ser humano. Este es el núcleo central determinante de derechos. Entonces, la igualdad ante la ley no borra las diferencias naturales sino que establece una igualdad de oportunidades a partir de la cual podemos realizarnos mejor en medio de nuestras diferencias.

Para erradicar la discriminación se debe reconocer forzosamente que la igualdad es una norma, es decir, es un término normativo que implica que los diferentes deben ser respetados y tratados como iguales, y que, siendo ésta una norma, no basta enunciarla sino que es necesario observarla y sancionarla. Esta claro que entre las personas existen diferencias, la identidad de cada persona está dada precisamente por estas diferencias, y son, pues, las diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio del principio de igualdad.

La consolidación de la democracia tiene que ver con el respeto de los derechos de todos sus integrantes, tanto de quienes pertenecen a comunidades mayoritarias, como sobretodo, de aquellos o aquellas, que integran las denominadas minorías. Una lucha comprometida contra la discriminación debe aspirar a un cambio cultural profundo, debe impulsar un nuevo paradigma de organización política capaz de producir una recomposición de las relaciones sociales. Sólo así será posible acabar con la discriminación que afecta a millones de personas. La lucha, sin embargo, debe emprenderse desde varios ángulos, y uno de ellos es el Derecho, las leyes y norman que rigen nuestra sociedad y nos permiten convivir dentro de ella.

Por eso, al ser las lesbianas y los homosexuales uno de los grupos que más rechazo tiene en la sociedad, se hace necesario construir relaciones sociales, culturales, económicas y políticas ajenas a la exclusión, la marginación y la desigualdad. El ámbito laboral representa uno de los campos más importantes para comenzar esta reconstrucción, pues es ahí donde los seres humanos pasamos la mayor parte del tiempo y es ahí también en donde surgen o se pueden eliminar las barreras que impiden el ejercicio cabal de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de las personas, así como la posibilidad del acceso a la igualdad real de oportunidades en el ámbito laboral independientemente de las preferencias u orientaciones sexuales de las personas. El objetivo de esta reforma es contribuir a eliminar las prácticas de desprecio, violencia, exclusión y marginación que sufren este sector de la sociedad en el ámbito laboral.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país; acorde con el desarrollo social y la justicia, nuestro partido sostiene la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna, su acceso general a la educación, alimento, trabajo, habitación, salud, bienestar e información. Por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se reforman el artículo 3, párrafo segundo, y el artículo 133, fracción primera, de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforman el artículo 3, párrafo segundo, y el artículo 133, fracción primera, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3.

...

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, preferencias sexuales, doctrina política o condición social.

...

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de sexo, edad o preferencia sexual; Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, artículos 1 y 2 (párrafo I).

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, inciso C.

3 Ibídem, artículo 1º, párrafo III.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, a usted diputada.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al pago del aguinaldo anual.

El diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al pago del aguinaldo anual.

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente decreto que reforma el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, relativa al pago del aguinaldo anual.

Exposición de Motivos

Previo al término de cada ejercicio fiscal, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite un documento que contiene lineamientos generales para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, con el propósito de que las dependencias del Ejecutivo federal y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que regulan sus relaciones laborales por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional; así como, al personal civil de confianza, al del Servicio Exterior Mexicano, el asimilado a éste y los miembros de las Fuerzas Armadas, así como también las personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de honorarios y a los pensionados, calculen y paguen el aguinaldo o gratificación de fin de año del personal a su servicio, conforme a lo establecido por dicha norma administrativa.

El cálculo del aguinaldo o gratificación de fin de año se efectúa con base en las remuneraciones consignadas en el tabulador autorizado, así como en aquellas prestaciones y remuneraciones adicionales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consignadas en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Para el personal civil, el cálculo del aguinaldo o gratificación de fin de año se hace con base en las remuneraciones asignadas y reportadas en la partida denominada ``Sueldo Base'', realizándose el cálculo, considerando la base del importe de la partida citada, dividida entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. Lo mismo sucede por lo que se refiere a la parte de la gratificación correspondiente a la partida denominada ``Compensación Garantizada'', que se otorga a los servidores públicos de enlace, así como a los de mando de las dependencias y entidades considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate.

Sin embargo, los lineamientos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consignan que el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año se hará siempre y cuando la dependencia o entidad cubra el pago correspondiente con cargo a los ahorros que haya generado en el capítulo de servicios personales de su respectivo presupuesto.

Esta especificación, lleva al extremo de poner en manos de servidores públicos la decisión de cumplir o no con lo que establece el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: ``los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna.''

En ninguna parte del texto de la disposición legal referida se menciona que deba diferenciarse entre sueldo base y compensación garantizada para cubrir el aguinaldo, ni que el pago de dicha prestación esté sujeto a la disponibilidad presupuestal de las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, como año con año, lo hace el Gobierno Federal a través de los lineamientos generales para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año a los que he hecho referencia.

La única limitante que hace el artículo indicado se refiere a que ``el Ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año'', pero no señala ninguna otra limitante.

Al respecto, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis de jurisprudencia relacionadas con el tema, que sostienen el criterio de que de una correcta interpretación del artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se tiene que para cuantificar el aguinaldo se deberá tomar como base el salario total que reciba el trabajador por la prestación de sus servicios, ya que la propia ley de la materia, en su artículo 32, establece que el salario es el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados y, por tal motivo, al no especificar la ley burocrática el tipo de salario que debe servir de base para cuantificar el pago de aguinaldo, lo correcto es atender estrictamente al cuerpo de leyes invocado y establecer como base para la cuantificación del aguinaldo el salario íntegro que recibe ordinariamente y a cambio de sus servicios el trabajador y no el salario base.

Evidentemente este criterio debería ser observado y acatado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, únicamente lo hace en el caso en que le ordena el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje derivado de un laudo condenatorio cuando el trabajador al servicio del estado interpone una demanda laboral exigiendo el pago íntegro del aguinaldo a que tiene derecho, acción que los trabajadores no deberían tener la necesidad de promover, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respetara la ley.

Es por los motivos expuestos, que la fracción parlamentaria de Convergencia considera de justicia proponer a esta soberanía reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que no exista duda alguna respecto al monto que cada año debe ser cubierto a los trabajadores por concepto de aguinaldo y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no interprete su cumplimiento, sino que se ajuste al mandato expreso de la ley.

La reforma que proponemos beneficiará a los trabajadores al servicio del Estado tanto de base como de confianza que prestan sus servicios en las dependencias y entidades paraestatales, al personal del servicio exterior mexicano, a los agregados navales y militares y sus ayudantes en el extranjero, a las personas físicas contratadas por honorarios por el Gobierno Federal, a los pensionistas, al personal docente y de las instituciones de educación superior y al personal obrero de base, a lista de raya, temporal técnico, administrativo, especialista y profesional, así como también al personal de las Fuerzas Armadas del país.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que someto a su distinguida consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto a fin de reformar el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Único

Artículo 42 Bis. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna y de conformidad al salario íntegro que reciben ordinariamente a cambio de sus servicios. El Ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Luis Maldonado Venegas.»

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de 47 estudiantes de la preparatoria Instituto Londres, que están hoy acompañándonos a invitación del señor diputado Miguel Angel Toscano Velasco.

Bienvenidos.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Coordinación Fiscal dispone que los estados y el Distrito Federal participarán en el total de los impuestos federales y otros ingresos mediante la distribución de los fondos que, como el relativo a seguridad pública, se establecen en este ordenamiento de coordinación fiscal.

En este orden de ideas, en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Legislativo dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se constituirá con cargos a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que la Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta para la integración de dicho fondo.

En seguida señala que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Más adelante señala que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, nosotros consideramos que esta redacción debe actualizarse para que sea consecuente y congruente con las demás reformas que se han llevado a cabo a otros ordenamiento legales y también con lo que se establece en el Presupuesto Federal y su ejercicio en términos de certeza y oportunidad.

Esto es así, porque en el año 2000 fue reformada y adicionada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en sus artículos 26 y 30 Bis, quedó institucionalizada la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que asumió algunas de las atribuciones y facultades que ejercía la Secretaría de Gobernación, nos referimos desde luego, a las vinculadas intrínsecamente con la seguridad pública.

En este sentido, la modificación legal que proponemos, consiste en instituir que la propuesta para constituir al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la formule la Secretaría de Seguridad Pública y no la Secretaría de Gobernación porque en los hechos esta temática dejó de ser de su competencia.

Además consideramos que la formulación de la propuesta relativa a este fondo, debe partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública, toda vez que este importante órgano de decisión lo integran entre otras autoridades el secretario de Seguridad Pública, los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que por otra parte la ley prevé que al Consejo Nacional de Seguridad Pública, corresponde la determinación de los criterios para la entrega de dicho Fondo de Aportaciones Federales a los Estados y el Distrito Federal.

Finalmente consideramos muy importante que en la Ley de Coordinación Fiscal, quede debidamente precisado que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se consigne la distribución que corresponda para cada uno de los estados y el Distrito Federal, de los recursos federales que integran este fondo, respecto de los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque en la actualidad, a pesar de que en principio se conoce su monto global, es el único de los fondos de aportaciones federales que no se encuentran geográficamente distribuidos y esto va en detrimento de la certeza que cada entidad federativa requiere y la oportunidad de su ejercicio para atender los reclamos sociales y el cabal cumplimiento de la obligación de los estados en torno a la seguridad pública.

A manera de ejemplo, es de observarse que en el Presupuesto de Egresos para 2005, se plantea la asignación de un monto global de 5 mil millones de pesos para el Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad Pública, sin que se encuentre consignado el monto que corresponde a cada entidad federativa y el Distrito Federal, lo que sí acontece respecto de los restantes cinco fondos previstos tanto por la Ley de Coordinación Fiscal como por el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todo lo antes señalado, se somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos, primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Unico. Se reforman los párrafos, primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

``Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la integración de dicho fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se consignarán la distribución que corresponda para cada uno de los estados y el Distrito Federal, de los recursos federales que integran este fondo, entre los distintos rubros de gasto para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas y al Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal y sigue el texto del párrafo.''

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado licenciado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

Concordante con lo instituido por esta disposición constitucional, la legislación secundaria determina que la seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y al efecto establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública al que deben sujetar su actuación la Federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios, así como las demás instituciones vinculadas a la seguridad pública.

La Ley de Planeación por su parte, establece en sus numerales 33 y 34 los mecanismos para el diseño de esquemas de coordinación entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las entidades federativas, para determinar y alcanzar los objetivos y metas que en común acuerden.

Y por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los estados y el Distrito Federal, participarán en el total de los impuestos federales y otros ingresos, mediante la distribución de los fondos, que como el relativo a Seguridad Pública, se establecen en este ordenamiento de coordinación fiscal.

En este orden de ideas, en el artículo 44 de esta Ley de Coordinación Fiscal, el legislativo dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que la Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.

Enseguida señala que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Más adelante señala que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, nosotros consideramos que esta redacción debe actualizarse para que sea consecuente y congruente con las demás reformas que se han llevado a cabo a otros ordenamientos legales y también con lo que se establece en el presupuesto federal y su ejercicio en términos de certeza y oportunidad.

Esto es así, porque en el año 2000 fue reformada y adicionada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en sus artículos 26 y 30 bis, quedó institucionalizada la creación de la Secretaría de Seguridad Pública que asumió algunas de las atribuciones y facultades que ejercía la Secretaría de Gobernación. Nos referimos desde luego a las vinculadas intrínsecamente con la seguridad pública.

En este sentido, la modificación legal que proponemos consiste en instituir que la propuesta para constituir el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública la formule la Secretaría de Seguridad Pública y no la Secretaría de Gobernación, porque en los hechos esta temática dejó de ser de su competencia.

Además consideramos que la formulación de la propuesta relativa a este Fondo debe partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública, toda vez que este importante órgano de decisión lo integran, entre otras altas autoridades, el Secretario de Seguridad Pública, los Gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que por otra parte, la ley prevé que al Consejo Nacional de Seguridad Pública corresponde la determinación de los criterios para la entrega de dicho fondo de aportaciones federales a los estados y el Distrito Federal.

Finalmente consideramos muy importante que en la Ley de Coordinación Fiscal quede debidamente precisado, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se consigne la distribución que corresponda para cada uno de los estados y el Distrito Federal de los recursos federales que integran este Fondo respecto de los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque en la actualidad, a pesar de que en principio de conoce su monto global, es el único de los fondos de aportaciones federales que no se encuentra geográficamente distribuido y esto va en detrimento de la certeza que cada entidad federativa requiere y la oportunidad de su ejercicio para atender los reclamos sociales y el cabal cumplimiento de la obligación de los estados en torno a la seguridad pública.

A manera de ejemplo, es de observarse que en el Presupuesto de Egresos para 2005 se plantea la asignación de un monto global de cinco mil millones de pesos para el Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad Pública, sin que se encuentre consignado el monto que corresponde a cada Entidad Federativa y el Distrito Federal, lo que si acontece respecto de los restantes cinco fondos previstos tanto por la Ley de Coordinación Fiscal, como por el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todo lo antes señalado se somete a consideración de esta Soberanía, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto de reforma a los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para la integración de dicho Fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se consignará la distribución que corresponda para cada uno de los estados y el Distrito Federal de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate.

....

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2004.--- Dip. Jorge Uscanga Escobar (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Damos la más cordial bienvenida a los 40 invitados especiales de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy por invitación expresa del diputado Sergio Penagos.

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LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de sanciones.

El diputado Salvador Márquez Lozornio: Con su venia, señor Presidente.

En la actualidad el entorno económico que vive la sociedad nacional ha generado que diversos sectores del país tengan la necesidad de adquirir algún tipo de crédito, mismo que tiene como finalidad el solventar las necesidades de tipo económico que generen una vida personal o laboral.

Por lo cual, es necesario plantear nuevas disposiciones legales que permitan que las empresas de información crediticia, brinden mayor apertura al otorgamiento de créditos a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizando la fuente de trabajo.

En razón de lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIII, al artículo 60 y una fracción VII, al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión. Presente.

El suscrito, diputado federal Salvador Márquez Lozornio de esta Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Buró de Crédito no es una instancia judicial, sino solamente una sociedad de información crediticia creada en 1996 y orientada a recopilar información sobre el comportamiento crediticio de personas y empresas.

Uno de los motivos principales de su creación es apoyar la actividad económica del país, facilitando a las empresas información que les permita una mayor certeza y apertura al otorgamiento de crédito a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizando la fuente de trabajo.

En la actualidad funciona como un marco de referencia para la autorización de créditos, ya que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, empresas, personas físicas con actividades empresariales. Es decir, el Buró de Crédito no registra únicamente créditos con problemas de pago, de igual manera recaba información sobre créditos que se pagan en forma puntual y adecuada.

Es importante señalar que el Buró de Crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, tampoco emite juicios sobre si una persona es o no sujeta de dicho crédito; exclusivamente crea un historial crediticio y se limita a suministrar información sobre dichos créditos y comportamiento de pago de una persona o empresa. Por ningún motivo se convierte en instancia. Su única función es proveer, por medio de un pago, información sobre el historial crediticio sin importar que éste resulte positivo o negativo.

La base de datos de Buró de Crédito se integra con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sean proporcionadas por los otorgantes de crédito que tienen contratado su servicio. Existen ocasiones en las cuales esa información, por razones diversas, no se actualiza, específicamente en el caso de que el adeudo ya sea cubierto y no se ha señalado dentro del historial crediticio. En ese caso se ocasiona un perjuicio al titular del historial. Este supuesto puede ser por dos causas:

La primera. Que el Buró de Crédito omita actualizar la base de datos a pesar de que vaya sido notificada en tiempo de las modificaciones y a contrario sensu, que el usuario omita enviar los datos de actualización al Buró de Crédito. Este supuesto es más común de lo que creemos. Generalmente las personas no se percatan de que la información que contiene su historial crediticio sigue vigente el adeudo y puede originar la negativa de alguna operación al solicitar otro crédito y en consecuencia, un perjuicio para el solicitante del mismo.

Si bien la ley en mención señala diversas sanciones para acciones y omisiones, tanto de la sociedad como de los usuarios, en ninguna establece sanción para el supuesto que se señala.

Por esta razón, se presenta la siguiente iniciativa que pretende adicionar dos fracciones, con objeto de establecer sanciones para el caso en el cual el usuario, quien es el otorgante del crédito, omita notificar al Buró de Crédito cuando un adeudo ha sido saldado y en sentido contrario, cuando el Buró de Crédito, aun habiendo sido notificado, ha omitido modificar la información dentro del historial crediticio.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos apremiante establecer medidas apropiadas que salvaguarden los intereses de las personas que han mostrado responsabilidad y disposición en el pago de sus adeudos.

En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Capítulo Quinto. De las sanciones, Sección Segunda. Sanciones que podrá imponer la comisión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 60. La comisión sancionará con multa de 100 a mil veces el salario mínimo general diario que sea vigente en el Distrito Federal, cuando ---omito la lectura de 22 incisos---, se adiciona inciso vigesimotercero la sociedad haya sido notificada por el usuario de la liquidación de un adeudo y omita actualizar el historial crediticio del cliente en un término de 5 días hábiles. Sección IV

Sanciones que podrá imponer la Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo 68. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 100 a mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los funcionarios o empleados de las empresas comerciales o a estas últimas que sean responsables de la infracción, cuando ---omito del I al VI incisos---, se adiciona un VII omitan notificar a la sociedad en un término de 5 días hábiles que el cliente haya cubierto su adeudo.

Para la imposición de las multas previstas en este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar lo señalado en la sección I de este capítulo. Contra dichas sanciones procederá el recurso administrativo contemplado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre del 2004.

Por su fina atención muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de sanciones, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Salvador Márquez Lozornio, de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Buró de Crédito no es una instancia judicial, sino solamente una sociedad de información crediticia creada en 1996 y orientada a recopilar información sobre el comportamiento crediticio de personas y empresas.

Uno de los motivos principales de su creación es apoyar la actividad económica del país, facilitando a las empresas información que les permita una mayor apertura al otorgamiento de crédito a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizar la fuente de trabajo.

En la actualidad funciona como un marco de referencia para la autorización de créditos, ya que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, empresas y personas físicas con actividad empresarial.

Es decir, el Buró de Crédito no registra únicamente créditos con problemas de pago, de igual manera se recaba información sobre créditos que se pagan en forma puntual y adecuada.

Es importante señalar que el Buró de Crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, tampoco emite juicio sobre si una persona es o no sujeta de crédito; exclusivamente crea un historial crediticio y se limita a suministrar información sobre los créditos y comportamiento de pago de una persona o empresa. Por ningún motivo se convierte en instancia, su única función es proveer por medio de un pago mínimo información sobre el historial crediticio sin importar que éste resulte positivo o negativo.

La base de datos de Buró de Crédito se integra con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los otorgantes de crédito que tengan contratado el servicio.

Existen ocasiones en las cuales esa información, por razones diversas, no se actualiza, específicamente en el caso en que el adeudo ya se ha cubierto y no se encuentra señalado dentro del historial crediticio, en ese caso se ocasiona un perjuicio al titular de dicho historial. Este supuesto puede ser por dos causas, las primera que Buró de Crédito omita actualizar la base de datos, a pesar de que haya sido notificada en tiempo de las modificaciones, y a contrario sensu que el usuario omita enviar los datos actualizados al Buró de Crédito.

Este supuesto es más común de lo que creemos, generalmente las personas no se percatan que en la información que contiene su historial crediticio sigue vigente el adeudo, y puede originar la negativa de alguna operación para solicitar otro crédito, y en consecuencia un perjuicio para el solicitante del mismo.

Si bien la ley en mención señala diversas sanciones para acciones y omisiones tanto de la sociedad como de los usuarios, en ninguna establece sanción para el supuesto que se señala.

Por esta razón se presenta la siguiente iniciativa que pretende adicionar dos fracciones, con el objeto de establecer sanciones para el caso en el cual el cliente, quien es el otorgante del crédito, omita notificar al Buró de Crédito cuando un adeudo ha sido saldado y en sentido contrario cuando el Buró de Crédito aún siendo notificado ha omitido modificar la información dentro del historial crediticio.

Por lo anteriormente expuesto consideramos apremiante establecer medidas apropiadas que salvaguarden los intereses de las personas que han mostrado responsabilidad y disposición en el pago de sus adeudos.

En vista de los anteriores argumentos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Capítulo V De las Sanciones

Sección II Sanciones que podrá imponer la Comisión

ARTÍCULO 60.- La Comisión sancionará con multa de 100 a 1,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando:

I. La Sociedad omita integrar los expedientes o no se informe a la Comisión de los nombramientos, en los términos establecidos en el artículo 9, cuarto y quinto párrafos;

II. La Sociedad no presente el instrumento público ante el Registro Público de Comercio o no informe a la Secretaría o a la Comisión, los datos de inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 11;

III. La Sociedad no dé aviso a la Comisión, del establecimiento, cambio de ubicación o clausura de cualquiera de sus oficinas, en los términos establecidos en el artículo 14;

IV. La Sociedad omita presentar a la Secretaría o a la Comisión, la información o documentación que soliciten o determinen, en términos del artículo 17;

V. La Sociedad no cuente con los manuales operativos previstos en el artículo 21, o no hayan sido aprobados por su consejo de administración;

VI. La Entidad Financiera se abstenga de observar los manuales operativos previstos en el artículo 21;

VII. La Sociedad elimine de la base de datos la información que haya sido proporcionada por los Usuarios relativa a personas morales, en términos de lo dispuesto en el artículo 23, tercer párrafo;

VIII. La Sociedad proporcione a los Usuarios información que incluya la identidad de los acreedores, en contravención a lo previsto por el artículo 27;

IX. La Entidad Financiera no conserve por doce meses la autorización del Cliente, en la forma y términos que señale la Comisión, conforme lo previsto en el artículo 30;

X. La Sociedad no cuente con los sistemas y procesos previstos en el artículo 33, o no hayan sido aprobados por su consejo de administración;

XI. La Entidad Financiera omita proporcionar al Cliente los datos obtenidos de la Sociedad, conforme al artículo 39;

XII. La Sociedad omita proporcionar al Cliente el Reporte de Crédito Especial, en la forma y términos establecidos en el artículo 40;

XIII. La Sociedad se abstenga de poner a disposición del público en general el significado de las claves que se utilicen en los Reportes de Crédito Especiales o no actualice dicha información, conforme al artículo 40, quinto párrafo, fracción III;

XIV. La Sociedad no entregue la reclamación del Cliente en la forma y términos establecidos en el artículo 43, primer párrafo, o bien, omita incluir en el registro correspondiente la leyenda prevista en el segundo párrafo del mismo artículo;

XV. La Entidad Financiera omita realizar de inmediato las modificaciones en su base de datos, relativas a la aceptación total o parcial de lo señalado en la reclamación presentada por el Cliente o no lo notifique a la Sociedad que haya mandado la reclamación y deje de remitirle a ésta la corrección efectuada a su base de datos, conforme lo establece el artículo 45, primer párrafo;

XVI. La Sociedad no remita al Cliente la respuesta del Usuario en el plazo establecido en el artículo 45, segundo párrafo, o bien, omita en los futuros reportes el texto previsto en el párrafo mencionado;

XVII. La Sociedad omita enviar al Cliente la respuesta del Usuario, los elementos o el nuevo reporte, dentro del plazo señalado en el artículo 46, primer párrafo;

XVIII. La Sociedad omita entregar al Cliente o a los Usuarios los Reportes de Crédito previstos en el artículo 47;

XIX. La Entidad Financiera omita informar a la Sociedad del laudo emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo previsto en el artículo 48, segundo párrafo;

XX. La Sociedad no proporcione a la Comisión el listado a que se refiere el artículo 49;

XXI. La Sociedad omita proporcionar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros el informe o los modelos de convenios a que se refiere el artículo 50, y

XXII. La Entidad Financiera proporcione información errónea a las sociedades, en los casos en que exista culpa grave, dolo o mala fe que le resulte imputable.

Sección IV Sanciones que podrá imponer la Procuraduría Federal del Consumidor

Artículo 68.- La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 100 a 1,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los funcionarios o empleados de las Empresas Comerciales o estas últimas, que sean responsables de la infracción, cuando:

I. Se abstengan de observar los manuales operativos previstos en el artículo 21;

II. No se ajusten a lo dispuesto en el artículo 29;

III. Omitan proporcionar al Cliente los datos obtenidos de la sociedad conforme al artículo 39;

IV. Se abstengan de realizar de inmediato las modificaciones en su base de datos, relativas a la aceptación total o parcial de lo señalado en la reclamación presentada por el Cliente o no lo notifique a la Sociedad que haya mandado la reclamación y deje de remitirle a ésta la corrección efectuada a su base de datos, conforme lo establece el artículo 45, primer párrafo;

V. No informen a la Sociedad del laudo emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de lo previsto en el artículo 48, segundo párrafo;

VI. Proporcionen información errónea, cuando exista culpa grave, dolo o mala fe que le resulte imputable.

Para la imposición de las multas previstas en este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar lo señalado en la Sección I de este Capítulo. Contra dichas sanciones procederá el recurso administrativo contemplado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para quedar de la siguiente forma:

ARTÍCULO 60.- La Comisión sancionará con multa de 100 a 1,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando:

I. La Sociedad omita integrar los expedientes o no se informe a la Comisión de los nombramientos, en los términos establecidos en el artículo 9o., cuarto y quinto párrafos;

II. ...

XXIII. La Sociedad haya sido notificada por el Usuario de la liquidación de un adeudo y omita actualizar el historial crediticio del Cliente, en un término de cinco días hábiles.

Artículo 68.- La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 100 a 1,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los funcionarios o empleados de las Empresas Comerciales o estas últimas, que sean responsables de la infracción, cuando:

I. Se abstengan de observar los manuales operativos previstos en el artículo 21;

II. No se ajusten a lo dispuesto en el artículo 29;

III. Omitan proporcionar al Cliente los datos obtenidos de la sociedad conforme al artículo 39;

IV. Se abstengan de realizar de inmediato las modificaciones en su base de datos, relativas a la aceptación total o parcial de lo señalado en la reclamación presentada por el Cliente o no lo notifique a la Sociedad que haya mandado la reclamación y deje de remitirle a ésta la corrección efectuada a su base de datos, conforme lo establece el artículo 45, primer párrafo;

V. No informen a la Sociedad del laudo emitido por al Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de lo previsto en el artículo 48, segundo párrafo;

VI. Proporcionen información errónea, cuando exista culpa grave, dolo o mala fe que le resulte imputable.

VII. Omitan notificar a la Sociedad en un término de cinco días hábiles que el cliente ha cubierto su adeudo.

Para la imposición de las multas previstas en este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar lo señalado en la Sección I de este Capítulo. Contra dichas sanciones procederá el recurso administrativo contemplado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2004.--- Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MEXICO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladores:

El tema del medio ambiente como cuestión de seguridad nacional no era importante hasta hace poco tiempo. La relación entre el medio ambiente y la seguridad nacional no estaba en la agenda ni en las discusiones de las escuelas del Estado Mayor.

El medio, era algo que se daba por sentado y la seguridad se definía como seguridad militar en el sistema internacional. La política de seguridad nacional era interpretada simplemente como ``el que quería paz, que se preparara para la guerra''. Una fuerza militar tenía que estar preparada y alerta para disuadir toda agresión.

Sin embargo, redefinir la seguridad nacional se volvió un asunto importante al fin de la guerra fría. La seguridad militar es considerada como una variable dependiente y se ha descubierto que la administración del medio ambiente es el factor principal para la amenaza a la estabilidad y a la seguridad nacional e internacional.

Actualmente la administración del medio ambiente se vuelve de vital importancia para los pueblos del mundo. Si es mal administrada habrá catástrofes y desastres ecológicos que producirán conflictos acerca de la distribución de los recursos, que puede traducirse en violencia, revoluciones y guerra. La violencia política y en especial las guerras entabladas con armas modernas, no resolverán ningún conflicto ni disminuirán las consecuencias de los desastres ecológicos causados por los conflictos.

En cambio agravar la mala administración del medio ambiente y reforzar las causas de conflicto, se ha descubierto esta paradoja pero no se ha resuelto.

La seguridad nacional sigue dominando el pensamiento de seguridad. Pero al defender la seguridad nacional será socavada y hasta aniquilada la seguridad global y a la postre la propia seguridad nacional.

Para la mayoría de los especialistas casi no cabe duda que en un futuro próximo habrá guerra por el agua, especialmente en el Medio Oriente. Se dispone de aguas abundantes pero son un recurso no renovable y aunque sólo costaría una fracción de los presupuestos anuales de la defensa de cualquier país rico construir refinerías de agua de mar, ni siquiera se contempla esta opción, por considerarla demasiado cara.

En lo que toca a México, los grandes propósitos del Gobierno como la transformación política, la modernización económica y el combate a la iniquidad social, entre otros, sucumbirán si se destruye el marco de sustentabilidad del país.

Un reporte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, describe un panorama de destrucción, violencia e ilegalidad que coloca a nuestros bosques, selvas y aguas ante un escenario de crisis terminal, lo que delinea en sus páginas es en todos los sentidos un problema de seguridad nacional, aunque sólo hasta ahora el Gobierno le da ese nombre.

México pierde entre 600 mil y un millón de hectáreas de bosques al año. Esa pérdida significa desertificación de 200 mil hectáreas de suelo por año, además del agotamiento y contaminación grave de todas las cuencas hidráulicas del país; el exterminio de innumerables especies endémicas de fauna; la transformación de clima de regiones enteras y la destrucción de la viabilidad económica de cientos de comunidades.

Este triste estado de las cosas tiene que cambiar. Desde su campaña electoral, Vicente Fox aceptó la designación de seguridad nacional para los problemas de bosque y el agua. Ratificó ese compromiso en su toma de posesión y en ese sentido tendría que estar orientada ya la política ambiental del nuevo gobierno.

La tala ilícita, por ejemplo, se encuentra envuelta en una vasta madeja de ilegalidad que va de la posesión de armas y el robo de vehículos, al secuestro y la extorsión. Con todos los esfuerzos del Gobierno, fracasarán si no cuenta con el apoyo, la presión y la participación decidida de todos los actores sociales.

La protección del medio ambiente es una tarea tan compleja, que los mejores planes pueden naufragar si no se están dotados de legitimidad social; si no existen formas de corresponsabilidad y canales de involucramiento de todas las instituciones.

Según algunas estimaciones, estamos a 54 años de liquidar todo nuestro patrimonio forestal, de continuar las tendencias actuales. No basta, por tanto, que el Gobierno defina los problemas del bosque y el agua, como de seguridad nacional. Es necesario que la población, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los medios de comunicación le otorguen el mismo carácter e importancia, además de la imperiosa necesidad de que dicho concepto se empiece a ver reflejado cada vez más en nuestra legislación.

México es un país en continuo cambio y enfrenta cada día nuevos retos. Su territorio posee una riqueza extraordinaria, con recursos naturales y fronteras marítimas y por ello es necesario protegerlo y preservarlo.

La Armada de México tiene como misión emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

En apego a su misión y atribuciones enfrenta una lucha constante para el control y el combate de la contaminación del medio marino; desempeña actividades de investigación en oceanografía, conservación, protección y preservación de los recursos naturales; apoya integralmente en la ejecución de programas a instituciones gubernamentales, las cuales no podrían realizarla con sus propios recursos, como Semarnat, Sagarpa, Pemex, Sectur, Conapesca, SEP y la UNAM, entre otros.

En relación a las campañas oceanográficas, se realizan trabajos en los ámbitos químicos, físicos, geológicos y biológicos para evaluar los estados de la productividad, evolución e incluso deterioro de los ecosistemas. Esto lo lleva a cabo personal naval, en buques oceanográficos e institutos y estaciones.

La Armada realiza acciones como el saneamiento de la bahía de Guaymas, labores de prevención, control y combate de la contaminación del medio ambiente en el Golfo de California, el programa de monitoreo de la calidad del agua marina, el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias en el Mar, y acciones para contribuir a una nueva cultura de pesca en México.

Con el fin de vigilar el cumplimiento de las vedas y normatividades emitidas por las instituciones competentes, se realizan campañas permanentes para la conservación, protección y preservación de las especies marinas en peligro de extinción como la vaquita marina, la ballena, manatí, tortuga, lagarto, totuaba, caracol rosado entre otros.

Con todo lo anterior nos podemos dar cuenta de que la Secretaría de Marina, Armada de México, está comprometida más que nunca con el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Si bien es cierto que la Ley de Ascensos de la Armada de México contempla, en su artículo 38, la posibilidad del mando supremo de ascender al personal de la Armada de México por méritos especiales en cuestión de salvar vidas humanas, bienes materiales o desarrollar inventos y no obstante su importancia y el compromiso de la institución con el medio ambiente, no se contempla el ascenso de grado mediante la preservación o la salvación de los recursos naturales.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, buscando mayor congruencia entre el espíritu de preocupación por el cuidado del medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente decreto por el que se adiciona una nueva fracción III al artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México y se recorren los artículos fracciones III y IV para quedar como IV y V, respectivamente.

Artículo primero. Se adiciona la fracción III del artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México para quedar como sigue:

Artículo 38. El mando supremo, a propuesta del alto mando, podrá ascender al personal de la Armada de México por méritos especiales cuando se hayan efectuado cualesquiera de los hechos siguientes:

I queda igual, II queda igual; el III. Por haber efectuado un acto que salvaguarde los recursos naturales de la nación con riesgo de su vida.

Por su atención muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Jorge, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Marina para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El tema del medio ambiente como cuestión de seguridad nacional, no era importante hasta hace poco tiempo, la relación entre el medio ambiente y la seguridad nacional no estaba en las agendas, ni en las discusiones de las escuelas de estado mayor, el ``medio'' era algo que se daba por sentado y la seguridad, se definía como seguridad militar en el sistema internacional.

La política de seguridad nacional era interpretada simplemente como que el que quiera paz, que se prepare para la guerra; una fuerza militar tenía que estar preparada y alerta para disuadir toda agresión. Sin embargo, redefinir la seguridad nacional se volvió un asunto importante al final de la Guerra Fría, la seguridad militar es considerada como una variable dependiente; y se ha descubierto que la administración del medio ambiente es el factor principal tras las amenazas a la estabilidad y a la seguridad nacionales e internacionales.

La seguridad militar se refería básicamente al conflicto entre el Este y el Oeste, y en general al equilibrio militar entre los Estados en el Sistema Internacional. Sin embargo, hay una variable que interviene llamada la seguridad económica. La seguridad económica se refiere básicamente al conflicto entre el Norte y el Sur, y en general a la disparidad entre las partes ricas e industrializadas del mundo y las partes menos desarrolladas y pobres del mundo. El concepto de seguridad ambiental viene a cerrar el círculo.

Actualmente, la administración del medio ambiente se vuelve de vital importancia para los pueblos del mundo. Si es mal administrada, habrá catástrofes y desastres ecológicos que producirán conflictos acerca de la distribución de los recursos, que puede traducirse en violencia, revoluciones y guerras. La violencia política y en especial las guerras entabladas con armas modernas, no resolverán ningún conflicto ni disminuirán las consecuencias de los desastres ecológicos causados por los conflictos. En cambio, agravarán la mala administración del medio ambiente y reforzarán las causas de conflicto. Se ha descubierto esta paradoja, pero no se ha resuelto. La seguridad nacional sigue dominando el pensamiento de seguridad; pero al defender la seguridad nacional serán socavadas y hasta aniquiladas la seguridad global y a la postre la propia seguridad nacional.

Para la mayoría de los especialistas, casi no cabe duda de que en un futuro próximo habrá guerras por el agua, especialmente en el Medio Oriente. Se dispone de aguas abundantes, pero son un recurso no renovable, y aunque solo costaría una fracción de los presupuestos anuales de la defensa de cualquier país rico, construir refinerías de agua de mar. Sin embargo, ni siquiera se contempla esta opción por considerarla ``demasiado costosa''.

En lo que toca a México, los grandes propósitos del gobierno como la transformación política, la modernización económica y el combate a la inequidad social, entre otros, sucumbirán si se destruye el marco de sustentabilidad del país.

En un exhaustivo y aterrador reporte de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre el estado de nuestros bosques, tenemos que en 23 estados, la tasa de deforestación alcanza ya niveles catastróficos que ponen a ecosistemas enteros al borde del colapso. La degradación ha ocurrido por igual en Áreas Naturales Protegidas que en bosques y selvas sin protección especial. En algunas zonas de inmensa riqueza biológica, como los Montes Azules en Chiapas o la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán, el huracán destructor ha actuado con particular saña. Solamente en Chiapas se han afectado gravemente a más de 2 mil 200 especies de flora: pinos, cedros, encinos, mangles, palmas reales y muchos otros.

Las causas de esta catástrofe son tan variadas como la biodiversidad perdida. Según el reporte de la Profepa, la degradación del patrimonio forestal del país está asociada lo mismo a la agricultura itinerante que al saqueo de especies endémicas o a la tala clandestina. En el sureste, por ejemplo, buena parte de la pérdida es producto de la presión demográfica, de las condiciones de pobreza extrema y de la preservación de prácticas agrícolas milenarias, como la roza-tumba-quema. En Michoacán o en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en cambio, el bosque tiene como principal enemigo a bandas criminales, dotadas de armas de alto calibre, que han hecho del desmonte masivo un millonario negocio. Existen también vastas redes de contrabando de especies tropicales o desérticas que, en algunos casos, podrían estar vinculadas al narcotráfico y que actúan con casi total impunidad.

En resumen, el reporte de la Profepa describe un panorama de destrucción, violencia e ilegalidad que coloca a nuestros bosques, selvas y aguas ante un escenario de crisis terminal. Lo que delinea en sus páginas es en todos los sentidos un problema de seguridad nacional, aunque sólo hasta ahora el gobierno le da ese nombre. Esa es tal vez la mayor paradoja de este asunto, si se conocía a detalle la magnitud y alcances del problema de la deforestación, ¿por qué no se le dio un tratamiento de proporciones equiparables?

México pierde todos los años entre 600 mil y 1 millón de hectáreas de bosque al año. Esa pérdida significa la desertificación de 200 mil hectáreas de suelo por año, además del agotamiento y contaminación grave de todas las cuencas hidráulicas del país, el exterminio de innumerables especies endémicas de fauna, la transformación climática de regiones enteras y la destrucción de la viabilidad económica de cientos de comunidades.

Sin embargo, durante años se consideró a la deforestación como un problema secundario y esa decisión se reflejó gravemente en las asignaciones presupuestales, las prioridades programáticas y los instrumentos legales y políticos dedicados a la conservación de los recursos naturales. Buena parte de la problemática descrita en el reporte de la Profepa es producto de años de recortes presupuestales, de la reducción del número de inspectores forestales, de la desatención administrativa a los programas de conservación. Los talamontes pueden arrasar impunemente regiones enteras del país porque no hay nadie que los detenga, porque el Estado es inoperante en muchas de las áreas críticas señaladas por el reporte de la Profepa. Como ejemplo de este abandono, podemos mencionar que actualmente, cada inspector forestal tiene bajo su supervisión una área equivalente a la del estado de Tlaxcala.

Este triste estado de cosas, tiene cambiar. Desde su campaña electoral, Vicente Fox aceptó la designación de seguridad nacional para los problemas del bosque y el agua. Ratificó ese compromiso en su toma de posesión y en ese sentido tendría que estar orientada ya, la política ambiental del nuevo gobierno.

Hace ya algún tiempo, se lanzó la Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua, que consistía en un esfuerzo con una doble virtud, por un lado, vincula expresamente la conservación de los recursos forestales y de las cuencas hidráulicas y por el otro, se otorga a la protección de nuestro patrimonio el carácter estratégico y de seguridad nacional. En el marco de la Cruzada, se planeó la creación de la Comisión Nacional Forestal. Esa institución funciona como un organismo desconcentrado de la Semarnat que agrupa y da coherencia a los programas gubernamentales dirigidos al bosque. Esta medida tiene el potencial de incrementar enormemente el peso político y la visibilidad pública de los asuntos forestales.

Por su parte la Profepa, busca obtener buenos resultados mediante un programa novedoso que busca atacar no la oferta sino la demanda, no castigar al ejidatario que desmonta un terreno boscoso porque se encuentra en condiciones de pobreza extrema, sino a los delincuentes que obtienen grandes beneficios con la comercialización de la madera obtenida ilegalmente. Asimismo, se busca dedicar mayores recursos y esfuerzos a las áreas críticas de deforestación, y trabajar con las comunidades y los ejidos para establecer mecanismos sociales de vigilancia nacional de combate a la tala ilegal.

La tala ilícita por ejemplo, se encuentra envuelta en una vasta madeja de ilegalidad que va de la posesión de armas y el robo de vehículos al secuestro y la extorsión.

Con todo, los esfuerzos del gobierno fracasarán si no cuentan con el apoyo, la presión y la participación decidida de todos los actores sociales. La protección del medio ambiente es una tarea tan compleja que los mejores planes pueden naufragar si no están dotados de legitimidad social, si no existen formas de corresponsabilidad y canales de involucramiento de todas las instituciones. Según algunas estimaciones, estamos a 54 años de liquidar todo nuestro patrimonio forestal de continuar las tendencias actuales. No basta por tanto que el gobierno defina los problemas del bosque y el agua como de seguridad nacional; es necesario que la población, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los medios de comunicación le otorguen el mismo carácter e importancia, además de la imperiosa necesidad, de que dicho concepto se empiece a ver reflejado cada vez mas en nuestra legislación.

México es un país en continuo cambio, y enfrenta cada día nuevos retos, su territorio posee una riqueza extraordinaria con recursos naturales y fronteras marítimas y por ello es necesario protegerlo y preservarlo.

La Armada de México, tiene como misión emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. En apego a su misión y atribuciones, enfrenta una lucha constante para el control y el combate de la contaminación del medio marino, desempeña actividades de investigación en oceanografía, conservación, protección y preservación de los recursos naturales; apoya íntegramente en la ejecución de programas a instituciones gubernamentales, las cuales no podrían realizarlos con sus propios recursos, como Semarnat, Sagarpa, Pemex, Sectur, Conapesca, SEP y la UNAM entre otras.

En relación a las campañas oceanográficas, se realizan trabajos en los ámbitos químico, físico, geológico y biológico, para evaluar los estados de productividad, evolución e incluso deterioro de los ecosistemas, esto lo lleva a cabo personal naval en buques oceanográficos e institutos y estaciones.

La Armada realiza acciones como el saneamiento de la Bahía de Guaymas, labores de prevención, control y combate de la contaminación del medio marino en el Golfo de California, el Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua Marina, el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias en la Mar y acciones para contribuir a una nueva cultura de pesca en México.

Con el fin de vigilar el cumplimiento de las vedas y normatividad emitidas por la institución competente, se realizan campañas permanentes para la conservación, protección y preservación de las especies marinas en peligro de extinción como la vaquita marina, ballena, manatí, tortugas, lagartos, totoaba y caracol rosado entre otras.

Con todo lo anterior, nos podemos dar cuenta de que la Secretaría de Marina Armada de México, esta comprometida mas que nunca, con el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Si bien es cierto, que la Ley de Ascensos de la Armada de México contempla en su artículo 38, la posibilidad del mando supremo de ascender al personal de la Armada de México por meritos especiales en cuestión de salvar vidas humanas, bienes materiales, o desarrollar inventos; no obstante su importancia y el compromiso de la Institución con el medio ambiente, no se contempla el ascenso de grado, mediante la preservación o la salvación de los recursos naturales.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país; y buscando mayor congruencia, entre el espíritu de preocupación por el cuidado al medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adiciona una nueva fracción III al artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México y se recorren las actuales fracciones III y IV para quedar como IV y V, respectivamente.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción III del Artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México para quedar como sigue:

Artículo 38.- El Mando Supremo a propuesta del Alto Mando podrá ascender al personal de la Armada de México, por méritos especiales, cuando se haya efectuado cualesquiera de los hechos siguientes:

I. ...

II. ...

III.- Por haber efectuado un acto que salvaguarde los recursos naturales de la nación, con riesgo de su vida.

IV. ...

V. ...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Marina.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS - PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y el artículo 22 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005.

El diputadoGuadalupe de Jesús Vizcarra Calderón: Yo sé que es muy poco técnico pedir una modificación a una ley que no existe, pero va a existir y deseo que exista esta variante porque el tema lo amerita.

El Acuerdo Nacional por el Agua, votado favorablemente por esta soberanía el pasado 19 de octubre, es reflejo de nuestra atención en un tema medular para la sustentabilidad en el país.

La necesidad de atender las graves carencias de cobertura y calidad de los servicios de agua con 12 millones de mexicanos careciendo a esta fecha de agua potable, un sector rural donde 3 de cada 10 habitantes no cuentan con agua potable entubada, con una producción agrícola seriamente afectada por la falta de infraestructura de riego, así como el mantenimiento inadecuado de la misma.

Del modo más lamentable nuestro país ha resentido una caída dramática de la inversión en infraestructura hidráulica, la cual se encuentra prácticamente a la mitad de lo que se hubiera requerido para alcanzar un escenario sustentable hasta esta fecha.

En cumplimiento de nuestra responsabilidad como representantes populares y en atención a la urgencia de lograr financiamiento para la infraestructura hidráulica, presento a nuestra Asamblea un esquema a través del cual se puedan canalizar recursos excedentes del sector para beneficio de la infraestructura del propio sector.

Este esquema servirá como incentivo para la Comisión Nacional del Agua, así como para cada organismo de cuenca, ya que ellos se verán beneficiados en la medida que incrementen la recaudación por concepto de derecho por uso y aprovechamiento del agua.

La presente propuesta busca que en el ejercicio fiscal de 2005 se puedan destinar los excedentes de los ingresos provenientes de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a la Comisión Nacional del Agua, para obra de infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento.

En tal sentido se proponen estos ajustes al proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, así como a la Ley Federal de Derechos, para garantizar que los recursos excedentes por el cobro de derechos de agua y aprovechamientos se otorguen a la Comisión Nacional del Agua, para fortalecer el sector hidráulico nacional.

Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente decreto por el que se modifique el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, adicionando un último párrafo y un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 22 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y modificando asimismo el penúltimo párrafo de la fracción I del propio artículo, así como se adiciona un artículo séptimo transitorio a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Artículo primero. Se modifica el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos adicionándose un último párrafo para quedar como sigue:

``Artículo 223. Los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación que se obtengan por la recaudación de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refieren los apartados A y B de este artículo se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para obra de infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento. La Tesorería de la Federación reintegrará los recursos por los derechos obtenidos dentro de los 6 días hábiles posteriores a su concentración, destinándose a la infraestructura hidráulica de la región en la que se encuentre el organismo de cuenca que las generó.''

Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 2º del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 y modifica el penúltimo párrafo de la fracción número I del propio artículo para quedar como sigue:

``Artículo 22. Los excedentes que resulten de los derechos a que se refiere la fracción III numerales 1 y 2, uno de dicha ley se podrán destinar a las dependencias y entidades. En el caso de los excedentes a los que se refiere el presente inciso que tengan un destino específico por ley deberán otorgarse a la dependencia que los generó, en los términos y plazos a que se refiere este artículo. En el caso de los derechos, producto y aprovechamiento que tengan un destino específico por disposición expresa de las leyes de carácter fiscal y conforme a éstas se cuenta con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta deberá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen en el plazo de 6 días hábiles, contados a partir de que las dependencias o entidades concentren los ingresos en la Tesorería de la Federación y soliciten la ampliación hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o en su caso, la Secretaría.''

Artículo tercero. Se adiciona un artículo séptimo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para quedar como sigue:

``Artículo séptimo. Los ingresos excedentes por concepto de aprovechamientos proveniente del suministro de obras públicas, de infraestructura hidráulicas a que se refiere el numeral 4 de la fracción VI del apartado A del artículo 1º de esta ley, se destinará a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica.''

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 223 de la Ley Federal de Derechos y 22 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a esta Soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se reforma el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En todo el país existen graves carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua, lo que genera que doce millones de mexicanos carezcan de agua potable y que en el sector rural tres de cada diez habitantes no cuenten con agua potable entubada.

Asimismo, no ha sido posible aumentar la producción agropecuaria, por falta de infraestructura de riego agrícola, así como por falta de mantenimiento adecuado a la misma, lo que ha afectado seriamente a la producción nacional agrícola de la cual el cincuenta y cinco por ciento proviene de las seis millones doscientos mil hectáreas de agricultura a base de infraestructura de riego.

En este sentido, en México se ha presentado una caída dramática de la inversión en infraestructura hidráulica, la cual se encuentra prácticamente a la mitad de la inversión que se hubiera requerido para alcanzar un escenario sustentable para el agua en los próximos veinte años. El financiamiento de la infraestructura hidráulica es urgente, por lo que se propone un esquema a través del cual se puedan canalizar recursos excedentes del sector, para beneficio de la infraestructura del propio sector. Este esquema servirá como incentivo para la Comisión Nacional del Agua, así como para cada organismo de cuenca, ya que ellos se verán beneficiados en la medida que incrementen la recaudación por concepto de derechos por uso o aprovechamiento del agua.

Es así que la presente propuesta busca lograr que en el ejercicio fiscal 2005 se puedan destinar los excedentes de los ingresos provenientes de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento.

La disposición del artículo 22 del proyecto del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, tal como fue presentado por el Ejecutivo Federal, otorga la facultad discrecional a la SHCP para ``poder destinar'' los recursos, a las dependencias y entidades en general; es decir que en primer lugar, el Ejecutivo tiene la facultad potestativa de aplicar o no los recursos excedentes, así como el proyecto presentado por el Ejecutivo abre la posibilidad de destinarlos a cualquier dependencia o entidad, y no necesariamente a aquella que los generó, lo que desincentiva a las mismas para incrementar su recaudación por concepto de derechos. El destino específico de los derechos excedentes no afecta el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este sentido, se proponen los siguientes ajustes al proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, así como a la Ley Federal de Derechos, para garantizar que los recursos provenientes por el cobro de derechos del agua, se otorguen a la Comisión Nacional del Agua.

Asimismo, se prevé tanto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, como en la Ley Federal de Derechos, que la Tesorería de la Federación contará con 6 días hábiles para reintegrar a la Comisión Nacional del Agua, los ingresos excedentes de derechos de agua, garantizando con ello la utilización oportuna de estos recursos, y evitando retrasos burocráticos en la salida del recurso hacia la dependencia que los generó.

Asimismo, para incentivar la recaudación de los derechos de agua, se prevé que estos recursos se apliquen en la región del organismo de cuenca que los genera.

Finalmente, con el mismo objeto, se modifica la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, para prever que los ingresos excedentes de los aprovechamientos por concepto de suministro de aguas en bloque también se destinen al financiamiento de infraestructura hidráulica.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Decreto por el que se modifica el primer párrafo de la fracción I del inciso b) del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, y se adiciona un segundo párrafo a dicha fracción, y se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 22 del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 y modifica el penúltimo párrafo de la fracción I del propio artículo.

Artículo Primero. Se modifica el primer párrafo de la fracción I del inciso B del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, y se adiciona un segundo párrafo a dicha fracción, para quedar como sigue:

Artículo 223.

...

Los ingresos excedentes que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere esta fracción, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento.

La Tesorería de la Federación reintegrará los recursos por este Derecho obtenidos, dentro de los 6 días hábiles posteriores a su concentración, destinándose a la infraestructura hidráulica de la región en la que se encuentre el organismo de cuenca que los generó.

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 22 del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 y modifica el penúltimo párrafo de la fracción I del propio artículo, para quedar como sigue:

Artículo 22.

I. ... c) Los excedentes que resulten de los derechos a que se refiere la fracción III numerales 1 y 2, del artículo 1 de dicha Ley, se podrán destinar a las dependencias y entidades.

En el caso de los excedentes a que se refiere el presente inciso, que tengan un destino específico por ley, deberán otorgarse a la dependencia que los generó en los términos y plazos a que se refiere este artículo.

d) ...

j) ...

En el caso de los derechos, productos y aprovechamientos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta deberá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, en el plazo de 6 días hábiles contados a partir de que las dependencias o entidades concentren los ingresos excedentes en la Tesorería de la Federación y soliciten la ampliación, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo séptimo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación, para quedar como sigue:

Séptimo. Los ingresos excedentes por concepto de aprovechamientos provenientes de suministro de obras públicas de infraestructura hidráulica a que se refiere el numeral 4 de la fracción VI del apartado A del artículo 1º de esta Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica. Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de octubre 2004.--- Dip. Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27, 118 y 131 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para adoptar medidas tecnológicas que eviten el uso y explotación no autorizada de obras.

El diputado Ernesto Herrera Tovar: Con su permiso, ciudadano Presidente.

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): ¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado. Activen el sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, para pedirle respetuosamente la rectificación del quórum, ya que el salón está completamente desierto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En términos del artículo 27 del régimen parlamentario, obséquiese la solicitud del señor diputado y ábrase el sistema electrónico de asistencia hasta por 10 minutos, para tal efecto.

Y mientras transcurre este tiempo, se continuará con el desahogo de la sesión.

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LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado Herrera Tovar.

El diputado Ernesto Herrera Tovar: Muchas gracias, ciudadano Presidente.

El de la voz, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforma la fracción I del artículo 27 y se adiciona la fracción IV al artículo 118 y III al artículo 131, recorriéndose las fracciones III, IV y V vigentes, para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todas ellas de la Ley Federal de Derechos de Autor, a fin de contemplar los derechos que permiten a los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, a adoptar medidas tecnológicas para evitar el uso y explotación no autorizados de sus obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de diciembre de 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, aprobó sendos tratados en materia de derechos de autor. El primero, es el Tratado sobre los Derechos de Autor y el segundo es el Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Senado de la República, por lo que son ley suprema en toda la Unión, acorde a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los notables avances tecnológicos en los ámbitos de la reproducción, distribución, emisión y transmisión de bienes intelectuales, principalmente a través de Internet, que desde la perspectiva negativa, permiten que por la naturaleza intrínseca del entorno digital, se haga fácilmente el uso y la explotación de obras y productos protegidos por el derecho de autor, por medio de redes electrónicas, sin la autorización de los legítimos titulares. Lo que motivó que en los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996, también conocidos coloquialmente como los Tratados de Internet, se incorporaron disposiciones concretamente a los artículos 11 y 12 del Tratado sobre los Derechos de Autor, para que los estados contratantes, entre ellos México, se comprometieran a proporcionar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra las acciones de evadir o alterar medidas tecnológicas de protección que se hayan introducido a sus respectivos titulares en los ejemplares de obras, interpretaciones y fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, incluyendo la información sobre la gestión de derechos.

Por lo que creemos conveniente contar con normas jurídicas en la Ley Federal de Derechos de Autor, que defiendan los derechos para adoptar medidas anticopia en beneficio de los autores y compositores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y de esta forma relacionar estas disposiciones con la legislación penal que establezca sanciones a quienes alteren, modifiquen, eludan o violen estas medidas tecnológicas de protección.

Debemos reflexionar que a cada cambio tecnológico debe corresponder normalmente un cambio legislativo que ayude a balancear los intereses de la sociedad, incluyendo los de los creadores y productores de bienes culturales, así como los de las empresas que los distribuyen y sobre todo sus destinatarios.

Es por ello que el modelo de regulación ofrecido por los Tratados de la OMPI, incluye como medida novedosa la protección jurídica de mecanismos electrónicos que impidan al usuario realizar ciertas acciones que atenten contra las facultades exclusivas de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, tales como tener acceso a la obra o productos resguardados o copiar dichas obras o productos, esto se conoce como ``medidas tecnológicas'' o comúnmente ``candados electrónicos'' o ``bandas electrónicas''.

En suma, las medidas tecnológicas de protección son un gran herramienta para dotar de contenido de primera calidad a la red de redes, al garantizar a los titulares los derechos sobre obras, interpretaciones y fonogramas el respeto a sus derechos exclusivos, mediante la adopción de preceptos legales que implementen dichas medidas.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con el compromiso internacional adquirido con la firma y ratificación de los Tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de 1996, a favor de una adecuada y eficaz actuación, en contra del uso y explotación no autorizados de obras y fonogramas tutelados por la legislación autoral y como una medida coadyuvante para combatir la piratería, presento a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 27 y se adiciona la fracción IV al artículo 118 y III al artículo 131, recorriéndose las fracciones III, IV y V vigentes para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todas ellas de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma la fracción I del artículo 27 y se adiciona la fracción IV al artículo 118, y III al artículo 131, y las fracciones III, IV y V vigentes se recorren para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todos ellos de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 27. Los titulares de derechos de autor patrimoniales podrán autorizar o prohibir, la reproducción e incorporación de medidas de protección, publicación y edición.

Artículo 118. Los artistas, intérpretes o ejecutantes, tienen el derecho de oponerse a:

Fracción IV. La incorporación de medidas de protección de sus interpretaciones o ejecuciones.

Fracción III. La incorporación de medidas de protección del fonograma.

Se recorren las fracciones III, IV y V para convertirse en la IV, V y VI de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente. Y solicito el turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en razón de estar en esto ventilado también una modificación al Código Penal Federal que tiene que ver con la misma materia de sancionar la invasión y la duplicidad en la copia ilegal en los sistemas de seguridad, en los fonogramas e interpretaciones de los derechos de autor.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27, 118 y 131 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para adoptar medidas tecnológicas que eviten el uso y la explotación no autorizada de obras, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del PAN

Ernesto Herrera Tovar, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforma la fracción I del artículo 27; y se adiciona la fracción IV al artículo 118 y III al artículo 131, recorriéndose las fracciones III, IV y V vigentes, para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todas ellas de la Ley Federal del Derecho de Autor, a fin de contemplar los derechos que permitan a los titulares de derechos de autor y derechos conexos adoptar medidas tecnológicas para evitar el uso y explotación no autorizados de sus obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El 20 de diciembre de 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobó sendos tratados en materia de derechos de autor: el primero es el Tratado de la OMPI Sobre Derechos de Autor y el segundo es el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Senado de la República por lo que son ley suprema en toda la Unión, acorde a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los notables avances tecnológicos en los ámbitos de la reproducción, distribución, emisión y transmisión de bienes intelectuales, principalmente a través de Internet, que desde la perspectiva negativa, permiten que por la naturaleza intrínseca del entorno digital, se haga fácilmente el uso y la explotación de obras y productos protegidos por el derecho de autor, por medio de redes electrónicas, sin la autorización de los legítimos titulares. Lo que motivó que en los Tratados de la OMPI de 1996, también conocidos coloquialmente como los Tratados de Internet, se incorporaran disposiciones, concretamente los artículos 11 y 12 del Tratado sobre Derechos de Autor y 18 y 19 del Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, por las que los Estados contratantes, entre ellos México, se comprometen a proporcionar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra las acciones de evadir o alterar las medidas tecnológicas de protección que hayan introducido sus respectivos titulares en los ejemplares de obras, interpretaciones y fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, incluyendo la información sobre la gestión de derechos.

Por lo que creemos conveniente contar con normas jurídicas en la Ley Federal del Derechos de Autor que definan los derechos para adoptar medidas ``anticopia'', en beneficio de los autores y compositores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y de esta forma relacionar estas disposiciones con la legislación penal que establezca sanciones a quienes alteren, modifiquen, eludan o violen estas medidas tecnológicas de protección.

Debemos reflexionar que a cada cambio tecnológico debe corresponder normalmente un cambio legislativo que ayude a balancear los intereses de la sociedad incluyendo los de los creadores y productores de bienes culturales, así como los de las empresas que los distribuyen y sus destinatarios.

Es por ello que el modelo de regulación ofrecido por los Tratados de la OMPI, incluye como medida novedosa la protección jurídica de mecanismos electrónicos que impidan al usuario realizar ciertas acciones que atenten contra las facultades exclusivas de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, tales como tener acceso a la obra o productos resguardados o copiar dicha obra o productos, esto se conoce como: ``medidas tecnológicas'' o comúnmente ``candados electrónicos'' o ``bandas electrónicas''.

En suma, las medidas tecnológicas de protección son una gran herramienta para dotar de contenido de primera calidad a la red de redes, al garantizar a los titulares de derechos sobre obras, interpretaciones y fonogramas el respeto a sus derechos exclusivos, mediante la adopción de preceptos legales que implementen dichas medidas.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con el compromiso internacional adquirido con la firma y ratificación de los Tratados de la OMPI de 1996 en favor de una adecuada y eficaz actuación en contra del uso y explotación no autorizados de obras y fonogramas tutelados por la legislación autoral y como una medida coadyuvante para combatir la piratería, presento a esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 27; y se adiciona la fracción IV al artículo 118 y III al artículo 131, recorriéndose las fracciones III, IV y V vigentes, para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todas ellas de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo 27; y se adiciona la fracción IV al artículo 118 y III al artículo 131, y las fracciones III, IV y V vigentes, se recorren para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todos ellos de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I. La reproducción, incorporación de medidas de protección, publicación, edición...

Artículo 118. Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a:

I. a III. ...

IV. La incorporación de medidas de protección de sus interpretaciones o ejecuciones.

...

Artículo 131. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

I. a II. ...

III. La incorporación de medidas de protección del fonograma;

IV. La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones;

V. La adaptación o transformación del fonograma;

VI. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la Ciudad de México, DF, a 26 de octubre de 2004.--- Dip. Ernesto Herrera Tovar (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como lo ha solicitado el diputado proponente.

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LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa por la que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En los últimos años mucho se ha hablado de aumentar la inversión privada en generación de energía eléctrica, sin embargo, poco se ha discutido sobre cómo aumentar de manera significativa la eficiencia y competitividad al interior del sector.

Es un hecho que la participación privada entraña competencia y si el Estado no está en capacidad de competir por falta de eficiencia, eventualmente iremos perdiendo control sobre un área estratégica, debiendo asumir las consecuencias que esto implique.

Para lograr una mejor atención sensible se requiere en nuestra opinión de al menos 2 condiciones necesarias: una, inversiones económicas del orden de cientos de miles de millones de pesos en los próximos años y dos, importantes mejoras en la eficiencia con la que se maneja este sector, de lo contrario el desarrollo tecnológico, la competitividad industrial y agrícola, las telecomunicaciones y en general cualquier asunto relacionado con el desarrollo nacional, se verán coartados, afectando negativamente los recursos económicos de la nación. Para lograr las inversiones económicas presumiblemente necesarias, se sugiere la participación privada en la fase de generación. Este esquema ha creado descontento en la población y sin embargo, se hace.

Actualmente la generación de electricidad por parte de la iniciativa privada es 18.6 veces mayor que la de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, es relevante mencionar que el monto de los recursos destinados para el desarrollo de las empresas, ya sea por los Pidiregas o por el presupuesto, es sumamente disparejo entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, dejando en desventaja a esta última, que a su vez tiene indicadores de productores de productividad más y por tanto requiere más recursos para su modernización.

Para tener una idea de la valoración subjetiva a la que se hace mención, los indicadores de productividad disponibles en el IV Informe de Gobierno señalan que las cifras de ingreso propio, transparencias y financiamiento contra el gasto en obras públicas y programable, reportan una pérdida neta de la industria eléctrica mexicana en 0.5 por ciento del PIB, debido a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Actualmente del total de las ventas de energía eléctrica, Luz y Fuerza registra el 21 por ciento y un porcentaje semejante en usuarios, pero la tremenda disparidad entre generación y personal empleado pone de manifiesto la ineficiencia operacional de esta paraestatal. La capacidad instalada de generación por parte de Luz y Fuerza no ha crecido en décadas, de hecho ha disminuido, lo que sí ha crecido es un 52 por ciento su plan laboral. Los costos de instalación en red de Luz y Fuerza del Centro son mayores en un 35 por ciento para trifásica y un 191 por ciento para líneas de distribución, en comparación con los que ejecuta la Comisión Federal de Electricidad.

La situación financiera interna condiciona el impacto a la reforma sobre la intención de ir ganando autonomía, puesto que ésta, la autonomía, está en función de la posibilidad de lograr niveles adecuados de eficiencia y rentabilidad, de modo que es fundamental aumentar la eficiencia de nuestro sector energético si se está pensando en dar autonomía.

En 2004, si restamos lo que Luz y Fuerza aporta al Estado de lo que el Estado le aporta, tenemos una pérdida neta anual de 19 mil 430 millones de pesos, con esta suma se podrían construir 30 mil viviendas al año, 7 mil 800 kilómetros de caminos rurales.

Habrá quien piense que los números de operatividad con los que trabaja la Compañía de Luz y Fuerza del Centro son ocasionados por cuestiones ajenas a su propio funcionamiento, es decir, los precios con los que la Comisión Federal de Electricidad le vende la energía a Luz y Fuerza del Centro o el adeudo histórico que se tiene con la CFE.

Nosotros reconocemos estos datos, sin embargo, según datos de la Comisión Federal de Electricidad, las cuentas y documentos por cobrar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ascienden a 3 mil 49 millones, es decir, alrededor del 14 por ciento del presupuesto de 2004. Sin embargo, esta deuda no se ha pretendido mitigar eficientando la operatividad de la empresa, por el contrario; ha aumentado sus costos de operación, como son el aumento del personal que ahora equivale al 39 por ciento del personal ocupado en toda la industria eléctrica.

Todo lo anterior ha afectado gravemente su presupuesto y la oportunidad de pagar su deuda con la CFE.

Por otra parte, para 2004 se planea contar con 202 proyectos de infraestructura de largo plazo, de los cuales 166 corresponden a la CFE y tan sólo 36 a Pemex, esto permitirá el crecimiento necesario para nuestras industrias energéticas paraestatales, robusteciéndola y dándole más competitividad, excepto, por supuesto, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, que a pesar de que sus indicadores de eficiencia posesionan a la paraestatal en un verdadero caos financiero, causado en gran medida por la propia o nula inversión histórica en generación eléctrica y por el paupérrimo presupuesto destinado al mantenimiento de sus instalaciones para el año 2004.

Nuevamente no se planea incluir ningún proyecto de infraestructura, esto obedece al hecho de que la Ley General de Deuda Pública, en su artículo 18 condiciona los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal, ya que éstas deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman en razón de dichos financiamientos no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

Obviamente la compañía de Luz y Fuerza del Centro, no tiene capacidad de pago alguna, cosa que se hace notoria en sus indicadores de eficiencia.

Según la Secretaría de Energía, se requieren de 44 mil 500 millones de inversión en el sector eléctrico para el 2004; sin embargo y a pesar de su escasez de recursos que sufre el país en distintos rubros, vemos que se planea destinar 45 mil 635 millones de pesos en los 15 Pidiregas, más de 11 mil 292 millones en la CFE y 5 mil 210 millones en Luz y Fuerza del Centro, destinando una inversión física, sumando un total de 62 mil 137.5 millones de pesos.

Definitivamente al ver que las inversiones programadas más las financiadas, rebasan los requerimientos de inversión en más de 17 mil 500 millones de pesos, parece que la dificultad para hacer más eficiente y productiva a Luz y Fuerza, no es de economía, ni necesita una reforma energética, más bien necesita una reforma administrativa al interior del sector.

Es por eso que en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos tan importante mejorar los distintos indicadores de eficiencia de la Comisión de la Luz y Fuerza del Centro, homologándolos con los de la CFE.

La única manera de mejorar la eficiencia es mediante un plan a largo plazo, que permita aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Para aumentar los ingresos, se requeriría de cuantiosas inversiones, principalmente en la fase de generación, que no pueden ser costeados por el Presupuesto de la Federación sin que esto mengüe el resto de los ya bastante empobrecidos ramos de gasto programable y no programable. Tampoco pueden ser costeados por los Pidiregas en el caso de Luz y Fuerza del Centro.

Para disminuir los gastos, nuevamente se necesita de inversiones incosteables en modernización del equipo, en reducción de pérdidas, pero más aún, en realizar una profunda revisión del contrato colectivo, ya para cumplir las prestaciones como el Programa Habitacional entre otras; se requiere de recursos, los cuales provienen de las utilidades y éstas de la productividad y la eficiencia.

Actualmente, en Luz y Fuerza del Centro, los costos de explotación son 80 por ciento más altos que los ingresos de la venta del servicio, siendo el 82 por ciento de éstos, para pago del IMSS, prestaciones y fondo de pensionados, todo esto para el bienestar de los trabajadores, únicamente el 9 por ciento es para salarios, 2 por ciento para combustible y costos generales, 3 por ciento es para el pago de impuestos y 4 por ciento para materiales y servicios.

Si logramos incluir a Luz y Fuerza en el mismo plan de crecimiento de la CFE por medio de la fusión de estas paraestatales, las prestaciones laborales serían iguales para trabajos iguales. Los indicadores de eficiencias se homologarían, los planes de acción incluirían a todo el sector, ahorrando así importantes costos operativos; se igualarán criterios de trabajo, facultades, atribuciones, etcétera.

En conclusión, las ventajas competitivas que aportaría la igualdad deriva de una fusión de este sector, son considerables.

Sensibilizados por todo lo anterior expuesto, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de proyecto de decreto, por el que se incorpora el organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa por la que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 26 de octubre de 2004

Manuel Velasco Coello, Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Jorge, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Energía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

En los últimos años, se ha suscitado un encendido debate en torno a las necesidades financieras que requiere el sector eléctrico de nuestro país, para abastecer la demanda de energía en los próximos años.

Ante esto, se han presentado diversas iniciativas de reforma en materia eléctrica,1 por una parte aquellas que proponen una modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales con el fin de desintegrar el monopolio natural eléctrico y permitir la participación de particulares en la generación de energía eléctrica, y por la otra, aquellas iniciativas que proponen una modificación a las legislaciones secundarias con el objeto de que el sector eléctrico continué siendo un área estratégica del Estado y se modernice otorgándole a las empresas autonomía de gestión y cambios en su régimen fiscal.

Si bien es cierto que mucho se ha hablado de aumentar la inversión privada en generación, poco se ha discutido sobre cómo aumentar la eficiencia al interior del Sector Eléctrico paraestatal.

La participación privada entraña competencia entre los particulares y el Estado y si el Estado no esta en capacidad de competir por falta de eficiencia, eventualmente irá perdiendo control sobre un área estratégica, debiendo asumir las consecuencias que esto implique.

Para lograr una mejora sensible, se requiere, en nuestra opinión, de al menos dos condiciones necesarias; uno; inversiones económicas del orden de cientos de miles de millones de pesos en los próximos años2 y dos; importantes mejoras en la eficiencia con la que se maneja este sector. De lo contrario; el desarrollo tecnológico, la competitividad industrial y agrícola, las telecomunicaciones y en general, cualquier asunto relacionado con el desarrollo nacional, se verán coartados; afectando negativamente los recursos económicos de la nación.

Para lograr las inversiones económicas, presumiblemente necesarias, se sugiere la participación privada en la fase de generación. Este esquema ha creado descontento en la población, principalmente entre los sindicatos. Sin embargo, la generación por parte de particulares, se hace.

Actualmente, la generación de electricidad de nuestro país es producida por la CFE, LyFC y privados, con porcentajes de participación del 78.1, 0.6 y 21.3%, respectivamente (Tabla 1). Recordemos que a partir de las reformas de 1992, se ha permitido la participación de la iniciativa privada en esta actividad mediante las figuras de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.

Tabla 1

Generación neta (Gwh) %

Total 258821.5 100.0

CFE 202179.2 78.1

LyF 1642.3 0.6

Privados 55000.0 21.3

Fuente: Datos obtenidos del III Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, pp. 417-418.

Asimismo, es relevante mencionar que el monto de los recursos destinados para el desarrollo de las empresas, ya sea por Pidiregas o por el presupuesto, es sumamente disparejo entre la Comisión Federal de Electricidad y la compañía Luz y Fuerza del Centro, dejando en desventaja a esta última, que a su vez tiene indicadores de productividad más desalentadores y por tanto requiere de más recursos para su modernización.

Para tener una idea de la valoración subjetiva a la que se hace mención; los indicadores de productividad disponibles en el III Informe de gobierno señalan, que las cifras de ingreso propio, transferencias y financiamiento, contra el gasto en obras publicas y programable, reportan una pérdida neta de la industria eléctrica mexicana de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) debida a la Compañía de Luz y Fuerza; estos gastos en subsidios y transferencias se estima en 17 mil 144.4 millones de pesos para el año 2003 que equivale a 95.8 % del total de los productos ministrados, y éstos están siendo canalizados, en su totalidad, a la compañía de Luz y Fuerza del Centro.3

En este sentido, recordemos que LyFC es responsable de suministrar energía eléctrica a las 16 delegaciones del Distrito Federal, 81 municipios del estado de México, 45 en el estado de Hidalgo, 2 en Morelos y 2 en Puebla. Actualmente, del total de las ventas de energía eléctrica, esta compañía, registra el 21%4 y un porcentaje semejante en usuarios5 pero la tremenda disparidad entre generación que es 0.63%6 y el personal empleado, 31%7 del total, pone en evidencia la ineficiencia en los costos de operación, al menos, en relación a CFE.

Las pérdidas de energía durante el año 2002 ascendió al 25%8 del total, siendo el 14% por robos evidentes de ``colgados'',9 urbanizaciones irregulares, comercio ambulante y por manipulación del equipo de medición. En consecuencia, se ha implementado un programa de blindaje en la red, irónicamente las cifras para el año 2003 son aun más desalentadoras.10

Haciendo una balance entre Luz y Fuerza del Centro y la CFE, la capacidad instalada de generación en Mega Watts (Mw) por parte de LyFC no ha crecido en décadas, de hecho ha disminuido y actualmente equivale al 1.5% del total generado por el Estado.11 Lo que si ha crecido, en un 52%, durante las dos últimas décadas, es el personal empleado de planta.12

LyFC genera únicamente el 3% de lo que vende,13 dejando la generación restante a CFE y a los inversionistas privados, por tanto, si se le considera simplemente como un distribuidor de energía eléctrica, habría que mencionar que su capacidad instalada en kilómetros de red equivale al 4.5% del total,14 siendo que atienden a una quinta parte de los usuarios,15 esto tal vez se deba a los costos de instalación de red, que por poste y kilómetro de línea son mayores en un 35% para red trifásica y en un 191% para líneas de distribución en comparación con los que ejecuta la CFE y no ha sido posible disminuir esos costos argumentando que son dos entidades diferentes y que cada una maneja sus costos y tarifas. Las cuales, son autorizadas por la Sener.16

La ineficiencia ocasiona aumento en los costos de las diferentes fases del ciclo eléctrico17 y por tanto el precio de venta al consumidor también aumenta, el cual solo puede ser controlado mediante cuantiosos subsidios que afectan el erario público por una suma equivalente al 0.29%18 del PIB.

En materia de energía,19 el objetivo es contar con empresas energéticas de alto nivel, con capacidad de avance suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. Por su parte, el Programa Sectorial de Energía 2001-200620 señala que para asegurar que el sector energético sea parte integral del programa económico y cumpla con el interés nacional, es indispensable instrumentar una política energética eficiente y sustentable para el sector eléctrico paraestatal y esto no esta ocurriendo en lo que a Luz y Fuerza del Centro se refiere.

La situación financiera interna, condiciona el impacto de la reforma sobre la intención de ir ganando autonomía, puesto que ésta, la autonomía, está en función de la posibilidad de lograr niveles adecuados de eficiencia y rentabilidad sin afectar los derechos de los trabajadores,21 de modo que es fundamental aumentar la eficiencia de nuestro sector energético si se esta pensando en dar autonomía.

El ingreso anual de CFE es de 141 mil 734 millones de pesos y el de LyFC 1,580 millones de pesos, es decir el 1.1% del de CFE,22 de modo que si restamos lo que LyFC aporta al Estado, de lo que el Estado le aporta,23 tenemos un perdida neta anual de 19 mil 430.9 millones y si lo dividimos entre el numero de empleados24 vemos que al mes, cada empleado le cuesta a la nación 42,894 pesos (ver tabla 2). Esto equivale casi a lo que se destina a toda la Secretaría de Salud o la de Energía, es más de lo que se le destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igual que al Consejo de la Judicatura Federal,25 casi el triple que a todo el poder legislativo,26 más de 30 veces lo que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,27 30 veces lo que a la Profepa y mas de 100 veces lo que se destina al Instituto Nacional de Ecología. Con esta suma se podrían construir 39 mil viviendas al año,28 7 mil 800 kilómetros de caminos rurales, comprar 78 mil patrullas29 o 1 millón 943 mil computadoras para escuelas públicas,30 se podría contratar a 4 millones 857 mil 725 maestros,31 con esta suma, si se destinara a desarrollo científico y tecnológico, nuestro horizonte como nación seria mucho más amplio y existen numerosas evidencias que sugieren que esto se reflejaría en un considerable aumento del PIB.32 Por alguna inexplicable razón, el gobierno de este país prefiere seguir manteniendo a 37,748 electricistas y a su sindicato, que solucionar el problemas como el de educación.

Para el 2004, se planea contar con 202 proyectos de infraestructura de largo plazo, de los cuales 166 corresponden a CFE y 36 a PEMEX.33 Esto, permitirá el crecimiento necesario para nuestra industria energética paraestatal, robusteciéndola y dándole más competitividad. Excepto, por supuesto, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, que a pesar de que sus indicadores de eficiencia, posicionan a la paraestatal en un verdadero caos financiero causado, en gran medida, por la poca o nula inversión histórica en generación eléctrica y por el paupérrimo presupuesto destinado al mantenimiento de sus instalaciones; para el año 2004, nuevamente, no se planea incluir ningún proyecto de infraestructura. Esto obedece al hecho de que la Ley General de Deuda Pública en su artículo 18 condiciona los proyectos a cargo de las dependencias del gobierno federal, ya que estas deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector publico que los promuevan. Obviamente la compañía de Luz y Fuerza del Centro no tiene capacidad de pago alguna, cosa que se hace notoria en sus indicadores de eficiencia.

Según la Secretaría de Energía, se requiere de 44 mil 500 millones de pesos de inversión en el sector eléctrico para el año 2004.34 Sin embargo, y a pesar de la escasez de recursos que sufre el país en distintos rubros, vemos que se planea destinar 45,635.5 millones de pesos en 15 Pidiregas,35 más 11,292 millones en CFE36 y 5,210 millones en LyFC37 del presupuesto de la federación destinado a inversión física, sumando en total 62,137.5 millones. Definitivamente, al ver que las inversiones programadas, más las financiadas rebasan los requerimientos de inversión física en más de 17 mil 500 millones de pesos, parece que la dificultad para hacer más eficiente y productiva a LyFC no es económica ni necesita de una reforma energética, más bien necesita una reforma administrativa al interior del sector.

Es por eso que, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos tan importante mejorar los distintos indicadores de eficiencia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro homologándolos a los de CFE.

La única manera de mejorar la eficiencia es mediante un plan que a largo plazo permita aumentar los ingresos y disminuir los gastos.

Para aumentar los ingresos se requeriría de cuantiosas inversiones, principalmente en la fase de generación, que no pueden ser costeadas con el presupuesto de la Federación sin que esto mengue el resto de los, ya bastante empobrecidos, ramos de gasto programable y no programable. Tampoco pueden ser costeadas por Pidiregas en el caso de Luz y Fuerza del Centro.

Para disminuir los gastos nuevamente se necesita de inversiones incosteables en modernización del equipo y en reducción de perdidas pero más importante aun, es realizar una profunda revisión del contrato colectivo ya que para cumplir las prestaciones como el programa habitacional,38 entre otras, se requiere de recursos, los cuales provienen de las utilidades y éstas de la productividad y la eficiencia.

Actualmente, en LyFC, los costos de explotación son 80% más altos que los ingresos por venta del servicio,39 siendo el 82% de estos para pago de IMSS, Seguro Social, Prestaciones y Fondo de Pensionados, todo esto para el bienestar de los trabajadores. Únicamente el 9% es para Salarios, 2% para combustibles y costos generales, 3% para pago de impuestos y 4% para materiales y servicios.40

En vista de que LyFC sigue, y aparentemente seguirá, fuera de los planes de inversión en proyectos de infraestructura de largo plazo y que las inversiones por gasto programable para capital, porcentualmente, son menores cada año,41 en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que esto tiene que cambiar, procurando convertir al sector eléctrico paraestatal, en su totalidad, en un órgano más eficiente, que aporte riqueza y orgullo al pueblo mexicano sin necesidad de privatización, procurando el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital.42

Se dice que la unión hace la fuerza. La separación de la industria eléctrica paraestatal en dos organismos, solo ha causado debilidad y empobrecimiento del sector, orillándonos a plantear la inversión privada en un área estratégica, como una posibilidad.

Si lográramos incluir a LyFC en el mismo plan de crecimiento de CFE por medio de la fusión de estas dos paraestatales, las prestaciones laborales serian iguales para trabajos iguales, los indicadores de eficiencia se homologarían, los planes de acción incluirían a todo el sector ahorrando así importantes costos operativos, se igualarían criterios de trabajo, facultades, atribuciones, etcétera. En conclusión, las ventajas competitivas que aportaría la igualdad derivada de una fusión de este sector, son considerables.

Sensibilizados por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio publico de energía eléctrica; Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 1°.- Se desincorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para incorporarse, de manera simultanea, a la Comisión Federal de Electricidad adquiriendo esta los derechos, obligaciones, ingresos, aportaciones y los bienes muebles e inmuebles del patrimonio de Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 2°.- La Comisión Federal de Electricidad tendrá la obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica que estaba a cargo de Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 3°.- La Comisión Federal de Electricidad mantendrá su contrato colectivo actual, el cual, regirá las contrataciones de personal sindicalizado en todo el sector eléctrico paraestatal.

Artículo 4°.- La Comisión Federal de Electricidad se regirá por las mismas reglas, leyes, junta de gobierno y procedimientos con los que se rige hoy, cubriendo todas las fases del ciclo eléctrico en todo el territorio nacional, que tengan por objeto el servicio público, de manera exclusiva.

Transitorio

Primero.- Este decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o al día siguiente de que esté determinado e instaurado el Fideicomiso de Liquidación, lo que ocurra primero.

Segundo.- El Fideicomiso Liquidador para la fusión de las industrias eléctricas paraestatales, será determinado e instaurado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico en un periodo no mayor a 90 días desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este decreto.

El fideicomiso liquidador deberá minimizar el costo que implica la liquidación, cuidando, en todo momento, la eficiencia, eficacia y transparencia del proceso referido.

El personal empleado por Luz y Fuerza del Centro que se requiera para el correcto mantenimiento del servicio de energía eléctrica; podrá ser incorporado a la Comisión Federal de Electricidad renunciando a su liquidación y manteniendo su antigüedad con todos los beneficios que de esto se derive según el esquema del contrato colectivo al que se incorpora; el resto del personal, que no se incorpore, será liquidado por el fideicomiso liquidador.

Tercero.- Los bienes, derechos y obligaciones de la compañías Luz y Fuerza del Centro se integrarán al patrimonio del organismo Comisión Federal de Electricidad.

El adeudo existente a favor de la Comisión Federal de Electricidad será absorbido por este, en términos de lo que establecen las leyes, sin menoscabo de sus intereses.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y de Energía, en la esfera de sus atribuciones, conocerán de la transferencia de los derechos de propiedad o de uso de los inmuebles que fueron adquiridos por Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad.

Cuarto.- La Comisión Federal de Electricidad promoverá el adiestramiento técnico y la capacitación profesional de los trabajadores, a fin de mejorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad y la seguridad en el trabajo, principalmente, en las áreas que resulten más socorridas luego de la incorporación.

Quinto.- Una vez iniciada la desincorporación de la paraestatal y la incorporación a la Comisión Federal de Electricidad; quedará abrogado el Decreto por el cual se crea el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

Notas:

1 Desde 1999 y hasta la fecha, el PVEM, PAN, PRI, PRD, el Ejecutivo federal a cargo de Ernesto Zedillo y más tarde de Vicente Fox y el 7 de octubre 2003 por parte del PT; se han presentado distintas iniciativas de reforma eléctrica, con y sin cambio constitucional.

2 Según la Sener se requiere instalar otros 28,862 MW de 2002 a 2011, lo que estiman costaría 562 mil 900 millones de pesos de 2002.

3 III Informe de Gobierno 2003, anexo de la Secretaría de Energía, página 190.

4 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 419.

5 Idem.

6 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 418.

7 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 421.

8 Según la comparecencia de Luz y Fuerza del año 2002.

9 Se refiere a aquellos que, de manera ilícita, se conectan al sistema de red, evadiendo así el cobro del servicio.

10 De acuerdo con indicadores de gestión de Luz y Fuerza del Centro, las pérdidas de energía llegaron a 26.8% en los primeros 9 meses del 2003.

11 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 420.

12 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 421. Cálculo en periodo de tiempo de 1980 a 2003.

13 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, páginas 417, 418 y 419.

14 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 420.

15 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 419.

16 Según el documento titulado Problemática con Luz y Fuerza, hecho por la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo, con 45 municipios en territorio de Luz y Fuerza del Centro y los 39 restantes con CFE.

17 Generación, transmisión, distribución y despacho económico.

18 Tomando como PIB para el 2004: 6,671,840.93 millones de pesos, publicado en los Criterios generales de política económica para 2004.

19 Según establece el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

20 Diario Oficial de la Federación, publicación del 11 de enero de 2002.

21 Según expuso el director general de Luz y Fuerza del Centro, licenciado Luis de Pablo; en su comparecencia ante la Cámara de Diputados en el 2002.

22 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, página 5.

23 Según el Presupuesto de Egresos 2004, será de 21,010.9 millones de pesos.

24 37,748 empleados. III Informe, anexo estadístico, página 421.

25 Organismo que audita al poder judicial.

26 Cámaras de Senadores y de Diputados y Auditoría Superior de la Federación.

27 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.

28 De un valor de 500,000 pesos.

29 De un valor de 250,000 pesos.

30 De un valor de 10,000 pesos c/u.

31 Con un sueldo bruto de 4,000 pesos.

32 La relación causal de la inversión en CyT con el desarrollo económico y social de un país está ampliamente documentada.

- Países similares a México en los años setenta, hoy nos superan.

En el periodo de 1970-2000 el ingreso per cápita en México creció 3.8 veces, en Brasil 6.3 veces, en España 7.4 veces y en Corea 25.4 veces.

En el mismo periodo la inversión en CyT, como porcentaje del PIB, se multiplicó en México por 2, en Brasil por 4.5, en España por 5 y en Corea por 9.

- La posición competitiva del país es la 36 entre 49 países (al 14 de mayo de 2004). La baja inversión en CyT es factor clave.

33 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 38.

34 Estudio hecho por la Sener y la CFE titulado Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9.

35 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, Tomo I, página 38.

36 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, Tomo I, página 467, en la que se menciona 135,278 millones de pesos, de los cuales 18,059 millones son para capital, menos los 6,767 millones para pago de Pidiregas de años anteriores.

37 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, Tomo I, página 475, en la que se mencionan 21,010.9 millones de pesos; de los cuales 5,210 millones son para capital.

38 500 mil pesos por persona en promedio, según Información cuantitativa y gráfica, entregada por escrito, en la comparecencia del director general de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados en noviembre de 2003.

39 Según el documento Información cuantitativa y gráfica entregado por el licenciado Luis de Pablo a la Comisión de Energía en noviembre de 2003, pagina 82.

40 Según el documento Información cuantitativa y gráfica, entregado por el licenciado Luis de Pablo a la Comisión de Energía en noviembre de 2003, pagina 83.

41 En el 2002 fueron de 15.6% y se propone 13.4% para el 2004.

42 Como indica la fracción XVIII del apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Energía.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Solicito a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz, la diputada Marbella Casanova Calam.

La diputada Marbella Casanova Calam: Casanova Calam, presente.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 360 diputadas y diputados, por lo que hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Saludamos al grupo de 30 invitados especiales de Tlalnepantla, del estado de México, que nos hace el honor de acompañarnos y han sido convocados por la diputada Adriana González Furlong.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado José Manuel Carrillo Rubio: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interno de este Congreso, presento a su amable consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 29, correspondiente al Capítulo II, Sección Primera de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, posiciones encontradas, optimismo y desanimo, esto es lo que genera la actividad deportiva en nuestra sociedad. Sobre todo esto, en tiempos en que la atención de la opinión pública se centró en la justa deportiva tan importante, como lo fueron los Juegos Olímpicos.

Mucho se ha comentado desde esta tribuna sobre el apoyo al deporte en nuestro país, lamentablemente a veces pareciera que tenemos una actitud amnésica ante los grandes problemas que tiene el deporte en nuestro país y que se extingue cada vez que los medios masivos nos damos cuenta de los resultados de los atletas en competencias deportivas que atraen la atención mundial.

Los deportistas y los federativos nacionales hacen un llamado con urgencia al Estado, que enmudece cuando se ha consumado una derrota en una competencia deportiva; sin embargo, muestra otra cara ensalzando la importancia en la práctica deportiva, sólo cuando alguien o algún equipo ha triunfado en las prácticas deportivas.

Afortunadamente no todos son corolarios para lamentos, tenemos algo de qué sentirnos orgullosos y en buena medida esto se lo debemos a la iniciativa privada que contribuye o a la que contribuye de manera desinteresada con el desarrollo con el deporte en nuestro país.

El apoyo económico del sector empresarial ha brindado al deporte de nuestro México, en muchos casos ha sido fundamental para alcanzar los objetivos de las competencias nacionales e internacionales. El caso más notorio es el apoyo otorgado por parte de las empresas mexicanas a una deportista sumamente talentosa, que es la medallista Ana Guevara.

Pero, sin duda, son muy pocos nuestros deportistas beneficiados con el patrocinio económico de este sector. En el caso del Compromiso Integral de México con sus Atletas, por su siglas CIMA, son sólo 42 deportistas los que reciben un apoyo económico.

En México el apoyo económico de patrocinadores al deporte es muy inferior al que países que se consideran potencias deportivas, otorgan. Mientras que en Estados Unidos, el deporte goza del apoyo de más de 100 patrocinadores, en México, según datos del propio CIMA, son tan sólo 5 las empresas que de manera significativa aportan al deporte y esto es, en buena medida, por lo que en nuestro país no se ha promovido un verdadero estímulo o cultura a los patrocinadores, la comparación en resultados también resulta evidente.

A estas acciones que las empresas realizan en beneficio de la cultura física y deporte, el gobierno mexicano ha correspondido con incentivos fiscales, que la instancia gubernamental encargada del deporte promueve en el ámbito federal, tal es el caso de las empresas pertenecientes al CIMA.

Sin embargo, el beneficio de carácter fiscal a que se hace referencia en la legislación deportiva, queda corta, pues infiere una actitud discrecional de la autoridad del deporte que pudiera estar frenando sin lugar a duda, los ingresos y atracción de mayores recursos económicos para el desarrollo de nuestro deporte y por ende de nuestros atletas; ya que esta disposición normativa contenida en el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, debiera ser complementada con una disposición de carácter fiscal que amplíe el concepto, que amplíe las facultades y otorgue un verdadero incentivo fiscal para las empresas que deseen apoyar y promuevan con sus acciones el deporte en México.

Volviendo al análisis comparativo, compañeras y compañeros legisladores, en Estados Unidos el deporte de ese país, tan sólo en el año 2004, tuvo un presupuesto equivalente a 5 mil millones de pesos, provenientes principalmente de patrocinadores, mientras que en nuestro país el recurso fue de tan sólo el 16 por ciento de esa cifra anteriormente mencionada, que equivale aproximadamente a 850 millones de pesos.

Es obvio que no hay nada qué comparar, pero lo significativo de esto es que el apoyo de la iniciativa privada en el deporte resulta indispensable, porque además es indiscutible que el problema del deporte en el país no se resuelve, tan sólo inyectándole recursos, lo vimos en estos pasado Juegos Olímpicos, pero sí es importante que generemos las condiciones donde se pueda contribuir a la creación e implementación de una política de Estado en materia deportiva, de que se consolide el desarrollo de México en esta materia y en este sentido sea fundamental la participación del sector empresarial que está deseosa de hacerlo en una actividad tan noble como es el deporte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

``Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

Fracción XII. El ciento por ciento de las aportaciones efectuadas para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, en los términos de la Ley de Cultura Física y Deporte en los municipios.''

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XII al artículo 29, correspondiente al Capítulo II, Sección I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, posiciones encontradas, optimismo y desanimo. Esto es lo que genera la actividad deportiva en nuestra sociedad. Sobre todo en este tiempo en el que la atención de la opinión pública se centra en una justa deportiva tan importante como son Juegos Olímpicos.

Mucho se ha comentado desde esta tribuna sobre el apoyo al deporte en nuestro país. Lamentablemente a veces pereciera que tenemos una actitud amnésica ante los grandes problemas que tiene el deporte nacional y que esta se extingue cuando a través de los medios masivos nos damos cuenta de los resultados de los atletas en competencias deportivas que atraen la atención mundial.

Los deportistas y los federativos nacionales hacen un llamado con ``urgencia'' al Estado, que enmudece cuando se ha consumado una derrota en competencia deportiva, sin embargo muestra otra cara ensalzando la ``importancia'' de la práctica deportiva sólo cuando alguien o algún equipo han triunfado en las prácticas deportivas.

Afortunadamente, no todo son corolarios para lamentarnos. Tenemos algo de que sentirnos orgullosos, y en buena medida esto se lo debemos a la iniciativa privada que ha contribuido de manera desinteresada con el desarrollo del deporte en nuestro país.

El apoyo económico que el sector empresarial ha brindado al deporte de nuestro país ha sido, en muchos de los casos, fundamental para alcanzar los objetivos en competencias nacionales e internacionales.

El caso más notorio del apoyo recibido por parte de las empresas mexicanas a una deportista es el de la medallista Ana Guevara. Pero sin duda son muy pocos nuestros deportistas beneficiados con los patrocinios económicos de este sector. En el caso del Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), sólo son 42 los deportistas que reciben apoyo.

En México, el apoyo económico de patrocinadores al deporte es muy inferior al que países que se consideran potencias deportivas otorgan. Mientras que en Estados Unidos el deporte goza del apoyo de más de 100 patrocinadores, en México, según los datos de CIMA, son solo 5 las empresas que de manera significativa apoyan al deporte. Y esto es así en buena medida por que en nuestro país no se ha promovido un verdadero estímulo a los patrocinadores. La comparación en resultados es evidente.

A estas acciones que las empresas realizan en beneficio de la cultura física y deporte, el gobierno mexicano ha correspondido con incentivos fiscales que la instancia gubernamental encargada del deporte promueve en el ámbito federal. Tal es el caso de las empresas pertenecientes al Compromiso Integral de México con sus Atletas.

Sin embargo, el beneficio de carácter fiscal a que hace referencia la legislación deportiva se queda corta. Pues se infiere una actitud discrecional de la Autoridad deportiva que pudiera estar frenando el ingreso de recursos económicos para el desarrollo del deporte y de nuestros atletas; ya que esta disposición normativa contenida en el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, debiera ser complementada con una disposición de carácter fiscal que amplié el concepto de incentivo fiscal para las empresas que apoyen y promuevan con sus acciones el deporte.

Volviendo al análisis comparativo con Estado Unidos, el deporte de ese país solo este año de 2004 tuvo un presupuesto de 500 millones de dólares, proveniente principalmente de patrocinadores. Mientras en nuestro país el recurso fue de casi 850 millones de pesos. Es obvio que no hay comparativa, pero lo significativo de esto es el apoyo de la iniciativa privada al deporte.

Es indiscutible que el problema del deporte en México no se resuelve solo inyectándole más recursos. Pero si es importante que generemos las condiciones donde se pueda contribuir a la creación e implantación de una política de Estado en materia deportiva y de consolidar el desarrollo de México en esta materia. En ese sentido es fundamental la participación del sector empresarial en esta tarea. Por eso es de suma importancia que, mediante incentivos fiscales atractivos y claros, las empresas inviertan en esta actividad tan significativa.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 29 la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 29

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a XI. ...

XII. El 100 % de las aportaciones efectuadas para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

...

Transitorio

Único. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.--- Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra al señor diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 35, 37, 42, 43 y 44 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados.

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Gracias, diputado Presidente; con su venia. Amigas y amigos legisladores:

Les vengo a presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congrego General de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en materia de mejora regulatoria.

Un buen gobierno no le quita el tiempo a los ciudadanos. Es necesario visualizar cuál es la importancia que tiene la calidad del marco regulatorio como uno de los factores más importantes dentro del tema de la competitividad del país en su conjunto y de las ciudades en lo particular.

La proliferación de leyes federales y estatales, reglamentos y normas, así como las frecuentes reformas a las mismas, han generado graves problemas de gestión a las autoridades en todos los órdenes de gobierno, para poder aplicar, efectivamente, el mandato de legisladores y demás responsables de crear ordenamientos de carácter general. La existencia de un marco regulatorio disperso genera confusión a los particulares, discrecionalidad de las autoridades y altos costos a la sociedad en conjunto.

Nuestro país tiene uno de los temas regulatorios que imponen mayores costos de entrada y mayores tiempos de tramitación. Hay estimaciones que indican que la regulación tiene costos de entre 12 y 15 por ciento del producto interno bruto, es por ello que es importante contar con un mejor sistema regulatorio, cuya finalidad sea mejorar la calidad y reducir el costo de los servicios que presten todos los ámbitos de gobierno.

En el año 2000 se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con lo cual se institucionaliza la mejora regulatoria para hacer permanente la participación de los sectores productivos en dicho proceso. Se propicia la transparencia en la elaboración de regulaciones, otorgando mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos en la aplicación de trámites y tratando de evitar que los costos de cumplimiento de la normatividad sean mayores a sus beneficios.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo estableció que todos los anteproyectos de nuevas disposiciones normativas, deberían estar sustentadas en una evaluación denominada ``manifestación de impacto regulatorio''.

Algunos de los objetivos que persigue el Programa de Mejora Regulatoria: asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia de su elaboración; fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno y elaborar diagnósticos y propuestas de modificaciones al marco normativo nacional.

Los beneficios de la aplicación de la mejora regulatoria: la desregulación se centra en suprimir reglas, mejora y adapta la regulación existente, se suprimen trabas innecesarias a la actuación de los particulares. La desregulación puede ayudar de manera importante a combatir la corrupción y la desregulación, es un instrumento útil para la toma de decisiones. Se introduce en la economía legislativa.

La mejora regulatoria impone disciplina a la administración mejorando la calidad y eficacia de la regulación, además de crear mecanismos de supervisión y transparencia continua sobre la regulación, con el propósito de evaluar, controlar y hacer explícitos sus efectos.

La mejora regulatoria es una herramienta esencial para impulsar el desarrollo económico del país. En el Congreso de la Unión instancia política y jurídica donde nacen las leyes en nuestro país, se debe asumir como propio el reto de la mejora regulatoria para hacer más eficiente y eficaz su desempeño legislativo.

Es fundamental introducir al ámbito legislativo el estudio de impacto regulatorio en toda aprobación, dictaminación, reforma o adición de ordenamientos jurídicos ya existentes o en proceso de creación. La mejora regulatoria no se ha circunscrito sólo al ámbito federal, desde la emisión del acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial se ha buscado sumar al esfuerzo de las autoridades estatales y municipales.

Se ha promovido en todas las entidades federativas, diversos anteproyectos tipo como la firma de convenios municipales, la creación o mejora de registros estatales y municipales de trámites y servicios en Internet, la implementación de sistemas de apertura inmediata de empresas y de verificación empresarial, la firma de convenios en materia de autotransporte y medio ambiente y la elaboración de leyes estatales de procedimiento administrativo, así como reformas a los códigos civil y proceso civil.

Amigas diputadas y diputados: es imprescindible trabajar en los marcos de manifestación de impacto regulatorio y en los procesos de desregulación en este país.

Le pido atentamente, diputado Presidente, sea insertado íntegro el texto para el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 35, 37, 42, 43 y 44 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Federal Tomás Antonio Trueba Gracián del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos presentar a la consideración de esta H. soberanía el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 35, 37, 42, 43 y 44 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en materia de mejora regulatoria, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante el escenario de un pobre crecimiento económico en nuestro país y de grandes escándalos de corrupción, es importante recordar a la opinión pública sobre las políticas de mejora regulatoria en México. Es necesario visualizar cuál es la importancia que tiene la calidad del marco regulatorio como uno de los factores más importantes dentro del tema de la competitividad del país en su conjunto y de las ciudades en lo particular.

La proliferación de leyes federales y estatales, reglamentos y normas, así como las frecuentes reformas a las mismas, han generado graves problemas de gestión a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para poder aplicar efectivamente el mandato de legisladores y demás responsables de crear ordenamientos de carácter general. La existencia de un marco regulatorio disperso, genera confusión a los particulares, discrecionalidad de las autoridades y altos costos a la sociedad en su conjunto.

En nuestras leyes proliferan las autorizaciones y permisos. Para realizar cualquier actividad, los particulares deben recabar autorizaciones y permisos de todo tipo. Y este tipo de requisitos son de las principales fuentes de corrupción.

Frecuentemente se deja a una dependencia establecer la normatividad y, a otra, la aplicación, de manera que debiera ser una sola la que dé las autorizaciones. El problema para el particular no es tanto presentar en dos o tres direcciones distintas la solicitud, sino el hecho de que sean diversas las dependencias que tengan que resolver sobre una misma cuestión.

Nuestro país, tiene uno de los sistemas regulatorios1 que imponen mayores costos de entrada y mayores tiempos de tramitación. Hay estimaciones que indican que la regulación tiene costos de entre el 12 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto. Es por ello, que es importante contar con un mejor sistema regulatorio cuya finalidad sea mejorar la calidad y reducir el costo de los servicios que prestan todos los ámbitos de gobierno.

Durante la administración de 1994-2000 la desregulación fue muy limitada. Se reconoció que no sólo había la necesidad de eliminar (abrogar o derogar) disposiciones jurídicas obsoletas, sino que también había una urgencia por reformar las regulaciones, e incluso por crear nuevas para subsanar vacíos jurídicos originados por los cambios económicos, sociales o tecnológicos, así es como surge para fines de este sexenio la política de mejora regulatoria.

En el año 2000, se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) con la cual se institucionaliza la mejora regulatoria para hacer permanente la participación de los sectores productivos en dicho proceso, se propicia la transparencia en la elaboración de regulaciones, otorgando mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos en la aplicación de trámites, y tratando de evitar que los costos de cumplimiento de la normatividad sean mayores a sus beneficios. La LFPA estableció que todos los anteproyectos de nuevas disposiciones normativas que quisieran realizar las dependencias y organismos descentralizados debían estar sustentados en una evaluación, denominada manifestación de impacto regulatorio (MIR). Así mismo la LFPA estableció el carácter oficial y reglamentario del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS).

Comisión de Mejora Regulatoria

Con la reforma de ese año, se crea la Cofemer la cuál es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa, cuyo mandato es promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones con el fin de que éstas generen beneficios mayores a sus costos, así como el máximo beneficio para la sociedad.

La LFPA establece como atribución a la Comisión ``revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos''.

Actualmente la Cofemer tiene dos grandes justificantes; la mayor parte de las reformas actuales se desprenden directamente del Poder Legislativo con iniciativas propias; además, el proceso de descentralización ha generado que los gobiernos y legislaturas locales tengan un mayor peso en las cargas regulatorias a los particulares.

Algunos de los objetivos que persigue el Programa de mejora Regulatoria:

Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración.

Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.

Elaborar diagnósticos y propuestas de modificaciones al marco normativo nacional.

La mejora Regulatoria consiste en:

La desregulación (eliminación total o parcial de la regulación vigente en algún sector económico o área Regulatoria específica). El proceso de desregulación no consiste exclusivamente en suprimir regulaciones, sino también en la mejora de las existentes y la introducción de nuevas.

La construcción, reconstrucción o reforma del marco regulatorio en sectores económicos o áreas regulatorias específicas.

El diseño de los procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones, y

Buscar que en los mercados, se faciliten la innovación y el crecimiento empresarial, y promuevan la iniciativa de los particulares.

Beneficios de la aplicación de la mejora Regulatoria:

La desregulación se centra en suprimir reglas;

Mejora y adaptación de la regulación existente

Se suprimen trabas innecesarias a la actuación de los particulares.

La desregulación puede ayudar de manera importante a combatir la corrupción, aunque influyen otros factores, ya que ésta aumenta en relación directa con el número de obligaciones a cargo de los ciudadanos, especialmente cuando el soborno es más barato que el tiempo y el costo que implica cumplir con las disposiciones.

La desregulación es un instrumento útil para la toma de decisiones, ya que permite conocer con más precisión las ventajas e inconvenientes de una determinada medida.

Se introduce la economía legislativa, esto es, la reducción de las modificaciones legales al mínimo necesario; reformando los textos vigentes en las partes en que se requiera, en vez de su modificación total.

En todo proyecto que pretenda expedir una nueva regulación, se realizará un análisis para detectar y en su momento derogar todas las disposiciones que se le opongan, así como las que a la luz de la nueva regulación se conviertan en obsoletas.

La mejora regulatoria, impone disciplina a la administración, mejorando la calidad y eficiencia de la regulación, además de crear mecanismos de supervisión y transparencia continúa sobre la regulación con el propósito de evaluar, controlar y hacer explícitos sus efectos.

La mejora regulatoria es una herramienta esencial para impulsar el desarrollo económico del país.

Un marco regulatorio menos oneroso para la sociedad, fortalece el Estado de Derecho, estimula su cumplimiento y reduce las posibilidades de abusos y corrupción.

En el Congreso de la Unión, instancia política y jurídica donde nacen las leyes en nuestro país, se debe asumir como propio el reto de la mejora regulatoria para hacer más eficiente y eficaz su desempeño legislativo.

Es fundamental introducir al ámbito legislativo, el estudio de impacto regulatorio en toda aprobación, dictaminación, reforma o adición de ordenamientos jurídicos ya existentes o en proceso de creación.

Condiciones que deben ser tomadas en cuenta en todo proceso de mejora Regulatoria:

El análisis costo-beneficio.- Ya que permite comparar las ventajas con los inconvenientes derivados de una determinada regulación, tanto para los particulares como para la propia autoridad. Este instrumento debiera realizarse para la expedición de cualquier nueva regulación.

Los plazos deben ser suficientemente amplios, de manera que se permita a los particulares conocer y estar en posibilidad de cumplir oportuna y adecuadamente sus obligaciones o ejercer sus derechos.

Los requerimientos de información se deben reducir al máximo indispensable, mientras que los plazos para proporcionarla deben de ser los más amplios posibles.

Cualquier autoridad administrativa que no dé una respuesta en un breve plazo a un particular, deber ser merecedora de un efecto jurídico. Ya que solo así se obliga a la autoridad a resolver en el plazo establecido, contribuyendo a agilizar cualquier trámite.

México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas, estudio comparativo 20022.

Los estados de mayor calidad regulatoria según este estudio son:

Aguascalientes

Jalisco

Sinaloa

Tamaulipas

Los estados con menor calidad regulatoria son:

Campeche

Guerrero

Oaxaca

San Luis Potosí

Con excepción de San Luis Potosí, los estados del sur--sureste del país continúan conformando la región del país con la peor calidad en términos de marcos regulatorios.

En 5 trámites específicos de alto impacto para la comunidad empresarial destaca que el mejor y el peor estado para resolver sobre ellos son:

Trámite: Declaración de apertura

Entidad mejor calificada: Sonora

Entidad peor calificada: Distrito Federal

Trámite: Agua

Entidad mejor calificada: Sonora

Entidad peor calificada: Distrito Federal

Trámite: Construcción

Entidad mejor calificada: Sonora

Entidad peor calificada: Guerrero

Trámite: Uso de suelo

Entidad mejor calificada: Baja California Sur

Entidad peor calificada: Distrito Federal

Trámite: Medio ambiente

Entidad mejor calificada: Coahuila

Entidad peor calificada: Distrito Federal

Los estados que destacan por la instrumentación de buenas prácticas de mejora regulatoria en sus marcos jurídicos son:

Estado de México

Puebla

Sinaloa

Aguascalientes

Quintana Roo

Todos obtuvieron calificaciones superiores a 80 por ciento en la aplicación de buenas prácticas.

Los estados que se encuentran clasificados en los últimos lugares en materia de adopción de buenas prácticas de mejora regulatoria en sus marcos jurídicos son:

Guerrero

Campeche

Yucatán

Chihuahua

Zacatecas

La mejora regulatoria no se ha circunscrito sólo al ámbito federal. Desde la emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, se ha buscado sumar el esfuerzo de las autoridades estatales y municipales. Esta estrategia constituye una de las piedras angulares del programa. El nuevo federalismo, ha llevado a las entidades federativas a acciones concretas para la consecución de una mejora regulatoria.

Se han promovido en todas las entidades federativas diversos anteproyectos ``tipo'', como la firma de convenios municipales, la creación o mejora de registros estatales y municipales de trámites y servicios en Internet; la implementación de sistemas de apertura inmediata de empresas y de verificación empresarial; la firma de convenios en materia de autotransporte y medio ambiente; y la elaboración de leyes estatales de procedimiento administrativo y de agua; así como, reformas a los códigos civil y procesal civil.

Por todo lo antes expuesto, se pone a la consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente:

Proyecto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en materia de mejora regulatoria.

Artículo Primero.- Proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 35, 37, 42, 43 y 44 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en materia de mejora regulatoria, para quedar como sigue:

Artículo 45

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5 ...

6. ...

a) a e) ...

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para lo cual podrán apoyarse en los estudios de impacto regulatorio que los centros de estudios realicen a petición de las propias comisiones.

g) ...

7. ...

...

Artículo 49

1. ...

2. ...

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas, de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública y de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria. Los cuales además de las tareas previstas en este ordenamiento y en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, están facultados para realizar estudios de impacto regulatorio de las iniciativas, proyectos y proposiciones presentadas por los legisladores federales. Los estudios de impacto regulatorio contendrán un análisis de los efectos en el ámbito social, jurídico, financiero y ambiental, así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los costos que tendrán los particulares por el cumplimiento de las obligaciones generadas a consecuencia de la posible reforma, y en general contendrán la afección que se cause al bienestar de la población.

Artículo 35

Los Centros tienen por objeto prestar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico, la información analítica y los estudios de impacto regulatorio requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Cámara, conforme a los programas aprobados y acorde con los cánones de la investigación científica, en forma objetiva, imparcial y oportuna. Se integran por funcionarios del Servicio de Carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización y análisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurídicos, de finanzas públicas y otros de interés para el desarrollo de la función parlamentaria.

Artículo 37

Los análisis, informes, proyecciones, estudios de impacto regulatorio y en general toda información que generen los Centros, no podrá contener ni sugerir recomendaciones sobre políticas públicas. Los Centros de estudios podrán contar con un boletín de difusión o se articularán con los servicios existentes en la Cámara, para la publicación de resultados, estudios preliminares o información para las actividades legislativas.

Artículo 42

...

a) a m) ...

n) Realizar estudios de impacto regulatorio.

o) Las demás que determine este Estatuto y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 43

...

a) a h) ...

i) Realizar estudios de impacto regulatorio.

j) Las demás que determine este Estatuto y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 44

...

a) a h) ...

i) Realizar estudios de impacto regulatorio.

j) Las demás que determine este Estatuto y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor seis meses después del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados realizará en un plazo menos de seis meses las acciones necesarias para fortalecer los centros de estudio, para lo cual deberá de otorgarles recursos materiales y personal humano suficientes para que dichos centros estén en posibilidades de cumplir con las atribuciones previstas en el presente decreto.

Tercero. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria deberá tener, dentro de las atribuciones que le establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables, la realización de estudios de impacto regulatorio en materia ambiental.

Notas:

1 Las regulaciones son el conjunto de instrumentos jurídicos que emplea el gobierno para establecer obligaciones y procesos que los particulares, las empresas y las diferentes áreas del gobierno deben cumplir.

Los instrumentos jurídicos mediante los cuales se implementan las regulaciones son leyes o actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y circulares.

2 Estudio presentado por Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, AC. (CEESP), dicho Centro, mide la calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mediante dos instrumentos: una encuesta de opinión empresarial sobre la eficacia de las autoridades estatales y municipales, y una evaluación factual de los avances institucionales en la materia.

Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el señor diputado y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres: Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8º, párrafo 5º; 9º, párrafo 3º; 10, párrafo único; 11, párrafo único; 12, párrafo único; 15, párrafo 2º; 16, párrafo 3º; 17, párrafo único; 18, párrafos 3º y 4º; 19, párrafo 1º; 20, párrafo 2º; 21, párrafo 3º; 23, párrafo 2º; 25, párrafo único; 29, párrafo 1º y numerales I, II, III y IV; 36, párrafo único; 37, párrafo único; 41, párrafo 2º, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cambiando la palabra ``podrá'' por ``deberá''.

Sin duda uno de los temas de mayor importancia y sensible, es el relativo a la seguridad, hacer un valor necesario para las personas, indispensable para poder llevar a cabo su proyecto de vida, el ciudadano necesita que no existan amenazas que inhiban e intimiden su integridad, el de su familia y sus bienes. La seguridad es un derecho y es deber del Estado garantizárselo a la sociedad.

La mejor herramienta jurídica para combatir la delincuencia organizada, es sin duda una ley que dé garantías, seguridad y certeza jurídica, gran acierto del Legislativo el decreto mediante el que se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1966.

En la actual Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, encontramos un enorme vacío jurídico en una gran parte de su articulado que menciona la palabra ``podrá'', por la que otorga una facultad potestativa de hacer o de no hacer a los tribunales, así como a distintas autoridades que tienen la obligación de combatir a la delincuencia organizada con la aplicación estricta de la ley.

La ambigüedad que implica la palabra ``podrá'', para la aplicación estricta de la ley no tiene efecto decisivo y determinante para quienes aplican la ley, ya que no se obliga a acatar la norma aplicable para cada caso que se investiga con relación a la delincuencia organizada.

La falta de tecnicismo para la decisión de una norma jurídica, así como la aplicación de la misma, presenta un vacío jurídico al no poder combatirla si su perfeccionamiento no alcanza el sublime derecho.

El sistema mexicano de impartición de justicia debe de garantizar su estricta aplicación, como lo señala el artículo 17 constitucional, pero debe haber estricta claridad en las leyes fundamentales para combatir la delincuencia. Los ordenamientos que de ellas emanen, no dejan espacio para ser manipuladas a criterio de las autoridades que tienen la responsabilidad de impartir justicia, o por los profesionales de derecho que ante la imperfección de nuestras leyes pudieran buscar beneficios personales.

Compañeras y compañeros legisladores: es obligación de esta soberanía coadyuvar para que existan mejores leyes que garanticen una adecuada impartición de justicia ante la sociedad que lo exige; penas más severas para delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes; certeza jurídica a quienes son juzgados, así como a los que juzgan.

El objetivo fundamental de esta reforma es darle a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, certeza jurídica al modificar en varios artículos la palabra ``podrá'', por ``deberá''.

En obviedad de tiempo, señor Presidente, solicito sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y voy solamente al final.

``Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo único. Decreto que reforma a los artículos 8º, párrafo 5º; 9º, párrafo 3º; 10, párrafo único; 11, párrafo único; 12, párrafo único; 15, párrafo 2º; 16, párrafo 3º; 17, párrafo único; 18, párrafos 3º y 4º; 19, párrafo 1º; 20, párrafo 2º; 21, párrafo 3º; 23, párrafo 2º; 25, párrafo único; 29, párrafo 1º y numerales I, II, III y IV; 36, párrafo único; 37, párrafo único; 41, párrafo 2º, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cambiando la palabra ``podrá'' por ``deberá''.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal, pone a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, párrafo quinto; 9, párrafo tercero; 10, párrafo único; 11, párrafo único; 12, párrafo único; 15, párrafo segundo; 16, párrafo tercero; 17, párrafo único; 18, párrafos tercero y cuarto; 19, párrafo primero; 20, párrafo segundo; 21, párrafo tercero; 23, párrafo segundo; 25, párrafo único; 29, párrafo único; 30, párrafo único; 31, párrafo único; 35, párrafo primero y numerales I, II, III y IV; 36, párrafo único; 37, párrafo único; 41, párrafo segundo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cambiando la palabra ``podrá'' por ``deberá'', de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda, uno de los temas de mayor importancia y sensible es el relativo a la seguridad al ser un valor necesario para las personas, indispensable para poder llevar a cabo su proyecto de vida, el ciudadano necesita que no existan amenazas que inhiban e intimiden su integridad, el de su familia y sus bienes. La seguridad es un derecho, y es deber del Estado garantizarlo a la sociedad.

La mejor herramienta jurídica para combatir la Delincuencia Organizada es sin lugar a duda una Ley que de garantía, seguridad y certeza jurídica; gran acierto del Legislativo el decreto mediante el que se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996.

En la actual Ley Federal contra la Delincuencia organizada, encontramos un enorme vacío jurídico, en una gran parte de su articulado se menciona la palabra podrá, por la que otorga una facultad potestativa de hacer o de no hacer a los Tribunales, así como a distintas autoridades que tienen la obligación de combatir a la Delincuencia Organizada con la aplicación estricta de la ley.

La ambigüedad que implica la palabra podrá para la aplicación estricta de la ley no tiene efecto decisivo y determinante para quienes aplican la Ley, ya que no se obliga a acatar la norma aplicable para cada caso que se investiga con relación a la delincuencia organizada.

La falta de tecnicismo para la decisión de una norma jurídica, así como la aplicación a la misma, presenta un vacío jurídico al no poder combatirla si su perfeccionamiento no alcanza el sublime derecho.

El sistema mexicano de impartición de justicia debe garantizar su estricta aplicación como lo señala el articulo 17 Constitucional, pero debe haber estricta claridad en las leyes fundamentales para combatir a la delincuencia, los ordenamientos que de éste emanen no dejen espacio para ser manipuladas a criterio de las autoridades que tienen la responsabilidad de impartir justicia o por los profesionales del derecho que ante la imperfección de nuestras leyes pudieran buscar beneficios personales

Compañeras y compañeros legisladores, es obligación de esta soberanía, coadyuvar para que existan mejores Leyes, que garanticen una adecuada impartición de justicia ante una sociedad que lo exige, penas mas severas para delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes, certeza jurídica a quienes son juzgado así como a los que juzgan, el objetivo fundamental de esta Reforma es darle a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, certeza jurídica al modificar en varios de sus artículos la palabra ``podrá'' por ``deberá''

Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Único.- Decreto que reforma los artículos 8, párrafo quinto; 9, párrafo tercero; 10, párrafo único; 11, párrafo único; 12, párrafo único; 15, párrafo segundo; 16, párrafo tercero; 17, párrafo único; 18, párrafos tercero y cuarto; 19, párrafo primero; 20, párrafo segundo; 21, párrafo tercero; 23, párrafo segundo; 25, párrafo único; 29, párrafo único; 30, párrafo único; 31, párrafo único; 35, párrafo primero y numerales I, II, III y IV; 36, párrafo único; 37, párrafo único; 41, párrafo segundo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cambiando la palabra ``podrá'' por ``deberá'', para quedar como sigue:

Artículos 1.- al 7.-

Artículo 8 Párrafo Quinto.- En caso necesario, el titular de esta unidad deberá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

Artículo 9 Párrafo Tercero.- La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, deberá ser utilizada exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

Artículo 10 Párrafo Único.- A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada.

Artículo 11 Párrafo Único.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República deberá autorizar la infiltración de agentes. En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.

Artículo 12 Párrafo único.- El juez deberá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.

Artículos 13.- al 14.-

Artículo 15 Párrafo Segundo.- Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público de la Federación deberá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.

Artículo 16 Párrafo Tercero.- Deberán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

Artículo 17 Párrafo Único.- El juez de distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso deberá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Artículo 18 Párrafo Tercero.- La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, que únicamente llevará a cabo el Ministerio Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la participación de perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o interceptadas, los lugares que serán vigilados, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el que deberá ser prorrogado por el juez de distrito a petición del Ministerio Público de la Federación, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo deberán autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Público de la Federación acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

Párrafo Cuarto.- El juez de distrito deberá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, deberá decretar su revocación parcial o total.

Artículo 19 Párrafo Primero.- Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el juez de distrito no resuelve sobre la solicitud de autorización o de sus prórrogas, el Ministerio Público de la Federación deberá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente, para que éste resuelva en un plazo igual.

Artículo 20 Párrafo Segundo.- Las imágenes de video que se estimen convenientes deberán, en su caso, ser convertidas a imágenes fijas y ser impresas para su integración a la indagatoria. En este caso, se indicará la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que realizó la conversión.

Artículo 21 Párrafo Tercero.- Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente deberá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo deberán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha intervención. De lo contrario, el Ministerio Público de la Federación iniciará la averiguación previa o lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda.

Artículo 22.-

Artículo 23 Párrafo Segundo.-Durante el proceso, el juez de distrito, pondrá las cintas a disposición del inculpado, quien deberá escucharlas o verlas durante un periodo de diez días, bajo la supervisión de la autoridad judicial federal, quien velará por la integridad de estos elementos probatorios. Al término de este periodo de diez días, el inculpado o su defensor, formularán sus observaciones, si las tuvieran, y deberán solicitar al juez la destrucción de aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso. Asimismo, deberán solicitar la trascripción de aquellas grabaciones o la fijación en impreso de imágenes, que considere relevantes para su defensa.

Artículo 24.-

Artículo 25 Párrafo Único.- En los casos en que el Ministerio Público de la Federación haya ordenado la detención de alguna persona conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional, deberá solicitar al juez de distrito la autorización para realizar la intervención de comunicaciones privadas, solicitud que deberá resolverse en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley.

Artículos 26.- al 28.-

Artículo 29 Párrafo Único.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación deberá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquellos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

Artículo 30 Párrafo Único.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como dueño, deberán asegurarse con autorización judicial previa. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

Artículo 31 Párrafo Único.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, deberá realizarse en cualquier momento de la averiguación o del proceso.

Artículos 32.- al 34.-

Artículo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, deberá recibir los beneficios siguientes:

I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo deberá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;

II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, deberá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, deberá reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, deberá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

Artículo 36 Párrafo Único.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien colabore con el Ministerio Público de la Federación, a solicitud de éste se le deberán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.

Artículo 37 Párrafo Único.- Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad deberá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.

Artículos 38.- al 40.-

Artículo 41 Párrafo Segundo.- Las pruebas admitidas en un proceso deberán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.

Artículos 42.- al 44.-

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado Marrufo.

Publíquese íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el señor diputado, y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 709, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de justicia laboral, pronta y expedita.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Política y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración del pleno, la presente iniciativa por la que se modifican los artículos 709, en su fracción II; 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Acción Nacional siempre ha asumido con responsabilidad la debida adecuación de las relaciones laborales ante las necesidades cambiantes de nuestra nación, procurando un sistema laboral más dinámico, eficiente y productivo.

En este marco observamos cómo en la evolución histórica del derecho laboral se destacan 3 grandes eventos: el primero de ellos lo encontramos en la Constitución Política que rompió paradigmas al incorporar, antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza en el mundo, los derechos y garantías sociales como un conjunto de principios e instituciones que asegurarían condiciones justas a la clase trabajadora.

El segundo, la trascendencia del espíritu del Constituyente de Querétaro, en el artículo 123 y en una ley reglamentaria que tuvo nacimiento en el año de 1931.

El tercer gran momento lo es la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970, que vino a regular conceptos que no habían sido considerados por la primera. Este ordenamiento jurídico, que desde 1970 ha tenido como finalidad el cumplir con equidad en los conflictos entre trabajadores y patrones, en el establecimiento de las condiciones y jornadas de trabajo, vacaciones, participaciones de utilidades del trabajador, riesgos profesionales, derecho a la habitación, antigüedad, trabajos especiales, huelga, por citar algunos de los conceptos que reflejan la inquietud del legislador en la impartición de la justicia social.

Sin embargo, nuestra legislación laboral, como todas, es una norma perfectible y en este tenor es que ahora presentamos esta iniciativa que tiene como objeto adecuar diversos artículos que resultan contradictorios y que sólo traen, como consecuencia, el retardo en los juicios que se siguen ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y muchas veces la interposición de amparos ante la incertidumbre respecto a la contradicción de artículos, pues mientras que el artículo 711 de la Ley Federal del Trabajo, señala que el procedimiento para dirimir controversias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje no se suspende mientras no se tramite el incidente de excusa que se plantea cuando se presume algún interés personal de los funcionarios de la Junta en el negocio, los artículos 762 y 763 de la misma ley señalan que cuando se plantea el incidente de excusas el procedimiento se suspende mientras no se resuelve el mismo, mientras que en el artículo 709, en su fracción III, da la posibilidad al juzgador de suspender el procedimiento.

Es por ello imperante que jurídicamente se adecúen dichos artículos, de conformidad con el espíritu que animó al legislador de aquellos tiempos, que fue la justicia laboral pronta y expedita, garantizándose de esta manera, con certidumbre, los derechos de las partes, en virtud de que la actual redacción de los artículos referidos hace que muchas veces los abogados deshonestos retrasen el procedimiento con claro perjuicio para la otra parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 709, en su fracción III; 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo primero. Se modifica el artículo 709, fracción III, para quedar como sigue:

``La autoridad que decida sobre la excusa tan pronto la reciba resolverá de plano con los elementos que tenga para ello.''

Artículo segundo. Se modifica el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

``Se tramitarán como incidentes de predio y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones: nulidad, competencia, personalidad y acumulación.''

Artículo tercero. Se modifica el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

``Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia se sustanciará y resolverá de plano oyendo a las partes, continuándose con el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y, en su caso, de acumulación dentro de las 24 horas siguientes, se señalará día y hora para la audiencia incidental en la que se resolverá.''

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 709, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de justicia laboral pronta y expedita, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Unión la presente iniciativa por la que se modifican los artículos 709 en su fracción III, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Acción Nacional siempre ha asumido con responsabilidad la debida adecuación de las relaciones laborales ante las necesidades cambiantes de nuestra Nación, procurando un sistema laboral más dinámico, eficiente y productivo.

En este marco observamos como en la evolución histórica del derecho laboral se destacan tres grandes eventos, el primero de ellos, lo encontramos en la Constitución Política que rompió paradigmas al incorporar antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza en el mundo, los derechos y garantías sociales, como un conjunto de principios e instituciones que asegurarían condiciones justas a la clase trabajadora; el segundo, la trascendencia del espíritu del Constituyente de Querétaro en el artículo 123 y en una Ley Reglamentaria, que tuvo nacimiento en el año de 1931; y, el tercer gran momento lo es la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970 que vino a regular conceptos que no habían sido considerados en la primera.

Este ordenamiento jurídico, que desde 1970, ha tenido como finalidad el cumplir con equidad en los conflictos entre trabajadores y patrones, en el establecimiento de las condiciones y jornadas de trabajo, vacaciones, participación de utilidades del trabajador, riesgos profesionales, derecho a la habitación, antigüedad, trabajos especiales, huelga, por citar algunos de los conceptos que reflejan la inquietud del Legislador en la impartición de la justicia social.

Sin embargo, nuestra legislación laboral --como todas-- es una norma perfectible, y en este tenor es que ahora presentamos esta iniciativa que tiene como objeto adecuar diversos artículos que resultan contradictorios y que solo traen como consecuencia el retardo en los juicios que se siguen ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y muchas veces la interposición de amparos ante la incertidumbre respecto a la contradicción de los artículos, pues mientras que el artículo 711 de la Ley Federal del Trabajo señala que el procedimiento para dirimir controversias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje no se suspende mientras se tramita el incidente de excusa (que se plantea cuando se presume algún interés personal de los funcionarios de la Junta en el Negocio), los artículos 762 y 763 de la misma Ley señalan que cuando se plantea el incidente de excusas, el procedimiento se suspende mientras no se resuelve el mismo, mientras que el artículo 709 en su fracción tercera, da la posibilidad al juzgador de suspender el procedimiento.

Es por ello imperante que jurídicamente se adecuen dichos artículos de conformidad con el espíritu que animo al legislador de aquellos tiempos, que fue la justicia laboral pronta y expedita, garantizándose de esta manera con certidumbre los derechos de las partes, en virtud de que la actual redacción de los artículos referidos hacen que muchas veces los abogados deshonestos retrasen el procedimiento con claro perjuicio para la otra parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma los artículos 709, en su fracción III, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se modifica el artículo 709, en su fracción III, para quedar como sigue:

Artículo 709. ...

I. ...

II. ...

III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano con los elementos que tenga para ello.

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones:

I. Nulidad;

II. Competencia;

III. Personalidad; y

IV. Acumulación.

Artículo Tercero. Se modifica el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en el caso de acumulación, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 26 de octubre de 2004.--- Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, como ha sido la solicitud de la diputada, y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, diputado Presidente; señoras y señores diputados:

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II; 72, 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia de 1789 es el documento que inspiró al Constituyente de 1917 para establecer las instituciones y procedimientos por los cuales el ciudadano tiene la certeza de que disfrutará de los derechos consignados en el capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por su naturaleza se clasifican en garantías de libertad, de igualdad, de legalidad y de seguridad jurídica.

Las garantías de legalidad y seguridad jurídica protegen los principios jurídicos que la autoridad debe observar a favor del gobernado en la averiguación previa o dentro de los procesos judiciales. Por ello el Estado se obliga a cumplir los principios expresos e implícitos en las normas.

Uno de los principios más antiguos en estas garantías es la presunción de inocencia, el cual se traduce como la prohibición para la autoridad de considerar culpable a una persona sin mediar una condena firme, pero en México sólo se regula por escrito dentro de los tratados como en la Convención Americana, la cual establece que la prolongación de la prisión preventiva indefinida y contínua sobre la persona, constituye una violación del principio de presunción de inocencia y obliga a los Estados parte, como a México, a recopilar el material incriminatorio en contra del acusado con el propósito de establecer su culpabilidad.

Por eso la detención preventiva ha perdido su propósito de servir a los intereses de una buena administración de justicia, convirtiéndose en el fin específico, dado que el ambiente creciente de sospecha durante el proceso es contradictorio a la presunción de inocencia.

La doctrina considera que en nuestra Ley Suprema el principio de presunción de inocencia se hace efectivo cuando el órgano jurisdiccional cumple con las garantías que se establecen en el artículo 20 constitucional, situación que también afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia.

Sin embargo, ello no exime al Estado mexicano de su incumplimiento al contenido de los tratados y merece las siguientes conclusiones:

La presunción de inocencia únicamente es invocada en los asuntos de carácter penal, al aplicarse la prisión preventiva como medida cautelar, pero de ningún modo se puede decir que en ese momento se ha aplicado el derecho; por ende el indiciado debe gozar de la calidad de inocente antes de entrar al examen de los hechos que dieron lugar al procedimiento.

La presunción de inocencia se incumple durante el plazo de la duración de un proceso, ya que la persona sufre en prisión preventiva un castigo, para después en la sentencia definitiva obtener su libertad tras ser absuelto de la causa, pero antes se vio privado de su libertad con una calidad de culpable que nunca tuvo, en virtud de una laguna constitucional.

El proceso judicial es el instrumento legítimo para el ejercicio de la jurisdicción y tanto se agota, de ningún modo se puede decir que se ha aplicado el derecho.

Por ende, durante ese lapso el justiciable debe gozar de la calidad de inocente, con la finalidad de dignificar la vida en los sistemas penitenciarios.

Es de explorado derecho que no puede atenderse como prueba lo que legalmente no tenga carácter de tal. La actividad probatoria ha de realizarse en el acto del juicio que se vincula al derecho del interesado a su defensa, con todos los derechos que rigen el proceso jurisdiccional, porque sólo así se asegura la dignidad del ciudadano.

El actual Código Penal Federal es el único ordenamiento legal que prevé conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe operar el principio de presunción de inocencia que atribuye al órgano del Estado la carga de probar la culpabilidad del sujeto, autor de la conducta antijurídica y que mientras aquel no demuestre su culpabilidad, se le tendrá por inocente.

Por ello es que el fin de esta iniciativa es que exista un texto legal que vincule la vigencia del estado de inocencia y su expresión en el trato de inocente, con el régimen de medidas cautelares basado en la excepcionalidad de las mismas, así como su subordinación con los objetivos del procedimiento, toda vez que la prisión no debe ser una regla general.

Por ello es confuso e inoperable la certeza del argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la privación de la libertad preventiva que se establece en la Constitución está subordinada a las garantías individuales que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o cualquier otro momento de las diligencias procesales, porque esa situación no opera de pleno derecho y tampoco en todas las materias en las que se ejerce la facultad jurisdiccional del Estado, por lo que asume una conducta responsable y ética, en mi visión del ejercicio de las facultades constitucionales que le han sido dotadas a las autoridades judiciales y administrativas, con el firme propósito de dar certeza de que se cumplirán en todos los asuntos que conozcan.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 17, párrafo segundo. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, así como a que se le administre justicia por tribunales de manera expedita en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.

Transitorio

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo federal, a los 26 días de octubre del año 2004.

Solicito, señor Presidente, respetuosamente se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 constitucionales; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia de 1789, es el documento que inspiró al Constituyente de 1917 para establecer las instituciones y procedimientos por los cuales el ciudadano tiene la certeza de que disfrutará de los derechos consignados en el Capítulo I de la Constitución que por su naturaleza se clasifican en garantías de libertad, de igualdad, de legalidad y de seguridad jurídica.

Las garantías de legalidad y seguridad jurídica amparan los principios jurídicos que la autoridad debe observar en favor del gobernado en la averiguación previa o dentro de los procesos judiciales, por ello el Estado se obliga a cumplir los principios expresos e implícitos en las normas.

Uno de los principios más antiguos en estas garantías es la presunción de inocencia, el cual que se traduce como la prohibición para la autoridad de considerar culpable a una persona sin mediar una condena firme, en la doctrina el jurista español José Maria Luzón Cuesta opina:

``Es el derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee su eficiencia de un doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogo a estos''.

Coincido con el autor en el sentido de que el principio debe incluirse expresamente en la Constitución, en atención a su propósito salvaguardar la situación jurídica de la persona, en tanto no existe una prueba capaz de determinar una responsabilidad derivada de una acción o una omisión, pero en México solo se regula por escrito dentro de los tratados.

El artículo 8.2 de la Convención Americana reconoce que la prolongación de la prisión preventiva indefinida y continua sobre la persona, constituye una violación del principio de presunción de inocencia, y obliga a los Estados parte como México, a recopilar el material incriminatorio en contra del acusado, con el propósito de establecer su culpabilidad, si él no determina el juicio de reproche dentro de un plazo razonable que justifique la prolongación de la privación de libertad sobre la base de la sospecha, como a menudo ocurre está sustituyendo la pena con la prisión preventiva, por eso la detención preventiva en la actualidad ha perdido su propósito instrumental de servir a los intereses de una buena administración de justicia, convirtiéndose en el fin especifico, toda vez que el ambiente creciente de sospecha durante el proceso contraria a la presunción de inocencia.

La doctrina mexicana considera que en la estructura actual de nuestra Ley Suprema el principio de presunción de inocencia se hace efectivo cuando el órgano jurisdiccional cumple con las garantías procesales que el legislador establece en cada una de las fases del procedimiento judicial al momento de aplicarse el artículo 20 de la Carta Magna, situación que es una falsedad.

La presunción de inocencia debe incluirse literalmente en la Constitución, en virtud de que es parte de una obligación contraída en los pactos internacionales con base al artículo 133 de la Ley Fundamental, lo que la convierte en una norma suprema para toda la Unión sin que se esté dando cumplimiento a este compromiso, que beneficia al sistema de procuración e impartición de justicia federal.

Es importante señalar que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, en su artículo 30 consignó la presunción de inocencia, al señalar: ``que todo ciudadano se reputa inocente., mientras no se declare culpable'', antecedente que en nuestra legislación recobró importancia, hasta el 15 de agosto del 2002, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis jurisprudencial número XXXV/2002, en la que se consideró que la presunción de inocencia se contiene de manera implícita en la Ley Suprema, argumento que resulta vago y no exime al Estado mexicano de su incumplimiento al contenido de los tratados suscritos por el Poder Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República.

Por otra parte en aspecto práctico, la ausencia de este principio en la Constitución, merece el siguiente análisis:

En primer término la presunción de inocencia únicamente es invocada en los asuntos de carácter penal al aplicarse la prisión preventiva como medida cautelar, con el objeto de asegurar el desarrollo normal de un proceso, pero en tanto se extingue, de ningún modo se puede, decir que se ha aplicado el derecho, por ende durante ese lapso el afectado debe gozar de la calidad de inocente antes de entrar al examen de los hechos que dieron lugar al procedimiento, respetando el principio de libre apreciación de las pruebas por parte del juzgador, a quien le compete valorar sus alcances al momento de fundar sus resoluciones en la sentencia que quede en calidad de inamovible, es decir cuando ha causado estado o en autoridad de cosa juzgada.

Todos los días somos testigos de que no se cumple el citado extremo, que la Suprema Corte argumenta se halla implícito en la Constitución, en virtud que la persona sujeta a proceso cuando deja de obtener el beneficio de la libertad provisional, recibe el trato de un culpable, como en muchos casos cuando el Ministerio Público efectúa la detención y están debidamente acreditados los elementos del tipo, hasta ese momento incluso no existe una sentencia que haya determinado el grado de culpabilidad en autoridad de cosa juzgada, situación que no se ha erradicado de nuestro sistema.

En un segundo término, la presunción de inocencia se incumple durante el plazo de la duración de un proceso, ya que la persona goza en prisión preventiva un castigo que generalmente dura años, para después en la sentencia definitiva obtiene la libertad tras ser absuelto de una causa, pero antes se vio privado de su libertad con una calidad de culpable que nunca tuvo, en virtud de una laguna constitucional, toda vez que ha dejado de estudiarse el principio in dubio pro reo, como una norma de interpretación y que establece que, los casos en que se ha realizado una actividad probatoria normal, si las pruebas dejan lugar a la duda sobre la culpabilidad del acusado, deberá por humanidad y justicia absolverlo.

En tercer término, el estado de inocencia actualmente ha dejado de ser aplicado por los jueces como medio probatorio que debe ser soportado armónicamente con los demás instrumentos de acreditación que se aportan en la averiguación previa y en el juicio, por ello es un status que deja de existir para la autoridad que conoce del particular, sea porque no existen medios de prueba alternos con los que se pueda dar lugar a la operación de principio como tal, o porque el ánimo de convicción del conocedor de la causa se rehúsa a valorar las circunstancias que delimitan la inocencia de la persona y se limita a ver aspectos que atenúan las conductas que determinan una verdad legal e histórica con base a las presunciones iuris tantum que pueden desvirtuarse con una mínima actividad probatoria, producida con todas las garantías procesales que pueden deducir una culpabilidad inexistente.

El proceso judicial es el instrumento legítimo para el ejercicio de la jurisdicción, y en tanto se agota, de ningún modo se puede decir que se ha aplicado el derecho, por ende durante ese lapso el afectado debe gozar de la calidad de inocente, con la finalidad de dignificar la vida en los sistemas penitenciarios, como lo enuncia en su crítica Luigi Ferrayoli al razonar: ``debe evitarse el abuso de la prisión preventiva porque es así todos los casos primero se castiga y después se procesa, o, mejor, se castiga procesando''.

Es de explorado derecho que no puede atenderse como prueba lo que legalmente no tenga carácter de tal, la actividad probatoria ha de realizarse en el acto del juicio que se vincula al derecho del interesado a su defensa con todos los derechos que rigen el proceso jurisdiccional, así mismo el problema de la procuración de justicia es que debe reconocer que el imputado tiene que comparecer libremente ante la autoridad ministerial, porque así se asegura su dignidad de ciudadano presunto inocente y porque así queda en estado de igualdad con quien lo acusa.

La transformación de la legislación sustantiva, se ciñó en 1931 cuando surgió el Código Penal vigente que repara en el respeto de los derechos del hombre y los límites del poder punitivo del Estado, influenciado por la Escuela Positiva, que en su mayoría pugna de manera considerable por la reserva en el respeto de los derechos del hombre, hasta 1984 cuando esta codificación se ajustó al orden democrático previsto en el artículo 40 de la Carta Magna.

El actual Código Penal que es el único ordenamiento legal que prevé conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número XXXV/2002 que debe operar el principio de presunción de inocencia, que atribuye al órgano del Estado la carga de probar la culpabilidad del sujeto autor de la conducta antijurídica, y que mientras aquél no demuestre su culpabilidad se le tendrá por inocente.

La idea de esta iniciativa es que exista un proyecto que vincule directamente la vigencia del principio de inocencia y su expresión en el trato de inocente, con el régimen de medidas cautelares, basado en la excepcionalidad de las mismas así como su subordinación con los objetivos del procedimiento, toda vez que la prisión no debe ser una regla general.

Por ello es confuso e inoperable la certeza del argumento de la Suprema Corte en el sentido de que la privación de la libertad preventiva que se establece en la Constitución, está subordinada a las garantías individuales que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, porque esa situación no opera de pleno derecho y tampoco en todas las materias en las que se ejerce la facultad jurisdiccional del Estado, toda vez que como señala el segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl Placencia Villanueva: ``el contenido del derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estrecho campo del enjuiciamiento de funciones probablemente delictivas, sino que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se basa en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de derechos''.

La situación es clara, todo ciudadano debe gozar en todos los casos de la presunción de inocencia, debiendo sujetar a la fuerza de esa presunción cuando la persona no es un infractor que comete la falta por más de una ocasión, si es un autor de una irregularidad ocasional, reincidente o delincuente de oficio, casos en los que la autoridad deberá justipreciar los hechos con base a los principios de interpretación armónica con el resultado de los elementos de prueba con que se cuente en el momento de determinar una culpabilidad.

Es por ello que mi Partido, el Revolucionario Institucional, en su calidad de defensor de los intereses del Estado mexicano, a través de sus diputados, con la presente iniciativa asume una conducta responsable y ética en su visión del ejercicio de las facultades constitucionales que le han sido dotadas a las autoridades judiciales y administrativas con el firme propósito de dar certeza que cumplirán en todas y cada uno de los asuntos que conozcan en su potestad con los extremos de las garantías establecidas en la Constitución.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución General de la Republica.

Artículo Único: Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

``Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad así como a que se le administre justicia por tribunales de manera expedita en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera imparcial.

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.''

Transitorios

Articulo Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados:. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Francisco Javier Bravo Carbajal, José Manuel Carrillo Rubio, Sergio Armando Chávez Dávalos, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Francisco Javier Guizar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, David Hernández Pérez, J. Jesús Lomelí Rosas, Roberto Antonio Marrufo Torres, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, Evelia Sandoval Urbán, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Quintín Vázquez García.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese también a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su desahogo.

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LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de productos de sanidad.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de productos de sanidad.

En nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Ernesto Dávila Aranda y Guillermo Tamborrel Suárez, en uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 71, fracción II, y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley que reforma los artículos 2° y 63, y adiciona un artículo 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

A través de su ya larga intervención en la vida pública nacional y concretamente en la conformación del marco jurídico que nos rige, Acción Nacional ha propuesto, defendido y apoyado todas las acciones e iniciativas que impulsan el bien común y el desarrollo sustentable del ser humano.

En Acción Nacional buscamos y siempre buscaremos que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.

En Acción Nacional creemos en que todas las personas tienen el derecho y la obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin de mejorar la convivencia humana. Libertad que ha de coexistir creativa y solidariamente con la libertad de los demás.

Asimismo, creemos que la vida, la dignidad y la salud, entre otras muchas cosas, deben cuidarse y protegerse con toda la generosidad y fuerza con que cuente el Estado.

También estamos ciertos de que el derecho a la salud es un derecho intrínseco e inalienable al ser humano y por ende anterior a los derechos garantizados por el Estado tal y como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmado y ratificado por nuestro país.

Compartimos plenamente el espíritu del artículo 5° constitucional que establece que cada cual puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter ante esta soberanía el presente proyecto de decreto que modifica la Ley Federal de Sanidad Animal. Todo ello con el objetivo de proteger la salud de las y los mexicanos así como el de cuidar la nutrición y la economía de la familia mexicana.

Es un hecho que la demanda creciente de alimentación de los seres humanos ha provocado, en muchos campos y entre ellos en la ganadería, el desarrollo y la utilización de mejoras en la genética del ganado, en el alimento de los mismos animales, en la aplicación de fármacos para estimular el crecimiento de la masa muscular, entre otros muchos. Todos ellos con el objetivo de lograr una mayor producción en menores tiempos que finalmente redunden en mayores beneficios económicos.

Lamentable, o afortunadamente, diversos estudios, que por economía no describiré pero que se mencionan en la relación bibliográfica que se anexa y que contiene mas de 150 referencias, han concluido que el uso de fármacos betaagonistas como el clenbuterol en la engorda de ganado vacuno repercute de manera negativa en la salud humana en términos de provocar, al ser ingerida la carne, entre otras; resistencia a los antibióticos por parte de bacterias patógenas que infectan al ser humano, alteraciones hormonales en adolescentes, así como una excesiva estimulación cardiovascular que pudiese presentar además; adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares.

De hecho, los efectos sobre la salud humana han llevado a los países de la Unión Europea y los EUA a prohibir la utilización de clenbuterol en la engorda de ganado.

En México, el uso de clenbuterol como ingrediente activo y aditivo en los alimentos y en la formulación de productos alimenticios destinados para el consumo de ganado vacuno esta prohibido tal y como lo establece la Norma Oficial Mexicana; NOM-061-ZOO-1999, que prácticamente establece como sanción multas mínimas que no han llegado a desincentivar el uso del clenbuterol, o como en su momento lo estableció con mayor claridad la Norma Oficial Mexicana EMERGENTE; NOM EM 015 ZOO SAGARPA publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de marzo del 2002 y que hoy se encuentra expirada.

Infortunadamente, la legislación vigente, amén de no ser lo contundente que sería deseable, no contempla prohibición alguna en cuanto a; la producción, el transporte, almacenaje, comercialización, importación, suministro y utilización de substancias como el clenbuterol que pudiesen representar un riesgo para la salud humana. Lo que en la practica lleva a un juego de ``atrápame si puedes'' entre la Secretaría de Salud y el ganadero, ya que hoy la falta administrativa sólo se presenta si se encuentra clenbuterol en el animal sacrificado y no en cualquier otra etapa del proceso. Inclusive si se detecta dicha sustancia en las instalaciones del ganadero.

Aunado a lo anterior, y por si fuese poco, tenemos que la carne proveniente de animales engordados con substancias como el clenbuterol genera un fraude al consumidor, ya que si bien es cierto que la apariencia de la carne es mejor en realidad el consumidor esta comprando un producto ``cargado de agua'' que simplemente no corresponde ni en peso, color y sabor con lo que asume que compra y paga.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2° y 63 y adiciona un artículo 64 de la Ley Federal de Sanidad Animal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2° y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 2°. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

...

...

Betaagonista: Compuesto químico del grupo de los betaadenérgicos que confiere a cualquier producto, dilución o mezcla de carácter farmacéutico especifico de los mismos, con efectos de promoción de masa muscular, reductor de cantidad de grasa corporal y efectos sobre el aparato respiratorio.

...

Artículo 63. Al que por cualquier medio utilice substancias para uso o consumo de animales, que represente un riesgo para la salud de estos o la humana, se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y multa de hasta dos mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se lleve a cabo el hecho.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 64. Con excepción de los productos betaagonistas que cuenten con el registro de autorización de la Secretaria, para su uso o consumo por animales, queda prohibida la producción, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, trafico, comercialización, importación, suministro y utilización de cualquier betaagonista conocido o de nueva creación ya sean como principios activos, aditivos alimenticios o medicamentos en formulación de productos alimenticios destinados para consumo y uso en animales.

Las infracciones al presente artículo se castigarán de acuerdo con las penas listadas en el artículo anterior.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.--- Diputados: José Luis Treviño Rodríguez, Ernesto Dávila Aranda, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbricas).»

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Tamborrel. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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LEY DE AGUAS NACIONALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Federal en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa que reforma a el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Un elemento básico para desarrollar las actividades agrícolas es el agua, sin la cual el campo mexicano se volvería improductivo. Muchas de las tierras que trabajan los productores agropecuarios de la República Mexicana, requieren que se extraiga agua del subsuelo mediante la perforación de pozos profundos, ya que no se cuenta con suficiente agua superficial para satisfacer las demandas de irrigación en sus siembras.

Esto es posible gracias al mandato del primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, en donde se establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales, se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con la normatividad que establece la ley y su reglamento.

Para lograr la extracción del agua subterránea por medio de la perforación de pozos profundos y la posterior instalación del sistema de bombeo correspondiente, es necesario contar con un Título de Concesión, el cual de acuerdo al primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, ``no será menor de cinco ni mayor de treinta años''.

El mismo artículo en su segundo y tercer párrafo señala que las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22, se prorrogarán por igual término por el que se hubieren otorgado, si sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley y lo soliciten dentro de los cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

La rigidez de estas disposiciones, tienen como consecuencia que muchos productores agrícolas pierdan sus concesiones por no haber solicitado a tiempo la prórroga correspondiente. Teniendo que enfrentar una gran cantidad de problemas, al no tener el elemento indispensable para hacer producir sus tierras.

La actual redacción del artículo en comento, no corresponde a la realidad que se vive en el campo mexicano. Los productores agrícolas y sus familias, enfrentan las peores consecuencias de la pobreza, la marginación y el subdesarrollo.

La escasez de recursos, el aislamiento de las poblaciones, la falta de información y el analfabetismo, se conjugan para dar forma a la circunstancia particular de quienes trabajan la tierra.

El plazo de un trámite burocrático no puede ser la razón para ir poco a poco desactivando al campo mexicano, mucho menos para negarles a los productores posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida.

Es importante que entendamos que la vida en el campo es diferente a la vida de las grandes ciudades, la problemática, fenomenología, costumbres, cultura y prioridades son diferentes. Aprendamos a respetar esa forma de vida, contribuyamos a su desarrollo sin violentar, sin agredir, sin burocratizar.

Las leyes compañeros y compañeras, no deben estar ajenas a la realidad social y mucho menos hacer caso omiso de la historia y costumbres de la población.

Por ello y toda vez que la reforma que hoy planteo, se desprende de una demanda y necesidad de los productores agrícolas de todo el país, propongo reformar el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para ampliar el plazo para prorrogar las concesiones o asignaciones, así como para estipular la obligatoriedad de ``la autoridad del Agua'' de notificar a los concesionarios a asignatarios el vencimiento de sus títulos.

Bajo este orden de ideas, es que propongo esta iniciativa de reformas con proyecto de decreto a la ley de Aguas Nacionales para quedar de la siguiente manera:

Decreto

Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar en los siguientes términos:

Art. 24 ...

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta Ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley, se cumpla con lo dispuesto en el Párrafo Segundo del artículo 22 de esta Ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia y hasta un año después de la misma.

...

...

...

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de octubre de 2004.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Wong. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con los artículos 70, 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del PRI, por conducto del de la voz, diputado Omar Bazán Flores, presenta a esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona a la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quisiera iniciar haciendo una similitud a la declaración del doctor Marcelino Cerejido en su libro Por qué no tenemos ciencia: ``En México ya tenemos investigación, el próximo paso sería desarrollar la ciencia''.

Siguiendo con la cita del doctor Cerejido: ``Año tras año las instituciones gubernamentales recomiendan a los investigadores que generen resultados aplicables en el corto plazo, y a los empresarios que conecten su producción con la ciencia y la tecnología. Pero dicha conexión no se establece, nuestro país gasta muchísimo más en patentes que en el desarrollo de su ciencia''. Con la anterior cita se demuestra que ni el gobierno ni la empresa han reflexionado sobre el gran daño, que será irrecuperable, se causa al desarrollo del país. Cuanta tecnología deja la industria petrolera, o cuantas veces hemos oído: ``Nuestras empresas no tienen el tamaño suficiente para costear la investigación''. Cuanta inversión en ciencia tuvo la transacción al privatizar Teléfonos de México, todas estas preguntas deben hacernos reflexionar sobre el papel del Estado en hacer ciencia.

Los países llamados del primer mundo ensamblaron un aparato científico-técnico-productivo y son hoy los que eligen, deciden, dominan, viven de los intereses del dinero que les debemos y nos sojuzgan con sus ejércitos si no les gusta como nos comportamos o qué mandatario elegimos. Nosotros trabajamos usando maquinas que inventaron ellos, viajamos en vehículos que ellos diseñaron, nos curamos, entretenemos y matamos con medicina, televisores, radios, bancos y armas que desarrollaron ellos.

Algunos países en desarrollo han logrado tener investigación por que está relacionada con una inteligencia, una capacitación en el nivel casi personal y cierto apoyo económico. Justamente, México tiene excelentes investigadores que publican en las mejores revistas científicas internacionales, forman parte del plantel de profesores de las mejores universidades del mundo y obtienen inclusive el Premio Nobel. En cambio no tenemos ciencia, porque ésta depende de una parte de la sociedad suficientemente poderosa para que tenga una visión del mundo compatible con ella que, lamentablemente, nuestra sociedad no ha desarrollado, ``pues mientras en el primer mundo la cultura occidental pasaba por un Renacimiento, una Reforma, una Ilustración, una revolución científica e industrial, la nuestra padecía una Contrarreforma y luego se atrapaba en un oscurantismo que aún no afloja su garra''. (Cerejido.) ``Lo que caracteriza a la ciencia no es qué sabe, sino cómo lo sabe''.

El producto principal de la ciencia es su propia forma de conocer el mundo, es lo que los científicos y sus sociedades consiguieron hacer con ellos mismos. Como lo expresa la filósofa mexicana Pérez-Ransanz: ``Han aprendido a aprender''. Las computadoras, los modelos del DNA y los antibióticos no son el producto principal de la ciencia. Si fuera así, un obispo o un rabino que saben de anestésicos, computadoras y vuelos en avión, serían mejores científicos que un físico del siglo XVIII.

Si las anteriores aseveraciones son ciertas, debemos preguntarnos si podemos hacer ciencia, si podemos crear conocimiento. Esto es la brecha que nos separa de los países del primer mundo.

Como en otros países desarrollados, la ciencia era parte de la cultura mexicana. Los sitios majestuosos arqueológicos, la creación independiente del concepto del cero en las matemáticas mayas y la existencia de una astronomía avanzada son sólo unos ejemplos. Todas estas evidencias sugieren que, aún antes del arribo de los europeos, la ciencia era parte integral de nuestra cultura.

Durante las tres centurias de coloniaje español, el desarrollo cultural de la Nueva España era totalmente dependiente de la tierra europea. Pero en el siglo XVI, sin embargo, España ya no jugaba un rol de liderazgo científico en Europa como en años anteriores, producido por el oscurantismo religioso, y hubo por lo tanto limitaciones inherentes en la colonia. Sin embargo la tarea científica no fue eliminada completamente de la Nueva España. La Real y Pontificia Universidad de México fue la primera universidad del nuevo mundo, fue fundada en 1553, únicamente 32 años después de la conquista. Durante el siglo XVIII, el Periodo de Ilustración Europea tuvo repercusiones en México, la primera revista médica (Mercurio Volante) y el primer libro de texto de fisiología (Cursus medicus mexicanus) en este continente fueron escritos en la Ciudad de México. Después de su extraordinario viaje a la América española, Alexander von Humboldt consideró el curso de metalurgia que ofrecía el Real Seminario de Minería en la ciudad de México, como de calidad comparable al mejor de España.

Y cual es el papel del Estado en el hacer ciencia.

Aunque la ciencia existe en México desde el tiempo precolombino, sólo a partir de la última mitad del siglo XX llega a ser una actividad profesional. Actualmente, la investigación científica se lleva a cabo principalmente en instituciones de educación superior y en los institutos de investigación del gobierno.

La mayor parte de los fondos para la investigación científica provienen del Gobierno Federal, por lo que las restricciones presupuestarias que se impusieron durante la última década contuvieron el crecimiento científico e intensificó el problema de la fuga de cerebros.

En el actual gobierno, las cosas no han cambiado, se han agravado. El gasto en la investigación científica ha decrecido, ahondando la crisis en el crecimiento científico y, sin duda, empujando al abandono de las nuevas generaciones el quehacer científico.

Como se asegura, la investigación científica y tecnológica la hace mayormente el Estado, ya sea a través de las Instituciones de Educación Superior Públicas o del Sistema de Centros SEP-Conacyt. Existen otros sectores en la administración federal que tienen presupuesto para hacer ciencia, como Secretarias y otros, por lo que es indiscutible que el Estado realiza la actividad científica, sin embargo la sigue considerando no prioritaria porque la ley no lo obliga, hagámosla obligatoria.

Por lo anterior, vengo a presentar la siguiente

Artículo Único: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --Federación, estados, Distrito Federal y municipios-- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

I. a IV. (quedan igual)

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos --incluidas la educación inicial y la superior-- necesarios para el desarrollo de la nación, realizara la investigación científica y tecnológica a través de las instituciones creadas para tal objeto y apoyara la investigación científica y tecnológica en las universidades e instituciones públicas donde se realice; y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Transitorio

Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pleno de la H. Cámara de Diputados, a 26 de octubre de 2004.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Bazán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

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CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Pongo a su consideración la siguiente iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, 12, 13, 14, 16, 17, 32 y 49, apartado 7, inciso a), fracción V, último párrafo y deroga el artículo 15, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Como es de todos sabido uno de los reclamos más sentidos y generalizados en nuestra sociedad, es el avance progresivo y la consolidación de un sistema democrático que cumpla de manera más eficiente con las expectativas de la gran mayoría del pueblo mexicano, que se manifieste como un verdadero mecanismo traductor de su voluntad soberana.

Segundo. De conformidad con el artículo 4° de nuestra Carta Magna, se establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero su contenido y esencia es mucho más amplia, ya que no se trata de una igualdad sólo entre géneros sino entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Todo esto en su conjunto y naturaleza de ser humano.

Sin embargo, el actual sistema electoral no respeta al 100 por ciento este principio toda vez que actualmente la ley pareciera establecer al electorado en grupos de ciudadanos de primera y de segunda, ya que al aplicarse las fórmulas de distribución de escaños de representación proporcional, implica diferencias de fuerzas decisorias entre el voto de unos y los votos de otros, ya que en tanto que en algunos casos el voto de unos cuenta hasta el doble, en otros casos ni siquiera cuenta para representar la voluntad soberana.

Tercero. En la actualidad la conformación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, está evidenciando una voluntad del pueblo mexicano cada vez más plural y diversa, por lo que los riesgos de perpetuidad en el poder de unos cuantos grupos o cúpulas partidistas, se ve cada vez más superado.

Sin embargo nuestro sistema político nacional requiere de una mayor participación proactiva y decidida por parte del electorado o en lo general del pueblo mexicano, para establecer un efectivo escenario de cogobierno y responsabilidades compartidas entre Gobierno y gobernados.

Cuarto. Cada vez se hace fuerte la demanda popular en la disminución del gasto en la burocracia y el financiamiento a los partidos, lo cual si bien por una parte evidencia una falta de información y una cierta carencia de cultura cívica y política, por otra parte alcanza a tener cierta lógica y coherencia a tal reclamo.

Quinto. El hecho de establecer dentro de nuestro sistema democrático la figura de la representación proporcional, fue con la intención primaria de que precisamente ese sector importante de la población que a través de su voto no logra colocar a sus representantes populares en los parlamentos, no se viera desdeñado y excluido el sistema político nacional, es decir, en resumen, se pretende con ello establecer un gobierno plural, tolerante, incluyente, que sume voluntades y exprese y lleve a la política la práctica de la gran mayoría del pueblo mexicano dentro de un verdadero ejercicio de democracia y soberanía.

Sexto. Ante la apatía manifiesta de un gran e importante sector del electorado en acudir a ejercer su derecho constitucional: el sufragio electoral, cada vez más evidente y manifiesto, resulta preocupante tal conducta que hace suponer por una parte que están en desacuerdo tanto con la plataforma y ofertas políticas de los partidos y sus candidatos y que ante la carencia de figuras legales mediante las cuales puedan expresar de manera efectiva su verdadera voluntad opten por no participar y con ello propiciar un clima de ilegitimidad de hecho, aunque no de derecho.

Por lo que si algún reclamo tan sentido como el hecho de pretender eliminar los espacios de representación proporcional que definitivamente no sería la solución a los problemas nacionales, suena tan fuerte que requiere de formas que permitan que el electorado se comprometa y participe de manera más eficaz.

Por ello se propone la institución de la figura del voto negativo, ofertando con esto la opción al electorado dentro de las boletas electorales la posibilidad de reducir los espacios de representación proporcional a ser asignados a los partidos en cada elección federal, esta figura contará dentro de los porcentajes de distribución de diputaciones de representación proporcional como si se tratase de otro partido, sólo para efectos de aplicación de la fórmula de distribución, lo cual por cierto también se propone una modificación de manera radical eliminando de la participación en la asignación de los plurinominales, los votos de aquellos candidatos que hubiesen triunfado en los 300 distritos federales, potencializando esto con una verdadera votación en la cual una persona cuente sólo y exclusivamente con una fuerza unitaria por voto individual ya que si un número de electores hicieron ganar a un candidato en un distrito, no es equitativo ni justo que ese mismo voto se contabilice para la asignación de más candidatos, en este caso de diputados de representación proporcional.

Séptimo. En general, las ventajas que ofrece la presente reforma son las siguientes:

Se propicie una mayor participación del electorado para configurar un sistema democrático, participativo, corresponsable y maduro, en medida de que la ciudadanía participe y exprese su voluntad, ésta se verá reflejada en su representación popular de manera más coherente y directa, dándosele el verdadero valor relativo al sufragio sin tergiversar la voluntad soberana del pueblo, ya que dependiendo de su voto podrán o no asignarse el total de los 200 espacios de representación proporcional y contabilizarse el voto de cada ciudadano en una unidad.

Un voto por ciudadano, lo cual no sucede en la actualidad ya que los votos de los partidos que ganan la mayoría de los distritos se contabilizan doble y por otra parte los votos de los ciudadanos que votan por una opción diferente, son desechados cuando no se alcanza el 2 por ciento de representación proporcional, lo que se traduce en una democracia no directa ni efectiva en razón de que los votos de algunos ciudadanos llegan a contar el doble y en su caso el triple en relatividad con los votos de aquellos ciudadanos que no logran hacer ganar a sus candidatos ni conservar al partido con el registro nacional.

Se elimina la posibilidad de que algún partido pueda tener más de 300 diputados por ambas vías, ya que si algún sólo partido llegase a ganar los 300 distritos, sus votos no serían contabilizados para la asignación de las diputaciones plurinominales toda vez que sólo se toma en cuenta la votación de aquellos distritos en los que se haya obtenido la mayoría relativa.

Por otra parte se consigue dar una verdadera pluralidad ya que si bien algunos partidos no alcanzan el 2 por ciento de la votación total emitida, perdiendo así su registro, sus votos no serán desechados sino que podrían ser y tener una representación y con ello llevar al Congreso de la Unión la plataforma expuesta en la oferta política por la que la gente votó.

Además, se generaría un ahorro en cuanto al financiamiento de partidos toda vez que si bien tanto los partidos que no alcanzaron el 2 por ciento como la votación negativa, podrían representar un porcentaje de presupuesto del financiamiento a los partidos que no serían asignados, a los partidos que sí conservan un registro en caso contrario, como sucede actualmente.

La modificación en cuanto a los artículos mencionados, van íntegros en la Gaceta Parlamentaria, por eso en obviedad de tiempo paso a los transitorios, para quedar de la siguiente forma

Transitorios

En el artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2004.

Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

Gonzalo Moreno Arévalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, 12, 13, 14, 16, 17, 32 y 49 apartado 7, inciso a) fracción V, último párrafo; y deroga el artículo 15, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Como es de todos sabido, uno de los reclamos mas sentidos y generalizados en nuestra sociedad es el avance progresivo y la consolidación de un sistema democrático que cumpla de manera más eficiente con las expectativas de la gran mayoría del pueblo mexicano, que se manifieste como un verdadero mecanismo traductor de su voluntad soberana.

Segundo. De conformidad con el artículo 4° de nuestra Carta Magna, se establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero su contenido y esencia son mucho más amplios, ya que no se trata de una igualdad sólo entre géneros sino entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto todo esto en su conjunto y naturaleza de ser humano. Sin embargo, el actual sistema electoral no respeta al cien por ciento este principio, toda vez que actualmente, la ley pareciera establecer al electorado en grupos de ciudadanos de primera y de segunda, ya que al aplicarse las formulas de distribución de escaños de representación proporcional implica diferencias de fuerzas decisorias entre el voto de unos y el voto de otros, ya que en tanto que en algunos caso el voto de unos cuenta hasta el doble en otros casos ni siquiera cuenta para representar su voluntad soberana.

Tercero. En la actualidad, la conformación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión esta evidenciado una volunta del pueblo mexicano cada vez más plural y diversa, por lo que los riesgos de la perpetuidad en el poder de unos cuantos grupos o cúpulas partidistas se ve cada ven cada vez mas superados. Sin embargo, nuestro sistema político nacional requiere de una mayor participación más proactiva y decidida por parte del electorado y en general del pueblo mexicano para establecer un efectivo escenario de cogobierno y de responsabilidades compartidas entre gobierno y gobernados.

Cuarto. Cada vez más se hace fuerte la demanda popular en la disminución del gasto en la burocracia y el financiamiento a los partidos, lo cual si bien por una parte evidencia una falta de información, y una cierta carencia de cultura cívica y política, por otra parte alcanza a tener cierta lógica y coherencia tal reclamo.

Quinto. El hecho de establecer dentro de nuestro sistema democrático la figura de la representación proporcional fue con la intención primaria de que precisamente ese sector importante de la población que a través de su voto no logran colocar a sus representantes populares en los parlamentos, no se viera desdeñado y excluido del sistema político nacional, es decir, en resumen se pretende con ello establecer un gobierno plural, tolerante e incluyente que sume voluntades, exprese y lleve a la practica la voluntad de la gran mayoría del pueblo mexicano, dentro de un verdadero ejercicio de democracia y soberanía.

Sexto. Ante la apatía manifiesta de un gran e importante sector del electorado en acudir a ejercer su derecho constitucional al sufragio electoral, cada vez más evidente y manifiesto, resulta preocupante tal conducta, que hace suponer por una parte que están en descuerdo tanto con las plataformas y ofertas políticas de los partidos y sus candidatos y que ante la carencia de figuras legales mediante las cuales puedan expresar de manera efectiva su verdadera voluntad, opten por no participar y con ello propiciar un clima de ilegitimidad de echo, aunque no de derecho, por lo que si un reclamo tan sentido como el echo de pretender eliminar los espacios de representación proporcional (que definitivamente no sería la solución a los problemas nacionales), suena tan fuerte, se requiere de formas que permitan que el electorado se comprometa y participe de manera más eficaz.

Por ello se propone la institución de la figura del voto negativo ofertando con esto la opción al electorado dentro de las boletas electorales de la posibilidad de reducir los espacios de representación proporcional, a ser asignados a los partidos en cada elección federal, esta figura contará dentro de los porcentajes de distribución de diputaciones de representación proporcional como si se tratase de otro partido, solo para efectos de aplicación de la formula de distribución la cual por cierto también se propone su modificación de manera radical eliminando de la participación en la asignación de plurinominales los votos de aquellos candidatos que hubiesen triunfado en los 300 distritos federales, potencial izando con esto una verdadera votación en la cual una persona cuente solo y exclusivamente con una fuerza unitaria por voto individual, ya que si un numero de electores hicieron ganar a un candidato en un distrito no es ni equitativo ni justo que ese mismo voto se contabilice para la asignación de más candidatos, en este caso de diputados de representación proporcional.

Sexto. En general, las ventajas que ofrece la presente reforma son las siguientes:

Se propicia una mayor participación de electorado para configurar un sistema democrático participativo corresponsable y maduro.

En la medida que la ciudadanía participe y exprese su voluntad ésta se verá reflejada en su representación popular de manera más coherente y directa dándosele el verdadero valor relativo al sufragio sin tergiversar la voluntad soberana del pueblo; ya que dependiendo de su voto podrán o no asignarse el total de los doscientos espacios de representación proporcional, y contabilizarse el voto de cada ciudadano en una unidad (un voto por ciudadano) lo cual no sucede en la actualidad ya que los votos de los partidos que ganan la mayoría de los distritos se contabilizan doble y por otra parte los votos de los ciudadanos que votan por una opción diferente son desechados cuando no se alcanza el 2% de representación proporcional lo que se traduce en una democracia no directa ni efectiva, en razón de que el voto de algunos ciudadanos lega a contar hasta el doble y en su caso el triple en relatividad con los votos de aquellos ciudadanos que no logran hacer ganar a sus candidatos ni conservar al partido con el registro nacional.

Se elimina la posibilidad de que algún partido pueda tener mas de trescientos diputados por ambas vías ya que si algún solo partido llegase a ganar los trescientos distritos, sus votos no serían contabilizados para la asignación de diputaciones plurinominales, toda vez que solo se toma en cuenta la votación de aquellos distritos en los que no haya obtenido la mayoría relativa.

Por otra parte se consigue dar una verdadera pluralidad ya que si bien algunos partidos no alcanzaran el 2% de la votación total emitida perdiendo así su registro, sus votos no serían desechados sino que podría tener representación y con ello llevar al congreso de la unión la plataforma expuesta en la oferta política por la que votaron.

Además, se generaría un ahorro en cuanto al financiamiento de partidos, toda vez que si bien tanto los partidos que no alcanzaron 2% como la votación negativa podrán representar un porcentaje del presupuesto del financiamiento a los partidos que no sería asignado a los partidos que sí conservan su registro, caso contrario que como sucede actualmente.

Por otra parte, esto generaría una nueva cultura de participación social más madura y proactiva en general, propiciando que en los partidos sea una practica creciente la búsqueda y postulación de los mejores hombres y mujeres con capacidad, ética, visión social y amplia solvencia moral en beneficio de todos y de la nación.

Se limita el manipuleo de cúpulas partidistas en las concertacesiones de postulación de amiguismos y compadrazgos, ya que la opción de llegar al poder la daría como debe de ser en toda democracia que se precie de serlo en verdad la voluntad soberana del electorado, en un mayor grado que como sucede en la actualidad.

Se posibilita la opción de reducir el número de diputados en el congreso de la unión a voluntad del electorado, permitiéndose así un ahorro significativo de presupuesto y posibilita con base en una conformación incierta la desaparición de las especulaciones y la presencia de mayorías que destraben la labor parlamentaria, pero que además, estas se den en un escenario de pluralidad y concertación política responsable.

Se plantea una solución a las cada vez más claras y generalizadas demandas sociales de los mexicanos y la posibilidad de conformar un sistema democrático verdadero que sirva como real y eficaz traductor de la voluntad soberana del pueblo de México, a través de una votación mas directa y sin dobles fondos en la ley que distorsione, la intencionalidad original del electorado.

Séptimo. Para hacer posible la presente reforma se plantea modificar los artículos 52, 53 y 54 de La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: en el artículo 52 se agrega la palabra ``hasta'' quedando ``hasta 200 diputados'' con lo cual en la redacción se establece que puede o no llegar a ese número dependiendo de la voluntad del electorado.

En el caso del artículo 53, se agregan en el segundo párrafo las palabras `` escaños para'' y ``plurinominales'' con la intención de hacer coherente la redacción en el sentido de que lo que se elige son espacios en esencia, y ante la posibilidad del voto negativo algunos espacios sean asignados a esta votación sin que se trate de personas en realidad.

Por otra parte, respecto del artículo 54, se agregan las palabras ``espacios para'' en su primer párrafo, siguiendo la lógica planteada en el artículo anterior. En cuanto a la fracción II, se propone una nueva redacción con la finalidad de establecer la posibilidad de que los espacios de representación proporcional sean ocupados de manera alterna entre las listas plurinominales de los partidos y las listas conformadas con base en resultados obtenidos por aquellos candidatos perdedores con mayor porcentaje de participación, legitimando con ello en un mayor grado a los diputados plurinominales, además de que se elimina la condicionante del requisito del 2% de votación total emitida para acceder a espacios de representación proporcional, posibilitando con ello que un sector importante de votantes sea representado y cuente su voto igual que el de los demás tal y cual lo consagra el artículo cuarto constitucional; además en la fracción III se agrega la figura de la votación nacional de representación proporcional, como el elemento base para la asignación de espacios de representación proporcional, que representa todos los votos de aquellos candidatos que no ganaron algún distrito mas los votos negativos que expresan la voluntad ciudadana de no asignar más espacios a otros candidatos o partidos.

En cuanto a las fracciones IV, V y VI, éstas se derogan toda vez que mediante la aplicación de la nueva fórmula es matemáticamente imposible que algún partido pueda alcanzar más de 300 diputaciones por ambos principios.

Octavo. En cuanto a la propuesta de reforma del artículo 11 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone la modificación en el mismo tenor que el artículo 52 Constitucional citado en el punto anterior, pero además se repite el sentido de la reforma planteada al artículo 54 constitucional en la asignación alterna de diputaciones plurinominales entre las listas registradas por los partidos y las listas resultantes de los candidatos de representación proporcional que contendieron en la elección de mayoría relativa y no ganaron el distrito, con base en sus mejores resultados.

Respecto del artículo 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se modifica en el sentido de establecer todas las definiciones de los factores para la aplicación de la formula de distribución de diputaciones de representación proporcional, con lo que se le da una claridad lógica y coherente al procedimiento de aplicación de la formula respectiva, y se elimina el requisito del 2% de la votación nacional para acceder a las diputaciones de representación proporcional, con lo que se deja de invalidar y poner oídos sordos a la votación de esos partidos para colocar en igualdad de derechos democráticos tanto a los que votan por un partido de mayoría como a los que optan por los partidos en crecimiento, pero por otra parte se elimina la condicionante de que ningún partido pueda alcanzar mas de 300 diputaciones por ambas vías (mayoría relativa y representación proporcional) toda vez que pasa a ser obsoleta, en función de que con la aplicación de la nueva formula resulta matemáticamente imposible que se pueda dar este supuesto.

En atención al artículo 13 del ordenamiento legal antes citado, se establece verdaderamente una fórmula de proporcionalidad pura de forma certera y no como actualmente se contempla, ya que se propone la introducción y aplicación de las nuevas figuras y definiciones previstas en la reforma propuesta del artículo 12 previamente citado y explicado.

En tanto, en el artículo 14 se establece el complemento de la aplicación de la formula con los elementos de votación nacional de representación proporcional, votación de participación minoritaria y votación negativa, para la distribución verdadera de los espacios de representación proporcional, e igualmente como en otros artículos citados se elimina de la redacción la limitante de alcanzar mas de 300 diputaciones por ambas vías, al tenor de lo ya argumentado en renglones anteriores.

Asimismo, se deroga el artículo 15, por razón de no tener sentido su supuesto ya que matemáticamente no se puede alcanzar por ningún partido más de 300 diputaciones por ambas vías.

Con relación al artículo 16, se continúa con el complemento de la fórmula, sólo que ahora se establece el cociente de distribución regional por partido sin que se busque como fin principal que cada circunscripción cuente con un numero de diputaciones predeterminado, tal y como se prevé actualmente ya que al cambiarse a un sistema de representatividad de proporcionalidad pura y efectiva no se puede preestablecer cual será el resultado, ya que éste dependerá directamente de la participación y el sentido del voto del electorado, pudiendo en consecuencia no ser un numero igual de diputaciones para cada circunscripción en proporcionalidad directa con su participación.

Respecto del artículo 17, éste reviste una importancia muy relevante, ya que ante una nueva cultura política generalizada es natural que la gente empiece a votar más por candidatos que por partidos, lo que sin duda es algo muy lógico y maduro, pero además se incentiva con la nueva modalidad que los candidatos que hicieron su mejor esfuerzo y que representan una opción verdadera de avance tengan la oportunidad de acceder al poder por derecho natural, ya que sin duda los diputados de mayoría es a quienes se debe en mayor medida la captación de votos para un partido y por ende, justo es que tengan una segunda oportunidad de llegar al Congreso y a la representación popular atendiendo a la voluntad soberana del electorado, y con esto se posibilita la tendencia a desaparecer de los controles excesivos de las dirigencias y cúpulas partidistas en muchos de los casos.

Por otra parte, en referencia al artículo 32, se adecua a la reforma estableciéndose que aparte de que la pérdida del registro no tiene efectos sobre los triunfos de mayoría relativa, tampoco lo tengan sobre los de representación proporcional, ya que como, se ha mencionado el hecho de que un partido no alcance 2% de la votación total emitida, no lo relega de la posibilidad de obtener alguna diputación que por cierto en varios casos puede incluso bastarle su sola votación para alcanzar el cociente nacional de representación proporcional.

Por último, y atendiendo tanto a las demandas populares, así como a la lógica, la razón y la cordura, y en especial al citado principio de proporcionalidad pura al que se refiere el artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es de observarse por imperiosa necesidad la aplicación cabal de dicha proporcionalidad en la traducción de la voluntad soberana del pueblo mexicano expresado en las urnas ya que si en razón de la votación total emitida hubo un porcentaje determinado de electores que decidieron darle esa proporcionalidad respecto del total, lo lógico es que ese porcentaje se respete, no incrementándolo ni disminuyéndolo, salvo el caso de los partidos que pierden su registro y que en tal caso pierden sus derechos y prerrogativas, por tanto el financiamiento que se otorga a los partidos del cual el 30% del presupuesto proyectado para este fin se distribuye igualitariamente entre los partidos que conservan su registro en tanto que el 70% que se distribuye conforme a su porcentaje de votación, debe por justicia social sea igual a su porcentaje nacional de la votación total emitida, ni más ni menos. Ya que no es la voluntad de los votantes que sufragaron por otro partido que perdió su registro, que lo que le correspondería a estos se redistribuya entre aquellos que si conservan el registro, mejor aun resulta regresar ese presupuesto al erario federal respetando al pie de la letra la voluntad del pueblo mexicano, y en especial de aquellos mexicanos que si tienen un alto sentido de responsabilidad para con su nación y lo demuestran acudiendo a votar.

Por lo expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, 12, 13, 14, 16, 17, 32 y 49, apartado 7, inciso a), fracción V, último párrafo; y deroga el artículo 15, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, 12, 13, 14, 16, 17, 32 y 49 apartado 7, inciso a) fracción V, último párrafo; y deroga el artículo 15, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 52

La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53

La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 escaños para diputados plurinominales según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54

La elección de los 200 espacios para diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

II. Todo partido político con base en sus listas regionales de las circunscripciones plurinominales alternándose con las listas resultantes de la votación nacional de representación proporcional en forma descendente, en los términos de la ley, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional de representación proporcional emitida, el número de diputados de sus dos listas regionales que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes, alternando la lista registrada por el partido, con la lista conformada con base en la votación nacional de representación proporcional en forma descendente, comenzando por la lista registrada por el partido.

IV. Se deroga.

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 11

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas y alternadas con las listas conformadas de votación de representación proporcional en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

2. a 4. ...

Artículo 12

Para los efectos de la aplicación del artículo 54 de la Constitución y de la formula prevista en la presente ley, se entiende por:

I. Votación total emitida: la suma de todos los votos depositados en las urnas;

II. Votación nacional válida: la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos nulos;

III. Votación nacional nula: la suma de todos los votos nulos mas los votos depositados por candidatos no registrados;

IV. Votación nacional de mayoría relativa: la suma total de los votos de los candidatos que ganaron los trescientos de mayoría relativa;

V. Votación nacional de representación proporcional: la suma de los votos de todos los candidatos que no ganaron alguno de los trescientos distritos de mayoría relativa, mas la votación nacional negativa;

VI. Votación nacional válida: es la suma de la votación total emitida menos el total de la votación nula;

VII. Votación nacional de participación minoritaria: es la suma de todos los votos de aquellos partidos que no alcanzaron el 2% de la votación total emitida;

VIII. Votación nacional negativa: es la suma de todos los votos negativos, que expresan la voluntad democrática del electorado en el sentido de que no aceptan ningún candidato ni partido, y en consecuencia no aceptan la asignación de espacios de representación proporcional a los partidos y candidatos contendientes en la elección;

IX. Cociente nacional: es el resultado de la división de la votación nacional de representación proporcional entre las 200 diputaciones de representación proporcional;

IX. Cociente de distribución regional: es el resultado de la división de la votación nacional de representación proporcional por partido (que hayan alcanzado el 2% de la votación total emitida) entre el número de diputaciones a las que tiene derecho cada partido, después de aplicada la formula del cociente nacional.

IX. Cociente de distribución de participación minoritaria: es el resultado de la división de la suma de los votos de todos los partidos que no alcanzaron el 2% de la votación total emitida, entre el número de diputaciones plurinominales que les corresponden en conjunto después de aplicarse la fórmula del cociente nacional.

Artículo 13

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente nacional de representación proporcional;

b) Cociente regional; y

c) Resto mayor.

2. Cociente nacional de representación proporcional: es el resultado de dividir la votación nacional de representación proporcional entre las 200 diputaciones de representación proporcional.

3. Cociente regional: es el resultado de la división de la votación nacional de representación proporcional por partido (que hayan alcanzado el 2% de la votación total emitida) entre el número de diputaciones a las que tiene derecho cada partido, después de aplicada la formula del cociente nacional.

4. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político y de la opción del voto negativo, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente nacional y en su caso, mediante el cociente regional y/o el cociente de distribución minoritaria. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Artículo 14

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) Se determinarán las diputaciones que se le asignarían a cada partido político, a la votación de participación minoritaria y la votación negativa, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente nacional de representación proporcional; y

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente nacional de representación proporcional quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos, de la votación de participación minoritaria y de la votación negativa en la asignación de curules.

2. Se deroga.

3. Se deroga.

Artículo 15

Se deroga.

Artículo 16

1. Para la asignación de diputaciones por circunscripción que le corresponden a cada partido, se procederá como sigue:

a) Se dividirá la votación nacional de representación proporcional, obtenida por cada partido entre el número de diputaciones que le corresponde, para obtener el cociente de distribución regional;

b) La votación nacional de representación proporcional obtenida por cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción plurinominal se le asignarán; y

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución regional quedaren diputados por distribuir, se utilizará el resto mayor de votos que en cada circunscripción tuviere cada partido político, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente.

Artículo 17

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas, alternándose con la lista de candidatos con mejores resultados por partido, siguiendo un orden decreciente en cuanto a su porcentaje de votación de representación proporcional en cada uno de los distritos en los que haya contendido.

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este código.

2. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa o de representación proporcional.

3. El partido político que hubiese perdido su registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta, sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario.

Artículo 49

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

2. a 7. ...

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: I. a IV. ...

V. La suma del resultado de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, según corresponda, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:

-- El 30% de la cantidad total que resulte, se entregará en forma igualitaria, a los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión.

-- El 70% restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación total emitida, que hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.

VI. a VIII. ...

b) ...

c) ...

8. a 11. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 17 DEL 26 de OCTUBRE de 2004

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LEY DE NACIONALIDAD
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad

HONORABLE ASAMBLEA:

El 13 de septiembre del presente año, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, para que no se establezca plazo alguno en el beneficio de la doble nacionalidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral seis, incisos d, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe procedió al estudio y análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma constitucional del 20 de marzo de 1997 en materia de nacionalidad, establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Aun cuando no se habla de doble o múltiple nacionalidad, el mexicano por nacimiento que adopte por otra u otras nacionalidades no perderá su nacionalidad mexicana.

Esta reforma tuvo como encomienda establecer la No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, con el objeto de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan optar por la adquisición de otra nacionalidad, con todos los beneficios que ello implique, sin perder su nacionalidad mexicana.

Dichos beneficios son, entre otros, el mejoramiento de las condiciones de vida del mexicano residente en un país extranjero al adquirir la nacionalidad del lugar, lo cual se traduce en mayores medios de protección contra cualquier tipo de discriminación y mejores perspectivas económicas, sociales y culturales.

Son tres las reformas básicas a la Constitución:

El Artículo 30.- Define quienes son mexicanos por nacimiento:

Los nacidos en territorio nacional.

Los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos.

Los nacidos en el extranjero, hijos de padres naturalizados mexicanos.

Los nacidos en embarcaciones o aeronaves mexicanas.

El Artículo 32.- Establece normas para evitar conflictos por doble nacionalidad y aclara que para el ejercicio de ciertos cargos y funciones oficiales se requiere ser mexicano por nacimiento y no obtener otra nacionalidad.

El Artículo 37.- Señala claramente que ningún mexicano por nacimiento podrá perder la nacionalidad, sólo se podrá perder en el caso de ser mexicano por naturalización.

Al efecto, el 23 de enero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Nacionalidad que regula la aplicación de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Ley entró en vigor el 20 de marzo de 1998.

La reforma constitucional al artículo 37 habla de un beneficio al cual podrán acogerse aquellos mexicanos que hayan adquirido otra u otras nacionalidades.

Para el otorgamiento de este beneficio constitucional se expedirá una Declaración de Nacionalidad Mexicana, para lo cual no será necesaria la estancia del interesado en el país.

Esta Declaración se expide únicamente a los mexicanos por nacimiento que ya adquirieron otra nacionalidad y que lo acrediten con el pasaporte extranjero, el certificado de naturalización o cualquier otro documento que compruebe la adquisición de la nacionalidad extranjera.

Es necesario que tomemos en consideración que esto era una situación transitoria, ya que sólo tenían cinco años a partir de que entró en vigor la reforma, para poder acogerse al mencionado beneficio.

Este término se estableció con la intención de que los mexicanos que realmente desearan continuar con su nacionalidad de origen, acudieran a realizar su trámite, mientras que aquellas personas que no lo hicieran en el plazo que se estableció, se entendería que no deseaban conservar su nacionalidad mexicana.

Después de transcurrido dicho plazo, se vio la necesidad de suprimir el término establecido, ya que así era el reclamo popular, por lo que la Cámara de Senadores promovió el 25 de marzo de 2003 una reforma constitucional para suprimir el plazo establecido por nuestra Carta Magna, misma que fue aprobada por la Colegisladora el 22 de octubre del mismo año.

En este tenor, la Comisión Permanente realizó el cómputo constitucional de las entidades federativas que aprobaron dicha reforma, en Sesión Plenaria de fecha 2 de junio de 2004, remitiéndola para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la que se hizo el día 22 de julio del mismo año.

En este orden de ideas, quienes suscribimos la presente, consideramos procedente la presente minuta con proyecto de decreto, toda vez que con el ánimo de perfeccionar nuestra leyes es necesario reformar el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Nacionalidad para establecer lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a los artículos 30, 32 y 37 de dicho ordenamiento.

El artículo 9 del Código Civil Federal establece el principio de derecho que señala que ``la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior cuando así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la anterior''.

En consecuencia y toda vez que el decreto que reformó el artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a los artículo 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hizo ningún señalamiento expreso que derogara las disposiciones contrarias a lo reformado, estas Comisiones que aquí dictaminan estiman oportuna la propuesta para que no se establezca ningún plazo para los mexicanos que desean adquirir la nacionalidad mexicana, en virtud de que si la Carta Magna ha sido modificada en ese aspecto, la legislación secundaria a la que impacta dicha reforma, es decir, la Ley de Nacionalidad, siga el mismo camino.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR El QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE NACIONALIDAD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción primera del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Nacionalidad para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

ARTÍCULOS PRIMERO Al TERCERO.-....

ARTÍCULO CUARTO.- Para beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 37, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interesado deberá:

I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajadas o Consulados Mexicanos, en cualquier tiempo.

II.....

III.....

ARTÍCULO QUINTO.-....

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica en abstención), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Marco Antonio Torres Hernández.»

Es de primera lectura.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Agosto 19, 2004.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 28 de julio de 2004 fue remitida a esta Comisión de Hacienda y Crédito Publico la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el Senador Rubén Zarazúa Rocha del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Gustavo Madero Muñoz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

El pasado 2 de abril de 2004 esta Soberanía aprobó la reforma al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal propuesta a través de la minuta enviada por el Senado de la República; ésta se refería a precisar el plazo límite para la firma de los convenios a celebrar entre las partes integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no contemplaba modificar dicho artículo en relación a la actual estructura del Poder Ejecutivo Federal, en particular respecto a las atribuciones en materia de seguridad pública por parte de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública.

Descripción de la Iniciativa

La Iniciativa señala que antes del 30 de noviembre de 2000, correspondía a la Secretaría de Gobernación participar en las tareas relativas a la seguridad pública, pero con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en la fecha mencionada, estas atribuciones se trasladaron a esta última dependencia.

Agrega la Iniciativa que el artículo 44 de la norma citada establece las bases para la constitución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como las atribuciones que corresponden a las dependencias del Ejecutivo Federal en la materia, concretamente en lo relativo a la integración del citado Fondo, así como los criterios para su distribución.

Subraya la propuesta que el texto vigente atribuye las facultades mencionadas a la Secretaría de Gobernación cuando en realidad, a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, corresponde a esta última presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y tiene además adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como Órgano Desconcentrado para operar en materia de coordinación como lo señala el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000.

Consideraciones de la Comisión

Esta Comisión dictaminadora considera necesario actualizar el texto correspondiente a los párrafos primero y tercero del citado precepto de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de otorgar seguridad jurídica a las Entidades Federativas, como sujetos a beneficiar a través de los Convenios de colaboración en materia de seguridad pública.

Al respecto y para evitar que dicha situación continué afectando a las entidades federativas, la que dictamina considera necesario cambiar la redacción de los párrafos mencionados del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que sea la Secretaría de Seguridad Pública y no la Secretaria de Gobernación la dependencia que formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta para la Integración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como que proponga a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública los criterios para su entrega.

En tal sentido, la Comisión de Hacienda y Crédito Público estima procedente la modificación propuesta en la Iniciativa al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la aprobación del siguiente dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá a cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.

...

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación antes mencionada.

...

...

Transitorio

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil cuatro.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora, José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agun-dis Arias, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández, Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías, Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González.»

Publicados en la Gaceta Parlamentaria y son de primera lectura.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Obra en poder de esta Presidencia, solicitud de la Junta de Coordinación Política a efecto de que el punto de acuerdo que exhorte a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pronunciarse, para que termine el bloqueo contra la nación cubana, suscrita por los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, se presente, se discuta y se vote en este momento en virtud de los tiempos de la propia Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

Luego entonces, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para tratar este asunto en este momento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para el punto propuesto.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

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REPUBLICA DE CUBA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En tal virtud tiene la palabra el diputado Juan Pérez Medina para presentar el punto.

El diputado Juan Pérez Medina: Gracias, Presidente. Este punto de acuerdo es presentado suscrito por los partidos de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el Partido de Convergencia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de mayo el gobierno de Estados Unidos dictó nuevas medidas contra la nación cubana. Entre ellas se limita el envío de remesas de dinero solamente a familiares de línea directa y que no sean funcionarios del gobierno cubano o miembros del Partido Comunista, lo que disminuirá notablemente los envíos. Reducir las visitas a la isla de cubanos-norteamericanos de un viaje anual a 1 cada 3 años y sólo con derecho para visitar familiares directos.

No se permitirán viajes excepcionales aunque haya situaciones de urgencia de gravedad en el caso de un familiar. Las visitas a Cuba se limitarán a 14 días y solamente se autorizarán gastos de 50 dólares diarios.

Se restringe el envío de paquetes, se continúa restringiendo el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y de intercambio académico a ciudadanos e instituciones norteamericanas.

Pero las acciones contra Cuba por la administración de George Bush han ido más lejos, creando la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, que es un plan del gobierno de Estados Unidos dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía mediante la intensificación de la agresión económica y política con el propósito de lograr la desestabilización interna de esa nación.

Sus acciones han abarcado la esfera económica, comercial y financiera y han dictado medidas y leyes con alcance extraterritorial, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco o muro de sanciones creado para bloquear a Cuba.

La evaluación económica de los daños directos sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del bloqueo llega a los 80 mil millones de dólares, según investigaciones efectuadas por instituciones especializadas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reunión del próximo 28 de octubre posiblemente apruebe, por decimatercera vez, una resolución condenando el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la nación cubana.

Esta condena ahora es de mayor importancia por el fortalecimiento del bloqueo de más de 40 años con la imposición de las nuevas medidas mencionadas, así como por el incremento de la peligrosa agresividad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y por su belicismo inhumano demostrado en Irak.

No podemos seguir permitiendo esta agresión y pedimos que unamos nuestras voces a las de otros y estemos atentos ante la agresividad del gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo como un caso de urgente y obvia resolución, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Punto de Acuerdo

Unico. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de su representación en las Naciones Unidas, apoye una resolución planteando la suspensión del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la nación cubana.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pronunciarse para que termine el bloqueo contra la nación cubana, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, suscrita por los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y del Trabajo

El suscrito diputado federal Juan Pérez Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de mayo, el gobierno de los Estados Unidos dictó nuevas medidas contra la nación cubana, entre ellas:

1. Se limita el envío de remesas de dinero solamente a familiares de línea directa, y que no sean funcionarios del gobierno cubano o

2. miembros del Partido Comunista. Lo que disminuirá notablemente los envíos.

3. Reducir las visitas a la isla de cubanos-norteamericanos de un viaje anual a uno cada tres años y solo con derecho para visitar a familiares directos.

4. No se permitirán viajes excepcionales aunque haya situaciones de urgencia (gravedad de un familiar).

5. Las visitas a Cuba se limitan a 14 días y solamente se le autoriza a gastar 50 dólares diarios.

6. Se restringe el envío de paquetes a Cuba.

7. Continua restringido el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y de intercambio académico a ciudadanos o instituciones norteamericanas.

8. La administración de Bush ha decidido pagar ``recompensa'' a quienes identifiquen a ``violadores'' de las nuevas disposiciones. Una medida que recuerda las hordas hitlerianas.

Pero las acciones contra Cuba por la administración de George W. Bush han ido más lejos, creando la ``Comisión de Ayuda a una Cuba Libre'', es un plan del gobierno de los Estados Unidos, dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía mediante la intensificación de la agresión económica y política con el propósito de lograr la desestabilización interna, propiciar la intervención directa para destruir la Revolución y perpetuar la dominación de los Estados Unidos sobre el pueblo de Cuba. Sueños que tienen desde que se constituyeron como la Unión Americana.

La falta de medicamentos y de materias primas para la industria farmacéutica, ha provocado sufrimientos en niños enfermos de cáncer, la falta de medicamentos para adultos y ancianos. La importación limitada de alimentos por parte de Cuba es otra de las grandes consecuencias, así como de materias primas para sus producciones, para el alimento de animales. Sería interminable poner ejemplos.

Sus acciones han abarcado la esfera económica, comercial y financiera y han dictado medidas y leyes con alcance extraterritorial, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco o muro de sanciones creado para bloquear a Cuba. Duros golpes al pueblo cubano, pero no han cumplido su objetivo fundamental, doblegar la nación cubana.

La evaluación económica de los daños directos sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del bloqueo llega a los 80 mil millones de dólares, según investigaciones efectuadas por instituciones especializadas.

La Asamblea General de Naciones Unidas en su reunión del próximo día 28 de octubre, posiblemente apruebe por décima tercera vez una resolución condenando el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación cubana.

Esta condena ahora es de mayor importancia, por el fortalecimiento del bloqueo de más de 40 años con la imposición de las nuevas medidas mencionadas, así como por el incremento de la peligrosa agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y por su belicismo inhumano, demostrado en Irak.

Los movimientos de solidaridad con Cuba, organizaciones y amigos, están uniendo sus voces para solicitarle a los países integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su próxima reunión del 28 del presente mes condenen el injusto e ilegal bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación cubana por más de 40 años y que se ha incrementado en el presente año.

No podemos seguir permitiendo esta agresión, unamos nuestras voces y estemos atentos ante la agresividad del gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana.

Ante lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo como un caso de urgente y obvia resolución, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Asamblea General de Naciones Unidas para que aprueben una resolución condenando el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación cubana.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de octubre de 2004.--- Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces declara suficientemente discutido el punto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis; VI del artículo 91 y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 197 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis y VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76 BIS FRACCIÓN V Y 91 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada en fecha 15 de Abril de 2004, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada Rosalina Masari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que Reforma los artículos 76 bis fracción V y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante el oficio D.G.P.L., 59-II-2-503., dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente, el cual se emite al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Iniciativa de reforma que se propone, es de considerarse sustentable tanto en la forma como en el fondo y con un beneficio social dirigida hacia un grupo en específico, respecto del cual en la sociedad actual, se le ha estado protegiendo y reconociendo derechos. Ahora bien, considerando que estos dos grupos vulnerables, esto es, tanto los adultos mayores, como los discapacitados permanentes, cuentan con ciertos ordenamientos jurídicos que protegen y defienden sus derechos más elementales, la doctrina y la práctica jurídica dan cabida a la reforma que se plantea.

SEGUNDA.- La Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es reconocida como el instrumento que garantiza y protege a los ciudadanos en contra de los actos de autoridad que violentan sus derechos más fundamentales y cuenta con diversos principios de aplicación procesal que hacen efectiva la impartición de justicia. Por ejemplo: el espíritu que anima el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, cuenta con un carácter proteccionista de parte de los tribunales de amparo, y es por ello que funciona en favor de menores de edad e incapaces; por lo tanto, se observa atendible y benéfica en favor del pueblo de México una reforma que amplíe su catálogo de defensa bajo la tutela de este principio. Así, considerar sujetos de protección bajo el auspicio del Principio de la Suplencia de la Deficiencia de la queja a dos grupos vulnerables como lo son los adultos mayores y los discapacitados permanentes, sin duda alguna, impulsa un mejor sistema de justicia.

TERCERA.- Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, apoya la reforma en comento, en vista de la concordancia jurídica que existe entre la reforma propuesta y la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, ya que esta última, en su Capítulo correspondiente, señala que los adultos mayores tienen derecho a la certeza jurídica dentro de cualquier procedimiento judicial y esto, incluye desde luego al Juicio de Garantías.

CUARTA.- Por lo que hace a la reforma propuesta del artículo 91 fracción VI de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta congruente, ya que los adultos mayores o los discapacitados permanentes, eventualmente pueden ser asesorados por litigantes con falta de conocimientos efectivos en materia de Amparo, y que sólo por ganar dinero, no se apliquen al conocimiento real del caso y dejen en flagrante estado de indefensión a alguno de estos grupos; es por ello que si la reforma propuesta se aprueba, garantizamos aun más, el efectivo acceso a la impartición de justicia, para aquellos grupos jurídicamente vulnerables. Así, agregar a la fracción VI del artículo de mérito solo cuatro palabras y que con ello se procure un avance legislativo tan importante, es dar muestra de reformas que garantizan un adecuado acceso a la justicia federal y de igual manera, conscientes de la importante labor que desarrollan los Órganos Jurisdiccionales Federales, en Materia de Amparo, se concluye con el hecho de que resulta viable la reforma, ya que no implica mayores cargas de trabajo, ni costos económicos que sean pretexto para no poder llevar a cabo de manera pronta y ágil, la revisión de los agravios expuestos que, de resultar procedentes, deban ser análisis para suplir la deficiencia de queja en los Juicios de Amparo.

QUINTA.- Aunado a todo lo anterior, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y por todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos, al continuar con la revisión sistemática de la Ley que ahora se pretende sea reformada y que abordamos en este Dictamen, hemos apreciado que también se debe reformar el último párrafo del articulo 161, para quedar como sigue:

ARTICULO 161.- Las violaciones a las Leyes del Procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al Juicio.

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas:

I...

II...

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Con esta reforma, como se menciona precisamente en la exposición de motivos, lo que se propone es, en efecto, que los adultos mayores y discapacitados permanentes también reciban este beneficio procesal de suplir sus deficiencias en los conceptos de violación establecidos en su demanda de amparo o agravios, ya que el amparo es la última instancia que un individuo tiene para salvar su libertad, patrimonio y dignidad. Por ello, esta posición se comparte en el sentido de que, efectivamente, para muchos ciudadanos y ciudadanas adultas y/o discapacitados, el Juicio de Amparo es la última autoridad del Estado Mexicano, en quien depositan su esperanza de salvaguardar la libertad, bienes y propiedades.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, convencidos de la efectividad de la reforma en comento, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V DEL ARTICULO 76 BIS, VI DEL ARTICULO 91 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 161 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V del artículo 76 bis, VI del artículo 91 y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76 bis.- ...

I. a IV. ...

V. En favor de los menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

VI. ...

Artículo 91.- ...

I. a V. ...

VI.- Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.

Artículo 161.- ...

.....

I. a II. ...

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores de edad, incapaces, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciséis de junio de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez del Campo, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general. En virtud de que no se han registrado oradores, se considera suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular.

Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

La diputada Marbella Casanova.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): Casanova Calam a favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: El diputado Jorge Martínez Ramos, ¿el sentido de su voto?

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿La diputada Mendoza?

La diputada Ma. del Carmen Mendoza Flores (desde su curul): A favor.

¿El diputado Huberto Aldaz?

El diputado Huberto Aldaz Hernández (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿Diputado González Huerta?

El diputado Víctor Ernesto González Huerta (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿Leonardo Alvarez Romo?

El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se emitieron 353 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis, VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri, Lizette Zúñiga Sánchez, Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz, Agustín Torres Cortés, Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva, Ricardo Tejeda Colín, Héctor Avendaño Andrade, Cordelia Guajardo González, Agustín Herrera Mendoza y Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se les dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 22 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri y Lizette Zúñiga Sánchez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 29 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Ivonne Adriana González Moreno, para prestar servicios como Empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Lorena Eugenia Huidobro Picazarri, para prestar servicios como Operador de Sistemas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Lizette Zúñiga Sánchez, para prestar servicios como Secretaria, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficios fechados el 13 y 22 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz y Agustín Torres Cortés, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chih. y en Hermosillo Sonora.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus Actas de Nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chih. y en Hermosillo Sonora, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Hernández Leyva, para prestar servicios como Operador Telefónico en la Sección del Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana María Josefina Domínguez Concha, para prestar servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Maribel Gutiérrez Ortiz, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Agustín Torres Cortés, para prestar servicios como Ingeniero en Sistemas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 21 de septiembre de 2004, la Honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos mexicanos Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva y Ricardo Tejeda Colín, para que puedan prestar sus servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, Distrito Federal, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 28 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del Acta de Nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, Distrito Federal, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y al Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mirella Martínez Acosta, para que pueda prestar sus servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano José Alejandro Jácquez Escobar, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Rogelio Vázquez Lerma, para que pueda prestar sus servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mayra Angélica García Vega, para que pueda prestar sus servicios como Operadora de Teléfono, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Silvia Marvelia Castañeda Solano, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Salomón Murillo Villanueva, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ricardo Tejeda Colín, para que pueda prestar sus servicios como Técnico en Ingeniería Eléctrica en la Sección de Mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 29 de septiembre de 2004.--- Por la Comisión de Gobernación: Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos HÉCTOR AVENDAÑO ANDRADE, CORDELIA GUAJARDO GONZÁLEZ, AGUSTÍN HERRERA MENDOZA Y JESÚS AURELIO MACIAS URIBE, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Dinamarca, del Reino Unido y de Turquía, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Dinamarca, del Reino Unido y de Turquía, en México serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C), del artículo 37 Constitucional y al Segundo Párrafo del Artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Héctor Avendaño Andrade, para prestar servicios como Jardinero, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Cordelia Guajardo González, para prestar servicios como Asesora Política y Encargada de Proyectos, en la Embajada del Reino Unido, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Agustín Herrera Mendoza, para prestar servicios como Cocinero, en la Embajada de Turquía, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios como Chofer, en la Embajada de Turquía, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 30 de septiembre de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas: Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri y Lizette Zúñiga Sánchez, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Adelante la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz y Agustín Torres Cortés, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Hermosillo, Sonora, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva y Ricardo Tejada Colín, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Héctor Avendaño Andrade, Cordelia Guajardo González, Agustín Herrera Mendoza y Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca, del Reino Unido y de Turquía en México, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra y para efectos del 134, se pregunta a la Asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiéndose reservado ningún artículo, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se ruega a la Secretaría instruya a la apertura del sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

De viva voz:

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): A favor;

El diputado David Hernández Pérez (desde su curul): Sí.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera (desde su curul): A favor;

El diputado Córdova (desde su curul): A favor.

El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde su curul): A favor.

El diputado Francisco Xavier López Mena (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se emitieron 353 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los proyectos de decreto por 353 votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la Iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 párrafo primero, 72 y 73, fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTESI. Con fecha 3 de marzo de 2004, la Diputada Marcela Guerra Castillo integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, la Iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

II. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó esta iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 30 de junio de 2004, la Diputada Marcela Guerra Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación para que dictaminara a la brevedad la iniciativa de referencia, basada en la trascendencia de la reforma propuesta. En esa misma fecha la Presidencia de la Comisión Permanente formuló la excitativa correspondiente.

IV. En sesión plenaria de la Comisión de Gobernación de fecha 21 de julio de 2004 se sometió a consideración de los diputados integrantes de la misma, la iniciativa de referencia, acordando dictaminarla en sentido positivo.

V. El anteproyecto de dictamen respectivo se presentó a los miembros de la Comisión de Gobernación en sesión plenaria de fecha 29 de septiembre de 2004, siendo aprobado por 15 votos a favor.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. En lo General

1. Que con fecha 29 de diciembre de 1978 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que tenía por objeto regular el funcionamiento del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tuvo a su cargo la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal.

2. Que con la reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 30 de julio de 1999, se dio origen a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano técnico de la Cámara de Diputados responsable de la fiscalización de los recursos de la Federación y quedaron establecidas las bases para que el Congreso de la Unión expidiese un ordenamiento jurídico a fin de regular el funcionamiento de la entidad superior de fiscalización y así contar con herramientas eficaces que transparentasen la actuación del nuevo órgano en la revisión de la gestión financiera del Ejecutivo Federal.

3. Que el 29 de diciembre de 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

4. Que estas reformas representaron un paso fundamental en el proceso de reforma del Estado, y que han coadyuvado de manera importante a que el ejercicio de la función pública sea más transparente y a que se rinda cuentas con oportunidad sobre el uso honesto y eficiente de los recursos públicos.

5. Que desde la entrada en vigor de la Ley citada se han detectado, en la práctica que una parte de los recursos públicos quedan, sin razón jurídica alguna, ajenos a los procedimientos de fiscalización en virtud de que un número importante de fideicomisos, fondos y mandatos que reciben fondos federales, no rinden cuentas, ya que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

6. Que esta situación neutraliza, en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de vigilar el origen, administración y destino de los recursos públicos, razón por la cual es importante dejar a salvo de cualquier indebida duda la facultad de fiscalización de los recursos públicos que se administran a través de los fideicomisos, fondos y mandatos, ya sean públicos o privados.

7. Que los fideicomisos públicos considerados paraestatales se dan a conocer anualmente en el Diario Oficial de la Federación y son en total 20, de acuerdo a la lista publicada del 16 de agosto pasado, entre estos se puede mencionar: Fideicomiso liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fondo Nacional para Fomento de Artesanías, Fideicomiso Fondo Minero, Fondo de Empresas Expropiadas al Sector Azucarero, Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, entre otros. Los segundos, es decir, los fideicomisos que no tienen estructura orgánica, figuran en el anexo 15 del informe trimestral de Hacienda denominado: ``Disponibilidad de los Fondos y Fideicomisos sin Estructura Orgánica'', y en él se contabilizan 288 fideicomisos y mandatos hasta el 30 de junio del 2004 con una disponibilidad total de 129 mil 568 millones, 489 mil 368 pesos, lo que equivale al 8 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004.

B. A la Iniciativa

1. Que el Título Primero de la Ley que hoy se propone reformar corresponde a las Disposiciones Generales, y que en los 6 artículos que lo integran precisa que la ley es de orden público y que tiene por objeto regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior, así como otras materias tales como la determinación de las indemnizaciones y el fincamiento de responsabilidades por daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Federal y a otros organismos, empresas y fideicomisos públicos; los medios de defensa correspondientes y las bases y términos de organización y funcionamiento de la entidad encargada de la fiscalización superior.

2. Que el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación precisa lo que debe entenderse por Poderes de la Unión; Cámara; Auditoría Superior de la Federación; Comisión; Entidades Públicas Federales; Entidades Fiscalizadas; Gestión Financiera, Cuenta Pública; Proceso Concluido; Fiscalización Superior; Programas y Servidores Públicos; en atención a que en los artículos subsecuentes de la ley se hace constante mención a estos términos, de ahí la utilidad de definirlos.

3. Que a lo largo del único capítulo del Titulo Primero se precisa además a cargo de quien estará la revisión de la Cuenta Pública; quienes son sujetos de la fiscalización superior; en que términos y con que características se ejerce esta tarea y se enumeran además los ordenamientos que tendrán aplicación supletoria en la materia.

4. Que la iniciativa presentada por la Diputada Marcela Guerra Castillo se orienta fundamentalmente a explicitar que las atribuciones de revisión y fiscalización de la entidad de fiscalización superior de la Federación comprendan la administración y ejercicio de toda clase de recursos federales, independientemente de quien los ejerza, de su naturaleza jurídica e inclusive de que cuente o no con personalidad jurídica, como es el caso de algunos fideicomisos y mandatos que reciben y ejercen recursos públicos.

5. Que esta Comisión reconoce la necesidad de aclarar el concepto de entidades fiscalizadas e incorporar la mención específica de los mandatarios, fiduciarios y los fondos o fideicomisos que administren recursos públicos en aras de que se incluyan sus resultados de su gestión dentro de la Cuenta Pública, y así fortalecer la capacidad de fiscalización de la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, y asegurar la transparencia de esas operaciones en particular.

6. Es por ello que convencidos de la validez de los argumentos planteados por la iniciadora, aceptamos la modificación propuesta en la iniciativa objeto del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción VI, del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 2º.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales;

VII. a XIII. ...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Gobernación: Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica en abstención), Fernando Álvarez Monje, José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia tiene registrada en pro a la diputada Marcela Guerra, a quien le damos el uso de la palabra.

La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros:

Acudo a esta tribuna precisamente para el dictamen que nos ocupa en este momento, que reforma el artículo 2º, fracción VI, de la Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Hace días le dimos primera lectura a este dictamen, es de suma importancia para la vida nacional en materia de rendición de cuentas y de transparencia.

Como ustedes saben lo que dicta esta reforma al artículo 2º, fracción VI, el de los fideicomisos, fondos o mandatos o cualquier figura análoga, sea, vamos a decir, transparente y que contribuya al sistema de rendición de cuenta en este país.

Hay un conflicto precisamente en nuestra legislación, que bajo esta figura financiera, se ha aprovechado en algunas ocasiones para eludir la ley y bajo el secreto bancario y el secreto fiduciario, se ha buscado en algunas ocasiones el no rendir cuentas, sobre todo de recursos públicos que, como ustedes saben, los recursos públicos, son públicos, son de todos, son limitados y debemos tener absolutamente transparencia bajo el prefecto de que no se quede sin auditar y sin rendir cuentas de peso por peso, que es de todos.

Por eso les pido en esta ocasión, que vamos a pasar a la votación, que votemos todos en conjunto, porque se trata de profundizar, como ya dije, en el sistema de rendición de cuentas y de transparencia.

Yo creo que conforme vayamos desarrollando más sistemas como éste, vamos perfeccionando en esta materia y esto va a venir a contribuir a un saneamiento de las finanzas públicas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada.

Tiene la palabra también la diputada Consuelo Muro, con lo que en términos del Reglamento se estaría cerrando el registro de oradores. En su momento voy a preguntar a la Asamblea sobre Arturo Nahle que también me están diciendo que se está registrando.

Tiene la palabra la diputada Consuelo Muro.

La diputada Consuelo Muro Urista: Con su anuencia, diputado Presidente. Compañeras, compañeros diputados: Acudo a esta alta tribuna a nombre de la Comisión de Gobernación de esta Cámara, a fundamentar el dictamen favorable que la Comisión emitió sobre la iniciativa que presentó la diputada Marcela Guerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto a modificar la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Dicho dictamen, que cuenta con la aprobación mayoritaria de los miembros de la Comisión de Gobernación y que observa todos los requisitos de ley, refleja el consenso de los integrantes de la comisión en torno a la necesidad de clarificar y enfatizar cuáles son las entidades que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación reconoce para efectos de ser fiscalizadas en el manejo de los recursos públicos.

Clarificar las facultades de la entidad superior de fiscalización representa contribuir en la supervisión más eficiente de los recursos públicos y también constituye un incentivo para que todas las entidades que ejercen estos recursos lo hagan con mayor honestidad, transparencia, responsabilidad y eficacia. En este contexto, los fideicomisos que operan con los fondos públicos debieran, y esto es lo que persigue este dictamen aprobado por la Comisión de Goberna- ción, de sujetarse con mayor rigurosidad a la normatividad vigente en el ejercicio de los recursos públicos.

Es importante destacar que esos fideicomisos reconocidos por la ley ejercen, a través de sus programas, cerca de 129 millones de pesos anualmente, lo que representa el 8 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año y bajo este supuesto tenemos 20 fideicomisos públicos considerados paraestatales, como Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fondo Nacional para Fomento de Artesanías; Fideicomiso Fondo Minero; Fondo de Empresas Expropiadas al Sector Azucarero; Fideicomiso para la Cineteca Nacional; Fondo Nacional de Fomento al Turismo, entre otros. Estos segundos, es decir los fideicomisos que no tienen estructura orgánica, los cuales figuran en el anexo 15 del informe trimestral de Hacienda, denominado ``Disponibilidad de los Fondos y Fideicomiso sin Estructura Orgánica'' y en él se contabilizan 288 fideicomisos y mandatos hasta el 30 de junio de 2004.

La mayor relevancia que reviste esta reforma es que trata de subsanar una situación que se presenta en la práctica respecto a los fideicomisos, fondos y mandatos que reciben recursos federales y como se observa, son ajenos a los procedimientos de fiscalización.

Es de todos sabido que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la cuenta pública que le presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, por lo que dar mayor claridad en la ley respecto a cuáles son los sujetos de fiscalización superior definitivamente se traducirá en una supervisión más efectiva por parte de la entidad superior de fiscalización en relación con los recursos públicos.

Por todo lo anterior y bajo la primordial consideración que asumió esta Comisión en relación a clarificar el concepto en la ley de cuáles son las entidades fiscalizadas, que se incluyan los resultados de sus gestiones dentro de la cuenta pública, respetuosamente exhorto a este pleno que vote a favor de este dictamen para que los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que se administre, reciban o hayan recibido recursos públicos federales, ya sea la persona física o moral, sea sujeta de fiscalización, así como los poderes de la Unión; los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada.

De su intervención esta Presidencia desprende que habló en términos del artículo 108, esto es para fundamentar el dictamen y por lo tanto así quedará registrado en el Diario de los Debates y entonces sí procede en términos del 122, otorgarle el uso de la palabra al señor diputado don Arturo Nahle, para hablar en pro y con esto queda cerrada la lista de oradores.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y que nos parece de la mayor importancia, porque viene a ser una reforma que resultaba verdaderamente urgente a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Todos sabemos que esta soberanía cada año autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación y con este presupuesto se canalizan recursos públicos no solamente al sector central y paraestatal del Gobierno Federal, entendido el sector paraestatal como los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos, sino que también se canalizan recursos federales a las entidades federativas, a los municipios de todo el país y por supuesto a otros entes públicos y organismos autónomos.

Sin embargo, hay una cantidad impresionante de fideicomisos que manejan recursos federales conocidos como fideicomisos sin estructura orgánica que no son auditados, que no son fiscalizados, que no son vigilados por la Auditoría Superior de la Federación, no obstante que manejan, repito, recursos públicos

Estamos hablando de aproximadamente 288 fideicomisos y mandatos, por lo menos, que en su totalidad manejan más de 129 mil millones de pesos, el 8 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con la reforma a este artículo 2°, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, estará en condiciones la Auditoría, de poder fiscalizar y revisar el ejercicio de estos recursos públicos por parte de los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público privado que administren cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales.

Celebramos esta iniciativa de la diputada Marcela Guerra, celebramos por supuesto este dictamen de la Comisión de Gobernación y, repito, el grupo parlamentario del PRD, por estas razones emitirá su voto a favor.

Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Nahle.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular por tratarse de un artículo único.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Activen el sonido en la curul de la diputada Marbella Casanova Calam.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): Casanova Calam, a favor

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.

Diputado Presidente...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Activen el sonido en la curul del diputado Francisco Rojas.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde su curul): Rojas, a favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.

Diputado Presidente, se emitieron 352 votos en pro y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 352 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2° de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Consulte la Secretaria a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo ``Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945'', al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto de reformas y adiciones a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Está Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, párrafo primero, 71, 72 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Legislativos.

I. Con fecha 22 de abril del 2003, el Diputado José Benjamín Muciño Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a nombre de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional y ante el pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto de reformas y adiciones a la Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacionales.

II. En la misma fecha, el Presidente de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa antes referida, a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. En virtud del Decreto publicado el 29 de septiembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se crea la Comisión de Seguridad Pública, y la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública cambia su nombre, quedando a cargo de la ahora Comisión de Gobernación la responsabilidad de dictaminar la iniciativa del diputado José Benjamín Muciño Pérez, objeto del presente dictamen.

IV. En sesión plenaria de la Comisión de Gobernación de fecha 29 de septiembre de 2004 se sometió a consideración de los integrantes de la misma el anteproyecto respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

B. Históricos.

I. Durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrida de 1939 a 1945, México mantuvo una posición neutral ante ese conflicto hasta 1942. En respuesta a los ataques perpetuados por los japoneses en Manila, Honolulú, Pearl Harbor y el Campo Hickman el 7 de diciembre de 1941, y en señal de protesta el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con las naciones del Eje: Alemania, Japón e Italia. Acorde con lo anterior, México adoptó medidas defensivas, y de cooperación política, económica y militar con los países Aliados.

II. Producto de esa cooperación, se crearon la Comisión México - Americana de Defensa Conjunta y la Comisión de Defensa Continental, como los principales mecanismos de coordinación de defensa entre los Estados Unidos de Norteamérica y nuestro país, y se aprobó la Ley de Préstamos y Arrendamientos, que permitió a la Fuerza Aérea y al Ejercito Mexicanos adquirir armas y equipo militar a bajo costo y modernizar e incrementar su poder militar.

III. A principios de 1942, los Botes-U de Alemania extendieron sus operaciones a la Costa Atlántica de los Estados Unidos y al Golfo de México, lo que implicó una amenaza inminente para nuestro país. Dicha amenaza se concretó en los arteros e injustificados ataques por parte de las potencias del Eje en contra de nuestra Marina Mercante y específicamente en contra de las embarcaciones denominadas ``El Potrero del Llano'', ocurrido el día 13 de mayo y ``El Faja de Oro'' , el día 20 de mayo, ambos de 1942.

IV. Como consecuencia de dichos ataques y una vez agotadas todas las instancias diplomáticas, el Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, a propuesta del Consejo de Secretarios de Estado, no tuvo más alternativa que declarar la guerra a partir del 22 de mayo de 1942, a las potencias del Eje, compareciendo el 28 de mayo siguiente ante el H. Congreso de la Unión para informar de las razones que motivaron esa decisión y solicitar la convalidación del ``Decreto declarando que los Estados Unidos Mexicanos se encuentra en estado de Guerra con Alemania, Italia y Japón''. El Congreso de la Unión aprobó la iniciativa del Presidente de la República el 30 de mayo de 1942. Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de junio siguiente.

V. Junto con el decreto anterior, se publicó otro que suprimió las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se autorizó al titular del Poder Ejecutivo a imponer las medidas que fueren necesarias para la eficaz defensa del territorio mexicano. Algunas de esas medidas fueron el establecimiento del Servicio Militar obligatorio, la creación del Consejo Supremo de Defensa Nacional, la instalación de baterías a lo largo de las costas mexicanas y la vigilancia militar de los litorales y fronteras del país.

VI. Aún cuando la Fuerza Aérea y Ejercito Mexicanos patrullaban las costas, la agresión contra naves mexicanas continuó, sucediéndose eventos tales como el hundimiento de las embarcaciones ``El Tuxpan'', ``Las Choapas'' y ``El Oaxaca'', ocurridos entre el 26 y 27 de junio, y del buque ``El Amatlán'', atacado el día 4 de septiembre de 1942.

VII. En ese tenor, aún cuando el concurso militar de México no había sido requerido por los países aliados, el General Manuel Ávila Camacho expresó que existía ``el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazifascistas'' y por ello, el Gobierno Mexicano tomó la decisión de organizar y enviar tropas para combatir a las potencias totalitarias del Eje. Se estimó que por razones logísticas lo más viable era el envío de una sola unidad aérea. Aunque esta aportación fue numéricamente muy modesta, su alcance simbólico fue muy grande.

VIII. El personal fue seleccionado entre los pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor, del cuerpo médico y de comunicaciones del Ejército y del personal civil habilitado como armeros de materiales de guerra. Este destacamento militar se integró por 38 pilotos, 4 Oficiales de diferentes armas y 249 soldados de tierra de distintas especialidades. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, quedó bajo el mando del Coronel Piloto Aviador Antonio Cárdenas Rodríguez.

IX. El día 21 de julio de 1944 se pasó revista a los cerca de 300 hombres del Escuadrón 201 en el campo de Balbuena y el día 24 de julio de 1944 dicho Escuadrón se trasladó a Estados Unidos de América para completar su adiestramiento en las bases aéreas norteamericanas de Randolph Field y Greenville en Texas y Pocatello, Idaho.

X. El día 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autorizó al Ejecutivo Federal el envío de tropas a ultramar, decidiendo el Gobierno de México que sus fuerzas participarían combatiendo la ocupación de las Filipinas por parte de los japoneses, en razón de los lazos históricos y culturales existentes entre ambas naciones.

XI. El 22 de febrero de 1945, en la base norteamericana de Major's Field, Texas, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fue abanderada en ceremonia solemne por el General Francisco L. Urquizo, entonces Subsecretario de la Defensa Nacional, en representación del Presidente de la República. El Escuadrón 201 salió de San Francisco, California a bordo del buque ``Fairisle'' el martes 27 de marzo de 1945, con destino a Manila, Filipinas.

XII. La unidad desembarcó en Manila el primero de mayo de 1945 y quedó establecida en los fuertes Stotsenburg y Porac Field, en el área del Campo Clark, realizando el adiestramiento avanzado de combate, en tierra y en vuelo. El Escuadrón 201 se integró al 58º. Grupo de Pelea, del 5º. Comando de Pelea, de la 5ª. Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, realizando sus misiones de combate bajo este encuadramiento táctico a partir del 4 de junio de 1945.

XIII. Las operaciones del Escuadrón Aéreo 201 se realizaron durante los meses de Junio a Agosto de 1945, y fueron representativas de las misiones normalmente voladas por unidades de pelea en el área del Suroeste del Pacífico. La mayoría de las misiones fueron de apoyo a fuerzas de tierra a bordo de aviones Thunderbolt P-47 y se realizaron algunas misiones de barrido aéreo, de interdicción y de escolta de convoy naval. La unidad también voló misiones de adiestramiento y traslado de aeronaves en zona de combate.

XIV. Del 4 de Junio al 4 de Julio de 1945, el Escuadrón 201 condujo 53 misiones de combate apoyando a las fuerzas terrestres aliadas. Participaron activamente en los bombardeos de Luzón y Formosa, hoy Taiwán. De estas misiones, 45 fueron efectivas, con un alto porcentaje de impactos en el área del blanco, sumando un total de 1,290 horas de vuelo. Muchos informes indican buenos y excelentes resultados.

XV. Después de combatir valerosamente, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadron 201 fue trasladada en reserva a Okinawa. Habiendo contribuido a combatir las amenazas a la seguridad y la paz del orbe, el Escuadrón 201 entró victorioso a la capital de la República el día 18 de noviembre de 1945.

XVI. Cabe destacar que durante la bienvenida de este Escuadrón, el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho dio cuenta de los siguientes hombres caídos en combate, quienes con honor pasaron a la ``veneración eterna y al recuerdo de nuestro pueblo'': Capitán Piloto Aviador, Pablo Rivas Martínez (m. 16 de agosto de 1945); Teniente Piloto Aviador, Héctor Espinoza Galván (m. 19 de julio de 1945); Teniente Piloto Aviador, José Espinoza Fuentes (m. 5 de junio de 1945); Subteniente Piloto Aviador, Mario López Portillo (m. 21 de julio de 1945); Subteniente Piloto Aviador, Fausto Vega Santander (m. 1° de junio de 1945).

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES1. Que la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, en el propósito de afirmar la respetabilidad y permanencia de los Símbolos Patrios y de lograr su uso con solemnidad, define los elementos constitutivos de éstos y regula su uso civil.

2. Que el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales dispone a la letra:

Artículo 15.- En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.

...

3. Que el artículo 18 de la Ley, que hoy se pretende reformar, lista las fechas declaradas como solemnes para toda la Nación, reservando su inciso a) para las festividades, y el inciso b) para las fechas y conmemoraciones de duelo nacional.

4. Que la iniciativa del Diputado José Benjamín Muciño Pérez, propone declarar como fecha solemne de duelo el día 2 de mayo, en remembranza del aniversario de la muerte de los cinco pilotos mexicanos, miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 caídos durante el combate en la Segunda Guerra Mundial.

5. Que a juicio de ésta Comisión dictaminadora, la propuesta del Diputado José Benjamín Muciño Pérez, es pertinente, toda vez que está sustentada en el compromiso de la República de renovar y engrandecer el culto de las acciones heroicas de los mexicanos, manteniendo así, viva la expresión de nuestra nacionalidad y reafirmando el lazo que une a los mexicanos por encima de cualquier distinción o diferencias particulares o de grupo.

6. Que esta Comisión reconoce que las acciones heroicas y loables de los mexicanos no pueden tener mejor reconocimiento que aquél que se realiza a través de los Símbolos Patrios, que representan los más excelsos valores de nuestra identidad como país libre e independiente, y a la vez, constituyen el crisol de la historia de México que nos une y nos inspira.

7. Que el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea fue el único contingente militar mexicano que intervino directamente en la Segunda Guerra Mundial y su participación constituyó la primera vez, y la única hasta ahora, en la que una fuerza militar bajo la bandera mexicana haya tenido que salir de nuestra Patria para participar en una conflagración mundial.

8. Que esta Comisión dictaminadora encuentra pertinente señalar el día 2 de mayo para que dicha remembranza se verifique, en los términos propuestos por el Diputado José Benjamín Muciño Pérez, ya que en esa fecha se izó por primera vez la Bandera Nacional en tierras filipinas, tras la llegada del Escuadrón 201 a Manila el 1° de mayo de 1945.

9. Que el propósito de la reforma que hoy se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, es hacer un merecido reconocimiento a los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, y en general, al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que durante la Segunda Guerra Mundial y como ya es tradición, han velado por la seguridad de la Nación, de su Territorio, de sus Instituciones y de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, de la LIX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, ``Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945'', al inciso b), del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fecha 2 de mayo, ``Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945'', al inciso b), del artículo 18 de la Ley sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 18.- ...

a) ...

b) ...

...

...

...

...

2 de mayo:

Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945.

...

...

...

...

...

...

...

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 29 de septiembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Gobernación: Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene el honor de darle la más amplia y cordial de las bienvenidas a los veteranos del Escuadrón 201, a saber:

El capitán Fernando Vergara García, sargento primero Alfonso Cuéllar Ponce de León, capitán primero José Arrollo García, capitán segundo Luis Guzmán Reveles, sargento Fernando Nava Musa y subteniente Eugenio Pérez Fernández.

En términos del artículo 108, tiene la palabra el señor diputado don Julián Angulo Góngora, por la Comisión, para fundamentar el dictamen.

El diputado Julián Angulo Góngora: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: A nombre de los integrantes de la Comisión de Gobernación, presento a esta soberanía el fundamento del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himnos Nacionales tiene el propósito de regular el uso civil de los símbolos patrios, así como el de afirmar su respetabilidad y permanencia.

A juicio de la Comisión de Gobernación que presido, las acciones heroicas y loables de los mexicanos, no pueden tener mejor reconocimiento que aquel que se realiza a través de los símbolos patrios que representan los más excelsos valores de nuestra identidad como país libre e independiente y a la vez, constituyen el crisol de la historia de México que nos une y nos inspira.

El artículo 18 de la ley que hoy se pretende reformar, lista las fechas declaradas como solemnes para toda la nación, reservando su inciso a) para las festividades y el inciso b) para las fechas y conmemoraciones de duelo nacional.

Como antecedentes históricos, podemos citar que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrida de 1939 a 1945, México mantuvo una posición neutral ante ese conflicto hasta el año de 1942; fue hasta que los Botes-U de Alemania, extendieron sus operaciones a la costa atlántica de Estados Unidos y golfo de México, cuando surgía una amenaza inminente para nuestro país. Dicha amenaza se concretó en los arteros e injustificados ataques por parte de las potencias del Eje en contra de nuestra Marina Mercante y específicamente en contra de las embarcaciones denominadas ``El Potrero del Llano'', ``El Faja de Oro'', ``El Tuxpan'', ``Las Choapas'', ``El Oaxaca'' y del buque ``Amatlán'', ocurridos entre mayo y septiembre de 1942.

Como consecuencia de dichos ataques y una vez agotadas todas las instancias diplomáticas, México declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. En ese tenor y aun cuando el concurso militar de México no había sido requerido por los países aliados, se estimó que existía un compromiso moral de coadyuvar al triunfo contra la dictadura nazi-fascista y se ordenó el envío de una sola unidad aérea, el llamado Escuadrón 201, a fin de participar en el combate a las potencias totalitarias del eje.

El día 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autorizó al Ejecutivo Federal el envío de tropas a ultramar, decidiendo el Gobierno de México que sus fuerzas participaran combatiendo la ocupación de Las Filipinas por parte de los japoneses, en razón de los lazos históricos y culturales que existen entre ambas naciones.

Aun cuando esta aportación fue numéricamente muy modesta, su alcance simbólico fue muy grande. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, fue el único contingente militar mexicano que intervino directamente en la Segunda Guerra Mundial y su participación constituyó la primera y la única vez, hasta ahora, en la que una fuerza militar bajo una bandera mexicana, haya tenido que salir de nuestra patria para participar en una conflagración mundial.

En conclusión, esta comisión dictaminadora, encuentra pertinente señalar el día 2 de mayo, fecha en que se izó por primera vez la Bandera Nacional en tierras filipinas tras la llegada del Escuadrón 201 a Manila, como fecha solemne de duelo, a fin de rememorar a los pilotos mexicanos caídos en combate: capitán piloto aviador Pablo Rivas Martínez, teniente piloto aviador Héctor Espinosa Galván, teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, subteniente piloto aviador Mario López Portillo y el subteniente piloto aviador Fausto Vega Santander.

El propósito de la reforma que hoy se somete a consideración de esta honorable Asamblea, es hacer un merecido reconocimiento a los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 y en general al Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que durante la Segunda Guerra Mundial y como ya es tradición, han velado por la seguridad de la nación, de su territorio, de sus instituciones y de todos los mexicanos, por lo que a nombre de mis compañeros miembros de la Comisión de Gobernación, pido a esta honorable Asamblea su voto favorable a este dictamen.

Por último hago un reconocimiento desde esta tribuna a los veteranos del Escuadrón 201, que se encuentran aquí entre nosotros. Muchas gracias.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Angulo Góngora.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, entonces declara suficientemente discutido el dictamen.

Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 340 votos en pro, 0 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 340 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha del 21 de abril, Aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, al artículo 18 inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha del 21 de abril, ``Aniversario de la gesta histórica de la defensa del puerto de Veracruz'', al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fecha del 21 de abril, ``Aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz'' al artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, párrafo primero, 71, 72 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e), f), y g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Legislativos.

I. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 16 de junio de 2004, el Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fecha del 21 de abril, ``Aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz'' al artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

II. En la misma fecha, el Presidente de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa antes referida a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

III. En sesión plenaria de la Comisión de Gobernación, el 29 de septiembre de 2004 se sometió a consideración de los integrantes de la misma el anteproyecto respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

B. Históricos.

I. Frente al desconcierto revolucionario acontecido en el país, a partir de la muerte de Francisco I. Madero y en medio de una crisis doméstica que permeaba todos los aspectos de la estructura del Estado, las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América se encontraban seriamente deterioradas.

II. Cabe mencionar que, aún cuando en los primeros años de la Revolución Mexicana el gobierno norteamericano había adoptado oficialmente una postura neutral, con la entrada de Woodrow Wilson a la presidencia de ese país el 4 de marzo de 1913, la política exterior de Estados Unidos de América se definía en el sentido de negar apoyo a gobiernos surgidos de movimientos armados.

III. En ese contexto, la confrontación entre el gobierno de Victoriano Huerta y el de Woodrow Wilson se hizo inminente. El Presidente Woodrow Wilson, percibía serios desajustes políticos en México, y consideraba que la Revolución Mexicana, amenazaba la seguridad nacional de su país, y por lo tanto se justificaba una intervención militar.

IV. Derivado de lo anterior, Estados Unidos inicio los preparativos de una próxima movilización, instalando frente a las costas de Tampico y fuera de la bahía de Veracruz diversas embarcaciones militares, y previniendo a sus connacionales de dicha operación.

V. El detonante se dio, el 9 de abril de 1914, cuando en el muelle Iturbide de Tampico ocho tripulantes del buque Dolphin, fueron tomados presos por las fuerzas militares mexicanas, hecho que desato las más enérgicas protestas del comandante del buque y la cancillería norteamericana quienes requerían un pretexto para provocar un conflicto de envergadura.

VI. Concentrada la flota norteamericana frente a las costas del Puerto de Veracruz, el día 20 de abril de 1914, Woodrow Wilson solicitó y obtuvo del Congreso de su país autorización para desembarcar.

VII. El día 21 de abril de 1914, el Comandante de la Flota Almirante Frank F. Fletcher, recibió la comunicación del Secretario de Marina de los Estados Unidos de América, Joseph Daniels, ordenando el desembarco para esa misma mañana.

VIII. En el transcurso de ese día, el Comodoro Manuel Azueta, se presento en la Escuela Naval Militar, y después de una breve conferencia con el director de la Escuela, se ordenó formar a los alumnos para ser debidamente armados e iniciar la heroica defensa.

IX. Mientras que las fuerzas estadounidenses realizaban el desembarco al Puerto, la sociedad veracruzana y la Escuela Naval Militar, se organizaban para llevar a cabo la defensa del Puerto, por lo que minutos antes de las doce del día comenzó a escucharse un nutrido tiroteo resultado de la valerosa defensa.

X. Durante este enfrentamiento, los cadetes de la Escuela Naval Militar y el pueblo veracruzano ofrendaron sus vidas en la defensa de la soberanía nacional realizando numerosas hazañas heroicas, entre las que podemos citar las del Teniente de Artillería José Azueta, y las de los cadetes, Virgilio Uribe, Eduardo Colina y Ricardo Ochoa, quienes se destacaron por el fuego vertido contra el enemigo y bautizaran con su sangre a la Escuela Naval Militar como ``HEROICA''.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES1. Que La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es el cuerpo legal de orden público, que regula el uso civil de los Símbolos Patrios, y que su propósito primordial es afirmar su respetabilidad y permanencia a través del uso solemne de aquellos.

2. Que en el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales dispone a la letra:

Artículo 15.- En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.

...

3. Que el artículo 18 de la Ley que hoy se pretende adicionar, enuncia las fechas declaradas como solemnes para toda la Nación, indicando en su inciso a) aquellas en las que la Bandera Nacional deberá izarse a toda asta en conmemoración de alguna festividad, y reservando su inciso b) para aquellas fechas en las que la Bandera Nacional deberá izarse a media asta en conmemoración de duelo.

4. Que la iniciativa que presenta el Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada, propone declarar como fecha solemne de duelo el día 21 de abril, en remembranza del Aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz con motivo de la Segunda Intervención Norteamericana, basado en las consideraciones siguientes:

``El Ejecutivo Federal a mi cargo considera necesario mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que han participado en la conformación de los ideales nacionales y contribuir con ello a fomentar el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

El 21 de abril se cumplió el XC (nonagésimo) aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz contra la intervención de Estados Unidos de Norte América, en la que el pueblo de Veracruz y la Armada de México demostraron cabalmente su valor patriótico.

Gestas heroicas como la señalada, deben servir de ejemplo para las actuales y futuras generaciones de mexicanos, por lo que deben ser evocadas con los honores a los símbolos de la Patria''.

5. Que a juicio de esta Comisión dictaminadora, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal es pertinente, toda vez que da cumplimiento al deber cívico de fortalecer y mantener el sentido de nacionalidad y pertenencia del pueblo mexicano, a la vez de reafirmar los principios libertarios de la nación.

6. Que esta Comisión reconoce que las acciones heroicas y loables de los mexicanos no pueden tener mejor reconocimiento que aquél que se realiza a través de los Símbolos Patrios, que representan los más excelsos valores de nuestra identidad como país libre e independiente, y a la vez, constituyen el crisol de la historia de México que nos une y nos inspira.

7. Que la defensa del Puerto de Veracruz, es clara evidencia de que aún en el desconcierto y en medio de crisis domésticas, el patriotismo nos une para la realización de acciones heroicas en defensa de nuestra soberanía, y reafirma, en el exterior, nuestras convicciones de libertad e independencia.

8. Que esta Comisión coincide plenamente con el espíritu y sentido de esta iniciativa y encuentra pertinente declarar el día 21 de abril como fecha solemne en Conmemoración de la defensa del Puerto de Veracruz.

9. Por lo anterior, hoy corresponde a esta Comisión la responsabilidad de hacer perdurar el recuerdo de patriotismo y lealtad de aquellos que salieron a combatir al invasor, cubriendo de gloria la historia del país, y reafirmando en las nuevas generaciones el sentido de libertad y autodeterminación que corresponde a nuestra patria.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fecha del 21 de abril ``Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz'' al artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fecha del 21 de abril ``Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz'', al artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

``ARTICULO 18 ...

a)...

b)...

...

...

...

...

21 de abril:

Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz.

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Gobernación: Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión el proyecto en lo particular...

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Sebastián Calderón Centeno, del Partido Acción Nacional, en pro.

El diputado Sebastián Calderón Centeno: Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Nuestra historia tiene registrado el día 21 de abril de 1914 como el día en que el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, dieron al pueblo de México un ejemplo de honor, lealtad, valor y entrega, al enfrentar a las fuerzas del ejército norteamericano que invadieron nuestro territorio.

Para el mes de abril de 1914 buques de guerra alemanes, norteamericanos, holandeses e ingleses, se encontraban fondeados en el puerto de Tampico y el río Pánuco, argumentando estar al pendiente de los intereses de sus países y al cuidado de la seguridad de sus compatriotas radicados en ese puerto.

El 9 de abril elementos de la armada norteamericana desembarcaron en puerto Iturbide y sin motivo aparente el coronel Ramón Hinojosa, ordenó que fueran arrestados y llevados al cuartel general Ignacio Morelos Zaragoza, lo que provocó una airada protesta al considerar que en ese acto su bandera había sido ofendida, exigiendo al gobierno mexicano que en desagravio hicieran una salva de honor de 21 cañonazos, cuando el pendón de Estados Unidos de América fuera izado. Lo anterior, fue rechazado por nuestro país.

Ante la evidente superioridad militar y la falta de recursos humanos y materiales del gobierno mexicano para hacer frente a una posible invasión, el presidente Wilson ordenó atacar al puerto de Veracruz.

Hacia el mediodía del 21 de abril, del cañonero Prairie descendió un número de contingente de tropas de infantería de Marina con dirección al muelle Porfirio Díaz. Posteriormente, igual número de elementos desembarcaron de los buques Florida y UTM, minutos después inició el ataque.

Ante la embestida invasora, los habitantes del puerto de Veracruz y los cadetes de la Escuela Naval, utilizaron todos los recursos posibles para defender a nuestra patria y después de una ardua batalla horas más tarde, obligaron al enemigo a reembarcarse.

Las ametralladoras de las lanchas norteamericanas y los cañones del Prairie abrieron fuego en contra de la Escuela Naval, haciendo imposible oponer resistencia a esa artillería.

Los días 22 y 23 continuó la resistencia del puerto pero finalmente el 24 de abril, los marinos norteamericanos se apoderaron de Veracruz. El almirante Fletcher se hizo cargo del gobierno y ocupó la jefatura de policía. Las autoridades municipales renunciaron a sus puestos y el ayuntamiento quedó disuelto. Con la difusión de los aconteci- mientos en todo el país, se levantó el clamor popular y se olvidó la lucha que se sostenía entre hermanos y surgió la unión contra los invasores.

Tomando como ejemplo esos actos heroicos Argentina, Brasil y Chile, abogaron para que se diera una solución pacífica al conflicto y fue el 2 de julio de ese mismo año, 1914, cuando se firmó la paz entre México y Estados Unidos de América, dando fin a una guerra que nunca fue declarada.

El anterior es un acontecimiento de excepcional importancia para nuestro país, por lo que los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos necesario mantener viva la memoria de las mujeres y los hombres que participaron en esa gesta heroica, por lo que daremos nuestro voto a favor del dictamen que adiciona la fecha del 21 de abril como aniversario de la gesta heroica de defensa del puerto de Veracruz al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y los exhorto, compañeras diputadas y diputados, a que hagan lo mismo en igual sentido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, por lo que se considera suficientemente discutido el dictamen y se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 333 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 333 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha de 21 de abril, Aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, al artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

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republica de cuba

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Los siguientes puntos del orden del día, son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con puntos de acuerdo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo en relación con la proposición por la que se apoya la decisión del Ejecutivo federal de votar a favor de la propuesta de la República de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre las presuntas detenciones arbitrarias en la Base Naval de Estados Unidos de América en Guantánamo

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo por el que se apoya la decisión del Ejecutivo Federal de votar en favor de la propuesta de la República de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre las presuntas detenciones arbitrarias en la base naval de Estados Unidos de América en Guantánamo.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Teniendo en cuenta que en la defensa de los Derechos Humanos en el mundo no hay fronteras.

2. En virtud que la defensa de los Derechos Humanos es de carácter global y no puede permitir exclusiones o particularidades de ningún Estado.

3. Considerando que existen probables violaciones a los Derechos Humanos de los prisioneros de guerra de Estados Unidos en la base militar de Guantánamo.

4. Exigiendo el mandato de protección de los Derechos Humanos, las libertades civiles y políticas y el trato digno de todas las personas que se enmarcan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Ginebra de 1949 sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, los cuales han sido signados por México, los Estados Unidos de América y Afganistán.

5. Reconociendo el hecho que la República de Cuba haga mención a estos instrumentos internacionales en donde es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esperando que se sume pronto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6. En razón de que nuestro país apoya la causa de la defensa universal de los Derechos Humanos y no circunscribe su voto a favor o en contra de los países miembros de las Naciones Unidas.

7. Con el pleno compromiso de hacer valer en México las recomendaciones y acciones que han realizado las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos en la materia.

8. Reconociendo la apertura de Cuba para recomendar la entrada a la base militar de Guantánamo de un relator especial sobre la Cuestión de la Tortura, al relator especial sobre la Independencia de los Jueces y Magistrados y al grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria, a que, en cumplimiento de sus mandatos consideren la situación descrita en la presente resolución e informen sobre sus conclusiones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce la defensa universal de los Derechos Humanos en México y el mundo.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la tesis del 11 de mayo de 1999 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamada ``Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima, de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal'' que establece que si un tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, deben considerarse como constitucionales. Esta postura de la Suprema Corte de Justicia es sumamente trascendente, ya que significa que a través de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos es posible ampliar la esfera de los derechos de los gobernados y tienen a su vez jerarquía constitucional.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor del proyecto de resolución que Cuba presentó durante el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que se tome en consideración la cuestión de las presuntas detenciones arbitrarias en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en congruencia con la causa de la defensa universal de los Derechos Humanos.

Cuarto.- Esta Soberanía, se manifiesta a favor de la iniciativa del gobierno mexicano de acudir a las máximas instancias internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional para la resolución de controversias de estas materias entre los Estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, Secretario.

En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores y por lo tanto declara suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Continúe la Secretaría.

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republica de cuba

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se expresa el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el Gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica para impedir el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo a fin de expresar el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica para impedir el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o a participar en foros de ese carácter que tengan sede en territorio de Cuba.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En un momento y en una circunstancia desoladora, en la que la seguridad y el equilibrio internacional son una vez más puestos a prueba, ante la nueva acometida de actos terroristas, irracionales y arteros, perpetrados contra la vida y la integridad de ciudadanos libres, inocentes y ajenos a los intereses supranacionales que alentaron una política belicista, erigida sobre los cimientos de la mentira y en franca violación del derecho internacional.

Sin mengua de la condena generalizada a toda forma de terrorismo, ya el pueblo español ha emitido un veredicto electoral contra los desvaríos de un tutelaje internacional que, en nombre de la libertad y la democracia, se ha erigido en el perpetuo aliado de la ruina de los principios de independencia y soberanía de las naciones, y la base moral, de muchas inmoralidades.

Evidencia de ello es el bloqueo económico y comercial impuesto desde hace 45 años por Estados Unidos de América al pueblo de Cuba, violatorio de los principios consagrados en la Carta de San Francisco y en el Acta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos.

No obstante la claridad y contundencia de este mandato, para los afanes hegemónicos de Washington no ha sido suficiente socavar los fundamentos de esta declaración. Durante más de cuatro décadas, literalmente y sin alegorías Cuba ha sido reducida a la condición de una ínsula, acosada por el bloqueo de sus adversarios y abandonada fatalmente por la inoperancia de los organismos multilaterales.

Ahora esa política de estrangulamiento, ha llegado al absurdo y a extremos de intolerancia que no tienen precedente en la historia contemporánea, al extender el bloqueo al ámbito cultural e imponer sanciones al libre intercambio y difusión de las investigaciones de carácter científico.

Las primeras disposiciones emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro se orientaron a prohibir la publicación en revistas científicas estadounidenses de trabajos de investigación de países a los que ha decretado embargo comercial, incluida una investigación en coautoría con el mexicano Feliciano Sánchez, del IPN, cuyo trabajo sobre la nixtamalización del maíz no fue admitido por el Journal of Agricultural and Food.

La sanción impuesta a los editores que incumplan esta norma, sólo equiparable a las disposiciones inquisitorias del oscurantismo medieval, corresponde a una pena pecuniaria de 50 mil dólares y privación de la libertad hasta por 10 años.

A este hecho se agregó, en el curso de la primera semana de marzo, la resolución para impedir que 70 científicos, académicos y médicos estadounidenses participaran en la Conferencia sobre el coma y la muerte, lo que ha motivado la protesta fundada de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.

El grupo parlamentario de Convergencia, ante el llamado que formuló el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Cuba, Ismael Clark, se abocó a informar y promover ante las academias de ciencias de nuestro país la condena irrestricta a esas medidas, que atentan contra el fundamento mismo de la ciencia, e integró una delegación, con la representación del cuerpo académico y científico de la Academia Nacional de Historia, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Legión de Honor Nacional de México, así como los integrantes de nuestro grupo parlamentario que nos trasladamos a La Habana, para conferir a la Academia de Ciencias de Cuba un reconocimiento, en justa valoración del avance científico y tecnológico alcanzado y promovido por su red de investigadores, así como para solidarizarnos contra el bloqueo de que actualmente están siendo objeto.

De esta forma, nos propusimos dar una respuesta inmediata a la acción arbitraria e intransigente de la política Bush que, en aras de salvaguardar la seguridad internacional, hoy siembra incertidumbre y acoso político a su propia comunidad científica.

Abordamos ahora esta tribuna para convocar a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara a efecto de emitir un punto de acuerdo en el que queden de manifiesto el rechazo y la condena a esta acción unilateral, excluyente e intolerante, que agravia la libertad de expresión como fuente del conocimiento y como fundamento universal del libre intercambio científico y tecnológico.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- El Pleno de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, expresa su rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica cubana, que impiden el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o participar en foros de ese carácter que tengan sede en territorio de Cuba.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, DF, a 13 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que se declara suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día son excitativas de ciudadanos diputados. En virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a dar lectura sólo al enunciado.

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LEY QUE CREA EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Excitativas.

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

El que suscribe, Víctor Suárez Carrera, diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a las comisiones de Economía y Desarrollo Social, a que presenten dictamen de la iniciativa de Ley que Crea el Consejo Económico y Social de Estado turnado por el Senado de la República al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido 5 días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. Es el caso, que con fecha 30 de abril de 2003, los senadores de la República Demetrio Sodi de la Tijera, Fauzi Hamdan Amad, Raymundo Gómez Flores, Genaro Borrego Estrada y César Camacho Quiroz, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de ley por el que se crea el consejo económico y social de estado.

Tercera. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turno la iniciativa para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo Social; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Cuarta. El pasado 12 de diciembre del 2003 en sesión ordinaria del Senado de la República, fue votada y aprobada con 80 votos a favor y 0 en contra la minuta con proyecto de decreto que contiene la Ley que Crea al Consejo Económico y Social de Estado.

Quinta. El pasado 15 de diciembre de 2003 fue turnada a está honotrable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, donde la Presidencia de la misma en uso de sus facultades la turno a las comisiones unidas de Economía y de Desarrollo Social.

Sexta. Es importante resaltar la importancia de esta iniciativa en donde se establece que el consejo económico y social de estado podría ser a instancia de concertación donde estén incluidos los agentes económicos más representativos del país: empresarios, obreros, productores primarios y el Gobierno, ya que destacaría por su representatividad y composición, alejada de visiones coyunturales, por ello podrá cumplir con la función fundamental de generar acuerdos entre los sectores que impulsen una agenda nacional de largo plazo.

Séptima. Dicho consejo económico de Estado propuesto en el proyecto de decreto, está en plena correspondencia con el espíritu del artículo 26 constitucional, en lo que toca a la planeación democrática, cuyo propósito fundamental es dar espacio a la participación de los diversos sectores sociales que, en el caso del consejo, estén vinculados a la posibilidad de realizar propuestas económicas que contribuyan a la definición de políticas estratégicas como la industrial y a definir también políticas de largo plazo. Resaltando que el objetivo no es sustituir al sistema nacional de planeación, sino contribuir al diálogo y la concertación necesaria para sustentar las propuestas que los principales agentes económicos consideran indispensables para impulsar el crecimiento económico del país y, con ello, contribuir al desarrollo social.

Octava. Con base en lo anterior es de señalarse que han transcurrido casi 9 meses desde que fue turnada dicha iniciativa a las comisiones referidas, y éstas, no han presentado aún al pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con el término de 5 días después de que aquél les turne un asunto establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Unico. Excite a las comisiones de Economía y Desarrollo Social a que presenten el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto que crea al Consejo Económico y Social de Estado presentada por los senadores de la República Demetrio Sodi de la Tijera, Fauzi Hamdan Amad, Raymundo Gómez Flores, Genaro Borrego Estrada y César Camacho Quiroz, el pasado 30 de abril del 2003, en términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 9 de septiembre de 2004.--- Dip. Víctor Suárez Carrera.»

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EDULCORANTES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

El que suscribe, Víctor Suárez Carrera, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Economía, para elaborar el dictamen correspondiente sobre el punto de acuerdo respecto a la solicitud de Estados Unidos para la celebración de consultas con el Gobierno Mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de comercio con respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto al azúcar de caña, presentado en la sesión del martes 13 de abril de 2004 al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido 5 días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. El 13 de abril de 2004 presenté ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo respecto a la solicitud de Estados Unidos para la celebración de consultas con el Gobierno mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio con respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto al azúcar de caña, la cual fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Economía con opinión de la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Tercera.- Es el caso, que con fecha 1 de enero de 2002 el Congreso mexicano decidió imponer un arancel del 20 por ciento sobre la comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución de refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, a las importaciones de dicho producto originarias y provenientes de Estados Unidos (EU). Desde el primer momento, el Ejecutivo Federal estuvo en desacuerdo en apoyar esta medida soberana adoptada por el Congreso para proteger a los productores mexicanos de azúcar.

Cuarta. Es importante resaltar que los objetivos fueron introducir una medida enérgica de protesta contra EU por su política comercial discriminatoria, aumentar la recaudación fiscal e impulsar a la industria azucarera con el fin de corregir algunos de los graves problemas que atravesaba este sector. Los legisladores mexicanos consideraron dicho impuesto como una posibilidad para contrarrestar el claro incumplimiento de EU a las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al determinar unilateralmente incumplir el acceso al mercado estadounidense de las cuotas de azúcar que nuestro país le exportaba, basándose en una argucia legal. Igualmente, los legisladores fueron concientes de la importancia económica y social crítica que tiene la producción de azúcar en México para miles de comunidades y para millones de mexicanos que dependen de este producto para su sustento.

Quinta. Los productores mexicanos agrupados en la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera han exigido con razón al Gobierno Federal que impida el acceso indiscriminado a los productos estadounidenses que contienen alta fructosa sin que antes se permita el acceso complementario al mercado estadounidense de los excedentes mexicanos de la producción de azúcar. El arancel, según los productores nacionales de azúcar, ``es producto de nuestra frustración y exasperación ante la desgana de EU y su industria para actuar como un socio honesto en la búsqueda de una solución justa y responsable para esta larga disputa''.

Sexta. En este sentido, México demandó la instalación de un panel de solución de controversias en el marco del Capítulo XX del TLCAN. Dicho panel, solicitado hace más de 3 años, nunca se pudo instalar debido a que EU bloqueó constantemente las citas de los panelistas requeridos. En medio de ese tiempo, el gobierno y la industria estadounidenses intentaron amenazar a los productores mexicanos para renegociar las previsiones del TLCAN de manera que pudiéramos ceder nuestro mercado doméstico a las importaciones de alta fructosa, sostenidas mediante maíz subsidiado sin permitir un acceso recíproco para nuestra azúcar refinada que es desplazada en este proceso.

Séptima. Que el pasado 18 de marzo del año en curso, el gobierno de EU solicitó formalmente ante el órgano de Solución de Controversias (OSD) de la Organización Mundial de Comercio la celebración de consultas con el Gobierno con respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña. Se argumenta que el impuesto ha restringido gravemente las exportaciones estadounidenses a México de bebidas y de jarabe de maíz con alta concentración de fructosa, un edulcorante a base de maíz que compite con el azúcar en muchas aplicaciones.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Unico. Excite a la Comisión de Economía a que presenten el dictamen correspondiente del punto de acuerdo respecto a la solicitud de Estados Unidos para la celebración de consultas con el Gobierno mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio con respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto al azúcar de caña, presentado por un servidor en la sesión del martes 13 de abril de 2004, en términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 9 de septiembre de 2004.--- Diputado Víctor Suárez Carrera.»

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CENSO AGROPECUARIO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

El que suscribe, Víctor Suárez Carrera, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que presente el dictamen sobre el punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación el monto necesario para que el INEGI lleve a cabo el VII censo agropecuario, presentado en la sesión del martes 28 de octubre de 2003 al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido 5 días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. El 28 de octubre de 2003 presente ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto necesario para que el INEGI lleve a cabo el VII censo agropecuario, la cuál fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tercera. Es importante señalar que hasta este momento no se ha levantado el Censo Nacional Agropecuario correspondiente a 2001, con lo cual se interrumpió el ciclo iniciado en 1930. A escala internacional, la FAO promueve la realización de censos agropecuarios nacionales en el marco del programa del Censo Agropecuario Mundial 2000 que cada país debe ejecutar en el decenio 1996-2005.

Cuarta. La Ley de Información, Estadística y Geográfica emitida en 1980 y modificada en 1983, en su artículo 30, inciso III, confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de planear, desarrollar, vigilar y realizar el levantamiento de censos, así como encuestas económicas y sociodemográficas, de igual forma en su artículo 90 indica que los censos nacionales se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo Federal, con atención a las bases siguientes:

Se buscará que la información sea comparable en el tiempo y en el espacio;

Se procurará la adecuación conceptual de acuerdo con las necesidades de información que el desarrollo económico y social impongan, y

Se garantizará la comparabilidad internacional de la información que resulte de los censos mexicanos, atendiendo fundamentalmente a su periodicidad, con relación a la de otros países.

Quinta. Mediante decreto publicado el 17 de junio de 2003, se confiere al INEGI la atribución de generar estadísticas de interés nacional con base en el levantamiento de censos y encuestas y la explotación de recursos administrativos.

Sexta. Finalmente, es importante resaltar que sin la información del VIII Censo Nacional Agropecuario, no podría cumplirse el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a la necesidad de contar con una Ley Multianual de Planeación Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, compromiso fundamental a fin de sentar las bases para una nueva política hacia el campo.

Séptima. Por lo anterior es de señalarse que han transcurrido casi 10 meses desde que fue turnado dicho punto de acuerdo a la comisión referida y ésta no ha presentado aún al pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con el término de 5 días establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Unico. Excite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que presenten el dictamen correspondiente del punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación el monto necesario para que el INEGI lleve a cabo el VII Censo Agropecuario, presentado por un servidor en la sesión del martes 28 de octubre de 2003, en términos de la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 9 de septiembre del 2004.--- Dip. Víctor Suárez Carrera.»

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CABILDEO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Excitativa a las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.

Los que suscriben, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, ambos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a ésta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Gobernación y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a fin de elaborar el dictamen correspondiente a las siguientes iniciativas:

Iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas; e iniciativa de Ley Federal de Cabildeo.

Al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cabildeo, definido como la acción de influir desde el exterior en una decisión pública o política, está íntimamente ligado con la democracia, la representación política y la transparencia en el debate público. Para que el cabildeo rinda frutos, es necesaria la existencia de un sistema democrático, de un régimen de separación de poderes y de un marco legal que propicie claridad de la discusión política entre todos los actores, en especial en el seno de las cámaras legislativas; cuanto mayor sea la transparencia, y menor el misterio con el que se plantean las posiciones de los actores involucrados y se llevan a cabo las negociaciones políticas, cuanto más el cabildeo tendrá una presencia más amplia en los asuntos legislativos.

La práctica del cabildeo profesional es fruto de un proceso gradual que involucra tanto la transformación política al interior del Poder Legislativo, y la aprobación de reformas legales, como la evolución de una cultura del debate y la promoción de intereses legítimos en la sociedad. La pluralidad política y el perfeccionamiento de las prácticas parlamentarias son los elementos que hacen posible que el cabildeo sea una actividad legítima que vincule cotidianamente a los representantes y representados.

Lo anterior también implica la emergencia de una nueva clase de legislador, más profesional, abierto y comprometido con los intereses y valores de los ciudadanos a los que representa. Asimismo, la transparencia en este ámbito, permite a los electores tener una relación más estrecha con su representante y evaluar de cerca su trabajo. La mayor transparencia y un régimen jurídico perfeccionado tienden a consolidar una nueva cara de la representación política, en la que los gobernados tienen a su alcance mecanismos legítimos para promover sus intereses, así como instrumentos más eficaces de control de los gobernantes, y éstos, a su vez, ven incrementarse los incentivos, así como la obligación, de rendir cuentas a una ciudadanía más interesada en los asuntos públicos.

De la misma manera como la realización de encuestas o el uso de la mercadotecnia electoral se han vuelto hoy ejercicios democráticos comunes, el cabildeo debe encontrar, también, un lugar en la democracia de México.

En este sentido, el diputado Efrén Leyva Acevedo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó en sesión del lunes 29 de abril de 2002, una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas, ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados.

La referida iniciativa, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En éste sentido la LVIII Legislatura, a pesar de su voluntad política para dictaminar la iniciativa en mención, no logró hacerlo, dejándola como parte del rezago legislativo, el cual cabe mencionar, la actual Legislatura tiene como objetivo fundamental resolver y abatir.

Esta iniciativa, responde a la necesidad de regular el cabildeo como actividad profesional definiendo su naturaleza y alcances, precisando los sujetos activos y pasivos, estableciendo la obligatoriedad de un registro público, así como un código de conducta y definiendo las obligaciones y responsabilidades tanto de las dependencias, como de los servidores públicos y cabilderos.

Cabe señalar, que el diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de ésta Legislatura, en sesión del 15 de abril del 2004, una respetuosa excitativa a las Comisiones de Gobernación y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a fin de que a la brevedad posible emitan su dictamen sobre la mencionada iniciativa, mismo que hasta la fecha no ha sido presentado al Pleno de la Cámara de Diputados.

En este orden de ideas, la diputada Cristina Portillo Ayala del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó en sesión del jueves 22 de abril del mismo año, la iniciativa de Ley Federal de Cabildeo, misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación.

Dicha iniciativa, en comunión con la primera, responde igualmente a la necesidad de transparentar el ejercicio del cabildeo, institucionalizando dicha figura, determinando su alcance y definiendo con claridad los funcionarios ante quienes se puede gestionar actividades de cabildeo, asimismo plantea la conveniencia de crear registros públicos, y establecer los deberes de registradores y cabilderos, así como las fracciones y sanciones aplicables en caso de infringir el dispositivo legal.

En suma, y en el entendido de que el cabildeo es una realidad que refleja una vida democrática más dinámica y plural, en el marco de un nuevo equilibrio entre los poderes de la Unión, y en la cual los ciudadanos cuentan con vías más eficaces para promover sus intereses y herramientas para conocer el desempeño de sus representantes; solicitamos a ésta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a fin de que elaboren el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas y a la iniciativa de Ley Federal de Cabildeo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2004.--- Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbricas).»

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LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Compañeras y compañeros Legisladores: El pasado 9 de octubre del 2003, su servidora Martha Palafox Gutiérrez, presenté ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, una Iniciativa de Ley que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación y adiciona uno nuevo, a fin de que sea creado un nuevo fondo en el ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se destine a los desempleados de nuestro país.

A casi un año de haber sido presentada dicha Iniciativa, no se ha dictaminado, no obstante que con esta, suman ya tres las excitativas enviadas a este Pleno y a la Comisión Permanente,

Hemos solicitado, a su vez, el cambio de Comisión, como lo establece el artículo 21, fracción XVI de nuestro reglamento. Se hizo el pasado 14 de junio ante la Comisión Permanente, negándose dicho tramite por el Presidente de la Mesa Directiva de entonces.

Por lo que esta excitativa, señor Presidente, va en el sentido de solicitar su intervención, para que dicha Iniciativa sea dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Así lo reclama la urgencia del problema del desempleo en nuestro país.

Para nadie es un secreto que los mas graves problemas que vive México actualmente, además de la inseguridad pública, es la falta de empleos y los constantes despidos masivos de que son objeto miles de trabajadores mexicanos.

Lo hemos dicho y así lo reiteramos. Este Seguro de desempleo que proponemos, no es una medida subsidiara o paternalista como se ha querido ver. Se trata de una medida de política económica dirigida a estimular la demanda, sobretodo en inversión y consumo y que, en la medida de lo posible, fortalezca nuestro precario mercado interno, con productos nacionales que, al mismo tiempo, coadyuve a que los productos de miles de empresas mexicanas ( las pequeñas y medianas principalmente) puedan ser demandados por los consumidores de escasos recursos.

Pero también es una medida de justicia para los trabajadores despedidos y para los que ingresan a mercado de trabajo y no encuentran. Para las y los jóvenes que estudian, ante la incertidumbre de no tener para costearse sus estudios. Para las madres solteras, que al no tener oportunidades de empleo y sacar adelante a sus hijos, muchas de ellas se convierten en ``carne de cañón'', obligándoles a realizar actos ilícitos y denigrantes.

También va dirigido a los campesinos, que al no tener los mínimos para subsistir, emprenden el camino del ``sueño americano'', encontrando muchos de ellos la muerte. Lo mismo para los que tienen algún problema de discapacidad que, la mayoría de las veces, por su condición son discriminados y les es prácticamente imposible conseguir un empleo. Lo mismo va dirigida a las personas de la tercera edad que no son jubilados ni pensionados.

Pero también es una propuesta federalista. Por eso se propone la creación de un nuevo fondo de aportaciones en el ramo 33. Los criterios para la distribución de este nuevo fondo será la tasa de desempleo abierta que publica el INEGI por cada una de las entidades Federativas, en función de su Población Económicamente Activa. Los responsables de aplicar estas partidas serán los Ejecutivos de los estados.

De esta manera, y considerando que la tasa de desempleo abierta sigue creciendo, ubicándose en lo que va este año en casi 4%; la economía sigue estancada -- no obstante el optimismo desbordado de las autoridades por el 3.7% de crecimiento del PIB en el primer semestre de este año- la situación de incertidumbre cada vez se agudiza más.

Por ello es que vengo nuevamente ante esta soberanía, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para solicitarle, señor Presidente, instruya lo conducente a fin de que la Iniciativa de Ley que Reforma el Artículo 25 y adiciona uno nuevo a la Ley de Coordinación Fiscal para crear el Fondo del Seguro del Desempleo, sea dictaminada en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de esta fecha.

Si no fuera así, señor Presidente le solicitaría, respetuosamente, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, de nuestro Reglamento, instruyera lo conducente para que esta Iniciativa sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que fue donde originalmente se propuso fuera enviada.

Le pido su compresión, diputado Presidente, para que esta excitativa sea publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre del 2004.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, por este conducto respetuosamente solicita a la Presidencia de la Honorable Cámara tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que presente el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto que adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, a fin de que se considere como delito grave la caza de las especies acuáticas denominadas langosta y abulón, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 14 de diciembre fue enviada por el Senado de la República a esta soberanía la Minuta con proyecto de decreto que adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, a fin de que se considere como delito grave la caza de las especies acuáticas denominadas langosta y abulón.

Consideraciones

1. La Minuta en cuestión tiene como objetivo adicionar los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 fracción II del Código Penal Federal, para que se considere como delito grave la captura ilegal de las especies denominadas abulón y langosta.

2. Como lo señala el documento dictaminador, es altamente preocupante lo que el iniciador señala en el sentido de que conforme se observa el descenso en las capturas de las especies marinas, se corrobora que la pesca ilegal o furtiva constituye uno de los obstáculos del desarrollo pesquero de México.

3.- Sin duda alguna uno de los aspectos que afecta de manera considerable a la actividad pesquera nacional, es la creciente e incontrolable pesca ilegal, principalmente la de aquellas que tienen un alto valor en el mercado, como lo son entre otras el abulón y la langosta, lo cual no solo ocasiona que los programas de recuperación de los recursos implementados hacia el desarrollo sustentable no tengan el éxito esperado, sino que además se violan la mayoría de los principios de la pesca responsable, al realizar capturas sin contar con la autorización correspondiente y sin el mínimo respeto a las normas y medidas de manejo.

4. Por otra parte, esta actividad ha trastocado las instituciones del propio gobierno al crearse circunstancias de corruptores administrativos, anarquía social, evasión fiscal y la necesidad de desviar recursos humanos y económicos para la realización de labores de inspección y vigilancia, tanto por parte del gobierno y en particular por los usuarios de los recursos, que en el caso particular de la zona Pacífico Norte de Baja California éstas inversiones son mayores a las que destina el gobierno, las cuales bien podrían ser destinadas en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades o bien a la investigación y desarrollo de infraestructura pesquera.

5. Actualmente, la legislación pesquera sanciona algunos de esos actos sólo con multas administrativas que en muchos de los casos quedan sin ejecución, debido a que los infractores no cuentan con un domicilio bien establecido y generalmente no tienen arraigo en las comunidades donde comete los ilícitos.

En virtud de que ha transcurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de que emita su dictamen a la mayor brevedad.

A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de que presente el dictamen respectivo a la minuta mencionada, a la brevedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Pablo Alejo López Núñez (rúbrica).»

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CRECIMIENTO ECONOMICO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Tomás Cruz Martínez, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Economía y Trabajo y Previsión Social para que dictaminen sobre la convocatoria para celebrar la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados de fecha 29 de abril de 2004, presenté a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para convocar a la realización de la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo.

Segunda. Dicha proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de Economía y Trabajo y Previsión Social, como se asienta en la Gaceta Parlamentaria del 14 de mayo de los corrientes.

Tercera. Existen razones y preocupaciones en exceso que hacen impostergable que la H. Cámara de Diputados convoque a la realización de los trabajos de la primera convención nacional antes citada, toda vez que, como se señala en el documento de la proposición, el problema del desempleo en el país tiende a su agravamiento, por lo que es necesario alcanzar bases y compromisos de un nuevo pacto social con capacidad para revertir las oprobiosas condiciones de vida de más de la mitad de la población nacional.

En la convención concurrirán los sectores social, privado y público del país, cuyo propósito máximo es contribuir en la construcción de mecanismos o instrumentos para atender el crecimiento económico y el empleo nacional.

También hemos expresado que es inadmisible para la democracia los altos porcentajes de pobreza de los mexicanos, sobre todo de los más de 25 millones de mujeres y hombres que carecen de los recursos indispensables para alimentarse. Además, debemos tener presente que el país necesita generar fuentes de empleo para 1 millón 300 mil jóvenes que se incorporan anualmente al mercado productivo, que evidentemente no hemos logrado en lo que va del actual Gobierno Federal. Por lo contrario, se tiene un rezago en materia laboral de más de 5 millones de plazas para mexicanos que hasta la fecha están completamente desempleados o trabajan menos de 15 horas semanales.

Cuarta. A pesar de los esfuerzos que institucionalmente se han realizado, hasta la fecha todavía no se ha recuperado ni el 50% de los empleos formales que se perdieron durante la primera mitad de la administración federal. Esta situación por más que se pretenda maquillar, representa la ausencia de una política de Estado sólida y falta de compromisos reales con la sociedad en general.

Por lo antes dicho, solicito a esta presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social para que dictaminen a la mayor brevedad sobre la proposición para que la H. Cámara de Diputados convoque a la realización de la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo.

Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»

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REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Tomás Cruz Martínez, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados de fecha 9 de diciembre de 2003 presenté a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 64, 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos. La Presidencia de la Mesa tuvo a bien turnar dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su correspondiente dictamen.

Segunda. Como se desprende del cuerpo de la iniciativa en comento, es una vergüenza que en una sociedad empobrecida se destinen discrecionalmente recursos públicos para pagar a los altos funcionarios salarios exagerados que deshonran todo principio de justicia, igualdad y solidaridad.

Tercera. Pertenecemos a una sociedad en la que prevalece profunda desigualdad social. Por esa razón es denigrante para la clase política contar con tales privilegios, sobre todo porque en nuestro país más de la mitad de la población vive en la pobreza y poco más de 23 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para comer. Vivimos momentos de grandes dificultades, por lo que es intolerable la forma dispendiosa en que se conduce la política gubernamental en beneficio de la alta burocracia. Es impostergable buscar caminos seguros para otorgar prestaciones sociales a los 26 millones de trabajadores mexicanos que actualmente carecen de ella, así como la urgente necesidad de atender el inmenso rezago educativo, que hoy es cercano a los 33 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han concluido su educación básica, y un analfabetismo de 6 millones de mujeres y de hombres que no saben leer ni escribir. Mientras persistan estas injustas condiciones de vida, las altas remuneraciones de los servidores públicos seguirán siendo una carga deleznable para la sociedad.

Cuarta. En nuestro país se deberá cancelar de raíz toda posibilidad para otorgar salarios insultantes de 250 mil pesos mensuales o más a directores generales, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, diputados o cualquier otro funcionario de alto nivel. Pongamos fin a esta perversión de la vida pública que existe en nuestro país. La sociedad en su conjunto reclama que exista un compromiso íntegro de los servidores públicos, que se rija por una vocación de servicio en la que el imperativo sea la austeridad y no el uso indebido del poder para sangrar los recursos de la sociedad en beneficio propio.

Quinta. Compañeros diputados: actuemos para trascender política y socialmente en estos momentos de grandes retos que nos impone la realidad. Actuemos para estar a la altura de las exigencias sociales. Es el momento de autenticar que, como representantes populares, no estamos aquí para consumar privilegios, sino para engrandecer las acciones públicas y situarnos honrosamente al servicio de la sociedad en su conjunto. No tengo la menor duda de que una reforma constitucional que pone un freno a las onerosos remuneraciones, en la que se establezca que nadie deberá recibir remuneraciones superiores a la dieta de los diputados federales, excepto el Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, no tengo la menor duda de que esta acción trascenderá por varias generaciones.

Por lo antes dicho, solicito a esta Presidencia que se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, con la mayor brevedad, dictamine sobre la iniciativa en comento.

Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»

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LEY DE AMPARO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI.

El que suscribe, Carlos Blackaller Ayala, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a emitir el Dictamen correspondiente a la iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso C) fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por quien suscribe la presente, en la sesión del 9 de diciembre de 2003.

Antecedentes

Como se expone al inicio del presente, quien suscribe, siendo fecha 9 de diciembre de 2003, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso C) fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como finalidad corregir una laguna en la Ley de Amparo, que dolosamente ha venido siendo aprovechada en materia de importación de diversos bienes agrícolas y agroalimentarios.

En misma fecha, los senadores Dulce María Sauri Riancho y Fauzi Hamdan Amad, presentaron al Pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación en relación con la importación irregular de productos agroalimenticios.

Por su parte, el senador Fidel Herrera Beltrán, junto con otros senadores y diputados, presentó el 3 de marzo pasado, ante la Comisión Permanente una similar que adiciona el inciso c) del artículo 5° y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo cual claramente demuestra la imperiosa necesidad de legislar sobre los artículos referidos, toda vez que nuestra legislación actual observa una laguna legal, que esta erosionando a la planta productiva nacional en total contraposición con nuestra Ley de Comercio Exterior, misma que tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

Consideraciones

Empresas comercializadoras sin ningún tipo de escrúpulos, ni compromiso con la economía nacional, vienen aprovechando de forma dolosa y alevosa la noble figura del Amparo para obtener insultantes beneficios económicos importando de forma irregular diversos bienes sujetos al pago de aranceles, legalmente establecidos bajo las facultades del Ejecutivo federal.

Recientemente, enterándonos por diversos medios de comunicación, nos hemos ido percatando que el tamaño de las operaciones, realizadas aprovechando dolosamente la Ley de Amparo, esta llegando más allá de estimaciones iniciales, diversos bienes agrícolas y agroalimentarios han sido importados irregularmente alcanzando los miles de toneladas, en productos como azúcar, fríjol, cárnicos, etcétera.

Esta laguna legal también es aprovechada de forma indiscriminada en otros bienes de consumo.

Si adicionalmente agregamos lo correspondiente al contrabando bronco, estamos ante una gravísima situación que amenaza seriamente a la planta productiva nacional, cuestiona la legalidad de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Fiscal de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva efectuar la excitativa propuesta, en los términos siguientes:

Único. Se excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a efecto de que con la mayor brevedad haga llegar al Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen correspondiente a la iniciativa referida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).»

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LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LIX Legislatura.--- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de esta LIX Legislatura, solicita a la Presidencia de esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se sirva excitar a las comisiones unidas de Transportes y de Marina, para que formulen el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley de Navegación y Comercio Marítimos que les fuera turnada para concluir con el trámite legislativo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados celebrada el 14 de diciembre de 2001, ciudadanos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

2. La Presidencia de ese cuerpo colegiado dispuso que dicha iniciativa se turnara a las comisiones unidas de Transportes y de Marina de la LVIII Legislatura, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de diciembre de 2002, el pleno de esta soberanía aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y se envió a la Cámara de Senadores para continuar con el trámite legislativo.

4. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Colegisladora la turnó a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Marina y Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 15 de diciembre de 2003, el pleno de esa soberanía aprobó el dictamen de la minuta de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y, como consecuencia de que varios artículos fueron modificados, se devolvió la minuta a la Cámara de origen para cumplir con las disposiciones que establece el artículo 72, inciso e, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue turnada, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a las comisiones unidas de Transportes y de Marina de la LIX Legislatura, para su análisis y dictamen correspondiente.

Considerandos

I. El dictamen de la minuta de Ley de Navegación y Comercio Marítimos, tiene el propósito fundamental de sentar las bases para la reactivación de la marina mercante nacional, regular lo concerniente a los permisos temporales de cabotaje para embarcaciones extranjeras, impulsar el abanderamiento de embarcaciones como mexicanas, así como la contratación de un número mayor de tripulantes mexicanos.

II. La Cámara de Diputados funge en este caso como Cámara de origen y la Cámara de Senadores como Cámara revisora, por tal razón, aunque la Cámara de Senadores haya aprobado la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ésta no podrá concluir el trámite constitucional correspondiente, si no se aprueban por esta soberanía las modificaciones hechas por el Senado y, en consecuencia, no podrá ser publicada por el Ejecutivo Federal e iniciar su vigencia.

III. Ha transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece como término para expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa turnada para tales efectos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, se sirva excitar a las comisiones unidas de Transportes y de Marina, para que presenten el dictamen de la Iniciativa de Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández.»

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TARIFAS ELECTRICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Energía, a solicitud del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, en representación de la diputación federal tabasqueña, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Energía, a efecto de que emita a la brevedad posible el dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, remitida a esta H. Cámara de Diputados por la colegisladora, la H. Cámara de Senadores, desde el pasado 10 de abril de 2003, dentro de la LVIII Legislatura, así como el correspondiente a la iniciativa presentada el martes 6 de abril de 2004, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y deroga el Decreto del ejecutivo Federal que establece el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del PRI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El costo de la energía eléctrica impacta considerable y desfavorablemente el ingreso de las familias mexicanas, particularmente a aquellas de escasos recursos que viven en regiones del país que representan condiciones climatológicas altamente extremosas.

Estas familias ven no sólo disminuido su ingreso, sino que tienen que desviar recursos destinados a satisfacer necesidades básicas para poder cubrir las excesivas taifas eléctricas, que dicho sea de paso contrastan de manera evidente con su nivel de ingreso.

En repetidas ocasiones, tal y como lo documentan aproximadamente 40 instrumentos legislativos bajo la forma de iniciativas y puntos de acuerdo elevadas a esta soberanía por senadores, diputados federales y diputados locales de distintas entidades federativas, desde la pasada y actual legislaturas. A pesar de ello, e1 problema sigue sin resolverse, y en el mejor de los casos se han llevado a cabo medidas coyunturales que responden sólo a la inmediatez.

El tema, señores legisladores permanece en la congeladora y miles de ciudadanos y ciudadanas esperan de una vez por todas una respuesta definitiva y congruente a su demanda específica.

Ya basta de darle la espalda a la ciudadanía, ya basta de prácticas dilatorias. Es hora ya de atender de manera responsable dicha problemática. De qué sirven los discursos y los spots en los medios de comunicación, si hacemos caso omiso de una necesidad que se nos ha planteado y urge resolver.

Los exhorto compañeros y compañeras, con la calidad moral de ser los máximos representantes de la nación, a enfrentar las posiciones de quienes se oponen a que dichas iniciativas sean dictaminadas. Porque no podemos perder de vista que la realidad ciudadana supera y está por encima a las razones de insuficiencia presupuestal, las cuales se acomodan en función a la discrecionalidad del ejecutivo Federal.

Ningún argumento hasta ahora utilizado por el ejecutivo, como: la disminución de ingresos para la CFE, los índices climáticos, las mediciones térmicas, la localización de estaciones climáticas, las fórmulas para el cálculo tarifario, entre otros, por cierto utilizados a conveniencia, pueden superar el acuerdo que los senadores y senadoras de los diferentes grupos parlamentarios han suscrito y manifestado de manera expresa en el dictamen que nos fue remitido por la colegisladora, y ante el cual no podemos actuar con irresponsabilidad política y legislativa, con desdén, ni con negligencia.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, es que los convoco a solidarizarnos con las causas de quien más lo necesita y le solicito de manera respetuosa al diputado presidente, que en los términos de ley, se presente una excitativa bajo los siguientes términos:

Único: Formule excitativa a la Comisión de Energía, a efecto de emitir a la brevedad posible dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, remitida a esta H. Cámara de Diputados por la colegisladora, la H. Cámara de Senadores, desde el pasado 10 de abril de 2003, dentro de LVIII legislatura; así como el correspondiente a la iniciativa presentada el martes 6 de abril de 2004, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y deroga el Decreto del ejecutivo Federal que establece el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del PRI.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2004.--- Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rubrica).»

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SORTEOS EN TELEVISION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del PRD

Licenciado Arturo Nahle García, diputado Federal a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo décimo quinto del Acuerdo Parlamentario Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a fin de que elabore el dictamen correspondiente al punto de acuerdo sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, presentado por el suscrito en sesión del 5 de abril del 2004, en el cual solicité que la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo las cuales se están otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen los sorteos aludidos en la citada proposición; así como la participación que ha correspondido al Gobierno Federal en relación a la utilidades que generan dichos sorteos y los establecimientos de prevención social y asistencia a los que se han canalizado tales participaciones.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 1947, había carecido de reglamento administrativo por 57 años, hasta el pasado 17 de Septiembre, fecha en la que se publica en dicha Gaceta el referido reglamento, el cual cabe mencionar, es inconstitucional.

Dicha Ley faculta en su artículo 3° a la Secretaría de Gobernación para reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos con apuesta y los sorteos exceptuando la Lotería Nacional.

Ahora bien, en los últimos años, se ha observado que los sorteos realizados por medios televisivos cuya mecánica es llevada a cabo a través de llamadas telefónicas, ha tenido una gran demanda, resultando obvio que el monto recaudado rebasa en gran medida el costo del bien sorteado.

Por otro lado, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece en su artículo 3° fracción XIV, inciso a), que entre los sujetos obligados, se encuentra, la Administración Pública Federal, siendo parte de ella la Secretaría de Gobernación.

De igual manera en su artículo 4° fracciones II y IV establecen como objetivos de la Ley entre otros, el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los mencionados sujetos.

Aunado a lo anterior, el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su fracción XII, establece como obligación de la Secretaría de Gobernación, en este caso, el poner a disposición del público y actualizar la información relativa a la concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos.

En este tenor, en el referido punto de acuerdo, menciono que la dependencia federal citada no informa en la cuenta pública sobre los ingresos que generan los sorteos arriba citados, por lo cual solicito se exhorte a la Secretaría de Gobernación, para que informe sobre el fundamento, cantidad, criterios y condiciones bajo las cuales se han estado otorgando permisos a las televisoras nacionales para que realicen los sorteos mencionados, así como respecto a la participación que ha correspondido al Gobierno Federal, en relación con las utilidades que generan tales sorteos y los establecimientos de prevención social y asistencia a los cuales se han canalizado dichas participaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto y toda vez que el plazo estipulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se ha cumplido, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a fin de que elabore el dictamen correspondiente al multicitado punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. Arturo Nahle García (rúbrica).»

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para que se discuta y dictamine la iniciativa de ley con proyecto de decreto que busca regular el monto y condiciones en que las instituciones bancarias pueden cobrar comisiones por la prestación de servicios de rutina a sus usuarios.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, solicita respetuosamente, por este conducto, a la Presidencia de esta honorable Cámara, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

Antecedentes

Uno. Con fecha 11 de agosto de 2004 fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el suscrito, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, para regular las comisiones por servicios a usuarios de la banca, con la finalidad de acabar con la omisión a la Ley de Instituciones de Crédito, que en su artículo 4° señala claramente que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario, obligación ésta que no ha sido cumplida por el legislador y que ocasiona cobros discrecionales a los usuarios de la banca en general y un elevado costo para el Estado Mexicano por los injustificados cobros que sufre por la tenencia de valores gubernamentales: los Certificados de la Tesorería (Cetes) y los Bonos de Protección al Ahorro (Bpa).

La Presidencia turnó la iniciativa a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.

Dos. En sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta con el inventario de los asuntos que dicha comisión remitió a la Cámara de Diputados y la Presidencia de esta última dictó el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Hasta la fecha no se ha puesto la iniciativa a debate de los miembros de la comisión publicado y por ello no se ha presentado ante el pleno el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. La iniciativa, con su sola presentación genero la publicación de informes comparativos elaborados por la Condusef, que demostraron el carácter arbitrario y abusivo de las elevadas cuotas cobradas por todas las instituciones bancarias por los servicios rutinarios de operación elemental de toda institución de su genero.

2. El informe de la Condusef, el debate en medios de la iniciativa y algunos reportajes de la televisión, impactaron en la opinión pública y en la conducción de las empresas bancarias, generando reducciones en los cobros de algunos servicios, pero aun cuando es positiva esta corrección, se sigue sin ejercer la función reguladora y se continua en condición de arbitrariedad en el establecimiento de las cuotas.

3. En el curso de tiempo trascurrido desde la presentación de la iniciativa se ha difundido de modo muy extenso, en los medios electrónicos, que las mismas instituciones bancarias que operan en México, no cobran nada en sus países de origen por los servicios que aquí si son cargados a los usuarios. Lo que es doblemente grave, pues en el caso de los Certificados de la Tesorería (Cetes) y los Bonos de Protección al Ahorro (Bpa), es nuestro Gobierno quien sigue haciendo pagos injustificados, onerosos y absolutamente innecesarios.

En virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que la iniciativa en cuestión se orienta a obtener la regulación de las comisiones que las instituciones bancarias cobran a los usuarios, consideramos oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que se convoque a informar, debatir y dictaminar la iniciativa en comento a la mayor brevedad.

En mérito de lo expuesto a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin de que convoque al debate en comisiones y calendarice el procedimiento para arribar a un dictamen que acepte o rechace la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Convergencia para regular el cobro de comisiones por servicios a los usuarios de la Banca.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 21 de octubre del 2004.--- Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez.»

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ARTICULOS 27, 42 Y 48 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para que se discuta y dictamine la iniciativa de ley con proyecto de decreto que busca incorporar al marco constitucional a los territorios transfronterizos, producto de los tratados internacionales relativos a la demarcación perimetral de nuestra nación firmados en particular con el gobierno de Estados Unidos y aquellos que se celebren posteriormente

El suscrito, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, solicita respetuosamente, por este conducto, a la Presidencia de esta honorable Cámara, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

Antecedentes

Uno. Con fecha 21 de julio de 2004 fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el suscrito, una iniciativa con proyecto de decreto para incorporar al marco constitucional a los territorios transfronterizos, producto de los tratados internacionales relativos a la demarcación perimetral de nuestra nación firmados en particular con el gobierno de Estados Unidos y aquellos que se celebren posteriormente

La Presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.

Dos. En sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta con el inventario de los asuntos que dicha comisión remitió a la Cámara de Diputados y la Presidencia de esta última dictó el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales. Hasta la fecha no se ha puesto la iniciativa a debate de los miembros de la comisión y por ello no se ha presentado ante el pleno el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. En el año 2000, el Gobierno de México firmó con el de Estados Unidos de América un tratado que tuvo por objeto delimitar la plataforma continental de ambos países situada en el centro del Golfo de México. A dicho tratado se le denominó, ``Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas''.

Este tratado delimita un área en forma de polígono conocido como ``hoyo de dona'', el cual comprende una superficie de 17 mil kilómetros cuadrados, mismo que se ubica en la región occidental del Golfo de México en aguas internacionales limítrofes con nuestra plataforma continental, de esta superficie corresponden a nuestro país el 60.36 por ciento y a Estados Unidos el 39.64 por ciento.

2. Se tiene conocimiento de la existencia de yacimientos de petróleo y gas natural que pueden extenderse más allá de los límites establecidos en el tratado, por lo que se convino entre ambas naciones, que en un lapso de 10 años, contado a partir del inicio de la vigencia del tratado ``uno se autorizarán ni se permitirán la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de 1.4 millas náuticas (2.6 kilómetros) del límite establecido en el artículo primero del tratado''.

3. Nuestro país tiene pendientes de concretar en el Golfo de México y el mar Caribe tratados de límites marítimos con Cuba, Guatemala, Belice, Honduras y con los mismos Estados Unidos, por lo que, en su momento, se verá en la necesidad de suscribirlos. Esto, porque se tiene la certeza de la existencia de yacimientos de petróleo y gas natural, también transfronteriszos, es decir, deberemos convenir con estos países la forma de exploración y explotación de los yacimientos ubicados en lo que por analogía denominaremos ``territorios transfronterizos''.

4. Independientemente de la voluntad que muestre nuestro Gobierno para avanzar en resolver las tareas pendientes derivadas del tratado firmado con Estados Unidos de América, existe la problemática de que nuestra Constitución no prevé su existencia, y por tanto el trato que se dará a estos territorios transfronterizos y a los recursos naturales existentes en ello.

En virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que la iniciativa en cuestión se orienta a definir de modo riguroso la extensión territorial sobre la que México ejerce su soberanía y explota los recursos naturales del subsuelo; consideramos oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que se convoque a informar, debatir y dictaminar la iniciativa en comento a la mayor brevedad.

En mérito de lo expuesto a usted ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que convoque al debate en comisiones y calendarice el procedimiento para arribar a un dictamen que acepte o rechace la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Convergencia para incorporar al marco constitucional a los territorios transfronterizos, producto de los tratados internacionales relativos a la demarcación perimetral de nuestra nación firmados en particular con el gobierno de Estados Unidos y aquellos que se celebren posteriormente, y mediante esta reforma constitucional ampliar la soberanía de México a los territorios del Hoyo de la Dona.

Atentamente.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 21 de octubre del 2004.--- Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excitan a las comisiones correspondientes para que emitan el dictamen relativo.

Por lo que respecta a las excitativas presentadas y que se trate de la segunda excitativa se estará a lo dispuesto por el Reglamento para estos casos.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo, a fin de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005 se asigne al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, una partida presupuestal total de 6 mil 500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Torres Morales, del Partido de la Revolución Democrática.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se asigne al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal una partida Presupuestal total de 6 mil 500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

Hasta el año 2000, el presupuesto para la seguridad pública en México fue ejercido por la Secretaría de Gobernación.

En 1998, se creó el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), compuesto por las aportaciones que el Gobierno federal envía a los estados y municipios para devengar gastos en educación, salud e infraestructura pública. En 1999, por primera vez se aprobaron recursos dentro del Ramo 33 para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal( FASP), el cual se integra al presupuesto global del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este esquema se reformó en el año 2001, cuando la función de seguridad pública se elevó a rango de Secretaría, creándose la Secretaría de Seguridad Pública y separándose de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Así y a partir de esa fecha , el Gobierno federal ejerce su presupuesto en materia de seguridad pública, clasificándolo de origen como sigue: Recursos Federales (FASP + dependencias federales) y Recursos Estatales; tal como se aprecia en el cuadro siguiente respecto al ``Origen y destino de los recursos ejercidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública'' de 1997 a 2004, contenido en el Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004 y el cual se inserta a continuación.

Como parte de estos considerandos, cabe hacer una precisión: de acuerdo con el estudio ``La seguridad pública en México: indicadores delictivos y presupuesto ejercido, 1980 -2004'' , elaborado por la División de Economía y Comercio de la esta H. Cámara de Diputados; en 1996, la delincuencia en México presentó niveles nunca alcanzados con 123 mil delitos sentenciados del fuero común y 27 mil delitos del fuero federal, lo que obligó a que a partir de 1997 casi se haya quintuplicado la asignación presupuestal para la Seguridad Pública y, es por ello, que los análisis recientes de esta materia parten de ese año.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye en su columna de ``Concepto'' y marcado con el No.2 al rubro de ``Dependencias Federales'', que hacen referencia, entre otras, a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las cuales corresponden a la materia de seguridad nacional pero ejercen recursos destinados a la seguridad pública, mismos que se desconocen en su cantidad y el destino asignado. Lo anterior, provoca confusión en el análisis presupuestal autorizado exclusivamente a la seguridad pública.

A nivel de cifras, el comportamiento del presupuesto asignado a la Seguridad Pública de 1997 a 2004 presentado en el Cuadro No. 1, observa una tendencia ascendente hasta el 2002 y descensos en los dos últimos años en su importe total así como en cada uno de los conceptos que lo componen.

Sin embargo, para analizar la evolución del presupuesto asignado a la Seguridad Pública, en el mencionado estudio sobre ``La seguridad pública en México'', se tomaron en cuenta los conceptos ligados directamente a esta materia y se descartaron los recursos destinados a las dependencias pertenecientes a la Seguridad Nacional, conformándose así un presupuesto específico para la Seguridad Pública que permitiera observar su comportamiento con cantidades perfectamente identificables.

En consecuencia, en el cuadro siguiente, el No. 2, ya se presenta el presupuesto específico para la Seguridad Pública de 1997 a 2004, reflejándose la evolución que ha presentado el presupuesto asignado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y , posteriormente, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) más los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) perteneciente al Ramo 33 del PEF, a precios corrientes.

Es evidente que descontando del Presupuesto Global lo correspondiente a las dependencias de Seguridad Nacional, éste disminuye y finalmente el Presupuesto Específico para la Seguridad Pública ( compuesto por SSP+FASP) sea menor, tal como se aprecia en el cuadro anterior. Lo importante en este análisis es precisar cuál es el presupuesto disponible para Seguridad Pública y eliminar vicios ocultos como cifras globales que no permiten el análisis objetivo y real.

Finalmente, en el cuadro siguiente se hace el comparativo de los presupuestos global y específico deflactados a precios constantes del año 2000, para obtener las diferencias reales entre ambos y percatarse del deterioro presupuestal que ha tenido la materia de seguridad pública en la presente administración.

El presupuesto que se debe tomar en cuenta para el análisis de los recursos asignados a la Seguridad Pública es el Presupuesto Específico y no el Global. Al comparar el Presupuesto Específico respecto al Global a precios constantes del año 2000, se observa que los recursos reales destinados a la Seguridad Pública durante la presente administración tienen una pérdida adquisitiva de entre el 18% y el 32%, siendo el año de 2002 el de mayor diferencia entre ambos presupuestos. Incluso, la variación anual relativa del Presupuesto Específico a precios constantes decrece drásticamente a partir del 2002, presentándose una disminución del 2004 respecto al presupuesto del año 2001, del 28%.

El análisis anterior, evidencia la no concordancia entre la realidad de los recursos oficialmente asignados a la Seguridad Pública, con las prioridades del Ejecutivo Federal declaradas en el 4° Informe de Gobierno referidas a que `` La Seguridad Pública es la base de la confianza en la relación social, elemento imprescindible de convivencia. Y es, también, la primera responsabilidad del Estado.''

En el marco de la creciente inseguridad pública a nivel nacional , la sociedad civil se manifestó en las calles a finales de junio de 2004 y logró colocar el problema de la inseguridad en la agenda del Gobierno federal y del Congreso de la Unión.

El primero de julio de 2004, el Ejecutivo federal se comprometió al rescate de la seguridad pública en un plazo de 60 días proponiendo diez puntos a lograr, entre ellos, el incremento al rubro de seguridad en el presupuesto 2005.

En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto 2005 presentado por el Ejecutivo federal, se propone un presupuesto total para la función de ``Orden, seguridad y respeto'' de 22,546.90 millones de pesos.

Dentro de ese presupuesto total para la función de ``Orden, seguridad y respeto'', en la misma exposición de motivos, se señala que: ``En la propuesta de presupuesto para 2005 se contemplan recursos para la seguridad pública por 13,473.7 millones de pesos, los cuales comprenden 6,919.5 millones de pesos para el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública y 6,554.2 millones de pesos para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gasto en seguridad pública que se propone para 2005 significa un incremento de 22.0 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado en 2004''.

Al respecto, cabe recordar que el presupuesto autorizado para el Sistema Nacional de Seguridad Pública por la H. Cámara de Diputados para el año 2004 fue de 11,537.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 17% para la propuesta presupuestal del 2005 respecto al ejercicio anterior y no del 22%, como se señala en la Exposición de Motivos.

La propuesta presupuestal para 2005 respecto a la Seguridad Pública, se presenta en la exposición de motivos mediante el gráfico siguiente:

En la exposición de motivos, se menciona que ``Uno de los componentes que presenta un mayor incremento es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP ), que prácticamente se duplica respecto a lo aprobado para 2004 conforme a la propuesta que se presenta a esa Soberanía.''

Continuando con la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto 2005, en el gráfico del proyecto se separa al Sistema Nacional de Seguridad Pública (con el 48.6% del total del presupuesto solicitado) de la Secretaría de Seguridad Pública (con el 51.4% restante), cuando en el ``Origen y destino de los recursos ejercidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública'' correspondiente al Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004, son parte de un todo.

En el mismo gráfico del Proyecto de Presupuesto 2005, se incluye a ``otras dependencias'' con el 11.5% del total pero sin señalar qué dependencias son, pudiéndose deducir que son las correspondientes a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las cuales pertenecen a la materia de Seguridad Nacional y no se especifica cuánto de ese porcentaje se destina exclusivamente al rubro de Seguridad Pública.

Finalmente, se observa que el rubro correspondiente al FASP tiene una propuesta de 5,000.0 millones de pesos, lo que efectivamente duplica la cantidad autorizada para el ejercicio anterior y registrada en el ``Origen y destino de los recursos ejercidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública'' del Anexo del Informe de Gobierno 2004. Aquí es donde se ubica el compromiso del Ejecutivo Federal de solicitar un incremento al presupuesto de 2005 para la seguridad pública.

Al respecto, se observa que la propuesta de incrementar al 100% el presupuesto de 2005 correspondiente a la Seguridad Pública, únicamente abarca al FASP; el mismo concepto que la presente Administración se ha encargado de disminuir, paulatina pero drásticamente, desde el año 2002 hasta el 2004, lo cual se puede distinguir en el Cuadro No.2 del presente análisis.

En el mencionado cuadro No. 2, se observa que el FASP en el año 2000 tuvo una asignación de 5,213.9 millones de pesos y en el 2001 de 5,786.4 millones de pesos, el más alto en la presente Administración y, el cual, fue reducido hasta 2,500 millones de pesos para el año 2004. Es decir, el presupuesto ejercido por el FASP en el año 2002 fue 232% más alto a precios corrientes que el proyecto de presupuesto solicitado para el 2005.

Lo anterior, evidencia que posiblemente una causa del incremento de la inseguridad pública ha sido provocada por la política presupuestal del propio Ejecutivo federal al disminuir los recursos destinados al combate de dicho problema cuya tendencia ha sido creciente y que, ahora, aun solicitando un incremento del 100% de los recursos para el año 2005 , no se llegará siquiera al monto presupuestal del cual partió esta Administración en el año 2000.

Se concluye, finalmente, que el aumento de recursos financieros para el FASP en el proyecto de Presupuesto 2005 solicitado por el Ejecutivo federal, no cubre el deterioro presupuestal que ha tenido este concepto desde el año 2002. Por lo tanto, se propone que el incremento sea del 260% respecto a lo autorizado en el 2004, para lograr el equilibrio presupuestal de las reducciones acumuladas a la fecha, resultando una propuesta de asignación de 6,500 millones de pesos de 2005. Este incremento solicitado, es la suma del 232% de pérdida acumulada de las asignaciones presupuestales al FASP de 2001 al 2004, más un 28% de deterioro del poder adquisitivo en ese mismo período, sin considerar la inflación estimada para el año 2005.

Acorde al estudio elaborado por la División de Economía y Comercio de la H. Cámara de Diputados, titulado: ``El presupuesto que la Federación asigna a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública, 1999-2005'', la propuesta de presupuesto 2005 debe respetar los criterios para la distribución de los recursos del FASP para las entidades federativas establecidos en el artículo 44, párrafo 3, de la Ley de Coordinación Fiscal, entre los que destacan los siguientes tres factores:

Número de habitantes de las Entidades Federativas y del Distrito Federal.

Tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; e,

Indice de ocupación penitenciaria.

En ese sentido, en el gráfico siguiente que forma parte del estudio elaborado por la División de Economía y Comercio de la H. Cámara de Diputados citado anteriormente, se presentan las diez entidades federativas que obtienen las mayores transferencias por parte del Gobierno federal para combatir la inseguridad pública, respetando los criterios previamente establecidos,. Dicho gráfico, refuerza la propuesta de incrementar a 6,500 millones de pesos para el ejercicio del 2005 los recursos presupuestales asignados al FASP, dado el aumento de la inseguridad pública a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, asigne una partida presupuestal total de 6,500.0 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con la finalidad de que este fondo logre resarcir el deterioro de las reducciones presupuestales y las pérdidas adquisitivas acumuladas desde el año 2002 a la fecha y cuente con los recursos mínimos para apoyar el combate a la inseguridad pública en los estados y el Distrito Federal, respetando los siguientes criterios de distribución del FASP, establecidos en el artículo 44, párrafo 3, de la Ley de Coordinación Fiscal: número de habitantes de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; e, índice de ocupación penitenciaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió también proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se clarifique el origen, destino y cantidad de los recursos asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se clarifiquen el origen, el destino y la cantidad de los recursos asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

La función del Estado en materia de seguridad pública la especifica el artículo 21 constitucional, fracción IV), donde se determina explícitamente la obligación de los tres órdenes de gobierno para dotar a la sociedad de seguridad pública y que a la letra dice: ``La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala...

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.''

En el artículo 3º de la ``Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública'', se hace referencia a los instrumentos para alcanzar los fines en esta materia, señalándose que: ``La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley''.

No obstante lo amplio del espectro que abarca lo que se denomina Sistema Nacional de Seguridad Pública, son identificables las partes que en él intervienen. Sin embargo, dentro de los conceptos que integran el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Seguridad Pública clasificados por su ``origen y destino'' de acuerdo al contenido del Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004 y cuyo cuadro se presenta a continuación, no existe claridad en la cantidad de recursos que se le destinan a la seguridad pública en el rubro denominado ``Dependencias federales'', ya que ahí se ubican las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y no se especifica cuánto de ese presupuesto asignado le corresponde a la materia de Seguridad Pública y cuánto a la materia de Seguridad Nacional, lo cual provoca confusión en el análisis presupuestal destinado exclusivamente a la seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en el rubro destinado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se especifiquen el origen, destino y cantidad de los recursos asignados específicamente a los conceptos de Seguridad Pública dentro de las Dependencias federales lo correspondiente a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como las asignaciones a las denominadas ``Otras áreas'', creándose con ello un presupuesto de Seguridad Pública con el total de los recursos asignados específicamente a esa materia, lo cual ofrecerá claridad al momento de su asignación, su análisis, seguimiento e interpretación de las cifras y facilitará las decisiones para las mejoras a dicho presupuesto; todo ello en beneficio de la ciudadanía y la transparencia en la aplicación de los recursos presupuestales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Puebla para que esclarezca la intervención indebida de los delegados federales en el estado de Puebla y la aportación ilegal de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional, y al Poder Ejecutivo Federal, para que suspenda las acciones directas e indirectas que favorezcan a este partido.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, 39 y 45, numeral 6, inciso e, y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 de su Reglamento, nos permitimos someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En virtud de que ha sido publicada esta proposición de punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, me concretaré solamente a subrayar los siguientes:

El 14 de noviembre del presente año se van a efectuar elecciones en 4 estados de la República: Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa y Puebla.

En el estado de Puebla se elegirá al gobernador, a 26 diputados locales de mayoría relativa y a 217 presidentes municipales.

Los miembros del PRI no deseamos, no pretendemos que las elecciones se judicialicen, queremos ganar las elecciones en las urnas, no en los tribunales. No queremos que se procese y condene a ningún servidor público de ningún partido político por intervenir ilegalmente en el uso de recursos públicos materiales y humanos a favor de los candidatos. Queremos que la ley se respete.

La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, deben ser principios rectores en el desa-rrollo de todo el proceso electoral, según lo establecido en el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El punto de acuerdo que se propone como de obvia y urgente resolución, por la proximidad de las elecciones y porque de ser enviado a comisiones ya no tendría ningún efecto, tiene por objeto exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Electoral del estado de Puebla, para que investigue y esclarezca la intervención indebida de algunos delegados federales en el estado y la aportación indebida de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer el punto de acuerdo ya contenido en la publicación de la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla a esclarecer la intervención indebida de los delegados federales en dicha entidad y la aportación ilegal de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional; y al Poder Ejecutivo federal, a suspender los actos directos e indirectos que favorezcan ese partido, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e), y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 de su Reglamento, nos permitimos someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución; con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero.- El catorce de noviembre del presente año se van a efectuar elecciones en cuatro estados de la República, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa y Puebla.

Segundo.- en el estado de Puebla se elegirá al gobernador del estado, a 26 diputados locales de mayoría relativa y a 217 presidentes municipales.

Tercero.- El pasado 5 de octubre dos delegados federales en Puebla, el de la Procuraduría Federal del Consumidor y la del Instituto Nacional de Migración, acudieron en horario en que debían estar trabajando, a una reunión de proselitismo en favor de los candidatos del PAN, motivo por el que fue presentada una denuncia el día siete de octubre y se inició la averiguación 08/2004 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Los delegados denunciados argumentaron que habían solicitado permiso sin goce de sueldo para asistir al acto proselitista, pero no presentaron el permiso que apoyara su dicho. Nuestro partido ha presentado cinco quejas administrativas ante el Instituto Electoral de estado en contra del PAN en el transcurso de este proceso electoral. El PRD también presentó denuncia por motivos similares, también contra el PAN y se abrió la averiguación número 608/2004/DMSG-III de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Cuarto.- Los miembros del partido revolucionario institucional, no deseamos, no pretendemos que las elecciones se judicialicen, queremos ganar las elecciones en las urnas, no en los tribunales, no queremos que se procese y condene a ningún servidor público de ningún partido político, por intervenir ilegalmente con el uso de recursos públicos, materiales y humanos en favor de los candidatos. Queremos que la ley se respete.

Quinto.- El licenciado Melquiades Morales Flores, gobernador constitucional del estado de Puebla, se ha mantenido respetuoso del proceso electoral, y ha hecho exhortaciones para que ningún servidor público de ningún partido político intervenga de manera ilegal.

Sexto.- Nuestro candidato a gobernador, el licenciado Mario Marín Torres, según encuestas de diarios nacionales y empresas reconocidas de opinión pública, está arriba en las preferencias electorales, en todo el estado, por una ventaja de más de 30 puntos porcentuales, sobre el candidato que ocupa el segundo lugar, lo mismo sucede con nuestro candidato a presidente municipal de la capital, aunque con menor ventaja sobre el candidato de la oposición.

Séptimo.- En los estados donde recientemente se han efectuado elecciones, especialmente en Oaxaca y Veracruz, se han hecho múltiples señalamientos, sobre la indebida intervención de servidores públicos del Poder Ejecutivo federal y por la aplicación de recursos públicos en favor de los candidatos del Partido Acción Nacional. En Puebla, no se los vamos a permitir, denunciaremos y probaremos las intervenciones violatorias de la ley.

Octavo.- La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, deben ser principios rectores en el desarrollo de todo el proceso electoral, según lo establecido por el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Noveno.- El punto de acuerdo que se propone, como de obvia y urgente resolución, por la proximidad de las elecciones; y porque de ser enviado a comisiones, ya no tendría ningún efecto, tiene por objeto exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que investiguen y esclarezcan la intervención indebida de los delegados federales en el estado y la aportación indebida de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte por una parte, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que investiguen y esclarezcan la intervención indebida de los delegados federales en el estado de Puebla y la aportación ilegal de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional, y por otra que el poder Ejecutivo federal suspenda todo tipo de acciones que directa o indirectamente favorezcan a este mismo partido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.--- Diputados: Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Jesús Morales Flores (rúbrica), José López Medina, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea ...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Permítame, diputado Secretario.

El diputado Rogelio Flores... Activen el sonido a su curul, por favor.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (desde su curul): Diputada, nada más para solicitarle que la votación sea de manera nominal.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quién lo apoya, señor?..

Adelante.

Se instruye a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, por favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos, para ver si se considera de urgente resolución la proposición.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momento, señor Secretario.

Activen el sonido en la curul del diputado Wintilo Vega, por favor.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Presidenta, es un asunto de urgente resolución el planteamiento. Al ser el punto de acuerdo de urgente resolución, en caso de ser rechazado sería turnado a comisión. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el turno, Presidenta?

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A la Comisión de Gobernación, señor diputado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Abrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.

(Votación.)

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De viva voz:

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul) A favor.

Diputada Presidenta se emitieron 223 votos a favor, 116 en contra, 1 abstención.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Secretario, le ruego acepte la votación del diputado que acaba de llegar.

No, que al cabo no llega.

Dígame, diputado Wintilo Vega, por favor.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Una atenta súplica, Presidenta. Yo prefiero que no acepte un voto que nos puede beneficiar, pero sí le pediría, con mucho respeto, que no califique usted la votación, para eso está el Secretario, y no le acepto que diga: ``no, que al cabo no llega'' ¿eh? Actuemos con seriedad, por favor.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien diputado, así será.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputada Presidenta, no se alcanza la mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por lo tanto, señores diputados, no se considera de urgente resolución y túrnese a la Comisión de Gobernación.

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TELECOMUNICACIONES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita: Con su permiso, señora Presidenta.

La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria concluir la tramitación del acuerdo por el que solicita a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, atendiendo a las observaciones que por esta vía se realizan al tenor de los siguientes antecedentes:

Con motivo de los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones que nuestro país ha venido experimentando, la autoridad administrativa se ha visto precisada a llevar a cabo las modificaciones en los anexos de los títulos de concesión, por virtud de los cuales los particulares pueden instalar, operar y explotar...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputada.

Favor de detener el reloj.

¿Sí, diputado Frías?

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (desde su curul): Con la súplica de que si puede sacar el quórum ya presente.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si no le importa, señor diputado, acaba de haber una votación nominal en este momento, entonces acaban de salir...

Bueno, en términos del artículo 27 favor de abrir el registro electrónico hasta por 10 minutos para verificar el quórum y mientras tanto continuaremos con el desahogo de la sesión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para verificar el quórum.

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TELECOMUNICACIONES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputada Gutiérrez Zurita.

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita: Gracias, diputada Presidenta. Comentábamos que precisamente los anexos de los títulos de concesión por virtud de los cuales los particulares pueden instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones, inicialmente el otorgamiento de estos títulos de concesión se limitaban a la prestación de servicios de televisión restringida, ya sea mediante redes, cableados o a través de microondas o vía satélite.

En algunas consideraciones, en otro orden de ideas y en recientes declaraciones, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes ha señalado que las condiciones para que las empresas de televisión por cable ofrezcan el servicio de telefonía podrían estar dadas en un plazo máximo de 3 meses, sin embargo, para ello sería necesario que los concesionarios de cable desistan de su petición de contar con un periodo de protección de 7 años, durante el cual se impidiera a las empresas telefónicas prestar el servicio de vídeo que estas últimas han venido reclamando como una acción inmediata toda vez que sus actuales títulos de concesión no les permiten prestar en tal sentido.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se conmine al secretario de Comunicaciones y Transportes para que se otorgue a los concesionarios de televisión por cable el plazo de protección de 7 años que solicitan, para el efecto que durante este periodo no se permita a las empresas telefónicas prestar el servicio de vídeo.

Segundo. Se solicita respetuosamente al titular de la dependencia federal antes citada, que atienda las observaciones realizadas en el presente punto de acuerdo respecto del contenido del anexo COD, según corresponda, de los títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que comprende la prestación del servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, que agrega a dichos títulos la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica y

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que concluya la revisión y dictamen del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Por obvio de tiempo he hecho un resumen, le pido a esta honorable Asamblea se pueda integrar a la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, a cargo de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a l secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, atendiendo a las observaciones que por esta vía se realizan, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con motivo de los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones que nuestro país ha venido experimentado, la autoridad administrativa se ha visto precisada a llevar a cabo modificaciones en los Anexos de los Títulos de Concesión, por virtud de los cuales los particulares pueden instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones. Inicialmente, el otorgamiento de estos títulos de concesión se limitaba a la prestación del servicio de televisión restringida, ya sea mediante redes cableadas, o a través de microondas o vía satélite.

2. Posteriormente, mediante Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2003, se modificó el Anexo A y se adicionó el Anexo B o C, según fuera el caso, a los Títulos de Concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden el servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, para incluir el servicio de transmisión bidireccional de datos, es decir, la prestación del servicio de internet. De este modo, los concesionarios que así lo decidan, pueden adherirse a dicho Acuerdo, quedando autorizados para prestar un servicio adicional.

3. El 22 de junio de 2004, se publicó en la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el anteproyecto de Acuerdo que modifica el diverso precisado en el párrafo que antecede, con la finalidad de agregar a los Títulos de Concesión el Anexo C o D, según corresponda, para la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica, así como el propio Anexo C o D que permitirá a los concesionarios que así lo determinen, prestar el servicio a que éste se refiere.

Consideraciones

I. El artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que las dependencias y entidades deberán hacer públicos los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas, por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a la firma del titular del Ejecutivo Federal.

II. En este sentido, desde el 22 de junio del 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicó en su página Web los anteproyectos de Acuerdo y Anexo, relativos a la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica.

III. Asimismo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los anteproyectos de disposiciones jurídicas de carácter general elaborados por la administración pública federal deben ser remitidos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su revisión y dictamen, junto con una manifestación de impacto regulatorio en los casos en que impliquen costos de cumplimiento para los particulares.

IV. Así, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes remitió el 9 de septiembre del 2004 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el Acuerdo por el que se adicionan el numeral A.1.3. al Acuerdo Primero, un segundo párrafo a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto Y Sexto, el Anexo C o D, según corresponda, para incluir el Servicio de Transporte de Señales del Servicio Local, y el Formato de Aviso de inicio de la prestación del Servicio de Transporte de Señales del Servicio Local al ``Acuerdo por el que se modifica el Anexo A y se adiciona, según corresponda, el Anexo B, o C, a los títulos de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden el servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, para incluir el servicio de transmisión bidireccional de datos'' publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2003, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

V. En otro orden de ideas, y en recientes declaraciones, el Subsecretario de Comunicaciones, ha señalado que las condiciones para que las empresas de televisión por cable ofrezcan el servicio de telefonía, podrían estar dadas en un plazo máximo de tres meses; sin embargo, para ello sería necesario que los concesionarios de cable desistan de su petición de contar con un periodo de protección de siete años, durante el cual se impidiera a las empresas telefónicas prestar el servicio de video, que éstas últimas han venido reclamando como una acción inmediata, todas que sus actuales Títulos de Concesión no les permiten prestar tal servicio.

VI. El plazo de protección que solicitan los concesionarios de televisión por cable atiende a un principio de competencia leal, que encuentra su razonable justificación en el hecho de que éstos no están en igualdad de circunstancias frente a las empresas telefónicas --tanto en número de clientes como en condiciones de infraestructura tecnológica--, mientras que los concesionarios de servicios de telefonía cuentan ya, en muchos casos, con adelantos importantes para iniciar la prestación del servicio de video. Al efecto, es de relevancia señalar que la mayor empresa telefónica en nuestro país cuenta con 16 millones de clientes y su infraestructura le permitiría acceder completamente a los servicios de televisión en tan sólo 2 años, en tanto que los casi 600 sistemas de televisión por cable en México, tienen sólo 3 millones de usuarios y la infraestructura que requieren para la prestación del servicio de telefonía es de un elevado costo.

Además, debe considerarse que en aquellos países en los que los concesionarios de cable ya prestan el servicio de telefonía, siempre se ha otorgado el plazo de transición antes de que las telefónicas puedan iniciar la prestación de servicios de video; tal es el caso de Inglaterra --donde el plazo de protección fue de 10 años-- y de los Estados Unidos de Norteamérica --en el que se otorgó un plazo de 7 años-- tal y como lo solicitan los concesionarios de cable mexicanos.

VII. De este modo, en el caso de no otorgarse el plazo de protección que solicitan los concesionarios de cable, las más beneficiadas serían las empresas telefónicas, porque podrían ahorrarse infraestructura y rentar capacidad para transportar sus señales a través del servicio de video.

Sobre este último aspecto, es de destacarse que el anteproyecto de Anexo --más que brindarle a los concesionarios de televisión por cable la opción de prestar el servicio de telefonía-- los obligaría a asociarse con las telefónicas, para que éstas accedan a la llamada ``última milla'', es decir, al par de hilos de cobre que permite al usuario conectarse a la central pública telefónica y que le provén de dicho servicio.

Así, en términos de las condiciones 2 y 4 del anteproyecto de Anexo, los concesionarios de televisión por cable únicamente podrán prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, pero no están autorizados a prestar directa o indirectamente el servicio público de telefonía básica, ni a explotar ninguna concesión de red pública local para prestar dicho servicio.

Sin embargo, no existe justificación alguna para imponer esta limitante, máxime que los propios concesionarios de televisión por cable han manifestado en diversos medios de comunicación que cuentan con la infraestructura y capacidad técnica para prestar el servicio de telefonía de manera integral, es decir, incluyendo la denominada ``última milla''.

Por otra parte, del análisis del anteproyecto de Anexo se desprende que éste presenta ciertas inconsistencias, por ejemplo, en la Condición 1 se plasman definiciones sustancialmente diferentes a las establecidas en las Reglas del Servicio Local, las Reglas de Larga Distancia, así como a las señaladas en los propios títulos de concesión de operadores de telefonía local y de larga distancia, lo que podrían generar eventuales contradicciones en la aplicación de textos normativos.

En la condición 2 no se justifica que el transporte de señales se limite a operadores de telefonía local, cuando los concesionarios de larga distancia tienen derecho a llegar a los usuarios finales, para efectos del servicio de larga distancia.

En la condición 6 no se definen específicamente las obligaciones a cargo de los concesionarios de redes de cable y las que deben asumir los operadores telefónicos locales; en consecuencia, el concesionario de cable debe ser responsable de la calidad del servicio autorizado en el Anexo que se refiere al transporte de señales, y no debe ser responsable por lo que hace al servicio de telefonía local.

La condición 10 prevé que los contratos que los concesionarios celebren para la prestación del servicio de telefonía deben someterse a la previa aprobación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; sin embargo, se estima que tal disposición es inadecuada, toda vez que deben seguirse las mismas reglas previstas en el Capítulo IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones para los contratos de interconexión.

En la condición 14 se establece un plazo de 30 días naturales para que el concesionario exhiba la sustitución de la fianza, no obstante que este plazo resulta insuficiente, debido a las nuevas reglas administrativas que siguen las instituciones de fianzas autorizadas.

En la condición 15 se prevé que el incumplimiento de alguna obligación derivada del Anexo es causa de la revocación de la concesión en su conjunto, lo cual resulta desproporcionado, toda vez que la revocación debiera darse en relación con el incumplimiento del servicio autorizado en el Anexo.

Por lo anteriormente expuesto, y por considerarse de urgente u obvia resolución, me permito presentar ante esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se conmina al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que se otorgue a los concesionarios de televisión por cable, el plazo de protección de siete años que solicitan, para el efecto de que durante este período, no se permita a las empresas telefónicas prestar el servicio de video.

Segundo.- Se solicita respetuosamente al titular de la Dependencia Federal antes citada, que atienda a las observaciones realizadas en el presente Punto de Acuerdo, respecto del contenido del Anexo C o D, según corresponda, de los títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que comprende la prestación del servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, que agrega a dichos Títulos la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Tercero.- Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que concluya la revisión y dictamen del Acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida, a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de octubre de 2004.--- Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Gutiérrez. Favor de que se publique en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria y se turne a la Comisión de Comunicaciones.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural.

La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Presidenta. Proposición con punto de acuerdo presentada por su servidora, Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI, a nombre de los legisladores cenecistas. Compañeras y compañeros diputados:

El pasado 15 de octubre celebramos una vez más el Día Internacional de la Mujer Rural, el cual tiene su origen en la Conferencia de Beijing organizada en septiembre de 1995 por las Naciones Unidas, como resultado del planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales, motivo por el cual llego a esta tribuna para referirme a esas mujeres, que además de enfrentarse a la situación de iniquidad de género, enfrentan la dificultad de vivir en las localidades que concentran los más altos índices de pobreza.

Sin negar los importantes logros que en el país se han tenido y experimentado en relación a la condición social, jurídica, económica y política de las mujeres, siguen persistiendo para ellas marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales.

Lo anterior es particularmente pronunciado para las mujeres trabajadoras del campo, por encontrarse inmersas en situaciones de pobreza, rezago educativo, trabajo agobiante y de muy mal rentabilidad.

El papel de la mujer del siglo XX evolucionó para abarcar otros ámbitos, como los de representación social, política y de inserción en el mercado laboral; en el siglo XXI, las mujeres en México enfrentan el reto de mantener el equilibrio entre su vida personal, familiar, económica y laboral.

En este sentido la formación, educación y capacitación de las mujeres rurales, es una prioridad para asegurar el futuro del medio rural y de este país, incrementar la productividad, desarrollar su espíritu emprendedor y mejorar la salud y nutrición de esas familias, entre otros muchos aspec- tos; es en las áreas rurales donde los problemas de salud de las mujeres se vinculan con carencias de nutrición y excesivas cargas de trabajo.

Es por eso, compañeras y compañeros, que en este momento y les pido honorable Asamblea, que esta proposición sea con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Primero. Exhortar a mis compañeras y compañeros legisladores para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2005, se etiqueten y destinen recursos suficientes para que permitan que las bases económicas y sociales de las mujeres rurales y niñas del sector campesino, vivan mejor.

Segundo. Destinen recursos para promover la autoproducción de alimentos de traspatio a tecnificados para mejorar la alimentación de las familias y resolver los problemas de desnutrición que afectan principalmente a la población infantil de este país.

Muchas gracias, compañeros diputados.

Solicito Presidenta, que sea de urgente y obvia resolución, si es tan amable preguntarle a la Asamblea.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI

El 15 de octubre celebraremos una vez más el día internacional de la mujer rural, el cual tiene su origen en la Conferencia de Beijing organizada en septiembre de 1995 por las Naciones Unidas, como resultado del planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales, tales como La Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF), motivo por el cual llego a esta tribuna para referirme a esas mujeres, que además de enfrentarse a las situaciones de inequidad de género enfrentan la dificultad de vivir en las localidades que concentran los más altos índices de precariedad.

Sin negar los importantes logros que en el país se han experimentado en relación a la condición social, jurídica, económica y política de la mujer, sigue persistiendo para ella marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales. Lo anterior es particularmente pronunciado para las mujeres trabajadoras del campo por encontrarse inmersas en situaciones de pobreza, rezago educativo y trabajo agobiante y de muy baja rentabilidad.

El papel de la mujer en el siglo XX evolucionó para abarcar otros ámbitos como los de representación social, política y de inserción en el mercado laboral. En el siglo XXI las mujeres en México enfrentan el reto de mantener el equilibrio entre su vida personal, familiar, económica y laboral.

En ese sentido, la formación, educación y capacitación de las mujeres rurales es una prioridad para asegurar el futuro del medio rural, incrementar la productividad, desarrollar su espíritu emprendedor y mejorar la salud y nutrición de las familias, entre otros aspectos.

Es en las áreas rurales donde los problemas de salud de las mujeres se vinculan a carencias nutricionales, excesivas cargas de trabajo, alta fecundidad y embarazos frecuentes, inadecuada atención prenatal y del parto, elevada mortalidad materna e infantil, así como condiciones de insalubridad en su entorno y en sus viviendas.

Hoy se afirma que ``el futuro de nuestros países está en lo rural'', pero para que ese futuro sea realidad es preciso romper la cáscara dura y amarga que oculta esa semilla maravillosa capaz de generar la nueva ruralidad. La tarea es difícil porque ese cambio paradigmático no vendrá de afuera como por encantamiento o como un conjuro más de ``salvadores liberales y desinteresados''.

En este orden de ideas, no debemos pasar desapercibidos el hecho de que el Programa de la Mujer en el Sector Agrario tiene asignados para 2005, 50 mdp; mientras que en el 2004, contó con 150 mdp. El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales para 2005 se reduce a casi 67 mdp; mientras que en el 2004 la asiganación fue de 100 mdp.

Invertir en las mujeres rurales es garantía para mejorar las condiciones de vida de la población. Existe mayor potencial en las mujeres para generar desarrollo rural porque la mujer es madre, es esposa, es trabajadora y es educadora.

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a mis compañeras y compañeros legisladores para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2005, se etiqueten y destinen recursos suficientes que permitan sentar las bases económicas y sociales, para que las mujeres y niñas del sector rural puedan acceder de manera efectiva a los beneficios del desarrollo.

Segundo. Destinen recursos para promover la autoproducción de alimentos de traspatio a tecnificados para mejorar la alimentación de las familias y resolver los problemas de desnutrición que afectan principalmente a la población infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil cuatro. Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Rocha Medina.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien. Se considera, en consecuencia de urgente resolución.

Esta Presidencia tiene registrada a la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor de la proposición.

La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos: Gracias, diputada Presidenta.

A las diputadas del grupo parlamentario del PRD, que participamos en la Comisión de Equidad y Género, nos parece que el punto de acuerdo que presenta la diputada Sara Rocha, toca un tema poco atendido por esta honorable Cámara de Diputados.

Desde la anterior legislatura, las diputadas empezaron a hablar del presupuesto etiquetado para mujeres; con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, se logró identificar que en 2002 el presupuesto etiquetado para mujeres representó el 0.34 por ciento con relación al PEF. En 2003 fue de 0.85 por ciento y en 2004 significó el 0.80 por ciento del total de recursos públicos.

Los recursos que se etiquetan para atender a más de la mitad de la población de nuestro país, no han llegado al 1 por ciento del Presupuesto Público Federal.

El presupuesto etiquetado para mujeres del sector rural, es todavía mucho menor a estas minúsculas cifras. En 2004 aprobamos 600 millones de pesos para mujeres rurales, 500 en tres programas de la Secretaría de la Reforma Agraria y 100 para el Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, Fommur, ubicado en la Secretaría de Economía.

El proyecto de presupuesto 2005 reduce casi el 80 por ciento de estos recursos al asignar menos a las mujeres de este sector, 50 millones en el Promusag de la Secretaría de la Reforma Agraria y 66 millones al Fommur.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la diputada Sara Rocha, de etiquetar mayores recursos a mujeres rurales, aunque es importante agregar que además de incrementar los montos considerados en el proyecto de presupuesto 2005, es necesario asignar recursos para programas como el de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidades de la Semarnat, que en 2002 y 2003, contó con recursos etiquetados y en el PEF 2004 y 2005, ya no aparecen.

Asimismo, habría que destinar mayor presupuesto para mujeres indígenas en los programas que ya existen en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya que también este es un sector de la población que habita generalmente en las zonas rurales y que en general requiere de muchos apoyos para solventar la enorme desventaja social en la que se encuentran las mujeres indígenas. La propuesta concreta con montos de asignación la tramitaremos a través de la Comisión de Equidad y Género.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señora diputada.

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VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

De viva voz, la diputada Marbella Casanova Calam, activen el sonido a la curul 80.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): Presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Diputada Presidenta hay una asistencia...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado José Antonio de la Vega, por favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por favor, el diputado De la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Para que considere mi asistencia, en virtud de que no funcionó el aparato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sí, como no, con todo gusto. Quién más teníamos por allá, el diputado José Rangel por favor, activen el sonido en su curul.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul): Presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presente el diputado José Rangel. Por favor, el diputado Sánchez Rodríguez del PRD.

El diputado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez (desde su curul): Sí, aquí presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: La diputada Serrano Crespo, por favor.

La diputada Yadira Serrano Crespo (desde su curul): Es rectificación de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Presente, diputada?

La diputada Yadira Serrano Crespo (desde su curul): Presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presente, está bien. Por favor activen el sonido en la curul del diputado Torres Cuadros.

El diputado Enrique Torres Cuadros (desde su curul): Presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Diputada hay una asistencia de 331 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias.

En virtud de que esta Presidencia no ha recibido propuestas en contra del punto de acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutida.

Y finalmente, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante. Aprobada y comuníquese.

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ESTADO DE DURANGO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Bernardo Loera Carrillo, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría sobre el ejercicio de recursos federales al gobierno del estado de Durango que concluyó y que corresponde al periodo 1998-2004, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Convergencia.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos, diputados integrantes de los grupos parlamentarios: del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

El pasado 15 de septiembre del presente año, en el estado de Durango concluyó la administración gubernamental 1998-2004 del licenciado Angel Sergio Guerrero Mier, misma que fue conducida bajo un estilo autoritario, sin ánimo de conciliar a la sociedad; por el contrario, se provocó, toleró y alentó fracturas y divisiones al interior de los diversos grupos de la sociedad. No supo o no quiso conducir a Durango al progreso.

En suma, el ex gobernador Angel Sergio Guerrero Mier, ejerció el poder con una clara política autoritaria y de confrontación, es decir, sin diálogos y sin acuerdos, sin la búsqueda de consensos en la sociedad y en los actores políticos. Fue, pues, el final de un sexenio conducido sin nego- ciación y que dejó al estado con la sensación de que se perdió la oportunidad de avanzar porque el ex gobernador del estado sostuvo siempre una posición de descalificación y de confrontación con el Gobierno Federal.

Durango ingresó al siglo XXI en un contexto político y económico social adverso; registró un déficit con variables trascendentales en su desarrollo, pues mientras que a nivel nacional existe un evidente desarrollo político manifestado en la modernización de las instituciones del estado, Durango permaneció estancado en el inmovilismo.

En fecha 8 de octubre del presente año, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo llegar a la honorable LXIII Legislatura del estado de Durango un informe de contingencia financiera en el que se destacan los siguientes aspectos: de 1999 al 2004 la deuda pública bancaria del gobierno del estado pasó de 624 millones de pesos a 1 mil 699 millones; si a ese monto se le agrega la deuda de corto plazo y otras deudas hasta ahora identificadas, la deuda total asciende a 2 mil 500 millones de pesos. El pago de intereses y amortizaciones de la deuda ascenderá en 2004 a más de 625 millones de pesos; este monto equivale a 5 veces el presupuesto aprobado por el Congreso del estado para desarrollo rural, más de 7 veces el gasto estatal en seguridad pública y a más de 46 veces el presupuesto del IVED.

Concluyo. Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos el siguiente punto de acuerdo...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de concluir, señor diputado.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: Primero. Que se instruya a la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de que se fiscalice y auditen los recursos federales que fueron transferidos al gobierno del estado de Durango por el periodo comprendido del 15 de septiembre de 1998 al 15 de septiembre de 2004 en cada una de sus partidas presupuestales y que de sus resultados se emprendan las acciones administrativas penales...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, le ruego concluya. Señor diputado, con mucho respeto, tiene usted que concluir, por favor.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: ...Y que de su resultado, de ser así, se emprendan las acciones administrativas o penales en contra de los responsables.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, señor diputado Loera.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que revise el ejercicio de recursos federales al gobierno del estado de Durango que concluyó, correspondiente al periodo 1998-2004, a cargo de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, y de Convergencia

Los suscritos, diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

El pasado 15 de septiembre del presente año, en el estado de Durango concluyó la administración gubernamental 1998-2004 del licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, misma que fue conducida bajo un estilo autoritario, sin animo de conciliar a la sociedad, por el contrario provocó, toleró, alentó fracturas y divisiones al interior de los diversos grupos comunitarios; no supo o no quiso conducir a Durango al progreso.

En suma, el ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, ejerció el poder con una clara política autoritaria y de confrontación, es decir, sin diálogos, sin acuerdos, sin la busca de los consensos con la sociedad y los actores políticos, fue pues el final de un sexenio conducido sin negociación, y que dejó al Estado con la sensación de que se perdió la oportunidad de avanzar, porque el ex gobernador del estado sostuvo siempre una posición ríspida, de descalificación, de confrontación con el Gobierno Federal.

Durango ingresó al siglo XXI en un contexto político, económico y social difícil, adverso, registró un déficit con variables trascendentales en su desarrollo, pues mientras que, a nivel nacional, existe un evidente desarrollo político manifestado en la modernización de las instituciones del Estado, Durango permaneció estancado en un inmovilismo, y mientras que la Economía Nacional registró signos de recuperación, Durango permaneció atrapado en rezagos históricos, mientras que organismos internacionales han coincidido en que los índices de extrema pobreza en el país se han reducido, Durango no ha podido avanzar con la misma velocidad y dirección; los procesos de transparencia y rendición de cuentas son nuevos paradigmas en el País, pero a Durango, estos no han llegado, pues se mantuvo la secrecía como política oficial y hubo la resistencia de la administración estatal a transparentar su información financiera.

En fecha 8 de octubre del presente año, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo llegar a la H. LXIII Legislatura del estado de Durango, un informe denominado ``Situación financiera del gobierno del estado, programa de contingencia financiera'', en el que destacan los siguientes aspectos:

Alta dependencia de las transferencias federales, las cuales representan el 95% de los ingresos del estado.

De 1999 al 2004, el gasto corriente se incrementó en 81% mientras que los ingresos tributarios tan sólo crecieron un 44%.

Alto gasto en servicios personales. Por cada peso del presupuesto, Durango destinó 55 centavos al pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos, mientras que el resto de los estados del país asigna, en promedio, 44 centavos a dicho concepto.

De 1999 a 2004, la deuda pública bancaria del gobierno del estado pasó de 624 millones de pesos a 1,699 millones; si a ese monto se le agrega la deuda de corto plazo y otras deudas, hasta ahora identificadas, la deuda total asciende a 2,500 millones de pesos (sin incluir deuda de organismos y municipios).

El pago de intereses y amortizaciones de deuda ascenderá en 2004 a más de 625 millones de pesos. Este monto equivale a 5 veces el presupuesto aprobado por el Congreso del estado para desarrollo rural; más de 7 veces al gasto estatal en seguridad pública; y a más de 46 veces el presupuesto anual del IVED.

En tan sólo un año (2004) el gobierno del estado pagará por servicio de la deuda el equivalente a toda la deuda pública bancaria histórica del estado, acumulada hasta el año 1998.

La deuda pública al 15 de septiembre de 2004 (en millones de pesos):

Deuda pública de largo plazo 1,956

Deuda bancaria directa del gobierno del estado 1,699

Deuda de organismos y municipios avalada por el estado 257

Deuda de corto plazo 808

Adeudo al ISSSTE (SAR y Fovissste) 165

Adeudo al ISSSTE (servicio médico-trabajadores estatales) 22

Adeudos a Pensiones Estatales 118

Aportaciones pendientes a programas con mezcla de recursos 119

Adeudo a gasto educativo 79

Adeudo a contratistas de obra pública 66

Adeudo a fondos, fideicomisos y otros: 83

Foprodem 17

UJED 15

Fovi 13

Forte (Cuotas Sindicales SNTE 44) 2

SNTE Sección 44 22

Retenciones 5

Otros 9

Escalatorias de obra pública 62

Adeudos por contratos de complemento de obras prioritarias 43

Adeudos a Tesofe 49

Proveedores 2

Total deuda pública directa y avalada 2,764

Total deuda pública sin organismos y municipios 2,507

De acuerdo a las recomendaciones de un despacho de Consultores Financieros, denominado ``Protega Consultores'' mismo que coordina el C. Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda, recomendó entre otras las siguientes estrategias financieras:

Reestructurar la deuda a largo plazo, con la banca comercial.

Acordar con la SHCP, un apoyo extraordinario hacia el cierre del año.

Reprogramar los pagos por concepto de aportaciones de Durango a programas federales con mezcla de recursos a efecto de garantizar que se cuente con los recursos del Gobierno Federal del 2004.

El Gobierno Federal corrobora nuestra aseveración en el sentido de que en este sexenio, que encabeza el Presidente Vicente Fox, es cuando Durango ha recibido mas recursos por concepto de participaciones e ingresos extraordinarios, tan es así, que el Gobierno Federal a través de las participaciones federales hizo llegar al estado de Durango, en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de agosto del 2004, la cantidad de 2, 278 millones, 476 mil, 778 pesos, desglosándose en:

1. Fondo General 1,897 millones, 321 mil 624 pesos

2. Fondo de Fomento Municipal 181 millones 941 mil 225 pesos

3. Impuesto Sobre Producción y Servicios 33 millones 518 mil 140 pesos.

4. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 26 millones, 018 mil, 655 pesos.

5. Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos; 118 millones, 457 mil, 078 pesos.

6. Incentivos de Coordinación Fiscal y Fiscalización, 21 millones 220 mil 056 pesos.

Y aún más, por concepto de transferencias federales, la administración de Ángel Sergio Guerrero Mier, recibió la cantidad de 3, 537 millones, 556 mil 819 pesos durante el mismo periodo, los cuales se desglosan en:

1. De educación; 2,316 millones 622 mil 946 pesos

2. Servicios de Salud; 473 millones 538 mil 928 pesos

3. Fortalecimiento de Municipios; 228 millones 130 mil 560 pesos

4. Asistencia Social; 60 millones 841 mil 575 pesos

5. Educación de Adultos; 23 millones 515 mil, 601 pesos

6. Infraestructura Social 23 millones 515 mil 601 pesos

7. Infraestructura Social Estatal; 270 millones 102 mil 552 pesos

8. Seguridad Pública; 38 millones 723 mil 720 pesos

9. Educación Tecnológica; 68 millones 874 mil 327 pesos

10. Infraestructura Educativa Básica 36 millones 174 mil 327 pesos

11. Infraestructura Educación Superior, 6 millones 813 mil 333 pesos.

Las cifras anteriores fueron tomadas de los estados de ingresos y egresos consolidados que en forma mensual publicó la Secretaría de Finanzas y de Administración del estado.

Sin embargo, la vocación federalista en el estado se vio acotada por el Ejecutivo estatal ya que no obstante lo anterior, los municipios de nuestro estado no se vieron beneficiados en sus haciendas municipales, por lo que no se justifica el hecho de que se haya dejado una administración estatal totalmente endeudada, lo que hace presumir la existencia de irregularidades en el manejo financiero, y en cumplimiento al principio de transparencia, dada cuenta que el Gobierno del estado de Durango manejó recursos federales, se estima que es pertinente que la Auditoria Superior de la Federación dentro de sus facultades y atribuciones, fiscalice y audite los recursos federales enviados al Gobierno del estado de Durango, desde el 1º de Enero y hasta el 15 de Septiembre del 2004.

Compañeras y compañeros legisladores:

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Que se instruya a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de que fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al Gobierno del estado de Durango, por el periodo comprendido del 15 de septiembre de 1998 al 15 de septiembre del 2004, en cada una de sus partidas presupuéstales, y que de su resultado se emprendan las acciones administrativas o penales contra los responsables.

Segundo. Que se efectúe una investigación respecto de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia; y aplicación de fondos y recursos federales, para que en su caso se determinen los daños y perjuicios que afecten al patrimonio del estado de Durango.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.

A continuación tiene la palabra el diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo...

El diputado José González Morfín (desde su curul): Presidenta, no está turnada.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En relación al anterior punto de acuerdo, túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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DESPLAZADOS INTERNOS INDIGENAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, se destine por lo menos el 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al diseño, instrumentación y operación de un programa específico para la atención de desplazados internos indígenas.

Yo quiero hacer la aclaración, señores diputados, que tenemos únicamente 3 minutos para los puntos de acuerdo y eviten estarles rogando que terminen sus intervenciones.

El diputado Bernardino Ramos Iturbide: Gracias. Con su permiso, diputada Presidenta: Los suscritos diputados federales integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación y Asuntos Indígenas, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

Que los informes recibidos por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se desprende que no existe un programa formal para atender a los desplazados internos indígenas. Si acaso ha existido una débil intervención de esta Comisión destinando la minúscula cantidad de recursos de 20 millones de pesos durante el bienio 2002-2003.

De los grupos de desplazados internos producto del conflicto militar de 1994, de la represión militar y paramilitar, de los conflictos religiosos e intercomunitarios tanto en el estado de Chiapas y en otros de la República mexicana, sobreviven en forma lesiva para su dignidad, que dadas sus proporciones ha sido ya objeto de estudio por diversos organismos de Naciones Unidas, misma que emitieron sendos informes en los cuales describen la problemática y vierten diversas recomendaciones.

Para los organismos de la Organización de Naciones Unidas, los desplazados internos son personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de su lugar de residencia habitual o a abandonar sus hogares, particularmente para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierra entre los que se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que emigran dentro del territorio mexicano.

En el informe de la oficina del Alto Comisionado, se señala que a raíz del conflicto quedaron desplazadas más de 12 mil personas; que algunas recibieron ayuda del Gobierno y de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y que sus condiciones de existencia son sumamente difíciles.

Señala que el Gobierno desarrolló algunas acciones en la materia reconociendo la limitación de recursos. Afirma que entre los desplazados la inseguridad y el temor persiste, es un problema vigente.

Las acciones posteriores o inacciones nos permiten asegurar que esa situación persiste al día de hoy. El Gobierno Federal habría establecido el compromiso de crear una coordinación intersecretarial y la operación de un programa especial. Sin embargo, no hay ningún hecho tangible, ningún resultado que amerite nuestro reconocimiento.

Por lo anterior exponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, se destine y etiquete al menos 150 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de la operación de un programa específico para la atención de desplazados internos indígenas.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, favor de concluir.

El diputado Bernardino Ramos Iturbide: Gracias, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se destine al menos 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al diseño, la instrumentación y la operación de un programa específico que atienda a desplazados internos indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2005 se destine y etiquete al menos el cinco por ciento del presupuesto total de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para el diseño, la instrumentación y la operación de un programa especifico para la atención de los desplazados internos indígenas, bajo los siguientes:

Considerandos

Que la problemática derivada de la desatención de los desplazados internos es reflejo de la ausencia de un compromiso institucional del poder público y un elemento sustancial de debiera abordarse para configurar un nuevo trato hacia los pueblos y comunidades.

Que a la fecha, no existe un mandato explícito a dependencia u organismo público para atender el citado fenómeno.

De los informes recibidos por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se desprende efectivamente la no existencia formal de un programa para tal fin.

Si acaso, ha existido una débil intervención de la CDI para destinar la minúscula cantidad de recursos, veinte millones de pesos durante el bienio 2002-2003.

La poca atención a éste problema bien pudiera tener su origen en la astringencia presupuestal que afecta a la mayor parte de las de las dependencias y organismos públicos; sin embargo, ello no puede ser pretexto para eludirlo.

Los grupos de desplazados internos producto del conflicto militar de 1994, de la represión militar y paramilitar, de los conflictos religiosos e intercomunitarios sobreviven de forma lesiva para su dignidad.

Época en que los hechos son aceptados sólo sí están registrados en video, basta recordar el estrujante trabajo presentado por el periodista Ricardo Rocha a fines de 1997, en el cual trató, precisamente el problema de los indígenas desplazados.

Las imágenes y las palabras pasan revista, se señala, se acusa: Chenalhó, Polhó, Sabanilla, Máscaras Rojas, Chinchulines, Paz y justicia; no dan tregua.

Quién tenga memoria, recordará los testimonios de los indígenas: ``Llegaron armados en camiones con judiciales; nos dispararon; quemaron nuestras casas; salimos porque tenemos miedo; no estamos armados para defendernos... Empezamos a caminar en la montaña de madrugada, cinco, seis horas hasta llegar aquí''. El aquí, es un sitio lodoso bajo la lluvia, con neblina y apenas un enorme plástico para cubrirse del frío. Las escenas donde sobresalían niños y mujeres, eran tan brutales que uno de los reporteros del equipo del periodista Rocha exclamó avergonzado ante el micrófono ``Nunca imaginé que les hicieran esto a nuestros indígenas''.

Días después, fruto de la impunidad con la que operaban los grupos paramilitares, se produjo la barbarie de Acteal.

Los desplazados internos no son una cifra vacía, son indígenas de carne y hueso que requieren salud, educación, alimentación, casa y en el mejor de los casos retornar a sus lugares de origen donde tienen sus tierras y donde han asentado su identidad y cultura. Incluyendo, por supuesto, el cese de la persecución política en su contra.

Dicho fenómeno ha sido documentado por distintas ONGs. Entre ellas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quién en extenso documento hacen una cronología de eventos de desplazamiento forzado, desaparición forzada y ejecuciones en la zona norte de Chiapas, el período comprendido entre 1995 y 2002 y las consecuencias y secuelas que de manera dramática aún persisten.

Que dada sus proporciones, ha sido ya objeto de estudio por diversos organismos de las Naciones Unidas.

Que al respecto, tanto el Representante del secretario general de la ONU sobre las personas internamente desplazadas, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México emitieron sendos informes, en los cuales ubican la problemática y vierten diversas recomendaciones.

Para los organismos de la ONU los desplazados internos son

Para los propósitos de este Diagnóstico los desplazados internos son personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de su lugar de residencia habitual o abandonar sus hogares, particularmente como resultado de o para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierras entre los que se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que migran dentro del territorio mexicano.

En el informe de la Oficina del Alto Comisionado, se señala que a raíz del conflicto quedaron desplazadas más de doce mil personas, que algunas recibieron ayuda del gobierno y de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, que sus condiciones de existencia son sumamente difíciles; que el retorno o el reasentamiento ha incluido sólo a algunas centenas de familias; que el gobierno desarrolló algunas acciones en la materia aunque reconociendo lo limitación de recursos; afirma que, entre los desplazados la inseguridad y el temor persiste y a mediados de 2003 el problema sigue vigente.

Las acciones posteriores o inacciones nos permiten asegurar que esa situación persiste el día de hoy 30 de septiembre de 2004.

De los mismos el Gobierno federal, habría establecido el compromiso de crear una coordinación intersecretarial y la operación de un programas ad hoc.

Sin embargo, no hay ningún hecho tangible, ningún resultado que amerite nuestro reconocimiento sobre este tema.

No obstante lo descrito, hemos acudido a verificar con nuestros propios ojos las ingentes necesidades de grupos de desplazados en el estado de Chiapas; entre los puntos visitados sobresalen Chenalhó, Pholó y Masojá.

En todos ellos, la demanda es una: que los gobiernos federal y estatal asuman la responsabilidad que les toca y que el Congreso de la Unión haga lo propio.

Con alcanzar ese propósito, solicito a ésta H. Legislatura --a través de las comisiones correspondientes-- prever, orientar y aprobar, dentro del presupuesto asignado a la CDI, una partida para apoyar el diseño, la instrumentación y la operación de un Programa Especial de Atención a los Desplazados Internos.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, se destine y etiquete al menos el cinco por ciento del presupuesto total de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el diseño, la instrumentación y la operación de un programa especifico para la atención de los desplazados internos indígenas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de octubre de 2004. Diputados: Bernardino Ramos Iturbide, PRD; Jaime Moreno Garavilla, Convergencia; Jesús González Schmal, Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, PT; Pedro Vázquez González, PT; Javier Manzano Salazar, PRD; Marbella Casanova Calam, PRD; Emilio Zebadúa González, PRD (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se integre un grupo de diputados de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el estado de San Luis Potosí.

El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy, hago uso de esta tribuna para denunciar un caso que puede parecer muy particular, pero que refleja una problemática nacional en la cual los representantes del Poder Ejecutivo priorizan cualquier tipo de inversión y actividad económica aun cuando ésta vaya en detrimento de la salud, de la población y del medio ambiente. Este es el caso de la actividad minera que se desarrolla en San Luis Potosí.

Tenemos dos casos sumamente preocupantes: por una parte, la Minera de San Javier, que el día de hoy de manera milagrosa canceló sus actividades. Entre los motivos que se argumentan, está la contaminación del acuífero por el uso de arsénico de cianuro y cianuro de sodio, además de la depredación ambiental, existe el daño a los recursos culturales.

Me pregunto hasta cuándo atenderemos un conflicto que crece día a día y que exige nuestro interés. ¿Será hasta que se consumen los hechos y se presenten los graves problemas de salud que provoca otra minera del mismo estado, cuya situación va más allá de atentar contra las leyes, lacera la salud de los niños y de su población?

Me refiero a la mina del municipio de Villa de la Paz. Esta presenta una alta concentración de arsénico y plomo. Con los datos obtenidos en múltiples análisis realizados, se concluye que los niños presentan riesgos de daño neurológicos; las graves condiciones que enfrenta la población de San Luis Potosí es inadmisible y no podemos permitir que nuestra infancia esté expuesta a una situación de tal magnitud.

Por lo antes expuesto, someto a la soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del numeral 4, del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se forme entre la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Economía, se integre una subcomisión para que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera del estado de San Luis Potosí, en específico, de la Minera de San Javier y la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y anexas, SA de CV.

Ruego, señora Presidenta, que en virtud del tiempo, se inserte íntegro en el Diario de los Debates, la proposición con punto de acuerdo que en este momento en original presento. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que se integre un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El día de hoy hago uso de esta tribuna para denunciar un caso que puede parecer muy particular, pero que refleja una problemática nacional en la cual los representantes del Ejecutivo priorizan cualquier tipo de inversión y actividad económica aún cuando ésta vaya en detrimento de la salud de la población y del medio ambiente. Este es el caso de la actividad minera que se desarrolla en San Luis Potosí.

Tenemos dos casos sumamente preocupantes, por una parte el de la Minera de San Xavier, que es un proyecto de una empresa de capital canadiense y estadounidense al cual se han venido oponiendo los vecinos. Entre los motivos que argumentan esta la contaminación del acuífero por el uso de arsénico de cianuro y de cianuro de sodio, así como la consecuente afectación por los residuos que se generen. Además de la depredación ambiental, existe el daño a los recursos culturales. Los vecinos impugnaron el contrato de arrendamiento que la Minera tenía con el ejido Cerro de San Pedro, por lo que el mismo fue anulado de acuerdo a la sentencia del Tribunal Unitario Agrario con fecha 17 del mes de marzo del 2004. Esta decisión determina la suspensión de las obras y anula cualquier permiso que haya emitido la autoridad, sin embargo, estas continúan.

A este respecto presente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en julio pasado, un punto de acuerdo para integrar una comisión plural de legisladores, sin embargo ésta no se nombró. La inconformidad de los habitantes crece: en la reciente comparecencia del secretario de Economía, en esta Cámara de Diputados, los inconformes desplegaron una manta pidiendo atención al asunto.

Me pregunto hasta cuando atenderemos un conflicto que crece día a día y que exige nuestro interés. Será hasta que se consumen los hechos y se presenten los graves problemas de salud que provoca otra minera del mismo estado, cuya situación más allá de atentar contra las leyes lacera la salud de los niños y de la población.

El municipio de Villa la Paz en el norte del estado de San Luis Potosí ubicado en la zona semidesértica es eminentemente minero, en él se ha producido por años plata, oro, plomo, cobre y zinc. Sin embargo, lejos de obtener beneficios por esta riqueza natural, la población oriunda, a lo largo de los años se ha visto expuesta a una terrible contaminación que ha sido denunciada reiteradamente.

El problema está ampliamente documentado en un expediente perfectamente organizado que inicia en 1991. Los documentos ahí contenidos reflejan una larga peregrinación por gobiernos e instituciones de un grave problema: la afectación de la población de la región con residuos de arsénico y plomo.

Respecto a este grave problema, se cuenta con estudios completos realizados por universidades, publicados en revistas de prestigio y avalados por instituciones públicas, estos estudios demuestran que los niños que habitan en la área urbana de Villa de la Paz San Luis Potosí, así como aquellos que viven en la periferia, en la colonia Real de Minas, presentan una alta concentración de arsénico y plomo, con los datos obtenidos en múltiples análisis realizados se concluye que los niños presentan riesgo de daño neurológico.

Las graves condiciones que enfrenta la población de San Luis Potosí es inadmisible y no podemos permitir que nuestra infancia este expuesta a una situación de tal gravedad. A continuación haré un breve resumen de la situación que han vivido los habitantes de esta zona.

Las instalaciones de la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y Anexas, SA, tienen su origen en el año 1864 y si bien su capacidad ha ido aumentando con el transcurso de los años, su proceso está basado en los mismos principios desde su origen. Esto se asienta en una declaración unilateral de voluntad del señor José Cerillo Chowell, dueño y gerente de la empresa el 28 de septiembre de 1998, en la cual reconoce la generación de ``ligeras''nubes de polvo en la fase de trituración y vibraciones de tal intensidad que es ``posible'' afecten las viviendas de los vecinos.

La población indica que desde el año de 1931 esta planta de beneficio ha trabajado con el sistema de cianuración en el cual se recupera la plata por medio de ciaouro en tanques de asentamiento. Los residuos o ``jales''son colocados en presas de almacenamiento o lagunas de desperdicios mineros conocidas como ``lameros''. Los residuos de la actividad minera se han ido acumulando al paso del tiempo, llegando a formar una montaña de material fino que al encontrarse al aire libre, han logrado impactar al ambiente de diversas maneras. En época de lluvias el material es transportado por escurrimientos superficiales hasta un arroyo intermitente llamado Arroyo La Paz, el cual transporta el residuo minero hasta que se introduce al subsuelo a través de fracturas geológicas.

En época de estiaje, el sedimento seco del arroyo y el material del depósito son transportados por el viento hasta las zonas agrícolas y las áreas habitacionales, además, la quebradora que se encuentra en operación dentro de las instalaciones de la compañía minera, origina polvos.

Desde 1991 la población ha denunciado que la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y Anexas, SA, propiedad del señor José Cerillo Chowell, opera con múltiples irregularidades que han afectado gravemente su salud y el medio ambiente.

De acuerdo a los estudios realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí un 30 por ciento de los niños de Villa de la Paz rebasa los límites tolerables de arsénico en sangre, por otra parte, demostraron el problema de los lameros, los cuales son tóxicos pues al ingerirse por ratas presentaron daño en cerebro e hígado.

El expediente cuenta con infinidad de denuncias ante el gobierno local y federal, acuerdos y mesas de trabajo sostenidas entre las partes, medidas expedidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente entre las que destacan disminuir la contaminación ambiental originada por los polvos de los jales en las épocas de viento y la elaboración de estudio de impacto ambiental Profepa. Esto se emitió en agosto 1998 y al año siguiente, se impuso una sanción económica de 3000 días de salario mínimo vigente en el DF y la implementación de medidas técnicas a fin de corregir la problemática ambiental que genera dicha empresa.

Sin embargo, la población no ve resultados objetivos, por el contrario día a día observan el detrimento de la salud de sus vecinos, la proliferación de casos de sinusitis y otras enfermedades pulmonares, asimismo viven con el temor constante de las posibles secuelas neurológicas en sus niños.

Hasta el día de hoy, nadie ha podido obligar al dueño a desarrollar un procedimiento y medidas de corto y largo plazo que les de alguna certeza sobre su futuro y su salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Economía integren una Subcomisión para que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera del estado de San Luis Potosí, en específico la Minera de San Xavier y la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y Anexas, SA.

La Subcomisión deberá integrarse por una diputada o diputado de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en las Comisiones y una vez que hayan cumplido con el objeto de su creación deberán de presentar un informe que contenga las recomendaciones para atender la problemática que sufre la población de San Luis Potosí al pleno de la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de la mencionada Comisión.

Segundo. La Cámara de Diputados hará llegar dicho informe a las autoridades competentes para que en uso de sus facultades realicen las acciones conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.--- Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Ortega. De acuerdo a su solicitud, insértese en el Diario de Debates; publíquese íntegro en la Gaceta Parlamentaria; túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.

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SISTEMA FINANCIERO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus organismos desconcentrados, para que en el ámbito de sus atribuciones regulen el monto de las comisiones que perciben las instituciones del sistema financiero mexicano.

El diputado Emilio Zebadúa González: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores diputados.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presento el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Considerandos

El pasado mes de septiembre de 2004, la vicepresidencia técnica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef publicó un estudio comparativo denominado comisiones bancarias para hacer valer la fuerza de los usuarios, en el cual describe y analiza de forma comparativa el mercado nacional e internacional de servicios bancarios, así como el comportamiento de las instituciones bancarias respecto de las comisiones que cobran en México y el extranjero.

Actualmente, las entidades financieras fijan el monto de las comisiones de forma puramente potestativa, sin que existan lineamientos objetivos a los cuales deban ceñirse para determinar el monto de sus comisiones.

Este extremo ha llegado al grado de sustentar a las entidades financieras en buena medida, mediante comisiones cobradas al público, desincentivando las ganancias obtenidas mediante la buena operación de dichas entidades, especialmente a través del otorgamiento de crédito.

Debido a lo anterior es de gran importancia que la Condusef, en ejercicio de sus atribuciones y actuando coordinadamente con el resto de las autoridades del sector financiero, realice estudios comparativos respecto de las condi- ciones del mercado de servicios financieros.

Sin embargo, a la fecha no se ha presentado denuncia alguna y la Comisión Federal de Competencia Económica no ha estimado necesario tampoco iniciar el procedimiento de investigación por prácticas monopólicas en contra de ningún agente económico del sector financiero.

El público usuario está alarmado de ver cómo disminuye el producto de su trabajo mediante el cobro de comisiones. Tan sólo el cobro de comisiones por retiro de efectivo en la mayoría de las cuentas bancarias para el depósito del salario de un trabajador durante un mes puede consumir el importe de más de un salario mínimo, sin contar las comisiones que se cobran por otros conceptos necesarios, como visualización del estado de cuenta, libramiento de cheques, etcétera.

Es por este tipo de considerandos y con el propósito de que las autoridades competentes provean, de conformidad con sus atribuciones en dicha materia, el suscrito formula ante este honorable pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitar al Banco de México que haga uso de las facultades que le confiere la ley para que regule el monto de las comisiones que actualmente perciben las entidades financieras de su competencia y que inicie el procedimiento de evaluación a que se refiere el artículo 49 de las instituciones de crédito para determinar la existencia de competencia efectiva en los diferentes sectores del sistema financiero.

Segundo. En caso de que el Banco de México omitiere realizar dicha evaluación, exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que lo solicite formalmente en los términos del referido artículo 49.

Tercero. Solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que, en uso de sus atribuciones, realice una evaluación de las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro sujetas a su competencia, de las cuentas individuales de los trabajadores afiliados a cada una de éstas y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, dentro del ámbito de sus facultades y en coordinación con los organismos desconcentrados, implementen una política tendiente a disminuir las comisiones o contraprestaciones que perciben las instituciones financieras sujetas a su competencia.

Finalmente solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que investigue oficiosamente la comisión de posibles prácticas monopólicas por los agentes económicos que actúan en los diferentes mercados relevantes del sistema financiero mexicano.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus organismos desconcentrados a regular, en el ámbito de sus atribuciones, el monto de las comisiones que reciben las instituciones del sistema financiero mexicano, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Emilio Zebadúa González, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presento al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo, en virtud del cual se solicita a la Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus Organismos Desconcentrados y a la Comisión Federal de Competencia Económica, que ejerciten sus facultades, al tenor de los siguientes

Considerandos

El pasado mes de septiembre de 2004, la Vicepresidencia Técnica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (la ``Condusef'') publicó un estudio comparativo denominado ``Comisiones Bancarias, para hacer valer la fuerza de los usuarios'', en el cual describe y analiza de forma comparativa el mercado nacional e internacional de servicios bancarios, así como el comportamiento de las instituciones bancarias respecto de las comisiones que cobran en México y el extranjero.

De dicho estudio comparativo se desprenden diversas conclusiones, entre las que destaca el hecho de que el monto de las comisiones pagadas por los usuarios de servicios bancarios de países desarrollados es sensiblemente menor a las pagadas por los usuarios nacionales por servicios de menor calidad y de menores réditos. Asimismo, de dicho estudio se concluye que las diferencias entre las condiciones de los mercados extranjeros y el nacional no obedecen a una razón válida de mercado para el cobro de comisiones en una cuantía tal, que reduzcan o hagan nugatorios los beneficios de los servicios bancarios a la población y a los sectores productivos del país.

Sin embargo, la desproporción en el monto de las comisiones, no es un fenómeno privativo del sector bancario. Esta Soberanía y concretamente el Grupo Parlamentario del PRD, siempre ha denunciado el abuso de los actores del sistema financiero en el cobro de las comisiones por sus servicios. Las instituciones pertenecientes a los demás sectores del sistema financiero mexicano han abusado del cobro de comisiones por sus productos de forma recurrente, resultando afectados todos usuarios de dicho sistema.

Actualmente, las entidades financieras fijan el monto de sus comisiones de forma puramente potestativa, sin que existan lineamientos objetivos a los cuales deban ceñirse para determinar el monto de sus comisiones. Este extremo ha llegado al grado de sustentar a las entidades financieras, en buena medida, mediante comisiones cobradas al público, desincentivando las ganancias obtenidas mediante la buena operación de dichas entidades.

Por otro lado, el mercado de los servicios financieros en México es a todas luces un oligopolio natural. Las características del mercado nacional, relacionadas con el monto de las comisiones que se cobran al público por los servicios financieros, hacen pensar en una posible colusión, o la comisión de alguna práctica monopólica entre las instituciones del sistema financiero para segmentar el mercado de sus respectivos servicios, estableciendo los montos de sus comisiones, en detrimento de la competitividad de dicho sistema y ulteriormente de los intereses del público usuario.

Debido a lo anterior, es de gran importancia que la Condusef, en ejercicio de sus atribuciones, y actuando coordinadamente con el resto de las autoridades del sector financiero, realice estudios comparativos respecto de las condiciones del mercado de servicios financieros del resto de los sectores del sistema financiero, analizando los mercados nacional y extranjero y el comportamiento de las instituciones financieras de dichos sectores en su país de origen y en territorio nacional.

Como es del conocimiento público, en distintos medios de comunicación se han atribuido a cierto funcionario de la Condusef, declaraciones relacionadas con prácticas monopólicas en el sector financiero. Sin embargo, no se ha presentado denuncia alguna, y la Comisión Federal de Competencia Económica no ha estimado necesario iniciar el procedimiento de investigación por prácticas monopólicas en contra de ningún agente económico del sector financiero.

Las prácticas monopólicas constituyen uno de los lastres más pesados para la economía del país, y a la larga suelen ser causa de los quebrantos y abusos, que hoy sufrimos y que el día de mañana se agravarán. Desgraciadamente, las prácticas monopólicas también son de difícil prueba, y su acreditamiento requiere un minucioso procedimiento de investigación. Debido a dicha circunstancia, es fundamental que las autoridades del sector, y la Comisión Federal de Competencia Económica, realicen un esfuerzo conjunto para preservar condiciones de competencia efectiva en el sistema financiero.

En el ámbito social, las repercusiones por la falta de regulación en las comisiones por servicios financieros, y la posible comisión de prácticas monopólicas entre sus instituciones, se traduce en desconfianza y en un reclamo del público para que las autoridades competentes ejerciten las facultades que les devienen de ley. El público usuario está alarmado de ver como disminuye el producto de su trabajo mediante el cobro de comisiones. Tan sólo el cobro de comisiones por retiro de efectivo en la mayoría de las cuentas bancarias para el depósito del salario de un trabajador, durante un mes, puede consumir el importe de más de un salario mínimo, sin contar las comisiones que se cobran por otros conceptos necesarios, como visualización del estado de cuenta, libramiento de cheques, etcétera.

En la presente, y en anteriores Legislaturas, esta soberanía ha procurado expedir leyes que en materia financiera, propicien una operación adecuada y hagan asequibles los productos de las instituciones financieras a la población del país para incentivar su desarrollo, sin embargo las entidades financieras, de forma consuetudinaria, expolian al pueblo mexicano para hacerse de ganancias desproporcionadas con el mercado, tal y como lo demuestra el estudio de la Condusef y la experiencia del público usuario.

Es lamentable que la Administración Pública Federal, los organismos rectores y las autoridades competentes del sistema financiero mexicano omitan el ejercicio de las atribuciones que el Poder Legislativo Federal les ha conferido.

En efecto, el Poder Legislativo de la Unión ha proveído a las autoridades de los diferentes sectores del sistema financiero mexicano con las facultades necesarias para regular el alarmante problema de las comisiones por los servicios de las entidades financieras, y existen los procedimientos y sanciones para poner fin a las prácticas bancarias abusivas al público.

El Banco de México es el organismo rector del sistema financiero mexicano, y por lo tanto, está dotado de amplísimas atribuciones para regular dicho sistema. El artículo 24 de la Ley del Banco de México, dota a dicho Instituto Central con la atribución de expedir disposiciones generales dirigidas a cualesquiera intermediarios financieros para el mejor funcionamiento del sistema financiero y de la protección de los intereses del público.

Asimismo, de conformidad con el artículo 26 de dicha ley, el Banco Central tiene facultades para establecer las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles. Además de fijar las características de fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios bursátiles y de las instituciones de seguros y fianzas.

El Banco de México, incluso puede sancionar a los intermediarios financieros por cualquier operación que celebren en contravención a las reglas que expida, de conformidad con el artículo 27 de la propia ley.

En materia bancaria, el Instituto Central se encuentra facultado por el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito para regular las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito.

A pesar de estar dotado con tan amplias facultades, Banxico no ha ejercitado ninguna de ellas en relación con la reglamentación de las comisiones bancarias, ni siquiera cuando ha emitido disposiciones generales para regular las operaciones de la banca, como es el caso de la Circular 2019/95 de dicho Instituto Central, en la que se establece que las instituciones podrán determinar libremente el importe de las comisiones a cargo de sus cuentahabientes.

Por otro lado, el artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que la Condusef puede solicitar al Banco de México que evalúe si existen condiciones razonables de competencia en el sistema financiero. Incluso el propio Banco de México, en adición a sus antedichas facultades, puede iniciar oficiosamente esta investigación cuando la Condusef no se lo solicite, a fin de que la Comisión Federal de Competencia Económica determine si existe o no competencia efectiva y emita una opinión que el Instituto Central implementará con las medidas necesarias.

En relación con lo anterior, es de resaltarse que la Condusef, tras emitir el referido estudio comparativo, no haya solicitado al Instituto Central dicha investigación, y que el resto de las autoridades financieras, a pesar del hecho patente y escandaloso del abuso de las comisiones para obtener ganancias desproporcionadas en perjuicio del público, y ante la alerta de la comisión de prácticas monopólicas, no haya estimado necesario, dentro del ámbito de su discrecionalidad, iniciar el procedimiento contenido en dicho artículo.

Cabe destacar que la Comisión Federal de Competencia Económica está facultada para actuar de oficio y determinar si existen condiciones razonables de competencia en el sector bancario, o por el contrario existen prácticas monopólicas con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley Federal de Competencia Económica y el Capítulo II de su Reglamento. Además, el Banco de México, incluso sin la opinión de la citada Comisión de Competencia, puede y debe regular las comisiones que perciben las entidades del sistema financiero.

Por otro lado, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de reciente promulgación, regula, entre otros aspectos, el cobro de comisiones por la prestación de servicios financieros, con el fin de propiciar la transparencia de dichos servicios y proteger los intereses del público usuario de la banca y del financiamiento de objeto limitado.

Dicho ordenamiento ratifica que el Banco de México debe promover el sano desarrollo de los Sistemas de Pagos, y en cierta forma, recuerda a dicho Instituto Central, que dentro de su autonomía, está facultado para regular el cobro de comisiones.

En lo referente al monto de las comisiones, el Sistema de Ahorro para el Retiro es un sector particularmente importante y vulnerable, ya que opera con recursos que serán el sustento en la vejez de millones de trabajadores que desgraciadamente, en su mayoría, carecen de entendimiento en materia financiera. Aquí, en este sector, el tema de las comisiones es particularmente sensible.

Las administradoras de fondos para el retiro tienen la gravísima responsabilidad de asegurar justamente un futuro digno a sus usuarios. Sin embargo, las comisiones que cobran por sus servicios, resultan ser dolorosas para el trabajador y disminuyen materialmente el monto de los intereses que debería percibir.

También en este sector se han otorgado facultades para la regulación de comisiones. De conformidad con el artículo octavo de la Ley para el Sistema de Ahorro para el Retiro, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, con la opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia puede emitir reglas de carácter general para determinar el régimen de las comisiones que los bancos, administradoras, o empresas operadoras podrán cobrar por los servicios que prestan. Una vez más, la regulación actual resulta insuficiente para fijar comisiones en un monto razonable y compatible con el mercado por los servicios prestados por las instituciones de este sector.

Por lo que se refiere a los demás sectores financieros, en los que se ubican las uniones de crédito, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, afianzadoras y aseguradoras, casas de bolsa y las sociedades de crédito popular, entre otras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe, conjuntamente con sus organismos desconcentrados, promover una política financiera tendiente a disminuir y regular los accesorios financieros que repercuten directamente en el usuario del servicio, particularmente en lo que se refiere a las contraprestaciones que las entidades de dichos sectores, y sus agentes, perciben por sus servicios.

Queda, pues, demostrado a grandes rasgos, que las autoridades del sistema financiero tienen facultades suficientes para regular el cobro de comisiones del sector financiero. Sin embargo, en el supuesto de que los actores del sistema financiero estuvieren cometiendo algún ilícito para la determinación del monto de sus comisiones evitando la competencia efectiva dentro de su sector, segmentando el mercado, o bien, de cualquier otra forma dificultando la competencia y la libre concurrencia de los agentes económicos dentro de su mercado relevante, ninguna regulación será suficiente para terminar con el problema de fondo. Será entonces necesario que la autoridad competente en la materia, determine si existe la comisión de prácticas monopólicas para su sanción en términos de ley, y para desarticular y dejar sin efecto dichas prácticas.

La Ley Federal de Competencia Económica faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para investigar, de oficio o a instancia de parte, la comisión de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas. El artículo 23 de su reglamento, establece la obligación de dicha Comisión para investigar dichas conductas, cuando tenga conocimiento de hechos por los cuales pueda deducir la probable existencia de prácticas monopólicas, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 24 de la ley de la materia.

La propia Condusef, en el estudio que se menciona al inicio de los presentes Considerandos, estima que pueden existir prácticas monopólicas en el sector bancario, y sin embargo, no solicita la investigación correspondiente al Banco de México, y éste no la ha iniciado oficiosamente.

A pesar de lo anterior, la Comisión de Competencia no está impedida para actuar en relación con el resto de los sectores del sistema financiero, dónde se presentan fenómenos en las comisiones muy similares a los del sector bancario, y hacen pensar al público en la comisión de posibles prácticas monopólicas, como la fijación de contraprestaciones o comisiones similarmente desproporcionadas para el disfrute de los servicios financieros, la segmentación del mercado, la realización de ventas condicionadas, y demás ilícitos en la materia.

Debido a lo anterior, y con el propósito de que las autoridades competentes provean de conformidad con sus atribuciones, el suscrito formula ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar al Banco de México que haga uso de las facultades que le confiere la ley para que regule el monto de las comisiones que actualmente perciben las entidades financieras de su competencia, y que inicie el procedimiento de investigación a que se refiere el artículo 49 de la Ley Bancaria para determinar la existencia de competencia efectiva en los diferentes sectores del sistema financiero mexicano.

Segundo. Solicitar a la Condusef que, en caso de que el instituto central omitiere realizar dicha investigación, se lo solicite formalmente, para los mismos efectos.

Tercero. Solicitar a la Consar que en uso de sus atribuciones regule los montos máximos de las comisiones a cobrar por las instituciones financieras sujetas a su competencia.

Cuarto. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público que, dentro del ámbito de sus facultades, y en coordinación con los organismos desconcentrados de su ministerio con funciones de autoridad en cada sector del sistema financiero, implementen una política tendiente a disminuir las comisiones o contraprestaciones que perciben las instituciones financieras sujetas a su competencia.

Quinto. Solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica, que investigue oficiosamente la comisión de posibles prácticas monopólicas por los agentes económicos que actúan en los diferentes mercados relevantes del sistema financiero mexicano.

Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se considera de urgente resolución... En virtud que a esta Presidencia no ha llegado ninguna solicitud de oradores a favor y en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha proposición de punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está aprobada. Comuníquese.

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que cumpla con la ley y con las resoluciones judiciales y evite vulnerar derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex.El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país y los mexicanos comprometidos con éste estamos realizando un gran esfuerzo para generar los empleos necesarios para satisfacer la gran demanda que año con año surge en el mercado laboral.

Por ello no compartimos las acciones del jefe de Gobierno, ya que no solamente se la pasa culpando a los demás de sus errores, sino que acostumbra desobedecer las órdenes de los jueces.

La obsesión por la candidatura presidencial no lo deja gobernar y mucho se ha mencionado sobre su desafuero. Su clara postura populista es peligrosa para una democracia, porque al populismo se le ha concebido como un movimiento demagógico, oportunista, manipulador, corrupto, retórico e ineficaz.

El desafío a las autoridades judiciales y la violación de las leyes no se le debe seguir tolerando. El Gobierno del Distrito Federal otorgó a la empresa Equipamientos Urbanos de México, un permiso-concesión para que realizara la instalación de parabuses y un mupi de piedra en las avenidas de la capital.

La empresa actualmente tiene una plantilla de 5 mil trabajadores; sin embargo Eumex fue víctima de las autoridades del Distrito Federal al pretender retirarle la concesión indicada, por lo que tuvo que solicitar el amparo ante los tribunales federales.

El abuso ha llegado a tal extremo que la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal formuló diversas querellas y otra vez contra el nuevo acto abusivo los tribunales federales le concedieron el amparo. Dicha empresa y sus trabajadores han sufrido una férrea persecución por parte del jefe de Gobierno y por las autoridades del Distrito Federal. Todo ello está documentado.

Es el caso que con base en la sentencia de amparo en contra de las cuales ya no existe recurso legal alguno, Eumex procedió a normalizar sus trabajos y a partir del día 30 de agosto pasado sus trabajadores fueron víctima de otro atropello policiaco, porque cuando pretendían realizar sus actividades fueron detenidos por elementos de seguridad pública y con lujo de violencia se les ha trasladado a la agencia 50 del Ministerio Público, quien los acusa de ``delito de daño en propiedad de bienes de la ciudad''.

No es la primera vez que el jefe de Gobierno del Distrito Federal se burla de la ley y de la justicia. El caso de El Encino sólo es un ejemplo y el asunto que nos ocupa es la continuación de la arbitrariedad de Andrés Manuel, quien abusa de su poder y comete violaciones a las garantías de los ciudadanos. La vanidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal lo ha cegado y lo inclina, una vez más, a violentar el Estado de derecho.

Por lo antes expuesto y con base en el principio de legalidad que todo funcionario público debe respetar y acatar, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la aprobación de esta honorable Asamblea se considere de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta de punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que cumpla con la ley y con las diversas resoluciones judiciales y no vulnerar los derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex. Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la ley y las resoluciones judiciales y evitar que se vulneren los derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex, a cargo del grupo parlamentario del PVEM

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se considere, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que cumpla con la ley y con las resoluciones judiciales y evite vulnerar los derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal está lleno de vanidad, parece que el poder lo ha cegado. Ha quebrantado el estado de derecho cuantas y tantas veces se le ha venido en gana, es irrespetuoso de las instituciones y, por lo tanto, se sumerge en la ilegalidad, el que dice tener ``honestidad valiente'' debe responder como cualquier ciudadano ante las autoridades correspondientes, se la pasa culpando a los demás de sus errores, desobedece las órdenes de los jueces, hace tiempo despidió a 39 empleados,1 un juez ordenó que los reinstalara en sus puestos y aún siguen esperando. La obsesión por la candidatura presidencial no lo deja gobernar conforme al mandato que los ciudadanos lo eligieron.

Mucho se ha mencionado sobre su desafuero, las páginas de los diarios le dedican grandes espacios a ese tema, lo que no deja lugar a dudas, su clara postura populista, eso es peligroso para una democracia, porque al populismo se le ha conceptuado como un movimiento demagógico, oportunista, manipulador, corrupto, retórico e ineficaz''. Su embudo conocido como segundo piso del periférico es el claro monumento de que quiere que se le vea por encima, ya que por debajo el Sistema de Transporte Colectivo Metro presenta serios deterioros.

Lo que sí vemos todos en la televisión, es que no tiene respeto a las instituciones e intenta burlarse de las mismas.

El caso que nos ocupa es una situación similar como la que tiene al borde del desafuero al jefe de gobierno, porque de igual forma ha desobedecido lo ordenado en otros tantos juicios de garantías, el desafío a las autoridades judiciales y la violación de las leyes no se deben seguir tolerando a dicho funcionario.

En el año de 1995 el entonces Gobierno del Distrito Federal otorgó a la empresa Equipamientos Urbanos de México, un permiso concesión para que realizara la instalación de ``parabuses y mupis de piedra'' en las avenidas y calles de la capital, entre otras actividades, ya que su giro es la instalación de mobiliario urbano, y actualmente tiene una planta de cinco mil trabajadores. Sin embargo la empresa en mención fue víctima de las autoridades del Distrito Federal al pretender retirarle la concesión respectiva, por lo que tuvo que solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, asignándosele el número de expediente 55/2003, mismo que fue otorgado por el Tribunal Colegiado del Primer Circuito,2, Quedando firme la sentencia.

Lo cierto y verdadero es que el jefe del Gobierno del Distrito Federal ha tomado por costumbre no acatar las resoluciones dictadas por los tribunales de amparo, por lo que actúa con toda impunidad, en este caso en detrimento de la empresa Eumex, por ejemplo, en el expediente número 182/99, el juez de distrito3 dictó una sentencia en la que concedía el juicio de garantías a la empresa agraviada (Eumex), por lo que promovió el incidente de inejecución, el Gobierno del Distrito Federal promovió el recurso de revisión contra dicha resolución mismo que fue negado por el juzgador de referencia, por lo tanto la sentencia dictada en ese expediente continúa surtiendo sus efectos plenamente sin que la autoridad le dé cumplimiento, en total desobediencia al juez amparista.

La multicitada empresa Eumex y sus trabajadores, han sufrido una férrea persecución por parte del jefe de gobierno y por las autoridades del Distrito Federal, todo ello está documentado. El abuso ha llegado a tal extremo que la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal ha formulado diversas querellas por los probables delitos de defraudación fiscal, argumentando que no se pagaban tasas publicitarias por la explotación de paradas de transporte público de pasajeros. Otra vez contra dicho acto abusivo de autoridad se interpuso el juicio constitucional por Eumex y el juez quinto de distrito en materia penal,4 con sede aquí en el Distrito Federal, concedió a los Consejeros de la Sociedad de mérito, el amparo solicitado, considerando que la querella formulada por el apoderado de la Procuraduría Fiscal referida es inexistente, pues dicho apoderado no estaba legitimado legalmente para su formulación.

Es intolerable, reprobable y por lo mismo aberrante que aquellos que actúan bajo el manto de la democracia, en realidad sean represores de la sociedad, es el caso que vistas las sentencias dictadas y en contra de las cuales ya no existe recurso legal alguno la multicitada empresa Eumex, procedió a normalizar sus trabajos y el día 30 de agosto pasado sus trabajadores fueron víctimas de otro atropello policiaco, porque cuando pretendían realizar la instalación de un ``parabús y un mupi de piedra'', en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con la calle de Lieja, en franca violación de las sentencias de amparo, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y con lujo de violencia se les trasladó a la Agencia 50 del Ministerio Público,5 acusándolos del delito de daño en propiedad de bienes de la ciudad.

La misma situación se presentó el día 23 de septiembre pasado, cuando otros cuatro trabajadores de la empresa aludida, que realizaban trabajos de mantenimiento, mismos que fueron solicitados por autoridades del Gobierno del Distrito Federal, fueron detenidos por elementos de seguridad pública y llevados a la agencia6 antes mencionada.

Los abusos de autoridad no han cesado, de tal manera que el día 28 de septiembre de este año, no obstante que se le hizo del conocimiento del jefe de gobierno y de las demás autoridades del Gobierno del Distrito Federal, que se procedería a la instalación de otro ``parabús y un mupi de piedra'', en la misma avenida Paseo de la Reforma, se presentó el director de Servicios Metropolitanos, en compañía de personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal y giró instrucciones a los guardias de seguridad pública para que procedieran a la detención y consignación ante el Ministerio Público,7 de otros nueve trabajadores de Eumex, violando flagrantemente sus garantías constitucionales, ya que se les mantuvo incomunicados y sin que se les haya indicado cuál era el delito por el cual se les privaba de su libertad.

Ante tales atropellos se han formulado, por los agraviados, las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República,8 asimismo se han presentado las correspondientes quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,9 pero hasta el momento no se han recibido las respuestas.

El hostigamiento no para allí, porque el día 5 de octubre de este año las autoridades del Distrito Federal, concretamente las del perímetro de la delegación Benito Juárez, sin mandamiento legal alguno, evitaron de nueva cuenta que los trabajadores de Eumex instalaran los ``parabuses y mupis de piedra'' y lo que es peor, fueron detenidos, ocho de ellos, y consignados a la Agencia del Ministerio Público Número 50, a pesar de mediar oficio firmado por el delegado de dicha demarcación, de fecha 15 de julio de 2003, y en donde se desprende la autorización para que la empresa mencionada pudiera realizar libremente sus actividades laborales.

Es muy preocupante la situación que nos ocupa, el doble discurso que utilizan las autoridades del Distrito Federal es para evadir su responsabilidad jurídica y, por lo tanto, violentar sin miramientos el Estado de derecho.

En la Cámara de Diputados no podemos quedarnos insensibles ante la forma arbitraria con que actúan las autoridades cuestionadas, la empresa en mención ha llegado al hartazgo y la desesperación, la andanada de difamaciones que se le han proferido inhibe a la inversión en México. El abuso, la discriminación y los descalificativos no se ven bien en quien ejerce el poder, porque se debe gobernar con objetividad, imparcialidad y sin distingo alguno.

Para robustecer lo antes dicho, el día seis de octubre de los corrientes se publicó en los distintos periódicos de circulación nacional un desplegado donde enfáticamente se hace una protesta pública, por parte de Eumex, para que la ciudadanía se enteré de los abusos de que ha sido víctima esa empresa y los excesos en que han incurrido las autoridades del Distrito Federal.10,11

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los convoco para que unamos nuestras voces y aprobemos el presente punto de acuerdo, porque no es la primera vez que el jefe del Gobierno del Distrito Federal se burla de la ley y de la Justicia, el caso de ``El Encino'', sólo es el principio y el asunto que nos ocupa es la continuación de la arbitrariedad con que se conduce Andrés Manuel, quien tras el abuso del poder comete violaciones a las garantías de los ciudadanos.

Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la aprobación de esta H. asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a que le dé pleno cumplimiento a la ley y a las diversas resoluciones dictadas en los juicios de amparo, promovidos por la empresa Eumex; así como de realizar actos tendientes a vulnerar los derechos humanos de los trabajadores de la empresa mencionada.

Notas:

1 Fuente Noticieros Televisa, de fecha 15 de junio de 2004.

2 Expediente número 55/2003. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito.

3 Expediente 182/99. Juez octavo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.

4 Amparo número 134/03. Expediente número 128/2003. Juez quinto de distrito ``B'' en materia penal, con sede en el Distrito Federal.

5 Averiguación previa número FAF/BTO/20/02-02. Agencia del Ministerio Público No. 50.

6 Averiguación previa número FAE/86/04-09. Agencia del Ministerio Público No. 50.

7 Averiguación previa número FAE/89/04-09. Agencia del Ministerio Público número 50.

8 Averiguación previa número 3813/DDF/04 de fecha 28/09/04.

9 Expediente número CDHDF/122/03/CUAU/DO724.000 de fecha 20 de febrero de 2003.

10 Sección el ``Mundo'', página A7, miércoles 6 de octubre de 2004, periódico El Universal.

11 Sección ``Nacional'', página 13, jueves 7 de octubre de 2004, periódico La Crónica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Omar Ortega Alvarez (desde su curul): ¡Señora Presidenta!

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¡Ah sí! Un momento por favor. Sonido en la curul.

El diputado Omar Ortega Alvarez (desde su curul): Le solicito amablemente que si puede ser la votación nominal. Lo apoya la fracción parlamentaria del PRD.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se instruye a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos, para recabar la votación en relación a este punto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para determinar si se considera de urgente resolución la proposición.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz la diputada Marbella Casanova Calam. Por favor sonido a la curul 80.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): Casanova Calam, en contra.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias.

Presidenta, se emitieron 242 votos a favor, 67 en contra, 14 abstenciones. Por lo tanto, hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, está considerado de urgente resolución y está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

A esta Mesa Directiva ha llegado la solicitud del diputado Gilberto Ensástiga Santiago, para hablar en contra, y del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para hacerlo a favor.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputado Jorge Kahwagi, según usted el populismo de López Obrador es peligroso. A mí me parece que es más peligroso que usted venga a hacer una defensa a ultranza de una empresa que detrás de ella hay tráfico de influencias, hay intereses oscuros y una serie de beneficios en detrimento de esta ciudad, y le voy a explicar por qué.

Pero también quiero decirle que ya no nos sorprende que se vengan a fabricar favores para después cobrarlos y me parece que hoy estamos frente a ese caso, y también le voy a explicar por qué.

Usted hace algunos días entregó una medalla a José Sulaimán y esa medalla si no me equivoco, usted la entregó y la compró. En este caso de Eumex quiero decirles que se patrocinó usted en toda la Ciudad de México en los parabuses. Seguramente el favor que hoy viene a presentarnos quiere pagarlo. ¿Qué hay detrás de Eumex?

En Eumex quiero decirle que el 3 de diciembre de 1997, en la época de Espinosa Villarreal, se refrendó un PATR con la intervención del director de Servimet, Ignacio Gómez Roch. Y quiero decirles que uno de los que negoció este convenio era Fernando Gómez Roch, hermano del director de Servimet.

Los beneficios que se dieron en este PATR actualmente obligan solamente a Eumex a pagar 69 centavos por los parabuses. Y quiero decirle que no pagan luz, que no pagan a esta ciudad, no contribuyen, y en cuanto a la situación del amparo quiero informarle que éste no ha concluido, que prácticamente el juez octavo ha promovido un incidente...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputado.

Activen el sonido a la curul del diputado Pablo Franco y favor de detener el reloj.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): Sí, diputada Presidenta, si le puede pedir al orador que me conteste una pregunta, si está dispuesto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Está usted de acuerdo señor diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, con todo gusto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): El diputado Kahwagi hablaba de un amparo que ha sido supuestamente violado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Si supiera usted, pudiera informarnos cuál es el estado de este amparo.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, con todo gusto.

En 1999 Eumex interpuso un juicio de amparo ante el juez octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal. Cabe precisar que los actos reclamados por Eumex en el amparo, versan única y exclusivamente sobre los llamados mupis de piedra, que son colocados a un lado de los parabuses. Aunado a lo anterior Eumex ha engañado al sostener públicamente que dicho amparo está resuelto de fondo, cuando lo cierto es que el procedimiento no está concluido en su totalidad.

De lo anterior se desprende una sentencia emitida, diputado Jorge Kahwagi, se desprende una sentencia emitida por la segunda sala para que se resuelva el fallo y mientras, estoy contestando la pregunta...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Ensástiga, ¿terminó usted la respuesta?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Ya voy a terminar.

Mientras Eumex no demuestre de cuántos mupis está hablando, no puede concluir el amparo y la autoridad no puede determinar de qué forma tienen que asumir las responsabilidades las autoridades del Distrito Federal. Ese es el asunto. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado.

Si, ¿con qué objeto diputado Kahwagi?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante. De acuerdo al artículo 102 tiene usted hasta por 5 minutos para contestar, la rectificación de hechos o contestar alusiones personales.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Bueno, no me parece raro que una vez más quieran fabricar cortinas de humo para evadir las responsabilidades que tienen del cumplimiento de la ley, a mí sí me parece que de todas maneras es importante aclarar que, por supuesto, que a don José Sulaimán que muy merecidamente se le dio un reconocimiento, no fui yo sino fue la Comisión de Juventud y Deporte, en la cual ni siquiera soy miembro. Una vez más mienten, pero, bueno.

También me gustaría precisar que la empresa no paga luz porque en el contrato que tiene con ustedes, está estipulado que el pago de la luz se tendría que hacer por parte del Gobierno del Distrito Federal, aquí está. El no ejercicio de la acción penal, por parte del Ministerio Público del Distrito Federal, aquí tengo una copia.

También se pagan 14 millones de pesos al año...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputado Kahwagi.

A ver, sonido en la curul del diputado Eduardo Espinoza.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Presidenta, ¿le puede preguntar al orador si acepta una pregunta?

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Sí.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Le quiero preguntar diputado Kahwagi si usted recuerda quién era el director de Transporte en aquel entonces y que también le otorgó una licencia, un contrato a Cosmocolor.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Mire, no recuerdo en este momento, pero creo que éste no es el tema de este momento, lo que sí quiero que quede muy claro, que aquí no es la defensa nada más de una empresa; es la defensa de la legalidad a la que ustedes están acostumbrados a pasar por encima, ustedes cumplen la ley cuando quieren y cuando no, no.

Quiero que quede también claro que el amparo, por supuesto que está concluido, ya no tienen ninguna otra instancia sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Ya no engañen a la gente, no se vale engañar...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Activen el sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Sí, señora Presidenta, para ver si el orador me permite hacerle una pregunta.>

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Sí.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Bueno, yo quisiera en aras de la legalidad que usted tanto dice enarbolar, que nos pudiera explicar o nos pudiera decir cómo estuvo lo de la medalla, cuánto le costó y a cambio de qué favores de este empresario está recibiendo, cómo de qué favores va a recibir ahora a partir de esta defensa a ultranza de empresarios que han violado la ley.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Mire, como le respondo, para ustedes es muy difícil entender que alguien esté defendiendo la legalidad, porque ustedes no la respetan, la vez pasada que le abrieron la puerta a legisladores de otro lado para entregar nuestra tribuna, pues ahí quedó de manifiesto que ustedes no respetan la legalidad. Yo estoy defendiendo la legalidad, porque es nuestra obligación como legisladores, es nada más por eso, no voy a recibir ningún favor.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ya no se permite el diálogo diputada Lizbeth Rosas. Yo creo que tenemos que regresar al tema y le pido al diputado Kahwagi que concluya por favor.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Gracias. Bueno, pues lo único que quede de manifiesto es que es muy importante que si queremos que siga creciendo el país y que se sigan generando las fuentes de empleo que tanto se necesitan, se le tiene que dar certeza jurídica a las empresas y a las personas en este país, y no por los caprichos de un jefe de gobierno o de un gobierno, se puede estar manipulando la ley como ellos quieran; la ley está hecha para acatarse. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra para hablar a favor de la propuesta, el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ensástiga, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul): Para que después de que concluya el diputado en turno me dé la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto.

El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.

Más allá, más allá del fondo del amparo, más allá del pago de la luz están obligados a cumplir la ley como todos los demás. No se justifica un acto de represión como el que vimos, a tolete limpio y a golpe franco retiraron a trabajadores que sólo cumplían con su deber. Y si la ley es la justicia organizada, cómo imaginar a la fuerza del Estado coartando la libertad de los ciudadanos, sin que resulte dañada la justicia, es decir, sin actuar contra su propia finalidad.

No, señores legisladores, no estamos aquí para aplaudir el incumplimiento estéril de la ley, sino para observarlo, criticarlo y evitarlo.

El Gobierno del Distrito Federal se empeña en perseguir y hostigar, en difamar y calumniar a la empresa Equipamientos Urbanos de México. La administración de López Obrador continúa acosando a los trabajadores, directivos de esta empresa sin sustento legal alguno; el gobierno de López Obrador sigue sin acatar las resoluciones emitidas por tres instancias, tres, no una; tres: séptimo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, el juez octavo de distrito en materia administrativa y el juez quinto de distrito en materia penal.

Como podrán ver, les explico, el Poder Judicial ha concedido amparos a la empresa Eumex en contra de la pretensión del Gobierno del DF de retirarle la concesión de parabuses. Si el señor López se empecina una vez más en violar otra resolución judicial, perdonen, pero estamos obligados a hacer cumplir la ley desde esta tribuna. Por eso, Acción Nacional habrá de sumarse a esta proposición, porque desde nuestro entendimiento nunca nada habrá de justificar el perpetrar la violación al marco legal.

Si el Gobierno del DF está convencido de que Eumex ya no debe continuar con la concesión para instalar y administrar parabuses, como lo han manifestado, tienen todo el derecho, pero debe hacerlo por los cauces legales que procedan. Tiene herramientas para hacerlo, no es a tolete limpio y con violencia como se solucionan las cosas, al estilo de Hugo Chávez.

Ya no más, ya no queremos más el incumplimiento faccioso de la ley en el Distrito Federal, no más atropellos a los derechos de los particulares, aunque se aburran. Si López Obrador no hace algo por hacer cumplir la ley, escuchen; la ley, la ley se habrá de encargar de él. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Gilberto Ensástiga, hasta por 5 minutos.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Con su venia, diputada Presidenta.

Agradezco la participación del diputado Triana, porque eso me permite también decir públicamente quién está también detrás de Eumex, y me refiero al senador del Partido Acción Nacional. Fauzi Hamdan, quien es abogado de la empresa y si quieren revisar esta información sería importante, porque él públicamente ha anunciado que va a defender esta empresa.

Y desde luego, ahí están los intereses, yo no sé de qué legalidad habla el diputado Triana, cuando un senador de su partido utiliza el cargo también para promoverse beneficios propios y hacer tráfico de influencias.

Quiero decirle, diputado Jorge Kahwagi, que el pasado 7 de octubre, tengo aquí en mi mano una carta, dirigida al señor Antonio Torres Martínez, presidente del Consejo de Administración de Equipamientos Urbanos de México, Eumex, seguramente usted lo conoce: ``Madrid, 7 de octubre de 2004.

``Estimado Antonio: En las últimas semanas se vienen publicando en la prensa mexicana y española, diversas noticias referentes a tu persona y personal de Eumex, que nos resultan tremendamente inquietantes...''

También quiero decirle que en la carta descalifican el papel de este señor que es el presidente del consejo y estos españoles son sus socios, lo están descalificando por el manejo de la empresa.

Y también quiero decirle, que el 3 de diciembre de 1997, efectivamente como usted lo dice, los beneficios que le dio el director de Servimet de esta empresa, fue de que no pagaran luz, de que no contribuyeran y ese es el negocio, ese es el negocio que ellos acordaron y el cual este Congreso no puede permitirlo compañeras y compañeros.

En detrimento de la ciudad se está haciendo un negocio redondo, y qué bueno que usted lo dijo, porque a ninguna empresa se le puede exentar de pagar luz y de contribuir, porque eso es un delito y eso lo permitió el director de Servimet, y aún más, uno de los abogados de Eumex está relacionado con todo el fraude que está alrededor de Publi XIII y a usted le debería dar vergüenza venir a defender a esa gente, venir a usar la tribuna para pagar favores. Si tiene dignidad, si es transparente como lo que usted exige al Gobierno de la Ciudad, retire el punto de acuerdo, no involucre a su partido que efectivamente no se presta para este tipo de jugarretas, pero usted lo está llevando al precipicio con esas posiciones y flaco favor le hace al Partido Verde Ecologista.

A mí me parece que es indigno lo que usted ha venido hacer y debería retirar el punto, si tiene los suficientes pantalones para sostener lo que ha venido a decir aquí.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Con qué objeto, diputado Kahwagi?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

De acuerdo al artículo 102, para contestar alusiones personales, tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Bueno, pues antes que nada sí quisiera dejar en manifiesto que aquí no es una cuestión de a ver quién tiene más pantalones o no, aquí venimos a cumplir la ley, el cumplimiento de la ley es lo que debe de estar por encima de todo.

Ustedes están aquí sacando documentos de la empresa, de comunicados internos, esto yo creo que no nos corresponde a nosotros ver si se llevan bien los señores de adentro de la empresa o no. A nosotros nos corresponde cumplir con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, no desviemos la atención.

También tienen razón cuando dicen que nadie debe de dejar de pagar la luz. En el convenio en el que se realizó por el cual se pagan 14 millones de pesos al año, ahí le correspondía al Gobierno del Distrito Federal hacer el pago de la luz.

Y por último, a usted es al que le debería dar vergüenza venir a defender la ilegalidad. Nosotros debemos de estar pujando porque se cumpla la ley. Nosotros somos legisladores, nosotros estamos a cargo de hacer leyes...

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Entonces dígame lo de la medalla que usted pagó...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, un momentito. A ver, un momentito diputado Kahwagi.

No están permitidos los diálogos, diputada Rosas.

A ver, ¿con qué objeto diputado Legorreta? Por favor, activen el sonido en la curul del diputado.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica (desde su curul): Sí, Presidenta. Preguntarle al diputado Kahwagi, si me puede contestar una pregunta.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Sí, claro.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica (desde su curul): A ver, diputado, si usted sabe que la empresa paga 2.5 veces más de lo que establece el Código Financiero. ¿Sí lo sabe o no?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Así es, se pagan 2.4 veces más de lo que establece el Código Financiero. Así es que la empresa ha venido cumpliendo cabalmente con lo que tiene qué pagar.

Y yo también respondería a todas las preguntas que me han venido haciendo...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ya concluyó el orador con la respuesta anterior ¿diputado? ¿Con qué objeto diputada?

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Para formular una pregunta, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Está usted de acuerdo, diputado Kahwagi?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Sí.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Bueno, ahorita que usted nos habla que somos legisladores y a eso venimos y a eso nos paga el pueblo de México, nada más recordarle que ése es su papel aquí y no estar en programas como en el que usted participó y no estar beneficiando a empresarios a cambio de prebendas y medallas.

¡Qué lastima, que no me contesto mi pregunta, diputado Kahwagi!

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: ¿Cuál no le contesté?

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito los dos, por favor. Un momentito diputada Rosas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): A mí me gustaría saber, hice una pregunta sobre la medalla, la evadió. Le hacemos otra pregunta la evade.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputada Rosas, diputada Rosas, diputada Rosas, ¡por favor, diputada Lizbeth Rosas! Por favor, haga solamente la pregunta que quiera hacerle al señor diputado Kahwagi.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Nuevamente, con mi primera pregunta: ¿Qué beneficios recibe él, económicos, de este apoyo que a ultranza hace a los empresarios, como la anterior medalla que él pagó a un empresario y ahora la defensa de un millonario negocio redondo en el Distrito Federal?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Bueno, una vez más. Yo creo que nuestra compañera legisladora no escucha muy bien, pero yo no pertenezco a la Comisión de Juventud y Deporte y la Comisión de Juventud y Deporte fue la que le otorgó ese merecido reconocimiento a don José Sulaiman.

La segunda es, yo por supuesto, que estoy defendiendo la legalidad, ya sean las órdenes judiciales que se tienen que respetar. Si a ustedes no les parece importante el que se cumpla la ley, a mí sí me parece importante.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado. ¿Con que objeto, diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul): Para rectificar hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para rectificar hechos, pero sólo por 3 minutos, diputado.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Solamente para hacer dos planteamientos que a mí me parece es importante quede registrado en el Diario de los Debates.

Primero, señalar que hay un recurso de inejecución de sentencia y este recurso de inejecución de sentencia, ha entrado a un proceso en donde Eumex tiene que demostrar el universo de mupis en donde ellos dicen estar afectados, porque hay una incongruencia en todos los números que han dado, hay una incongruencia y, en ese sentido, no puede establecerse, así lo ha determinado el juzgador con precisión...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Ensástiga. El diputado Kahwagi, a ver, díganos diputado.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul): A ver si el orador me acepta una pregunta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Acepta usted una pregunta?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, nada más concluyendo, por favor.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul): O sea, no.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, sí, nada más concluyendo.

Entonces me interesa dejar muy claro este asunto, el de carácter legal. Entonces el juez, el juzgador en estos momentos no puede determinar de qué forma tienen que actuar las autoridades. Hay, insisto, un recurso de inejecución de sentencia, por lo tanto es falso que se diga aquí que hay desa-cato. O sea, eso es falso.

Segundo. Me parece que es muy importante que el punto de acuerdo que hoy votemos, no sea utilizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué quiero señalar lo siguiente? Aquí se sostiene que se están violando los derechos de los trabajadores.

Efectivamente, la información que nosotros tenemos, se ha remitido al Ministerio Público, a trabajadores que han dañado las banquetas, que han dañado el mobiliario urbano y que están tratando de instalar parabuses sin respetar el reglamento que establece de qué forma puede instalarse la publicidad; porque este acuerdo que aquí votemos, en donde el Congreso exhorte al jefe de Gobierno, puede ser utilizado para darle un manejo político y decir que el Congreso mexicano está respaldando los dichos que ellos nos han venido a presentar y que, sin duda, nosotros rechazamos y que no estamos de acuerdo.

Compañeras y compañeros, es desafortunado que se utilice una vez más el Congreso para pagar favores, Kahwagi; para pagar favores.

Sí, adelante.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul): Usted sabe, señor diputado, que cuando se hace valer la inejecución de sentencia, es precisamente porque no se acató la sentencia. ¿Sí sabe eso? Y eso es lo que está sucediendo en este momento, en ese momento hubo una sentencia que ustedes no acataron y por eso está el incidente de inejecución de sentencia. ¿Sí sabe o no sabe? No le escucho.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: ¿Puedo contestar, Presidenta?

Bueno, le voy a contestar y después le voy a dar una explicación. ¡Sí sé! ¿Ya?, ¿responde eso? Pues sí sé, usted me preguntó si sabía o no sabía. ¡Sí sé!

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Con qué objeto, diputado Nahle?

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Para rectificar hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra el diputado Nahle, hasta por 3 minutos.

El diputado Arturo Nahle García: Yo voy a dar respuesta a su pregunta, diputado Kahwagi. Creo que primero debemos abordar este tema con seriedad y con respeto.

Sí, tiene usted razón, diputado. Efectivamente, hay una sentencia de amparo que ganó la empresa que no sé si usted representa, Eumex; sin embargo, permítanme, repito, con toda seriedad y respeto, comentar el antecedente muy brevemente de este asunto: la relación entre Eumex y Servimet data desde la década de los noventa. A Servimet le dieron un permiso denominados PATR para que pudiera explotar en la Ciudad de México estos espacios que se conocen como paraderos de autobuses. Servimet a su vez concesionó este permiso, lo cedió a una empresa llamada Copasa, la concesión fue por 3 años. Terminó la relación con Copasa y ésta a su vez la transfirió a Eumex.

Sin embargo, vinieron las dificultades porque estaban haciendo, desde el criterio del Gobierno de la Ciudad de México, un uso inadecuado del permiso, no en los términos establecidos en el propio permiso y entonces vinieron las diferencias. Un día antes, un día antes de que concluyera el gobierno de Oscar Espinosa Villarreal, le dieron a esta empresa una prórroga de la concesión hasta el 30 de septiembre de 2012.

Viene entonces la acción del gobierno capitalino para cancelar estos permisos. La empresa interpuso dos amparos, diputado, y con esto voy a concluir: el amparo 182/99 y el amparo 55-2003. Los dos amparos efectivamente los ganó la empresa que usted representa. El primer amparo, el 55-2003 se dictó una sentencia que está debidamente cumplimentada en sus términos. En el segundo amparo, el amparo 182/99 también vale la pena señalar que el 30 de junio de 1999 se les concedió el amparo para efectos; se fueron a una revisión; el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, confirmó la sentencia; al no haberse cumplido la sentencia, se va a un incidente de inejecución que está en trámite...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputado Nahle.

Activen el sonido en la curul del diputado Franco.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): Para suplicar se consulte al diputado si acepta una pregunta.

El diputado Arturo Nahle García: Sí, claro.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): Si nos puede informar en qué sentido fueron resueltos los amparos a que se ha referido el diputado Kahwagi.

El diputado Arturo Nahle García: En el caso del amparo 55/2003, la sentencia de 31 de octubre negó el amparo a Eumex; se sobreseió por lo que hace al jefe de Gobierno y al oficial mayor; se interpuso un recurso de revisión ante el Séptimo Tribunal Colegiado. Este Tribunal Colegiado revocó la sentencia y otorgó el amparo a la quejosa para el efecto de que se le diera la garantía de audiencia. Es lo que se denomina un amparo para efectos.

Considerando esta sentencia dictada dentro del recurso de revisión, se subsanó y finalmente el propio Tribunal Colegiado dio por cumplida en sus términos la sentencia. Con eso contesto la primera parte de su pregunta; el primer amparo, es un amparo que se ganó y que se cumplió.

El segundo amparo el 182/99 el 30 de junio de 1999, estoy contestando con todo respeto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Continúe diputado.

El diputado Arturo Nahle García: ...el 30 de junio de 1999 se concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables dejaran insubsistente todo acto y restituyeran a la quejosa, a la empresa, el goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes.

Se interpuso por parte del Gobierno de la Ciudad un recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado y éste confirmó la sentencia. Ante el incumplimiento se interpuso un incidente de inejecución que está actualmente radicado en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que no ha resuelto. Si usted quiere que hagamos un exhorto en esta Cámara, habrá que hacerlo en todo caso a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha resuelto este incidente por una sencilla razón: porque la quejosa o sea la empresa que usted representa, diputado Kahwagi, no ha especificado cuál es el número y la ubicación de los mupis; fueron pruebas ya ofrecidas por la quejosa y por las autoridades...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Nahle ha concluido su tiempo.

El diputado Arturo Nahle García: No. Estoy contestando la pregunta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No, era la otra.

El diputado Arturo Nahle García: Concluyo. Se está en espera de la resolución por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto hay cientos de incidentes de inejecución en contra del Presidente de la República, de gobernadores y de infinidad de autoridades.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.

Ha solicitado la palabra para rectificar hechos el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos.

El diputado Triana, por favor activen el sonido en su curul.

El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): Diputada Presidenta, para hacerle una solicitud respetuosa a que cumpla usted por favor con su trabajo, que se abstenga de tomar parte en el debate y de darle más tiempo mañosamente a los legisladores de su partido. Es una práctica que no cabe en este recinto y se está bajando el nivel del debate. Por favor, absténgase de esa práctica, es una solicitud muy respetuosa.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Le agradezco mucho su propuesta, pero he sido absolutamente respetuosa de todos y todos nos hemos tratado igual.

Al señor le hicieron unas preguntas, si usted le quiere hacer también al diputado Döring, adelante, pero ha sido para todos igual y le agradezco, sin embargo, respeto su propuesta porque es un par igual que yo, sin embargo he sido absolutamente respetuosa en todos los casos. Por favor.

El diputado Federico Döring Casar: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Sin aludir a nadie ni con la intención de faltarle el respeto a nadie, quiero señalar que el fondo jurídico del asunto será resuelto por el Poder Judicial de la Federación en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre eso, Acción Nacional no tiene mayor cosa que decir en esta tribuna.

Lo que quiero precisar es este comentario de la maledicencia sobre el senador Fauzi Hamdam. Cierto es que uno de los abogados que ha contratado la empresa Eumex es el senador Fauzi Hamdam. Cierto es y noble sería decir con veracidad, que fue contratado antes del primero de diciembre de 1997, es decir antes de que el Partido de la Revolución Democrática gobernara por mandato de los ciudadanos de esta capital de la Ciudad de México.

Y también sería cierto, noble y ético reconocer que otro de los abogados de la empresa es Néstor de Buen, connotado abogado laboralista, asesor del Gobierno de la Ciudad y cercano al Partido de la Revolución Democrática. No es un pecado ejercer la profesión de abogado; no es un pecado defender la ley; es un pecado decir una verdad a medias porque aquí se vuelve una mentira absoluta. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Gracias. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada y comuníquese.

Se encuentran aquí, en este recinto parlamentario, el doctor Lázaro Masón, presidente municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero y todo su equipo del cabildo.

Sean ustedes muy bienvenidos.

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ESTADO DE JALISCO
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática de las cajas de ahorro en el estado de Jalisco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pongo a consideración de esta Asamblea lo siguiente:

Que mediante un escrito suscrito por el Consejo Nacional de Ahorradores y la Comisión de Ahorradores Afectados en el Estado de Jalisco, del 16 de febrero de este año, presentado a esta Cámara de Diputados y turnado a la Comisión en el que se manifiesta que el Gobierno del estado de Jalisco no ha firmado el convenio según lo establecido por la ley llamada de Fideicomiso Pago, para efecto del pago a siete cajas de ahorro popular ya auditadas, con un monto aproximado de 105 millones de pesos y para beneficio de aproximadamente 5 mil personas, según lo informó el comisionado de dicho fideicomiso. El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social emitió un acuerdo por el cual constituyó un grupo de trabajo de la comisión, integrado por los diputados federales Alfredo Rodríguez y Pacheco, David Ferreyra Martínez y Cesar Amín González Orantes, mismos que forman parte de cada grupo parlamentario, para efecto de que solicitara información al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco y al honorable Congreso de dicha entidad.

De acuerdo al informe que se rindió por parte del grupo de trabajo, los ahorradores no han recibido el pago de sus ahorros en virtud de que el gobierno del estado no ha firmado el convenio que señala la ley que crea el fideicomiso pago.

Asimismo, los diputados locales señalaron al grupo de trabajo que estaban estudiando la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos de dicha entidad federativa para hacer frente al problema.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución.

Primero. Exhortar respetuosamente al Congreso del estado de Jalisco a efecto de que revise y ajuste el presupuesto de egresos con objeto de liberar recursos suficientes para el pago de los ahorradores defraudados.

Segundo. Se exhorta responsablemente al gobernador del estado de Jalisco para efecto de que formalice el convenio autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, relativo a la problemática de las cajas de ahorro en el estado de Jalisco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2 fracción XIV, 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 61, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante escrito sin fecha, recibido en la honorable Cámara de Diputados el dieciséis de febrero del dos mil cuatro, suscrito por el Lic. José Luis Sánchez Martínez, secretario general del Consejo Nacional de Ahorradores y la Comisión de Ahorradores Afectados en el estado de Jalisco, señalan que el Gobierno del estado de Jalisco no ha firmado el convenio según lo establecido por la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para efecto del pago a 7 cajas de ahorro popular ya auditadas, siendo que el Comité Técnico del fideicomiso pago, aprobó la firma del convenio respectivo.

En tal virtud, solicitaron a la honorable Cámara de Diputados que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social constituya un grupo de trabajo para que investigue la problemática que atañe a los ahorradores defraudados en el estado de Jalisco y se reúna con los diputados locales para coadyuvar en la búsqueda de una solución efectiva al referido problema.

Asimismo, si lo determina la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, exhorte al ejecutivo de dicha entidad federativa para que se atienda a los miles de afectados cumpliendo lo dispuesto por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

SEGUNDO.- A través del oficio número 21901, de fecha veinte de febrero del dos mil cuatro, con el turno número LIX-1200, el licenciado Cristian Alarcón Ojeda, secretario técnico de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, por instrucciones del diputado federal Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el ocurso descrito en el antecedente anterior, recibido en ésta Comisión el veinticuatro del mismo mes y año.

TERCERO.- El día veinticinco de febrero del dos mil cuatro, mediante oficio número CFCyES/250204-105 el diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, licenciado Francisco Javier Saucedo Pérez, solicitó al licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, informara a dicha Comisión, el monto que habrá de aportar el Gobierno del estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal dos mil cuatro; cuántas sociedades de ahorro han sido auditadas en dicho estado y si fuera el caso, cuántas de ellas faltan por auditar; el número de ahorradores que se les ha pagado y cuántos de ellos faltan por cubrir; de éstos últimos, el motivo por el cual no se les ha pagado; y finalmente, si con base a la Ley del Fideicomiso Pago se encuentran contempladas las sociedades denominadas ``Cosmotel'' y ``Aviso de Guadalajara'', ubicadas dentro del territorio del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

CUARTO.- Con fecha tres de marzo del dos mil cuatro, se recibió en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el oficio número FAFOSCAP/CFP/042/2004 suscrito por el licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, quien informó lo siguiente:

1. ``En el procedimiento de pago en Jalisco, producto del primer convenio con el Estado y su ademdum, se pagó a 41,970 ahorradores de las cajas de ahorro Puerto Vallarta, Del Sol, Premier, Del Ángel, Del Vestido, Del Bosque y de la Sociedad de Ahorro y Préstamo, Crédito de Ahorro del Noreste (El Arbolito), con saldo neto de ahorro hasta $190 mil pesos.

2. El Comité Técnico de este Fideicomiso, en su reunión del 26 de mayo de 2003, mediante acuerdo No. 15.11, autorizó que se llevara, a cabo la firma del segundo Convenio de Coordinación con el Estado Libre y Soberano de Jalisco, de conformidad alas reformas de la Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 diciembre del 2002. El objeto del Convenio es resarcir a los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro es mayor a $190 mil pesos y aquellos ahorradores que por diversos motivos no acudieron a la primer etapa del pago.

Los ahorradores comprendidos en este segundo Convenio pertenecen a las cooperativas caja popular Puerto Vallarta, Del Sol, Premier, Del Ángel, Del Vestido, Del Bosque y de la Sociedad de Ahorro y Préstamo, Crédito y Ahorro del Noroeste (El Arbolito). En dicho Convenio se establece la aportación del Estado de Jalisco por un monto de $105,649,000.00, que en adición a la contribución por parte de este Fideicomiso, se podrá resarcir el ahorro de aproximadamente 5,000 personas. La cifra definitiva de ahorradores se conocerá hasta que éstos acudan al registro correspondiente.

A la fecha no ha sido posible firmar este Convenio por los problemas presupuestales en la entidad federativa. Manifiesto a usted que este Fideicomiso está en posibilidad de suscribir el convenio en el momento que las autoridades del estado de Jalisco así lo consideren, ya que como se comentó anteriormente, se cuenta con la aprobación respectiva por parte del Comité Técnico.

3. Respecto a cuántas cajas han sido auditadas y cuántas faltan por auditar, es conveniente señalar que las auditorías han sido practicadas por el Gobierno del estado de Jalisco y que este Fideicomiso únicamente conoce de aquellas que cumplen con los requisitos de ley, es decir, hasta ahora se cuenta con las auditorias de las cooperativas caja popular Puerto Vallarta, Del Sol, Premier, Del Ángel, Del Vestido, Del Bosque y de la Sociedad de Ahorro y Préstamo, Crédito y Ahorro del Noroeste (El Arbolito).

Las autoridades de Jalisco informaron a este Fideicomiso el 29 de mayo del 2003, que a través de la CADFI ASOCIADOS, S.C. iniciaron las auditorias de nuevas cajas, entre las que destacan Cristo Rey, Alianza, Nueva Unión, Mazamitla, Las Juntas, Mercantil de California, Grupo Aviso de Guadalajara, Mascota y Cosmotel (Anexo). Una vez que este Fideicomiso cuente con los resultados de las citadas auditorias, se estará en la posibilidad de conocer con exactitud el número de ahorradores de dichas cajas que podrían acceder al pago de sus depósitos.

4. Por lo que se refiere a las cajas denominadas Cosmotel y Aviso de Guadalajara, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha, ni el Gobierno del estado de Jalisco, ni los ahorradores defraudados, han acreditado los requisitos que señala la Ley. Específicamente, lo señalado en la fracción 1 del artículo 8° respecto a haberse constituido legalmente por lo menos con un año de anticipación a la entrada en vigor de la Ley, así como lo relativo a los supuestos que se refiere el artículo 7° de la misma. Por consiguiente, se requieren las actas constitutivas de ambas sociedades, mismas que aún no han sido presentadas.''

QUINTO.- Con fecha treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social dictó un acuerdo que a la letra dice:

``PRIMERO.- Se constituye un grupo de trabajo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, integrado por los diputados Alfredo Rodríguez y Pacheco, David Ferreyra Martínez y César Amín González Orantes, mismos que forman parte de cada grupo parlamentario de esta Comisión, con el objeto de investigar sin invadir la esfera de competencia del poder ejecutivo del estado de Jalisco, en virtud de que la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, es un ordenamiento federal y por ende aplicable en toda la República Mexicana; para efecto de que dicho grupo de trabajo solicite información al titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco y al Honorable Congreso de dicha Entidad Federativa y pueda allegarse de los elementos necesarios para determinar conforme a derecho la procedencia o no del memorial de particulares y documente el número de muertos y establezca el número de enfermos en fase terminal que existen y que requieren de su patrimonio para hacer frente a lo más básico.

De lo anterior, el grupo de trabajo deberá rendir un informe a la junta directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en un término máximo de 25 días naturales y una vez concluido lo encomendado y entregado el informe de referencia, se tendrá por extinguido dicho grupo de trabajo, previo acuerdo de la Junta Directiva.

SEGUNDO.- Una vez que rinda su informe el grupo de trabajo que se haya constituido, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social determinará si es procedente o no emitir una proposición con punto de acuerdo por obvia resolución para efecto de exhortar al titular del Ejecutivo Local del Estado Jalisco y analice la posibilidad de tomar las medidas necesarias para que se autorice el pago a ahorradores defraudados en términos de la Ley de Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.''

SEXTO.- Mediante oficio número CFCyES/160404-201, de fecha dieciséis de abril del año en curso, el grupo de trabajo solicitó al diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pusiera a consideración del pleno, una prorroga para rendir el informe respectivo, misma que fue concedida a través de la sexta reunión plenaria celebrada el veintiocho de abril del dos mil cuatro.

SÉPTIMA.- El dieciséis de abril del dos mil cuatro, se recibió en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ocurso suscrito por el licenciado José Luis Sánchez Martínez, secretario general del Consejo Nacional de Ahorradores y la Comisión de Ahorradores Afectados en el Estado de Jalisco, mediante el cual solicitaron se investigue el funcionamiento y estado actual del Fideicomiso Cajas de Ahorro (FICAH).

OCTAVO.- Mediante oficios números CFCyES/ 190404-203 y CFCyES/190404-204 el diputado Presidente Francisco Javier Saucedo Pérez solicitó al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Comisionado del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), respectivamente, que en un término prudente, proporcionaran a esta Comisión, el primero de los mencionados, el objeto de la creación del Fideicomiso Cajas de Ahorro (FICAH); el porcentaje y montos de participación; la forma de su extinción y el estado actual que prevalece en dicho fideicomiso y al segundo, sí el Fideicomiso Pago contempla aportar recursos federales al FICAH para el pago de ahorradores en la República mexicana y que tipo de relación tienen ambos fideicomisos.

NOVENO.- Mediante oficio número FAFOSCAP/ CFP/055/2004, de fecha veintiuno de abril del dos mil cuatro, el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, informó lo siguiente:

``El Fideicomiso Cajas de Ahorro y el Fideicomiso Pago no han tenido, ni tienen, una relación desde el punto de vista jurídico. Ambos fideicomisos son independientes entre sí, derivan de actos constitutivos diferentes y sus fines contemplado en tales actos de constitución son distintos.

No obstante lo anterior, mediante decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del año 2004, específicamente el artículo SEGUNDO transitorio señala, que a efecto de que el Fideicomiso Cajas de Ahorro cuente con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren, con motivo de los ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas Cajas Populares de Ahorro a que se refiere el Contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro, por mandato de Ley, el Fideicomiso Pago le deberá aportar con cargo a su patrimonio recursos hasta por un monto de 16 millones de pesos durante el año 2004.''

Cabe precisar, que el licenciado Jonathan Davis Arzac, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la fecha no ha dado contestación al oficio número CFCyES/190404-203, señalado en párrafos precedentes.

DÉCIMO.- El día veintiséis de mayo del dos mil cuatro, el grupo de trabajo rindió su informe al pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social relativo a las reuniones de trabajo con distintos actores sociales e instituciones en Guadalajara, Jalisco, que se llevaron a cabo del dos al cuatro de mayo del año en curso, en el cual se informó, en primer lugar, que se sostuvo reunión de trabajo con los diputados Esparza Vázquez Juvenal y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, quienes señalaron que estaban estudiando la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos de dicha Entidad Federativa, para hacer frente al problema que aqueja a los ahorradores defraudados.

Asimismo, el grupo de trabajo informó que se había reunido con alrededor de doscientos cincuenta ahorradores defraudados, quienes expusieron los problemas que les ocasiona el Gobierno del estado de Jalisco al no firmar el convenio que señala la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y como consecuencia el que nos se les haya pagado sus ahorros.

De igual forma, el grupo de trabajo manifestó en su informe que se habían reunido con la Comisión Especial del honorable Congreso del estado de Jalisco, integrada por los diputados Juvenal Esparza Vázquez; Jorge Urdapilleta Núñez, Roberto López González y Benito Manuel Villagómez Rodríguez y con el Licenciado Venustiano Ramos Ibarra, coordinador de Información Regional de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos del Interior, quienes expusieron diversos problemas e indicaron que el Gobierno del Estado está dispuesto a pagar a los ahorradores en tres exhibiciones, de $40,000,000.00 por año, hasta cubrir el monto de $106,000,000.00 y que para el segundo rescate, no hay recursos para pagar. Respecto al Fideicomiso Cajas de Ahorro (FICAH), señalaron los aludidos que éste se creó para administrar los bienes decomisados a Cirilo Ocampo Verdugo, pero que no se puede disponer de ellos, en virtud de estar a disposición de la Procuraduría General de la República y que de acuerdo a la Ley que crea el Fideicomiso Pago no se pueden liberar dichos bienes, toda vez que está pendiente la resolución judicial en contra de Ocampo.

Por último, el grupo de trabajo informó que se había constituido en el Palacio de Gobierno, para reunirse, previa cita, con el licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, gobernador constitucional del estado de Jalisco, sin que los hubiera atendido y en su lugar estuvieron presentes el Licenciado Venustiano Ramos Ibarra, coordinador de Información Regional de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos del Interior y el licenciado Guillermo Ramírez Bañuelos, representante estatal del Fideicomiso Pago, quienes manifestaron que la voluntad del Gobierno es pagar a los ahorradores, mediante el siguiente proceso de pago.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social concluyó para dictar el acuerdo de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, que única y exclusivamente se les ha pagado a 41,970 ahorradores defraudados en el estado de Jalisco, correspondiente a las siete cajas de ahorro señaladas en párrafos precedentes, sin que en el año dos mil tres se les haya pagado a aproximadamente 5,000 personas, en virtud de que el Gobierno Estatal no ha formalizado el convenio respectivo, siendo que el Comité Técnico del Fideicomiso Pago autorizó el monto para la firma del segundo convenio.

SEGUNDO.- De acuerdo al informe que rindió el grupo de trabajo el veintiséis de mayo del dos mil cuatro, ante el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se desprende que en la reunión que tuvieron con los ahorradores defraudados en el Estado de Jalisco, éstos no han recibido el pago de sus ahorros, en virtud de que el Gobierno del estado no ha firmado el convenio que señala la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, generando con esto, que por la falta de recursos tuvieran enfermedades sin poderlas solventar; otros, tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas particulares para inscribirlos en escuelas oficiales; entre otros problemas análogos.

Asimismo, se desprende del informe que los diputados Esparza Vázquez Juvenal y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, señalaron al grupo de trabajo, que estaban estudiando la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos de dicha entidad federativa, para hacer frente al problema que aqueja a los ahorradores defraudados.

De igual forma, se desglosa de dicho informe que el Gobierno del estado tiene una propuesta para pagar a los ahorradores defraudados en dicha Entidad Federativa, mediante un proceso de pago que no se haya contemplado en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social considera como grave el problema que les aqueja a los ahorradores de dicha Entidad Federativa, en primer lugar, porque el honorable Congreso del estado de Jalisco, no ha concluido el ajuste del presupuesto de egresos para hacer frente al pago de los ahorradores y en segundo lugar, porque el Gobierno del Estado de Jalisco propone a los ahorradores formalicen un convenio que no se encuentra establecido en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, ya que dicho convenio contempla que los ahorradores hagan entrega de la totalidad de los títulos de inversión para que la financiera estatal entregue nuevos documentos y los ahorradores reciban el pago mensual de intereses.

Motivo por el cual, esta comisión considera conveniente exhortar al honorable Congreso del estado de Jalisco para que en un termino razonable concluya con la revisión del ajuste al presupuesto de egresos, de tal modo que el gobierno del estado esté en condiciones de formalizar el convenio autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago. Al mismo tiempo, esta comisión resuelve exhortar al gobernador constitucional de dicha entidad federativa, licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, para efecto de formalizar el convenio de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pone a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por urgente resolución:

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Jalisco, a efecto de que revise y ajuste el presupuesto de egresos correspondiente al dos mil cuatro, con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de los ahorradores defraudados de las siete cajas de ahorro ya auditadas.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Jalisco, para efecto de que formalice el convenio autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago y esté en posibilidades de cumplir con lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los quince días del mes de junio del año dos mil cuatro.--- Integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social: Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; José Juan Bárcenas González (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), secretarios; Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), David Ferreyra Martínez (rúbrica), Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Valentín González Bautista (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), César Amín González Orantes, Manuel González Reyes, Alfonso González Ruiz, Cruz López Aguilar, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona, Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Adrián Villagómez García.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Saucedo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Pesidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución.

En virtud que a esta Presidencia no han llegado solicitudes para hablar a favor o en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

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MILITARES RETIRADOS O JUBILADOS
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a la revisión del sistema de asignación de pensiones a los militares retirados o jubilados para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputadas y diputados: El suscrito, diputado federal, presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes consideraciones: El soldado mexicano es el más cumplido de todos los servidores públicos. Entrenado para la defensa de la integridad nacional, es experto en el manejo de todas las armas y al mismo tiempo tiene algún oficio de carácter civil, siendo electricista, plomero, carpintero, etcétera.

Además, la oficialidad egresa de las escuelas, institutos y universidades militares con títulos profesionales en las licenciaturas de las variadas ciencias. También conforman el saber humano y alcanzan la categoría de Diplomado de Estado Mayor.

Los integrantes del Ejército mexicano alcanzan una óptima preparación física, mental y profesional.

La callada y continua actividad de oficiales y soldados rara vez es reconocida y menos recompensada y a sus acciones militares y servicios civiles se les concede escasa o nula importancia, siendo poco conocidas las ocasiones en que son condecorados por actos relevantes o perseverancia en el Ejército.

Al igual que el servidor civil el militar percibe una pensión significativamente menor que el sueldo que tenían cuando estaban en servicio, disminución que decrece en proporción al mayor grado alcanzado en la carrera militar que es el de general de división, quien al retirarse del servicio activo recibe como pensión mensual el equivalente al haber de un capitán primero.

Igualmente la porción que se asigna al soldado jubilado es también exigua, a veces apenas rebasa un salario mínimo; en similares condiciones se encuentran los miembros jubilados de la Armada mexicana.

Por lo expuesto y fundado me permito proponer a esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Comisión de Defensa Nacional de esta honorable Cámara de Diputados convoque a la Dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para que juntas revisen el sistema de asignación de las pensiones a los militares retirados o jubilados y se calculen los aumentos necesarios para ajustarlos a la actual situación económica y probable incremento de la inflación en el próximo año y lo comunique a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que ésta lo incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Atentamente

Sala de sesiones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, relativo a la revisión del Sistema de Asignación de Pensiones a los Militares Retirados o Jubilados, con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El soldado mexicano, es el más cumplido de todos los servidores públicos. Entrenado para la defensa de la integridad nacional, es experto en el manejo de todas las armas y al mismo tiempo, tiene algún oficio de carácter civil, siendo electricista, plomero, carpintero, albañil, etcétera; además, la oficialidad egresa de las escuelas, institutos y universidades militares, con títulos profesionales en las licenciaturas de las variadas ciencias experimentales, abstractas y aplicadas, que conforman el saber humano y al alcanzar la categoría de diplomado de Estado Mayor, los integrantes del Ejército Mexicano, alcanzan una óptima preparación, física, mental y profesional.

Esta preparación, hace que el Ejército Mexicano se encuentre catalogado entre los mejores capacitados y equipados del mundo y su historial, lo eleva a ser considerado como un orgullo del pueblo mexicano del cual proviene.

La actuación de auxilio, rescate y apoyo a las comunidades en las labores de reconstrucción después de temblores e inundaciones y toda clase de desastres, ha convertido al Ejército Mexicano, en el más eficaz colaborador de la población civil.

Destaca también su intervención en acciones de seguridad y vigilancia, así como su coadyuvancia en la lucha contra la delincuencia organizada y su permanente combate al narcotráfico.

La callada y continua actividad de oficiales y soldados, raras veces es reconocida y menos recompensada y a sus acciones militares y servicios civiles, se les concede escasa o nula importancia, siendo poco conocidas las ocasiones en que son condecorados, por actos relevantes o perseverancia en el ejército.

Al igual que el servidor civil, el militar percibe una pensión significativamente menor que el sueldo que tenía cuando estaba en servicio, disminución que decrece en proporción al mayor grado alcanzado en la carrera militar, que es el de general de división, quien al retirarse del servicio activo, recibe como pensión mensual, el equivalente al haber de un capitán primero.

Igualmente, la porción que se asigna al soldado jubilado, es tan exigua, que a veces, apenas rebasa un salario mínimo. En similares condiciones, se encuentran los miembros jubilados de la Armada Nacional.

La mayoría de los militares retirados o pensionados, desconocen qué criterio o qué tabuladores aplican el Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), al calcular el monto de sus pensiones.

Este desconocimiento ha generado un creciente descontento entre los militares retirados, pues estiman que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerza Armadas Mexicanas, está mal aplicada o ya es obsoleta y debe revisarse para que la suma de sus pensiones se calcule tomando en consideración el grado alcanzado, servicios prestados y tiempo de permanencia en el ejército, con un sistema de medición más equitativo que el actual.

A este clamor, no podemos ser sordos los diputados, porque nuestro deber es velar por el mejoramiento de los diversos sectores de la sociedad y ninguno de más merecimiento que el militar.

Los militares retirados o jubilados, tienen razón al exigir que se revise la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que la cantidad que reciban mensualmente por concepto de pensión, se fije con un criterio justo y equitativo de conformidad con sus méritos y permanencia en el servicio y se fije un mínimo en la cuantía que esté sobre la inflación y sea lo suficiente para cubrir sus necesidades esenciales y puedan llevar una existencia digna y asegurada en su bienestar material.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer a esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Que la Comisión de Defensa Nacional de esta H. Cámara de Diputados convoque a la Dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que juntas revisen el sistema de asignación de las pensiones a los militares retirados o jubilados y se calculen los aumentos necesarios para ajustarlos a la actual situación económica y probable incremento de la inflación en el próximo año y lo comunique a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que ésta incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Sala de Sesiones a 18 de octubre de 2004.--- Dip. Rene Meza Cabrera (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

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ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice las gestiones correspondientes para esclarecer la donación de la Academia de Policía del municipio de Tehuacán, realizada al Gobierno del estado de Puebla.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Con fecha 15 de agosto de 2002, en sesión ordinaria del cabildo del municipio de Tehuacán, Puebla, se aprobó y se autorizó la realización de la compraventa para la construcción de la Academia de Policía Municipal. Siendo la finalidad y naturaleza de dicha operación tener cuerpos policiacos con mayor capacitación en dicho municipio.

En total la inversión de la Academia de Policía es de aproximadamente 5 millones 500 mil pesos. Para efecto del equipamiento la aportación de recursos federales fue de 700 mil pesos adicionales, siendo esta última premisa donde quisiera recalcar la importancia del otorgamiento de los recursos federales. Ésta como una de las facultades exclusivas de este órgano legislativo federal enmarcada en la fracción IV del artículo 74 constitucional.

Es nuestra facultad como representantes de la nación velar por el sano aprovechamiento de los recursos federales, así como vigilar el destino de los recursos públicos utilizados para los fines que fueron destinados.

Una de las facultades que como Cámara de Diputados ostentamos es la fiscalización, la responsabilidad enmarcada en el artículo 79 de nuestra Constitución, en tanto se cuente con recursos federales emanados hacia las entidades federativas de los municipios y los particulares. Así la decisión de donar la Academia de Policía bajo la petición de un fax simple que emitió la Subsecretaría Jurídica dependiente de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla.

Así la formalidad en los procedimientos que se deben de seguir para la donación se ha visto enmarcada dentro de un escenario no muy claro, dejando a la interpretación errónea del procedimiento en el cabildo.

Por lo antes expuesto me permito someter el siguiente

Punto de Acuerdo

Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las fracciones I y III del artículo 79 constitucional, así como el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, lleve a cabo las gestiones necesarias a efecto de aportar claridad al uso de los recursos federales por parte del municipio de Tehuacán y del estado de Puebla.

Es cuanto compañeros y solicito a la Presidencia se inserte en el Diario de los Debates, debido al tiempo que tenemos. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación realice las gestiones conducentes a esclarecer la donación de la Academia de Policía del municipio de Tehuacán realizada al gobierno del estado de Puebla, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:

Considerandos

1.- Con fecha 15 de agosto del 2002, en sesión ordinaria de cabildo, se aprobó y autorizó la realización de la compra-venta para la construcción de la Academia de Policía, siendo la finalidad y naturaleza de dicha operación, asimismo con fecha 14 de febrero del 2002, el municipio de Tehuacan, Puebla, adquirió el terreno de una superficie total de 21409.79 hectáreas de parcela, ubicada en el ejido de San Marcos Necoxtla, municipio de Tehuacan en el estado de Puebla, mediante contrato de compra--venta, entre el municipio en mención y un particular, de igual forma, se hace constar que en la erección de dicho inmueble se instalará la Academia de Policía del municipio de Tehuacan.

2.- Con fecha 1 de marzo del 2004, en la notaria pública número 5 se da fe y testimonio legal, que por parte del ayuntamiento de Tehuacan, el Presidente municipal y la secretaría del ayuntamiento, acudieron al registro del inmueble ante notario público, en dónde el testimonio fue que dicho inmueble fue adquirido con la finalidad de la erección de la Academia de Policía de este municipio y con recursos del erario municipal.

Es entonces, que el municipio de Tehuacan aprobó el destino de recursos municipales para la construcción de la Academia de Policía, la cual tenía como fundamento, la preocupación por brindar a los habitantes de ese municipio mayor seguridad pública, así como la capacitación y equipamiento de los policías municipales y garantizar la paz social, siendo uno de los más importantes esfuerzos que se han realizado en dicho municipio.

3.- El total de la erección de la Academia de Policía es de aproximadamente cinco millones, quinientos mil pesos, esto más la compra del inmueble que realizó el municipio con recursos propios por $350 mil pesos; la aportación de los recursos para la construcción de la Academia se distribuyeron de la siguiente manera el 50% fue aportación del municipio, el 50% restante fue donación del gobierno del estado de Puebla, para efecto del equipamiento la aportación de recursos federales fue $700 mil pesos adicionales de Puebla fue destino de recursos federales, siendo esta última premisa dónde quisiera recalcar la importancia del otorgamiento de los recursos federales, esta como una de las facultades exclusivas de este órgano legislativo federal, enmarcadas en la fracción IV del Artículo 74 Constitucional, es nuestra facultad como representantes de la nación, velar por el sano aprovechamiento de los recursos federales, así como de vigilar que el destino de los recursos públicos sean utilizados en los rubros para los cuales fueron destinados.

No obstante a que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, autorizó la destinación de recursos federales, para el equipamiento de una Academia de Policía Municipal, esos recursos pareciera que fueron destinados a una academia de Policía Estatal, sin embargo una de las facultades que como Cámara de Diputados ostentamos, a través de la fiscalización, la responsabilidad enmarcada en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79, en tanto se cuente con recursos federales emanados hacia las entidades federativas, los municipios y los particulares.

4.- Sin embargo, en la sesión de cabildo del municipio de Tehuacan, del día 11 de Junio de 2004, se aprobó la donación del inmueble así como de las instalaciones y equipo con que contaba la Academia de Policía al Gobierno del estado de Puebla, fundamentado en las fracciones V y VII del artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal, mismo que se refiere a que los Regidores tienen la obligación de dictaminar todo lo que el ayuntamiento les encargue, así como de promover al ayuntamiento las propuestas de ordenamiento en asuntos municipales y promover lo conveniente al buen servicio público.

Sin nos basamos en la interpretación jurídica de lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, nos daremos cuenta de que este mismo artículo en dónde se fundamenta la donación de la Academia de Policía, lejos de promover un buen servicio público municipal, inhibe la posibilidad de mejorar las condiciones de otorgar a los habitantes del municipio de Tehuacan, Puebla, con un avance notorio en materia de seguridad pública, siendo uno de los problemas principales que padecemos los que radicamos en dicho municipio.

5.- Así la decisión de donar la Academia de Policía se realizó bajo la petición de un fax simple que emitió la subsecretaria jurídica, dependiente de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, así la formalidad en los procedimientos que se debe seguir para la donación se ha visto enmarcada dentro de un escenario no muy claro, dejando a la interpretación errónea el procedimiento que se ha seguido.

Si bien es cierto que los municipios de nuestro país tienen la facultad de tomar decisiones autónomas, es nuestro deber velar por el bienestar de nuestros representados y de quienes nos han traído aquí para vigilar el actuar de nuestras instituciones y sus procedimientos.

Compañeras y compañeros, no podemos dejar pasar desapercibidas las actuaciones de los actores políticos y de quienes están al frente de una nación, de un estado o de un municipio, por ello y por lo anteriormente expuesto me permito someter ante este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las fracciones I y III del artículo 79 constitucional, así como el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, realice las gestiones necesarias a efecto de aportar claridad al uso de los recursos federales por parte del municipio de Tehuacan, Puebla.

Dado en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo de San Lázaro el 18 de octubre del año 2004.--- Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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LEY DE INGRESOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en la Ley de Ingresos de la Federación se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras, en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La industria turística nacional se ha consolidado en los últimos años como el sector productivo más importante.

En el año 2003 se captaron más de 9 mil 400 millones de dólares gastados por turistas extranjeros. Esta industria aporta al país el equivalente al 8.3 por ciento del producto interno bruto, así como 2 millones de empleos directos aproximadamente.

Nuestra inmejorable ubicación geográfica, entre otras condiciones, ha permitido que nos hayamos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros.

El proyecto turístico de mayor envergadura para la actual administración federal, es el desarrollo de la denominada Escalera Náutica, donde se tiene prevista la creación de 22 marinas que prestarán los servicios de arranque, suministro de combustible, avituallamiento, radiocomunicación, marina seca, reparaciones, alojamiento y auxilio.

Existe una traba que ha impedido el desarrollo y la consolidación del turismo náutico en México, es el altísimo precio del diesel marino que comercializa Pemex, el cual es mayor al precio internacional; aproximadamente al doble.

Las líneas de cruceros están obligadas al pago de impuesto especial para producción y servicios por la compra de combustible, por ello las grandes embarcaciones que cuentan con mayor autonomía de navegación evitan cargar combustible en nuestro país y lo hacen en el extranjero, lo determinan comprando el diesel mexicano exportando a un precio menor.

Las embarcaciones menores han preferido reducir sus visitas a México e incluso cancelarlas, ya que el precio del diesel marino hace incosteable su navegación.

Una manera de enfrentar el flujo de embarcaciones marítimas extranjeras hacia nuestro país, es igualar el precio del diesel marino al nivel de otros países, haciendo competitivo el producto y una forma de asegurar que el producto se utilizará exclusivamente en embarcaciones extranjeras con vocación turística, es que Pemex otorgue las franquicias de estaciones de servicio a las marinas; el precio del diesel se facturaría en el IEPS desglosado y el consumidor propietario de una embarcación con bandera extranjera, podría solicitar la devolución del impuesto.

Es necesario establecer un precio competitivo internacional para el diesel marino, con lo cual se estima atraer un mayor número de embarcaciones de turistas a México, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal en la Ley de Ingresos de la Federación a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras, consistente en el monto total del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause.

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, al analizar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005, deberá revisar el posible tratamiento de un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras que adquieran combustible en territorio nacional y que permanezcan en aguas nacionales, visitando dos o más puertos por un mínimo de 96 horas en el mismo recorrido en el que se avituallen del combustible consistente en el monto total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cause.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en la Ley de Ingresos de la Federación se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticos extranjeros en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Irma Sinforina Figueroa Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, para que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticos extranjeros en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Que la industria turística nacional se ha consolidado en los últimos años, como el sector productivo más importante, por su crecimiento sostenido. Hoy, México es el octavo destino mundial en número de turistas extranjeros y, en lo que se refiere a la captación de divisas, ocupa el décimo tercer lugar.

2.- Que en el año 2003, se captaron más de 9,400 millones de dólares gastados por turistas extranjeros y que esta industria, en su totalidad, aporta al país, el equivalente al 8,3% del Producto Interno Bruto, así como 2 millones de empleos directos aproximadamente.

3.- Que en el caso del denominado ``turismo marítimo'' o ``turismo náutico'', las condiciones de seguridad y confianza que ofrece nuestro país a los turistas extranjeros, así como nuestra inmejorable ubicación geográfica, han permitido que nos hayamos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros y que en un periodo de tiempo breve, lo podamos lograr también para los viajeros en embarcaciones privadas.

4.- Que el proyecto turístico de mayor envergadura para la actual administración federal, es el desarrollo de la denominada ``Escalera Náutica'', en la que participan conjuntamente, tanto el Gobierno Federal como los estados de; Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit y, dentro de este ambicioso programa turístico, se tiene prevista la creación de 22 marinas o puertos de abrigo, donde se prestarán los servicios de arranque, suministro de combustible, avituallamiento, radio comunicación, marina seca, reparaciones, alojamiento y auxilio, y se considera que en un plazo de 10 años se incrementará en 60 mil el número de arribos de embarcaciones provenientes de Estados Unidos de América, con una afluencia de 5.3 millones de turistas náuticos, que se espera generen divisas por aproximadamente 11 mil millones de dólares.

5.- Que ante este prometedor escenario, existe una traba que ha impedido el desarrollo y la consolidación del turismo náutico en México, que es altísimo precio del diesel marino que comercializa Pemex, el cual es mayor al precio internacional, aproximadamente del doble, situación que no sólo nos hace poco competitivos sino que también nos deja prácticamente fuera del mercado.

6.- Que la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, ha estimado que por el alza desmedida en el precio del diesel marino, dejaron de arribar a nuestro país, al menos 2500 embarcaciones anualmente, y refieren que, con un precio adecuado del combustible, se pudiera recuperar este mercado, lo que significaría una derrama de aproximadamente 7500 dólares en promedio por cada embarcación recreativa, por concepto de venta de servicios, avituallamiento, y otros.

7.- Que en el caso de las embarcaciones que visitan nuestro país para realizar pesca deportiva, la cantidad generada por cada yate, se incrementa en por lo menos 5 veces la cantidad señalada en el párrafo anterior; es decir, de cerca de 35,000 dólares.

8.- Que las líneas de cruceros, están obligadas al pago del Impuesto Especial para Producción y Servicios, por la compra de combustible, razón por la cual, las grandes embarcaciones, que cuentan con mayor autonomía de navegación, evitan cargar combustible en nuestro país y lo hacen en el extranjero, donde paradójicamente terminarán comprando el diesel mexicano exportado a un precio menor, y por lo que respecta a las embarcaciones menores, ellos han preferido reducir sus visitas a México, o incluso cancelarlas, ya que el precio del diesel marino, hace incosteable su navegación, por ejemplo, hasta el mar de Cortés.

9.- Que una manera de incrementar el flujo de embarcaciones turísticas extranjeras, hacia nuestro país es igualar el precio del diesel marino al nivel de otros países, haciendo competitivo el producto, y que una forma de asegurar que el producto se utilizara exclusivamente en embarcaciones extranjeras con vocación turística, es que Pemex otorgue las franquicias de estaciones de servicio a las marinas, el precio del diesel se facturaría con el IEPS desglosado y el consumidor propietario de una embarcación con bandera extranjera, podría solicitar la devolución del Impuesto, toda vez que como lo ordena la fracción II del artículo 8 de la misma Ley, la exportación de bienes se encuentra exenta del pago de éste impuesto y el franquiciatario podría rendir una cuenta a Pemex, de manera similar a la manera como operan los vales pesqueros.

10.- Que la derrama económica que representaría para nuestro país esta medida, sería una cifra multimillonaria, razón por la cual la recaudación que se dejaría de percibir por la exención del IEPS, estaría ampliamente compensada por los gastos que las embarcaciones y los turistas realizan por alojamiento, avituallamiento, compra de mercancías, tarifas de puerto, servicios de remolcaje, recolección de basura, agenciamiento, pago del DNI, paseos en tierra, venta de alimentos en restaurantes y muchos más.

11.- Que ante esta situación, estimamos necesario restablecer un precio competitivo internacional para el diesel marino, con lo cual se estima atraer un mayor número de embarcaciones y turistas a México, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal en la Ley de Ingresos de la Federación a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras, consistente en el monto total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cause.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión de Hacienda y Crédito Público, al analizar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, deberá revisar el posible otorgamiento de un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras que adquieran combustible en territorio nacional y que permanezcan en aguas nacionales visitando dos o más puertos por un mínimo de 96 horas en el mismo recorrido en el que se avituallen del combustible, consistente en el monto total del impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cause.

Dip. Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Trife, a la Fepade y a la PGR a agilizar el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el gobierno y el Instituto Electoral del estado de Chiapas, durante el proceso electoral.

Y esta Presidencia anuncia que será el último punto del orden del día visto en esta sesión.

El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

Los que suscriben diputados federales del grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición, con punto de acuerdo, de conformidad a las siguientes:

Consideraciones

Los chiapanecos acudimos a las urnas el pasado 3 de octubre del presente año, haciendo uso pleno del voto libre, derecho consagrado en nuestra Constitución, sin embargo, el Ejecutivo chiapaneco, en un acto por demás antidemocrático e irrespetuoso de la voluntad popular, se erige como señor, como juez, como espada flamígera, para imponer mediante el atraco electoral a los diputados locales y presidentes municipales, con sucios intereses personales que distan mucho de los intereses del pueblo chiapaneco.

Desde el Palacio de Gobierno en Chiapas, se ha alentado la mentira, la calumnia, la venganza, el despotismo y el autoritarismo intransigente de quien parece hoy haber olvidado que la voluntad popular del pueblo chiapaneco, lo mandadó para gobernar con honestidad y con imparcialidad, cuestión que a todas luces y a la vista de todos no se cumple.

El Gobierno de Chiapas emplea la violencia para lograr sus fines, oprime las libertades políticas y civiles, pero, peor aún, comete fraudes electorales. Un gobierno, como el chiapaneco, que no respeta la garantía jurídica de los derechos fundamentales, que arremete, que reprime, que discrimina, es un gobierno no democrático, en el que permea la ingobernabilidad, provocando en la entidad desestabilización social.

Ante esto, que desde la más alta tribuna de la nación, por la trascendencia y gravedad del asunto, se somete a la Asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias, para el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el Gobierno del estado de Chiapas y por el Instituto Electoral del mismo, durante el proceso electoral para la elección de ayuntamientos y diputaciones locales de mayoría, así como las irregularidades cometidas durante la jornada comicial en los municipios de Tapachula, Pichucalco y Reforma, así en los distritos electorales XVIII, XIX, con sede Tapachula, Trinitaria y el 24 de Cacahuatán.

Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Desarrollo Social, para que de inmediato se haga una auditoría de los recursos federales que se dictan desde esta Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente, y solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Trife, a la Fepade y a la PGR a agilizar el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el gobierno y el Instituto Electoral del Estado de Chiapas durante el proceso electoral local, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La ciudadanía chiapaneca acudió a las urnas el pasado 3 de octubre del presente año, haciendo uso pleno del voto libre, derecho consagrado en nuestra Constitución.

Sin embargo, el Ejecutivo chiapaneco, en un acto por demás antidemocrático e irrespetuoso de la voluntad popular, se erige como señor, como juez, como espada flamígera para imponer mediante el atraco electoral, a los diputados locales y presidentes municipales afines a sus sucios intereses personales, que distan mucho de ser los intereses del pueblo chiapaneco.

Desde el Palacio de Gobierno en Chiapas, se ha alentado la mentira, la calumnia, la venganza, el despotismo y el autoritarismo intransigente de quien, parece hoy haber olvidado que por voluntad popular, el pueblo chiapaneco lo mandató para gobernar con honestidad y con imparcialidad, cuestión que a todas luces y a la vista de todos no se cumple.

El gobierno del estado de Chiapas emplea la violencia para lograr sus fines, oprime las libertades políticas y civiles, pero peor aun, comete fraudes electorales.

Un gobierno como el chiapaneco, que no respeta la garantía jurídica de los derechos fundamentales, que arremete, que reprime, que discrimina; Es un gobierno no democrático en el que permea la ingobernabilidad, provocando en la entidad desestabilización social.

Ante esto, desde la más alta tribuna de la nación, por la trascendencia y gravedad del asunto convocamos a nuestros compañeros legisladores se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Procuraduría General de la República se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el gobierno del estado de Chiapas y por el Instituto Electoral del Estado de Chiapas, durante el proceso electoral Estatal para la elección de ayuntamientos y diputaciones locales de mayoría, así como las irregularidades cometidas durante la jornada comicial del 3 de octubre de 2004; En especial en los municipios de Tapachula, Pichucalco y Reforma, así como en los distritos electorales locales XVIII y XIX con sede en Tapachula, a efecto de fincar responsabilidad a quien o quienes resulten culpables de delitos electorales y de ser procedente, anular la elección en los municipios y distritos electorales locales antes señalados, a fin de reponer el proceso de elección.

Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados, así como al órgano superior de fiscalización, se sirvan citar a comparecer a la titular de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno Federal, así como al delegado de la Sedesol en Chiapas, a fin de informar sobre el presunto desvío de los recursos federales asignados a programas sociales de la Sedesol, durante el proceso electoral y la jornada comicial del 3 de octubre de 2004 en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2004.--- Diputados: Emilio Chuayffet Chemor, Mario Carlos Culebro Velasco, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Julián Nazar Morales, Sonia Rincón Chanona, Juan Antonio Gordillo Reyes, Florencio Collazo Gómez, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Francisco Grajales Palacios, Carlos Osvaldo Pano Becerra, César Amín González Orantes, Belizario Iram Herrera Solís, María Elena Orantes López, Sami David David, Fernando Ulises Adame de León, Ruiz Cerón Gonzalo, Elpidio Tovar de la Cruz, Paulo José Luis Tapia Palacios, Eugenio Mier y Concha Campos, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, María Sara Rocha Medina, José Luis Briones Briseño, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rosalina Mazari Espín, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Raúl Pompa Victoria, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, José Mario Wong Pérez, Raúl Piña Horta, Manuel Velasco Coello, Maximino Alejandro Fernández Ávila, Carlos Flores Rico, Martha Laguette Lardizábal, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Pedro Ávila Nevárez, Laura Elena Martínez Rivera, Eduardo Olmos Castro, Bernardo Vega Carlos, Esteban Valenzuela García, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Óscar Félix Ochoa, Jesús Morales Flores, Juan Manuel Vega Rayet, Alberto Jiménez Merino, María del Carmen Izaguirre Francos, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Roberto Vega Galina, Francisco Javier Guízar Macías, Evelia Sandoval Urbán, José Manuel Carrillo Rubio, Armando Leyson Castro, Sergio Armando Chávez Dávalos, Hugo Rodríguez Díaz, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Paulino Canul Pacab, Jesús Aguilar Bueno, Martha Palafox Gutiérrez, José Ángel Ibáñez Montes, Cruz López Aguilar, Jorge Ortiz Alvarado, José Porfirio Alarcón Hernández, Rosalina Mazari Espín, Quintín Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Jesús Ángel Díaz Ortega, Jacobo Sánchez López, José Guzmán Santos, Mario Moreno Arcos, Álvaro Burgos Barrera, Marcelo Tecolapa Tixteco, Abel Echeverría Pineda, Roger David Alcocer García, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Juan Carlos Pérez Góngora, Alfonso González Ruiz, Humberto Cervantes Vega, Eviel Pérez Magaña, Marco Antonio Torres Hernández, Gonzalo Guízar Valladares, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, Rómulo Isael Salazar Macías, Martín Remigio Vidaña Pérez, Francisco Herrera León, Jorge Uscanga Escobar, Gustavo Moreno Ramos, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Homero Díaz Rodríguez, José Adolfo Murat Macías, Federico Döring Casar, Heliodoro Díaz Escárraga, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Salvador Sánchez Vázquez, Alfonso Juventino Nava Díaz, Wintilo Vega Murillo, Benjamín Sagahón Medina, Fermín Trujillo Fuentes, Amalín Yabur Elías, Ady García López, Sofía Castro Ríos, José Rangel Espinoza, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Arturo Osornio Sánchez, Miguel Ángel Yunes Linares, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en ésta.

Discúlpeme, activen el sonido en la curul de don Pedro Avila Nevárez, ¿con qué objeto?

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ORDEN DEL DIA
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Quería pedirle, señor Presidente, en virtud de que están aquí desde hace muchas sesiones los trabajadores del INEGI y se iba a leer un punto de acuerdo en la sesión del día de hoy sobre el despido de ellos, le preguntara usted a la Asamblea a ver si es posible que nos den oportunidad de leerlo, por favor.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En atención a la petición de don Pedro Avila Nevárez pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para que suba a exponer un punto de acuerdo de los trabajadores de INEGI.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si se modifica el orden del día, aceptándose la participación del punto de acuerdo del diputado Avila Nevárez.

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, levantando su mano...

Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo, levantando su mano... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Avila Nevárez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI.

El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras:

El suscrito Pedro Avila Nevárez, diputado federal de la LIX Legislatura por el estado de Durango, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI. De esta solicitud conforme a los siguientes:

Los trabajadores de este país sufren una gran embestida por parte de algunos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, en contubernio con las autoridades laborales de los distintos niveles, violentando los derechos de la clase asalariada de este país. Las decisiones de las autoridades laborales y la falta de firmeza en la ejecución de la ley, así como la interpretación que de ella hacen los miembros de los órganos encargados de impartir justicia, hacen urgentes las reformas que frenen la impunidad con la que estos servidores públicos ejercen su función.

Es hora de empezar a revisar cómo poner freno a la injusticia creada desde las instancias que deberían impedirla. Un ejemplo de esta gran embestida en contra de los trabajadores de México es el cinismo con el que se conducen los funcionarios del actual gobierno y demuestra el nivel de injusticia que vive la clase trabajadora.

Desde el año 1998 más de 2 mil trabajadores del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, decidieron demandar en calidad de trabajadores de base, ya que cumplían un promedio de 10 años de servicio dentro de este instituto. Dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo continúan vigentes hasta la fecha y que éstos son de carácter sistemático y continuo. La oferta del director del instituto fue: ``o se desisten de sus demandas o no hay trabajo''. O lo que es peor; la argumentación del director jurídico del INEGI, afirmar que para él es más fácil pagar a un magistrado que pagar lo que se les debe a los trabajadores.

Desde hace más de 7 meses estos trabajadores están en un plantón en la Secretaría de Hacienda, en espera de que el titular de esta dependencia resuelva sus justas demandas, pero al parecer éste ni los ve ni los oye, como decía el nefasto Salinas de Gortari, por lo que es una obligación de esta Cámara coadyuvar a reparar el daño que este gobierno ha causado a estos trabajos.

Por los argumentos expresados anteriormente y con la congruencia en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interno que rige la vida institucional de esta Cámara, me permito poner a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se conforme una subcomisión encargada de revisar el trabajo de los órganos encargados de la justicia laboral de este país, así como también se cite a comparecer a los magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en materia de trabajo, décimo y decimosegundo, con el fin de que expliquen la situación que guardan los expedientes promovidos por los trabajadores del INEGI.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005, la creación de 2 mil 300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI, mismos que conforman la Coalición de Trabajadores del INEGI.

Asimismo, me permito solicitar a esta Asamblea considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, dada la situación económica que viven los despedidos del INEGI y el nivel de desesperación por la retrasada solución de sus planteamientos.

Muchas gracias compañeros diputados. Gracias. También a los compañeros del PAN les doy las gracias. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Pedro Ávila Nevárez, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Durango e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de asunto de urgente y obvia resolución para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI conforme a los siguientes:

Los trabajadores de este país sufren una gran embestida por parte de algunos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, en contubernio con las autoridades laborales de los distintos niveles, violentando los derechos de la clase asalariada de este país.

Las decisiones de las autoridades laborales y la falta de firmeza en la ejecución de la ley, así como la interpretación que de ella hacen los miembros de los órganos encargados de impartir justicia, hacen urgentes las reformas que frenen la impunidad con la que estos servidores públicos ejercen su función.

Es hora de empezar a revisar cómo poner freno a la injusticia creada desde las instancias que deberían impedirla.

Un ejemplo de esta gran embestida en contra de los trabajadores de México, es el cinismo con el que se conducen los funcionarios del actual gobierno y demuestra el nivel de injusticia que vive la clase trabajadora.

Desde el año 1998 más de 2 mil trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el INEGI, decidieron demandar su calidad de trabajadores de base, ya que cumplían en promedio 10 años de servicio dentro de este instituto. Dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo continúan vigentes hasta la fecha y que estos son de carácter sistemático y continuo.

La oferta del director del instituto fue: ó se desisten de sus demandas o no hay trabajo, o lo que es peor, la argumentación del director jurídico del INEGI: ``afirmar que para él es mas fácil pagar a un magistrado que pagar lo que se les debe a los trabajadores''.

Desde hace más de 7 meses estos trabajadores están en un plantón en la Secretaría de Hacienda, en espera de que el titular de esta dependencia resuelva sus justas demandas, pero al parecer éste ni los ve, ni los oye, por lo que es una obligación de esta Cámara coadyuvar a reparar el daño que este gobierno ha causado a estos trabajadores.

Por los argumentos expresados anteriormente y con la congruencia en los artículos 58 y 59 del reglamento interno que rige la vida institucional de esta Cámara me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se conforme una subcomisión encargada de revisar el trabajo de los órganos encargados de la justicia laboral de este país, así como también se cite a comparecer a los magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia del Trabajo: décimo y duodécimo, con el fin de que expliquen las situación que guardan los expedientes promovidos por los ex trabajadores del INEGI.

Segundo.- Que esta Cámara de diputados incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005 la creación de 2,300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI, mismos que conforman la Coalición de Trabajadores del INEGI.

Asimismo me permito solicitar a esta asamblea, considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, dada la situación económica que viven los despedidos del INEGI y el nivel de desesperación por la tan retrasada solución de sus planteamientos.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2004.--- Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que se inserte el texto íntegro.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el punto de acuerdo de don Pedro Avila Nevárez, se considera de urgente resolución, en la inteligencia de que se requiere una mayoría calificada para proceder.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces declara que el tema está suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.Continúe la Secretaría con la lectura del orden del día de la siguiente sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 28 de octubre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Hidalgo y Nayarit.

Oficios de la Secretaría de Gobernación.

Con el que se remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que solicita información trimestral sobre el presupuesto ejercido de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Turno a Comisión)

Con el que remite el informe del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2004 (julio-septiembre) del avance físico-financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), así como del Programa de Empleo Temporal (PET), del mismo periodo. (Turno a Comisión.)

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO FINAL DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En principio los asuntos no abordados en ésta, señor Secretario.

Esta Presidencia tomará como registro final de asistencia la última de las votaciones nominales.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 18:00 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá verificativo el jueves 28 de octubre a las 10:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 6 horas 55 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 388 diputados

Verificación de quórum: 360 diputados

Verificación de quórum: 331 diputados

Asistencia al final de la sesión: 323 diputados

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

Visita del señor Philippe Kirsch, Presidente de la Corte Penal Internacional;

Excitativas a comisiones: 14

Puntos de acuerdo aprobados: 6

Proposiciones con punto de acuerdo: 11

Oradores en tribuna: 49

PRI-16; PAN-12; PRD-14; PVEM-6; PC-1.

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;

6 comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Puebla y Querétaro;

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

1 comunicación del Presidente del Tribunal Estatal Electoral del estado de Oaxaca con la que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias; de Seguridad Pública; de Trabajo y Previsión Social; Especial de la Cuenca de Burgos; de Recursos Hidráulicos; de Salud; de Vivienda; de Seguridad Social; de Investigación del daño ecológico y social generado por PEMEX; Especial de Ganadería; Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar; de Justicia y Derechos Humanos; de Fomento Cooperativo y Economía Social; y Especial para el Campo; así como en la Delegación Permanente ante el Parlamento Latinoamericano;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe de la Secretaría de Economía;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

2 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite puntos de acuerdo relacionados con en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005;

1 oficio del Congreso del estado de Tabasco con acuerdo;

10 iniciativas del PRI;

6 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

3 iniciativas del PVEM

1 iniciativa del PC

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad;

1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma las fracciones V del artículo 76 Bis, VI del artículo 91, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

3 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 14 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 4 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Dinamarca, Reino Unido y Turquía, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma la fracción sexta del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que adiciona la fecha 2 de mayo, "Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945", al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que adiciona la fecha del 21 de abril, "Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz", al artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para apoyar el proyecto de resolución de la República de Cuba presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en relación con las presuntas detenciones en la Base Naval de los Estados Unidos de América en Guantánamo;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para rechazar las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de los Estados Unidos de América a la comunidad científica de Cuba.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Hernández, Roberto Aquiles (PRI) Estado de Chiapas: 275

Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Estado de Puebla: 225

Angulo Góngora, Julián (PAN) Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: 192

Avila Nevárez, Pedro (PRI)) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: 277

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Orden del Día: 277 desde curul

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Verificación de quórum: 119 desde curul

Avila Serna, María (PVEM) Ley Federal del Trabajo: 93

Bazán Flores, Omar (PRI) Artículo 3 constitucional: 155

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Ley General de Educación: 85

Calderón Centeno, Sebastián (PAN) Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: 197

Carrillo Rubio, José Manuel (PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 130

Chuayffet Chemor, Emilio (PRI)) Poder Legislativo: 77

Díaz González, Felipe de Jesús (PAN) Estado de Puebla: 270

Döring Casar, Federico (PAN) Gobierno del Distrito Federal: 261

Ensástiga Santiago, Gilberto (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 254, 257, 259

Espinoza Pérez, Luis Eduardo (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 256 desde curul

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Ley de Ingresos: 272

Flores Mejía, Rogelio Alejandro (PAN) Estado de Puebla: 227 desde curul

Franco Hernández, Pablo (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 255, 261 desde curul

Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc (PRI) Verificación de quórum: 229 desde curul

García Solís, Iván (PRD) Ley Orgánica del Congreso: 89

Guerra Castillo, Marcela (PRI) Ley de Fiscalización Superior de la Federación: 185

Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen (PRD) Telecomunicaciones: 228, 229

Herrera Tovar, Ernesto (PAN) Ley Federal del Derecho de Autor: 118, 119

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Gobierno del Distrito Federal: 250, 255, 258, 259 desde curul

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley de Ascensos de la Armada de México: 110

Lagarde y de los Ríos, María Marcela (PRD) Presupuesto de Egresos: 234

Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Gobierno del Distrito Federal: 258 desde curul

Loera Carrillo, Bernardo (PAN) Estado de Durango: 236

Maldonado Venegas, Luis (PC) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 99

Márquez Lozornio, Salvador (PAN) Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia: 105

Marrufo Torres, Roberto Antonio (PRI) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: 139

Mendoza Flores, María del Carmen (PAN) Ley Federal del Trabajo: 144

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Militares retirados o jubilados: 268

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Cámara de Diputados: 157

Muro Urista, Consuelo (PRI) Ley de Fiscalización Superior de la Federación: 186

Nahle García, Arturo (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 260

Nahle García, Arturo (PRD) Ley de Fiscalización Superior de la Federación: 187

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Luz y Fuerza del Centro: 122

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Estado de San Luis Potosí: 243

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 254 desde curul

Pérez Medina, Juan (PRD) República de Cuba: 171

Ramos Iturbide, Bernardino (PRD) Desplazados internos indígenas: 240

Rocha Medina, María Sara (PRI) Presupuesto de Egresos: 232

Rosas Montero, Lizbeth Eugenia (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 256 desde curul, 259 desde curul

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI) Artículo 17 constitucional: 147

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Estado de Jalisco: 262

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Ley Federal de Sanidad Animal: 151

Triana Tena, Jorge (PAN) Gobierno del Distrito Federal: 257, 261 desde curul

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Ley Orgánica del Congreso: 133

Uscanga Escobar, Jorge (PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 101

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Estado de Puebla: 228 desde curul

Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús (PRI) Ley Federal de Derechos - Presupuesto de Egresos: 115

Wong Pérez, José Mario (PRI) Ley de Aguas Nacionales: 153

Zebadúa González, Emilio (PRD) Sistema Financiero: 245 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuel Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 123 Asistencias por cédula: 10 Asistencias comisión oficial: 4 Permiso Mesa Directiva: 18 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 68 Total diputados: 223 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita del Sagrado Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 100 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 6 Permiso Mesa Directiva: 18 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 25 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 53 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 5 Permiso Mesa Directiva: 24 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 11 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 0 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 2 Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alcántara Rojas José Carmen Arturo Amezcua Alejo, Miguel Ávila Rodríguez Gaspar Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Burgos Barrera, Álvaro Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Chávez Dávalos Sergio Armando Collazo Gómez, Florencio Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Flores Hernández, José Luis Flores Rico Carlos Galindo Jaime Rafael García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Ruíz, Alfonso Guerrero Santana, Enrique Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Madrigal Hernández, Luis Felipe Martínez De La Cruz Jesús Humberto Maya Pineda, María Isabel Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Murat Macías, José Adolfo Nava Altamirano, José Eduviges Olmos Castro, Eduardo Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado Jorge Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rojas Gutiérrez Francisco José Salazar Macías, Rómulo Isael Scherman Leaño María Esther de Jesús Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tecolapa Tixteco, Marcelo Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Vega Murillo Wintilo Vega y Galina Roberto Javier Villegas Arreola Alfredo Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Faltas por grupo: 68 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Bárcenas González José Juan Chávez Murguía Margarita Corrales Macías José Evaristo Cortés Mendoza Marko Antonio Durán Reveles, Patricia Elisa Gama Basarte, Marco Antonio González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Hinojosa Moreno Jorge Luis Llera Bello, Miguel Angel López Mena Francisco Xavier Madero Muñoz, Gustavo Enrique Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Pérez Cárdenas Manuel Preciado Rodríguez Jorge Luis Sigona Torres, José Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Valdéz De Anda Francisco Javier Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Faltas por grupo: 25 Bagdadi Estrella, Abraham Casanova Calam Marbella Cota Cota Josefina González Bautista Valentín Guillén Quiroz, Ana Lilia Huizar Carranza, Guillermo Naranjo Y Quintana José Luis Padierna Luna María De Los Dolores Salinas Narváez Javier Zebadúa González Emilio Faltas por grupo: 10 González Roldán, Luis Antonio Ochoa Fernández Cuauhtémoc Faltas por grupo: 2 CONVERGENCIA Martínez Álvarez Jesús Emilio Faltas por grupo: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel